Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 31 de Julio de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 32 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum para sesionar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 31 de julio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor, también, pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y ocho minutos del miércoles veinticuatro de julio de dos mil trece, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diecisiete de julio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió a la Secretaría de Gobernación, Informe sobre "Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013", del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Economía, con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de dicha dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con ocho solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de permisos para prestar servicios.- Se dispensaron los trámites a las ocho solicitudes de permisos. Se sometió a consideración de la Asamblea un proyecto de Decreto que concede seis permisos a diversos ciudadanos para prestar servicios en representación diplomáticas en México.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. El Decreto fue aprobado por 28 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración del Pleno proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Javier Calvillo Una para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; y Diputada Adriana González Carrillo del PAN. Fue aprobado el Decreto por 30 votos en pro y 2 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Haití.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. Fue aprobado el Decreto por 23 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Por lo que hace a las solicitudes de cancelación, se remitieron a las comisiones de Gobernación de ambas Cámaras del Congreso.

 

Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite las evaluaciones externas o complementarias que su Dirección General de Evaluación del Desempeño ha coordinado a los programas prioritarios en salud durante el periodo 2007-2012.- Se remitió a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la conclusión de los trabajos del Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y remite copia de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que respecta al proceso de designación del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron veinte oficios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del Decreto. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC y Diputado Manuel Huerta ladrón de Guevara del PT.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

Se recibió del Diputado Juan Manuel Diez Francos, oficio por el que solicita se le extienda la licencia que le fue concedida para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de julio de 2013.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Informe de las actividades de la Xiv Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y La Cuenca del Caribe (Foprel), realizada el 28 de junio de 2013, en Managua, Nicaragua.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Informe de actividades desarrolladas, conjuntamente con la Senadora María Elena Barrera Tapia, durante el encuentro con el European Citizen Action Service y el Centro de Recursos Internacionales Civiles, a.c., los días 18 al 21 de junio de 2013, en Bruselas, Bélgica.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Informe de su participación en la xix Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz, Informe de la Reunión de instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, realizada los días 11 y 12 de julio de 2013, en Santiago de Chile.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, oficio por el que informa la conformación del Grupo de Trabajo integrado por miembros de dicha Comisión y de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, derivado del Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el pasado 12 de junio, relativo a la Agenda Digital Nacional.- Quedó de enterado. Se comunicó al Ejecutivo Federal.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede permisos para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se dispensó la segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 28 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciséis dictámenes de la Primera Comisión con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los mecanismos tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los alimentos, derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

2) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar políticas y programas que fortalezcan y dignifiquen a los cuerpos de bomberos en el país.

3) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la factibilidad de modernizar la normativa que regula los mercados públicos y las concentraciones en el Distrito Federal.

4) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a instrumentar o, en su caso, intensificar las acciones y campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para los ciudadanos la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

5) Que exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.

6) Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones realizadas en relación al robo de infantes en dicha entidad y en el país, respectivamente.

7) Que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de las entidades federativas, a impulsar mecanismos internos y la definición de una agenda de “Parlamento Abierto”, así como el reforzamiento de los canales oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen el modelo de “Parlamento Abierto”.

8) Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en medios electrónicos.

9) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con sistemas digitales para la expedición por medio electrónico de actas de nacimiento, y a la Secretaría de Gobernación a analizar y, en su caso, impulsar acciones tendientes a establecer dichos sistemas, procurando la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno que permita tener un formato único de actas de nacimiento.

10) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones y las investigaciones de las conductas probablemente delictivas de venta y distribución de drogas, en su modalidad de narcomenudeo, en la zona de Tepito documentadas por los medios de comunicación.

11) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México en el año 2008.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer las políticas necesarias para contar con una mejor coordinación en la expedición de licencias de construcción en la ciudad.

13) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe Delegacional de Cuauhtémoc a establecer un programa de detección de necesidades con la finalidad de proveer mejores condiciones de vida y seguridad a las personas asentadas en la colonia Atlampa.

14) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos de los estados que tienen tipificado el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar dicho tipo penal.

15) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a agilizar las investigaciones tendientes a perseguir y sancionar a quienes resultaran responsables de la presunta venta de los padrones electorales, dados a conocer a través de un periódico de circulación nacional.

16) Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a los institutos electorales estatales y al Ejecutivo Federal a garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en los comicios del 7 de julio.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

2) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino dada en la República Federal de Alemania por parte de una la casa de subastas Lempertz.

3) Por el que la Comisión Permanente se congratula por la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea; y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre México y la Unión Europea y sus Estados Miembros, concerniente a la adhesión de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013.

4) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el proceso de implantación del programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo.

5) Que exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a emprender acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la creación del pasaporte cultural.

6) Que exhorta al Gobierno de la República y a las entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias para el desarrollo de acciones y políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de los casos de embarazos adolescentes.

7) Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, al momento de realizar su propuesta de presupuesto de egresos de la federación para 2014, considere la asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel.

8) Que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 considere un incremento económico en la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior.

9) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo de la población en nuestro país.

10) Que exhorta a los titulares de las secretarías de salud de las entidades federativas, en particular a la del estado de Baja California, a establecer acciones pertinentes para lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención de la Rickettsia y de sus variantes, a fin de atender de forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio de Mexicali y demás zonas vulnerables que puedan ser propensas a esta enfermedad. 

11) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.

12) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes a establecer un programa de reconstrucción para el Teatro Lírico de la Ciudad de México.

13) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a dicho Sistema.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión con punto de Acuerdo que exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos electorales.- Intervinieron los legisladores: Senadora Adriana Dávila Fernández del PAN; Senador Benjamín Robles Montoya del PRD; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI; y Senador Héctor Larios Córdova del PAN. Fue aprobado en votación económica.

(Efeméride)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó efeméride con relación al LX aniversario del asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Iniciativas)

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Los Senadores Fernando Herrera Ávila y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron a nombre propio y de diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 35, fracción VIII, del artículo 36, fracción III y del artículo 71 constitucionales, en materia de Participación e Iniciativa Ciudadanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de Propaganda Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De diversos Senadores Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Cristina Díaz solicito al Presidente rectificación de turno por lo que hace a las iniciativas en materia de propaganda gubernamental y la correspondiente al derecho de réplica a efecto de que la Comisión de Gobernación encabece el turno para efectos de coordinar los trabajos de análisis y estudio de las iniciativas.- El Presidente contestó a la solicitud de la Senadora Cristina Díaz que la Mesa Directiva revisaría el contenido de las iniciativas para dictar el turno idóneo.

 

El Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

(Excitativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de Acuerdo que solicita la conformación de un grupo plural de trabajo para investigar y esclarecer los presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado de Guanajuato, presentado el 19 de junio de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 26 de junio de 2013.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Fernando Zárate Salgado, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluya en su análisis de la Cuenta Pública 2012, estudios de los contratos de servicios, así como del desempeño de la Procuraduría General de la República, presentado el 19 de junio de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a la Tercera Comisión.

 

Los Diputados Lizbeth Rosas Moreno, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, Agustín Miguel Alonso Raya y Alfa Eliana González Magallanes, remitieron solicitud de excitativa con relación a las proposiciones con puntos de Acuerdo presentadas por legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en las sesiones del día 8 de mayo al 10 de junio del presente.- La Presidencia emitirá las excitativas correspondientes.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XIX-A, se adicionan dos fracciones y se recorre la última fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor.- Se turnó a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado José Luís Flores Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a agilizar el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima a reforzar acciones de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia registrados en varios estados y se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación, con el propósito de que informe sobre la situación de inseguridad que se vive en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda, a fin de informar sobre la existencia, alcance y resultados de las indagatorias administrativa y penal, relativas a la participación del Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tlalpan en los hechos de extorsión que han sido denunciados en esa demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes Judiciales de la Federación y entidades federativas a garantizar en los procedimientos y controversias de orden familiar el interés primordial de las niñas y niños previniendo la alienación parental, bajo cualquier circunstancia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el desplazamiento de personas en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones ilegales y masivas que violan los derechos humanos de las personas migrantes; a implementar mecanismos de denuncia de delitos y acceso a visas humanitarias para los migrantes, así como la creación de una base de datos veraz de migrantes y la protección de los defensores de derechos de los migrantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esa soberanía, ya sea a través de los grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ernesto Núñez Aguilar y Carla Alicia Padilla Ramos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Decreto por el que se modifican, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no implementar la homologación del impuesto al valor agregado en la franja fronteriza del norte del país, con el resto del territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión en la República Mexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, a nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a no autorizar contratación de deuda hasta en tanto no se aprueben las reformas y legislación secundaria en materia de endeudamiento de estados y municipios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo Nájera Medina y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director de PEMEX y al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para considerar la factibilidad de construir un tren de refinación en el Complejo Petroquímico Cangrejera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los Jefes Delegacionales en Azcapotzalco y Cuauhtémoc a aplicar políticas y acciones encaminadas a disminuir y evitar el consumo de drogas en sus demarcaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se invita al Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública a una reunión urgente de trabajo para que explique sobre las causas que generaron la decisión de suspender la prueba Enlace y el concurso de oposición para maestros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el detector molecular GT200.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como parte de la región fronteriza al municipio de Anáhuac, Nuevo León.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y de la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a plantear diversas iniciativas en el marco multilateral para promover instrumentos internacionales que protejan los datos personales y sancionen los actos de espionaje.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna y de la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación con el refinanciamiento de la deuda en el estado de Colima.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la indemnización por muerte causada por tránsito de vehículos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a explicar sobre los parámetros mediante los cuales se estableció el Acuerdo entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de Estados Unidos para tomar la decisión de llevar a cabo la operación llamada "Procedimiento de Repatriación al Interior de México".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los integrantes del gabinete de seguridad nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Inzunza Montoya, a nombre propio y de diversos Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaratoria oficial para el estado de Sinaloa a efecto de declarar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad acuícola, con el objeto de poder generar los mecanismos que permitan resarcir las afectaciones a los acuacultores sinaloenses.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación General de Protección Civil, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al titular del Órgano político administrativo de la Delegación Iztapalapa a implementar acciones de prevención para garantizar la vida e integridad física de las personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos en la zona oriente del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar base de datos de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el programa para la formalización del empleo 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer las acciones pertinentes a fin de reducir los índices de reclamación por consumos no efectuados por tarjetas de crédito o débito de los usuarios de la banca en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al homicidio del defensor de los derechos humanos, Herón Sixto López y del periodista Alberto López Bello, ocurridos en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del IMSS a revalorar su propuesta de establecer un mecanismo de co-pago en los servicios médicos y medicinas, especialmente respecto a los derechohabientes que sufren enfermedades crónico degenerativas y que considere buscar otras soluciones en respeto al derecho humano a la salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, Javier Orihuela García y Marcelo Garza Ruvalcaba, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el sector productivo y de servicios, con el objeto de potenciar el desarrollo de habilidades en la población mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a intervenir en la problemática derivada de la pesca ilegal del pepino de mar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reforzar los protocolos para poder brindar servicios de actividades recreativas aéreas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a prevenir la violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Marino Miranda Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Procurador General de la República, así como a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina a revisar el funcionamiento y los resultados del operativo "Guerrero Seguro".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a informar los mecanismos y acciones que se prevé realizar con la finalidad de evitar accidentes futuros y la inoperancia de sus instalaciones.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Geriatría realice una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica y, en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes para que esto pueda llevarse a cabo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel e Ivonne Liliana Álvarez García, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a iniciar, a la brevedad posible, el cobro de contribuciones que se hayan dejado de percibir por parte de los importadores a quienes se les ha negado el amparo federal, respecto de los vehículos que ingresaron al territorio nacional protegidos en las suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación de dichos amparos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe pormenorizado de la situación laboral, salarial y de seguridad social de los cuerpos de bomberos del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González y Lilia Merodio Reza y de los Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez,  Abraham Montes Alvarado, Kamel Athie Flores, Luis Alfredo Murguía Lardizabal y Diana Karina Velázquez Ramírez, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades competentes a tomar decisiones sobre el estado que guarda la concesión otorgada para operar el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable y de la Comisión de Cambio Climático, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes a incluir en sus programas sectoriales los objetivos y las estrategias enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar el presupuesto federal y el acompañamiento técnico adecuado para que estados y municipios de México aumenten sus inversiones en infraestructura para la movilidad no motorizada y sistemas integrales para la movilidad urbana sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración de la expedición de la Ley de Matrimonio Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Aniversario del día en que Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

La Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al "fraude electoral del estado de Tlaxcala".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la reforma política del Estado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y siete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles treinta y uno de julio a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva, a petición de la Senadora Cristina Díaz Salazar y en cumplimiento a la respuesta que le dio en la sesión pasada, acordó rectificar el turno de dos de las iniciativas que conjuntamente presentaron Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en la sesión del miércoles 24 de julio.

El turno rectificado es el siguiente: A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el Artículo 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Y a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Honorable Asamblea, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, desea manifestar su solidaridad a los familiares y a todos los miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México, por la muerte del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, Comandante de la VIII Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco y del Segundo Maestre, Francisco Ricardo Hernández Mercado, quienes fueron atacados y como consecuencia perdieron la vida.

Los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, expresamos nuestra más enérgica condena para con estos actos en contra de los miembros de las Fuerzas Navales y Armada de México, quienes en todo momento se han mantenido firmes y dispuestos a velar por la vida, la seguridad y el patrimonio de cada uno de los mexicanos.






MINUTO DE SILENCIO

Para honrar la memoria de dos mexicanos ejemplares que perdieron su vida, les pido a todos los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Favor de tomar asiento.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Diputada Lizbeth Rosas.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

De la misma forma que estamos llevando a cabo el minuto de silencio de los elementos de la Marina. Me parece que de igual importancia y desafortunadamente cuando fueron los fallecimientos de estos elementos, no hubo la presencia ni del Presidente, ni de los directivos encargados de ellos.

Me parece fundamental que también pudiéramos tener un minuto de silencio para los siete elementos de la Policía Federal, que desafortunadamente perdieron la vida hace 15 y hace 8 días.

Me parece que debimos de haber, incluso, hecho este reconocimiento en un solo acto, pero para mí es igual de importante la muerte de un marino que de un policía federal.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputada Rosas Montero.

Y tiene usted razón, debimos de haberles hecho un homenaje, muy merecido, a los integrantes de la Policía Federal que fallecieron.

Y si nos permite que procesemos en la Mesa Directiva, les haremos el homenaje que les corresponde.

Gracias, Diputada Rosas Montero.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que informa la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio del año en curso, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/906/13
México, D.F., a 26 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1239/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el Informe de la participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 del actual, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al tercer bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítanse dichos informes a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión, de Cultura y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2013; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase esta documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.






SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para el segundo trimestre el ejercicio 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el acta de la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de junio de 2013, en San Salvador, El Salvador.

Una de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de la participación de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en una visita de trabajo al Parlamento Europeo, llevada a cabo los días 21 al 23 de mayo de 2013, en Estrasburgo, Francia.

Una del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite el informe de su visita, conjuntamente con los Senadores Layda Sansores San Roman, Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo y Zoé Robledo Aburto, a la frontera sur, Tabasco-Guatemala, los días 28 y 29 de mayo de 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió también una comunicación del Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por la que exhorta a las diversas comisiones del Senado a las que se turnaron los proyectos de Decreto en materia de reforma política y electoral el pasado 24 de julio, a que convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de dichas iniciativas.

“Sen. Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del P.R.D. en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción III y 216 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Justicia, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 25 de julio del año en curso, los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República junto con senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos ante esta Comisión Permanente seis iniciativas legislativas, en materia de reforma política y electoral, que juntas constituyen una transformación del modelo de ejercicio del poder público, de las relaciones entre los distintos órganos y niveles de gobierno y sobre todo unaampliación de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a sus autoridades.

Se trató de la culminación de una etapa, del esfuerzo que se anunció el 27 de mayo pasado,para la construcción de una iniciativa de reforma política de gran calado, como una respuesta concreta y tangible al déficit de legitimidad y representación social que tienen en nuestro país las autoridades formales, frente a la ciudadanía.

Lo que sigue ahora es el análisis y dictaminación oportuna de las iniciativas presentadas en las Comisiones a las cuales fueron turnadas, para su posterior discusión y en su caso aprobación por parte del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados, en el caso de las reformas a nuestra Carta Magna, para lo cual debemos tener altura de miras, para ubicar el tema de la transformación política, como un asunto de gobernabilidad democrática y por lo tanto de atención prioritaria para todos.

En los últimos tiempos todos hemos sido testigos de cómo se ha venido erosionando el tejido social en nuestro país. En algunas zonasha sido más aceleradaesta condición que en otras, como el lamentable caso del estado de Michoacán, en la que la población descree de sus autoridades y se organiza para su propia protección, al margen de lo que disponen las leyes. También ello ha ocasionado que se genere un campo fértil y oportuno para que la delincuencia organizada penetre las estructuras sociales de las comunidades como un fenómeno de preocupante normalidad.

En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos que la Reforma Política es la respuesta, para volver a construir una nueva relación de la ciudadanía con sus autoridades, basada fundamentalmente en la confianza social. Para ello se debe equilibrar su ejercicio en un verdadero sistema de pesos y contrapesos, recomponer la distribución de competencias, establecer mecanismos de prevención, corrección y sanción en las desviaciones que pueda haber de parte de las autoridades y hacer partícipe al ciudadano de los temas que le atañen en el ejercicio cotidiano del gobierno.

Las iniciativas presentadas la semana anterior, fueron fruto de audiencias públicas con especialistas en cada uno de los temas, cuyo resultado es una reforma política transformadora, de gran calado, que involucra 31 temas, agrupados en los siguientes rubros: fiscalización de gastos electorales, que incluye la oportunidad en que se llevaría a cabo para evitar la asunción del cargo del candidato infractor y la nulidad de las elecciones por dicha causa, así como el impedimento de los transgresores para participar en el proceso subsecuente; prevención de conflicto de intereses de candidatos con grupos económicos preponderantes destinatarios de la norma; fortalecer el esquema sancionatorio penal, con descripciones más precisas y mayores penas según la gravedad del delito; regulación de encuestas en las campañas para asegurar que sean ejercicios profesionales e impecables en cuanto a su metodología; cuotas de género, que aseguren igualdad de representación de hombre y mujeres en los cargos electivos; reglamentación que permita la participación de candidatos independientes, los mecanismos de consulta popular y la reglamentación de las iniciativas ciudadanas ante el Congreso de la Unión; segunda vuelta electoral, que fortalezca la legitimidad del candidato que resulte electo; gobiernos de coalición, que incluye la designación por parte del Congreso de la Unión de un Jefe de Gabinete; moción de censura y sesiones de control efectivo del Congreso hacia el poder ejecutivo; iniciativa razonada; autonomía constitucional de la PGR Y FEPADE; aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte del Senado; aprobación por parte del senado de los tratados internacionales en materia de seguridad; reelección legislativa y de autoridades municipales;y la eliminación del fuero o inmunidad procesal a altos funcionarios.

Las seis iniciativas presentadas y su turno correspondiente esel siguiente:

1.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política y Electoral.

Comisiones: Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Estudios Legislativos Segunda.

2.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como de la Ley de Planeación en materia de delitos electorales y de controles democráticos al sistema nacional de planeación.

Comisiones: Justicia, Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Estudios Legislativos Segunda.

3.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Comisiones: Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

4.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la ley reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales en materia de participación ciudadana.

Comisiones: Gobernación, Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda.

5.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.

Comisiones: Justicia, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda.

6.- Con proyecto de Decreto por el que se expide le ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica.

Comisiones: Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.

La presentación de estas iniciativas no pretende ser un acto testimonial, si no el inicio de un proceso legislativo serioque lleve a un verdadero cambio en las instituciones democráticas de nuestro país, por ello desde este momento solicitamos a las comisiones involucradas en la dictaminación de cada una de las iniciativas, que se avoquen a ese proceso, para beneficio de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita se formule excitativa, en los siguientes términos:

Unico.- Se exhorta a las comisionesde Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Justicia, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda, para que en el ámbito de su competencia, de conformidad con el turno ordenado por la mesa directiva, convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de las iniciativas en materia de reforma política y electoral.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase copia de dicha comunicación a las comisiones del Senado a las que se turnó cada una de las iniciativas.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Señor Presidente, sólo para robustecer el documento que presenté relacionado con una excitativa que parecerá extraño que a los 8 días de presentada, seis iniciativas, excite a las comisiones de dictamen a reunirse e iniciar el proceso de discusión de las mismas, se trata de asuntos de la mayor importancia.

El 25 de mayo, Senadoras y Senadores del PAN y del PRD, anunciamos la construcción de una iniciativa profunda de reforma política y reforma electoral, una reforma que permita un acceso equitativo al poder, una reforma que permita la democratización en el ejercicio del poder, el ejercicio democrático del poder público y la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Llevamos a cabo trabajos de construcción de esas propuestas con la participación de académicos, politólogos, gente destacada del país y del extranjero, y el pasado miércoles pudimos cumplir con ese propósito. El tema es trascendente, en el Senado el grupo parlamentario del PRD, va por una reforma política profunda, no sólo por una reforma electoral.

Por ello es importante que la Comisión Permanente, a través de su Mesa Directiva, exhorte a las comisiones de dictamen a reunirse y arrancar el proceso de discusión y dictaminación de estas iniciativas.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Pasamos al siguiente asunto.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Diputada María de las Nieves García Fernández, a nombre propio y de la Diputada María Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Diputada María de las Nieves García Fernández, a nombre propio y de la C. Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sea un ellos, un ustedes o aquéllos, sólo podrá ser atendido cuando se logre ser un nosotros.

El reconocimiento de la discapacidad como un problema de desarrollo social y no de salud, es verla como una condición de vida que enfrente el individuo en todo tiempo versus barreras físicas y socio culturales, sin que necesariamente esté enfermo.

Las modificaciones propuestas tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional y hacer imperativo que las medidas administrativas, legislativas, judiciales, que sean pertinentes, deben llevarse a cabo para lograr los objetivos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por economía de tiempo, expondré de manera sucinta el espíritu de la iniciativa, solicitando a la presidencia que el texto íntegro de la misma sea inscrito en el Diario de los Debates.

Las que suscriben, María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, Diputadas de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 42, 44, 53 y 55 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, no ha sido reformada desde entonces. La promulgación de esta ley fue para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales adquiridos por México con la firme ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006 y abrió la firma y ratificación de este instrumento el 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención en marzo y el 17 de diciembre de ese mismo año, con aval del Congreso de la Unión ratificó su adhesión a este Convenio.

Con esta ratificación de la Convención que realizó el Congreso de la Unión y por el que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención es Ley Suprema de toda la Unión. Al promulgarse la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumplió, en parte, con el compromiso del Estado mexicano de realizar ajustes legislativos para hacer congruente el marco jurídico nacional respecto a las personas con discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el principal proceso de armonización de la legislación nacional respecto a la internacional y es parte del proceso de reconocimiento de derechos y de la protección a la discapacidad para equiparar oportunidades. Empero, desde su entrada en vigor se han podido detectar aspectos mejorables de la legislación y precisiones para que la implementación de la norma sea lo más apegado al espíritu de la ley.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reorienta la visión de la discapacidad como un problema de desarrollo social y ubica al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de la estructura y sistema de la Secretaría de Desarrollo Social, es un cambio en el paradigma de atención a la discapacidad.

El reconocimiento de esta discapacidad que enfrenta el individuo, que no necesariamente se debe considerar enfermo.

Compañeras y compañeros legisladores, la extensión de esta iniciativa me impediría darle lectura total, por lo que voy a describir de manera general las propuestas que reforman y adicionan, a juicio de las ponentes, y que dará mayor certeza jurídica a este sector de la población.

Las modificaciones propuestas para los artículos 1 y 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional.

Los tres poderes de gobierno, en sus tres niveles, son los responsables por parte del Estado para fijar medidas administrativas, legislativas y judiciales que aseguren el piso de derechos de las personas con discapacidad. La transversalidad del tema, hace necesario que el respeto a la discapacidad y el reconocimiento a sus derechos, se interiorice como parte de la cultura del servicio público; no puede haber excepciones en ningún lugar y bajo ningún pretexto dentro del territorio nacional.

En este mismo sentido, los artículos 6 y 16 de la Ley General, deben reconocer en su texto la responsabilidad de toda Federación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Las políticas públicas, especialmente las que refuerzan derechos sociales, deben ser coordinadas por el Ejecutivo Federal, pero la aplicación debe realizarse a nivel local. Las entidades federativas y los municipios son corresponsables de la implementación de las políticas públicas; la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 4 y 9, establecen la obligatoria concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Las propuestas de modificación de los artículos 10, 12, 18 19 y 28, tienen que ver con modificaciones que reconozcan más ampliamente los derechos de salud, de educación, de vivienda, transporte y justicia, respectivamente.

En el caso de salud, se propone adecuar la norma para que la Clasificación Nacional de las Discapacidades sea actualizada periódicamente, pues la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, se revisa constantemente y es la base para recabar información estadística y epidemiológica de las enfermedades y las discapacidades asociadas.

Al no existir información estadística sobre las enfermedades y las discapacidades asociadas, los proyectos de investigación en epidemiología y sistemas de salud se encuentran frecuentemente demorados, detenidos y en ocasiones, ante una necesidad en concreto, por su inexistencia no se pueden desarrollar proyectos de investigación ni mucho menos políticas públicas que se reflejen en un nivel y desarrollo de vida adecuado para las personas con discapacidad.

Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen dificultades considerables para funcionar.

La propuesta de la reforma en el artículo 12, fracción XII, es una precisión que faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenga la facultad de celebrar convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes realicen el servicio social obligatorio, en favor de personas con discapacidad.

La adición de una nueva fracción XIV, tiene el objeto de establecer en la ley la obligación de que en los libros de texto gratuitos, se incluya la imagen y el contenido que normalice a la discapacidad como una condición de vida.

El artículo 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho a la accesibilidad y a la vivienda. La modificación tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar el derecho a la accesibilidad de la vivienda y a su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal, en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción.

La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar, con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, siendo la vivienda el espacio edificado en el que consumimos la mayor parte de nuestro tiempo, aquél del que tenemos más dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y, en general, bienestar. La vivienda sin un grado mínimo de accesibilidad también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquéllas personas cuyos requerimientos son mayores: que son las personas, precisamente, con discapacidad.

La modificación en la materia de trasporte, contemplado en el artículo 19, tiene que ver con la no discriminación a las personas que, por su condición de discapacidad, requieren de la asistencia de un animal para su traslado. Este es el caso de las personas con debilidad visual que requieren de perros guías. Obviamente, previa acreditación de la existencia de una discapacidad y de la necesidad de un apoyo para el traslado.

La precisión que se propone en el artículo 28 para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como fin reconocer que estas personas, por la razón, circunstancia o en la calidad que sea, utilice los servicios de justicia, cuente con la asistencia que requiera, de forma gratuita y acorde con su condición.

Las propuestas de modificación de los artículos 42, 44, 53 y 55, que son parte del Título del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son producto de la experiencia del funcionamiento y de la nueva realidad del Consejo después de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La que suscribe, presenta estas propuestas de modificación como consecuencia del diálogo y espíritu de colaboración institucional con el Consejo.

La adición de una fracción XVIII a las atribuciones que establece el artículo 42, propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pueda recibir y dar trámite a quejas o denuncias por la violación de los derechos humanos o actos de discriminación en agravio de personas con discapacidad, por parte de servidores públicos de la administración pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La propuesta de modificación a los artículos 44 y 53, tienen por objeto dejar en claro que los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, tanto en la Asamblea Consultiva, como los representantes de la Asamblea en la Junta de Gobierno, del Consejo, deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo.

La prohibición de que los representantes de las personas con discapacidad y sus organizaciones, sean funcionarios públicos, tiene que ver con la realidad.

En la Junta de Gobierno, se contempla que serán nueve los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y cinco de la Asamblea Consultiva, esto deja claro que las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen principios distintos y buscan fines igualmente distintos.

Por lo expuesto y por el compromiso de una inclusión social con equidad y sin discriminación, se somete a consideración de esta Honorable Cámara el siguiente:

Proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por su atención, y con la certeza de que su sensibilidad humana dará viabilidad a esta iniciativa, por el bien de los más vulnerables, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Las que suscriben, María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, Diputadas Federales de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y/o adicionan los artículos 1, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 42, 44, 53 y 55 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, no ha sido reformada desde entonces. La promulgación de esta ley fue para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales adquiridos por México con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006 y abrió la firma y ratificación de este instrumento el 30 de marzo de 2007. México firmó la Convención en marzo y el 17 de diciembre de ese mismo año con el aval del Congreso de la Unión que ratificó su adhesión a este convenio.

Con la ratificación de la Convención que realizó el Congreso de la Unión y por lo que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la convención es Ley Suprema de toda la Unión. Al promulgarse la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumplió (en parte), con el compromiso del Estado Mexicano de realizar ajustes legislativos para hacer congruente el marco jurídico nacional respecto a las personas con discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue abrogada la Ley General de las Personas con Discapacidad (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005 y la reformada agosto de 2008), misma que tuvo como antecedente los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000, por el que se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad y el de 13 de febrero de 2001, por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad. Con la nueva ley se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el principal proceso de armonización de la legislación nacional respecto a la internacional y es parte del proceso de reconocimiento de derechos y de la protección a la Discapacidad para equiparar oportunidades. Empero, desde su entrada en vigor se han podido detectar aspectos mejorables de la legislación y precisiones para que la implementación de la norma sea lo más apegado al espíritu de la Ley.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reorienta la visión de la discapacidad como un problema de desarrollo social y ubica al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de la estructura y sistema de la Secretaría de Desarrollo Social, es un cambio en el paradigma de atención a la discapacidad.

El reconocimiento de la discapacidad como un problema de Desarrollo Social y no de Salud, es ver la discapacidad como una condición de vida que enfrenta el individuo en todo tiempo versus barreras físicas y socio culturales, sin que necesariamente esté enfermo.

Las modificaciones propuestas para los artículos 1 y 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional y hacer imperativo que las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes, deben llevarse a cabo para lograr los objetivos de la Ley.

Los tres poderes de gobierno, en sus tres niveles, son los responsables por parte del Estado para fijar medidas administrativas, legislativas y judiciales que aseguren el piso de derechos de las personas con discapacidad. La transversalidad del tema, hace necesario que el respeto a la discapacidad y el reconocimiento de sus derechos, se interiorice como parte de la cultura del servicio público; no puede haber excepciones en ningún lugar y bajo ningún pretexto dentro del territorio nacional.

