Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Agosto de 2013

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficio de la Secretaría de Economía, con los informes finales de las evaluaciones de diseño 2013 de los siguientes programas a cargo de esa dependencia:

● U006 Fondo Emprendedor.

● G005 Regulación y modernización del Servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública.

- Oficio de la Secretaría de Economía, con las Evaluaciones de Consistencia y Resultados a los Programas Presupuestarios:

● B002 Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente.

● G003 Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- Oficio con el informe sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo enero-junio de 2013.

- Oficio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de esa Secretaría, con el segundo informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, correspondiente al ejercicio 2013.



COMUNICACIONES

- Del C. Diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1º de agosto de 2013.

● Del C. Diputado Fernando Charleston Hernández, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 7 de agosto de 2013. Se aprueba.

● Del C. Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el informe del avance del Programa de Evaluación y Control de Confianza de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, presentado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 17 de julio de 2013.

● Del C. Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media: "Desafíos para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Internacional en los Países de Renta Media: El Rol de las Redes para la Prosperidad", celebrada del 12 al 14 de junio de 2013, en San José, Costa Rica.

● De la C. Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, celebrada los días 30 y 31 de mayo de 2013, en Guatemala.

● De la C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, con las que remite los informes de sus participaciones en:

● La Primera Sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia.

● La XIII Reunión Interparlamentaria México-España, llevada a cabo los días 17 y 18 de junio de 2013, en Madrid, España.

- De la Primera Comisión, por las que informa que se han desechado las siguientes proposiciones:

● La que exhorta al Secretario de Gobernación a instruir al Instituto Nacional de Migración a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.

● La que exhorta al gobierno del Distrito Federal a investigar y aclarar la desaparición de 12 personas al salir del bar denominado “Heaven’s After”. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.

● La que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo, a la mayor inmediatez posible, la aplicación de los recursos del FONDEN para el municipio de Xalisco, Nayarit, afectado por el desbordamiento del arroyo El Indio. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.

● La que exhorta al Ejecutivo Federal a notificar el numero de registros y de cédulas de identidad expedidas a partir de 1º de octubre de 2012. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.

● De la Tercera Comisión, por las que informa que se han desechado las siguientes proposiciones:

● La que exhorta a informar sobre los resultados del Decreto de Austeridad y Disciplina Presupuestal. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.

● La que exhorta a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato. Intervienen al respecto los CC. Senadores Héctor Larios Córdova y Graciela Ortiz González. Se descarga el asunto de sus registros, se da por concluido y se informa a sus promoventes.





















INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PARRAFO QUINTO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 31, EL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 93, LA FRACCION I Y EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION II, AMBOS DEL ARTICULO 97, EL PARRAFO CUARTO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 176; SE ADICIONA LA FRACCION XXI AL ARTICULO 95; Y SE DEROGA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 97 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, María de los Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez, María del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Sánchez Jiménez y Martha Palafox Gutiérrez)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






















































































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 29 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum, para sesionar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 7 de agosto de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y seis minutos del miércoles treinta y uno de julio de dos mil trece, con una asistencia de treinta y dos legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veinticuatro de julio de dos mil trece.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó de la rectificación de turno a dos iniciativas que presentaron conjuntamente diversos Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en la sesión del pasado miércoles 24 de junio:

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 Constitucional, en materia de propaganda gubernamental.- Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.- Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y del Segundo Maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado, miembros de la Armada de México y distinguidos mexicanos, caídos en el cumplimiento de su deber el pasado 28 de julio.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2013, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía,  así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.- Se remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión, de Cultura y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2013; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, para el segundo trimestre del ejercicio 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, Acta de la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de junio de 2013, en San Salvador, El Salvador.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de la participación de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en una visita de trabajo al Parlamento Europeo, llevada a cabo los días 21 al 23 de mayo de 2013, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, el Informe de su visita, conjuntamente con los Senadores Layda Sansores, Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, a la frontera sur: Tabasco-Guatemala, los días 28 y 29 de mayo de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, oficio en relación con los proyectos de Decreto presentados por diversos Senadores de los grupo parlamentario de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 24 de julio de 2013.- Se remitió a las correspondientes comisiones de la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

La Diputada María de las Nieves García Fernández, a nombre propio y de la Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Luis Alberto Villarreal García y el Senador Francisco Domínguez Servién, presentaron a nombre propio y de legisladores de los grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presentó a nombre propio y de Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

 

 

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presentó a nombre propio y de los Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presentó a nombre propio y de los Diputados Trinidad Morales Vargas, Mario Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTÉS

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos in fine a la fracción i del artículo 2-a de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Alfonso Durazo Montaño presentó a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción I y el párrafo sexto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Sonia Mendoza Díaz, Javier Corral Jurado, María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidaturas independientes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 fracción ii de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 52, fracción iv del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito y de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Silvano Blanco Deaquino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Diputados.

(Comunicación)

Se recibió de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, oficio en relación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Mesa Directiva consultó la dispensa de trámites para las 17 solicitudes de permiso. La Asamblea autorizó la dispensa, se sometió a discusión y votación el proyecto de decreto. Los artículos uno a dieciséis que se refieren a permisos para prestar servicios, fueron aprobados por 30 votos en pro y el artículo diecisiete que se refiere a un permiso para aceptar y usar condecoración, fue aprobado por 29 votos en pro. El decreto se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
eRNESTO CORDERO ARROYO

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.- Fue aprobado en votación nominal por 30 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.- Fue aprobado en votación nominal por 31 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.- Fue aprobado en votación nominal por 25 votos en pro y 4 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar o, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes con relación a las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del Estado que hayan sido denunciadas.

2) Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Durango a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de San Dimas, Durango, por el Partido Movimiento Ciudadano.

3) Que exhorta al gobierno de Oaxaca a intensificar las investigaciones para esclarecer los hechos del deplorable atentado perpetrado en contra de la candidata al congreso del estado, Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus familiares.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal durante 2012 y 2013.

2) Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.

3) Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba a hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos.

4) Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago.

5) Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los convenios de la OIT 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares; 183 sobre la protección de la maternidad y 189 y su recomendación 2001 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

6) Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a incluir en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial un registro diferenciado de la población afromexicana.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintinueve dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita a diversas dependencias información y acciones respecto a la situación del sector de la vivienda en el país.

2) Que exhorta a diversas dependencias a implementar un programa de emergencia para detener la desertificación del territorio nacional y una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal.

3) Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas en la construcción de las reglas de operación para la aplicación del Fondo Metropolitano.

4) Que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas durante el periodo vacacional de verano 2013.

5) Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con los gobiernos de diversos estados, realice las acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales de playas limpias.

6) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar la política de precios de los combustibles para que sea acorde a las necesidades del país y a los objetivos de crecimiento y competitividad.

7) Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia a considerar el inicio de una investigación de oficio respecto a la producción, comercialización y distribución del huevo a nivel nacional y solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar sus labores de vigilancia y verificación a fin de que no haya especulaciones o aumentos desproporcionados en los precios de los productos agropecuarios, en especial del limón mexicano.

8) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar la observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante.

9) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la normatividad y políticas aplicadas al otorgamiento de créditos a estados y municipios.

10) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar, estudiar y resolver sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales han formulado relacionadas con la aerolínea Mexicana de Aviación, con la finalidad de que pueda reiniciar operaciones.

11) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una adecuada coordinación con los secretarios de desarrollo agropecuario y los delegados estatales de la SAGARPA de los estados de Guerrero y Oaxaca para la correcta operación y aplicación de los recursos, en concurrencia de las comisiones estatales de desarrollo de capacidades y extensionismo rural 2013.

12) Que exhorta a la Secretaría de Energía a que, dentro del proyecto nacional de eficiencia energética en alumbrado público municipal, supervise y vigile que las lámparas ahorradoras cumplan con la normatividad y los estándares contemplados.

13) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a garantizar el derecho de toda persona al libre acceso y tránsito en las playas y en la zona federal marítimo terrestre.

14) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a promover el transporte ferroviario como una alternativa rápida, segura y de bajo costo para el transporte de personas y de mercancías.

15) Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la creación del seguro de desempleo dentro de su orden jurídico local.

16) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo.

17) Que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a la Administración General de Aduanas y a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones y medidas tendientes a combatir los delitos contra la propiedad industrial y el contrabando, en especial de las refacciones y accesorios para automóviles.

18) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a acelerar los trabajos del panel de expertos que están revisando la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-02-2008, y se concluyan en un plazo perentorio.

19) Que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones para la protección y conservación de la tortuga caguama (carettacaretta).

20) Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones y medidas para promover las exportaciones de los productores de tequila y carne de cerdo del estado de Jalisco hacia la República Popular de China.

21) Que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, que permitan el desarrollo humano integral de los adultos mayores.

22) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regular las tarifas del servicio de transporte marítimo de pasajeros en las rutas Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, en el caso de que no existan condiciones de competencia.

23) Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria un informe sobre la enajenación de acciones del Grupo Modelo.

24) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones de verificación y vigilancia periódicas en los humedales costeros y zonas de manglares cercanos a rellenos sanitarios o depósitos de residuos sólidos, para evitar su contaminación o la de sus afluentes.

25) Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe sobre la probable afectación ecológica al predio “La Joyita” del municipio de Jalapa, Veracruz.

26) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo las acciones y medidas para la difusión y orientación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012 y a considerar la creación de un programa de autoregulación para las empresas, en particular para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

27) Que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre los alcances de los convenios de coordinación y participación que ha suscrito en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre con los sectores privado, social, del conocimiento y demás agrupaciones de representación.

28) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a continuar cumplimentando la ejecución del gasto para el campo, de acuerdo al calendario presupuestal para el ejercicio fiscal 2013.

29) Que exhorta a las Procuradurías General de la República y General de Justicia del estado de Tabasco a continuar con las indagatorias relacionadas a actos presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos del dicho estado, conforme a los expedientes que obran en diversas causas penales.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que solicitaba información acerca de la creación de la Gendarmería Nacional.- Intervino la Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.- Intervinieron los legisladores: Diputada Adriana González Carrillo del PAN; Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD; y Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la estrategia en torno al monitoreo de información en el ciberespacio y sobre el uso del software Finfisher/Finspy para las instancias de seguridad.- Intervino la Diputada Cristina González Cruz del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada. El dictamen con la modificación fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar y salvaguardar la dignidad y la integridad física y emocional de los mexicanos repatriados, así como a proteger sus derechos humanos en el marco del Programa de Repatriación al Interior de México.- Intervino la Diputada Adriana González Carrillo del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo Federal a partir de la información difundida con relación al programa de vigilancia y espionaje internacional operado por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, instrumenten acciones conjuntas en favor de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, que incluyan la actualización de las bases de datos relativas a migrantes mexicanos radicados en dicho país.- Intervino la Diputada Adriana González Carrillo del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en colaboración con los diferentes órdenes de gobierno de Michoacán, diseñe e instrumente una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en la entidad.- Intervino el Diputado Carlos Reyes Gámiz del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un informe sobre la política alimentaria del país en relación a los productos derivados y que contienen organismos genéticamente modificados.- Intervino el Diputado Ricardo Cantú Garza del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes del gobierno federal a elaborar un análisis sobre la disponibilidad hídrica en el estado de Sonora para determinar la viabilidad de los proyectos actuales que se están llevando a cabo en el estado, en específico, el Acueducto Independencia; así como a generar propuestas que garanticen a esa entidad federativa el agua suficiente para su desarrollo y el equilibrio hídrico regional.- Intervino el Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC, quien presentó propuestas de modificación, la cual fue aceptada. El dictamen con la modificación fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Sonora un informe sobre el estado que guardan las denuncias de los pobladores de Cananea, respecto a la empresa minera Grupo México.- Intervinieron los legisladores: DiputadoErnesto Núñez Aguilar delPVEM, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada; y Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC. El dictamen con la modificación fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTÉS

 

El Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a continuar cumpliendo con las atribuciones a su cargo, en tanto inicia el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Fue considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo para que se lleve a cabo una revisión de la concesión otorgada al operador del Aeropuerto de la ciudad de Chihuahua Grupo Aeroportuario Centro Norte, por las graves afectaciones que recibieron los usuarios debido a la inundación de dicho Aeropuerto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz, Carlos Augusto Morales y Alfa González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos sobre el proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos que serán entregados a los alumnos de educación básica para el periodo 2013-2014.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal información de las razones por las que no se ejecutó una resolución administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le exhorta a dar cumplimiento a dicha resolución, con cargo al propietario y requerir a la Contraloría General del Distrito Federal o a la autoridad pertinente que investigue e imponga las sanciones que corresponda a los servidores públicos que omitieron la ejecución de la misma.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a dictaminar legislaciones contra el maltrato infantil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre la empresa Iberdrola, S.A.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social a generar un protocolo de actuación en materia de seguridad pública en instalaciones que brinden servicios de educación inicial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a las Secretarías de Energía y de Economía a establecer las normas oficiales mexicanas en materia de distribución de combustibles; y sistemas de medición y verificación de las pipas que distribuyen gasolinas y diesel, así como a la Profeco a instrumentar operativos que garanticen que el llenado de las pipas se apegue a las medidas y calidad establecidas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal su intervención para lograr el desbloqueo de las carreteras en el sur del estado de Sonora, garantizando el derecho de los sonorenses a la libre circulación de las personas y de sus mercancías.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública a informar las causas por las que se han constituido empresas filiales de Petróleos Mexicanos de nacionalidad extranjera, en las que no se cuenta con una participación mayoritaria, así como los rendimientos que generan para el Estado Mexicano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a revisar la situación de la empresa Isolux Corsán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Adriana Hernández Íñiguez y Leticia Calderón Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y sus diferentes dependencias públicas, para que en el marco de la conmemoración del "Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo", se sumen el 2 de abril del 2014, a la labor de concientización.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, manteniendo además la tasa especial del impuesto al valor agregado a razón del 11%, con el fin de dar continuidad al impulso de la competitividad económica en dichas regiones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Aleida Alavez Ruiz, Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo Nájera Medina, Lizbeth Rosas Montero, Alfa Eliana González Magallanes y Margarita Elena Tapia Fonllem, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar el asesinato y castigar a los autores materiales e intelectuales del Abogado Herón Sixto López, defensor de los derechos humanos e indígenas del municipio de Santiago Juxtlahuaca del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a reactivar la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Publicidad Exterior.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en materia de protección a los derechos de la niñez, en relación al caso ocurrido en Villahermosa, Tabasco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar los lineamientos de cancelación de la empresa Comunicaciones Nextel de México S.A de C.V, debido al mal servicio brindado y afectación a los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre la situación actual de las demandas interpuestas en Estados Unidos a empresas y ejecutivos vinculados a la compra y comercialización de hidrocarburos robados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mónica García de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a notificar las razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha incluido las vacunas de la hepatitis A y la varicela en el sistema básico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfio Vega de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que los municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, sean incluidos en la zona metropolitana de la Laguna.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma y rescatar sus vestigios arqueológicos, ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jhonatan Jardines Fraire, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar los recursos necesarios para que se revisen los servicios prestados a la ciudadanía por las compañías concesionarias de nombres Axtel, S.A. de C.V. y Telmex S.A. de C.V., en el servicio de banda ancha y línea telefónica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación analice la extinción de permisos de captura en aguas de jurisdicción federal de calamar gigante en el noroeste del país a embarcaciones extranjeras que no cumplan lo dispuesto en los artículos 43 y 63 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Javier Orihuela García y Víctor Reymundo Nájera Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública que detenga los actos de represión administrativa en contra de los trabajadores de la educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfio Vega de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características  físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que el Municipio de San Buenaventura, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea incluido en la zona metropolitana Centro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a intervenir y solucionar el conflicto surgido en la comunidad de Tepoztlán, por la construcción de la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Faustino Félix Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar que el gobierno de Sonora se conduzca en los cauces de la legalidad y apego al derecho respecto de actos relacionados con la presa Plutarco Elías Calles, conocida como "El Novillo".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social a prevenir, sancionar y difundir entre la población el modus operandi de diversas empresas que defraudan mediante la venta de productos cosméticos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfio Vega de la Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que la región de la carbonífera (Sabinas - San Juan de Sabinas) del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria establezcan una mesa de diálogo con las Cooperativas Campesinos Unidos de Hidalgo, a fin de evaluar opciones de apoyo financiero para subsanar en el ejercicio fiscal 2013 la retención del beneficio fiscal sobre diesel para productores del campo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Amalia Dolores García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República información sobre las acciones que se han tomado para la protección de las personas migrantes y la salvaguarda de su vida.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que establezca una política social adecuada, moderna, inclusiva y eficaz para prevenir el consumo de drogas entre la población menor de edad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a que, en el marco de la construcción de la autopista de cuota "Silao-San Miguel de Allende", se atienda la recomendación emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que se salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 asentamientos otomíes, así como las garantías que la ley prevé para el desarrollo armónico de su cultura y tradiciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca informe sobre las investigaciones contra el candidato a la alcaldía de San Agustín Amatengo, Oaxaca, Leninguer Raymundo Carballido Morales, por la presunta comisión de los delitos de violación tumultuaria y falsificación de documentos oficiales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las medidas que han llevado a cabo para regular las casas de empeño.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente y decidir sobre la forma o modalidad en que deseen tener el parto o nacimiento humano, en el marco de las recomendaciones de la OMS.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a informar las medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el programa de verificación vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer las acciones necesarias para llevar a cabo la estrategia nacional de seguridad vial.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, adecuar o dar mantenimiento a las instalaciones del Transporte Colectivo Metro para que toda persona discapacitada pueda hacer uso de este medio de transporte.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 30 de julio, 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la reforma política del Estado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diecisiete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles siete de agosto a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con similares de la Secretaría de Economía, con los que remiten los informes finales de las evaluaciones de diseño 2013, de los siguientes programas a cargo de esa dependencia:

U006 Fondo Emprendedor.

G005 Regulación y modernización del Servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad. Así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública.

Así también, con similares de la Secretaría de Economía, envían las Evaluaciones de Consistencia y resultados a los siguientes Programas Presupuestarios:

B002 Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente.

Y G003 Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor, plasmado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicha información a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió también de la Secretaría de Gobernación, oficio con el informe sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo enero-junio de 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, se recibió oficio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con el segundo informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, correspondientes al ejercicio 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Protección Civil y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE SALUD

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió de la Secretaría de Salud, el informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, enero-junio de 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, el informe de evaluación en materia de diseño del Programa Pensión para Adultos Mayores.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Desarrollo Social y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió una comunicación del Diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2013.

“Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. a 31 de julio del 2013.

Dip. Francisco AgustIn Arroyo Vieyra
Presidente de la Mesa Directiva
De la H. CAmara de Diputados
Presente

En alcance al oficio enviado por un servidor con fecha 3 de julio del presente año en donde con fundamento en el Artículo 6, fracción XVI del Reglamento de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicito licencia para separarme de mi cargo como Diputado Federal del Partido Acción Nacional en la tercera Circunscripción Plurinominal con fecha de inicio del 16 de julio de 2013 y termino al 31 de julio del 2013, le solicito gentilmente se realice el trámite correspondiente ante la Comisión Permanente para que a partir del 1° de agosto del presente asuma nuevamente mi cargo.

Atentamente

Dip. Juan Bueno Torio”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Fernando Charleston Hernández, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 7 de agosto de 2013.

“Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de agosto de 2013

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; artículo 12, numeral 1, fracción II; y artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Federal a partir del 7 de agosto de 2013.

Por tal motivo, solicito y agradezco se realicen los trámites conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, reitero a usted mi más distinguida consideración y envío un cordial saludo

Atentamente

Dip. Fed. Fernando Charleston Hernández”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"UNICO.- Se concede licencia al Diputado Fernando Charleston Hernández, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 7 de agosto de 2013".

En consecuencia, esta a discusión. Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Fernando Charleston Hernández, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 7 de agosto de 2013. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Y esta Comisión Permanente, le desea la mejor de las suertes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron también las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el informe del avance del Programa de Evaluación y Control de Confianza de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, presentado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 17 de julio de 2013.

Una, del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media: “Desafíos para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Internacional en los Países de Renta Media: El Rol de las Redes para la Prosperidad”, celebrada del 12 al 14 de junio de 2013, en San José, Costa Rica.

Una, de la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la Sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, celebrado los días 30 y 31 de mayo de 2013, en Guatemala.

Y dos, de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, con las que remite los informes de sus participaciones en:

La Primera Sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 21 al 25 de enero de 2013, en Estrasburgo, Francia.

Y la XIII Reunión Interparlamentaria México-España, llevada a cabo los días 17 y 18 de junio de 2013, en Madrid, España.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, se recibieron cuatro comunicaciones de la Primera Comisión, por las que informa que se han desechado las siguientes proposiciones.

La que exhorta al Secretario de Gobernación a instruir al Instituto Nacional de Migración a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos.



La que exhorta al gobierno del Distrito Federal a investigar y aclarar la desaparición de doce personas al salir del bar denominado Heaven´s After.



La que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo la aplicación de los recursos del FONDEN para el municipio de Xalisco, Nayarit, afectado por el desbordamiento del arroyo "El Indio".



Igualmente, se recibieron dos comunicaciones de la Tercera Comisión, por las que informa que se han desechado las siguientes proposiciones:

La que exhorta a informar sobre los resultados del Decreto de Austeridad y Disciplina Presupuestal.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los resultados del “Decreto de austeridad y disciplina presupuestal”, suscrita por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 12 de junio de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo relativa a los resultados del "Decreto de austeridad y disciplina presupuestal".

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Robles Montoya señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en diciembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal(APF)”, en el que dispone eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas, áreas de las dependencias y entidades, así como las plazas de mandos medios y superiores que no estén justificadas y se fijó como meta para el ejercicio fiscal 2013, una reducción del 5% en el concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores.

El proponente refiere que la SHCP publicó el 30 de enero de 2013, los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la APF; y con ello propuso una reingeniería del aparato burocrático.

En consecuencia, el proponente considera que hay una incongruencia entre los objetivos y las actuaciones, toda vez que en el primer trimestre de este periodo anual, la APF arrancó con 1 millón 109 mil 958, cantidad que si se compara con el año 2012 se traduce en 9,191 plazas más correspondientes a mandos medios y superiores y un incremento en el gasto de nómina del 0.5%, lo que en términos monetarios significa 238 mil 458 millones de pesos y que representa el 36.5% del gasto total corriente.

Por ello propone el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe sobre el cumplimiento del “DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (APF)”, en especial para que explique lo relacionado a la reducción del 5% del presupuesto aprobado para el “Capítulo 1000 Servicios Personales correspondientes a mandos medios y superiores” y la creación de nuevas plazas de las enunciadas categorías.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparte lo expuesto por el proponente, en el sentido de la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas, sobre el grado de avance o de cumplimiento del Decreto de que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de diciembre de 2012.

Es relevante señalar que el Decreto contiene sendas disposiciones en materia de transparencia y divulgación de información:

“Artículo Vigésimo Sexto.- El monto del ahorro generado por la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, así como su destino, se reportará en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las dependencias y entidades publicarán en sus páginas de Internet las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, el grado de avance en la implementación de las mismas y el importe de los ahorros generados. La información deberá presentarse de forma trimestral y se deberá actualizar dentro del mes siguiente al cierre del trimestre de que se trate.”

De igual manera, los numerales 36 y 37 de Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, refieren lo siguiente:

“36.La información a que se refiere el Artículo Vigésimo Sexto del Decreto, deberá reportarse en los Informes Trimestrales, conforme a los criterios y especificaciones que emita la Secretaría.

37.La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, a través de la página de Transparencia Presupuestaria (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx), y las Dependencias y Entidades a través de sus respectivas páginas de Internet, deberán publicar a más tardar a los 30 días naturales de terminado el trimestre que corresponda, la información mencionada en el numeral anterior.”

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con punto de acuerdo se encuentra cumplimentada por los informes respectivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las dependencias y entidades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el cumplimiento del “DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (APF)”, en especial para que explique lo relacionado a la reducción del 5% del presupuesto aprobado para el “Capítulo 1000 Servicios Personales correspondientes a mandos medios y superiores” y la creación de nuevas plazas de las enunciadas categorías.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 7 de agosto de 2013.

TERCERA COMISION”.

Y la que exhorta a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato, suscrita por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. OBJETO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.

III. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina establece que la industrialización y la explotación laboral dio surgimiento al movimiento asociacionista de los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo, jornadas de trabajo adecuadas y condiciones de laborales y sociales más equitativas, así como a la aparición de los sindicatos como las organizaciones para proteger a los trabajadores ante posibles injusticias.

Que se estima que este noble fin puede viciarse y degenerar no solo por el uso inadecuado de la fuerza gremial, sino también en el beneficio particular de algunos de sus dirigentes en perjuicio de sus pares y de su lugar de trabajo. Considera que en algunos casos esta situación ha devenido en la perpetuidad de sus dirigentes, así como en el mal uso de las cuotas y de los recursos públicos que reciben por diversos conceptos. Problema que implica opacidad, falta de rendición de cuentas, y uso particular de recursos de sus agremiados, y que se agrava aún más cuando tienen conexión con delitos graves como puede ser el lavado de dinero.

Menciona la detención de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, en cuya investigación la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo un papel protagónico. Señala que la UIF encontró entre 2008 y 20012 operaciones financieras por más de dos mil millones de pesos provenientes de dos cuentas registradas a nombre del SNTE. Asimismo que en este lapso, la dirigente declaró al fisco ingresos por un total de un millón 100 mil pesos, lo que contrasta con las operaciones realizadas; y que motivó la denuncia de la UIF a la Procuraduría General de la República (PGR), la detención de la dirigente magisterial, el auto de formal prisión y el inicio de un proceso, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Destaca que los medios de comunicación y la opinión pública han dado cuenta de otros casos en los que se evidencia el modo ostentoso de vida que llevan algunos líderes sindicales y sus familias, lo que contrasta con el modo de vida de sus agremiados, por lo que en aras de la transparencia, la legalidad y los derechos sindicales, debe esclarecerse el origen del patrimonio de los líderes sindicales, y si existe incongruencia entre los ingresos y egresos. Además, considera que el Congreso de la Unión tiene la obligación de dar seguimiento a estos asuntos y velar porque exista total transparencia en los sindicatos y, en caso de la probable comisión de delitos, se investigue y deslinden las responsabilidades consecuentes.

Por ello somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta Soberanía si la Unidad de Inteligencia Financiera analiza, investiga o ha recibido reportes de operaciones financieras, económicas o cualquier información relacionada a actos que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal, sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por parte de Sindicatos regulados en los apartados A) y B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pudieran situarse en dicho supuesto.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para que respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, investigue y, en su caso, persiga la probable comisión de delitos, respecto al aumento inexplicable del patrimonio de algunos líderes sindicales.”

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión conocen que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue creada, mediante decreto publicado el 7 de mayo de 2004, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y de terrorismos y su financiamiento”.

El citado decreto establece en su artículo 15 como competencia de la UIF: a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 (terrorismo nacional y su financiamiento) del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis (operaciones con recursos de procedencia ilícita) del mismo Código; y b) la presentación a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligada a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, así como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a) anterior o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Además, de acuerdo con el artículo 15, inciso c), numeral XIII, reformado el 10 de octubre de 2012, la UIF tiene competencia para: “denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, allegándose los elementos probatorios del caso”.

Respecto del resolutivo primero del punto de Acuerdo esta dictaminadora señala que de acuerdo con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos están obligados a reportar a las autoridades hacendarias aquellas operaciones que pudieran ser de procedencia ilícita.

En las obligaciones de las instituciones de crédito están “establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código”; así como presentar a la SHCP, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis, o todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto

El citado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito también faculta a la SHCP para requerir y recabar, por conducto de la CNBV, a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios de presunta procedencia ilícita, incluso a obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

Asimismo, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito prohíbe a los servidores públicos de la SHCP y de la CNBV, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, a “dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes”.

Por otra parte, de acuerdo con la página de internet de la SHCP www.shcp.gob.mx, las disposiciones de carácter general en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera son aplicables a instituciones de crédito, SOFOLES, SOFOMES,  casas de cambio, centros de cambiarios, transmisores de dinero, entidades de crédito popular, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa,  Afores y Sociedades de Inversión  Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y Uniones de Crédito. Además que la “UIF sirve de enlace entre los sujetos obligados y las autoridades encargadas de aplicar la ley”.

Así, la Unidad de Inteligencia Financiera reporta las operaciones con recursos de procedencia ilícita a la SHCP, y en caso de contar con elementos  denuncia ante la PGR.

De la petición de la promovente para conocer si la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a los sindicatos regulados en los apartados A y B del artículo 123 constitucional, esta Comisión considera que no puede ser atendida, en virtud de que la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117 protege la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que se dan a las instituciones de crédito. Además de que establece los supuestos en que no opera el carácter confidencial como es la solicitud de autoridad judicial,  las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales y a la SHCP para efectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mismo artículo 117 de la Ley de Instituciones Financieras dispone que “los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen”.

En tanto al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es importante señalar lo siguiente:

Que la prevención, detección y combate de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (lavado de dinero) y Terrorismo y su financiamiento previstos en los artículos 139 y 148 Bis del mismo código, dentro del ámbito federal participan, principalmente, tres instancias: La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación a través de Policía Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Procuraduría General de la República es la encargada de la investigación y persecución de los delitos federales.

La Policía Federal, investiga, en materia de prevención, los delitos de lavado de dinero y terrorismo y su financiamiento, mediante técnicas especiales de investigación policial. Asimismo, acompaña a la Procuraduría General de la República con labores de apoyo al Ministerio Público en la investigación de los delitos, como son los de delincuencia organizada, contra la salud y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuva en la prevención y el combate al lavado de dinero y al terrorismo y su financiamiento, mediante la recepción y análisis de operaciones financieras y económicas, así como en la regulación y supervisión de instituciones obligadas a reportar operaciones, las cuales están a cargo de las diversas unidades, tales como: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); las distintas unidades reguladoras del sistema financiero adscritas en la Subsecretaría del Ramo; y los órganos supervisores tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la instancia central nacional encargada de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y terrorismo y su financiamiento.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en términos generales, las funciones de la UIF se circunscriben a lo siguiente:

• Recibir los reportes de operaciones que los sujetos obligados a ello, deben enviar a la SHCP a través del órgano desconcentrado competente de la misma, en los términos y condiciones establecidos en las diversas leyes y disposiciones financieras.

• Analizar las operaciones financieras y económicas.

• Diseminar a las autoridades competentes reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de terrorismo y su financiamiento, así como presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, de ser el caso.

Por lo que las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten, en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al terrorismo previstos en el Código Penal Federal, mediante la recepción, análisis y diseminación de la información contenida en los reportes de operaciones que recibe de los sujetos obligados a ello.

De esta forma, la UIF es una instancia fundamental para el desarrollo de las acciones del Estado Mexicano para combatir la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales, permitiendo así el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica, además de que participa activamente a los esfuerzos de la comunidad internacional en contra de los mencionados ilícitos.

De lo anterior es de advertirse que la UIF carece de atribuciones para la investigación de delitos, pues ello es atribución única y exclusiva del Ministerio Público de la Federación. Esto, en términos de los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen, entre otros, lo siguiente:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
…”

 

“Artículo 102.

A.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

…”

En virtud de lo anterior, corresponderá a la representación social investigar los hechos denunciados y determinar si son o no constitutivos de delito, es decir, investigar la comisión de delitos y determinar la procedencia de ejercer la acción penal de conformidad con los citados preceptos Constitucionales.

De la acuerdo con lo anterior, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se advierte que ésta última no invade las facultades que se le otorgan al Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos que sólo a él le incumbe.

Por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8, numeral V, determina como obligación del servidor público “custodiar y cuidar la documentación e información  que por razón de su empleo, cargo, comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

Asimismo, esta Comisión destaca que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental considera en el artículo 13, numeral V, como información reservada, aquella que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. Y en  el artículo 14, numeral IV, los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.

Con ello, las autoridades están impedidas a dar a conocer de los asuntos que investigan, en tanto, las mismas no hayan causado estado.

Del resolutivo segundo esta dictaminadora considera que si bien el Poder Legislativo debe de velar por la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos no puede exhortar al Procurador General de la República a investigar caso alguno, sin contar con los elementos indiciarios para ello.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 6de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Informo a ustedes que la proposición sobre operaciones con recursos por parte de sindicatos está reservada por el grupo parlamentario del PAN. Por lo que su discusión se abordará cuando lleguemos a ese apartado de dictámenes, las demás comunicaciones se descargarán de los registros, se darán por concluidas y se informará a los promoventes.

Decreto de que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286179&fecha=30/01/2013





 

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el pasado lunes por la noche, de manera lamentable peregrinos que provenían de Celaya, Guanajuato, con la intención de llegar a la Basílica de Guadalupe, sufrieron un accidente de consecuencias lamentables. El reporte de las autoridades al momento señala el fallecimiento de nueve personas y más de treinta heridos.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desea enviar un mensaje de condolencias a los familiares de José Alfredo Pérez Hurtado, Juan Heriberto Pérez Trejo, Marcela Fuentes Olivares, María Concepción Fuentes Olivares, Juan Lucio Vázquez, María Nieves Olivares Arellano, San Juana Patlán Patlán, María del Carmen Ruiz Rodríguez y Serafino Ortega Téllez, quienes lamentablemente perdieran la vida.

Asimismo, a los familiares de los lesionados expresamos nuestros deseos por su pronta recuperación.

Les pido a todos los presentes ponerse de pie para guardar respetuosamente un minuto de silencio por aquellos peregrinos que perdieron su vida en tan lamentable hecho.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 178 de la Ley del Seguro Social y el artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 178 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTICULO 74 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Con la reforma a la Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 1995 y que entró en vigor el 1 de julio de 1997, así como con la promulgación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 1996, inició en nuestro país el proceso de transformación del Sistema de Seguridad Social.

El Sistema de Pensiones Mexicano se transformó en un esquema de cuentas individuales, administrados por empresas Administradoras de Fondos para el Retiro, las que conocemos como AFORES, que se caracterizan por invertir los ahorros de los trabajadores en mercados financieros seguros y de alto rendimiento a través de entidades denominadas Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro, las conocidas como SIEFORES.

Estos cambios, sin duda alguna, fueron sustantivos para permitir que el Sistema de Pensiones fuese sostenible financieramente a largo plazo y para que se atendieran también lo que es un principio elemental, que es la necesidad de un retiro digno de nuestros trabajadores.

Este será, por supuesto, un noble objetivo si consideramos que cuando un trabajador concluye su vida productiva, cuente con los recursos suficientes de subsistencia por el resto de su vida y recursos que fueron acumulados por los aportes periódicos que hicieron trabajador, patrón y el propio Estado mexicano.

El Sistema de Pensiones Mexicano, es uno de los más estables y rentables de América Latina, actualmente por sí sólo acumula recursos equivalentes al 13 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y alberga a más de 49.5 millones de trabajadores con un rendimiento promedio anual del 12.73 por ciento.

Si bien es cierto que las Afores tienen rendimientos altos y aceptables, es necesario incrementar su porcentaje para elevar la calidad de vida de los mexicanos en su retiro.

Hoy, desafortunadamente, no tenemos un marco jurídico que establezca las condiciones necesarias para alcanzar estos objetivos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en nuestro país la competencia es limitada, lo que afecta directamente el rendimiento de los pensionados y peor aún, resta calidad en los servicios y los trámites de las pensiones.

Para ello quisiera dar algunas cifras que son, me parece, contundentes.

Tres instituciones que manejan las Afores concentran el 63 por ciento de las casi 49.5 millones de cuentas que existen en el país. Para evidenciar que el sector está muy concentrado y existe poca movilidad entre los trabajadores, se puede mencionar que durante el primer semestre de 2013, únicamente se validaron 394 mil 28 traspasos entre las Afores, lo que representa apenas el 0.8 por ciento de las cuentas.

Por desgracia la actual legislación limita a la competencia entre las Afores y el derecho a la libre elección. Debido a ello el trabajador sólo puede cambiar de empresa una vez al año y solamente en algunos casos especificados en la ley.

Esta medida que en su momento fue para evitar el traspaso indebido de cuentas entre Afores y para consolidar el propio sistema con las nuevas tecnologías, el flujo de la información y el fortalecimiento de derechos de los usuarios de los servicios financieros ha quedado, sin duda alguna, rebasada.

Por esa razón es que vengo a esta tribuna a proponer cambios al artículo 178 de la Ley del Seguro Social y 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con la finalidad de eliminar todas aquellas disposiciones que impiden a los trabajadores ejercer su legítimo derecho de solicitar en cualquier momento su traspaso de un Afore a otra.

Yo estoy convencida de que estas reformas adicionalmente, y este, tal vez sea uno de los elementos más positivos, va a fomentar la competencia y la competitividad de las afores, fortaleciendo con ello el sistema en beneficio de los trabajadores que, sin duda alguna, merecen alcanzar mejores niveles de calidad en el servicio y por encima de todo mejor rendimiento en sus cuentas.

Por la atención de todas las compañeras y compañeros, que es evidente, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe, Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 178 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para promover la competencia en las AFORES, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En julio pasado se cumplieron 16 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro basado en cuentas individuales para los trabajadores, estos cambios fueron sustanciales para permitir que el Sistema de pensiones fuera sostenible financieramente a largo plazo y se atendieran los cambios demográficos del país. Esto con la intención de que cuando un trabajador concluya su vida productiva, éste pueda contar con los recursos suficientes de subsistencia por el resto de su vida. Entre los logros que se destacan del Sistema es que actualmente acumula recursos equivalentes al 13% del PIB nacional, hay más de 49 millones de trabajadores en el Sistema, y el rendimiento histórico del Sistema alcanzó el 12.73% nominal anual promedio y el 6.22% real anual promedio.

Para el Sistema es esencial que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) logren que los recursos de los trabajadores alcancen los mayores rendimientos posibles, como un aspecto fundamental para elevar la calidad de vida de los trabajadores en su jubilación. Esta situación hace por demás necesario que el Poder Legislativo establezca las condiciones suficientes y necesarias para que las AFORES procuren los mejores rendimientos y, no solo eso, sino también la calidad en la atención a los trabajadores.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR),tiene las funciones de coordinar, regular, supervisar y vigilar los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Ahora, como parte de sus tareas, ha venido impulsando una mayor competencia entre las AFORES. En junio pasado, la CONSAR presentó el Comparativo de AFORES en Servicios (CAS), mediante este indicador los trabajadores podrán comparar a las Administradoras en cuanto a los servicios y la operación de los trámites.1 Este instrumento se suma al Comparativo que también presenta la CONSAR respecto a los rendimientos que ofrece cada AFORE a los trabajadores, de acuerdo con su edad y fondo, y sobre las comisiones que cobran. De esta manera, se está promoviendo mayor competencia a través de información sustancial para que los trabajadores se registren en la AFORE que más les satisface en aspectos de calidad en el servicio y los rendimientos ofrecidos.

Pese a lo anterior, la legislación limita la competencia entre las AFORES, ya que la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro refieren que el trabajador solo se podrá cambiar de AFORE una vez al año, y esto lo podrá hacer antes solo en algunos casos especificados en la Ley. Esta medida, en su momento, fue para evitar el traspaso indebido de cuentas entre AFORES y para consolidar el Sistema, pero ahora con la regulación del sistema, las nuevas tecnologías y el flujo de información, hacen que esta disposición haya quedado rebasada.

Es importante reconocer que existen aún áreas de oportunidad en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pero que un primer paso es promover y mejorar aún más la competencia del sector. Datos de la CONSAR señalan que a junio de 2013, existían 49 millones 491mil 013 cuentas que administran las AFORES, donde solo tres concentran el 63.4% de las cuentas,2y en ese mismo período apenas se llevaron a cabo 394 mil 028 traspasos entre las AFORES,3 esto representa solo el 0.8% de las cuentas. Esto es una muestra que el sector está muy concentrado y que existe poca movilidad entre los trabajadores.

Por lo anterior, y con el ánimo de inyectarle más competencia a las AFORES, en beneficio de los trabajadores, se propone establecer en la Ley que los trabajadores, en todo momento, podrán solicitar el traspaso de una AFORE a otra, precisamente para que busquen la mejor atención posible y los más altos rendimientos. Esta medida, promoverá al menos tres hechos;

1) Se profesionalice la atención a los trabajadores,

2) Busquen mejores opciones de inversión que redunden en mejores rendimientos, y

3) Menores comisiones por el manejo de las cuentas.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que estas reformas fomentarán la competencia y la competitividad de las AFORES, que propiciarán fortalecer más el Sistema, en beneficio de los trabajadores, alcanzando mejores niveles de calidad en el servicio y mejores rendimientos de las cuentas.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 178 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para promover la competencia en las AFORES.

Artículo Primero. Se Reforma el Artículo 178 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 178. El trabajador podrá, una vez en un año calendario contado a partir de la última ocasión que se ejercite este derecho, solicitar, en todo momento, directamente a la Administradora de Fondos para el Retiro el traspaso de los recursos de su cuenta individual a otra Administradora.

Artículo Segundo. Se Reforma el artículo 74, párrafo séptimo, y se Derogan del artículo 74, los párrafos octavo, noveno y décimo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 74.

Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra en todo momento. a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor Rendimiento Neto, en el período de cálculo inmediato anterior. La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber entre los Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una administradora a otra.

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una administradora a otra que haya registrado un Rendimiento Neto mayor, deberán permanecer al menos doce meses en la última administradora elegida.

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Comisión, atendiendo a las circunstancias del mercado, la competencia entre administradoras y otros factores que permitan propiciar las mejores condiciones de competitividad en beneficio de los trabajadores, podrá establecer un plazo menor al del año para que éstos ejerzan su derecho al traspaso.

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione con otra administradora. En el caso de fusión entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberá llevar a cabo las acciones y medidas para promover la competencia entre las Administradoras, derivado de las disposiciones del presente Decreto.

Atentamente

Sen. Graciela Ortiz González”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, Senadora Ortiz González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Tiene ahora la palabra el Diputado José González Morfín, para presentar a nombre del Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, las siguientes iniciativas con proyectos de Decreto.

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en materia de reelección de servidores públicos; y otro también de reformas constitucionales sobre segunda vuelta electoral.

1CONSAR presenta el nuevo Comparativo de AFOREs en Servicios.

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/boletines/2013/BP_13_2013.pdf

2CONSAR. Cuentas Administradas por las Afores.http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=5

3 CONSAR. Traspasos Afore – Afore.http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=16





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Diputado José González Morfín, a nombre del C. Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Diputado José González Morfín: Con su permiso, señor Presidente, y con la misma atención que le pusieron a nuestra compañera Senadora vengo a presentar, en los cinco minutos que me corresponden, estas dos iniciativas que considero verdaderamente relevantes.

A nombre del Diputado Luis Alberto Villarreal, Coordinador del grupo parlamentario del PAN, y de los demás integrantes de nuestro grupo parlamentario, presento a ustedes, en primer lugar, una iniciativa que tiene por objeto autorizar la elección consecutiva de legisladores y de alcaldes.

El tema de la elección consecutiva de legisladores es un tema recurrente entre las propuestas de Acción Nacional. Bastaría solamente decir que ya en los años 70’s cuando Christlieb Ibarrola era Coordinador de la bancada del PAN fue aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados con dos terceras partes de los votos, y en aquel entonces el Senado de la República la rechazó.

En la anterior legislatura, la LXII, dos veces el Senado de la República logró construir una mayoría calificada para aprobar la elección consecutiva de legisladores, las mismas dos veces que la Cámara de Diputados la echó para atrás. Hoy venimos a presentar esta iniciativa conscientes de que ya solamente dos países en el mundo, México y Costa Rica, no permiten la elección consecutiva de legisladores.

Hay muchas constituciones que ni siquiera contemplan el tema, que lo dan por descontado, pensando que es un derecho de los ciudadanos, y no de los legisladores la reelección, que finalmente son los ciudadanos los que deben de decidir si un legislador hizo bien o mal las cosas o si merece o no merece ser reelecto para el mismo cargo.

Solamente dos países en el mundo, Costa Rica y México, no permiten la elección consecutiva de legisladores, creo que algo tenemos que hacer en nuestro país, algo está pasando, algo no está bien en nuestra Constitución y en nuestras leyes.

Bastaría decir que de hecho la Constitución del '17, no contemplaba la prohibición de la elección de legisladores, que es un asunto que llega 20 años después cuando se trataba de maximizar la figura Presidencial. Entonces creo que es un buen momento para que volvamos a retomar este tema, ya alguna vez la aprobaron los Diputados y no el Senado, la legislatura pasada la aprobamos dos veces en el Senado y los Diputados no lo quisieron así.

Creo que es la oportunidad que nos pongamos de acuerdo las dos Cámaras para sacar adelante este importantísimo tema. Creo que lograríamos mayor profesionalización del trabajo legislativo, mayor rendición de cuentas y dejar en manos de los electores el derecho de decidir quién debe permanecer más de tres o más de seis años en un cargo de elección popular legislativo.

Y en el caso de los alcaldes, pues quitar esa prohibición extrema, creo yo, que existe en nuestra Constitución, que no permite ni siquiera que un regidor en funciones pueda aspirar a ser electo alcalde en el siguiente trienio. Me parece que esto es absolutamente obsoleto y que tenemos que hacer algo para modificarlo.

El otro tema, compañeras y compañeros legisladores, es el que tiene que ver con la segunda vuelta. El PAN lo ha hecho desde siempre, impulsar, proponer reformas que tienen como fin el desarrollo democrático de nuestro país.

En esa tradición se inscribe la iniciativa que hoy presentamos, precisamente la figura de la segunda vuelta electoral tiene como objetivo que ante elecciones cerradas y disputadas que comúnmente se dan en democracias modernas y competitivas, como la nuestra, exista una institución que asegure que la votación emitida a favor de un candidato sea lo suficientemente representativa no sólo para obtener un triunfo electoral a través de una mayoría, sino también para asegurar legitimidad, estabilidad y gobernabilidad del cargo público que va a desempeñar.

La segunda vuelta favorece posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano, las posturas más radicales que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus posiciones al punto del espacio político en donde se encuentra, creo yo, la mayoría de la población.

Otra ventaja de la segunda vuelta es que evita campañas que tiendan a la polarización, los diferentes candidatos evitarán descalificarse a fin de no alinear a los seguidores que eventualmente puedan votar por ellos en la segunda vuelta. Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta que deberán traducirse en acuerdos estables de gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el legislativo.

Amigas y amigos, hoy en día la segunda vuelta está presente en la inmensa mayoría de las naciones que, como México, tienen un régimen presidencial y, solamente doy el dato. De un total de 109 países en los que el Jefe de Estado se elige por votación directa en 86 de ellos existe la posibilidad de la segunda vuelta con diferentes variables, con diferentes requisitos y diferentes porcentajes.

Me parece, compañeras y compañeros legisladores, que ha llegado el momento para que en una reforma política estructural de fondo llevemos a nuestra Carta Magna la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Estoy absolutamente seguro que esto es lo que le conviene a nuestra democracia.

Muchas gracias.

Iniciativas

“El que suscribe, Luis Alberto Villareal García con el carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reelección de servidores públicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objeto de este proyecto legislativo es permitir la elección consecutiva de los siguientes cargos de elección popular:

1. Legisladores federales (Diputados y Senadores);

2. Legisladores locales;

3. Miembros de los ayuntamientos (presidente municipal, síndicos y regidores) y jefes delegacionales, imponiendo un límite máximo de doce años consecutivos en el ejercicio del cargo, con excepción de presidentes municipales, síndicos y regidores cuyo término máximo se establece en nueve años consecutivos en el ejercicio del cargo, quedando a la potestad de las legislaturas de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa la posibilidad de acotar dicho plazo máximo.

Esta propuesta de elección consecutiva de un cargo público acotada a un plazo busca otorgar más poder al ciudadano, a fin de que pueda tener el derecho de juzgar y decidir si sus representantes merecen o no continuar ejerciendo su función.

Asimismo, los ciudadanos que ejerzan como servidores públicos tendrán la posibilidad de concretar en el mediano y largo plazo las acciones legislativas y de gobierno que se hayan planteado, además de que podrán profesionalizarse para desempeñar mejor su función.

Es necesario expresar que en Acción Nacional no negamos que la existencia de una estancia prolongada en el ejercicio del poder tiende a corromper y a desviar del bien común a los ciudadanos que ocupan un cargo público que se debe perseguir, conscientes de ello, no proponemos una reelección automática e indefinida, sino constreñida a lo siguiente:

1.- A un plazo máximo de 9 y 12 años, según el encargo.

2.- En el ámbito de las entidades federativas y del Distrito Federal, sus órganos legislativos podrán acotar todavía más el plazo anterior, lo que favorece la autonomía de los Estados dentro del pacto federal.

3.- La elección consecutiva estará sujeta a una nueva elección bajo el presupuesto de que la democracia moderna en México ya se delinea un sistema electoral fuerte y confiable.

4.- Los ciudadanos podrán premiar o castigar con el voto a los servidores públicos, y lo más importante, podrán incentivar que haya una correcta actuación en el servicio público.

5.- Asimismo, la reelección o elección consecutiva que se propone estaría enmarcada en un marco de mayor transparencia pública y favorecería la rendición de cuentas de los servidores públicos, como un aliciente positivo para conseguir el voto en razón de su desempeño.

De tal manera, la propuesta de iniciativa de reforma constitucional se enmarca y contiene los equilibrios funcionales necesarios que tienen por objeto evitar ante todo la corrupción en el ejercicio de cargos públicos, así como cualquier actividad fraudulenta que tenga como fin perpetuarse en el ejercicio de un cargo público.

Por otra parte, es importante destacar que la constante renovación de los cargos públicos, si bien, permite reorganizar las acciones de gobierno para que haya nuevas voces en los Congresos o en los Ayuntamientos, y que ante todo no haya un dictado único y totalitario, lo cierto es que la renovación periódica puede tener un efecto negativo en la uniformidad y regularidad de las políticas y servicios públicos, por la existencia de un constante aprendizaje de los nuevos ciudadanos que ejercen un cargo, o bien la implementación de una visión de gobierno diametralmente distinta que lleva a la ingobernabilidad y falta de claridad.

En el mismo sentido, la imposibilidad de la elección consecutiva entraña costos en la relación de gobierno y ciudadanos, ya que la dinámica de la actuación pública se basa en la constante y fluida comunicación entre quien gobierna y los gobernados, misma que se ve truncada ante los cambios en los periodos de gobierno.

Otro argumento que refuerza la elección consecutiva, trátese de diputados, senadores, legisladores locales o de los miembros de los ayuntamientos, es lograr ciudadanos que estén ampliamente profesionalizados en la consecución de tareas públicas, y que además cuenten con la experiencia necesaria para realizar con el mayor atino sus labores.

De igual manera, al prohibir la reelección se evita que el electorado premie un buen desempeño público, efectivamente, si un ciudadano al ejercer como diputado o como presidente municipal realizó un correcto servicio, muy seguramente la mayoría de los ciudadanos estarán convencidos de que su permanencia, por consiguiente su reelección es benéfica para la colectividad.

Del mismo modo, en el ámbito legislativo al permitirse la elección consecutiva se aumenta la posibilidad de crear acuerdos al interior de los parlamentos, crear vínculos más duraderos y con mayores puntos de contacto entre los representantes populares por negociaciones políticas previas, lo que puede ayudar a superar las divisiones partidistas en la discusión de los temas.

En las democracias modernas se permite la reelección, México es de los pocos países que la prohíben. La proclama revolucionaria original de “Sufragio Efectivo, No Reelección” iba dirigida al Presidente de la República, no a los demás cargos de elección popular.

A continuación se citan textualmente las ventajas que señala el politólogo DIETER NOHLEN1 en un esquema de reelección legislativa:

En primer lugar, la reelección fomenta la constitución de una élite parlamentaria experta que puede ser funcional desde una perspectiva de eficiencia y efectividad, contribuyendo en definitiva a la calidad de la política. La promoción de la experiencia no es sólo de carácter individual sino también institucional, la cual se pierde al cambiarse la composición del Parlamento por completo con cada elección. Segundo, la no reelección priva al elector de votar o de ser elegido libremente, sin que haya razones democráticas que puedan legitimarlo. Tercero, la reelección crea las condiciones para que el elector encuentre su representante con el cual experimenta una relación de confianza crítica. En tiempos que se caracterizan por desconfianza interpersonal e institucional, no es lógico que al ciudadano que ha encontrado una persona en quien confiar no se le dé la posibilidad de reelegirlo. Cuarto, con la no reelección se puede agravar el problema de la adecuación de los parlamentarios a las necesidades de un presidencialismo renovado, del desarrollo de relaciones flexibles del presidente con el Parlamento que faciliten la gobernabilidad. Y quinto, la no reelección restringe la capacidad del electorado de enjuiciar -positiva o negativamente- a los representantes. En términos generales, mediante la no reelección se garantiza la alternancia personal en el mandato, sin que ésta tenga algún efecto de control sobre su ejercicio. En la teoría democrática se le atribuye tal efecto de control a las elecciones en caso de que el diputado en ejercicio se vuelva a presentar como candidato.

Por otra parte, es necesario mencionar que la gran mayoría de los anteriores argumentos han sido compartidos y presentados como iniciativas por legisladores de todos los partidos políticos, por lo que debe dejar de ser un tema tabú o simple bandera política y darle realidad política al mismo.

Punto medular de esta propuesta, es dejar claro que en Acción Nacional no estamos a favor de la reelección del Ejecutivo Federal por un periodo de 6 años más, y que por tanto, desterramos totalmente tal posibilidad, por lo que ésta propuesta de ningún modo podría dar lugar a la reelección del Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLITICA, PARA PERMITIR LA ELECCION CONSECUTIVA DE LEGISLADORES FEDERALES, LEGISLADORES LOCALES, MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JEFES DELEGACIONALES.

UNICO. Se reforman el párrafo primero y segundo del artículo 59,el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 adicionando un tercer párrafo recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto para pasar a ser cuarto, quinto y sexto párrafos, el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116,la fracción I de la Base Primera del apartado C adicionando un segundo párrafo, recorriéndolos en su orden del artículo 122 y el párrafo tercero de la fracción II de la Base Tercera del apartado C del artículo 122; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO 59.

Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, podrán ser reelectos hasta por un período máximo de doce años consecutivos.

Los Senadores y Diputados suplentes no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de propietarios, siempre que hubieren conservado ese carácter por un periodo consecutivo de doce años para los Senadores y más de seis para los Diputados; los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

ARTICULO 115.

I.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos serán electos por un periodo de tres años, y podrán ser reelectos consecutivamente hasta por dos periodos, en ningún caso podrán exceder los nueve años consecutivos en el encargo.

Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, serán considerados como electos popularmente por elección directa desde el momento en que inicie el período para el cual fueron electos, nombrados o designados para efectos de los plazos a que alude el segundo párrafo de esta fracción. Los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios y hayan sido reelectos hasta por el período de nueve años, no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de suplentes. En el caso de los suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente como propietarios, con excepción de que hubieren permanecido con ese carácter por el referido período, en ese caso no podrán ser electos salvo que medie un periodo sin que hayan desempeñando los cargos correspondientes.

II. a VIII.

ARTICULO 116.

I.

II.

Los diputados de las legislaturas de los Estados podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de doce años consecutivos en el encargo.

III. a VII.

ARTICULO 122.

A.alB. ...

C. …

BASE PRIMERA.

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán electos por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

Los Diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de doce años consecutivos en el encargo.

II. alV.

BASE SEGUNDA.

BASE TERCERA.

I.

II.

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley y podrán ser reelectos, hasta por dos periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de nueve años consecutivos en el encargo.

BASE CUARTA aBASE QUINTA.

D.a H. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero no será aplicable para los funcionarios que actualmente se encuentren en los encargos señalados y esta será aplicable a partir de la renovación inmediata siguiente.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto.

TERCERO. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán su legislación en lo previsto en el presente Decreto en un plazo máximo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto.

Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Luis Alberto Villareal García”.

1 NOHLEN, Dieter. La reelección. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina / comps. Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco, José Thompson. -2ª ed.-México : FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Págs. 292 y 293.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por el C. Diputado José González Morfín, a nombre del C. Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Luis Alberto Villareal García, con el carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II y72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con proyecto Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El fin que persigue esta iniciativa es incorporar la segunda vuelta en la elección del Presidente de la República y de los Gobernadores de las entidades federativas.

Desde su fundación, el Partido Acción Nacional se ha caracterizado por impulsar reformas que impulsen el desarrollo democrático de la Nación. Frente a un régimen autoritario y frente a los que propugnaban una ruptura violenta con aquél, el PAN propuso la reforma gradual y paulatina de las instituciones a fin de poder arribar a una democracia participativa que colocara en el centro al ciudadano.

En esta tradición se inscribe la iniciativa que hoy se presenta. Precisamente, la figura de la segunda vuelta electoral tiene como objetivo que ante elecciones cerradas y disputadas, que comúnmente se dan en democracias modernas y competitivas, exista una institución que asegure que la votación emitida a favor de un candidato sea lo suficientemente “representativa” no sólo para obtener un triunfo electoral a través de una mayoría, sino también para asegurar legitimidady estabilidad al encargo público que va a desempeñar.

La segunda vuelta garantiza que quien resulte electo no sea un "perdedor Condorcet", término que en la ciencia política designa a la alternativa que perdería con todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un enfrentamiento uno a uno pero que, en cambio, eun una elección múltiple puede resultar vencedora. De esta forma, con la segunda vuelta se protege de mejor forma la preferencia real de los electores.

Al no existir un esquema de segunda vuelta, se incentiva que el elector haga un voto estratégico a fin de maximizar la utilidad de su sufragio, pero no necesariamente esto implica votar por su opción preferida. En cambio, al existir segunda vuelta, el elector puede votar en primera instancia por su mejor opción (voto ideológico) y después por su segunda preferencia (voto práctico).

Por otro lado, la segunda vuelta favorece posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus posiciones al punto del espacio político en donde se encuentra la mayoría de la población.

Otra ventaja de la segunda vuelta es que evita campañas que tiendan a la polarización. Los diferentes candidatos evitarán descalificarse a fin de no alienar a los seguidores que eventualmente puedan votar por ellos en la segunda vuelta.

Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta que deberán traducirse en acuerdos estables de gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el Legislativo.

Hoy en día la segunda vuelta está presente en la inmensa mayoría de las naciones que, como México, tienen un régimen presidencial. De un total de 109 países en los que el Jefe de Estado se elige por votación directa, en 86 existe la posibilidad de la segunda vuelta (con variaciones en requisitos y porcentajes).

En el caso particular de nuestro país, vemos que el sistema de partidos ha tendido al tripartidismo. Los resultados de las últimas cuatro elecciones presidenciales en México han sido los siguientes:

 

PAN (con PVEM en 2000)

PRI (con PVEM en 2006 y 2012)

PRD (con PT y MC en 2000, 2006 y 2012)

1994

25.92

48.69

16.59

2000

42.52

36.11

16.64

2006

35.89

22.26

35.31

2012

25.39

38.21

31.61

Estas cifras nos muestran que en ningún caso, desde que la política mexicana ha migrado a un esquema más democrático y competitivo, el ejecutivo federal electo ha contado con el apoyo mayoritario del electorado. Si hiciéramos un análisis estado por estado, veríamos una situación muy similar en la gran mayoría de ellos.

Ahora bien, expuestos los fines y el contexto de realidad pasamos a describir la propuesta de iniciativa a fin de enumerar sus ventajas y consideraciones.

