Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Agosto de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. Hay quórum

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 20 de agosto de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Muy amable, gracias, señor Presidente.

Un poco la preocupación que tengo y algunos compañeros legisladores, es que desde el 1° de diciembre hemos visto que los operativos de seguridad, que se implementan en resguardo de las Cámaras, pues más bien son montajes de provocación a los ciudadanos que quieren expresar sus derechos constitucionales a la manifestación.

Obviamente hemos visto lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pero quisiéramos que usted, como responsable de la Cámara de Senadores, donde tiene la sede la Comisión Permanente, de la cual soy parte, estuviera al pendiente, se nos pudiera informar de estos operativos para que no causen daños entre la población.

Todavía el 1° de diciembre, existe gente que tiene secuelas graves de los operativos, éstos que fueron públicos, de cómo montaron provocaciones, desde el gobierno federal, y quisiéramos que esto no ocurriera en los días por venir.

Sabemos que las iniciativas del Ejecutivo son pues agresivas a la población y hay inquietud social.

Queremos que estén al pendiente y se nos pueda informar de que sean operativos, en realidad, que no causen daños y secuelas a la población.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, señor Diputado. No tenga usted duda, de que esta Mesa Directiva garantizará el orden público en estas instalaciones del Senado de la República, para que la Comisión Permanente pueda sesionar y se mantenga en todo momento y se preserve en todo momento el orden público.

Muchas gracias, Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Añorve Baños.

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Si me lo permite, y le agradezco que me dé la oportunidad.

Solamente quiero decirle al Diputado Huerta Ladrón de Guevara, que si se refiere a la agresión que sufrió ayer la Cámara de Diputados, donde un grupo vandalizó y persiguió a algunos trabajadores de la Cámara de Diputados en la noche y a algunos Diputados federales, y por supuesto que no comparto las expresiones del Diputado, si hay un resguardo, que por cierto el resguardo viene también de los gobiernos, aquí emanados de una fuerza política a la nuestra, es para salvaguardar que existan las condiciones de trabajo, en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión y también los trabajos de las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados.

No comparto esas expresiones. Y yo espero también que esto no genere un debate, porque finalmente lo que vivimos ayer, fueron actos vandálicos, nadie está reprimiendo a nadie y simple y sencillamente no podemos compartir caer en este juego de demagogia.

Y que se cumpla la ley, de eso no tenemos la menor duda.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Yo le sugeriría a los señores legisladores que tengan inquietud en el tema, pues lo registren en la sección de agenda política y se debata esto con toda transparencia en los tiempos y en las formas en los que esta Comisión Permanente ha destinado para tal efecto.

Yo les reitero que, en esta Mesa Directiva, tomaremos las decisiones y las disposiciones, como siempre lo hemos hecho, para que se mantenga el orden público durante nuestras sesiones.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del miércoles catorce de agosto de dos mil trece, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles siete de agosto de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondientes al segundo semestre de 2012.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben los organismos descentralizados (Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos), para el segundo trimestre de 2013.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo abril-junio de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio en relación con el artículo 57 del Código de Justicia Militar.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Informe del ejercicio de actividades del año 2012.- Se remitió copia a las Cámaras del Congreso de la Unión.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 171 aniversario luctuoso de Leona Vicario, a celebrarse el miércoles 21 de agosto del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Diputada Lizbeth Rosas Montero.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 313 aniversario luctuoso de Carlos de Sigüenza y Góngora, a celebrarse el jueves 22 de agosto del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Diputada Alfa González Magallanes.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a la Cámara de Diputados a celebrar un Segundo Período de Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a un Período de Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

La Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura a los acuerdos de las Cámaras y el Presidente dio cuenta con un proyecto de Decreto para convocar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a realizar sesiones extraordinarias. El asunto fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM; y Senador Armando Ríos Piter del PRD.

El Presidente de la Mesa Directiva, a petición de legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentó una modificación al segundo párrafo del Artículo Segundo del proyecto de Decreto, para que la Sesión de Congreso General se realice el 21 de agosto, a las doce horas, la Asamblea aprobó la propuesta. Legisladores del PRD solicitaron votar por separado el Artículo Tercero en la parte correspondiente a las iniciativas de reformas a la Ley General de Educación y a la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente, del proyecto de convocatoria; la Asamblea no autorizó la solicitud. El decreto fue aprobado en votación nominal por 26 votos en pro y 9 en contra. Se comunicó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, Informe de su participación en la XIX Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano,  celebrada los días 25 y 26 de julio de 2013, en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Informe de actividades durante el XIX Foro de Sao Paulo, celebrado del 30 de julio al 4 de agosto de 2013, en Sao Paulo, Brasil.- Quedó de enterado.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia.- Sin discusión, fue aprobado por 31 votos en pro y 1 abstención. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Julio Camarena Villaseñor, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Filipinas y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia.- Sin discusión, fue aprobado por 32 votos en pro y 2 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Felipe Enríquez Hernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay; así como Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Uruguay.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC; y Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD. Fue aprobado por 25 votos en pro y 8 en contra. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Federal de Alemania.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT. Fue aprobado por 29 votos en pro y 2 en contra. La funcionaria rindió su protesta de ley.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Segunda Comisión con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el sector productivo y de servicios, con el objeto de potenciar el desarrollo de habilidades en la población mexicana y para que dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad contemplen lineamientos que permitan otorgar becas a alumnos que estén laborando en el campo de sus estudios.

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, impulsar e implementar de manera transversal, programas y políticas públicas que garanticen a las juventudes mexicanas el acceso a educación, empleo y servicios de salud de calidad que permitan su desarrollo integral.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los diversos programas de becas que se ofrecen a nivel nacional, en favor de los estudiantes de educación media superior y superior.

4) Que exhorta a las instituciones de seguridad social y de salud del sector público a implementar un convenio de colaboración interinstitucional que permita establecer los criterios y mecanismos para la integración y administración de una sola base de datos del padrón de afiliados al sistema de salud.

5) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud notifique las razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha incluido las vacunas de la hepatitis A y la varicela en el esquema básico.

6) Por el que se solicita al Secretario de Educación Pública un informe sobre la supervisión, evaluación y seguimiento que se ha realizado a las instituciones particulares que se encuentran incorporadas al programa de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el país.

7) Que exhorta a diversas autoridades a generar un protocolo de actuación en materia de seguridad pública en instalaciones que brinden servicios de educación inicial.

8) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe en torno a las estrategias y programas para la atención de enfermedades crónico-degenerativas.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Tercera Comisión con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer una comisión intersecretarial para la seguridad vial.

2) Que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar incluir a diversos municipios del país, a las correspondientes zonas metropolitanas del Centro y que sea reconocida la región carbonífera de Coahuila como zona metropolitana.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre los trabajos que se están llevando a cabo para elaborar o modificar la norma oficial mexicana, a fin de regular las actividades de las casas de empeño.

4) Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que, en el marco de la construcción de la autopista de cuota “Silao-San Miguel de Allende”, atienda la recomendación emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que se salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 asentamientos otomíes en dicho estado.

5) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las medidas y acciones para subsanar la retención del beneficio fiscal sobre el diesel a los productores del campo, en especial de la Cooperativa “Campesinos Unidos por Hidalgo”.

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe respecto al eventual daño ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la empresa ATC Agroquímicos, en el poblado de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

7) Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor del personal de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de los gobiernos de los estados y municipios, que permitieron disminuir la superficie afectada por incendios forestales en la primera temporada de 2013.

8) Por el que se solicita al Gobierno de la República un informe sobre los avances que se han tenido, así como de las medidas y acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

9) Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a intervenir y dar solución inmediata al conflicto surgido por la construcción de la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla, en la comunidad de Tepoztlán.

10) Que exhorta al Ejecutivo Federal a promulgar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

12) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el cumplimiento de la resolución de la Organización Mundial del Comercio que obliga al Gobierno de los Estados Unidos de América a retirar las restricciones de etiquetado de carne que afectan la comercialización de productos nacionales.

13) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a publicar en su página de internet la relación de todos los sindicatos, federaciones y confederaciones con registro en el país.

14) Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la pronta liberación de fondos federales para atender y mitigar los efectos causados por la presencia de lluvia severa y granizada ocurrida el 13 de junio de 2013, en el municipio de Cuauhtémoc del estado de Zacatecas.

15) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar de manera integral las modificaciones al Programa Hoy no Circula.

16) Que exhorta a los tres niveles de gobierno a fortalecer las estrategias tendientes a evitar derrames clandestinos en la Presa del Hurtado, en el estado de Jalisco; y en todos los demás abastecimientos de agua situados en el territorio nacional.

17) Por el que se remite al municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo el expediente de la proposición que le exhorta a facilitar información sobre la aplicación de recursos económicos destinados para obras públicas obtenidos en el año 2011, así como la información que esclarezca la falta de recursos económicos para las obras “Deportivo Mario Villanueva” y el “Teatro de la Ciudad”.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea un punto de Acuerdo que solicita a las legislaturas de los estados a aprobar la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la legislación  procesal penal única.- El asunto fue considerado de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTÉS

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes con punto de Acuerdo:

1) De la Primera Comisión, que exhorta a los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a establecer una política social adecuada para prevenir y abatir el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre la población menor de edad.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

2) De la Primera Comisión, que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia para evitar el alza excesiva de precios en la venta de útiles escolares, uniformes y calzado, así como en colegiaturas en escuelas particulares, en el marco del inicio del ciclo escolar 2013-2014.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

3) De la Tercera Comisión, por el que se solicitan diversos informes y acciones respecto a la industria petrolera nacional.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; y Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT.

4) De la Tercera Comisión, que exhorta a llevar a cabo una revisión a la prestación del servicio de las empresas comunicaciones Nextel de México s.a. de c.v., Axtel, s.a. de c.v. y Telmex s.a. de c.v.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

5) De la Tercera Comisión, que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a que considere solicitar a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación diversa información en relación a auditorías practicadas, procesos de contratación de obras públicas y del ejercicio de recursos públicos en los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

6) De la Tercera Comisión, por el que se solicita a la Secretaría de Energía un informe sobre el permiso E/130/aut/99 otorgado a la empresa Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro S. A. de C. V., en materia de generación de energía eléctrica.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó del retiro de su firma por parte del Senador Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática, de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para modernizar las fuerzas armadas, presentada el pasado 7 de agosto.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea un punto de Acuerdo referente a la conmemoración internacional del “Día del Peatón”.- El asunto fue considerado de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada María de las Nieves García Fernández, presentó a nombre propio y de la Diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo en relación al denominado “Caso de Hilda”, que exhorta al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura y a la Procuraduría General del estado de San Luis Potosí a salvaguardar y garantizar sus derechos humanos.- El asunto fue considerado de urgente resolución, intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Manuel Añorve Baños, del      grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III a los artículos 9º, 14 y 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo y se adicionan dos párrafos al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magallanes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar Reyes y Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las elecciones y para el fortalecimiento de los principios democráticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a) y b) y se adiciona el inciso e), así como un párrafo subsecuente de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción v al artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Ángel González Serna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que expide la Ley de Protección, Información, Asesoría y Defensa al Consumidor de Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco, Angel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que expide la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma la fracción X del artículo 50 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII incisos a), b), c), d), e), f) y el segundo y tercer párrafos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan al Capítulo II “De las Instituciones de Crédito”, una Sección Primera “Disposiciones Generales” que comprende los artículos 30 a 44 y una Sección Segunda “De la Sostenibilidad Ambiental” que comprende los artículos 44 bis 1, 44 bis 2 y 44 bis 3 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso c) al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado "Del Derecho a la Navegación Segura en Internet" a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján, Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño, Arturo López Cándido, Merilyn Gómez Pozos, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Gerardo Villanueva Albarrán, Rodrigo Chávez Contreras, José Humberto Vega Vázquez, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, María del Socorro Ceseñas Chapa, Fernando Belaunzarán Méndez, Hugo Sandoval Martínez y José Luis Muñoz Soria, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 244 y 245 del Código Penal Federal, en materia de renuncias en blanco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12; reforma la fracción IV del artículo 66; reforma el inciso h) y el penúltimo párrafo del artículo 70 y reforma el segundo párrafo del artículo 71, todos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el mandato del banco central y contribuir al crecimiento económico del país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Alliet Mariana Bautista Bravo, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Agustín Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Banco Social de México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman y se adicionan los artículos 19 y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 7° de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De Senadoras y Senadores a la LXII Legislatura, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, la que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las acciones que se piensa implementar para detener el acelerado deterioro de los bosques y las selvas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca a llevar a cabo la pronta integración de las averiguaciones vinculadas a los delitos de feminicidio acontecidos en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a generar un estudio sobre las tareas escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre una posible plaga de garrapatas en la Ciudad de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Gobernación, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal a implementar políticas públicas enfocadas a la solución de los problemas que enfrentan las y los jóvenes de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina, Aleida Alavez Ruíz y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar el homicidio de Raymundo Velázquez Flores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y al titular de la Delegación Iztapalapa a identificar la existencia o no de un oleoducto en el perímetro comprendido entre la calle 7 casi esquina con la avenida Ermita Iztapalapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar los contenidos de los libros de texto gratuitos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre los riesgos a la salud ocasionados por el uso de teléfonos celulares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de la Función Pública a designar a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, con base en un perfil profesional y que garanticen la independencia, imparcialidad y objetividad en sus resoluciones, en relación al titular de la dependencia que fiscalizan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las comisiones ordinarias del Congreso y a las fuerzas políticas del país a que en la discusión de la reforma energética se establezcan mecanismos que garanticen que los empleos generados a partir de ésta se destinen de manera preferente a los jóvenes mexicanos, particularmente por la vía del Servicio Nacional de Empleo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer las investigaciones correspondientes y enviar un informe pormenorizado a la Cámara de Diputados sobre la tala masiva de árboles a orillas del Río Totolac en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el cambio climático y sequía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Arturo de la Rosa Escalante y Martín Alonso Heredia Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2014, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las medidas para hacer realidad el derecho humano a la seguridad e higiene en los centros de trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California, a la presidencia municipal de Tijuana y a la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de agosto, referidos al desalojo de personas migrantes del Río Tijuana; y sobre el uso transparente del recurso otorgado por la Federación para atender a las personas desalojadas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación, el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas a los conductores de vehículos automotores (motocicletas).- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre de los Senadores Adriana Dávila Fernández y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a hacer un estudio minucioso de las pruebas que fueron presentadas en la impugnación de la elección acontecida el 7 de julio de 2013 para presidente municipal, síndico procurador y regidores de mayoría relativa en Ahome, Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer políticas públicas destinadas a erradicar el fenómeno social conocido como "ni-nis".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el principio del "interés superior de la niñez".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Aleida Alavez Ruiz, Miguel Alonso Raya, Angel Cedillo Hernández, Johnatan Jardines Fraire, Martha Lucía Micher Camarena, Gisela Mota Ocampo, Socorro Ceseñas Chapa y Luis Arias Pallares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes a otorgar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 asignados a los municipios y órganos político- administrativos del Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar zona de desastre los municipios de Abasolo y Valle de Santiago, para que puedan ser atendidos con recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, debido a la tromba que azotó a dicho municipio el 28 de julio del 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2014, recursos para la modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Chilpancingo, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Margarita Elena Tapia Fonllem y Víctor Reymundo Nájera Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a investigar las declaraciones públicas acerca del congreso del estado de Aguascalientes y sus integrantes, emitidas por el ciudadano José María de la Torre Martín, obispo de la diócesis de Aguascalientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Manuel Añorve Baños y Sebastián de la Rosa Peláez, con punto de Acuerdo para solicitar al Presidente de la República que durante la ceremonia del Grito de la Independencia incluya de fijo el nombre del General Vicente Guerrero en la lista de los héroes independentistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a presentar diversa información relacionada con la industria eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a no utilizar los fondos del "Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura" para otros fines que no sean los de que originalmente dieron origen al citado fideicomiso.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que solicita información sobre las acciones para combatir la violencia en contra de las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar el tema de la investigación acuícola, a través del Instituto Nacional de Pesca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a dar puntual seguimiento al caso del etiquetado “Dolphin-Safe”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar e incluir en sus respectivas legislaciones civiles, disposiciones que incentiven el registro inmediato de recién nacidos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a ampliar la cobertura para la atención de las leucemias en adultos; y a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud a informar sobre el estatus de la elaboración de guías de práctica clínica para las principales tipologías de leucemia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemplen recursos para la realización del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la presa “Los Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, con el propósito de abastecer de agua y fomentar el desarrollo agrícola y pesquero de la región.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en relación con el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió pronunciamiento referente al fallecimiento del príncipe Johan Friso.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la reforma política del Estado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta minutos y citó para la siguiente sesión el día martes veinte de agosto a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de la comunicación de la Secretaría de Gobernación, con la que remite las designaciones de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta de las designaciones de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal, son a favor de los ciudadanos:

Luis Fernando Borjón Figueroa, hasta el último día de febrero de 2016.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnense los expedientes a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Solicito a la Secretaría dé cuenta ahora con las designaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se comunica las designaciones de Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, son a favor de los ciudadanos:



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Les recuerdo que todas estas notificaciones están publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese dicha documentación a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2012.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase la información descrita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Arely Gómez González, con la que remite informe de actividades del viaje de trabajo de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secretaria del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, los días 23 y 24 de julio de 2013, en Bogotá, Colombia.

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes:

De las reuniones de la Mesa Directiva y Comisiones Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Cádiz, España, del 8 al 10 de noviembre de 2012.

De la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada en Santiago de Chile, del 23 al 25 de enero de 2013.

De la Décimo Quinta reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada del 2 al 4 de mayo de 2013.

De las reuniones de la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Latinoamericana, realizada en San Salvador, El Salvador, del 15 al 17 de mayo de 2013.

Y de la reunión de trabajo en las ciudades de Londres y Surrey, Reino Unido, por invitación de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior Capítulo Reino Unido, realizada conjuntamente con el Senador Teófilo Torres Corzo, del 17 al 21 de julio de 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Solicito su atención a la Asamblea: A petición de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, guardaremos un minuto de silencio por el fallecimiento de la fundadora de Amnistía Internacional en México, Alicia Escalante Zama.






MINUTO DE SILENCIO

Alicia Escalante Zama fundó en mayo de 1971 esta sección mexicana y brindó apoyo cercano a numerosas personas que llegaban a México buscando escapar de las dictaduras en Sudamérica. Alicia Escalante Zama es un símbolo del trabajo desinteresado a favor de los derechos de otras personas, su labor ha sido y será la inspiración de miles de activistas en México que día a día luchan por hacer de este mundo, un mundo de verdadera justicia y esperanza.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.






PRONUNCIAMIENTO

Antes de continuar con la sesión, esta Mesa Directiva quiere hacer un pronunciamiento para felicitar a destacados deportistas mexicanos. Como es de su conocimiento, entre el 10 y el 18 de agosto del presente año, se celebró en Moscú, Rusia, el Décimo Cuarto Campeonato Mundial de Atletismo.

En ese marco y de acuerdo a datos oficiales participaron un total de mil 970 atletas provenientes de 206 naciones. Esta competencia atlética fue un inmejorable escenario para que México se elevara en el podium de los medallistas y con un enorme orgullo conocer que el atleta mexicano Luis Rivera fue el ganador de la medalla de bronce en salto de longitud.

Le pido a los señores legisladores si pueden prestar atención al pronunciamiento que estamos haciendo, ojalá nosotros pudiéramos saltar igual que el atleta mexicano que ganó la medalla de bronce.

La Mesa Directiva hace suyo el punto de Acuerdo que inscribió en el Orden del Día, en esta sesión, el Diputado Leobardo Alcalá Padilla, por el cual extiende su reconocimiento y felicitaciones al atleta mexicano Luis Rivera. Con este importante triunfo un mexicano, sonorense de nacimiento, hace historia para el atletismo de nuestro país al aportar la primera presea en esta disciplina.

México es un país de jóvenes y es por ello que la ejemplar hazaña de este atleta de 26 años refrenda una vez más que a través de la constancia y el esfuerzo podemos alcanzar la competitividad en cualquier actividad que emprendamos.

Desde esta tribuna el Congreso de la Unión felicita a Luis Rivera por un triunfo que eleva la autoestima de los mexicanos y su éxito se convierte en un ejemplo de decisión y entrega. ¡Enhorabuena!

Muchas gracias.

(Aplausos)

Asimismo, como es de su conocimiento, del 10 al 18 de agosto en la ciudad de Portland, Polonia, se celebró la Copa del Mundo de Fútbol de Calle, por tal motivo los integrantes de la Comisión Permanente deseamos hacer un doble reconocimiento, primero a todos aquellos que con su apoyo y dedicación han fomentado y alentado el torneo "de la calle a la cancha", ejemplar disciplina deportiva que apoya a los jóvenes en situación de calle para motivarlos en el deporte.

En un segundo momento, deseamos manifestar nuestras más cálidas felicitaciones a la selección femenil que representó a México en la Copa del Mundo de Fútbol de Calle, por haber ganado por segundo año consecutivo el campeonato de esta especialidad; asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a la selección varonil que representó a nuestro país, la cual se ubicó como subcampeona del torneo.

Los integrantes de este órgano del Poder Legislativo Federal, saludamos el esfuerzo realizado por los seleccionados del combinado femenil y les expresamos un reconocimiento y una felicitación a Nadya Betsabé Ojeda Hidalgo, Esmeralda Reyes Oviedo, Analy Zárate Bravo, Gabriela Medina López, Pamela López García, María Elena Rodríguez Martínez, Mariana García Ruiz y Olga Mayela Rincón Bolívar.

También expresamos nuestra felicitación a su entrenador, el señor Heriberto Espejel Cuéllar. Desde este recinto les expresamos nuestras felicitaciones por su desempeño y el éxito alcanzado.

(Aplausos)

En el apartado de iniciativas, para presentar la correspondiente del grupo parlamentario del PRD, en materia de reforma integral del sector energético, se concederá el uso de la palabra al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta y posteriormente al Diputado Silvano Aureoles Conejo, hasta por cinco minutos cada uno.

Tiene ahora la palabra nuestro compañero, el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE REFORMA INTEGRAL DEL SECTOR ENERGETICO NACIONAL

(Presentada por C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y por el C. Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Ayer, en el Monumento a la Revolución presentamos a la nación el paquete de reformas para modernizar el sector energético nacional. Hoy, ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciamos formalmente el proceso legislativo de nuestras propuestas.

Se trata de iniciativas construidas desde la sociedad y con la mirada puesta en el futuro, que recogen la opinión de connotados especialistas en la materia, que genera consenso en la izquierda, y que de aprobarse servirá para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como pilares de nuestro desarrollo económico, y como ejes de la transición energética de nuestro país en este siglo.

Es el momento de los contrastes, por lo cual debemos tener claro qué tipo de debate merece la ciudadanía de sus legisladores. Las Senadoras y Senadores del PRD estaremos a la altura de la importancia que tiene la reforma energética para nuestro país.

Hemos acreditado nuestra firme voluntad de que estamos y seremos promotores de un debate serio y responsable. Creemos que los radicalismos y las estridencias no suman a nuestra causa, sino por el contrario, sólo terminarían aislándonos.

Somos partidarios, sí, de la mayor difusión de todas las propuestas, y de conocer de manera directa la realización de la consulta ciudadana que tendrá lugar el próximo 25 de agosto y 1º de septiembre en todo el país.

Lejos de las visiones que se empeñan en presentar un panorama catastrofista de Petróleos Mexicanos, para justificar su apertura al capital privado, nacional y extranjero, o del optimismo desbordado de quienes ven en las concesiones y contratos la panacea para transformar esta importante industria; nuestra propuesta responde a la decisión de millones de mexicanos que piensan que el petróleo y la electricidad deben de continuar como áreas estratégicas de nuestro desarrollo y como propiedad de la nación; y que es posible fortalecerla y mejorarla con una reforma profunda a su marco legal combatiendo la corrupción y transparentando su funcionamiento.

Desde hace meses el PRD ha hecho público los ejes de la iniciativa de reforma que hoy presentamos, se trata de 12 reformas a leyes ya existentes y la promulgación de una más para fortalecer a Pemex como una empresa de clase mundial que no necesita reformar la Constitución para ello, sino liberarla de la inmensa carga fiscal que lleva sobre la espalda, mejorar su organización y utilizar inteligentemente los excedentes petroleros.

Debe considerarse que Petróleos Mexicanos es la empresa más importante en México, y ocupa el primer sitio en ventas totales a nivel internacional; es el segundo lugar en utilidades antes de impuestos; quinto productor de petróleo crudo en el mundo, y es la décima primera empresa integrada de todas las compañías petroleras del planeta.

Pemex tiene costos de producción, exploración y desarrollo en petróleo comparado con Statoil, Exxon Mobil, ENI, Petrobras y Chevron, lo que hoy presentamos ante esta Comisión Permanente es un nuevo régimen fiscal para Pemex, para que esta empresa cuente con recursos para inversiones, y autonomía presupuestal y de gestión con el propósito de convertirla en una empresa eficaz y eficiente.

Nuestra propuesta considera destinar recursos para la investigación tecnológica, así como la transformación y fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.

Asimismo, se define una nueva ruta para la utilización de los recursos provenientes del petróleo, se crea el Fondo para Excedentes Petroleros, los cuales tendrán que utilizarse para los proyectos prioritarios de Pemex y la CFE, así como el desarrollo de una estrategia para el ahorro de combustible y para aquellos proyectos que favorezcan a la transición energética. Estamos seguros que nuestra propuesta responde a las expectativas de una sociedad que desea Pemex, que desea que Pemex siga siendo una empresa cien por ciento mexicana.

Permítanme realizar una breve reflexión: hasta ahora la definición de algunos de los grandes temas nacionales nos han polarizado y han llevado a escenarios de rompimiento que en nada beneficia a la sociedad y a nuestra convivencia política.

Esta legislatura debe de aceptar el reto de establecer mecanismos institucionales para que la ciudadanía decida de manera directa sobre cuestiones como el destino del petróleo y del sector energético, sólo de esta manera acabaremos con la lógica de vencedores y vencidos, y se contará con la legitimidad necesaria para los grandes cambios que el país nos demande.

Este mecanismo se encuentra ya en nuestra Constitución, y espera ser regulado en la Ley de Participación Ciudadana.

Señoras y señores, integrantes de esta Comisión Permanente, percibo en todos los grupos parlamentarios, representados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, apertura al diálogo. Saludo esta actitud, estoy seguro que con voluntad política y responsabilidad de las tres propuestas presentadas para reformar el sector energético, saldrá algo positivo para nuestro país.

Reitero la voluntad de mi grupo de escuchar y analizar todas las propuestas y el compromiso con la sociedad de que el petróleo y la electricidad conserven el status que les otorga nuestra Constitución por mandato soberano del pueblo de México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Barbosa Huerta.

Tiene ahora la palabra el Diputado Silvano Aureoles Conejo, para el mismo asunto.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor Presidente; estimadas compañeras, estimados compañeros:

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos ordenamientos en materia de reforma integral del sector energético nacional, que hoy estamos presentando ante esta Soberanía, contiene un enfoque nacionalista y con un claro horizonte progresista que busca mantener y fortalecer nuestra soberanía.

En el PRD, sus militantes, sus dirigentes y sus legisladores, tenemos muy claro que México requiere impulsar reformas que vengan a transformar la vida política, económica y social a fin de acabar con la desigualdad y la pobreza de millones de mexicanos.

Somos un partido que sabe dialogar, que sabe construir acuerdos, que ha demostrado que tiene propuestas firmes y viables para ofrecer leyes que den certidumbre y confianza a todos los mexicanos que por muchos años han exigido que vayamos a fondo en las reformas estructurales.

Nuestra lucha por antever los rezagos históricos en diversos temas ha sido evidente con las reformas que hemos aprobado en la presente legislatura, que si bien no han recogido todos nuestros planteamientos sí reconocemos que han tenido avances sustanciales.

Con la iniciativa de reforma energética que presentamos hoy, entramos a un intenso debate con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso; será un debate respetuoso, de argumentos, de propuestas y de alternativas para el sector energético de México.

Lo decimos con firmeza, son muchas las diferencias con la iniciativa que presentó en días pasados el Ejecutivo Federal y el PRI, pero un asunto de fondo lo es que nosotros defendemos la absoluta soberanía de la nación y no modificamos con reformas constitucionales el claro propósito de entregar la riqueza petrolera a manos particulares.

Tenemos la clara convicción, queridas compañeras, compañeros, de que el sector energético requiere de modernización en todos sus rubros. Estamos convencidos de que llegó la hora de que Pemex se convierta en la gran empresa que beneficie a todos los mexicanos, por ello estamos convencidos de que se puede ser más competitivo, eficiente y autosuficiente.

Nuestra propuesta no reforma la Constitución General de la República, por lo que mantiene la propiedad directa de la nación sobre sus recursos naturales, sobre los recursos petroleros y los hidrocarburos. Así también mantiene la electricidad como un área estratégica de la nación.

Esta iniciativa tiene la ventaja de atender con leyes secundarias y reglamentarias, por lo que una vez revisadas con un esfuerzo de análisis y voluntad política, pueden quedar desahogadas a plenitud con el trabajo de las dos Cámara del Congreso.

Reitero, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, modifica los artículos 27 y 28 de la Constitución, eliminando la prohibición que ahora existe de otorgar contratos a particulares respecto a la explotación del petróleo e hidrocarburos, así como invertir en toda la cadena de producción del sector eléctrico.

La iniciativa del Ejecutivo prácticamente entrega y abre la puerta a los inversionistas extranjeros la renta petrolera, aunque se cambie el nombre y se le denomine que serán sólo formas de contrato o de contratación, con ello la nación está perdiendo sus derechos de propiedad sobre el petróleo y la rectoría en la electricidad.

La iniciativa del PRD es el resultado de meses de trabajo, es un esfuerzo que ha llevado mucho tiempo, mucha dedicación de legisladoras, legisladores, especialistas, expertos en la materia que con pleno conocimiento de causa han puesto los insumos para que las legisladoras y legisladores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados la configuren, le den forma, y en consecuencia tengamos un resultado que le sirva a México.

En este proceso, ha sido de la mayor importancia el acompañamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, bajo cuya guía se han conducido estos trabajos, y hemos tenido la orientación política para reforzar nuestra posición como parte de una actitud que le caracteriza de su real compromiso con el país.

Estamos con esta presentación que hoy hacemos ante la Comisión Permanente poniendo sobre la mesa los elementos de nuestra parte para contrastar y comparar las otras propuestas que han sido presentadas en esta Comisión Permanente, de lo cual no tenemos ninguna duda, la propuesta que hemos presentado tiene el respaldo popular y sin duda tiene la mayor viabilidad para rescatar a nuestra empresa Petróleos Mexicanos.

Por ello, queridas amigas, queridos amigos, con esta iniciativa reafirmamos el compromiso de trabajar por defender el derecho de las mexicanas y los mexicanos a defender su riqueza.

Como una muestra del compromiso que tenemos con el pueblo de México: de velar por su capacidad y autodeterminación, proteger los intereses de la nación de la voracidad y la rapacidad de quienes esperan con ansia las reformas para quedarse con la renta de nuestros recursos naturales, particularmente el petróleo y la generación de energía eléctrica.

Compañeras, compañeros: Estamos ciertos que con esta iniciativa estaremos del lado de los verdaderos intereses del pueblo de México. Es por la defensa de sus recursos, por ello consideramos que no tienen soporte los argumentos falsos que se han argumentado de que con ello no se le quita a los mexicanos lo que les pertenece. De ahí nuestro compromiso expresado de no claudicar en la defensa de la soberanía nacional.

Reitero, nuestra propuesta ha sido muy concreta y muy clara. Descarguemos a Pemex del régimen fiscal que lo ahoga. Demos la autonomía presupuestal y de gestión, nuevo gobierno corporativo, empresas públicas y eficientes y eficaces, transición energética, desarrollo e investigación tecnológica, así como el desarrollo, la generación de mecanismos para el fortalecimiento de la arquitectura institucional y, por supuesto, un nuevo destino de los recursos del rendimiento del petróleo.

Queridas amigas, amigos; compañeras, compañeros: Tenemos la certeza de que en ustedes, legisladoras, legisladores y de parte del gobierno, habrá la sensibilidad suficiente para que revisemos con toda la responsabilidad la iniciativa que hoy presentamos.

No nos vamos a cerrar al debate, vamos a revisar con responsabilidad las propuestas que ha presentado el PAN y que ha presentado el gobierno a través del PRI, queremos contribuir a que Pemex se convierta en el principal motor y pilar del desarrollo, y que los recursos naturales, por cierto no renovables, como es el caso del petróleo, sirva al desarrollo y al crecimiento de México, que le sirva a los mexicanos, que se concrete el anhelado sueño de bajar los precios de los combustibles, no puede ser que en un país como el nuestro, con tanta riqueza petrolera sean más caros los combustibles, la gasolina, el gas, la electricidad que afecta terriblemente el bolsillo de las familias mexicanas.

Señor Presidente, por su paciencia y tolerancia, muchas gracias; y muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese la iniciativa de reformas en materia energética, a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Quisiera asimismo, informarle a esta Asamblea que se ha ampliado el turno de las designaciones de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo, y el expediente ha sido turnado a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Antes de continuar con la presentación de iniciativas, quisiera dar lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva, con respecto a un punto de Acuerdo condenando la artera agresión que se hizo sobre integrantes de la Armada de México en Polonia, y doy lectura al punto de Acuerdo correspondiente.






MESA DIRECTIVA



Por la relevancia del tema y la oportunidad del tema, solicito a la Asamblea la posibilidad de dispensarle los trámites correspondientes para someterlo a votación de la Asamblea.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, primero hay que someterlo a discusión, yo quiero hablar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Tiene usted toda la razón, Diputado Monreal Avila. ¿A favor o en contra?, y si hubiera algún otro orador que quisiera registrarse, por favor.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Para razonar mi voto. Señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Se ha hecho costumbre que todo sale Fast Track en esta Cámara, ya ni siquiera se pregunta si alguien quiere participar para razonar su voto, para votar a favor o votar en contra, lo dan por hecho que todo se aprueba.

Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas parlamentarias y por eso he solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto, por supuesto que en este punto de Acuerdo que somete a consideración la Presidencia, y que le ha dado el trámite de obvia y urgente resolución, nadie puede estar en contra, estamos a favor de que esta legislatura, este Congreso, esta Asamblea, esta Comisión Permanente, pueda emitir no sólo un voto de condena o un extrañamiento o una nota diplomática por conducto de la Cancillería, al gobierno y al Congreso de Polonia reprobando los hechos que se suscitaron en días pasados contra marines o contra personal de las Fuerzas Armadas de nuestro país en visita a aquel país.

Nadie podría estar en desacuerdo de condenar la brutal agresión que sufrieron connacionales nuestros en aquel país extranjero.

Creo que es atendible el punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución.

Pero reclamo a la Asamblea, por qué no condenar en este punto de Acuerdo la brutal agresión de la que están siendo objetos los maestros de este país, que son miles y miles y miles, y que ayer por la noche en la Cámara de Diputados se presentaron con actos de violencia y ya hubo heridos y hubo algunos compañeros, tanto maestros, como también miembros de las fuerzas armadas o de las policías locales heridos.

Yo creo que la Comisión Permanente debería, también, pronunciarse no sólo contra la brutal agresión que sufrieron marinos en Polonia, estamos de acuerdo en eso, pero yo propondría que la Comisión Permanente también condenara la brutal agresión contra los maestros y que hiciera un llamado al gobierno de la República para que, a través de sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas de represión o coercitivas, no se vean tentados a reprimir las manifestaciones pacíficas a las que están convocando los maestros.