En este mismo sentido, los artículos 6 y 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deben reconocer en su texto la responsabilidad de toda la federación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Las políticas públicas, especialmente las que refuerzan derechos sociales, deben ser coordinadas por el Ejecutivo Federal, pero la aplicación debe realizarse a nivel local. Las Entidades Federativas y los Municipios son corresponsables de la implementación de las políticas públicas; la Ley General de Desarrollo Social en su artículo cuarto y noveno, establecen la obligatoria concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas y, en el decimo séptimo obliga a que sea el Municipio el principal ejecutor de las políticas públicas para el desarrollo social y la atención de los sectores prioritarios para el desarrollo.

Las propuestas de modificación a los artículos 10, 12, 18 19 y 28, también de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen que ver con modificaciones que reconozcan más ampliamente los derechos de salud, educación, vivienda, transporte y justicia, respectivamente.

En el caso de Salud, se propone adecuar la norma para que la Clasificación Nacional de las Discapacidades sea actualizada periódicamente, pues la Clasificación Internacional del Funcionamiento de las Discapacidad y de la Salud, se revisa constantemente y es la base para recabar información estadística y epidemiológica de las enfermedades y las discapacidades asociadas.

Al no existir información estadística sobre las enfermedades y las discapacidades asociadas, los proyectos de investigación en epidemiología y sistemas de salud se encuentran frecuentemente demorados, detenidos y en ocasiones, ante una necesidad en concreto, por su inexistencia no se pueden desarrollar proyectos de investigación ni mucho menos políticas públicas que se reflejen en un nivel y desarrollo de vida adecuado para las personas con discapacidad.

A nivel internacional según lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud en la nota descriptiva N°352 sobre Discapacidad y salud en el mes de noviembre del 2012, “Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen dificultades considerables para funcionar. Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas.”

El panorama mundial nos da cuenta de la importancia y la necesidad de información fehaciente sobre la Discapacidad y la salud, es por ello que el Estado Mexicano debe recabar información puntual al respecto, pues al ser esta información la base para la elaboración del proceso de planeación y presupuesto del Sistema Nacional de Salud y, ante la realidad de que “Las personas con discapacidad tienen mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, y también tienen más necesidades insatisfechas en esta esfera ”; el que no sean contempladas sus necesidades conlleva la violación a sus derechos humanos.

La propuestas de reforma al artículo 12 fracción XII, es una precisión que faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenga la facultad de celebrar convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes realicen el servicio social obligatorio, en favor de personas con discapacidad.Este cambio no modifica el espíritu del legislador, es una modificación en la redacción que adecua la norma a la reglamentación del Servicio Social, que establece que la entidad beneficiaria del trabajo social, tenga convenios para este fin con la institución educativa.

La adición de una nueva fracción XIV, tiene por objeto establecer en la ley la obligación de que en los libros de texto gratuitos, se incluya la imagen y contenido que normalice a la discapacidad como una condición de vida. La educación es el camino para sensibilización, los valores de respeto y tolerancia, además de la importancia de integrar a las personas con discapacidad en la comunidad y la existencia de estos contenidos debe ser condición sine qua non en la educación.

El artículo 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho a la accesibilidad y a la vivienda. La modificación tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar el derecho a la accesibilidad en la vivienda y su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal, en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción.

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho humano que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”1. Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la vivienda, pero se requiere que establezca la obligatoriedad de hacer accesibles y acordes al diseño universal en la política nacional de vivienda.

Al respecto, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Universitario de Estudios Europeos, elaboró el estudio denominado “LA ACCESIBILIDAD EN LA VIVIENDA COMO VALOR SOCIAL: COSTES Y BENEFICIOS DE LA ELIMINACION DE BARRERAS”, donde aporta las aseveraciones que justifican y dan cuenta la necesidad actual y futura sobre la garantía de accesibilidad.

“La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar, con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, siendo la vivienda el espacio edificado en el que consumimos la mayor parte de nuestro tiempo, aquél del que tenemosmás dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y, en general, bienestar. La vivienda sin un grado mínimo de accesibilidad también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquéllas personas cuyos requerimientos son mayores: las personas condiscapacidad.

La modificación en materia de derecho al trasporte, contemplado en el artículo 19, tiene que ver con la no discriminación a las personas que, por su condición de discapacidad, requieren de la asistencia de un animal para su traslado. Este es el caso de las personas con debilidad visual que requieren de perros guías; o personas con trastornos del espectro autista que necesitan la compañía animal para un traslado tranquilo en algún medio de trasporte como es autobús o avión. Obviamente, previa acreditación de la existencia de una discapacidad y de la necesidad de un apoyo animal para el traslado.

La precisión que se propone en el artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como fin reconocer que las personas con discapacidad que, por la razón, circunstancia o en la calidad que sea, utilice los servicios de justicia, cuente con la asistencia que requiera, de forma gratuita y acorde con su condición.

El compromiso que adquirió México con la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 13 establece la obligación de equiparar las condiciones de la impartición de justicia de modo que se igualen las condicionesy el derecho a la justicia que gozan todos los individuos, respetando sus derechos humanos.

Las propuestas de modificación a los artículos 42, 44, 53 y 55, que son parte del Título del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son producto de la experiencia del funcionamiento y de la nueva realidad del Consejo después de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.La que suscribe, presenta estas propuestas de modificación como consecuencia del diálogo y espíritu de colaboración institucional con el Consejo.

La adición de una fracción XVIII a las atribuciones que establece el artículo 42, propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pueda recibir y dar trámite a quejas o denuncias por la violación a los derechos humanos o actos de discriminación en agravio de personas con discapacidad, por parte de servidores públicos de la administración pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La propuesta de modificación a los artículos 44 y 53, tienen por objeto dejar en claro que los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, tanto en la Asamblea Consultiva, como los representantes de la asamblea en la Junta de Gobierno del Consejo, deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo.

Al respecto, el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su numeral tercero, establece que “La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento”. La Asamblea Consultiva y la Junta de Gobierno son instancias de planeación, dirección y seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad. La representación de las personas con discapacidad debe ser por parte de organizaciones y personas que representen la experiencia y condición de discapacidad, ya sea por ser persona con discapacidad o representar sus intereses desde una organización no gubernamental.

La prohibición de que los representantes de las personas con discapacidad y sus organizaciones, sean funcionarios públicos, tiene que ver con la realidad. En la Junta de Gobierno, se contempla que serán nueve los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y cinco de la Asamblea Consultiva, esto deja claro que las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen principios distintos y buscan fines igualmente distintos.

Para la mejor explicación y entendimiento de las propuestas realizadas, se presenta esta tabla de cambios propuestos:

Dice

Se propone

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá de manera obligatoria en todo el territorio nacional, promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio..

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Se adiciona un párrafo segundo

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Para ello, se deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes para dar cumplimiento y plena vigencia a esta Ley.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a II. …

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V. a XIII. …

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a II. …

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes y necesarios para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y los municipios, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V. a XIII. …

TITULO SEGUNDO

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO I

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional

TITULO SEGUNDO

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO I

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá y actualizará periódicamente la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

CAPITULO III

EDUCACION

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a XII. …

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y

Se adiciona y se recorre la fracción actual a la XV.

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

CAPITULO III

EDUCACION

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a XII. …

XIII. Celebrar convenios de coordinación o concertación con instituciones de educación superior de cada Entidad Federativa, a efecto de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a personas con discapacidad;

XIV. Integrar en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad a la comunidad, y;

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

CAPITULO IV

ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

...

I. a III. …

CAPITULO IV

ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas,y Municipales, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

...

I. a III. …

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán contemplar e incluir la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los proyectos arquitectónicos de construccionesy de modificación a las viviendas. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

CAPITULO V

TRANSPORTE PUBLICO Y COMUNICACIONES

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. a V. …

CAPITULO V

TRANSPORTE PUBLICO Y COMUNICACIONES

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicoso humanos, personal capacitado y el libre acceso en compañía de animales de apoyo para su traslado;

III. a V. …

CAPITULO IX

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

CAPITULO IX

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales, respetando sus derechos humanos, deberán contar con asistencia, asesoría y representación jurídica accesible a su condición y en forma gratuita, a fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

TITULO TERCERO

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO II

ATRIBUCIONES

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. …

Se adiciona

TITULO TERCERO

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO II

ATRIBUCIONES

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. …

XVIII. Recibir, dar trámite y seguimiento, ante la instancia competente, de las quejas o denuncias que las personas con discapacidad, sus familias o tutores interpongan contra supuestas violaciones a sus derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas o de los Municipios, contenidos en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.

CAPITULO III

ORGANOS DE ADMINISTRACION

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. a IX. …

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

CAPITULO III

ORGANOS DE ADMINISTRACION

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. a IX. …

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, no podrán ser funcionarios públicos en activo y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía

CAPITULO IV

ASAMBLEA CONSULTIVA

Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;

II. a III. …

La Asamblea será presidida por un representante electo de entre sus miembros.

CAPITULO IV

ASAMBLEA CONSULTIVA

Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas, Los representantes de las organizaciones deberán ser miembros de alguna organización y no podrán ser funcionarios públicos en activo;

II. a III. …

La Asamblea será presidida por un representante electo de entres sus miembros, así mismo se nombrarán unsecretario y un escrutador, que también seránelectos de entre sus miembros a efecto de garantizar la convocatoria de los integrantes de la asamblea a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se propongan.

El consejo y los Gobiernos de las Entidades Federativas celebrarán acuerdos de colaboración en materia de logística y aportaciones para el buen funcionamiento de la Asamblea.

Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

Artículo 55. Las bases de elección, funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

Por lo expuesto y por el compromiso de una inclusión social con equidad y sin discriminación, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Artículo Unico. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1; se adiciona un párrafo segundo al artículo 3; se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 4; se reforman las fracciones III y IV del artículo 6; se reforma el párrafo primero del artículo 10; se reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 12; se reforma el párrafo segundo del artículo 16; se reforma el párrafo primero del artículo 18, se reforma la fracción II del artículo 19; se reforma el primer párrafo del artículo 28; se reforma la fracción 18 del artículo 42; se reforma el párrafo tercero del artículo 44; se reforma la fracción I y el párrafo segundo, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 53, y; se reforma el artículo 55,todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá, de manera obligatoria en todo el territorio nacional, promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Para ello, se deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes para dar cumplimiento y plena vigencia a esta Ley.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a II. …

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes y necesarios para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y los municipios, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V. a XIII. …

TITULO SEGUNDO

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO I

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá y actualizará periódicamente la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

CAPITULO III

EDUCACION

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a XII. …

XIII. Celebrar convenios de coordinación o concertación con instituciones de educación superior de cada Entidad Federativa, a efecto de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a personas con discapacidad;

XIV. Integrar en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad a la comunidad, y;

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

CAPITULO IV

ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas,y Municipales, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

...

I. a III. …

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán contemplar e incluir la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los proyectos arquitectónicos de construccionesy de modificación a las viviendas. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

CAPITULO V

TRANSPORTE PUBLICO Y COMUNICACIONES

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicoso humanos, personal capacitado y el libre acceso en compañía de animales de apoyo para su traslado;

III. a V. …

CAPITULO IX

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales, respetando sus derechos humanos, deberán contar con asistencia, asesoría y representación jurídica accesible a su condición y en forma gratuita, a fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

TITULO TERCERO

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO II

ATRIBUCIONES

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. …

XVIII. Recibir, dar trámite y seguimiento, ante la instancia competente, de las quejas o denuncias que las personas con discapacidad, sus familias o tutores interpongan contra supuestas violaciones a sus derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas o de los Municipios, contenidos en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.

CAPITULO III

ORGANOS DE ADMINISTRACION

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. a IX. …

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, no podrán ser funcionarios públicos en activo y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía

CAPITULO IV

ASAMBLEA CONSULTIVA

Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas, Los representantes de las organizaciones deberán ser miembros de alguna organización y no podrán ser funcionarios públicos en activo;

II. a III. …

La Asamblea será presidida por un representante electo de entre sus miembros, así mismo, se nombrarán un Secretario y un escrutador, que también serán electos de entre sus miembros; a efecto de garantizar la convocatoria de los integrantes de la asamblea a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se propongan.

El consejo y los Gobiernos de las Entidades Federativas celebrarán acuerdos de colaboración en materia de logística y aportaciones para el buen funcionamiento de la Asamblea.

Artículo 55. Las bases de elección, funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de 180 días para realizar las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Dip. María de las Nieves García Fernández.- Dip. María de la Paloma Villaseñor Vargas”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Leobardo Alcalá.

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, sólo para felicitar a la proponente en este punto que hoy atinadamente presenta, para pedirle el favor, pueda signar la misma iniciativa, y felicitar, y quizás felicitarnos a todos los que estemos de acuerdo de que hoy estemos dando la oportunidad de poder trabajar por quienes más necesitan de nuestro apoyo, que en este caso serían los grupos vulnerables, como el caso de los discapacitados.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Alcalá Padilla. Se adhiere a la iniciativa la Senadora Diva Hadamira.

Pido a la Secretaría tome nota de los señores legisladores que se quieren adherir a la iniciativa de las Diputadas.

Aprovecho la oportunidad para saludar a los alumnos del Curso de Verano de la Delegación Iztacalco, de la Senadora Alejandra Barrales, que nos acompañan el día de hoy.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

La iniciativa recientemente presentada, se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

También aprovecho para saludar a quien ha sido legislador federal en varias ocasiones, Diputado federal, Senador, Coordinador del grupo parlamentario del PAN, y actualmente Presidente del PAN, don Gustavo Madero, que nos acompaña el día de hoy.

¡Bienvenido!

(Aplausos)

Tienen el uso de la palabra dos oradores, el Diputado Luis Alberto Villarreal García y el Senador Francisco Domínguez Servién, hasta por cinco minutos cada uno, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia energética.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA ENERGETICA

(Presentada por el C. Diputado Luis Alberto Villarreal García y el C. Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Diputado Luis Alberto Villarreal García: Gracias, señor Presidente.

Hemos entregado ya a la Secretaría de esta Mesa Directiva el documento íntegro que contiene la reforma que hoy presento a nombre el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República y del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

La Reforma Energética de fondo es una propuesta del PAN.

La historia aprueba que desde la oposición, el PAN jamás esperó que las grandes transformaciones partieran de iniciativas del gobierno, no esperamos entonces y no haremos esperar a los mexicanos ahora.

Por eso, hoy el PAN da un paso adelante y de cara a la opinión pública. Con toda claridad y transparencia presenta una propuesta integral de reforma para transformar al sector energético.

Presentamos una reforma que parte de una premisa básica, no podemos esperar resultados diferentes en materia energética si seguimos haciendo lo mismo: dejar correr el tiempo, dejarse amenazar, dejar las cosas como están es sentenciar al país y a los mexicanos a tirar por la borda su riqueza energética y condenar a los mexicanos a vivir con gasolina importada, luz cara, gas insuficiente y un futuro económico incierto.

Para nadie es un secreto que nuestra economía muestra signos de debilidad. Hay una nociva dependencia al gasto de gobierno, y el gasto de gobierno depende a su vez del petróleo.

Hemos apostado el destino de una nación de más de 115 millones de habitantes a un recurso no renovable como el petróleo, Acción Nacional no viene a inventar el hilo negro, sino a proponer alternativas de solución a un diagnóstico que todos compartimos.

Urge transformar a PEMEX en una empresa productiva que preserve para la nación la propiedad sobre los hidrocarburos, pero que no le tema a la competencia.

Debo mencionar, porque es una demanda de la gente, del ciudadano común que no habrá reforma completa sin cortar de raíz los usos, los abusos y las costumbres de corrupción en el sector petrolero.

Ese es un mandato que el PAN acata y plasma en su diagnóstico y propuesta para hacer de PEMEX una empresa más transparente y, sobre todo, una empresa eficiente de la que los mexicanos podamos sentirnos más orgullosos.

Por ello, es urgente invertir donde hoy no alcanzan los recursos fiscales, explorar donde no llega nuestra tecnología, refinar lo que hoy compramos al extranjero y generar valor en donde hoy existe incertidumbre.

En el PAN creemos en el desarrollo sustentable, y en el desarrollo ordenado de nuestro sector energético, con esta reforma podremos hacer electricidad más barata sin dañar al medio ambiente; impulsaremos la generación de energía a partir del gas natural, y a partir de fuentes eólicas, solares y geotérmicas. Todo con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero.

Este no es un discurso con retórica verde, sino la única alternativa de cara a la transición energética.

Estoy convencido que la reforma que proponemos traerá enormes resultados y beneficios para las familias mexicanas. Beneficios concretos que abrirán oportunidades e impulsarán nuestra economía.

La creación, por lo menos, de 100 mil empleos bien remunerados cada año. Ninguna otra reforma por sí misma puede detonar generación de tantas fuentes de trabajo, crecimiento económico adicional de entre el 1 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto anual.

Soberanía energética, pues dejaríamos de comprar a otros países más de la mitad del gas y de la gasolina que hoy por hoy consumimos.

La reforma que proponemos representa una disminución real en el precio de los energéticos, el precio de la energía eléctrica en México se puede reducir hasta en un 40 por ciento. Con ello, vamos a demostrar en los hechos que los recursos naturales y PEMEX son propiedad de los mexicanos, de nadie más. Sabemos que hay quienes viven políticamente de portar el no como bandera; sabemos también que sembrarán la duda y el miedo entre quienes tenemos la oportunidad histórica de reformar a profundidad el sector energético.

Insisto, en Acción Nacional no hay lugar a dudas; en Acción Nacional estamos unidos y convencidos de que el debate se gana con ideas, sin poner en juego la paz y la tranquilidad de los mexicanos unidos por un tema de fondo que rebasa por mucho cualquier diferencia de forma.

En Acción Nacional no tenemos miedo a decir, sí. Sí a la transformación del sector energético; sí a la asociación pública o privada para invertir más e incrementar la renta petrolera; sí a una reforma que quite lastres a PEMEX; sí a una reforma de cara a los ciudadanos que acote la corrupción, los abusos y los excesos; sí a una reforma que entiende al Pacto por México como un marco para la discusión y la propuesta y no como una camisa de fuerza que limite para hacer política.

Decimos, sí, a una reforma constitucional que persigue el interés público y el bien común.

La izquierda institucional ha puesto sobre la mesa una propuesta que en su diagnóstico limita la discusión al tema petrolero. El reto es más amplio, es integral y es complejo. Se trata de potenciar todo el sector energético desde los hidrocarburos, hasta el gas, la electricidad y las energías renovables. Respetamos el llamado a una consulta pública, porque escuchar a los ciudadanos es siempre condición elemental de democracia, pero advertimos que no hay nada más democrático que regresar con nuestros electores, con la cara en alto, el nombre limpio y una reforma de fondo bajo el brazo.

En Acción Nacional vamos a cumplir con los más de 12 millones de mexicanos que en julio de 2012 creyeron en nuestra propuesta y en la plataforma que presentamos los candidatos en los 300 distritos electorales.

Habremos de analizar sin concesiones previas la propuesta que el Ejecutivo Federal presente ante esta Soberanía. Buscaremos puntos de coincidencia y defenderemos nuestra propuesta. El objetivo es aprobar la mejor reforma, bienvenido el consenso, pero que quede claro, esta no será la reforma unánime, sino la reforma que México necesita, es la hora de la reforma, pero aún no conocemos la iniciativa del gobierno, por ello exigimos a la administración federal que presente ya una reforma concreta en materia energética y ponga fin al silencio gubernamental que impera en este debate trascendental de la vida pública nacional.

Sí, señoras y señores, la reforma de fondo que plantea Acción Nacional modifica los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, presentamos una iniciativa ambiciosa, no una iniciativa cosmética; no está diseñada para decirle a México lo que algunos quieren escuchar, no está diseñada para calmar los ánimos insidiosos, para satisfacer intereses particulares o políticos que los mexicanos conocen de sobra, que quede claro, queremos una asociación estratégica del capital público y privado en el sector energético, jamás, jamás la privatización de Petróleos Mexicanos.

Esta es una reforma para decirle a los mexicanos lo que necesitamos hacer para garantizar soberanía y viabilidad energética, creemos que el costo político es mera vanidad, cuando lo que se debate es el costo que México tendrá que pagar en el futuro por no haberse atrevido al cambio.

Esta es nuestra convicción, esta es la convicción del PAN en materia energética, y esta convicción no es novedad. Transformar al sector ha sido una posición invariable como gobierno, y ahora lo es como oposición; la diferencia es que Acción Nacional no paga con mezquindad, la mezquindad que padeció cuando ocupó el gobierno durante 12 años.

Esta es una reforma de fondo, Acción Nacional plantea una reforma que haga atractivo, eficiente y dinámico el sector energético, sin más cargas para los bolsillos de los ciudadanos. En el PAN creemos que el nacionalismo se mide por la capacidad que tenemos para defender nuestra riqueza energética, pero también en la eficacia para transformarla en beneficios concretos para todos.

Esta es una reforma nacionalista, esta es una reforma transformadora, esta es una reforma modernizadora, una reforma que preserva y defiende la soberanía nacional. México merece nuestro mejor esfuerzo y nuestra voluntad absoluta y plena para sacar adelante a este país.

La propuesta que presentamos es, sin duda, la propuesta energética de mayor alcance que se haya presentado en este país en las últimas décadas. Esta es la reforma de una oposición propositiva, de una oposición responsable; ésta es la reforma sin miedo y sin dudas, ésta, señoras y señores legisladores, amigas y amigos de los medios de comunicación, es la reforma oportuna, y la reforma a tiempo.

Esta es la reforma energética de fondo, la reforma que México necesita, la reforma que respeta nuestra historia sin renunciar al futuro; que nadie nos pida que le demos a México menos de lo que los mexicanos se merecen; va por México, va por la gente.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Tiene ahora la palabra el Senador Francisco Domínguez Servien. Y le suplico ajustarse al tiempo establecido.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con el permiso de la Presidencia. Saludo a los 32 Presidentes de los Comités Directivos Estatales de mi partido, el PAN.

Los Senadores de Acción Nacional no hacemos a un lado la historia, al contrario, la conocemos y estudiamos para aprovechar sus enseñanzas, por ello valoramos la decisión que en su momento tomó el general Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar la industria petrolera, que en esas épocas estaba en manos de extranjeros, en muchos casos aquellas empresas sí cometieron abusos y aprovecharon al no contar el Estado mexicano con un marco jurídico.

Se hiciera una explotación irracional de nuestros recursos sin ninguna reciprocidad hacia el pueblo mexicano. La creación de Petróleos Mexicanos fue una de las más importantes empresas que emprendió el gobierno de la República, y es en la actualidad uno de los principales pilares de la economía mexicana.

Al paso del tiempo debemos reconocer que el modelo de la empresa de Pemex ha sido rebasada por las condiciones económicas y políticas contemporáneas, debemos reconocer que el Estado mexicano no posee la capacidad económica para lograr la modernización plena, que genere condiciones de competencia a nivel internacional. Como nación esta negativa constante de cerrar las puertas a cualquier tipo de inversión del sector privado en la cadena productiva de hidrocarburos que coloca a México en un situación grave y desventaja frente a otros países como Cuba, Colombia, Brasil y otros más.

Nadie puede negar que nuestro desarrollo petrolero es deficiente, que tenemos problemas en el abastecimiento de hidrocarburos y de energía eléctrica, y que tenemos políticas integrales y transversales de combate al cambio climático.

No, no es posible que siendo un país productor de petróleo dependamos de refinerías en el extranjero para proveernos de gasolina y que tengamos que importar gas natural. México no puede postergar más el tiempo, el debate de la modernización del sector energético.

Nuestra responsabilidad histórica, como mexicanos, es construir y lograr mediante el diálogo un acuerdo que permita a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión impulsar y aprobar una reforma que rompa con los paradigmas que impiden el desarrollo del sector y, en consecuencia, de nuestro país.

Los Senadores y Diputados de la LXII Legislatura tenemos la oportunidad histórica de cambiar para bien el rumbo de nuestra nación; debemos atender con visión de largo plazo y con decisión, pero a la vez de manera reflexiva y responsable el enorme reto al que nos estamos enfrentando.

Debemos de actuar de manera responsable, porque mientras en México se continúa con un debate nacionalista mal entendido, en donde dolosamente se habla de la pérdida de soberanía, la realidad es que nos está rebasando.

Nuestras empresas energéticas, estatales, como Petróleos Mexicanos, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, se están quedando a la zaga respecto a nuestros homólogos extranjeros; debemos decirlo con toda claridad.

En nuestro país todavía existen intereses mezquinos que no han permitido la realización de una reforma energética a fondo, debe tenerse en cuenta que en caso de no aprobar una reforma energética de fondo, en unos cuantos años México, desgraciadamente, podría enfrentar, sino reformamos esta propuesta de Acción Nacional, una crisis económica crítica y muy difícil de superar.

Necesitamos cambiar radicalmente el modelo de gestión y la organización del sector energético en su conjunto, es un hecho indiscutible que el modelo actual ya se agotó. Nuestra iniciativa busca el bienestar de todos los mexicanos y el crecimiento económico de nuestro país.

Invito a los presentes a mirarla con esa altura, es el momento de generar un cambio profundo en la sociedad, que traiga consigo el crecimiento económico nacional y que ésta sea percibida, de todas las familias mexicanas, es por eso que la iniciativa que hoy someto a la consideración del Constituyente Permanente, tiene la finalidad de aprovechar de manera responsable al máximo todos los recursos con los que el país cuenta, busca llenar de nueva tecnología de inversiones productivas y acabar con los monopolios del Estado.

Queremos ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, que doten de nuevas fuentes de trabajo y de crecimiento, de oportunidades de desarrollo, sólo así generaremos energías limpias, baratas y eficientes que reduzcan el costo de la energía eléctrica y consolide nuestra independencia energética.

Los Senadores del PAN queremos brindar a las próximas generaciones la oportunidad de tener un mejor futuro. Por ello, estamos convencidos que la modernización de Pemex está tan sólo en el primer paso para lograr que México sea competitivo a nivel internacional.

Se debe entender que la apertura a la inversión de particulares no implica la privatización, ni la pérdida del dominio de los recursos que el Estado ejerce actualmente.

Que a todos les quede bien claro que nuestra propuesta no implica ninguna forma de privatización.

Otro de los elementos que integra la reforma y la propuesta de Acción Nacional tiene que ver con la modernización y la competitividad del sector eléctrico, que no adolece de problemas muy parecidos al sector petrolero: falta de inversión, incapacidad técnica derivada de problemas financieros. Son algunos de los aspectos que propician la prestación de un servicio ineficiente.

Asimismo, si no se realizan reformas que permitan la inversión de particulares en el sector, en el transcurso de algunos años el servicio público de energía eléctrica colapsará, y millones de mexicanos resultarán afectados.

Una vez más queremos insistir que la iniciativa de los Senadores del PAN propone, que tanto Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, sigan siendo propiedad del Estado.

Señoras y señores, finalmente, enfatizo que nuestra propuesta establece que los derechos laborales de los trabajadores que presten su servicio a empresas y organismos del sector petróleo y eléctrico, serán respetadas en todo momento con estricto apego a derecho.

Proponemos un cambio de inversión en la estructura financiera y económica del país, específicamente en el aprovechamiento de los recursos energéticos y del nuevo modelo que garantizará al Estado mexicano, consolide como rector de la política económica y energética del país.

Nuestra iniciativa, del grupo parlamentario del PAN, pretende generar las condiciones necesarias para traer tecnología e inversiones que se vean reflejadas en el bienestar de las familias mexicanas.

Un país más próspero permitirá abatir la pobreza, la pobreza en que viven millones de mexicanos.

Les dará a los jóvenes millones de oportunidades para tener empleo bien remunerado, para que no caigan en las filas de la delincuencia organizada.

Los mexicanos debemos tomar decisiones responsables y asumir el reto de realizar los cambios estructurales, que les den viabilidad y certeza a las próximas generaciones.

Dejemos a un lado los intereses de unos cuantos.

La apuesta de Acción Nacional es y será siempre por el bienestar de los mexicanos.

Busquemos las coincidencias para que de esta manera México tenga bases más firmes para seguir construyendo un México próspero para todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Domínguez Servién.

- El C. Diputado Luis Alberto Villarreal García: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Villarreal.

- El C. Diputado Luis Alberto Villarreal García: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Solamente para solicitarle que se turne la presente iniciativa que hemos presentado los grupos parlamentarios del PAN, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, a las Comisiones correspondientes del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Villarreal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gamboa Patrón, por favor.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño)Señor Presidente, sólo envío a usted este proyecto a Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos. Yo le pediría, me conceda, que vaya también a la Comisión de Energía.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Concedido, Senador Gamboa.

Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Sólo para conocer. Teníamos enterado que después de la presentación de la iniciativa, un legislador del PRI pasaría a tribuna.

Así se dijo, ¡eh!, por lo menos Servicios Parlamentarios así nos lo dijo.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Me parece que, a no ser que también suscribiera el PRD esta iniciativa y el PRI, pues no tendrían por qué utilizar la tribuna en este momento, Senador Barbosa Huerta.

Gracias.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)¿Me permite, señor Presidente?

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta, por favor.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Yo respeto mucho su humor y, desde luego, la ironía, esta broma muy negra que hace usted, pero así se nos dijo, ¡eh!, así se nos dijo.

Seguramente el PRI saluda con su silencio esta iniciativa y nosotros íbamos a hacer un posicionamiento propio.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Seguimos con la presentación de la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, que nos presenta 3 iniciativas:

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales, en materia de participación ciudadana.

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

Y el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Para hacer esta presentación, podrá hacer uso de la tribuna hasta por 10 minutos.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lizbeth Rosas Montero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 35, 36 Y 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Presentada por la C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre de los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Sí, le pediría, señor Presidente, nada más poner orden, por favor, en la sala, y a los visitantes ser prudentes. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados:

El día de hoy el grupo parlamentario del PRD presenta 3 propuestas que buscan abrir el espectro de decisión y representación política, la de diversos Senadores y Senadoras, tiene por objeto garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional, estableciendo normas y principios para regular la consulta ciudadana, la iniciativa ciudadana, promoviendo y fortaleciendo la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular; regular la figura de la iniciativa ciudadana, y establecer las figuras de observatorio ciudadano y recorrido de las autoridades gubernamentales.

La de Diputados y Diputadas del grupo parlamentario del PRD, busca definir el referéndum como mecanismo por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a los ciudadanos a expresar su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o aprobación de disposiciones de la Constitución y leyes emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentran en esta discusión legislativa.