Entendiendo el costo y posible desgaste político y ciudadano que pudiese generar una segunda vuelta en la elección presidencial y de gobernadores, este proyecto propone que se realice una segunda vuelta solamente en el caso de que el ganador no obtenga en la primera vuelta una votación de 40% o más de la votación y una diferencia de por lo menos 10% con respecto al segundo lugar.

Se reitera que tal formula tiene por objeto salvaguardar la primera expresión de voto y estimando que el 40% (cuarenta por ciento) refleja una suficiente mayoría para que el candidato obtenga el cargo de Presidente, y más si se trata de un sistema multipartidista donde la votación se puede dispersar entre diversas fuerzas políticas, sin que ninguna alcance con claridad una mayoría absoluta del 51%. Asimismo, 10% de diferencia con el segundo lugar, habiendo obtenido por lo menos el 40% de la votación, ya implica una decisión electoral muy clara por parte de la población.

En seguimiento de la proposición, la segunda vuelta se realizará entre los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas sin la posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso de muerte o incapacidad, esta elección deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes al día de la primera elección, decidiéndose por mayoría absoluta.

Otra característica de esta propuesta, es la libertad electoral ya que se propone que los candidatos que ya no participen en la segunda vuelta puedan apoyar libremente a cualquiera de los candidatos de la segunda elección con el objeto de formar o construir alianzas con toda la claridad y transparencia desde el texto constitucional.

En tal tesitura, así como por la situación histórica y actual de México, Acción Nacional ha decidido impulsar que se incluya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la institución de la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente y de los Gobernadores de las entidades federativas, que permita seguir construyendo una Nación donde el consenso sobre el bien común se construya por todas las fuerzas políticas.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE ESTABLECE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PARA LA ELECCION DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

UNICO.-Se reforman la fracción III, Apartado A. inciso a) y el primer párrafo, fracción V, Apartado D. del artículo 41,y el primer párrafo del artículo 81. Se adicionan, un segundo párrafo y las fracciones del I al IV del artículo 81 y un tercer párrafo de la fracción I del artículo 116, recorriendo los consecutivos en su orden. Todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

ARTICULO 41.

Apartado A.

a)A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedaran a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, este mismo tiempo de transmisión continuará en caso de una segunda vuelta electoral para los dos candidatos finalistas, hasta el día de la segunda jornada electoral, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

Apartado D.

IV.

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, quien está facultado de forma exclusiva para la organización de las elecciones en primera y segunda vuelta, y no podrá ser sustituido en esta función, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

ARTICULO 81.

La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

Será electo Presidente el candidato que:

a) en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos.

b) en la primera vuelta obtenga al menos el 40% de los votos emitidos y una diferencia de al menos 10% de los votos emitidos respecto al segundo lugar.

En caso de que ninguno de los candidatos cumpla con alguna de las dos condiciones anteriores se procederá a realizar una segunda vuelta electoral.

La segunda vuelta se realizará con base en lo siguiente:

I. Se realizará entre los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas sin la posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso de muerte o de incapacidad declarada por la autoridad competente y únicamente para los candidatos postulados por un partido político nacional;

II. La elección se realizará el segundo domingo de agosto, siguiente a la primera jornada electoral;

III. El ganador de la elección será aquel candidato que obtenga la mayoría de votos; y

IV. La ley garantizará que los candidatos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar sus campañas a la segunda vuelta electoral, una vez hecha la declaratoria pública por el Consejo General del Instituto Federal Electoral de los dos candidatos finalistas, con apego a lo dispuesto por el artículo 99 y una vez resueltos los recursos que en su caso se presenten en la primera vuelta de la elección.

ARTICULO 116.

I.

En caso de que ninguno de los candidatos a gobernador obtenga más de la mitad de los votos emitidos en primera vuelta o al menos el 40% y una diferencia de al menos 10% respecto al segundo lugar, se procederá a realizar una segunda vuelta electoral, entre quienes hayan obtenido el primer y segundo lugar, en cuyo caso será electo aquel candidato con la mayor votación. Para el caso de segunda vuelta se estará a lo establecido en el artículo 81 fracciones I al IV.

a)

b)

II al VII

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Luis Alberto Villareal García

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado González Morfín. Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del Senador Luis Sánchez Jiménez y de Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BANCA DE DESARROLLO

(Presentada por la C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna, a nombre del C. Senador Luis Sánchez Jiménez y de los CC. Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Presento a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa de Ley Federal del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo.

Resulta inevitable el que la Banca de Desarrollo en México redefina sus estructuras, instrumentos y estrategias con una visión de financiamiento al desarrollo de largo plazo, aplicando una estrategia mixta, siendo una banca de segundo y de primer piso para el financiamiento de la descentralización productiva mediante la cual se pueden atacar, directamente, los problemas de inclusión social, pobreza, distribución, desigual del ingreso, concentración geográfica del desarrollo e indirectamente, también atender los problemas de migración, marginalización en las ciudades, inseguridad y violencia social.

La Banca de Desarrollo debe de estar a la altura que la situación de la economía y la sociedad mexicana exigen. Asumir el reto de plantear una redefinición sistémica que permita conjugar las prioridades e intereses actuales del desarrollo del país con la realidad prevaleciente, constituye una tarea impostergable e ineludible para el futuro de la nación.

El Congreso de la Unión se ha abocado en tiempos recientes a la realización de esfuerzos por cumplir la tarea de poner al día las funciones y estructuras de la Banca Pública con diferentes modalidades, contenidos y estrategias. Baste mencionar los trabajos que la LXI Legislatura desplegó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para discutir el proyecto de un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Reconocemos lo valioso de estos esfuerzos y resultados de quienes nos antecedieron y se abocaron a tan primordial tarea.

La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Desarrollo como el mecanismo general de coordinación, evaluación y ejecución de la estrategia general y las tareas específicas que se diseñen para contribuir al desarrollo económico nacional; estableciendo para ello el Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo y el Banco Mexicano de Desarrollo.

Se incluye la Definición Estratégica del Sistema Nacional de Desarrollo, la iniciativa permite establecer un ordenamiento específico donde se marque la ruta a las prioridades estratégicas del financiamiento al desarrollo nacional; un ordenamiento que pueda ser revisable y observado no solamente como propósito de política, sino como mandato de ley; tales como la creación de empleos; el incremento a la productividad de las empresas; el impulso a la innovación tecnológica en la planta productiva nacional; la formación y participación en inversiones de capital de riesgo para sectores de innovación tecnológica, entre otras.

Incluye el Rediseño Institucional de la Banca de Desarrollo, la iniciativa plantea la creación de un Banco Unico, Banco Mexicano de Desarrollo como instrumento de acción estratégica que propicie la mayor eficacia posible en la tarea del financiamiento al desarrollo nacional. Actualmente, la estructura institucional de la Banca de Desarrollo adopta una configuración diversificada en siete unidades financieras, cada una con su estructura directiva y un sector particular de atención, además están los fideicomisos. La creación del Banco Mexicano de Desarrollo no pretende desestimar los avances y logros conseguidos en el funcionamiento de la actual Banca de Desarrollo, pretende robustecerla al dotarla de unidad de mando en la dirección, economía de medios en el funcionamiento institucional y flexibilidad en la operación financiera. Se pondera la conveniencia de realizar la unificación de mando a partir de constituir una dirección fuerte y una estructura organizacional especializada en la creación del Banco Mexicano de Desarrollo.

La creación del Banco Mexicano de Desarrollo implica la fusión de Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Rural, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y Sociedad Hipotecaria Federal en un solo modelo de organización financiera de carácter público.

Se crea una Banca Pública con funciones comerciales que participe, promueva y apoye el fortalecimiento de la Banca Social y, coadyuve en la generación de una economía social. A este propósito contribuye la desaparición y rediseño del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la absorción de sus cometidos por el Banco Mexicano de Desarrollo, que a partir de ahora sería la institución para el fomento cooperativo, el cual deviene del cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 25. Se da cumplimiento jurídico del Estado Mexicano de promover la creación de una institución de banca de gobierno que proteja y atienda las necesidades de los organismos competentes del sector social de la economía, contribuyendo así con el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano, y con el sano y equilibrado desarrollo de las entidades que lo integran.

Con la creación del Banco Mexicano de Desarrollo, podemos avanzar en la generación de una Banca Pública que se constituya como la banca insignia de las Instituciones Financieras para el desarrollo en América Latina, con imaginación y capacidad de respuesta, eficiente frente a la transformación económica, política, social y ambiental de México en el siglo XXI, aplicando en su funcionamiento cotidiano las mejores prácticas de gobierno corporativo, de regulación y de transparencia.

Es cuanto, señor Presidente; está a su consideración, compañeras y compañeros.

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos: Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD ante el Senado del República, y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRD ante la Cámara de Diputados nos permitimos presentar por su digno conducto ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo con base en las consideraciones de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Banca de Desarrollo en nuestro país tiene desde sus orígenes en los años 20 del siglo pasado, una larga historia de constitución, fusión y/o liquidación de diversas instituciones bancarias ligadas al Estado con el propósito de organizar la promoción y fomento del desarrollo económico nacional.

Un sumario de esta historia nos da cuenta de los diversos esfuerzos de actualización institucional que han debido instrumentarse para cubrir los requerimientos que cada momento histórico ha implicado en el diseño de la Banca Pública: El Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas creado en 1933 y cuya denominación cambió en 1966 a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; La Nacional Financiera constituida en 1934 y sus sucesivas modificaciones orgánicas que la han hecho ser la institución más importante en los inicios de la presente década; El Banco Nacional de Comercio Exterior creado en 1937 y El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, creado en 1947, ambos reorganizados en 1986; El Patronato del Ahorro Nacional, Institución que fue creada en 1949 como Organismo Público Descentralizado y transformado en 2001 a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; La Sociedad Hipotecaria Federal, creada en 2001 como evolución del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) constituido en 1963; y La Financiera Rural, creada en 2002 bajo la figura jurídica de organismo público descentralizado y cuyo antecedente remoto, y pionero de la Banca de Desarrollo en América Latina, lo constituyó el Banco Nacional de Crédito Agrícola creado en 1926.

La Banca de Desarrollo Nacional ha pasado por tres grandes etapas en su devenir: en los primeros años las tareas se enfocaron a la reconstrucción material del país, después fue factor fundamental en la estrategia de sustitución de importaciones y en décadas recientes se ha especializado para apoyar la modernización de los sectores productivos y contribuir a la inserción de la economía nacional en los mercados mundiales.

Desde el proceso de privatización bancaria, la banca de desarrollo en México se fue reduciendo en su peso relativo como institución de fomento bajo la influencia de un sistema financiero nacional configurado cada vez más al estilo norteamericano; especialmente después de la ola de incobrabilidad que surgió con la crisis de 1995. El estancamiento económico en que se encuentra hoy en día nuestro país, ha llevado a discutir, cada vez con mayor intensidad y apremio, cómo reposicionar la banca de desarrollo en el contexto financiero nacional, pues su lugar no fue ocupado por la banca privada ni por el mercado de capitales como se había pronosticado.

Actualmente, resulta inevitable el que la Banca de Desarrollo en México redefina sus estructuras, instrumentos y estrategias con una visión de financiamiento al desarrollo de largo plazo, aplicando una estrategia mixta -segundo y primer piso- para el financiamiento de la descentralización productiva mediante la cual se puedan atacar, directamente, los problemas de inclusión social, pobreza, distribución desigual del ingreso, concentración geográfica del desarrollo, e indirectamente, los problemas de migración, marginalización en las ciudades, inseguridad y violencia social.

La participación de la Banca de Desarrollo ha sido, indiscutiblemente, de primerísima importancia en el progreso económico de México; también, es claro que hoy debe estar a la altura que la situación de la economía y la sociedad mexicana exige. Asumir el reto de plantear una redefinición sistémica que permita conjugar las prioridades e intereses actuales del desarrollo del país con la realidad prevaleciente, constituye una tarea impostergable e ineludible para el futuro de la Nación.

El Congreso de Unión se ha abocado en tiempos recientes a la realización de esfuerzos por cumplir la tarea de poner al día las funciones y estructuras de la Banca Pública con diferentes modalidades, contenidos y estrategias. Baste mencionar los trabajos que la LXI Legislatura desplego tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para discutir el proyecto de un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Esfuerzo fundamental e infortunadamente inconcluso de Senadores y Diputados de todos los partidos políticos que integraron dicha Legislatura, pero cuyos avances son de la más alta relevancia para la presentación de la presente iniciativa; que en el afán de aportar su propia perspectiva, reconoce lo valioso de los esfuerzos y resultados de quienes nos antecedieron y se avocaron a tan primordial tarea.

De igual forma, en días pasados el propio Gobierno de la República ha presentado, como parte de una extensa Reforma Financiera y en el marco de los trabajos acordados en el “Pacto por México”; una iniciativa que pretende modificar el mandato de las Sociedades Nacionales de Crédito, reorganizar sus políticas sobre Recursos Humanos y Flexibilizar su operación. Medidas importantes pero circunscritas a una actualización de funcionamiento más que a un redimensionamiento y posicionamiento estratégico de su inserción en el sistema financiero nacional, que coloquen a la Banca Pública como un instrumento potente paradetonar mayor y mejor calidad en el desarrollo del país.

A los esfuerzos y propósitos que se han desplegado tanto en Congreso de la Unión, como por el Gobierno de la República para modificar el Sistema de Banca de Desarrollo, en el propósito de mejorar su eficiencia y potenciar su accionar; sumamos nuestra propuesta reconociendo las coincidencias y resaltando nuestra visión, en un contexto propositivo, donde todos los actores políticos, asumamos una actitud reflexiva, más dialogante y menos dogmática que en las etapas de liberalización y privatización financiera; con una posición aperturista que reconozca y aliente la tendencia mundial de un dinamismo estatal renovado y comprometido con el bienestar, la responsabilidad ambiental y el desarrollo político, social y económico de la nación.

Esta iniciativa propone realizar un cambio estructural, un replanteamiento estratégico y un rediseño institucional en la Banca de Desarrollo, lo anterior, recuperando la experiencia acumulada en el funcionamiento de la Banca Pública, los trabajos del Congreso, las propuestas actuales del Gobierno en turno y la visión de quienes nos hemos dado a la tarea de tratar de acrisolar las propuestas previas con nuestras propias ideas.

El Cambio Estructural de la Banca Pública.

La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Desarrollo como el mecanismogeneral de coordinación, evaluación y ejecución de la estrategia general y las tareas específicas que se diseñen para contribuir al desarrollo económico nacional; estableciendo para ello el Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo y contando con el Banco Mexicano de Desarrollo como instrumento de implementación de las estrategias y políticas de financiamiento que se determinen. Esta propuesta viene trabajándose desde hace tiempo en el seno del Congreso de la Unión; y en el marco de una reforma financiera amplia, como se plantea hoy, esta propuesta se redimensiona pues permite realizar una mejor y más extensa coordinación de actores involucrados en el diseño e implementación de las políticas y estrategias de desarrollo.

La Definición Estratégica del Sistema Nacional de Desarrollo.

Con la iniciativa se permite establecer un ordenamiento específico donde se marque la ruta a las prioridades estratégicas del financiamiento al desarrollo nacional; que pueda ser revisable y observado no solamente como propósito de política, sino como mandato de ley; tales como: la creación de empleos; el incremento en la productividad de las empresas; el impulso a la innovación tecnológica en la planta productiva nacional; la formación y participación en inversiones de capital de riesgo para sectores de innovación tecnológica, entre otras. Con el mandato expreso de objetivos a cumplir, se dará certidumbre y fortaleza a las acciones que deberán aplicarse en la concreción de los objetivos planteados.

El Rediseño Institucional de la Banca de Desarrollo.

La iniciativa plantea la creación de un Banco Único como instrumento de acción estratégica que propicie la mayor eficacia posible en la tarea del financiamiento al desarrollo nacional. Actualmente, la estructura institucional de la Banca de Desarrollo adopta una configuración diversificada en siete unidades financieras, cada una con su estructura directiva y un sector particular de atención. La creación del Banco Mexicano de Desarrollo no pretende desestimar los avances y logros conseguidos en el funcionamiento de la actual Banca de Desarrollo, pretende robustecerla al dotarla de unidad de mando en la dirección, economía de medios en el funcionamiento institucional y flexibilidad en la operación financiera. El Planteamiento Gubernamental para modificar el mandato de la Banca Pública y sus políticas de remuneración a sus directivos y trabajadores, debe asumirse con responsabilidad y observando una escrupulosa economía de medios que no afecte su funcionamiento institucional ni la flexibilidad de la operación financiera, hacer hincapié en la conveniencia de realizar la unificación de mando a partir de constituir una dirección fuerte y una estructura organizacional especializada con la creación del Banco Mexicano de Desarrollo, debe ser la respuesta al deber fundamental,tanto del Gobierno de la República como del Congreso de la Unión por reducir estructuras burocráticas y hacer cada vez más eficientes y eficaces a las organizaciones públicas.

La creación del Banco Mexicano de Desarrollo implica la fusión de Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Rural y Sociedad Hipotecaria Federal en un sólo modelo de organización financiera de carácter público.

Un reto aparte, pero inmediato e ineludible, se constituye en la creación de una Banca Pública con funciones comerciales que participe, promueva y apoye el fortalecimiento de la Banca Social y, coadyuve en la generación de una Economía Social. A este propósito contribuyela desaparición y rediseño del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la absorción de sus cometidos por el Banco Mexicano de Desarrollo, que a partir de ahora será la institución para el fomento cooperativo, el cual deviene del cumplimiento del mandato constitucional contenido en el Artículo 25 de nuestra Ley Suprema, quea la letra dice:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

El precepto constitucional antes referido, determina los deberes jurídicos a cargo del Estado, para poder desempeñar la rectoría del desarrollo nacional que por ministerio de Ley le compete, a efecto de garantizar que éste sea integral y sustentable,propiciando el fortalecimiento de la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, a través de la competitividad, el fomento del crecimiento económico, y la generación de mayores fuentes del empleo, que permitan una más justa distribución del ingreso y la riqueza, así como el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege nuestra Constitución General.

Es importante señalar que el vigésimo quinto precepto constitucional de nuestra Ley Fundamental, determina que el Estado deberá apoyar e impulsar el sano y equilibrado desarrollo de las empresas de los sectores social y privado de la economía, supeditando los lineamientos que rijan su constitución, organización y extinción a las modalidades que dicte el interés público, así como al debido y prudente empleo de los recursos productivos con que cuente el país, cuidando en todo momento la conservación del medio ambiente en beneficio de la sociedad, procurando así el desarrollo sustentable de las diversas formas asociativas enunciadas en el párrafo séptimo de la disposición constitucional en comento. Asimismo, en dicho texto se prevé que el Estado instrumentará los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de las actividades realizadas por las organizaciones, sociedades y empresas que integran el denominado Tercer Sector de la Economía, tales como son los ejidos; las organizaciones conformadas por los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses;las sociedades cooperativas, sea cual fuere el objeto de su constitución; las comunidades agrícolas; las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y, en general, cualquier forma de organización e integración social que tenga como finalidad la producción, distribución yel consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Los argumentos expuestos con antelación, se relacionan con lo previsto en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito, ordenamiento jurídico especial de naturaleza mercantil, que a la letra dispone:

Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.

Así, puede concluirse que existe un deber jurídico por parte del Estado,para promover la creación de una institución de banca de gobierno, que proteja y atienda las necesidades de los organismos componentes del Tercer Sector de la Economía, contribuyendo así con el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano, y con el sano y equilibrado desarrollo de las entidades que lo integran.

Toda vez que en cualquiera actividad económica de la vida nacional, concurren los sectores público, privado y social, es necesario precisar que en dicha interacción socioeconómica existe un claro predominio del sector privado, lo que ha sido determinante en el diseño e implementación depolíticas públicas tendientes a promover y fortalecer dicho ramo de la actividad económica mexicana.

Empero, una vez suscitada la crisis del 2008, y dado el fracaso de las políticas públicas impulsadas desde el sector privado, ha comenzado a ponerse más interés en el conocimiento y el análisis de las fortalezas y cualidades del sector social. A partir de esto, en todo el mundo se ha concluido que es de gran importancia fortalecer a este sector, como alternativa viable para dar sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Esa tendencia se basa en las múltiples experiencias de organización social en cooperativas para la producción, distribución de bienes y en actividades de financiamiento que son muy importantes en el plano local y que con un trato que reconozca la necesidad de fortalecer a los débiles, potenciarían sus aportaciones en lo que se refiere a la construcción de capacidad de desarrollo; integración y beneficio de un creciente número de socios y, en la generación de riqueza y bienestar en las comunidades. Como ejemplo de ellos, hay que decir que son incontables los casos de éxito de las cooperativas de producción, de consumo y de ahorro y préstamo en Italia, España, Inglaterra, Canadá y otros países.

Por otra parte, no se puede ignorar que el cumplimiento del pacto constitucional establecido en el Artículo 25 de nuestra Constitución obliga, entre otros compromisos, a reposicionar en el plano económico a los productores rurales del sector ejidal y comunitario; a hacer efectiva la vinculación entre esos productores y las cooperativas de consumidores y trabajadores urbanos de las grandes ciudades; a promover de manera genuina el conocimiento y la cultura cooperativista en el sector educativo; a promover y consolidar empresas cooperativas y de trabajadores en actividades de transformación e incluso de investigación científica y tecnológica y, por supuesto, a fortalecer los desarrollos de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo constituidas ya, por millones de socios en extensas regiones del país.

Anímicamente, pero también como una condición de madurez y asimilación tecnológica, este propósito de reposicionar al sector social en el plano económico, obliga a revisar las experiencias comunitarias de la historia del país, así como las desarrolladas en las últimas décadas en Europa y América, y en particular las nuevas respuestas diseñadas a partir de la crisis de 2008.

Con la creación del Banco Mexicano de Desarrollo, podemos avanzar en la generación de una Banca Pública que se constituya como la banca insignia de la Instituciones Financieras para el Desarrollo en América Latina, con imaginación y capacidad de respuesta eficiente frente a la transformación económica, política, social y ambiental de México en el siglo XXI; aplicando en su funcionamiento cotidiano las mejores prácticas de gobierno corporativo, de regulación y de transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE BANCA DE DESARROLLO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia general. Tiene por objeto establecer las estrategias, objetivos y funcionamiento del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, para impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, así como regular el servicio de banca y crédito que otorgue la sociedad nacional de crédito denominada Banco Mexicano de Desarrollo.

Es cometido esencial del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo fortalecer y ampliar los propósitos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, así como las políticas y programas sectoriales destinados a la creación de empleos mediante el apoyo crediticio a las actividades industrial, comercial, agropecuaria, forestal, minera, pesquera, artesanal y de servicios públicos en el territorio nacional.

ARTICULO 2.Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Sistema: el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo

II. Comité: el Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo

III. Banco: el Banco Mexicano de Desarrollo como entidad de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido con el carácter de sociedad nacional de crédito, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de sus correspondiente ley orgánica.

IV. Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo: Los fideicomisos públicos para el fomento económico constituidos por el Ejecutivo Federal y los demás instrumentos financieros federales cuyo objeto sea otorgar financiamiento al desarrollo;

V. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VI. Consejo Directivo: el Consejo Directivo del Banco Mexicano de Desarrollo

ARTICULO 3.La interpretación de esta Ley corresponde a la Secretaría. Asimismo, le corresponde regular y atender las relaciones entre el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, los Municipios y el Banco en materia deBanca de Desarrollo. En aquellos casos en que no exista disposición expresa en esta ley podrá recurrirse y aplicarse supletoriamente, en cuanto no contravengan a ésta, las disposiciones contenidas en:

I. La Ley de Instituciones de Crédito;

II. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,

III. La Ley de Ahorro y Crédito Popular;

IV. La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

V. La Ley del Banco de México;

VI. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CAPITULO II

Del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo

ARTICULO 4.El Sistema será el mecanismo de planeación, conducción, coordinación, evaluación y ejecución de las diversas estrategias para contribuir al financiamiento del desarrollo económico nacional sustentable, así como de los programas sectoriales y regionales que del mismo deriven.

Para su adecuado funcionamiento el Sistema se integrará por:

I. La Secretaría que definirá las políticas económicas,

II. El Banco que se encargará de contribuir a la formulación o elaboración de las políticas sectoriales, así como ejecutar las políticas que dicte la Secretaría, y

III. El Comité y su Secretariado Ejecutivo, que coordinarán y supervisarán las políticas.

ARTICULO 5. El Banco deberá apoyar, a nivel técnico y financiero, las políticas sectoriales que el gobierno federal diseñe e implemente en favor de la actividad económica y la creación de empleo.

ARTICULO 6. El Banco tiene como objeto fundamental impulsar el desarrollo económico del país, mediante políticas crediticias que faciliten el acceso al financiamiento a los sectores social y privado de la economía en los términos del artículo 25 constitucional. El Banco proporcionara asesoría, asistencia técnica y capacitación a las personas físicas o colectivas para la obtención, administración y ejecución del financiamiento crediticio. En el desarrollo de sus funciones el Banco deberá procurar la sustentabilidad, la racionalidad y el buen manejo de su economía, de conformidad con la estrategia y criterios que defina su Consejo, garantizando su operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos.

El Banco será el eje de financiamiento especializado por sectores económicos y de actividad, de acuerdo a lo establecido por la Constitución y la presente Ley, con el objeto decomplementar las actividades de la banca comercial.

ARTICULO 7.El Banco tendrá como funciones generales las siguientes:

I. Otorgará financiamiento, consultoría de negocios, asesoría y asistencia técnica a empresas, personas físicas con actividad empresarial, organizaciones del sector social de la economía, a los sectores industrial, agrícola, pesquero, forestal, artesanal, minero, de comercio y de servicios; y a los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios del país; para contribuir a detonar los procesos de desarrollo industrial, agropecuario, pesquero, forestal, regional, comercial y productivo que permitan incrementar la competitividad, interna y externa, del aparato económico del país, así como lograr una mejor integración de la planta productiva nacional en los términos de lo dispuesto por el Artículo 26 Constitucional.

II. Registrar, mantener y actualizar la cartera de proyectos de inversión la cual hará pública con el objeto de suministrar información al resto de las instituciones del sistema financiero mexicano para su posible participación en algunas de esas inversiones.

III. En el marco de la política de comercio exterior, proporcionará financiamiento y asistencia técnica que facilite la presencia diversificada de productos e inversión mexicana en el extranjero, para ampliar y consolidar la integración de empresas en la cadena productiva exportadora y promoverá la incubación de empresasexportadoras.

IV. Promoverá la modernización en los procedimientos y operaciones de empresas exportadoras, además de la atracción de inversión e intercambio tecnológico con impacto regional.

V. Elaborará estudios de mercado y planes de negocios para todos los sectores económicos con vocación exportadora.

VI. Se encargará de la promoción de las exportaciones mexicanas, así como de la atracción de inversión extranjera directa.

VII. Financiará o refinanciará proyectos de construcción de infraestructura y servicios públicos, de desarrollo urbano y transporte e infraestructura turística, brindará asistencia técnica y capacitación financiera a las secretarías de desarrollo económico estatales o entidades de similar naturaleza para la realización de dichos proyectos.

VIII. Colaborará para que dichos proyectos obtengan financiamiento de otros intermediarios financieros o de cualquier otra institución integrante del sistema financiero mexicano.

IX. Apoyará al fomento agropecuario, forestal, ganadero, pesquero, minero, industrialy de manufacturas, al comercio interior y al desarrollo científico y tecnológico.

X. Participará en el diseño y evaluación de proyectos de inversión de largo plazo, buscando conjugar inversión pública con privada. Además de involucrar a gobiernos estatales y municipales para la concreción de los mismos.

XI. Tendrá por objeto contribuir al desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, ganaderas, pesqueras y las demás vinculadas con el medio rural, mediante el financiamiento y la prestación de asistencia técnica y elaboración o evaluación de proyectos de inversión.

XII. Coadyuvará a profundizar el proceso de transformación tecnológica agropecuaria, de la planta productiva y la generación de energías alternativas a nivel nacional.

Para lograr generar economías de escala, el Banco podrá constituir fideicomisos con la banca privada y con la banca social, con el objeto de poder destinar mayores recursos a un sólo proyecto, sobre todo si su tiempo de maduración es a largo plazo.

CAPITULO III

De La Estrategia y Objetivos del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo

ARTICULO 8. La estrategia general de financiamiento al desarrollo del Sistema se guiará por:

I. Los cometidos establecidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución;

II. Los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales que del mismo se deriven, especialmente el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, así como las líneas de política que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus apartados destinados a la banca de desarrollo; siempre y cuando dichos lineamientos no limiten o contravengan el objeto de la presente ley;

III. Los esquemas de coordinación que recomiende el Comité, con la finalidad de canalizar la inversión hacia programas y proyectos que contengan alto potencial de desarrollo económico a nivel nacional, regional y local;

IV. La operación del Banco para otorgar financiamiento y asistencia técnica destinados al desarrollo industrial, comercial; científico y tecnológico, y minero; proyectos de inversión en infraestructura, desarrollo urbano, servicios públicos, transporte y turismo; así como actividades agropecuarias, forestales, ganaderas y pesqueras.

V. La promoción de instrumentos de deuda con vencimiento de corto y largo plazo, servicios financieros y de intermediación financiera, al igual que el fomento del ahorro en el sector social;

VI. Los mecanismos que el Banco y los Instrumentos federales de financiamiento al desarrollo establezcan, conforme a su objeto social, para la creación de empleo y el desarrollo económico nacional sustentable.

VII. Los instrumentos diseñados para que el Banco otorgue crédito competitivo y oportuno a programas o proyectos de inversión cuyo impacto económico sea de orden nacional o regional; así como aquellos que diseñe para cubrir necesidades de financiamiento de sectores económicos prioritarios, de pequeñas y medianas empresas ode personas físicas con actividad empresarial.

VIII. Las áreas de asesoría y asistencia técnica o de consultoría en materia de negocios, además de sus acciones de financiamiento; y que el banco pueda operar con capital de riesgo, coberturas y garantías para apoyar proyectos de inversión económica y socialmente rentables, así como realizar estudios de pre-inversión.

IX. La transparencia en la información referente a políticas, criterios, presupuestos, riesgo, operaciones e indicadores de los servicios.

ARTICULO 9. Corresponderá al Comité el diseño y elaboración de la estrategia; la cual será recomendada a la Secretaría para que ésta la incluya en el diseño de la política económica del gobierno federal.

ARTICULO 10. El Banco en cumplimiento de su objeto, podrá crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación.

ARTICULO 11. El Banco ofrecerá servicios y productos financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial. A efecto de que los innovadores y creadores a quienes preste el Banco preserven sus derechos. La asistencia técnica y capacitación que le proporcione, comprenderá información y apoyos para el registro de propiedad industrial y la creación de patentes.

ARTICULO 12. El Banco deberá promover la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la inclusión financiera de niños y jóvenes, adoptando una perspectiva de género en sus productos y servicios.

ARTICULO 13. En el otorgamiento de crédito y demás servicios de apoyo financiero proporcionados por el Banco, en atención a lo dispuesto por el artículo 1º de esta ley, se atenderán de manera prioritaria, aquellos programas y proyectos que contribuyan a lograr los siguientes propósitos:

I. El crecimiento de la economía nacional.

II. La creación de empleos, tanto directos como indirectos;

III. El incremento en la productividad de los sectores de la economía nacional;

IV. El impulso a la innovación tecnológica en la planta productiva nacional; incluyendo la formación y participación en inversiones de capital de riesgo para sectores de innovación tecnológica,

V. El estímulo al desarrollo de sectores económicos o regiones definidos como estratégicos o prioritarios; y

VI. El desarrollo agropecuario, pesquero y forestal;

VII. La generación de obra pública, la creación, renovación y mejoramiento de los servicios públicos, la construcción de vivienda de interés social, el desarrollo regional y;

VIII. El impulso al comercio interior y el abasto popular, así como el incremento del comercio exterior.

CAPITULO IV

Del Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo

ARTICULO 14. El Comité es un órgano colegiado de coordinación, seguimiento y evaluación de la operación conjunta del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Estará integrado por:

I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fungirá como su Presidente,

II. Los secretarios de Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes, el Gobernador del Banco de México, el Director del Banco y,

III. Cinco consejeros profesionales designados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo Federal los que deberán contar con los siguientes requisitos:

1. Tener título profesional en cualquiera de las áreas: económico-social, financiera, administrativa, bancaria, contable o del derecho con una experiencia de al menos cinco años en el ámbito bancario y financiero.

2. No haber sido sancionado por delito grave o de carácter pecuniario.

3. No haber sido diputado local, diputado federal, senador, gobernador de un estado, jefe de gobierno del D.F., presiente municipal o miembro de un ayuntamiento, dirigente de un partido político nacional o estatal, por al menos cinco años antes de su designación.

5. Haber publicado textos especializados sobre la banca de desarrollo en revistas dictaminadas por instituciones universitarias y el CONACYT.

ARTICULO 15. El Comité tendrá un carácter consultivo, debiendo someter sus recomendaciones a la consideración del Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 16.Sus principales funciones son las siguientes:

I. Formular, coordinar y vigilar las políticas de financiamiento que involucren al Banco, y a los Fondos e instrumentos federales de financiamiento al desarrollo.

II. Recomendar periódicamente las actividades económicas que preferentemente deba fomentar el Banco.

III. Considerar planes conjuntos de financiamiento por áreas del Banco, de acuerdo con las condiciones económicas generales del país.

IV. Vigilar y recomendar a la Secretaría que el Banco y los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo estén adecuadamente capitalizados para su funcionamiento operativo.

V. Evaluar los resultados y los impactos de la instrumentación de la política de financiamiento al desarrollo realizada por el Sistema, para emitir recomendaciones y opiniones al respecto.

VI. Verificar la congruencia de la información que se publique sobre el desempeño del Banco y de Instrumentos federales de financiamiento al desarrollo y presentar sus conclusiones a la Secretaría.

VII. Fomentar que el Banco junto con los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo otorguen crédito a inversiones de largo plazo.

VIII. Proponer la estrategia, criterios de plazos y tipos de riesgo, entre otros, para cumplir con la sustentabilidad en la operación global de la institución, a que se refiere el Artículo 29 de esta Ley.

IX. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones aplicables en la materia.

ARTICULO 17. El Comité sesionará bimestralmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria las veces que sea necesario a convocatoria de su Presidente. Las sesiones se instalaran con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se tomarán mediante acuerdo por mayoría simple de votos de los consejeros presentes y deberán constar en acta.

ARTICULO 18. El Comité podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a los Gobernadores de los Estados y a los Servidores Públicos Federales, Estatales o Municipales que sea oportuno, cuando la naturaleza o especialización de los asuntos a tratar así lo requieran.

ARTICULO 19. La instrumentación, seguimiento y evaluación de los acuerdos del Comité corresponden al Secretario Ejecutivo, responsabilidad que será asumida por el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría.

ARTICULO 20. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo tendrá las atribuciones siguientes:

I. Ejecutar los acuerdos, recomendaciones e instrucciones del Comité;

II. Participar en las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, elaborar las minutas y actas de las mismas, así como proponer asuntos a discusión y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados;

III. Informar sobre los acuerdos, así como sobre su instrumentación, a los miembros del Comité.

IV. Las que le delegue el Comité, y

V. Las demás que le confiera esta ley y el Reglamento Interior del Comité.

ARTICULO 21. El Secretario Ejecutivo elaborará los siguientes informes para su envío, a través de la Presidencia del Comité, tanto al Titular del Poder Ejecutivo Federal como al Congreso de la Unión:

I. Durante los meses de enero y julio de cada año, informe general sobre sus operaciones y resultados obtenidos acerca de las actividades realizadas en el periodo que informa sobre la ejecución de las políticas de financiamiento, programas y, en general, sobre las actividades de las entidades del Sistema, mismos que deberán ser suscritos por su órgano de gobierno. En caso de que no haya consenso al respecto, los consejeros que así lo estimen integraránsus observaciones en el propio cuerpo del informe.

II. Los demás que otras disposiciones jurídicas le obliguen a rendir.

Con los informes se remitirán copias certificadas de las actas correspondientes de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.

ARTICULO 22. Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá, de manera indistinta, citar al Presidente del Comité, al Secretario Ejecutivo del Sistema o al Director del Banco para que informen sobre el cumplimiento de la política de financiamiento al desarrollo y sobre las actividades inherentes al Sistema.

CAPITULO V

Del Banco Mexicano de Desarrollo y los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo.

ARTICULO 23. El Banco Mexicano de Desarrollo es la institución financiera de banca de desarrollo del Estado Mexicano, tiene por cometido esencial participar de forma complementaria al sistema de la banca comercial, en el financiamiento para el desarrollo. Estará constituido conforme a lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito, con patrimonio y gobierno propios en los términos de su Ley Orgánica.

El Banco, sin menoscabo de lo establecido en su ley orgánica, y los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo, bajo la coordinación de la Secretaría, dirigirán sus recursos humanos, técnicos y financieros al cumplimiento de las siguientes funciones:

I. Actuar como brazo financiero de la política económica destinada a generar empleos y crecimiento económico, así como para incrementar el financiamiento de los sectores de la economía nacionaly ejecutar los programas que en materia de financiamiento se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Promover el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de la competitividad, mediante una continua renovación tecnológica, de educación y capacitación, organizativa, mercadológica, sustentable y de responsabilidad social, además de operar en coordinación con el gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal los programas financieros que se celebren con las instituciones mencionadas;.

III. Realizar funciones activas, de primero y segundo piso en los términos que establezca la ley de Instituciones de Crédito, en el sistema financiero mexicano, incluyendo la atención a empresas de los sectores social y privado que tengan dificultades para acceder a crédito.

IV. Realizar acciones de complementación con la banca múltiple.

V. Apoyar con asistencia técnica y financiera a los sectores social y privado con afectaciones derivadas de contingencias o crisis económicas.

VI. Coadyuvar a cumplir el mandato del Estado, de apoyar e impulsar a las empresas del Sector Social de la Economía y establecer mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los integrantes del sector social, procurando su organización y mejora continua;

VII. Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo del sector social;

VIII. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los integrantes del sector social para la mejor utilización de sus recursos crediticios;

ARTICULO 24.Para el cumplimiento de estas funciones el Banco y los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo, al momento de programar sus acciones, y en los casos cuya naturaleza sea compatible deberán coordinarse con los órganos de la administración pública de los estados encargados del desarrollo económico, además de las entidades de la administración pública federal centralizada y descentralizada.

ARTICULO 25. El Banco deberá facilitar crédito competitivo y oportuno a personas físicas o morales de los sectores social y privado, así como asesoría técnica en la formulación y evaluación de proyectos de inversión.

Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá impulsar programas de asistencia técnica, de asesoría de negocios y proyectos de inversión con impacto económico relevante tanto local, regional o nacional; asimismo, podrá fungir como agente financiero gubernamental.

ARTICULO 26. Las operaciones de intermediación financiera que realicen el Banco para llevar a cabo los objetivos y funciones indicados en la presente ley no deberán ser incluidas en el financiamiento del gobierno federal. En el caso de presentarse un quebranto derivado de dichas operaciones, el déficit deberá hacerse explícito y contar con una justificación técnica y de beneficios económicos o sociales para ser cubierto por el gobierno federal.

ARTICULO 27. Para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, el Banco podrá realizar las siguientes operaciones además de aquellas a las que estén autorizadas conforme a su ley orgánica y por la Ley de Instituciones de Crédito:

I. Ser administradoras y fiduciarias de mandatos, fideicomisos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto social;

II. Realizar operaciones de crédito activo, en primer y segundo piso, así como operaciones de garantías, seguro de crédito y similares, bajo diferentes modalidades de acuerdo a su objeto y naturaleza;

III. Recibir transferencias presupuestales destinadas al financiamiento de proyectos de inversión.

IV. Promover, coordinar y realizar tanto programas como operaciones que involucren capital de riesgo, con las garantías adecuadas y atendiendo a la viabilidad económica o social del proyecto.

V. Celebrar operaciones de crédito entre las instituciones integrantes del Sistema, conforme a los ordenamientos jurídicos en la materia.

VI. Constituir fideicomisos entre las instituciones integrantes del sistema con el objeto de atender a clientes oproyectos que requieran la concurrencia de dos a más instituciones.

VII. Emitir títulos de deuda con vencimiento de corto y largo plazo, en el mercado de capitales, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

VIII. Ser generadora de innovaciones en materia de instrumentos financieros para responder mejor a las necesidades de sus sectores.

Todas las operaciones financieras que realicen las entidades del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo contarán con aval del Gobierno Federal.

ARTICULO 28. En caso de urgencias derivadas de entornos críticos, ya sea de la economía nacional o internacional, producto de desastres naturales o contingencias de salud pública, el Banco así como los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo, contando con la instrucción del titular del Poder ejecutivo Federal, podrán otorgar apoyos financieros en condiciones preferenciales respecto a las que priven en el mercado a empresas o industrias con capital mayoritariamente nacional.

ARTICULO 29. En la operación de sus funciones el Banco deberá procurar su sustentabilidad mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que estas resulten excesivas.

El Banco en las contrataciones de servicios que requiera para realizar las operaciones y servicios previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito, no estará sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las contrataciones que realice el Banco relativas al gasto asociado con materiales y suministros, servicios generales, e inversión física en bienes muebles e inmuebles, conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores la Secretaría estará facultada para emitir lineamientos generales conforme a lo dispuesto en el presente artículo, así como resolver consultas sobre contrataciones específicas privilegiando en todo momento la eficiencia, eficacia y debida oportunidad en los servicios que presta el Banco.

ARTICULO 30. El banco Formulará anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos. El Banco y los Instrumentos Federales de Financiamiento al Desarrollo deberán someter a la autorización de la Secretaría, de acuerdo con las metodologías, lineamientos y mecanismos que al efecto establezca, los límites de endeudamiento neto externo e interno, y los límites para el resultado de intermediación financiera, concepto que deberá contener cuando menos el déficit de operación más la constitución neta de reservas crediticias preventivas. Esta información se deberá presentar en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que corresponda.

Los programas deberán formularse conforme a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y los demás programas sectoriales del propio Plan. En el marco de los planes mencionados, el Banco, deberá elaborar sus programas institucionales, mismos que contendrán un apartado relativo a la forma de coordinación interinstitucional entre sus diversas áreas especializadas por actividad.

El Banco proporcionará a las autoridades y al público en general información referente a sus operaciones, así como indicadores que permitan evaluar los servicios con los que atiende en sus áreas especializadas de actividad establecidas en su ley orgánica, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que les permita dar a conocer dicha información conforme a las reglas de carácter general que la Secretaría emita para tal efecto. En el cumplimiento de esta obligación se observará lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Banco a través de los medios electrónicos con los que cuente, dará a conocer los programas de créditos y garantías, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizarán tales operaciones; los informes sobre el presupuesto de gasto corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las garantías otorgadas por la sociedad nacional de crédito, así como las contingencias laborales, o de cualquier otro tipo que impliquen un riesgo para la institución.

ARTICULO 31. El Banco deberá informar al público en general, el nombre o razón social de las empresas o personas físicas que hayan sido receptoras de asistenciatécnica, financiera o de negocios durante el ejercicio fiscal correspondiente.

ARTICULO 32. En lo que sea compatible con su naturaleza y no esté previsto por el presente capítulo, el capital social del Banco estará presentado por títulos de crédito que se regirán por las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Estos títulos se denominarán certificados de aportación patrimonial, deberán ser nominativos y se dividirán en dos series: la serie "A", que representará en todo tiempo el sesenta y seis por ciento del capital de la sociedad, que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie "B", que representará el treinta y cuatro por ciento restante, que podrá ser suscrito por sociedades de inversión común y/o personas física o morales.

Los certificados de la serie "A" se emitirán en título único, serán intransmisibles y en ningún caso podrá cambiarse su naturaleza o los derechos que confieren al Gobierno Federal como titular de los mismos. Los certificados de la serie "B" podrán emitirse en uno o varios títulos.

ARTICULO 33. Salvo el Gobierno Federal y las sociedades de inversión común, ninguna persona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie "B" por más del cinco por ciento del capital pagado del Banco.

Este límite se aplicará a la adquisición del control por parte de personas que de acuerdo a las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría, deban considerarse para estos efectos como una sola persona.

La Secretaría mediante reglas de carácter general, podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B", en una proporción mayor a la establecida en este artículo.

En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital del Banco, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.

Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.

ARTICULO 34. La Secretaría establecerá, mediante disposiciones de carácter general, la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B". Dichas disposiciones se sujetarán a las modalidades que se señalan en esta Ley.

ARTICULO 35. Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el derecho de participar en las utilidades del Banco y, en su caso, en la cuota de liquidación.

Los certificados de la serie "B" serán de igual valor y conferirán los mismos derechos a sus tenedores, siendo los siguientes:

I. Designar y remover a los comisarios correspondientes a esta serie de certificados;

II. Adquirir en igualdad de condiciones y en proporción al número de sus certificados, los que se emitan en caso de aumento de capital. Este derecho deberá ejercitarse en el plazo que el Consejo señale, el que se computará a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente de la Secretaría y que no podrá ser inferior a treinta días;

III. Recibir el reembolso de sus certificados a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el Consejo y revisado por la Comisión, cuando se reduzca el capital social de la institución en los términos del artículo 38 de la Ley de Instituciones de Crédito, y

IV. Los demás que la Ley de Instituciones de Crédito les confiere.

ARTICULO 36. El Banco llevará un registro de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", que deberá contener los datos relativos a los tenedores de los certificados y a las transmisiones que se realicen.

El Banco considerará como propietarios de los certificados de la serie "B" a quienes aparezcan inscritos como tales en el registro a que se refiere este artículo. Al efecto, deberán inscribir en dicho registro y a petición de su legítimo tenedor, las transmisiones que se efectúen, siempre que se ajusten a lo establecido en el presente Capítulo.

ARTICULO 37. El capital mínimo de las entidades del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo será el que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, el cual estará íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea menor del mínimo establecido.

El Banco podrá emitir certificados de aportación patrimonial no suscritos que conservarán en tesorería y que serán entregados a los suscriptores contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fijen las mismas.

Cuando el Banco anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.

ARTICULO 38. El capital social del Banco podrá ser aumentado o reducido, considerando lo establecido en los acuerdos de Basilea III, a propuesta del Consejo y por Acuerdo del Ejecutivo Federal mediante la instrumentación de la Secretaría.

En el caso de reducción, el Consejo propondrá si la misma se efectúa mediante reducción del valor nominal de los certificados o amortización de una parte de ellos. En este último supuesto, los certificados de la serie "B" que corresponda amortizar serán determinados por sorteo ante la Comisión.

Para efectos de la reducción, por canje o amortización, los certificados de la serie "B" se considerarán a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el Consejo y revisado por la Comisión.

La Secretaría establecerá los casos y condiciones en que el Banco podrá adquirir transitoriamente los certificados de la serie "B", representativos de su propio capital.

ARTICULO 39. La distribución de las utilidades y, en su caso, la cuota de liquidación, se hará en proporción a las aportaciones. Las pérdidas serán distribuidas en igual forma y hasta el límite de las aportaciones. Si hubiere pérdidas del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse la distribución de utilidades.

Las utilidades sólo podrán repartirse después de aprobado el balance general, sin exceder el monto de las que realmente se hubieren obtenido.

ARTICULO 40. La administración del Banco estará encomendada al Consejo y a un Director General, en los términos de esta Ley y su propia ley orgánica.

El Consejo deberá contar con un comité de auditoría, que tendrá carácter consultivo. El comité de auditoría podrá someter directamente a la consideración del Consejo los proyectos, programas y demás asuntos relacionados con las facultades a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 41. La Secretaría fijará las bases de carácter general para establecer la remuneración que corresponda a los consejeros externos con carácter de independientes y comisarios del Banco que sean designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B".

El Banco contará con un comité de recursos humanos y desarrollo institucional. Sin perjuicio de las demás atribuciones que correspondan a dicho comité, éste recomendará al Consejo la remuneración que corresponda a los consejeros externos con carácter de independientes y comisarios antes referidos, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo de este artículo. También propondrá las remuneraciones a los expertos que participen en los comités de apoyo que constituya el Consejo.

Los consejeros externos con carácter de independientes deberán observar los requisitos a que se refiere el artículo 22, así como lo dispuesto en el artículo 23 segundo párrafo y fracciones II a VI, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los consejeros externos con carácter de independientes no tendrán suplentes y prestarán sus servicios por un período de cuatro años. Los períodos de dichos consejeros serán escalonados y se sucederán cada año. Las personas que funjan como tales podrán ser designadas con ese carácter más de una vez.

La vacante que se produzca de algún consejero externo con carácter de independiente será cubierta por el nuevo miembro que se designe para integrar el consejo directivo y durará con tal carácter sólo por el tiempo que faltare desempeñar al sustituido.

Al tomar posesión del cargo, cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la institución de banca de desarrollo de que se trate, en donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero en dicha institución, y en donde acepte los derechos y obligaciones derivados de tal cargo.

ARTICULO 42. El Consejo conducirá al Banco con base en las políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por esta Ley y lo que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, para el logro de los objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al Director General para la ejecución y realización de los mismos.

El Consejo podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes a su objeto y delegar discrecionalmente sus facultades en el Director General, así como constituir apoderados y nombrar dentro de su seno delegados para actos o funciones específicos.

Serán facultades indelegables del Consejo:

I. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, al personal directivo del Banco y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como concederles licencias;

II. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del consejo;

III. Aprobar el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y oficinas en el país y en el extranjero;

IV. Acordar la creación de comités de crédito, el de recursos humanos y desarrollo institucional, de administración integral de riesgos, así como los que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;

V. Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos del Banco, para el otorgamiento de créditos;

VI. Aprobar los estados financieros del Banco para proceder a su publicación. Los estados financieros anuales se aprobarán previo dictamen de los comisarios y deberán estar suscritos por el director general, el responsable de la contabilidad y el responsable de las funciones de auditoría interna, conforme a su competencia, previo a su aprobación;

VII. Aprobar en su caso, la constitución de reservas;

VIII. Aprobar en su caso, la aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que deberá realizarse;

IX. Acordar la propuesta de plazos y fechas para el entero de los aprovechamientos que se causen con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, así como de requerimientos de capital del Banco, que se presentará a la Secretaría;

X. Aprobar las propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así como los límites de intermediación financiera;

XI. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, y sus programas operativos;

XII. Definir la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio;

XIII. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, así como las políticas y bases generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la entidad con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables y sin que dichos programas, políticas y bases relativos a sus sucursales sean objeto del ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 37, fracciones XX y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de arrendamiento de bienes inmuebles; así como aprobar las políticas y bases generales a las que deberá sujetarse la contratación de los servicios que requiera la entidad para realizar las operaciones y servicios previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito;

XIV. Proponer a la Secretaría las modificaciones al reglamento orgánico;

XV. Aprobar las normas o bases generales para la cesión de activos y pasivos;

XVI. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o definitivos;

XVII. Proponer a la Secretaría, el aumento o reducción del capital social;

XVIII. Acordar los aumentos de capital pagado de la entidad, así como fijar las primas, que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial;

XIX. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas;

XX. Aprobar las inversiones en el capital de las empresas a que se refieren los artículos 75, 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como su enajenación;

XXI. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la entidad;

XXII. Aprobar sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la Administración Pública Federal, la estructura orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano; políticas de ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; las demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la entidad; así como la remuneración de los consejeros y comisarios designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”;

XXIII. Aprobar las condiciones generales de trabajo del Banco a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucional y tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXIV. Aprobar el manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones aplicable al personal de confianza a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucional;

XXV. Autorizar la tenencia por cuenta propia de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores, representativos del capital social de sociedades, así como la forma de administrarla;

XXVI. Autorizar el programa de financiamiento acorde con las metas que para el Banco, fije la Secretaría;

XXVII. Conocer y, en su caso, aprobar los informes que le presente el comité de administración integral de riesgos, así como los límites prudenciales de riesgos que al efecto le proponga éste, y

XXVIII. Analizar y aprobar, en su caso, los asuntos que someta a su consideración el comité de auditoría y el órgano interno de control, para dictar las medidas aplicables o procedentes en materia de control interno.

XXIX. En los supuestos establecidos en las fracciones III, VII, IX y XV de este artículo se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXX. En el ejercicio de las atribuciones que se confieren al Consejo Directivo en el presente artículo, sólo se sujetarán a lo dispuesto por su ley orgánica, la Ley de Instituciones de Crédito y a los lineamientos que emita la Secretaría.

ARTICULO 43. El Director General será designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, tal nombramiento deberá recaer en la persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los mismos requisitos deberán reunir los servidores públicos de la entidad que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la del director general y los que para estos efectos determine el reglamento orgánico. Su designación se hará con base en los méritos obtenidos y con sujeción a lo dispuesto por el citado artículo 24. Cuando a criterio de la Secretaría, los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores no realicen funciones de carácter sustantivo, los podrá eximir de los requisitos contenidos en la fracción II del artículo 24 de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

ARTICULO 44. Es facultad del Director General la de designar y remover delegados fiduciarios. En lo que se refiere a la designación de delegados fiduciarios especiales que se requieran por disposición legal para el desempeño de sus funciones como servidores públicos de fideicomisos públicos que sean considerados entidades paraestatales, ya sea federales, estatales o municipales, éstos deberán ser otorgados por la entidad sin trámite ante el Consejo, a solicitud de los servidores públicos u órganos competentes del fideicomiso público que corresponda en términos de las disposiciones legales de orden federal o estatal.

ARTICULO 45. El Director General someterá a la consideración del Consejo Directivo los proyectos y programas relacionados con sus facultades.

ARTICULO 46. La Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno y después de escuchar al interesado, podrá determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los delegados fiduciarios y servidores públicos que puedan obligar con su firma a la entidad, con excepción del Director General, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones o que en el desempeño de éstas no se hayan ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Las resoluciones de remoción o suspensión podrán ser recurridas ante la Comisión, la cual resolverá a través de su Junta de Gobierno dentro de los quince días hábiles que sigan a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La propia Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, la remoción del Director, cuando considere que éste, en el desempeño de sus funciones, no se ha ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables, o bien, no haya conducido la entidad con base en las sanas prácticas bancarias.

ARTICULO 47. Las remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones de los trabajadores del Banco tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los trabajadores al logro de los objetivos de la entidad, conforme se determine en los tabuladores correspondientes, así como en las condiciones generales de trabajo aplicables al personal de base y en el manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones aplicable al personal de confianza. El Consejo Directivo, así como los servidores públicos del Banco, no podrán otorgar remuneraciones, jubilaciones, pensiones ni cualquier otra prestación a los trabajadores, en términos y condiciones distintos a lo previsto en dichos instrumentos, sujetándose a los límites y erogaciones que se aprueben para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación de los servidores públicos de confianza deberán aprobarse en los términos de la fracción XXII del artículo 19 de esta ley y fijarse en el respectivo manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones.

El Banco incluirá sus tabuladores aprobados en su proyecto de presupuesto e informará sobre los montos destinados al pago de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y demás prestaciones al rendir la Cuenta Pública.

ARTICULO 48. El control, evaluación y vigilancia del Banco estará a cargo de la Auditoria Superior de la Federación.

Con el objeto de lograr una supervisión eficiente y en concordancia con las disposiciones existentes, se deberá contar con los siguientes órganos de regulación el Banco:

I. Comité de auditoría;

II. Auditoría interna;

III. Auditoría externa; y

IV. Órgano interno de control.

ARTICULO 49. Los órganos de control habrán de sujetarse en su organización y operación con las disposiciones emitidas al efecto en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y demás disposiciones cuya naturaleza sea similar y aplicable a estos órganos de regulación y supervisión. Así como a todas las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.

ARTICULO 50. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá disposiciones de carácter general que regulen funcionamiento y operación de la auditoría interna del Banco con el fin de asegurar su independencia. Dichas disposiciones establecerán, además, el perfil y requisitos que deberá reunir el titular de la auditoría interna.

El titular del órgano interno de control del Banco será designado por el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal.

ARTICULO 51. La Auditoría General de la Federación y el órgano interno de control del Banco sólo tendrán competencia para realizar el control, evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas que les sean aplicables al Banco sobre:

I. Presupuesto y responsabilidad hacendaria;

II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;

IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, siempre que ello no sea competencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

Asimismo, no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades en materia de control, revisión, verificación, comprobación, evaluación y vigilancia que las disposiciones jurídicas aplicables conceden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y a los órganos que deban establecerse en cumplimiento de la normatividad emitida por dichas instituciones.

CAPITULO VI

Del Apoyo al Sector Social de la Economía

ARTICULO 52.El Banco, con el fin de fomentar el desarrollo integral de los Organismos del Sector Social de la Economía, y promover su eficiencia, competitividad y determinar la rentabilidad social de los proyectos productivos y requerimientos de los mismos, deberá determinar y desempeñar como actividades de su objeto social, las siguientes:

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de las organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector Social de la Economía, así como de las personas morales y grupos de personas físicas a que se refieren las Ley de la Economía Social y Solidaria, y que le permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas económicas del país, con la finalidad de aprovechar debida y oportunamente los recursos de cada región.

Para efectos de esta fracción, la Institución deberá utilizar como dispersores naturales de los recursos y apoyos financieros que otorgue a las organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector, a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las que se refieren las Leyes Generales de Sociedades Cooperativas y para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se entenderá por dispersor natural, a las organizaciones, sociedades y Organismos de integración y representación con reconocimiento legal, que permitan y faciliten otorgar financiamiento alos Organismos del Sector.

II. Otorgar garantías a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para el otorgamiento de créditos y la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica y legal.

III. Determinar los criterios generales que permitan evaluar la rentabilidad social de los requerimientos de las organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector, para la atención de proyectos productivos, apoyos financieros para mejorar la infraestructura de y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sector, y en general, de cualquier solicitud que se relacione con alguna de las actividades y facultades previstas por esta Ley para la consecución del objeto social de la Institución;

IV. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector;

V. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y legal y el incremento de la productividad de las organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector, así como de las personas morales y grupos de personas a que se refiere la Ley de la Economía Social y Solidaria;

VI. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional. No son considerados por esta disposición, los créditos para fines monetarios;

VII. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier otro acto jurídico de naturaleza análoga, para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto;

VIII. Realizar estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo del Sector, así como para determinar los criterios generales que permitan evaluar la rentabilidad social de los proyectos de inversión y los requerimientos que realicen las organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector;

IX. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica en coordinación con los Organismos del Sector, a efecto de aprovechar de la mejor manera los fondos de fomento, garantía e inversión que se constituyan para el impulso y fortalecimiento del Sector, así como los fideicomisos que con dicho propósito constituya el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria, en coordinación con los sectores que establece la Ley de la Economía Social y Solidaria;

X. Fungir como institución fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el adecuado desempeño de las actividades necesarias para la consecución de su objeto;

XI. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, de las organizaciones, empresas, sociedades, y los Organismos de integración y representación del Sector, teniendo en cuenta al efecto los criterios generales para evaluar la rentabilidad social de los mismos;

XII. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector; y

XIII. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro de las comunidades indígenas y en aquellas áreas o regiones de la Nación que, previa declaratoria por parte de la Cámara de Diputados, se consideren como zonas de atención prioritaria, en relación con los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, respectivamente.