Estamos a tiempo de evitar cualquier enfrentamiento.

Nosotros también hacemos un llamado a los maestros para que se manifiesten pacíficamente, para que el gobierno de la República no pueda usar como pretexto este tipo de expresiones y pueda acudir a la represión que, estoy claro, se pueda desatar de un momento a otro.

El país vive momentos aciagos, la nación está en una etapa crítica. Solamente los que padecen ceguera institucional pueden no darse cuenta de lo peligroso que está convirtiéndose el país en su convivencia pacífica.

Hay muchos elementos que están conformando una especie de mezcla de factores, de inconformidad social que pueden desatar una explosión social. Yo hago votos porque no suceda eso, de verdad lo digo con toda sinceridad, no deseo que el Estado reprima la inconformidad social, que penalice y criminalice la lucha social de maestros, de maestras, de distintos actores que se sienten lesionados por la aprobación de leyes antipatrióticas y regresivas.

Hago este llamado porque van a iniciar una serie de movilizaciones, el 8 de septiembre también nos vamos a manifestar quienes estamos en contra de medidas light del petróleo. Nosotros creemos que el 2015 es un largo plazo, estaremos muertos para entonces, como dijera este gran poeta, pero nosotros sí vamos a defender el petróleo y desde el 8 de septiembre acudiremos a las movilizaciones.

El PRI ha dicho también que irá a la calle a defender su propuesta y me parece que es correcta su posición, nadie le puede impedir que vaya a la calle, entonces le pediríamos al gobierno que no se vea tentado a reprimir la inconformidad social. Hacemos responsable a Peña Nieto de lo que les suceda a los maestros, de lo que le suceda a cualquier individuo de los que vamos a acudir de manera pacífica el 8 de septiembre al zócalo con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, porque no estamos de acuerdo con que se privatice el petróleo, y por más que se quiera engañar a la gente de que es modernización, es una auténtica privatización la que se pretende hacer, vía la modificación de los artículos 27 y 28 constitucional. Ahí estaremos puntuales a la cita, y a la gente que nos ve, que nos escucha, los convocamos a que el 8 de septiembre nos acompañen y que, por supuesto, en este punto de Acuerdo nosotros estaremos totalmente convencidos de la protesta enérgica que se haga del Congreso mexicano contra la brutal agresión que han sufrido marinos en Polonia, y también solicito formalmente se incorpore, más tarde presentaré por escrito la propuesta, un segundo párrafo dónde condenamos la brutal agresión que sufrieron los maestros el día de ayer y que pueden sufrir en los próximos días.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Ricardo Monreal. Tengo un importante número de oradores registrados y quisiera pedirle su comprensión a la Asamblea, y si están todos los oradores en el mismo sentido de tomar el uso de la tribuna, un orador por grupo parlamentario.

Entonces, me permitiría preguntarles a todos los oradores que tengo registrados, ¿si hay algún orador que quiera registrarse para hablar en contra de condenar la artera agresión que sufrieron las Fuerzas Armadas Mexicanas en Polonia?.

¿Hay alguien que esté registrado para hablar en contra?

Asumo que todos los oradores son a favor, y tengo registrados, en este momento, a la Senadora Ana Gabriela Guevara y el Diputado Huerta Ladrón de Guevara del Partido del Trabajo.

Declina la Senadora y nada más tomaría la palabra el Diputado Huerta Ladrón de Guevara, posteriormente el Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del PRD y la Senadora Verónica Martínez Espinosa, del PRI.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Huerta ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Qué buen ejercicio de demostrar lo que son y lo que piensan los compañeros del Revolucionario Institucional.

Si por ustedes fuera, sin duda no nos dejarían ni siquiera hablar. Pero esto no es así, el país no es de ustedes.

Nosotros somos parte de un movimiento que busca, por la vía pacífica, la transformación de este país. Lo hemos reiterado y es obvio que estamos de acuerdo en que el punto de Acuerdo que se propone sea aprobado con el voto de un servidor e inclusive de la fracción del partido que represento.

Pero es obvio que tenemos la misma preocupación. Desde el inicio de esta sesión lo he manifestado, México no puede darse el lujo, el día de hoy, de reprimir a sus ciudadanos y mucho menos a los maestros. Esto es algo que sé que en la historia de mí país, en los gobiernos, sobre todo del PRI, ha sido parte de una cultura. Nada más hay que recordar el 68 y de lo que fueron capaces, y esa es la preocupación, que el 68 lo trasladen directamente al 2013. Y desde el primer día, desde el 1° de diciembre está documentado en la opinión pública nacional e internacional de cómo montaron mecanismos de provocación para lastimar a la sociedad, para lastimar al pueblo de México.

Y de alguna manera, bajo esta lógica, pretender calmar los ánimos sociales que desde entonces están crispados. El pueblo tiene la suficiente inteligencia para saber que no viene nada nuevo con este gobierno que dirige Peña Nieto.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Diputado Ladrón de Guevara, le solicito se apegue al tema.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, estoy en el tema.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Me permite. Como Presidente en este momento, le solicito se apegue al tema.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, estamos en el tema. Lo que pasa, señor Presidente, es que usted debe de ser Presidente para todos y no para los de su partido, y el tema es que no se puede ser candil de la casa y obscuridad de la calle.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Vuelvo a solicitar respeto a la Presidencia. Continúe el orador.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Vengo a argumentar en el sentido de sumarnos a la propuesta que hace el Diputado Monreal. Y ese es el tema, el tema es que el punto de Acuerdo es insuficiente y necesita el pueblo de México tener garantías de que en los próximos días, desde el día de hoy, no ocurra lo que están pasando en la televisión permanentemente, cómo desde las autoridades federales, instruidas, sin duda, desde la Presidencia de la República, se está reprimiendo a la población.

Esto es lo que a nosotros nos preocupa.

Hace un rato decían, ¿y el muerto?

Bueno, pues, ahí están las secuelas en ciudadanos como Kuy kendall, que sigue grave, producto de lo que pasó el 1° de diciembre.

Y obviamente desde el gobierno federal nadie ha salido a dar la cara. En ese tiempo, el que hoy es procurador, presidía el Congreso, le pedimos un informe y es la fecha que no hay tal. No se sabe qué pasó.

Entonces, ese es el tema, sin duda. Nosotros con esa preocupación, sabiendo lo que está por venir, queremos que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea cuidadoso y lo haríamos responsable de cualquier daño que en su físico, en su salud, pudieran tener los ciudadanos que pacíficamente se manifiesten.

Es bueno, es importante que, en efecto, hagan un ejercicio de reflexión, de autocrítica, de tratar de cortar con esa historia de represión que tienen muchos en su partido, como han ejercido sus gobiernos de manera autoritaria, y es importante que eso se corte, se elimine. No es necesario reprimir a los ciudadanos, montar provocaciones y que la patria se vea conmocionada, convulsionada.

En efecto, vamos a estar el 8 de septiembre en el zócalo con López Obrador, con el pueblo de México, luchando porque no se consume el atraco a la nación que se pretende desde las Cámaras.

Es un llamado, insisto, a que moderen este ambiente, desde el que hoy dirige esta Asamblea, pues queda de manifiesto esta actitud y este tono autoritario con el que pretenden seguir gobernando.

Nosotros apoyamos el punto de Acuerdo, pero apoyamos el agregado que hace el Diputado Monreal, por todo lo que ya hemos expresado en tribuna.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Carlos Reyes Gámiz, del PRD, para referirse al punto de Acuerdo propuesto por esta Mesa Directiva.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Gracias, señor Presidente.

El acontecimiento que todos conocimos a través de los medios de comunicación exige una contundente manifestación de ésta Comisión Permanente.

Es inadmisible el trato que se les dio a nuestros connacionales en ese lugar de Polonia, la agresión de que fueron objeto, la humillación y la vejación, no sólo de unos fanáticos irracionales, racistas, xenófobos, sino incluso de la propia autoridad polaca que al momento de intervenir detuvo a varios de los marinos mexicanos.

No se puede entender el asunto de ese hecho racista y xenofóbico, sin entender que el mundo, y desde luego México también, está inmerso en una profunda crisis económica, en una grave presión demográfica y al final del día todas las sociedades, la polaca y la mexicana, los sectores más pobres, más pauperizados, se encuentran inmersos en la inseguridad y el miedo por el futuro ante la pobreza y el desempleo.

Ahí es donde se genera el caldo de cultivo de odios raciales y xenofóbicos. Y ese es el problema que, quienes nos dedicamos al quehacer de la política, deberíamos de atender.

La sociedad demanda de los políticos representarlos, no extraerlos. La sociedad demanda de la política resolver los derechos económicos y no limitar las garantías.

Lo de Polonia no tiene nombre, condenémoslo y hagámoslo con una voz enérgica y fuerte, y el gobierno federal, el titular del Ejecutivo, a través de Relaciones Exteriores, deberá de tomar medidas.

Pero no dejemos de contemplar que el problema de la sociedad estriba en una descomposición radicada en un modelo económico que no está funcionando, y eso ocurre allá en Polonia, pero también aquí en México.

Finalmente, digo lo siguiente:

Creo que conviene no hacer mezcladeras. En este punto de Acuerdo, hay que ceñirnos a lo que está planteado, yo preferiría que abriéramos un debate a propósito del tema de la causa educativa, porque como debate se lo merece, como tema lo necesitamos colocar de manera central.

Es verdad que la reforma educativa planteada había estado generando un proceso de consensos a propósito de su planteamiento.

Es verdad que 2 de las 3 reformas, que ayer se discutieran en la Cámara de Diputados, se discutieron sin haber tenido el conocimiento, el procesamiento y los consensos.

Es verdad que los maestros han tenido una lucha importante y fundamental para transformar a la educación en este país y nunca han sido atendidos y oídos.

Es verdad que el día de ayer los maestros, encolerizados por el abuso que desde el poder se realiza, tomaron medidas radicales.

Todo eso es verdad, compañeras y compañeros, pero ese tema merece un espacio directo para discutirlo y atenderlo y no meterlo de colofón o de manera montada en un asunto que también merece nuestra atención.

Así pues, compañeras y compañeros, propongo que votemos a favor este punto destacando el racismo y la actitud xenofóbica de quienes agredieron a los marinos mexicanos, propongo que dimensionemos esta agresión como una agresión que vive el mundo por la crisis del desempleo, la pobreza, la ignorancia. Y en el caso de los maestros, abramos un amplio debate, porque efectivamente su voz, sus derechos, se tienen que escuchar y eso el PRD lo respaldaremos.

Muchas gracias.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: ¿Para qué efecto, Diputado Ladrón de Guevara?

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Para aclarar el sentido del voto, una pregunta al orador sobre lo que está diciendo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: El Diputado Ladrón de Guevara le presenta una pregunta.

¿La acepta el orador?

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Sí, por supuesto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Adelante, Diputado Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño)Gracias, Diputado Gámiz.

Entiendo que usted es parte de la Mesa Directiva, y estamos algunos interesados en que se agregue el punto de Acuerdo.

Usted propone un debate aparte para discutir este punto de Acuerdo, que intuyo podría estar suscribiéndolo.

El tema es si se podrá generar esto, porque entiendo que ya lo encorchetaron en la reunión de la Mesa Directiva, para que no se dé este debate.

Usted estaría de acuerdo en que, conociendo esto, para que no exista una trampa de que abramos otro debate, que no lo va a haber, ¿usted cree que podemos abrir un debate el día de hoy aquí? Usted que es parte de la Junta Directiva.

Y la pregunta sería: ¿Por qué no lo hizo durante la reunión de la Junta Directiva para debatir un tema tan importante para este país?

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Bueno, estoy convencido de que debe de abrirse un debate a favor de las causas de los profesores de este país.

Estoy convencido de que este órgano legislativo deberá de tomar cartas en el asunto para evitar cualquier acto de represión contra cualquier sector. Y estoy convencido de que no puede haber reforma educativa con la exclusión de los profesores.

En suma, creo en la lucha de los profesores, y cualquier cosa que yo pueda hacer por impulsarla, así lo haré.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Reyes Gámiz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI.

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo con la propuesta del Senador Monreal, porque al grupo parlamentario del PRI le gusta estar en un estado de derecho y cumplir con la ley.

Por supuesto que estamos a favor de que el cumplimiento de la ley se haga por parte tanto de los ciudadanos como por la autoridad. Y la autoridad, no nada más es la autoridad federal, sino que la seguridad compete también al Distrito Federal. Por eso apoyamos su moción.

Y constriñéndome al tema, bueno, la agresión en contra de los cadetes del Buque Escuela Cuauhtémoc, la Heroica Escuela Naval Mexicana y la Secretaría de Marina Armada de México son instituciones del Estado, reconocidas por la lealtad, la disciplina y el valor de quienes la conforman.

En el Buque Escuela Cuauhtémoc han sido formadas generaciones de cadetes navales mexicanos y sus tripulaciones navegan por el mundo promoviendo un mensaje de paz y amistad.

Los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en las cercanías de la ciudad de Gdynia, Polonia, son lamentables y lastiman el espíritu de quien promueve la Heroica Escuela Naval Mexicana.

Los cadetes mexicanos de nuestra Heroica Escuela Naval navegan en aguas internacionales con intenciones de estrechar lazos de amistad con otras regiones del mundo, por lo que resulta inaudita e inaceptable la actitud mostrada por los jóvenes que agredieron a nuestros compatriotas sin motivo alguno.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI respaldamos el sentido de la nota diplomática, de la Cancillería mexicana, emitida al gobierno de Polonia a fin de que se determinen responsabilidades sobre este deplorable incidente y se castigue a los culpables, y nos unimos al pronunciamiento que hace esta Comisión Permanente.

México ha refrendado en múltiples foros internacionales su estricto apego al derecho internacional y sus principios, con la finalidad de contribuir no sólo al desarrollo y crecimiento económico de las naciones, sino a promover el respeto, la protección de la población civil, así como brindar asistencia humanitaria a desplazados y refugiados, contribuir al desarme y fomentar el diálogo político y la rendición de cuentas frente a las violaciones de los derechos humanos.

Por eso, a nivel internacional se deben de tomar medidas para que las actividades deportivas tan nobles no se perviertan, generando actos tan deplorables como los acontecidos y tomar las medidas necesarias para evitar se continúen con estas prácticas violentas.

Con poco más de 8 décadas de relaciones oficiales con Polonia, la historia da muestra del sentido de apoyo y protección permanente de México a los ciudadanos polacos inmigrantes que, por alguna razón, durante su meta de viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, han permanecido por amplios periodos de tiempo, incluso en momentos complejos para esa nación cuando se manifestaron los comités de solidaridad en los años 80.

Por lo que en un acto de llana correspondencia, solicitamos desde esta tribuna privilegiar el estricto respeto a los derechos humanos de los 57 cadetes agredidos en Gdynia, Polonia.

Reafirmamos nuestra solidaridad con los cadetes mexicanos agredidos y nos pronunciamos por una salida a través de los canales diplomáticos en torno a estos lamentables hechos.

Vamos a favor del proyecto de la Mesa Directiva, no del Diputado Monreal, hay que aclararlo.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Verónica Martínez.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición del Diputado Monreal, para ver si se acepta a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al agregado que formula el Diputado Ricardo Monreal Avila, y que solicita se agregue un segundo párrafo, que a la letra dice:

“Al mismo tiempo, se condena la brutal represión que han sufrido los maestros y maestras, y condenar la brutal satanización que están sufriendo los maestros, que de manera pacífica se manifiestan”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la adición antes leída.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la adición formulada por el Diputado Ricardo Monreal Avila. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, someta a consideración de la Asamblea el punto de Acuerdo presentado por esta Mesa Directiva, en los términos originalmente propuestos.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta formulada por la Mesa Directiva, en relación a este punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta formulada por la Mesa Directiva, en relación a este punto de Acuerdo, con sus puntos originales.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso, esta Presidencia designa a la Diputada Cristina González Cruz, Secretaria de la Mesa Directiva, para que coadyuve con esta Presidencia, a conducir los debates en esta sesión.

Gracias, Diputada González Cruz.

PRESIDENCIA DE LA C. DIPUTADA
CRISTINA GONZALEZ CRUZ

- LaC. Presidenta Diputada Cristina González Cruz: A continuación, se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señora Presidenta. Estimados compañeros legisladores:

La iniciativa que presento el día de hoy, tiene como finalidad primordial atender el mandato que nosotros mismos nos hemos impuesto al expedir la Ley General de Víctimas.

En enero del año en curso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, como un ordenamiento que reivindica los derechos de aquéllos que han sufrido en su persona, patrimonio o esfera jurídica, una conducta delictiva o la violación grave de sus derechos humanos, estableciéndose una serie de obligaciones a la Federación, consistentes en la adecuación de diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley General de Salud, a fin de hacer posible el acceso al sistema de salud de las víctimas de delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos.

El 3 de mayo de 2013, se llevaron a cabo reformas a dicho ordenamiento, en donde se mantuvieron vigentes las obligaciones señaladas en el párrafo anterior.

En la exposición de motivos se señala la necesidad de atención a las víctimas, reconocido a partir de la definición de dicho concepto alcanzado en el simposio internacional, llevado a cabo en la ciudad de Milán, en 1985, y plasmado en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder de las Naciones Unidas, el cual nos obliga a llevar a cabo la sanción como Estado y el establecimiento de mecanismos de restitución de las víctimas a la vida cotidiana a través de la reparación o restitución de los derechos.

Si bien con las recientes reformas constitucionales se reivindica a la víctima y sus derechos como parte del sistema penal, no se cumple, de manera cabal, hasta la emisión de la Ley General de Víctimas, cuando se comienza a materializar este aspecto.

La Ley General de Víctimas, en su Artículo Octavo Transitorio, establece que: en un plazo de 180 días naturales, deberán ser reformadas las leyes y reglamentos de las instituciones que prestan atención médica, a efecto de reconocer su obligación y llevar a cabo la prestación de atención de emergencia, en los términos del artículo 38 de dicho ordenamiento.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad el armonizar la Ley General de Víctimas con la Ley General de Salud, en materia de atención a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, que requieren atención médica de urgencia.

Se prevé la adición de diversas fracciones a distintos artículos, estableciendo la obligación a las autoridades sanitarias para llevar a cabo la atención de las víctimas de delitos y/o violaciones graves a los derechos humanos, de conformidad con la Ley General de Víctimas y sus objetivos.

Por lo que hace a la atención urgente a las víctimas, se prevé que tanto establecimientos hospitalarios públicos y privados, deban llevar a cabo la atención, para el último caso se prevé que una vez pasada la emergencia sean trasladados a instituciones públicas.

Con la presente propuesta se busca armonizar las leyes, a fin de garantizar los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, salvaguardando su salud y su reincorporación a la normalidad social.

Se faculta y se establece como deber de los organismos de salud, Consejo de Salubridad y Sistema Nacional de Salud, a llevar a cabo el diseño del mecanismo de atención a las víctimas. Dicha construcción debe responder al respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos, como el derecho de salud, entre otros.

Se homologan con lo previsto en la Ley General de Víctimas, los derechos de éstas y las obligaciones de las entidades públicas de atención sanitaria, para atender y restablecer la salud.

Por lo anterior, solicito a esta Honorable Asamblea, que los próximos días pueda ser aprobada esta iniciativa, a partir de su dictaminación.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II; y 72 inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En enero del año en curso fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas como un ordenamiento que reivindica los derechos de aquellos que han sufrido en su persona, patrimonio o esfera jurídica una conducta delictiva o la violación grave de sus derechos humanos, estableciéndose una serie de obligaciones a la Federación consistentes en la adecuación de diversos ordenamientos, entre ellos la Ley General de Salud, a fin de hacer posible el acceso al sistema de salud de las víctimas del delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos.

El 3 de mayo de 2013 se llevaron a cabo reformas a dicho ordenamiento en donde se mantuvieron vigentes las obligaciones señaladas en el párrafo anterior.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La necesidad de atención a las víctimas, reconocido a partir de la definición de dicho concepto alcanzada en el simposio internacional llevado a cabo en la ciudad de Milán (1985) y plasmados en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, de las Naciones Unidas; nos obliga no sólo a llevar a cabo la sanción como Estado, de las conductas que lesionan o vulneran la integridad y derechos de las personas, sino que, además el establecimiento de mecanismos de restitución de las víctimas a la vida cotidiana a través de la reparación o restitución de los derechos y condiciones para su vuelta a la normalidad.

En nuestro país el desarrollo de la victimología ha venido evolucionando tanto en el ámbito del derecho local como el federal. Casos de ello han sido la Ley de Víctimas del Estado de México (1969) y las diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1993, 2000, entre otras, han aceptado la existencia por parte del Estado de la victimología y la necesidad de proteger los derechos de los sujetos pasivos del delito y/o violación grave a los derechos humanos.

Por mucho tiempo, nuestra sociedad y el Estado, hemos visto como una “consecuencia” natural de la comisión del delito a la víctima y no fue, hasta que la sociedad vio la necesidad de impulsar dentro de las estructuras estatales, la protección real de la víctima el eje central del estado de derecho y en especial del derecho punitivo.

Si bien con las recientes reformas constitucionales se reivindica a la víctima y sus derechos como parte importante del sistema penal, no se cumple de manera cabal hasta la emisión de la Ley General de Víctimas cuando se comienza a materializar este aspecto.

Sin embargo es importante distinguir en cualquier proceso legislativo aquellos aspectos que tienen como finalidad la protección de derechos y aquellos que pudieran solapar excesos en la protección de los sujetos. De aquí la necesidad de distinguir a víctima como sujeto que sufre, material y/o jurídicamente, la transgresión de su persona (en aspectos físicos y psicológicos) y sus derechos. Es así que la Ley General de Víctimas y la presente propuesta busca restituir a la víctima a la vida cotidiana y a la “normalidad” y no llevar a cabo la victimización de las personas.

Dentro de los derechos que son puestos sobre la mesa encontramos el consistente en la atención médica o sanitaria de aquellos que han sido afectados por la comisión de un delito. Por ello la importancia de adecuar los derechos plasmados en dicho ordenamiento con la Ley General de Salud, logrando así, en este aspecto cerrar la “pinza” en protección de aquellos que el Estado, principal responsable, no ha logrado proteger o ha violentado gravemente su esfera de derechos constitucionales.

La Ley General de Víctimas en su artículo Octavo Transitorio establece que en un plazo de 180 días naturales deberán ser reformadas las Leyes y Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica a efecto de reconocer su obligación y llevar a cabo la prestación de atención de emergencia en los términos del artículo 38 (actualmente el 34 de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 2013) de dicho ordenamiento.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad el armonizar la Ley General de Víctimas con la Ley General de Salud en materia de atención a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos que requieran atención médica de urgencia.

Se prevé la adición de diversas fracciones a distintos artículos estableciendo la obligación de las Autoridades Sanitarias para llevar a cabo la atención de las víctimas de delitos y/o violaciones graves de los derechos humanos de conformidad con la Ley General de Víctimas y sus objetivos.

Por lo que hace a la atención urgente a las víctimas se prevé que tanto establecimientos hospitalarios públicos y privados deban llevar a cabo la atención; para el último caso se prevé que una vez pasada la emergencia, sean trasladados a instituciones públicas.

Con la presente propuesta se busca armonizar las leyes a fin de garantizar los derechos de las víctimas (directas, indirectas y potenciales) salvaguardando su salud y su reincorporación a la normalidad social.

Se faculta y se establece como deber de los organismos de salud (Consejo de Salubridad, Sistema Nacional de Salud, etc.) a llevar a cabo el diseño de mecanismos de atención a las víctimas. Dicha construcción deben responder al respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a la salud, entre otros. A este aspecto podemos citar la siguiente Jurisprudencia:

[J]; 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 164

DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud.

PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISION 173/2008. **********. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 115/2008. Elizabeth Castro Mercado. 21 de mayo de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.

Amparo en revisión 932/2008. Janet Andrea Galicia Rosete. 12 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.

Amparo en revisión 1070/2008. María de Jesús Cruz Campos. 26 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: SelinaHaidé Avante Juárez.

Amparo en revisión 1215/2008. Jorge Armando Perales Trejo. 28 de enero de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz; en su ausencia hizo suyo el asunto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Tesis de jurisprudencia 50/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de primero de abril de dos mil nueve.

También se garantiza que la víctima, en cualquiera de sus modalidades, pueda acceder dentro de un estado de emergencia, a cualquier centro hospitalario, público o privado.

A mayor abundamiento podemos citar la siguiente Tesis jurisprudencial:

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; Pág. 626

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PUBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL AMBITO DE LA SALUD.

El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 117/2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Se homologan con lo previsto en la Ley General de Víctimas los derechos de las víctimas y las obligaciones de las entidades públicas de atención sanitaria para atender y restablecer la salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.

UNICO. Se reforman: la denominación del TITULO DECIMO PRIMERO así como la del Capítulo Tercero del mismo Título; los artículos 188; 189; y 190; y se adicionan: una fracción XXVII Ter al artículo 3; una fracción XV, recorriéndose la actual a ser XVI al artículo 7º ; una fracción X, recorriéndose la actual a ser XI del apartado A, así como una fracción VI, recorriéndose las actuales VI y VII a ser VII y VIII del apartado B, ambas del artículo 13º; una fracción IX recorriéndose de la actual a ser XX del artículo 17º; un último párrafo al artículo 37; dos últimos párrafos al artículo 38; los artículos 188 bis, 188 bis 1, 189 bis, 189 bis 1, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o.- …

I. a XXVII Bis. …

XXVII Ter.La atención a las víctimas de delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a la Ley General de Víctimas y el presente ordenamiento; y,

XXVIII. ...

Artículo 7o.- …

I. a XIV. …

XV. Promover la implementación de un sistema de atención a las víctimas de delitos y/o de violación graves a los derechos humanos, en los términos del presente ordenamiento y de la Ley General de Víctimas; y,

XVI. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 13. …

A. …

I. a IX. …

X. Establecer y coordinar, en el ámbito federal, los programas y procedimientos de atención de las víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a este ordenamiento y a la Ley General de Víctimas;

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables.

B. …

I. a V. …

VI. Establecer y coordinar, en el ámbito estatal, los programas y procedimientos de atención de las víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a este ordenamiento, la Ley General de Víctimas y las leyes de víctimas que correspondan a su competencia; y,

VII. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

C. …

Artículo 17. …

I. a VIII. …

IX. Proponer a las autoridades sanitarias mecanismos para establecer y mejorar la atención a las víctimas del delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos, en los términos del presente ordenamiento y de la Ley General de Víctimas;

X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Artículo 37.

Los servicios de salud pública estarán obligados a atender a las víctimas de delitos y/o de violaciones graves de derechos humanos que cumplan con lo previsto en la Ley General de Víctimas, con independencia de su calidad de derechohabiente.

Artículo 38.

Los servicios de salud privados deberán atender en caso de urgencia o emergencia a las víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Víctimas. Una vez que pase la urgencia deberán canalizarlos a los centros de salud pública más cercano dando aviso a las autoridades correspondientes.

Se entenderá como caso de urgencia a aquellas situaciones que pongan en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de las víctimas de delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos.

TITULO DECIMO PRIMERO

Programas Contra las Adicciones y de Atención a Víctimas

CAPITULO TERCERO

Programas de Atención a Víctimas de Delitos

y/o Violaciones Graves a los Derechos Humanos

Artículo 188. En los términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas; las Autoridades Sanitarias, Hospitalarias y de Salud deberán garantizar los derechos de las víctimas de delitos y/o violaciones graves a los derechos humanos, para acceder a los servicios de atención de urgencia o emergencia médica y psicológica, así como la creación de programas de atención que permitan su reincorporación a la normalidad social.

Dichos programas deberán ser acordes a las necesidades de atención y respetando los principios de integralidad, respeto a la dignidad humana y demás previstos en la Constitución, Tratados Internacionales, la presente ley, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 188 bis. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I. Hospitalización;

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;

III. Medicamentos;

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI. Transporte y ambulancia;

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima; y,

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan la Ley General de Víctimas.

Artículo 188 bis 1. Las Autoridades Sanitarias deberán atender el Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social que elabore la Comisión Ejecutiva del Sistema de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de Víctimas. Buscará además que dicho Modelo contemple los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública y privada que presten los servicios subrogados; además deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.

Artículo 189. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

Artículo 189 bis. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la presente Ley para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento.

En caso necesario, los servicios de salud podrán ser proporcionados por instituciones privadas, las cuales no podrán negar la atención. En este caso el Estado deberá erogar los gastos ocasionados por la atención en emergencia y asumir el tratamiento subsecuente;

II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la violación grave de derechos humanos, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente; y,

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

Artículo 189 bis 1. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 190. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la sede del Senado de la República, a 20 de agosto 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

- La C. Presidenta Diputada González Cruz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar, a nombre del Diputado Jesús Oviedo Herrera, del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY EN FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION COMO SERVIDORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Héctor Larios Córdova, a nombre del C. Diputado José de Jesús Oviedo Herrera, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

Esta es una iniciativa del Diputado Jesús Oviedo Herrera, y me parece que lo que es digno de resaltar, es que en las tribunas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en todas las sesiones, suben los legisladores a proponer iniciativas de nuevas leyes. Y este es un caso verdaderamente diferente. Es la propuesta de abrogar una ley que evidentemente ha quedado sin materia, como ahora me referiré.

Y esto es importante resaltarlo, decía un viejo adagio romano: “menos leyes, mejor gobierno”.

Y aquí tenemos una fiebre por generar nuevas leyes. Cada ley significa alguna erogación de recursos públicos; significa, quizá, la constitución de nuevos organismos; significa establecer nuevos trámites y obligaciones para los ciudadanos; y los legisladores a veces sentimos que trascendemos si hacemos nuevas leyes y a veces empeoramos la posibilidad de buen gobierno para los mexicanos.

Por eso me parecía interesante subir, a nombre de mi compañero Jesús Oviedo Herrera, a proponer la abrogación de la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.

Esta es una ley que se promulgó en enero de 1950, sufrió una reforma en el 67, y establecía que los Veteranos de la Revolución, solamente los de un bando por cierto, en una guerra civil, no hablo de los dos bandos, recibieran una prestación del gobierno como servidores públicos.

Se consideró como Veteranos de la Revolución a aquellos que prestaron sus servicios entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917. Si en 1917, el 5 de febrero, estaba un muchacho de 13 años, hoy tendría 110 años de edad, evidentemente no tenemos ya a nadie que sea objeto del beneficio de esta ley a favor de los veteranos, en consecuencia, es evidente que habría que abrogarla, yo espero que así suceda.

El interés es llamar la atención a todos de lo importante, que es tener un marco legal sencillo, claro, comprensible para la ciudadanía y trabajar en perfeccionarlo, no como comúnmente lo hacemos en generar nuevas leyes. Ustedes pueden revisar la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y ver la cantidad de iniciativas, al igual que todas las sesiones, ojalá haya más iniciativas de abrogar leyes que ya no tienen sentido, porque como en ésta se quedaron sin materia o porque no ayudan al bienestar de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Diputado J. Jesús Oviedo Herrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, fracción h), y artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro sistema jurídico heredero del Derecho Romano existe el concepto de la modernización y adaptación a los tiempos de las leyes y normas.1

Existen leyes que en un tiempo fueron benéficas y que subsanaban una carencia pero que al paso del tiempo son ya insubstanciales o finalmente han cumplido el fin para el que fueron creadas. Es decir su fin prescribió.

Los ordenamientos jurídicos actuales son mucho más complejos y por ello observamos como normas como tratados internacionales y derecho comunitario en las que la aprobación la tiene el poder ejecutivo que se impone a la ley de una forma u otra.

Por tanto, las potestades normativas del gobierno también han cambiado. Esta es la consecuencia lógica del Estado social, de su intervención en la vida colectiva y del rol o papel director que ha asumido el ejecutivo.

Algunos de estos ordenamientos son inocuos y deben de evolucionar hacia la abrogación, pues carecen ya de objeto.

Una de las funciones del poder legislativo es la constante revisión y modernización de nuestro sistema jurídico.

En esta situación se encuentra la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1950 y reformada en 1967.

El artículo 1o de la mencionada ley dice textualmente:

Artículo 1o. La presente ley es de observancia general, especialmente para las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, incluidos los del Distrito y Territorios Federales y para todos los Veteranos de la Revolución.

En 1967 todavía existían dos territorios a saber el de Baja California Sur y Quintana Roo, los cuales ya son ahora estados de la federación.

El artículo segundo es el que da mayores argumentos para su eventual derogación.

Artículo 2o. Son Veteranos de la Revolución, para los efectos de esta ley, los que reúnan los siguientes requisitos:

1o. Haber prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, siempre que tales servicios hayan sido prestados en campaña o en cooperación activa con la misma; y

2o. Haber sido reconocidos así por la Secretaría de la Defensa Nacional previo el estudio y dictamen de las hojas de servicios correspondientes.

En el supuesto de que algún ciudadano hubiese ingresado a los 17 años al “servicio” hoy contaría con la edad de 113 años.

Por las anteriores consideraciones y con base en el Artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con proyecto de:

Decreto por la cual queda abrogada la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.

Artículo Unico.- Se abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, por haber concluido la finalidad por la cual fue creada.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor un día después de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. Los derechos adquiridos por los familiares de los veteranos, establecidos en el artículo 16 de la “Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como servidores del Estado”, seguirán vigentes en los términos señalados en el mismo artículo.

Tercero. Los beneficios establecidos en el artículo 16 de la misma Ley, estarán a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. José de Jesús Oviedo Herrera”.

- La C. Presidenta Diputada González Cruz: Gracias, Senador Héctor Larios. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Se recibió de la Diputada Dora Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, un proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, que se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

1 En el Derecho Romano el acto de proponer una ley ante el pueblo reunido en Asamblea se denomina rogativo; la abrogatio, en cambio, era el acto de dejar sin efecto jurídico una disposición legal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“La que suscribe, DORA MARIA GUADALUPE TALAMENTE LEMAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La calidad de vida, medida en función de los indicadores de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la participación informada, ordenada y corresponsable de todos los actores de la vida pública, social y privada.

Por ello, para Nueva Alianza es importante reconocer que la sociedad de nuestro país, al igual que las de otras naciones, enfrenta uno de los problemas de salud pública de mayor impacto negativo sobre su vigor, la productividad y la competitividad.

Nos referimos al sobrepeso y la obesidad, estando de manera particularmente alarmante en la población infantil, pues los problemas de mala nutrición, sobre todo en los infantes, tienen efectos negativos en la formación de capital humano, que es el recurso más valioso para el desarrollo social y económico de nuestro país.

El problema del sobrepeso y la obesidad infantil ya era identificado como un asunto de salud pública desde hace más de una década. En la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1999, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, informaba que en México persistían condiciones elevadas de desnutrición, en tanto que aumentaban las manifestaciones de mala nutrición por exceso.

De esta manera, se indicaba que entre la población escolar de 5 a 11 años, el 16.1% presentaba baja talla para su edad y 4.5%, bajo peso y otro grave problema consistía en que uno de cada cinco niños presenta sobrepeso u obesidad.

Si en 1995, el 3.3% de los niños menores de 5 años (18 millones) tenía un exceso de peso en el mundo en desarrollo; en los Estados Unidos de América era de 7.4 por ciento, 15 años después, México se encargó de ocupar los primeros lugares mundiales en mostrar cifras de sobrepeso y obesidad alarmantes, tanto en adultos como en menores de edad, un lugar nada honroso si lo comparamos con el grado de pobreza alimentaria que persiste en nuestra sociedad1.

La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, emitido por la Secretaría de Salud en enero de 2010, informaba que desde 1980, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado, en particular en la población adulta: 39.5% de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7% obesidad. Es decir, aproximadamente 70% de la población adulta tiene una masa corporal inadecuada en más de 25 kilogramos sobre su masa corporal.