Asimismo, se presentaron, junto con otros legisladores, diversas propuestas de iniciativa ciudadana, la cual definimos como el derecho político de que los ciudadanos pueden iniciar proyecto de leyes o Decretos consagrados en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más allá de la importancia de estas 3 iniciativas, donde se busca abrir el espectro de participación y representación política y ciudadana, el común denominador de estos instrumentos es que representan, compañeros, una oportunidad para romper con el monopolio de las encuestas como la única vía para conocer la opinión de la ciudadanía en temas importantes, como lo es, precisamente, el tema de la reforma energética.

De aquí que el instrumento principal no puede seguir siendo las encuestas de opinión.

Debemos darle a la ciudadanía un instrumento que pueda empoderarlos, y que pueda darles la información correspondiente.

En este sentido, el buen ejemplo que el día de hoy estamos escuchando como legisladores, al escuchar la propuesta del grupo parlamentario del PAN, con el aval del PRI, en torno a la propuesta de reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para el PRD, precisamente, recobran la posibilidad de retomar el debate, ya que precisamente la iniciativa de Consulta Ciudadana, pues busca, precisamente, darle elementos a la ciudadanía en temas de decisión que finalmente van a trascender en la esfera de lo nacional, a fin de poder saber cuál es la opinión, si hay una aprobación o una desaprobación sobre los diversos temas legislativos que aquí se discuten.

En este sentido, y retomo el ejemplo de Pemex, porque en verdad yo no sé francamente a qué le tienen miedo los grupos parlamentarios.

Yo acabo de escuchar la presentación de una iniciativa que prácticamente en vez de presentar de manera concreta en qué va consistir, pues escucho una serie de cosas, de temas, y creo que aplica el dicho: “que una mentira dicha mil veces, se convierte en verdad”

¿Pero qué creen, compañeros legisladores? Que sigue siendo mentira. Y por eso los ciudadanos de allá fuera merecen tener instrumentos de participación ciudadana que verdaderamente les permita incidir en los temas nacionales.

Y yo les pregunto, ahora con esta nueva propuesta que quieren hacer, ¿cuántos millones de dólares van a traer a México con esta propuesta?

¿Cuáles son las áreas de explotación, que se va buscar privatizar, cuáles?

Y me llama más la atención, porque precisamente son quienes ya fueron gobierno federal, quienes plantean la privatización, aunado a que precisamente los vemos, desde mi muy particular punto de vista, pues como cómplices, de los malos manejos que ha habido, desafortunadamente, en Pemex, con el enriquecimiento ilícito de muchos de sus líderes, con la fuga de capitales que la empresa está generando y también en el nulo y cero combate a la serie de tomas clandestinas que tiene, en este caso, la empresa.

A nosotros, como PRD, siempre vamos a estar por promover este tipo de esquemas de consulta, en donde la ciudadanía puede decidir sobre nuestra riqueza nacional, sobre la defensa de nuestros hidrocarburos.

No, en este caso, a la presión que ejercen muchos gobiernos extranjeros, con los cuales algunos gobiernos, como los recientes que han gobernado a nuestro país, han adquirido intereses, en donde ya no nada más se conforman con las concesiones, ahora quieren explotar nuestras riqueza y quedarse con nuestra renta petrolera.

No, compañeros Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores, aquí en esta propuesta de tres iniciativas, el grupo parlamentario del PRD, les presenta la ruta: la consulta ciudadana.

Y si tenemos en verdad la voluntad política para dictaminarla, vamos a poner el tema de la reforma energética en el tema del debate, en el tema de la consulta.

¿A qué le tienen miedo?

¿A que la ciudadanía no apruebe lo que están ustedes viniendo a presentar?

Hay que trabajarla, hay que debatir, le tomo la palabra al Presidente de los coordinadores, de los Diputados que me antecedió.

Porque definitivamente, a veces, el discurso es, presentamos una propuesta que innova, pero pues ya fueron gobierno, y los resultados que acabamos de tener recientemente de 53.3 millones de pobres en México, pues yo creo que con éste, no es esperarnos al costo que va a pagar México, si Pemex no se privatiza.

Es al costo que estamos pagando actualmente por la gran pobreza que hay en México y por sus malas políticas públicas y por sus malas decisiones de gobierno.

No nos equivoquemos, abramos el debate, abramos la consulta ciudadana.

Y hay que decir que sí, como él mismo dice, pero abrirnos a la opinión ciudadana de los consensos.

A nosotros nos preocupa que ahora el discurso sea tan nacionalista, ¿no será que se están curando en salud, compañeros?

Porque finalmente tuvieron la posibilidad de transformar a México y lo hundieron en la pobreza.

¿Cuál es su amor a México? No simulemos y digamos las cosas como son.

Enfrentemos las urnas, invitemos a los ciudadanos a participar, y que sean ellos, con su opinión, quienes determinen las verdaderas políticas nacionales en México.

¡No a la privatización de Pemex!

Gracias.

(Aplausos)

Iniciativas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 35, 36 Y 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

"Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pueblo no sólo debe ser tomado en cuenta, sino que debe decidir. El artículo 6º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dispone que la ley es la expresión de la voluntad general y que todas y todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por sus representantes, en su formación.

El 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, algunas de éstas con la finalidad de dar una real participación ciudadana en la toma de las decisiones, porque de lo contrario no se estarían tomando con seriedad los derechos de los ciudadanos.

En dicha reforma cobró especial importancia las adiciones a los artículos 35, 36 y 71 del orden constitucional a través de las cuales se reconoció como derecho de los ciudadanos el poder iniciar leyes y el derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

El artículo segundo transitorio de la publicación referida dispuso que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en dicho Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. En consecuencia, dentro de los primeros días de agosto tiene que ser aprobada la ley secundaria que regule el procedimiento de consulta popular. Estamos en un momento histórico para dar a este instrumento la máxima importancia ya que permitirá asegurar la validez de las decisiones relevantes para la Nación mexicana, que atañen a todos los mexicanos y mexicanas.

En este contexto y con la finalidad de desarrollar el marco legal que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la reforma política referida, el miércoles 24 de julio del año en curso, diversos senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 35, 36 Y 71 CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA, en la que se destaca, en lo particular, los mecanismos mediante los cuales podrá hacerse efectiva la participación ciudadana en la toma de las decisiones trascendentes para la Nación, así como su derecho para iniciar leyes. La propuesta presentada es adecuada ya que regula los aspectos importantes de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la reforma política llevada a cabo en el ejercicio 2012.

Dando continuidad a la propuesta referida, se presenta esta iniciativa que retoma el texto de la iniciativa que fue presentada en días próximos anteriores y solamente pretende fortalecer y complementar el cuerpo normativo presentado por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática con dos puntos importantes que se presentan a continuación:

1. La participación ciudadana no debe estar sujeta a los tiempos electorales ya que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año, por lo que en términos del artículo 1º Constitucional deben garantizarse los derechos de los ciudadanos en todo momento, y

2. En los instrumentos de participación ciudadana deben considerarse las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

En consecuencia, el objetivo de la presente iniciativa es complementar la iniciativa presentada en días anteriores con estos dos puntos que deben formar parte del desarrollo y del funcionamiento de la participación ciudadana por las siguientes razones:

El primer punto, referente a que la participación ciudadana no puede sujetarse a los tiempos electorales retoma su importancia al considerar que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año y no exclusivamente el día de la jornada electoral federal.

Cierto es que debe reconocerse como regla general que estas puedan llevarse a cabo el día de la jornada electoral federal, respetando el texto constitucional, pero no debe limitarse el derecho ciudadano a votar en las consultas populares sólo en esa circunstancia. Por ello, debe reconocerse la posibilidad de que las consultas populares puedan ser realizadas en cualquier momento siempre que exista alguna decisión trascendente en la que los ciudadanos deban ser participes. Debe dejarse abierta la posibilidad de que las consultas populares y la participación ciudadana en éstas pueda realizarse en cualquier época y no sólo de manera limitativa el día de la jornada electoral federal, lo cual no vulnera el espíritu de la reforma constitucional del 2012, pues se trata de una ampliación de derechos, lo que es perfectamente acorde con el modelo de protección a los derechos humanos, establecido en el artículo 1° constitucional.

Por su parte, el segundo punto recobra importancia ya que los mecanismos de participación vinculante para los ciudadanos ya no pueden limitarse a las urnas.

Una meta esencial en la lucha por una mayor apertura gubernamental y transparencia es darles a los ciudadanos más poder. Y para que el gobierno pueda ser receptivo necesita tener una manera rápida y eficiente de trabajar con los votantes y de entender cómo se sienten sobre temas específicos. Hoy, a partir de las innovaciones tecnológicas y científicas, los ciudadanos se han empoderado para interactuar entre sí y, crecientemente, también con las instituciones tradicionales de gobierno.

Una de las claves para una democracia más vibrante es una ciudadanía informada y comprometida. Hoy debemos facilitar la vinculación y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones transcendentes y la mejor forma de lograrlo es utilizando las tecnologías de la información.

En los últimos años el número de usuarios en las redes sociales ha crecido exponencialmente. Además, también ha crecido la proporción de usuarios que publican noticias políticas, que siguen a un candidato o funcionario o que se unieron a algún grupo organizado en torno a un tema de interés político o social. Los adultos jóvenes se identifican con estas formas de participación. Muchas veces las discusiones que comienzan en línea pueden traducirse en compromisos políticos sostenidos. Los medios sociales como plataformas se han convertido en un espacio en donde la gente intenta convencer a la gente para que vote o se posicione de cierta manera. El mundo de la política en las redes sociales no es –para muchos usuarios- un dominio separado de la actividad política.

Hoy los gobiernos necesitan a los ciudadanos para enfocar y resolver los retos de manera colaborativa; se puede acelerar el progreso democrático diseñando las plataformas tecnológicas precisas, que permitan aportar nuevos métodos para la participación ciudadana integrando las virtudes de las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica.

Por las anteriores razones, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley de Participación Ciudadana como ley reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación e iniciativa ciudadanas en los siguientes términos:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

TITULO I

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional en materia de consulta popular y de iniciativa de leyes ciudadanas.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular y la iniciativa ciudadana.

III. Promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular.

IV. Regular la figura de la iniciativa ciudadana.

V. Establecer las figuras de observatorios ciudadanos y recorrido de autoridades.

Artículo 3. La consulta popular es el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Consulta popular: procedimiento por medio del cual los ciudadanos mexicanos expresan su aprobación o desaprobación sobre proyectos legislativos que tengan por objeto expedir, modificar, derogar o abrogar disposiciones de la Constitución o de leyes del Congreso de la Unión.

II. Iniciativa ciudadana: La facultad de un numero de ciudadanos equivalente, al menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores de iniciar el proceso legislativo de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;

III. Observatorios ciudadanos: órganos de colaboración ciudadana, cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de la Federación, alegrados de manera voluntaria y con la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos funcionarios.

IV. Recorridos de autoridades: instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 4.- No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3° de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. La restricción de los principios consagrados en el Artículo 40 de la Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 5. La consulta popular, por regla general, se realizara el mismo día de la jornada electoral federal. No obstante y para garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional, de manera excepcional, las consultas populares podrán celebrarse cuando sea necesario, en cuyo caso la convocatoria precisará las fechas y modalidades de participación de la ciudadanía, considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

La relevancia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por el Congreso de la Unión.

Artículo 6. En cada consulta popular, la cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía será de tres. Los cuestionamientos deberán formularse de manera clara y comprensible.

Artículo 7. En la interpretación de las disposiciones de esta ley se deben garantizar los principios del artículo primero de la Constituci6n para maximizar el derecho a la participación ciudadana y los principios democráticos. En caso de ambigüedad, la interpretación deberá ser extensiva, ampliando en todo momento, los derechos del ciudadano.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a las tesis y jurisprudencia que, en aplicación de la misma, establezca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su competencia.

En caso de que no exista disposición expresa, ni criterio interpretativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estará a los principios generales del derecho.

TITULO II

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONVOCATORIA PARA
LA CELEBRACION DE LA CONSULTA

Artículo 8. Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la Republica;

II. El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

III. AI menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 9. La solicitud para la consulta podrá presentarse en todo momento. En caso de que se realice la consulta popular el día de la jornada electoral federal, la solicitud deberá ser presentada antes del 31 de enero del año de la elección federal.

Artículo 10. La solicitud deberá presentarse ante la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, con la documentación comprobatoria correspondiente.

Las comisiones competentes en materia de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente.

Artículo 11. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán:

I. Presentar en medio magnético la lista de ciudadanos a que se refiere el inciso c) del apartado 1° de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional, con el nombre completo, el numero de folio de la credencial para votar con fotografía y la firma de cada uno de los solicitantes.

II. Nombrar a un representante común.

III. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.

Artículo 12. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, la Cámara correspondiente deberá prevenir a los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones en un plazo de 48 horas.

Artículo 13. El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, turnara de inmediato la petición ciudadana al Instituto Federal Electoral para que este, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique la lista de ciudadanos a que se refiere el Artículo anterior.

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, turnara de inmediato la petición ciudadana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el mismo plazo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

Artículo 14. En los casos establecidos en las fracciones I y II del Artículo 8 de esta Ley, las Cámaras del Congreso de la Unión otorgaran a la petición de consulta popular tramite preferente.

Aprobada la petición, el Congreso de la Unión emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, la declaración de procedencia de la consulta popular, y ordenará que se emita la convocatoria correspondiente y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto Federal Electoral para que inicie el procedimiento de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

En el procedimiento de organización, desarrollo, computo y declaración de resultados, el Instituto Federal Electoral deberá considerar las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información para garantizar el derecho de la ciudadanía de votar en las consultas ciudadanas.

Artículo 15. Cuando se presenten dos o más peticiones de consulta popular, el Congreso de la Unión emitirá una (mica convocatoria y procurara integrar los temas de la consulta, garantizando el límite de cuestionamientos establecido en el Artículo 6 de esta Ley.

Artículo 16. Las peticiones de consulta popular serán improcedentes en los siguientes casos:

I. Cuando la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello;

II. Cuando no contenga la información y documentación comprobatoria correspondiente, de conformidad con esta Ley;

III. Cuando se refiera a alguna de las materias a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley.

Artículo 17. La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de emisión;

II. El acto que se somete a consulta;

III. Las preguntas especificas que se someterán a la decisión ciudadana;

IV. La declaración de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

V. La fecha en la que se llevara a cabo la consulta; y

VI. Los requisitos para participar en la consulta.

CAPITULO II
DIFUSION DE LA CONSULTA POPULAR EN RADIO Y TELEVISION

Artículo 18. El Instituto Federal Electoral dispondrá del tiempo que le corresponde en radio y televisión para difundir la materia de la consulta popular.

Artículo 19. El Instituto Federal Electoral promoverá ante los medios masivos de comunicación la realización de mesas de análisis sobre los asuntos que serán sometidos a consulta. En esos debates deberán regir los principios de equidad y de pluralismo político y social.

TITULO III

CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL

Artículo 20. El Instituto Federal Electoral a través de sus órganos centrales y delegacionales, tendrá en materia de consulta popular, las siguientes competencias:

I. Verificar que al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores promueva la consulta popular;
II. Organizar el proceso de consulta popular considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

III. Ordenar, supervisar y vigilar las etapas de desarrollo de la consulta popular;

IV. Realizar los cómputos que se deriven de la consulta popular; y

V. Declarar los resultados de la consulta popular.

Artículo 21. El Instituto Federal Electoral tomará las medidas conducentes para garantizar la suficiencia presupuestal para la organización, desarrollo, compute y declaración de resultados de las consultas populares, así como para financiar programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 22. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá los lineamientos necesarios para la organización, desarrollo, compute y declaración de resultados de la consulta.

Artículo 23. En los procedimientos para la realización de la consulta popular serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente ley, las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. El Consejo General del Instituto Federal Electoral realizara el cómputo final de la consulta y, declarara los resultados el domingo siguiente al de la jornada electoral.

TITULO IV

CAPITULO I
RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 25. El resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y legislativo federales, y para las autoridades e instancias competentes encargadas de su ejecución, siempre y cuando participen en la consulta, al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 26. Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandate popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley.

TITULO V

CAPITULO I
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 27. Las decisiones y determinaciones que adopten los Órganos del Instituto Federal Electoral y que no correspondan al Consejo General, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión en los términos que establece la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de consulta, proceden los recursos de apelación y el juicio para la protección de los derechos político electorales en términos de lo que dispone la Ley de la materia.

TITULO V
DE LA INICIATIVA CIUDADANA

CAPITULO I
DE LOS REQUISITOS DE ADMISION Y TRAMITE

Artículo 28. Los ciudadanos mexicanos, a !raves de la iniciativa ciudadana, podrán presentar proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa del Congreso General, salvo en las materias siguientes:

a) Penal;

b) Seguridad pública y nacional;

c) Suspensión de garantías;

d) Amnistía;

e) Relaciones internacionales;

f) Tributaria y fiscal, así como de Egresos de la Federación;

g) Régimen interno de la Administración Pública Federal;

h) Regulación interna del Congreso de la Unión y de la Auditoria Superior de la Federación;

i) Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero federal; y

j) Las demás que señalen las leyes.

Artículo 29. Los proyectos de iniciativa de Leyes o Decretos que se presenten ante cualquiera de las dos Cámaras, deberán ir acompañados de una exposición de motivos en la cual se fundamente y motive las razones del proyecto, así como de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, firmados cuando menos por su proponente. Asimismo, deberá ir acompañado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros.

Las iniciativas ciudadanas serán turnadas de inmediato a la Comisión competente en materia de participación ciudadana para que verifique que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento y, de ser procedente, la remitirá a la Mesa Directiva para que se dé el turno para su dictaminación. En caso contrario, se desechara de plano la iniciativa presentada.

La Comisión competente en materia de participación ciudadana deberá decidir sobre la admisibilidad de la iniciativa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Artículo 30. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Escrito de presentación de iniciativa ciudadana dirigido al Congreso de la Unión;

II. Nombres, firmas y claves de las credenciales de un mínimo del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debiendo nombrar a un comité integrado por cinco representantes;

III. Presentación de parte expositiva que, en el caso de los anteproyectos de ley, se denominara siempre «exposición de motivos»; parte dispositiva en la que se incluye el articulado; y, la parte  final que se integrara por disposiciones adicionales, disposiciones transitorias o disposiciones derogatorias.

Artículo 31. En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 3 del artículo anterior, la Comisión correspondiente prevendrá a los promoventes para que, en un plazo de 48 horas, subsane las observaciones.

En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 2 del artículo anterior, la iniciativa se tendrá por no presentada.

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia del Congreso de la Unión, la Comisión o el Plena, la Mesa Directiva de la Cámara respectiva la turnara a las autoridades competentes.

La Mesa Directiva de la Cámara respectiva notificara al promotor de la iniciativa ciudadana sobre el dictamen de admisión de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión se difundirá en la página electrónica de la Cámara respectiva.

Una vez declarada la admisión de la iniciativa ciudadana se someterá al proceso legislativo establecido en las leyes y reglamentos respectivos, debiendo ser analizada, dictaminada y votada en el mismo periodo de sesiones en el que fue presentada.

TITULO VI
DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 32.- Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, sectorial y especializada, en el ámbito federal desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos, órganos o políticas públicas, en búsqueda del beneficia de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tienen la finalidad de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia y la construcción de propuestas, en torno a los diferentes temas de la vida pública, hacienda posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando con ella, los intereses individuales y colectivos, para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social.

Los observatorios ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones de la Federación, salvo en aquellas cuya publicidad este limitada por mandata constitucional o legal.

Artículo 33.- Es obligación de los órganos del Estado, garantizar el acceso a la información que los observatorio ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

Artículo 34.- Los Observatorios Ciudadanos tienen por objeto:

I. El fortalecimiento de la participación, deliberación y organización ciudadana;

II. La construcción de análisis objetivos y especializados sobre la actuación de los órganos del Estado, las políticas públicas o los servidores públicos, así como de las diversas problemáticas de la vida pública de la Federación;

III. El monitoreo y evaluación de los 6rganos del Estado, la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos;

IV. La generación de propuestas sobre las diversas problemáticas de la vida pública; y,

V. Servir de apoyo especializado para la realización de los procedimientos de Consulta Ciudadana e lniciativa Popular, siempre que sean relacionados con su materia.

Artículo 35.- Los ciudadanos que integren estos órganos, serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. AI momento de instalarse, quedaran acreditados por la autoridad electoral respectiva ante el 6rgano del Estado o servidor público de que se trate.

En ningún caso, podrán ejercer funciones propias de los 6rganos del Estado, de los servidores públicos o ejecutar políticas públicas.

Artículo 36.- Los Observatorios Ciudadanos, sin importar la modalidad y el objeto con los que se constituyan, podrán durar un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Podrán solicitar su renovación hasta en tres ocasiones, siempre que garanticen la sustitución de por lo menos la mitad de sus integrantes, a través de un procedimiento de convocatoria ciudadana en un plaza que no exceda de treinta días a partir de la fecha en que se autorizó su permanencia, en case de no hacerlo se tendrá por disuelto.

Las personas que se acuerde sean sustituidas serán aquellas que resuelva el Observatorio Ciudadano, de entre las que tengan mayor antigüedad dentro del mismo, en case de que todas tengan el mismo tiempo, deberá decidirse en los términos que ellos determinen.

Artículo 37.- Los Observatorios Ciudadanos quedaran adscritos a los 6rganos o servidores públicos, según la materia que corresponda; si resultaran ser varias las posibles de adscripción, se atenderá, primero al objeto del observatorio ciudadano en cuestión y, segundo, a quien encabeza la política pública a observarse.

Artículo 38.- Los órganos y servidores públicos coadyuvaran con los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para la integración, organización y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos.

Los Observatorios Ciudadanos, una vez instalados, recibirán todo el apoyo técnico y material del órgano del Estado o servidor publico al que se adscriban, para lograr su objetivo, una vez concluida su función, si aquellos contaran con algún bien, deberán reportarlos al órgano del Estado o servidor publico al que estuvieron adscritos, a efecto de que se integren al patrimonio publico.

Artículo 39.- Los poderes Legislativo Federal y el Ejecutivo federal y dentro del trimestre siguiente de iniciado su periodo constitucional podrán integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve a la elaboración de la Agenda Legislativa, así como los Programas de la Administración Publica Federal, conforme a las bases siguientes:

I. Se garantizara la representación de los principales sectores econ6micos del Estado con conocimientos en su área, así como de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia; y,

II. Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40.- Los Observatorios Ciudadanos para su integración deben observar los lineamientos siguientes:

I. La transparencia en el ejercicio de sus funciones; y,

II. La cultura democrática de participación ciudadana.

Artículo 41.-La conformación y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos, se sujetara a lo siguiente:

I. Los ciudadanos presentaran, por escrito, una solicitud ante el órgano electoral respectivo, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:

a. Los generales de los solicitantes;

b. La firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar;

c. Proponer en la solicitud, la denominación con que se desea, se nombre al Observatorio Ciudadano que habrá de crearse;

En caso de que dicho nombre haya sido o este siendo utilizado, o bien, haya alguna imposibilidad para admitirlo, el Instituto Electoral deberá fundar y motivar la resolución en que lo rechace, debiendo proponer uno nuevo que refleje con claridad el objeto del Observatorio Ciudadano;

d. Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su Iugar de residencia;

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado podrá realizar todos los aetas necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano;

e. Señalar el objeto, logotipo y demás elementos que identifiquen al Observatorio Ciudadano;

f. Los solicitantes deben ser, no menos de tres ni mas de quince ciudadanos; y,

g. La solicitud deberá contener una leyenda en la que se exprese la voluntad de los ciudadanos suscribientes de formar parte del Observatorio Ciudadano que se pretende crear.

II. El Instituto Electoral, podrá verificar los requisitos solicitados mediante los mecanismos de seguridad que determine así como el grado de especialización en la materia de quienes pretenden constituirlo.

Si de la revisión determina que no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro de los cinco días hábiles siguientes cumplan con lo observado.

Por el contrario, si califica como acreditados los requisitos, o bien, estos se han subsanado después de haberse prevenido, el órgano electoral expedirá la constancia de conformación del Observatorio Ciudadano.

III. De expedirse la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano, la misma autoridad que la emitió citara a los integrantes de aquel, señalando día, lugar y hora para su instalación. La sesión de instalación será valida si existe el quórum legal para ello.

En caso de que no exista quórum legal, el órgano electoral emitirá un segundo citatorio, si en esta no se tiene el quórum de asistencia, el órgano electoral declarara tal hecho y cancelara la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano.

Ninguno de los ciudadanos que solicitaron pueden volver a hacerlo, sino hasta después de un año de la fecha de cancelación.

IV. El Instituto electoral llevara un registro de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros y demás necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.

V. El Instituto electoral se encargara de vigilar y certificar que los Observatorios Ciudadanos se integren y funcionen en los términos que establece la normatividad aplicable, en caso de que el observatorio o sus integrantes dejen de cumplir con los requisitos de ley, o Ia contravengan, el órgano electoral podrá cancelar su registro.

VI. Los Observatorios Ciudadanos, previa acuerdo entre ellos, podrán dividirse, fusionarse o disolverse. El 6rgano lectoral certificara el acto de que se trate.

Artículo 42.- Cada Observatorio Ciudadano expedirá su reglamentación, en que normara su organización y funcionamiento interno, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 43.- Son derechos de los Observadores Ciudadanos:

I. Recibir capacitación, información, y asesoría complementaría a su especialización, para el desempeño de su encargo;

II. Ser convocados con oportunidad por los órganos del Estado o servidores públicos a los eventos y reuniones en que hayan sido designados, previa acuerdo       de sus pares, para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

III. Participar con derecho a voz en dichas reuniones y eventos;

IV. En caso de tener conocimiento de aetas que contravengan las normas que rigen la administración o de los aetas que afecten el ejercicio del gasto público, los observadores ciudadanos deberán dar vista a las autoridades correspondientes; y,

V. Integrar una red de Observatorios Ciudadanos con la finalidad de participar en sus grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar la información.

Artículo 44.- Son obligaciones de los Observadores Ciudadanos:

I. Asistir a los eventos y reuniones en que hayan sido invitados para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

II. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntas de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

III. Estar en contacto permanente con los habitantes y ciudadanos, según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio Ciudadano;

IV. Ser conducto para canalizar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno;

V. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casas que tenga conocimiento por motivo de su encargo;

VI. Informar semestralmente a la sociedad en general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones;

VII. Realizar permanentemente el monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de Ia comunidad;

VIII. Enviar trimestralmente un informe detallado de las acciones, programas o políticas públicas realizados por el órgano del Estado o funcionario público al que estén adscritos, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los órganos para la Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas según se trate, en los términos de las leyes de la materia; y,

IX. Las demás que expresamente se le asignen.

TITULO VII

CAPITULO I
DE LOS RECORRIDOS DE AUTORIDADES

Artículo 45.- Recorridos de autoridades son un instrumento de participaci6n directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 46.- Los recorridos serán convocados obligatoriamente por el Poder Ejecutivo de la Federación, estados y municipios, de manera trimestral a través de los principales medios de comunicación, estableciendo con claridad, la fecha, hora y Iugar del mismo.

Artículo 47.- La autoridad pública para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar a los funcionarios de los ramos de la administraci6n publica correspondientes.

Artículo 48.- La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública.

Artículo 49.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de soluci6n.

Artículo 50.- Los resultados obtenidos deberán ser oportunamente difundidos por los Organismos de Transparencia para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

TITULO VIII

CAPITULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 51. Las autoridades, partidos y ciudadanos que transgredan las disposiciones de esta ley, estarán sujetos a los diversos procedimientos de responsabilidad y a las sanciones que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, independientemente de las demás responsabilidades que establezca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en Decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- En un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización de las consultas populares.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Atentamente".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, QUE REGLAMENTA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por la C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre de los CC. Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Sí, le pediría, señor Presidente, nada más poner orden, por favor, en la sala, y a los visitantes ser prudentes. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados:

El día de hoy el grupo parlamentario del PRD presenta 3 propuestas que buscan abrir el espectro de decisión y representación política, la de diversos Senadores y Senadoras, tiene por objeto garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional, estableciendo normas y principios para regular la consulta ciudadana, la iniciativa ciudadana, promoviendo y fortaleciendo la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular; regular la figura de la iniciativa ciudadana, y establecer las figuras de observatorio ciudadano y recorrido de las autoridades gubernamentales.

La de Diputados y Diputadas del grupo parlamentario del PRD, busca definir el referéndum como mecanismo por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a los ciudadanos a expresar su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o aprobación de disposiciones de la Constitución y leyes emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentran en esta discusión legislativa.

Asimismo, se presentaron, junto con otros legisladores, diversas propuestas de iniciativa ciudadana, la cual definimos como el derecho político de que los ciudadanos pueden iniciar proyecto de leyes o Decretos consagrados en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más allá de la importancia de estas 3 iniciativas, donde se busca abrir el espectro de participación y representación política y ciudadana, el común denominador de estos instrumentos es que representan, compañeros, una oportunidad para romper con el monopolio de las encuestas como la única vía para conocer la opinión de la ciudadanía en temas importantes, como lo es, precisamente, el tema de la reforma energética.

De aquí que el instrumento principal no puede seguir siendo las encuestas de opinión.

Debemos darle a la ciudadanía un instrumento que pueda empoderarlos, y que pueda darles la información correspondiente.

En este sentido, el buen ejemplo que el día de hoy estamos escuchando como legisladores, al escuchar la propuesta del grupo parlamentario del PAN, con el aval del PRI, en torno a la propuesta de reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para el PRD, precisamente, recobran la posibilidad de retomar el debate, ya que precisamente la iniciativa de Consulta Ciudadana, pues busca, precisamente, darle elementos a la ciudadanía en temas de decisión que finalmente van a trascender en la esfera de lo nacional, a fin de poder saber cuál es la opinión, si hay una aprobación o una desaprobación sobre los diversos temas legislativos que aquí se discuten.

En este sentido, y retomo el ejemplo de Pemex, porque en verdad yo no sé francamente a qué le tienen miedo los grupos parlamentarios.

Yo acabo de escuchar la presentación de una iniciativa que prácticamente en vez de presentar de manera concreta en qué va consistir, pues escucho una serie de cosas, de temas, y creo que aplica el dicho: “que una mentira dicha mil veces, se convierte en verdad”

¿Pero qué creen, compañeros legisladores? Que sigue siendo mentira. Y por eso los ciudadanos de allá fuera merecen tener instrumentos de participación ciudadana que verdaderamente les permita incidir en los temas nacionales.

Y yo les pregunto, ahora con esta nueva propuesta que quieren hacer, ¿cuántos millones de dólares van a traer a México con esta propuesta?