ARTICULO 53. El Banco atenderá, apoyará y fortalecerá los proyectos de inversión, mediante el otorgamiento de créditos y la constitución de los fideicomisos y fondos de fomento económico, de garantía e inversión, de aquellas organizaciones, sociedades, empresas y Organismos de integración y representación del Sector Social, que en su organización, administración, así como en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, observen y apliquen los siguientes principios, valores y prácticas a las que se refiere la Ley de la Economía Social y Solidaria:

I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;

II.Régimen interno democrático;

III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios;

IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación económica, física e intelectual de los socios;

V. Fomento a la educación y capacitación permanente de los socios, mediante la instrumentación de mecanismosque consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

VI. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso;

VII. Promoción de la cultura ecológica y desarrollo sustentable de las comunidades en donde tengan su domicilio social y de aquellas donde realicen su actividad;

VIII. Régimen laboral solidario;

IX. Ayuda mutua, solidaridad y transparencia;

X. Probidad;

XI. Fomento y difusión de los derechos y obligaciones de sus socios;

XII.Establecimiento de lineamientos que propicien condiciones paritarias para los géneros;

XIII. Preeminencia del trabajo realizado por los socios sobre el capital;

XV.Propiedad y explotación cooperativa de los medios de producción;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, en un periodo de 120 días naturales a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, expedirá la Ley Orgánica del Banco Mexicano de Desarrollo, en el marco de los lineamientos aquí planteados, en la que se preverá que los recursos financieros, materiales y humanos de las actuales instituciones nacionales de crédito se transfieran a dicha entidad.

Así mismo, modificará la Ley de Instituciones de crédito a fin de adecuarla a las disposiciones de esta Ley. En tanto ello no ocurra, las actuales instituciones seguirán operando de conformidad con su normatividad actual.

TERCERO. Para la constitución del Banco Mexicano de Desarrollo, en un plazo de 120 días contados a partir de la publicación del presente decreto en el diario oficial de la federación, se fusionarán en éste las siguientes instituciones: Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Rural, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y Sociedad Hipotecaria Federal, dejando a salvo los compromisosde orden laboral que dichas instituciones tengan con sus trabajadores. En el proceso de fusión de estas instituciones en el Banco Mexicano de desarrollo sus activos y pasivos pasarán a formar parte del patrimonio de este Banco, así como las obligaciones que dichas instituciones tuviesen con terceros. El proceso de fusión estará a cargo de la Secretaría, bajo la vigilancia del Banco de México.

CUARTO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley para modificar el Reglamento Interior de la Secretaría para establecer las atribuciones y estructura orgánica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, que se crea en esta Ley.

QUINTO. El Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo, se instalará conforme a lo siguiente:

I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público deberá convocar a la sesión de instalación del Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la presente leyen el Diario Oficial de la Federación.

II. Dentro de los noventa días naturales siguientes a su instalación, el Comité Nacional de Financiamiento al Desarrollo deberá expedir su Reglamento Interior.

SEXTO. El titular del Ejecutivo Federal, deberá expedir durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Reglamento de Ley correspondiente.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y remítase copia del turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada porel C. Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado Presidente.

Como podrá observarse, no solamente hay debate formal de grandes temas en la vida nacional, sino otros de otro tipo, por eso la atención que los señores y señoras legisladoras prestan a sus colegas en la presentación de sus iniciativas en el esfuerzo de cumplir con su obligación parlamentaria es a veces muy limitado.

Sin embargo, yo quiero decirles que no sólo en este debate, sino los temas fundamentales de la vida política del país, y haré la presentación en nombre de mi grupo parlamentario, del Verde Ecologista de México, de nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega, colocar temas para la discusión de los asuntos electorales.

Miren, nosotros consideramos que de los grandes retos el día de hoy no solamente para los poderes del Estado, sino para su clase política, para los mexicanos hay cuando menos tres tareas, y una tiene que ver, estimados colegas, con el asunto de volver a condiciones de paz y de tranquilidad para el desarrollo armónico no sólo de la vida política, sino de las actividades cotidianas de la gente, reconstituir el tejido social.

Otro de los temas que nosotros consideramos fundamental y habrá que coincidir, es la democratización de los procesos electorales, de los procesos políticos en la disputa por el poder.

Hemos avanzado mucho, sin duda, y las experiencias en ese avance nosotros traemos propuestas para discutir con un sentido cualitativo, con un sentido de fondo, pero esta disputa por el poder en los procesos no ha logrado nivel de democracia plena, hay crecimientos de presupuestos en más de un 300 por ciento, pero no puede llamarse un Estado mexicano como el nuestro, democrático, con más de la mitad de su población en pobreza.

Se fortalecen las estructuras electorales, pero no las de buen gobierno que lleven bienestar necesariamente a la población.

Nosotros qué decimos, hay que ir al crecimiento económico, por eso el tiempo nos da para reformas y propuestas, y viene ya la energética y vendrá la hacendaria, pero también queremos contribuir en la electoral.

Crecimiento para mejores empleos de calidad, más remunerados.

Reforma Energética, si no acredita sentido social, si no acredita crecimiento económico y combate a la pobreza, el debate está más ahí, más que la forma jurídica; en el tema electoral decimos cada vez que se pueda irle quitando dinero a la política.

¿Qué planteamos?

Señor Presidente, y le ruego, porque en el Orden del Día se relaciona sólo una reforma al 41 de la Constitución, traemos otros que adicionan Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que las dos iniciativas se les da el turno correspondiente, pero aludo a la constitucional, planteamos la reducción en la fase previa a la jornada electoral, la reducción de los tiempos de campaña.

De 90, en el caso de Diputados, a 45 días; y de Senadores y de Presidente de la República de 90 a 60 días, y estableciendo la misma regla para los tiempos de precampaña. No les digo sólo el encarecimiento financiero, sino el encarecimiento por los plazos tan largos, pero sobre todo el impacto que pueden generar y que generan en los hechos de la suspensión de programas sociales y del ejercicio de presupuesto encontrando como limitante justamente los procesos políticos electorales.

El tiempo no me da para mucho, estimado Presidente, sólo pido trato equitativo similar a las anteriores presentaciones, agrego, subir el umbral del 2 al 3 por ciento para la preservación del registro de partidos políticos en contiendas evidentemente federales, del 2 al 3 por ciento, dirán que es una valentía del Partido Verde, sí, sí lo es, pero hemos demostrado en procesos políticos electorales la capacidad de la propuesta del debate y del avance electoral.

Modificar también rescata la figura de las candidaturas comunes, el candidato a la Presidencia de la República, Senadores y Diputados, rescatarla, y por lo que hace a coaliciones hacer éstas parciales, y una que es de la plataforma del Partido Verde, la gente no sólo queda harta del exceso de las propaganda de los partidos políticos, sino de su basura.

La Ley Electoral establece el día de hoy que habrá de preferentemente utilizarse material reciclable, suprimimos el preferentemente para que sea obligatorio, para que sea imperativo, no decimos más por ahora, estimados colegas, sino que la dejamos a su consideración y muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quien suscribe, Tomás Torres Mercado, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por la cual se reduce el lapso de las campañas electorales de legisladores federales y Presidente de la República.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La reforma política del Estado lleva en discusión cerca de tres décadas; tanto la sociedad como los actores políticos, independientemente de sus posiciones ideológicas o programáticas, han señalado con insistencia la necesidad de transformar el régimen político en nuestro país a través de cambios institucionales y legales con la finalidad de conseguir un México sensible y proactivo a las múltiples exigencias de la población aspirando así a la justicia, crecimiento económico y desarrollo social.

Por este motivo, una de las altas prioridades de los cuerpos legislativos es lograr que la democracia garantice la coexistencia e interacción de una gran pluralidad de ideas y proyectos de nación, además de ser el vehículo para alcanzar los acuerdos sobre los cuales se finque el desarrollo del país.

Una democracia más transparente, menos costosa y capaz de entregar mejores resultados como forma de gobierno, requiere llevar a cabo cambios en materia electoral enfocados a lograr una mayor racionalidad en los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, de las instituciones electorales y de los mismos comicios.

Asimismo, es menester realizar ajustes al diseño institucional en el ámbito legislativo, de manera tal que se generen las condiciones propicias para la negociación y las coaliciones de gobierno.

ARGUMENTACION

El razonamiento es sencillo, si el tiempo de las campañas se reduce, se obtendría también una disminución sobre los gastos, y los procesos de información estarían sin duda dirigidos con mayor énfasis a los votantes consiguiendo de ese modo que las fuerzas políticas emitan estrategias más sustantivas tendientes a convencer y no a persuadir a través de la sensibilidad1.

Lo anterior generará el beneficio de ciudadanos más informados y por ende, más conscientes de los problemas del país, llevando a cabo así el mejor cumplimiento del numeral cuatro del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual determina que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Sin duda, esta línea argumental nos permite ver que, los partidos políticos ante la exigencia de la reducción del lapso de las campañas, deberán realizar procesos más agudos para invertir su tiempo de promoción en sus logros y proyectos reduciendo así la llamada guerra sucia dedicada a la descalificación de los rivales electorales prohibida por los artículo 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En esta perspectiva, los partidos deben comprender y aceptar los nuevos desafíos exigidos por la población, quien requiere menos propaganda electoral y más trabajo por parte de los políticos.

Por lo cual, esta iniciativa proyecta entre sus propuestas modificar el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para disminuir a sesenta días la campaña electoral para el Presidente de la República y legisladores federales y con el mismo fin, imponer un lapso sólo de cuarenta y cinco días para el caso de los Diputados.

Como se aprecia, la tendencia impuesta por las reformas en México es reducir cada vez más el tiempo de las campañas, pues como ya se mencionó, se disminuirían gastos2 y se dotaría a las campañas de mayor contenido.

Cabe precisar que antes de la reforma de 2007-2008, las campañas daban inicio a partir del día siguiente de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluían tres días antes de celebrarse, por lo que la duración era dependiente del cargo a disputarse3.

Pero ahora con la reforma pretendida podrán apreciarse los beneficios expresados anteriormente, y de igual modo, México se adheriría a algunos modelos iberoamericanos en donde para elegir a sus representantes se han establecido períodos, en muchas ocasiones, considerablemente menores4 al lapso actual reconocido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que es de 90 días para el caso del Presidente de la República, Senadores y Diputados; exceptuando a las campañas de estos últimos llevada a cabo cuando no se elijan a ninguno de los otros representantes mencionados, pues en estos casos la duración de la contienda es de 60 días.

Sin duda lo anterior representa un bastión, especialmente para los legisladores, pues les autoriza la difusión de un trabajo serio y muestra el cumplimiento o no de los compromisos de los institutos políticos.

Cabe señalar que las campañas políticas de larga duración aumentan la posibilidad de que la intensa disputa por el poder, que en ocasiones incluye insultos y descalificaciones más allá de la capacidad argumentativa, genere una mayor polarización entre la sociedad y las fuerzas políticas contendientes, lo cual irremediablemente tiene un impacto en la construcción de acuerdos legislativos en virtud de que las diferencias que permanecen después de las elecciones se profundizan hasta llegar al punto de ser irreconciliables, enturbiando así las condiciones para la negociación en el Congreso.

Bajo esta misma lógica, cuanto más tiempo disponible exista para que los partidos y candidatos intenten salir airosos de la contienda, incluso utilizando medios poco éticos o moralmente cuestionables, crece la posibilidad de que se presente en la sociedad un hartazgo respecto de la dinámica que adquieren algunos procesos electorales, en los cuales lamentablemente, como mencionamos, pesan más las descalificaciones burdas que la contraposición de ideas y propuestas. Así, se pone en riesgo la legitimidad del sistema político, pues la imagen tanto de los partidos como de los candidatos que hayan obtenido el triunfo se ve expuesta a un desgaste innecesario.

Los dos supuestos anteriores minan la gobernabilidad y la estabilidad política del régimen ya que en el momento de tomar posesión de los cargos que se renuevan, como consecuencia de la guerra sucia, los nuevos servidores públicos o representantes populares podrían comenzar su encargo con una imagen muy deteriorada frente a la ciudadanía que reduce las posibilidades de que los gobiernos y congresos desarrollen su labor de manera eficiente.

Asimismo, aunque formalmente nada impide que el trabajo en el ámbito legislativo se siga desarrollando de manera normal mientras un proceso electoral está en curso, lo cierto es que en los hechos cambian las condiciones para la consolidación de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso quienes se mantienen a la expectativa de las incidencias de las campañas electorales. Por este motivo la productividad del poder legislativo también se ve afectada con campañas de larga duración.

Finalmente, otro acto perjudicial asociado con el lapso de las campañas electorales es el obstáculo para la operación del Estado, por lo que respecta a la aplicación de los programas sociales,pues el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 347 cataloga como una infracción a la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, viéndose de este modo perjudicado un amplio sector de la población al carecer de la información precisa para solicitar algún tipo de colaboración por parte de las Instituciones destinadas para tal fin.

En razón de lo expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 41.- …

I. a laIII…

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas para Presidente de la República y senadores será de sesenta días; las de diputados federales durarán cuarenta y cinco días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

V…

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un lapso no superior a seis mese de la entrada en vigor del presente decreto, deberá implementar en las leyes electorales de la materia la presente reforma.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Suscribe

Dip. Tomás Torres Mercado”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Torres Mercado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

1 La persuasión es una forma de control social con la que se manipula el comportamiento de determinado individuo o grupo social. Para lograr su objetivo algunas fuentes de persuasión tienen que recurrir, incluso, a la mentira o a la apariencia. En la publicidad, la propaganda y la política encontramos los mejores ejemplos de persuasión.…

La argumentación es una forma de convencer o de lograr una adhesión de un determinado auditorio, pero apoyándose más que todo en criterios racionales. Por eso argumentar es mucho más difícil que persuadir cuando se intenta convencer a un auditorio exigente. …Confere, Díaz Álvaro, La argumentación escrita, segunda edición, Universidad de Antioquia, Colombia 2002a, Páginas 2-6.

2 En un cálculo aproximado realizado por el periódico La Jornada, se estimó un gasto para el erario de 4 mil 783 millones pesos para la contienda federal del año 2006. Véase, “En ningún país de América Latina las campañas son tan largas como en México” de Alonso Urrutia y Fabiola Martínez.

3Artículos 176 y 177 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta enero de 2008. Artículo 176 1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas; 2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días del mes de enero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia.Artículo 177 1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: a) Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, del 1o. al 15 de abril inclusive, por los Consejos Distritales; b) Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 15 al 30 de abril inclusive, por el Consejo General; c) Para senadores electos por el principio de mayoría relativa, del 15 al 30 de marzo inclusive, por los Consejos Locales correspondientes; d) Para senadores electos por el principio de representación proporcional, del 1o. al 15 de abril inclusive, por el Consejo General; y e) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 15 de enero inclusive, por el Consejo General…

4 En Argentina, el Código Electoral Nacional, en su artículo 64 bis reconoce que la campaña electoral se inicia treinta y cinco (35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio. En España la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la cual aplica para las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía para la designación de los Senadores previstos en el artículo 69.5 de la Constitución, las elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales, las elecciones de los Diputados del Parlamento Europeo, asimismo, en los términos que establece la Disposición Adicional Primera de la presente Ley, es de aplicación a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y tiene carácter supletorio de la legislación autonómica en la materia, estipula que: 1. La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria; 2. Dura quince días.; 3. Termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA EDUCACION E INCLUSION FINANCIERA

(Presentada por la C. Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

“La suscrita, MARIA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN E INCLUSION FINANCIERA.

Planteamiento del problema.

El bienestar personal, familiar y social guarda una estrecha relación con el bienestar financiero. La riqueza es uno de los componentes más importantes cuando se habla de desarrollo social; más aún, son los niveles de ingreso y su administración lo que hace que las sociedades puedan ser catalogadas como avanzadas, en vías de desarrollo o pobres. El bienestar financiero de la sociedad es sinónimo del progreso de una nación.

En México, una gran parte de su población vive en una situación económica difícil; específicamente, se dice que más del 50% de la población se encuentra ubicada dentro de alguno de los tres niveles de pobreza identificados por la ONU, ocasionando una baja movilidad social que hace aún más difícil que estos sectores de la población tengan las posibilidades y las herramientas para superar esta condición. Esta situación se puede ver reflejada en la poca penetración de los servicios bancarios en la población mexicana, la cual presenta cifras muy por debajo de otras naciones de América Latina.

En este sentido, existe a nivel internacional un consenso entorno a que los individuos, familias, comunidades y sociedad, se vean motivados a utilizar su talento, conocimiento e innovación, para aumentar su propio bienestar social y que utilicen los productos y servicios que ofrece el sistema financiero y bancario como palanca de desarrollo y como un medio para transitar hacia una mejor calidad de vida.

Por ello, es importante, promover una cultura financiera cimentada en la anticipación y planeación, que permita construir mejores condiciones de vida para el presente y el futuro de nuestra sociedad y del país. Es necesario aumentar el acceso a productos bancarios y financieros, pero también promover el conocimiento e impulsar las condiciones que fortalezcan la capacidad de las personas para tomar decisiones adecuadas, basadas en principios de información, razonamiento, voluntad y responsabilidad ante las opciones existentes.El hecho de que las tareas financieras sean básicas en la vida cotidiana de las personas, no implica que su manejo sea simple; antes bien, los productos financieros han evolucionado rápidamente en complejidad y cantidad. En este entorno, es aún más necesario pensar que la sociedad tiene derecho tanto de tener al alcance los servicios, como de entender la mínima información que facilite la toma de decisiones económicas.

En México no se cuenta con una cultura educativa que incluya el desarrollo de habilidades y destrezas que fomenten la generación y administración de los recursos económicos de las personas. La educación en todos los ámbitos, es un compromiso que involucra a todos los actores sociales del país: gobierno, sociedad y empresa. La sinergia entre ellos, maximizaría los resultados de la estrategia educativa. No cabe duda que es urgente coadyuvar en la creación de una institución especializada de carácter desconcentrado que sea rectora de una educación financiera integral y que promueva la inclusión de grupos que actualmente no participan ni se benefician del sistema financiero y bancario mexicano.

Una muestra de lo anteriores lo referente al uso de las tarjetas de crédito, de acuerdo a cifras del Banco de México, durante el periodo 2011- 2012 el número de tarjetas de crédito en la economía del país se incrementó más del doble (9.3%) en comparación con el crecimiento económico del país (Crecimiento del PIB 3.9%), mientras que la cartera vencida creció más del triple de lo que lo hizo el PIB en el mismo periodo (14.1%). Esto es preocupante, al indicar que la deuda de las personas está creciendo a una tasa mucho mayor que el ingreso promedio nacional, de forma que comprometen el ingreso futuro al pago de deudas del presente; incluso el correspondiente a generaciones venideras.

La educación financiera permite desarrollar habilidades y conocimientos útiles y necesarios para la vida diaria de las personas, tareas tan esenciales como el ahorro para el retiro, la presupuestación de gastos escolares y del hogar, identificar la tarjeta de crédito más barata, obtener la cultura del seguro, son actividades que toda la población debería de poder realizar sin contratiempos y sin temor. Es por ello que la educación financiera integral y especializada debe representar una meta del gobierno; ya que esto permitirá a su vez, una mayor inclusión de la población hacia el sistema financiero y bancario mexicano.

Argumentación.

Con el objeto de responder a la creciente inquietud de los gobiernos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en torno al impacto adverso de los deficientes niveles de educación financiera, en 2003 se puso en marcha un proyecto integral y de alto nivel sobre este tema. Este proyecto se desarrolló bajo el patrocinio de dos Comités de la OCDE (el Comité de Mercados Financieros y el Comité de Seguros y Pensiones Privadas) para abarcar un espectro amplio de temas relacionados.

En junio de 2006, los Ministros de Finanzas del G8 reconocieron el trabajo de la OCDE y sus actividades en el ámbito de la educación financiera.

Una de las secuelas de la crisis financiera ha sido que los temas relacionados con los conocimientos de finanzas y la educación en este ámbito han ganado impulso. Los diseñadores de políticas en todo el mundo reconocen cada vez más la importancia de la Educación Financiera, tanto en su calidad de aptitud para la vida como en términos de ser un componente clave de la estabilidad financiera y económica y del desarrollo.

En el contexto nacional, hace falta un organismo desconcentrado con autonomía técnica que sea el responsable de articular las diferentes acciones emprendidas por distintos actores a nivel nacional en materia de educación e inclusión financiera; cuya estructura orgánica permita la participación activa de los representantes de las entidades gubernamentales, financieras y bancarias pertinentes; así como también de representantes de la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; que cuente con ejes programáticos, monitoreo de desempeño y evaluación de resultados; y, que sobre todo, se constituya en el brazo articulador que erija los puentes entre el sistema financiero del país y los mexicanos; brindando de esta forma, mayores oportunidades para el desarrollo económico y social. Entre los principales argumentos que fundamentan la creación de este organismo se encuentran:

• El actual Comité de Educación Financiera de la SHCP carece de las atribuciones, facultades, alcances, responsabilidades y estructura orgánica, para poder llevar cabo la gran empresa que representa el promover la educación e inclusión financiera en México.

• Existe un consenso generalizado entre los distintos actores de dar un paso contundente orientado a promover la educación e inclusión financiera.

• Se aprecia una necesidad importante de articular el gran número de esfuerzos que se realizan actualmente por parte de distintos actores en materia de educación e inclusión financiera.

• Conformar una plataforma interdisciplinaria de trabajo que genere estrategias, programas de acción y actividades específicas eficientes y efectivas, que se encuentren en concordancia con la gran diversidad de grupos y segmentos de población que sean identificados como beneficiarios potenciales del sistema financiero a través de la educación e inclusión.

• La protección de los usuarios y servicios financieros, no es un sustituto de la educación financiera, como lo ha establecido la OCDE, sino que ambos deben ser complementarios y ser observados y fomentados de manera permanente.

• Se está conformando un sistema financiero y bancario sofisticado y moderno; que obedece a cambios demográficos, económicos y sociales que impulsan la creación continua de nuevos productos y servicios; es importante que también se ponga especial interés en brindar las herramientas necesarias para que las personas puedan asimilar esta información y desarrollar estrategias que le ayuden a tomar mejores decisiones en materia de ahorro, crédito, inversiones, impuestos, bienes inmobiliarios, seguro y fondos para el retiro.

En el marco de la Reforma Financiera, presentada por el Ejecutivo Federal, Nueva Alianza, reconoce la labor del gobierno, al fortalecer la regulación y supervisión del Sistema Financiero, sin embargo, dejan de lado el tercer pilar fundamental para fortalecer el Sistema Financiero Mexicano, y que tiene que ver con la “Educación e Inclusión Financiera”, ya que en la medida que México dote de información financiera accesible a su población, los mecanismos de regulación y supervisiónserán menos rígidos, y permitirá potenciar el desarrolloa través de una verdadera cultura financiera.

En este contexto se propone la creación del Instituto para el Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, como organismo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público responsable de diseñar las estrategias y políticas a nivel nacional para promover la educación financiera entre distintos segmentos de población, con especial énfasis a aquellos grupos que actualmente se encuentran alejados del sistema financiero y bancario del país y que requieren de mayores políticas públicas e instrumentos que les permitan romper la barrera que los mantiene en situación de pobreza y marginación. Entre ellos se encuentran madres solteras, jefas de familia, grupos indígenas, personas con discapacidad, jóvenes sin acceso a educación media y superior, niños y niñas que habitan en zonas de alto riesgo, entre otros. De esta forma, en materia social, los alcances de la presente Iniciativa son profundos, ya que su espíritu conlleva el que eventualmente estos grupos en situación de vulnerabilidad, puedan utilizar la banca y el sistema financiero para acceder a créditos orientados a la educación y a la actividad productiva.

Fundamento Legal.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LALEY DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA EDUCACION E INCLUSION FINANCIERA.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- Se crea el Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, como órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta Ley.

ARTICULO 2°.-El Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, tendrá por objeto articular a los diferentes actores interesados en promover la educación e inclusión financiera en México, así como establecer ejes temáticos que sirvan de guía para el establecimiento de estrategias, políticas públicas, programas y acciones, que coadyuven a conformar una población capaz de identificar y aprovechar los productos y servicios ofrecidos por el sistema financiero mexicano.

ARTICULO 3°.-Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Comité Técnico; al Comité Técnico del Instituto.

II. Consejo; al Consejo de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera.

III. Director; al Director General del Instituto.

IV. Entidades Financieras, a las entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano:

a) A las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades financieras populares, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, sociedades financieras comunitarias, sujetas a la supervisión de la Comisión y los organismos de integración financiera rural, así como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión, todas ellas constituidas conforme a las Leyes mercantiles y financieras.

b) A las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sujetas a la supervisión de la Comisión, a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, integrantes del sector social.

c) A las Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y SociedadesMutualistas de Seguros.

d) A las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro.

V. Instituto; al Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera.

VI. Secretaria;a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 4°.-Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Definir e instrumentar una política nacional para promover la educación e inclusión financiera, para que el uso de los productos y servicios ofrecidos en el sistema financiero mexicano sean aprovechados por toda la población, fomenten el desarrollo y mejoren la calidad de vida.

II. Actuar como órgano de consulta y asesoría para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como instituciones financieras, bancarias y no bancarias; y asociaciones civiles, en asuntos concernientes a la educación e inclusión financiera en México.

III. Fungir como entidad de enlace y coordinación de las Entidades Financieras, a través de programas y acciones que faciliten la circulación eficiente de información, el alcance y el impacto positivo de productos y servicios financieros, entre la población.

IV. Constituirse como un instrumento de desarrollo social a través de la elaboración de estrategias, políticas públicas, programas y acciones focalizadas a los distintos grupos de población en México que pueden ser usuarios de los distintos productos y servicios ofrecidos por las Entidades Financieras.

V. Fomentar la inclusión financiera de grupos ubicados en los diferentes niveles de pobreza y/o en situación de vulnerabilidad

VI. Colaborarcomo órgano de consulta en los diferentes esfuerzos que se lleven a cabo en materia de fomento y facilidad de acceso a financiamientos, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas.

VII. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos legales.

ARTICULO 5°.- Los comités, instituciones y servicios, que existan a la entrada en vigor de la presente ley y que en el futuro cree el Gobierno Federal con finalidades semejantes a las comprendidas en el artículo anterior, deberán coordinarse Instituto. Igualmente, las subvenciones que otorgue el Gobierno Federal, así como los trabajos que encargue o patrocine para el fomento de actividades de la misma naturaleza de las que conforme a la presente Ley son propias del Instituto, deberán ser otorgadas, encargados o patrocinados por éste.

TITULO II

DEL DIRECTOR Y DEL COMITE TECNICO DEL INSTITUTO

ARTICULO 6º.- El Instituto contará con las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto que al respecto disponga su reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.

ARTICULO 7º.-El Instituto estará regido por un Director General nombrado por el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, gozara de Prestigio Público, así como amplia experiencias en materia financiera, así como en actividadesde difusión educativa y cultural. Los directores, jefes de departamento y en general los técnicos del Instituto deberán tener la misma calidad y serán designados por el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Director General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de confianza.

ARTICULO 8º.-El Director General, los directores técnicos, los jefes de departamento y los técnicos que el efecto señale el reglamento respectivo, constituirán el Comité Técnico del Instituto, organismo que en todo caso será presidido por el Director General.

ARTICULO 9º.-Corresponde al Comité Técnico:

I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto.

II. Impulsar y favorecer la participación de todos los sectores gubernamentales, privados y sociales interesados en los temas relacionados a la educación e inclusión financiera.

III. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las diversas instancias de gobierno, así como con los sector privado y de la sociedad civil.

IV. Proponer y dar seguimiento al debido cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en el Instituto.

V. Integrar comisiones o comités para la atención de asuntos específicos para el cumplimiento del objeto del Instituto.

VI. Determinar los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación actividades del Instituto.

VII. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto.

VIII. Las que determine el Reglamento Interior del Instituto y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 10- El Comité Técnico celebrará sesiones siempre que sea convocada por su Director y por lo menos se reunirá una vez cada dos meses.

ARTICULO 11.- Corresponde al Director:

I. Tener a su cargo la representación legal del Instituto y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las asignadas por esta Ley u otras leyes;

II. Ejecutar los Acuerdo del Consejo;

III. Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico;

IV. Informar a los miembros del Consejo, cuando sesionen o cuando ésta se lo solicite sobre las labores de las oficinas a su cargo, así como emitir un informe anual de resultados;

V. Formular anualmente los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto, los cuales una vez aprobados por el Comité Técnico, serán sometidos a la autorización de la Secretaría;

VI. Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio del presupuesto de egresos aprobado por el Comité Técnico;

VII. Las demás facultades que le fijen esta Ley, otras leyes y su reglamento respectivo.

ARTICULO 12.- En los términos de este Título, se reunirá el Consejo de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera que tendrá por objeto integrar a las diferentes entidades y dependencias que rigen el sistema financiero en México, con la finalidad de establecer ejes programáticos que sirvan de guía para la actuación del Instituto, así como vigilar que el Instituto cumpla con su objeto.

TITULO III

DEL CONSEJO DE FOMENTO A LA EDUCACION E INCLUSION FINANCIERA

ARTICULO 13.- El Consejo de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera a que se refiere el artículo 13 de esta Ley estará integrado por:

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por su titular y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

II. El Banco de México, representado por el Gobernador y un Subgobernador que el propio Gobernador designe para tales propósitos;

III. La Secretaria de Economía, representada por su titular.

IV. La Secretaría de Educación Pública, representada por su titular.

V. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representada por su Presidente y el Vicepresidente de dicha Comisión competente para la supervisión de la institución de que se trate, y

VI. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, representada por su Presidente.

VII. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, representada por su Presidente.

VIII. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, representada por su Presidente.

IX. Un representante de por lo menos dos Instituciones Privadas del Sistema Financiero, que asistan por invitación del Presidente del Consejo.

Las sesiones del Consejo serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y, en su ausencia, por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente del Consejo de nombrará a un secretario de actas, quien deberá ser servidor público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El secretario de actas deberá verificar que en las sesiones del Consejo se cumpla con el quórum de asistencia previsto en el artículo 14; levantará las actas circunstanciadas de dichas sesiones, las cuales deberán firmarse por todos los miembros del Consejo asistentes; proporcionará al Director del Instituto la información a que se refiere el artículo 15, y notificará las resoluciones de dicho Consejo a cada titular de las dependencias y entidades que lo integran, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se adopten, para efectos de que dichas dependencias y entidades procedan dentro del ámbito de sus facultades a la determinación del método de resolución correspondiente.

ARTICULO 14.-El Consejo sesionara cada seis meses a convocatoria emitida por el Presidente del Consejo.

Para que el Consejo se considere legalmente reunido se requerirá la asistencia de, cuando menos, cinco de sus miembros, siempre que esté presente al menos un representante de cada una de las instituciones que lo integran.

Artículo 15.- Los miembros del Consejo deberán presentar impreso o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, la información con la que cuenten en el ámbito de sus correspondientes competencias, que serán entregados al Director del Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se contarán con 365 días naturales, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para poner en funcionamiento el Instituto para el Fomento a la Educación e Inclusión Financiera por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERO.- Los recursos presupuestarios para el funcionamiento y operación del Instituto provendrán de:

I. A través de los recursos que al respecto disponga la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del objeto del Instituto.

II. Recursos complementarios provenientes de subvenciones y aportaciones de la iniciativa privada y otros sectores.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco”.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del PT)

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO POR EL ARTICULO 55 FRACCION II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIENRO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A SU CONSIDERACION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOSY DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente en muchas de las instituciones gubernamentales, hay un número importante de servidores públicos que llegan a la obtención de cargos importantes sin poseer los conocimientos suficientes para asumir el cargo, para ello se imparten cursos que los adentran en su nuevas responsabilidades; aunque en la praxis la mayoría llega con conocimientos generales de sus funciones, durante su gestión se encuentran con limitantes para el desempeño de sus actividades por la falta de conocimiento a tareas correspondientes al cargo. Es importante exigir a los servidores públicos de cualquier rubro tener los conocimientos a detalle de su actividad administrativa, política, gubernamental, etc., ya que el funcionamiento de las instituciones radica en que la programación de agenda, planeación de programas y ejecución de acciones sean de necesidad ciudadana o pública y no personal.

Aunado a que muchos de los cargos se obtienen en nuestro país a partir de “dedazos”, de plazas heredadas y/o venta de las mismas, de puntos acumulados, de favores o cobros del nepotismo o por imposición, etc., en primer lugar existen funcionarios que de inicio no tienen el grado académico suficiente para ciertos cargos; en segundo no poseen las certificaciones para la realización de algunas actividades; y tercero, no tienen idea acerca de lo que significa la administración pública, y la confunden con la administración privada, lo que nos ha llevado a deformar y mal entender el concepto “burocratización de la administración pública”, ya que esta simplemente busca que las instituciones se burocraticen (seccionan) para facilitar el desempeño de las instituciones ya que si solamente a una persona se le delegan todas las funciones puede ocurrir el abuso de funciones o incompetencia de las instituciones, lo cual se rezagaría con personal profesional en cada sección.

Uno de los aspectos que se pretenden modificar es referente a la profesionalización de los servidores públicos, con el propósito de elevar su productividad y niveles de responsabilidad. La profesionalización de los servidores públicos debe servir fundamentalmente para motivar a las instituciones públicas gubernamentales a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y generar las condiciones para una mejor calidad de vida a los usuarios y a los empleados permitiendo formar funcionarios públicos con multi-habilidades que puedan adaptarse con rapidez a los cambios que nos plantea el entorno de la globalización y la competencia. El objetivo es restaurar la credibilidad de los ciudadanos en sus gobiernos volviendo sus estructuras administrativas más eficientes, comprometidas con las responsabilidades, demandas, expectativas y necesidades de la sociedad.

La función principal de profesionalizar a servidores consiste en que la coyuntura actual de los gobiernos se encuentra bajoprocesos de definición de modernización, como otorgar a los servidores y funcionarios públicos mayor confianza, estabilidad y mejores condiciones de trabajo, a fin de que eleven su productividad para estar en condiciones de atender con mayor eficacia y eficiencia las demandas de la sociedad, en tener una administración pública profesional que ofrezca servicios de calidad a la ciudadanía buscando soluciones claras, eficientes y precisas. A su vez permitirá erradicar prácticas como el nepotismo, amiguismo y el compadrazgo, la discrecionalidad y la corrupción, permitiendo que mediante procesos democráticos de competencia sea igual y equitativo en oportunidades para reclutar y promovera los servidores públicos mediante sus aptitudes, conocimientos y habilidades.

CONSIDERANDOS

En algunas de las leyes normas y reglamentos solamente se estipula que mediante una comisión de capacitación y certificación a los empleados y/o trabajadores se les otorgan los reconocimientos dependiendo de la necesidad del área a la que pertenezcan lo que es indiscutiblemente inadecuado ya que todas las áreas administrativas, técnicas, manuales, así como direcciones, subdirecciones, etc., no solamente deben de adquirir “capacitaciones con derecho a certificaciones”, por el contrario debe de pensarse en que la capacitación debe concluir en una profesionalización constante del personal para que de esa manera se tenga un buen funcionamiento institucional.

El objetivo de la capacitación para la profesionalización de los servidores públicos, esmejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios, garantizar la instalación cierta y duradera de competencias y capacidades especificas entre los funcionarios públicos y entidades, con base en la formación y capacitación que mejore sus habilidades, preparando al servicio público ante las responsabilidades y retos que enfrentará.

Con la necesidad que se ve acerca de tener servidores públicos adecuados para cualquier institución las modificaciones y agregados que se hacen a este conjunto de leyes es para que mediante sus propias reglas de operación funcionen adecuadamente para la administración Pública Federal con ello y en competencia de las mismas deberán de modificarse para adecuarse a las siguientes propuestas quedando de la siguiente manera:

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 17 fracción II, adiciona un párrafo a la fracción III artículo 47de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y reforma los artículos 37, 46 y 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el Artículo 17 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a quedar como sigue:

Artículo 17 bis.- …

I.

II.Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, grado académico, desarrollo profesional, capacitación, y certificación de capacidades bajo el propósito de profesionalizar a los servidores públicos; evaluación del desempeño dentro de los cursos y la aplicación de los conocimientos adquiridos; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley, y

ARTICULO Segundo.-Se adiciona un párrafo a la fracción III bis al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a quedar como sigue:

Articulo 47.- …

I.

II.

III.Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos, y donde dirá que la adquisición del o los cursos de capacitación debe de terminar con un grado especifico de profesionalización del servidor público dentro del ámbito de su competencia laboral.

Artículo Tercero.-Se reforman los artículos 35, 46, y 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a quedar como sigue:

Artículo 35.- Desarrollo Profesional es el proceso mediante el cual los servidores públicos de carrera con base en capacidades, aptitudes y grado académico podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía, en cualquier dependencia o en las entidades públicas y en las instituciones con las cuales exista convenio para tal propósito.

Articulo 46.- La capacitación tendrá los siguientes objetivos:

I.…

II. …

III. Certificar a los servidores profesionales de carrera en las capacidades profesionales adquiridas y requeridas por su área laboral.

Articulo 47.- El programa de capacitación y profesionalización tiene como propósito que los servidores públicos de carrera dominen los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones.

El programa de actualización se integra con cursos obligatorios y optativos constantes según lo establezcan los Comités en coordinación con la Secretaría. Se otorgará un puntaje a los servidores públicos de carrera que los acrediten.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, a 7 de agosto de 2013.

Atentamente

Dip. José Arturo López Cándido”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTIA DE 1978

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“RICARDO MONREAL ÁVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTÍA DE 1978al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuando se habla de derecho fundamental se hace referencia, la mayoría de las veces, a las prerrogativas que todos los ciudadanos tienen frente al Estado; éstos a su vez están ligados con las competencias para hacer valer jurídicamente las violaciones de éste.

La libertad de expresión verbigracia, es sin duda un derecho positivo en manos de los gobernados, pero encierra la correlativa obligación por parte del Estado de abstenerse de censurar, castigar, sancionar o restringir de algún modo dicha libertad.

Históricamente, el régimen político de nuestro país ha afrontado múltiples problemas con motivo de las diversas corrientes ideológicas que ha tenido como resultado la integración de grupos de disidencia radical, y que con evidentes móviles políticos han incurrido en conductas sancionadas por la ley penal.

Es así como a lo largo de los siglos se han emprendido diversas acciones tendientes a ampliar la participación institucional de las diferentes ideologías en las decisiones nacionales, lo que ha tenido como resultado la búsqueda de distintos instrumentos que permitan la defensa de los derechos de los ciudadanos, con el afán de crear un equilibrio de poder eficiente entre los gobernantes y gobernados.

Tal y como lo contemplan los postulados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos mismos que son recogidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde su redacción por el constituyente de 1917 tutela el derecho a discernir o a tener otra perspectiva de los asuntos públicos, condición sine qua non de la democracia y de la libertad.

En este sentido, la protección democrática del disenso consiste en la efectiva aplicación de las normas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de prensa, de acción y de asociación.

El Estado mexicano en congruencia con los objetivos antes mencionados ha estimado pertinente la construcción de un régimen de derecho que permita a quienes se encuentren prófugos de la justicia, sujetos a proceso o compurgando penas por haber actuado con un móvil político, se les otorgue la oportunidad de unirse a todos los ciudadanos de México en el propósito de fortalecer nuestras instituciones y nuestro progreso. Así es como el reconocimiento de la amnistía más allá de constituir un acto de indulgencia ha sido necesaria para la integración nacional, en la atmosfera de un Estado de derecho.

El término amnistía tiene un significado equivalente a la cancelación de la conducta ilícita y aparentemente antisocial del amnistiado, para que se reintegre plena y jurídicamente al seno de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en la legislación mexicana en el artículo 92 del Código Penal Federal, mismo que a la letra dice:

La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de diferentes formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran reclusos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

El antecedente histórico, respecto a la ejecución de decretos de amnistía en nuestro país, data desde la lucha de independencia, cuando en 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad.

Años más tarde en 1831, una vez instalado el IV Congreso Constituyente, el entonces presidente Anastasio Bustamante decreto la amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que figuraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Un episodio más reciente se registró en septiembre de 1978, cuando el Presidente José López Portillo envío al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía con motivo de la configuración política, económica y social de la época. Esta Ley se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979, anulando la relevancia penal y por ende dando por extinta la responsabilidad punitiva de los de los responsables.

Si bien es cierto que la Ley de Amnistía de 1978, resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época y como base para lograr tranquilidad, concordia y paz, también lo es que hoy por hoy, su prevalencia como parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante.

Pues la aplicación de esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos, es decir esta Ley ya se aplicó para los hechos y situaciones que le dieron origen, tal y como lo establece el artículo 1 del ordenamiento en comento, el cual expresamente reconoce el otorgamiento de amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, por delitos de sedición, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

De lo anteriormente expuesto, es que surge la necesidad de abrogar la Ley de Amnistía de 1978, pues a más de treinta años de su promulgación ha cumplido con el fin de reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes; no obstante, no podemos dejar de mencionar que si bien esta ley ha satisfecho su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contemple las actuales persecuciones políticas que el país vive, las cuales durante el gobierno de Calderón no tan sólo aumentaron, sino que tomaron nuevas formas que exigen mejores instrumentos legales.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pone a la consideración de este pleno el siguiente,

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTIA

UNICO.- Se abroga la Ley de Amnistía.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN MATERIA DE TERRORISMO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE TERRORISMO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 8 de septiembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Estrategia Mundial Contra el Terrorismo, instrumento cuyo objetivo primordial es establecer un plan de acción común para combatir este lastimoso flagelo.

Su importancia radica también en la necesidad de coordinar esfuerzos entre los Estados miembros, partiendo de la conciencia de que hasta la fecha no ha sido posible consensar una definición del terrorismo en los diversos instrumentos internacionales, que satisfaga plenamente los alcances e implicaciones de este fenómeno.

A pesar de ello, existen en la actualidad diversos tratados en el ámbito internacional encaminados al combate al terrorismo mediante el establecimiento de una serie de conductas concretas que si bien no implican una definición legislativa, sí logran en su conjunto conceptualizar al terrorismo con una cierta claridad, delineando así el fenómeno que se pretende combatir.

Dichos tratados internacionales han sido suscritos y ratificados por nuestro país, adquiriendo de esa manera el compromiso internacional de armonizar nuestra legislación interna y adoptar las medidas necesarias para contribuir a la prevención y castigo del terrorismo en un plano de cooperación internacional.

Entre los instrumentos más destacados podemos mencionar el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, la Convención contra la Toma de Rehenes, la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, entre otros.

Al ser parte de dichos tratados internacionales, nuestro país no ha sido ajeno a la dificultad para lograr un consenso sobre la definición y tipificación del delito de terrorismo; dificultad que se ha visto reflejada en su previsión dentro de nuestra legislación nacional, concretamente en el artículo 193 del Código Penal Federal que a lo largo de su vigencia ha sido objeto de discusión por las implicaciones represivas que su redacción genera en contra de la protesta social.

Los cuestionamientos parten de la descripción típica plasmada en el primer párrafo de dicha disposición, que establece como finalidad del ilícito atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Los argumentos que se han vertido en contra de este elemento normativo son válidos; es claro que la protesta social tiene la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación, y desde luego no nos es ajeno que en ocasiones las protestas pueden derivar, por diversas razones, en enfrentamientos y disturbios que generan un efecto de temor en la sociedad.

Incluso durante muchos años, valiéndose de manipulaciones informativas, se generó una especie de estigmatización de la protesta social por virtud de la cual en el pensamiento colectivo se asociaba cualquier manifestación con pretensiones desestabilizadoras o contrarias a los intereses nacionales, algo que desafortunadamente hoy en día sigue siendo llevado a la práctica.

En ese sentido es necesario tener en cuenta que el tipo penal de terrorismo fue introducido al Código Penal Federal en 1970, como parte de una serie de reformas entre las cuales fueron incluidos también los delitos de sabotaje, pandillerismo y asociación delictuosa, además de la derogación del delito de disolución social.

La inclusión de estos tipos penales se dio en realidad como una respuesta a los grupos y movimientos sociales contrarios al régimen, que surgieron durante la década de los sesenta; de ahí que su tipificación contuviera elementos con implicaciones marcadamente políticas, como lo es la finalidad de presionar a la autoridad para tomar alguna determinación.

Pero la polémica sobre las implicaciones políticas del delito de terrorismo cobró nuevamente relevancia en los años 2005 y 2007, cuando el Congreso de la Unión aprobó, a partir de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 11 de septiembre de 2003, la adición del tipo penal de terrorismo internacional, así como la previsión y sanción del financiamiento al terrorismo.

En aquél entonces surgió nuevamente la discusión relativa a la criminalización de la protesta social y a la intención de fondo al establecer una diferenciación entre el terrorismo y el terrorismo internacional, así como sobre las implicaciones y eventual peligro de que México se convirtiera en blanco de ataques terroristas a partir de la inclusión del terrorismo internacional, con el afán de respaldar políticas de otros países en la materia.

Esta reforma fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2007, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

No obstante, el compromiso de nuestro país en el combate al terrorismo había sido ya ratificado con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 28 de septiembre de 2001, por virtud de la cual se requirió a los Estados miembros un informe sobre las medidas ejecutivas y legislativas adoptadas para el combate al terrorismo.

Ahora bien, a pesar de que por fortuna México no es hoy en día un país que adolezca de un problema de terrorismo, lo cierto es que al suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en la materia ha contraído obligaciones que debe cumplir en el entendido de que, como ya se señaló, se trata de instrumentos suscritos en un plano de cooperación internacional.

Sin embargo es claro también que México debe asumir el cumplimiento de tales compromisos con plena observancia y respeto de los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución Federal como en los tratados internacionales en la materia.

Por ello la defensa y respeto de los derechos humanos debe ser en todo momento el principal referente y compromiso de las y los legisladores en el cumplimiento de nuestra responsabilidad de perfeccionar las leyes.

Por tal motivo, con la presente iniciativa se propone un rediseño en la previsión y sanción de los delitos relacionados al terrorismo contemplados en el Código Penal Federal, mediante las reformas y adiciones que se describen a continuación.

TERRORISMO

Con relación al tipo penal de Terrorismo, previsto en el Capítulo VI del Título Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal, se proponen reformas a los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter, los tres que forman la totalidad de dicho Capítulo.

En primer término, en el artículo 139 se propone aumentar el monto mínimo de la pena de prisión, estableciendo un rango de 15 a 40 años en lugar de los 6 a 40 años que señala el texto vigente. De igual manera se propone fijar un monto mínimo para la sanción pecuniaria en mil días multa, a diferencia del texto vigente que no señala expresamente un monto mínimo.

Así también se incluye cualquier clase de material nuclear como medio para la comisión del ilícito y se establece que el acto puede ser realizado indistintamente en contra de bienes o servicios públicos o privados, o bien en contra de la vida o integridad física de las personas.

Una de las propuestas más significativas en el artículo 139 tiene que ver con la finalidad del delito, pues a diferencia del texto vigente que establece como fin último atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para tomar una determinación, en la presente propuesta se señala que la finalidad del delito es producir alarma o temor en la población o en un grupo o sector de ella.

Tal modificación se sustenta en la necesidad de establecer con claridad una distinción entre el terrorismo y la protesta social, pues es evidente que un grupo social que realiza manifestaciones y movilizaciones en defensa o reclamo de sus demandas, lo hace con el fin de lograr una determinación por parte de la autoridad y bajo ninguna circunstancia debemos considerar estos medios de presión como actos terroristas, ni aun cuando en ejercicio de este derecho se susciten disturbios, confrontaciones o en general cualquier otro acto que pueda generar una sensación de temor en la sociedad.

En el mismo orden de ideas se propone también la adición de un tercer párrafo destinado a garantizar expresamente que la protesta social no sea considerada terrorismo, ni aun en los casos ya referidos en que durante una manifestación o protesta se registre cualquier clase de disturbio o confrontación que genere temor entre la ciudadanía.

Por otro lado se propone la modificación del párrafo segundo para establecer una agravante que aumenta la pena en una mitad, cuando en la comisión del delito de terrorismo se retenga a una o más personas en calidad de rehenes.

En cuanto al artículo 139 Bis, se elimina la expresión terrorista en virtud de su connotación como calificativo utilizado a manera de denostación y no como sustantivo. Ello en concordancia con el principio de presunción de inocencia y sin que sea impedimento que en la regulación de otros delitos dentro del Código Penal se haga uso de este tipo de denominaciones.

Finalmente en el artículo 139 Ter se propone una disminución al monto máximo de la pena de prisión que corresponde a quien amenace con cometer el delito de terrorismo, en razón de que actualmente ésta es igual a la pena mínima para el delito de terrorismo. Se estima necesario y conveniente realizar una distinción normativa entre las penas que corresponden por la comisión de un acto terrorista y la sola amenaza de cometerlo, pues el daño ocasionado no es igual. En ese sentido, la regulación actual permite que una persona que amenace con cometer un acto terrorista sin realizarlo finalmente, sea sancionado con la misma pena de prisión que un autor o cómplice de un acto terrorista ejecutado y que en la individualización de la pena haya sido sentenciado con la pena mínima.

FINANCIAMIENTO DE ACTOS TERRORISTAS

Se propone la adición de un Capítulo VI Bis al Título Primero del Libro Segundo, denominado Del Financiamiento de Actos Terroristas.

Dicho Capítulo se compone únicamente por dos artículos; el primero de ellos-artículo 139 Quáter-, establece una pena de prisión de diez a veinte años y sanción pecuniaria de seiscientos a mil días multa, a quien directa o indirectamente, por el medio que fuere y de manera deliberada, provea o recolecte recursos de cualquier naturaleza para ser utilizados, en todo o en parte, en la comisión de los delitos de terrorismo o terrorismo internacional.

La redacción de esta tipificación se basa en el artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1999.

Cabe aclarar que actualmente la financiación del terrorismo se encuentra prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 139, que tipifica el delito de terrorismo, imponiendo la misma sanción para ambas conductas. En la presente propuesta se plantea una reducción al rango de la pena de prisión y de la sanción pecuniaria, fijándolas de 10 a 20 años y de seiscientos a mil días multa. Ello con el objeto de establecer una distinción doctrinal entre el delito principal de terrorismo y una conducta como el financiamiento, que sugiere más un grado de participación que una conducta autónoma.

En cuanto al artículo 139 Quintus, se establece una sanción de uno a siete años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa por encubrimiento al autor o coautores del delito de financiamiento de actosterroristas.

Cabe señalar que en esta propuesta, el encubrimiento en el financiamiento de actos terroristas sería sancionado con menor severidad que los encubrimientos al terrorismo y al terrorismo internacional, nuevamente con el fin de establecer una distinción doctrinal entre delitos a partir de la gravedad de la conducta y el daño causado.

TERRORISMO INTERNACIONAL

Se propone la reforma del artículo 148 Bis, incrementando el monto mínimo de la sanción pecuniaria con el fin de homologarla a la que corresponde por el delito de terrorismo previsto en el artículo 139, en virtud de que se trata de conductas similares cuya diferencia radica esencialmente en el destinatario o destinatarios del acto terrorista.

Para este tipo penal se reproduce en la fracción I la redacción del tipo penal de terrorismo establecido en el artículo 139, salvo que, como ya se señaló, el destinatario del acto pueden ser los bienes o servicios de un Estado extranjero, o la integridad física o la vida de personas internacionalmente protegidas, o bien un organismo u organización internacional.

Cabe señalar que la expresión personas internacionalmente protegidas se encuentra definida en el artículo 1 de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, por lo que su utilización en el presente proyecto se hace con base en dicha definición.

En el caso de los organismos u organizaciones internacionales se especifica que el acto terrorista puede ser cometido contra sus instalaciones, o bien contra sus representantes.

Al igual que en el artículo 139 -que prevé y sanciona el terrorismo-, en el artículo 148 Bis también se establece que la finalidad es producir alarma, temor o terror en la población o un grupo o sector de ella, a diferencia del texto vigente que señala como fin último el de menoscabar la autoridad de un estado extranjero u obligar a este o al organismo u organización internacional a tomar una determinación.

En la fracción II se contempla la conducta prevista en la actual fracción III, referente a que la comisión de un acto terrorista en territorio extranjero será sancionada en los mismos términos si su preparación o los actos tendientes a su consumación fueron realizados en territorio mexicano. Es necesario aclarar que la utilización de las expresiones territorio mexicano y territorio extranjero, responde a la necesidad de que queden incluidas y reconocidas como extensión del territorio nacional o extranjero, según sea el caso, las embajadas, aeronaves y embarcaciones.

Por otro lado se excluye como sancionable el simple acuerdo de cometer un acto terrorista que se pretenda ejecutar en el extranjero, por considerarse que el solo acuerdo de cometer un delito, es decir, el simple acuerdo de voluntades, no es sancionable si dicha voluntad no es exteriorizada o, dicho de otro modo, si no se realizan actos materiales tendientes a la consumación del injusto. Debemos recordar que el derecho penal únicamente sanciona conductas externas del individuo.

Al igual que en la propuesta de terrorismo, se incluye un párrafo destinado a garantizar que la protesta social no sea considerada terrorismo internacional, ni aun en los casos en que durante una manifestación o protesta se registren disturbios o confrontaciones.

En cuanto al artículo 148 Ter, se reduce el rango de la pena de prisión para el encubrimiento al terrorismo internacional fijándolo en 1 a 9 años, con el objetivo de homologarlo con el rango de penas aplicables para el encubrimiento al terrorismo establecidas en el artículo 139 Bis, en virtud de considerar que se trata de conductas similares, por lo que resulta ilógico sancionar una con mayor severidad que otra.

Nuevamente se sustituye la expresión terrorista, en virtud de su connotación como calificativo aplicado con intención de denostación, amén de que en estricto sentido podría entenderse que terrorista es quien comete terrorismo (previsto en el art. 139) y el delito a que se refiere este artículo es terrorismo internacional. Sin embargo tampoco resultaría idóneo utilizar la expresión terrorista internacional, ya que podría conllevar una ampliación innecesaria de la conceptualización del sujeto activo e incluso del tipo penal.

En lo que respecta al artículo 148 Quáter, se reduce el rango de la pena de prisión para homologarlo con el correspondiente a la amenaza de cometer el delito de terrorismo, establecido en el artículo 139 Ter. Ello debido a que se trata de conductas similares, por lo que no se aprecia motivo para sancionar con mayor severidad las amenazas de cometer terrorismo internacional que las amenazas de cometer terrorismo.

Adicionalmente se proponen reformas al inciso 4) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de incorporar como delito grave el financiamiento de actos terroristas, así como a la fracción I del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir ese mismo ilícito en su catálogo de delitos.

Finalmente es necesario aclarar que la presente iniciativa no contempla modificaciones a otros delitos como sabotaje, ataques a las vías de comunicación u operaciones con recursos de procedencia ilícita, en virtud de que tanto en la propuesta de tipificación del terrorismo como en la de terrorismo internacional, se establece con toda claridad que su sanción se da sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos.

De esa manera se garantiza la sanción por otras conductas que se cometan, sin perjuicio de la aplicación de la figura del concurso de delitos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 139, 139 Bis, 139 Ter, 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter. Se ADICIONA un Capítulo VI BIS al Título Primero del Libro Segundo, conteniendo los artículos 139 Quáter y 139 Quintus, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de mil a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física o la vida de personas, con la finalidad de producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella.

Las penas previstas en este artículo aumentarán en una mitad cuando en la comisión del delito se retenga en calidad de rehén a una o más personas.

Bajo ninguna circunstancia se considerarán terrorismo las manifestaciones que realicen personas o grupos sociales en defensa o exigencia de sus demandas, o en ejercicio de sus derechos de asociación, de expresión, de manifestación o cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, ni aun cuando en su realización se suscite cualquier clase de disturbio o confrontación, sin perjuicio de las penas que en su caso correspondan por otros delitos.

Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra al autor o coautores del delito señalado en el artículo anterior, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a diez años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139.

CAPITULO VI BIS

Del Financiamiento de Actos Terroristas

Artículo 139 Quáter.- Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de seiscientos a mil días multa, a quien directa o indirectamente, por el medio que fuere y de manera deliberada, provea o recolecte recursos de cualquier naturaleza para ser utilizados, en todo o en parte, en la comisión de los delitos señalados en los artículos 139 y 148 BIS.

Artículo 139 Quintus.- Se aplicará pena de uno a siete años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa, a quien encubra al autor o coautores del delito señalado en el artículo anterior.

Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de mil a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten:

l.- Al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes o servicios de un Estado extranjero, o en contra de la integridad física o la vida de personas internacionalmente protegidas, o bien, en contra de cualquier organismo u organización internacionales o sus representantes, con la finalidad de producir alarma, temor o terror en la población nacional o del Estado extranjero de que se trate, o en un grupo o sector de ellas.

II.- Al que incurra en la conducta prevista en el párrafo anterior en territorio extranjero, si su preparación o los actos tendientes a su comisión fueron efectuados en territorio mexicano.

Bajo ninguna circunstancia se considerarán terrorismo internacional las manifestaciones que realicen personas o grupos sociales en defensa o exigencia de sus demandas, o en ejercicio de sus derechos de asociación, de expresión, de manifestación o cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, ni aun cuando en su realización se suscite cualquier clase de disturbio o confrontación, sin perjuicio de las penas que en su caso correspondan por otros delitos.

Artículo 148 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra al autor o coautores del delito previsto en artículo anterior, teniendo conocimiento de su identidad o de que realiza alguna de las actividades previstas en el presente capítulo.

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de cinco a diez años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo internacional a que se refiere la fracción primera del artículo 148 Bis.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el inciso 4) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 3) …

4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter; financiamiento de actos terroristas previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quintus y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

5) a 36)…

II. a XVIII. …

ARTICULO TERCERO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- …

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter; financiamiento de actos terroristas previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quintus; terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a VII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los procesos por los delitos materia del presente decreto, que hayan sido iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se seguirán de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión del delito, salvo en lo que más beneficie al procesado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 7 de agosto de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 32 NUMERAL UNO; 93 NUMERAL DOS; 95 NUMERAL UNO; 96 NUMERAL SEIS, INCISO A); 98 NUMERALES TRES Y CUATRO; SE ADICIONA UN ARTICULO 99 BIS; SE REFORMA EL ARTICULO 101 NUMERAL UNO, INCISOS B) Y C); Y SE REFORMA EL NUMERAL DOS DEL ARTICULO 236, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada porel C. Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre propio y de los CC. legisladores del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito, Tomas Torres Mercado, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y en representación de los Legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 32 NUMERAL UNO; SE REFORMA EL ARTICULO 93 NUMERAL DOS; SE REFORMA EL ARTICULO 95 NUMERAL UNO; SE REFORMA EL ARTICULO 96 NUMERAL SEIS INCISO A); SE REFORMA EL ARTICULO 98 NUMERALES TRES Y CUATRO; SE ADICIONA UN ARTICULO 99 BIS; SE REFORMA EL ARTICULO 101 NUMERAL UNO, INCISOS B) Y C); Y SE REFORMA EL NUMERAL DOS DEL ARTICULO 236, TODOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Afirmamos con entera convicción a razón de las últimas experiencias electorales y con base a la realidad política y social de nuestro país, la imperiosa necesidad de renovar el marco electoral y político que nos regula.

Para ello es muy importante dejar en claro que a pesar de los grandes trabajos llevados a cabo por las instituciones electorales y los ciudadanos, se continúan presentando una serie de vicios en los ejercicios democráticos.