También se indica que esta epidemia registra una elevada tasa de crecimiento entre la población infantil, lo que se ha traducido en una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre la población escolar de preescolar y primaria de todo el país (entre 5 y 11 años) y entre adolescentes.

Lo anterior cobra particular relevancia, pues la epidemia de enfermedades crónicas con una importante asociación directa con el sobrepeso y la obesidad, en especial la diabetes, la hipertensión, las cardiovasculares y todas las complicaciones derivadas del síndrome metabólico, demanda cada vez más de fuertes inversiones de recursos públicos y privados para su tratamiento.

Al respecto, la misma Secretaría de Salud indica que México gasta el 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo de Estados Unidos que invierte el 9%.

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia y que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético.

En su origen, se involucran factores genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico, el cual conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, talla, y edad.

Este problema en el panorama mundial ha movilizado la actuación general. Lo Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que los gobiernos trabajen con la industria para restringir la publicidad de alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas peligrosas destinada a los niños, para combatir así la epidemia de obesidad y otras enfermedades.

El exhorto de la OMS es parte de un intento por focalizarse en la lucha contra las enfermedades no contagiosas -como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y dolencias pulmonares-, que son una causa creciente de muerte prematura.

En consistencia con lo anterior, en México se han realizado diversos esfuerzos por implementar programas nutricionales, basados en la promoción y educación para la salud: uno de ellos, el Programa de Acción Específico 2007-2012 Escuela y Salud, consiste en un programa aplicado por parte de los profesores en las instituciones escolares de nivel básico, a través de los temas curriculares.

Dicho programa responde a una estrategia integral que identifica varios determinantes de salud, siendo algunos de ellos la alimentación correcta y la actividad física, cuyo objetivo consiste en impulsar conocimientos en materia de alimentación para generar hábitos y cambios en los niños para disminuir el incremento de la obesidad.

Para reforzar las estrategias de dicho programa, en 2010 se implementó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, antes referido, que se suma a las estrategias nacionales contra el sobrepeso y obesidad infantil y cuya función es establecer los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos escolares de educación básica del país.

Adicionalmente, en el marco de esta estrategia, se deriva el Programa de Acción en el Contexto Escolar2; que promueve una cultura de salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable a través de la participación de diversos sectores, entre los que destaca los profesores, padres de familia, alumnos y encargados de los expendios de alimentos dentro de las escuelas; a través de la promoción y educación para la salud, el fomento de la actividad física regular y el acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta.

Asimismo, las escuelas de nivel básico en México han adoptado la estrategia de “activación física”, que consiste en realizar 30 minutos de ejercicio moderado dentro de la institución. También, algunas empresas de la industria alimentaria han reducido las porciones de algunos alimentos que son vendidos en las llamadas “cooperativas escolares”, aunque la mayoría de dichos alimentos son frituras, jugos embotellados o pastelitos y en cuanto al fomento de hábitos alimentarios, dicha función se encuentra a cargo de los profesores.

Todo lo anterior permite afirmar que se han hecho algunos esfuerzos por disminuir la prevalencia de obesidad en los niños mexicanos; sin embargo, no son suficientes dichas medidas para abatir este problema social en las instituciones de educación básica.

Por esta razón, en Nueva Alianza consideramos que es necesaria la participación activa de los profesionales de la salud en el campo de la educación, a fin de que contribuyan en la promoción de una salud adecuada para los futuros ciudadanos mexicanos y se fomente en ellos, y en la comunidad escolar, hábitos alimenticios saludables y por ende, crear estilos de vida saludables.

Ya se ha visto, como el caso de la disminución del consumo del tabaco entre adolescentes y adultos, que políticas preventivas de largo plazo, soportadas por adecuaciones legislativas de alto impacto social, han tenido afortunados resultados3.

No podemos perder de vista que el país enfrenta un cambio en el perfil epidemiológico en los niños, niñas y adolescentes, por lo que para mejorar sus condiciones de salud y modificar los determinantes de la misma, se debe fortalecer la educación preventiva en materia de salud, principalmente en la educación del tipo básico.

La participación activa de los profesionales de la salud debe darse en este nivel educativo, pues es aquí donde los niños, niñas y adolescentes desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las actitudes y valores que les permitan afrontar los retos sociales presentes y futuros, mediante la adquisición de conocimientos comunes.

ARGUMENTACION

En los últimos años a nivel mundial, aunque de manera muy particular en los países de América Latina y el Caribe, ha ido en aumento el fenómeno de la doble carga de malnutrición, el cual consiste en la coexistencia de desnutrición y obesidad en las mismas poblaciones, y aun en las mismas familias.

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales y que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así como una maduración biopsicosocial, es necesario que los niños adquieran durante esta etapa hábitos alimentarios saludables.

Los primeros años de la vida resultan cruciales para el desarrollo humano, constituyen un lapso de vital importancia en el que confluyen cuestiones alimentarias, instituciones y servicios de salud, roles sociales y prácticas socioculturales de crianza, hasta la dinámica de los mercados de alimentos infantiles, incluyendo las regulaciones y el complejo mercadotécnico que subyace en la publicidad de estos productos.

En la actualidad, no es necesario consumir grandes cantidades de alimentos para acumular un exceso de peso corporal. La gran disponibilidad de alimentos hipercalóricos y los hábitos de vida cada vez más sedentarios especialmente en poblaciones urbanas, condicionan una retención neta de calorías que al mantenerse en el tiempo, explican el aumento creciente en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

A esta problemática contribuyen hábitos familiares muy arraigados que son difíciles de remplazar por otros más saludables, si no se involucra a la familia y el entorno en el tratamiento del sobrepeso, situación en donde la escuela adquiere una importancia fundamental.

Aumentar el conocimiento sobre la relación entre la nutrición y la salud es una condición indispensable para permitir que los individuos y las familias tomen decisiones mejor informadas y que de forma corresponsable contribuyan a disminuir el riesgo de padecer obesidad y enfermedades crónicas.

La principal herramienta para fomentar este conocimiento es la comunicación educativa en salud, un área multidisciplinaria que comprende el uso de diferentes técnicas, principios y teorías, especialmente de sensibilización social en salud y comunicación de riesgos.

La educación para la salud, como disciplina, surge ante la necesidad de proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar la salud, a través de la modificación de conductas de riesgo.

En la 36ª. Asamblea Mundial de la Salud se definió a la educación para la salud como cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que las personas sepan cómo alcanzar niveles de salud óptimos y busquen ayuda cuando lo necesiten, teniendo como objetivo primordial el diseñar programas de intervención destinados a modificar creencias, costumbres y hábitos no saludables, además de promover, proteger y fomentar la salud.

Los hábitos alimentarios saludables deben fomentarse y ser adoptados durante la niñez, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) al subrayar la importante contribución que las escuelas pueden hacer a los esfuerzos de los países miembros en combatir los problemas de inseguridad alimentaria y de malnutrición, por déficit o por exceso; mediante la promoción de la adopción de patrones alimentarios y estilos de vida saludables para toda la vida, no solamente para el niño, sino también para su familia y la comunidad educativa4.

La educación para la salud, como estrategia en las escuelas contribuye a fomentar hábitos alimentarios saludables que contrarresten la prevalencia de sobrepeso y obesidad, a través de la promoción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en la comunidad escolar, inculcando actitudes, conocimientos y hábitos saludables, el fomento de su salud y la prevención de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

En ese sentido, el acelerado incremento de la prevalencia del sobrepeso y laobesidad en la infancia y adolescencia incita a fomentar la participación orientadora y comprometida de personal calificado en las comunidades educativas escolares, particularmente, en los centros de educación básica del país, al ser los focos más adecuados para atender y prevenir la problemática ya referida.

La Ley General de Salud reconoce que es materia de salubridad general la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, al igual como se ha hecho, a nivel de políticas públicas con reconocidos resultados, en la atención de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo.

De igual manera su artículo 113 permite establecer la colaboración y coordinación de la comunidad escolar con las dependencias y entidades del sector salud, a efecto de formular, proponer y desarrollar programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de DiputadaFederal integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a VIII...

Fracción IX…

Las escuelas de educación básica del país establecerán estrategias de coordinación y vinculación con organismos del sector salud, a fin de que personal técnicamente capacitado coadyuve con la comunidad escolar en la promoción de la salud, brindando la asistencia, acompañamiento o capacitación en temas de alimentación saludable, nutrición y hábitos alimenticios.

X a XVI...

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente delCongreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. Dora María Guadalupe Talmante Lemas”.

Informo a la Asamblea que los Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PRD, entregaron un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, se crea la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual se turnará a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

1 Martínez Jasso, Irma y Pedro A. Villezca Becerra. La alimentación en México: un estudio a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en Revista de información y análisis Núm. 21. INEGI, México, 2003. Páginas 26 a 37.

2 Disponible en http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/prog_accion.pdf.

3 En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 se observa que la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre los adolescentes de 4.8% en 2000 a 2.6% en 2012. En cuanto a la población adulta, entre los años 2000 y 2012 se redujo el porcentaje total de adultos que reportaron consumir tabaco de un 22.3% a un 19.9%.

4Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Aprobada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2004.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION Y SE CREA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

(Presentada por los CC. Senadores y los CC. Diputados del grupo parlamentario del PRD)



Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedarán por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 45 BIS, 45 TER, 55 BIS, 55 TER, 55 QUATER Y 55 QUINQUIES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

 

(Presentada por el C. Diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Senador José Rosas Aispuro Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V, DEL ARTICULO 41, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION ELECTORAL. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un aspecto pendiente de las anteriores generaciones de reformas electorales ha sido la efectiva vigilancia y fiscalización de los actos y recursos de los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos. El sistema con que contamos es ineficiente, puesto que no se han logrado fiscalizar con prontitud los gastos de precampaña y campaña y si bien es cierto, existen sanciones a quienes excedan los topes que fija el Consejo General del Instituto Federal Electoral, estas sanciones llegan tarde, puesto que cuando se aplican ya los candidatos electos tomaron protesta y ejercen el cargo, aún y cuando haya accedido a él violentando la legislación en materia de topes de gastos de campaña.

Lo anterior se debe a la existencia de débiles mecanismos de control para la fiscalización del financiamiento político-electoral, lo que compromete gravemente la equidad y transparencia en la competencia electoral.

Debemos recordar que el vocablo fiscalizar deriva de la expresión latina fiscus, como se denominaba entre los romanos el “tesoro público”. De allí que por “fiscal” (fiscalis) se entienda lo “referente al fisco” y por “fiscalizar” la vigilancia de la gestión del tesoro público.

Aplicada al proceso electoral, la fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, por parte de las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios se adelanten conforme a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos.

Los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos y, en suma, a la legitimidad del proceso democrático representativo.

Existen distintos medios por los cuales se ejerce la fiscalización de las elecciones:

A los organismos electorales compete cerciorarse de la fidelidad del padrón electoral, ordenar investigaciones y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la organización electoral, efectuar los escrutinios, resolver las impugnaciones que se presenten durante los escrutinios, sanear las irregularidades y enmendar los errores que se presenten durante los mismos. Aspecto de creciente importancia a cargo de estos organismos es la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y sus finanzas, así como el control sobre campañas, propaganda y encuestas electorales, y la utilización de los medios masivos de comunicación.

Al gobierno corresponde velar por el orden público durante los comicios, brindar protección y apoyo a la organización electoral, dar plenas garantías a todos los partidos y candidatos, sancionar administrativamente a quienes incurran en violación de prohibiciones legales o en incumplimiento de sus deberes con ocasión de las elecciones, denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los delitos electorales de que tenga conocimiento.

En la rama jurisdiccional del poder público encontramos dos medios fundamentales de fiscalización electoral. Uno está en cabeza de los jueces penales, a quienes corresponde sancionar los delitos electorales. Otro es el contencioso electoral, que posibilita impugnar judicialmente cualquier elección, por violación de las leyes electorales.

Los partidos políticos acreditan representantes suyos ante las autoridades electorales para colaborar en la vigilancia de las votaciones y los escrutinios. Sus representantes están facultados para presentar impugnaciones durante el proceso electoral y contribuir con ello a enmendar errores y nulidades que pudieran presentarse.

Con los partidos políticos se articulan otros mecanismos que contribuyen a canalizar la opinión pública, tales como los medios masivos de comunicación y, claro está, la ciudadanía en general. La cooperación ciudadana es invaluable en la fiscalización de las elecciones. La denuncia ante las autoridades competentes de los delitos electorales que llegaren a su conocimiento y la oportuna advertencia sobre fallas administrativas relativas al proceso electoral es la mejor expresión del espíritu cívico con ocasión de los comicios.

Por otra parte, los partidos políticos se han enfrentado históricamente a la imposibilidad de probar hechos que quebrantan el orden jurídico electoral, debido a que no existe un funcionario electoral que de forma pronta y expedita pueda dar fe de los hechos que en materia electoral constituyan una infracción; además, con la iniciativa que se propone, los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, contarían con información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral.

Esta iniciativa tiene también la pretensión de encontrar mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo que resulta imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, teniendo como trasfondo la necesidad de conocer si alguno de los contendientes rebasó el tope de gastos de precampaña o campaña para aplicar las sanciones correspondientes.

En tal virtud, se propone la creación de una figura denominada Oficial Electoral, investido de fe pública para constatar y dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, un funcionario que otorgue certeza tanto a los actores políticos como a las autoridades ya que su actuación sería concurrente con el proceso electoral, no posterior a él y que permitirá la oportuna actuación de las autoridades tanto en materia de fiscalización como de cumplimiento a las disposiciones relativas a precampaña y campaña, colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos, propaganda que denigre a las autoridades, candidatos y partidos, entre otros.

Con la presente iniciativa se pretende prever en la norma fundamental la figura del Oficial Electoral, cuyo desarrollo normativo en el ámbito secundario se planeta en vía separada, mediante una iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita y presentada en esta misma fecha, para que ambas se sometan al trámite constitucional, legal y reglamentario a que haya lugar.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de éste órgano legislativo el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V, DEL ARTICULO 41, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNICO.- Se adiciona un párrafo décimo a la base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41

V.

El Instituto Federal Electoral….

El Instituto contará con una oficialía electoral, cuyos oficiales estarán investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, la ley regulará sus atribuciones y funcionamiento.

La fiscalización…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER, NO VIOLENCIA OBSTETRICA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

"H. Asamblea:

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de ésta Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La atención y calidad de los servicios de salud en México enfrentan día a día retosy desafíos. Uno de ellos, prioritarios según la legislación mexicana en la materia, es el relativo a la atención materno infantil. Su trascendencia no es menor precisamente porque se trata del inicio y desarrollo de la vida de las personas y del cuidado de la madre como parte esencial en el nacimiento humano.

Al respecto, la Ley General del Salud,1 en sus párrafos primero y segundo del artículo 61, establece “la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de la vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto” y reafirma el “carácter prioritario” de dicha atención.

No obstante a ello, a lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los instrumentos internacionales, en la materia, suscritos por el Estado mexicano, persisten la problemática de constantes violaciones a los derechos de la madre y de las y los niños, precisamente desde embarazo, parto, post-parto y puerperio.

Organizaciones especializadas en la materia han denunciado acciones relacionada con insuficiencias en la salud reproductiva, señalan violencia en el uso sin justificación médica de cesáreas, la inadecuada atención a emergencias obstétricas, la esterilización forzada y la negativa de proveer servicios de aborto legal.2

La situación de servicios inadecuados en el Sistema Nacional de Salud es cotidiana y persistenlos malos tratos y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, por lo que es necesario sensibilizarse ante el problema, con la finalidad de generar conciencia sobre la necesidad de realizar denuncias.

“Apesar de que son muchas las mujeres que han vivido la violencia obstétrica, son pocas las que conocen este término y menos quienes la denuncian, porque es una práctica tan común que se ha “normalizado” en las instancias del Sector Salud.”3

Tal situación ha tenido impactos en la sociedad, vale la pena destacar, las manifestaciones de decenas de mujeres en el mes de abril del presente año, para solicitar a las autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco, “detener la violencia obstétrica a las que someten a las derechohabientes embarazadas antes, durante y después de su alumbramiento.”4

A pesar de los avances que se han dado en la materia y a las distintas reformas que se han realizado en los últimos años en la materia, así como las normas oficiales mexicanas, la situación la violación a los derechos humanos de las mujeres y de la niñez continúan, por lo que es necesario reflexionar en lo siguiente, con la finalidad de tomar medidas legislativa y fortalecer el ámbito normativo en la materia.

I. Una de las principales razones por las cuales en el país no existe una cultura de la salud durante el embarazo, es precisamente por la falta de programas que orienten a las parejas para ejercer de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

II. No obstante, de la existencia ordenamientos jurídicos que salvaguardan los derechos de la madre como del producto de la concepción, resulta inminente la creación de mecanismos nacionales que den cabal cumplimiento a lo dispuesto por los mismos.

III. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, tiene el objetivo de:

a) Reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud.

b) Asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios,

c) Adoptar las medidas necesarias para reducir la mortalidad infantil”, y

d) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea necesaria.

IV. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en relación a los derechos reproductivos y salud reproductiva establece que:

a) La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos.

b) El hombre y la mujer tiene derecho a obtener información y tener acceso a métodos de su elección seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de planificación de la familia,

c) El derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos.

d) La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.

e) Los países se esfuercen por facilitar los servicios de salud reproductiva, mediante el sistema de atención primaria de la salud, a todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015.

f) Se promueva el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones de la salud reproductiva, e información, educación y asesoramiento en materia de sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad responsable.”

V. En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, estableció la necesidad de garantizar a las mujeres y las niñas el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, incluida la salud materno infantil, la cual se consideró por la propia Conferencia como una de las doce esferas de especial preocupación que requieren atención urgente de parte de los gobiernos y la comunidad internacional.

VI. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto establece, el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, dispone además que: “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En el mismo orden de ideas y de acuerdo a diversos estudiosos sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, se considera al tema como primera importancia, sobre todo, en lo relativo al derecho que tiene las mujeres para estar informadas veraz y oportunamente y decidir sobre la formas o modalidades en las que pueda tener el parto o nacimiento humano.

Al respecto, es fundamental para motivar la pertinencia de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en numerar las recomendaciones que en la materia establece la Organización Mundial de la Salud que son las siguientes:5

I. Para el bienestar de la nueva madre durante el parto

a) Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre vestimenta (la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras prácticas culturalmente importantes.

b) La inducción y conducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. Ninguna región debería tener más de un 10 % de inducciones.

c) No está indicado rasurar el vello púvico o administrar un enema antes del parto.

d) Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsivo.

e) No se recomienda colocar a la mujer embarazada en posición dorsal de litotomía durante la dilatación y el expulsivo.

f) Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por auscultación durante la primera fase del parto, y con mayor frecuencia durante el expulsivo.

g) La monitorización fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados por su alto riesgo de mortalidad perinatal, y en los partos inducidos.

h) No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como procedimiento de rutina.

II. Durante el periodo expulsivo:

a) Debe protegerse el perineo siempre que sea posible. No está justificado el uso sistemático de la episiotomía.

b) Debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o anestésicos (salvo que se necesiten específicamente para corregir o prevenir alguna complicación).

III. Sobre Cesáreas:

a) Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el mundo tienen menos de un 10 % de cesáreas, por lo que no se puede justificar que algún país tenga más de un 10-15 %.

b) Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal, siempre que sea posible una intervención quirúrgica de emergencia.

c) La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea.

IV. Por el bienestar de la nueva madre y su bebé:

a) No separar al recién nacido de su madre, lo cual significa:

• No cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir, ya que la placenta sigue enviando sangre, rica en oxígeno, al bebé, además de otros nutrientes, facilitándole elinicio de la respiración pulmonar.

• Que el bebé sea puesto inmediatamente en contacto piel con piel con su madre y permanezca así durante horas, sin interrupción. El contacto piel con piel inmediato del recién nacido y su madre tras el nacimiento, regula el ritmo cardíaco, la temperatura, la glucosa en sangre y el sistema inmunitario del bebé. La separación provoca que el recién nacido se sienta desamparado y sufra estrés. Las exploraciones pediátricas necesarias tras el nacimiento pueden hacerse sobre el pecho de la madre, mientras se inicia la lactancia.

• Facilitar el inicio temprano de la lactancia materna. Debe proporcionarse a lamadre la intimidad necesaria para que el bebé tome el pecho en las primerasdos horas de vida por sí mismo. El pecho de la madre proporcionatodo el calor que el bebé necesita, además de numerosos beneficios.

• Promover el alojamiento conjunto durante la estancia en el hospital. Esto facilita el apego materno, disminuye la incidencia de depresión postparto y también facilita la lactancia.

.

Al respecto, vale la pena mencionar, que tal problemática ha sido demandada por diversas organizaciones sociales, así como de especialistas en materia de salud y defensores de los derechos humanos de las mujeres

Por lo expuesto, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene la finalidad de establecer en la Ley General del Salud que la atención materno-infantil debe considerar el cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez de acuerdo a los instrumentos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, en virtud de la atención materno-infantil tiene carácter prioritario.

Por lo anteriormente fundado y sensible de la importancia de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres como parte de la agenda pública de nuestro país y con la plena convicción de contribuir a mejorar las políticas públicas en materia, la suscrita, con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de éste Honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 61 y se adicionaun párrafo tercero al mismo artículo, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, motivará al cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez. Comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Lo anterior, de acuerdo a los instrumentos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, conforme a esta Ley y sus ordenamientos aplicables.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de agosto de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo".

1Cfr. Ley General del Salud, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013.

2 Grupo en Información en Reproducción Elegida, La vida que quieres por los derechos reproductivos en México, “Violencia relacionada con salud reproductiva”, México, en línea en línea, dirección URL: https://www.gire.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=1250&lang=es [consulta: 11 de agosto de 2013].

3 S/A “Violencia obstétrica: martirio común para las mexicanas, las ejercen todas las instancias de salud; no hay denuncias”, México, Diario Rotativo, documento en línea, dirección URL:http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/75525-violencia-obstetrica-martirio-comun-para-las-mexicanas/ [consulta: 11 de agosto de 2013].

4 Gloria Reza M., “Contra la violencia obstétrica”, México, Proceso, edición Jalisco, documento en línea, 25 de mayo de 2013, dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=342983 [consulta: 10 de agosto de 2013].

5Recomendaciones de la OMS para el nacimiento, documento en línea, dirección URL

http://partolibremexico.org/semanamundial/ [30 de julio de 2013].






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Senador José Rosas Aispuro Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION ELECTORAL. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un aspecto pendiente de las anteriores generaciones de reformas electorales ha sido la efectiva vigilancia y fiscalización de los actos y recursos de los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos. El sistema con que contamos es ineficiente, puesto que no se han logrado fiscalizar con prontitud los gastos de precampaña y campaña y si bien es cierto, existen sanciones a quienes excedan los topes que fija el Consejo General del Instituto Federal Electoral, estas sanciones llegan tarde, puesto que cuando se aplican ya los candidatos electos tomaron protesta y ejercen el cargo, aún y cuando haya accedido a él violentando la legislación en materia de topes de gastos de campaña.

Lo anterior se debe a la existencia de débiles mecanismos de control para la fiscalización del financiamiento político-electoral, lo que compromete gravemente la equidad y transparencia en la competencia electoral.

Debemos recordar que el vocablo fiscalizar deriva de la expresión latina fiscus, como se denominaba entre los romanos el “tesoro público”. De allí que por “fiscal” (fiscalis) se entienda lo “referente al fisco” y por “fiscalizar” la vigilancia de la gestión del tesoro público.

Aplicada al proceso electoral, la fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, por parte de las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios se adelanten conforme a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos.

Los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos y, en suma, a la legitimidad del proceso democrático representativo.

Existen distintos medios por los cuales se ejerce la fiscalización de las elecciones:

A los organismos electorales compete cerciorarse de la fidelidad del padrón electoral, ordenar investigaciones y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la organización electoral, efectuar los escrutinios, resolver las impugnaciones que se presenten durante los escrutinios, sanear las irregularidades y enmendar los errores que se presenten durante los mismos. Aspecto de creciente importancia a cargo de estos organismos es la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y sus finanzas, así como el control sobre campañas, propaganda y encuestas electorales, y la utilización de los medios masivos de comunicación.

Al gobierno corresponde velar por el orden público durante los comicios, brindar protección y apoyo a la organización electoral, dar plenas garantías a todos los partidos y candidatos, sancionar administrativamente a quienes incurran en violación de prohibiciones legales o en incumplimiento de sus deberes con ocasión de las elecciones, denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los delitos electorales de que tenga conocimiento.

En la rama jurisdiccional del poder público encontramos dos medios fundamentales de fiscalización electoral. Uno está en cabeza de los jueces penales, a quienes corresponde sancionar los delitos electorales. Otro es el contencioso electoral, que posibilita impugnar judicialmente cualquier elección, por violación de las leyes electorales.

Los partidos políticos acreditan representantes suyos ante las autoridades electorales para colaborar en la vigilancia de las votaciones y los escrutinios. Sus representantes están facultados para presentar impugnaciones durante el proceso electoral y contribuir con ello a enmendar errores y nulidades que pudieran presentarse.

Con los partidos políticos se articulan otros mecanismos que contribuyen a canalizar la opinión pública, tales como los medios masivos de comunicación y, claro está, la ciudadanía en general. La cooperación ciudadana es invaluable en la fiscalización de las elecciones. La denuncia ante las autoridades competentes de los delitos electorales que llegaren a su conocimiento y la oportuna advertencia sobre fallas administrativas relativas al proceso electoral es la mejor expresión del espíritu cívico con ocasión de los comicios.

Por otra parte, los partidos políticos se han enfrentado históricamente a la imposibilidad de probar hechos que quebrantan el orden jurídico electoral, debido a que no existe un funcionario electoral que de forma pronta y expedita pueda dar fe de los hechos que en materia electoral constituyan una infracción; además, con la iniciativa que se propone, los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, contarían con información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral.

Esta iniciativa tiene también la pretensión de encontrar mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo que resulta imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, teniendo como trasfondo la necesidad de conocer si alguno de los contendientes rebasó el tope de gastos de precampaña o campaña para aplicar las sanciones correspondientes.

En tal virtud, se pretende regular una figura denominada Oficial Electoral, investido de fe pública para constatar y dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, un funcionario que otorgue certeza tanto a los actores políticos como a las autoridades ya que su actuación sería concurrente con el proceso electoral, no posterior a él y que permitirá la oportuna actuación de las autoridades tanto en materia de fiscalización como de cumplimiento a las disposiciones relativas a precampaña y campaña, colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos, propaganda que denigre a las autoridades, candidatos y partidos, entre otros.

Para efecto de lo anterior, la reforma que se presenta incide en la legislación secundaria, resaltando que en vía separada se presenta una propuesta de reforma constitucional en la que se prevé la regulación constitucional del Oficial Electoral, la que, en caso de aprobarse bajo el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional, sentará la base constitucional que, desde ahora, se desarrolla con la presente iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de éste órgano legislativo el siguiente:

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Unico.- Se adiciona un inciso k) al artículo 36; se reforma el inciso k) del artículo 38; se adicionan un párrafo 2 al artículo 82; se adiciona un párrafo 2 al artículo 84; se adiciona un artículo 133 bis; se adiciona un párrafo 6 al artículo 212; se adiciona un segundo párrafo al artículo 238, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo 36

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

k) Solicitar la intervención de los oficiales electorales para que den fe de la realización de actos o hechos propios o de otros partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; y

l) Los demás que les otorgue este Código.

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

k) Permitir la actuación de los oficiales electorales en ejercicio de sus atribuciones y la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

Artículo 82

1…

2. Los oficiales electorales actuarán en apoyo de la Unidad de Fiscalización proporcionando los informes que obtengan de cada uno de los actos de precampaña o campaña en que actúen como fedatarios.

Artículo 84

2. Cuando de la información recabada por los oficiales electorales se presuma que un partido o candidato rebasó los topes de gastos de precampaña o campaña, se hará del conocimiento de la Comisión de Fiscalizacióna fin de que autorice iniciar de inmediato un proceso de dictaminación para verificar si, efectivamente, dichos topes fueron rebasados; en caso de ser así, el Consejo Generalimpondrá la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta y atendiendo a los siguientes criterios:

a) Si se rebasaron los topes de gastos de precampaña yel dictamen se emite dentro del periodo de campaña, la sanción consistirá en la pérdida de la candidatura, además de una multa al partido político; el cual, además, no podrá sustituir al candidato destituido.

b) Si se rebasaron los topes de gastos de campaña y la dictaminación ocurre dentro de la campaña, la sanción consistirá en la pérdida de la candidatura y la imposibilidad de sustitución además de una multa al partido político infractor.

c) Si se rebasaron los topes de gastos de campaña y el dictamen se realiza después de la elección, pero antes de la toma de protesta del candidato ganador, aparte de la multa que el Consejo determine aplicar al partido político, al candidato se le inhabilitará para ocupar el cargo para el cual haya sido electo, debiéndose realizar nuevas elecciones, en las que no podrá participar ni el candidato ni el partido infractores. En el caso de que quien haya rebasado los topes de gastos de campaña no sea el candidato ganador, la sanción consistirá en una multa para el partido político yla inhabilitación del candidato para contender a un cargo de elección popular durante el tiempo que determine el Consejo General dependiendo de la gravedad de la falta.

Artículo 133 bis

1. El Instituto contará con una Dirección de Oficiales Electorales, los cuales estarán investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, actuarán de oficio o a petición de parte y sus actuaciones podrán ser requeridas por cualquiera de los órganos del Instituto, los partidos políticos y candidatos.

2. La Dirección de Oficiales Electorales tendrá las siguientes atribuciones:

a) Designar a los oficiales electorales que actuarán en cada una de las demarcaciones distritales electorales;

b) Elaborar los formatos que se utilizarán en los actos en que intervengan los Oficiales Electorales;

c) Solicitar a los partidos políticos y candidatos un padrón de sus proveedores que contenga el costo de los productos y servicios que ofertan;

d) Dar a conocer a la Comisión de Fiscalización del Consejo General la información recabada por los Oficiales Electorales que se refiera a los gastos realizados por los partidos políticos y candidatos en actos y propaganda de precampaña y campaña electoral;

e) Proporcionar al Consejo General y sus comisiones la información que sea requerida y que obre en su poder;

f) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y

g) Las demás que le confiera este Código.

3. Los Oficiales Electorales son los funcionarios investidos de fe pública, autorizados para autenticar los actos y los hechos de naturaleza electoral y tienen las siguientes atribuciones:

a) Dar fe de la realización de actos y propaganda de precampaña y campaña que realicen los partidos políticos, precandidatos y candidatos;

b) Dar fe de la existencia de propaganda electoral, para los fines legales conducentes;

c) Realizar las inspecciones y verificaciones que les soliciten el Consejo General, sus comisiones y cualquier otro órgano del Instituto;

d) Intervenir como fedatario en las asambleas constitutivas de partidos y agrupaciones políticas;

e) Levantar una acta circunstanciada de los actos y hechos en que participe como fedatario;

f) Recibir de los organizadores de actos de precampaña y campaña un informe de los gastos realizados para la organización de cada evento, a mas tardar al inicio del propio evento, a fin de verificar su veracidad, cotejándolo con el padrón de proveedores aportado por el propio partido, precandidato o candidato;

g) Acudir a dar fe cuando un ciudadano, partido o candidato le informe de la realización de actos de precampaña o campaña propio o ajeno;

h) Acudir a dar fe cuando un ciudadano, partido o candidato le informe de la realización de actos anticipados de precampaña o campaña;

i) Realizar las verificaciones e inventarios que le solicite la Unidad de fiscalización en los locales que ocupen los partidos políticos, candidatos y precandidatos;

j) Informar mensualmente a la Dirección de Oficiales Electorales las actividades que realice; y

k) Las demás que les confiera este Código.

Artículo 212

6. Los oficiales electorales darán fe de todos los actos de precampaña que realicen los ciudadanos, aspirantes, precandidatos y partidos políticos, quienes tienen la obligación de permitir la realización de inspecciones y verificaciones, debiendo dar aviso de cada acto de precampaña que pretendan realizar; asimismo, deberán presentar ante el oficial electoral que asista a dar fe del evento, un informe de las erogaciones realizadasen la organización del mismo.

Artículo 238

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de este Código.

2. Los oficiales electorales darán fe de todos los actos de campaña que realicen los ciudadanos, candidatos y partidos políticos, quienes tienen la obligación de permitir la realización de inspecciones y verificaciones, debiendo dar aviso de cada acto de campaña que pretendan realizar; asimismo, deberán presentar ante el oficial electoral que asista a dar fe del evento, un informe de las erogaciones realizadasen la organización del mismo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 37 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado José Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del PRD)

“Planteamiento del Problema

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de reforma política. Dicha reforma incluyó entre otras cosas, algunas modificaciones a la base constitucional del Distrito Federal en lo referente a la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se estableció un plazo de un año para que el Congreso expidiera la legislación correspondiente y así cumplir con lo dispuesto en dicha reforma.

El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad que está aún pendiente. Existe un mandato constitucional y ya no tenemos prórroga para aplazar el cumplimiento de lo establecido en el régimen transitorio de la reforma del 2012. Por ello y en cumplimiento del citado mandato constitucional presento a esta soberanía el presente proyecto de reforma al artículo 35 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de homologarlo con el texto del artículo 122 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARGUMENTOS

El debate sobre la Reforma Política del Distrito Federal está en curso entre las distintas fuerzas políticas interesadas en la democratización política de la capital de nuestro país y esperamos que en esta Legislatura finalmente haya resultados favorables de esta tan anhelada reforma para los capitalinos.

Sabemos que es necesario hacer una profunda reforma al artículo 122, y que la discusión sobre la reforma política del Distrito Federal va en curso, pero por lo pronto debemos hacernos cargo del rezago que traemos pendiente desde la legislatura pasada en la que se modificó la cláusula de gobernabilidad que existía en la integración de la Asamblea Legislativa, con el objeto de darle congruencia al marco jurídico de la capital de la república y evitar que cualquier tipo de inconsistencias en el mismo se utilice en tribunales para vulnerar los resultados de las elecciones y los mecanismos democráticas de asignación de curules conforme a los principios de representación vigentes y de acuerdo a los votos válidos y a la proporción de los mismos emitidos a favor de cada partido político con registro en la capital del país.

La Legislatura pasada, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente, decidieron eliminar el texto que establecía que el partido que obtuviese más del 30 por ciento de la votación y que obtuviera el mayor número de constancias de mayoría, podía ser beneficiado por el número de diputados suficientes para poder representar la mayoría absoluta de la representación de la Asamblea.

En la reforma del 2012, se insertó un texto para que la Asamblea Legislativa se integre con una fórmula muy similar a la que existe para integrar la Cámara de Diputados, de tal forma que se establece una cláusula para que ningún partido exceda en ocho puntos su porcentaje de votación total emitida en su representación por ambos principios. Es decir que aunque se concede una sobre representación al partido que gane la mayoría acota el umbral monumental que existía.

Debemos estar conscientes que la próxima elección en el Distrito Federal, deberá observar esta nueva disposición y lo óptimo es que los legisladores federales cumplamos con nuestra responsabilidad de reformar el Estatuto de Gobierno para permitir a los legisladores locales que tengan el marco jurídico que les permita armonizar la legislación delDistrito Federal con las nuevas disposiciones establecidas en nuestra carta magna.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y derogan disposiciones del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 37.- …

I.- IX…

En todo caso, para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:

a).- …

b)En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento;

c) Se deroga.

d) Se deroga.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Suscribe

Dip. José Valentín Maldonado Salgado”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Diputada Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 fracción I del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es un derecho fundamental, al cual deben tener acceso libre y sin restricciones todas las personas en igualdad de condiciones, es un instrumento para fomentar el progreso personal y social, combate la desigualdad social, procura la equidad, se contempla como la base para la construcción efectiva y es el motor para el desarrollo de nuestro país.