¿Cuáles son las áreas de explotación, que se va buscar privatizar, cuáles?

Y me llama más la atención, porque precisamente son quienes ya fueron gobierno federal, quienes plantean la privatización, aunado a que precisamente los vemos, desde mi muy particular punto de vista, pues como cómplices, de los malos manejos que ha habido, desafortunadamente, en Pemex, con el enriquecimiento ilícito de muchos de sus líderes, con la fuga de capitales que la empresa está generando y también en el nulo y cero combate a la serie de tomas clandestinas que tiene, en este caso, la empresa.

A nosotros, como PRD, siempre vamos a estar por promover este tipo de esquemas de consulta, en donde la ciudadanía puede decidir sobre nuestra riqueza nacional, sobre la defensa de nuestros hidrocarburos.

No, en este caso, a la presión que ejercen muchos gobiernos extranjeros, con los cuales algunos gobiernos, como los recientes que han gobernado a nuestro país, han adquirido intereses, en donde ya no nada más se conforman con las concesiones, ahora quieren explotar nuestras riqueza y quedarse con nuestra renta petrolera.

No, compañeros Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores, aquí en esta propuesta de tres iniciativas, el grupo parlamentario del PRD, les presenta la ruta: la consulta ciudadana.

Y si tenemos en verdad la voluntad política para dictaminarla, vamos a poner el tema de la reforma energética en el tema del debate, en el tema de la consulta.

¿A qué le tienen miedo?

¿A que la ciudadanía no apruebe lo que están ustedes viniendo a presentar?

Hay que trabajarla, hay que debatir, le tomo la palabra al Presidente de los coordinadores, de los Diputados que me antecedió.

Porque definitivamente, a veces, el discurso es, presentamos una propuesta que innova, pero pues ya fueron gobierno, y los resultados que acabamos de tener recientemente de 53.3 millones de pobres en México, pues yo creo que con éste, no es esperarnos al costo que va a pagar México, si Pemex no se privatiza.

Es al costo que estamos pagando actualmente por la gran pobreza que hay en México y por sus malas políticas públicas y por sus malas decisiones de gobierno.

No nos equivoquemos, abramos el debate, abramos la consulta ciudadana.

Y hay que decir que sí, como él mismo dice, pero abrirnos a la opinión ciudadana de los consensos.

A nosotros nos preocupa que ahora el discurso sea tan nacionalista, ¿no será que se están curando en salud, compañeros?

Porque finalmente tuvieron la posibilidad de transformar a México y lo hundieron en la pobreza.

¿Cuál es su amor a México? No simulemos y digamos las cosas como son.

Enfrentemos las urnas, invitemos a los ciudadanos a participar, y que sean ellos, con su opinión, quienes determinen las verdaderas políticas nacionales en México.

¡No a la privatización de Pemex!

Gracias.

(Aplausos)

Iniciativas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, QUE REGLAMENTA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Planteamiento del problema.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, responde a un mandato legal establecido en el Artículo Segundo Transitorio, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2012, mediante el cual se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho ciudadano a la Iniciativa Ciudadana y a la Consulta Popular.

En dicho artículo transitorio se estableció que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación correspondiente en un plazo no mayor a un año, es decir, antes del día 9 de agosto de 2013.

ARGUMENTACION

En razón de la importancia que tiene para la democracia pasar de una sociedad de “electores”, a una de “ciudadanas y ciudadanos”, es decir, de personas que no solo eligen a sus representantes populares, sino que toman parte en los asuntos de la nación y deciden sobre asuntos fundamentales de la vida pública, la consulta popular puede ser un mecanismo que le dé calidad a la democracia, a condición de que los requisitos para llevarla a cabo sean viables, y no quede sólo en un buen propósito en el texto constitucional, pero impracticable; es por ello que en la presente iniciativa de ley incorporamos modificaciones presentadas en otra iniciativa de reformas a la constitución, relativas al derecho ciudadano a la Consulta Popular.

También, siendo una facultad del Congreso convocar a Consulta Popular, y considerando que la Universidad Nacional Autónoma de México es una Institución de Educación Pública Superior, que tiene los elementos materiales, la autoridad moral y el reconocimiento de la sociedad, proponemos que sea esta Institución que goza de prestigio nacional e internacional, la que diseñe y realice las consultas populares, auxiliadas por dos organizaciones ciudadanas seleccionadas previamente por la Cámara de Diputados mediante el método de insaculación, de entre todas las que se hayan inscrito para el efecto y que cuenten con su registro previo ante el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, el Congreso de la Unión velará porque el Instituto Federal Electoral otorgue todo el apoyo material, humano y técnico que requiera la Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo el sorteo de las y los ciudadanos de la lista nominal de electores para conformar el equipo de voluntarios que se harán cargo de recibir la opinión ciudadana el día de la jornada de la consulta.

En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, igual que el Instituto Federal Electoral, auxiliarán a la Universidad Nacional Autónoma de México en la difusión de las preguntas sujeto de la Consulta Popular y en la difusión de las fechas, lugares y modalidades de la misma.

Es pertinente precisar que esta iniciativa retoma algunos de los conceptos sobre soberanía popular presentes en la redacción y también una parte del contenido, de una importante iniciativa sobre Consulta Popular, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna y el Senador Manuel Camacho Solís en el Senado de la República, el pasado 14 de febrero del año en curso, pero con modificaciones y agregados relativos a los requisitos y convocatoria que hagan posible la Consulta Popular, así como de la Institución designada por el Congreso de la Unión para el diseño, organización y resultados de la misma.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Es así como el poder soberano sólo puede pertenecer legítimamente al pueblo, y solo éste puede elaborar, modificar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil. Cuando se dice entonces que el pueblo es soberano se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad general.

Nuestra democracia debe ser estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.

Coincidimos en que la participación ciudadana en el proceso democrático de decisión se ha venido ampliando en nuestro país a través de múltiples reformas Constitucionales y legales que hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional caracterizado por la existencia de varios mecanismos de garantía, propios del constitucionalismo contemporáneo que complementan a la representación democrática tradicional.

También suscribimos que estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política ciudadana más allá de las elecciones y permiten un pronunciamiento explícito de la ciudadanía. No podemos apartarnos de la plena convicción de que el plebiscito y el referéndum también son valiosos para resolver eventuales diferendos entre quienes ejercen la representación política y ponen a consideración del pueblo una solución viable y definitiva.

Por eso, resulta valido afirmar que la presente iniciativa de ley tiene el propósito de concretar jurídicamente la reglamentación federal de uno de los derechos fundamentales más apremiantes para la vida democrática de nuestro país. En efecto, la consulta popular reconocida y protegida por el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales que hacían falta para avanzar hacia una democracia directa, participativa y deliberativa en la que garantice a los mexicanos la salvaguarda de su soberanía, incluso por encima de aquellas autoridades que han sido beneficiadas, directa o indirectamente, con la confianza del voto popular para ejercer larepresentación política del pueblo. No podría ser de otra manera si la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo por lo que todo poder público dimana de él pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, el que manda es el pueblo, pero no solamente al momento de elegir a sus representantes, sino también durante toda la gestión de éstos.

CONSIDERANDOS

La presente iniciativa propone disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, así como los conceptos normativos de la consulta popular y sus mecanismos, el plebiscito y referéndum. Se destaca que para considerar que un asunto es de trascendencia nacional debe confirmarse que no se trata de alguna de las materias contempladas en el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, por lo que todo asunto fuera de los supuestos anteriores, podrá ser considerado motivo de consulta.

Se especifica y detalla el contenido y alcances de cada uno de los principios que rigen la consulta, que son los siguientes: Autonomía; Corresponsabilidad; Democracia; Legalidad, y Solidaridad.

Se determina que a quienes corresponde la aplicación de esta Ley será al Congreso de la Unión, que es el poder al que le corresponde convocar; Ejecutivo Federal; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Universidad Nacional Autónoma de México; Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin que ello evite que todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tendrá la obligación de cumplir y hacerla cumplir, así como facilitar la participación ciudadana y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Se aplicará de manera supletoria preferentemente lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ello debido a que la materia electoral esidónea para desarrollar las consultas populares.

Los derechos de las y los ciudadanos forman parte indispensable de la ley que se propone, toda vez que en el capítulo correspondiente se especifica cuáles son y se les proporciona de contenido normativo. Estos derechos, por cierto irrenunciables, son los siguientes: Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes; denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Debe señalarse que uno de los requisitos más importantes que se debe cumplir para poder ejercer estos derechos es el de contar con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta, asimismo abstenerse de perturbar el orden y la tranquilidad públicos, así como afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas.

Con el objetivo de hacer lo más comprensible posible el contenido y los alcance de la Ley que se propone, se hace una especificación de que la consulta popular comprende al plebiscito y al referéndum por lo que ambos mecanismos tienen una regulación que comparten hasta llegar a la convocatoria y declaración de validez con efectos vinculatorios. También tienen en común, el plebiscito y el referéndum, que quienes pueden presentar las peticiones son el Presidente de la República; el veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el 0.5 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de cinco, de manera comprensible y legible. Las jornadas de las consultas deben efectuarse, conforme lo determine el Congreso de la Unión y en las fechas que para tal efecto resuelva.

Elprocedimiento será en términos generales, el mismo para el plebiscito que para el referéndum, y se establece en un solo artículo con la finalidad de que su aplicación no se entorpezca debido a una dispersión normativa. El contenido de la convocatoria también será muy parecido tanto para el plebiscito como para el referéndum.

También será común, para ambos mecanismos, el procedimiento para la jornada de la consulta popular. En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, especializadas en la materia de esta Ley, y será obligación del Ejecutivo y todas las instituciones competentes tales como el IFE y el IFETEL facilitara la UNAM la instrumentación de la consulta. También debe destacarse que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas será, en la medida de lo posible, equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Tendrán efectos vinculatorios los resultados de la consulta que sean aprobados por al menos 51% de quienes emitieron su opinión y cuando la votación total – en el sentido que sea – corresponda al menos al diezpor ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Para asegurar la plena aplicación de esta Ley, se prevé que el incumplimiento de sus disposiciones, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

Finalmente, en el capítulo correspondiente al financiamiento se prevé que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como paraprogramas de capacitación y difusión en materia de consulta popular, y para el IFE en lo que le corresponda por el apoyo material y de infraestructura, quedando prohibido que las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aporten recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

En cuanto a los artículos transitorios, cabe destacar que la UNAM, deberá expedir los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto que se propone.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anterior expuesto y fundado, la suscrita, Diputada Federal Amalia García Medina y el Diputado Federal Silvano Aureoles Conejo, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de interés general y reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular en el ámbito federal.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular realizada mediante los mecanismos de plebiscito y referéndum.

III. Promover y fortalecer la democracia semidirecta concretada a través de la consulta popular.

Artículo 3.- La consulta popular es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Plebiscito: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual las y los ciudadanos mexicanos determinan su aprobación o desaprobación de aquellos actos, omisiones o decisiones ejecutados o de inminente ejecución por el Ejecutivo Federal, de trascendencia nacional, que son puestos a su consideración por convocatoria del Congreso de la Unión, y

II. Referéndum: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a las y los ciudadanos mexicanos para que expresen su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o que se encuentren en discusión legislativa.

Artículo 4.-No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

VII. Nombramiento o destitución de los titulares de las secretarías o dependencias del Ejecutivo.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Carácter vinculatorio: Mandato ciudadano de obligado cumplimiento para las autoridades correspondientes derivado de una consulta popular;

II. Congreso: Poder Legislativo Federal;

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Ejecutivo Federal: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación

VI. Ley: Ley Federal de Consulta Popular;

VII. Promotor: Ciudadanas y ciudadanos que promueven la consulta popular sobre un tema de trascendencia nacional y recopilan las firmas y documentación electoral necesarias para presentar ante el Congreso de la Unión una probable petición en esta materia;

VIII. Peticionario: Presidente de la República, legisladores o ciudadanos que presentan ante el Congreso de la Unión una petición para someter a consulta popular un asunto de trascendencia nacional;

IX. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

X. Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

XI. Instituto: Instituto Federal Electoral;

XII. IFETEL: Instituto Federal de Telecomunicaciones; y

XIII. OSC: Organizaciones de la sociedad civil.

CAPITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS RECTORES, AMBITO DE COMPETENCIA Y APLICACION

Artículo 6.- Son principios rectores de la consulta popular los siguientes:

I. Autonomía: Capacidad que tiene la sociedad para tomar sus propias decisiones sin la intervención indebida de autoridades que derive en inducción ni manipulación;

II. Corresponsabilidad: Compromiso entre la ciudadanía y las autoridades correspondientes paraacatar los resultados de las consultas populares, con la premisa de que la participación ciudadana es indispensable para un buen gobierno pero no la sustitución de responsabilidades de éste;

III. Democracia: Igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones públicas en asuntos de relevancia nacional, sin discriminación por motivos políticos, religiosos, ideológicos, origen étnico, de género ni cualquier otro motivo;

IV: Legalidad: Obligación jurídica que tienen las autoridades de que sus actos y abstenciones en materia de consulta popular siempre deben ser apegados a derecho;

V. Trasparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades involucradas en las consultas populares deben hacer pública toda la información relacionada con el asunto de relevancia nacional que se somete a plebiscito o referéndum;

VI. Solidaridad: Disposición ciudadana a participar en la solución de los problemas de otras personas como propios, que propicie la convivencia social pacífica y fortalezca la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática común.

Artículo 7.- Esta ley regula los procedimientos de consulta popular sobre los actos u omisiones legislativas del Congreso de la Unión, así como actos, omisiones o decisiones administrativas, reglamentarias o normativas ejecutadas o de inminente ejecución por parte del Ejecutivo Federal, siempre que sean de relevancia nacional.

Artículo 8.- Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

I. El Congreso de la Unión;

II. El Ejecutivo Federal;

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

IV. El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación;

V. La UNAM;

VI. El IFE; y

VII. IFETEL.

Todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, así como facilitar la participación ciudadana en las consultas populares y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Artículo 9.-En lo no previsto por esta Ley será aplicable lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

CAPITULO TERCERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS

Artículo 10.- En el ámbito de la presente Ley, las y los ciudadanos tienen los siguientes derechos irrenunciables:

I. Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales competentes;

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y

III: Los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Artículo 11.-En la votación de la consulta popular sólo podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que cuenten con credencial para votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta y se encuentren registrados en las respectivas listas nominales.

Artículo 12.- En las consultas populares el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 13.- Toda organización civil legalmente constituida y con domicilio en el territorio nacional, tiene el derecho de promover y solicitar formalmente, en representación de sus miembros, la realización de consultas populares.

Artículo 14.- Para ejercer el derecho de participar en las consultas populares, las y los ciudadanos deben cumplir con el requisito de tener credencial para votar vigente y que no se encuentren suspendidos en sus derechos por encontrarse dentro de alguno de los siguientes supuestos:

I. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir desde la fecha del auto de formal prisión o vinculación a proceso;

II. Durante la extinción de una pena corporal;

III. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

IV. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

V. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de derechos en materia política.

Artículo 15.- Los derechos reconocidos en esta ley no excluyen otros que se encuentren reconocidos y protegidos en instrumentos internacionales y en otras leyes de ámbito federal.

Artículo 16.- Los ciudadanos tienen la obligación de votar en las consultas populares reguladas por esta ley, en los términos de la legislación aplicable, sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, y sin afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas.

CAPITULO CUARTO

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS

MECANISMOS DE CONSULTA POPULAR

Artículo 17.- Los mecanismos de consulta popular regulados por esta Ley son:

I. Plebiscito, y

II. Referéndum.

Artículo 18.- Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. El veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o

III. Al menos el cero punto cinco por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 19.- La cantidad máxima de preguntas o cuestionamientos que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de cinco, de manera clara y comprensible.

Artículo 20.- Las jornadas de las consultas deben realizarse cuando el Congreso de la Unión lo determine.

Artículo 21.- No podrá ser objeto de la consulta popular cuando la misma trate sobre alguna de las siguientes materias:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 22.- Son causas de improcedencia de la consulta popular por inconsistencias en el contenido o procedimiento de la petición, las siguientes:

I. Que la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución;

II. Que la petición no contenga la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito o referéndum;

III. Que no se refiera a una de las materias que la presente ley establece como asunto de trascendencia nacional;

IV. Se refiera a alguna de las materias prohibidas por el artículo anterior;

V.- Cuando la petición no se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas auténticas no superen el requisito Constitucional del cero punto cinco por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y

VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.

CAPITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO DE LA PETICION DE CONSULTA POPULAR

Artículo 23.- El procedimiento inicia con la petición, ante cualquier Cámara del Congreso de la Unión, por alguno de los sujetos señalados en el artículo 18 de esta ley.

Cuando se presenten dos o más peticiones de plebiscito o de referéndum, el Congreso de la Unión no podrá emitir más de una convocatoria y establecerá la prelación de las mismas con base en las siguientes consideraciones:

I. Por tratarse del asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto; por su impacto en el desarrollo sustentable; o en el rumbo de la Nación;

II. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a aquella que cuente con el número mayor de ciudadanas y ciudadanos peticionarios;

III. La fecha de presentación de la petición, y

IV. Si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición ciudadana.

Serán preferentes en primer lugar las solicitudes efectuadas por los ciudadanos, seguidos por las presentadas por alguna de las cámaras y en este orden posterior las presentadas por el Ejecutivo Federal.

Artículo 24.- El procedimiento para la petición de las consultas populares será el siguiente:

I. Las peticiones para realizar las consultas populares deben ser presentadas ante las mesas directivas de ambas Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, anexando las firmas y documentación suficientes. Las comisiones del Congreso de la Unión que se hacen cargo de los temas de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente;

II. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán nombrar a un representante común, así como señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional. El Congreso de la Unión turnará de inmediato la petición ciudadana al IFE para que éste, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique el cumplimiento de lo establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional y emita un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento;

III. Cuando el escrito de petición ciudadana no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios en los términos establecidos en el artículo 40, fracción I de esta Ley.

IV. Si se trata de una petición del Ejecutivo o de legisladores federales, el Congreso de la Unión emitirá un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento; ello dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales.

Cuando el escrito de petición del Ejecutivo o de legisladores federales para realizar un plebiscito o referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios para que en un plazo no mayor a diez días naturales cumplan con el requerimiento correspondiente.

V. En todos los casos que sea declarada procedente una petición, ya sea por el Instituto o por el Congreso de la Unión, éste la turnará a la Suprema Corte para que, dentro del plazo no mayor a noventa días naturales, resuelva y notifique al Congreso de la Unión sobre la procedencia del asunto que se pretende someter a consulta, ello en cumplimiento al apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

VI. La Suprema Corte requerirá un informe justificado a las autoridades involucradas.

VII. Cuando la Suprema Corte resuelva a favor de la constitucionalidad de la petición y así lo notifique al Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, una declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, ordenando que se emita la convocatoria para dicha consulta.

VIII. El Congreso de la Unión ordenará de inmediato la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

IX. El congreso turnará la convocatoria a la UNAM para que ésta inicie el procedimiento de organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, ello en apego a lo establecido en el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

X. La UNAM contará con el respaldo técnico, material y humano, tanto del IFE como del IFETEL para la realización de la consulta, tal como lo señale el reglamento de esta Ley.

La UNAM también será asistida por dos organizaciones ciudadanas, seleccionadas por la Cámara de Diputados mediante insaculación, de entre todas las que se hayan inscrito para el efecto y cuenten con registro previo ante el IFE.

XI. El desistimiento de la consulta sólo podrá hacerse valer por los peticionarios antes de que sea emitida la convocatoria correspondiente.

Artículo 25.- La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria;

II. El acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución del Ejecutivo que se somete a plebiscito o, en su caso, la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentren en discusión sujetas a referéndum;

III. Declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

IV. Fecha en que el Instituto deberá llevar a cabo la jornada de la consulta;

V. Requisitos y obligaciones para votar, y

VI. Pregunta o preguntas a responder por la ciudadanía.

CAPITULO SEXTO

PROCEDIMIENTO PARA LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 26.- La jornada de la consulta popular deberá llevarse a cabo en la fecha que el Congreso de la Unión lo determine y de acuerdo a la convocatoria que este expida.

Artículo 27.- El procedimiento para la jornada de la consulta popular comprende las etapas de:

I. Organización;

II. Desarrollo;

III. Cómputo, y

IV. Declaración de resultados.

Artículo 28.- La jornada se realiza mediante las siguientes acciones de:

I. Distribución de materiales de consulta y boletas;

II. Ubicación;

III. Publicación;

IV. Integración;

V. Instalación y apertura de casillas;

VI. Emisión, escrutinio y cómputo de los votos;

VII. Cierre y publicación de resultados de casillas;

VIII. Remisión de la paquetería a los Consejos Electorales Distritales.

Artículo 29.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas de consulta correspondiente, con base en el modelo que diseñe la UNAM, debiendo contener, cuando menos, los siguientes datos:

I.- Entidad federativa y distrito electoral;

II.- Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo;

III. Talón desprendible de cada boleta con número de folio consecutivo;

IV.- La pregunta o preguntas sobre si la o el ciudadano, está conforme o no, con el acto, decisión u omisión que se somete a plebiscito;

V.- Cuadros o círculos para la respuesta mediante el SÍ o el NO, y

VI.- Una descripción legible y comprensible del acto, decisión u omisión sometido a consulta.

Artículo 30.- La Universidad Nacional Autónoma de México deberá emitir una declaración firme de validez del resultado de la consulta popular en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la realización de dicha consulta, publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en su sitito electrónico y en por lo menos tres diarios impresos de circulación nacional, así como hacerla del conocimiento del Congreso de la Unión.

Artículo 31.- La Universidad Nacional Autónoma de Méxicopresentará al Congreso de la Unión los resultados de la consulta popular yacreditará el cumplimiento de las tareas que le fueron encomendadas.

Artículo 32.- En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley. Es obligación del Ejecutivo y todas las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta.

Artículo 33.- Se procurará que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas sea equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Artículo 34.- En todo aquello que no esté previsto por la presente Ley, el procedimiento para la jornada de la consulta popular se sujetará a la legislación y normatividad electoral de ámbito federal.

CAPITULO SEPTIMO

RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 35.- El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo o, en su caso, para el Congreso de la Unión y demás autoridades involucradas cuando sea aprobado por mayoría de votos y, de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, cuando la votación corresponda al menos al diez por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 36.- Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandato popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley, según se trate de plebiscito o referéndum.

CAPITULO OCTAVO

PLEBISCITO

Artículo 37.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de plebiscito, debe ser presentada al Congreso de la Unión en cualquier momento antes de ser emitido o ejecutado el acto o la decisión que motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión.

Artículo 38.- La petición de plebiscito deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del acto, decisión u omisión ejecutada o de inminente ejecución que es de trascendencia nacional;

II. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es detrascendencia nacional, y

III. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 39.- El plebiscito será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 40.- El procedimiento para la realización del plebiscito se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir a la autoridad de donde supuestamente emanó el acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución que motivó la petición, para que ésta rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Artículo 41.- Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un acto, decisión u omisión del Instituto, el procedimiento estará a cargo del Congreso de la Unión, salvo la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, así como la organización y realización de la jornada de consulta popular.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidaddel plebiscito en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 42.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de inminente ejecución que fue sometido a consulta, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, el decreto revocatorio correspondiente y ordenará a los integrantes de su gabinete que instrumenten todas las acciones necesarias y suficientes para que de inmediato cese la ejecución de la decisión o acto de que se trate. El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se publicarán en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de mayor circulación nacional.

Artículo 43.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal éste deberá, dentro del plazo establecido en el artículo inmediato anterior,expedir un decreto o emitir acuerdo para ordenar que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para el debido cumplimiento del mandato ciudadano.

Artículo 44.- En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO NOVENO

REFERENDUM

Artículo 45.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de referéndum, debe ser presentada en cualquier momento antes de ser aprobada en definitiva la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha aprobación legislativa.

Cuando la petición se refiera a una omisión legislativa, podrá ser presentada en cualquier momento.

Artículo 46.- La petición de referéndum deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del asunto de trascendencia nacional que no ha sido motivo de decreto legislativo;

II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos correspondientes que se propone someter a referéndum.

III. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es detrascendencia nacional.

IV. Documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para solicitar la realización del plebiscito.

Artículo 47.- El referéndum será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 48.- El procedimiento para la realización del referéndum se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un referéndum no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir al Congreso de la Unión que rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del referéndum en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 49.- Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la omisión legislativa, o la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, un acuerdo para dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El acuerdo mencionado deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y será publicado en el portal de internet del Congreso, así como en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Artículo 50.- En ningún caso el Congreso de la Unión podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO DECIMO

MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 51.- Conforme al apartado 6º de la Fracción VIII del Artículo 35 constitucional, las impugnaciones se sustanciarán y resolverán conforme a la Ley aplicable y a lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables.

Artículo 52.- Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte serán definitivas para las autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias correspondientes.

CAPITULO DECIMOPRIMERO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 53.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO

FINANCIAMIENTO

Artículo 54.- El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto de la UNAM, destinada para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional en lo que se refiere a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como paraprogramas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 55.- La UNAM preverá los recursos suficientes para que las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero ejerzan plenamente su derecho a participar en los mecanismos de consulta popular.

Artículo 56.- El presupuesto asignado a la UNAM que no se ejerza para los efectos de esta Ley, no será considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa ni a alguna otra institución o dependencia. Los recursos no aplicados se destinarán a capacitación y preparación profesional para ser aprovechados en las consultas populares que lleve a cabo esta Institución.

Artículo 57.- En ningún caso el Estado mexicano,podrán argumentar la insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión.

Bajo ninguna circunstancia las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en Decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- El Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos Anual del año siguiente inmediato a la entrada en vigor de este Decreto, los recursos financieros que resulten necesarios y suficientes para la instrumentación de la presente Ley.

CUARTO.- En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la UNAM expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares.

QUINTO.- La UNAM deberá contar con todo el respaldo técnico, material y logístico del Instituto Federal Electoral para el diseño, organización, implementación y resultados de la consulta popular, así como delIFETEL para la difusión y publicación del contenido de la consulta, así como la fecha y las modalidades de lo que se llevará a cabo.

SEXTO.- La UNAM podrá contar con el apoyo y colaboración de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que cuenten con registro ante el IFE para la organización y desarrollo de la consulta popular.

SEPTIMO.- La UNAM podrá invitar a la ciudadanía en general para participar de manera voluntaria en la observación del desarrollo y resultados de la consulta popular en todas las entidades federativas.

OCTAVO.- De acuerdo con la legislación estatal aplicable, las notarías públicas de las entidades federativas darán fe gratuitamente, a solicitud de la UNAMde la legalidad del desarrollo y resultados de la consulta popular.

Dado en el Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

Suscriben

Dip. Federal Amalia D. García Medina.- Dip. Federal Silvano Aureoles Conejo”.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA

(Presentada por la C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de los CC. Diputados Trinidad Morales Vargas y Mario Miranda Salgado, del grupo parlamentario del PRD)

"Planteamiento del Problema

El derecho de la ciudadanía a iniciar el engranaje legislativo mediante la entrega de un proyecto de iniciativa marca, sin duda, un componente toral en todo proceso democratizador. A nivel internacional, en concordancia con este proceso, nueve de cada diez países presentan algún tipo de influencia directa de los ciudadanos en el proceso legislativo o de toma de decisiones.

En nuestro país, a nivel local, las constituciones de 30 entidades federativas y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señalan la existencia de esta figura.  No obstante, fue hasta el pasado 9 de agosto de 2012 –tras más de una década de haber arribado a la agenda política y legislativa del país– que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de reforma política que incluye el establecimiento, a nivel federal, de diversos derechos de participación ciudadana, entre ellos, el de la iniciativa ciudadana.

El decreto estableció, en su artículo segundo transitorio, que el Congreso de la Unión tendría que expedir la legislación secundaria para hacer efectivos los cambios constitucionales, a más tardar, un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo. La exigencia de legislar en la materia es mayor si consideramos que los ciudadanos ya han decidido ejercer estos derechos, que no podrían, por tanto, ser conculcados a falta de una regulación expresa.

La formulación de la legislación secundaria conlleva, pues, el reto de hacerlos asequibles, de proveer las garantías y los mecanismos legales, procesales y administrativos que, lejos de inhibirlos o convertirse en un obstáculo para su ejercicio, los haga efectivos, accesibles y eficaces.

En este marco, el objetivo central de la presente iniciativa es cumplir el mandato constitucional en lo que a la tramitación, análisis, dictamen, discusión y, eventual, aprobación de las iniciativas ciudadanas en el Congreso de la Unión se refiere.  Lo anterior, desde una perspectiva plural y de ampliación de los derechos humanos individuales y colectivos, lo cual permitirá, además, promover la construcción de ciudadanía, proceso por demás relevante en una democracia como la nuestra que ha tendido a la fragmentación, la dispersión y la anomia social, a lo largo de las últimas décadas.

ARGUMENTACION

Sin duda alguna, el siglo XX marcó el triunfo de la democracia como el sistema de gobierno dominante en el mundo.  A lo largo de dicha centuria y tras las guerras mundiales y conflictos armados regionales y locales asociados a regímenes totalitarios, dictatoriales, militares, autocráticos, e incluso coloniales, la democracia moderna emergió como la forma más perfecta –y perfectible– de gobierno, al lograr sustentarse, en mayor o menor grado, en lo que posteriormente se reconocería en el Derecho Internacional, como los derechos fundamentales de la humanidad.

En particular, de acuerdo con Norberto Bobbio, “el desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo pasado coincidió con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del derecho de participar [en la decisión de los asuntos públicos], por medio de la elección de representantes”1. Ciento cuarenta de los casi doscientos países del mundo convocan a elecciones multipartidistas, más que en cualquier otro momento de la historia. No obstante, el funcionamiento de la democracia representativa o indirecta plantea diversos desafíos, relacionados con los límites que imponen las sociedades modernas en las que la pluralidad, la complejidad de la realidad política, social y económica, así como el desgaste de las instituciones públicas han mermado la capacidad del sistema para articular, agregar y representar legítima y eficazmente los intereses ciudadanos.