Refiriéndonos al proceso electoral del año 2012 en el cual se actualizaron problemas en las fases previas a la elección y posteriores a la misma, ello provocó una serie de ineficiencias económicas y de gestión política, y derivado de esas situaciones nos permitimos proponer una serie de opciones para evitar las deficiencias identificadas como: los periodos largos de campaña electorales tanto para las elecciones de Presidente de la República y de legisladores federales; conflictos causados por un esquema rígido en las formas de asociación de los partidos; la escasa representatividad de los partidos políticos, lo cual a la postre genera falta de consenso dentro del Congreso.

Un lapso muy prolongado de las campañas produce un desgaste sustancial para los integrantes de los institutos políticos, los órganos autónomos encargados de la organización y sin duda, entre los ciudadanos, quienes aprecian como una cantidad de recursos económicos son aplicados a las elecciones aun cuando los indicadores sociales expresan necesidades no cubiertas de la mayoría de los grupos sociales del país, dejando de ese modo pendiente las acciones necesarias para abatir la pobreza, extender el número de beneficiarios de salud, construir más red carretera, entre otros beneficios, con los cuales difícilmente se estaría en desacuerdo.

De igual manera es necesario delinear nuevos modos de agrupación de los partidos políticos, ya que como se demuestra en la argumentación de esta iniciativa, estas instituciones han sido las protagonistas de los últimos ejercicios comiciales y en la práctica se aprecian problemas para entablar coaliciones totales derivado de la dificultad de coincidir en varios cargos de elección popular a candidatos y a los partidos políticos, haciendo de esta figura una arena de lucha electoral antes de los procesos en donde quien determina a los postulantes son únicamente las cúpulas partidistas.

Creemos que resulta sumamente saludable para el régimen de partidos políticos, contar con una opción más dúctil de representación para las contiendas, como las candidaturas comunes, manteniendo también vigente la coligación parcial y su correspondiente régimen de prerrogativas; por el contrario, suprimir las coaliciones totales.

En este sentido, para contar con entidades de interés público que funjan como representantes serios de porcentajes muy amplios de la sociedad y además, en miras de constituir instituciones que trabajen por sí mismas y no dependan de otras en los periodos comiciales para conservar su registro como partido político y, sin duda también, en pos de formar consensos en el Congreso y no un debate inacabable con diversas fuerzas políticas, se considera poco eficiente el porcentaje reconocido actualmente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, circunstancia que se pretende modificar y se discute más adelante en este documento.

Por todo lo anterior, enseguida se presentan en específico los conflictos identificados y sus posibles soluciones a través de la siguiente:

ARGUMENTACION

DE LAS COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES

Tradicionalmente este tipo de instituciones han impulsado el régimen democrático del país a lo largo de su historia, basta recordar sucesos como el acontecido en el año de 1988, en donde diversos institutos políticos pugnaron por la Presidencia de la República, evento determinante para la democracia de las postrimerías del siglo veinte; así mismo, al iniciar el siglo veintiuno la coalición entre el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales, con ello, por vez primera se consiguió un cambio en la titularidad del partido político que encabezaba la presidencia de la República; en el año 2006, en las elecciones federales, una coalición de partidos se quedó a medio punto porcentual de ganar la elección presidencial, muy cercano a la titularidad de la función ejecutiva, lo cual hubiera implicado un tercer relevo ideológico en el cargo; por último, los resultados del ejercicio electoral federal de 2012 le dieron también a una coalición el triunfo de la Presidencia de la República.

En este sentido, y como lo han demostrado los hechos, en la práctica, la representación conjunta de partidos, en especial las coaliciones, han sido una fórmula muy recurrida en los ejercicios políticos electorales en México, sirven para ganar una elección, impulsar políticas públicas, gobernar o formar oposición, por ello, ante la necesidad de estar en la vanguardia y con respuestas eficientes para el sistema político electoral las leyes de la materia han sufrido cambios en este tipo de figuras, de hecho, la reforma electoral de 2007-2008 estableció nuevas reglas, en concreto, sobre el tiempo para presentar la solicitud de registro de coalición1; el reconocimiento de registrar listas propias por cada partido político integrante de la coalición correspondiente, de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional2; se permite ahora, la posibilidad de coaligarse asociaciones políticas nacionales con los partidos políticos nacionales3; se propicia un beneficio para el ciudadano de identificar en la boleta electoral a cada fuerza política coaligada con su propio emblema4.

A razón de tantos cambios, se advierte la importancia de una regulación precisa, misma que, como se advirtió, se delineo en la anterior reforma, la cual ya rigió las elecciones federales anteriores de 2012, enla que se registraron y participaron coaliciones, por ejemplo, la parcial, Compromiso por México integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México; o la total, denominada Movimiento Progresista integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y, Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, con miras a perfeccionar más a esta institución se pretende establecer sendos cambios para solamente permitir coaliciones parciales en elecciones a senadores y diputados, y candidatura común en la elección Presidencial, derogando las coaliciones totales; de igual manera, para el caso de senadores se propone registrar hasta un máximo de cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos en veintidós entidades federativas debiendo coaligarse los partidos políticos en los distritos de mayoría relativa estableciendo también que el registro contendrá la lista con las dos fórmulas por estado y la fórmula por cada distrito uninominal, esto con el fin de homologar al modelo existente con los Diputados.

Las coaliciones parciales le permiten a cada partido coaligado acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, en donde el convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido; en cambio, en una coalición total se otorga, de acuerdo a la ley electoral vigente, tiempo en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión, en treinta por ciento, como si se tratara de un solo partido al que le correspondería distribuir en forma igualitaria; el restante setenta por ciento se distribuirá en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección para diputados inmediata anterior. En ambos casos, el convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en radio y televisión para los candidatos de coalición y para los de cada partido.

En la actualidad, no cabe duda, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales facilita la formación de coaliciones electorales por varias razones, entre las cuales se destacan dos, la primera, el elector decide y no los partidos a cual instituto político de la alianza le da su apoyo, lo cual redunda tanto para efecto del registro, como para recibir prerrogativas y para la obtención de tiempo en radio y televisión de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; la segunda, el voto conserva íntegramente su validez cuando el elector decide marcar más de un emblema de los partidos coaligados5.

El elemento que le faltaría en la actualidad a la ley para facilitar las alianzas entre, partidos es la regulación de las candidaturas comunes, las cuales, a nivel federal desaparecieron6 con la promulgación del Código Federal de Instituciones Electorales de 1990, y no han vuelto a incorporarse en la actual legislación electoral federal.

Las candidaturas comunes son una forma más sencilla para constituir una alianza electoral, las exigencias y convenios internos para postular a uno o más candidatos bajo esta figura son muy escasos, por ello su regulación generaría incentivos. Si se contemplarán en una ley, los partidos pueden aliarse en torno a una candidatura común de manera más fácil que si esta figura no está regulada.

En la actualidad, once entidades de la federación contemplan en sus legislaciones las candidaturas comunes como una forma de alianza electoral complementaria a las coaliciones, estas son Baja California Sur (artículo 44, fracción V de la Ley Electoral del Estado De Baja California Sur); Coahuila (artículo 33, numeral uno, inciso e); Colima (artículo 49, fracción I, numeral V); Chihuahua (artículo 73 de laLey Electoral del Estado); Distrito Federal (artículo 221, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal); Michoacán (artículo 91, Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo); Morelos (artículo 89, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos); San Luis Potosí (artículo 4, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí); Sinaloa (artículo 29, fracción I, numeral VI); Sonora (artículo 19, fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora) y; Yucatán (artículo 93 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán).

Por lo tanto, con miras a ser un sistema democrático en donde puedan proponerse una idéntica opción de elección entre dos o más partidos políticos es que proponemos, a través de esta iniciativa, retomar la figura de las candidaturas comunes especificando que dos o más partidos podrán postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y/o para las elecciones de senadores y/o diputados electos por el principio de mayoría relativa, en las treinta y dos entidades federativas y los trescientos distritos electorales.

DEL PORCENTAJE PARA EL REGISTRO LEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PÉRDIDA DEL MISMO

La obtención de un registro como partido permite, como fin a la fuerza política en cuestión, llevar a cabo la representación de ideas ante los órganos constituidos, por ello el objeto inmediato de los institutos de esta especie es postular a ciudadanos a cargos de elección popular.

Las reformas de 2007-2008 le dieron personalidad jurídica a los partidos políticos, circunstancia no establecida textualmente en el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ello el interés natural de los políticos de conservar al día de hoy el registro respectivo con las reglas presentes.

Bajo las normas actuales, el registro correspondiente se mantiene con el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual ya demostró una realidad difícil gracias a la multitud de partidos actualizando inconvenientes severos como, falta de acuerdos en las cámaras legislativas; problemas para conseguir una auténtica representación de los grupos sociales; un amplio y difusos gasto; y a la vez, fungen como una institución alterna de distracción a los encargados de la función ejecutiva electoral, saturando así los temas en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral o, en el ámbito jurisdiccional colmando con asuntos los tribunales electorales .

Si bien es cierto, la representación política es un Derecho reconocido por la Constitución, así como por instrumentos internacionales suscritos por México, también es verdad la necesidad de poder concretar avances asumiendo medidas las cuales permitan mayor desarrollo al país, crecimiento del Producto Interno Bruto, eliminación de los rezagos en sistemas de salud, capacidad de explotar de modo eficiente los respectivos factores de la producción, nuestros recursos naturales y con ello generar la energía necesaria para toda la sociedad, entre otros muchos más pendientes.

Con el porcentaje actual para el registro de partidos políticos impuesto en la Ley, hemos sido testigos de la atomización de la política y cada vez más se aprecia una representación de familias o personas y no así de franjas amplias de la sociedad a las cuales se les solucionen sus conflictos, de este modo el sistema se está pervirtiendo y se encamina hacia un esquema oligárquico antes que democrático7.

De igual modo, la pluralidad de partidos ha encontrado en nuestro esquema electoral una postura de conveniencia cada tiempo de elecciones, pues es evidente la presencia de coaliciones, en donde partidos menores de porcentaje sirven de satélite lo cual no propicia ningún beneficio ya que las uniones de este tipo son muy inestables y por esa causa se actualizan las rupturas separándose los diversos institutos y dejando al electorado sin representación auténtica aunque se haya votado por el candidato ganador.

Otro problema derivado de la exigencia del porcentaje vigente para mantener el registro de los partidos es la apariencia de no contribuir a favor de nadie, pues si bien puede existir un grupo representante en las Cámaras, también es verdad que por sí mismos su influjo en las determinaciones es, materialmente, inexistente, lo cual se distingue más cuando la directriz representada es extremista lo cual deja poco margen para el consenso, es así como el sector votante ve como sus posturas no forman parte de la discusión nacional.

En este tenor es conveniente llevar a cabo una reflexión del sistema de partidos en México, pugnar por leyes de partidos políticos pero a la vez, asegurar que los presentes en el juego democrático cumplan de modo efectivo la función de representar y no solamente la obtención, cada que existen elecciones de una votación proveedora de registro pero materialmente insustancial.

Por lo explicado, la presente iniciativa pretende la modificación a los artículos, 32, numeral uno y 101, numeral uno, incisos b) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente para lograr reconocer la exigencia de un porcentaje de tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

De este modo se prevé pueda actualizarse la auténtica representatividad de las personas en los cuerpos legislativos, pero además la ventana de oportunidad para poder llegar a consensos benéficos para México.

Ahora bien, la transformación propuesta no necesariamente implicará la desaparición de partidos políticos, sino pudiera resultar que ante la competencia electoral las fuerzas políticas determinen una labor comprometida en pro del país, realizar una difusión amplia de educación y formación cívica o de igual modo, comprometerse para conseguir acuerdos proveedores de crecimiento y, en términos generales beneficios a la población, lo cual seguramente implicaría por añadidura una recepción adecuada entre los votantes y así la conservación de registros y las bases sólidas de una democracia eficiente.

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL NO CONTAMINANTE

En este orden de ideas, es importante que señalemos que como Partido Verde siempre hemos velado porque dentro de un proceso electoral, exista respeto por el medio ambiente y un estricto apego a las normas que lo regulan.

Las campañas políticas son el medio utilizado por los candidatos y sus seguidores para promover sus ideas, además, por esos medios, los votantes se informan de cada uno de los aspirantes postulados a cargos públicos; así como de las propuestas que estos realizan. El uso de la propaganda es una herramienta fundamental para los partidos y líderes políticos, en la labor de convencer al electorado de votar por ellos.

Una de las formas más comunes de realizar proselitismo político, es la colocación de anuncios de gran formato, carteles y pendones con la imagen del partido o candidato, así como la distribución de folletos, trípticos, volantes y panfletos cuyo objetivo es dar a conocer al electorado las principales propuestas de gobierno de los contendientes.

En nuestro país, debido a lo extenso del territorio y de lo abundante de los recursos otorgados a los partidos políticos para fines proselitistas, las campañas electorales producen una gran cantidad de desechos, cuya disposición, una vez concluidos los comicios, constituye una amenaza para el medio ambiente en virtud de generar una carga difícil de manejar para las administraciones locales de muchas ciudades.

En este marco se estableció, en la ley en materia electoral del año 2008, la necesidad de utilizar en las campañas políticas, materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente, reciclables y de fácil degradación natural; sin embargo, la disposición anterior no resultó suficiente por lo cual un buen número de localidades en el país siguen enfrentándose al difícil reto de qué hacer con la llamada basura electoral, la cual tarda hasta 30 años en desintegrase en el caso de los plásticos.

Tan sólo en el caso del Distrito Federal se calcula que los más recientes comicios habrían dejado unas mil toneladas de basura electoral, de la cual apenas podría reciclarse el cincuenta por ciento8, mientras que el resto terminará en rellenos sanitarios, barrancas, ríos, lotes baldíos, o bien, se quedará colgada hasta la próxima contienda electoral.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos formales por dar solución al problema de los desechos generados con la realización de campañas electorales, el hecho de llevar a cabo ejercicios democráticos como son las elecciones sigue teniendo efectos negativos en el medio ambiente.

Hasta ahora los partidos políticos han aprovechado la redacción actual del artículo 236, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para justificar su falta de compromiso con la preservación del medio ambiente, y no se han esforzado lo suficiente para garantizar al cien por ciento que los materiales sean reciclables o biodegradables a fin de evitar algún daño al entorno natural.

Por lo anterior, estimamos prudente modificar el artículo en comento para lograr la utilización de materiales que no dañen el medio ambiente en las campañas por parte de los partidos, facultando al Órgano Electoral, a verificar mediante el apoyo de técnicos especializados en la materia, el debido cumplimiento de la norma aplicable respecto a los componentes de la publicidad utilizada en los procesos electorales.

De este modo, se pretende transformar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente propuesta:

DECRETO MODIFICATORIO DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

UNICO.- Se reforma el artículo 32 numeral uno; se reforma el artículo 93 numeral dos; se reforma el artículo 95 numeral uno; se reforma el artículo 96 numeral seis inciso a); se reformael artículo 98numerales tres y cuatro; se adiciona un artículo 99 bis; se reforma el artículo 101 numeral uno, incisos b) y c); y se reforma el numeral dos del artículo 236, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como a continuación se precisa:

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

2. …

Artículo 93

1. …

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones parciales para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en este Código.

3. …

Artículo 95

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones parciales para las elecciones de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.

2. …

Artículo 96

1. …

6. Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las elecciones de senadores o diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose a lo siguiente:

a) Para la elección de senador la coalición podrá registrar hasta un máximo de 44 fórmulas de candidatos, en 22 Entidades Federativas, debiendo coaligarse en los distritos de mayoría relativa para la elección de diputados que conformen esos Estados. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa y la fórmula por cada distrito uninominal; y

b) Para la elección de diputado, podrá registrar hasta un máximo de 200 fórmulas de candidatos.

7. …

Artículo 98

1.

2.…

3. Tratándose de coaliciones parciales para diputado o senador, o candidatura común, para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa, cada partido accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado.

El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido.

4. El acuerdo por el que se repartirán los votos entre los partidos que integren la coalición, en el cual se podrá convenir que los votos se adjudiquen a uno, a varios o a todos, en la parte proporcional en que convenga a los partidos integrantes.

5.…

6. …

7. …

Artículo 99 bis

1. Dos o más partidos podrán postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y/o para las elecciones de senadores y/o diputados electos por el principio de mayoría relativa, en las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales.

Artículo 101

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) … ;

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código;

c) No obtener por lo menos el tres por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

d) …

Artículo 236

1…

2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.

3. …

4. …

5. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Instituto Federal Electoral deberá reglamentar en un período menor a seis meses posterior a la publicación de este Decreto, las modificaciones al régimen electoral.

TERCERO.- Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Atentamente,

Dip. Tomás Torres Mercado”.

1 El actual artículo 99 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate deberá presentarse La solicitud de registro del convenio de coalición; en cambio, el Código abrogado en 2008 estipulaba entre el 1o. y el 10 de diciembre del año anterior al de la elección, para solicitar el registro de convenio de coalición.

2Anteriormente, de acuerdo al artículo 58.10 del Código abrogado en 2008, solamente los partidos podían presentar listas para senadores y diputados por el principio de mayoría relativa, en la actualidad, el artículo 95.10 especificaque cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.

3El artículo 95.7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales especifica que el convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos; podrán participar en la coalición una o más agrupaciones políticas nacionales, anteriormente; el Código abrogado en 2008 determinaba que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político. No podrán hacerlo con coaliciones.

4 Artículo 95.9 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5 Este pensamiento lo plasman varios estudios en la materia, entre ellos, el Índice para evaluar normas sobre alianzas partidistas, de Ernesto Ramos Mega.

6 Código Federal Electoral de 1987, publicado ese año el 12 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 92 reconocía a la figura:

“Artículo 92. Dos o más partidos políticos sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste.

Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los hayan obtenido y se sumarán a favor del candidato”.

7 De hecho, cuando las fuerzas políticas van a examen para preservar su registro, se ha demostrado, en muchas ocasiones, la captura de poco porcentaje por ejemplo, en el año 2009 el Partido Social Demócrata obtuvo apenas el 1.03 % de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios; en el año 2003, Fuerza Ciudadana apenas consiguió el 0.46 % en la elección de Diputados por ambos principios; también en el año 2003, el Partido Liberal Mexicano obtuvo el 0.41 % de la votación emitida en la elección de Diputados de mayoría relativa y el 0.40 en la de Diputado de representación proporcional; de igual manera, en el año 2003, el Partido, México Posible obtuvo tan sólo el 0.91 % de la votación emitida en la elección de Diputados de mayoría relativa y el 0.90% en la de Diputados de representación proporcional. En este tenor pueden encontrarse demás supuestos en donde se advierte una escasa representatividad.

8 Véase, “Calculan en mil toneladas la basura electoral que dejarán los comicios”, Periódico La Jornada, viernes 22 de junio de 2012.

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/22/capital/040n1cap





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 99 Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja a nombre propio y del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes RICARDO MEJIA BERDEJA Y RICARDO MONREAL AVILA Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 99, SE DEROGA EL INCISO L) Y SE REFORMA EL INCISO M) DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

El sistema electoral ha sido parte fundamental en el proceso de transición a la democracia en nuestro país. La constante búsqueda para consolidar nuestras instituciones electorales ha tenido como consecuencia la iniciativa y realización de varias reformas en la materia, los avances democráticos construidos por los mexicanos durante la última década a partir de la elección efectiva de nuestros representantes mediante el voto, han venido a remplazar la simulación y el empleo o la necesidad de la fuerza violenta.

Por eso, hoy como nunca, las autoridades electorales y en especial los Tribunales están llamados a cumplir con su vocación natural de contener el ejercicio del poder en sus propios cauces, aunado a esto es necesario determinar la capacidad que tienen los tribunales federales en materia electoral para dirimir las controversias que se susciten por los procesos electorales.

Debemos tener en consideración que las autoridades electorales son aquellas que proporcionan certeza a los ciudadanos respecto de la limpieza de los procesos de elección y las posibles impugnaciones que pudieran surgir.

En la actualidad existen 32 Tribunales electorales locales y uno federal que evalúan los procesos electorales de las entidades federativas y de la federación, la existencia de dichos tribunales corresponde al reconocimiento y existencia de institutos electorales locales y uno federal, asignándose a dichos institutos distintas áreas de competencia para la aplicación de las leyes electorales existentes.

En ese sentido, se ha generado una disparidad de criterios de los Tribunales Locales, ya que han estado sujetos a las consignas e intereses políticos de los Ejecutivos Locales y los grupos de poder, constituyéndose en una instancia jurisdiccional que no abona a la justicia electoral, ni a un sistema de medios de impugnación democrático.

La falta de certeza respecto a la resolución de las impugnaciones en materia electoral ha generado un ambiente de desconfianza en las autoridades electorales locales que ha mermado la participación de los ciudadanos en los procesos electorales.

Al año 2010, la confianza en la democracia por parte de los ciudadanos mexicanos apenas alcanzaba un 27% de la población, lo cual es un reflejo de la falta de probidad de las autoridades electorales, que han generado un ambiente en que los votantes no perciben un ejercicio de elección de su parte, por el contrario, persiste un desanimo en cuanto al sistema político empleado.

A la par de lo anterior, se enfatiza que tanto los institutos electorales locales y los tribunales electorales no cuentan con los candados suficientes que garanticen su conformación imparcial, lo que ha generado que en muchas entidades de nuestro país las autoridades electorales se encuentren mermadas y sujetas a la voluntad de los gobiernos, restringiendo su autonomía de decisión.

Lo que ha generado que los órganos e instituciones electorales no cuenten con los elementos suficientes para un ejercicio de facultades en favor del fortalecimiento de la democracia. Constituyendo se en instancias onerosas que dilatan el ejercicio de la impartición de justicia electoral de manera eficaz y cuyo único objeto es agotar el procedimiento.

Por otro lado, el replicar la estructura electoral en los Estados ha tenido como consecuencia que el costo de la democracia en México es muy elevado, siendo que de 2004 a 2012, se gastó 70 mil 14 millones de pesos en el conjunto de la entidades federativas.

Gran parte de este gasto excesivo de la democracia en México se encuentra asignado a los múltiples Tribunales Electorales existentes, sin que la labor que realizan haya tenido un impacto positivo en la confianza de los ciudadanos.

Por lo anterior, en concordancia con la iniciativa presentada el 8 de mayo de 2013, en donde se propone crear un Instituto Nacional Electoral, por medio de esta iniciativa se promueve la creación del Tribunal Nacional Electoral para que con ello se unifiquen criterios de resolución y la democracia en México tenga un costo menor al actual, propiciando el aumento de la confianza de los electores.

Al establecer al Tribunal Nacional Electoral, como único encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales de la materia se garantiza la justicia pronta y expedita, aunado a una sensible disminución de los costos para la impartición de justicia electoral que resultarían muy por debajo de los actuales.

Asimismo, al contar con un Tribunal Nacional Electoral, contribuirá a una mayor eficiencia en la impartición de justicia, al contar con los mismos criterios jurídicos para juzgar sobre las posibles violaciones a la justicia electoral y a los derechos político electorales, actuando las Salas Estatales de este Tribunal como una primera instancia eliminando el problema de las competencias entre el nivel federal y estatal.

Una sola autoridad electoral jurisdiccional que resuelva las controversias de participación ciudadana favorecería sin duda la actividad electoral administrativa con una aplicación homogénea de criterios y disposiciones legales. Engendrado, además, en el sentir de los mexicanos la plena conciencia de la independencia en la impartición de justicia, alejando de plano el sentimiento de injerencia de los gobiernos locales sobre las autoridades que ellos mismos nombran.

La elección de un sistema electoral es una de las decisiones institucionales más importantes para cualquier democracia, una iniciativa de reforma constitucional que enfatiza los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia de los juzgadores federales en esta materia, considerando que en la medida de aquellas condiciones y características personales derivadas de esos principios, recaigan en los jueces y magistrados electorales encargados de la función jurisdiccional electoral, estará garantizada una mejor impartición de justicia.

ARGUMENTACION

Desde el año 1977 a la fecha el sistema electoral ha tenido constantes reformas, las reformas constitucionales y legales de 1996 en materia electoral transformaron el panorama de la justicia electoral en México.

Estamos en una etapa en la que se necesita urgentemente una reforma que favorezca y fortalezca las instituciones electorales, en específico del órgano encargado de sancionar las controversias suscitadas en las elecciones de todo el territorio nacional a efecto de que sea la única autoridad jurisdiccional en la materia, a fin de evitar mayor detrimento económico, reducir trámites burocráticos, ahorro de tiempo, puesto que al reducir instancias se simplificaría el procedimiento de impugnación, claro está, sin vulnerar los derechos políticos electorales de los individuos y favoreciendo que se garantice la justicia pronta y expedita.

Las atribuciones exclusivas que ya detenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como lo sonlos casos de resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales federales y de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, resultaría competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al desaparecer los tribunales electorales locales.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99, SE DEROGA EL INCISO L) Y SE REFORMA EL INCISO M) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor de la siguiente:

Artículo único: Se reforma el artículo 99, se deroga el inciso l) y se reforma el inciso m) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 99El Tribunal Nacional Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

(…)

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior, salas regionales y salas estatales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

Del I al III…

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral nacional, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones en las entidades federativas. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

De la V a la VI …

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad administrativa electoral y sus servidores;

De la VIII a la IX …

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior, regionales y estatales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales y estatales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

Artículo 116.

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

De la I a la III …

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

Del a) al k) …

l) Derogado.

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

n) ...

Del la V a la VII…

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las adecuaciones necesarias al marco normativo para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar en ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

TERCERO. En tanto no se adecue el marco normativo en términos del segundo transitorio y se concluya con el trámite de los asuntos que hayan sido previamente presentados, continuarán en sus funciones conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente Decreto los Tribunales Electorales Locales.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la emisión de este Decreto, continuarán su trámite ante estos órganos correspondientes en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en la Comisión Permanente en el Senado de la República, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 11 FRACCION VI, 84, 85, 86 Y 89 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por la C. Diputada Cristina Olvera Barrios, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“La suscrita, CRISTINA OLVERA BARRIOS, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 11 FRACCION VI, 84, 85, 86 Y 89 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION EN MATERIA DE REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOCUTORES, COMENTARISTAS Y CRONISTAS al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actividad de la locución en nuestro país ha sido, sin duda alguna, un importante pilar en el desarrollo de la radio y la televisión mexicana. Si bien debemos reconocer que desde los inicios de la industria radiofónica intervinieron en sus transmisiones personajes que no contaban con elementos y conocimientos profesionales especializados, también lo es que actualmente, quienes tengan la intención de realizar actividades de locución no pueden ser improvisados sin preparación alguna. Al tratarse de una actividad nueva y desconocida para la época (década de 1920) no existían centros de capacitación, escuelas o facultades en donde se prepararan profesionalmente quienes asumían el reto de tomar un micrófono.

El crecimiento de la industria de la radio entre los años de 1930 a 1950 y el advenimiento de la televisión en la década de 1950, generaron la necesidad de incorporar planes y programas de estudio en universidades públicas y privadas en las que se empezaron a impartir cursos y licenciaturas que pretendían satisfacer la demanda de preparación y profesionalización de aquellos que buscaban incorporarse profesionalmente como locutores en las diferentes emisoras, dando génesis a la carrera de ciencias de la comunicación y similares.

Empero, no dejaron de participar en las transmisiones aquellos pioneros que si bien no contaban con una preparación académica especializada, si contaban con un invaluable bagaje de experiencia tras los micrófonos, un amplio reconocimiento de sus audiencias por la calidad de sus comentarios, el excelente uso del lenguaje, lo informado de sus opiniones y el respeto a sus audiencias. Estos fueron de los aspectos en los que los radiodifusores ponían especial énfasis, la preparación de sus locutores, entendiendo que esta preparación no sólo era de índole académico, sino que también abarcaba otros aspectos que, en su conjunto, hicieron que quienes iniciaron con la actividad profesional de la locución fueran reconocidos a grado tal de convertirse, con el transcurrir de los años, en personajes con influencia en amplios sectores de la sociedad.

Con el transcurrir de los años, los locutores pasaron de ser meros “acompañantes” de sus audiencias y personas capaces de llevar entretenimiento a millones de personas, a través de las señales de radio y televisión, a ser, indiscutiblemente personas con una amplia influencia en sus radioescuchas, sus opiniones, por ser consideradas informadas, empezaron a ser tomadas en cuenta por sus respectivas audiencias como puntos de referencia y a partir de esa interacción se desarrollaron conceptos como “responsabilidad social” y “líderes de opinión”. Programas de radio, especialmente de noticias y de opinión con formatos de revistas radiofónicas se convirtieron poco a poco en referentes para la formación de la opinión pública.

Esta influencia se extendió también a quienes se incorporaban a dichos espacios con el carácter de comentaristas, analistas o expertos en temas concretos (economía, política, literatura, espectáculos, tecnología entre otros) situación que en cierta época y en algunos casos llevo a los empresarios y directivos a buscar que su personal tuviera, preferentemente, cierto perfil académico y profesional, ello con el objetivo de buscar mayor credibilidad ante sus audiencias y también para, en un marco de competencia comercial, ganar preferencias frente a sus competidores.

En ese contexto y hasta el año de 1992, quienes pretendían desempeñarse como locutores, cronistas y comentaristas debían someterse a rigurosos procesos de evaluación a efecto de acreditar capacidades y conocimientos suficientes para recibir la licencia que los acreditaba con el carácter de locutores, cronistas y comentaristas.

Sin embargo, con la publicación del Acuerdo 169 Relativo a la Expedición de Certificados de Aptitud de Locutores, de Cronistas y de Comentaristas (DOF 14/10/92) y al amparo del argumento de la simplificación administrativa, la Secretaría de Educación Pública eliminó el requisito de la evaluación para efectos de obtener el respectivo certificado de locutor. Incluso con el propósito de flexibilizar este requisito se optó porque sólo con presentar a las radiodifusoras el original y copia de los certificados de conclusión de estudios de secundaria y/o bachillerato “se considerará que los locutores cuentan con el respectivo certificado de aptitud”.

A partir de la expedición del referido acuerdo y la consecuente flexibilización de requisitos, la Secretaría de Educación Pública renunció, virtualmente, a cumplir con su obligación legal de velar que quienes participan en las transmisiones de radio y televisión cuenten con la capacidad y los conocimientos suficientes para desempeñar su labor, dejando a criterio de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión verificar que su personal reuniera los requisitos de ley y dejó en segundo plano la obligación de obtener el certificado correspondiente.

A mayor abundamiento y no menos grave resulta que en el acuerdo de referencia se considera como opcional y no como una obligación el que se solicite a la Secretaría la expedición del respectivo certificado a quien se interese en obtenerlo. Para quien pretenda ser locutor solo necesita presentar un certificado con el que acredite haber concluido la secundaria o el bachillerato (ya no necesita presentar evaluación alguna) y para el caso de quien aspire a ser comentarista o cronista, presentar su título o cedula profesional de la especialidad respectiva. Condición comprensible y justificable para quien comente temas como economía, finanzas, política, psicología, tecnología, ciencia, entre otros, pero irreal para aquel que pretenda ser comentarista “de espectáculos” o de “horóscopos” o de futbol o beisbol, “materias” o actividades de las que evidentemente no existen estudios especializados (consideremos que la mayoría de comentaristas deportivos fueron, en su oportunidad, deportistas destacados de su disciplina que pasaron a retiro, como ex futbolistas, ex árbitros, ex clavadistas, ex boxeadores y que algunos conductores de programas de revista o espectáculos fueron o son actores o cantantes) situación que no los hace expertos o especialistas; y en otro supuesto, de no contar con el nivel académico referido, basta con que cuenten con certificado de bachillerato y 2 cartas de “instituciones reconocidas” que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate.

Ante esa indefinición y vaguedad en la redacción del acuerdo, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿A qué tipo de “instituciones reconocidas” se refiere? ¿Se trata de instituciones educativas, deportivas, culturales, artísticas, de investigación?

Con la aplicación del Acuerdo 169, la Secretaría de Educación Pública simplificó trámites en favor de quienes se incorporaron a la actividad de la locución (y también de comentaristas y cronistas) pero lamentablemente en perjuicio de las audiencias. Penosamente, hoy en día, a más de 20 años de vigencia de este acuerdo vemos y escuchamos en radio y televisión de todo el país a personas que realizan labores de locutores, comentaristas y cronistas que no cuentan con la debida preparación profesional, que con el fin de aumentar el “raiting” de sus programas o segmentos sacrifican la calidad de sus contenidos.

Cada vez es más común escuchar y ver en programas de radio y televisión comentarios soeces y procaces, frases en doble sentido, palabras que si bien son de uso común entre la población, poco ayudan al uso correcto del lenguaje, comentarios maliciosos que constituyen faltas de respeto a algún radioescucha o televidente e incluso a un invitado al que se esté entrevistando, violentando la fracción III del artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

También cada vez es más recurrente ver a improvisados haciendo comentarios de temas especializados; cualquiera que tenga cierto reconocimiento puede tomar un micrófono y comentar sobre el tema que le plazca sin que necesariamente tenga los estudios o la preparación o la experiencia profesional para hacerlo.

Estamos hablando de personas que, al contrario de aquellos pioneros e iniciadores de la locución, poco aportan a la cultura, el entretenimiento sano, la información veraz y el comentario fundado y meditado; nos referimos a personas que tienen la picardía y gracia de hacer reír a la audiencia, que tienen la oportunidad de hacer y decir comentarios absurdos al aire, que insultan abiertamente a los radioescuchas o televidentes mofándose de ellos.

Resulta preocupante que en programas en vivo a diferentes horas del día, incluyendo horarios aptos para niños, niñas y adolescentes, personas que deben tener un compromiso ético con sus audiencias, que deben ser conscientes de que son líderes de opinión o ejemplos a seguir, que deben promover valores que favorezcan y coadyuven con una sana convivencia social, que entretengan sanamente, informen responsablemente y ayuden a formar opinión. Lejos de todo ello solo se abocan a ganar rating sin importar la calidad de sus contenidos y comentarios, que distorsionan el lenguaje, que emiten comentarios sin la debida fundamentación y motivación. y que por ende confunden y desinforman.

El tomar la palabra y participar en una transmisión de radio o televisión frente a los micrófonos y cámaras conlleva el ejercicio de tres derechos fundamentales, la libertad de expresión del locutor, comentarista y/o cronista; la libertad de prensa del medio de comunicación y el derecho a la información, en sus dos vertientes, proporcionarla y recibirla, tanto del medio, el comunicador y el auditorio, respectivamente. Sin duda alguna, el ejercicio de tales derechos debe ser protegido por todos los órganos que formamos parte del Estado Mexicano, en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que, en su caso, sean aplicables.

Sin embargo, resulta importante señalar que quienes ejercen estos derechos asumen una responsabilidad de carácter ético con sus audiencias y precisamente parte de ese compromiso implica un ejercicio responsable de esos derechos, cuyo ejercicio trasciende a los derechos de quienes les ven y escuchan.

El estar frente a un micrófono o una cámara de televisión, en una cabina o un estudio, va de la mano de una responsabilidad consistente en proporcionar al auditorio contenidos de calidad, que entretengan, distraigan, informen e incluso que concienticen respecto a temas de importancia o interés general.

Afortunadamente no todos aquellos que participan como locutores, comentaristas y cronistas incumplen con ese compromiso social que se genera al estar al frente de un micrófono, a estos trabajadores responsables se les debe de reconocer y apoyar, pues son ellos quienes precisamente, reivindican la labor trascendente de la locución.

Actualmente, se está llevando a cabo un proceso de “regularización” acordado en el seno del Consejo Nacional de Radio y Televisión, en el que participan la industria (Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión [CIRT] representada en ese cuerpo colegiado) los trabajadores (a través de sus organizaciones sindicales) y las autoridades (Secretarías de Educación Pública y de Gobernación). No obstante, dicho proceso se enmarca en la vigencia del acuerdo 169, situación que si bien regulariza el “trámite” de que el personal cuente con el certificado no considera la situación de la capacitación, la profesionalización y la evaluación de quienes actualmente se desempañan como locutores, cronistas y comentaristas en las estaciones de radio y canales de televisión del país.

Por otro lado, debemos ser conscientes de que no podemos tratar igual a los desiguales y en esta situación se encuentran las estaciones radiodifusoras de carácter cultural o comunitarias que atienden poblaciones rurales y que en la mayoría de los casos quienes participan en sus transmisiones lo hacen de forma gratuita y son miembros de las propias comunidades. Por ello se estima pertinente que no se le puede dar el mismo trato ni exigirles los mismos y rigurosos requisitos a los locutores que participan de sus transmisiones, en especial porque los fines que persiguen con su operación son totalmente diferentes a los que pretenden las radiodifusoras comerciales, aunado a las características de sus propias audiencias. De esta forma, se estima pertinente incluir una tercera categoría de locutores quienes exclusivamente podrán participar en las transmisiones de estaciones de tipo preponderantemente cultural, sin que se restrinja la posibilidad de que aquellos que cuentan con certificados de las otras categorías colaboren con ellos.

ARGUMENTACION

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza presenta la propuesta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisiónen materia de regulación de locutores, cronistas y comentaristas de radio y televisión, a efecto de incentivar la profesionalización y especialización de quienes participan, frente a los micrófonos, en las transmisiones de radio y televisión. Ello con el propósito de mejorar la calidad de contenidos y programas que se difunden en estaciones de radio y canales de televisión.

La propuesta de iniciativa pretende en una primera instancia elevar el nivel educativo y profesional de quienes pretendan participar en la industria de la radio y la televisión (tanto pública y privada) como locutores, comentaristas y cronistas.

La Secretaría de Educación Pública tendrá atribuciones para extender certificados de aptitud no sólo a locutores, sino también a comentaristas y cronistas, personal este último que no se encuentra considerado en el artículo 11 fracción VI de la Ley objeto de la propuesta de reforma.

Considera incluir la voz “participar” en sustitución de la voz “laborar”, lo anterior con objeto de ampliar los alcances de la obligación de que todos aquellos que participen de forma regular en las transmisiones como titulares, colaboradores, especialistas o sustitutos en programas o contenidos cuenten con el respectivo certificado de aptitud. Situación que no sería aplicable a aquellos sujetos cuya intervención en las transmisiones es esporádica o coyuntural, como pueden ser las personas que se entrevistan con motivo de un tema o hecho especifico (políticos, artistas, académicos, deportistas, transeúntes, etc.).

Se amplían los alcances del artículo 85 de la Ley, al señalarse que no sólo los locutores, sino también los comentaristas y cronistas de origen mexicano serán los únicos que puedan laborar en estaciones de radio y canales de televisión y que en casos especiales el permiso de la Secretaría de Gobernación deberá ser otorgado también para aquellos extranjeros que pretendan laborar en las transmisiones con ese carácter (comentarista o cronista).

En cuanto a las categorías, se incrementan los niveles educativos para las categorías A y B, pasando de bachillerato a estudios de educación superior (licenciatura, profesional, posgrado) o su equivalente y de secundaria a bachillerato o su equivalente, con el objeto de elevar el nivel de preparación y profesionalización de quienes realicen labores de locución.

Así mismo se incorpora una tercera categoría, para la que sólo se requerirán estudios de educación básica (entre la que se cuenta la educación secundaria) quienes exclusivamente podrán participar o colaborar en las transmisiones de radiodifusoras, de carácter cultural y comunitarias o de otra índole, cuya señal sea difundida, preponderantemente, en poblaciones o comunidades rurales y/o indígenas, lo anterior a efecto de permitir la participación de aquellos miembros de las propias comunidades que por las condiciones generales no cuenten con los estudios exigidos a las categorías A y B. No obstante lo anterior, no se limita que locutores que cuenten con certificados de aptitud categorías A o B, estén en posibilidad de participar y colaborar con las radiodifusoras que nos ocupan.

Por último, respecto a los cronistas y comentaristas, tanto nacionales como extranjeros (que cuenten con la autorización de la Secretaría de Gobernación) se encuentran obligados a presentar un certificado que acredite no sólo su capacidad, sino también sus conocimientos en la actividad especial a la que se dedique y respecto a la cual vaya a desarrollar sus participaciones, comentarios o crónicas.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento:

DECRETO POR EL QUEREFORMA LOS ARTÍCULOS 11 FRACCION VI, 84, 85, 86 Y 89 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

PRIMERO- Se reforman los artículos 11 fracción VI, 84, 85, 86 y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 11.- La Secretaría de Educación Pública tendrá las siguientes atribuciones:

VI.- Extender certificados de aptitud y conocimientos alocutores, cronistas y comentaristas que eventual o permanentemente participen en las transmisiones;

Artículo 84.- En las transmisiones de las difusoras solamente podrán participar los locutores, cronistas y comentaristas que cuenten con certificado de aptitud.

Artículo 85.- Sólo los locutores, cronistas y comentaristas mexicanos podrán trabajar en las estaciones de radio y televisión. En casos especiales la Secretaría de Gobernación podrá autorizar a extranjeros para que actúen transitoriamente.

Artículo 86.- Los locutores serán de tres categorías:

I. Locutores de categoría “A”, que deberán comprobar que han concluido estudios de educación superior o sus equivalentes;

II. Locutores de categoría “B”, que deberán comprobar que han concluido estudios de bachillerato o sus equivalentes;

III. Locutores de categoría “C”, que deberán acreditar que han concluido estudios de educación básica; estos locutores solo podrán laborar en estaciones radiodifusoras culturales que sirvan en poblaciones rurales o urbanas con fines de orientación social, comunitario, indígenas o de otra índole.

Todos ellos cumplirán, además, con los requisitos que establezca el reglamento.

Artículo 89.- Los cronistas y los comentaristas deberán ser de nacionalidad mexicana y presentar un certificado que acredite su capacidad y conocimientos para la actividad especial a que se dediquen, expedido por la Secretaría de Educación Pública. En caso de ser extranjeros que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 85 de esta ley también deberán presentar el certificado correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaria de Educación Pública deberá emitir los lineamientos que incluyan los requisitos que deberán reunir aquellas personas interesadas en obtener el certificado de aptitud a que se hace mención en el artículo 11 fracción VI de esta ley, así como los tramites a desahogar, en un lapso no mayor de 90 días naturales contados a partir de que entre en vigor el presente decreto; en caso de incumplimiento por parte de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública, serán aplicadas sanciones administrativas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERO. Los locutores, cronistas y comentaristas que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren prestando servicios en estaciones radiodifusoras y que no cuenten con certificado de aptitud tendrán un plazo de seis meses contados a partir de su entrada en vigor para solicitar y obtener el certificado de aptitud correspondiente.

CUARTO. La Secretaría de Gobernación emitirá los lineamientos que incluyan los requisitos que deberán reunir aquellas personas interesadas en obtener la autorización a que se refiere el artículo 85 de esta ley, así como los tramites a desahogar, en un lapso no mayor a 90 días naturales contados a partir de que entre en vigor el presente decreto; en caso de incumplimiento por parte de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Gobernación, serán aplicadas sanciones administrativas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

QUINTO. Los locutores, cronistas y comentaristas extranjeros que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren prestando servicios en estaciones radiodifusoras y que no cuenten con la autorización de la Secretaría de Gobernación tendrán un plazo de tres meses contados a partir de su entrada en vigor para solicitar y obtener la autorización correspondiente y solicitar el certificado de aptitud respectivo.

SEXTO. Tanto la Secretaría de Educación Pública como la de Gobernación deberán de dar las facilidades necesarias e implementar programas de apoyo a aquellos locutores, cronistas y comentaristas nacionales y extranjeros en activo a efecto de que se encuentren en posibilidades de regularizar su situación.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Cristina Olvera Barrios”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 2 Y LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada porla C. Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR

(Presentada porla C. Diputada Amalia Dolores García Medina, a nombre propio y del C. Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR.

Planteamiento Del Problema

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto del 2012, en materia de participación ciudadana y consulta popular, contempla requisitos que limitan y hacen prácticamente imposible la construcción de una ciudadanía participativa en el ámbito legislativo y en la toma de decisiones de gobierno.

Argumentación

El concepto de ciudadanía se relaciona con un conjunto de derechos cívicos, políticos y sociales, que pueden y deben hacerse efectivos en el marco de un régimen democrático, con reglas claras para su aplicación y sanciones efectivas en los casos en donde exista su omisión. La participación ciudadana y la rendición de cuentas, son dos principios básicos de las democracias modernas que se constituyen como instrumentos o herramientas para lograr mejores y mayores condiciones de libertad e igualdad entre las y los ciudadanos respecto a sus gobiernos.

La participación ciudadana en las decisiones legislativas y de gobierno, también se puede entender como un factor de integración social que a partir de una serie de valores y principios comunes, norma las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno; las reglas del juego o del intercambio entre los individuos y los estados son de la mayor importancia para asegurar la estabilidad de esta correlación.

La gobernabilidad de los sistemas políticos democráticos, radica precisamente en ese intercambio fluido entre la ciudadanía y su gobierno; en la existencia de procedimientos y mecanismos eficientes que permitan a la sociedad en su conjunto expresar sus inconformidades y exigir sus demandas respecto al cumplimiento o no de sus derechos fundamentales, así como de la respuesta que el gobierno determine para satisfacerlas o cumplirlas.

Se entiende que los conceptos de participación ciudadana y gobernabilidad, fueron los que dieron contenido al dictamencon proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del nueve de agosto del 2012, bajo las figuras de consulta popular e iniciativa ciudadana como espíritu fundamental las reformas aprobadas.

En el dictamen origen del decreto, se establece que con la creación de la “Consulta Popular y la iniciativa ciudadana, se crean los mecanismos constitucionales que permitirán la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, expresando que sus aspiraciones y necesidades que reclamen, serán satisfechas por el Estado.

Se establece que la “naturaleza jurídica de la Consulta Popular, legitimará las decisiones del Estado generando canales de comunicación entre el pueblo y el poder público, es decir, obliga al Estado a escuchar al pueblo como titular del poder público”.

Sin embargo, cualquier reforma legal o constitucional que no es posible llevar a la práctica, es simplemente letra muerta, demagogia o simulación de prácticas democráticas en sistemas políticos autoritarios.

Por ejemplo, los incisos b) y c), del apartado 1º., fracción VIII, del Artículo 35 Constitucional, establece que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o en su defecto, por los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, un millón seiscientos mil personas si partimos de la base de un listado de ochenta millones de electores, por poner un ejemplo.

Más aún, el mismo artículo constitucional determina que de lograrse dicha consulta popular, de por sí ya difícil, sus resultados sólo serán vinculatorios para los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando la participación ciudadana total corresponda al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; si partimos del ejemplo anterior, con una lista nominal de ochenta millones de electores, este porcentaje implica la participación de por lo menos treinta y dos millones de personas, cifra por demás difícil de alcanzar en una consulta popular.

Si bien se reconocen los avances para legislar en la materia, también se debe decir que los umbrales o porcentajes mínimos que se establecen como requisitos para la consulta popular o la iniciativa ciudadana son prácticamente imposibles de alcanzar en un sistema político como el nuestro, en donde el abstencionismo electoral se utiliza como estrategia para ganar elecciones.

En razón de la importancia que tiene para la democracia pasar de una sociedad de “electores”, a una de “ciudadanas y ciudadanos”, es decir, de personas que no solo eligen a sus representantes populares, sino que toman parte en los asuntos de la nación y deciden sobre asuntos fundamentales de la vida pública, la consulta popular debe ser un mecanismo que le dé calidad a la democracia, a condición de que los requisitos para llevarla a cabo sean viables, y no quede sólo en un buen propósito en el texto constitucional, pero impracticable.

Es por ello que la iniciativa de reformas al Artículo 35 Constitucional que hoy se propone, tiene como objetivo fundamental disminuir los umbrales de participación impuestos, que en la actualidad son semejantes a los necesariospara constituir nuevos partidos políticos o asociaciones políticas nacionales; es claro que los principios que dan contenido a la consulta popular y a la iniciativa ciudadana, son la participación social, el respeto a las minorías, la gobernabilidad y la rendición de cuentas sobre asuntos relevantes de la agenda política nacional. Todo ello, en la construcción de una democracia moderna cuya base principal sea la participación ciudadana, crítica, informada y responsable, de ahí la necesidad de propiciar mejores condiciones para llevar la consulta popular a una práctica real y eficiente.

Asimismo, se propone sustituir al Instituto Federal Electoral, por la Universidad Nacional Autónoma de México, como encargada del diseño, organización y verificación de resultados de la consulta popular, por considerar que cuenta con todas las herramientas teóricas, así como recursos humanos que permiten garantizar la imparcialidad y objetividad del instrumento de consulta. Con la UNAM al frente de la consulta popular, garantizamos la participación de una institución con prestigio y reconocimiento nacional e internacional, así como el rigor técnico y profesional para esta importante tarea.

Es necesario contar con toda la confianza y credibilidad necesarias para que una vez aprobado el proceso de consulta popular, se obtengan resultados que garanticen y reflejen en primer lugar, la voluntad ciudadana, y en segundo, que respondan a los principios de certeza y legalidad requeridos para este tipo de ejercicio ciudadano.

La estructura orgánica e institucional del Instituto Federal Electoral, ha demostrado en diferentes ocasiones que se encuentran comprometidos a otro tipo de intereses que no son los del respeto hacia la voluntad popular, y que se encuentra inmerso en las pugnas de los grupos de poder que se disputan el control de los espacios de gobierno.

Es por ello que las mejores expectativas se encuentran puestas en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución capaz de garantizar la transparencia y certeza de los resultados de la consulta popular.

Fundamento Legal

Por lo anterior expuesto y fundado, quienes suscribimos, diputados federales Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa ciudadana y consulta popular:

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los incisos b) y c) del Apartado 1o., así como los apartados 2o., 4o. y 5o. de la Fracción VIII, del Artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I a VII. …

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de transcendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) …

b) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al cero punto cinco por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

2o. El resultado de la consulta que sea aprobado por al menos el cincuenta y un por ciento de quienes emitieron su opinión, y cuando la participación total corresponda al menos, al diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. …

4o. La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará cuando el Congreso de la Unión resuelva emitir la convocatoria correspondiente;

6o. …

7o. …

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2013.

Suscriben,

Dip. Fed. Amalia D. García Medina.- Dip. Fed. Silvano Aureoles Conejo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Presentada porla C. Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

“La suscrita, Martha Elena GarcIa GOmez Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 en su fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de estaH. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículosde la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un deber inexcusable del Estado Mexicano, estriba en el aseguramiento de un orden jurídico que garantice la justa y equilibrada convivencia entre mujeres y hombres. Para ello, es necesario que a partir de los principios fundamentales de seguridad jurídica, unicidad ideológica y congruencia, en el proceso de creación de normas jurídicas, el legislador (a) atienda la técnica legislativa con la que debe ser creada la legislación y de este modo facilite la aplicación de las reglas de interpretación jurídica.

Es evidente que la creación de una norma jurídica tiene un carácter técnico y otro político. En este sentido, la claridad con la que se redacta una norma es parte del carácter técnico, es decir, lo técnico se refiere a las “normas formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónico dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad)” (Pizzorusso en Carbonell y Pedroza, 2000:40)1.

Si bien, la técnica legislativa alude al conocimiento especializado referente a las aplicaciones y aspectos prácticos que son necesarios en la redacción, composición y elaboración de las leyes en general y de las disposiciones particulares, así como sus reformas o enmiendas, el fin último del o la legisladora debe ser interpretar la realidad para normarla elaborando leyes eficaces que garanticen su vigencia a partir de ciertos aspectos técnicos, referidos principalmente a su contenido pero también a su forma.

Cuando lo técnico no se encuentra claramente delimitado puede generar confusión y mala interpretación de las normas jurídicas. Este es el caso específico que me lleva a proponer esta reforma, ya que las y los legisladores que promovieron la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) olvidaron armonizar los términos que se refieren al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (LINMUJERES), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001, contempla dentro de su articulado el cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, mientras que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), publicada el 2 de agosto de 2006, se refiere al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En este sentido, resulta oportuno comentar que el INMUJERES opera actualmente con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (PROIGUALDAD), programa que engloba las acciones de la Administración Pública Federal y establece una plataforma de líneas básicas de acción ysiete objetivos estratégicos, los cuales pueden resumirse en: la institucionalización de una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal, así como la construcción de los mecanismos para contribuir a su adopción en los Poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. Asimismo, garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre de violencia.

De igual maneraestablece directrices para fortalecer las capacidades de las mujeres para la igualdad de oportunidades y potenciar su agencia económica para su bienestar y desarrollo. Otro de sus objetivos, se refiere al empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.

En este marco, la LGIMH tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

La LGPIMH es la respuesta operativa manifestada por el poder legislativo a los compromisos asumidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por el Estado Mexicano en 1981,en la cual se establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de eliminar la discriminación en contra de las mujeres y promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

No obstante, el artículo 1 de la LINMUJERES, establece que las disposiciones de esta ley son de orden público y observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En este contexto, cabe mencionar que desde el enfoque teórico-metodológico la equidad de género es un principio emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para definir la equidad como una “igualdad en las diferencias”. En esta tesitura, la equidad de género y la igualdad están unidas, pero no es correcto reemplazar una con la otra, ya que la igualdad es un valor superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y el principio de no discriminación basada en diferenciación sexual. En tanto que la equidad es una medida más bien dirigida a cubrir los déficits sociales e históricos de las desigualdades por razón de género, es decir, es el medio para conseguir la igualdad sustantiva, misma que se prevé en la LGPIMYH.

Es por ello, que el objetivo de esta iniciativa es armonizar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres con la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que estos cuerpos normativos observan nombres distintos para el Programa Nacional de Igualdad, debiendo prevalecer por las razones expuestas la de la LGPIMH.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOSDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, para quedar como sigue:

DECRETO

Unico.- Se reforma las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo26, Capítulo VII y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a V…

VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

VIII a XXII…

XXIII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

XXIV a XXV…

Artículo 26.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto en lo relativo al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en los demás asuntos en materia de equidad de género y mujeres que sean sometidos a su consideración;

II a V…

Capítulo VII

Del Cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 30.-...

Como resultado de la evaluación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Instituto podrá emitir opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores, autoridades, y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, relacionadas con la ejecución del citado Programa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Programa Nacional correspondiente a la administración 2013-2018 deberá modificar su denominación en el Plan Nacional de Desarrollo conforme a lo aprobado en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de agosto de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Carbonell, M. y Susana Pedroza., (2000) Elementos de Técnica Legislativa. Serie Doctrina Jurídica, Num 44, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

(Presentada porel C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre propio y del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal y Benjamín Robles Montoya, Senadores de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A pesar de que en el Poder Legislativo, particularmente en este Senado de la República, hemos encontrado resistencias para reconocer que es imposible hablar de vida digna sin un mínimo de energía, y de que en el diseño y aplicación de toda política energética de un estado soberano, debe considerarse al acceso y uso de la electricidad como un Derecho Humano; vengo a presentar esta Iniciativa con esa visión.

Lo hago reiterando, que es a partir del reconocimiento y respeto por el derecho humano a la energía eléctrica como se impulsará el desarrollo económico con un enfoque social para reducir en gran parte, la pobreza.

En torno a este derecho fundamental, no es ocioso recordar que derivado de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo de las quejas ciudadanas de las que ha conocido relativas a las violaciones en la prestación del servicio público de energía eléctrica, se estableció que deben regir principios como el de respeto a la dignidad humana, para garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como objetos;

el de eficiencia para dar respuesta a las necesidades sociales; y sobre todo, el de regularidad para que dicho servicio no se condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si ésta limita, vulnera, o potencialmente pone en riesgo un derecho humano.

Lejos de que en los hechos la Comisión Federal de Electricidad esté garantizando el cumplimiento de estos principios, sigue latente el clamor de los ciudadanos para frenar las acciones ya tan conocidas que como parte de su estrategia, aún sigue llevando a cabo este organismo en el cobro de sus altas tarifas, tales como: los cortes de energía sin previo aviso, como sanción a quien no pague; los cortes masivos de energía a barrios, colonias y comunidades, y la represión y violencia que se ejerce contra la protesta social, y en su caso, el encarcelamiento de ciudadanos en resistencia contra el aumento de las tarifas de luz.

Estrategia que equivocadamente se sigue aplicando sin considerar los daños y perjuicios económicos y sociales que se generan, y que a todas luces vulnera y transgrede no sólo el derecho a la energía eléctrica sino también otras garantías y derechos fundamentales de las personas en su calidad de usuarios.

Tan sólo en el transcurso del año 2013, hemos sido testigos de diversas protestas y movilizaciones de organizaciones sociales que se han realizado en diferentes estados del país en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica.

Cabe referir, que estas organizaciones como lo son la Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que ya son 6 millones de usuarios los que se han sido afectados por los cobros excesivos en el servicio de luz, mientras las quejas contra la CFE, se están acercando ya a las 100 mil.

Considerando, que:

Se ha hecho del conocimiento a la opinión pública a través de los medios de comunicación escrita de los acuerdos suscritos entre la Secretaría de Gobernación y la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, para suspender los cortes de luz a los usuarios con problemas de pago, y dejar de tomar represalias contra los ciudadanos en resistencia.

Representantes de diversas organizaciones que integran esta red han denunciado en conferencia de prensa que lejos de que se hayan cumplido tales acuerdos, estas acciones se han incrementadoen distintos estados, incluida la capital del país.

Entre otras organizaciones, se encuentran el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas; Luz y Fuerza del Pueblo también de Chiapas; Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de luz, la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio de Oaxaca, la Resistencia Civil en el estado de Tabasco, la Alianza Única del Valle, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; el Movimiento amplio de resistencia civil de Chihuahua.

Como consecuencia de este conflicto social, se han realizado también jornadas nacionales de movilización de usuarios de la energía eléctrica, contra la represión y criminalización de la protesta social, y por unas tarifas justas de luz, mismas que han presenciado marchas y movilizaciones en 16 estados, como lo son Chiapas, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y el Distrito Federal, entre otros.

Ante la intimidación, malos tratos y el estado de indefensión que padecen no sólo los usuarios que reclaman por el aumento desmedido de tarifas eléctricas sino también quienes no lo hacen pero que han sufrido el corte arbitrario del servicio, y sin que hasta el momento exista una instancia ú órgano con plena capacidad para atender y solucionar las controversias entre la paraestatal y el público usuario que antes de serlo son ciudadanos.

En 2012, se acumularon casi 12 mil quejas en contra de la CFE ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mismas que se sumaron a la más de 14 mil de 2011.

Tal como la ciudadanía lo ha percibido, la actuación de esta dependencia gubernamental, no ha podido resolver esta problemática que afecta principalmente ahombres y mujeres con los más bajos ingresos, así como a diversos municipios, escuelas y unidades habitacionales por quedarse sin suministro eléctrico.

No obstante, que la Procuraduría Federal de Consumidor en su portal de Internet, ha anunciado a los ciudadanos en general, de manera textual que:“Si llegaras a iniciar un procedimiento conciliatorio ante Profeco, la CFE no podrá interrumpir o suspender su servicio u otras obligaciones hasta que termine el procedimiento”; dicha Comisión continúa con los cortes al suministro de la energía.

El artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, dicho precepto establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

En la Recomendación No. 51/2012 sobre la suspensión del servicio público de energía eléctrica en el hospital “Doctor Manuel Campos”, en Campeche, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, emitida el 28 de septiembre de 2012, la CNDH recomendó a la Comisión impulsar las reformas legales correspondientes a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de que se excluya del supuesto de suspensión de suministro ante falta de pago a los centros de salud públicos, así como a que “se diseñen soluciones alternativas razonables que se mantengan respetuosas de los principios que rigen el servicio público que le fue encomendado y del sistema de protección de derechos humanos”.

En esa ocasión, señaló el ombusdman del país: “Queda claro que la aplicación de la ley debe realizarse por todas las autoridades administrativas a la luz del principio pro personae, y no a la luz de una interpretación literal y arbitraria, que pueda poner en riesgo derechos humanos”.

En síntesis, a raíz de este incidente, la CNDH hizo su recomendación, que ya es un importante precedente para evitar violaciones a los derechos humanos por el corte del suministro de la energía eléctrica en el caso de un hospital público, al sostener que tiene la facultad para proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que redunden en una mejor protección de los derechos humanos; así como buscar alternativas más razonables para la fijación de las tarifas y el cobro del servicio, a fin de mantenerse respetuosas de los principios que rigen el servicio público que le fue encomendado y del sistema de protección de derechos humanos.

Compañeros y compañeras Senadores:

Frente al incremento de los cortes de luz en distintos estados del país, y del clima de represión y criminalización de estos movimientos, que constituye un grave conflicto social que hay que atender desde el ámbito competencial de cada poder, es ineludible el ejercicio responsable de la facultad que tiene el Congreso de la Unión para emprender las reformas y cambios legales que contribuyan al propósito de brindarle atención y mejor solución.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 26DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

“ARTICULO 26.- La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

I.- Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un período normal de facturación;

II.- Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

III.- Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y

IV.- Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.

V.- Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y

VI.- Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.

En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previoal usuario para que en un término de cuando menos 20 días se realicen las aclaraciones pertinentes antes de efectuar el corte o suspensión del suministro.

En el supuesto de la fracción I, no se podrá suspender el suministro de energía eléctrica, cuando se haya interpuesto queja o recurso alguno ante la autoridad administrativa ú órgano público competente, por lo que la Comisión no podrá interrumpir o suspender su servicio u otras obligaciones hasta que concluya el procedimiento correspondiente.”

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad en ningún caso podrá suspender dicho suministro en hospitales y centros de salud públicos, y de readaptación social. Dicha suspensión, se efectuará sólo en los casos en que se haya agotado la vía jurisdiccional que así lo resuelva.

Transitorios

Primero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7de agosto de 2013.

Suscribe

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Benjamín Robles Montoya”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 25 Y 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del grupo parlamentario del PRD)

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 25 Y 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL DIP. MARIO RAFAEL MENDEZ MARTINEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

Planteamiento de la problemática:

El objetivo: hacia un federalismo de las finanzas y la hacienda públicas que asegure a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional de manera eficiente que incluya a la Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente.

Exposición de Motivos:

I.- Actualmente el modelo de federalismo centralizado se ha agotado. Ya no le sirve a las entidades federativas ni a los municipiosquienes se limitan a ser simples administradores y gestores de recursos federales, sin permitírseles decidir. Se requiere de una profunda reforma legal que les otorgue nuevamente poderes de decisión y con ello instrumentos tributarios y de gasto.

Nuestro federalismo ha perdido también su capacidad de promoción del desarrollo económico en las regiones. El federalismo al que aspiramos busca vincular los impuestos de los contribuyentes y el gasto público con la autoridad responsable de recaudar y gastar, para una mejor calidad de vida de las personas. Sólo así podremos tener localidades fuertes y regiones bien desarrolladas para conformar una nación unida y próspera.

El país necesita evolucionar la relación entre el orden federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal; y adicionar a las agencias municipales del paíscon una mejor división del trabajo. Necesitamos mejorar la coordinación y distribución de facultades, responsabilidades y recursos entre estos órdenes de gobierno para responder a las necesidades de las personas en los lugares donde viven.

II.- Nuestro marco jurídico necesita revisarse para evaluar la actual distribución de funciones y atribuciones del Ejecutivo Federal, de los gobiernos en los estados y en el Distrito Federal, los municipios y hoy de las Agencias Municipales. Una condición indispensable para que el trabajo asignado se lleve a cabo con éxito es dotar de las potestades y los instrumentos acordes a sus responsabilidades a los tres órdenes de gobierno. Esta es la esencia del federalismo: la discusión seria y responsable de cómo aseguramos a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional de la manera más eficiente.

México requiere un Estado en el que sus distintos órdenes de gobierno dispongan de las facultades, instrumentos y recursos para responder de manera más rápida y expedita a las demandas de bienestar de la sociedad. La población desea seguridad para las personas y su patrimonio, justicia y un conjunto de bienes públicos que le permitan vivir en mejores condiciones materiales y a su vez permitan el desarrollo material. Esto requiere de gobiernos que conduzcan los asuntos públicos cumpliendo mejor con sus responsabilidades y hacerlo al menor costo para los contribuyentes. Especialmente requerimos no asediar más a los contribuyentes con nuevos impuestos o tasas más altas, sino cumplir el mandato constitucional de que absolutamente todos los mexicanos contribuyamos para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.

Nuestro sistema tributario ha quedado rebasado

III.- Nuestro sistema tributario y de coordinación fiscal entre la Federación, las entidades federativas y sus municipios se encuentra agotado por las siguientes razones:

No está vinculada la política tributaria con las responsabilidades de las entidades federativas y los municipios, con el gasto público ni con las necesidades regionales.

El sistema de coordinación fiscal no cumple cabalmente sus objetivos resarcitorios ni compensatorios.

Nuestra política de gasto desde el Gobierno Federal ya no puede promover el crecimiento económico ni la creación de empleos por haberse convertido en una política eminentemente de gasto corriente.

Estamos utilizando la riqueza petrolera para subsanar la debilidad de la recaudación. En lugar de destinarla a Construir Infraestructura Social y productiva, como Carreteras, Agua Potable, drenaje y construcción de Hospitales y Escuelas, la estamos destinados a cubrir erogaciones corrientes.

Existe un régimen fiscal de exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales y deducciones autorizadas, que de hecho son privilegios para ciertos sectores sociales que representan poco más de 5 puntos del PIB. Esto representa casi la mitad de lo que se recauda actualmente de impuestos.

Se han creado varios impuestos para suplir la debilidad del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, como el efímero Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, elcasodelimpuesto Empresarial a Taza Única IETU y el impuesto a las telecomunicaciones, que sólo distorsionan los patrones de consumo e inhiben a las actividades productivas y el empleo.

Nuestro marco tributario y nuestra administración tributaria son ineficaces en el combate a la evasión y la elusión fiscales. Ambos descansan, además, sobre un pequeño grupo de contribuyentes. Distintos estudios de instituciones académicas reconocidas ubican el nivel de evasión fiscal entre 2 y 4 puntos del PIB.

Los estados y los municipios no tienen instrumentos de política económica para emprender acciones inmediatas en beneficio de la población ni para promover un desarrollo regional equilibrado, viéndose obligados a desarrollar una cultura de gestión ante el Gobierno Federal.

Existe una gran tensión entre los tres órdenes de gobierno por la asignación de los recursos públicos.

Los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir las funciones y responsabilidades básicas de los tres órdenes de gobierno en desarrollo social: educación, salud, seguridad social, laboral, abasto, asistencia social y desarrollo regional y urbano.

IV.- En los últimos años se ha estado apoyando a los municipios a través de un fondo especial del Ramo 33, denominado Fortamun, que es tres veces mayor que la recaudación del impuesto predial, lo que procura incentivos adecuados para fortalecer la capacidad local de recaudación.

Uno de los principios fiscales más aceptados en una sociedad democrática es el de la equidad horizontal; es decir, el hecho de que los estados cuenten con un mismo nivel de recursos públicos para hacer frente a sus necesidades locales. El esquema de transferencias federales que debemos diseñar en México idealmente debiera permitir compensar a las entidades de bajo nivel de desarrollo, independientemente de su esfuerzo fiscal, para nivelar los ingresos totales por habitante (propios y federales) entre las entidades del país. Así podremos tener un sistema federal solidario.

Después de las aportaciones federales y los convenios, las participaciones constituyen la segunda fuente principal de recursos de estados y municipios. El procedimiento para determinar la recaudación federal participable se encuentra rebasado por la nueva realidad política del país por las causas siguientes: primera, la mecánica de composición de los ingresos participables privilegia al Gobierno Federal porque le corresponde la mayor parte de los ingresos recaudados. Segunda, los criterios de reparto, resarcir y compensar, no se cumplen cabalmente porque se anulan entre sí por ser contradictorios.

V.- En los últimos años se han emprendido diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de fortalecer el objetivo resarcitorio a los Estados y Municipios. A este fin se han promovido convenios de colaboración administrativa para devolver el 100 por ciento de algunos impuestos federales que se recaudan localmente, evitando que dichos ingresos formen parte de la Recaudación Federal Participable.

Si alguna ventaja tuvo para México tener concentrados la mayoría de los instrumentos de política económica en el orden federal fue la velocidad de respuesta con la que se afrontaron los choques externos e internos, como quedó demostrado en las crisis económicas de los ochenta y noventa. Sin embargo, ahora requerimos un nuevo equilibrio que no ponga en riesgo las finanzas de la Federación pero que también permita descentralizar para fortalecer la toma de decisiones a los gobiernos estatales para que puedan impulsar polos de desarrollo regional.

En esta época de recesión se nota que el país entero sufre la inmovilidad del Ejecutivo Federal, quien tiene todos los recursos y potestades para mitigar los efectos de la crisis. En el modelo de federalismo a que aspiramos, no sólo el orden federal puede contribuir a la reactivación económica, sino que los otros órdenes de gobierno complementan las fuentes de desarrollo económico en función de su realidad local.

El modelo que requiere México es un modelo que proporcione soluciones integrales a los problemas del desarrollo. Requerimos pensar globalmente y actuar localmente con visión nacional. Para ello nuestro modelo de federalismo debe incorporar integralmente a la planeación, a los ingresos, al gasto público, a la deuda, a la contabilidad gubernamental y a los instrumentos para la evaluación y rendición de cuentas.

VI.- El 1 de julio de 2012 marcó un hito en la historia de México. Se probó que la alternancia del Poder Ejecutivo Federal es posible sin sobresaltos económicos y sociales, marcando el inicio de una redistribución del poder público: del Ejecutivo Federal al Poder Legislativo y del orden Federal a los órdenes Estatales y Municipales.

Queremos un federalismo que al transferir responsabilidades e instrumentos fiscales a los órdenes estatal, municipal y agencia municipal y las demarcaciones del Distrito Federal el país en su conjunto gane. Por ello de manera paralela a la revisión de las responsabilidades y las potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno, deberán establecerse los lineamientos para establecer una reforma institucional para fortalecer la rendición de cuentas y resultados, asegurando en todo momento la disciplina fiscal y el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno.

VII.- Con esta reforma se pretende dotar a los próximos Presidentes Municipales y adicionar o incluir alas Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente del país de dotar de recursos que beneficien directamente a sus habitantes al hacer a estos últimos participes en la aplicación y vigilancia de las obras y acciones a realizar.

Debemos exigir que la distribución de los recursos tributarios nacionales se haga conforme a criterios de justicia, equidad y suficiencia para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades que deben cumplir las esferas locales. En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013,

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrito, diputado Mario Rafael Méndez Martínez, somete a consideración de ésta asamblea la presente iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Por las razones expuestas, es urgente plantear oportunamente la reforma que se propone:

ARTICULOUNICO.- Se Reforma y se Adiciona diversas disposiciones al artículo 25, y el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.-Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Distrito Federal, de los Municipios en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, de los Municipios, y, en su caso, las Agencias Municipales, tenencias Municipales o su equivalente, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I.-

VII.-

Dichos fondos se integrarán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo,incluyendo a las Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente, a las que se hará participe de estos fondos,

Artículo 33.- Artículo 33.- Las aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, y Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Agencias Municipales, Tenencias Municipales su equivalente: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) …

I.- …

II.- …

III.- …

IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios, Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente, lo harán por conducto de los Estados, y

V.- …

Transitorio

Primero.- Para efectos de las reformas a los artículos 25 y 33 de este ordenamiento, las participaciones se harán a partir del año siguiente a la aprobación de este decreto yque en las Reglas de Operaciónqueden establecidas las participaciones de las Agencias Municipales, Tenencias Municipales o su equivalente,y los Municipios Estatales hagan las adecuaciones legales al efecto.

Segundo - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación enel Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Suscribe,

Dip. Mario Rafael Méndez Martínez”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DEL BANCO DE FOMENTO TURISTICO

(Presentada porel C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del C. Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del PRD)

“Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER y FERNANDO CUELLAR REYES, integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 57 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE LA LEY ORGANICA DEL BANCO DE FOMENTO TURISTICO, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. Este sector representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios. Hoy en día significa el 8% del empleo (1 de cada 12), contribuye en promedio con el 5% del Producto Interno Bruto mundial y capta el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. Es una de las fuentes más importantes de ocupación a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de cualificación y permite la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población activa.

Según la Organización Mundial del Turismo los ingresos por el turismo internacional se elevaron a 625,000 millones de euros en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5.6% en relación con 2006.

En un foro de la OIT sobre turismo se analizó que la competitividad y productividad en el sector depende de niveles de cualificación, profesionalidad, compromiso, entusiasmo, lealtad y destrezas para relaciones de los trabajadores. Por lo anterior el papel de los gobiernos es fundamental para impulsar el desarrollo del turismo; uno de los principales problemas es que hacen falta recursos humanos calificados para trabajar en este sector por lo que destinar recursos para capacitar a los empleados es una prioridad por el impacto que tiene esto en el empleo. Otro problema es el elevado control extranjero sobre los recursos locales, lo que se traduce en la necesidad de invertir e incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas en conceptos locales.

Las políticas dirigidas al turismo se traducen en inyección a la economía y en mejoramiento del empleo a nivel nacional. Según la OMT representa un factor de desarrollo económico sustentable y un instrumento de reducción de pobreza por las siguientes razones:

• El turismo es consumido en donde se produce.

• La ventaja turística no depende del desarrollo de los países.

• Sustenta otras actividades económicas.

• Es intensivo en la mano de obra.

• Crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas.

• Fortalece el orgullo cultural.

• La infraestructura que requiere el turismo beneficia directamente a las comunidades con índices altos de pobreza.

El turismo local y ecoturismo en México ha beneficiado a diversas comunidades, ya que ayuda a proteger recursos naturales, construcción de identidad, dialogo y organización comunitaria, lo cual se traduce en atención a la pobreza en un país en desarrollo. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró un promedio anual de 2.36 millones de trabajadores asegurados permanentes y eventuales en el sector turismo para 2007. Para 2008, el número de visitantes extranjeros al país fue de 91.5 millones, lo que generó una derrama económica de 13 mil 200 millones de dólares.

En México el turismo representa el 8.6% del PIB y en 2012 generó 11 mil millones de dólares. De igual forma, da empleo directo a 2.5 millones de personas y el año pasado atrajo a 23 millones de turistas extranjeros.

El turismo en México favorece la participación en la economía global, es una oportunidad para enfrentar la pobreza en Estados que presentan un bajo índice de desarrollo humano, es importante atender las problemáticas en el sector que principalmente son de inseguridad (narcotráfico, trata de personas) y falta de infraestructura.

Según el informe 2011 de la SECTUR, este sector es uno de los que más tiene participación femenina ya que el 46% de la fuerza laboral son mujeres (en general es el 37% aproximadamente). Específicamente en 2007 la participación de las mujeres en el sector hotelero fue del 60%.El mismo informe señala que México está entre los primeros 15 destinos turísticos del mundo, y aunquelos problemas de inseguridad pública de los últimos tiempos han reducido el flujo de turistas, este sector sigue siendo una fuente clave de crecimiento económico.



Felipe Calderón declaró que este sector brinda empleo directo a 2,500,000 familias mexicanas y más de 5,000,000 en empleos indirectos, lo que representa el 9% del PIB, ubicándolo como uno de los sectores más importantes para la economía del país, después del petróleo y las remesas. La Encuesta Nacional de Empleo 2005 2010 reveló que el ingreso promedio en el sector turístico es, para las mujeres $20.97 la hora y los hombres $27.80; comparado con el ingreso en actividades no turísticas que es de $22.3 y $21.43 respectivamente. Lo que se traduce en que este sector es de los que tienen ingresos más altos pero también presenta un alto nivel de desigualdad según el género y las ocupaciones de mayor responsabilidad están concentradas en los hombres.

El director de Cuentas Satélites del INEGI, Francisco Guillén Martín reveló en 2008 que la estructura del turismo es encabezada por los servicios, que aportan 37% del total. Las actividades relacionadas con el turismo generaron 2.4 millones de ocupaciones remuneradas, 6.7 % del total de los empleos del país.

Por lo anterior el turismo en México favorece la participación en la economía global, es una oportunidad para enfrentar la pobreza en Estados que presentan un bajo índice de desarrollo humano, es importante atender las problemáticas en el sector que principalmente son problemas de inseguridad (narcotráfico, trata de personas) y falta de infraestructura.

Un Estado con oportunidades en el sector turismo, es el estado de Guerrero. Esto lo confirma, los análisis realizados por la Secretaría de Economía con base en criterios de competitividad nacional e internacional, que identificaron a los servicios turísticos como un sector estratégico.

En Guerrero el turismo es la base de la economía, con respecto a las actividades económicas desarrolladas por los guerrerenses en edad de trabajar (2.075.739 a 2000), el sector primario ocupa 14.276 personas y representa el 5,6% de la población económicamente activa (PEA): el secundario ocupa a 47.471 personas y representa el 18,72% y el terciario ocupa 184.869 personas y representa el 72,92%; es en este último en el que se ocupa la mayor parte de la población debido a que el estado basa su economía en el turismo y el comercio. El turismo es la actividad económica que más recursos deja al Estado, pues aporta 30,689,750 pesos (24%) al PIB total del Estado y emplea a 140.000 trabajadores.1

El Estado está posicionado como uno de los estados con mayor turismo en el país, siendoel tercer estado con mayor nivel de ingresos por concepto de turismo. Según SECTUR, las entidades federativas que más obtuvieron ingresos por turismo en 2008 fueron Quintana Roo (contribuyó 17.88% para el PIB turístico), Baja California Sur (12.1%), Guerrero (7.13%) y Nayarit (5.43%).

El Estado ofrece un alto nivel de seguridad legal a los inversionistas. Guerrero tiene una gran disponibilidad de mano de obra. Específicamente, el puerto de Acapulco sigue siendo uno de los destinos turísticos preferido por los extranjeros que visitan México, así como la ciudad de Taxco, la cual ofrece una opción de turismo alterno a las personas que visitan el Estado2.

De acuerdo a la vocación del Estado de la lista de 93 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (IED), el Turismo ocupa el segundo lugar con 21 oportunidades, después de la minería con 39 oportunidades3.

Guerrero recibió 9 millones de dólares por concepto de IED en 2012, el sector de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas fue el principal receptor de IED del estado.

Actualmente el sector turismo en el Estado de Guerrero es atendido mediante los apoyos del Fondo Pyme, por el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo, y los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional.4 El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Tabla 3: Programas de apoyo al turismo en el estado de Guerrero



Fuente: Secretaría de Economía

El programa moderniza en apoyo al sector turismo es un programa de capacitación, que facilita a las Mipymes a incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas modernas, que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el desempeño de su personal, mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva a la empresa para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua5.

Por otro lado, la Promotora Turística de Guerrero es el órgano de fomento a lainversiónen el ramo turístico inmobiliario, responsable de adquirir, administrar y comercializar las reservas territoriales que albergarán los nuevos polos turísticos de la entidad, así mismo es quien se encarga de formular los lineamientos a seguir para la creación de nuevos desarrollos turísticos inmobiliarios dentro de un esquema de planificación inteligente, que permita la integración de los municipios y los diversos sectores de la sociedad en el mejoramiento de la oferta turística del estado, todo esto en estricto apego a los lineamientos de respeto y conservación del medio ambiente y las normas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Dentro de los programas de FONATUR con objeto de promover y fomentar el desarrollo turístico nacional. Guerrero está dentro del marco de las entidades federativas que integran el Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios (FEDERAL), en donde en conformidad con sus acciones se llevan a cabo programas como el de “Desarrollo Turístico de la Zona Tradicional de Acapulco, Guerrero”, en sentido de impulsar los destinos turísticos de mayor atracción en el Estado.

En este sentido, una política de competitividad en el sector turístico, sin duda requiere de adecuaciones en la política federal, sin embargo, uno de los aspectos centrales que deben considerarse es el financiamiento público.

Se requiere apuntalar nuevos destinos turísticos para favorecer el desarrollo regional transversalmente, hoy en día es evidente que las entidades no se han beneficiado de manera equitativa en la inserción de mercados internacionales, para lograrlo es necesario promover la competitividad de cada región para reducir las diferencias en los indicadores de bienestar social y explorar las diferentes áreas de oportunidad que tiene el sector, es necesario estar a la vanguardia e impulsar otras posibilidades que no cuentan con el apoyo institucional o políticas públicas que las favorezcan.

EL PAPEL DE LABANCA DE DESARROLLO

La banca de Desarrollo forma parte del Sistema Bancario Mexicano, tal como se establece en el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito. En este marco, las instituciones de Banca de Desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes orgánicas.

Concluida la etapa armada de la Revolución Mexicana, la participación del Estado en el proceso de reactivación del crecimiento económico y social, fue determinante. En materia financiera, el Gobierno Federal adoptó diversas medidas tendientes a impulsar el ahorro y la canalización de recursos crediticios a la actividad económica, entre las cuales destacan la creación de las “instituciones nacionales de crédito”, figura que posteriormente fue complementada con los fideicomisos públicos de fomento económico, entidades paraestatales de carácter financiero, especializadas en la atención de sectores específicos.

Las Instituciones Nacionales de Crédito surgieron en 1926, al fundarse el Banco Nacional de Crédito Agrícola. A partir de ese momento, el Gobierno Federal constituyó, fusionó y/o liquidó diversas instituciones, de las cuales actualmente operan las siguientes:

a) El Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, creado en 1933. Esta Institución cambió de nombre en 1966 a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

b) La Nacional Financiera, constituida en 1934.

c) El Banco Nacional de Comercio Exterior, creado en 1937.

d) El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, creado en 1947.

e) El Patronato del Ahorro Nacional, Institución que fue creada como Organismo Público Descentralizado y transformado en 2001 a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

f) La Sociedad Hipotecaria Federal, creada en 2001.

g) La Financiera Rural, creada en 2002, bajo la figura jurídica de organismo público descentralizado.

h) Fideicomisos relacionados con agricultura.

i) Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

Estas sociedades fueron conceptualizadas con el propósito de promoción y fomento del desarrollo económico en sectores y regiones con escasez de recursos, o donde los proyectos eran de alto riesgo o requerían de montos importantes de inversión inicial. Sus apoyos crediticios los ofrecían en forma preferencial, es decir, con tasas de interés, plazos y formas de amortización menores a las de los bancos múltiples, además de brindar asesorìa y extensionismo financiero.

a) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, fue organizado a iniciativa del Ejecutivo Federal, el 20 de febrero de 1933, como un instrumento financiero dirigido a impulsar la dotación de servicios públicos y a satisfacer las necesidades surgidas del proceso de urbanización.

La primera Ley Orgánica de la Institución, fue expedida hasta el 31 de diciembre de 1942. Su operación se sustentó en los lineamientos expuestos por el Secretario de Hacienda y CréditoPúblico, en los que se estableció que su programa comprendía todas las operaciones de crédito inmobiliario para construcciones urbanas, para instalaciones industriales y para obras de servicio público.

En la práctica, sin embargo, la acción institucional se orientó en forma prioritaria, al financiamiento de obras para el abastecimiento de agua potable, la construcción de drenajes y obras de saneamiento, la construcción de mercados, los servicios municipales de luz eléctrica y la construcción de rastros y mataderos.

El crédito industrial fue poco operado y en materia de vivienda, el Banco adoptó el criterio de invertir básicamente en proyectos destinados a personas de escasos recursos y bajo criterios de ordenación del crecimiento urbano. Este rubro, referido a la habitación popular, fue incluido en la Ley Orgánica de la Institución hasta 1946, además de que se dispuso la creación del Fondo de Habitaciones Populares, el cual sería administrado por el Banco en su calidad de fiduciario.

b) Nacional Financiera.

Nacional Financiera surgió en 1934, y su Ley Orgánica el 24 de Abril de 1934. El espíritu que animó su constitución, fue la necesidad de movilizar los recursos congelados en los bancos, para financiar el crecimiento económico.

En 1940, como resultado de la interrupción de los flujos de comercio provocada por la II Guerra Mundial, el Gobierno Federal decidió impulsar el crecimiento industrial, para lo cual apoyó la canalización de recursos crediticios en términos accesibles. Al efecto, el 30 de diciembre de dicho año se expidió una nueva Ley Orgánica, en la cual se establecieron las bases para que la institución asumiera la función de fuente de crédito para promover industrias y para apoyar la formación del mercado de valores.

Ello fue el punto de arranque en el desarrollo institucional: Nacional Financiera, en forma acelerada, contribuyendo de este modo al financiamiento de importantes obras de infraestructura y a la expansión industrial.

Como apoyo a su función de fomento, se constituyeron en la institución, en su carácter de fiduciaria, el Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN), cuyo objetivo era canalizar recursos de capital de riesgo, con criterios de temporalidad; el Fideicomiso para Parques Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN), que apoyaría la descentralización industrial; y el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), para financiar la elaboración de estudios y proyectos básicamente vinculados a la industria;

Apoyó el desarrollo de diversas empresas paraestatales, lo que le generó problemas de concentración de cartera (90% con el Sector Público y 6% con empresas de Nacional Financiera) y de control de empresas y ejecución de proyectos de grandes dimensiones, con recursos propios.

En la primera mitad de la década de los años noventa, con el cambio de modelo de crecimiento económico, la Institución debió enfrentar un cambio, que la llevó a su actual esquema de operación, básicamente orientado a la pequeña y mediana empresa y con operación en el segundo piso. En tal sentido, su operación se duplicó con la de los fideicomisos que administraba en su calidad de fiduciaria, por lo cual se procedió a la liquidación de éstos y a la incorporación de los programas que aquellos desarrollaban, a su operación institucional; y al desincorporarse del sector público las empresas paraestatales, en las cuales fungíacomo accionista, redujo su función de fomento, regresando a su papel de intermediaria financiera.

En la actualidad se rige por la ley Orgánica publicada el 26 de diciembre de 1986, en la cual se ratifica su especialización en la promoción y financiamiento del sector industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

c) Banco Nacional de Comercio Exterior.

El Banco Nacional de Comercio Exterior se fundó en 1937. Su creación fue motivada por la necesidad de contar con una institución de crédito que se especializara en conceder apoyos financieros que incidieran en el fomento de las exportaciones, a fin de nivelar la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

La contribución de esta institución al crecimiento económico del país, debe observarse no sólo por el financiamiento canalizado a las actividades productivas de exportación e importación, sino también a la creación y fortalecimiento de empresas comercializadoras y entidades públicas como la Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. de C.V. (IMPEXNAL).

Derivado de que en los años sesenta, el déficit con el exterior se vio incrementado sustancialmente, el Gobierno Federal determinó constituir el Fideicomiso denominado Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), entidad de segundo piso, que operaba a través del sistema bancario, cuyo objeto fue propiciar el crecimiento y desarrollo del sector manufacturero, mediante el otorgamiento de créditos y garantías para la exportación de productos manufacturados y servicios y a la sustitución de importaciones de bienes de capital y de servicios.

Con el tiempo, se determinó que dicho Fideicomiso, administrado por el Banco de México, como fiduciario, pasara a ser administrado por BANCOMEXT, institución que finalmente lo fusionó, mejorando con ello la coordinación de apoyos al comercio exterior y evitando la duplicidad de funciones.

Adicionalmente, ante la desincorporaciòn del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, asumió algunas de las funciones de promoción que éste realizaba.

En los años noventa, se procuró que los apoyos de la institución se canalizaran desde el segundo piso, que desarrollara operaciones de garantía y seguro de crédito a la exportación y que ofreciera capacitación y asistencia técnica, orientando su acción a nuevos exportadores.

En la actualidad se rige por la ley Orgánica publicada el 20 de enero de 1986, en la cual se ratifica su especialización en la promoción y financiamiento del comercio exterior del país.

d) Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de financiamiento de los miembros del Ejército Mexicano, el Gobierno Federal constituyó el Banco Nacional del Ejército y la Armada, S.A. de C.V., al amparo de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1946.

Su objetivo principal consistía en otorgar créditos a los miembros del Ejército y la Armada nacionales y apoyar a las sociedades mercantiles integradas por elementos militares.

Dicha ley fue modificada en 1978, buscando incorporar dentro de la operativa bancaria, funciones de banca múltiple y se amplió su cobertura hacia los miembros de la Fuerza Aérea.

En la actualidad se rige por la ley Orgánica publicada el 13 de enero de 1986, en la cual se ratifica su especialización en el financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

e) Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros.

El antecedente inmediato de esta institución, es el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL), organismo público descentralizado, creado por decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 1949 en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de promover el hábito del ahorro entre la población.

El público en general conocía a la Institución por el nombre de su producto más publicitado: el Bono del Ahorro Nacional, creado en 1950 con el objeto de proporcionar a los pequeños ahorradores una forma de ahorro flexible, líquida y segura.

Con la finalidad de proveer profundidad al sistema financiero, de manera que se pudieran ofrecer productos y servicios financieros a la mayoría de la población, particularmente a los de menor ingreso, en condiciones competitivas y con seguridad jurídica, el Gobierno Federal se dio a la tarea de organizar y desarrollar el denominado Sector de Ahorro y Crédito Popular. En tal sentido, en abril de 2001 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica que transformó el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI).

En la actualidad se rige por la ley Orgánica publicada el 1° de junio de 2001 y sus correspondientes modificaciones, en la cual se le asigna por objeto la promoción del ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del sector de Ahorro y Crédito Popular, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos para fomentar el habito del ahorro.

f) Sociedad Hipotecaria Federal.

El antecedente inmediato de esta institución, es el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), constituido el 10 de abril de 1963, con el objeto de fomentar el financiamiento a la vivienda de interés social.

En 2001, a fin de ampliar y consolidar el apoyo al Sector Vivienda, el Gobierno Federal constituyó la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. El objetivo era buscar el establecimiento de condiciones para que se destinaran recursos públicos y privados a la construcción y adquisición de viviendas, preferentemente de interés social y medio y eventualmente incursionar en el mercado de hipotecas, mediante la bursatilizaciòn de la cartera de vivienda, lo cual permitiría contar con un mayor volumen de recursos a favor de esta actividad económica.

En la actualidad se rige por su Ley Orgánica publicada el 11 de octubre de 2001, en la cual se establece que tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda.

g) Financiera Rural.

El campo ha merecido especial atención por parte del Estado, en materia de otorgamiento de crédito. Es por ello que desde 1926 creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., cuya misión consistía en canalizar recursos en forma exclusiva a sociedades cooperativas agrícolas y no a productores individuales. Posteriormente, en 1935 constituyó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A., como una entidad que debía otorgar crédito fundamentalmente a través de Sociedades Locales de Crédito Ejidal, por encima del ejidatario en lo individual.

De igual forma, en 1965 fundó el Banco Nacional Agropecuario, S.A. de C.V. y diez años después, en 1975, consolidó el esfuerzo realizado mediante la fusión de las tres instituciones enunciadas, en el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., institución de banca de desarrollo, el cual debido a sus altos costos de operación, fue liquidado en 2002 y sustituido por la Financiera Rural.

De acuerdo con su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2002, la Financiera Rural es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Su objeto es coadyuvar con el Estado en el impulso al desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas aquellas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población.

Esta Institución enfrenta el reto de apoyar con financiamiento a las actividades rurales, donde se concentra el 25% de la población nacional, el 18% de la Población Económicamente Activa (PEA) y donde un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza. Para estos efectos, la institución promueve la formación de intermediarios financieros de primer piso, como las EACP antes citadas, que coadyuven en este esfuerzo.

h) Fideicomisos relacionados con la agricultura.

El Sistema FIRA, es un conjunto de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal, como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario, en el cual los productores actúan como fideicomisarios, es decir, como beneficiarios de los apoyos que brinda.

Integran el Sistema, los siguientes fideicomisos: el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), creado en 1954; el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), creado en 1965; el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), creado en 1972; y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), creado en 1988, ante la liquidación en ese año del Banco Nacional Pesquero y Portuario.

Su objeto es promover e inducir la inversión productiva, buscando con ello la modernización del sector agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial, e incrementar la competitividad.

FIRA opera como banca de segundo piso. En tal sentido, sus recursos los coloca a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros, tales como:

• Las Uniones de Crédito;

• Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES);

• Empresas de Factoraje.

• Arrendadoras Financieras;

• Almacenes Generales de Depósito;

• Agentes PROCREA.

La operación de estos intermediarios se rige por el Contrato de Fideicomiso suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Único del Gobierno Federal y el Banco de México, en su carácter de Fiduciario, así como por las Reglas de Operación que con la aprobación del Comité Técnico, fueron autorizadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Coordinadora Sectorial.

a)Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), es un agente especializado de banca de inversión que busca fomentar una cultura de capital de riesgo, que contribuya a la ampliación del universo de atención de los fondos de inversión hacia el sector rural y agroindustrial.

Coordinando los esfuerzos del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de la iniciativa privada, FOCIR genera opciones de capital de riesgo, siendo el reto proporcionar al sector agroindustrial, capital en forma temporal y a través de fondos especializados para proyectos viables.6

BANCAS DE DESARROLLO EN EL SECTOR TURISTICO: COMPARATIVO INTERNACIONAL

A nivel internacional existen experiencias en las que el turismo ha logrado una dinámica económica regida por instituciones bancarias que fomentan el desarrollo, es fundamental observar cómo se constituyeron y cómo han funcionado. A continuación presentamos el ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo y dos experiencias latinoamericanas; Costa Rica y Venezuela.

a) Banco Interamericano de Desarrollo: Desarrollo turístico

Política General

Se atienden solicitudes de préstamo y de cooperación técnica para financiar estudios y proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo del turismo en los países miembros. Dichos proyectos deben responder los siguientes objetivos:

• Atraer al turismo internacional y promover el nacional mejorando así la situación de balanza de pagos de los países y la elevación del nivel de los ingresos locales;

• Desarrollar principalmente áreas que posean atractivos turísticos y que se encuentren económicamente poco desarrolladas; abrir nuevas oportunidades de empleo, principalmente en las áreas de atracción; y

• Crear nuevas oportunidades de empleo, particularmente en áreas de atracción turística; y

• Contribuir a la integración regional latinoamericana (reducción de la pobreza, turismo y conservación, gobernanza e innovación).

Campos de Actividad

1. Financiamiento de obras de infraestructura. Apoyar el desarrollo de pequeña y mediana hotelería.

2. Instalaciones básicas, incluidos hoteles y desarrollo de atracciones culturales para el turismo.

Criterios Básicos

• Préstamos directos: Se concederá apoyo financiero y técnico para aquellos proyectos de desarrollo turístico que comprendan un complejo de acciones o de subproyectos coordinados entre sí, de acuerdo a un plan físico y a un programa integrado de inversiones.

• Préstamos globales: Donde hayan instituciones de fomento o agencias en el país o en la región que cumplan una función similar, se podrá autorizar préstamos globales ya sea de crédito o de obras múltiples para desarrollar los atractivos turísticos, para equipamiento (incluyendo hoteles), para inversiones en infraestructura turística, siempre que los montos previsible de los proyectos no justifiquen préstamos específicos.

b) Banco Nacional de Costa Rica

La industria turística es la actividad que más contribuye al desarrollo económico del país, lo anterior por la generación de empleo, ingreso de divisas, contribución a la balanza de pagos y distribución del gasto entre muchos estratos sociales. La oferta hotelera está caracterizada principalmente por pequeñas y medianas empresas, que representan entre 75% y 80%.

En esa perspectiva el Banco Nacional de Costa Rica tuvo la visión de crear una Dirección que se especializa en Turismo. BN-Turismo se enfoca básicamente en desarrollar servicios especializados, promueve una relación directa entre empresas turísticas, desarrollo regional, desarrollo comunal, asociaciones, cámaras e instituciones turísticas, Mypes con el impulso a crear y mejorar la infraestructura.

Tabla 1: Banca de Turismo en Costa Rica

LÍNEA DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN

MONTO FINANCIADO

PLAZO

TASA

Banca de Turismo

Actividades financiables: recreación y esparcimiento (balnearios, miradores, senderos paraderos); alojamiento (cabinas, hoteles, cabañas, campamentos, etc.); alimentación (restaurantes, sodas, etc.); equipamiento (vehículos, maquinaria, accesorios), y las que califiquen dentro de turismo.

Según

capacidad de

pago

15 años

Según el

tipo de

proyecto

Microempresa Turística

Actividades a financiar: recreación y

esparcimiento (balnearios, miradores, senderos, paraderos); alimentación (restaurantes, sodas y otros); alojamiento (cabinas, pequeños hoteles, cabañas, campamentos); mobiliario y equipo (vehículos, maquinaria, accesorios) y

financiamiento para inversión, capital de trabajo y pago de pasivos.

80% del

proyecto

De

acuerdo

al tipo de

proyecto

22%

Fuente: Secretaría General de ALIDE 2010. Organismo internacional que representa a las instituciones dedicadas a financiar el desarrollo de América Latina y el Caribe.

c) Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), en su rol de financiar programas y proyectos de interés estratégico para el desarrollo del país tiene a disposición del sector turístico los siguientes mecanismos financieros:

Tabla 2: Mecanismo de financiamiento del Sector Turismo en Venezuela.

CONCEPTO

CONDICIONES

TURISMO

Tasa de Interés

Entre el 5% y el 9%. Conforme al régimen de propiedad de los medios de producción.

Aplicación de incentivo de reducción gradual de tasa por pago oportuno de las cuotas hasta el 2%.

Equipamiento físico de los ejes y Núcleos Turísticos, conforme a los lineamientos del Ministerio de Turismo (MINTUR).

Posadas, hoteles, campamentos turísticos, hatos, fincas o haciendas turísticas y otras infraestructuras de servicios turísticos.

Empresas de transporte turístico

Balnearios, paradores, módulos de información, empresas de actividades gastronómicas.

Núcleos de Desarrollo Endógeno Turísticos (NUDETUR).

Centros de artesanos a desarrollarse en las rutas turísticas promovidas por el MINTUR.

Plazos

Hasta 10 años (pudiendo establecerse en casos especiales hasta 15 años)

Periodo de gracia

Hasta 3 años (pudiendo establecerse en casos especiales hasta 5 años)

Diferimiento de Intereses

Hasta 2 años (pudiendo establecerse en casos especiales hasta 5 años)

Garantía/ Préstamo

1,3 a 1

Aporte Propio

Entre 10% y 20% Conforme al modos de producción

Compromiso Social

De acuerdo a los requerimientosexigidos por Bandes

Monto

Turismo: a partir de Bs.F. 250.000

(US$116,500)

Fuente: Secretaría General de ALIDE 2010. Organismo internacional que representa a las instituciones dedicadas a financiar el desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Convenio firmado entre el Ministerio de Turismo MINTUR - Banco de desarrollo Económico y Social de Venezuela BANDES- Banco de Fomento Regional Los Andes BANFOANDES- Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y la Pequeña Industria SOGAMPI, para el financiamiento de proyectos turísticos, tiene por objetivo, promover la realización de proyectos de inversión en el área del sector turístico, garantizando el financiamiento para la instalación, construcción, ampliación, remodelación, adquisición de activos fijos, adquisición de unidades de transporte nuevas, dotación, equipamiento y capital de trabajo. Tanto BANFOANDES como BANDES conceden financiamiento por montos que no exceden de la cantidad de Bs.F.$2’000,000 (US$930 mil) por cada Beneficiario.

EL CASO DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) tiene como antecedente la creación, por Decreto Presidencial del 14 de noviembre de 1956, del Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (FOGATUR), habiéndose encargado de su manejo a Nacional Financiera, S.A., con el objeto de otorgar créditos para estimular la inversión turística nacional.

Por contrato de fideicomiso en 1969 y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, S.A., se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR). Con fundamento en la Ley Federal de Fomento al Turismo, publicado en el DOFen 1974, fue creado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) celebrado en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Nacional Financiera, S.A., como fiduciaria, fusionándose de esta forma los dos fideicomisos mencionados.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, FONATUR forma parte del sector público paraestatal y cuenta con un Comité Técnico, que estudia y aprueba los programas y acciones del Fideicomiso. Por Decreto Presidencial del 22 de febrero de 2001, FONATUR se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Turismo.

Los principales ordenamientos jurídicos que regulan a FONATUR son; La Ley de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Turismo.

Según la Ley General de Turismo, el FONATUR actualmente elabora estudios en el tema, crea desarrollos turísticos promoviendo lugares que representen un potencial turístico, coordina con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y el Distrito Federal las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones que permitan los desarrollos, realiza cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística, participa con los sectores público, social y privado, realiza promoción de sus actividades, fomenta a la actividad turística, gestiona y obtiene todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las garantías necesarias, traspasa derechos derivados de créditos otorgados, y acciones que faciliten la realización de su objeto.

El gobierno federal destina en Fideicomiso para la creación de FONATUR, las obligaciones y derechos del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo y las obligaciones y derechos del fondo de Promoción de Infraestructura Turística; al efecto se designa como “FIDUCIARIA” a Nacional Financiera, S.N.C.

El patrimonio del Fondo se integra con:

I. Las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios, las entidades paraestatales o los Particulares.

II. Los créditos obtenidos de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales. Los productos de sus operaciones y la inversión de fondos, y

III. Los demás recursos obtenidos por cualquier otro concepto.

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se ejercieron 650.07 millones de pesos y para 2013 el presupuesto autorizado es de 1,611.85 millones de pesos, de los cuales 1,345.29 son para obras de infraestructura y 266.56 para mantenimiento de los CIP’s7



Gráfico 1: Presupuesto de egresos 2010-2013



Fuente: Presupuesto 2013, FONATUR,

(De: http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/turismo/noticias_principales/reunion%20fonatur-cmic/Presentación%20FONATUR.pdf, consultado el 29 de jul. de 13)

Existe una preocupación en el sector turístico debido a que FONATUR sólo tiene asignados recursos para obras de infraestructura en zonas de playa, y ha descuidado sectores alternativos de turismo, que serían detonantes del crecimiento económico, como el turismo médico, de negocios, de aventura, indígena, ecoturismo, etc.

Gráfica 2: Detalle del presupuesto 2013



Fuente:Presupuesto2013,FONATUR,

(De: http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/turismo/noticias_principales/reunion%20fonatur-cmic/Presentación%20FONATUR.pdf, consultado el 29 de jul. de 13)

Con las reflexiones antes expuestas, se ha tratado de expresar el papel tan importante que para nuestra economía representa el turismo. Dicha actividad requiere, dadas las circunstancias presentes, un apoyo financiero constante y eficiente por parte del sistema bancario. En el contexto jurídico, la figura del fideicomiso público se ha utilizado por el gobierno federal para la promoción de esta actividad. Así se constituyó en Nacional Financiera, en su carácter de Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, existiendo una gran oportunidad tanto para como la banca de desarrollo como para la múltiple de participar en el fomento de esta actividad dentro del ámbito de su competencia, claramente delineado en la actual legislación bancaria. En concordancia con lo anterior, su actuar debe estar estrechamente vinculado con lo existencia de una adecuadacoordinación entre la banca de desarrollo y la institución crediticia intermediaria, como sucede en el caso del financiamiento a la actividad turística.

Sin embargo, las nuevas tendencias del turismo, demandan de FONATUR una adecuación de sus políticas y programas. En este contexto, el esquema de cambio estratégico adoptado por FONATUR, debe estar orientado a consolidarse financieramente, dentro de un esquema autosuficiente y productivo, así como de posicionamiento en el sector como organismo de fomento turístico, con personalidad jurídica, que coadyuve en la captación de recursos económicos, generación de empleos y desarrollo de regiones.

LA POLITICA TURISTICA 2011-2018

El Acuerdo Nacional por el Turismo es un instrumento de colaboración entre múltiples actores signatarios que se creó a través de un ejercicio de consulta que, por primera vez en México, articula una política de estado de largo plazo en materia turística, fue firmado en 2011 por el gobierno de Felipe Calderón y consiste en 10 ejes estratégicos:

1. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito de turistas.

2. Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística, y fomentar el ordenamiento urbano.

3. Fortalecer la promoción turística en México y en el extranjero.

4. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar el financiamiento al sector turístico.

5. Elevar la competitividad de los destinos y las empresas turísticas para garantizar la experiencia del turista.

6. Diversificar y enriquecer la oferta turística con destinos, productos y servicios de mayor calidad.

7. Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales.

8. Promover una cultura turística que desarrolle una conciencia nacional sobre su importancia y de la conservación del patrimonio cultural y natural del país.

9. Impulsar cambios al marco jurídico de la actividad turística a favor del desarrollo del sector.

10. Promover un desarrollo sustentable del sector.

Para el actual sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 tiene como objetivo en materia turística, aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, impulsando el ordenamiento y la transformación del sector turístico. Para eso el gobierno en turno aclaró que se requiere; actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico, alinear la política turística de las entidades federativas, impulsar la transversalidad presupuestal, fomentar esquemas de financiamiento, fortalecer la investigación, innovar la oferta de productos, mejorar la competitividad y fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y prestadores de servicios, entre otras.

Los 4 ejes que delimitó el Jefe del Ejecutivo como prioritarios son:

1. Ordenamiento y Transformación Sectorial. Sumar los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno, así como las acciones y presupuestos de las dependencias federales con incidencias en el sector. Se creará el Gabinete Turístico, presidido por el presidente.

2. Innovación y Competitividad. Diversificar la oferta turística de México y consolidar los destinos actuales.

3. Fomento y Promoción. Planeación a través de un agente proactivo, un conductor y facilitador de los esfuerzos privados.

4. Sustentabilidad y Beneficio Social. Que el turismo en México sea una industria limpia, que cuide y preserve el patrimonio natural, histórico y cultural. Se impulsarán programas para hacer más accesible el turismo a los mexicanos y que deje de ser un privilegio.

En el marco de la modernización, ordenamiento y financiamiento del sector se requiere de mecanismos eficientes y de mayor alcance que faciliten la inversión. Las últimas estrategias para el desarrollo del turismo, han sido limitadas si consideramos lo que representa para México en términos de fuente de ingresos y generación de empleos.

Consideramos que ante la importancia del sector turístico y su potencial económico, es necesario incorporar unquinto eje estratégico a la propuesta de política turística del Ejecutivo Federal, que contenga una política de financiamiento competitivo.

Consideramos que el ciclo histórico del FONATUR ha terminado, y es necesario transformarlos en una Banca de Desarrollo que atienda las necesidades financieras del sector público, social y privado, que contribuya a mejorar la competitividad diversificando la oferta turística nacional, generando inversión y beneficiando a las pequeñas y medianas empresas nacionales, donde radica la creación del 74% del empleo nacional.

LA CREACION DE UNA BANCA DE FOMENTO AL SECTOR TURISTICO

Las Instituciones de Banca de Desarrollo se encuentran normadas por la Ley de Instituciones de Crédito; son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de dicha Ley.

Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilidad de su operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos.

La Banca de Desarrollo ha sido promotora de ahorro en inversión, sin embargo hace falta ampliar el acceso a crédito de quienes tienen necesidades de financiamiento y capacidad de pago.

Según el diagnóstico del proyecto de iniciativa de Reforma Financiera, la Banca de Desarrollo ha logrado incrementar su saldo de crédito directo e impulsado en 83% en términos reales durante los últimos 5 años, alcanzando un saldo de 830 mmp, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 12.8%.

Sin embargo la penetración del crédito de la Banca de desarrollo, según datos de Banco Mundial, representa el 5.2 por ciento, con respecto al PIB, siendo sólo el 2.7% lo que se destina a créditos directos.

Por otro lado se ha favorecido el otorgamiento de crédito a sectores que tradicionalmente habían carecido de financiamiento

• En 2012, la Banca de Desarrollo atendió con crédito y garantías a 1.9 millones de MYPIMES y a 1.7 millones de productores rurales de bajos ingresos, 139% y 45% respectivamente, cifras superiores a las del 2007.

• Entre 2007 y 2012, los municipios atendidos por Banobras pasaron de ser 508 a 608, de los cuales los de alta y muy alta marginación pasaron de 158 a 204 municipios.

• De 2007 a 2012, la Banca de Desarrollo canalizó créditos totales a los sectores productivos por 3.2 billones de pesos (2012).

En este contexto considero necesario ampliar el papel y los recursos que actualmente se cuentan en elFONATUR, y transferirlos de la Secretaria de Turismo a un banco de desarrollo especialmente diseñado para financiar proyectos del sector. Su importancia para la económica es prioritaria, pero se corre el riesgo de perder este bastión como consecuencia de los grandes cambios de las tendencias del turismo internacional.

El turismo en México representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, ubicándolo como uno de los sectores más importantes para la economía del país; después del petróleo y las remesas. Aporta el 9% del PIB y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. 8

Para lo anterior se necesita un proceso de modernización institucional, con visión global, donde la política de turismo cuente con una institución pública de financiamiento que catalice la inversión internacional y nacional.

Por lo anterior, en el marco del fortalecimiento de la actual estrategia de política turística, consideramos necesario integrar un eje de financiamiento competitivo al sector turístico en México a través de:

• Crear el Banco de Fomento Turístico para apoyar al sector en México como una banca especializada de segundo piso para financiar proyectos de sociales y privados.

• El Banco de Fomento Turístico se convertirá el instrumento de financiamiento de la Secretaría de Turismo, Gobiernos Estatales, Municipales, comunitario y del sector privado nacional.

Ampliar el apoyo de créditos para infraestructura y mantenimiento.

Canalizar el financiamiento de instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión para aquellos proyectos turísticos que impulsen el desarrollo regional.

• Otorgar préstamos o créditos para el desarrollo de proyectos turísticos.

• Otorgar préstamos o créditos para el desarrollo de proyectos turísticos en condiciones competitivas.

• Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo.

• Financiar infraestructura, servicios y equipamiento en centros de desarrollo turístico.

• Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo,inversión y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

• Proporcionar asistencia técnica a los municipios y comunidadespara la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo turístico

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de Decreto:

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Banco de Fomento Turístico, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DEL BANCO DE FOMENTO TURISTICO

CAPITULO PRIMERO

De la Sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio

Artículo 1o.- La presente Ley crea y rige al Banco de Fomento Turístico, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 2o.- El Banco de Fomento Turístico prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial Turístico, de acuerdo a los programas regionales, planes estatales, municipales y comunitarios, para promover y financiar las actividades y sectores del sector turístico.

Artículo 3o.- El Banco de Fomento Turístico tendrá por objeto financiar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios turísticos que eleven la competitividad del sector con visión global.

Para el cumplimiento de dicho objeto otorgará crédito de manera competitiva y servicios financieros al sector turístico, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas en materia de financiamiento que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, aquellos proyectos que impulsen el desarrollo regional. Además, operará con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.

Artículo 4o.- El Banco de Fomento Turístico tendrá su domicilio en el Distrito Federal. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer coordinaciones regionales, agencias y módulos en el territorio nacional.

El Estatuto Orgánico señalará el número, ubicación y estructura de las coordinaciones regionales de promoción turística, las cuales contarán con un titular designado por el Consejo Directivo, a propuesta del Director General.

Las agencias tendrán carácter permanente y, para su establecimiento, se considerará la demanda crediticia de las regiones turísticas, podrá nombrar corresponsales en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5o.- La duración de la Sociedad será indefinida.

Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. BANFOTUR: Banco de Fomento Turístico;

II. Consejo: al Consejo Directivo del Banco de Fomento Turístico;

III. Comisión: Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

IV. Estatuto Orgánico, al estatuto orgánico del Banco de Fomento Turístico;

V. Secretaría: la Secretaría de Turismo;

VI. Secretaría de Hacienda: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VII. Servicios turísticos: los establecidos en el artículo 4ºde la Ley Federal de Turismo.

Artículo 6o.- Las operaciones y servicios de BANFOTUR se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en lo no previsto y en el siguiente orden, por la legislación mercantil, por los usos y prácticas bancarios y mercantiles y por el Código Civil Federal.

Por lo que se refiere a su organización y funcionamiento como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano en términos del artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se aplicarán supletoriamente esta última, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones jurídicas relativas.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO

Objetivos y Operaciones

Artículo 7o.- Para el cumplimiento de su objeto, el Banco de Fomento Turístico estará facultada para:

I. Otorgar préstamos o créditos para el desarrollo de proyectos turísticos en condiciones competitivas;

II. Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes;

III. Practicar las operaciones de fideicomiso y actuar como institución fiduciaria, siempre y cuando estén relacionadas con su objeto;

IV. Ejecutar los programas específicos que en materia de financiamiento turístico que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se podrán incluir programas de tasas preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el apoyo de proyectos turísticos de alto impacto regional

V. Aceptar préstamos o créditos de las instituciones de banca de desarrollo, de los fideicomisos públicos de fomento, y de los organismos financieros internacionales en términos de las disposiciones aplicables, cuyos recursos se destinen al sector turísticos;

VI. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos;

VII. Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo;

VIII. Coordinar con autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias, las gestiones necesarias para entregar créditos y préstamos para eldesarrollo de proyectos turísticos así como la prestación de servicios de manera simplificada, eficaz y oportuna.

IX. Promover y financiar la dotación de infraestructura, edificaciones, instalaciones, servicios públicos yequipamiento en centros de desarrollo turístico que permitan ofrecer una oferta turística con visión global;

X. La infraestructura turística deberá considerarlas adecuaciones para personas con capacidades diferentes, conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

XI. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar, y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuya al fomento turístico;

XII. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo,inversión, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica;

XIII. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades;

XIV. Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo, por instituciones del sistema financiero o por empresa dedicadas a la actividad turística;

XV. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las garantías necesarias;

XVI. Operar con los valores derivadosde su cartera;

XVII. Otorgar todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas que contribuyan al fomento de la actividad turística;

XVIII. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas;

XIX. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o valores que se emitan con intervención de instituciones del sistema financiero, con el propósito de destinar al fomento delturismo, los recursos que ellos se obtengan;

XX. Vender, ceder y traspasar derechos derivadosde créditos otorgados;

XXI. Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios y comunidadespara la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo turístico, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión con el sector público o privado.

XXII. Promover programas de financiamientopara proyectos turísticos en comunidades y ejidos localizados en zonas indígenas;

XXIII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado,

XIV. Participar temporalmente en el capital social de empresas vinculadas con el objeto a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley, de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento orgánico de la Sociedad;

XXV. Preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y manejará sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente

XXVI. En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto.

Artículo 8o.- El BANFOTUR elaborará su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de Turismo y demás programas correspondientes. El referido programa institucional deberá contener un apartado relativo a la forma en que BANFOTUR se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas responsables de fomentar el desarrollo turístico.

Conforme al marco mencionado en el párrafo anterior, BANFOTUR formulará anualmente sus estimaciones de ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de gasto e inversión.

Artículo 9o.- El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas concertadas por BANFOTUR con la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos para el fomento económico y los organismos financieros internacionales.

Artículo 10o.- La Secretaría de Hacienda determinará las bases para la calificación de cartera de créditos otorgados por BANFOTUR; la documentación e información que dicha institución deberá recabar para el otorgamiento, renovación y durante la vigencia de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, así como los requisitos que dicha documentación habrá de reunir y la periodicidad con que deba recabarse.

En la determinación de las bases, la Secretaría de Hacienda deberá considerar la naturaleza y objeto de BANFOTUR.

Artículo 11.- Al realizar sus operaciones, BANFOTUR deberá diversificar sus riesgos. La Comisión determinará los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes, de una misma persona, entidad o grupo de personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para BANFOTUR.

Los límites que, en su caso, fije la Comisión conforme al presente artículo podrán referirse también a entidades o segmentos del mercado que representen una concentración excesiva de riesgos.

La Comisión podrá establecer lineamientos para fijar las reservas a que se refiere el artículo 6o., fracción I, de esta Ley.

En las determinaciones señaladas por el presente artículo, la Comisión deberá considerar la naturaleza y objeto de BANFOTUR.

Artículo 11.- Los créditos que se otorguen a las entidades federativas y a los municipios y a sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, así como a las organizaciones y sujetos de crédito de los sectores que corresponden a su objeto social, deberán satisfacer los requisitos que se señalen, para cada caso, en el Reglamento Orgánico de la Sociedad o en los acuerdos de Consejo Directivo.

Artículo 12.- En los contratos de fideicomiso que celebre BANFOTUR, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria, así como realizar operaciones con la propia BANFOTUR en el cumplimiento de tales fideicomisos, como excepción a lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo 13.- Las características de los fideicomisos, mandatos, comisiones y de las operaciones con valores y con divisas, así como de las operaciones financieras conocidas como derivadas que celebre el BANFOTUR, se ajustarán a las disposiciones que el Banco de México establezca.

CAPITULO TERCERO

Capital Social

Artículo 14.- El capital social del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial, en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.

La serie “A” sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno Federal

La serie “B” podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades Federativas y de los municipios y por personas físicas y morales mexicanas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 32 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 15.- El capital neto a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Instituciones de Crédito., será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

Artículo 16.- En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.

Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.

Artículo 17.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie “B”.

CAPITULO CUARTO

Del Patrimonio

Artículo 18.- El patrimonio de la BANFOTUR se integrará por:

I. Los recursos que, en su caso, le sean asignados de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los intereses, rentas, plusvalías, rendimientos y demás recursos que obtenga de las inversiones que realice y operaciones que celebre;

III. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran para el adecuado cumplimiento de su objeto, así como aquellos que adquiera por otros medios y que puedan ser destinados a los mismos fines, y

IV. Los demás bienes, derechos y obligaciones que adquiera por cualquier otro título.

La BANFOTUR creará un fondo cuyo soporte operativo estará a su cargo. Los recursos del fondo serán empleados para el cumplimiento del objeto de BANFOTUR. Cualquier canalización o aportación de recursos a dicho fondo se considerará gasto para efectos del presupuesto de BANFOTUR.

Artículo 19.- Los recursos para el otorgamiento de créditos, así como los excedentes que resulten de su manejo, sólo podrán destinarse al cumplimiento del objeto de BANFOTUR y a cubrir sus gastos de operación y administración. La Secretaría de Hacienda autorizará anualmente el monto global de los gastos de operación y administración de BANFOTUR, a propuesta de su Consejo.

Artículo 20.- Las transferencias presupuestarias que le sean asignadas a BANFOTUR para su operación y funcionamiento formarán parte de su patrimonio y no serán objeto de reintegro.

Artículo 21.- Los bienes que BANFOTUR reciba en pago por las operaciones que celebre en términos del artículo 3ºde esta Ley, independientemente de su naturaleza y características, no se considerarán para ningún efecto bienes nacionales, por tanto, no les serán aplicables las disposiciones legales y administrativas correspondientes, ni aun las de carácter presupuestario o relacionadas con el gasto público.

El Consejo determinará los términos y condiciones para la aplicación y, en su caso, enajenación de dichos bienes.