El Artículo 3º Constitucional establece que:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Además, con la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del 2013, en materia de educación, se fortalece el valor de la inclusión de las personas con discapacidad al establecer de manera puntual que la educación:

“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y”

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, se reconoce a las personas con discapacidad como titulares de la totalidad de los derechos humanos.

Como lo establece el artículo 1o Constitucional que prohíbe explícitamente la discriminación motivada por las discapacidades y establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, a partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el ejercicio de sus derechos.

Al respecto los tratados internacionales para las personas con discapacidad, garantizan el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás integrantes de la sociedad. Entre estos instrumentos se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas, calcula que hay entre 500 y 650 millones de personas con discapacidad en el mundo -aproximadamente el 15% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, 150 millones de ellos son niños. Más del 80% vive en los países subdesarrollados y con escaso o nulo acceso a los servicios básicos. La mayoría de los niños con discapacidad en los países en desarrollo no asisten a la escuela y son analfabetos. Según la Observación General 9 sobre los Derechos de los Niños con Discapacidad del Comité sobre los Derechos del Niño.

El Comité sobre los Derechos del Niño, insta a los Estados Partes a que conviertan en una cuestión de alta prioridad la atención y asistencia especial a los niños con discapacidad, y a que inviertan el máximo posible de recursos disponibles en eliminar la discriminación contra ellos, para su total inclusión. Reitera que la atención y la asistencia deben estar concebidas para asegurar que los niños con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios de salud, los de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en su párrafo 1 del artículo 23 establece que el principio rector para la aplicación de la Convención, es que se les debe garantizar el disfrute de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a bastarse a sí mismos, facilitándoles su participación activa en la comunidad. Las medidas que adopten los Estados Partes en cuanto a la realización de los derechos de los niños con discapacidad, deben estar dirigidas a este objetivo. Todos los niños, con o sin ella, son parte de la sociedad y deben ser incluidos en la misma. Las medidas adoptadas para la aplicación de los derechos contenidos en la Convención con respecto a los niños con discapacidad, deben dirigirse explícitamente a la inclusión máxima de esos niños en la sociedad.

Además de las medidas legislativas que se recomiendan con respecto a la no discriminación, el Comité recomienda que los Estados Partes efectúen una revisión general de toda la legislación interna y las directrices administrativas conexas, a fin de garantizar que todas las disposiciones de la Convención sean aplicables a todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, que deberán mencionarse explícitamente cuando proceda. La legislación interna y las directrices administrativas están obligadas a contener disposiciones claras y explícitas para la protección y el ejercicio de los derechos especiales de los niños con discapacidad, en particular los consagrados en el artículo 23 de la Convención.

La Convención impulsa un cambio de paradigma en la concepción y derechos de las personas con discapacidad. El reconocimiento de ellas como personas sujetas de derechos en igualdad real de condiciones que las demás personas, y como protagonistas de su propio desarrollo, para conseguir su plena inclusión en la sociedad sobre la base de su participación plena y efectiva. Con ello, el anterior paradigma médico, basado en el diseño y ejecución de medidas de carácter asistencialista y tutelar para esas personas, queda superado. Se abandona la visión de que las personas con discapacidad debían superar los obstáculos del entorno por sí solas. Se asume ahora que es la propia sociedad, en su conjunto es la responsable de que se desarrollen plenamente en la comunidad, pues es la sociedad la que establece barreras que se lo dificultan.

Por lo tanto, tendrán que generarse leyes y políticas públicas que eliminen las barreras físicas, de comunicación, sociales y culturales con lo que los niños con discapacidad tengan el mismo derecho a la educación que todos los demás niños y deben disfrutar de ese derecho sin discriminación alguna y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Con este fin, el acceso efectivo de los niños con discapacidad a la enseñanza debe garantizarse para promover el desarrollo de "la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades".

En la Convención se acuerda modificar las prácticas en las escuelas y formar a maestros de enseñanza general para prepararlos a enseñar a los niños diversas aptitudes y garantizar que logren resultados académicos positivos. Los padres, los maestros y otros profesionales especializados deberán ayudar a cada niño a desarrollar su forma y sus aptitudes de comunicación, lenguaje, interacción, orientación y solución de problemas, ya que los niños con discapacidad se diferencian mucho entre sí. Toda persona que fomente las capacidades, las aptitudes y el desarrollo del niño tiene que observar atentamente su progreso y escuchar con atención la comunicación verbal y emocional de él, para apoyar su educación y desarrollo de forma bien dirigida y apropiada al máximo.

La educación que parte del análisis de las aptitudes del educando y sus capacidades profesionales, en el caso de los alumnos con discapacidad deberán incluirse en los programas de estudios en toda la federación. Es importante señalar que se les debe ofrecer un programa académico funcional que proporcione los conocimientos especializados adecuados y el acceso a la experiencia de trabajo, con una coordinación y supervisión sistemáticas entre la escuela y el lugar de trabajo.

“En México desde finales de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar,administrar y vigilar el sistema federal de educación especial y la formación de maestros especialistas. A partir de entonces, el servicio de educación especial prestó atención a personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales.

“Durante años ochenta, los servicios de educación especial se clasificaban en dos modalidades: indispensables y complementarios. Los servicios de carácter indispensable -Centros de Intervención Temprana, las Escuelas de Educación Especial y los Centros de Capacitación de Educación Especial funcionaban en espacios específicos separados de la educación regular y estaban dirigidos a los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad. En esta modalidad también estaban comprendidos los grupos integrados B para niños con deficiencia mental leve y los grupos integrados para hipoacústicos, que funcionaban en las escuelas primarias regulares. Los servicios complementarios -Centros Psicopedagógicos, los Grupos Integrados A- prestaban apoyo a alumnas y alumnos inscritos en la educación básica general con dificultades de aprendizaje o en el aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta; esta modalidad también incluía las Unidades de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS).

“En 1993 como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma al artículo 3o Constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación se impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial, que consistió en cambiar las concepciones respecto a la función de los servicios de educación especial, promover la integración educativa y reestructurar los servicios existentes hasta ese momento.

“Los propósitos de reorientar los servicios de educación especial fueron, en primer lugar, combatir la discriminación, la segregación y la “etiquetación” que implicaba atender a las niñas y los niños con discapacidad en dichos servicios, separados del resto de la población infantil y de la educación básica general. En esos servicios, la atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico, pero atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo; en segundo lugar, dada la escasa cobertura lograda, se buscó acercar los servicios a los niños de educación básica que los requerían. Promover el cambio en la orientación de los servicios de educación especial tiene antecedentes desde la década de los ochenta, pero cobró particular impulso con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993.

“La reorientación tuvo como punto de partida el reconocimiento del derecho de las personas a la integración social y del derecho de todos a una educación de calidad que propicie el máximo desarrollo posible de las potencialidades propias. Este hecho impulsó la transformación de las concepciones acerca de la función de los servicios de educación especial y la adopción del concepto de necesidades educativas especiales.

“Tal concepto surgió en la década de los sesenta; plantea que ningún niño debe considerarse in educable, reivindica la educación como un derecho para todos y establece que los fines de la educación deben ser los mismos para todos, independientemente de las ventajas o desventajas que presenten los niños y las niñas; asimismo, reconoce que algunos niños requerirán apoyos distintos o recursos específicos para alcanzar estos propósitos, ya que todos, niñas o niños, tienen necesidades educativas diferentes. La escuela y el maestro emplean una serie de recursos para satisfacerlas (textos, materiales, metodologías, etcétera). “Cuando estos recursos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de algunos alumnos, debido a sus características específicas, es cuando estas necesidades pueden considerarse especiales.

“Los primeros pasos para abrir mayores posibilidades de desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales ha sido y sigue siendo un reto, inicialmente con la promoción de su inserción en las aulas regulares. La inserción del niño debe conducir, como resultado de la reflexión, la programación y la intervención pedagógica sistematizada, a su integración mediante la concientización y sensibilización de la comunidad escolar; además para inscribir al alumno en la escuela regular es necesario ofrecerle, de acuerdo con sus necesidades particulares las condiciones y el apoyo que precise para que desarrolle plenamente sus posibilidades. Sólo de este modo la inserción se convierte en integración.

“El personal docente de la escuela regular para lograr la inclusión educativa requirió y sigue requiriendo apoyo para atender adecuadamente a los niños; este apoyo es prestado por el personal de educación especial, lo cual implica un giro en la orientación de su trabajo.

“Como consecuencia de los cambios en la orientación de los servicios de educación especial se promovió su reorganización y, al mismo tiempo, se estableció la medida de que la guía para el trabajo educativo con los alumnos con necesidades educativas especiales serían los programas de educación básica vigentes en ese momento. Esta reorganización se realizó del modo siguiente:

“a) Transformación de los servicios escolarizados de educación especial en Centros de Atención Múltiple (CAM), definidos en los siguientes términos: “institución educativa que ofrece educación básica para alumnos que presenten necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad”. Los CAM ofrecerían los distintos niveles de la educación básica utilizando, con las adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio generales. Asimismo, se organizaron grupos/grado en función de la edad de los alumnos, lo cual llevó a alumnos con distintas discapacidades a un mismo grupo.

“b) Establecimiento de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) con el propósito de promover la integración de las niñas y niños con necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica regular. Estas unidades se formaron principalmente con el personal que atendía los servicios complementarios; igualmente, se promovió la conversión de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en servicios de apoyo para los jardines de niños.

“c) Creación de las Unidades de Orientación al Público (UOP), para brindar información y orientación a padres de familia y maestros.

“La reorientación de los servicios de educación especial se impulsó al mismo tiempo que la restructuración de la Secretaría de Educación Pública derivada de la federalización de todos los servicios, medida establecida en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Con la restructuración, el ámbito de acción de la entonces Dirección General de Educación Especial se redujo al Distrito Federal, algo similar ocurrió con la Dirección General de Educación Preescolar. La carencia de una instancia nacional para coordinar el proceso generó incertidumbre y confusión en las instancias estatales y entre el personal que atendía los servicios; este hecho, y la profundidad del cambio que promovía, provocó que su implantación fuera muy diferenciada y no siempre favorable a la atención de los niños con necesidades educativas especiales derivadas de alguna discapacidad.

“Con el propósito de evaluar el proceso de reorientación y precisar las normas y condiciones para su desarrollo, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocaron en 1997 a la Conferencia Nacional: Atención Educativa a Menores con Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la Diversidad. Además de ratificar la reorientación de los servicios de educación especial, se establecieron las siguientes conclusiones:

“• Que la acreditación y certificación de estudios sea la misma para los alumnos escolarizados en servicios de educación especial o en escuelas regulares, eliminando las boletas específicas de educación especial.

“• Que la evaluación del aprovechamiento de los alumnos, tanto en servicios escolarizados de educación especial como en escuelas de educación regular, tenga como referencia el Acuerdo 200 de la Secretaría de Educación Pública.

“• Que las escuelas que se construyan cuenten con las adecuaciones de acceso físico e hidrosanitarias necesarias.

“• Que las partidas presupuestales de los servicios de educación especial se ubiquen en educación básica para garantizar las condiciones de obligatoriedad de los servicios.

“• Que los alumnos escolarizados en servicios de educación especial sean considerados en la distribución de los libros de texto gratuitos y que la planta docente tenga acceso a los materiales de apoyo para la enseñanza (programas, avances programáticos y libros para el maestro, entre otros).

“• Que se cuente con formatos estadísticos específicos para organizar y sistematizar la información relacionada con los alumnos con discapacidad.

“• Que se favorezca la programación detallada para los CAM y las USAER.

“• Que se recategoricen las plazas de educación especial, para lo cual es necesario definir las funciones de los profesionales en los distintos servicios de educación especial.

“• Que los servicios de educación especial lleguen a poblaciones y comunidades en condiciones de rezago social.

“• Que los centros educativos cuenten con un proyecto escolar que considere la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales.

“• Que los Consejos de Participación Social apoyen la atención educativa de estos alumnos”1.

Como puede apreciarse, la intención de estos derechos y obligaciones coinciden en un fin: beneficiar a todos los individuos a través de la educación, con la que se abren mayores y mejores posibilidades para la subsistencia y una mejor calidad de vida.

Las modificaciones que se proponen a la Ley General de Educación tienen por objeto que la Inclusión Educativa sea un concepto transversal a toda la educación, pues es necesario que se establezca en todos los niveles como un principio y que los servicios de Educación Especial para la Inclusión, que actualmente se imparten en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyos a la Educación Regular (USAER), respectivamente, se reconozcan como servicios generales en todos los niveles de educación. La Educación Inclusiva, como su nombre lo sugiere, es aquella que incluye a las niñas y niños con discapacidad o capacidades sobresalientes al ambiente escolar regular. La Educación Especial para la inclusión, en contraste, está diseñada y atiene a niños que, por su discapacidad o sus capacidades sobresalientes, no puede integrarse a un espacio escolarizado regular.

En la realidad, estas diferencias se pueden ver aplicadas en el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración educativa a cargo de las Secretaría de Educación Pública. Las Unidades de Servicios de Apoyos a la Educación Regular, que brinda servicios de educación inclusiva en escuelas de educación regular, se ajustan a la definición que se hace de la Educación Inclusiva. Los Centros de Atención Múltiple, son escuelas que atienden a niños con discapacidad o talentosos en locales exclusivos para ellos, tal como se definen en las modificaciones propuestas los artículos 39 y 41 de la Ley General de Educación.

Esta distinción entre los Servicios Escolarizados y los Servicios de Apoyo a Escuelas de Educación Regular, desafortunadamente no fue conceptualizada cuando se realizaron las reformas publicadas en junio de 2009 y enero de 2011. Además, la Secretaría de Educación Pública contempla la Educación Especial como un programa sujeto a reglas de operación y lo limita a la educación básica. En cambio, la educación para la población indígena es un tema transversal a toda la educación, que cuenta con una estructura institucional para operar los distintos programas para la población originaria, sin que la estructura dependa de la buena voluntad presupuestaria del gobierno en turno.

Las modificaciones que se plantean en la Ley, deben acompañarse con medidas de tipo administrativas que transversalicen la inclusión educativa por medio de los servicioseducativos y la jerarquía que amerita el tema de la educación de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Los cambios a los artículos 39 y 41, tienen como fin distinguir los tipos de servicios educativos de inclusión educativa y fijar reglas claras de cómo debe entenderse la distinción entre ambos servicios.

La educación en el país es obligatoria para todos hasta el nivel medio superior. El Estado está obligado a proporcionarla con calidad y propiciar la inclusión educativa para lograr justicia social. Las personas con discapacidad son parte de esta obligación, reconocer la educación especial y la educación inclusiva en el esquema orgánico de la Secretaría de Educación Pública, es un piso mínimo para lograr la inclusión educativa que permita al país mayor y mejor calidad de vida.

A continuación, se presentan las modificaciones propuestas para lograr este fin:

Artículo vigente

Propuesta

LEY GENERAL DE EDUCACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2o.- “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables…

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

LEY GENERAL DE EDUCACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, permanencia y participación al sistema educativo nacional,con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º, así como garantizarse medidas de apoyo personalizadas y efectivas de inclusión que fomenten al máximo el desarrollo académico y social.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecidos en la presente Ley.

Adición.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a promover, proteger y asegurar la prestación de servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecidos en la presente Ley.

Los servicios educativos procurarán la inclusión educativa de todos los individuos y asegurarán una educación de calidad, que debe responder a la diversidad sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana; reconociendo las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje individuales.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a III.- …

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Adición

V.- …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI a XVI.- …

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I aIII.- …

IV- Promover mediante la enseñanza, el conocimiento y aprecio porla pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como de las personas sordas, quienes tendrán acceso a la educación mediante modelos educativos bilingües.

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Las personas sordas tendrán acceso a la educación en Lengua de Señas Mexicana y español.

V.- …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI a XVI.- …

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I a II.- …

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan-, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, las prácticas nocivas y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños o personas con discapacidad, debiendo implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I ya II.- …

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando la discriminación o los privilegios por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana

CAPITULO II

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO

Sección 1.- De la distribución de la función social educativa

Artículo 12.-

I a II.- …

III.-Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV a V.- …

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

VII a XIV.- …

CAPITULO II

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO

Sección 1.- De la distribución de la función social educativa

Artículo 12.- …

Ia II. …

III.- Elaborar y mantener actualizados y en formatos accesibles los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV a V.- …

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica con un enfoque de atención a la diversidad.

V a XIV.- …

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros,

II a IX.- …

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I.- Prestar los servicios de educacióninicial, básica, media superior, incluyendo la indígena, especial para lainclusión así como la normal y demás para la formación de maestros,

II a IX.- …

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o y 8o de esta Ley.

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja o vulnerabilidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o y 8o de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I a la XV. …

Adición

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

Ia laXV. …

XVI.- Realizarán lineamientos para orientar la implementación del currículo nacional en la Educación Especial para la Inclusión.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 1.- De los tipos,modalidades y servicios de educación

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial para lainclusión y la educación para adultos.

Artículo 41.- La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Adición

Adición

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Adición

Adición

Adición

Adición.

Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Adición.

Adición.

Adición.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.

Adición.

Artículo 41.- El Estado brindará educación especial para la inclusión destinada a personas con discapacidad, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderán a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La educación especial para la Inclusión que imparta el Estado o particulares con autorización, deberá ser de calidad, se sujetará a los mismos principios y, además de los objetivos generales de la educación regular, deberá propiciar la integración educativa de las personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes a los planteles de educación básica regular; mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos que garanticen el desarrollo de su máximo potencial, además de propiciar su participación efectiva e independiente en la sociedad.

Los planteles educativos de educación especial para la inclusión, públicos y privados, deberán ser accesibles, contar con los apoyos necesarios que garanticen la participación plena con igualdad de condiciones, reconociendo las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje individuales.

La educación especial para la inclusióndeberá orientar a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación. Los planes y programas de estudio de educación básica deberán incluir contenidos con un enfoque de atención a la diversidad, que sensibilicen a la comunidad sobre la dignidad y el respeto a las diferencias, contribuyendo a la inclusión de las personas con discapacidad.

A fin de favorecer la inclusión educativa de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se adoptarán medidas pertinentes para contratar personal docente, con o sin discapacidad, calificado en el uso y enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana o del sistema de escritura Braille, para formar profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos.

La educación especial para la inclusión comprende los Servicios Escolarizados y los Servicios de Apoyo a Escuelas de Educación Regular.

1.- Los Servicios Escolarizados atenderán a los educandos que por su condición de discapacidad no puedan integrarse a planteles de educación regular.

Los Servicios Escolarizados de educación especial para la inclusión deben garantizar medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten al máximo el desarrollo académico y social del educando.

Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

2.- Los Servicios de Apoyo a Escuelas de Educación Regular se llevará a cabo en planteles que cuenten con los ajustes razonables y el personal capacitado para asegurar la inclusión educativa con respeto absoluto a las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Deberán tomar en cuenta las características y capacidades de los educandos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el fomento de las capacidades, sin discriminación.

Los educandos seguirán los planes y programas de estudio vigentes. En los casos que sea necesario, se realizarán las adecuaciones al plan y programas, a los métodos pedagógicos y a los materiales, de tal forma que se cumplan los objetivos generales considerando y respetando las necesidades y capacidades de los educandos.

SE DEROGA

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

El Estado deberá promover que la totalidad de los planteles de educación regular, realicen los ajustes razonables en infraestructura y bienes muebles, así como la capacitación de los docentes, para que brinden los servicios de Educación para laInclusión.

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación, primaria y secundaria y media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población y los ajustes razonables para las personas con alguna discapacidad. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación preescolar, primaria y la secundaria.

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos, incluyendo a los que tengan algunadiscapacidad y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

En la determinación de loslineamientos generales antes citados, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las autoridadescompetentesestableceránprocedimientos que permitanconsiderar las necesidades,propuestas y opiniones de losdiversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta formación deberá garantizarse para las personas con alguna discapacidad.

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal. En el caso particular de las personas con discapacidad se deberá garantizar la formación para el trabajo y la orientación vocacional en igualdad de condiciones.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

Ia laIV.- …

Adición.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

Ia laIV.- …

V.- En los servicios escolarizados de educación especial para la inclusión se realizarán lineamientos que orienten la implementación del currículo nacional, permitiendo así la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad con los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

CAPITULO V

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES

Artículo 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

CAPITULO V

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES

Artículo 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, especial, la inclusiva y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.-

II.-Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.-

II.-Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de accesibilidad, y pedagógicas quela autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial, de preescolar y los servicios de Educación Especial para la Inclusión deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de accesibilidad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así comofacilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

CAPITULO VII

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION

Sección 1.- De los padres de familia

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

II a VII.- …

CAPITULO VII

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION

Sección 1.- De los padres de familia

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la especial para la inclusión.

II a VII.- …

Artículo 66.-Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II y III.- …

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y

V.- …

Artículo 66.-Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II y III.- …

IV.- Informar de manera oportuna a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y

V.- …

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO

Sección 1.- De las infracciones y las sanciones

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a la XVI.- …

Adición.

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO

Sección 1.- De las infracciones y las sanciones

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a la XVI.

XVII.- Negar la inscripción, aislar, segregar por motivos de discriminación a las personas con discapacidad.

Artículo 76.-Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I y II.

III.- En el caso de incurrir en las infracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y IIde este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

Artículo 76.-Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I y II.

III.- En el caso de incurrir en las infracciones XIII, XIV y XVII del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley:

I y II.- …

III.-Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley:

I y II.

III.-Impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, los servicios de educación especial para la inclusión y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía para estudio y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.

Unico. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 2; se reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo al artículo 3; se reforman las fracciones IV y VI del artículo 7; se reforma el párrafo primero y la fracción tercera del artículo 8; se reforman las fracciones III y VI del artículo 12; se reforma la fracción I del artículo 13; se reforma el párrafo segundo del artículo 32; se adiciona la fracción XVI del artículo 33; se reforma la nomenclatura de la Sección Primera del Capítulo Cuarto; se reforma el párrafo primero del artículo 39; se reforma el artículo 41; se reforma el artículo 43; se reforma el párrafo tercero del artículo 44; se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 45; se adiciona la fracción V del artículo 47; se reforma el párrafo primero del artículo 48; se reforma el párrafo segundo del artículo 54; se reforman las fracciones II y III del artículo 55; se reforma el párrafo segundo del artículo 59, se reforma la fracción I del artículo 65; se reforman las fracciones I y IV del articulo 66; se adiciona la fracción XVII del artículo 75; se reforma la fracción III del artículo 76, y; se reforma la fracción III del artículo 77, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Propuesta

LEY GENERAL DE EDUCACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, permanencia y participación al sistema educativo nacional,con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º, así como garantizarse medidas de apoyo personalizadas y efectivas de inclusión que fomenten al máximo el desarrollo académico y social.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a promover, proteger y asegurar la prestación de servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecidos en la presente Ley.

Los servicios educativos procurarán la inclusión educativa de todos los individuos y asegurará una educación de calidad, que debe responder a la diversidad sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana; reconociendo las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje individuales.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I aIII.- …

IV- Promover mediante la enseñanza, el conocimiento y aprecio porla pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como de las personas sordas, quienes tendrán acceso a la educación mediante modelos educativos bilingües.

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Las personas sordas tendrán acceso a la educación en Lengua de Señas Mexicana y español.

V.- …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI a XVI.- …

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan-, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, las prácticas nocivas y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños o personas con discapacidad, debiendo implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I ya II.- …

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando la discriminación o los privilegios por motivos de origen étnico, nacional, género, edad, lengua, discapacidad, condición social, económica o de salud, religión, preferencia sexual o cualquier otra característica de la condición humana

CAPITULO II

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO

Sección 1

De la distribución de la función social educativa

Artículo 12.- …

Ia II. …

III.-Elaborar y mantener actualizados y en formatos accesibles los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV a V.- …

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica con un enfoque de atención a la diversidad.

V a XIV.- …

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I.- Prestar los servicios de educacióninicial, básica, media superior, incluyendo la indígena, especial para lainclusión así como la normal y demás para la formación de maestros,

II a IX.- …

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja o vulnerabilidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o y 8o de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

Ia laXV. …

XVI.- Realizarán lineamientos para orientar la implementación del currículo nacional en la Educación Especial para la Inclusión.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 1

De los tipos, modalidades y servicios de educación

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial para lainclusión y la educación para adultos.

Artículo 41.- El Estado brindará educación especial para la inclusión destinada a personas con discapacidad, así como a con aptitudes sobresalientes.Atenderán a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La educación especial para la Inclusión que imparta el Estado o particulares con autorización, deberá ser de calidad, se sujetará a los mismos principios y, además de los objetivos generales dela educación regular, deberá propiciar la integración educativa de las personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes a los planteles de educación básica regular;mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos que garanticen el desarrollo de su máximo potencial, además de propiciar su participación efectiva e independiente en la sociedad.

Los planteles educativos de educación especial para la inclusión, públicos y privados, deberán ser accesibles, contar con los apoyos necesarios quegaranticen laparticipación plena con igualdad de condiciones, reconociendo las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje individuales.

La educación especial para la inclusióndeberá orientar a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación. Los planes y programas de estudio de educación básica deberán incluir contenidos con un enfoque de atención a la diversidad, que sensibilicen a la comunidad sobre la dignidad y el respeto a las diferencias, contribuyendo a la inclusión de las personas con discapacidad.

A fin de favorecer la inclusión educativa de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se adoptarán medidas pertinentes para contratar personal docente, con o sin discapacidad, calificado en el uso y enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana o del sistema de escritura Braille, para formar profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos.

La educación especial para la inclusión comprende los Servicios Escolarizados y los Servicios de Apoyo a Escuelas de Educación Regular.

1.- Los Servicios Escolarizados atenderán a los educandos que por su condición de discapacidad no puedan integrarse a planteles de educación regular.

Los Servicios Escolarizados de educación especial para la inclusión deben garantizar medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten al máximo el desarrollo académico y social del educando.

Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

2.- Los Servicios de Apoyo a Escuelas de Educación Regular se llevará a cabo en planteles que cuenten con los ajustes razonables y el personal capacitado para asegurar la inclusión educativa con respeto absoluto a las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Deberán tomar en cuenta las características y capacidades de los educandos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el fomento de las capacidades, sin discriminación.

Los educandos seguirán los planes y programas de estudio vigentes. En los casos que sea necesario, se realizarán las adecuaciones al plan y programas, a los métodos pedagógicos y a los materiales, de tal forma que se cumplan los objetivos generales considerando y respetando las necesidades y capacidades de los educandos.

SE DEROGA

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

El Estado deberá promover que la totalidad de los planteles de educación regular, realicen los ajustes razonables en infraestructura y bienes muebles, así comola capacitación de los docentes, para que brinden los servicios de Educación para laInclusión.

Artículo 43.-La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación, primaria y secundaria y media superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población y los ajustes razonables para las personas con alguna discapacidad. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos, incluyendo a los que tengan algunadiscapacidad y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta formación deberá garantizarse para las personas con alguna discapacidad.

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal. En el caso particular de las personas con discapacidad se deberá garantizar la formación para el trabajo y la orientación vocacional en igualdad de condiciones.

CAPITULO IV

DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 2.

De los planes y programas de estudio

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

Ia laIV.- …

V.- En los servicios escolarizados de educación especial para la inclusión se realizarán lineamientos que orienten la implementación del currículo nacional, permitiendo así la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad con los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

CAPITULO V

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES

Artículo 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, especial para la inclusión y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.-

II.-Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de accesibilidad, y pedagógicas quela autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial, de preescolar y los servicios de Educación Especial para la Inclusión deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de accesibilidad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así comofacilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

CAPITULO VII

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION

Sección 1

De los padres de familia

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la especial para la inclusión.

II a VII.- …

Artículo 66.-Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II y III.- …

IV.- Informar de manera oportuna a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y

V.- …

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO

Sección 1.- De las infracciones y las sanciones

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a la XVI.

XVII.- Negar la inscripción, aislar, segregar por motivos de discriminación a las personas con discapacidad.

Artículo 76.-Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I y II.

III.- En el caso de incurrir en las infracciones XIII, XIV y XVII del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley:

I y II.

III.-Impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la normal, los servicios de educación especial para la inclusión y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá realizar las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar en un plazo de 180 días, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. María de la Paloma Villaseñor Vargas”.

1 Programa Nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa 2002.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Diputado Federal Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del grupo parlamentario del PAN de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el cuarto párrafo, del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incluir al estado de Chiapas, como región fronteriza, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el contexto actual, todos los países y/o estados están obligados a relacionarse unos con otros; son interdependientes en una economía global en la que ninguna nación puede proclamarse como autosuficiente, puesto que no hay economías autosuficientes.

En la actualidad, lo que pasa en cualquier lugar del mundo, afecta al resto de las economías del planeta. Tal es la razón de que estén formando bloques económicos y suscribiéndose tratados de libre comercio.

Vivimos en una economía en la que las ventajas relativas del pasado se están anulando y tienden a igualarse como resultado de la apertura comercial; es decir, los países han abierto sus fronteras, al tiempo que reducen sus aranceles de importación.

Las economías de todas las naciones crecen de manera interdependiente, lo cual genera nuevos retos y mejores oportunidades.

Chiapas constituye un espacio privilegiado, contiene recursos naturales fundamentales, además, su ubicación geográfica le concede una importancia geoestratégica de primera línea, pero poco se ha trabajado sobre las condiciones económicas que subyacen y que hacen de Chiapas un espacio de cruzamiento entre los procesos de acumulación internacional y regional de capital, así como de la nueva conformación mundial del ejército industrial y rural de reserva.

Chiapas conforma parte de lo que es la frontera sur de México, marcando los límites de inicio y término de la República Mexicana. Esta frontera, es un destino obligado para ciudadanos centroamericanosy sudamericanos en su paso hacia los Estados unidos de América, donde transitan en su búsqueda por una mejor calidad de vida hacia el país vecino.

No obstante que Chiapas posea materias primas indispensables para la producción y el consumo capitalista mundial (lo cual le confiere cierta importancia estratégica para el desarrollo de México y las potencias metropolitanas), contando con la cuenca de Grijalva que es la región más favorable para el cultivo del maíz y frijol, mientras que las mejores áreas para productos tropicales se encuentran en el Soconusco (café, tabaco, cacao, naranja y plátano) y la llanura costera de Tabasco (plátano), teniendo dentro de estas regiones las pequeñas áreas que cuentan con sistemas de riego que desempeñan un papel hasta cierto punto relevante en la producción nacional de algunas verduras (jitomate) y frutas (aguacate, melón, mango, pera); y cuando la cría y engorda de ganado, como sucede con los cultivos de temporal y el cultivo de chile, que se expanden por diversas áreas del territorio chiapaneco, tendiendo la Selva, como la región que presenta altos índices de agostadero, que favorecen la proliferación de la ganadería extensiva y que el peculio biótico de la región no se encuentra recluida sólo dentro de la selva lacandona sino que distribuye su biota de manera diferenciada en varias partes del estado; aunado a los yacimientos de petróleo y gas en explotación que se encuentran en la región norte del estado y mientras que la energía hidroeléctrica se obtiene sobre todo en las tres grandes presas de la cuenca del Grijalva, la mayoría de los extranjeros que transitan por este estado deciden pasar de largo por el estado con el ímpetu de llegar a los Estados Unidos de América,y sólo la minoría de estos, se establecen en dicho estado al conseguir algún empleo y otras oportunidades de desarrollo que resulten mejores para ellos y sus familias.

En Chiapas existenregiones con alto potencial de desarrollo, que de ser debidamente apoyadas, podrían fomentarse actividades económicas que permitieran un mayor avance social y mejores condiciones de vida para sus pobladores; para lo cual, se necesita un federalismo más solidario que permita estímulos fiscales que san compensatorios para el desarrollo Sur-sureste de México.

Es necesario resaltar la autosuficiencia de Chiapas con respecto al maíz e incluso su producción excedentaria, puesto que Chiapas, se encuentra entre los estados más importantes en cuanto a terrenos de temporal por superficie de tierras de labor y cosechas; resaltando que el grueso de la producción de maíz y frijol está en manos de ejidatarios, pequeños y medianos agricultores,

Lo que refleja que es necesario implementar mecanismos que permitan el desarrollo de la frontera sur, dotarla de incentivos fiscales, rescatarla de la parálisis económica y la falta de oportunidades que ayuden a mejorar la situación económica de los habitantes del estado creándose más y mejores empleos, donde puedan ofrecer sus productos a precios competitivos y les sean otorgados mayores estímulos fiscales y arancelarios.

Es por ello que, considero que Chiapas siendo parte de la frontera sur de nuestro país requiere contar con tasas más competitivas frente a las naciones vecinas y del resto del país, para promover inversiones y logar un mayor intercambio comercial que ayude a la creación de empleo e intercambio de mercancías en mejores condiciones fiscales, que ayuden a superar las circunstancias desfavorables que padece la población Chiapaneca, ya que hablar de Chiapas es referirnos a un contraste de riquezas de sus recursos naturales con rezagos sociales ancestrales.

La actividad económica y social en esta región del país es fundamental para aprovechar los recursos naturales, la biodiversidad, la posición geopolítica para insertar proyectos integrales que permitan al avance y la sustentabilidad de la economía de Chiapas, fomentando una estrecha negociación e intercambio comercial con nuestros países vecinos de Belice y Guatemala.

Estas razones, deben motivarnos a procurar una reforma del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de manera tal que con esto se garantice el desarrollo económico del estado que permita un crecimiento regional. Por ello es necesario establecer condiciones fiscales diferenciadas al resto del país, al ser aplicada una taza de 11% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo el territorio del estado de Chiapas.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en septiembre de 2000 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio en la que sus países miembros (entre los que México forma parte) se comprometieron a reducir los niveles de extrema pobreza, para lo cual establecieron ocho objetivos. En México, 125 municipios que conforman a 7 Estados de la República, fueron los considerados con menos índice de desarrollo humano, de los cuales 20 municipios corresponden al Estado de Chiapas.

Es por ello que, de ser acepada la iniciativa que aquí se propone, estaríamos favoreciendo a la superación de los rezagos prevalecientes relacionados con la pobreza, la alimentación, la educación, la salud, el medio ambiente, tomando en cuenta que se estarían generando más y mejores empleos que favorezcan a una mejor condición de vida de la población chiapaneca, lo anterior, se vería reflejado en cada uno de los indicadores y metas establecidos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que hace al Estado de Chiapas.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

Unico.Se reforma el cuarto párrafo, del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incluir al estado de Chiapas, como región fronteriza, y quedar como sigue:

Artículo 2....

...

...

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip.Juan Jesús Aquino Calvo”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 4° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION AL TENOR DE LA SIGUENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Con fecha 21 de octubre de 2003 fue presentada por el honorable Congreso del estado de Jalisco iniciativa con proyecto de Decreto de reformas a los artículos 3o. primer párrafo, fracciones III y IV, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales mediante el expediente número 145.

2. Con fecha 30 de noviembre de 2004 fue presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modifica diversos artículos de la Ley General de Educación.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 2294.

3. Con fecha 22 de noviembre de 2007 fue presentada por el honorable Congreso del estado de Sonora, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones III, V y VI del párrafo primero, del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales mediante el expediente número 2803.