En este sentido, a la euforia e ilusiones generadas por las diversas olas democratizadoras les sucedieron el descontento y, a la postre, la insatisfacción y el alejamiento ciudadano de lo público. A decir de Miguel Carbonell, “en el mundo moderno, se ha producido un tránsito cuando menos paradójico en los escenarios de la participación política: cuanto más se han ensanchado esos escenarios, tanto más se han multiplicado las actitudes displicentes o claramente abstencionistas por parte de los votantes”, aunque como más adelante señala, el abstencionismo no es sólo electoral, sino también cívico. Lo anterior se ve claramente reflejado en los datos que el Latinobarómetro presenta periódicamente con relación a lo que denomina “la menor adhesión ciudadana al régimen democrático” que en América Latina se halla encabezada por Perú (7%), pero seguido muy de cerca por Paraguay (13%), Ecuador (14%), Bolivia (16%) y México (17%)2.

De este modo, mientras que el siglo XX significó la instauración del régimen democrático como sistema de gobierno dominante, particularmente, en lo que respecta a la institucionalización de la vía electoral como mecanismo de acceso al poder; el siglo XXI está llamado a dotar de contenido a la democracia en lo que al ejercicio y distribución –o en el caso de las democracias maduras, redistribuciónefectiva del poder se refiere.

Por ello, la continuidad y el avance democrático en el siglo XXI se hallan fuertemente relacionados y condicionados por la revitalización y reconfiguración de los canales de participación que hagan realidad la inclusión plena de la ciudadanía y de sus intereses en la arena pública. Esto es, de trascender el primordial pero circunscrito –tanto en contenido como en temporalidad– ejercicio del voto y, de esta forma, redimensionar el elemento central de la democracia: la radicación de la soberanía en el pueblo.

Este contexto llevó al Secretario General de la ONU –tras el compromiso que los gobiernos del mundo asumieron en la Cumbre Mundial de este organismo en 2005 con el principio democrático de “plena participación ciudadana” – a iniciar en 2010 la década para “la democratización de la democracia”3.

Una ruta de cambio en este escenario –comúnmente considerada excluyente, pero cada vez con mayor auge en el ámbito internacional– son los mecanismos de participación ciudadana semi-directos, los cuales brindan la posibilidad a la ciudadanía de incidir en la toma de decisiones en materias que tradicionalmente están circunscritas a instancias políticas representativas o gubernamentales.

Tales mecanismos se hallan enmarcados en lo que la teoría política contemporánea ha denominado como “democracia deliberativa”, la cual aspira a profundizar la democracia con base en el principio de razonamiento público entre ciudadanos, rehusándose a concebirla como un mero sistema de selección de representantes o de promoción de determinadas políticas públicas, a partir de la agregación de las preferencias de los individuos. Este modelo se presenta, pues, como una opción a aquellos de corte elitista y económico; así como una estrategia que permite reconstruir los principios de legitimidad y fortalecer la gobernabilidad democrática en las democracias contemporáneos, en la que la deliberación pública no es sólo un elemento central para el mejoramiento de la calidad democrática, sino que constituye la esencia del proceso democrático mismo. 

En consecuencia, para este modelo resulta de igual relevancia tanto la libertad de los ciudadanos de expresar sus opiniones políticas, como el derecho a que se protejan el resto de sus derechos fundamentales, a través de su participación en la toma de decisiones políticas por la vía mayoritaria. No obstante, el proceso deliberativo no necesita apelar al consenso como criterio de legitimidad política, toda vez que basta con que los participantes tengan razones públicamente accesibles –aunque sean divergentes– para apoyar el proceso y sus resultados, así como para seguir participando en él. De ahí que dos características torales de la democracia deliberativa sean la razonabilidad y la publicidad, en tanto procesos sociales de comunicación.

Así, la iniciativa legislativa ciudadana se inscribe como un procedimiento de carácter deliberativo, toda vez que permite a los ciudadanos introducir temas en la agenda legislativa que, de otra manera, difícilmente formarían parte de ésta, ya sea porque son contrarios a los intereses de los legisladores o porque no les son relevantes política o electoralmente. Pero sobre todo porque constituye un ejercicio en el que la comunicación y la argumentación pública son un factor central para el respaldo que le brinde el resto de la ciudadanía.

De este modo, la iniciativa ciudadana permite acercarse al ideal democrático descrito puntualmente por Abraham Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg: un gobierno democrático debe ser “del, por y para el pueblo”.  O en palabras de José Woldenberg, “…la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar– sino también el sujeto que gobierna"4

Su ejercicio contribuye entonces a determinar el nivel de evolución del sistema político, en la medida en que, por un lado, da forma a la idea central de la democracia representativa moderna, a saber: el ejercicio del máximo nivel posible de soberanía a través de la representación de la mayor variedad de preferencias e intereses ciudadanos. Pero, por otro, en la medida en que responde a las exigencias ciudadanas. De acuerdo con una encuesta realizada por la organización World Public Opinion (Opinión Pública Mundial), en diecinueve países, el 85% de las personas encuestadas creen que la voluntad del pueblo debería ser la base de la autoridad de gobierno, y el 74% cree que el principio de la soberanía popular aún no se ha materializado adecuadamente en la práctica. En otras palabras, una gran mayoría de todo el mundo está de acuerdo en que la democracia participativa y deliberativa debe constituir un pilar central de la vida pública.

De este modo, la puesta en práctica de la iniciativa legislativa ciudadana permite avanzar no sólo en la construcción de un modelo democrático que incentive una mayor pertenencia social, restablezca la cohesión social y promueva la figura del ciudadano activo, elevando con ello el nivel de legitimidad para el sistema en su conjunto; sino también en la aplicación de los principios de participación que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Específicamente, el artículo 21 de la Declaración establece que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente...” y “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”.

Desde luego, ello depende de la calidad de los ordenamientos que regulen su promoción, análisis, discusión y aplicación, así como de la transparencia con la que se apliquen.

Contexto internacional

En Europa, prácticamente todas las nuevas constituciones de los países que la integran –aproximadamente treinta– han sido aprobadas por sus ciudadanos mediante referéndum. Y, en la actualidad nueve de cada diez cuentan con algún tipo de influencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones política o legislativa.

Suiza constituye el país pionero en el proceso de incorporación de mecanismos de democracia participativa y deliberativa y cuenta con una larga tradición en su uso. En el caso de la iniciativa popular, ésta se incorporó desde 1874 en la Constitución, permitiendo efectuar reformas a ésta, y en el año 2003 se incorporó, con el voto favorable de la ciudadanía, una reforma que introdujo mejoras que permiten no sólo que los ciudadanos puedan efectuar reformas a la Constitución, sino crear y modificar leyes federales. Lo anterior, bajo la forma de una propuesta genérica, presentando 100,000 firmas, en un plazo de 18 meses contados a partir de su publicación oficial.

En Hungría, la Constitución marca un número mínimo de 50,000 ciudadanos electores para presentar una propuesta en la Asamblea Nacional. Dicha propuesta debe estar formulada de manera explícita para ser discutida en el recinto. La iniciativa popular nacional puede tener por objeto obligar a la Asamblea Nacional a incluir en el orden del día un asunto que está dentro de su competencia. Se destaca el hecho de que para la recolección de firmas la Constitución establece un plazo de dos meses, mientras que el plazo de dictaminación, según su ley reglamentaria, es de tres meses a partir de que el Presidente de la Asamblea Nacional recibe el informe de admisibilidad del Comité Nacional Electoral.

En España, la Constitución prevé la iniciativa popular a nivel nacional y provincial y está regulada desde 1984. En este país, se requieren 500,000 firmas acreditadas de ciudadanos, lo que equivalente al 1.26 por ciento de su lista electoral. El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, la cual examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad.

Cabe destacar que la comisión promotora puede entablar un recurso de amparo contra la no admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Para la recopilación de firmas, se establece un plazo de seis meses, el cual puede ser prorrogado por causa mayor. Por último, el Estado compensa a los promotores los gastos realizados en la difusión y recolección de firmas, siempre que se alcance el número de firmas requerido y se inicie el proceso parlamentario.

Por su parte, en el continente americano, las herramientas de democracia participativa y deliberativa se encuentran presentes a nivel federal en prácticamente todos los países –siendo Estados Unidos y Canadá dos excepciones relevantes– y en un gran número de ellos, también a nivel local.

En el caso de Estados Unidos, no obstante que la iniciativa ciudadana no forma parte de la legislación a nivel federal, alrededor del 70 por ciento de la población vive en un estado o ciudad que dispone de esta herramienta.  En algunos estados como Utah y Oregon, la iniciativa ciudadana se incorporó en sus constituciones incluso desde hace más de 100 años. En el caso de California, para que un proyecto de ley sea presentado en la siguiente votación general se requiere que los promotores (sponsors) recopilen el 5 por ciento de los votos de la última elección para gobernador. Asimismo, para las reformas a la Constitución se exige un 8 por ciento. Todas las firmas deberán juntarse en un período de 150 días. Los promotores generalmente ofrecen una paga a los recolectores de las mismas.

Este mecanismo ha jugado un papel central en la legislación local estadounidense, lo que implica que junto con Suiza sean de los países con mayor experiencia legislativa ciudadana en el mundo, por lo menos a nivel local.

En el resto del continente americano, casi la totalidad de las constituciones reformadas durante los años 80 y 90 (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela) incorporaron estos mecanismos y procedimientos. Uruguay conforma un caso atípico, pues inició este proceso en 1919.

En el caso de Brasil esta figura se encuentra en su Constitución Federal desde la reforma de 1988. Sus primeras experiencias se concentraron en temas presupuestarios, particularmente en el presupuesto participativo. Sin embargo, la puesta en práctica de la iniciativa popular se ha visto obstaculizada debido a la exigencia de alcanzar a nivel federal, aproximadamente, 900 mil firmas (1 por ciento del electorado), distribuidas por lo menos en cinco estados, con no menos del 0.3 por ciento de firmas del electorado de cada uno de ellos.

En Colombia, la iniciativa popular legislativa fue incorporada en la Constitución Política en 1991. La ley reglamentaria fijó los requisitos para la utilización del mecanismo en los ámbitos nacional, departamental y local, siendo necesario que el promotor se acredite como tal, mediante el respaldo de al menos el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. Una vez acreditado, tiene la facultad de presentar la respectiva iniciativa, contando con un plazo de seis meses para recabar las firmas.

Paraguay incorporó el mecanismo de iniciativa popular en su Constitución de 1992, cuya reglamentación se encuentra en su Código Electoral, el cual establece que para la presentación de una propuesta legislativa deben reunirse las firmas de por lo menos el 2 por ciento de los electores inscritos en el Registro Cívico Permanente. Los promotores pueden presentar al Congreso el texto de la ley y su exposición de motivos sin contar aún con el número mínimo de firmas requerido, a fin de establecer si existe un proyecto igual en trámite sobre la misma materia, o si el proyecto versa sobre materias vedadas para este tipo de procedimientos. En estos casos, la iniciativa se rechaza y no se admite recurso alguno.

Si no existen estos impedimentos, los promotores tienen 180 días para presentar el resto de los pliegos con las firmas necesarias. Durante este período, el proyecto tendrá prioridad en su tratamiento sobre cualquier otro proyecto. Si al término de los 180 días los promotores no reunieron las firmas, pero presentaron el 75 por ciento de las requeridas, el plazo puede prorrogarse por 60 días más. Agotado éste, caduca el derecho a la iniciativa, la que no podrá ser promovida de nuevo hasta después de transcurridos dos años. Esta misma restricción se mantiene para los proyectos que hayan sido rechazados por el Congreso.

En Perú, la ley establece que se requieren las firmas comprobadas del 0.3 por ciento de la población electoral nacional para presentar un proyecto de ley. Este recibe preferencia en el trámite del Congreso, que ordena su publicación en el diario oficial, y debe ser dictaminado y votado en un plazo de 120 días calendario.

En Argentina, este mecanismo fue incluido en la Constitución Nacional, al igual que la consulta popular, con la reforma constitucional de 1994, la cual señala que la cámara de origen para presentar proyectos ciudadanos es la Cámara de Diputados. El porcentaje mínimo requerido es el 3 por ciento del padrón electoral nacional, debiendo contemplarse una “adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa”, a fin de que no quede excluida la participación de regiones en relación con la totalidad del territorio. Cumplidos estos requisitos, el Congreso está obligado a dictaminar las propuestas dentro del término de doce meses.

Por su parte, la ley reglamentaria exige un porcentaje de firmantes no inferior al 1.5 por ciento del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales. Dicho porcentaje debe representar como mínimo a seis distritos electorales, salvo que la iniciativa tenga alcance regional. En este último caso, el porcentaje se obtiene sobre el total empadronado de todas las provincias que integran la región.

Ni la Constitución ni la ley prevén una medida para el caso en el que el Congreso no las dictamine en el plazo de doce meses. Además, el plazo de doce meses “es objeto de dilación en la ley”, ya que parece correr desde su presentación, según la Constitución, mientras que la ley da inicio al proyecto desde que la Cámara lo admite.  Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales es la primera que interviene después de la presentación del proyecto, en caso de rechazarla, no admite recurso alguno y la iniciativa queda bloqueada definitivamente.

Contenido de la iniciativa

En función del análisis anterior, la presente propuesta busca desarrollar las bases jurídicas que garanticen a la ciudadanía el pleno derecho de participar en la toma de decisiones públicas, a través de la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana ante el Congreso Federal, sin exclusiones por razones de género, edad, residencia, lengua, nivel educativo, estado civil o capacidad mental.

La propuesta consiste en que todo ciudadano y ciudadana tiene la posibilidad de iniciar un trámite legislativo relativo a la promulgación, abrogación o reforma a leyes secundarias federales e incluso modificar la Carta Magna –exceptuando las materias claramente definidas, independientemente de si cuenta o no con experiencia legislativa, con instrucción superior, con un lugar de residencia urbano o rural o, de inicio, con el respaldo ciudadano necesario.

Con esta propuesta, todo ciudadano o ciudadana, podrán a acudir a la Cámara de Diputados con la finalidad de presentar un proyecto de iniciativa. Dicho proyecto, se acompañará de un formato de presentación previamente proporcionado por la Cámara; una vez admitido el proyecto, éste órgano legislativo deberá publicar en su Portal de Internet el mismo a fin de comenzar el proceso de recolección de firmas.

La propia Cámara, proporcionará vía Portal de Internet, los formatos de adhesión, los cuales podrán ser descargados por todo ciudadano o ciudadana a fin de suscribirse al mismo, y podrán hacerlo incluso, por correo certificado si éstos vivieran en un estado distinto al del promotor.

Este proyecto por tanto pretende, incentivar que se reconozca y fortalezca el derecho de reunión, de asociación, entre otros, así como a establecer legalmente que toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la humanidad, mediante su incidencia en las decisiones políticas públicas nacionales, los cuales constituyen factores esenciales en la conformación de todo Estado democrático participativo y deliberativo.

En cuanto a su procedimiento, se propone brindar la oportunidad de recolectar el número de firmas que marca la Constitución en un plazo de 180 días hábiles posteriores a la entrega y publicación del proyecto de iniciativa, y permite que la recolección de apoyos sea tanto de manera personal como por correo certificado.

Se dispone que el proceso de recolección de firmas sea responsabilidad absoluta del promotor y ofrece la opción de solicitar prórroga de 30 días en el caso de que faltando 20 días para el vencimiento de recolección de apoyos, falte por recolectar el 10% de las firmas, facilitando con esto las herramientas necesarias que permitan hacer realidad esta propuesta, es decir, posibilita el conocimiento y eventual apoyo por parte de la ciudadanía, así como su eficaz proceso legislativo. Quedará prohibido cualquier tipo de pago por concepto de intercambio en especie o en efectivo para la obtención de firmas de adhesión.

Por tanto, la presente iniciativa no sólo reconoce y fomenta los derechos fundamentales, sino que además provee las garantías sustantivas y procesales para hacerlos efectivos, es decir, provee recursos de capacitación, información, difusión, apelación, garantía de audiencia, inconformidad y dictaminación, respetando en todo momento el principio de inclusión.

A través de la capacitación y la información, garantiza a la ciudadanía contar con las herramientas y los conocimientos básicos necesarios que le permitan ejercer este derecho. Por su parte, mediante la difusión de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, a través de su colocación en el portal de internet de la Cámara de Diputados, así como en la Gaceta Parlamentaria y su transmisión en el Canal del Congreso, se garantiza el acceso de los ciudadanos a conocer los detalles que fundamentan y dan origen a las iniciativas presentadas, lo que permite que no se conviertan en coto de poder solamente de los grupos de la sociedad civil más activos.

Las garantías de apelación y audiencia, por su parte, están plenamente garantizadas en este proyecto. La primera, a través, del derecho que tendrán los promotores de acudir ante el Tribunal Electoral Federal en caso de que el Instituto Federal Electoral rechace las firmas presentadas en apoyo a su Iniciativa Legislativa Ciudadana. La segunda, mediante, el derecho que tendrán de alegar verbalmente cualquier duda, durante el proceso de dictaminación, e incluso, a través de la posibilidad de solicitar un nuevo dictamen, ante una inconformidad producto de que, a su juicio, en dicho proceso se haya pervertido el espíritu de su propuesta o no cumpla con sus expectativas.

Ahora bien, en lo que respecta su trámite o proceso legislativo, la iniciativa propone que la cámara de origen sea la Cámara de Diputados. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que en tanto que el Estado Mexicano se halla organizado en una Federación, el Congreso se integra con dos cámaras: la de Diputados, que representa los intereses de la nación y la de Senadores, que representa los intereses de las entidades federativas. Por tanto, en nuestro régimen representativo, la representación del pueblo reside, esencialmente, en la Cámara de Diputados.

Siguiendo con su proceso legislativo, la iniciativa propone un plazo exclusivo de dictaminación en ambas cámaras, únicamente computable en periodos ordinarios. Particularmente, subraya la obligación inexcusable de dictaminar los proyectos ciudadanos en dichos plazos, garantizando con ello su debido proceso y su independencia de la agenda de los partidos, a fin de que no se queden en la llamada “congeladora legislativa”, o bien, se venza el plazo para este procedimiento.

En suma, esta iniciativa busca respetar el principio de calidad normativa, al hacer efectiva y accesible la participación a todas y todos los ciudadanos que así lo dispongan, quedando claro que su aplicación estará encaminada en todo momento a favorecer y garantizar el principio pro persona.

No desconocemos el hecho, de que una nueva ley del Congreso está a debate, sin embargo, el Congreso está facultado para legislar en materia de iniciativa ciudadana con fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-Q de la Constitución. Además, la presente iniciativa forma parte del Quinto Acuerdo: “Gobernabilidad democrática” de los compromisos establecidos en el Pacto por México, específicamente del número 93, el cual establece que para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, de la cual forma parte la iniciativa ciudadana, se aprobarán las respectivas leyes reglamentarias.

Con su presentación, el grupo parlamentario del PRD, por nuestro conducto, cumple con una parte fundamental de su Agenda Legislativa, aquélla relativa a dar certidumbre jurídica a los ciudadanos para hacer efectivo su derecho constitucional de iniciar leyes. Mediante este ordenamiento, hoy más que en ningún otro momento de la historia, la democracia participativa comienza a ser un concepto dotado de pleno contenido.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, Trinidad Morales Vargas, Marino Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Artículo Único: Se crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, para quedar como sigue:

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.

La presente ley es de orden público e interés social, tiene como finalidad reglamentar la fracción VII del artículo 35 y la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las normas y procedimientos por los que se regirá la presentación, discusión y aprobación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el Congreso Federal.

Artículo 2.

La Iniciativa Legislativa Ciudadana es un derecho político por el que los ciudadanos pueden iniciar proyectos de ley o decreto, consagrado en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.

Para efectos de la presente ley, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen para la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana ante el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores actuará como cámara revisora.

Las cámaras del Congreso se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus reglamentos respectivos en lo no previsto por la presente ley.

Artículo 4.

Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, interesados en someter al conocimiento y discusión del Congreso de la Unión un proyecto de ley o decreto, presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el correspondiente proyecto.

En la interpretación de las disposiciones de esta ley deberá prevalecer el principio de ampliación de los derechos ciudadanos.

Artículo 5.

La presente ley tendrá las siguientes finalidades en cualquier materia de carácter federal, a excepción de las establecidas en el artículo 7:

I. Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Aprobar una nueva ley.

III. Reformar, adicionar o abrogar una ley vigente.

Artículo 6.

Los elementos formales que debe contener una Iniciativa Legislativa Ciudadana son:

I. Título de la propuesta;

II. Exposición de Motivos;

III. Fundamento legal;

IV. Texto normativo propuesto;
V. Artículos transitorios;

VI. Lugar;

VII. Fecha, y

VIII. Nombre y firma del o los promotores. En caso de que sea una organización de la sociedad civil el ente promotor, denominación de la organización de la sociedad civil y firma del representante legal.

Artículo 7.

No podrán ser objeto de Iniciativa Legislativa Ciudadana los proyectos referidos a las siguientes materias:

I. Presupuestal, fiscal o tributaria;

II. Política exterior;

III. Regulación interna de la Administración Pública Federal;

IV. Regulación interna del Congreso;

V. Regulación interna del Poder Judicial de la Federación, y

VI. Seguridad nacional.

Capítulo Segundo
De su presentación

Artículo 8.

La Iniciativa Legislativa Ciudadana se ejercerá mediante la presentación de un proyecto suscrito por al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que el Instituto Federal Electoral determine.

Artículo 9.

El o los promotores de una Iniciativa Legislativa Ciudadana deberán presentar la siguiente documentación ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

I. Formato de presentación debidamente requisitado, como se especifica en el artículo 10 de esta ley.

II. Breve exposición de motivos dirigida a la ciudadanía por el cual solicita su adhesión.  

III. Proyecto de iniciativa en versión impresa con firma autógrafa y en versión electrónica.

Artículo 10.

El formato de presentación de una Iniciativa Legislativa Ciudadana será elaborado y proporcionado gratuitamente por la Cámara de Diputados a quien lo solicite,  o bien, podrá descargarse la versión electrónica del Portal de internet de la Cámara de Diputados, y deberá contener las siguientes especificaciones:

I. Logo de la Cámara de Diputados de la Legislatura vigente;

II. Nombre o nombres de los promotores de la iniciativa;

III. Domicilio para recibir comunicaciones, formatos de adhesión por correo certificado, y demás documentación relacionada con la iniciativa;

IV. Título de la iniciativa;

V. Sinopsis de la iniciativa;

VI. Fecha;

VII. Número de folio (asignado al momento de su entrega);

VIII. Leyenda relativa al artículo 71 Constitucional: “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: …. IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”.

IX. Leyenda relativa a la veracidad y autenticidad de la iniciativa: “Bajo protesta de decir verdad, hago constar que los datos asentados en este formato son auténticos y verificables”.

X. Advertencia de que cualquier fraude en el proceso de recolección de firmas será sancionado con la suspensión del trámite.

Artículo 11.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados revisará la procedencia de la iniciativa en cuanto a lo establecido en los artículos 6 y 7 de esta ley, relativo a la estructura y materia de la propuesta de la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Para ello, contará con 10 días hábiles. Una vez transcurrido este periodo, deberá comunicar en un escrito su decisión al o los promotores y publicarlo en el portal de internet de la Cámara de Diputados:

I. De resultar procedente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará, igualmente y de manera íntegra, la versión electrónica del proyecto de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados, a efecto de ponerla a disposición de la ciudadanía.

II. En caso de que ser improcedente, el escrito a que hace referencia el primer párrafo de este artículo deberá estar debidamente fundamentado.

Artículo 12.

En caso de ser procedente, el o los promotores dispondrán de 180 días hábiles para la recolección de las firmas de quienes apoyen el proyecto, contados a partir de la publicación del proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados deberá especificar en el portal de internet la fecha a partir de la cual comienza a contabilizarse el plazo señalado en el párrafo anterior, así como su vencimiento.

Artículo 13.

Si faltando 20 días hábiles para el vencimiento del plazo establecido para la recolección de firmas, ésta no hubiera alcanzado el total establecido por el Instituto Federal Electoral, el o los promotores podrán solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una prórroga, siempre y cuando la cifra faltante no exceda el 10 por ciento del total.

En caso de que la Mesa Directiva otorgue la prórroga, el o los promotores podrán subsanar las firmas faltantes en un plazo que no deberá exceder los 30 días hábiles adicionales al plazo original.

Artículo 14.

Está estrictamente prohibido que el o los promotores realicen cualquier tipo de pago por concepto de apoyo a una Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Capítulo Tercero
De las adhesiones

Artículo 15.

Para consignar el apoyo a una Iniciativa Legislativa Ciudadana, el ciudadano o ciudadana deberá seguir el siguiente procedimiento:

I. Requisitar el formato de adhesión de su puño y letra, conforme a lo especificado en el artículo 16 de esta ley, de forma completa y legible; si la persona no supiere escribir podrá imprimir su huella dactilar.

II. Entregar al o los promotores el formato de adhesión, de manera personal o bien, enviárselo vía correo certificado.

III. Está estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de pago en especie o en efectivo en intercambio para la obtención de firmas de adhesión a una Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Artículo 16.

El formato de adhesión de una Iniciativa Legislativa Ciudadana será elaborado y proporcionado gratuitamente por la Cámara de Diputados a quien lo solicite, o bien, podrá descargarse la versión electrónica del Portal de internet de la Cámara de Diputados, y deberá contener las siguientes especificaciones:

I. Logo de la Cámara de Diputados de la Legislatura vigente;

II. Título de la iniciativa;

III. Sinopsis de la iniciativa;

IV. Número de folio, asignado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al proyecto a respaldar.

V. Fecha;

VI. Nombre del ciudadano o ciudadana;

VII. Clave de elector del IFE;

VIII. Leyenda relativa al artículo 71 Constitucional: “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: …. IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”.

IX. Firma autógrafa.

Artículo 17.

En todo momento, el o los promotores serán los responsables del proceso de recolección de firmas y de informar a la Cámara de Diputados sobre éste.

La Cámara de Diputados, de acuerdo a los datos que proporcionen los promotores, informará diariamente a la ciudadanía el número firmas recolectadas en curso, a través de su portal de internet.

Capítulo Cuarto
De su validación y admisión

Artículo 18.

Para su admisión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados revisará que la Iniciativa Legislativa Ciudadana cumpla con el requisito establecido en la fracción IV del artículo 71 constitucional. Para ello:

I. De conformidad con la fracción VII del artículo 35 del mismo ordenamiento, remitirá al Instituto Federal Electoral los formatos de adhesión entregados en apoyo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, con la finalidad de verificar y validar la autenticidad de las firmas de cada suscriptor. 

II. No serán contabilizados los formatos de adhesión suscritos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

a. Fecha, nombre o clave de elector de la credencial para votar con fotografía ilegible;
b. Datos incompletos;
c. Firma no manuscrita o sin huella dactilar, y
d. Los demás que determine el Instituto Federal Electoral.

III. El Instituto Federal Electoral deberá dar respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

IV. La Cámara de Diputados deberá publicar en su portal de internet el resultado del proceso de autentificación y validación, remitido por el Instituto Federal Electoral.

Artículo 19.

Si la Iniciativa Legislativa Ciudadana no cubre el requisito del número de firmas validadas para su admisión, el o los promotores podrán solicitar una prórroga dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del resultado del proceso de autentificación en el portal de internet de la Cámara de Diputados, siempre y cuando el porcentaje faltante no exceda el 10 por ciento del total.

En caso de que la Mesa Directiva otorgue la prórroga, los promotores podrán subsanar las firmas faltantes en un plazo que no deberá exceder los 30 días hábiles.

Artículo 20.

Si la iniciativa no fuese admitida por no contar con el número de firmas validadas requerido, podrá ser nuevamente presentada en el transcurso del siguiente año legislativo, indistintamente de la legislatura que corresponda, siendo válidas las firmas anteriormente recabadas y autentificadas. En este supuesto, volverán a correr los plazos establecidos en el artículo 12 de esta ley.

Artículo 21.

Aquellas Iniciativas Legislativas Ciudadanas que conforme al Instituto Federal Electoral hayan cumplido con el requisito señalado en el artículo 8 de esta ley, serán consideradas como admitidas, dando inicio a su trámite legislativo, bajo el procedimiento especial de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

No será admitida ninguna iniciativa que no reúna el número de firmas requerido, previamente autentificado.

Capítulo Quinto
De su publicación

Artículo 22.

Una vez admitida la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ésta ordenará:

I. Su publicación en la Gaceta Parlamentaria, cuyo encabezado deberá referirse expresamente a que se trata de un proyecto de ley o decreto bajo el procedimiento especial de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

II. Su registro en el Orden del Día, durante las dos primeras sesiones del periodo ordinario que corresponda.

Capítulo Sexto
De su procedimiento de dictaminación

Artículo 23.

El plazo de dictaminación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana comenzará a computarse, a partir de que es recibida por la comisión o comisiones correspondientes, sin que deban de transcurrir más de cinco días hábiles desde que el Presidente de la Mesa Directiva haya dictado el turno.

No deberán transcurrir más de dos sesiones de publicación en el Orden del Día correspondiente sin que la Mesa Directa dicte el turno respectivo.

Artículo 24.

Si al momento de turnar una Iniciativa Legislativa Ciudadana, por ser inicio de legislatura, no se ha constituido la o las comisiones ordinarias a las que corresponda el turno, las cámaras ordenarán su integración.

I. El plazo para integrar la o las comisiones de dictamen no será mayor a cinco días hábiles, a partir de que la Iniciativa Legislativa Ciudadana se haya sido turnada.

II. La comisión o comisiones que examinen una Iniciativa Legislativa Ciudadana podrán incorporar, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, aquellas que sobre la materia se hayan presentado.

III. La comisión o comisiones dictaminadoras deberán garantizar en todo el proceso legislativo, la participación del o los promotores al momento de estudiar y votar la Iniciativa Legislativa Ciudadana.
 
Artículo 25.

Ambas cámaras del Congreso tendrán la obligación inexcusable de dictaminar las Iniciativas Legislativas Ciudadanas.  El procedimiento de dictaminación se apegará a los siguientes plazos:

I. Un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir el dictamen, si la Iniciativa Legislativa Ciudadana versa sobre proyectos de reforma constitucional o de creación de nuevas leyes.

II. El plazo será de máximo 30 días hábiles, si el proyecto versa sobre reformas a la legislación secundaria federal.

III. En caso de ampliación, modificación o rectificación de turno, los plazos volverán a computarse de conformidad con lo establecido en los reglamentos de ambas cámaras.

IV. Los plazos de dictaminación se interrumpirán en los periodos de receso y deberá continuar en el Periodo Ordinario inmediato indistintamente del año legislativo o legislatura que continúe.

V. En ningún caso los plazos establecidos en este artículo serán prorrogables.

Artículo 26.

Las Mesas Directivas de ambas cámaras deberán emitir una prevención o excitativa a la comisión o comisiones dictaminadoras, diez días hábiles antes de que se venza el plazo para dictaminar, a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo 27.