CAPITULO QUINTO

Administración y Vigilancia

Artículo 22.- La administración de BANFOTUR estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley, y en los demás que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

Sección I

Del Consejo Directivo

Artículo 23.- El Consejo Directivo estará integrado por catorce consejeros designados de la siguiente forma:

I. Seis consejeros representarán a la serie “A” de certificados de aportación patrimonial que serán:

a) El Secretario de Turismo, quien presidirá el Consejo Directivo.

b)El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

c) El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

d)El Director del Banco de Comercio Exterior;

e) El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

f) El Subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito Público;

II. Siete consejeros de serie “B” de certificados de aportación patrimonial, representados por cinco Gobernadores y dos Presidentes Municipales, que serán designados de entre los Gobiernos de los Estados, Municipios y del Distrito Federal.

El Consejo podrá autorizar, a propuesta del Director General, la asistencia de invitados, quienes participarán por causa en las sesiones con voz pero sin voto

En las ausencias del Secretario de Turismo, el secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo.

La designación de estos consejeros se hará con base en los criterios establecidos en el Reglamento Orgánico de la Sociedad.

Artículo 24.- Cada consejero propietario designará a su suplente. En el caso de los servidores públicos, sus suplentes deberán ocupar, por lo menos, el nivel de director general de la Administración Pública Centralizada, o su equivalente.

La designación de estos consejeros se hará con base en los criterios establecidos en el Reglamento Orgánico de la Sociedad.

Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.

Dos consejeros externos designados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrán el carácter de consejeros independientes. El nombramiento de consejeros independientes deberá recaer en personas de nacionalidad mexicana que por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos en el campo de la promoción turística.

El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a personas cuyas actividades estén relacionadas con el objeto de la Sociedad.

En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo se deberán listar los asuntos a tratar.

Artículo 25.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los nombrados por la serie "A".

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad, en caso de empate.

El consejero independiente no tendrá suplente y deberá asistir cuando menos al setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en caso contrario podrá ser designado otro con las mismas características en su lugar, siempre que las ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo Directivo.

Artículo 26.- No podrán ser consejeros:

I. Las personas que se encuentren en los casos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito;

II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.

Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.

III. Adicionalmente, el consejero independiente no deberá tener:

a) Nexo o vínculo laboral con la Sociedad;

b) Nexo patrimonial importante y/o vínculo laboral con persona física o moral que sea acreedor, deudor, cliente o proveedor de la Sociedad;

c) Conflicto de intereses con la Sociedad, por ser clientes, proveedores, deudores, acreedores, importantes o de cualquier otra naturaleza, y

d) La representación de asociaciones, gremios, federaciones, confederaciones de trabajadores, patrones, o sectores de atención que se relacionen con el objeto de la Sociedad o sean miembros de sus órganos directivos.

Los consejeros deberán comunicar al presidente del Consejo Directivo sobre cualquier situación que pudiere derivar en un conflicto de intereses, así como abstenerse de participar en la deliberación correspondiente. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que pudieran afectar la operación de la Sociedad, incluyendo las deliberaciones del Consejo Directivo, mientras dicha información no se haya hecho del conocimiento del público.

Artículo 27.- El Consejo dirigirá al BANFOTUR en los términos de la ley de Instituciones de Crédito.

El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.

Artículo 28.- También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:

I. Aprobar el informe Anual de Actividades que le presente el Director General; y

II. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad, que le presente el Director General, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión física del BANFOTUR, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de estos conceptos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV. Aprobar, a propuesta del director general, la estructura orgánica, las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Sociedad, previa opinión y recomendación que en su caso emita el comité de recursos humanos y desarrollo institucional.

Artículo 29.- El Director General será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 30.- El Director General tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco de Fomento Turístico, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:

I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa, y no limitativa podrán emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a los apoderados, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;

II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;

III. Llevar la firma social;

IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;

V. Las que le señale el Reglamento Orgánico; y

VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.

VII. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Sociedad, distintos de los señalados en el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, administrar al personal en su conjunto y establecer y organizar las oficinas de la institución;

VIII. Autorizar la publicación de los balances mensuales de la institución, conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo, y

IX. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

X. Someter a consideración y aprobación del Consejo las reglas de operación del fondo a que se refiere el último párrafo del artículo 23 de esta Ley;

IX. Presentar anualmente al Consejo los programas operativo y financiero, las estimaciones de ingresos anuales y el presupuesto de gastos e inversión para el ejercicio siguiente, en el que se deberán incorporar los requerimientos presupuestarios para BANFOTUR, los cuales deberán contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

X. Nombrar a los servidores públicos de BANFOTUR, distintos de los señalados en la fracción V anterior;

XI. Remover a los servidores públicos y empleados de BANFOTUR;

XII. Rendir al Consejo informes semestrales, con la intervención que corresponda a los comisarios;

Artículo 31.- La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie “B”. Por cada Comisario se nombrará el respectivo suplente.

Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.

Artículo 32.- Son causas de remoción de los consejeros de la serie “B” y de los consejeros independientes:

I. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;

II. No cumplir los acuerdos del Consejo Directivo o actuar deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;

III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización del Consejo Directivo, y

IV. Someter a sabiendas a la consideración del Consejo Directivo, información falsa.

Además de las causas de remoción señaladas en este precepto, a los consejeros de la serie “A” y al Director General, se les removerá de su cargo cuando se determine su responsabilidad mediante resolución definitiva dictada por autoridad competente, por ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 33.- Los consejeros, el Director General, directores, subdirectores, gerentes y los delegados fiduciarios de la Sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.

Sección II

De los Comités del BANFOTUR

Artículo 34.- EL BANFOTUR contará con los comités de Operación, de Crédito Turístico, de Administración Integral de Riesgos, así como el de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, sin perjuicio de los demás que constituya el Consejo.

Artículo 35.- Los comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos de la BANFOTUR, por representantes de dependencias y entidades del sector público y, en su caso por expertos en la materia de que se trate para cada comité, que se determinen en el Estatuto Orgánico.

Artículo 36.- El Comité de Operación tendrá las facultades siguientes:

I. Someter a consideración y aprobación del Consejo las políticas generales sobre tasas de interés, plazos, garantías y demás características de las operaciones de BANFOTUR, orientadas a preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos;

II. Someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el otorgamiento de los préstamos o créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 9o. de la presente Ley, cuidando que en todo momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito están separadas de las que lo promueven;

III. Someter a consideración y aprobación del Consejo los montos globales de préstamos o créditos a Intermediarios Financieros Rurales, así como los lineamientos para el otorgamiento de dichos préstamos o créditos;

IV. Aprobar la reestructuración de créditos y préstamos otorgados por BANFOTUR;

V. Proponer al Consejo los lineamientos para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos de los préstamos o créditos otorgados por BANFOTUR, y

VI. Las demás que determine esta Ley, el Estatuto Orgánico y el Consejo.

Artículo 37.- El Comité de Crédito Turístico tendrá las facultades siguientes:

I. Autorizar el otorgamiento de préstamos o créditos;

II. Opinar al Consejo sobre el otorgamiento de préstamos o créditos complementarios;

III. Opinar al Comité de Administración Integral de Riesgos sobre la metodología para la estimación de pérdidas y, en su caso, la constitución de reservas, y

IV. Las demás que determine esta Ley, el Estatuto Orgánico y el Consejo.

Artículo 38.- El Comité de Administración Integral de Riesgos fijará la metodología para la estimación de pérdidas por riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operativos y legales, entre otros; determinará la constitución de reservas, en su caso, y sugerirá al Consejo los términos para la aplicación de dichas reservas, así como las demás atribuciones que el Estatuto Orgánico y el Consejo señalen.

Artículo 39.- El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, estará integrado de la siguiente forma:

I. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda; el Subsecretario de Egresos y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

II. Una persona que por sus conocimientos y desarrollo profesional tenga amplia experiencia en el área de recursos humanos;

III. Un representante de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción que será el Subsecretario de Desarrollo y Simplificación Administrativa.

IV. El miembro del Consejo Directivo que tenga el carácter de independiente;

V. El Director General de la BANFOTUR; y

VI. Un representante de la Comisión, con voz pero sin voto.

El Director General de la BANFOTUR se abstendrá de participar en las sesiones de la Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, que tengan por objeto emitir opiniones o recomendaciones con respecto a su sueldo, prestaciones económicas y de seguridad social.

Este Comité opinará y propondrá, las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos, programas de estímulos, ascensos y promociones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en BANFOTUR.

Este Comité sesionará a petición del Director General de BANFOTUR, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del Comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.

Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de Director General.

CAPITULO SEXTO

De la Información

Artículo 40.- El BANFOTUR proporcionará a las autoridades y al público en general, información referente a sus operaciones utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que le permita dar a conocer dicha información de acuerdo a las reglas de carácter general que la Secretaría de Hacienda emita para tal efecto.

Asimismo, el BANFOTUR, a través de los medios electrónicos con los que cuente, dará a conocer los programas de créditos y garantías, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizará tales operaciones; los informes sobre el presupuesto de gasto corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las garantías otorgadas por el BANFOTUR, así como las contingencias laborales, o de cualquier otro tipo que impliquen un riesgo para BANFOTUR.

El BANFOTUR le será aplicable la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 41.- BANFOTUR enviará al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, lo siguiente:

I. En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de créditos, de garantías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales durante el ejercicio respectivo, sustentado en los hechos acontecidos en el ejercicio anterior con la mejor información disponible, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizará sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como un informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente al ejercicio en curso. En este informe también deberá darse cuenta sobre las contingencias derivadas de las garantías otorgadas por BANFOTUR y el Gobierno Federal, así como las contingencias laborales que ésta pudiere enfrentar, al amparo de un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio anterior.

II. Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, BANFOTUR emitirá un informe anual sobre el cumplimiento de los programas anuales del citado ejercicio y en general, sobre el gasto corriente y de inversión, así como de las actividades de ésta en el transcurso de dicho ejercicio, especificándose el porcentaje de crédito colocado a través de Intermediarios Financieros Rurales. Asimismo, se integrará a este informe el o los reportes elaborados por la Comisión, que envíe a la Secretaría de Hacienda, relativos a la situación financiera y del nivel de riesgo de BANFOTUR, y

III. En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa anual del BANFOTUR, durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

Asimismo, BANFOTUR deberá publicar en forma semestral en dos periódicos de amplia circulación en el país, el estado que guarda su patrimonio así como los indicadores más representativos de su situación financiera y administrativa.

Artículo 42.- BANFOTUR estará obligada a suministrar al Banco de México y a la Comisión la información que le requieran sobre sus operaciones, incluso de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO SEPTIMO

Disposiciones Generales

Artículo 43.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente Ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.

Artículo 44.- Las operaciones y servicios de la Sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 45.- La Sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones, así como sus programas operativos de acuerdo a los lineamientos, medidas y mecanismos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las modalidades en la asignación de recursos serán autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito; la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 46.- Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta Ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos, no se considerarán remanentes de operación.

Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.

Artículo 47.- La Sociedad otorgará sus financiamientos a través de las instituciones financieras privadas que asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos apoyos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las operaciones siguientes:

I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero;

II. Los financiamientos por un monto total igual al que determine el Consejo Directivo, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral otorgadas de manera general;

IV. Las operaciones realizadas con el Gobierno Federal, las entidades del sector paraestatal, entidades federativas y los municipios;

V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos que se deriven de concesiones, contratos de prestación de servicios, de obra pública, de vivienda y de parques industriales, permisos y autorizaciones de las autoridades federales, entidades federativas y municipios así como de sus entidades paraestatales y paramunicipales.

Los financiamientos a que se refiere esta fracción, se podrán otorgar siempre y cuando se trate de proyectos relacionados con su objeto en forma mayoritaria.

Artículo 48.-AlBANFOTUR le estará prohibido:

I. Actuar como fiduciaria, mandataria o comisionista en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente;

II. Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión;

III. Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras, y

IV. Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de créditos, en que BANFOTUR tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del Consejo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de BANFOTUR; los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas; las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones; asimismo, aquellas que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.

CAPITULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES Y SANSIONES.

Artículo 49.- A los créditos otorgados por BANFOTUR les será aplicable el mismo régimen fiscal que contemplan las leyes para el que conceden las instituciones de crédito.

Artículo 50.- BANFOTUR se considerará de acreditada solvencia y no estará obligada a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

Artículo 51.- Las relaciones entre BANFOTUR y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Reglamentaria de dicho precepto.

Artículo 52.-Para concretar de los objetivos deBANFOTURse constituirá, contra su patrimonio, las reservas necesarias para cubrir cualquier déficit actuarial que surja de las obligaciones derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. Para tal efecto, al final de cada ejercicio fiscal, BANFOTUR encargará a un consultor externo, cuyo prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos, el correspondiente estudio actuarial.

Artículo 53.- Las infracciones administrativas que se cometan en violación a lo previsto en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, serán sancionadas conforme a lo señalado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 54.- Los ilícitos que se cometan en contra de BANFOTUR serán sancionados, en lo conducente, de conformidad con lo previsto en el Código Penal Federal y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 55.- La Secretaría de Hacienda, oyendo la opinión de la Comisión, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en BANFOTUR, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal o que pretendan auxiliar a la comisión del delito previsto en el artículo 139 del referido Código. BANFOTUR deberá presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realice con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones se establezcan, así como la información relacionada con los mismos que la Secretaría de Hacienda solicite.

En la elaboración de las disposiciones referidas en este artículo, se tomará en cuenta la naturaleza y las características especiales de las operaciones que realice BANFOTUR.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los recursos y compromisos del fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo serán trasladados al Banco de Fomento Turístico para su administración.

Cuarto.- El Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el ejercicio fiscal 2014 deberá preverse la asignación de recursos para fortalecer la inversión el sector turístico de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y la política de financiamiento del Banco de Fomento Turístico.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de agosto de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.- Dip. Fernando Cuéllar Reyes”.


7 CIP’s: Ciudad Turística que integra de manera ordenada las siguientes zonas: hotelera, residenciales turísticas, condominiales, comerciales y vivienda residencial, que en conjunto cuentan con equipamiento urbano, equipamiento turístico y espacios naturales, todo esto establecido en un plan maestro.Se distingue por una planeación a largo plazo que responde al fortalecimiento de las finanzas locales a nivel Estatal y Municipal, y a la generación de empleos que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar y equidad social.

8 Secretaria de Turismo, “Boletín informativo 254/2012 de la Secretaría de Turismo 2012 “

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, (Dehttp://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/ftgue.pdf, consultado el 9 de julio de 2013)

2 ProMéxico(De: http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_GUERRERO_vf.pdf, consultado el 10 de julio de 2013)

3 ProMéxico

4 Secretaría de Economía (De: http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Guerrero.pdf, consultado el 10 de junio de 2013)

5 Secretaía de Tursimo(De http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_Moderniza, consultado el 10 de junio de 2013)

6 CEPAL, “Unidad de Estudios del Desarrollo División de Desarrollo Económico”, Santiago de Chile 2007; Miguel Luis Anaya Mora, “La Banca de Desarrollo en México”





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PARRAFO QUINTO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 31, EL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 93, LA FRACCION I Y EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION II, AMBOS DEL ARTICULO 97, EL PARRAFO CUARTO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 176; SE ADICIONA LA FRACCION XXI AL ARTICULO 95; Y SE DEROGA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 97 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, María de los Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez, María del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Sánchez Jiménez y Martha Palafox Gutiérrez)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA CIUDADANA, QUE REGLAMENTA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada porla C. Diputada Amalia Dolores García Medina, a nombre propio y del C. Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

"Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana, que reglamenta la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

El conjunto de reformas constitucionales aprobadas por el H. Congreso de la Unión en materia de derechos políticos de las y los ciudadanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2012, establece el mandato legal para que a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo, se expidan las leyes secundarias necesarias para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esa materia, es decir, antes del día 9 de agosto del 2013.

Con base en lo anterior, la Fracción IV, del Artículo 71 Constitucional, establece que “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”. Es por ello que se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana conforme a la siguiente:

Argumentación

Durante los últimos años y desde diversos ámbitos académicos, políticos, culturales, sociales y estudiantiles, entre otros, se discute en México la necesidad de abrir nuevos mecanismos de participación ciudadana, tanto en las decisiones de gobierno y en el contenido de políticas públicas, como en el diseño de la estructura institucional para equilibrar el ejercicio del poder en asuntos que tienen que ver con el destino de la nación, así como en decisiones que impactan la vida cotidiana de las personas.

Los grandes movimientos sociales que tuvieron lugar en nuestro país a partir de la década de los sesenta, del siglo pasado –aun con la represión de que fueron objetos-, mostraron la decisión de miles de mexicanas y mexicanos por lograr una nación democrática y libertaria, en la que los intereses de la sociedad tuvieran que ser incorporados en las decisiones de los poderes públicos. Aunque se tardó, ese impulso logró posteriormente la construcción de un régimen democrático mucho más amplio e incluyente.

En este proceso de apertura hacia la participación de la sociedad civil y los partidos políticos, estos han jugado un papel como portadores de la voluntad popular a través de las elecciones, pero no es suficiente; también se ha vislumbrado la importancia de abrir a la sociedad civil, específicamente a las ciudadanas y ciudadanos, vías para su participación, para enriquecer la democracia mexicana y de nuestro sistema político.

Como recomienda el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se hace necesario transitar de una democracia de electores, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos con derechos exigibles; es importante caminar de una democracia formal, hacia una democracia participativa con inclusión de todos los sectores sociales que se han preocupado por mejorar el presente y el futuro de nuestro país.

Como resultado deun gran bloque de reformas electorales que inició en México a partir de 1977 con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE); hasta las últimas reformas constitucionales en materia de transparencia, rendición de cuentas, publicidad en medios masivos de comunicación y financiamiento de partidos políticos, se han logrado ciertos avances en cuanto a la participación ciudadana en la conformación de las estructuras de gobierno y en la capacidad del sistema político para elaborar y legitimar las demandas sociales al someterlas directa o indirectamente al voto popular.

Pero no es hasta la reforma constitucional que entró en vigor el pasado 10 de agosto del 2012, cuando se reconoce de manera expresa, el derecho de las y los ciudadanos para iniciar leyes o decretos ante el H. Congreso de la Unión, que se abre la posibilidad de la participación real de la sociedad mexicana en cualquier tema que sea de su interés y que sea susceptible de discusión y posible aprobación en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados.

Con ello, se reconoce el valor y la importancia del ejercicio de la ciudadanía, como un derecho irrenunciable que debe tener vigencia siempre, así como la pertinencia de contar con mecanismos de participación ciudadana que permitan que los asuntos de la gente se presenten sin intermediarios. Además de fungir como puente entre la sociedad civil y las instituciones del Estado, los partidos políticos con representación enel Poder Legislativo Federal, tendrán ahora la obligación de recibir, analizar, debatir y votar sobre temas de la agenda nacional y que tengan su origen en la sociedad civil.

Es así como la Iniciativa Ciudadana se constituye como un instrumento de las y los ciudadanos que los faculta para presentar al Congreso Federal, proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos respecto a cualquier tema que sea materia de la competencia del poder legislativo.

A partir de la iniciativa que hoy se presenta, se reconocen derechos que le dan calidad y nuevos contenidos a la democracia mexicana, al reconocer que la ciudadanía es una cualidad que existe no solo al momento de emitir el voto, sino una cualidad permanente, por ello la necesidad de ampliar los ámbitos de participación y representación ciudadanas para que además del derecho al voto, se reconozca su voz en el Poder Legislativo Federal a través de su derecho para iniciar leyes o decretos; facultad que hasta antes de agosto del 2010, era exclusiva para legisladoras y legisladores federales.

El derecho constitucional a la Iniciativa Ciudadana que se reglamenta con este proyecto de decreto, es una oportunidad histórica sin precedente para que las y los ciudadanos, -sin que necesariamente ejerzan un cargo público ni tengan o busquen un puesto de elección popular-, puedan presentar propuestas legislativas sobre cualquier tema que sea de su interés.

La participación pública a través de movimientos sociales, o de las nuevas formas de activismo que se dan por ejemplo en redes sociales y usando las tecnologías de la información, tiene ahora la posibilidad de que sus propuestas se traduzcan en leyes. Tal es el caso de ciudadanos o sectores sociales que promueven la protección al medio ambiente; el acceso universal a las tecnologías de información; la regulación de las televisoras nacionales y de los medios masivos de comunicación, así como los que luchan por mejorar las condiciones laborales, educativas y de salud, o las que la ciudadanía considere. Es pertinente señalar que, aun cuando los partidos cumplen un rol sustancial de organización política en las democracias, y son indispensables, amén de la critica a vicios que los afectan que se pudiese hacer, no siempre recogen propuestas de las ciudadanía, y por ello también, abrir la posibilidad de la iniciativa ciudadana es una decisión democrática acertada.

Todas las iniciativas ciudadanas que se generen y que cumplan con firmas de adhesión en por lo menos al número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, serán turnadas y procesadas como cualquier otra iniciativa presentada en el H. Congreso de la Unión, tal y como se establece en el Marco Jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez recibida la Iniciativa Ciudadana por la Presidencia de la Mesa Directiva, ya sea del Senado de la República o de la Cámara de Diputados, ésta dictará el turno necesario a la Comisión Legislativa correspondiente para su análisis y dictamen. Todo el proceso legislativo que se le dará a la Iniciativa Ciudadana, se sujetaráal ya establecido para el Congreso de la Unión.

Por otra parte, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana, permitiría un marco normativo general para todas las entidades federativas que tienen en su legislación local, contemplada la figura legal de iniciativa ciudadana o su equivalente.

De un estudio general realizado por la Cámara de Diputados a nivel de las constituciones estatales, así como de las leyes secundarias de las treinta y dos entidades federativas1, se desprendió que todas las entidades federativas contemplan en su legislación local la figura de Iniciativa Ciudadana o su equivalente, con excepción de Estado de Campeche.

El estudio de referencia reflejó serias divergencias entre las entidades federativas en cuanto al concepto genérico de Iniciativa Ciudadana; su objeto; el número y/o porcentaje de ciudadanos que deberán acreditarse para poder presentarse; las materias que no pueden ser objeto de Iniciativa Ciudadana; y los plazos para que los congresos locales declaren si es procedente o no la Iniciativa, entre otras diferencias.

Es por ello que en el marco del respeto a la plena autonomía de los Estados de la República y del Pacto Federal, la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana permitiría homologar y armonizar la legislación en la materia de todo el país. Generando procesos legislativos mucho más organizados y coincidentes con la norma constitucional federal y evitando posibles controversias legales que obstruyan el ejercicio de la participación ciudadana en los temas de interés nacional.

La Ley Federal de Iniciativa Ciudadana que hoy se propone contempla cinco capítulos y tiene por objeto garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de iniciar leyes o decretos, en el marco de una democracia participativa bajo los principios rectores de autonomía, corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, transparencia y rendición de cuentas.

Dicha ley es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, en su ámbito de competencia, garantizando el respeto de los derechos de los ciudadanos, así como de la voluntad popular.

Dado que las iniciativas ciudadanas que cumplan con el requisito constitucional de reunir el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, es decir, alrededor de ciento cuatro mil firmas si partimos de un aproximado de ochenta millones de electores, se les otorgará el trámite legal que cualquier iniciativa que de manera ordinaria se presente por las y los legisladores del H. Congreso de la Unión, se establece que los únicas materias que no abarcarán son la normatividad interna del Congreso de la Unión y la regulación interna del Poder Judicial de la Federación.

Se determina que las iniciativas ciudadanas deberán presentarse ante la UNAM para que ésta dictamine el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 fracción IV de la Constitución y se presentarán mediante escrito dirigido al Presidente de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Los elementos necesarios que debe contener la Iniciativa Ciudadana no son diferentes a los ya estipulados para las y los legisladores: Encabezado o título; Exposición de motivos; Argumentos; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar y fecha; designación de un representante común, quien deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, y Datos de los ciudadanos que suscriben.

En lo que se refiere a los datos de las y los ciudadanos que firman la Iniciativa Ciudadana, se determina que serán los siguientes:

1. Nombre completo;

2. Número de folio de la credencial de elector;

3. Clave de elector de la credencial de elector; y

4. Firma autógrafa de cada uno de las y los ciudadanos.

El papel de la Universidad Nacional Autónoma de México, como institución altamente confiable y con legitimidad social, será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la Iniciativa Ciudadana y facilitará de manera electrónica o personal, los formatos oficiales para hacer efectivo ese derecho.

Cuando la UNAM dictamine favorablemente la iniciativa ciudadana, notificará inmediatamente la resolución y remitirá la iniciativa al Congreso de la Unión por cualquiera de las dos Cámaras o en su caso mediante la Comisión Permanente.

La Cámara que reciba la iniciativa ciudadana dará el trato correspondiente según lo señala el artículo 72 de la Constitución, la normatividad interna del Congreso General y de cada una de sus Cámaras.

El Presupuesto de Egresos de la Federacióncontemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Fundamento Legal

Por lo anterior expuesto y fundado, la suscrita, diputada federal Amalia García Medina y el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana:

LEY FEDERAL DE INICIATIVA CIUDADANA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y reglamentaria de la Fracción IV, del Artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Iniciativa Ciudadana en el ámbito federal.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de iniciar leyes o decretos;

II. Establecer las normas y principios que regulan la Iniciativa Ciudadana en el ámbito federal;

III. Fomentar y promover los principios y valores de la democracia participativa.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Código electoral: el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales;

II. Congreso General: Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III. Consejo General: Consejo General del Instituto Federal Electoral.

IV. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Ejecutivo Federal: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México;

VII. Instituto: el Instituto Federal Electoral;

VIII. Ley: la Ley Federal de Participación Ciudadana;

IX. Suprema Corte: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y

X. Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

CAPÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS RECTORES, ÁMBITO DE COMPETENCIA Y APLICACIÓN

Artículo 5. Son principios rectores de la Iniciativa Ciudadana los siguientes:

I. Autonomía: Capacidad que tiene la sociedad para tomar sus propias decisiones sin la intervención indebida de autoridades que derive en inducción ni manipulación;

II. Corresponsabilidad: Compromiso entre la ciudadanía y las autoridades correspondientes paraacatar los resultados de la Iniciativa Ciudadana, con la premisa de que la participación ciudadana es indispensable para un buen gobierno pero no la sustitución de responsabilidades de éste;

III. Democracia: Igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones públicas en asuntos de relevancia nacional, sin discriminación por motivos políticos, religiosos, ideológicos, origen étnico, de género ni cualquier otro motivo;

IV. Legalidad: Obligación jurídica que tienen las autoridades de que sus actos y abstenciones en materia de Iniciativa Ciudadana siempre deben ser apegados a derecho;

V. Trasparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades involucradas en la Iniciativa Ciudadana deben hacer pública toda la información relacionada con el asunto de relevancia nacional que se presenta;

VI. Solidaridad: Disposición ciudadana a participar en la solución de los problemas de otras personas como propios, que propicie la convivencia social pacífica y fortalezca la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática común.

Artículo 6. Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

I. El Congreso de la Unión;

II. El Ejecutivo Federal;

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

IV. El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; y

V. La UNAM;

Todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, así como facilitar la participación ciudadana y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Artículo 7.En lo no previsto por esta Ley, será aplicable lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 8. La presente Ley es de observancia obligatoria para las y los ciudadanos mexicanos, Ejecutivo Federal y el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS

Artículo 9. Son ciudadanas y ciudadanos las mujeres y hombres que cumplan con lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución.

Artículo 10. Además de los derechos señalados en el artículo 35 de la Constitución, los ciudadanos tienen los derechos siguientes:

I. Coordinar las acciones necesarias para iniciar leyes o decretos.

II. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos al secretario o secretarios de despacho que corresponda.

III. Ser informados sobre toda acción de gobierno, según lo señalen las leyes de información pública.

IV. A presenciar las reuniones de los organismos colegiados de gobierno y de la administración pública de su interés, de forma ordenada, pacífica y sin alterar el desarrollo de las mismas.

V. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y

VI. Los demás que las leyes señalen.

Artículo 11. Las y los ciudadanos tienen las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con las disposiciones de esta Ley.

II. Promover, la cultura democrática y participar en los mecanismos de participación ciudadana que señala esta Ley.

III. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 12. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos previstos en esta ley.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 13. La iniciativa ciudadana es el instrumento que permite a la ciudadanía iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71 de la Constitución, salvo las excepciones contempladas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 14. No podrán ser objeto de iniciativas ciudadanas las siguientes materias:

I. Normatividad interna del Congreso de la Unión, y

II. Regulación interna del Poder Judicial de la Federación;

El Congreso de la Unión no admitirá a discusión las iniciativas ciudadanas que se refieran a lo señalado en este artículo.

Artículo 15. Las iniciativas ciudadanas deberán presentarse ante la UNAM para que ésta dictamine el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 fracción IV de la Constitución y en esta Ley.

Las iniciativas ciudadanas se presentarán mediante escrito dirigido al Presidente de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 16. Los elementos necesarios que debe contener una iniciativa ciudadana son:

1. Encabezado o título;

2. Exposición de motivos;

3. Argumentos;

4. Fundamento legal;

5. Denominación del proyecto de ley o decreto;

6. Ordenamientos a modificar;

7. Texto normativo propuesto;

8. Artículos transitorios;

9. Lugar y fecha;

10. La designación de un representante común, quien deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, y

11. Datos de los ciudadanos que suscriben.

Los datos de los ciudadanos que suscriben la iniciativa podrán entregarse en un anexo aparte.

Artículo 17. La iniciativa ciudadana deberá contener los siguientes datos de las y los ciudadanos que la suscriban, en número equivalente al cero punto trece por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores:

1. Nombre completo;

2. Número de folio de la credencial de elector;

3. Clave de elector de la credencial de elector; y

4. Firma autógrafa de cada uno de las y los ciudadanos.

La UNAM será la encargada a través de su órgano directivo correspondiente de verificar los datos aportados.

La UNAM facilitará de manera electrónica o personal, los formatos oficiales a efecto de que en ellos recabe la información de los ciudadanos que representen el porcentaje que exige la Constitución y esta Ley.

La UNAM podrá establecer medios, o mecanismos electrónicos que faciliten la verificación de los datos y la adhesión a la iniciativa.

Artículo 18. El dictamen correspondiente al artículo 12 de esta Ley, deberá ser aprobado en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir del día siguiente de haberse recibido la iniciativa ciudadana.

El dictamen que realice la UNAM deberá contener:

1. Encabezado o título del dictamen;

2. Fundamento legal para emitir el dictamen;

3. Planteamiento del problema;

4. Consideraciones de procedencia o improcedencia;

5. Resolutivos;

6. Lugar y fecha;

7. Nombre y firma de los integrantes del órgano directivo.

La UNAM hará del conocimiento de los ciudadanos proponentes la resolución a través del representante de la iniciativa ciudadana.

Artículo 19. Cuando la UNAM dictamine favorablemente la iniciativa ciudadana, notificará inmediatamente la resolución y remitirá la iniciativa al Congreso de la Unión por cualquiera de las dos Cámaras o en su caso mediante la Comisión Permanente.

Artículo 20. La Cámara que reciba la iniciativa ciudadana dará el trato correspondiente según lo señala el artículo 72 de la Constitución, la normatividad interna del Congreso General y de cada una de sus Cámaras, después de que la Mesa Directiva considere que la iniciativa cumple con los requisitos establecidos por la Constitución, esta Ley y demás normatividad aplicable.

Si la Mesa Directiva detecta que existen deficiencias en la iniciativa, notificará al representante para que sean subsanadas en un plazo máximo de diez días hábiles contando a partir del día siguiente de la notificación.

Artículo 21. Bajo ninguna circunstancia las iniciativas ciudadanas podrán desecharse sin ser discutidas por las cámaras y en términos del artículo 72 de la Constitución.

Artículo 22. La persona que haya sido designada como representante común de la iniciativa ciudadana fungirá como el autor de la iniciativa para lo dispuesto en la normatividad del Congreso General.

CAPÍTULO QUINTO
FINANCIAMIENTO

Artículo 23. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto de la UNAM, destinada para dar cumplimiento a lo establecido por la Fracción IV, del Artículo 71 en materia de Iniciativa Ciudadana.

Artículo 24. El presupuesto asignado a la UNAM que no se ejerza para los efectos de esta Ley, no será considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa ni a alguna otra institución o dependencia.

Artículo 25. En ningún caso el Estado mexicano,podrán argumentar la insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión.

Bajo ninguna circunstancia las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO. El Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos Anual del año siguiente inmediato a la entrada en vigor de este Decreto, los recursos financieros que resulten necesarios y suficientes para la instrumentación de la presente Ley.

CUARTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la UNAM expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización de la Iniciativa Ciudadana.

QUINTO. La UNAM podrá contar con el apoyo y colaboración de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que cuenten con registro ante el IFE para la organización y desarrollo de la iniciativa ciudadana.

SEXTO. La UNAM podrá invitar a la ciudadanía en general para participar de manera voluntaria en la observación del desarrollo y resultados de la consulta popular en todas las entidades federativas.

SÉPTIMO. De acuerdo con la legislación estatal aplicable, las notarías públicas de las entidades federativas darán fe gratuitamente, a solicitud de la UNAMde la legalidad del desarrollo y resultados de la consulta popular.

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de agosto de 2013.

Suscriben:

Diputada Federal Amalia D. García Medina.- Diputado Federal Silvano AureolesConejo".

1 Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, Julio 2012.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 29 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el C. Diputado Ossiel Omar Niaves López, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio Flores Sandoval, del grupo parlamentario del PRI)

“Los suscritos Diputados Ossiel Omar Niaves López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio Flores Sandoval, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La tercerización de servicios ha sido una figura de contratación laboral que representa una posibilidad real para hacer más eficientes los gastos de empresas que requierenservicios externos especializados.

En la reforma laboral, se reconoció a la tercerización de servicios la calidad de ser una forma accesible para que empresas pudieran tener mayor productividad a partir de la utilización de servicios especializados ofrecidos por una empresa contratista.

En este proceso legislativo que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, los legisladores atendimos la necesidad de regular a las empresas conocidas como “outsourcing”, las cuales tienen como objeto ofrecer servicios técnicos especializados por medio de la subcontratación a otras empresas.

En la realidad, este esquema ha funcionado para aumentar la productividad de las empresas, y a la vez ha representado la oportunidad de crear fuentes de empleo, sobre todo para jóvenes y técnicos.

El principal espíritu de la regularización de estas empresas consistió en proteger los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios bajo este esquema. Por ello esta soberanía analizó, discutió y aprobó la regulación de la figura de la subcontratación.

En la LX Legislatura, el suscrito, diputado Patricio Flores Sandoval, presentó una iniciativa para establecer la obligación solidaria en la Ley del Seguro Social para efecto de que las empresas que contrataran los servicios de las empresas “outsourcing”, respondieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para cobijar a los trabajadores subcontratados con los derechos de la seguridad social.

Gracias a esta iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, por la cual quedó instituida la obligación solidaria de los patrones que utilizan los servicios subordinados de otra persona bajo su dirección, obligándolos además a registrarse ante el IMSS como patrón y al mismo tiempo a esa persona subordinada, como su trabajador.

Así pues, el espíritu de la reforma radicaba en que era insoslayable terminar con incumplimiento y la evasión de los empleadores a pagar las cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social.

Pero no ha sido el mismo caso en el derecho a una vivienda digna,ya que si bien la Ley del Seguro Social reconoce ya la obligación solidaria de los beneficiarios de la tercerización de servicios, este vínculo no está presente en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El decreto por el que se reformó la fracción XII del apartado A de nuestro Código Fundamental publicado el 14 de febrero de 1972 estableció la obligación de que las empresas agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra clase de trabajo tendrán la obligación, según lo determinen las leyes, a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a los trabajadores, cumpliéndose mediante el pago de aportaciones que hagan las empresas a un Fondo Nacional de la Vivienda.

De la misma forma la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 25, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”

Por su parte, el artículo 11, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por nuestropaís sostiene que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo recoge lo anterior en su capítulo III del título cuarto denominado “obligaciones previsionales para los patrones”, ya que se establece el pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda para garantizar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna.

Para no dejar dudas si partimos de una interpretación literal del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, se nos indica claramente lo qué se debe entender por empresa para los efectos de las normas de trabajo, y se entiende por empresa a“la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa”.

En este orden de ideas, podemos entender que el Constituyente Permanente determinó que las empresas de cualquier clase de trabajo tendrán la obligación de dar vivienda a los trabajadores, mediante la constitución de un Fondo Nacional de Vivienda.

Siendo así tal imperativo constitucional, el 24 de abril de 1974 se creó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, constituyendo así al INFONAVIT como un organismo social para beneficio de la clase trabajadora.

Esta institución sigue vigente y funge como pilar fundamental para hacer realidad el sueño de millones de trabajadores a contar con una vivienda digna, sin hacer a un lado otros mecanismos de financiamiento que también han contribuido al acceso de este derecho.

Se considera oportuno recordar el carácter social por el que fue creado el INFONAVIT y por ello se cita textualmente un extracto de la exposición de motivos de la iniciativa de dicha ley que rezaba lo siguiente:

“Se trata de establecer un sistema de solidaridad social que conjugue la obligación de todos los patrones de la República y sume igualmente los derechos de todos los trabajadores para resolver, con posibilidad de éxito, un problema que se consideraba de muy difícil solución si se le hacía frente, como estaba previsto hasta ahora, en el ámbito de cada empresa.”

Pasados ya más de 40 años, el Instituto ha demostrado estar a la altura de las exigencias, por ello sostenemos la idea que al INFONAVIT debemos fortalecerlo y que mejor que esto vaya aparejado de una mayor certidumbre para los trabajadores subcontratados.

La Ley Federal del Trabajo recientemente reformada en sus artículos 12, 13, 14, 15 y 15-A regulan el trabajo prestado por los intermediarios y contratistas, señalando que estos responderán de las obligaciones con sus trabajadores. No obstante, también se señala que las empresas que se beneficien de los servicios prestados y que utilicen intermediarios serán responsables solidarios de las obligaciones contraídas con los trabajadores, además de que de no cumplirse con las condiciones para validar la subcontratación, los beneficiarios de los servicios asumirán todas las obligaciones contraídas con los trabajadores generadas de la relación laboral.

En el decreto que reformó la ley laboral se adicionaron los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D para regular la subcontratación. Del dictamen de dicha reforma, con relación a esta figura se expuso lo siguiente:

“Regular la subcontratación de personal u outsourcing, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Para tal efecto, se define la figura de “subcontratación”; se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito; se prevé que la beneficiaria de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Se señala expresamente que en todo caso los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores.”1

Si realizamos una interpretación extensiva de dichos artículos, se desprende que a las empresas contratistas se les dio la calidad de patrón, por lo que estarán obligadas a proporcionar habitaciones a sus trabajadores de conformidad a lo que prescribe el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo.

Y siguiendo el orden de la interpretación sistemática de los artículos señalados, y comparativa con el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, de igual forma la obligación solidaria abarca los derechos de los trabajadores, por lo que se tendría que incluir su derecho la vivienda.

Por otro lado, esta iniciativa pretende fortalecer al INFONAVIT en su carácter de órgano fiscal autónomo, el cual enfrenta las actitudes dolosas consistentes en estas omisiones como las que inducen los esquemas de la subcontratación y la intermediación laboral.

Por ello es menester precisar el carácter de sujeto obligado y, en su caso, de responsable solidario a los patrones que se benefician con los trabajos y servicios contratados, e imponerles igualmente las obligaciones que permitan al INFONAVIT contar con elementos de registro, control e información que proporcionen una eficaz actuación recaudadora.

Esta iniciativa pretende acabar con las prácticas de simulación que facilitan el incumplimiento en la recaudación de las aportaciones al fondo nacional de la vivienda por las empresas que desarrollan y los que utilizan los esquemas de subcontratación e intermediación laboral que, en su mayoría, se consolidan como actividades empresariales donde los trabajadores no disfrutan de los beneficios que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores concede, afectando fehacientemente su derecho fundamental de acceso a una vivienda.

Estableciendo entonces la obligación solidaria de la persona o empresa que se beneficie de los trabajos o servicios prestados al pago de cuotas serán fijadas por el INFONAVIT ante el incumplimiento del patrón de los trabajadores, en este caso el contratista.

De llegarse a presentar el incumplimiento, las omisiones totales o parciales relativas a las aportaciones al fondo nacional de vivienda deberán ser determinadas en cantidad líquida por el Instituto y notificar al responsable solidario las cédulas de liquidación respectivas.

También, se pretende dotar al INFONAVIT de elementos informativos para hacer efectivas sus facultades fiscales de comprobación, obligando a los intermediarios y patrones subcontratistas o contratistas a enterar de los contratos de servicios prestados a otras empresas, siendo un requisito básico de los contratos la justificación del trabajo especializado.

Ahora bien, el carácter de responsable solidario y sujeto obligado que se intenta establecer en la ley del INFONAVIT garantizaría a los trabajadores el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los sujetos obligados y además coadyuvaría a la mejora recaudatoria del Instituto; actualmente, la omisión de dichas obligaciones por parte del patrón (empresa prestadora de los servicios contratados) no causa mayores perjuicios a la persona que se beneficia del trabajo, por el contrario, su responsabilidad es sumamente limitada; por lo anterior, se considera indispensable que ante el incumplimiento del patrón de los trabajadores que ejecuten los trabajos o presten los servicios de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley del INFONAVIT, sea determinada la obligación solidaria a cargo de la persona que se beneficia de los servicios contratados y, tratándose de la omisión total o parcial del importe de las cuotas obrero patronales.

De igual forma, se intenta resolver la necesidad de imponer al patrón o intermediario laboral, las obligaciones relativas al pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda de los trabajadores que ejecuten los trabajos o presten los servicios a otra persona. En este caso, el patrón o intermediario deberá informar al INFONAVIT, respecto de la persona que se beneficia con los trabajos ejecutados o de la prestación de los servicios contratados, el nombre, denominación o razón social, el Registro Federal de Contribuyentes, el número de registro patronal ante el IMSS y el INFONAVIT, en su caso, el domicilio fiscal y domicilio de los centros de trabajo donde se ejecutaron los trabajos o prestaron los servicios. En lo que se refiere a los trabajadores que ejecuten los trabajos o presten los servicios, el patrón deberá informar al instituto, el nombre y número de seguridad social de los trabajadores que ejecutaron los trabajos o prestaron los servicios para cada una de las personas que se hayan beneficiado de ellos en el mes anterior.

Es así que esta propuesta viene a completar la sistematización de regularización de las empresas “outsourcing”, incluyendo la certeza jurídica para los trabajadores, patrones y el Instituto.

Por ello se pretende establecer el mismo imperativo que se establece en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social para la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, adicionando un artículo 29 Bis, el cual permitirá al INFONAVIT realizar su función recaudadora y fiscalizadora mediante instrumentos que faciliten la confrontación de datos e intercambio de información, verificando que los sujetos obligados al pago de las aportaciones al fondo de vivienda han cumplido con sus obligaciones, evitando problemas y costos tanto al ente fiscal como al sujeto obligado a presentar información.

Es importante precisar que el texto propuesto se circunscribe a lo que indica la Ley Federal del Trabajo en cuanto al intermediario o contratista como patrón, y al empleador o beneficiario como responsable solidario ante el incumplimiento de los primeros, estimando que hay empresas “outsourcing” que no cuentan ordinariamente con medios suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del vínculo laboral y que las condiciones de los trabajadores son precarias, por lo que para satisfacer adecuadamente el pago de las aportaciones al fondo de vivienda y, con ello, que tengan un acceso pleno a las prestaciones que confiere la ley relativa, siendo necesario imponer la responsabilidad solidaria a las empresas beneficiadas con la prestación de los servicios, porque conocen la identidad del patrón y de los trabajadores, el lugar donde se ejecuta el trabajo, el número de días laborados, el horario, y están bajo su dirección tales trabajadores, aunque no exista una subordinación, que hace que tengan un nexo directo con la relación de trabajo.

Tal y como lo ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el amparo en revisión 419/2010, en relación a las aportaciones de seguridad social “la responsabilidad solidaria busca facilitar y asegurar el pago del acreedor, ante incumplimientos constantes, dificultades fiscales o económicas, fraudes o simulaciones que afectan principalmente a la dignidad de los trabajadores, porque a través de la celebración de contratos de tipo comercial, permitidos por la ley, determinados derechos de los trabajadores pueden verse en peligro constante ante la necesidad de la empresa de reducir costos financieros. La responsabilidad solidaria en este ámbito, tiene como propósito la protección amplia del trabajador, es decir, se trata de una garantía extendida que puede implementarse para que sus derechos no se alteren ante prácticas malintencionadas o viciadas”.

Y al respecto de las medida proteccionistas sobre las obligaciones sociales la Segunda Sala menciona “la constitucionalidad de una medida de garantía no depende del carácter del sujeto obligado, sino de la razonabilidad para que sea llamado a compartir el cumplimiento de las obligaciones que originalmente corresponden a otra persona, por contar con un nexo directo en la situación de hecho que se pretende salvaguardar”; y continua: “la responsabilidad solidaria en materia de seguridad social, por antonomasia, no se reduce a las partes que intervienen en la relación de trabajo, ya que conforme a la ley relativa, en principio, el patrón es el sujeto obligado principal, pero es insuficiente para asegurar que dará cumplimiento a las obligaciones pertinentes y, por consiguiente, que el trabajador podrá disfrutar de los beneficios sociales a que tiene derecho, por lo cual no es indispensable que el sujeto solidario tenga la calidad de patrón ni exista subordinación con los trabajadores del contratista independiente, pues se insiste, basta que la persona tenga una intervención directa en la relación de trabajo y sea idónea para satisfacer las obligaciones relativas”.

Estos fueron los argumentos del órgano del máximo tribunal del país estimó que el legislador responsabiliza solidariamente para garantizar, entre otros deberes, el pago de las aportaciones de seguridad social, pues estas cuotas son esenciales para conceder prestaciones sociales a los sujetos de aseguramiento y sus familiares. El propósito de recoger estas posiciones de este órgano jurisdiccional, no es otro que el de ilustrar la importancia que tienen en nuestro orden jurídico el cumplimiento de los derechos sociales, siendo el derecho a la vivienda uno de ellos.

Siendo así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que es constitucional la responsabilidad solidaria de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral en el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, ya que no es violatoria al principio de legalidad.

En virtud de que nuestra Constitución no exige ninguna calidad específica para que el beneficiario de la prestación de servicios pueda ser llamado a responder de las obligaciones que el patrón o intermediario haya dejado de cumplir, pues con este mecanismo propuesto se trata de asegurar el acceso y disfrute del derecho social de acceso a una vivienda, evitar una evasión en el pago de las aportaciones al Fondo de Vivienda y dotar con más información al INFONAVIT.

Se debe dejar claro que el Congreso de la Unión bajo la potestad que le confiere nuestra Código Fundamental, puede expedir disposiciones reglamentarias al derecho de vivienda de los trabajadores, pues como se ha señalado, este derecho deriva de dos artículos constitucionales, el cuarto y el 123, fracción XII. Dichas disposiciones reglamentarias deben encaminarse a la protección y bienestar de la clase trabajadora, siendo inconcuso que la responsabilidad solidaria trata de hacer efectivo este derecho porque busca el cumplimiento de las obligaciones por ministerio de ley que se asignan a los patrones y a los intermediarios laborales, a fin de no desamparar a los trabajadores en su derecho al acceso a una vivienda digna y decorosa.

De aprobarse esta iniciativa se coadyuvará razonablemente a atender la demanda de los trabajadores a una vivienda digna y decorosa. Con ello se podrán constituir las cuentas individuales de cientos de miles de trabajadores en el Fondo Nacional de la Vivienda por medio del INFONAVIT. Asimismo se mejorarán las finanzas del instituto al obtener mayor recaudación derivadas de las aportaciones de los sujetos obligados.

Por todo lo anterior, se somete el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

UNICO. Se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 29 Bis. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.

No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas establecidas que presten servicios con sus trabajadores a otras en términos de los artículos15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros prestadores para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, éste último asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón contratista omita el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón contratista el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido.

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o servicios, del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior.

Las empresas contratantes y contratistas deberán comunicar trimestralmente ante la delegación de recaudación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto obligado, en los mismos términos de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en relación con los contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información siguiente:

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efectos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre del notario público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato.

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, administrativo o profesional, la justificación de su trabajo especializado y el número estimado mensual de trabajadores de que se pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados.

El patrón contratista incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto.

Cuando el patrón contratista se obligue a poner a disposición del beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o ejecutar los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la circunscripción territorial de más de una delegación recaudadora del Instituto, el patrón y el beneficiario deberán comunicar la información a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, únicamente ante la delegación de recaudación dentro de cuya circunscripción se ubique su respectivo domicilio fiscal.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Ossiel Omar Niaves López.- Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Dip. Patricio Flores Sandoval”.

Bibliografía:

Dictamen Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XV, número 3613, viernes 28 de septiembre de 2012. Página 4.

UNAM, La subcontratación y el incumplimiento de los artículos 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, Tesis de licenciatura presentada por Tomasa Idalia Tepalcapa Téllez, Ciudad Universitaria, México, DF, 2008.

Sánchez-Castañeda, Alfredo Reynoso Castillo, Carlos Palli, Bárbara, La subcontratación: un fenómeno global, Estudio de legislación comparada, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2011.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SISTEMAS DE PAGOS, DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA DEL ESTADO SOBRE EL SISTEMA DE PAGOS

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

“Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA DEL ESTADO SOBRE EL SISTEMA DE PAGOS, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

Los cimientos de la arquitectura financiera internacional ya han iniciado sus cambios legislativos respectivamente, y con ellos, la preocupación de los órganos parlamentarios que han asumido mayores contrapesos a los ejecutivos en materia financiera,no se puede olvidar de los esfuerzos del Congreso Estadunidense alrededor de la reforma Dobb-Frank1 refrendada por el presidente Obama el 11 de julio de 2010 o las recomendaciones de la Comisión Europeaen materia financiera ese mismo año, ambas después de sendas discusiones y comparecencias de funcionarios públicos y privados, ambas realizadas para llegar a un acuerdo en materia de regulación sobre la irresponsabilidad que alcanzo el mercado financiero. Así como lección para México al igual que en el rescate bancario de 1997 y la crisis de 2008, el Estado está llamado a establecer límites y normas prudenciales frente a losexcesos del mercado, tan como ocurrió con la sobreexposición de los derivados, el conflicto de intereses de calificadoras que fueron también responsables de la crisis del sector hipotecario en Estados Unidos y de la corrida financiera contra los bonos gubernamentales en Grecia.

Sin duda la reforma financiera en discusión, tiene como referencia partede la gran discusión internacional en torno al fenómeno de crisis sistémicas2, las recomendaciones de Basilea III, Solvencia II y el rediseño institucional de los órganos reguladores deben dirigirse a generar salvaguardas para promover un sistema financiero estable y solvente, anticipar-identificar-actuar frente a la alta exposición de riesgos de entidades financieras que puedan representar un obstáculo para el crecimiento económico.

Estos son los grandes temas de la reforma de la arquitectura financiera internacional en materia de regulación financiera, y en la discusión internacional también están la agenda del crecimiento a través de paquetes fiscales contracíclicos; la agenda del combate a la evasión fiscal: el combate a paraísos fiscales y la ampliación de la regulación a otros agentes económicos, aunque México no puede aislarse de estos acuerdos de envergadura global de coordinación de los Estados frente al mercado, si existe la potestad para priorizar y adaptar esos acuerdos a los requerimientos del crecimiento local en un mundo global, Estados Unidos ha aplazado la aprobación de Basilea III por lo complicado de su normatividad y la falta de precisión de su impacto su sistema bancario, en el caso de Europa, Basilea III es adaptado sin obstaculizar el proceso de creación de un mercado común de servicios bancarios. México tiene el reto de implementar Basilea III sin olvidar su política de competencia en un sector con amplios déficits de atención al crecimiento económico.

Lamentablemente esta discusión apenas llega al Congreso mexicano, las economías desarrolladas han adaptado en función de sus estructuras las recomendaciones del Banco Internacional de Pagos y del Comité de Basilea, como parte de los acuerdos de G-20, sin embargo,recordemos que como Estado debemos equilibrar los objetivos de regulación financiera (que fue pensado para países desarrollados) y las políticas de competencia (necesarias para países con problemas de concentración y oligopolios).

El Congreso debe ante todo definir qué modelo de sistema financiero necesitamos para el crecimiento económico, hasta el momento más allá de las disposiciones en materia de regulación prudencial que ya están en reglamentos, el proyecto carece de una idea de eficiencia en el sistema financiero que permita reducir los costos de transacción de la economía, mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, un sistema financiero que redirija los recursos de la relativa seguridad del sector financiero a los requerimientos de capitalización del sector productivo, base del crecimiento económico, urge un sector financiero más independiente del ahorro externo, más comprometido a las actividades productivas y comerciales.

La idea de plantearnos un sistema financiero competitivo queincremente el acceso a más unidades de producción, pero también a más población a servicios financieros, proteger su ahorro y generar incentivos para incrementar su patrimonio esta fuera del planteamiento general de la iniciativa.

En 2009 el Senado de la República dictaminó 10 iniciativas de los grupos parlamentarios que abarcan desde disposiciones de regulación directa sobre las tasas activas del sector bancario, hasta aquellas disposiciones de transparencia y de promoción de la competencia, en aquel dictamen de conceso del 21 de abril de 2009, por el que incidía en laLey para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México:

Banco de México

• Facultad imperativa la regulación de las comisiones y de las tasas de interés pasivas y activas de los bancos y otras entidades financieras, en función de los tipos de créditos, segmentos de mercado o cualquier otro criterio que considere pertinente, tomará en cuenta los siguientes indicadores las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes.

• Propiciar y vigilar que las entidades financieras que otorgan préstamos o créditos sea en condiciones accesibles y razonables.

• Tomar medidas correctivas, incluyendo el establecimiento de límites a las tasas de interés, para lo cual tomará en cuenta fórmulas de derecho comparado, incluso la facultad de veto de comisiones nuevas o del incremento de las existentes.

Comisiones

• Ordena a los bancos informar al usuario con claridad sobre sus comisiones, para lo cual les impone criterios lineamientos mínimos.

• Prohíbe la imposición de comisiones que tengan por objeto restringir la movilidad de los clientes y se alienta dicha la movilidad permitiendo que un banco receptor de los ahorros de un cliente gestione en su nombre la cancelación de la cuenta que el mismo cliente tenga en otra institución.

Sistema de pagos

• Los cargos que las Cámaras de Compensación cobren por la prestación de sus servicios a sus participantes, no deberán determinarse en función de la tenencia accionaria que, en su caso, tengan en las citadas Cámaras de Compensación.

• Se deja al Banco de México la autorización de las formas de organización y operación de las cámaras.

Transparencia

• Incorpora la figura de Ganancia Anual Total (GAT) como mecanismo para transparentar la ganancia real que los bancos ofrecen a los ahorradores, facilitando su toma de decisiones.

• Una regulación específica relativa a los servicios prestados por las sociedades de información crediticia (buró de crédito), normando y transparentando la información que acumulan y que otorgan a sus clientes; obligando a las diversas sociedades a compartir dicha información; regulando las tarifas por el intercambio de información y por la prestación de sus servicios, e imponiendo diversas sanciones a cargo de la Condusefpara la infracción de las nuevas normas.

Nuevos instrumentos

• Ordena a los bancos ofrecer un producto básico en tarjeta de crédito, exento de toda comisión y con un monto máximo de crédito de 200 días de salario mínimo.

Sanciones

• Fija sanciones para los bancos que no observen la nueva regulación, mismas que pueden consistir en multa, suspensión de operaciones, suspensión de productos y hasta la revocación de la autorización, dependiendo de la violación y la autoridad facultada para imponerlas, la que podrá ser la CNBV, el Banxico, la Condusef y la Profeco, en el ámbito de sus propias facultades.

Crédito hipotecario

• Los bancos realizar diversas acciones dirigidas a facilitar al cliente de crédito hipotecario la obtención del primer testimonio del instrumento público respectivo, o bien, de la constancia de liberación de la obligación a su cargo, por cumplimiento, en un tiempo razonable después de cubierta la obligación a su cargo (pago del crédito).

En su momento se habló de los grandes beneficios de esta reforma, sin que a la fecha, la disminución de las tasas de interés este a niveles competitivos con nuestros principales socios comerciales, haya mejorado la inclusión financierao mejores condiciones de competencia en el sector a pesar de los distintas medidas implementadas en dicha reforma para tal objetivo.

El pasado 8 de mayo de 2013 como un acuerdo en el marco del Pacto por México se presentó una iniciativa de reforma financiera que asegura como la reforma de 2010 la necesidad de mejorar las condiciones de competencia en el sector bancario.

El diagnóstico de competencia en el sector bancario a tres años de la reforma financiera de 2010 no ha cambiado sustancialmente, y es un indicador del fracaso del Estado que al igual que otros sectores de la economía, que la alta concentración de activos bancarios se mantiene igual que en la década de los setentas, donde Banamex, Bancomer y Serfín manejaban más del 50% de los activos y pasivos del sistema bancario privado, los datos al cierre de 2012, indican que de los 44 bancos comerciales que operan en el país, siete concentran 78.8 por ciento de los activos totales y operan al 60% de su capacidad de préstamo. De acuerdo al Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, desde la crisis de 1994 la banca comercial existe un estancamiento crónico del crédito bancario, mientras que ese año el crédito bancario llego a representar el 33 por ciento, al cierre de 2012 la banca comercial solo alcanzó un monto del 17.4 por ciento del PIB, un nivel extremadamente bajo comparado al crédito bancario de las economías asiáticas como India 74.1, Corea del Sur 102.7 y China 145.5 por ciento de sus respectivos productos.

Otro en los temas sin resolver de la reforma de 2010 es garantizar de la presencia de infraestructura bancaria en todos los municipios, esta preocupación fue motivo de discusión en 2009 y en los trabajos de las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental en 2012, donde se reconoce por parte de la CNBV de un total de 2 mil 456 municipios que hay en el país, hay 986 ayuntamientos (40%) sin sucursales de entidades financieras reguladas ni corresponsales bancarios.

Y finalmente en este apartado de problemas estructurales para no podemos olvidar un tema fundamental dentro de la discusión de la prevención de riesgo sistémico, promoción de la competencia y la rectoría del Estado en la economía: los sistemas de pagos.3Aunque enla reforma de 2010 se estableció una disposición sobre las cuotas de prestación de servicios en las cámaras de Compensación que establecía:

Artículo 19 Bis. Para organizarse y operar como Cámara de Compensación se requerirá autorización que corresponderá otorgar al Banco de México.

Para tales efectos la interesada deberá presentar la información y documentación que dicho Banco Central señale a través de disposiciones de carácter general.

Las Cámaras de Compensación estarán obligadas a enlazar sus sistemas de procesamiento de operación de Medios de Disposición para responder las solicitudes de autorización de pago, devoluciones y ajustes que les envíen otras Cámaras de Compensación, en los términos que, mediante disposiciones de carácter general, establezca el Banco de México.

Las Cámaras de Compensación no podrán cobrar a otras Cámaras de Compensación contraprestación por dicho enlace y por la transmisión de información entre ellas o cualquier otro concepto, salvo los gastos directos de instalación. Adicionalmente, las Cámaras de Compensación tendrán prohibido establecer cualquier tipo de barrera de entrada a otras Cámaras de Compensación.