Con fecha 22 de noviembre de 2007 mediante oficio LX-II/STPDM/00378/07, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó rectificar el turno de la iniciativa de referencia de la siguiente manera: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

4. Con fecha 2 de febrero de 2010 fue presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales mediante el expediente número 1178.

5. Con fecha 20 de abril de 2010 fue presentada por el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 4, 8 y 9 de la Ley General de Educación.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de Decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el expediente número 1916.

6. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos dieron trámite de recibido e iniciaron el análisis de la iniciativa que dictaminaron el 7 de diciembre de 2010 y se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados con las modificaciones aceptadas el jueves 9 de diciembre de 2010.

7. El Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputados el lunes 13 de diciembre de 2010, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Se presentó dictamen a favor en primera lectura el 14 de septiembre de 2011 y para su votación el 20 de septiembre de 2011 y aprobada con 94 votos con modificaciones.

Fue devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. El 22 de septiembre de 2011 la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso e), del artículo 72 constitucional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

9. El jueves 13 de octubre de 2011, fue aprobado por 357 votos en lo general y en lo particular la minuta conproyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los estados, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. 11 de enero de 2012. La Comisión Permanente del congreso de la unión emite la declaratoria del Decreto por el que se reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se realiza el cómputo y se da fe de 22 votos aprobatorios de los congresos de los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

La Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

11. El Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012 el Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se puede apreciar en la cronología anterior, referente al proceso legislativo que se llevó a cabo para lograr que la educación media superior tenga carácter obligatorio y gratuito en todo el territorio nacional, políticos de todos los signos, presentaron diversas iniciativas y mostraron su voluntad para que estas importantes propuestas pudieran ser ahora ley; lamentablemente tuvieron que pasar prácticamente nueve años y que además deberán pasar otros diez años más para que sean una realidad1.

Estas importantes reformas consistieron en:

Reformar el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”2.

Además se reformó la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley”3.

Sin embargo considero que es necesario complementarlas, ya que las modificaciones desde mi humilde punto de vista, se olvidaron de reformar el artículo 4° de la Ley General de Educación que dice así:

“Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”4.

Considero que es necesario llevar a cabo un pequeño pero importante ejercicio de armonización legislativa, entendiendo ésta como una de las responsabilidades del Poder Legislativo, la armonización legislativa es de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de los que se es parte, o como es en esta caso con la Constitución, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a las leyes y certidumbre a los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma: EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 4o DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 09-02-2012)

2 Decreto … (DOF 09-02-2012) ídem

3 Decreto … (DOF 09-02-2012) ídem

4 Ley General de Educación






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 219 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del grupo parlamentario del PRI)

“La Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No existe claridad y certeza en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que respecta a las reglas de excepción de la cuota de género prevista en el párrafo 2 del artículo 219, lo que genera una afectación directa e inmediata en la esfera de los derechos político electorales del ciudadano, en la vertiente de ser votado, ya que se tergiversa el derecho contenido en el párrafo 1, del numeral en cita, en el que se establecen las cuotas de género, tendientes a lograr un equilibrio en la participación de los hombres y las mujeres en la vida democrática.

Es preciso señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados1, de fecha treinta de noviembre de dos mil once, estableció que es una obligación de los institutos políticos cumplir la cuota de género e integrar sus candidaturas con al menos el cuarenta por ciento del mismo género, en atención al mandato constitucional contenido en el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, que para efectos de cumplir con las dos finalidades de la cuota de género, esto es, tanto en la postulación, como en el ejercicio del cargo, se deberá garantizar que al menos el cuarenta por ciento de los propietarios y de los suplentes de las candidaturas registradas por los partidos políticos a los cargos de diputados y senadores correspondan al mismo género. Así también sé preciso que el principio de equidad de género, resulta aplicable para el caso de todos los diputados y senadores independientemente del principio por el cual sean elegidos.

Dicho criterio fue reiterado, en las sentencias emitidas los expedientes SUP-JDC-475/2012 y acumulados2 y SUP-JDC-510/2012 y acumulados3, ambas de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce.

En consecuencia el citado órgano jurisdiccional, máxima autoridad electoral en la materia, emitió al efecto, la tesis de jurisprudencia 16/2012, la cual fue aprobada y declarada obligatoria por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día siete de junio de dos mil doce por mayoría de seis votos y publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 19 y 20. La cual es del siguiente rubro: CUOTA DE GENERO. LAS FORMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GENERO4.

Por lo que, congruente con los criterios sostenidos en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referidas en líneas precedentes y además con el texto de la tesis de jurisprudencia emitida al efecto, es por lo que se propone la reforma al texto del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, la cual se fundamenta en la siguiente

ARGUMENTACIÓN

La presente iniciativa de reforma, se sustenta tomando como primer referente la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, mediante la cual se aprobó el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 1055. Con la cual se pone de manifiesto, el avance en el reconocimiento de los derechos humanos, que son universales y fundamentales del ser humano como persona, tanto los que se encuentran reconocidos en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Además es de gran trascendencia la reforma citada, puesto que en primer término, fue modificada la denominación del Capítulo I del Título Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en el texto anterior se definía como “De las Garantías Individuales” y el texto actual lo denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, esto para hacer acorde a los artículos de reforma que se contienen y que reconocen a los derechos humanos, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que México forma parte.

En lo que respecta a esta reforma, la modificación del Título Primero, Capítulo Primero, obedeció a que en primer término, es menester establecer la supremacía y reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución y aquellos que se consignan en los tratados internacionales en los que el Estado forma parte, en razón de que éstos, son anteriores y superan el poder público y después el establecimiento de las garantías para su protección, las que son consideradas elementos jurídicos, es decir, los medios por los que se protegen los derechos inherentes al ser humano y por consiguiente toda persona, tiene derecho a exigir su respeto y cumplimiento por parte del estado y sus autoridades.

En relación a la modificación del artículo 1º, primer y quinto párrafo y la adición del párrafo segundo y tercero, la misma se constriño a modificar el término individuo, por persona, puesto que los derechos humanos, son intrínsecos a la calidad de persona, como ser humano, así como a establecer el reconocimiento de la supremacía de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que México forma parte y las garantías para su protección, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones que la Constitución lo establece.

Sin pasar por alto que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entre los derechos de las personas se encuentra el que ostenta todo ciudadano de ser votado para cargos de elección popular en términos del artículo 35 Constitucional.

De igual manera, al realizarse la adición del párrafo segundo y tercero del artículo primero de la Carta Magna, quedó sentado que las normas relativas a los derechos humanos, se deberán interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de dicha materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia; se precisó además, que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que ocurriesen.

Ahora bien, en segundo término se citan además como referentes a la presente iniciativa, sendas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano máximo electoral en la materia, identificadas con los siglas y números SUP-JDC-12624/2011 y acumulados; SUP-JDC-475/2012 y acumulados y SUP-JDC-510/2012 y acumulados, así como en la tesis de jurisprudencia 16/2012, en las cuales se argumentó que es una obligación de los institutos políticos cumplir la cuota de género e integrar sus candidaturas con al menos el cuarenta por ciento del mismo género, en atención al mandato constitucional contenido en el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y conlos tratados internacionales de la materia, favoreciendo entodo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por tanto, determinó que las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral citado; además, se precisó que el principio de equidad de género resulta aplicable para el caso de todos los diputados y senadores independientemente del principio por el cual sean elegidos.

Criterios sustentados de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo y cuarto, del artículo 1º de la Carta Magna, que establecen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y a la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por razones de género, o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Precisados los referentes de la presente iniciativa, resulta oportuno adentrarnos en la evolución histórica de la implementación de la cuota de género en el país, y al efecto es preciso señalar que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada el 18 de diciembre de 1979, la cual entró en vigor como Tratado Internacional el 3 de septiembre de 1981 y de la cual el Estado Mexicano forma parte; los estados se comprometieron a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de la políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas6.

Al respecto tenemos, que el Código Federal Electoral, desde 1993 conminaba a los partidos políticos a promover una mayor participación política en las mujeres. Pero esta llamada cuota de género, se fortaleció con las subsecuentes reformas de los años 1996, 2002 y 2007, con las que se introdujo como obligatoria para los partidos políticos.

En la actualidad el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala en el párrafo tercero del artículo 218 que los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Así también, el párrafo primero, del artículo 220 señala que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas de género distinto, de manera alternada.

En las relatadas consideraciones, el primer párrafo del artículo 219 del código en cita, prevé la cuota de género y en ella se establece que de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Al efecto, es preciso señalar que la cuota de género prevista en el párrafo primero del artículo 219 del Código Electoral Federal no tiene como finalidad proteger primordialmente a un género sobre otro. En realidad, la disposición en comento protege la igualdad de oportunidades y la equidad de género en la vida política del país, sin favorecer a un género u otro en particular; es decir, lo que procura es un equilibrio razonable entre ellos7.

Ahora bien, en relación con la cuota de género el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido sendas sentencias, en las que ha emitido contundentes pronunciamientos relacionadas tanto en el registro de candidaturas como en el ejercicio del cargo. El siguiente antecedente se remonta al caso de Rafael Acosta, alias Juanito, quién gano la elección para Jefe Delegacional de Iztapalapa en el año 2009 y renunció para dejar su cargo a Clara Brugada, quien no pudo ser candidata por orden del órgano jurisdiccional citado, ya que se acreditaron diversas irregularidades en el proceso de selección interna, caso que se sustenta en las sentencias SUP-JDC-495/2009, SUP-JDC-496/2009, SUP-JDC-497/2009, SUP-JDC-498/2009 y SUP-JDC-499/20098.

Otro caso es el conocido como Caso Antijuanitas, resuelto mediante sentencia SUP-JDC-3049/2009 y su acumulado SUP-JDC-3048/20099, en el que un número de Diputadas Federales elegidas mediante el voto, apenas asumieron el cargo, presentaron en bloque solicitud de licencia para que sus suplentes, todo varones, ocuparan su curul.

Caso reciente es el resuelto mediante sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados10, en los que se impugnó el Acuerdo CG-327/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos de cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto para el proceso electoral federal 2011-2012, mismo que fue promovido por siete ciudadanas por su propio derecho, quienes acreditaron ser militantes de partidos políticos con registro, lo que las colocaba en la posibilidad real de ser postuladas a cargos de diputadas y senadoras de mayoría relativa por sus respectivos partidos políticos.

Las actoras manifestaron que el acuerdo impugnado afectaba sus derechos para ser registradas como candidatas a diputadas o senadoras federales por el principio de mayoría, toda vez que consideraban que no existe claridad ni certeza en la norma reglamentaria que regirá los procedimientos de elección internos, en especialmente por lo que se refiere a las reglas de excepción de la cuota de género, al efecto solicitaban que la Sala Superior determinara los procedimientos, métodos y reglas que en su caso, deberán seguir los partidos políticos para la selección de sus candidatos a diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa con perspectiva de género.

Una vez analizados los agravios hechos valer por las actoras, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó entre otros, que el espíritu de la ley es garantizar la equidad de género, de ahí que no debe ser solo una recomendación para los partidos políticos el cumplirla, sino que es una obligación respetarla, sin favorecer a uno de los dos géneros, por tanto resolvió que éstos deberán integrar sus candidaturas con al menos el cuarenta por ciento del mismo género. Así mismo, se determinó que las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género.

En ese mismo orden de ideas, se precisó que los criterios de cuota de género previstos en el Código de la materia, resultan aplicables para el caso de las candidaturas tanto para diputados como para senadores y por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, es decir, independientemente del principio por el cual sean elegidos.

Por tanto, al resultar sustancialmente fundados los agravios y suficientes para modificar el acuerdo impugnado se resolvió bajo los siguientes resolutivos:

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-12625/2011, SUP-JDC-12626/2011, SUP-JDC-12627/2011, SUP-JDC-12628/2011, SUP-JDC-12629/2011, SUP-JDC-12630/2011, SUP-JDC-12631/2011, SUP-JDC-12634/2011 y SUP-JDC-12635/2011 al diverso juicio SUP-JDC-12624/2011. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo CG327/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de siete de octubre de dos mil once "… por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012", para quedar en los términos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

TERCERO. En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Federal Electoral que a la brevedad posible refleje en el acuerdo de mérito las modificaciones referidas y las publique de inmediato, informando sobre el cumplimiento dado en los términos de la parte conducente del último considerando de esta ejecutoria.

CUARTO. Se confirman en lo restante que fue materia de la impugnación el contenido del ordinal Decimotercero del referido acuerdo CG327/2011.

Como últimos casos a citar, son los contenidos en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-475/2012 y acumulados y en el expediente SUP-JDC-510/2012 y acumulados, en los cuales diversos actores promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra la determinación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, mediante la cual cancelaron diversas candidaturas al cargo de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, en cumplimiento a la cuota de género que establece el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por ende, los actores fueron sustituidos o excluidos de las respectivas candidaturas, así como contra diversos acuerdos CG94/2012, CG171/2012, CG192/2012 y CG193/2012, emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, relacionados con dicho cumplimiento.

En los casos citados en concreto, la Sala Superior determinó considerar que fue conforme a Derecho la determinación del partido político responsable de sustituir diversas candidaturas para dar cumplimiento a la cuota de género, pues ello, encuentra sustento en las referidas disposiciones constitucionales, en los tratados internacionales precisados en la ejecutoria, mismos que en materia de derechos fundamentales integran el bloque de constitucionalidad del orden jurídico mexicano de conformidad con lo previsto en el artículo primero de la Constitución Federal, así como en los principios democráticos de equidad de género y de igualdad de oportunidades para el acceso a las candidaturas a cargos de elección popular.

Además consideró la medida adoptada como razonable, idónea, proporcional y necesaria, en virtud de que la sustitución de los actores como candidatos, se realizó en cumplimiento a una disposición constitucional y legal que busca tutelar un derecho fundamental como es la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, ello en aras de fomentar la participación político de ambos sexos en condiciones de equidad a efecto de acceder a los cargos de elección popular y ejercer los mismos.

En la misma tesitura determinó que la equidad en el acceso a las candidaturas a cargos de elección popular solo resulta eficaz si se toman las medidas razonables y necesarias para propiciar que el género que se encuentra en minoría integre dichas candidaturas, y con ello, se genere la posibilidad real de acceder a la representación política nacional, como lo prevé el artículo 218, párrafo 3, del citado código federal electoral11.

Ahora bien, precisados los antecedentes que sustentan la presente iniciativa de reforma, es necesario plasmar las directrices que en relación a la cuota de género ha definido el órgano máximo en la materia, en relación al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, de diputados y senadores por ambos principios, que sirvieron como referente para el proceso electoral federal 2011 y 2012 y conforme al cual se integraron la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en su LXII Legislatura.

En un primer orden se determinó, que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presentarán los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Que aún en el caso de que los partidos políticos eligieran a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus Estatutos, en todo caso debería presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores.

En segundo término se precisó que las fórmulas de candidatos de mayoría relativa y representación proporcional que se registren para los efectos de la cuota de género, deben conformarse necesariamente por candidatos tanto propietarios como suplentes de un mismo género. Porque de esta forma de presentarse vacantes en los propietarios, estos serían sustituidos por personas del mismo sexo, y por lo tanto se conservaría el equilibrio de género, no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación de los cargos.

Además se estableció que es una obligación de los institutos políticos el cumplir la cuota de género al integrar sus candidaturas, con al menos el cuarenta por ciento del mismo género, en atención al mandato constitucional previsto en el párrafo segundo del artículo1º.

En la misma tesitura se precisó que el principio de equidad de género resultaba aplicable para el caso de todos los Diputados y Senadores, independientemente del principio por el cual sean elegidos.

Es por ello, que resulta necesario adecuar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 219, en atención al mandato constitucional contenido en el párrafo segundo y cuarto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para precisar que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presentarán los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género y que dichas fórmulas de candidatos deberán conformarse necesariamente por candidatos tanto propietarios como suplentes de un mismo género y con ello garantizar el cumplimiento de la cuota de género al integrar las candidaturas, tanto de diputados como de senadores, por ambos principios y cumplir con las dos finalidades, tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo, de conformidad al mandato constitucional contenido en el párrafo segundo y cuarto, del artículo 1º de la Carta Magna.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa de reforma se somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que compete a los Diputados y Senadores el derecho de iniciar leyes o decretos, entre otros.

Así como a lo dispuesto, en los artículos 6, fracción I, del numeral 1, que dispone entre otras, que será derecho de los diputados y las diputadas, iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara; así como lo previsto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que se refieren al derecho de iniciativa y a los elementos indispensables con que se debe presentar una iniciativa, respectivamente.

Sustentan la materia del presente proyecto de Decreto de reforma los artículos1º, 4, 51, 57 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE DECRETO

Reforma al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROPUESTO

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro por ambos principios, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las fórmulas propuestas de propietario y suplente deberán integrarse por candidatos del mismo género. En ningún caso incluirían más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

2. Se deroga.

3. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las disposiciones legales necesarias para garantizar la equidad de género en los términos que plantea esta Ley armonizando las legislaciones estatales con esta iniciativa.

VIGENTE

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente Honorable Congreso de la Unión, a 20 de agosto 2013.

Dip. Celia Isabel Gauna Ruiz de León”.

1 http://www.te.gob.mx /Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf

2 http://portales.te.gob.mx/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/sentencias/SUP-JDC-475-2012%20Y%20ACU_Caso%20PAN%202.pdf

3 http://portales.te.gob.mx/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/sentencias/SUP-JDC-510-2012%20Y%20ACU_Caso%20PRI.pdf

4 http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/gaceta_5_10_2012.pdf

5 http://www.dof.gob.mx

6 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

7 http://www.te.gob.mx /Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf

8 http://www.te.gob.mx

9 http://portales.te.gob.mx/sites/portales.te.gob.mx.

10 http://www.te.gob.mx /Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf

11 http://www.te.gob.mx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 109 Y 158 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Diputado José de Jesús Oviedo Herrera, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Diputado Jesús Oviedo Herrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta , al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy día el retiro de los recursos provenientes de las subcuentas del seguro de retiro (SAR 92), de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) y retiro, cesantía en edad avanzada o vejez (RCV), se encuentran sujetos a un sistema tributario sumamente complejo que impide al trabajador conocer con exactitud el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral.

Lo anterior debido a que los ahorros retirados con cargo a dichas subcuentas son gravados con el ISR en términos del Título IV, Capítulo IX, aplicable a “Los demás ingresos que obtengan las personas físicas”, lo cual genera que el trabajador no tenga certeza respecto a la cantidad que le será entregada una vez llegado el retiro, pues el monto reflejado en los estados de cuenta emitidos por su Afore o PENSIONISSSTE se ve disminuido drásticamente, en ocasiones hasta en un veinte por ciento, con el impuesto que es calculado y retenido al momento de entregarle sus ahorros para el retiro.

Por lo tanto, se estima imprescindible simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y/o RCV según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago del impuesto en razón de no integrar salario para el trabajador.

Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el reformado artículo 158, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el cual grava como intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias realizadas por los trabajadores para su retiro.

De esta forma se logrará mayor claridad y transparencia en cuanto al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, otorgando un mismo tratamiento a los rendimientos generados por la inversión de las aportaciones obligatorias, voluntarias o complementarias, dejando libre del pago del impuesto a las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.

Con lo anterior se obtendrá, además de la simplificación en el régimen aplicable a los recursos de las subcuentas para el retiro, un ahorro en el gasto fiscal, toda vez que el retiro de las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y RCV ya no será objeto de la exención prevista en el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Objetivo de la iniciativa

• Simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en la subcuenta SAR 92, SAR ISSSTE y/o RCV (Retiro, Cesantía y Vejez) según corresponda y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal del pago de impuestos en razón de no integrar salario para el trabajador.

• Generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a los recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuesto las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.

Argumentos que justifican la propuesta

• Que los recursos provenientes de las subcuentas SAR 92, SAR ISSSTE y RCV se encuentran sujetos a un sistema tributario complejo.

• Especificar que los ahorros retirados con cargo a dichas subcuentas son gravados con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la ley vigente.

• Por tanto, se argumenta que esta situación impide al trabajador conocer el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral pues el monto reflejado en los estados de cuenta y que son emitidos por su Afore o PENSIONISSSTE, se observan disminuidos hasta en 20 por ciento por el cálculo del impuesto que es retenido al momento de entregar los ahorros para el retiro.

• El planteamiento resulta congruente con lo dispuesto en el reformado artículo 158 de la Ley del ISR, la cual grava como intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias realizadas por los trabajadores para su retiro.

• En términos generales, con la propuesta se busca la simplificación en el régimen aplicable a los recursos de las subcuentas para el retiro.

• El costo beneficio de la reforma propuesta es exponencialmente favorable al trabajador, en edad de retiro, y que por diversas circunstancias no alcanzarán los requisitos necesarios para lograr una pensión universal, en comparación con los perjuicios que pudiera ocasional a las finanzas del Estado.

Además no existe razón para que las aportaciones voluntarias a las subcuentas sí estén en el régimen general de intereses y no así las aportaciones obligatorias.

Impacto presupuestario

El último dato reportado por el SAT sobre la recaudación del ISR por la disposición de las subcuentas para el retiro corresponde al ejercicio fiscal de 2010.

El monto asciende a 540 millones 84 mil 574 de pesos equivalentes al 0.06849 por ciento del total del ISR recaudado en ese mismo ejercicio fiscal ($788 mil 520 millones 293 mil 300 pesos).

Finalmente y a efecto de guardar congruencia con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, numeral 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, por el cual se estableció que las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de intereses entren en vigor hasta el 1 de enero de 2014, se propone que las reformas propuestas en la presente iniciativa entren en vigor en esa misma fecha.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adicionan los artículos 109, fracción X, y tercer párrafo y 158, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforma la fracción X y tercer párrafo del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a IX. ...

X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados.

Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.

...

Las aportaciones que se hubieren efectuado a la subcuenta del seguro de retiro y a la subcuenta de ahorro para el retiro, así como las aportaciones que se efectúen a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que se constituyan en los términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ningún caso serán ingresos acumulables del trabajador.

Artículo Segundo. Se reforma el primero y segundo párrafo del artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 158. ...

...

...

Se considerarán intereses, para los efectos de este Capítulo, a los rendimientos de las aportaciones obligatorias realizadas a la subcuenta del seguro de retiro, subcuenta de ahorro para el retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, así como los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro previstas en dichas leyes.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán, para cada uno de sus inversionistas, el interés real devengado proveniente de la subcuenta del seguro de retiro, subcuenta de ahorro para el retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, así como los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro previstas en dichas leyes, según corresponda, conforme a los artículos 58-A o 103-A de esta ley. Las administradoras de fondos para el retiro deberán realizar la retención del impuesto sobre la renta por los intereses reales positivos devengados a favor de los inversionistas, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de la presente ley.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2014.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de2013.

Dip. Jesús Oviedo Herrera".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

“DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artículo 123, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se definen la organización, bases y principios del derecho a la seguridad social de los trabajadores del sector privado de la economía, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, así como de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y del Distrito Federal.

Instituto Mexicano del Seguro Social

La Ley del Seguro Social establece que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, que comprende seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y otras prestaciones para la protección y bienestar individual y colectivo de los trabajadores, pensionados, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

La organización y administración del Seguro Social están a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como organismo público e integración tripartita en la que concurren los sectores público, social y privado. Durante más de siete décadas desde su fundación en el año de 1943, el IMSS se consolidó como la institución pública de seguridad social más grande de México y América Latina, tanto por su cobertura poblacional como por los servicios y prestaciones que ofrecidos.

Actualmente el IMSS cuenta con una población derechohabiente de 57.5 millones de mexicanos a lo largo del todo el territorio nacional, entre ellos, 5.8 millones de jóvenes estudiantes de nivel medio y superior. Asimismo el IMSS a través del Programa IMSS-Oportunidades, financiado con recursos del Gobierno Federal, ofrece servicios médicos de primer y segundo niveles de atención a 11.9 millones de mexicanos en condición de marginación en zonas rurales y urbano-marginadas de diecisiete estados del país.

De esta manera, el IMSS es la institución con el mayor número de población atendida en aseguramiento público en salud con una cobertura total de 69.3 millones de mexicanos entre población derechohabiente e IMSS-Oportunidades.

Para cumplir con los altos fines encomendados, el Instituto se ha trasformado a lo largo de todas estas décadas adaptando su organización y gestión para atender con oportunidad y calidad las demandas crecientes de su población derechohabiente de la ciudad y el campo, así como para enfrentar los retos derivados de la dinámica económica, laboral, demográfica y epidemiológica del país.

Las reformas de diciembre de 2001 consolidaron al Instituto como un organismo público descentralizado, lo dotaron de mayores facultades presupuestarias, modernizaron la gestión del Consejo Técnico y se reconoció su naturaleza como organismo fiscal autónomo.

Se incorporaron a la Ley del Seguro Social todos los principios de carácter presupuestario, de ejercicio del gasto y su contabilidad, adecuándolos a las peculiaridades de operación e integración del Instituto, debiendo realizar dichas actividades con estricto respeto a los criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación presupuestaria y transparencia que rigen las actividades del sector público, sin que su aplicación afecte el interés o la atención a sus derechohabientes.

Para esos efectos y en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas, se estableció en el artículo 273de la citada ley, que el Instituto deberá presentar al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un informe anual en el mes de junio que incluya, cuando menos, los elementos siguientes:

I. La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, considerando los elementos de juicio para evaluar la suficiencia, en su caso, de las primas correspondientes;

II. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se tomen en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y de las reservas disponibles;

III. Estimaciones de posibles modificaciones a las cuotas obrero patronales y del Gobierno Federal para cada seguro, para mantener la viabilidad financiera del Instituto;

IV. Situación de sus pasivos laborales y de cualquier otro que pueda comprometer su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para estos propósitos, se dispuso queel informe deberá contener adicionalmente:

• Las tendencias demográficas de su población beneficiaria; modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores.

• La estimación de riesgos considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, y cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos.

• El estado que guarden las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los destinados a la atención médica, a efecto de atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes.

Finalmente, considerando la importancia de las estimaciones presupuestales, financieras y los riesgos que el Instituto llegaré a presentar sobre todo en el corto plazo, en el artículo 276 de la Ley de referencia, se dispuso que la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá considerar el informe de referencia.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es la segunda institución más grande de seguridad social en nuestro país, después del Seguro Popular, es la tercera en aseguramiento público en salud.

Fundado en el año de 1959, el ISSSTE es el instrumento básico del derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares derechohabientes.

Hoy en día el Instituto da cobertura a los trabajadores de los tres Poderes de la Unión; de la Procuraduría General de la República; de los órganos jurisdiccionales autónomos; de los órganos constitucionalmente autónomos, y del Gobierno del Distrito Federal. En los casos en los que se celebren convenios con el ISSSTE, quedan también comprendidos en su régimen los trabajadores de los gobiernos de las Entidades Federativas de la República, de los poderes legislativos y judiciales locales, y de las administraciones públicas municipales.

Actualmente el Instituto ofrece seguros, prestaciones y servicios que tiene encomendados por ley a 12.4 millones de mexicanos: 2.7 millones de trabajadores, 7.9 millones de familiares de trabajadores, 868 mil pensionados y 931 mil familiares de pensionados.

Al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE se ha transformado para atender las demandas de su población derechohabiente y hacer frente a los retos de las transformaciones económicas, laborales, salariales y a los impactos de las transiciones demográfica y epidemiológica de su población derechohabiente.

El 31 marzo del año 2007entró en vigor una nueva Ley del ISSSTE, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que le dio origen, sus finalidades fueron las de dotar al Instituto de capacidad real para cumplir con sus altos fines y garantizar su viabilidad futura y, sobre todo, atender la demanda por mejores servicios.1

Se fortaleció la naturaleza del Instituto como organismo público descentralizado, se le dotó de un marco presupuestal para un mejor ejercicio del gasto y contabilidad, y se ampliaron las atribuciones de su Junta Directiva en materia de información, transparencia y rendición de cuentas, entre otras.

Con el propósito de transparentar la operación de los seguros, prestaciones y servicios que provee el Instituto, incrementar su eficiencia y contribuir al control de costos, se incorporó a la nueva Ley un régimen de manejo de reservas que prohíbe el uso de recursos de algún seguro para otro propósito, eliminando con ello la posibilidad de cubrir el déficit que llegare a presentarse en un seguro con reservas de otro.2

Para tales efectos, se dispuso en el artículo 214 de Ley que corresponderá a la Junta Directiva presentar al Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP, y al Congreso de la Unión, un informe dictaminado por auditor externo a más tardar el 30 de junio de cada año.

Dicho informe incorpora exactamente los mismos elementos que rigen la presentación del informe correspondiente al IMSS, entre ellos:

• Información de cada uno de los seguros que administra el ISSSTE sobre su situación financiera y actuarial de sus reservas.

• Estimaciones sobre la suficiencia financiera de las primas de ley para cubrir los gastos presentes y futuros de los beneficios;

• Posibles riesgos, contingencias y pasivos para el Instituto considerando sus ingresos y reservas disponibles.

• Estimaciones sobre posibles modificaciones a las cuotas y aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del Instituto.

En el caso del ISSSTE, de manera específica, la Ley prevé en su artículo 231 que en caso que el informe financiero y actuarial arroje como resultado que las cuotas y aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones de uno o varios de los seguros y servicios a cargo del Instituto, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del titular del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y del público en general.

De los resultados contenidos en los informes financieros y actuariales

El IMSS y el ISSSTE han cumplido puntualmente con la presentación por escrito de sus respectivos informes anuales al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión. En el periodo 2002 a 2013, el IMSS ha presentado doce informes consecutivos; por su parte, el ISSSTE ha rendido seis informes entre 2008 y 2013.

Estos informes representan un valioso instrumento para conocer y evaluar de manera detallada la situación presupuestal, financiera, actuarial y los riesgos de las dos instituciones de seguridad social más importantes de nuestro país en el corto, mediano y largo plazos. Los informes también son un instrumento fundamental para delinear políticas internas y externas para mejorar la situación financiera y presupuestal de ambos institutos.

Los informes más recientes de ambos Institutos presentados al Congreso de la Unión el pasado mes de junio, confirman los diagnósticos presentados en informes anteriores.

Los resultados del Informe del IMSS2012-13 confirman en términos generales que el Instituto enfrenta una problemática compleja, entre ellos, con cifras al 31 de diciembre 2012:

• El Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) presenta un déficit de operación creciente, en 2012 de 40,779 millones de pesos considerando el registro parcial del costo laboral del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores-IMSS, y de 632,224 millones con registro total de estas obligaciones. El 64 por ciento del déficit del SEM se deriva de Gastos Médicos de Pensionados (GMP) y el restante 36 por ciento de los gastos del SEM de los trabajadores afiliados activos. Se estima que para que este seguro registre equilibrio financiero en el periodo de proyección (2013-2050) se requeriría que la prima de reparto oscilara en un rango de entre 15.9 y 18.8 por ciento del salario base de cotización (SBC), o bien que se mantuviera en un promedio de 16.7 durante dicho periodo (la prima de ley actual asciende aproximadamente a 11.093 por ciento del SBC: 9.593% trabajadores en activo y 1.500% pensionados).

• El Seguro de Riesgos de Trabajo (RT) presenta superávit de 12,304 millones de pesos con registro parcial de obligaciones del RJP, y un déficit de 19,382 millones con registro total.

• El seguro de Invalidez y Vida (IV) presenta superávit antes y después del registro parcial y total de obligaciones del RJP de 32,604 y 28,757 millones de pesos, respectivamente.

• El seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales presenta un superávit de 1,454 millones de pesos con registro parcial del RJP y un déficit de 18,019 millones con registro total de estas obligaciones laborales.

• El Seguro de Salud para la Familia, SSFAM (seguro voluntario), presenta déficit de operación antes y después del registro parcial y total de obligaciones laborales del RJP de 5,291 y 25,351 millones de pesos, respectivamente.

• El pasivo total del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS como patrón (RJP)equivale a 1.9 billones de pesos de 2012, correspondiente a una población cerrada de 261,960 trabajadores activos y 231,795 jubilados.

• De los 208,067 juicios laborales en trámite al 31 de diciembre de 2012, 59.4 por ciento (123,617) implicaban un pasivo contingente estimado en 22,789 millones de pesos. De 19,887 juicios en materia fiscal y administrativa, 396 implicaban un pasivo contingente estimado aproximadamente de 26,043 millones de pesos. En materia civil y mercantil, de 1,117 juicios en trámite, 54 representaban un pasivo contingente por 3,044 millones de pesos.

• El déficit del Sistema Nacional de Tiendas podría llegar a un monto de 445 millones de pesos en 2018.3

Por su parte, el Informe Financiero y Actuarial del ISSSTE 2012-13 destaca una dinámica sostenida de envejecimiento de su población derechohabiente y una dinámica epidemiológica en la que adquieren mayor presencia enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal o la diabetes, que se traducen en atención especializada y costosa.

De acuerdo con el Informe, al cierre de 2012 el estado financiero conjunto del Instituto mostró un superávit de 5,741 millones de pesos debido a las transferencias del Gobierno Federal (15,765 millones de pesos) ya que algunos de sus fondos presentaron déficits importantes. Al respecto, la Ley del ISSSTE establece que si los recursos no fueran suficientes para cumplir con las obligaciones, el déficit será cubierto por el Gobierno Federal y los gobiernos o dependencias y entidades de los estados o municipales en la proporción que a cada uno corresponda(artículo 231).

En un escenario en el que no consideran dichas trasferencias gubernamentales, el Informe presenta los resultados siguientes:

• El seguro con mayor déficit es el Seguro de Salud que ascendió a 2,471 millones de pesos al cierre del año 2012; este déficit representa el 5.7 por ciento de los ingresos totales de este seguro para el año 2013 estimados en 46,916 millones.

• Se estima que el nivel de cuotas y aportaciones del Seguro de Salud necesarias para equilibrar los gastos actuales y futuros en un periodo de 20 años son del 17.93 por ciento del sueldo básico, es decir, un incremento de 2.55% respecto de la prima de ley vigente (15.38%).

• El Seguro de Riesgos del Trabajo presentó déficit al cierre de 2012 por 262 millones de pesos, sin embargo, resultó ser financieramente sustentable en los próximos 100 años. El déficit de 2012 se explica principalmente por la transferencia que hizo el Instituto al gobierno (SHCP) de las cuotas y aportaciones de los trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio.

• El Seguro de Invalidez y Vida presenta un superávit de 76 millones, sin embargo, las proyecciones muestran que a partir de 2013 presentará un déficit creciente.

• El pasivo laboral del Instituto ascendió a 6,035 millones de pesos al cierre de 2012.

• Los servicios sociales y culturales presentaron un déficit de operación de 2,106 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de referencia, entre los principales riesgos que afectan las finanzas del Seguro de Salud están:

• Los altos costos que genera para el ISSSTE el grupo de cinco enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, hipertensión, arterial y osteoartrotis), cuyo costo total estimado equivale para 2012 a 20 por ciento del gasto corriente del Seguro de Salud;

• El menor crecimiento del salario base de cotización promedio frente al mayor crecimiento real de los gastos y costos del ramo: entre 2001-2012 el primero creció a una tasa promedio anual de 2.1 por ciento, mientras que los segundos experimentaron un crecimiento de 5.0% anual;

• El crecimiento del precio de los medicamentos por arriba del crecimiento de la inflación (INPC): entre 2001 y 2006, la tasa de crecimiento promedio anual del precio de medicamentos fue de 2.6 por ciento y de la inflación fue 2.1 por ciento;

• El incremento del costo de las nuevas tecnologías; y

• La integración del sector salud.4

Fortalecimiento de los mecanismos de diálogo entre Poderes de la Unión

De manera relevante conviene destacar que en sus informes anuales los institutos no sólo han presentado el diagnóstico de su situación sino también han delineado y presentado diversas “opciones de política” para atender la problemática financiera y actuarial de los seguros que administran, fundamentalmente, de aquellos que presentan comportamientos deficitarios en el corto y largo plazos; no obstante, a la fecha dichas recomendaciones no han sido suficientemente valoradas y/o promovidas por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.