En la elaboración del proyecto de dictamen, así como en su discusión y aprobación por la o las comisiones, se aplicarán las disposiciones que para el efecto disponen los reglamentos de cada cámara, en lo relativo al trabajo en comisiones.

Si ha transcurrido el plazo máximo señalado para emitir dictamen por la comisión o comisiones dictaminadoras, el Presidente de la Cámara deberá someter de inmediato a la consideración del Pleno el proyecto de ley o decreto en sus términos, para su discusión y votación, observando lo dispuesto por esta ley y por los reglamentos de cada cámara.

Capítulo Séptimo
De su discusión y votación en el Pleno

Artículo 28.

Una vez recibido el dictamen de la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la Mesa Directiva, no podrán transcurrir más de dos sesiones sin que se someta a discusión y votación por el Pleno.

Artículo 29.

La discusión y votación de los dictámenes relativos a la Iniciativa Legislativa Ciudadana se sujetará a lo previsto en el reglamento de cada cámara. 

Artículo 30.

Todo proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana se discutirá sucesivamente en ambas cámaras, observándose lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y los reglamentos de cada cámara.

La discusión sucesiva entre ambas cámaras deberá apegarse a los plazos establecidos en la presente ley.

Artículo 31.

Aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados, pasará para su discusión a la Cámara de Senadores en calidad de minuta, y continuará su procedimiento legislativo de conformidad con los artículos 72 y 135 constitucional, según el caso.

Cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto de Iniciativa Legislativa Ciudadana sea desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara de Senadores, ésta deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes, a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72, apartados D o E, de la Constitución, la cual contará con plazo de diez días hábiles para resolver lo conducente.

Capítulo Octavo
De su difusión

Artículo 32.

La difusión de una Iniciativa Legislativa Ciudadana se realizará, únicamente, a través de los medios institucionales del Congreso de la Unión, conformados por el Canal del Congreso, los portales de internet y las Gacetas Parlamentarias de ambas cámaras.

Capítulo Noveno
De los derechos y obligaciones de los ciudadanos

Artículo 33.

Podrá ser promotor de una Iniciativa Legislativa Ciudadana cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano.

II. Contar con su credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Federal Electoral.
Artículo 34.

Toda ciudadana y ciudadano tendrá derecho a recibir la información y capacitación correspondiente para la elaboración de una Iniciativa Legislativa Ciudadana, a través de los mecanismos que determinen las Mesas Directivas de las cámaras del Congreso de la Unión para ese propósito.

Artículo 35.

Para garantizar la eficacia de la participación ciudadana durante el proceso legislativo de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, se deberán respetar las siguientes garantías:

I. El promotor o promotores deberán ser convocados a todas las sesiones en que se discuta el proyecto y ser escuchados en comisiones, en número máximo de 5 representantes.

II. Deberá considerarse la opinión de aquellas organizaciones ciudadanas o expertos académicos que el o los promotores pongan a consideración de la comisión o comisiones dictaminadoras para la elaboración del dictamen.

III. El promotor o promotores tendrán derecho a inconformarse cuando la comisión o comisiones en su dictamen distorsionen el espíritu de la Iniciativa Legislativa Ciudadana. En este supuesto, el promotor o promotores podrán solicitar en escrito dirigido a la Mesa Directiva, que el dictamen se devuelva a la comisión o comisiones para elaborar un nuevo dictamen, el cual debe ser presentado en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El escrito deberá contener los siguientes elementos:

a. Exposición de motivos, conformada por el fundamento jurídico, los antecedentes y las consideraciones del o los promotores para llegar a dicha determinación.

b. Firmas del o los promotores que apoyen dichas resoluciones.

c. Sobre la solicitud, la Mesa Directiva deberá resolver sobre la petición en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Artículo 36.

El o los promotores de la Iniciativa Legislativa Ciudadana tendrán el derecho a retirarla en cualquier momento, teniendo la posibilidad de presentarla durante el año legislativo siguiente a su admisión inicial, indistintamente de la legislatura a la que corresponda, apegándose a lo establecido en los artículos 8 y 9 de esta ley.

En este caso, las firmas que apoyaron la iniciativa y que fueron autentificadas por el Instituto Federal Electoral seguirán siendo válidas durante el periodo señalado, por lo que será necesario recolectar únicamente aquellas firmas que hagan falta para cubrir el requisito establecido en el artículo 8 de esta ley.

Artículo 37.

El promotor o promotores podrán solicitar el reembolso de los gastos erogados para la elaboración y presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, previa exhibición de los comprobantes fiscales correspondientes, siempre y cuando el Congreso haya aprobado el proyecto y éste se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los reembolsos corresponderán a los siguientes rubros:

I. Asesorías relacionadas con la materia de la iniciativa, y
II. Envíos por correo certificado.

Artículo 38.

El o los promotores tendrán la obligación de informar a la Cámara de Diputados el origen de los recursos económicos que empleen para la elaboración del proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana, así como, en su caso, para el proceso de recolección de firmas correspondiente.

En caso de que el proyecto sea admitido, dicha información será publicada en el portal de internet de la Cámara de Diputados. De lo contrario, estará disponible para el ciudadano que lo solicite.

Capítulo Décimo
De los recursos de apelación

Artículo 39.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de Iniciativa Legislativa Ciudadana, relativas a la autentificación de las firmas recolectadas por los promotores, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Segundo. Las Iniciativas Legislativas Ciudadanas que se hayan recibido en las cámaras del Congreso de la Unión, antes de entrar en vigor el presente Decreto, se sujetarán a los trámites y tiempos de dictaminación establecidos en él.

Tercero. La Cámara de Diputados, a través de su Mesa Directiva, elaborará y pondrá en práctica, de manera periódica, un proyecto de capacitación ciudadana, a fin de contribuir con la correcta elaboración de los proyectos de Iniciativa Legislativa Ciudadana, así como de difundir este derecho ciudadano.

Cuarto. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, elaborará un Manual de Capacitación Ciudadana en materia de Iniciativa Legislativa Ciudadana, el cual será distribuido gratuitamente a quien lo solicite y se encontrará disponible en el portal de internet de la Cámara de Diputados.

Quinto. Las Mesas Directivas de cada cámara crearán el área técnica responsable de atender todo lo relativo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Sexto. Las cámaras del Congreso realizarán las adecuaciones correspondientes a sus respectivos Reglamentos, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 31 de julio de 2013.

Dip. Trinidad Morales Vargas.- Dip. Marino Miranda Salgado.- Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero".

Referencias

Concha Cantú, Hugo Alejandro. “Iniciativa legislativa popular”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/191/4.pdf

Carbonell, Miguel. “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional”. Villaverde Ignacio en “La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad”. Serie Justicia y Derechos Humanos.

Carbonell, Miguel. “La participación política en el Estado Constitucional”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/La_participacion_politica_en_el_Estado_constitucional.shtml

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa legislativa ciudadana. Artículo Único. Se reforma la denominación del Título Quinto; se adicionan en este los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 y 153; se adiciona el Título Sexto, con la denominación y artículos contenidos en el Título Quinto previo a la entrada en vigor del presente decreto, para que sus artículos anteriores pasen a tener los numerales 154, 155, 156, 157, 158 y 159 todo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Morales Vargas Trinidad. Partido de la Revolución Democrática. 12 de marzo de 2013.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política.12 de octubre de 2011.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados. “Iniciativa Popular, Estudio Comparativo de su regulación a nivel Constitucional y de las Leyes en la materia, en el ámbito local”. 2012, p.2.

Elena Aguilar Villalobos y Felipe Alatorre Rodríguez. “La Iniciativa Popular, un ejercicio ciudadano en Jalisco”. IGLOM-Congreso: Los Gobiernos Locales: El Futuro Político de México. Mesa: Participación Ciudadana.

Ferrajoli, Luigi. “Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia”, Madrid, Trotta, Vol. 2 (Teoría de la Democracia), 2011, pp. 9-157.

González Schmal Raúl. “Programa de Derecho Constitucional”, Universidad Iberoamericana, 2007. 2ª ed.

Hevia de la Jara, Felipe. “La iniciativa popular en América Latina”. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 17, núm. 52, enero-abril, 2010.

Iniciativa que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que Regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Grupo Parlamentario del PT. 18 de julio de 2012.

Instituto para la iniciativa y el referéndum Europa y Green European Foundation, Manual de la Iniciativa Ciudadana Europea, 2010.

Latinobarómetro 1997-2004, Corporación Latinobarómetro.

Monsiváis Carrillo, Alejandro. “Democracia deliberativa y teoría de la democracia: una revisión del valor de deliberación pública”, Revista Mexicana de Sociología 68, num. 2 (abril-junio, 2006): 291-330, México, D.F.

Olivos Campos, José René. “Gobernación democrática”. Primera edición, Editorial Novum 2012.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Profundizar la democracia en un mundo fragmentado” en Informe sobre Desarrollo Humano 2002, p. 1

Proyecto Iniciativa Popular. “La Iniciativa Popular en la Argentina y el mundo”, 2004.

Salazar Luis y Woldenberg José. "Principios y valores de la democracia", Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1997.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, Diputada Rosas Montero.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales, en materia de participación ciudadana, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 constitucional, se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Finalmente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 Bis de la Ley del Banco de México.

1 En González Schmal Raúl, Programa de Derecho Constitucional, p. 78.

2 “La adhesión a la democracia en México era del 45% en 1997 (año en el que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados) y todavía del 36% en el 2000 (cuando el PRI pierde la Presidencia de la República), pero desciende hasta un 26% en 2001 y hasta el 17% en 2002 y 2004”.  En Carbonell Miguel, “La participación política en el Estado Constitucional”.

3 En Manual de la Iniciativa Ciudadana Europea, p. 23.

4 En Salazar Luis y Woldenberg José, "Principios y valores de la democracia", p. 15.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS IN FINE A LA FRACCION I DEL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y EL ARTICULO 24 BIS A LA LEY DEL BANCO DE MEXICO

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Con el permiso de la Asamblea:

Marco Antonio Blásquez Salinas, Senador por el Partido del Trabajo, de Baja California, va a poner a su consideración una herramienta parlamentaria, a fin de que los mexicanos disfruten de su propiedad, una propiedad legítima de los hidrocarburos, trasladado esto a un justo precio en los hidrocarburos.

No sin antes establecer aquí, después de oír tanto arengas a favor del nacionalismo y del bienestar económico del país, establecer que el tema de la reforma energética, quizá para muchos compañeros de mi corriente ideológica, sea una cuestión histórica, o como ya mencioné, ideológica. Pero, no.

El tema energético es una situación que tiene que ver absolutamente con el patrimonio, con la soberanía y con la conveniencia.

Hay que decir también, que luego que sepamos cuáles son los estragos que al gasto público va a repercutir o va a representar esta iniciativa energética que presentan los compañeros del Partido de Acción Nacional, cuando sepamos el tamaño del boquete, que se va a abrir en el gasto público, debido a que seguramente esta iniciativa contempla la añorada fórmula neoliberalista de despetrolizar el gasto público y transportarlo a otro tipo de inversiones. Ya sabremos cómo le llaman a esas inversiones.

Pero cuando sepamos el monto de lo extraído, es entonces cuando vamos a saber, ¿cuánto va a aumentar el IVA?

¿Cuántos puntos de IVA se van a aplicar a IVA y a alimentos?

¿Cuántos puntos va a aumentar el ISR y de qué forma?

¿De qué manera los ciudadanos van a ser castigados con impuestos de los fiscos estatales?, que ya los tienen contemplados, entre ellos, por ejemplo, el reposicionamiento de la tenencia vehicular, y también, otro que se menciona, es el de los impuestos prediales.

Una cosa lógica, cierta, solamente se dijo aquí, una sola. Y que es, el hecho de que Pemex tiene que ser saneado.

Mientras Petróleos Mexicanos siga con esa conducta corruptiva. Mientras nuestros combustibles sigan siendo ordeñados, extraídos de los ductos, no hay una iniciativa energética que pueda, obviamente, mejorar la industria.

Y por otra parte también, debido a que están unidas, a que están ligadas, aunque no lo dicen; mientras no se cobren los impuestos que potencialmente faculta la ley, ¿para qué quieren una reforma hacendaria?

Hemos visto los números, que solamente se cobra el 30% de potencial IVA, solamente el 30%. Entonces, aquí lo que cabría, sería mejor depurar los órganos tributarios, depurar al SAT, para que en el marco de lo ya establecido y de lo ya permitido, se cobren los impuestos suficientes y necesarios para tener ese aparato fiscal, justo, social, y tantas cosas como le cuelgan para venderlo de mejor manera.

Bueno, quiero presentar este día, una iniciativa con proyecto de Decreto, porque ante la escalada de los precios en la gasolina que afecta a la economía de las familias, es menester proponer, que al fijar el precio, se tome en cuenta que México es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y que dicha fórmula, respecto a los precios internacionales, que toma como referencia la Secretaría de Hacienda, se aplique con la mayor transparencia, ya que hoy día, se hace con total opacidad.

Hoy día somos el sexto productor de petróleo en el mundo y el precio de las gasolinas afecta las finanzas de las familias mexicanas.

En los últimos años, los precios de la gasolina se han incrementado hasta impactar de manera seria y grave al patrimonio de las mismas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de establecer, con base en análisis técnicos, los precios de las gasolinas y el disel dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pero lo hace en un marco de intensa opacidad.

Los incrementos mensuales, por cierto el sábado ya toca otro, que vienen desde enero de 2007, acumulan un aumento de 69.6 por ciento a la magna, 44.7 a la premium y el valor del diesel desde 1977 ha aumentado en 106.4 por ciento.

Mientras que en México una persona destina 3.4 por ciento de su ingreso a la compra de gasolina, Reino Unido y Argentina, en estos países, las familias aplican solamente un 1.8 por ciento.

En Alemania y en Italia estas familias reportan 1.4; en Chile 2.4 y en Francia .7 por ciento. Mientras que en México, repito, nuestras familias utilizan el 3.4 de su ingreso en la compra de gasolina.

Para fijar el precio de las gasolinas se toma en cuenta un componente denominado costo de oportunidad, lo que Pemex deja de ganar si vendiera los combustibles en el exterior a precios internacionales.

Los mexicanos no disfrutamos por efecto de la aplicación del "Costo de Oportunidad” de precios bajos acordes con ser uno de los principales productores de petróleo en el mundo.

En mayo, Petróleos Mexicanos alcanzó el volumen de producción de gasolinas más alto en los últimos 40 años, al lograr un promedio diario de 471 mil barriles, o sea, 8 por ciento más del comparado con el mes del año anterior.

La venta del barril de crudo, 15 dólares arriba de lo presupuestado, debiera asimismo beneficiar a los mexicanos, pero el gobierno federal maneja los llamados excedentes petroleros, una vez más refiero la palabra, con total opacidad.

El alza del combustible provoca la elevación generalizada de precios, ya que toda la mercancía de consumo tiene que ser transportada de un lugar a otro y cuando sube la gasolina, obviamente suben todos los precios.

Al no conocerse con plena certeza las reglas para el cálculo, los elementos conocidos en la ley del IEPS, con respecto al precio de la gasolina de la costa del Golfo, no hay congruencia entre dichos precios y los que se aplican en el mercado mexicano. Mientras que los Estados Unidos de América hay variaciones, según el mercado, repito, ahí hay variaciones para arriba y para abajo y aquí mensualmente el aumento es consistente. Empezaron en 5 centavos y ahora están en 11 centavos por mes, y como les reitero, el sábado ya toca el nuevo aumento, hay que estar preparados.

La Ley del Impuesto Federal sobre Producción y Servicios, el llamado IEPS, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados y las publicará, señala el IEPS en el Diario Oficial de la Federación.

Estas reglas sobre las cuales se realiza el cálculo, no han sido publicadas por el Diario Oficial de la Federación, por lo cual la metodología se encuentra en una total incógnita.

Tanto los precios de la gasolina al productor y al consumidor no están claramente determinados, por lo cual el monto que se destina al subsidio es también opaco.

Bajo la convicción de que las familias mexicanas deben disfrutar de precios acordes a la condición de la nación de propietaria original del petróleo, sin pasar por alto la necesidad de reinversión de Pemex, y con base en que el actual gobierno que encabeza el señor Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, ofreció gasolinas más baratas, por lo menos así lo dijo en campaña, me permito poner a su consideración el siguiente proyecto de Decreto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer la fórmula mediante la cual se determina los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo de los expendios autorizados a que se refiere esta fracción.

La citada dependencia realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos las publicará en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a considerar en la fórmula para calcular el precio de las gasolinas los factores siguientes:

1. La armonización del precio internacional que se tome como referencia al efecto con el costo de producción nacional hasta colocar el combustible en el punto de venta final.

2. La ponderación que haga el Banco de México sobre el precio de las gasolinas en función de su atribución de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público va a publicar en el Diario Oficial de la Federación los factores que haya tenido en cuenta para fijar los precios de las gasolinas y el razonamiento correspondiente.

Segundo.- Se adiciona al artículo 24 bis a la Ley del Banco de México, para quedar como sigue.

Artículo 24 bis.-El Banco de México expedirá los criterios que permitan armonizar el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda con la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fijar el precio de los combustibles a que se refiere el artículo 31, fracción X a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es así como los progresistas respondemos precisamente en apoyo del auxilio de la economía familiar y no como falsamente se dijo aquí llamando a la intranquilidad social.

Yo creo más bien que esa intranquilidad triba en las conciencias de quienes aquí vienen a decir exactamente lo contrario a lo que buscan.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Se concede la palabra al Diputado Alfonso Durazo Montaño, a nombre de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Uno de los temas que ha significado un parteaguas en el orden jurídico mexicano es el otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales con la correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado.

El artículo 1o. de la Constitución establece que: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Es de observarse que se deja muy en claro que el principio rector son los derechos humanos, los cuales se encuentran, por una parte en el texto constitucional y, por la otra, en tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. Es de resaltar que se contemplan no sólo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, sino también las disposiciones que contengan tales derechos.

En consecuencia, los derechos humanos no sólo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino además se les sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico.

Bajo este análisis constitucional breve, es de mencionar que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, que es el tema central de la presente iniciativa, por lo que planteamos que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, circunstancia que además encuentra sustento en el propio artículo 27 constitucional.

Hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener medios para el desarrollo de su dignidad y libre desarrollo de su personalidad.

Podemos observar también que entre otros tratados internacionales que contemplan este derecho a la energía eléctrica se encuentran los siguientes:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indica que los Estados miembros están obligados legalmente a cumplir con sus disposiciones una vez que los ratifican.

En el contexto de las fuentes de energía, este Pacto Internacional establece que: "Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional.

En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Este mismo pacto establece que: Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia".

La Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad también hace referencia a este derecho humano a la electricidad. Por tanto, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano que debe ser reconocido en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua.

Reconocida la energía como un derecho humano nunca, a nadie más deberá negársele el acceso a ella en su vivienda.

Además la electricidad es una condición material previa a la satisfacción de cualquier otro derecho constitucional en beneficio de su bienestar.

Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el efecto de su aplicación debe reflejarse también en una tarifa social justa.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, para quedar como sigue:

“Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de energía eléctrica, a través de una tarifa social justa”.

Muchas gracias a todos por su atención.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA, RICARDO MONREAL AVILA y GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGIA ELECTRICA,al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los temas más relevantes que ha significado un parte aguas en el orden jurídico mexicano es el otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los Tratados Internacionales con la correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado.

El texto derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del año 2011, en relación al artículo 1ro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.1

Por lo que es de observarse que se deja muy en claro que el principio rector son los derechos humanos, los cuales se encuentran, por una parte en el texto constitucional y por la otra, en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es de resaltar que se contemplan no solo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, si no las disposiciones que contengan tales derechos.

En este sentido la proyección de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1ro constitucional es amplísima y de lo más beneficiosa al reconocimiento de los derechos humanos a favor de las personas.

En consecuencia los derechos humanos no solo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino además se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano. En efecto se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente internacional, al situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal reconocidos judicialmente en la actualidad.

La reforma eleva a rango constitucional las normas de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, de manera que ahora estas servirán claramente, al igual que las normas constitucionales, como parámetro en la observancia de los actos y omisiones por parte del Estado, así como demás normas jurídicas.

A su vez, es de destacar que con la exigencia de la interpretación conforme a la observancia del principio pro persona, los derechos humanos consagrados en la constitución y los de fuente internacional, se armonizaran a efecto de contar con el mejor parámetro posible de derechos de las personas.

Por lo tanto de acuerdo a lo establecido por el artículo 1ro. Constitucional los derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de gobierno y que en consecuencia la división vertical de poderes no puede ser alegada como excusa para dejar de cumplir con esas obligaciones.

Por ende los derechos fundamentales generan obligaciones para las autoridades de todos los niveles de gobierno, que bajo cualquier circunstancia debe de observar lo que en cada caso señala la constitución y los tratados internacionales.

En otras palabras, las autoridades de todos los niveles no solamente deben respetar los derechos humanos, sino que deben de hacer todo lo que este a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos, sin poder esgrimir ningún tipo de argumento, para dejar de tomar medidas a favor de los derechos.

Así mismo podemos afirmar compañeros legisladores que el poder legislativo en términos de lo que señala el párrafo 3ro del artículo 1ro. Constitucional también está obligado a hacer su parte en la tarea de garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales generando el marco normativo para que ello sea posible.

Bajo este análisis constitucional es de mencionar que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, el derecho humano a la energía eléctrica, que es sin duda el tema central de la presente iniciativa, por lo que planteamos enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 Constitucional.

Por tanto, los derechos humanos requieren de una base material para que sea posible su pleno ejercicio, y tomando en cuenta que éstos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener medios para el desarrollo de su dignidad y libre desarrollo de su personalidad.

Podemos observar que entre otros tratados internacionales que contemplan este derecho a la energía eléctrica son los siguientes:

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH) fue la primera declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia y es la base de todo el sistema internacional de derechos humanos. Es una declaración de principios donde su contenido y significado son muy importantes pues establece los principios fundamentales de donde todo el sistema de derechos humanos se basa.

Además, no sólo establece los derechos civiles y políticos, sino también Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La Declaración afirma que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”2 Por otro lado declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.3

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) indica que los Estados miembros están obligados legalmente a cumplir con sus disposiciones una vez que lo ratifican.

En su preámbulo manifiesta que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.4

También se establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”5

Las obligaciones jurídicas incluyen las de comportamiento (lo que los Estados deben hacer) y las obligaciones de resultado (lo que las acciones de los Estados deben producir como resultado). Así los Estados tienen obligación de procurar, por todos los medios incluyendo la adopción de medidas legislativas (que son las obligaciones de comportamiento), la realización y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para todos sus titulares (que son las obligaciones de resultado).

En el contexto de las fuentes de energía, el Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional.

En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”6

Por otro lado, el PIDESC establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”7 Por lo que es de resaltar y hacer énfasis en el sentido que "el concepto de ‘vivienda adecuada’... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos.

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”

Además que:

“Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.”

3) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de Mayo de 1981, establece en su artículo 14, inciso h) “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”8

4) La Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad establece que el progreso científico y tecnológico se ha convertido en uno de los factores más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, además reconoce que el progreso científico y tecnológico reviste gran importancia para acelerar el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, por tanto el derecho de las personas a disfrutar del uso de la energía eléctrica como un avance científico y tecnológico resulta fundamental, en este sentido se establece que “Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población.”9Así como “(…) extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología.”10Y “(…) medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”11

Por tanto los Estados que han firmado y ratificado el Pacto, como México, están comprometidos a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales.

En nuestro país la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro,12 proporciona servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años.

Usuarios por sector (%)13

SECTOR

% USUARIOS

% CONSUMO

% COBRO

Doméstico

88.46

25

19.75

Agrícola

0.34

5.23

2.04

Industrial

0.75

58.78

59.37

Comercial

9.94

6.73

13.16

Servicios

0.52

4.05

5.65

Por lo tanto el 88.46% de los usuarios corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25% del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 97.72 % del pueblo mexicano cuenta con este servicio.

Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo el 0.75% de los usuarios, que consumen el 58.78% del total de energía eléctrica.

Por tanto consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua. Reconocida la energía eléctrica como un derecho humano, nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda.

Existen más de 200,000 quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día sin ser resueltos. Muchos de los recibos de luz son arbitrarios, exagerados y no tienen que ver con los consumos de energía eléctrica de cada vivienda. Por ejemplo en viviendas los recibos han oscilado entre los 500 hasta los 15 mil pesos. Y en otros más hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía. Aunado a ellos los cortes masivos de energía a barrios, colonias y comunidades, muchas veces van acompañados de represión y violencia, que constituye violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social.

Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y geotermoelétrica del país, constituyen la columna vertebral del abasto eléctrico, al aportar un 23.26% de la capacidad efectiva de generación nacional, representa una riqueza del pueblo que ha sido producto de su esfuerzo histórico y está completamente asociada a la soberanía de la nación. El precio de venta de cada Kwh producido por esta infraestructura es de 40 centavos M.N. y no está sujeta al costo inestable de los energéticos de origen fósil. El consumo doméstico en el país representa el 25% del conjunto del consumo nacional total.14

La generación hidroeléctrica hoy, se encuentra subutilizada y con déficit de mantenimiento. Siendo, como es que en la actualidad se determina el precio de la energía eléctrica, y derivado de ello la política pública de tarifas a los usuarios, en virtud de la lógica de mercados mundiales de generación eléctrica que por la vía de la importación de insumos y la inversión extranjera directa, buscan el abasto vía tecnologías de ciclo combinado, y nuevas técnicas aplicadas a las energías renovables (atadas a su vez a nuevas inversiones que promueven la sustentabilidad y la obtención de bonos de carbono), se ha desatendido un área de producción sustentable que una vez rehabilitada la actual infraestructura, y sin mayores futuras inversiones más que las que impliquen su buen funcionamiento, puede garantizar lo que señala el PIDESC: “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”15

Por ello es menester desligar de la lógica de los precios fluctuantes del petróleo y el gas con que se determina el costo de consumo eléctrico y energético en general, para vincularlo a la lógica de la producción hidráulica y térmica nacional, que constituye un medio propio de subsistencia de todos los ciudadanos y ciudadanos mexicanos.

La progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales tendrá un avance sustancial en el país si se reacciona a tiempo, aprobando esta iniciativa de reforma constitucional que vendrá a hacer congruente el texto constitucional adicionado el 11 de junio de 2011, con la condición que marca el PIDESC a cada uno de los Estados Partes firmantes, es decir, comprometerse a “adoptar medidas … especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, … la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.16

La electricidad es una condición material previa a la satisfacción del derecho al agua, a la salud, la educación, la vivienda, a la información, y es así mismo, un recurso disponible hoy, a través de la generación hidráulica y geotérmica.

Como se ha dicho y desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación para reconocerlo como tal en su Constitución Política; lograr que la luz llegue a todas las comunidades mexicanas, y que por disfrutar de la misma se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos.

Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el efecto de su aplicación debe reflejarse en una Tarifa Social Justa, es decir, que el precio unitario que fije el estado por el consumo de energía eléctrica para los diferentes sectores de la sociedad contribuyendo a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 Constitucional.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGIA ELECTRICA, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, al tenor de la siguiente.

Artículo 4o.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

……

……

……

……

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 31 de julio de 2013".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Durazo Montaño. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse, conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

1 Artículo 1º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948.

3 Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948.

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entro en vigor el 3 de Diciembre de 1976.

5 Artículo 2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.

6 Artículo 1º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.

7 Artículo 11. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.

8 Artículo 14 inciso h), de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

9 Artículo 3. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad

10 Artículo 6. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad

11 Artículo 7. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad

12 Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

13 Estadísticas Comisión Federal de Electricidad

14SENER (SIE Y CFE).

15Artículo 1º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

16Artículo 2º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 31 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los CC. Diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

"RICARDO MONREAL AVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO y RICARDO MEJIA BERDEJA integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto Que Adiciona el Artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro del sistema constitucional mexicano se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de nuestra Carta Magna, pero a la fecha dicha reglamentación no ha cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado es una de contrapesos sobre el Poder Ejecutivo, ya que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrio de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se han otorgado al Congreso de la Unión.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de Hacienda”, sin especificar cuáles eran.

La Constitución de 1836, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente del 56 no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

Mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861 se permitió la creación de una Oficina General, a la cual se le confió la función de recaudar las rentas nacionales. Su titular, como todo funcionario dependiente de la Secretaria de Hacienda, tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún dependiente de la citada Secretaría, está excluido del concurso de la Cámara Alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron.

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917.

Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

…”

Sin embargo, no existe aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la determinación de quienes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.

El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda.

Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar.

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas:

1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2.- Subsecretario de Egresos;

3.- Subsecretario de Ingresos;

4.- Procurador Fiscal de la Federación;

5.- Tesorero de la Federación;

6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7.- Administrador General de Recaudación;

8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

9.- Administrador General de Aduanas;

10.- Administrador General Jurídico;

11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes;

12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y

13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la SCHP.

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara y no dice cuales son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los Titulares de las Comisiones antes mencionadas también sean ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México.

Es por eso que proponemos, modificar la normatividad correspondiente de cada organismo, a favor de que también sean ratificados por la Cámara Alta.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

UNICO.- Se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes funcionarios:

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2. Subsecretario de Egresos;

3. Subsecretario de Ingresos;

4. Procurador Fiscal de la Federación;

5. Tesorero de la Federación;

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7. Oficial Mayor;

8. Administrador General de Recaudación;

9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

10. Administrador General de Aduanas;

11. Administrador General Jurídico;

12. Administrador General de Grandes Contribuyentes;

13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;

14. Jefe de Unidad de Crédito Público;

15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas;

16. Titular de la Comisión Nacional;

17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y

18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Texto Vigente

Texto Propuesto

No existe este artículo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente.

Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes funcionarios:

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2. Subsecretario de Egresos;

3. Subsecretario de Ingresos;

4. Procurador Fiscal de la Federación;

5. Tesorero de la Federación;

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7. Oficial Mayor;

8. Administrador General de Recaudación;

9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

10. Administrador General de Aduanas;

11. Administrador General Jurídico;

12. Administrador General de Grandes Contribuyentes;

13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;

14. Jefe de Unidad de Crédito Público;

15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas;

16. Titular de la Comisión Nacional;

17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y

18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 31 de julio de 2013".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

"La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de ésta Cámara de Senadores, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En fecha 19 de febrero del año en curso1, la suscrita presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadoras y trabajadores estacionales, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Al respecto, la Iniciativa de mérito fue declarada precluída por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en fecha 15 de julio del presente año, según se informa en la comunicación emitida a través de la GacetaParlamentaria, número 3813, cito:2

“Honorable Asamblea:

En cumplimiento del punto primero del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluído o vencerá en el lapso restante del primer año de ejercicio, aprobado por el pleno el 30 de abril del año en curso, y con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara como precluídas las siguientes iniciativas que no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario correspondiente:”

1. (…) a la 19 (…)

20. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, PRI

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

Segunda sección.