Los estándares, condiciones y procedimientos aplicables serán establecidos por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. En dichas disposiciones se deberá propiciar la eliminación de barreras de entrada a nuevas Cámaras de Compensación.

Lo que sabemos es que en México operan dos procesadoras, Prosa (propiedad de BBVA Bancomer, Banamexy HSBC) y E-Global (propiedad de Santander, HSBC, Banorte-IXE, Scotiabank, Invex y Banjercito), y de acuerdo al Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito 2012, establece dos preocupaciones:

a)Barreras discriminatorias: Los emisores requieren tener acceso en condiciones no discriminatorias a los servicios que ofrecen los procesadores para poder competir en el mercado; por ello, el acceso a los servicios de los procesadores podría llegar a constituir una barrera a la entrada

b) Conflicto de intereses: Para la medición del riesgo de ciertos productos del mercado de tarjetas de crédito se requiere que los emisores potenciales accedan en términos competitivosa los servicios de las Sociedades de Información Crediticia (SIC). Por la estructura de las cámaras de compensación en México puede presentar un conflicto de interés en tanto que los procesadores y las SIC son propiedad de los principales bancos emisores, el conflicto se presenta en dos niveles: los emisores establecidos – dueños de los procesadores y de las SIC – deben competir con los competidores entrantes potenciales; y por el otro, sus procesadores y SIC les venden servicios esenciales para competir exitosamente en el mercado de emisión.

Esta situación con las cuotas de intercambio y de las cámaras de compensación, es a la fech junto con otros temas, una ausencia de las facultades que cuenta con el Banco de México sin ejercer aún en la materia.

Es importante resaltar, que a pesar del bajo crédito otorgado por los bancos en comparación con otros países, sobresale como la tendencia de las utilidades bancarias4se ha mantenido a la alza,de julio 2007 a 2012 los ingresos por interés se incrementaron en 38.5% y las comisiones cobradas en 11.32%.Adicionalmente, los bancos de origen extranjero que operan en México son cada vez más importantes para las finanzas de sus filiales, en los últimos añosla participación en la ganancias globales de BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC y Scotiabank sostuvieron o incrementaron, por ejemplo, BBVA Bancomer y Santander México, incrementaron su importancia con sus matrices, para las que la filial de BBVA en México aportó 32% de las ganancias globales en el 2011, convirtiéndose en el negocio más rentable dentro y fuera de España; Banco Santander México aportó a las ganancias del grupo a escala global 10% en el 2011, contra 6% aportado en el 2010, siendo la cuarta franquicia más rentable para el grupo, después de Reino Unidos, Brasil y Santander Consumer.

Esto y otros elementos expresados en el diagnóstico es la razón del bajo nivel de competitividad de nuestro sistema financiero respecto a nuestros principales socios comerciales, que nos da como resultado final un sistema financiero con esclerosis múltiple incapaz de incrementar el ahorro nacional y la respectiva canalización al sector productivo estratégico.

La concentración de los recursos bancarios en valores gubernamentales no hace más que confirmar las disfuncionalidades de un sector que ha gozado ampliamente de todos los apoyos gubernamentales para su funcionamiento, y que requiere de una cirugía para garantizar un rediseño de la política bancaria de este país.

Para nosotros el sector bancario es y será por excelencia un actor decisivo del financiamiento, por eso consideró que el principal desafiópara el legislador en los próximos días será ampliar la propuesta del Ejecutivo Federal para darle consistencia la política de competencia compuesta de tres vertientes, la primera: Atacar las causas que han llevado a la perpetuación de la concentración bancaria (mayor cantidad de jugadores, diferenciar los tipos y alcances de negocios, debatir la creación de figuras de bancas a nivel regional-estatal, velar por un sistema de pagos más competitivo); la segunda: Una política de incentivos para ampliar la cartera a sectores no tradicionales con el respaldo de la banca de desarrollo,y finalmente:garantizar la incorporación al sistema financiero de todos aquellos municipios que hoy carecen de infraestructura bancaria.

Aunque una parte importante del proyecto de reforma financiera se concentra en medidas prudenciales para evitar el riesgo sistémico a través delfortalecimientode los órganos reguladores en materia de supervisión de los niveles de capitalización de las entidades financieras, mecanismos de autocorrección, la introducción de lo que han denominado ley de quiebras bancarias, son espacios comunes con la agenda internacional de reformas financiera acordadas por México en materia de políticas prudenciales y que actualmente la mayor parte de estas disposiciones se encuentra en disposiciones reglamentarias emitidas por el Ejecutivo Federal, como Basilea III, alertas tempranas, la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, incluso las nuevas disposiciones en materia de solvencia II ya fueron aprobadas parte de ellas dentro de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas publicada el 4 de abril de 2013, con el aval del Congreso de la Unión.

Con estos antecedentes, al igual que en los ochentas y los noventas, el Estado tiene la oportunidad de recuperar la rectoría sobre el sistema financiero para cumplir hacer cumplir con las necesidades de financiamiento para el crecimiento, con un perfil competitivo y de eficiencia económica, los alcances y contenidos son hoy responsabilidad del Congreso de la Unión.

Por lo que se trabaja en una propuesta legislativa para establecer una política de competencia en el sector bancario, que considera la reforma a las siguientes disposiciones reglamentarias Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México que incluya:

• Una política de Estado de tasas interés competitivas: Establecer claramente en el mandato del Banco de México, igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, una facultad expresa como regulador del sistema financiero para procurar tasas de interés a niveles competitivos a nivel global, incluso dentro de esta reforma financiera debe establecerse una reforma al Código de Comercio para limitar las excesivas tasas de interés de las casas de empeño.

• Una política de competencia: La política del Estado mexicano en el sector bancario y otros intermediarios financieros debe además de mejorar los mecanismos de transparencia y portabilidad, que actualmente ya existen, tenemos la obligación de legislar por una segunda generación de reformas que permita la entrada de nuevos jugadores a la banca y actores complementarios (ejemplo: Banca de Desarrollo y Cooperativas), necesitamos de una política pública que garantice un conjunto de reglas en las cámaras de compensación que permita el acceso competitivo a los pequeños bancos y demás intermediarios financieros. Disminuir el capital mínimo requerido para abrir un banco, eliminar medidas discriminatorias en las cámaras de compensación, entre otros.

• Infraestructura bancaria: El Estado debe ampliar y garantizar la presencia de infraestructura bancaria mínima a nivel nacional, donde la banca no tenga presencia, específicamente a nivel municipal. La infraestructura bancaria y la cobertura de servicios bancarios son parte de los indicadores básicos de cualquier estudio de competitividad global, al igual que internet libre, es un medio que facilita el ahorro y la movilidad de recursos financieros con una visión de Estado.

La presente iniciativa tiene por objetivo:

• Mejorar la rectoría del Estado sobre el sistema de pagos.

• Mejorar la competencia entre las cámaras de compensación para disminuir el costo de la comisiones.

• Elevar la accesibilidad de nuevos competidores.

• Ampliar la cobertura bancaria con un mandato específico al Banco de México.

• Fortalecer en su conjunto la rectoría del Estado sobre el sistema financiero a favor de un sistema financiero competitivo en aras del desarrollo nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de Decreto:

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan las fracciones V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, y XIX del artículo tercero. Se reforman el artículo primero, segundo, la fracción X, VIII del artículo segundo, artículo cuarto, quinto, séptimo, 12, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45 y 46; se deroga el artículo 21de la Ley de Sistemas de Pagos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-La presente Ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de orden público e interés social y tiene por objeto propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como preservar la estabilidad financiera de interrupciones o alteraciones del funcionamiento del sistema financiero o del sistema de pagos.

El Banco de México velará por el buen funcionamiento, seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos, ejerciendo labores de vigilancia sobre estos, de sus administradores y participantes, en función de los principios de esta Ley, de las normas y estándares internacionales aplicables para el caso.

El Banco de México establecerá las mejores prácticas competitivas para el correcto desarrollo del sistema financiero, para lo cual vigilará la transparencia de las normas que regulan los instrumentos y servicios de pago, identificará y evaluará la naturaleza y magnitud de sus riesgos, así como los sistemas de control y el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento.

Asimismo, la presente Ley será aplicable a las operaciones que celebre el Banco de México en términos del artículo 7, fracciones I y II de su ley,para los efectos previstos en este ordenamiento, el carácter definitivo e irrevocable de las órdenes de transferencia, de la compensación y liquidación derivados de éstas, que se procesen a través de dichos sistemas, incluyendo los relacionados con operaciones con valores.

Artículo2o.- Para efecto de lo dispuesto por la presente Ley, son sujetos obligados a su observancia y cumplimiento toda persona física o moral responsable de uno o varios administradores del sistema, cámara de compensación, medios de disposición, incluyendo aquellos que por sus operaciones puedan generar distorsiciones en el sano desarrollo del sistema de pagos o puedan representar un riesgo para el mismo.

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. …

II. …

III. …

IV….

V. Cámara de Compensación: Entidad central o mecanismo de procesamiento centralizado, a través del cual se intercambian instrucciones de pago u otras obligaciones financieras, relacionadas con cualquier Medio de Disposición.

VI. Cuotas de Intercambio: a las cantidades que las entidades se cobran o pagan entre sí, directa o indirectamente, por el uso de cualquier Medio de Disposición en la infraestructura de pagos instalada por alguna Entidad distinta a la que proporciona o emite el Medio de Disposición;

VII. Garantía: Todo activo liquidable, incluido el dinero, destinado a asegurar los derechos y obligaciones derivados de las órdenes de transferencia tramitadas en el Sistema de Pagos.

VIII. Orden de Transferencia: en singular o plural,

a) …

b) …

IX.

X. Participante: en singular o plural, una entidad financiera sujeta a supervisión, o una entidad pública o con garantía pública, aceptada en un sistema de pagos o de liquidación de valores de acuerdo con sus normas internas de la presente legislación, es responsable frente a él de asumir las obligaciones de liquidación derivadas de las órdenes de transferencia introducidas en el mismo. Podrán también ser participantes los bancos centrales de otro Estado, así como el administrador, agente de liquidación o cámara de compensación de otro sistema.

XI. Sistema de Pago: Sistema o sistemas de pagos, en singular o plural es un conjunto de procedimientos, acuerdos y normas que tengo por objeto principal la transferencia de fondos entre los participantes del sistema, a tráves de Compensación de Órdenes de Transferencia o la Liquidación de Transferencia Aceptadas, incluyendo los relacionados con operaciones con valores, en los que el Banco de México actúe como Administrador del Sistema.

XII. Sistema de Pago de Importancia Sístémica: Aquel sistema de pago de cuyo correcto funcionamiento es preponderante para la eficacia de los mercados financieros, y que es capaz de alterar o transmitir pertubaciones al resto del sistema financiero e incluso a nivel internacional.

XIII. Riesgo de crédito: Riesgo de que una parte no liquide una obligación por su valor completo, ya sea al vencimiento o en cualquier momento posterior.

XIV. Riesgo de liquidación: El riesgo de que una liquidación en un sistema de pagos no se produzca según lo esperado.

XV. Riesgo de liquidez: El riesgo de que un participante del sistema de pagos no liquide una obligación por su valor total cuando ésta vence. El riesgo de liquidez no implica que una contraparte o participante sea insolvente, dado que existe la posibilidad de que pueda liquidar sus obligaciones en una fecha posterior no determinada.

XVI. Riesgo legal: El riesgo de pérdida debido a la aplicación inesperada de una ley o regulación, o por causa de un contrato cuyo cumplimiento no se puede exigir legalmente.

XVII. Riesgo operativo: El riesgo de que deficiencias en los sistemas de información o en los controles internos, errores humanos o fallos de gestión puedan causar o exacerbar los riesgos de crédito o de liquidez.

XVIII. Riesgo sistémico: El riesgo de que el incumplimiento de las obligaciones por parte de un participante o varios participantes en el sistema financiero que puede provocar que otras instituciones financieras no sean capaces a su vez de cumplir con sus obligaciones al vencimiento de las mismas.

XIX. Sistema de liquidación neta diferida: Un sistema de neteo en el que transcurre un lapso de tiempo entre la aceptación de un pago para su liquidación y su liquidación real.

Artículo 4o.-A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente: la Ley del Banco de México; las leyes mercantiles especiales; el Código de Comercio; el Código Civil Federal; los usos mercantiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Competencia Económica.

CAPITULO II

De los Principios básicos de regulación de los Sistemas de Pagos

Artículo 5o. La normatividad y disposiciones generales que emita el Banco de México deberán cumplir los siguientes principios:

I. Certeza y coherencia jurídica de la legislación local e internacional.

II. Comprensibles para los participantes el impacto que tiene dicho sistema en cada uno de los riesgos financieros en los que incurren a través de su participación en el mismo

III. Delimiten las responsabilidades sobre la administración de riesgos del el Banco de México y de los participantes.

IV.- Prevención y gestión sobre los riesgos sobre el Sistema de Pagos.

V.- Seguridad, puntualidad y fiabilidad operativa.

VII. Garantizar que los medios de pago que sean prácticos para sus usuarios y eficientes para la economía.

VIII. Disposiciones de admisión y los, objetivos que permitan un acceso justo, competitivo y abierto a todo participante.

IX. Acuerdos para el buen gobierno del sistema bajo los principios de eficacia, responsabilidad y transparencia.

X.- Transparencia y accesibilidad para el público y los participantes de la información y recomendaciones emitidas sobre las cuotas de interconexión de forma entendible y accesible.

Artículo 6o.- Se considerarán como Sistemas de Pagos los que reúnan los requisitos siguientes:

I. …

II. …

Artículo 7o.- Se considerancomo Sistemas de Pagos de Importancia Sistémicos, todo sistema que presente al menos uno de estas características:

I.- Es el único sistema de pagoso es el principal sistema en términos del valor total de los pagos;

II.- Administración de valores de alto valor individual;

III.- Utiliza para la liquidación de operaciones en el sistema financiero nacional o para la liquidación de otros sistemas de pago en el exterior.

Artículo 12o. El Banco de México podrá interpretar, para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, para garantizar que:

a) Establecer una rápida liquidación en firme en la fecha valor, preferiblemente durante el día y como mínimo al final de la jornada.

b) Disponer claramente en los sistemas donde se realicen neteos multilaterales deberán, como mínimo, ser capaces de asegurar la finalización puntual de las liquidaciones diarias en el caso de que el participante con la mayor obligación de liquidación incumpla.

c) Asegurar la seguridad y fiabilidad operativa y deberá contar con mecanismos de contingencia para completar puntualmente el procesamiento diario de sus operaciones.

CAPITULO IV

De las facultades del Banco de México

CAPITULO IV

De las facultades del Banco de México

Artículo 21.El Banco de México ejercerá funciones de supervisión y vigilancia de los Administradores de los Sistemas y de los Sistemas de Pagos, a fin de procurar su correcto funcionamiento y su desarrollo competitivo.

La supervisión que se ejerza el Banco de México respecto a los Sistemas de Pagos debe:

I. Definir claramente sus objetivos, funciones y políticas, especialmente aquellas disposiciones dirigidas a los sistemas de pago de importancia sistémica y de promoción de la competencia.

II. Establecer los principios básicos y regulación marco de operación de los participantes.

III. Vigilar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

IV. Promover la seguridad y la eficiencia del sistema de pagos, establecer los sistemas de control y los mecanismos de corrección en caso de incumplimiento.

V. Diseñar e implementar, programas de ajuste de cumplimiento forzoso tendientes a eliminar irregularidades en los Sistemas de Pagos.

VI. Establecer los mecanismos de diálogo y cooperación con otras autoridades en el extranjero para promover la seguridad, la eficiencia y la estabilidad del sistema de pagos.

VII. Establecer comisiones y cuotas competitivas que representen barreras discriminatorias que limiten el acceso y operaciones de nuevos participantes.

VIII. Identificar los sistemas de importanciasistémica.

IX. Evaluar los riesgos, sus sistemas de control y los mecanismos que hayan adoptado para el caso de incumplimiento, así como la calidad de su administración.

X. Integrar las mejores prácticas y legislación en materia de sistemas de pagos a nivel internacional.

En lo relativo a la fracción VII, el Banco de México mantendrá las medidas correctivas sólo mientras subsistan las condiciones que las motivaran.

De los Programas de Corrección

Artículo 22. Cuando, de la información proporcionada por el Administrador del Sistema al Banco de México, se detecten deficiencias en el Sistema de Pagos respectivo que, a juicio del propio Banco de México, puedan afectar su correcto funcionamiento, poner en riesgo la seguridad de las Órdenes de Transferencia cursadas a través de aquél, o impliquen incumplimientos continuos o reiterados a la presente Ley, a las disposiciones emitidas por el Banco de México o a las Normas Internas del correspondiente Sistema de Pagos.

El Banco podrá a su criterio convocar a una audiencia del Administrador del Sistema de que se trate para la implementación de medidas de ajuste.

De las Cámaras de Compensación

Artículo 24. El Banco de México regulará mediante disposiciones de carácter general, el buen funcionamiento y la operación de las Cámaras de Compensación, específicamenteen lo relativo a su contribución para el desarrollo competitivo del sistema financiero en su conjunto.

Artículo 25. Las Cámaras de Compensación estarán obligadas a enlazar sus sistemas de procesamiento de operación de Medios de Disposición para responder las solicitudes de autorización de pago, devoluciones y ajustes que les envíen otras Cámaras de Compensación, en los términos que establezca el Banco de México.

Artículo 26. El Banco de México autorizará la organización y operación de las Cámara de Compensación.

Artículo 27. El Banco de México garantizará plenamente las condiciones de competencia efectiva y la autorización de cargos, comisiones u cuotas de manera diferenciada para aquellos participantes con capacidades limitadas de participación.

Para tales efectos los participantes del Sistema de Pagos deberá presentar la información y documentación sobre su estructura de costos para determinar el costo real de operación que justifique la estructura de coutas por transferencia de fondos.

Artículo 28. Cuando el Banco de México identifique la aplicación de cuotas de intercambio no competitivas o discriminatorias, lasestablecerá directamente en función del volumen, tamaño y dominancia de los participantes de las cámaras de compensación, hasta en tanto el participante del Sistema de Pagos no ajuste su estructura de cuotas.

Artículo 29. Los cargos que las Cámaras de Compensación cobren por la prestación de sus servicios a sus participantes, no deberán determinarse en función de la tenencia accionaria que, en su caso, tengan en las citadas Cámaras de Compensación.

Artículo 30. Para los efectos de esta disposición se considerá prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos ocombinaciones entre participantes del Sistema de Pagos, cuyo objeto o efecto sea:

I. Barreras de entrada a nuevas Cámaras de Compensación.

II. Fijar, elevar, concertar o manipular los la estructura de cargos aprovechando su condición de dominancia;

III. Establecer volumen o frecuenciade operaciones que inhiba la entrada de nuevos participantes o implique afectación al desarrollo del sistema de pago.

IV. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de operaciones que limiten la plena competencia del sector.

V. Cuando el número de operadores genere condiciones para preservar una estructura monopólica, oligopólica o de alta concentración que restringa la competencia en el sector.

Artículo 31. Está prohibido para las Cámaras de Compensación:

I. Cobrar sobretasas a otras Cámaras de Compensación contraprestación por dicho enlace y por la transmisión de información entre ellas o cualquier otro concepto, salvo los relacionados con los gastos directos de instalación y operación.

II.- Establecer cualquier tipo de barrera de entrada o prácticas discriminatorias a otras Cámaras de Compensación en función del número de operaciones, giro de negocio o por evidente conflicto de intereses en la prestación del servicio.

Los estándares, condiciones y procedimientos adicionales serán establecidos por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, o por expresa recomendación de la Comisión Federal de Competencia.

De la suspensión e intervención

Artículo 32. El Banco de México podrá suspender a las Cámaras de Compensación, que incurran en las siguientes conductas:

a) Incumplimiento del presente norma, Circulares,normas, estándares, condiciones y procedimientos dictadas por el Banco de México para regularel Sistema de Pagos.

b) Ubicarse por debajo de los límites prudenciales de capital.

d) Practicas de discriminación o de dominancia contra otros participantes.

e) Incurrir en prácticas que representen un riesgo sistémico, de liquidez u operativopara el sistema de pagos.

En el caso de la suspensión de una Cámara de Compensación bajo alguno de los supuestos del párrafo anterior, el Banco de México intervendrá y asumirá el control a fin de preservar la estabilidad financiera del sistema de pagos.

Sección IV

Disposiciones en materia de Transparencia

Artículo 45. El Banco de México tiene la obligación de informar al público de manera permanente en su sitio de internet la siguiente información:

a) Objetivos, políticas, acuerdos, recomendaciones y disposiciones generales.

b) Recomendaciones y acciones para los sistemas de pago de importancia sistémica.

b) Sanciones impuestas por violación a la presente legislación.

c) Cuotas, comisiones y otros cargos por operaciones de los participantes del sistema de pago.

d) Estudios del nivel de competencia de las cuotas de intercambio de las cámaras de compensación.

e) Informes de las acciones para mejorar la competencia en el Sistema de Pagos.

Artículo 46.Con el objeto de incrementar la competencia en las Cámaras de Compensación, el Banco de México publicará diariamente lainformación e indicadores sobre el comportamiento de los cargos por operaciones, volumen y participante, para lo cual establecerá los mecanismos básicos de divulgación electrónica de dicha información al público.

Esta información deberá entregarse al Banco de México por las Cámaras de Compensación vía electrónica.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Banco de México remitirá al Congreso de la Unión en un plazo de 180 días un programa donde especifiqué las acciones para mejorar la competitividad de las cuotas de intercambio de las cámaras de compensación y la rectoría del Estado sobre el sistema de pagos.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforman el artículo segundo y la fracción I del artículo 63; se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo tercero, la fracción IV del artículo 62;XIII del artículo 7o;los artículo 37bis, 37ter, 37quater, 37quintus, recorriéndose los subsecuentes, todos de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero, mantener un nivel de tasas de interés competitivas en el tiempo y la rectoría de los sistemas de pagos.

Artículo 3o.-…

I alVI. …

VII. Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en función del sano desarrollo del sistema financiero.

VIII.- Implementar el Programa Nacional de Infraestructura Bancaria.

Artículo 7º.- …

I al XII.- …

XIII. Recibir depósitos a la vista que formarán la base del sistema de cámaras de compensación que funcionará de acuerdo con las reglas que dicte el Banco de México.

CAPITULO VI

De la Rectoría del Estado en el Sistema de Pagos

Artículo 37bis.- El Banco de Méxicomantendrá la rectoría financiera del Estado sobre el sistema de pagos.

Artículo 37ter.- El Banco de México a través de la Ley de Sistema de Pagos regulará los estándares generales, condiciones y procedimientos aplicables a los que se sujetarán los participantes del sistema.

Artículo 37quater.- La actuación del Banco de México deben:

a) Considerar la legislacióninternacional en materia de riesgo sistémico, liquidez y de pago, específicamente con aquellos países que interactúa el Sistemas de Pagos.

b) Impulsar en el ámbito de sus facultades la competencia y medidas diferenciadas por tipo de participante.

c) Inclusión y fortalecimiento del sistema financiero.

d) Una política diferenciada para eliminar las barreras o prácticas discriminatorias de las Cámaras de Compensación cuando representen una limitante para el sano desarrollo de un sistema financiero competitivo.

e) Una política de inclusión financiera dirigido a la cobertura total de los tres órdenes de gobierno.

CAPITULO VII

Del Programa Nacional de Infraestructura Bancaria

Artículo 37quintus.- Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Pagos, el Banco de México establecerá el Programa Nacional de Infraestructura Bancaria, que contendrá acciones dirigidas para garantizar el acceso a servicios bancarios y financieros de manera integral a nivel nacional.

El Banco de México convocará en el ámbito de sus facultadesa los directores de la banca comercial y de desarrollo, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los secretarios de finanzas de las entidades federativas, así como a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros y de la Comisión Federal de Competencia para el diseño y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura Bancaria.

El Banco de México implementara el Programa Nacional de Infraestructura Bancaria que contendrá un plan, plazos, acciones, etapas para alcanzar a la cobertura integral de los servicios bancarios a nivel nacional.

Artículo 62.- El Banco de México podrá:

I al III.-

IV. En coordinación con las entidades federativas y municipales adquirir o arrendar los bienes muebles y contratar los servicios y las obras inmobiliarias, necesarias o convenientes para los objetivos del Programa nacional de Infraestructura Bancaria.

Articulo63.- Queda prohibido al Banco de México:

I. Otorgar garantías, préstamos o anticipos sin garantía especial, salvo en los casos de convenios recíprocos con otros bancos centrales o cámaras de compensaciónregionales.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-El Banco de México convocará en el ámbito de sus facultades en un plazo de 90 días naturales a los directores de la banca de desarrollo, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los responsables de las finanzas de las entidades federativas, así como a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el diseño y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura Bancaria.

Tercero.- El Ejecutivo Federal dispondrá los recursos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal en curso para dotar de recursos al Programa Nacional de Infraestructura Bancaria.

Cuarto.- En el Programa Nacional de Infraestructura Bancaria se establecerá como meta mínima la presencia de una sucursal bancaria en cada uno de los municipios con una población igual o mayor a 10 mil habitantes.

Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recorriéndose las subsecuentes para quedar como sigue:

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII.- …

VIII.- Participar de conformidad con sus propias facultadesen el diseño y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura Bancaria, ajustándose a los lineamientos que para tales efectos emita el Banco de México.

IX. aXXVI.-

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona una fracción XXXVIII, al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

I. al XXXVII.- …

XXXVIII.- Participar de conformidad con sus propias facultadesen el diseño y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura Bancaria, ajustándose a los lineamientos que para efectos emita el Banco de México.

XXXIX.-

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

ARTICULO QUINTO.- Se reforma el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 4o.-El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización y cobertura municipal del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Artículo 19.- El capital mínimo suscrito y pagado para las instituciones de banca múltiple que tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales todas las operaciones previstas en el artículo 46 de esta Ley será el equivalente en moneda nacional al valor de treinta millones de Unidades de Inversión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, determinará mediante disposiciones de carácter general el importe del capital mínimo con que deberán contar las instituciones de banca múltiple, en función de las operaciones que tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales, la infraestructura necesaria para su desarrollo, los mercados en que pretendan participar y los riesgos que conlleve, entre otros

Artículo 49bis. Las tasas de interés de las instituciones de crédito y las entidades de ahorro y crédito popular en sus operaciones pasivas a plazo, retirables en días preestablecidos y de ahorro, no podrán ser menor a las tasas de inflación registrada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 49ter. Las instituciones de crédito y las entidades de ahorro y crédito popular establecerán tasas de interés diferenciadas para aquellos ahorradores que soliciten crédito al consumo en una misma institución, conforme a las disposiciones generales que emita el Banco de México.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Banco de México tendrá 180 días para emitir las disposiciones de carácter general para establecer criterios diferenciados en materia de tasas activas y pasivas de las instituciones de crédito y ahorro establecidas en los artículos 49bis y 49ter.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de agosto de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

1La Ley Dodd-Frank de 2010 incluye cinco ejes fundamentales de consenso en el Congreso, el primero, el refuerzo de la protección de los inversionistas en Wall Street, que incluye centralizar y reforzar las facultades de supervisión en la Securities Exchange Commission (SEC), el segundo, establecer en la leyla figura de riesgo sistémico y una arquitectura institucional de prevención, por ejemplo se crea el FinancialStabilityOversight Council (Consejo de Supervisión de estabilidad financiera) con importantes responsabilidades: identificar y responder a riesgos emergentes en todo el sistema financiero, asesorar a la Reserva Federal en la identificación de entidades cuya quiebra podría suponer una amenaza para la estabilidad financieray facilitar el intercambio de información y la coordinación entre autoridades; la tercera, supervisión global de los mercados financieros, específicamente en la titulización, supervisión de derivados y el papel de las agencias de calificación crediticia; cuarto, se elimina el precepto de “too-big-to- fail”,si una institución financiera de gran tamaño incumple sus obligaciones, los reguladores ordenarán su cierre y liquidación en forma segura y ordenada sin que los se produzcan rescates a costa de los impuestos y sin llevar riesgo al resto del sistema financiero, y finalmente, desde esta ley se busca reformar los estándares regulatorios internacionales y de cooperación internacional, como aumentar la supervisión de la firmas financiera, mayores facultades al FinancialStabilityBoard (Consejo de Estabilidad Financiera), revisión de la normas prudenciales, contabilidad, y otros temas afines.

2De las cuales las economías desarrolladas no se han recuperado de la crisis de 2008, 2010 y la actual crisis de deuda pública en la Eurozona.

3Definido por el Banco Internacional de Pagos como el conjunto de recursos utilizados para la transferencia de dinero entre instituciones financieras.

4 De 2003 y 2011 los dividendos que pagaron los bancos de propiedad extranjera a sus matrices sumaron 20 mil millones de dólares, Guillermo Ortiz. Financial Times.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

(Presentada porla C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Alliet Mariana Bautista Bravo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado del análisis a la reforma financiera presentada por el ejecutivo, en materia de banca de desarrollo, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México tiene a bien presentar los siguientes comentarios y propuestas sobre la visión de la participación del sector social en el sistema financiero en México y su interrelación con la banca de desarrollo.

Es pertinente puntualizar la delimitación de esta propuesta, puesúnicamente se pretende aportar material respecto de las leyes que consideramos de injerencia para las cooperativas de ahorro y préstamo.

Coincidimos plenamente en que es necesario apuntalar a la Banca de Desarrollo con un marco normativo que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permita también instrumentar políticas que sumen tanto a la creación como a la preservación de los empleos e inversiones que contribuya de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, la creación de valor y crecimiento del campo, y que a su vez permita y respalde el ahorro social en beneficio del bienestar de las familias mexicanas.

La Banca de Desarrollo siendo una alternativa complementaria del sector financiero privado, ha resultado conveniente y eficiente, para que a través de las redes e infraestructura de la banca privada y el sector social se brinden servicios financieros a sectores productivos que de otra forma no serían atendidos. El sistema de fomento tiene como una de sus funciones completar mercados, buscando promover la participación del sector privado sin competir con dicho sector. Los recursos del gobierno federal no son, ni cercanamente, suficientes para financiar el desarrollo total del país, por ello la necesidad de potenciar los mismos y utilizarlos como inductores de la participación del sector privado y social, de forma eficiente.

Si bien es cierto que se ha contado con administraciones profesionales que se apegan a las sanas prácticas bancarias y observan una regulación similar a la de la banca comercial, también es cierto que eso ha limitado el financiamiento, por lo restrictivo de dicha regulación, la cual debe adecuarse para que la Banca de Desarrollo logre un mayor impacto en la economía, queconsolide las capacidades con las que cuenta para resolver la problemática de los sectores que atiende y avanzar en el fomento al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, apoyar a las empresas mexicanas exportadoras y a la apertura de nuevos mercados, permitiendo, a su vez, la importación de bienes de capital para hacer más productivo al país.

En cuanto a los Acuerdos de BasileaII, hay que tomar en cuenta que sus recomendaciones dan una ventaja desleal a los grandes bancos y restringen el desarrollo de la banca de fomento y de la banca social (Gottschalk y Azevedo, 2007). Al operar con créditos de mayor riesgo, técnicamente estos bancos deben, conforme a dichos acuerdos, establecer mayores montos de reservas y de requerimientos de capital mínimo lo cual disminuye sus recursos y por ende su capacidad de incidir en la distribución del crédito.

Esta situación también obliga a la banca de desarrollo a operar y a analizar el riesgo con criterios gerenciales cortoplacistas lo cual igualmente restringe su capacidad para incidir en la intermediación financiera. Esto no significa de ninguna manera que la banca de desarrollo debe operar ineficientemente, al margen de la regulación y de la transparencia operativa. De hecho, lo que se trata es crear bancos de desarrollo confiables y que fomenten la confianza1.

Nos manifestamos a favor de que el objetivo de la presente iniciativa sea flexibilizar el marco normativo que rige a la Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las propias instituciones.

La fortaleza de la Banca de Desarrollo proviene principalmente del respaldo que le otorga el gobierno federal, el cual permite detonar el crédito en actividades productivas estratégicas que de otra manera no lo recibirían. Para tal efecto, se requiere (a) Que en el marco jurídico se defina con claridad su mandato, (b) Que no se le impongan restricciones innecesarias y (c) Que le permita allegarse de los elementos indispensables para su cumplimiento, a fin de gestionar sus recursos de manera eficaz en beneficio del país.

Es precisamente en la definición del mandato de la Banca de desarrollo, donde consideramos que el marco jurídico debe ser puntual en su objeto y que favorezca el desarrollo integral de la banca de fomento, la banca privada y el sector social.

Al respecto, la propuesta de reforma al artículo 30 de la ley de instituciones de crédito que plantea el ejecutivo, menciona lo siguiente, “las instituciones de banca de desarrollo podrán realizar funciones de banca social, conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas”. Dicha propuesta nos parece incongruente en primera instancia con su naturaleza de banca de fomento y en segunda por su contradicción a nuestra carta magna, la cual establece en su artículo 25 que Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Es decir, no es posible que la Banca de desarrollo siendo constitucionalmente un sector público, pueda o deba realizar funciones que le corresponden al sector social de la economía nacional, pretendiendo hacer funciones de banca social.

El término “banca social”, merece atención aparte, toda vez que no existe en el marco jurídico mexicano ninguna definición o claridad sobre este concepto, lo que si debe quedar perfectamente entendido, es que son funciones que realiza el sector social de la economía en la búsqueda de mejorar sus opciones de ahorro y financiamiento.

Para clarificar el concepto de banca social, vale la pena reproducir el siguiente concepto: En México, la banca social evoluciona favorablemente y comprende toda aquella forma de organización popular cooperativa que no tiene fines de lucro y ofrece servicios financieros dirigidos a personas, familias o la comunidad con el objetivo de fomentar su bienestar con base en el apoyo mutuo y el compromiso comunitario. Se diferencia de la banca comercial, de la banca oficial de desarrollo y de las instituciones microfinancieras privadas o no gubernamentales en que sus orígenes provienen de bases comunitarias y tienen como fin la ayuda mutua2.

Adicionalmente es pertinente conocer que la banca social presenta las siguientes características y ventajas:

1) Incrementan y diversifican las fuentes de ahorro y financiamiento.

2) Ofrecen financiamiento para los miembros de la comunidad.

3) La provisión de sus servicios disminuye el costo de capital a los emprendedores locales con efectos multiplicadores para otras comunidades y la economía en general.

4) Proveen de financiamiento a miembros generalmente excluidos de los servicios financieros en las instituciones tradicionales oficiales y privadas, tales como losjóvenes, ancianos y mujeres.

5) La prestación de sus servicios promueve el crecimiento y la estabilidad económica, su respuesta en tiempos de crisis coadyuva a disminuir el estancamiento económico.

6) Están disponibles en la comunidad y por tanto sus servicios son accesibles para sus miembros a menor tiempo y costos.

7) Generan ahorro local y responden a las necesidades de la comunidad como en la realización de obras de infraestructura y su mantenimiento y en obras y actos culturales.

8) Pueden ajustarse a las los cambios en la comunidad y responder prontamente a situaciones de emergencia tales como desastres naturales;

9) Promueven un mejor conocimiento de las necesidades locales y de sus miembros.

10) Promueven la participación de sus integrantes y la transparencia en el uso de los fondos cuya asignación es conocida por la comunidad.

Según los anteriores conceptos, en México la figura de “banca social” más destacada y reconocida en el marco jurídico son las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las cuales se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas y por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la cual reconoce que dichas cooperativas forman parte del sistema financiero con el carácter de integrantes del sector social.

Actualmente el término “banca” en la legislación mexicana, está reservado solo para las instituciones de crédito de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito “Articulo 105. Las palabras banco, crédito, ahorro, fiduciario u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de la banca y del crédito, no podrán ser usadas en el nombre de personas morales y establecimientos distintos de las instituciones de crédito.

Por todo lo anterior es que consideramos que el termino banca social, si bien está de moda, no es lo más conveniente para identificar la participación del sector social en el sistema financiero, pues tiende a confundir funciones de banca que corresponden al (sector privado), con el termino social que corresponde al (sector social), por ello es que consideramos importante que se difunda la participación del sector social en el sistema financiero.

Adicionalmente el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”, es precisamente atendiendo a este mandato constitucional que la banca de desarrollo es un impulsor del sector privado y del sector social, por lo cual, no puede simultáneamente desarrollar las citadas funciones de banca social dentro de su mandato.

En la búsqueda de mejores oportunidades para los mexicanos, compartimos la visión de fortalecer a la banca de desarrollo como motor de la economía nacional y nos manifestamos en ser promotores de un sector financiero eficiente, bien vinculado y en el corto plazo, ético y solidario.

Por otra parte, para las cooperativas de ahorro y préstamo es importante formalizar en el marco jurídico, lo contenido en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece lo siguiente:

Artículo 94.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

Por ello consideramos de suma importancia que se incorporen a la legislación, los mecanismos para instrumentar dichas garantías y apoyos a favor de las cooperativas.

Adicionalmente, es importante establecer líneas generales en el marco jurídico, tendientes a homologar los criterios con los que la banca de desarrollo opera con las cooperativas de ahorro y préstamo, pues aun cuando existe una regulación prudencial emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cada institución de fomento establece sus propias reglas y no necesariamente coinciden o están alineadas las que emite el regulador, lo cual trae como consecuencia altos costos administrativos, lo que hace más restrictivos y desalienta los apoyos que se pueden obtener, disminuyendo las posibilidades de financiamiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA, DE LA LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

“Artículo 30.-

Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que resulten excesivas.

…”

ARTICULO SEGUNDO.- Se ADICIONA el artículos 5, con una fracción I Bis 2, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:

Artículo 5.- …

I.…

I Bis.-…

I Bis 2.- Efectuar descuentos y otorgar garantías a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

ARTICULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 2, fracción IV; 3, primer párrafo y 7, fracción I, III, VII y IX de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

I. a III. …

IV. Sector: Al conformado por las personas morales a que se refieren la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

ARTICULO 7.….

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de los integrantes del sector, y que le permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región;

II.….

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los integrantes del sector;

IV. a VI….

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del sector;

VIII. ….

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, entre otros, de los integrantes del sector.

X.….

XI.….

….

ARTICULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 2, primer y segundo párrafos; 4, fracción V; 7, fracciones II, III y XVII; 9, fracción tercera, segundo párrafo y 10, primer y segundo párrafos; se ADICIONAN el artículos 4, con la fracción V Bis de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores, Intermediarios Financieros Rurales y Cooperativas de Ahorro y Préstamo, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.

La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales o constituirse como cooperativas de ahorro y préstamo.

….

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IV;…..

V. Intermediarios Financieros Rurales, a las sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley de la materia, y a los demás intermediarios financieros que determine la legislación vigente, así como aquellos que acuerde el Consejo y coadyuven al cumplimiento del objeto de la Financiera;

V. Bis. Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las Sociedades a que se refiere la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, quienes forman parte del sistema financiero, como integrantes del Sector Social de la economía.

VI. a VIII….

Artículo 7o.-….

I.….

II. Otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales y cooperativas de ahorro y préstamo para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural e indígena;

III. Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes, a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica;

IV. a XVI….

XVII. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los Productores que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales o cooperativas de ahorro y préstamo;

XVIII. aXXIV.….

Artículo 9o.-….

I. a II.….

III.….

Los préstamos o créditos mencionados en esta fracción únicamente podrán otorgarse para complementar el financiamiento o apoyo a los Productores que sean concedidos por el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipales, por algún intermediario financiero o por alguna cooperativa de ahorro y préstamo.

….

Artículo 10.- Los préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales y a las cooperativas de ahorro y préstamo se otorgarán conforme a los montos globales y lineamientos que apruebe el Consejo.

Los lineamientos citados deberán incluir, entre otros aspectos, los relativos al procedimiento de calificación y concentración de riesgos con los Intermediarios Financieros Rurales y cooperativas de ahorro y préstamo sobre las operaciones que la Financiera celebre con ellos, tomando en cuenta las características propias del sector rural.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, se derogan todas las disposiciones emitidas con anterioridad que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo”.

1 Banca de desarrollo -microfinanzas-, banca social y mercados incompletos, Análisis Económico, Núm. 56, vol. XXIV, Segundo cuatrimestre de 2009, Ortiz Edgar, Cabello Alejandra, de Jesús Raúl.

2 Banca de desarrollo -microfinanzas-, banca social y mercados incompletos, Análisis Económico, Núm. 56, vol. XXIV, Segundo cuatrimestre de 2009, Ortiz Edgar, Cabello Alejandra, de Jesús Raúl.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

(Presentada porla C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Alliet Mariana Bautista Bravo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad las instituciones integrantes del sistema financiero en México, redunda en la dificultad que existe en la recuperación de los préstamos colocados, lo que ha traído como consecuencia desaliento para este tipo de organizaciones en incrementar la colocación crediticia, la falta de seguridad jurídica en los trámites judiciales, una justicia lenta con exceso de formalidades y las pocas garantías con las cuales cuenta este sector, lo han orillado a incrementar en gran medida los requisitosy mecanismos para la colocación crediticia, afectando de forma significativa los costos operativos y regulatorios, encareciendo en consecuencia el financiamiento para sus usuarios y por ende reduciendo así el número de personasaptas para el uso de los servicios financieros.

Consientes de dicha problemática fue presentada la iniciativa de reforma denominada “paquete financiero”, mediante la cual se pretende atacar la problemática referida, a través de reformas al Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Orgánica de la Federación, pretendiendo la reducción en los términos con los cuales cuenta la autoridad de poner a disposición de las partes los acuerdos derivados de los juicios mercantiles, el fortalecimiento de la figura del arraigo, el otorgamiento de la facultad al actor del procedimiento para la determinación de la competencia del juez ante quien se llevará a cabo el juicio respectivo, la ampliación de normatividad en los embargos precautorios y la creación de tribunales federales especializados para la atención de los procedimientos mercantiles.

Del análisis efectuado a las modificaciones normativas, se puede apreciar que las mismas resultan insuficientes y en algunos casos inadecuadas para intentar revertir la problemática actual en la recuperación crediticia, señalando como un mero ejemplo el fortalecimiento que se le pretende dar a la figura del arraigo, misma que tiene por objeto la detención preventiva de una persona con el fin de evitar de que ésta se extraiga de la acción de la justicia, enfocada mas al aspecto penal que al mercantil, figura que a nivel internacional,a través de los tratados internacionales su tendencia es la desaparición y no su fortalecimiento,no obstante que si bien es cierto en materia mercantil el efecto de la misma no va encaminada a la retención del individuo deudor, si no a evitar que se ausente de la obligación sin dejar en dejar en su lugar a una persona que pueda en su nombre hacer frente a las obligaciones que le son reclamadas. Dicha figura a demás de ser considerada que trasgrede nuestra máximo dispositivo normativo no resulta ni eficiente ni mucho menos suficiente para ofrecer garantías de recuperación crediticia, ni para efectos de reducir los plazos para la tramitación de los procedimientos legales de recuperación de los préstamos otorgados.

Por otro lado,las modificaciones pretendidas a las medidas precautorias relativas al secuestro provisional de bienes, si bien es cierto buscan en todo momento que los acreedores estén en posibilidad de garantizar el retorno de sus préstamos, dichas medidas no resultan suficientes para disminuir los plazos de retorno del crédito, ya que ésta medida en poco o nada sirve para agilizar los procedimientos judiciales a través de los cuales se reclama el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Resulta adecuado la pretensión de la reforma por lo que ve a la creación de un mayor número de tribunales federales especializados en materia mercantil, sin embargo, dicha acción se ve opacada, en tanto que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende restringir la posibilidad de acudir ante dichos órganos jurisdiccionales, ya que éstos serían competentes paraatender solamente aquellos conflictos cuya cuantía, sin considerar intereses o accesorios, sea superior a un millón de unidades de inversión, lo que restringe de forma inadecuada a un gran número de asuntos que se ventilan actualmente en esta materia y que corresponden al grueso de los préstamos otorgados en nuestro sector, trayendo como consecuencia la creación de tribunales especiales y elitistas que solamente atenderían asuntos de cuantías superiores, violentando la naturaleza de la jurisdicción concurrente, que en la actualidad la legislación mercantil establece que deriva en la posibilidad que tienen (por la naturaleza federal de legislación que la regula) de ocurrir indistintamente a un tribunal del fuero común o federal en su caso.

Es por tales razones, que en forma sucinta consideramos que la reforma planteada no es suficiente para generar un revulsivo en la generación masiva de financiamiento en el país, si no que para ello, se debe plantear una reforma integral con la cual se busque en todo momento otorgar garantías para que los acreedores estén en posibilidad de recuperar sus préstamos de forma más ágil, sin menoscabo de los derechos fundamentales de los deudores, es por ello que creemos más conveniente tomar en consideración las siguientes modificaciones:

1.- Agilizar los procedimientos legales tendientes a la recuperación de los créditos colocados, a través de eficientar los mecanismos de notificaciones, que se realizan a las partes que intervienen en los procedimientos judiciales, mediante el uso de las tecnologías de comunicación, con los cuales se pueden disminuir el tiempo de entrega de las mismas.

2.- Limitar las facultades discrecionales a los juzgadores en materia de notificacionespersonales para establecer de clara y precisa los supuestos jurídicos que así lo determinen.

3.- Establecer la figura del abogado patrono con el fin de homologarla a la materia civil.

4.- Agilizar los procesos para la tramitación de las excepciones dilatorias, que en muchas ocasiones sirven como herramienta de entorpecimiento de los procesos de recuperación.

5.- Implementar en los procedimientos mercantiles la figura de la conciliación, así como la reducción en los plazos para la tramitación y el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes.

6.- Facilitar los procedimientos de ejecución de las resoluciones emitidas por los tribunales respectivos.

Dichas modificaciones serían un buen inicio para reducir los plazos de atención y obtención de justicia en el ámbito de la materia mercantil, sin que ello implique que en forma posterior nuestra legislación deberá irse perfeccionando en aras de ajustarse a los lineamientos internacionales que nos permitan cada día ser más competitivos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículo 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CODIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 1068, primer párrafo, fracción IV, 1069 primero, segundo y tercer párrafo, 1070 tercer Párrafo, 1070 Bis, 1075, primero y último párrafo, 1076, inciso b), 1117 segundo y séptimo párrafo, 1132 fracción XI, 1154, 1181, 1391 fracción VIII, 1392, 1393, 1394 primero y tercer párrafo, 1401 párrafo tercero, 1407, 1410 primer párrafo, 1411 primero párrafo. Se ADICIONAN los artículos 1052, 1053, 1055 Bis 1, 1057, 1063, 1063 Bis, 1068 fracción VII, 1068 Bis, 1068 Bis 1, 1070 inciso a), b) y c), 1070 Bis segundo párrafo, 1085 segundo párrafo, 1093 segundo párrafo, 1117 segundo párrafo, 1118 segundo párrafo, 1126 segundo párrafo, 1151 fracción IX, 1178 Bis,1180 Bis, 1180 Bis 1, 1392 incisos a), b) y c) y párrafo segundo, 1394 quinto, sexto y séptimo, 1395 fracción I Bis, 1401 párrafo quinto a) y b) e incisos a) y b), 1411 segundo párrafo, 1411 segundo párrafo y 1412 segundo párrafo. Se DERGOGAN los artículos 640, 1043 fracción IV, 1055 Bis, 1068, 1069 cuarto párrafo, 1075 segundo párrafo, 1117 cuarto, quinto, sexto y octavo párrafo del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 640.-Derogado.

Artículo 1043.- En un año se prescribirán:

I.- a III.-…

IV.- Derogado.

V.- a VIII.-…

Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en contrato privado otorgado ante dos testigos, escritura pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 1053.- Para su validez, el contrato privado otorgado ante dos testigos, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como:

I.- a VI.-…

Artículo 1055 Bis. Derogado.

Artículo 1055 Bis 1.- Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a esta Ley, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

Artículo 1057.- El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte, no admitirá recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código.

Artículo 1063 bis.- Los tribunales contarán con un sistema electrónico de consulta de expedientes y acuerdos, mediante el cual deberán realizarse las notificaciones.

Artículo 1063 bis 1.- La Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de los Estados, de no existir éstos el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad según sea el caso, deberán llevar un sistema de registro electrónico de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados, registros que deberán hacer del conocimiento de los jueces correspondientes.

Los profesionistas que hubiesen registrado su cédula en el registro a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser reconocidos como abogados patronos en términos de lo dispuesto por el presente artículo, en la totalidad de los juzgados de la materia.

Artículo 1068.- Derogado.

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.

….

I.- a V.-…

VII.- A través de medios electrónicos.

1068 bis.- Las notificaciones serán personales en los siguientes casos:

I.- La relativa al emplazamiento,

II.- La citación a audiencias,

III.- La sentencia, siempre y cuando se dicte fuera del término establecido para su emisión,

IV.- Cuando se deje de actuar por más de 5 meses.

1068 bis 1.- En caso de que las partes manifiesten en cualquier etapa del procedimiento, su voluntad a que las notificación se les realicen en términos de la fracción VII del artículo 1068, bastará para su validez, su publicación en el sistema electrónico a que se refiere el citado numeral, excepto las notificaciones personales, las cuales se deberán realizar de acuerdo a lo que establece el presente capitulo.

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias o bien, manifestar su voluntad para que las mismas se lleven a cabo a través de los sistemas electrónicos a que hace referencia la presente Ley. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

….

Las partes podrán nombrar, a una o varias personas con capacidad legal, como abogados patronos quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, formular y absolver posiciones, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, excepto cuando previamente hubiese registrado su cédula profesional en el Registro a que se refiere el presente artículo, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al Tribunal.

(…) Derogado.

...

Artículo 1070.-…

Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas.Salvo petición de parte, el juez no podrá enviar a más de tres autoridades las cuales serán de preferencia las siguientes:

a) Servicios de Administración Tributaria,

b) Instituto Federal Electoral, y

c) RPP de la entidad, salvo que el actor solicite adicionalmente enviarlo a un número mayor de autoridades.

No obstante lo anterior, bastará el informe de una sola autoridad o institución en que el que determine la localización o inexistencia de la o las personas que se pretende su localización, para que proceda la notificación por edictos.

Artículo 1070 Bis.-

Artículo 1070-Bis. Las instituciones y autoridades estarán obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 1070 de este Código, en un plazo no mayor a quince días naturales y, en caso de no hacerlo, la autoridad judicial a petición de parte ordenará la notificación por edictos y dictará las medidas de apremio correspondientes a la persona o funcionario responsables de contestar los informes, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por su incumplimiento, derivadas de la legislación aplicable a los servidores públicos.

Hecha la primera publicación quedarán sin efecto los informes extemporáneos recibidos por el juez, continuándose el procedimiento bajo las reglas de las notificaciones por edictos.

Artículo 1075.- Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.La totalidad de las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente de aquel que se hubiera realizado.

(…) Derogado

Cuando se trate de la primera notificación, y esta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del Tribunal, aumentara un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien.

Artículo 1076.-…

a).-…

b).- Que no hubiere emplazamiento, promoción o actuación, de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.

I.- a VIII.-…

Artículo 1085.-…

Cuando habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la cuantía líquida reclamada sin considerar accesorios no determinados, considerando la etapa procesal en que se decreta la sanción.

Artículo 1093.-…

No podrá existir sumisión expresa tratándose de contratos de adhesión, para tal efecto se aplicarán las disposiciones generales del presente capítulo.

Artículo 1117.-…

La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio debiendo acompañar a la misma las pruebas que considere pertinentes. El juez al admitirla, dará vista a la parte actora para que dentro del término de tres día de contestación a la excepción planteada y ofrezca los medios probatorios correspondientes, siendo admisibles solo las pruebas documentales.

A petición de parte, el juez citará dentro del término de 10 días hábiles a una audiencia en la cual se desahogaran los medios de convicción y se formularán alegatos y se citará a sentencia interlocutoria. El juzgador dentro de los 15 días hábiles siguientes, resolverá sobre la misma, resolución que no admitirá recurso, sobre el fondo de la controversia siendo procedente únicamente el de responsabilidad.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

(…) Derogado.

En caso de declararse procedente la declinatoria, siempre tendrán validez las actuaciones practicadas así como las etapas concluidas, ante el juez declarado incompetente, ordenando al tribunal del conocimiento que remita los autos originales al juzgador que se tenga declarado como competente para que este continúe y concluya el juicio.

(…) Derogado.

Artículo 1118.-… El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni tampoco emplearlos sucesivamente.

En caso de interponerse simultáneamente ambas excepciones, se tendrán por desechadas las mismas y se continuará con el trámite ante el juez ante quien se interpuso la demanda respectiva.

(…) Derogado.

Artículo 1126.-…

En la excepción de falta de personalidad serán admisibles únicamente las pruebas documentales y su resolución no admitirá recurso alguno. Revocación, apelación o amparo 3 días, 6 días o 15 días.

(…) Derogado.

Artículo 1132.-…

I.- a X.-...

XI. Derogado.

XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, salvo en los casos en que haya actuado en funciones de mediación o conciliación de conformidad con los artículos 1390 Bis 32 y 1390 Bis 35 de este Código;

XII.-…

Artículo 1151.-…:

I.- a VIII.-…

IX. Pidiendo la exhibición de los documentos que obren en poder del deudor, siempre y cuando sean base de la acción o deban ser ofrecidos como pruebas en el juicio que vaya a promoverse.

Artículo 1154.- La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II, III y IX del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de cinco días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata.

Artículo 1178 Bis.- El juez deberá decretar de plano el secuestro de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor.

II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión.

III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas.

IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia.Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles.

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este código o bien porque promovida la demanda, sea absuelto el reo.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

El Juez, al decretar el secuestro de bienes, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia.

Artículo 1180 bis.- El secuestro provisional de bienes decretado como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto los juicios ejecutivos mercantiles.La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho.

Artículo 1180 bis 1.- Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo.En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento.En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio.

Artículo 1181.- Derogado.

Artículo 1391.-…

I.- a VIII.-…

VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios de Organismos de mediación de reconocimiento oficial y como consecuencia sus laudos o definitivas que se emitan; y

IX.-…

Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto de exequendum, con efectos de mandamiento en sus tres etapas:

a) Requerimiento de pago,

b) Embargo de bienes,

c) Emplazamiento.

En el orden descrito el deudor será requerido de pago, y si no lo hacese le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda, intereses, gastos y costas; dichos bienes quedarán en depósito de la persona que designe para ello el actor. Los bienes embargados constituyen la garantía de pago, por tanto el actor en cualquier momento o etapa del juicio podrá solicitar la remoción del depositario o el cambio del depósito sin mayor requisito que la petición realizada ante el juez de la causa.

Artículo 1393.- No encontrándose el deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos.

Artículo 1394.- La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, el actor señalará bienes suficientes para garantizar los conceptos señalados en el artículo 1392. A continuación se emplazará al demandado.

La diligencia de exequendum no se suspenderá por ningún motivo atendiéndose a cada una de sus etapas, dentro de las cuales únicamente la del embargo, se podrá reservar el derecho a su ejecución y podrá llevarlo a cabo en cualquier momento del juicio; como consecuencia, se continuara hasta su conclusión, dejando al deudor a salvo sus derechos, para que los haga valer como le convenga durante el juicio.

Artículo 1395.- …

I. Bis.- Dinero en efectivo, alhajas o joyas;

I.- a V.-…

Artículo 1401.-…

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez de oficio o a petición de parte admitirá o rechazará las que no reúnan los requisitos a que refiere el presente capitulo y procederá a decretarun término probatorio único el cual no podrá exceder de 30 días hábiles para eldesahogo de pruebas, al decretarlo el juez señalará fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación y de pruebas, las cuales deberán ser preparadas de ser necesario a petición de parte previo a la fecha señalada, las pruebas documentales se desahogarán por su propia naturaleza.

La audiencia de pruebaa que se refiere el presente artículo constará de dos etapas.

a) De conciliación o mediación y

b) De desahogo de Pruebas

a).- La etapa conciliatoria o mediación se desarrollará en la siguiente forma:

1.- Las partes comparecerán personalmente, por sus apoderados con facultades para comprometer a sus representados o por sus endosatarios y podrán ser asistidas por sus abogados patronos.

2.- El juez o secretario del juzgado intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio, pudiendo proponerles soluciones al conflicto.

3.- Si existieran acuerdos parciales se deberán considerar como tales al momento de dictarse la sentencia definitiva.

4.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se levantará la constancia relativa a los acuerdos tomados, misma que será elevada a la categoría de sentencia definitiva.

5.- La resolución que valide el convenio sólo admitirá recurso de aclaración de sentencia.

6.- De no llegar a arreglo alguno, se continuará con la siguiente etapa de la audiencia.

En el supuesto de que alguna de las partes no comparezca en forma personal o debidamente asistida con persona facultada para obligarla, se hará acreedor a una multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la cual podrá ser ejecutada por las Secretarías de Finanzas de los Estados y se continuará con la siguiente etapa de la audiencia.

b).- Del desahogo de Pruebas

1.- Abierta la audiencia se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentre debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente después las del o los demandados.

2.- Iniciada una audiencia no podrá suspenderse hasta en tanto no se concluya con la totalidad del desahogo de pruebas señaladas para tal fecha, salvo caso fortuito.

3.- En el supuesto que alguna de las partes requiera un plazo mayor para el desahogo de una probanza, deberá solicitarlo y justificarlo fehacientemente desde el ofrecimiento de las mismas, y garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a su contraparte por el no desahogo o que se obre de mala fe con el fin de entorpecer el procedimiento. Dicha garantía deberá fijarse entre 50 y 100 salarios mínimos, para el Distrito Federal atendiendo a las circunstancias particulares de los montos reclamados.

En el caso de las testimoniales que se deban desahogar fuera de la jurisdicción del juicio en que se actúa, deberá además de la garantía referida, deberá acompañar el interrogatorio correspondiente para con copia para traslado, para el caso, su contraparte podrá formular las repreguntas que considere pertinentes.

De no celebrarse el desahogo de la probanza solicitada, el juez ordenará la entrega de la garantía a la parte contraria a quien la solicitó.

La etapa de desahogo de pruebas no podrá exceder de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil en que concluyó el término para la presentación de la vista, so pena de no tenerse por desahogadas las pruebas conducentes y se sancionara al juzgado con multa de 100 a 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal

Artículo 1402.- Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que dispone el art. 583.

Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por un corredor o perito y un tercero en caso de discordia, nombrados aquellos por las partes y éste por el juez.

Cuando la suerte principal reclamada no exceda del equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, bastará con una estimación de valor hecha por el actor. Si el deudor no estuviese de acuerdo con ella, tendrá derecho a solicitar a su costa el avalúo por perito adscrito al juzgado.

Artículo 1411.- Presentado el avalúo o estimación de valor y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, rematándose enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Tratándose de asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 3500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, bastará con la publicación que se realice en los estrados de los juzgados durante el plazo que establece el presente artículo.

Artículo 1412.-…No habiéndose presentado postor a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la última almoneda.

Tratándose de asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 3500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para la adjudicación del bien, no se requerirá postura legal del acreedor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 341 en sus párrafos primero y segundo. Se ADICIONA, el artículo 336 Bis y 341 en sus párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 336 Bis.- En los casos en los que las partes hubieren pactado la transferencia de propiedad del efectivo, cuando exista un incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el acreedor prendario no tendrá obligación de devolver el efectivo, el cual conservará como compensación del pago de las obligaciones garantizadas hasta por la cantidad que importe las obligaciones garantizadas, sin necesidad de que exista un procedimiento de ejecución o resolución judicial.