La anterior situación retrasa la toma de decisiones para el urgente fortalecimiento financiero de ambos institutos; pone en riesgo sus altos fines; compromete en el corto plazo su viabilidad social como instrumentos de la seguridad social, y afecta su operación cotidiana en detrimento de la calidad y oportunidad de las prestaciones y servicios que tienen encomendados por ley en detrimento del bienestar de millones de mexicanos.

Las reformas de 2001 y 2007 al IMSS y al ISSSTE significaron un avance importante en materia de transparencia y rendición de cuentas, hoy nuestra obligación es dar un paso más en esa dirección, transitar de la formalidad de la presentación y recepción de los informes por escrito al análisis y búsqueda conjunta de soluciones en beneficio de la población derechohabiente y la viabilidad futura de ambos institutos.

En esta dirección, con la presente iniciativa proponemos que el Director General del IMSS y el Director General del ISSSTE, ambos designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, comparezcan, respectivamente, ante comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión al efecto de ampliar la información o para que respondan a preguntas relativas a los diagnósticos y recomendaciones contenidos en los informes previstos en los artículos 273 de la Ley del Seguro Social y 214 de la Ley del ISSSTE, respectivamente.

Consideramos que esta propuesta es un mecanismo expedito que facilitará el diálogo y la comunicación entre las autoridades del IMSS, el ISSSTE y las los legisladores integrantes de las comisiones competentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Sobre todo, estamos seguros que facilitará los consensos y la búsqueda conjunta de soluciones a la problemática presupuestal, financiera y demás retos que enfrentan ambas instituciones de seguridad social, que son patrimonio de todos los mexicanos e instrumentos básicos de redistribución del ingreso nacional y de cohesión social entre los mexicanos.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) guarda estrecha relación con las instituciones de seguridad social en cuanto a la supervisión de la administración e inversión de los recursos que integran las cuentas individuales de los trabajadores, relativas al segurode retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (SRCV) previsto en las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.

Con la nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del 1° de julio de 1997, la expedición de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro el 23 de mayo de 1996 (LSAR) y la nueva Ley del ISSSTE en vigor a partir del 1° de abril de 2007, se fortaleció a la Consar como órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas.

La CONSAR tiene encomendada la alta responsabilidad de regular y supervisar el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en la propia LSAR, las leyes del Seguro Social, del ISSSTE, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Entre sus facultades destacan la supervisión de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que administran las cuentas de los trabajadores; la determinación del régimen de comisiones al que se sujetarán las Afore, y la supervisión y determinación, mediante reglas de carácter general, del régimen de inversión al que se sujetarán las sociedades de inversión especializadas de fondos de retiro (SIEFORES), que operan las Afore, para la inversión de los recursos de los trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE y trabajadores independientes, así como de fondos de previsión social.

Desde la creación de la CONSAR en el año de 1994 hasta fines de 2008, su Junta de Gobierno tenía entre sus facultades rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro. Teniendo como marco la fuerte inestabilidad y volatilidad de los mercados financieros y accionarios internacionales de la crisis global desatada a finales de 2008, que en México repercutieron en una histórica minusvalía del valor de los fondos de pensión en las Afore; el 11 de diciembre de ese año, el Congreso de la Unión aprobó reformas a Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Entre otras disposiciones, se reformó la fracción XIII del Artículo 5, a efecto de cambiar la periodicidad de presentación del citado informe y detallar los elementos que debía contener. Se estableció que el Informe de la Comisión al Congreso pasaría de ser semestral a trimestral para contar con información adecuada, veraz y, sobre todo, oportuna. Con esta modificación se buscaba cubrir la falta de información institucional al Congreso relativa a las importantes minusvalías que venían registrando los fondos de pensión en las Afore en distintos meses del año 2008. La rápida propagación de la crisis global y su impacto en el mercado financiero y accionario local con su efecto negativo en el valor de los recursos de los trabajadores, justificaron en su momento esta modificación en la periodicidad en la entrega del informe de la CONSAR al Congreso de la Unión.

En los meses de mayo y junio del presente año se han vuelto a registrar importantes minusvalías en los recursos administrados por la Afore las que, sin descontar los retiros en los supuestos previstos por las leyes de seguridad social, ascendieron al cierre de junio de 2013 a poco más de 155 mil millones de pesos. Lo anterior evidencia que las minusvalías pueden presentarse en cualquier momento afectando el valor de los fondos y los rendimientos históricos pagados a las cuentas individuales de los trabajadores.

En este marco, para que los trabajadores cuenten con información que les permita hacer la mejor elección de la administradora que opere su cuenta individual, y para que las Cámaras del Congreso de la Unión cuenten con información consolidada para un plazo mayor y con la periodicidad adecuada considerando la naturaleza de los sistemas de ahorro para el retiro, mediante la presente iniciativa proponemos que se reforme la citada Ley a efecto de que el informe que la CONSAR debe rendir al Congreso sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro pase de un periodo trimestral a otro semestral.

Al respecto y para armonizar las propuestas que en materia de rendición de cuentas y de fortalecimiento de la comunicación y diálogo entre Poderes se formulan en esta iniciativa para el IMSS y el ISSSTE, se propone que el Presidente de la CONSAR asista ante las comisiones del Congreso de la Unión competentes al efecto de ampliar la información o para que responda a preguntas relativas al informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro.

Finalmente, para que las Cámaras del Congreso de la Unión cuenten con información oportuna sobre las minusvalías que llegaren a presentarse en el valor de los recursos administrados por las Afore; proponemos que la CONSAR presente al Congreso un informe específico y con la periodicidad con la que llegaren a presentarse minusvalías en el valor de los recursos administrados. Dicho informe específico sobre las minusvalías se propone contenga, al menos, información relativa a las causas y montos de las minusvalías, su efecto en la rentabilidad de las inversiones, la estimación de los riesgos para el ahorro de los trabajadores y, en su caso, los cambios en los regímenes de inversiones y de comisiones que la CONSAR estime procedentes para proteger los recursos de los trabajadores.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 273 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; 214 DE LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

ARTICULO PRIMERO.-Se ADICIONA un último párrafo al artículo 273 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 273. El Instituto deberá presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos:

I. La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro;

II. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles;

III. Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las cuotas obrero patronales y a las cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y

IV. La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para los propósitos anteriores el Instituto informará sobre las tendencias demográficas de su población beneficiaria, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México.

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes.

A más tardar a los 30 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso el informe a que se refiere el presente artículo, el Director General del Instituto comparecerá ante comisiones de las Cámaras del Congreso al efecto de ampliar la información o para que responda a preguntas.

ARTICULO SEGUNDO.-Se ADICIONA un último párrafo a la fracción XIX del artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva:

I. aXVIII. …

XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos:

a)La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro;

b)Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles;

c)Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y

d)La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para los propósitos anteriores la Junta Directiva informará sobre las tendencias demográficas de sus Derechohabientes, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México.

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes.

A más tardar a los 30 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso el informe a que se refiere el presente artículo, el Director General del Instituto comparecerá ante comisiones de las Cámaras del Congreso al efecto de ampliar la información o para que responda a preguntas.

XX. ...”

ARTICULO TERCERO.-Se REFORMA la fracción XIII y se ADICIONA una fracción XIII bis, recorriéndose dicha fracción XIII bis vigente para pasar a ser la fracción XIII ter, del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 5. La Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. a XII. …

XIII. Rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberán considerar apartados específicos sobre:

a) a e) …

A más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso el informe consignado en esta fracción, el Presidente de la Comisión comparecerá ante comisiones de las Cámaras del Congreso al efecto de ampliar la información o para que responda a preguntas.

XIII bis.Rendir informe específico al Congreso de la Unión cuando llegaren a presentarse minusvalías en el valor de los recursos de los trabajadores invertidos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, que incluya, al menos, las causas y montos de las minusvalías, su efecto en la rentabilidad de las inversiones, la estimación de los riesgos para el ahorro de los trabajadores y, en su caso, los cambios en los regímenes de inversiones y de comisiones que la CONSAR estime procedentes para proteger los recursos de los trabajadores.”

XIII ter. a XVI. …”

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2013.

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal”.

Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

1 “Exposición de Motivos” contenida en la Iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y abroga la Ley del ISSSTE, presentada por el Diputado Samuel Aguilar Solís (PRI), suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, número 2214-I, jueves 15 de marzo de 2007.

2Ibidem.

3IMSS, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS, 2012-2013, junio 2013. En línea: http://www.imss.gob.mx/instituto/informes/Pages/index.aspx

4 ISSSTE, Informe Financiero y Actuarial del ISSSTE 2013 (IFA 2013), junio 2013. En línea:

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2013.pdf






PROPUESTAS

De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE ENERGIA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ENERGIAS RENOVABLES

“Silvia Guadalupe Garza GalvAn, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 8 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE ENERGIA LIC. PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ING. JUAN JOSE GUERRA ABUD, A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO E IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ENERGIAS RENOVABLES altenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En esta ocasión no me referiré específicamente a un tema que me ha ocupado en diversas ocasiones en esta tarea legislativa como Senadora de la República, que es el de sensibilizar a todos los sectores de la población sobre el inmenso valor ambiental que poseen los recursos naturales de México y de lo privilegiados que somos se contar con ellos; es ahora mi intención de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, al poder ejecutivo, a la sociedad organizada y a todos los mexicanos que nos preocupamos y ocupamos del cuidado del medio ambiente y del calentamiento global, para que juntos logremos que México sea un país independiente y solvente en materia de energía.

Por todos es conocido que el tema energético ha provocado en el país, toda una revolución de ideas en la cual recientemente, casi todos los partidos políticos han vertido sus iniciativas para echar andar una nueva forma de administrar los hidrocarburos, que provoquen mayor rentabilidad y mejoren la calidad de vida de los mexicanos; se ha incluido en estas ideas una reforma eléctrica y se ha tocado el tema de las energías renovables como una alternativa de abasto.

Lo anterior, no basta; si bien es cierto el día 31 de julio del presente año, el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa en el cual eleva constitucionalmente el concepto de SUSTENTABILIDAD en los artículos 25 y 27, refiriendo además que corresponderá al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; también es cierto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI),dentro de su iniciativa presentada hace una semana, sólo en el discurso hace mención de “energías limpias”, sin que las reformas constitucionales propuestas incluyan algún precepto que obligue a los entes públicos y privados a invertir en este rubro. Por su parte el Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante la mañana del día de ayer, al presentar su iniciativa, ha hecho un buen planteamiento de la alternativa que resulta ser la inversión en energías renovables, aunque su documento está más enfocado a cuidar cualquier cambio constitucional, bajo un nacionalismo que aún no entiendo, ya que lo que no está dentro de nuestra carta magna, es letra muerta...

Compañeros legisladores, tal parece que las iniciativas están hechas para resolver el problema de PEMEX Y NO EL PROBLEMA DE MEXICO...

Compañeros legisladores, tal parece que en lugar de buscar una reforma ENERGETICA, estamos maquilando una reforma PETROLERA...

Estoy segura que si todos apostamos a crear una iniciativa de reforma energética integral y de verdadera solución para México, debemos empezar a resolver el tema de las energías renovables, para que pasen de ser discurso decorativo a una realidad y que con ello la ECONOMÍA SUSTENTABLE de origen a miles y miles de empleos para tantos mexicanos que hoy están en la pobreza.

Para el Partido Acción Nacional, no puede entenderse una reforma energética que no atienda a un compromiso del Estado, la sociedad y los inversionistas en materia ambiental, es necesario garantizar que en todo proceso productivo que genere riqueza para el país haya un compromiso social de protección, salvaguarda y hasta de reparación del daño al ambiente.

Ejemplo de lo que sí se puede hacer a favor de un tema es la recientemente publicada por la SENER, Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, recurso natural que al igual que los hidrocarburos es finito, sin embargo es un área que debemos explorar, pero tratándose de generadores de energía renovables, el tema es mayúsculo y hay mucho por hacer, ya que desde ese flanco podemos construir el verdadero camino del desarrollo sostenible a través de la métodos económicos abiertos con la inversión en proyectos sustentables.

Por lo anterior, y ya que el Secretario Juan José Guerra Abud debe trabajar a favor del medio ambiente, y por experiencia propia me consta que el Secretario Pedro Joaquín Coldwell es un servidor público interesado en el tema, es que, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente, exhorta, de la manera más respetuosa a los secretarios de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales CC. Pedro Joaquín Coldwell y Juan José Guerra Abud, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen conjuntamente una Estrategia Nacional sobreEnergías Renovables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo informe de los gastos de publicidad oficial sobre la iniciativa de reforma energética. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO INFORME DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA ENERGETICA

“Las suscritas, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República y ALEIDA ALAVEZ RUIZ y LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, ambas Diputadas Federales a la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO INFORME SOBRE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA ENERGETICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de agosto de 2013 el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, presentó su iniciativa de reforma energética que pretende modificar el artículo 27 y 28 constitucional. Desde ese día el gobierno federal promueve continuamente en diversos medios de comunicación la participación de la iniciativa privada en áreas de Petróleos Mexicanos hasta ahora exclusivas para el Estado. La base de la campaña oficial es la imagen delex presidente de México, Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación petrolera en 1938. Al respecto, diversos académicos comentaron que retomar a Lázaro Cárdenas para la presentación de dicha iniciativa “no es más que una propaganda”.1

Si bien la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la sociedad y en la obligación que tienen los gobiernos de informar, explicar y justificar sus acciones, ésta se ha convertido en propaganda, en promoción personalizada a costa del erario público e incluso en un mecanismo de censura.2 En este sentido, tan solo en el último año las entidades de la República gastaron 4.518 millones de pesos en publicidad oficial de 2011 a 2012,a pesar de no contar con reglas para asignar contratos destinados a difundir programas del gobierno, informó un reporte de organizaciones de transparencia.3

En el caso del gobierno federal, según un estudio publicado en 2009 sobre gasto en publicidad oficial realizado en América Latina, indicó que en el sexenio anterior, México fue el cuarto país en la región con mayor nivel de gasto con respecto al PIB.4

El gobierno federal actual no ha modificado esta tendencia, por el contrario, ésta se ha incrementado, a pesar de que durante la campaña presidencial Enrique Peña Nieto prometió entregar una iniciativa para regular los gastos de publicidad oficial y crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios, sin embargo la iniciativa no ha llegado.

Ademásla información sobre los contratos publicitarios realizados en medios de comunicación visuales y escritos no son de acceso al público, al punto de que recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales indicó que el Poder Ejecutivo Federal deberá entregar la relación de todas y cada una de las erogaciones por concepto de campañas de difusión, campañas de mensaje oficial, campañas comerciales, campañas de mercadotecnia y cualquier pago de inserción de mensajes institucionales; correspondientes al periodo del 1 de enero de 2011 al 2 de mayo de 2013.5

Además de los altos niveles de gasto para publicidad oficial nos enfrentamos a la poca transparencia que existe sobre el tipo de gasto lo cual es claramente violatorio de derechos humanos, tal y como lo establecen los principios sobre regulación de la publicidad oficial del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en su numeral dedicado a acceso a la información.

En él se indica que “Los individuos tienen derecho a conocer toda la información sobre publicidad oficial que se encuentre en poder del Estado. Para ello, el Estado debe promover la transparencia de los datos relativos a pauta estatal de dos maneras. En primer lugar, debe publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios, incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios, campañas publicitarias y organismos contratantes. En segundo lugar, debe garantizar, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información”.

La iniciativa de reforma energética presentada por el gobierno federal es un tema del más alto interés público debido entre otras razones a que los ingresos de PEMEX representan el 7.6% del PIB, porque México cuenta con las sextas reservas más grandes de gas shale y cuenta en la actualidad con reservas petroleras totales por 44 mil millones de barriles, además de tener recursos prospectivos por otros 54 mil millones de barriles.6 Frente a estos datos, recientemente se publicó una encuesta realizada por el CIDE en la que seis de cada diez mexicanas y mexicanos están en contra del capital privado en PEMEX lo que quizás responda a una campaña tan costosa por parte del gobierno federal para revertir esta opinión y que su propuesta sea avalada por la ciudadanía.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de urgente resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a entregar un informe detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de reforma energética presentada el 14 de agosto de 2013.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, 20 de agosto de 2013.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero”.






De la C. Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a instruir a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de esa dependencia para redoblar esfuerzos en la investigación de los actos de corrupción al interior de las instituciones de salud pública. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INSTRUIR A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DE ESA DEPENDENCIA PARA REDOBLAR ESFUERZOS EN LA INVESTIGACION DE LOS ACTOS DE CORRUPCION AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA

La que suscribe, Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la salud se encuentra establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política y mandata la institucionalización de esta garantía social en las políticas públicas.

A partir del establecimiento de esta obligación, se crean los ordenamientos específicos en la búsqueda por establecer los cimientos de este mandato, principio que posteriormente se reforzaría con la creación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Para refrendar este derecho, se implementó un sistema nacional encargado de dotar a los mexicanos de infraestructura, instrumentos, personal y todos los demás elementos indispensables para hacer efectivo el derecho a la salud de los 115 millones de mexicanos que habitamos el país.

Es así que el sistema social de salud mexicano está compuesto por tres grandes instituciones, que por su capacidad son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Seguro Popular, de reciente creación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 65 de cada 100 mexicanos tienen acceso a los servicios de salud pública o privada, de los cuales 32 son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social; 23 del Seguro popular; 6 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 4 de otras instituciones públicas o privadas1.

Sin embargo, a pesar de que la protección a la salud es una garantía constitucional, los mexicanos invierten recursos económicos adicionales en estos servicios, por lo que el 45.7 % de las erogaciones son cubiertas por el paciente o su familia; el 33.7 % por prestaciones de seguridad social y el 20.6 % por instituciones sin fines de lucro2.

A pesar de que los servicios de salud están obligados a atender los padecimientos de lospacientes, la cantidad de enfermos es tal que de los servicios que se prestan, se encuentran saturados, por lo cual, muchas personas aceptan participar de actos de corrupción para acceder de manera más pronta a diagnósticos, pruebas de laboratorio, consultas, tratamientos e incluso medicamentos.

El seguimiento y atención de tales irregularidades es realizado por los órganos internos de controlque tienen como misión abatir los índices de corrupción, así como contribuir a elevar los índices de transparencia de gestión y el desempeño eficaz, eficiente y ético de los servicios que se prestan al interior de estos institutos.

Cabe mencionar que además de estos órganos, la Procuraduría General de Justicia, cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que se encarga de perseguir estos ilícitos a solicitud de las instituciones.

La necesidad de las personas ha sido aprovechada por funcionarios públicos que han hecho de esta práctica, una forma de vida que se ha vuelto endémica en el país, por lo que organismos de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, han seguido el fenómeno, y reporta que sólo en 2010 se registraron 200 millones de actos de corrupción, con un costo promedio de 165 pesos por hogar.3

Desafortunadamente llama la atención que en el reporte de Transparencia Mexicana, el trámite que registró incremento en los índices de corrupción, fue la atención hospitalaria en el área de urgencias, que pasó de 4.3 en 2001, a 8.7 en 20114, colocándose en el primer lugar de actos de corrupción a nivel nacional.

De acuerdo con reportes de prensa, hace unos días se dio cuenta de diversos casos de corrupción en los servicios públicos de salud, como la solicitud de dinero por parte de un radiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a cambio de que un paciente accediera de manera preferencial a tratamiento oncológico.

Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentó ante la Procuraduría General de Justicia, una denuncia de hechos por daño patrimonial al Instituto por 55 millones de pesos, debido a irregularidades en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

Tales anomalías se detectaron en los procesos de distribución, registro y control de medicamentos de alta especialidadhacia el Servicio de Oncología Médica, pues se revelaron solicitudes alteradas para dotación de medicamentos para pacientes hospitalizados “respecto a las cantidades de medicamento realmente surtidas”, las cuales importaron 28 millones 57 mil 947.09 pesos.

Asimismo, se encontró un registro sin soporte documental que acreditó la salida de 399 medicamentos por un importe de un millón 151 mil 296. 25 pesos

Cabe mencionar que los actos de corrupción no han sido hechos aislados en los servicios de salud en el ISSSTE, pues en marzo de 2009 la Secretaría de la Función Pública, dio cuenta de la inhabilitación de hasta por 20 años a 251 empleados en todo el país. Tales sanciones fueron fincadas por violaciones a las leyes presupuestales y negligencia administrativa.

La lista contabiliza los casos presentados en el periodo de 2006 al 2008, los cuales tuvieron estrecha relación con la distribución y venta de medicamentos al público, así como a otros productos.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación, reportó en su revisión a la cuenta pública 2007 en el rubro Inversión Física y Construcción de Unidades Médicas, trabajos de mala calidad, gastos no recuperables por terminación anticipada de contratos, sanciones no aplicadas e incorrecta ejecución de proyectos por más de 63 millones de pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En cuanto al Seguro Popular, en abril del presente año, se emitió la convocatoria para la licitación de medicamentos por 4 mil 200 millones de pesos en Guanajuato, a la que se presentaron por lo menos cuatro empresas del ramo con antecedentes negativos.

La preservación de los niveles de salud de los mexicanos es un asunto primordial, y la vigilancia de quienes deben velar por ella, es uno de los compromisos que mantenemos los representantes populares, por lo que robustecer los mecanismos de vigilancia y evitar la afectación de los derechohabientes en cualquiera de sus manifestaciones, es una obligación inherente al cargo que detentamos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO.- Exhortar respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, para que instruya a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para redoblar esfuerzos en la investigación de los actos de corrupción al interior de las instituciones de salud públicas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco”.






De la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo en materia de salud sexual y reproductiva de las jóvenes y adolescentes embarazadas. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS JOVENES Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La maternidad es el estado en la mujer, por el cual se desarrolla la vida. Ésta genera consecuencias de orden fisiológico, material y jurídico. La última de las consecuencias -la jurídica- cobra gran importancia, debido a que durante el embarazo, parto y puerperio, se genera una serie de derechos y obligaciones, las cuales encuentran su debido respaldo en la normativa, tanto de orden civil, laboral, social e incluso, sanitaria.

Nuestra Constitución establece como derecho el amparo y protección de la Ley para la organización y desarrollo de la familia, así como el derecho de las personas de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos.

Bajo ese tenor, los aspectos más importantes a considerar y sobre todo, a proteger durante la maternidad y específicamente en la etapa del embarazo se refieren especialmente a la salud y cuidados que deben de tener las mujeres en edad reproductiva, sobre la importancia que tiene el estar plenamente informadas sobre las consecuencias que genera la maternidad, y en el caso de las mujeres adolescentes, además, la necesidad de garantizar que éstas cuenten con la información necesaria para decidir sobre su salud y sobre las consecuencias de tener una vida sexual activa a temprana edad. Esto debido al impacto social, cultural y económico que representan los embarazos en adolescentes en nuestro país.

Un tema alarmante, es la cifra considerable de embarazos en adolescentes. Según datos recientes cerca del 30 por ciento de los embarazos en México se presentan en mujeres que van de los 10 a los 19 años. Esta situación va de la mano con otras situaciones complejas, como que serán madres solteras o han contraído matrimonio de una manera no planeada; que no cuentan con recursos económicos, con la facilidad de acceder a un trabajo o continuar con sus estudios, o incluso con el rechazo y falta de apoyo de su familia, por mencionar solo algunas de estas situaciones.

Ampliando los datos estadísticos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 nacieron en México 472,987 niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años; de ellas, 11,521 tenían menos de 15 años. Esta cifra implica que prácticamente uno de cada cinco partos en México se registra en esos grupos de edad. Los estados con mayor porcentaje de embarazos adolescentes son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa. Es de destacarse que entre la población femenina adolescente, el 25 por ciento no tiene acceso a métodos anticonceptivos, mientras que para el resto de las mujeres el no acceso es de 12.4 por ciento.

Cuando el embarazo se presenta a temprana edad, las condiciones físicas, mentales y emocionales de las adolescentes pueden no siempre ser positivas y se produce un factor de riesgo tanto para su salud como para la del producto en desarrollo. No obstante lo anterior, el Gobierno Federal y las entidades federativas tienen el compromiso manifiesto de realizar las acciones necesarias para informar, difundir y crear conciencia sobre los aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Como ejemplos de lo anterior, están las campañas permanentes sobre salud sexual y reproductiva, las caravanas de salud, para llevar servicios médicos de manera itinerante a regiones marginadas y con bajas posibilidades o nulo acceso a hospitales; la coordinación con autoridades educativas para la impartición de pláticas sobre prevención de embarazos, uso de anticonceptivos y salud sexual, entre otras. Sin embargo, los esfuerzos deben ser constantes y robustecidos.

Es indispensable que las mujeres que serán madres cuenten con el control y supervisión médica necesaria, además de los cuidados que debe de asumir y tener sus propios cuidados, tanto en su alimentación, descanso, en evitar la realización de actividades riesgosas, así como el consumo de alimentos y sustancias que pudieran poner en riesgo su salud y la del bebé.

No obstante los esfuerzos vigentes y permanentes a cargo de las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, en torno a las acciones de información y difusión en la población adolescente, a fin de que estén plenamente informadas sobre las consecuencias de tener un bebé a corta edad, debido a que en muchas ocasiones las mujeres adolescentes no cuentan con la información o atención médica y control necesario para tener un embarazo sano y sin riesgos. Y cuando se lleva un embarazo sin los cuidados y atención necesaria, las consecuencias pueden ser mortales.

En fechas recientes se publicó en un medio de comunicación impresa en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que ha incrementado el número de fallecimientos de adolescentes al momento del parto o alumbramiento, debido a hemorragias, diabetes gestacional, desprendimiento de placenta, entre otras causas que, si se contara con la información necesaria de una manera oportuna, podrían evitarse y protegerlas de estos daños fatales.

Sin embargo aún falta mucho por hacer. Como legisladora y mujer, esta situación provoca en mí la necesidad de solicitar el fortalecimiento y ampliación de las acciones informativas, preventivas y sanitarias necesarias por parte de la Secretaría de Salud Federal y de sus análogas en las entidades federativas, con el apoyo de los municipios de cada una de ellas, para ver la disminución de las cifras de fallecimientos en mujeres adolescentes embarazadas en primera instancia, sin perjuicio de que estas acciones se extiendan a toda la población femenina en edad reproductiva.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se somete a la aprobación del Pleno de esta Honorable Asamblea, solicitar de la manera más atenta el apoyo e intervención de la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, para que, en coordinación con los municipios, se fortalezcan las acciones de información y prevención de embarazos a temprana edad, se amplíe la cobertura de campañas y accionesrelativas a la salud sexual y reproductiva, al uso de anticonceptivos y se robustezcan las acciones que eviten el incremento en fallecimientos de mujeres durante toda la etapa de gestación y parto, con especial énfasis en mujeres jóvenes y adolescentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.






Del C. Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar las acciones y mecanismos necesarios a fin de que se combata el virus del dengue en el municipio de Matamoros. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, ASI COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MECANISMOS NECESARIOS A FIN DE QUE SE COMBATA EL VIRUS DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS

El suscrito, Diputado Carlos Alberto García González a la LXII legislatura e integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Tamaulipas para que implementen las acciones y mecanismos necesarios a fin de que se combata el virus del dengue en el municipio de Matamoros, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El dengue es una infección viral contagiosa y epidémica transmitida de una persona enferma a otra susceptible mediante la picadura del mosquito Aedes, el cual se encuentra en zonas de clima cálido, y se caracteriza por presentar síntomas como fiebre de inicio brusco, dolores musculares y articulares, hemorragias, así como erupción cutánea.

Dicha enfermedad puede presentarse también en zonas urbanas afectando personas de cualquier edad, por lo que puede convertirse en un problema de salud pública grave, volviendo más susceptible su transmisión a lasregiones tropicales del mundo.

Es importante hacer mención de que el dengue es una enfermedad fácil de confundir con otros padecimientos febriles; su transmisión se presenta por carencias en la higiene doméstica y deficiencias en los servicios de distribución de agua entubada y recolección de basuras, al favorecer sitios de reproducción de los vectores.

Actualmente, según datos de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, en el municipio de Matamoros se han presentado 183 casos de dengue clásico y 40 casos de dengue hemorrágico, por lo que se deben llevar a cabo acciones que permitan combatir dicha enfermedad lo más pronto posible a fin de evitar mayores contagios.

Al ubicarse en una zona fronteriza y costera, el municipio de Matamoros se convierte en un lugar donde el desarrollo turístico y comercial proyectan a dicha zona como una ciudad económicamente potencial, generando fuentes de empleo para beneficio de miles de habitantes; sin embargo, muchas personas que no cuentan con un empleo, y en consecuencia no tienen seguro social, ven limitados sus recursos para poder acudir a un médico que les proporcione atención a sus malestares.

Ante ello, es importante que la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, lleve a cabo la implementación de mecanismos que eviten el aumento de contagios por dengue, principalmente realizando trabajos de prevención en los centro escolares, toda vez que el próximo ciclo escolar está por iniciar y miles de alumnos son vulnerables ante la falta de información y el incremento de víctimas.

Al mismo tiempo, es importante que dicha institución refuerce el trabajo en los hospitales para el combate a dicha enfermedad a fin de que las personas ya contagiadas no empeoren los síntomas y se puedan evitar decesos.

Cabe señalar, que la enfermedad del dengue no se presenta en una temporada específica del año, por lo que en todo momento se deben llevar acciones que permitan a la comunidad estar informada de los métodos de prevención de dicho padecimiento.

Para ello, como medidas específicas, es importante que las autoridades correspondientes promuevan entre la población eliminar los criaderos de mosquitos, así como evitar la deficiente higiene dentro y fuera de los hogares; además de que lleven a cabo acciones de saneamiento y mejoramiento de la vivienda.

Sumado a los trabajos que lleven a cabo las autoridades municipales, el ejecutivo federal junto con el apoyo de cada uno de los gobiernos estatales de nuestro país, así como de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Educación Pública, entre otras, deben considerar el trabajo en conjunto para evitar que en un futuro se presenten más contagios así como muertes por dicha enfermedad, toda vez que lamentablemente no se descarta que el virus pueda ir expandiéndose a regiones del país donde no es común que se presente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ,exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Tamaulipas para que implementen las acciones y los mecanismos necesarios a fin de que se combata el virus del dengue en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. Carlos Alberto García González”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre la ejecución del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en nuestro país y los resultados que se obtuvieron. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL SEXENIO ANTERIOR, CON OBJETO DE DISMINUIR LA POBREZA EN NUESTRO PAIS Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON

“Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado martes 16 de julio del actual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2012. En esta encuesta sobresale lo siguiente:

La ENIGH estimó en 2012 un total de 117 millones 449,649 habitantes; de los cuales, el 51.3 % fueron mujeres y el restante 48.7% hombres.

El 31.8% de la población total se concentró entre los 12 y 29 años de edad, el 25.8% entre los 30 y 49 años y el 20.3% mayor a los 50 años. Por otra parte, el 76.8% de la población se ubicó en zonas de 2 500 y más habitantes, mientras que la población en las zonas con menos de 2 500 habitantes representó el 23.2%.

Asimismo, la encuesta informó que hay 31 millones 559 379 hogares, integrados por 117millones 284 429 personas, sinconsiderar a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. El tamaño promedio de dichos hogares, fue de 3.7 integrantes y el jefe del hogar tuvo en promedio 48.6 años de edad.

Desafortunadamente las cifras presentadas en materia de niveles de pobreza y de medición del ingreso son contundentes, durante los 6 años que gobernó el autodenominado “Presidente del empleo”, entre 2006 y 2012, el ingreso que percibieron los hogares mexicanos disminuyó, causando una caída en la capacidad de compra de bienes y servicios de los mexicanos.

Para el año 2012 (a precios constantes de 2012) la percepción trimestral promedio en los hogares de los mexicanos fue de 38 mil 125 pesos, para el año 2006, (tomando la misma base de 2012), esta cifra era de 43 mil 698, es decir, una variación negativa en el sexenio calderonista de 12.75%,tan solo para el decil I, que comprende a la décima parte de los hogares que tienen menoresingresos, este indicador mostró una disminución del 10.24% al pasar de 7 mil 796 pesos a 6 mil 997 pesos trimestrales, por su parte para el decil X, que comprende a la décima parte de los hogares que tienen mayores ingresos, este indicador disminuyó en el mismo periodo un 14.58%, al pasar de 155 mil 715 pesos a 133 mil 003 pesos trimestrales.

Del mismo informe también podemos inferir que durante los pasados 6 años, del 2006 al 2012, solamente durante un bienio entre 2006 y 2008 las remuneraciones de los trabajadores con salario fijo crecieron 0.1%, sin embargo en los siguientes 2 bienios se contrajeron en 7.9% y 4.9%, por otra parte en el concepto de transferencias entre las que se incluyen, entre otras, subsidios gubernamentales o ayuda entre familiares, se incrementaron aproximadamente en 12%.

Los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto son: alimentos, bebidas y tabaco 34.0%; transporte y comunicación 18.5%; educación y esparcimiento 13.8%.

Existen grandes diferencias por deciles de hogares: el 10% de los hogares con menores ingresos dedican el 46.4% de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos dedica sólo el 14.4%.En los hogares con mayores ingresos se dedican aproximadamente el 20% a educación, en contraparte del decil más pobre, esta proporción es de apenas 5.2%. Para los deciles más bajos, además del gasto más fuerte que es en alimentos, también sobresalen otros como vivienda y combustibles, 5.8% y en transporte y comunicaciones 9.8%, en contraparte para el decil más alto además de dedicar una quinta parte de su ingreso a educación, a transporte y combustibles también dedican una proporción similar

Si ahondamos mas en estos números nos damos cuenta que el ingreso de los hogares más pobres, ubicados en el primer decil, si bien creció 5.5% en 2 años apenas alcanzó la cantidad de 6 mil 997 pesos trimestrales ó 2 mil 332 pesos mensuales para una familia que en promedio tiene 4 integrantes, lo que da como resultado un gasto promedio por hogar al día de aproximadamente 78 pesos, cifra a todas luces insuficiente para todos los gastos que se generan en cualquier día. Pues tomando como base los precios de la ciudad de México podrían comprar medio kilo de carne de res, un kilo de tortillas, un kilo de pepino y una pieza de aguacate, dejando afuera agua, huevo, leche, tomate, frijol, etc. Mucho menos pensar en alguna actividad de esparcimiento o gastos de aseo personal, etc.

Estas cifras reflejan una realidad insoslayable, según investigaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM más de 53 millones de mexicanos padecen hambre en nuestro país, aproximadamente 20 millones de habitantes consumen la mitad o menos de los requerimientos mínimos nutricionales que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) deben ser entre 2 mil 600 y 3 mil calorías diarias. El último informe de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en 2010,25% de los mexicanos no tenían capacidad económica ni social para satisfacer sus necesidades de alimentación.

Otra característica de este cáncer que afecta a la sociedad mexicana es que una gran parte de la población indígena se encuentran en esta situación (8 de cada 10 y 4 de cada 10 viven en pobreza extrema).

La UNICEF señala que 11.7 millonesde menores de edad en el país se encuentran en esta situación.

De acuerdo con los presupuestos anuales aprobados por la H. Cámara de Diputados, al concluir el gobierno de Vicente Fox (en el 2006), la SEDESOL contó un presupuesto de 26,572 millones de pesos, es decir, 12,844 millones más que cuando llegó a Los Pinos (en el 2000).