Expediente 1287.

Fecha sesión: 21 de febrero de 2013.

Fecha vencimiento: 3 de julio de 2013.

21(…) a la 37 (…)

Respecto de ello, considero lo siguiente:

1. La importancia que reviste el tema en cuestión, relativo al derecho a la seguridad social de las y los trabajadores estacionales detallada en la Iniciativa de mérito, es digno de su discusión y análisis en el Congreso de Unión.

2. Es recomendable, realizar consultas públicas plurales, respecto al tema, con la finalidad de que participen todos los sectores involucrados, tales como el campesino, los y las jornaleras, autoridades de los diferentes órdenes en la materia, organismos de particulares, así comoespecialistas de la comunidad científica local y nacional, entre otros, y;

3. Es pertinente que las comisiones legislativasa las que les corresponda el turno sobre el presente asunto legislativo, se apoyen para su Dictamen, en valoraciones de impactos presupuestarios, principalmente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados de acuerdo a la legislación vigente, entre otros estudios de viabilidad técnica y financiera.

4. Establecer reuniones bicamerales de acuerdoa las disposiciones legales aplicables, a fin de encontrar puntos de confluencia que permitan establecer soluciones viables a la problemática de las y los jornaleros agrícolas y sus derechos de acuerdo al marco constitucional vigente y a los instrumentos internacionales en la materia.

Por lo anteriormente fundado, la suscrita Senadora de la República, presenta nuevamente, en sus términos originales de fecha 19 de julio del año en curso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en matera de trabajadoras y trabajadores estacionales de acuerdo a lo siguiente:

“Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el INEGI, revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas.3 De este universo, 1,727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2,653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.”

“Artículo 279. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.”

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, del total de la población ocupada en el sector agropecuario, para el año 2006 los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS.El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 14.5% del PIB agrícola nacional.En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2.0 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.

Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los Estados del Sureste.

La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano.En efecto, en las ciudades con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo.En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Mas del 80% de las actividades son manuales y el contacto con maquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La Iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.

La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.

Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.

La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.

El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.

La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.

La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.

La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación.Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, sepropone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008 y 28 de Diciembre de 2010.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherentes a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de éste honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

ARTICULO UNICO.Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ….

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9.….

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los Patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley.

II a IX ...

Artículo 16.

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores estacionales del campo.

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. …

……(Tabla)

……

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102.…

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;

II. …

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararseésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154.……

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

….

….

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente Ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicioso no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios.

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores alcosto por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B.-

I. ...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 237-C.- Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Articulo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ……

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales;se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio opredios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente Decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio.

Tercero. El Director del Instituto del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo".

1 Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, “Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adicional diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, México, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, LVII Legislatura, Diario de los debates 6, Segundo Periodo Ordinario,martes 19 de febrero de 2013, enlínea, dirección, URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&id=41096 [consulta: 28 de julio de 2013

2 Comunicación de preclusión relativa a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social”, México, Cámara de Diputados, LVII Legislatura del Congreso de la Unión, GacetaParlamentaria, año XVI, número 3813, lunes 15 de julio de 2013, documento en línea, dirección URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/ [consulta:29 de julio de 2013].

3 La “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalaque el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6,580,206.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I Y EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Marcos Aguilar Vega, con carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION PRIMERA Y EL PARRAFO SEXTO DELARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, con el objeto de incrementar la recaudación a través del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El dictamen de estados financieros para efectos fiscales fue creado por el Gobierno Federal el 21 de abril de 1959 mediante un Decreto Presidencial, con el objeto de ampliar indirectamente las facultades de fiscalización y recaudación, así como para comprobar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Como auxiliar de las autoridades en el proceso fiscalizador se eligió al Contador Público, en razón de la estrecha relación que guarda la profesión con la práctica contable y de auditoría así como la pericia, disciplina, honradez y responsabilidad que desde hace más de cien años ha demostrado la Contaduría Pública organizada en nuestro país.

El dictamen ha trascendido al tiempo, -- que ahora se cuenta en más de 50 años de antigüedad --, así como demostrado su valía por ser una herramienta eficaz para la fiscalización, hecho que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reconocido de forma expresa al haber implementado reformas a su alcance, contenido y forma de presentación, que al día de hoy involucra el uso de un software especializado y una poderosa plataforma de recepción y análisis conocida como Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED).

El dictamen de estados financieros para efectos fiscales actualmente se integra con la información establecida en el artículo 32-A y 52 del Código Fiscal de la Federación en conjunción con los artículos 60 a 82 de su Reglamento.

Como muestra de la trascendencia de este instrumento jurídico que está a disposición tanto de los contribuyentes como del SAT mismo, es que en los últimos años se han presentado de forma constante en promedio 88,500 dictámenes por ejercicio, tal como se muestra en la siguiente Tabla:

Ejercicio Fiscal

Número de Dictámenes Presentados

2005

87,521

2006

89,665

2007

92,005

2008

91,694

2009

89,066

2010

86,073

2011

84,210

Esta labor de apoyo al SAT es practicada por al menos 5,800 Contadores Públicos Registrados que durante el último ejercicio fiscal presentaron al menos un dictamen, de entre los más de 17,500 Contadores Públicos que cuentan con dicha autorización paraemitir dictámenes con efectos fiscales.

Así las cosas es que del significado jurídico y económico que detenta el dictamen fiscal para las partes que intervienen en él, -contribuyente, contador público y autoridad-, que la Contaduría Pública organizada solicita que este documento otorgue certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes dictaminados, puesto que contrario a la lógica son precisamente estos contribuyentes los más fiscalizados, es decir, son estos últimos los que con mayor frecuencia son sujetos de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, cuando son ellos los que sin duda alguna aportan más y mejor información acerca de sus operaciones a los entes fiscalizadores.

Ahora bien, es el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) el que establece la obligatoriedad de que las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentren en alguna de las hipótesis prescritas por dicho numeral, deberán hacer dictaminar sus estados financieros por Contador Público Registrado en los términos del artículo 52 del Código de Marras; así también, se establece la opción para que aquellos contribuyentes que no encontrándose en los supuestos de ley puedan optar por hacer dictaminar en los mismos términos.

No obstante que la obligación formal de entregar a las autoridades fiscales el citado informe es exclusivamente de los contribuyentes, son los Contadores Públicos Autorizados, en su calidad de terceros independientes en quienes tanto particular como autoridad, depositan su confianza atendiendo a su ética, profesionalismo y capacidad profesional.

Sin embargo el Contador Público se ve limitado para cumplir en tiempo y forma con la entrega del dictamen fiscal, faltando a la confianza otorgada por el contribuyente y las autoridades en razón de lo siguiente:

I. El número de anexos contenidos en el SIPRED se incrementa año tras año.

II. Se han incorporado cuestionarios acerca de cumplimientos de múltiples obligaciones fiscales, corporativas, laborales y de comercio exterior, tanto a ser contestados por el contribuyente como por el Contador Público Registrado, respuestas todas que requieren de un minucioso análisis debido a lo delicado y trascedente de su contenido, sin mencionar que en varias de las preguntas la redacción es en extremo confusa.

III. El plazo establecido para que el contribuyente dictaminado entere al fisco las cantidades que se determinen a su cargo por concepto de diferencias en impuestos es escaso, tan sólo diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se presente el dictamen por parte del Contador Público. Pago que para el caso de no realizarse, obliga al contribuyente a enterar no solamente los accesorios de ley sino además una cuantiosa multa que no está sujeta a disminución ni condonación. Siendo que en múltiples ocasiones a pesar de que el Contador Público está listo para entregar a las autoridades el citado dictamen, no lo puede hacer porque el contribuyente no tiene el dinero necesario para pagar sus obligaciones.

IV. Anualmente el SIPRED sufre cambios en su contenido, forma de operación y requisitos para su entrega, mismos que van desde el aspecto tecnológico hasta el informe fiscal así como la integración de las cifras y anexos que la autoridad considera indispensables para realizar su labor fiscalizadora. Cambios que representan demoras en la elaboración del trabajo a realizar, pues todo cambio implica transformación y adaptación de los recursos para lograr el objetivo final.

Así las cosas y en razón de lo hasta aquí expuesto es que se propone reformar el primer párrafo de la fracción I del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación así como el sexto párrafo, texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:

a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.

b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa.

Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.

II. – IV. …

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $20,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $35,000,000.00 o que por lo menos ciento veinte de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:

a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.

b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa.

Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.

II. – IV. …

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, a más tardar el 31 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción primera y el párrafo sexto del Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $20,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $35,000,000.00 o que por lo menos ciento veinte de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:

a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.

b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa.

Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.

II. – IV. …

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, a más tardar el 31 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Dip. Marcos Aguilar Vega”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

"La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mes de julio del presente, ocurrió un suceso en el Ayuntamiento de Centro en Tabasco, que fue difundido con la expansión y rapidez que las tecnologías de la información y las redes sociales permiten. Se trata de un video en el que se aprecia a un niño tirando dulces en la calle ante la mirada de un sujeto con gafete. Un funcionario municipal descubre a un niño vendiendo cigarros y dulces en la vía pública. En el video se aprecia al menor llorando mientras tira su mercancía a la calle; sólo cuando termina de vaciar la canasta el funcionario lo deja ir, pero se lleva los cigarrillos. El niño fue  identificado como Manuel "N", tiene 10 años y es un estudiante huérfano de origen tzotzil. Es originario del Paraje Romerillo, San Juan Chamula, Chiapas. Vive con su tía María Díaz Díaz y vendía dulces en la calle para obtener recursos mientras estaba de vacaciones. El funcionario que se observa en el video, es Juan Diego López Jiménez, trabajador del ayuntamiento Centro, adscrito a la Coordinación de la Zona Luz. De acuerdo a la nómina de Juan Diego Jiménez López, su cargo no es inspector sino electricista, aun así agredió de manera verbal al vendedor menor de edad.

Gracias a la velocidad y amplitud de las redes computacionales el caso generó atención nacional y se convirtió en un suceso que propició reacciones inmediatas gracias a la presión de las redes sociales y los medios de comunicación. A las pocas horas el ayuntamiento publicó un comunicado para informar que el funcionario había sido separado del cargo y ya se preparaba el despido definitivo. Las entidades públicas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervinieron en el caso. Tal es el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de julio del presente. Ahí se informa que, “por instrucciones de su presidente, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, se inició una queja de oficio y atrajo el caso de un menor de edad que fue agraviado por un  servidor público del Ayuntamiento de Centro en Tabasco.  Se trata del caso ocurrido en la capital del estado de Tabasco, donde un servidor público obligó a un menor de edad, de origen indígena, a tirar al suelo los dulces que ofrecía, para vender, en una canasta y se apropió, al parecer, de unos cigarros que llevaba con el argumento de que los estaba vendiendo un menor de edad. Desde el momento en el que los medios de comunicación dieron a conocer el hecho, personal de este Organismo nacional acudió al lugar para buscar a la víctima y recabar testimonios. Asimismo, personal de la oficina regional en la entidad se puso en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que había iniciado ya un expediente de queja. La Comisión Estatal informó que al desconocerse el paradero del menor, solicitó la colaboración de la Procuraduría del Menor y la Familia del estado de Tabasco a fin de investigar en dónde está hoy el menor que, se dijo, había regresado al estado de Chiapas, lugar en el que nació. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha planteado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que la sociedad y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno sumen esfuerzos para preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez mexicana y ha hecho hincapié en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la población más vulnerables de nuestro país. Esta Comisión Nacional investigará el caso y dará seguimiento a las pesquisas que hagan, la Procuraduría del Menor y la Familia y demás autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la víctima, y en su momento determinará lo que a derecho corresponda.

Estamos en tiempos en donde la velocidad y la libertad de las redes sociales han creado fenómenos sociales insólitos que escapan de la administración informativa que generaciones anteriores de ciudadanos no experimentaron. Sucede así que, gracias a ello, las instituciones de gobierno y diversas estancias reaccionan a velocidades insospechadas para sumarse a la presión ciudadana y responder a la legitimidad de las demandas; sin embargo este suceso posee una riqueza mucho más amplia de significados que describe la calidad política y cultural del sistema mexicano. En primer lugar el hecho, ya acostumbrado en esta sociedad de desigualdad, de que un niño venda dulces en vía pública. De sólo esta imagen se desprende ya una calificación del sistema que genera, sistemáticamente, cientos de miles de infantes vendiendo en la calle, ejerciendo una actividad que se tiene por retributiva como limpieza de parabrisas, o apostando por el entretenimiento, en el mejor de los casos cuando no se trata de otras actividades degradantes para los infantes.

El suceso fue atendido y como colofón una institución del gobierno estatal ofreció una beca, antes se buscó a la parentela del niño y se presentaron las posiciones de diversos actores políticos; sin embargo este suceso dice mucho más, entre ello la vigilancia que practican los funcionarios municipales o delegacionales del comercio informal que en nuestro país generan millonarias entradas producto de la extorsión o el permiso para vender; segundo, que los funcionarios que están eventualmente en contacto con la realidad social no están preparados para tratar con los grupos vulnerables, que son, en muchos casos, quienes recurren a la venta pública informal. Tercero la evidencia de los gobiernos municipales, muchos de los cuales, se sirven de los trabajadores de diversas áreas a atender áreas de cuidado extremo, como el caso que nos ocupa y cuarto, la opción hacia la informalidad que es una opción, casi siempre la última, de conseguir dignamente, -aunque ilegal mientras se esté fuera de los grupos corporativos de ambulantaje muchas veces asociados a las corruptelas de gobiernos-, una retribución. Y cuarto, la falta de una legislación adecuada o inoperante en los términos de maltrato infantil.

Cuando se trata de presentar una iniciativa se tiene la costumbre de presentar diversos recursos argumentales que representan una influencia positiva para que los plenos camarales acepten materializar una ley. Tal es el caso, en este ejemplo de las diversas legislaciones que se tejen alrededor de una propuesta; sin embargo, esta propuesta de iniciativa tiene un cimiento de legitimidad poderosa, se trata de sancionar fuertemente a funcionarios públicos que ejerzan cualquier tipo de maltrato hacia los infantes, se encuentren en la instancia gubernamental en que se encuentren. Los gobiernos, entonces, tienen que crear programas de capacitación lo suficientemente convincentes para todos aquellos de sus empleados que tengan algún tipo de contacto o relación con los infantes y, que en esa relación respeten absolutamente sus derechos humanos. La referencia de suficientemente convincentes se da porque hay administraciones locales que hacen el esfuerzo por capacitar en esas necesarias materias a sus empleados y los empleados, por la fuerza de su psicología, por la costumbre o por una capacitación débil, no desarrollan una conducta gubernamental adecuada y respetuosa.

Estamos en tiempos, también, en donde los capitales argumentales para generar una exposición de motivos pueden concentrarse en estudios que sintetizan y puntualizan una situación, en este caso el maltrato infantil. Tal es el caso de un estudio importante que la Cámara de Diputados ha generado a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Este estudio reciente, de marzo del 2013, a cargo del licenciado Salvador Moreno Pérez, llamado “Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México” contiene los argumentos necesarios para sostener la necesidad de impulsar el trabajo legislativo para aprobar las legislaciones necesarias que protejan a la infancia que se encuentre en nuestro país, sea nativa o se encuentre de paso por nuestro país.

Con frecuencia se recurre a una serie de fuentes y estructuras argumentales de diversos estudios y publicaciones oficiales. El estudio que aquí se reproduce, como eje argumental, contiene todos los elementos pertinentes, tanto políticos, como institucionales, técnicos, legales y de proceso parlamentario que aluden al tema del maltrato infantil en México. Es un estudio fresco, emitido por una institución parlamentaria y generada con recursos públicos. Existe una mala creencia que una iniciativa se deba sostener con una cierta cantidad de hojas y textos variados. Me atrevo a presentar un sólo documento argumentativo que reúne todas las características y que fue elaborado por un grupo de estudiosos especialistas y profesionales en el tema y con el aval de la H. Cámara de Diputados. Considero que es un documento de alta calidad, pertinente para una toma de decisiones que impactaría en las conductas de las administraciones públicas. Declaro, tomo el recurso de ese documento público cuyo eficiencia reúne una requisitoria justificatoria de un cambio legislativo y felicito ampliamente por los estudios valiosos que las instituciones pueden generar, ello presenta certezas que sólo una actitud política negligente puede negar.

Para comenzar recordemos que “El concepto de maltrato infantil ha ido evolucionando con el tiempo en un intento de englobar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del niño. Puede definirse como aquella acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Así se distinguen varios tipos de maltrato, que no son excluyentes entre sí y pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño:

• Maltrato físico (daño físico o enfermedad);

• Negligencia o abandono (omisión de las acciones necesarias en alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, vigilancia y seguridad en el hogar, etc);

• Abuso sexual (voyeurismo, exhibicionismo, tocamientos y penetración, incesto, así como la inducción a la prostitución o la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar); y

• Maltrato emocional (activo, pasivo o inducción en los menores de comportamientos antisociales).

(Suárez Saavedra, S. y J. Rodríguez Suárez,«Maltrato infantil»,Boletín de Pediatría, 46 (Supl. 1), 2006, págs. 119-124.)

1. Marco teórico y conceptual sobre la violencia

Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana y es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause —o tenga muchas probabilidades de causar— lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Se excluye de la definición a los incidentes no intencionales.

La misma organización establece una tipología de la violencia. La divide en tres categorías generales -según las características de los que cometen el acto de violencia-: la violencia autoinfligida; la violencia interpersonal y la violencia colectiva.

La violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: violencia familiar o de pareja, y la comunitaria; la primera es la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general —aunque no siempre— sucede en el hogar. La violencia comunitaria es la que se produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no; por lo común sucede fuera del hogar. Por lo que toca a la violencia colectiva se subdivide en violencia social, política y económica. Aquí caben los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. La violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, así como la violencia del Estado. En tanto que la violencia económica comprende los ataques por parte de grupos motivados por el afán de lucro económico o crear división económica y fragmentación.

La violencia hacia los menores generalmente se presenta en la subcategoría de la violencia familiar o de pareja; en ella también se dan casos de violencia hacia las personas mayores.

La misma organización ilustra la naturaleza de la violencia en cuatro tipos: física, sexual, psíquica y privaciones o descuido. De esa forma ejemplifica que “la violencia contra los niños cometida en el seno del hogar puede incluir abuso físico, sexual y psíquico, así como negligencia o descuido”.

La OMS considera que su clasificación puede constituir un marco útil para comprender los tipos y motivos de violencia en el mundo. La violencia entonces, en el presente trabajo, es un concepto general, pero en el caso de la violencia hacia los niños se utilizará el término “maltrato” como concepto que integra todos los tipos que violencia de los que pueden ser objeto los menores. En los siguientes apartados se revisa la definición y tipos de maltrato hacia los menores, los problemas en la medición y la magnitud del problema tanto a nivel mundial y de forma particular en México y sus entidades federativas.

1.1. Definición de maltrato infantil

En el presente documento se adopta la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre el maltrato de menores. El maltrato o vejación abarca todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Casi de la misma manera el informe sobre violencia hacia los niños y adolescentes de las Naciones Unidas define el abuso infantil como cualquier tipo de daño causado a los niños, las niñas o los adolescentes, incluyendo el abandono o la violencia física, sexual o psicológica por parte de alguien que deba cuidarlos, que tenga responsabilidad sobre ellos o en quien confíen.

En el documento se considera como “niño” a la definición recogida en el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Otra forma de maltrato es la discriminación contra los niños definida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la edad de las y los niños que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se consideran prácticas discriminatorias, entre otras, que se obstaculicen las condiciones mínimas necesarias para su crecimiento y desarrollo saludable, y que a los niños y niñas se les impida declarar durante procedimientos judiciales o administrativos.

Sobre el mismo tema, Gloria Elena López Navarrete clasifica las formas de maltrato, según el grado de conocimiento de ellas, en: conocidas, poco conocidas y poco conceptualizadas

El maltrato físico, considera López Navarrete, es la lesión externa o interna que presenta un niño (a) o adolescente como consecuencia de un fenómeno de violencia intencional.

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas asegura que toda violencia física y sexual implica daño psicológico y las consecuencias incluyen tanto el impacto personal inmediato como el daño que éste transmite en las etapas posteriores de la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Destaca que la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad en su conjunto.

Al respecto, Rocío Mojica considera la violencia contra la niñez como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas menores de 18 años, pues “algunos tipos de violencia son considerados delitos y otros no, pero todos son una vulneración de derechos y son inaceptables”.

La misma autora considera que cuando la violencia se ejerce justificándola en la necesidad de “corrección”, se denomina “castigo”; la violencia se da porque los adultos consideran a los niños de su propiedad, y que se puede disponer de su cuerpo y de su voluntad; no se reconocen como iguales en dignidad.

Existen algunos mitos en torno a la violencia como ejercicio de poder. Rocío Mojica enumera los siguientes: castigar a los hijos porque a uno lo castigaron y no le pasó nada malo; a veces la violencia es necesaria para educar a los niños; el castigo físico se da porque los niños y niñas necesitan aprender a respetar a sus mayores, a distinguir el bien del mal; y, el más importante: si el castigo no existiera serían indisciplinados.

El informe demuestra que las diferentes formas de violencia a las que estará expuesto un niño variarán según su edad y etapa de desarrollo, especialmente cuando comienzan a interactuar con el mundo fuera del hogar; los menores estarán expuestos a las diferentes formas de violencia ejercida sobre ellos por familiares cercanos y progenitores; posteriormente los niños mayores tienen más probabilidad de ser agredidos por personas de fuera de su hogar.

Una conclusión importante del informe es que la violencia resulta de una combinación de factores personales, familiares, sociales, económicos y culturales. Además que algunos niños pueden estar expuestos a varios tipos de violencia de múltiples fuentes en el transcurso de muchos años.

Diagnóstico: el maltrato infantil y los problemas de medición.

Marco jurídico de protección a los niños.

Los tratados que protegen y reconocen los derechos humanos de los niños y adolescentes en el ámbito universal son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños en conflictos armados y los relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

Mientras que en la esfera interamericana se puede citar la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional de carácter obligatorio que reconoció los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes.

En él se establece que los Estados parte respetarán tales derechos y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

La convención establece que los Estados parte deberán tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o tutores o familiares.

México es uno de los países que ratificaron la convención y por ello está obligado a desarrollar acciones para combatir la discriminación de niños, niñas y adolescentes.

El marco jurídico mexicano de protección a los niños tiene como base el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2000 y se fundamenta en el artículo 4o. constitucional. La ley tiene como objetivo asegurar a los niños y niñas un desarrollo pleno e integral; ello implica formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

De los principios rectores de la ley se pueden mencionar: el interés superior de la infancia, la no-discriminación; igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición; el de vivir en familia y tener una vida libre de violencia, entre los más importantes.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 aporta un avance al establecer en el artículo 1o. que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la reciente modificación a los artículos 4o. y 73 (Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2011) en los que se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Los niños maltratados en México: un acercamiento cuantitativo

En 1999 el INEGI llevó a cabo la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar cuyo objetivo fue obtener información estadística sobre el número de hogares y personas en situaciones de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual.

Los resultados de esa encuesta muestran que una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. La mayoría de los miembros del hogar padecen violencia emocional (34%), intimidación (5.4%), violencia física (3.9%) y sexual 0.5 por ciento. La violencia hacia los menores de cuatro años tiene una proporción mayor de violencia física (5.9%) y sexual 0.7 por ciento.

Durante el período de 1999 a 2004 los maltratos más frecuentes detectados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fueron el físico, 29.7% del total, lo que representó en ese período poco más de 43 mil menores; le sigue en importancia la omisión de cuidados (25.2%) que representó un acumulado de 37 mil niños; y el maltrato emocional (22.9%) equivalentes a 33,518 menores.

En el Anexo 1del documento se muestran los datos comprobados de maltrato durante 2001 a 2011 recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, con base en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

De los indicadores más relevantes se puede destacar que durante ese período, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20% del total de casos presentados ante el Ministerio Público.

El año en que se comprobó el mayor número de casos de maltrato infantil fue en 2008 con casi 34 mil casos. Las entidades federativas que aparecen con mayor frecuencia en las primeras posiciones con el mayor número de casos de maltrato infantil comprobado fueron: Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Las entidades con menor frecuencia de casos de maltrato infantil comprobado durante el período fueron: Veracruz, Hidalgo, Baja California Sur, Michoacán y Nayarit.

Llama la atención el caso de Chiapas y Oaxaca que, aunque no ocupaban los primeros lugares, fueron las entidades con el mayor número de casos comprobados de maltrato infantil en 2008 con casi 8 mil casos y poco más de 4 mil, respectivamente.

Otro indicador importante es que no existe información disponible para ciertas entidades; los estados con alta frecuencia de falta de datos durante el periodo fueron: Hidalgo, Colima y estado de México.

Por último, el Servicio Público de Localización Telefónica, entre 2007 y 2010, recibió un total de 4,106 menores reportados con maltrato infantil. En 79% de los casos la agresión proviene de la madre y la edad promedio de los agresores oscilaba entre los 20 y 40 años.29

La opinión pública sobre maltrato infantil

En 2005 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) levantaron la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis). Los resultados mostraron que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales.

En 2010 se realizó la más reciente Enadis, ahora por el Conapred y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Enadis profundiza en la percepción de discriminación y violencia de varios grupos vulnerables, entre ellos los niños.

Al respecto, es importante destacar que en casi 2 de cada 3 personas (65.5%) están de acuerdo en que los niños deben tener los derechos que la ley les reconoce. Otro 28% opina que son los padres quienes deben definir sus derechos y cerca de 4% sostiene que no tienen derechos por ser menores de edad

Con relación a la violencia hacia la población infantil dentro del hogar, la encuesta reportó que casi 3 de cada 10 niñas y niños dijeron que sus papás los han hecho llorar, y uno de cada cuatro, que les han pegado en su casa

Las prácticas discriminatorias y de violencia hacia los niños no sólo se viven en el hogar; la escuela es otro de los lugares donde los niños sufren violencia y discriminación: a 1 de cada 4 les han dicho groserías; 1 de cada 5 le han quitado o escondido sus cosas; la misma cantidad sufre por burlas y a 13 de cada 100 le han pegado.

En la Cámara de Diputados las iniciativas relacionadas con los niños y adolescentes se canalizan a varias comisiones ordinarias, entre las que se pueden destacar: la de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, además de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

A continuación se hace un breve recuento del número de iniciativas presentadas durante las Legislaturas LIX, LX y LXI cuyo objetivo fue reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; enseguida se describen las que se relacionan con el maltrato, discriminación y violencia hacia los menores.

En la LIX Legislatura se presentaron 21 iniciativas con propuestas para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación resaltamos las que tienen por objeto prevenir y castigar la violencia contra los niños y adolescentes.

El 11 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores envió una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El dictamen tenía como propósito proteger a la niñez mexicana a través de las siguientes acciones: 1) aumentar la penalidad en los delitos de abuso sexual y violación, 2) ampliar de 10 a 15 años de cárcel cuando el delito sea cometido por un ascendiente contra su descendiente; 3) incluir como delitos graves los delitos sexuales no contemplados (hostigamiento, abuso, estupro y violación) perpetrados a menores, 4) tipificar el delito de agravio a menores; y, 5) estipula que el tráfico de menores pueda atacarse desde el ámbito local y federal.

La minuta fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006 y se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo.

En septiembre de 2004 se presentó una iniciativa que tenía por objeto impulsar la coordinación en los ámbitos local y federal para que los ordenamientos penales de los estados establecieran el delito de violencia intrafamiliar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en perjuicio de mujeres embarazadas, y niños y adolescentes con discapacidad.

En marzo de 2006 se presentó una iniciativa que pretendía fortalecer la protección de aquellos niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad, resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso, en cualquiera de sus modalidades.

Otras iniciativas buscaban fortalecer la protección a la niñez y adolescencia que habita en la calle; algunas pretendían dotar de mayores elementos a las instancias públicas encargadas de la defensa y protección de los niños y adolescentes; otra preocupación en las iniciativas fue el mejoramiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil para dar seguimiento a los procesos judiciales que enfrentan los menores que han cometido delitos.

En la LX Legislatura se presentaron 33 iniciativas con diferentes propuestas para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación se describen las relacionadas con las diferentes formas de violencia hacia esa población.

De los aspectos más importantes se puede destacar la iniciativa que propone la creación de sistema de protección de los derechos de la niñez que garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población.

Otra iniciativa considera la creación del Consejo Nacional para la Protección y Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes; además, crea el Instituto para la Protección y Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes y regula las instituciones públicas y privadas que albergan o tienen en acogimiento a personas menores de 18 años de edad.

Por último, se puede mencionar una iniciativa que pretendía que las autoridades en los diferentes niveles de gobierno desarrollaran programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tuvieran por objeto la búsqueda de menores de edad desaparecidos.

En la LXI Legislatura el número de iniciativas se incrementó a 60, lo que da una idea de la importancia creciente del tema. Una de ellas proponía la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México cuyo objetivo era prevenir y sancionar el delito de secuestro o robo de niños, así como establecer el Sistema Nacional de Alerta sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, establecía las bases para la cooperación en esta materia entre la federación, los estados y los municipios; entre las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Otra más creaba mecanismos de protección de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad. Durante la misma legislatura se presentó la iniciativa que tiene por objeto la creación de una Ley Federal para Prevenir, Atender y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas.

Otra iniciativa buscaba reformar algunos artículos de la misma ley; entre otros aspectos establece que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de los niños y adolescentes, e instrumentar programas para garantizar su protección y su desarrollo integral que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.

Una más establece una serie de reformas para proteger a niños y adolescentes contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación por parte de padres, dueños de escuelas, directivos, educadores, maestros o personal administrativo.

Otros temas de preocupación de los diputados se relacionan con la protección de niños en albergues, la abolición del trabajo infantil, política nacional integral de protección, la tipificación como delito grave de la venta de menores y la violencia intrafamiliar, la prevención de la práctica de lesiones no suicidas, mejor conocida como cutting (es la grabación de las heridas que se autoinfligen los jóvenes) y el establecimiento de medidas para evitar el bullying.