El efecto de dicha compensación será extinguir las obligaciones garantizadas, hasta la cantidad otorgada en prenda. Si la deuda y la obligación garantizada no fueren de igual cantidad, hecha la compensación conforme al párrafo anterior, queda expedita la acción por el resto de la deuda.

En caso de que las partes realicen la compensación de conformidad con el párrafo anterior, se entenderá que la compensación se llevó a cabo por el consentimiento de las partes como una forma de pago de las obligaciones del deudor y no en ejecución de la prenda.

La aplicación de la compensación se llevará a cabo a voluntad del acreedor en el momento en que la obligación activa contratada se tenga por vencida. Para tal efecto el acreedor a su elección podrá, hasta por el monto de lo garantizado, aplicar las cantidades respectivas para cubrir el adeudo bajo el siguiente orden:

a) Intereses moratorios

b) Intereses naturales

c) Capital

Artículo 341.- El acreedor podrá pedir al Juez que autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda, una vez que haya vencido la obligación garantizada.

El juez correrá traslado de inmediato al deudor de dicha petición, notificándole que contará con un plazo de quince días, contados a partir de la petición del acreedor, para oponer las defensas y excepciones que le asistan a efecto de demostrar la improcedencia de la misma, en cuyo caso, el juez resolveráde planosin que se admita recurso alguno, en un plazo no mayor a diez días.

Si el deudor no hace valer este derecho, el juez autorizará la venta, tomando como base el valor comercial del bien demostrado mediante una estimación de valor que se acompañe a la solicitud.

En caso de notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor que determine el juez, éste podrá autorizar la venta aun antes de hacer la notificación al deudor.

El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta, deberán extender un certificado de ella al acreedor.

El producto de la venta podrá aplicarse vía compensación del préstamo en los términos a los que se refiere el artículo 336 bis. Del presente ordenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2013.

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

(Presentada porla C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Alliet Mariana Bautista Bravo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo ha evolucionado en los últimos años y se ha venido consolidando de manera importante como un integrante del sistema financiero que facilita la inclusión social a través de los servicios de ahorro y préstamo que otorgan a sus socios.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo son instituciones que tienen como propósito fomentar el ahorro y expandir el acceso al crédito hacia sectores generalmente conformados por personas de bajos recursos y escasos conocimientos financieros, que por las condiciones en las que se encuentran, no se han visto favorecidos con la oferta de servicios de la banca comercial.

Durante varios años, las autoridades financieras han implementado medidas muy concretas para que los mexicanos contemos con un marco regulatorio sólido y eficaz, acorde con los requerimientos del mercado y que promueva el desarrollo de alternativas viables y específicas a fin de que la población cuente con más y mejores servicios financieros.

Desafortunadamente dicho marco regulatorio genera el mismo efecto que en la banca comercial, que se tenga un sector cooperativo de ahorro y préstamo altamente capitalizado, pero que hace más difícil el incremento de otorgamiento de créditos debido a los estándares tan exigentes de la norma prudencial.

Por otra parte la iniciativa de reforma financiera presentada por el ejecutivo, contempla la posibilidad de elevar a rango de ley las normas relativasa la conformación y calidad del capital de las instituciones de crédito, derivado de la aplicación de basilea III en México.

Estos temas referentes a la regulación, nos llevan obligadamente a realizar una crítica objetiva sobre el efecto que tienen las normas de basilea en la regulación específica para las cooperativas de ahorro y préstamo, no se puede desconocer que es un intento por adecuar dichas normas a la particular forma de operar de las cooperativas, como tampoco se puede desconocer que todo es perfectible, por ello es que consideramos conveniente que dicho marco regulatorio sea revisado de cara al compromiso u objetivo del gobierno federal en la reforma financiera, de que se preste más y más barato.

Consideramos que es un contrasentido el pretender que aumente el otorgamiento de crédito endureciendo o haciendo más estrictas las normas prudenciales.

Así mismo, es necesario que se ponderé el hecho de que el marco regulatorio acarrea costos que necesariamente provocan que el financiamiento sea más caro, si se pretende que los mexicanos tengamos acceso a crédito más baratos, se hace necesario replantear el esquema regulatorio con el fin de encontrar mecanismos que den certeza al regulador y beneficien realmente a la población.

En otro orden de ideas, la iniciativa de reforma financiera plantea quelas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo puedan contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación así como celebrar comisiones para realizar tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas sociedades y se menciona que con esta medida se propiciará que más mexicanos accedan a créditos que les permitan realizar sus proyectos productivos en distintos ámbitos de la economía, o bien, mejorará las condiciones de otorgamiento de los mismos, lo cual consideramos incorrecto, en virtud de que el otorgamiento de crédito no se realiza a través de terceros, si no por cuenta propia.

No obstante lo anterior, dicha iniciativa pudiera servir en el mediano plazo para ampliar lacobertura y participar de mejor forma en las acciones de inclusión financiera.

La iniciativa del ejecutivo propone aumentar el monto de las multas, en relación con las obligaciones de las cooperativas en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual nos parece nuevamente un contrasentido en virtud del tipo de operación que tienen las cooperativas de ahorro y préstamo, por lo que fijar multas tan altas, aun conociendo el carácter no lucrativo de las mismas, sería demasiado gravoso.

La propuesta de reforma financiera, en materia de sanciones propone incluir programas de autocorrección a los que podrán sujetarse las cooperativas de ahorro y préstamo por violaciones a lo previsto en la Ley, a fin de reconocer la figura que en otras jurisdicciones existe. Dichos programas de autocorrección tendrán por fin subsanar incumplimientos a la Ley, siempre que tales conductas no sean consideradas como infracciones graves. Para este efecto consideramos pertinente realizar algunas adecuaciones al esquema planteado con el fin de evitar controversias de tipo legal y de representación jurídica en las cooperativas de ahorro y préstamo.

Es conveniente aclarar que en los temas no abordados en la presente propuesta y que son considerados en la propuesta de reforma financiera presentada por el ejecutivo, no se plantearon modificaciones al no tener mayores observaciones, pero si consideramos pertinente adicionar algunos temas, que en el ámbito operativo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son importantes para su desarrollo y sobre todo para el fomento del ahorro y el crédito, pero también son propuestas para solucionar situaciones, experiencias o conflictos que la ley actual no contempla.

Particularmente en el tema de la expansión del crédito, es importante para las cooperativas de ahorro y préstamo formalizar en el marco jurídico, lo contenido en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece lo siguiente:

Artículo 94.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

Por ello, planteamos en esta propuesta sentar las bases para la creación de los mecanismos para instrumentar dichas garantías y apoyos a favor de las cooperativas.

Por último, planteamos un artículo transitorio con el fin de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores coadyuve con el Fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores (FIPAGO), con la emisión de disposiciones de carácter transitorio, que permitan una transición establece en la instrumentación de salidas ordenadas por parte de FIPAGO, con el fin de generar certidumbre a los ahorradores y certeza a las cooperativas en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.

ARTICULO SEGUNDO.-Se REFORMAN los artículos 14, fracción I, tercer párrafo; 16, primer párrafo; 19, fracción I, inciso a) tercer párrafo, 22, primer y segundo párrafo; 72, antepenúltimo párrafo; y 31, primer párrafo, fracción XI y antepenúltimo párrafo y se ADICIONAN los artículos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 2, 68, con un tercer párrafo, 72, fracciones V y VI; un Capítulo I Bis “De los programas de autocorrección” al Título Séptimo que comprenderá de los artículos 108 Bis a 108 Bis 3 y el articulo décimo sexto transitorio y se DEROGA el articulo 18, último párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 14.-….

I. ….

….

Tal requisito, no será exigible tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores y los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS por depositante.

Artículo 16.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que, con posterioridad a su constitución o registro, rebasen el límite de activos a que se refiere el Artículo 13 anterior, podrán continuar realizando las operaciones a que se refiere el Artículo 14 de esta Ley, sujetándose a lo dispuesto en la presente sección, siempre y cuando dentro de los 300 días siguientes a aquél en el que se verifique la situación antes referida, presenten al Comité de Supervisión Auxiliar la solicitud de autorización para operar con un nivel de operaciones distinto al básico en términos de esta Ley.

Artículo 18.- ….

….

….

I.…..

….

II. ….

….

III. ….

….

IV. ….

….

Se deroga.

Artículo 19.-….

I. ….

a) ….

….

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores y los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS por depositante.

Artículo 19 Bis.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IVpodrán contratar con terceros incluyendo a otras Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV o entidades financieras, la prestación de los servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Las operaciones que lleven a cabo los comisionistas deberán realizarse a nombre y por cuenta de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con las que celebren los actos jurídicos mencionados en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, los instrumentos jurídicos que documenten las comisiones deberán prever que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo responderán por las operaciones que los comisionistas celebren por cuenta de dichas Sociedades, aun cuando estas se lleven a cabo en términos distintos a los previstos en tales instrumentos jurídicos. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán contener, entre otros, los siguientes elementos:

I. Los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para la realización de tales operaciones, así como para salvaguardar la confidencialidad de la información de los usuarios de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y proveer que en la celebración de dichas operaciones se cumplan las disposiciones aplicables;

II. Las características de las personas físicas o morales que podrán ser contratadas por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo como terceros en términos del presente artículo. Tratándose de entidades de la Administración Pública Federal o Estatal, las reglas solo podrán incluir aquellas facultadas expresamente por su ley o reglamento para prestar los servicios o comisiones de que se trate;

III. Los requisitos respecto de los procesos operativos y de control que las Sociedades deberán exigir a los terceros contratados;

Para tales efectos, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, podrán recibir depósitos de dinero de sus comisionistas, así como otorgar préstamos o créditos a dichos terceros, únicamente con el propósito de realizar las operaciones objeto de la comisión de que se trate.

IV. El tipo de operaciones que podrán realizarse a través de terceros, quedando facultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para señalar el tipo de operaciones en los que se requerirá de su autorización previa;

V. Los contratos de prestación de servicios o comisiones que celebren en términos de este artículo que la Comisión determine que deberán serle entregados por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como la forma, condiciones y plazos de dicha entrega;

VI. Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta de la propia Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, observando en todo caso, respecto de las operaciones previstas en el inciso a) de la fracción I del artículo 19 de esta Ley, lo siguiente:

a) Individuales, por tipo de operación y socio, los cuales no excederán por comisionista de un monto diario equivalente en moneda nacional a 1,500 Unidades de Inversión, por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros en efectivo, así como del equivalente en moneda nacional a 4,000 Unidades de Inversión respecto de depósitos en efectivo, y

b) Agregados, que no excederán por comisionista de un monto mensual equivalente al cincuenta por ciento del importe total de las operaciones realizadas en el período por la Sociedad de que se trate. El límite a que se refiere este inciso, será de sesenta y cinco por ciento, durante los primeros dieciocho meses de operación con el comisionista. Para efectos de lo anterior se entenderá como un sólo comisionista a un Grupo empresarial.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como Grupo empresarial el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

La celebración de las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta de la propia Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo 19 de esta Ley serán sujetas de la autorización a que se refiere la fracción IV de este artículo.

Los límites a que se refiere la presente fracción no serán aplicables cuando:

i) El tercero sea una entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal;

ii) Los terceros con los que se contrate sean instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares o Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en este último caso con excepción de aquellas que cuenten con nivel de operaciones básico.

VII. Las políticas y procedimientos con que deberán contar las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para vigilar el desempeño de los terceros que sean contratados, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre las cuales deberá preverse la obligación de dichos terceros de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a los auditores externos de las Sociedades, a solicitud de estas, los registros, la información y el apoyo técnico relativos a los servicios prestados a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, y

VIII. Las operaciones y servicios que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo no podrán pactar que los terceros les proporcionen en forma exclusiva.

Lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley le será también aplicable a los terceros a que se refiere el presente artículo, así como a los representantes, directivos y empleados de dichos terceros, aún cuando dejen de laborar o prestar sus servicios a tales terceros.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo derecho de audiencia que se otorgue a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, podrá ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de los servicios o comisiones a través del tercero de que se trate, cuando se incumplan las disposiciones que se mencionan en este artículo o pueda verse afectada la continuidad operativa de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o en protección de los intereses del público. Lo anterior, salvo que la propia Comisión apruebe un programa de regularización que reúna los requisitos que al efecto se establezcan en las disposiciones de carácter general referidas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores formulará directamente a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo los requerimientos de información y, en su caso, las observaciones y medidas correctivas que deriven de la supervisión que realice con motivo de las actividades que las Sociedades lleven a cabo a través de prestadores de servicios o comisionistas conforme a lo previsto en el presente artículo, para asegurar la continuidad de los servicios que las Sociedades proporcionan a sus socios, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta ley. Asimismo, la Comisión estará facultada, en todo momento, para efectuar actos de supervisión, inspección y vigilancia respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que las Sociedades contraten en términos de este artículo, así como practicar inspecciones a los terceros que contraten las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con respecto de las actividades contratadas, o bien, ordenar a las Sociedades realizar auditorías a dichos terceros, quedando obligada la propia Sociedad a rendir un informe a la Comisión al respecto. Las facultades de supervisión, inspección y vigilancia a que se refiere el presente párrafo respecto de los prestadores de servicios o comisionistas, también podrán ser ejercidas de manera auxiliar por el Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere esta Ley.

La Comisión deberá especificar el objeto de las inspecciones o auditorías, las cuales deberán circunscribirse a la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanen. Al efecto, las Sociedades deberán pactar en los contratos mediante los cuales se formalice la prestación de estos servicios o comisiones, la estipulación expresa del tercero contratado de que acepta apegarse a lo establecido en el presente artículo.

Artículo 19 Bis 1.- La contratación de los servicios o comisiones a que se refiere el artículo 19 Bis de esta Ley no eximirá a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ni a sus directivos, delegados fiduciarios, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en la Sociedad, de la obligación de observar lo establecido en el presente ordenamiento legal y en las disposiciones de carácter general que emanen de éste.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a los prestadores de los servicios o comisionistas a que se refiere el artículo 19 Bis anterior, por conducto de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, información, incluyendo libros, registros y documentos, respecto de los servicios que les provean, así como realizar visitas de inspección y decretar las medidas que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán observar para asegurar la continuidad de los servicios que éstas proporcionan a sus socios, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta Ley.

Artículo 19 Bis 2.- Cuando alguna persona auxilie a socios de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la realización de operaciones propias de estas últimas, en ningún momento podrá:

I. Llevar a cabo tales operaciones por cuenta propia;

II. Determinar los plazos o tasas de las operaciones en las que intervenga;

III. Obtener diferenciales de precios o de tasas por las operaciones en las que intervenga, o

IV. En general, llevar a cabo actividades que requieran de autorización por parte del Gobierno Federal para operar con el carácter de entidad financiera de cualquier tipo.

Las operaciones invariablemente deberán quedar documentadas a nombre del socio respectivo.

Las personas que ofrezcan auxilio a socios de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo al amparo de un mandato o comisión en términos del presente artículo deberán informar al socio, al momento de proporcionarle el servicio, que no están autorizadas por el Gobierno Federal ni por las propias Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para asumir obligaciones a nombre y por cuenta de estas últimas y que no se encuentran supervisadas ni reguladas por las autoridades financieras, lo cual deberá constar en su publicidad o propaganda y en el contrato o en cualquier otro documento en que conste la encomienda respectiva.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que establezcan relaciones o vínculos de negocio, de hecho o de derecho, con algún tercero para la recepción masiva de recursos, en efectivo, que impliquen la captación de recursos de los socios de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o pago de créditos a favor de estas últimas, deberán celebrar con dichos terceros, un contrato de comisión mercantil para que estos actúen en todo momento frente al público, como sus comisionistas conforme a lo señalado en el artículo 19 Bis de esta Ley.

Artículo 22.- La Secretaría elaborará los programas sectoriales y construirá los fondos de garantía que establece la Ley General de Sociedades Cooperativas para el desarrollo de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de las Federaciones, en el marco de la regulación aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley.

Al efecto, la Secretaría en el ámbito de su competencia, deberá de común acuerdo con la Confederación, constituir dichos fondos de garantía de origen federal, para facilitar el acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran los riesgos y promoverá la participación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para facilitar a estas el acceso a los referidos programas sectoriales.

Artículo 31.- La Comisión emitirá, mediante disposiciones de carácter general, lineamientos mínimos relativos a aspectos eminentemente técnicos u operativos tendientes a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, y que a su vez faciliten el otorgamiento de crédito, en las materias siguientes:

I a X.…

XI. Aquellos otros que juzgue convenientes para facilitar el otorgamiento de crédito, proveer la liquidez, solvencia y estabilidad financiera, así como la adecuada operación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV.

….

En la emisión de las disposiciones a que se refieren las fracciones III, IV y VIII, tratándose de operaciones que realicen las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Zonas Rurales o en los distintos sectores económicos del país , la Comisión deberá considerar las restricciones y limitaciones que pudieran existir en dichas zonas o sectores , así como mecanismos de control que compensen dicha situación, de tal manera que se facilite el otorgamiento del crédito. Para cumplir con lo anterior , la Comisión deberá evaluar periódicamente las modificaciones a dichas disposiciones.

….

….

Artículo 68.- ….

….

Con el fin de que no se afecten los intereses de los socios en cuanto a la disponibilidad de sus ahorros, en los casos de emplazamientos a huelga, antes de la suspensión de las labores, y en términos de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ejercicio de sus facultades, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, cuidará que para el fin mencionado, durante la huelga permanezca abierto el número indispensable de oficinas y continúen laborando los trabajadores, que atendiendo a sus funciones, sean estrictamente necesarios para garantizar dicha situación.

Artículo 72.- . . .

I. a IV.

V. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 71 anterior.

VI. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV.

La violación a las disposiciones a que se refiere este Artículo será sancionada por la Comisión conforme al procedimiento previsto en el Artículo 99 de la presente Ley, con multa equivalente del 10 por ciento al 100 por ciento de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales; de igual manera tratándose de operaciones relevantes, internas preocupantes no reportadas, así como de los incumplimientos a cualquiera de las fracciones I, II, III o V de este artículo.

Capítulo I Bis

De los programas de autocorrección

Artículo 108 Bis.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, por conducto de su director o gerente general y con la opinión del Consejo de Administración, podrán someter a la aprobación de la Comisión un programa de autocorrección cuando la sociedad de que se trate, en la realización de sus actividades, o el Consejo de Vigilancia como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

No podrán ser materia de un programa de autocorrección en los términos del presente artículo:

I. Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por la Comisión en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, antes de la presentación por parte de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV del programa de autocorrección respectivo.

Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por la Comisión, en el caso de las facultades de vigilancia, cuando se haya notificado a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV la irregularidad; en el caso de las facultades de inspección, cuando haya sido detectada en el transcurso de la visita de inspección, o bien, corregida con posterioridad a que haya mediado requerimiento en el transcurso de la visita;

II. Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los delitos contemplados en esta Ley, o

III. Cuando se trate de alguna de las infracciones consideradas como graves en términos de esta Ley.

Artículo 108 Bis 1.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 108 Bis de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Adicionalmente, deberán ser firmados por el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV y ser presentados al pleno del Consejo de Administración en la sesión inmediata posterior a la solicitud de autorización presentada a la Comisión. Igualmente, deberá contener las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se hayan considerado contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento cometido, así como señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la sociedad para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el programa.

En caso de que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV requiera de un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento cometido, el programa de autocorrección deberá incluir un calendario detallado de actividades a realizar para ese efecto.

Si la Comisión no ordena a la sociedad de que se trate modificaciones o correcciones al programa de autocorrección dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por aprobado en todos sus términos.

Cuando la Comisión ordene a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV modificaciones o correcciones con el propósito de que el programa se apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la sociedad correspondiente contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva para subsanar dichas deficiencias.

De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de autocorrección se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos cometidos no podrán ser objeto de otro programa de autocorrección.

Artículo 108 Bis 2.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubiere aprobado la Comisión en términos de los artículos 108 Bis y 108 Bis 1 anteriores, esta se abstendrá de imponer a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV las sanciones previstas en esta Ley, por las irregularidades o incumplimientos cuya corrección contemplen dichos programas. Asimismo, durante tal periodo se interrumpirá el plazo de caducidad para imponer las sanciones, reanudándose hasta que se determine que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección.

El Consejo de Administración estará obligado a dar seguimiento a la instrumentación del programa de autocorrección aprobado e informar de su avance tanto al Consejo de Vigilancia y al director o gerente general como a la Comisión en la forma y términos que esta establezca en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 108 Bis 1 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de la facultad de la Comisión para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de autocorrección.

Si como resultado de los informes del Consejo de Administración o de las labores de inspección y vigilancia de la Comisión, esta determina que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección en el plazo previsto, impondrá la sanción correspondiente aumentando el monto de esta hasta en un 40 por ciento; siendo actualizable dicho monto en términos de disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 108 Bis 3.- Las personas físicas y demás personas morales sujetas a la supervisión de la Comisión podrán someter a la aprobación de la propia Comisión un programa de autocorrección cuando en la realización de sus actividades detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, sujetándose a lo previsto por los artículos 108 Bis a 108 Bis 2 de esta Ley, según resulte aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO A DECIMO QUINTO.- ….

DECIMO SEXTO.- La Comisión, emitirá disposiciones de carácter general con temporalidad transitoria para coadyuvar con el proceso de consolidación, liquidación y disolución a que se refiere la Leyque crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en virtud del cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo tercero transitorio de esta Ley y que permitan apoyar a las sociedades inmersas en dichos procesos de consolidación, de manera que tales disposiciones faciliten el fortalecimiento del índice de capitalización de las sociedades, mediante el diferimiento gradual de partidas que integran el capital neto o la ponderación para la determinación de los activos en riesgo, con el fin de aprovechar al máximo los recursos de dicho fideicomiso y consolidar el sector cooperativo de ahorro y préstamo en su conjunto.

TRANSITORIOS DEL DECRETO

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las infracciones o delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de agosto de 2013

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo”.

Compañeras y compañeros legisladores, por acuerdo de la Mesa Directiva daremos paso a las intervenciones en torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.





 

EFEMERIDE

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Hace tan sólo 18 años, culturas milenarias, pueblos originarios, fecundas raíces de nuestras nacionalidades, fueron motivo de una resolución la de Asamblea General de las Naciones Unidas que estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo partícipes el siglo XIX.

Es necesario comprender que a más de 500 años de historia, del paso por las raíces prehispánicas, de la Conquista, la colonización, la vida de los indígenas en el México independiente del siglo XX, han sido años de intensa lucha, y debemos reconocer que lo que nuestro país necesita es no tener miedo, ese miedo a darle a nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas lo que por tanto tiempo han luchado.

Tras años de política indigenista que calificaba la diversidad cultural y lingüística como el problema indígena, y que ya hemos superado. Tenemos reformas constitucionales que representan un parteaguas en la relación Estado-pueblos indígenas.

En 1992, se reconoció en nuestro texto constitucional, que México es una nación pluricultural sustentada en su origen, en los pueblos indígenas.

En 2001, tras circunstancias sociales surgidas en territorio chiapaneco, se plasmó en la misma Constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Dos años más tarde, tres leyes dieron cuenta del interés del gobierno y sociedad en regular esos derechos:

- La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

- La Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.

- Y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar su Discriminación.

De entonces a la fecha, surgen y se consolidan instituciones garantes de estos derechos y responsables de encauzar el derecho integral de los pueblos indígenas: como la CDI, el INALI, dependencias especializadas en la SEP, la Cuarta Visitaduría, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras, lo que fue seguida y algunas veces anticipado por un marco normativo que corresponde a las entidades federativas y los municipios.

Por otra parte tenemos en la ejecución de la norma y la aplicación de políticas públicas pertinentes, la prueba de que son preferibles los hechos que cumplen con la ley, a la ley que ordena, pero no se cumple en los hechos.

El Plan Nacional de Gobierno 2013-2018 y el Pacto por México representan el interés del gobierno y de las grandes fuerzas políticas del país para compartir el ancestral rezago de nuestro desarrollo regional, esa invisible pero muy evidente frontera entre los estados del norte y los estados de la región sur-sureste.

El respeto, reconocimiento y compromiso, lo que como herederos de una gran cultura milenaria debemos refrendar hacia ellos.

Sin embargo, todavía no es momento para celebrar.

El acceso a la educación fomentando la educación bilingüe.

La igualdad de oportunidades en condiciones desiguales.

La igualdad de derechos en un entorno de no discriminación al indígena.

El respeto a la equidad de género sobre todo tratándose de las mujeres indígenas doblemente marginadas.

Y el desarrollo integral y sustentable que respete la diversidad cultural, son grandes retos que exigen esfuerzo y unidad de voluntades.

Los tres niveles de gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil organizada, los investigadores y académicos debemos asumir la responsabilidad que tenemos en las manos.

Compañeras y compañeros Senadores, lejos de celebrar, hagamos hoy un compromiso:

Continuemos con la armonización legislativa pendiente.

Analicemos la consulta de los Pueblos Indígenas como una asignatura pendiente, exigible ya por los convenios internacionales.

Coadyuvemos para que el diseño de políticas públicas cumpla con los objetivos contenidos en los preceptos constitucionales que reconocen sus derechos indígenas.

Coadyuvemos a que la asignación de recursos haga posible el logro de acciones de gobierno ya diseñadas.

Que esta tribuna sea, tratándose de derechos indígenas, foro de expresión, foro de reflexión y foro de denuncias si fuera así preciso.

Que dentro de la unidad nacional que nos convoca a la inclusión de los pueblos indígenas, respetando su diversidad cultural, nos enaltezca.

Debemos voltear la mirada a los pueblos originarios y no solamente respetar y admirar sus costumbres y tradiciones, debemos aprenderles en su organización la capacidad de resolver los problemas mediante el diálogo, este es el momento de evaluar para construir políticas públicas que nos permitan crecer como la nación pluricultural que somos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Efeméride

"DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO

“Qué desilusión saber que el gobierno nos utiliza en el discurso como cabeza, pero en los hechos, nos tratan como cola.”

Palabras de Juan Martínez, indígena tacuate de la Mixteca de la Costa en el Estado de Oaxaca, que lamentablemente reflejan el sentir de la mayoría de los pueblos indígenas de México.

COMPAÑERAS SENADORAS, COMPAÑEROS SENADORES:

He solicitado la palabra en esta sesión, pues el viernes próximo, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

Hace apenas 18 años, culturas milenarias, pueblos originarios, fecundas raíces de nuestras nacionalidades, fueron motivo de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que estableció ese día de cada año para conmemoración tan importante, tan significativa, tan propicia para la reflexión de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos pendiente.

¿Celebrar ese día?

No lo comparto, pues a 200 años del nacimiento de la federación mexicana o a 500 de la conquista española, debemos reconocer que de aquella grandeza que asombró a los soldados españoles (lo admite Bernal Díaz del Castillo), de aquellos señoríos que poblaban Mesoamérica interconectados en rutas comerciales, de aquella organización social, monumentales ciudades  y perfección en las artes, de aquel orgullo indiano que resaltaron los cronistas de la época, sólo quedan vestigios para la investigación, el estudio o el turismo.

De aquellos conocimientos prehispánicos, pocos son quienes reconocen sus alcances.

De aquel orgullo y señorío, sólo queda el lamento de lo que se fue y no ha vuelto.

No es festejo lo que hace falta, ni festejo lo que esperan nuestros pueblos indígenas.

Es respeto, reconocimiento y compromiso, lo que debemos refrendar y no únicamente el 9 de agosto, sino de manera cotidiana, en nuestros actos de gobierno, en nuestro entorno social, en nuestros actos personales.

Tuvimos en nuestra vida institucional contemporánea, tras años de política indigenista ya superada, que calificaba su diversidad cultural y lingüística como “el problema indígena”, reformas constitucionales que representaron un parteaguas en la relación Estado – pueblos indígenas. Por ello, son un obligado referente normativo.

En 1992, se reconoció en nuestro texto constitucional, que México es una nación pluricultural sustentada en su origen, en los pueblos indígenas.

En 2001, tras circunstancias sociales surgidas en territorio chiapaneco, se plasmó en la misma Constitución, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En el 2003, tres leyes dieron cuenta del interés del gobierno y sociedad en regular esos derechos:

La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,

La Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas; y

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De entonces a la fecha, surgen y se consolidan instituciones garantes de estos derechos y responsables de encausar el desarrollo integral de los pueblos indígenas: CDI, INALI, dependencias especializadas en la SEP, la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras. Lo que fue seguida y algunas veces anticipado por un marco normativo y crecimiento administrativo diversificado en las entidades federativas y los municipios.

Por otra parte, la ejecución de la norma, la aplicación de políticas públicas pertinentes, el seguimiento de estrategias y acciones de gobierno generan el servicio o beneficio directo y la prueba de que es preferible el hecho que cumple con la ley, a la ley que ordena, pero no se cumple.

El Plan Nacional de Gobierno 2013-2018 y el Pacto por México representan el interés del gobierno y de las grandes fuerzas políticas del país para combatir el ancestral rezago de nuestro desarrollo regional, esa invisible pero muy evidente frontera entre los Estados del norte y los Estados de la región sur-sureste.

Sin embargo, todavía no es momento para celebrar.

El acceso a la educación fomentando la educación bilingüe,

La igualdad de oportunidades en condiciones desiguales,

La igualdad de derechos en un entorno de no discriminación al indígena,

El respeto a la equidad de género sobre todo tratándose de las mujeres indígenas (doblemente marginadas),

Y el desarrollo integral y sustentable que respete la diversidad cultural, son grandes retos que exigen esfuerzo y unidad de voluntades.

Los tres niveles de gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil organizada, los investigadores y académicos, pero sobre todo, nuestro propio entorno familiar, hemos de unir esfuerzo y voluntad.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Lejos de celebrar, hagamos hoy un compromiso,

Continuemos con la armonización legislativa pendiente,

Analicemos la Consulta a los Pueblos indígenas como una asignatura pendiente, exigible ya por los Convenios Internacionales,

Coadyuvemos para que el diseño de políticas públicas cumpla con los objetivos contenidos en los preceptos constitucionales que reconocen derechos indígenas,

Coadyuvemos a que la asignación de recursos haga posible el logro de las acciones de gobierno ya diseñadas.

Que esta tribuna sea tratándose de derechos indígenas, foro de expresión, foro de reflexión y foro de denuncia si es preciso.

Señoras y señoras:

Que dentro de la unidad nacional que nos convoca, la inclusión de los pueblos indígenas, respetando su diversidad cultural, nos enaltezca".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente: compañeras y compañeros legisladores:

En nombre del grupo parlamentario del PRD, vengo a presentar un posicionamiento que a diferencia del orador que me antecedió en el uso de la palabra, quiere puntualizar más a detalle lo que aún está pendiente de esta deuda histórica que tiene el país con nuestros pueblos indígenas, aprovechando que la Comisión Permanente a aceptado que tomemos parte de nuestro tiempo para hablar precisamente de un asunto tan trascendental.

Déjenme decirles, en primer lugar, compañeras y compañeros, que de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es del 46 % en el país y en las comunidades indígenas y en nuestros pueblos originarios, es del 80 por ciento, es decir, casi el doble.

Esto significa que 8 de cada 10 habitantes de los que llamamos primigenios en el Estado mexicano, se multiplica exponencialmente, no solamente en la deuda histórica que ya he referido, tenemos con ellos, sino también, y hay que expresarlo en esos términos, la ilegalidad al no garantizarles sus derechos constitucionales a esta franca fundacional de lo que ahora es México.

Con datos del CONEVAL, 80 % de los integrantes de nuestros pueblos originarios, compañeras y compañeros legisladores, están por debajo de la línea de bienestar, 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social, la mitad de su población no cuenta con servicios en sus depauperadas viviendas y 40 % de cada 100 tienen acrecencia en materia alimentaria, y esto hay que decirlo hoy que conmemoramos este Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Por eso digo, en esta máxima tribuna de la nación, que el Estado mexicano ha hecho de nuestra República no sólo un país de desplazados del desarrollo, y en afectación directa de sus habitantes primigenios, porque creo que a nadie escapa, a nadie de los que estamos aquí escapa, por evidente que es, que han sido los mexicanos primigenios y sus pueblos originarios los más afectados desde la llegada de los europeos a nuestras tierras, a sus tierras, desde entonces hasta nuestros días.

Es decir, a tres siglos del hurto que le significó la Conquista, se le suma en su detrimento que los pueblos originarios han sido víctimas de un neocolonialismo interno de Estado, quien desde su fundación, hace dos siglos, por citar sólo un tema que me parece vital, les ha despojado de su soberanía permanente sobre los recursos naturales localizados en su territorio, sin beneficios directos para su desarrollo, como bien lo muestran las estadísticas, todas las estadísticas locales, nacionales e internacionales.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, señor Presidente, yo quiero plantear que en esta materia, como en la mayoría donde constitucionalmente tiene obligaciones, el Estado mexicano no sólo ha sido omiso, sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México y sobre a los que retóricamente dice descansar desde sus orígenes.

Compañeras y compañeros, con respeto digo: la política hacia nuestros pueblos originarios ha sido sólo de paliativos, porque desde hace menos de un siglo la Federación carece de una visión responsable de Estado para con este tema, tal y como se contempla en las mismas propuestas que los integrantes de nuestras primeras naciones han hecho hasta la saciedad y que, por ejemplo, se retoman, y esto hay que recordarlo el día de hoy, en buena medida en los Acuerdos de San Andrés.

Por eso, hoy en esta Comisión Permanente, recordamos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debo retomar que en nuestro país poco se ha avanzado realmente sobre lo estipulado en dichos Acuerdos que pugnaban, sobre todo, en 7 puntos capitales, que yo quiero recordar en este momento.

Número 1.- Reconocimiento de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía y en las leyes secundarias mexicanas.

Número 2.- Ampliar la participación y representación política y el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Número 3.- Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

Número 4.- Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas.

Número 5.- Asegurar también la educación y la capacitación, y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales.

El sexto punto de estos Acuerdos, se refiere a satisfacer sus necesidades básicas e impulsar su producción y el empleo, y, por supuesto, proteger a lo que ellos mismos denominaron en esos importantes acuerdos históricos a los indígenas migrantes.

Termino, señor Presidente.

Si no avanzamos en éste y en otros temas, amigas y amigos legisladores, de poco sirve referirnos a nuestros pueblos originarios.

Por eso los llamo, con mucho respeto, a pasar del discurso a los hechos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senador Robles Montoya.

Pasamos a la discusión de dictámenes con punto de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a esta Asamblea las materias a las que se refieren estos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

En torno a la violencia y el acoso escolar.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a remitir un informe sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas en donde actualmente se encuentren radicadas denuncias en contra de la empresa Chamba-México, Agencia de Empleos, S.A. de C.V. o Chamba México, S.A. de C.V, a reforzar e intensificar las investigaciones correspondientes.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



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Que exhorta a las autoridades del Distrito Federal, estatales y municipales de la Zona Metropolitana del Valle de México a investigar y sancionar los actos ilícitos cometidos por los agentes de tránsito y elementos de los cuerpos de seguridad en contra de los conductores de vehículos procedentes del interior del país.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer de manera coordinada las acciones necesarias para detener el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Procuraduría General de la República a prestar la colaboración institucional a la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia durante los años 60´s y 70´s en el estado de Guerrero.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer mecanismos tendientes a intensificar las acciones necesarias para incentivar y promover el desarrollo político y la promoción de la participación ciudadana en general.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



En torno a los delitos cibernéticos del orden federal, particularmente los relacionados con la pornografía infantil.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a fortalecer la implementación del programa integral de protección de los derechos humanos de las personas migrantes.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a intensificar las medidas de difusión, alerta, coordinación y supervisión en materia de prevención, auxilio y recuperación ante un eventual desastre a toda la población que se ubica en las zonas cercanas del volcán Popocatépetl.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno federal a analizar la factibilidad de expedir la normatividad reglamentaria que en su caso pueda resultar necesaria para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura a dictámenes de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para la gestión adecuada de los residuos sólidos, urbanos en sus respectivas demarcaciones territoriales.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1. Que exhorta a los gobiernos municipales del estado de México y a las delegaciones del Distrito Federal a implementar acciones para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos, a fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias.

2. Que exhorta al gobernador del Estado de Coahuila, así como a los presidentes municipales de esa entidad, a atender de manera puntual, expedita e integral, a las familias afectadas por las intensas lluvias, sin ningún sesgo político y sin discriminación alguna.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a implementar acciones para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Alfa González Magallanes del grupo parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del Estado de Coahuila, así como a los presidentes municipales de esa entidad, a atender de manera puntual, expedita e integral, a las familias afectadas por las intensas lluvias, sin ningún sesgo político y sin discriminación alguna.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

III. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDOS

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la misma materia.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas:

En primer lugar, el Senador Flores indica que en nuestro país, las lluvias conllevan efectos ambientales positivos, pues sirven para regular el clima, recargar los mantos acuíferos, coadyuvar al desarrollo de la vegetación, humedecer los suelos y regar las campos, con los efectos sociales que derivan de ello. Sin embargo, como cualquier fenómeno natural, el exceso de lluvias, presentadas en forma de tormentas, ciclones o huracanes, puede generar impactos negativos, principalmente por la alta concentración de agua en pequeñas áreas geográficas, en combinación con fuertes rachas de viento, provocando el deterioro de cosechas y el desbordamiento de ríos y presas en las zonas rurales, mientras que en los centros urbanos se genera caos vial, inundaciones y daños en las construcciones e infraestructuras.

Que no se debe perder de vista que la generación de basura es directamente proporcional a la cantidad de personas que se desarrollan en un territorio determinado, por lo cual la implementación de acciones para evitar inundaciones en esta temporada de lluvias, mediante una adecuada gestión de residuos sólidos urbanos, cobra especial relevancia en las entidades federativas con mayor población.

Señala que de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las entidades federativas más pobladas del país son el Estado de México, con más de 15 millones de habitantes y el Distrito Federal, con casi 9 millones de habitantes, lo cual coincide con lo reportado por la SEMARNAT en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México [4], que ubica a ambas entidades federativas como las responsables del 28% del total de residuos sólidos municipales que se generan en el país, con 15 mil (16%) y casi 12 mil toneladas de basura diarias (12%), respectivamente.

Finalmente, manifiesta como de vital importancia que los gobiernos municipales del Estado de México y las delegaciones del Distrito Federal, en su calidad de autoridades responsables de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en sus respectivas demarcaciones territoriales, de conformidad con la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, implementen acciones para su gestión adecuada, a fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias del presente año.

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales del Estado de México y a las delegaciones del Distrito Federal a que implementen acciones para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos en sus respectivas demarcaciones territoriales, a fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias del presente año.

Las Diputadas Ceseñas Chapa y González Magallanes señalan que las afectaciones severas que han dejado las intensas lluvias en varias municipios de Coahuila, particularmente Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Morelos y Sabinas, donde más de tres mil personas fueron evacuadas de más de 60 colonias, es altamente preocupante, por lo que el Ejército Mexicano implementó, el Plan DN-lll para desastres y auxilio a la población civil. Los daños causados provocaron que los habitantes de Coahuila, hayan perdido la mayoría de sus pertenencias, afectando sus necesidades más elementales, prácticamente se quedaron sin patrimonio alguno. Las calles llegaron a índices de inundación nunca antes vistos; el agua alcanzó más de un metro de altura, en algunos puntos llegó a los dos metros. Los ríos se desbordaron y se vive en una alerta constante por parte de las autoridades estatales y locales y no es para menos pues se alcanzaron precipitaciones pluviales históricas de 39.96 milímetros por metro cuadrado, lo que dejó severos daños, principalmente en Piedras Negras.

Que el gobierno estatal ha informado en estos días que los recursos del Fondo de Desastres Naturales de la entidad ya empezaron a liberarse para apoyar a la gente afectada, y esperan que sean otorgados los recursos federales del FONDEN; y que fue instalado oficialmente el Comité de Evaluación por Daños del Desastre de Inundación en las Regiones Norte y Cinco Manantiales, encabezados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y José María Tapia Franco, Director General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación; también quedaron conformados los seis Subcomités de Vivienda, de Infraestructura Hidráulica, de Infraestructura Carretera y Urbana, del Sector Salud y del Sector Educativo, del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), quienes cuentan con 10 días para entregar los diagnósticos preliminares correspondientes a su sector.

Que solicitan que el gobierno estatal implemente un fondo contingente paralelo a los recursos del FONDEN, para restaurar la productividad en los municipios afectados y con ello, los ciudadanos puedan de manera inmediata resolver el problema de ingresos que hoy padecen.

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del estado de Coahuila así como a los Presidentes Municipales de esa entidad, atender de manera puntual, expedita e integral a las familias afectadas, sin ningún sesgo político y; sin discriminación.

Segundo.- La Comisión Permanente, solicita al gobernador de Coahuila, a transparentar todos los recursos que sean entregados por las afectaciones de este fenómeno meteorológico.

Tercero.- La Comisión Permanente solicita al mandatario estatal, que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales implemente lo necesario para crear un fondo contingente para reactivar la economía en los municipios afectados por las precipitaciones pluviales de días anteriores de forma paralela a los del FONDEN y con ello, mitigar las grandes afectaciones de los ciudadanos de la entidad.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión no pasan inadvertido que la temporada de lluvias que se presenta entre los meses de mayo a septiembre trae como consecuencia una serie de beneficios para el clima y para las actividades productivas como el campo, pero también la posibilidad de problemas o molestias en cuanto a la forma de vida habitual.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo encargado de administrar y preservar las aguas nacionales en México; en este sentido, dicho órgano ha recomendado a la población en general mantener todos los sistemas de drenaje funcionando adecuadamente, para desalojar el líquido proveniente de los escurrimientos provocados por las lluvias; ya que aseguran que el 50% por ciento de los encharcamientos que se registran en la Ciudad de México es debido al taponamiento de las coladeras por basura.

Es menester señalar que el 14 de mayo, los Gobiernos del Estado de México, del Distrito Federal y el Federal, suscribieron el Protocolo de Operación Conjunta para la Temporada de Lluvias 2013,1 que emite un sistema de alertas que definirá, en tiempo real, las acciones que cada uno deberá llevar a cabo, en caso de que el agua de lluvia supere los 8 milímetros, con lo que se salvaguardará la integridad de las personas y sus bienes.

Esta Dictaminadora considera que dicho protocolo, permitirá a las autoridades respectivas conocer sus responsabilidades ante la presencia de una lluvia intensa, para brindar un mejor servicio a la población y mantenerla protegida ante una eventualidad de este tipo.

Asimismo, es importante reconocer que ante las lluvias es por demás necesario un adecuado manejo de los residuos sólidos, por lo que cada nivel de gobierno deberá atender lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, atendiendo a sus respectivas competencias, de conformidad con la concurrencia invocada en dicha Ley:

“Artículo 6.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.”

Ahora bien, con fecha 15 de junio de 2013, se recibióen la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación, oficio del Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, por el cual solicitó a esa dependencia, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Piedras Negras, Nava, Zaragoza y Morelos de dicha Entidad Federativa, por lluvias severas en las inmediaciones y municipios mencionados, los días 14 y 15 de junio de 2013, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

Con base en lo anterior, se consideró procedente por parte de la SEGOB emitir la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 14, 15 y 16 de junio de 2013, en 5 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo que se declara en emergencia a los municipios de Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Morelos y Sabinas del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 14, 15 y 16 de junio de 2013.

Expidiéndose para que el Estado de Coahuila de Zaragoza pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación. La determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los LINEAMIENTOS y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.

Los integrantes de la Comisión reconocemos que debido a la presencia de los daños sufridos por contingencias climatológicas, se procedió por parte de las autoridades federales y estatales a proporcionar suministros de auxilio y asistencia en situaciones de emergencia, respondiendo de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la vida y la salud de la población afectada. Además, conla activación de los recursos del FONDEN, las autoridades contaron con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada; mediante este instrumento financiero del Gobierno Federal que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas y dependencias y entidades federales, autorizando y aplicando recursospara mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, disminuyendo la carga financiera a la que se ven expuestas una vez que su capacidad de respuesta se ve rebasada, con el objeto de dejar los bienes afectados en condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del suceso del desastre natural, de acuerdo con el principio de inmediatez.

En tal virtud, los integrantes de la Comisión sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía local, exhorta respetuosamente a los Gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones y medidas necesarias para la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos en sus respectivas demarcaciones territoriales, a fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias del presente año.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía local, exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Estado de Coahuila, para que se continúen atendiendo de manera puntual, expedita e integral a las familias afectadas por los fenómenos climatológicos, así como para que se impulsen acciones que permitan reactivar la economía en los municipios afectados por las precipitaciones pluviales.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones y medidas tendientes a promover la creación y crecimiento de los negocios verdes en nuestro país.

1Conagua, Edomex y DF compartirán un sistema de alertas para mitigar el impacto de los fenómenos climatológicos.

http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2515&n2=Comunicados





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Economía, en el ejercicio de sus facultades, trabajen coordinadamente a efecto de impulsar el crecimiento de los “negocios verdes” en nuestro país, suscrita por el Diputado Javier Orozco Gómez del grupo parlamentario del PVEM.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado Javier Orozco Gómez del grupo parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Economía, en el ejercicio de sus facultades, trabajen coordinadamente a efecto de impulsar el crecimiento de los “negocios verdes” en nuestro país.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Orozco destaca la importancia de la “economía verde” al expresar que es un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que permiten mejorar el bienestar humano y reducir las desigualdades, evitar la exposición de las futuras generaciones a riesgos ambientales y carencias ecológicas.

Señala que en una “economía verde”, el aumento de los ingresos y la creación de empleos deben de derivarse de inversiones destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia en el uso de los recursos, así como patrones de producción y consumo sostenibles, a proteger la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas y a favorecer la inclusión social.

Expresa que mientras que en algunos países de Europa los “negocios verdes” generan el 2.5% del PIB -y en Dinamarca alrededor del 10%-, en nuestro país es solo el 0.06%.Situación que puede revertirse ampliando los estímulos fiscales ambientales para la creación de este tipo de negocios. Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece instrumentos económicos clasificándolos en fiscales, financieros y de mercado.

Por lo que propone el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Economía, y en el ejercicio de sus facultades, trabajen coordinadamente a efecto de impulsar el crecimiento de los “negocios verdes” en nuestro país.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que existen varias iniciativas a nivel mundial que promueven la llamada economía verde, o la creación de negocios verdes, precisamente, con la intención de generar producción y valor pero procurando cuidar el medio ambiente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas están desarrollando recomendaciones y medidas para promover la economía verde, en el entendido que lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano. Por ejemplo, la OCDE formuló la Estrategia de Crecimiento Verde1 para abordar desafíos económicos y ambientales mediante los canales siguientes:

• Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y bienes naturales.

• Innovación. Oportunidades para la innovación, estimuladas por las nuevas políticas y condiciones.

• Nuevos mercados. Creación de nuevos mercados al estimular la demanda de tecnologías, bienes y servicios verdes.

• Confianza. Impulso de la confianza del inversionista, respecto a la manera en que los gobiernos atienden los problemas ambientales.

• Estabilidad. Condiciones macroeconómicas más equilibradas y una menor volatilidad de precios de los recursos.

Esto también reduce los riesgos de impactos negativos al crecimiento:

• Estrangulamientos de recursos que hacen más costosa la inversión, como la necesidad de una infraestructura intensiva en capital.

• Los desequilibrios en los sistemas naturales también aumentan el riesgo de que haya efectos más profundos, como podría ocurrir con el daño a la biodiversidad bajo un cambio climático constante.

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente informó que existe una gran área de oportunidad para el país respecto a la economía verde, pues los negocios verdes solamente representan actualmente el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).2 Por lo anterior, la presente administración está promoviendo que este porcentaje de ingresos se incremente, en razón de que se reconoce que este tipo de negocios, además de cuidar medio ambiente, generan riqueza, valor agregado y empleo, facilitando el crecimiento económico sustentable del país.

Asimismo, la encuesta global Regus Business Tracker, realizada por Grupo Regus3, reportó que 75% de las compañías en México requieren mayores incentivos fiscales para acelerar sus inversiones en tecnología verde; en especial las pequeñas y medianas empresas, que presentaron un menor nivel de inversión en esta área. Las compañías declararon que si el gobierno ofreciera incentivos fiscales para adquirir estos equipos de bajo consumo de energía o de bajas emisiones de carbono, los negocios acelerarían significativamente las inversiones verdes.

Finalmente, es relevante invocar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 34 faculta a la Secretaría de Economía a promover la industria nacional y la creación de empresas, con la intervención de otras Secretarías, como sería el caso del impulso a la economía verde:

“Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VI.- Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

XXIII.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales…”

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, para que las Secretarías competentes, atendiendo a sus facultades, impulsen las acciones y medidas tendientes a promover la economía verde a través de la creación de negocios verdes.

En tal virtud, los integrantes de la Comisión sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a que en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada una atendiendo a sus respectivas competencias, lleve a cabo las acciones y medidas tendientes a promover la creación y crecimiento de los negocios verdes en nuestro país.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se solicita un informe sobre el esquema financiero para la construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

1 OCDE.Towards Green Growth.http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf

2Los negocios verdes representan una gran oportunidad de crecimiento para México: Guerra Abud.

http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/970-los-negocios-verdes-representan-una-gran-oportunidad-de-crecimiento-para-mexico-guerra-abud

3http://www.soyentrepreneur.com/pymes-mexicanas-requieren-mas-incentivos-para-inversion-verde.html





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el esquema financiero para la construcción de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Nuevo León, presentada por el Diputado José Martín López Cisneros del grupo parlamentario del PAN.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado José Martín López Cisneros del grupo parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo respecto al esquema financiero para la construcción de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Nuevo León.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El Diputado López Cisnerosindica que durante el pasado proceso electoral federal, el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, de gira por el Estado de Nuevo León, se comprometió con los ciudadanos, de favorecerle el sufragio popular, a brindar todo el apoyo del Gobierno Federal para la construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Que el 21 de febrero del año en curso, el Secretario Ruiz Esparza realizó una visita a Nuevo León, durante la cual explicó además que el Gobierno del Estado de Nuevo León invertiría solamente 500 millones de pesos y que habría una inversión privada -que no detalló- por 700 millones de pesos, para el comentado proyecto.

Sin embargo, expresó que un mes después, el 21 de marzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado, que las cosas habían cambiado radicalmente; en ese comunicado, la SCT informó que a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) se canalizarían solo mil 612.1 millones de pesos, que representan el 28.3 por ciento del costo total de la obra, y no el 79% al que se había comprometido el Secretario anteriormente.

En este orden de ideas, argumenta que de un mes para otro, la parte financiera de la obra, que según el Secretario Ruiz Esparza ya estaba saldada, sufrió un revés, y ahora el Gobierno Federal pretende cargar todo el peso de este compromiso presidencial al pueblo de Nuevo León, como en los viejos tiempos.

Finalmente, señala que necesitamos de manera urgente y necesaria una versión oficial por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes, pues como se puede apreciar, las dos versiones, aparte de contradictorias, se basan en declaraciones y comunicados de prensa, por lo que reina la incertidumbre y especulación.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que a la brevedad posible, envíe a esta Soberanía la información oficial sobre el esquema financiero para la construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Nuevo León, así como detalle y transparente la aportación de cada una de las partes involucradas, ratificando el compromiso presidencial para que el Gobierno Federal apoye al Estado de Nuevo León con la mayor parte de los recursos necesarios para la realización de la obra.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocen que es fundamental la inversión en obras de transporte público masivo, en virtud de que tienen un impacto relevante en beneficio de gran parte de la población; facilitan el transporte a bajo costo de miles de personas diariamente y reducen sustancialmente la emisión de contaminantes.

Metrorrey es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León y fue constituido el 9 de noviembre de 1987, según el decreto 118 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las acciones necesarias para construir, operar, administrar y mantener el servicio público de transporte colectivo del Metro de Nuevo León, bajo la denominación de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Es del conocimiento de esta Comisión que la construcción de la Línea 3 del Metro contemplará una longitud de 7.5 kilómetros, divididos en:

• 550 metros de tramo subterráneo de Zaragoza – Barrio Antiguo.

• 6 mil 650 metros de tramo elevado de Barrio Antiguo – Hospital Metropolitano.

• 300 metros de transición.

• Contará con 9 estaciones de abordaje y descenso de pasajeros.

• Contará con 22 vagones climatizados.

Incluirá una red de 68 kilómetros para Transmetro a través de tres rutas dirigidas a zonas de alta concentración poblacional siendo estas:

• Diego Díaz de Berlanga.

• Adolfo López Mateos.

• Rómulo Garza.

El 8 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Convenio Marco de Coordinación de Acciones tiene por objeto establecer las bases de coordinación de acciones de apoyo entre el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SCT” y “EL ESTADO DE NUEVO LEON”, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar el desarrollo, la construcción, operación y explotación del proyecto "Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey".1

El 21 de mayo, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reasignó recursos por un monto de 300 millones de pesos para la construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo del Metro en Monterrey. Asimismo, el arranque formal en la construcción de la Línea 3 del Metro se aplazará hasta agosto, dos meses después de lo esperado, según el Secretario de Obras Públicas del Estado de Nuevo León; Luis Gerardo Marroquín Salazar.

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte informe sobre el esquema de financiamiento para la construcción de la Línea 3 del Metrorrey.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre el esquema financiero para la construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como la aportación de cada una de las partes involucradas.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los seis días del mes de agosto de dos mil trece.

TERCERA COMISION”.

Por el que se solicita un informe sobre las causas de la disminución en la recaudación del gobierno federal, en especial por concepto del Impuesto al Valor Agregado.

1 CONVENIO Marco de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar el desarrollo, la construcción, operación y explotación del proyecto Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5290944&fecha=08/03/2013





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de explique la caída de la recaudación federal y de la estimación del Producto Interno Bruto, así como de las posibles consecuencias y repercusiones que puede significar para la economía nacional, los ingresos de las entidades federativas y de las familias mexicanas, suscrita por los Diputados Carlos Augusto Morales y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 12 de junio de 2013, los Diputados Carlos Augusto Morales y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a la caída de la recaudación federal y de la estimación del Producto Interno Bruto.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina refiere que al presentar el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2013, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, estimó el crecimiento real del Producto Interno Bruto en 3.5%; que la inflación bajaría a 3% y la paridad del peso con el dólar estaría en 12.9 pesos en promedio.

Los proponentes señalan que al contrario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reajustó su pronóstico de crecimiento real de la economía a 3.1%; las expectativas de la inflación crecieron; y la recaudación ha sido menor a la esperada.

Señalan que la baja recaudación afecta los distintos órdenes de gobierno por el esquema fiscal federalista y que la Recaudación Federal Participable, que sirve de base para el pago de las Participaciones a las Entidades Federativas de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, registró una disminución de 6.4% en términos reales. Además que de acuerdo al reporte de finanzas públicas de abril, los 31 estados y el Distrito Federal recibieron por participaciones federales 183 mil 327 millones de pesos, un monto 2.7% menor a lo que se tenía previsto erogarles.

Por ello propone el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, a efecto de explique detalladamente a esta Soberanía:

Las razones de la baja del pronóstico del Producto Interno Bruto en México y las posibles consecuencias y repercusiones para la economía nacional y las medidas a implementar ante esta problemática.

Las causas de disminución en la recaudación del Gobierno Federal, en especial, por concepto de IVA y las afectaciones que esto representa a los ingresos de las entidades federativas y de las familias mexicanas; así como las acciones a emprender a efecto de revertir esta tendencia.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la preocupación de los proponentes sobre el ajuste respecto a la proyección del crecimiento real del Producto Interno Bruto para 2013, de 3.5 a 3.1%, anunciado el 17 de mayo pasado por la SHCP.

Al respecto, esta Comisión no ha sido omisa, y atendiendo a esta misma preocupación resolvió solicitar información sobre este particular y, en consecuencia, el 12 de junio la Comisión Permanente aprobó el siguiente punto de acuerdo:1

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre Poderes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a remitir a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo por parte del gabinete económico para revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento económico del país.”

Ahora bien, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2013,2 menciona que la tasa de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue menor en 25 mil 779millones de pesos, esto es 4.8 por ciento real, debido a que el programa del “Buen Fin” está propiciando el traslado de recaudación de enero a diciembre, lo que redujo el dinamismo de la recaudación del primer trimestre. Asimismo, que las ventas al menudeo y las de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales sufrieron reducciones en diciembre y febrero.

Esta baja en la recaudación del IVA también se debió a la desaceleración de las actividades económicas, ya que se estima que durante el primer trimestre de 2013 el valor real del PIB haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 1 por ciento.

De igual manera, se explica que los ingresos presupuestarios durante el primer trimestre de 2013 tuvieron un nivel 0.4 por ciento inferior en términos reales al obtenido en igual lapso de 2012, esto en gran medida a la evolución de los ingresos petroleros que mostraron una disminución real de 9.0 por ciento debido a:

• Un menor precio de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados internacionales en 6.3 por ciento.

• La apreciación de la paridad cambiaria en 7.8 por ciento.

• Un subsidio hacia el consumidor final de 23 mil 134 millones de pesos por la venta al público de las gasolinas y el diésel.

• Estos efectos se compensaron parcialmente con el mayor precio del gas natural de 12.6 por ciento y la mayor plataforma de producción de 0.7 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante lo anterior, las participaciones a las entidades federativas durante enero-marzo de 2013 ascendieron a138 mil 981 millones de pesos, cifra inferior en 6.9 por ciento real a lo participado en el mismo periodo de 2012. Esto se explica, según la SHCP, por la combinación de los siguientes elementos:

• La recaudación federal participable, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, fue menor en 2.7 por ciento en términos reales respecto a lo recaudado el mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 565 mil 599 millones de pesos.

• El tercer ajuste cuatrimestral de las participaciones del año anterior se ubicó en 2 mil 911 millones de pesos en enero-marzo de 2013, en comparación con los 7 mil 645 millones de pesos pagados en el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, es oportuno invocar el artículo 8° de la Ley de Planeación que dispone lo siguiente:

“Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en función de dichos objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial que generen en mujeres y hombres.

En su caso, explicarán las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas…”

Es por todo lo anterior, que esta Comisión estima conveniente que antes de citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, se solicite mayor información sobre las causas de esta disminución en la recaudación del IVA y de las acciones que se están implementado para revertir esta tendencia, y una vez valorada esta información, en el caso de no satisfacer la preocupación de los proponentes y de esta Dictaminadora, se considere ahora si la pertinencia de proceder a citar al titular de la dependencia a una reunión de trabajo para ampliar más sobre este asunto.

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, a fin de que la Subsecretaría de Ingresos remita a esta Soberanía un informe más detallado sobre las causas de la disminución en la recaudación del gobierno federal y, en especial, por concepto de IVA, así como de las acciones que se están emprendiendo para revertir esta tendencia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre las causas de la disminución en la recaudación del gobierno federal, en especial por concepto del Impuesto al Valor Agregado, y las afectaciones que esto representa a los ingresos de las Entidades Federativas y de las familias mexicanas; así como las acciones emprendidas a efecto de revertir esta tendencia.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta al Ejecutivo Federal a promulgar las reformas y adiciones al Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

1Dictamen de la Tercera Comisión aprobado el 12 de junio.http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41749

2SHCP.Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2013.http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/docs/inf/infit05.pdf