En tanto, las cifras reflejan un aumento anual significativo para la SEDESOL en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y tan sólo en el primer año de gobierno pasó de 26,572 millones de pesos en el 2006 a 35,108 millones en el 2007.

La diferencia entre el año en que llegó al gobierno federal el michoacano (en el 2006) y cuando dejó la Presidencia de la República (en el 2012) en términos reales a precios de 2013 fue de 51,527 millones de pesos más de presupuesto para la SEDESOL, al pasar de 2006 a 2012 de 46.307.9 millones de pesos a 87, 834.1 millones de pesos.

Desafortunadamente a pesar de haber incrementado de manera sustancial sus recursos presupuestales, los resultados no fueron los esperados, por el contrario se incrementó de manera alarmante los niveles de pobreza alimentaria y de pobreza extrema en el país.

La próxima publicación de la medición de la pobreza 2010-2012 elaborada por el CONEVAL y que se presentará el próximo 29 de Julio mostrará una fotografía más detallada de la evolución de la pobreza en nuestro país.

La actual administración tiene un reto importante, el combate a la pobreza se ha colocado como el tema prioritario, la Cruzada Nacional contra el Hambre es prueba de ello, programa que se debe de apoyar y en su caso modificar para que cumpla con sus objetivos para los que fue creado. Busca atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, inicialmente en los 400 municipios con mayor marginación en el país.

También en el gobierno de Enrique Peña Nieto el presupuesto para el combate a la pobreza ha aumentado, son más de 7,400 millones de pesos de incremento entre el 2012 y el 2013, y para este año se tiene una bolsa para SEDESOL por 95,251.8 millones de pesos.

El crecimiento para el presupuesto de este año se debe a incrementos otorgados a 26 de los 34 programas presupuestarios de la Secretaría, además de 400 millones de pesos adicionales para el nuevo programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, instrumentado en la actual administración.

Es en base a estas consideraciones, que los proponentes sometemos ante esta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social rinda un informe pormenorizado sobre la ejecución del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior con objeto de disminuir la pobreza en nuestro país y los resultados que se obtuvieron

SEGUNDO: Se solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social rinda un informe sobre la ejecución del presupuesto asignado a la SEDESOL en el actual ejercicio fiscal y los principales resultados obtenidos hasta el momento.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.






Del C. Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar los mecanismos necesarios a fin de que sean concluidas las obras de construcción del edificio que albergará el Palacio de Justicia Federal, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ASI COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS A FIN DE QUE SEAN CONCLUIDAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

El suscrito, Diputado Carlos Alberto García González a la LXII legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que implementen los mecanismos necesarios a fin de que sean concluidas las obras de construcción del edificio que albergará el Palacio de Justicia Federal en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el sistema de distribución de competencias, que impone la coordinación de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así mismo, ésta debe de basarse en el autonomía de que gozan dichos poderes frente a los demás, situación que se traduce en que cada uno de ellos se pueden regir mediante normas y órganos de gobierno propios.

En nuestro país el sistema judicial ha permitido que los ciudadanos tengamos la certeza jurídica de que los Órganos encargados de impartir justicia sean cada vez más certeros y efectivos; toda vez que su continua labor es trascendental para la vida cotidiana de las personas físicas, así como de las personas morales que se encuentran constituidas en México.

No obstante, en muchas ocasiones el trabajo de los jueces y magistrados se ve obstaculizado ante la mala administración de los recursos económicos y materiales que son ejercidos, situación que no permite al Poder Judicial desempeñar de una manera efectiva sus labores ante la falta de espacio o de personal que requiere para sus tareas; motivos que originan una acumulación de trabajo así como falta de impartición de justicia a los ciudadanos que se encuentran en un litigio.

Ante tal situación, miles de ciudadanos son perjudicados de manera directa, toda vez que todos tenemos derecho a la impartición de justicia, tal como se encuentra establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución Política:

“Artículo 17.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”

Ante ello, es importante que el Estado tenga grandes avances en el proceso de consolidación de un Poder Judicial más eficiente y trasparente, con un mayor grado de independencia respecto a los otros poderes de la Unión.

No obstante lo anterior, actualmente la situación en diversos estados de la República es muy diferente, toda vez que la impartición de justicia no es posible debido a la falta de recursos humanos o materiales, tal como ocurre en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en donde actualmente se encuentra en total abandono un edificio que servirá como cede para juzgados federales que permitirán la impartición de justicia en dicho municipio.

Al respecto, los trabajos de construcción del edificio que se encuentra ubicado en las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria, en el fraccionamiento Victoria, se encuentran paralizados desde hace dos años, lo que ha ocasionado que dicho inmueble se vaya deteriorando con el paso del tiempo, sin que se le pueda dar una utilidad para beneficio de los ciudadanos.

Cabe resaltar que el sistema judicial de nuestro país requiere de constantes cambios y asignaciones presupuestales que le permitan realizar las acciones necesarias tendientes hacia una impartición de justicia acorde a los tiempos actuales, motivo por el cual los recursos materiales con los que debe contar el Poder Judicial, deben ser adecuados y suficientes de acuerdo a las necesidades que se requieran día a día.

Al respecto, es importante señalar que una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, es cuidar y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, tal como lo establece la fracción XXIV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:´

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

...

Por lo anterior, es que el Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás autoridades administrativas encargadas de la construcción de dicho edificio, deben llevar a cabo la conclusión total del mismo a fin de que el sistema de justicia en nuestro país, y específicamente en el estado de Tamaulipas, no sea obstaculizado por la omisión de aquellas autoridades federales, estatales o municipales encargadas de manejar los recursos financieros de nuestro país.

Por tal motivo, es que mediante la presente proposición se busca exhortar a las autoridades responsables de la construcción de dicho inmueble, para que lleven a cabo los mecanismos y acciones necesarias que permitan la conclusión de las obras del edificio que albergará juzgados federales en el municipio de Matamoros, Tamaulipas; toda vez que de esa manera se permitirá al Poder Judicial de la Federación contar con mayores recursos materiales para que la impartición de justicia no se vea afectada en perjuicio de los ciudadanos de aquel municipio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como al Gobierno del estado de Tamaulipas para que implementen los mecanismos necesarios a fin de que sean concluidas las obras de construcción del edificio que albergará el Palacio de Justicia Federal en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Dip. Carlos Alberto García González”.






De la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos antes de recurrir a la clausura de establecimientos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A PRIVILEGIAR QUE SE AGOTEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTES DE RECURRIR A LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS

“La Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (PROFECO) ha tenido en los últimos meses y semanas una intensa actividad a lo largo y ancho del país en su labor de proteger a los consumidores de prácticas abusivas, altos precios, acaparamiento o condicionamiento de venta, el no incluir en menús los precios y cantidades, venta de litros incompletos de gasolina o no estipular las tarifas en diversos establecimientos como hoteles.

Nos parece importante y se debe destacar el cumplimiento de la ley en este tipo de acciones que realiza la Profeco, la cual fue creada a partir de la aprobación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en febrero de 1976.

Desde entonces, el Congreso Mexicano ha buscado fortalecer y proteger los derechos de los consumidores, dando más atribuciones a la PROFECO en diversas áreas, todo con la finalidad de lograr un equilibrio entre los prestadores de servicio y los consumidores.

Son más de tres décadas de una institución noble, que lo mismo vela por el ama de casa ante los aumentos injustificados de productos de la canasta básica, que orienta sobre dónde comprar más barato, exhibe la calidad de los productos y promueve y protege los intereses del público consumidor.

Como parte de sus labores, obliga a los comercios a exhibir precios completos y visibles. También evalúa la cantidad y calidad de las estaciones de combustible en todo el país y resuelve numerosas controversias a nivel nacional, además de que verifica los comerciales, sobre todo los que publicitan la llamada comida “chatarra” y los “productos milagro”.

Nadie puede estar en contra de esta labor que se realiza por medio de inspectores y verificadores en todo el país, sobre todo cuando se trata de procedimientos ajustados a la ley, donde hay de por medio las notificaciones correspondientes, amonestaciones con apercibimientos, multas, arresto hasta por 36 horas y en caso extremo las clausuras.

Multas a empresas telefónicas y otras tantas dedicadas a la elaboración y promoción de productos “milagro”, clausura de hoteles, restaurantes y bares en diversas ciudades del país, cierre de gasolineras y mostradores de aerolíneas, entre otros han sido parte de esta labor de la PROFECO en las últimas semanas.

Recientemente el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), aseguró que el organismo no trata de "lavar su imagen" o mandar algún mensaje con los operativos realizados recientemente, ya que su único objetivo es hacer cumplir la ley en favor de los consumidores.

Ello ante las críticas de algunos sectores y empresarios que se han visto afectados por las clausuras o multas que se han impuesto en los últimos meses y semanas.

Desde el Senado de la República hacemos un reconocimiento a la labor que encabeza el Procurador Federal del Consumidor en defensa de los consumidores, pero también lo exhortamos a revisar los procedimientos de sanción que se están aplicando, para no afectar la economía y el empleo.

Las autoridades y delegaciones de la PROFECO deben agotar los procedimientos administrativos según el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que incluye notificaciones, conciliaciones, amonestaciones con apercibimientos, multas económicas, arresto hasta por 36 horas, todo ello graduando en la medida del daño causado antes de determinar una clausura, que debe ser el último eslabón al que se recurra para defender el derecho de los consumidores.

Estamos del lado de los consumidores, de la PROFECO, de su labor en favor de un México más justo, sin abusos, sin atropellos a los ciudadanos, pero también debemos velar por que no se llegue a medidas extremas y se busque agotar los procedimientos administrativos como lo son en ese orden la amonestación con apercibimiento, multas, arresto hasta por 36 horas antes de clausurar o cerrar una fuente de empleo.

Ante ello, propongo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la labor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en favor de los consumidores del país.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la PROFECO y a los delegados estatales de esa institución a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos como es la amonestación con apercibimiento, la aplicación de multas, en su caso arresto hasta por 36 horas antes de recurrir a una clausura, para con ello evitar el daño económico y la eventual pérdida de empleos en el país.

Comisión Permanente del congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe de las ganancias obtenidas por la empresa PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE PETROLEOS MEXICANOS A RENDIR UN INFORME DE LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR LA EMPRESA PMI COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DESDE SU PUESTA EN OPERACION

“Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la revisión de la cuenta pública del 2010, la Auditoría Superior de la Federación detectó que las empresas que conforman Pemex Comercio Internacional no se encuentran obligadas a elaborar los presupuestos anuales respectivos, motivo por el cual no rinden cuentas ante la ASF, a pesar de que su función es la de comercializar productos petrolíferos que pertenecen a nuestro país. En contraste a la Comisión Reguladora de Mercados de Estados Unidos, (Securities and Exchange Commission, SEC), informes pormenorizados de sus movimientos financieros.

En la página oficial de PEMEX se señala que la empresa PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. es el brazo comercial de PEMEX en el mercado internacional. Con operaciones en todo el mundo, PMI maneja las importaciones y exportaciones de crudo derivados de PEMEX, abasteciendo diversos mercados alrededor del mundo.

El grupo PMI está constituido por 15 empresas, las cuales operan al margen de la Constitución y sus dividendos no son administrados por el Gobierno Federal, debido, según la ASF, a vacíos en la legislación sobre las empresas del estado mexicano.

La ASF señala que “Los recursos del grupo no se han sujetado a la Constitución, a la Ley de Petróleos Mexicanos ni al régimen de rendición de cuentas y fiscalización que regula las empresas de participación estatal mayoritarias de la Administración Pública Federal. No entrega al gobierno ganancias al gobierno e invierten con independencia del presupuesto aprobado por el Congreso a la paraestatal.”

La tarea pendiente también correspondea nosotros como legisladores, pero también la paraestatal, puede y debe, previa solicitud del Congreso, de emitir un informe sobre los manejos que se le están dando a estos recursos, que al ser fruto del usufructo de recursos de los mexicanos al menos debemos saber que se está haciendo con ellos.

La ASF en su informe fue muy clara

“En febrero de 2011, al presentar el informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados que se promovieran los cambios legislativos que regularan la autorización, presupuestación, operación y control de este tipo de empresas filiales que conforman el grupo PMI, entre las cuales se encuentra PMI HBV, así como garantizar que las mismas rindieran cuentas a la Cámara de Diputados en los términos que se estimaran pertinentes, ya que en conjunto durante 2010 habían tenido ingresos y egresos por 433,419,820.0 y 428,075,220.9 miles de millones de pesos respectivamente y, un total de activos por 92,144,041.0 miles de pesos.

“La administración de los recursos -sigue el documento de la ASF-, permitió a eses empresas tener excedentes de efectivo por 22,598.646.3 miles de pesos en diciembre de 2010 y mantenerlos invertidos en el extranjero, al crear una tesorería centralizada paralela a la de Pemex, administrada por PMI HBV, invertir los excesos de efectivo diarios aportados por las compañías participantes del Grupo PMI, así como tener la disponibilidad de invertir en nuevos negocios, con independencia del presupuesto autorizado a Pemex”.

Las empresas que conforman el grupo PMI tienen el carácter de empresas privadas extranjeras, a pesar de que la empresa PMI es manejada desde la torre ejecutiva de PEMEX, y sus movimientos no son reflejados ni en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de Egresos, ni mucho menos, en la Cuenta Pública.

Es decir, operan como una empresa ajena a la hacienda pública nacional, a pesar de estar utilizando el recurso que genera mayores ingresos al gobierno mexicano.

Este tipo de prácticas de creación de una empresa subsidiaria de PEMEX en el extranjero no es nueva, se tienen indicios de su creación desde el año de 1988, sin embargo, una consolidación total como la actual se inició en el sexenio ex presidente Calderón, fue a partir de 2010 cuando el entonces director general de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, terminó de estructurar esta nueva reingeniería financiera entre las subsidiarias de la paraestatal que derivó en la creación de una “tesorería centralizada paralela a la de PEMEX”, controlada por la subsidiaria PMI Holding BV, con sede en Ámsterdam.

De acuerdo con la ASF, la “tesorería centralizada paralela” que administra el dinero que gana PEMEX en el extranjero y que no llega a México se integró con los excedentes de flujos de efectivo de las siete compañías del Grupo PMI.

Dichos excedentes fueron invertidos en papel comercial con la financiera JP Morgan a una tasa fija generando márgenes a favor de la subsidiaria PMI HBV; la tasa máxima pagada fue de 0.25% en comparación con el 0.19% que es la tasa máxima de referencia.

El entonces director de PEMEX, Suárez Coppel, afirmaba que si ingresaban a la cuenta pública el dinero que se obteníaa través de las filiales en el extranjero, la carga fiscal no les dejaría ningún recurso para seguir operando, como sucede con los recursos de PEMEX que es administrado por el Gobierno Federal a través de Hacienda.

Algunas de las adquisiciones de las empresas que forman parte de PMI son, la compra en 2011, del buque tanque Ocean Cygnet, por 39 millones de dólares, seis buques tanques de 50 mil toneladas de peso muerto que se están llevando a cabo en un astillero de Corea.

Además de estas adquisiciones PMI invirtió en la empresa REPSOL adquiriendo 5.1% más de sus acciones, quedando como propietario de 9.98%, con esto según PMI, se incrementó el peso específico de PEMEX en las decisiones de REPSOL.

Es necesario que a partir de estas consideraciones el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto, es necesario contar con la información suficiente y necesaria sobre la empresa PMI y los motivos que justifiquen su creación, pero también de emprender sanciones en caso de que se haya lastimado el patrimonio de la paraestatal, además de modificar el marco legal vigente para corregir esta situación.

Es en base a estas consideraciones, que los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que rinda un informe pormenorizado de las ganancias obtenidas por la empresa PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación hasta la fecha y el uso que se les ha dado a estas.

SEGUNDO: La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Comisiones de Energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores a elaborar una iniciativa y dictaminarla con objeto de que se cumpla con las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación emitidas en el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del año 2010.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente a 20 de agosto de 2013.

Atentamente

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados a que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinen para el aprovechamiento de los alimentos que son desperdiciados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LA ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES Y A LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS A QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SE COORDINEN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS QUE SON DESPERDICIADOS

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 explica las estrategias para lograr un México Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra, también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. Asimismo dentro del apartado de Seguridad Nacional establece, entre otros puntos: se debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza. 1/

Que la Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional contra el Hambre.

Que la Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

Que de acuerdo con el decretopor el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre2/, el cual establece la ComisiónIntersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, de la cual son miembros la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentaciónal Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral De La Familia, y es presidida por la Secretaria de Desarrollo Social.

Que con la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas.

Que en dicho Decreto se establecen cinco objetivos que son:

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada.

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda.

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

En México se desperdician 30 mil toneladas de alimentos diariamente, que son generan, entre otros en, por restaurantes y hoteles. Que al igual que se llevó a cabo la firma de un Convenio de Concertación3/,para la realización de acciones en el marco de la Cruzada contra el Hambre entre SEDESOL y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, A.C., el cual tiene por objeto coordinar las acciones entre las dos instancia, en el marco de la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE4/) dirigido a la población en las zonas prioritarias seleccionadas (400 municipios), se diseñe una estrategia para que tanto del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral De La Familia como la SEDESOL puedan contar con mecanismos que permitan obtener aquellos alimentos que se encuentran en buen estado, pero que sin embargo son desperdiciados, los cuales tienen como destino final los tiraderos de basura.

Que dichos convenios permitirían, tanto a restaurantes como a hoteles y moteles aprovechar que el Servicio de Administración Tributaria5/ permite a los contribuyentes, que en términos de los artículos 87, 88 y 80 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el32F del Código Fiscal de la Federación, den en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles y que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de persona, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos, podrán efectuar una deducción adicional conforme a las mercancías efectivamente donadas y que sean aprovechables para el consumo humano.

Que expuesto lo anterior dichas empresas coadyuvarían a combatir el hambre en México, al tiempo que obtendrían beneficios fiscales para reducir los costos que el desperdicio de alimentes representa.

Por lo anteriormente expuesto, se presentan los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamenteal Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de La Familia, y SEDESOL a establecer estrategias para llevar a cabo convenios de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, para el aprovechamiento en el marco de la Cruzada contra el Hambre,de aquellos alimentos en buen estado que son desperdiciados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamenteal Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de La Familia, junto con SEDESOL a establecer estrategias para llevar a cabo convenios de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para el aprovechamiento en el marco de la Cruzada contra el Hambre, de aquellos alimentos en buen estado que son desperdiciados.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Sistema de Administración Tributaria y del Servicio de Administración de Bienes, analice la posibilidad de flexibilizar los requisitos e incentivar la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 20 de agosto de 2013”.

1/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

2/ Diario Oficial de la Federación del 22 de enero del 2013.

3/ amba.org.mx

3/ sedesol.gob.mx

4/ sedesol.gob.mx

5/ www.sat.gob.mx






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la movilidad urbana en el Sistema de Transporte Público Colectivo, en términos de disponibilidad, accesibilidad física y económica, calidad y aceptabilidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO, EN TERMINOS DE DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD FISICA Y ECONOMICA, CALIDAD Y ACEPTABILIDAD

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que toda persona y colectividad tiene derecho a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo1.

Que un sistema de transporte deficiente tiene costos que disminuyen la competitividad urbana, entre los cuales se encuentran: 1) Horas-Hombre perdidas y 2) Costos ambientales y de salud2.

Que más del 67% de los 22 millones de viajes diarios en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se realizan en transporte público, y de éstos, el 83% se efectúan a través de los Microbuses y del Sistema de Transporte Colectivo Metro3.

Que según un estudio realizado en 2011, el 49% de los usuarios del transporte público en el DF destina más de dos horas al día en trasladarse y consideran que la situación es cada vez peor, pues el 59% afirma que los tiempos de movilidad en los últimos años han venido aumentando4.

Que en el mismo estudio realizado por El Poder del Consumidor A.C., se afirma que además del tiempo perdido, existe una insatisfacción por parte de los usuarios del transporte público del DF, pues 65% de éstos consideraba que la calidad del servicio era pésima o mala, 8 de cada 10 pensaba que era inseguro, 9 de cada 10 creían que era incómodo y 7 de cada 10 manifestaban que era lento5.

Que esos indicadores de desaprobación del transporte público del Distrito Federal, son reflejo de que el sistema de movilidad que opera actualmente en la capital del país presenta una serie de deficiencias que repercute directamente en el ejercicio de los derechos humanos que habitan y transitan en la ciudad tanto en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptación6.

Que tan sólo entre enero de 2011 y mayo de 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investigó un total de 394 quejas interpuestas por ciudadanos en el tema de movilidad, 35% de las cuales fueron contra operadores de microbuses, vagonetas, combis y autobuses, 17% al sistema de transporte concesionado a taxis, 22% a servidores públicos adscritos al Sistema de Transporte Colectivo Metro y personal del Metrobús y el resto fueron dirigidas hacia los taxistas, personal del Trolebús, Centros de Transferencia Modal (Cetram), Red de Transporte de Pasajeros, Tren Ligero, Bicitaxis, entre otros7.

Que la calidad del servicio del transporte público del Distrito Federal concentra la mayoría de las quejas presentadas por los ciudadanos, en particular lo que se refiere a los accidentes, violencia (robo, asalto, etc.), faltas al Reglamento de Tránsito de las y los choferes y sus malos tratos hacia las y los usuarios, así como demandas relacionadas con la inseguridad y falta de mantenimiento de las unidades8.

Que en enero de 2010 y abril de 2013 se aprobaron incrementos a las tarifas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de los microbuses, autobuses, Metrobús y taxis, respectivamente bajo el argumento de que lo que se recaudara se invertiría en labores de mantenimiento, reforzamiento de la seguridad, rehabilitación, modernización y mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio.

Que pese a esos incrementos en las tarifas y el compromiso de reinvertir la recaudación en mejoras del servicio de transporte público, es evidente que aún existen serias deficiencias en la calidad de los servicios que prestan las diversas modalidades del transporte público en el DF, pues aún se observan escaleras eléctricas inservibles, baños en pésimo estado, percepción de inseguridad, cámaras de monitoreo inservibles o ubicadas inadecuadamente, filtraciones de agua en los techos y paredes, riesgo de incendios, infraestructura obsoleta y en general, un deterioro crónico de la infraestructura que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos de la capital del país9.

Resulta claro que no existen programas e indicadores de medición y seguimiento sistemático del nivel de satisfacción de los usuarios y mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal tal que permitan revisar el cumplimiento del ejercicio del derecho humano a la movilidad urbana.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera, informe a esta H. Soberanía el destino que se le ha dado y se le pretenda dar a la recaudación adicional obtenida por concepto del incremento a las tarifas del Metro, Metrobús, microbuses, autobuses y combis ocurridos en enero de 2010 y abril de 2013, respectivamente, dado el continuo deterioro de las instalaciones y unidades del sistema de transporte colectivo en el Distrito Federal que pone en riesgo el ejercicio del derecho humano a la movilidad urbana.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera, a que se implemente un sistema de medición y seguimiento sistemático, representativo, colegiado y transparente del nivel de satisfacción de los más de 22 millones de usuarios del transporte público del Distrito Federal con el fin de que se constituyan en un insumo útil e indispensable para la delineación de las estrategias y políticas de urbanismo, transporte y vialidad de su administración.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera, a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 del Gobierno del Distrito Federal incluya y priorice la atención de las 394 quejas y demandas de los ciudadanos asociados a la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de un sistema de transporte público digno que satisfaga sus necesidades e impulse su pleno desarrollo.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 20 de agosto de 2013”.






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar investigar los presuntos hechos de extorsión denunciados en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ORDENAR INVESTIGAR LOS PRESUNTOS HECHOS DE EXTORSION DENUNCIADOS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE

“Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en losartículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Centros de Readaptación Social han sido desde larga data un capítulo inconcluso en la administración de justicia, la aplicación de penas y medidas de seguridad no logran encontrar un entorno propicio para la rehabilitación de los internos; está circunstancia se agrava en el Distrito Federal al evidenciar la corrupción de autoridades penitenciarias, que incurren en diversos ilícitos particularmente en el de la Extorsión.

Estas conductas presuntamente ilícitas, y de comprobarse, encuadran tanto al régimen de responsabilidad en el ámbito administrativo, como lo conducente en materia penal.

Por su parte, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece lo siguiente:

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

ARTICULO 19.- Si la Secretaría o el contralor interno tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.

Por lo que corresponde a la materia Penal, en términos de lo dispuesto por el artículo 390 del Código Penal Federal, la conducta denunciada se encuentra tipificada como Delito de Extorsión, que señala lo siguiente:

EXTORSION

Artículo 390.-Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal lo tipifica en el siguiente sentido:

EXTORSION

Artículo 236.Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o exmiembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o

II. Se emplee violencia física.

Como se aprecia en ambas legislaciones, con variaciones muy menores, se tipifica este delito en los mismos términos.

Se tiene conocimiento que familiares de internos que se encuentran en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, denunciaron que al visitar a sus parientes son víctimas de extorsión por parte las autoridades de ese centro penitenciario, así como de algunos reos que impunemente mantienen el control del Reclusorio.

Estos actos de corrupción, vejación y maltrato físico y moral por parte de las autoridades del Reclusorio Oriente, ubicado en la demarcación territorial de la Delegación Iztapalapa en esta Ciudad Capital, no sólo no deben existir, sino que habrá de erradicarse por completo, ante la opacidad de las autoridades del Distrito Federal, esta Soberanía exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que tome cartas en el asunto y elimine cualquier acto de corrupción no sólo en ese Centro Penitenciario, sino que haga una revisión exhaustiva en todos y cada uno de los Reclusorios que se encuentren bajo su jurisdicción, toda vez que los hechos suscitados en el Reclusorio Oriente no consideramos sean aislados, nos parece una práctica que desafortunadamente se ha convertido en un lugar común en las cárceles capitalinas.

En los centros penitenciarios de la capital de la República es habitual hablar de corrupción, maltrato, discriminación a los internos, sobrepoblación y difíciles condiciones de vida para los reos, sin duda se deben investigar no sólo las anomalías descritas, sino que hay que ir al fondo del asunto, revisar exhaustiva y detalladamente los procesos licitatorios en las cárceles del Distrito Federal, la selección de personal, la capacitación de los custodios, la solvencia moral de las autoridades etc. El término “Readaptación Social” está muy lejos de consagrarse, por lo que ese círculo vicioso de la dinámica carcelaria capitalina debe abatirse.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudo a esta Honorable Asamblea a someter a su consideración el siguiente Es por estas razones que someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, C. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA, A QUE ORDENE INVESTIGAR LOS PRESUNTOS HECHOS DE EXTORSION DENUNCIADOS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE, ASIMISMO, SE ATIENDAN TODAS LAS DENUNCIAS DE ESE DELITO EN TODOS LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL DISTRITO FEDERAL EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA E INFORME A ESTA SOBERANIA EL RESULTADO DE SUS ACCIONES.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente”






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja, el 25 de cada mes, iluminando de color naranja los monumentos más emblemáticos, como lo ha establecido la Red Mundial de Jóvenes de la ONU, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A SUMARSE A LA CELEBRACION DEL DIA NARANJA, EL 25 DE CADA MES, ILUMINANDO DE COLOR NARANJA LOS MONUMENTOS MAS EMBLEMATICOS, COMO LO HA ESTABLECIDO LA RED MUNDIAL DE JOVENES DE LA ONU, A FIN DE CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Los que suscriben, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción II; 87; 95; 275; 276 y 277 demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE SE SUMEN A LA CELEBRACION DEL DÍA NARANJA, EL 25 DE CADA MES, ILUMINANDO DE COLOR NARANJA LOS MONUMENTOS MAS EMBLEMATICOS, COMO LO HA ESTABLECIDO LA ONU A TRAVES DE LA RED MUNDIAL DE JOVENES, A FIN DE CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

En el año 2008 la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General, implementó una campaña denominada UNETE con el propósito de poner fin a la violencia contra la mujer, así como aumentar la conciencia y la voluntad política e implementar los recursos para prevenir y poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo. En este mismo sentido, en América Latina UNETE inició en Guatemala el 25 de noviembre de 2009 y para 2010 abarcó también el Caribe.

La campaña que ha implementado la ONU por medio del Secretariado General busca hacer un llamado a todos los gobiernos, la sociedad civil, organizaciones de mujeres, hombres, jóvenes, sector privado, medios de comunicación y todos los que integran las Naciones Unidas a fin de unificar sus fuerzas con el propósito de erradicar esta pandemia global, como lo es la violencia contra las mujeres.

Ahora bien, en América Latina y el Caribe, prevalece la falta de una cultura de denuncia ya que las agresiones contra mujeres quedan impunes. La razón por la cual las víctimas no realicen la denuncia correspondiente por alguna agresión o por violencia, es porque se sienten avergonzadas de informar acerca de las agresiones contra ellas, y que como consecuencia se enfrenten a más violencia.

UNETE de América Latina y el Caribe cuenta con tres pilares que son:

No más impunidad: intenta fortalecer las instituciones públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas implementando leyes y servicios públicos existentes que brindan atención a las víctimas/sobrevivientes.

No más víctimas: promueve un enfoque preventivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, trabajando en escuelas y comunidades para transformar las relaciones de género y promover la resolución de conflictos sin violencia.

Es responsabilidad de todos: ÚNETE alienta la movilización social y la participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.

Si bien es cierto, con respecto al tema de erradicar la violencia contra la mujer, México ha adoptado tratados internacionales, así como modificado leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, sin embargo, no ha sido suficiente, ya que la violencia contra la mujer en el último sexenio aumentó.

Es importante señalar que sobre el tema de la campaña ÚNETE, que implemento la ONU, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en su portal de internet señala que “una de cada tres mujeres ha sido o será víctima de algún tipo de violencia alguna vez en su vida. La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en cualquiera de sus formas es una violación de derechos humanos inaceptable, inexcusable e intolerable”.

El Secretario General de la ONU en el mes de julio, por medio de la Red Global de Jóvenes de la campaña UNETE, a fin de fortalecer la presente campaña declara que el 25 de cada mes ¡Es un Día Naranja!, la campaña consiste en que por medio de las redes sociales o cualquier otro medio se resalte el color naranja, que busca concientizar a las personas que se debe erradicar la violencia contra las mujeres, esto mismo sucede con la lucha contra el VIH/SIDA cuando se busca sobresaltar el color rojo, el color rosa para la lucha contra el cáncer de mama, el color morado por los derechos de la mujer, y esto se hace iluminando edificios o monumentos de mayor concurrencia con los colores mencionados, sin dejar de lado cualquier otro ejemplo.

Por ello, a fin de fortalecer y de concientizar a la población mexicana, el presente punto de acuerdo tiene como propósito que los gobiernos de los Estados se unan a la campaña de la ONU denominada ¡DIA NARANJA! donde iluminen el 25 de cada mes edificios o monumentos emblemáticos de color naranja como parte de la campaña UNETE.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativasa que de manera conjunta a los Institutos de la Mujer de cada Estado, se sumen a la celebración del ¡DIA NARANJA!, el 25 de cada mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos más emblemáticos de los Estados, como lo ha establecido la ONU a través de la Red Mundial de Jóvenes, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente”.






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social, a rediseñar la estrategia programática de atención a los jornaleros agrícolas, con objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y DE DESARROLLO SOCIAL A REDISEÑAR LA ESTRATEGIA PROGRAMATICA DE ATENCION A LOS JORNALEROS AGRICOLAS, CON OBJETO DE QUE SE LES OTORGUE UN TRATO DIGNO Y CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en losartículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente en el sector agropecuario existen un enorme número de trabajadores estacionales del campo, quienes dedican su trabajo a las labores del sector agropecuario en condiciones muy peculiares y desventajosas.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a las Entidades Federativas en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.5 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6% por mujeres, un 57.4% por hombres, y cerca del 40% de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7%), nahuas (23.6%) y zapotecos (12.4%), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29% de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6%) migra en grupos familiares y cerca del 61.1% de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12% no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90% no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

La semana pasada se llevó a cabo en este H. Senado de la República la presentación del informe “Migrantes Somos y en el Camino Andamos” por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Dicho informe presentó resultados preocupantes, que es obligación de esta Soberanía atender, reveló estadísticas de la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones dejornaleros agrícolas.

Dicha situación, reconoció, ha generado recomendaciones de más de siete mecanismos de derechos humanos regionales y universales en materia de discriminación racial, alimentación, educación, derechos de los pueblos y derechos económico, sociales, culturales y de los migrantes.

Dicho informe también señala que la población indígena migrante enfrenta condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas. Aunado a esto también se enfrentan al incumplimiento en el pago de salarios, la falta de contratos por escrito, los malos servicios en los campos agrícolas, condiciones de trabajo deplorables y la existencia de autobuses que ponen en riesgo la vida de las y los jornaleros, entre otros.

Otros datos que se mencionaron en el informe es que el 90% de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3%gana por jornal o día de trabajo, 23.8% recibe su pago a destajo, o bien, 76.5% recibe su pago cada semana y 18.4% a diario.

Además no tienen acceso a la seguridad social, aunque su vida corra riesgo por los materiales tóxicos a que están expuestos, sobre todo en uso de agroquímicos prohibidos en otros países.

En México se estima que 405 mil 712 familias están en permanente movimiento entre sus zonas de origen y a las zonas que migran.

La encuesta también señala que tres de cada cinco, es decir, 58.5 por ciento de jornaleros agrícolas que migran, provienen de municipios de muy alta o alta marginación, que se encuentran principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz y en menor proporción en Chihuahua Durango, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit.En particular, la región de la montaña, en Guerrero, se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 entidades federativas del país, en un contexto de marginación y pobreza.

En Sonora, Sinaloa y Guanajuato, por ejemplo, se constató que la población jornalera no tiene información sobre los programas sociales, las instancias infantiles no son gratuitas y lacobertura de programas es limitada.

El poder Legislativo tiene que alzar la voz en defensa de este grupo de personas, para lo cual es necesario intensificar los esfuerzos de los actores para dar especial atención a situaciones de peligro que enfrentan los niños y sus familias, así como la aplicación real de políticas y la rendición de cuentas a través de la creación del sistema de monitoreo y evaluación, entre otros.

Si estos problemas, de por sí, no fueran muchos, en semanas anteriores se dio a conocer por parte de los medios de comunicación, la vergonzosa población en la que se encontraban 275 jornaleros en el estado de Jalisco, quienes se encontraban en condiciones de esclavitud por parte de la empresa Bioparques del Sur en el municipio de San Gabriel, desafortunadamente esta situación no ha sido la única ocasión en que se ha presentado esta situación.

Es en base a estas consideraciones, que someto ante esta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente, a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de la Secretaría de Desarrollo Social a rediseñar la estrategia programática de atención a los jornaleros agrícolas con objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los derechos humanos.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Jalisco a que por medio de las instituciones conducentes se revise y se actúe conforme dicta la Ley, en el caso de los jornaleros agrícolas rescatados en condiciones de esclavitud por medio de la empresa Bioparques del Sur en el municipio de San Gabriel, estado de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente”.






De la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se propone al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como candidato a recibir la medalla "Belisario Domínguez" 2013. Se turna a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ COMO CANDIDATO A RECIBIR LA MEDALLA “BELISARIO DOMINGUEZ” 2013

“El presente punto de acuerdo busca el apoyo de todos los grupos parlamentarios para distinguir a un gran mexicano, recientemente fallecido, quien con su obra se encuentra presente prácticamente en todos los espacios educativos, culturales, deportivos y sociales de México.

Me refiero al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien nació en la Ciudad de México el 16 de abril de 1919 y realizó todos sus estudios en escuelas públicas.Su formación familiar se vio influenciada por el recuerdo y las ideas de José Vasconcelos.

Carlos Pellicer, su maestro de Historia Universal en la Secundaria 4, lo llevó a conocer la vida helenística y en ella una deslumbrante visión; la de la Acrópolis de Atenas.Así descubrió la arquitectura.

Comprendió que la arquitectura iba más allá de estudios y técnicas de construcción, empezó a ver esa disciplina como creación de espacios para la convivencia.El legado de Pedro Ramírez Vázquez va desde el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, la Cámara de Diputados, mercados populares como el de La Lagunilla, aulas rurales, hasta su participación en obras arquitectónicas en el extranjero.

Ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí con las enseñanzas de sus maestros, como él mismo señaló: “…profundiza en la arquitectura como disciplina de servicio, de servicio para el usuario. Entiende la arquitectura como creación de espacios: para la vida hogareña, la enseñanza, la salud, la recreación, el comercio.La vida en todas sus fases”.

En 1943 obtiene el título de Arquitecto con la tesis: “Plano Regulador de Zapotlán El Grande (hoy Ciudad Guzmán), Jalisco”, la primera tesis de urbanismo que se presenta en el país.

Durante 20 años colabora con Jaime Torres Bodet.Su vida de arquitecto gira alrededor de los programas y acciones de eminente educador.

Su ejercicio se caracteriza por un desempeño activo, promueve obras.Con un enfoque a la realización, concibe las obras, las promueve, las dirige y realiza.Se distingue por su capacidad para integrar equipos interdisciplinarios que conjuntan a muchos de los profesionales, artistas, académicos más destacados del momento.

La obra del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es reconocida internacionalmente y lo perfila como un mexicano excepcional.Por la calidad superior en su obra y su compromiso con la excelencia. No sólo como arquitecto y urbanista eminente e innovador, sino como creador de espacios colectivos.

En 70 años de ejercicio profesional realizó todo género de edificios, especialmente los destinados a la enseñanza y a la promoción cultural.

Su vida profesional estuvo dedicada a entender las necesidades sociales y culturales que se generan de la enseñanza durante los 15 años que ejerció como maestro de la UNAM, tanto en las materias de composición arquitectónica como en la de urbanismo.

Como urbanista participó en 1970 en el Comité de Planificación de Jerusalén y como asesor en la Planeación Urbana de esa Ciudad; en 1971 Asesor Técnico del Plan Municipal de Mercados, en la Ciudad de San Salvador, El Salvador; y en 1974 Director del Programa Arquitectónico del Área de Gobierno en Dodoma, Tanzania.

La tarea del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se hace evidente si consideramos que es autor de la mayoría de las obras de gran significación en el México de la segunda mitad del siglo XX. Por sólo mencionar las más importantes; en lo cívico, el edificio la Cámara de Diputados; en lo cultural, el Museo Nacional de Antropología; en lo educativo, el Aula Rural; en lo espiritual, la nueva Basílica de Guadalupe; en lo deportivo, el Estadio Azteca.

De 1958 a 1964 tiene la responsabilidad de dirigir el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Allí, con la orientación social de Carlos Pellicer y los programas que había emprendido Jaime Torres Bodet, tiene la oportunidad de ir a recorrer el país.Así llegó a desarrollar el sistema de prefabricación y el concepto “Aula-Casa Rural Prefabricada”. Así logró construir 30 mil aulas en sólo 3 años.

Este sistema para atender la necesidad de construcción de escuelas fue llevado a 17 países de América Latina, así como Filipinas, India, Indonesia, Yugoslavia e Italia, con la misma solución, para 1988, se habían construido más de 150 mil unidades en la República.

En el plano educativo diseña la Escuela Secundaria Benito Juárez, en Pilsen, Chicago, en 1976; realiza el proyecto arquitectónico del Colegio Irlandés, México, D.F. en 1969; y es asesor del Proyecto de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, Ciudad de México, en 1980; y diseña las Unidades Cuajimalpa en 2005 y Lerma en 2009, ambas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Pedro Ramírez Vázquez, como creador de espacios públicos, participa en el proceso de modernización del abasto al diseñar 15 Mercados en la Ciudad de México, en ellos los de La Lagunilla, Tepito, Coyoacán, Azcapotzalco, San Pedro de Los Pinos, Colonia Anáhuac y Balbuena.

En 1966 es nombrado Presidente del Comité Organizador de la XIX Olimpiada que se habría de celebrar en México en 1968.Esto significó un desafío pues era la primera justa olímpica que se celebraba en un país latinoamericano y se realizaba después de la de Tokio.

Fue un incansable promotor de México y su cultura, por lo que realizó decenas de pabellones en exposiciones mundiales como el Pabellón de México, en la Exposición Universal de Bruselas, Bélgica, 1958; Pabellón de México, en la Exposición Mundial de Seattle, Washington, en 1962; Pabellón de México, en la Feria Mundial de Nueva York, en 1969; y el Pabellón de México, en la “Expo Sevilla 92”, así como el del Comité Olímpico Internacional.

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es el mexicano que más museos diseñó y construyó a nivel nacional e internacional: Museo Fronterizo, Ciudad Juárez, en 1962; Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, 1964; Museo de la Ciudad de México, 1964; Proyecto del Museo de las Civilizaciones Negras, en Dakar, Senegal, en 1972.

Asesor Técnico del Museo Nacional de Antropología en Tegucigalpa, Honduras en 1973; Asesor Técnico del Centro Internacional de Comercio, Marsella, Francia; y Proyecto del Museo Nacional de Teherán, Irán, 1975; Museo-Monumento Fray Antón de Montesinos, Santo Domingo,1982; y Consultor para laNueva Ópera de París, Francia, en 1984.

Museo del Sitio en Templo Mayor, Ciudad de México, 1987; Museo y Biblioteca del Estado de México en Toluca, 1987; Casa de la Cultura de Tlalpan, 1988; Parque Mexitlán, Tijuana, 1991; Museo Amparo, Puebla,1991; Museo del COl, Lausana, Suiza; 1993; Museo del Sitio en Teotihuacán, 1994, entre otros.

Esto sólo es una mínima parte de la obra de este ilustre mexicano, que desde mi punto de vista, no ha sido plenamente reconocido por México y por lo que el Senado de la República debe analizar su trayectoria como arquitecto, como urbanista, como educador, como ejemplo para niños y jóvenes, sobre todo en un país donde hacen falta referentes de su estatura y trayectoria.

Don Pedro Ramírez Vázquez, quien falleció el pasado 16 de abril del 2013, a los 94 años de edad, quien fue conocido como “el Arquitecto de la Modernidad” y quien en el extranjero recibió innumerables reconocimientos y premios también en los campos del diseño gráfico, textil, industrial, de mobiliario, de cristal y de plata.

Destacan entre esos reconocimientos Premio de Honor del Festival Internacional de Arquitectura y Arte Monumental en París, por la Exposición “4000 Años de Arquitectura Mexicana” en 1956.

Premio Estrella de Oro de Bélgica, por el Pabellón de México, en la Exposición Universal de Bruselas en 1958; Gran Premio del XII Trienal de Milán, por el Aula-Casa Rural Prefabricada, en 1960; Miembro Honorario del American Institute of Architects en 1965.

Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía en 1965; Distinción con rango de Gran Jefe de Chana, por la participación de África en los Juegos Olímpicos en 1968; Premio Jean Tschumi de la Unión Internacional de Arquitectos por sus méritos en la formación de jóvenes arquitectos en 1969.

Inscripción de su nombre en el Libro de Oro de Israel en 1969; Condecoración de Gran Oficial de la Rosa Blanca de Finlandia, 1969; Premio especial de la Industrial Designers Society of América. Excelencia en Diseño en 1969; Miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1970; Miembro del Comité de Planificación de Jerusalén y Asesor de la Planeación de esa ciudad en 1970; y Miembro de la sociedad Real de Artes, Londres, Inglaterra, 1972.

Razones y méritos para otorgar el máximo reconocimiento del Senado de la República a un mexicano ilustre sobran en esta semblanza del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien tuvo una vida de realizaciones para y por México que en cada una de sus acciones nos brinda el orgullo de sentirnos mexicanos y a los extranjeros de reconocer a México.

Ante ello, propongo el respaldo de esta propuesta para que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez sea reconocido post mortem con la Medalla al Mérito “Belisario Domínguez” en su edición 2013.

PUNTO DE ACUERDO

Unico: Se propone a la Comisión Dictaminadora de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, considerar la candidatura para que reciba la citada presea en el 2013 el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.






De los CC. Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se contemplen recursos para la rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN EL ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2014 SE CONTEMPLEN RECURSOS PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE GUERRERO

“Los que suscriben, Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los centros históricos adquieren cada vez más importancia en el debate y formulación de políticas urbanas. Esto supone rehabilitar la gestión pública de los centros históricos y lograr el desarrollo de los servicios y equipamiento urbano para formular políticas sociales y culturales, al tiempo de tomar en cuenta el contexto histórico como un nicho de mercado turístico-cultural.

Tomar en cuenta categorías identificadas con lo espacial, lo temporal, lo patrimonial y lo social, posibilita fusionar historia, espacio y patrimonio.

Esta proposición con punto de Acuerdo busca justamente lograr concebir la gestión de la rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero, dentro del marco institucional y federalista para el fortalecimiento de la identidad nacional.

La cultura urbana ofrece grandes fuentes de diversión y entretenimiento para los visitantes y turistas, de ahí la importancia de lograr recursos para que el Gobierno del Estado de Guerrero y el Municipio de Iguala de la Independencia, puedan emprender la rehabilitación del centro histórico y, lograr que esta nueva identidad, detone una perspectiva cultural que le permita a esta ciudad dimensionar su economía urbana y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Iguala se localiza en un valle al noreste del Estado de Guerrero y es considerada la tercera ciudad más importante de esta entidad federativa.

Su importancia histórica radica en haber sido el lugar en el que se firmó el Plan de Iguala, un 24 de febrero de 1821, documento en el cual se reconocía por primera vez la Independencia de México y la conformación del Ejército Trigarante, además de que, en esa misma fecha, se elaboró ahí mismo la Bandera de México.

Iguala fue, además, la primera capital del recién decretado Estado de Guerrero un 27 de octubre de 1849.

Cuenta con monumentos históricos y ricas tradiciones donde se resalta la historia de nuestra patria ya que es una ciudad muy vinculada a la integración de nuestra identidad como mexicanos y como guerrerenses. Los acontecimientos históricos ocurridos en su espacio, sobre todo en el siglo XIX, han repercutido en toda la nación. La ciudad es cuna de la Bandera Nacional y de nuestra Independencia. Sus monumentos históricos recuerdan estos y otros sucesos relevantes; entre los que se encuentran:

1.- Monumento a la Bandera. Se localiza en el centro de la ciudad, en la explanada que lleva ese nombre. Fue construido entre 1941 y 1942. A la inauguración, el 28 de septiembre de 1942, asistió, con la representación del presidente de la República General Manuel Ávila Camacho, el General Lázaro Cárdenas, entonces secretario de la Defensa Nacional. Estuvieron presentes el licenciado Ezequiel Padilla Peñaloza (Secretario de Relaciones Exteriores), el Coronel Gerardo Rafael Catalán Calvo (Gobernador del Estado) y el señor Hermilo Arrieta Mateos (Presidente Municipal).

2.- Parroquia de San Francisco de Asís. Templo colonial cuya construcción comenzó en 1705 y se terminó en 1855. Todavía en pleno siglo XX hubo arreglos importantes. Es el edificio más antiguo de la ciudad y se localiza en el centro de la población.

3.- Monumento a Juárez. Situado al lado poniente del zócalo o Plaza de Armas o Jardín Juárez. Es una estatua de cuerpo entero; fue trasladada en ferrocarril desde el Distrito Federal, en 1906, según informa el maestro Florencio Benítez González, con motivo del centenario del natalicio de Benito Juárez.

4.- Monumento a los Héroes de la Independencia. Construido por la Comisión del Río Balsas en 1972. Se encuentra en el cruce de la carretera 95 y el Periférico Benito Juárez. Representa un homenaje a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero.

5.- Bandera Monumental. Izada a una altura de casi 114 metros. Es la más alta del país. Fue izada por primera vez el 24 de febrero de 1998 por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Construida en el Gobierno Interino de Lic. Ángel Aguirre Rivero con la presencia del Presidente Municipal Dr. Lázaro Mazón Alonso.

6.- Escuela Secundaria Plan de Iguala. Institución de gran historial académico. Fundada el 10 de mayo de 1941. Se localiza a un costado del Monumento a la Bandera.

7.-Murales de la Casa del Pueblo. Fueron realizados por el pintor Roberto Rodríguez Navarro. Se inauguraron el 24 de febrero de 1983. Se localizan en el actual Palacio Municipal.

8.- Museo a la Bandera, Recinto Nacional del Lienzo Patrio, que fue inaugurado el 24 de febrero de 1999. Se localiza en el centro de la ciudad, en el edificio que sirvió de sede al Ayuntamiento Municipal hasta 1981 y a la Casa de la Cultura hasta 1997. En este lugar se puede conocer a detalle cómo ha evolucionado nuestro Lábaro Patrio.

Actualmente existe gran interés por parte del Gobierno del Estado de Guerrero y del Municipio de Iguala de la Independencia para lograr la recuperación del centro histórico de la ciudad, lo que implicala renovación urbana y recuperación de los espacios públicos, la modernización de la infraestructura urbana y para la seguridad ciudadana, con un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos proveniente de recursos federales y estatales.

En el rescate del centro histórico de la ciudad de Igualase tiene como prioridad la restauración delMonumento a la Bandera y la Iglesia de San Francisco, así como la construcción de un túnel en la avenida Bandera Nacional que permitirá que el primer cuadro de la ciudad sea disfrutado por los peatones. Lo anterior implica trabajos para la rehabilitación de las calles del centro histórico de Iguala, así como la instalación de mobiliario y señalamiento urbano.

Con este proyecto de remodelación del centro histórico de la ciudad se tiene como objetivo que los paseantes disfruten de Iguala, conozcan sus atractivos y pasen un tiempo agradable, pero sobre todo, lograr conjuntar un espacio de esparcimiento y difusión de nuestra historia nacional.

Con base en lo anterior, consideramos que realzar el patrimonio histórico a través de la rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Iguala, podrá servir como un activo económico y, al mismo tiempo, lograremos que se siga consolidando como un productor de cultura posibilitando un proyecto de rescate urbanístico y de reivindicación de la cultura que ayude a la apropiación colectiva del patrimonio histórico de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014, se contemplen recursos para la rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Iguala de la Independencia en el Estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de agosto de 2013.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






Del C. Diputado Jorge Terán Juárez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al INFONAVIT a realizar un estudio exhaustivo de la situación de los trabajadores de las secciones 7, 34 y 86 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera. Se turna a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INFONAVIT A REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES DE LAS SECCIONES 7, 34 Y 86 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

“El suscrito, JORGE TERAN JUAREZ, Diputado de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Permanente de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

ElInstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)tiene como visión, coadyuvar al progreso de México siendo la institución que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, ofreciéndole alternativas de financiamiento que satisfagan sus diferentes necesidades de vivienda, impulsando el bienestar y calidad de vida de las comunidades.

De igual manera, de acuerdo a la información que el propio instituto proporciona a sus usuarios tiene como misión, “Contribuir al bienestar integral de los trabajadores al:

• Ofrecer soluciones accesibles de crédito para que resuelvan su necesidad de vivienda en comunidades sustentables y entornos competitivos.

• Pagar rendimientos competitivos a la subcuenta de vivienda.

• Ofrecer información y asesoría sobre su ahorro, crédito y elección de vivienda para que constituyan su patrimonio”.

Bajo el anterior orden de ideas, es que se presenta este punto de Acuerdo, en la idea de efectivar los objetivos del INFONAVIT, logrando congruencia entre éstos y sus acciones, teniendo como premisa fundamental el beneficio de sus derechohabientes, así como la defensa irrestricta de los trabajadores.

En este sentido, es preciso hacer del conocimiento de esta Soberanía, lo siguiente:

1.- Las secciones 7, 34 y 86 del Sindicato de Trabajadores de la Industria azucarera y Similares de la República Mexicana, en los años de 1991 y 1992 realizaron gestiones ante el INFONAVIT para el otorgamiento de créditos a sus agremiados, con la finalidad de brindar a los trabajadores de las plantas productoras de caña de azúcar en el Estado de San Luis Potosí, la oportunidad de adquirir una vivienda digna.

2.- En el mismo año, mediante un documento denominado “CERTIFICADO DE ENTREGA DE VIVIENDA Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO”, que es un contrato de compraventa privado celebrado entre el INFONAVIT y los trabajadores, elaborado por el Departamento de Crédito de la Subdirección Financiera del INFONAVIT, se realizó la entrega de viviendas a trabajadores de ingenios azucareros.

3.- Dentro de dichos certificados de entrega de vivienda se estipularon los derechos y obligaciones del trabajador, las cuales estipulaban conforme a su numeral segundo que: “… Si transcurrido un plazo de 20 años de pagos efectivos, o sea, de 240 pagos mensuales o sus equivalentes, para la amortización del crédito otorgado, existiere todavía algún saldo insoluto a cargo del TRABAJADOR, y siempre y cuando éste se encuentre al corriente de la amortización, el INFONAVIT liberará al TRABAJADOR del pago de dicho saldo. En el supuesto de que el TRABAJADOR, por causas imputables a él, hubiere omitido algún pago para la amortización del crédito, el INFONAVIT lo liberará del pago del saldo, una vez que complete 20 años de pagos efectivos, o sea, 240 pagos mensuales o su equivalente en pagos bimestrales, siempre y cuando haya pagado los intereses moratorios generados por la omisión.”

4.- El documento precitado, era un contrato de crédito que se celebraba entre el INFONAVIT y los trabajadores en el que se estipulaba el pago del mismo a un plazo de 20 años, en salarios mínimos, así como los descuentos que serían de 19% para el caso de los trabajadores que percibieran 1 salario mínimo y del 20% para el resto de trabajadores.

A pesar de lo anterior, el calvario de los miembros del Sindicato comenzó al momento de la firma de escrituras, ya que los trabajadores confiaron en el INFONAVIT, firmando las escrituras que les fueron presentadas sin realizar una revisión detallada de éstas, por lo cual pasó inadvertido para la gran mayoría de ellos, que su Escritura Pública estipulaba que el crédito sería cubierto a 30 años o 360 meses, contraviniendo el contrato original que habían signado.

Hoy, 20 años después de haber solicitado sus créditos, los trabajadores esperan que el INFONAVIT les libere del pago de saldos insolutos, por lo cual acudieron ante las oficinas del Instituto a solicitar información, obteniendo como respuesta que su crédito está registrado a 30 años.

Aunado a la problemática descrita líneas atrás, es de resaltar que los créditos otorgados por el INFONAVIT fueron por montos de 81 millones 570 mil pesos, es decir, 81 mil 570 pesos actuales, a lo que hay que agregar los cambios del valor del salario mínimo, la inflación y la precariedad de la economía popular, así como diferentes elementos relacionados con la pérdida de poder adquisitivo y la crisis económica que propició que muchos de ellos incurrieran en mora.

Ahora bien, con el objeto de precisar la problemática central, es de mencionarse que hoy en día los trabajadores tienen créditos fincados por más de doscientos y hasta cuatrocientos mil pesos, paradójicamente, siendo los trabajadores que están el corriente en sus pagos los que presentan adeudos de más de doscientos mil pesos. Situación alejada de la justicia social, y desde luego, de cualquier lógica institucional que tenga como finalidad contribuir al bienestar de las familias mexicanas, particularmente de aquellas que más lo necesitan.

A lo hasta aquí señalado, es menester agregar que otro problema que se ha presentado y que, de una u otra manera, ha sido el origen de los problemas económicos a los trabajadores de la industria de la caña de azúcar, originando mora y atrasos, es la diferencia de ingresos que existe entre en CICLO DE ZAFRA y el CICLO DE REPARACION, dado que en el primero de ellos los ingresos que perciben los trabajadores son considerablemente mayores, además que un ingenio ocupa a 600 o 700 trabajadores; por el contrario, en el segundo de los ciclos, los ingresos son mínimos y el ingenio ocupa tan solo a 150 trabajadores aproximadamente. Situación que el INFONAVIT no ha observado con la debida atención, puesto que durante el ciclo de zafra aumenta el monto de aportaciones al pago del crédito de vivienda de los trabajadores con lo cual aumentan sus descuentos por concepto del crédito de vivienda, y durante el ciclo de reparación los ingresos disminuyen de manera drástica para quienes logran mantenerse activos laboralmente, pero INFONAVIT mantiene el cobro elevado, generando con esto conflictos económicos para los trabajadores.

La vasta y compleja problemática que ha sido descrita, ha derivado en innumerables y lamentables problemas para estos trabajadores, quienes por ignorancia, exceso de confianza, problemas económicos, marginación y una precaria cultura crediticia, hoy se encuentran ante una difícil encrucijada, que requiere de nuestra sensibilidad y apoyo solidario para ser revertida.

Para ejemplificar, existen casos de trabajadores que han pagado más de doscientos mil pesos al INFONAVIT en el transcurso de los últimos 20 años, mismos que esperaban ser liberados del adeudo contraído con INFONAVIT durante el año pasado conforme a lo estipulado en sus contratos originales, pero que al momento de realizar su solicitud o revisar su saldos, se dan cuenta que adeudan doscientos o cuatrocientos mil pesos y que por confiar plenamente en el Instituto firmaron escrituras públicas que los obligan a pagar su crédito 10 años más.

En suma, son múltiples las situaciones que enfrentan hoy en día quienes adquirieron vivienda por éste medio, desde la pérdida de sus documentos originales que conlleva la negación del INFONAVIT de entregar copias de sus contratos originales, hasta la existencia de trabajadores pensionados que tienen que pagar al INFONAVIT hasta el 40% de los recursos que perciben por concepto de pensión o jubilación y la existencia de convenios de regularización en los cuales se obliga a los trabajadores a aceptar la capitalización de sus intereses moratorios para obtener descuentos a sus montos de pago mensuales ante su incapacidad para cubrir las amortizaciones que tenían anteriormente.

Exponer todos y cada uno de los problemas que han enfrentado estos trabajadores, nos llevaría a presentar un exhorto por cada uno de ellos, por lo que en síntesis es preciso reconocer que el común denominador de los problemas planteados, es la falta de sensibilidad y equidad con la que han sido tratados.

Hoy en día, son más de 172 trabajadores lo que enfrentan el problema del plazo de sus créditos y más de 200 trabajadores tienen problemas con la negación de copias de sus contratos originales y los montos de los pagos a realizar al INFONAVIT entre jubilados, pensionados y desempleados.

Compañeras y compañeros legisladores, es preciso y urgente dar atención a estos ciudadanos, cuyo patrimonio está en juego y junto con él, el trabajo realizado por más de 20 años para ofrecer un techo seguro y digno a sus familias.

De ahí que pido su apoyo solidario para el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que:

1.- Se realice un estudio exhaustivo sobre la situación de los trabajadores de las secciones 7, 34 y 86 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, que adquirieron viviendas a través del INFONAVIT, con el objeto de que reciban un trato justo y equitativo que le permitan poner fin a su problemática relacionada con la adquisición de vivienda.

2.- Se respete el contrato celebrado originalmente con los trabajadores citados en el numeral anterior, en el cual se estipulaba como plazo del crédito 20 años o 240 pagos mensuales.

3.- Se les proporcione copia de los expedientes y contratos originales a los trabajadores antes referidos que así los soliciten.

4.- Se revise la situación particular de cada trabajador y se flexibilicen los trámites para la adecuación de los descuentos y pagos a realizar en el caso de los trabajadores jubilados, pensionados y/o desempleados.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2013.

Atentamente

Dip. Jorge Terán Juárez".

Les informo que la efeméride inscrita en nuestro Orden del Día se insertará en el Diario de los Debates.






EFEMERIDE

Del C. Diputado Gerardo Liceaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del XCIX aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan.

EFEMERIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN

El 13 de agosto de 1914 es una fecha emblemática que marca la conclusión de una etapa importante del segundo gran hito bélico en la historia de nuestro país: la Revolución Mexicana, y con ello, los prolegómenos de una era de estabilidad sobre la que se asientan los cimientos del México moderno.

En esta fecha adquieren formalidad los convenios para la ocupación de la capital del país por parte del ejército constitucionalista y la rendición y disolución del ejército federal, con la firma de las Actas y Tratados de Rendición de la Ciudad de México y Disolución del Ejército Federal, mejor conocidos como Tratados de Teoloyucan.

Para dar cabal realce a la conmemoración de esta fecha,  recordemos la serie de eventos que los preceden.

Tras el anuncio de la caída de Francisco I. Madero y la llegada  al ejecutivo federal del general Victoriano Huerta, en Sonora, el gobernador José María Maytorena pidió licencia, ocupando entonces el cargo de manera interina, por nombramiento del congreso local, el entonces diputado Ignacio L. Pesqueira, quien fue de los primeros en repudiar el golpe de Estado.

En la inminencia de asumir una posición frente a los hechos, Pesqueira procedió a organizar la resistencia y nombró al entonces coronel Álvaro Obregón jefe de la Sección de Guerra y de las fuerzas del Estado.

En el mes de mayo, las fuerzas al mando de Obregón avanzaron con éxito hacia el sur, y como bien relata Pablo Serrano Álvarez1, en la crónica del avance del ejército de Noroeste:

“Para entonces, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, había logrado ser reconocido como el Primer Jefe de las fuerzas que combatían la usurpación y pugnaban por el restablecimiento del orden constitucional. Carranza y la legislatura coahuilense habían desconocido al gobierno de Huerta desde el primer día y para el 26 de marzo de 1913, el mandatario estatal había hecho un llamamiento a las armas a través del Plan de Guadalupe.”

En abril, los gobiernos de Chihuahua y Sonora convinieron en el reconocimiento de Venustiano Carranza como jefe de los ejércitos revolucionarios y en la adhesión al Plan de Guadalupe. En julio, en Monclova, Coahuila, Carranza  expidió un decreto para la organización del ejército en siete cuerpos: del Noroeste, del Noreste, de Oriente, de Occidente, del Centro, del Sur y del Sureste.

Al frente del Cuerpo de Ejército del Noroeste quedaba el gobernador sonorense Pesqueira, aunque en la práctica, quien fungió como líder de las fuerzas rebeldes fue Obregón.

En septiembre Carranza llegó a Hermosillo y ahí, entre otras medidas, nombró a Obregón como como general en jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste, autoridad que fue desconocida por los ejércitos rebeldes de Chihuahua y Durango, mismos que se sujetaron al mando de Francisco Villa, cabeza de la División de Norte.

Gracias a su experiencia y talento militar, Obregón avanzó entonces a la ocupación de Culiacán, dominó Guaymas, siguió por la costa del Pacífico cosechando victorias en Acaponeta y Tepic, luego en Órendain y Guadalajara.

A la par de los obregonistas, el Cuerpo del Ejército del Noreste avanzaba también, al mando del general neoleonés Pablo González Garza, sosteniendo combates en Saltillo y El Topo, en Jiménez, Victoria y Tampico, para luego replegarse hasta Matamoros con el fin de aislar Monterrey.

González Garza llegó a Salinas Victoria el 17 de abril de 1914 y marchó nuevamente sobre Monterrey, ciudad que finalmente logró ocupar el día 24 de ese mismo mes, avanzando entonces hacia San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias del noroeste avanzaban por el Bajío sin encontrar resistencia.

Frente la debilidad de las fuerzas federales, los rebeldes llegaron a controlar el norte del país prácticamente en su totalidad, mientras que los zapatistas morelenses aguardaban en el flanco sur de la capital; Carranza avanzaba desde Coahuila hacia el centro del país.

Ante la contundencia del avance de los ejércitos revolucionarios, Huerta huyó el 15 de julio, junto con el Aureliano Blanquet, general de triste memoria, recordado por haber sido el encargado de aprehender a Madero en la víspera de la Decena Trágica.

Tras la renuncia del golpista, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Sebastián Carvajal, quedó a cargo de la presidencia de manera interina y procedió a nombrar al general José Refugio Velasco, Secretario de Guerra y Marina.

El 13 de agosto, en Teoloyucan, entrada ferroviaria a la Ciudad de México cerca de Tepotzotlán, convergieron los Ejércitos de del Noroeste y del Noreste. Asumida, por parte de las autoridades provisionales, la inminencia de la pérdida de su causa, fracasadas las primeras negociaciones, Carvajal decidió huir también hacia Veracruz, encargando sus responsabilidades políticas a Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal y jefe de la policía.

Bajo esta situación, quedaba allanado el camino para y la entrega de la ciudad de México a las fuerzas constitucionalistas, la evacuación de las fuerzas federales y la disolución de las guarniciones.

El investigador Luis Enrique Moguel2, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, detalla con profusión este pasaje:

“De acuerdo con algunos protagonistas, se calcula que en Teoloyucan habría estacionados unos 25 mil revolucionarios dispuestos a atacar la Ciudad de México, mientras que en ésta, entre 15 mil y 20 mil soldados federales tendrían el encargo de defenderla. Los días pasaban llenos de temor para los capitalinos (…). Asimismo, tanto entre la dirigencia revolucionaria como entre el gobierno civil de la capital reinaba el ánimo de evitar un inútil derramamiento de sangre.

...[el] ingeniero Alfredo Robles Domínguez, veterano de la revolución maderista y a la sazón agente confidencial del constitucionalismo en la Ciudad de México n(…) conferenció con el general José Refugio Velasco, secretario de Guerra y Marina, para convencerlo de la inutilidad de que las fuerzas a su mando hicieran resistencia a la revolución, cuyo triunfo –argumentaba– sólo podría retrasarse, pero no evitarse. Además, esgrimió que tenía en su poder un telegrama dirigido al comandante de las tropas estadunidenses de ocupación en el que se le instruía avanzar sobre México si ocurrían combates que pusieran en peligro las vidas e intereses de sus connacionales. Finalmente, el viejo general reconoció su derrota: ‘Está bien –dijo–. El ejército evacuará la plaza. Puede usted comunicar al general Obregón que irán representantes nuestros a pactar la entrega’.

En seguida, el agente constitucionalista telegrafió al cuartel de Obregón comunicando la noticia. Informó también que para acordar la mejor forma en la que debía efectuarse la entrega, así como ‘para vencer la últimas resistencias morales que se oponían’ a la misma, había invitado a varios miembros del cuerpo diplomático, así como al gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide, a hacer una visita al campamento revolucionario.

Hacia el mediodía del 11 de agosto, llegó al cuartel de Teoloyucan la comitiva integrada por el gobernador capitalino y por los señores Cardoso de Oliveira, ministro de Brasil y encargado de negocios de Estados Unidos; Lionel Carden, ministro de Inglaterra, y por Víctor Ayguesparse, secretario de la Legación de Francia; al frente iba Robles Domínguez, quien fungía como contacto entre ambas partes. No obstante las seguridades que Obregón había ofrecido de que los visitantes serían recibidos con consideración, fue imposible detener la ola de abucheos, vituperios y recriminaciones que la tropa hizo caer sobre Iturbide a su paso hacia el cuartel de mando revolucionario.

Venustiano Carranza, que había ofrecido estar presente en las conferencias, se hallaba aún en camino, de modo que la comitiva resolvió esperar su llegada, la que ocurrió a la medianoche. A pesar de la hora, Carranza conferenció largamente con Cardoso de Oliveira. A la mañana siguiente, el grupo regresó a la capital, donde fue recibido con la noticia de que ese mismo día Carvajal abandonaba la presidencia y salía del país dejando al gobernador capitalino la responsabilidad de entregar la ciudad a los constitucionalistas.

Así, en la mañana del 13, un reducido grupo, ya sin capacidad de negociación, se dirigió a Teoloyucan para firmar los tratados de rendición de la plaza. Esta vez la comitiva estuvo integrada por el general Gustavo A. Salas, el vicealmirante Othón P. Blanco y un par de ayudantes, por parte del ejército federal, y en representación de la autoridad civil, Eduardo Iturbide. Fueron recibidos fuera de las avanzadas de las fuerzas revolucionarias, en el camino entre Cuautitlán y Teoloyucan. Bajo la sombra de un árbol, alrededor de una rústica y pequeña mesa, ocupada por una máquina de escribir, se improvisó la sala de discusión. Tras un nutrido intercambio, fue redactado el primer convenio mediante el cual el ejército se comprometía a desocupar la Ciudad de México y a disolverse. El documento fue signado sobre la salpicadera del automóvil que llevó a la comisión gobiernista hasta Teoloyucan. La aridez de la escena reflejaba con elocuencia la rotunda derrota del ejército porfiriano que había sobrevivido al levantamiento maderista, pero que fue incapaz de reducir este nuevo estallido revolucionario.”

Los tratados constaron de dos partes, una, la que firmaron Eduardo Iturbide y Álvaro Obregón y que versaba sobre asuntos de la ciudad y en la que se convenían las etapas para  la entrada del Ejército constitucionalista y la salida del Ejército federal, con el fin de evitar enfrentamientos. Estableció que los cuerpos de policía se pondrían inmediatamente a las órdenes de las  mismas autoridades y que la entrada sería pacífica y que cualquier disturbio, saqueo o robo sería castigado.

La segunda parte de los tratados, que firmaron Álvaro Obregón y Lucio Blanco, por una parte, y Gustavo Salas  y Othón P. Blanco, por parte de las fuerzas federales, constituyó un acuerdo militar para el desarme y la disolución del Ejército federal.

Se convino que los puestos militares instalados en el sur de la ciudad, a cargo de las fuerzas zapatistas, sólo serían abandonadas por los huertistas hasta que llegaran las fuerzas constitucionalistas, que los jefes quedarían a disposición del Ejército Constitucionalista y se proporcionaría a la tropa recursos para volver a sus casas.

En el entendido de que si bien, los ejércitos revolucionarios bregaron unidos bajo por la causa del restablecimiento del orden constitucional, son de reconocerse también los conflictos al interior de las mismas fuerzas revolucionarias, razón por la que se destacan los acuerdos alcanzados en Teoloyucan.

El reconocido historiador Javier Garciadiego, en su momento, ha destacado la orfebrería política que representan los acuerdos de Teoloyucan, diferenciándolos de los tratados de Ciudad Juárez de mayo de 1911, cuando los porfiristas derrotados avanzaron en la imposición de sus condiciones, tales como la presidencia de León de la Barra.

En 1914, Carranza, “mucho más experimentado, más duro que Madero, no permitió condiciones” episodio tras el cual “terminó el antiguo régimen y comenzó realmente la historia del siglo XX mexicano”3.

Dada la gran importancia de los Tratados de Teoloyucan, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión recuerda estos hechos y homenajea, a través de esta conmemoración, a sus participantes, con un tributo de respeto al municipio mexiquense de Teoloyucan y reconocimiento del valor que tuvieron los hombres y las mujeres que albergaron al ejército constitucionalista en la horas que hemos recordado  a través de ésta efeméride.

Muchas gracias.

Dip. Gerardo Licéaga Arteaga”.

1 Serrano Álvarez, Pablo. “El cuerpo del ejército del Noroeste al mando de Álvaro Obregón”, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Educación Pública. http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-division-del-noroeste-articulo

2 Moguel Aquino, Luis Enrique. “El arte de conjurar la lucha:  los Tratados de Teoloyucan”, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-tratados-teoloyucan-articulo

3 Garciadiego, Javier, “94 años de la firma de los tratados de Teoloyucan”, versión estenográfica de la intervención del doctor Garciadiego en la Efeméride Histórica del 14 de agosto de 2008 transmitida durante el programa Antena Radio matutino, a través de la frecuencia radiofónica 107.9 FM de la cadena IMER.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al Orden del Día de la próxima Sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Se levanta la sesión y se cita a la próxima el miércoles 28 de agosto a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 13:16 horas)

Directorio

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