Durante la LXI Legislatura se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 461 de la Ley General de Salud el 12 de diciembre de 2011, que fue producto de una iniciativa presentada por el entonces diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, en marzo del mismo año. La reforma aumenta la pena de prisión y multas cuando se acredite en el delito de tráfico de órganos que éstos hayan sido obtenidos de una persona menor de 12 años de edad.

En septiembre de 2012 la Cámara de Diputados creó por vez primera una Comisión Ordinaria para los Derechos de la Niñez. La creación de dicha comisión da continuidad a la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, especialmente a la incorporación del Interés Superior del Niño en la Constitución; así como a la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.

Los especialistas en la materia coinciden en la necesidad de una política integral en la que participen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los tres niveles de gobierno, con la finalidad de mantener a los niños y adolescentes al margen de la violencia.

Finalmente el caso que ahora nos ocupa es inhibir las conductas propiciatorias del maltrato infantil, que todavía forman parte de una cultura negativa socialmente conforme. Fracturar con legislaciones y acciones gubernamentales la inconmensurable cultura patriarcal es una tarea de dimensiones colosales. En estos tiempos en donde las transformaciones constitucionales que colocan la primacía de los derechos humanos aun no estructuran constitucionalmente a todos y cada uno de los artículos constitucionales, es pertinente que una legislación ubique la sanción pertinente para inhabilitar a todo aquel funcionario que atente contra la integridad de un infante sea la manifestación que sea.

Para ello, y para contribuir con un aspecto que continuamente se presenta en la relación de los gobiernos con la ciudadanía y en específico con los infantes, se presenta esta propuesta de iniciativa que tiende sancionar y vigilar la relación, con aspectos de gobernabilidad, que los funcionarios, empleados o personal de gobierno tienen al entrar en contacto con infantes y adolescentes se encuentre bajo el cuidado de respetar sus derechos humanos irrestrictamente. La Ley afectada sería la de LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 47.- ...

I.- a XXIII.-

XXIV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

ARTICULO 47.- ...

I.- a XXIII.-

XXIV.-Abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad, y

XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

ARTICULO 53.-

I.- a VI.-

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

ARTICULO 53.-

I.- a VI.-

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- SE RECORRE EL CONTENIDO DE LA FRACCION XXIV Y SE ADICIONA UNA FRACCION XXV AL ARTICULO 47, SE MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, para quedar como sigue:

Artículo 47.-

I.- a XXIII.-

XXIV.- Abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad, y

XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

Artículo 53.-

I.- a VI.-

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

Suscribe

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel, Sonia Mendoza Díaz, Javier Corral Jurado, María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)

"CC. SECRETARIOS MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTES:

Los suscritos, Senadores LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, ERNESTO RUFFO APPEL, SONIA MENDOZA DIAZ, JAVIER CORRAL JURADO, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT y HECTOR LARIOS CORDOVA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformany adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional a la fracción II del artículo 35, sobre candidaturas independientes, que forma parte de la llamada Reforma Política de 2012, el Congreso mexicano debe expedir la legislación secundaria que regulará el derecho de los ciudadanos a participar en forma individual para ocupar un cargo de elección popular, esto es, sin el respaldo de un partido político.

La Enciclopedia Jurídica Latinoamericana señala que “El esquema de las llamadas candidaturas independientes es uno de los posibles modelos bajo el que se puede presentar una candidatura electoral. Bajo la modalidad de las candidaturas independientes, se posibilita el ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar su postulación a un cargo de elección popular de manera desvinculada a los partidos políticos quienes tradicionalmente detentan esa prerrogativa.

El reconocimiento legal de las candidaturas independientes implica que cualquier ciudadano, de manera directa, puede aspirar a ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar los filtros y los procesos de selección internos establecidos por los partidos políticos para la designación de sus candidatos.

Además, la posibilidad de presentar una candidatura independiente significa que el ciudadano que compite de manera autónoma por un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, pero en todo caso de manera paralela a los partidos políticos, una campaña electoral promocionando su postulación. Cabe señalar, que esta figura no es per se excluyente respecto a la presentación de candidaturas electorales por parte de partidos políticos, sino que se presenta como una forma alternativa de postulación de aspirantes a un cargo público”.1

El artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (conocida como “Pacto de San José”) adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del dieciséis de diciembre de 1996, respectivamente, señalan:

"ARTICULO 23.- DERECHOS POLITICOS.

"1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

"a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, "directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

"b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, "realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que "garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y

"c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

"2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, "idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por "juez competente, en proceso penal."

"ARTICULO 25.

"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

"a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

"b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

"c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las "funciones públicas de su país."

En el artículo 5, apartado 1, del citado Pacto, se establece:

"ARTICULO 5.

"1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él."

Otro documento que cobra vital importancia, es la Observación General 25, emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de doce de julio de 1996, relativo al derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que menciona:

"OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS”

"Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25)”.

En nuestro país, las candidaturas independientes no son un tema nuevo, ya que entre 1810 y 1910 estaban reguladas en la Ley, y fue en 1911 cuando por vez primera, se reconoció la personalidad de los partidos políticos; sin embargo, fue hasta 1946, con la Ley Electoral Federal, cuando se limitó el derecho a registrar candidatos para cargos de elección popular exclusivamente a favor de los partidos políticos. Privilegio refrendado en la Ley Federal Electoral de 1973 y en la reforma política de 1977. Ahora es necesario retornar a este origen con las adecuaciones que exigen los nuevos tiempos.

Para Acción Nacional la participación ciudadana en la política ha sido un tema prioritario, un compromiso para el fortalecimiento del vínculo existente entre la ciudadanía y nuestro sistema político. Así, entre muchas otras iniciativas, el 15 de diciembre de 2009, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa presentó una iniciativa en materia de reforma política que consideró nueve puntos, entre ellos, las candidaturas independientes a cargos de elección popular.

Como se expresó en la exposición de dicha propuesta, las candidaturas independientes no sólo abren el camino a la participación directa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos sino que dan respuesta a la demanda expresada en diversos foros por funcionarios públicos, legisladores y sociedad civil. Se responde a la necesidad de crear nuevas vías de participación política para la ciudadanía distintas a la militancia partidista.

En el mismo sentido, durante la promulgación del decreto de estas reformas constitucionales, el 8 de agosto de 2012, el presidente Calderón señaló: “No se trata solamente de brindarle mayor poder a los ciudadanos para que incidan cada vez más en las decisiones públicas. Se trata, también, de continuar aumentando la representatividad política…”

Algunos expertos consideran que la crisis o deterioro que afecta a los partidos políticos se ha traducido en mayor aceptación de las candidaturas independientes, sin embargo, esta apertura no debe permitir el desorden que abra la puerta a ciertos riesgos, entre ellos al ingreso de fondos de origen ilegal en las contiendas. Las candidaturas independientes no debilitarán a los partidos políticos, sino que los fortalecerá ante una sana competencia, que redundará en mejores candidatos y mejores propuestas.

Por ello, no sólo es imperante armonizar el mandato constitucional vigente que permite las candidaturas independientes con las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que las prohíbe. Es preciso diseñar un marco normativo que garantice transparencia y rendición de cuentas para evitar que los candidatos independientes se conviertan en representantes de intereses ilícitos.

La legislación secundaria garantizará el equilibrio entre los requisitos que debe cumplir el aspirante independiente. Por un lado, los requisitos no deben resultar demasiado sencillos porque ello generaría la multiplicación de candidaturas, haciendo inmanejable y compleja la organización de la elección, además, pulverizaría las posibilidades de los candidatos para obtener el triunfo. Y, por otro, no deben ser tan estrictos porque sería imposible cumplirlos y la ciudadanía se sentiría burlada.

Para el Congreso de la Unión, además de una obligación constitucional, su regulación es una tarea pendiente, ya que a nivel local, las legislaturas estatales han dado los primeros pasos al aprobar reformas constitucionales y, en algunos casos incluso ya cuentan con lasadecuaciones legales. En mayo de 2006, el primero en hacerlo fue el estado de Yucatán y, posteriormente lo han hecho Jalisco, Quintana Roo, Estado de México y Zacatecas.

Debemos mencionar que se trata de un tema que ha recibido un gran interés por parte de la ciudadanía y como ejemplo de ello se encuentra la intensa labor realizada por el colectivo denominado Reforma Política Ya, quienes han enviado sus propuestas a los legisladores y esta iniciativa toma muy en cuenta dichos planteamientos.

Así, esta propuesta se enfoca en dar viabilidad a las candidaturas independientes, dotándose de reglas claras y asequibles para que verdaderos liderazgos sociales puedan postularse a cargos de elección popular, al tiempo que cuidamos el gasto público prudente y se establecen mecanismos que inhiban la participación de intereses ilegítimos en las jornadas electorales por medio de esta figura.

Se deben hacer exigibles los derechos de los mexicanos, promover la participación de los ciudadanos en la política, fortalecer la representatividad de nuestros gobernantes y velar que todo ello se dé en un marco armónico, lícito y equitativo.

Para ello concretamente proponemos lo siguiente:

• Adecuar la normatividad vigente, para incorporar a los candidatos independientes en el funcionamiento del Instituto Federal Electoral y en los procesos electorales.

• Homologar en los términos constitucionales, los derechos y obligaciones de los candidatos independientes con las de los candidatos de los partidos políticos, a efecto de generar equidad, salvo aquellas inherentes a su propia naturaleza.

• En cuanto al financiamiento:

- Deben tener una cuenta bancaria específica para su postulación.

- Deben presentar un informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano.

- El IFE administrará la totalidad de los recursos de fuente pública que utilizará para la campaña electoral;

- Para el desarrollo de la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el cincuenta y uno por ciento del tope de gastos de campaña, definido para cada tipo de elección y el porcentaje restante será privado;

- El remanente de recursos privados se donarán a instituciones de beneficencia y asistencias pública, y

- Los candidatos independientes están obligados a devolver al Instituto los recursos públicos que no sean debidamente comprobados.

• En cuanto al proceso de registro de candidatura:

- Deberán entregar el aviso por escrito ante el órgano del Instituto que corresponda, de acuerdo al tipo de candidatura, durante el mes de julio del año previo al día de la jornada electoral;

- No podrán ser militantes de un Partido Político, o bien, deben renunciar a dicha militancia;

- Deben designar un representante ante el IFE y un responsable de sus finanzas;

- Deberán obtener el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:

a) Para el cargo a presidente de la República, deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos ciento cincuenta distritos electorales de forma igualitaria;

b) Para el cargo a senador, deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y

c) Para el cargo a diputado federal deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus secciones electorales de forma igualitaria.

- El Registro estará a cargo del IFE, y los ciudadanos deberán asistir ante el órgano correspondiente para dar sus datos y firmas. Se podrán establecer módulos para facilitar esta tarea;

- Deben presentar su declaración de principios y su programa de acción;

- No se podrá apoyar a más de 2 candidatos independientes que se postulen para un mismo cargo;

- De cumplir con las firmas y requisitos se le otorgará su constancia de registro.

• No procede el registro de una candidatura independiente en los siguientes casos:

- Por no cubrir los requisitos para el registro previstos en el COFIPE;

- Por no haber obtenido la constancia de respaldo ciudadano;

- Por presentar información falsa para obtener la constancia de aviso o la constancia de respaldo ciudadano;

- Por comprobarse que se coaccionó a los ciudadanos para obtener su apoyo;

- Por haber obtenido recursos que no fueron informados al Instituto;

- Por alterar la contabilidad de los recursos utilizados en la precampaña, con la intención de desvirtuar los datos contenidos en el informe de gastos utilizados;

- Por el uso de recursos ilícitos durante la precampaña;

- Por haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad;

- Por tener suspendidos los derechos de ciudadanía.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

ARTICULO UNICO.-Se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 1; numeral 3 del artículo 2; numerales 3 y 4 del artículo 11; inciso b) del numeral 1 del artículo 18; numerales 2, 4 y 5 del artículo 70; el inciso d) del numeral 1 del artículo 81; numeral 1 del artículo 90; incisos a), b), d), e), h), i) y j) del numeral 1 del artículo 91; incisos a), b) y c) del numeral 1 del artículo 92; incisos h), n) y t) del numeral 1 del artículo 118; inciso j) del numeral 1 del artículo 119; inciso d) del numeral 1 del artículo 122; inciso h) del numeral 1 del artículo 128; numeral 1 del artículo 138; inciso b) del numeral 1 del artículo 143; numeral 1 del artículo 149; incisos f) y h) del numeral 1 del artículo 152; numerales 1,2 y 3 del artículo 162; numerales 1, 2 y 3 del artículo 163; numeral 1 del artículo 164; numeral 1 del artículo 166; numeral 1 del artículo 168; numeral 4 del artículo 169; numeral 2 del artículo 170; numeral 1 del artículo 209; numeral 1 del artículo 211; numerales 1, 5 y 4 del artículo 212; numerales 1, 2 y 5 del artículo 218; numeral 1 del artículo 219; numeral 2 del artículo 225; numeral 1 del artículo 226; numeral 4 del artículo 228; numeral 1 del artículo 229; inciso b) del numeral 2 del artículo 230; numeral 1 del artículo 233; numeral 3 del artículo 237; numerales 2 y 3 del artículo 240; el numeral 1, así como sus incisos f) y g)del artículo 246; numeral 1 del artículo 247; incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 248; inciso a) del numeral 1 del artículo 249; incisos a) y g) del numeral 1 del artículo 250; inciso c) del numeral 2 del artículo 252; incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 255; numeral 3 del artículo 259; numeral 3 del artículo 263; numeral 5 del artículo 265; inciso b) del numeral 3 del artículo 266; numeral 1 del artículo 268; numeral 1 del artículo 269; inciso d) y f) del numeral 1 y numeral 4 del artículo 279; numerales 1 y 2 del artículo 280; numeral 1 del artículo 282; inciso b) del numeral 1 y numeral 4 del artículo 295; numeral 4 del artículo 329; numerales 2, 3 y 4 del artículo 332; numeral 2 del artículo 334; numerales 1 y 2 del artículo 336; incisos c), d) y e)del numeral 1 del artículo 344; numeral 1 del artículo 348; inciso f) del numeral 2 del artículo 362, e inciso b) del artículo 367. Se adicionan: un numeral 4 al artículo 14; un numeral 7 al artículo 18; un numeral 2 al artículo 50;un segundo párrafo al inciso c) del numeral 1 del artículo 91; un numeral 5 al artículo 93; un numeral 11 al artículo 110; un inciso f) recorriéndose el vigente a inciso g) del numeral 1 del artículo 136; un numeral 6 al artículo 211; un numeral 6 al artículo 216; un numeral 7 al artículo 224; un numeral 5 al artículo 245; un numeral 7 al artículo 252; un numeral 2 al artículo 253; un Libro Octavo que se integra de los artículos 395 a 426, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Libro primero

De la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

Título primero

Disposiciones preliminares

Artículo 1.

1. …

2. …

a) …

b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos, el régimen aplicable a las agrupaciones políticas y a los ciudadanos que se postulen de forma independiente a los partidos políticos por un cargo de elección popular federal; y

c) …

Artículo 2.

1. …

2. …

3. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Federal Electoral, a los partidos políticos y a los candidatos que contiendan. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.

4. …

Artículo 11

1. a 2. …

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos o los candidatos independientes deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político o los candidatos independientes que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo los partidos políticos deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos.

Artículo 14.

1. a 3. …

4. Los votos emitidos a favor de candidatos independientes no se tomarán en cuenta para efectos del presente artículo.

Artículo 18.

1. …

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente, los votos emitidos por los candidatos independientes y los votos nulos.

2. a 6. …

7. Los votos emitidos a favor de candidatos independientes no se tomarán en cuenta para efectos del presente artículo.

Artículo 50.

1. …

2. El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas deberán promover las candidaturas independientes y dar a conocer a los candidatos que se postulen para cargos de elección popular.

Artículo 70.

1. …

2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos y de los candidatos independientes. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.

3. …

4. Las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere el presente artículo, quedan autorizadas a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos, a los candidatos independientes y a las autoridades electorales.

5. Las reglas para los debates serán determinados por el Consejo General, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

6. …

Artículo 81

1. …

a) a c) …

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos, sus candidatos y los candidatos independientes, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) a t) …

2. …

Artículo 90.

1. Los partidos políticos y los candidatos independientes disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 91.

1. …

a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos y candidatos independientes; en años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cinco por ciento;

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos y en los periodos aplicables a los candidatos independientes;

c) …

En el caso de los candidatos independientes, el Instituto informará al Servicio Postal Mexicano el presupuesto que le corresponde al candidato que cuente con el registro, para las campañas electorales correspondientes.

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido y las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto. Los representantes de los partidos, y en su caso, de los candidatos independientes ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda;

e) Los partidos políticos y en los periodos aplicables, los candidatos independientes acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;

f) a g) …

h) En la correspondencia de cada partido político y de los candidatos independientes se mencionará de manera visible su condición de remitente;

i) El Instituto Federal Electoral celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político y los candidatos independientes de su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer; y

j) Los partidos y candidatos independientes informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano.

Artículo 92.

1. …

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político y las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto;

b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República. Los candidatos independientes podrán utilizar las franquicias para sus comunicaciones en la demarcación electoral del cargo por el que contiendan;

c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités nacionales y por las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al organismo público correspondiente;

d) a e) …

2. …

Artículo 93.

1. a 4. …

5. Los partidos políticos, no podrán formar coaliciones con candidatos independientes bajo ninguna circunstancia.

Artículo 110.

1. a 10. …

11. Los consejeros electorales deberán velar por la promoción de las candidaturas independientes durante los periodos aplicables.

Artículo 118.

1. …

a) a g) …

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas y los candidatos independientes se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i) a m) …

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos y los candidatos independientes en los términos de este Código;

ñ) a q)…

t) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, los candidatos independientes o el proceso electoral federal;

u) a z) …

2. a 3. …

Artículo 119.

1. …

a) a i) …

j) Recibir de los partidos políticos nacionales y de los precandidatos a candidaturas independientes las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo General para su registro;

k) a q) …

Artículo 122.

1. …

a) a c) …

d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales,a los candidatos independientes y a las agrupaciones políticas y sus respectivas prerrogativas;

e) a o) …

Artículo 128.

1. …

a) a g) …

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto, a los partidos políticos nacionales, y en su caso, a los candidatos independientes, las listas nominales de electores en los términos de este Código;

i) a p) …

2) ….

Artículo 136.

1. …

a) a e) …

f) Registrar las firmas de apoyo a los ciudadanos que desean contender como candidatos independientes a una senaduría o diputación federal en términos del Libro Octavo del presente Código, y

g) Las demás que les confiera este Código.

Artículo 138.

1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales, y en su caso, de los candidatos independientes. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. …

Artículo 143.

1. …

a) …

b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales o ciudadanos que buscan una candidatura independiente;

c) a i) …

2. a 3. …

Artículo 149.

1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, representantes de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. …

Artículo 152.

1. …

a) a e) …

f)) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos y los candidatos independientes acrediten para la jornada electoral;

g) …

h) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos y los candidatos independientes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

i) a m) …

Artículo 162.

1. Los partidos políticos nacionales y los candidatos independientes deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos y los candidatos independientes que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del Instituto.

Artículo 163.

1. Cuando el representante propietario de un partido o de los candidatos independientes y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante.

2. Los consejos distritales informarán por escrito a los consejos locales de cada ausencia, para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo, o en su caso, a los candidatos independientes.

Artículo 164.

1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales o de los candidatos independientes, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.

2. ...

Artículo 166.

1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los consejeros y los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

Artículo 168.

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el secretario ejecutivo del Instituto.

Artículo 169.

1. a 3. …

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes ante los consejos General, locales y distritales, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia.

Artículo 170.

1. …

2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del Consejo Local respectivo, y a los partidos políticos nacionales y los candidatos independientes que hayan acreditado representantes ante el mismo.

Artículo 209.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales, los candidatos independientes y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

2. …

Artículo 211.

1. Los procesos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades internas que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, así como el conjunto de actividades que realizan los ciudadanos que pretenden postularse a un cargo de elección popular de forma independiente a los partidos políticos.

2. a 5. …

6. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 212.

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes, los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido y los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular debidamente registrados en términos del Libro octavo de este Código.

2. a 3. …

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político o de forma independiente como candidato a cargo de elección popular, conforme a este Código y en su caso a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

5. …

6. Para las candidaturas independientes, la precampaña se entenderá como el periodo en el cual se recabarán las firmas a favor de los precandidatos para lograr la obtención de la candidatura.

Artículo 216.

1. a 5. …

6. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Capítulo segundo

Del procedimiento de registro de candidatos

Artículo 218.

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, así como a los ciudadanos que cumplan los requisitos señalados en el Libro octavo de este Código.

2. Las candidaturas de los partidos políticos a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. a 4. …

5. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 219.

1. De la totalidad de solicitudes de registro de los partidos políticos, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. …

Artículo 224.

1. …

a) a f) …

2. a 6. …

7.Para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 225.

1. …

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político o al candidato independiente correspondiente, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 223 de este Código.

3. a 8. …

Artículo 226.

1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan, así como de los candidatos independientes registrados.

2. …

Artículo 228.

1. a 3. ….

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado los partidos políticos o los candidatos independientes.

Artículo 229.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, así como los candidatos independientes en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. a 4. …

Artículo 230.

1. …

2. …

a) …

b) Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. …

Artículo 233.

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos y los candidatos independientes se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

1. a 4. …

Artículo 237.

1. a 2. …

3. Las campañas electorales de los partidos políticos y de los candidatos independientes se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

4. a 7. …

Artículo 240.

1. …

2. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

3. En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes en forma detallada y oportuna.

Artículo 245.

1. a 4. …

5. Los candidatos independientes, una vez registrados y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

Artículo 246.

1. La actuación de los representantes generales de los partidos y de los candidatos independientes estará sujeta a las normas siguientes:

a) a e) …

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político o el representante del candidato independiente ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político o de su candidato independiente en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 247.

1. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

a) a f) …

2. …

Artículo 248.

1. …

a) …

b) Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos y a los candidatos independientes el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

c) Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 249.

1. …

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del partido político que haga el nombramiento o en su caso, por el candidato independiente;

b) a d) …

Artículo 250.

1. …

a) Denominación del partido político o nombre completo del candidato independiente al que representan;

b) a f) …

g) Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento y en su caso del candidato independiente.

2. a 4. …

Capítulo sexto

De la documentación y el material electoral

Artículo 252.

1. …

2. …

a) a b) …

c) Emblema a color del candidato independiente y de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate;

d) a j) …

3. a 6. …

7. Los emblemas a color de los candidatos independientes aparecerán en la boleta, después de los candidatos postulados por partidos políticos, en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más candidatos independientes haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los candidatos independientes aparecerán en la boleta en el orden alfabético de su primer apellido.

Artículo 253.

1. …

2. Los votos para candidatos independientes cuyo registro haya sido cancelado se contarán como votos nulos.

Artículo 255.

1. …

a) …

b) La relación de los representantes de los partidos y los candidatos independientes registrados para la casilla en el Consejo Distrital Electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político y candidato independiente en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d) a i) …

2. a 4. …

Artículo 259.

1. y 2. …

3. A solicitud de un partido político o de un candidato independiente, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de sus representantes ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido o del candidato independiente que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

4. a 7. …

Artículo 263.

1. y 2. …

3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

4. …

Artículo 265.

1. a 4. …

5. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 266.

1. a 2. …

3. …

a) …

b) Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes debidamente acreditados en los términos que fijan los artículos 250 y 251 de este Código;

c) y d) …

4. a 6. …

Artículo 268.

1. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este Código.

2. …

Artículo 269.

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos o de los candidatos independientes durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

Artículo 279.

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:

a) a c) …

d) El número de representantes de partidos o de candidatos independientes que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores,

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y

f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes al término del escrutinio y cómputo.

2. a 3. …

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 280.

1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes que actuaron en la casilla.

2. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.

Artículo 282.

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.

2. …

Artículo 295.

1. …

a) ..

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) a k) …

2. y 3. …

4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y de los candidatos independientes y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos y los candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

5. a 9. …

Artículo 329.

1. a 3. …

4. Los partidos políticos y, en su caso, los candidatos independientes designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

5. y 6. …

Artículo 332.

1. …

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos y de los candidatos independientes, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político y de cada candidato independiente designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos y de los candidatos independientes para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 334.

1. …

2. Los partidos políticos y candidatos independientes recibirán copia legible de todas las actas.

3. …

Artículo 336.

1. Los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular, no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 de este Código.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos o los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 344.

1. …

a) …

b) …

c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; o al aviso previo y obtención de respaldo ciudadano, en su caso.

d) No presentar el informe correspondiente de gastos ejercidos durante las etapas de aviso previo y búsqueda de respaldo ciudadano, de precampaña o campaña establecidos en este Código;

e) Exceder el tope de gastos de las etapas de aviso previo, búsqueda de respaldo ciudadano, precampaña o campaña establecido por el Consejo General; y

f) …

Artículo 348.

1. Constituyen infracciones al presente Código de los notarios públicos, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos, los representantes de partidos políticos y de los candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Capítulo Tercero

Del procedimiento sancionador ordinario

Artículo 362.

1. …

2. …

a) a e) …

f) Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

3. a 9. …

Capítulo Cuarto

Del procedimiento especial sancionador

Artículo 367.

1. …

a) …

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos y candidatos independientes en este Código; o

c) …

Libro octavo

De las Candidaturas Independientes

Título primero

Disposiciones preliminares

Artículo 395.

1. Es derecho de los ciudadanos poder ser votado para los cargos de presidente de la República, senador de la República o diputado federal, teniendo las calidades que establece este Código.

2. El derecho de solicitar el registro como candidato ante la autoridad electoral corresponde a cualquier ciudadano que lo requiera de manera independiente a los partidos políticos y siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que dispone este Libro.

Artículo 396.

1. En lo relativo al presente Libro, se entenderán por:

a) Precandidato: Al ciudadano que entregue su aviso de intención y que obtenga su constancia de aviso, por el consejo correspondiente.

b) Constancia de aviso: Documento que expida el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que un ciudadano cumple con los requisitos de elegibilidad para obtener una candidatura independiente.

c) Constancia de registro: Al documento que expedirá el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que el precandidato logró el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano para obtener la candidatura.

d) Candidato Independiente: Al ciudadano que cumplió con todos los requisitos y condiciones, así como el registro en los plazos y condiciones estipulados por el Instituto, para obtener la candidatura, sin ser registrado por un partido político.

Titulo Segundo

De los derechos y obligaciones de los candidatos independientes

Artículo 397

1. Son derechos de los candidatos independientes a cargos federales:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades;

c) Acceder al financiamiento público en los términos de este Código, y

d) Los demás que les otorgue este Código.

Artículo 398

1. Son obligaciones de los candidatos independientes:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) Buscar y encauzar la obtención de firmas para su registro como candidato en los términos de este Código;

d) Ostentarse con el emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales;

e) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción;

f) Contar con domicilio, el cual deberá permanecer desde el registro de la precandidatura hasta la conclusión del proceso electoral;

g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

h) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

i) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código;

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.;

p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

s) Cumplir con las obligaciones que este Código les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y

t) Las demás que establezca este Código.

Título segundo

Del proceso de Obtención de la Candidatura Independiente

Capítulo primero

Del aviso de intención

.

Artículo 399.

1. Los precandidatos que pretendan participar en una contienda electoral de manera independiente, deberán entregar el aviso por escrito ante el Consejo Electoral que corresponda del Instituto, de acuerdo al tipo de cargo de elección a la que se aspira, durante el mes de julio del año previo al día de la jornada electoral.

Artículo 400.

1. El aviso que presenten los precandidatos ante el órgano correspondiente del Instituto deberá contener la siguiente información:

I. Nombre completo del ciudadano que aspira a una candidatura independiente, anexando copia de su credencial de elector;

II. Cargo para el que se pretenda postular;

III. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en cualquier régimen, y la Clave Única de Registro de Población;

IV. Carta bajo donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, la no militancia en un partido político, o bien, que ha renunciado a dicha militancia;

V. Carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad que refiera el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para acceder a los cargos de presidente de la República, diputado federal y senador, según sea el caso;

VI. Nombre completo del representante general, así como del representante sustituto ante el Instituto;

VII. Su declaración de principios y programa de acción, donde debe exponer los motivos que sustentan su intención de contender y sus propuestas en caso de resultar electo;

VIII. Cuenta bancaria de cualquier institución nacional que tenga un tiempo máximo de apertura de quince días anteriores a la entrega del aviso de intención, y

IX. Nombre de la persona autorizada para administrar los recursos de la precampaña y para presentar los informes firmados por el precandidato, ante el Instituto.

2. El Instituto verificará la autenticidad de los documentos presentados por los precandidatos, ante el órgano correspondiente y para el requisito marcado en la fracción IV, hará la consulta correspondiente con las dirigencias nacionales de los partidos políticos, salvo que la candidatura por la que se pretende contender permita presumir la filiación a un partido de registro local.

3. En el caso de que el aviso se refiera al cargo de senador de la República o diputado federal, los requisitos de las fracciones I a V deberán ser cubiertas de manera individual por los precandidatos propietarios y los suplentes.

Artículo 401.

1. En la revisión del aviso de los precandidatos independientes, el Instituto deberá:

I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en este capítulo, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presentación del aviso, y

II. Notificar al candidato independiente la resolución correspondiente sobre la resolución de su registro.

2. De aceptarse el registro de la candidatura independiente, el Instituto deberá expedir la Constancia de Aviso.

3. Obtenida la Constancia del Aviso, los precandidatos deberán sujetarse estrictamente a los tiempos estipulados en este Código para la búsqueda del respaldo ciudadano.

Capítulo segundo

De los requisitos del respaldo ciudadano

Artículo 402.

1. Durante la precampaña, los precandidatos independientes buscarán el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:

I. Para el cargo a presidente de la República, deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos ciento cincuenta distritos electorales de forma igualitaria;

II. Para el cargo a senador, deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y

III. Para el cargo a diputados federales deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus secciones electorales de forma igualitaria.

2. Los ciudadanos que brinden su respaldo a un precandidato independiente, deberán asistir ante el órgano correspondiente del Instituto para indicar su nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica en el formato correspondiente, si no pudiere firmar, y presentar el original y copia de la credencial de elector.

Artículo 403.

1. El Instituto expedirá:

a) Los lineamientos a que se sujetarán los procesos de respaldo ciudadano, y

b) Los topes máximos de recursos que podrán erogarse por los precandidatos, durante la precampaña, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 413.

2. La persona designada para administrar los recursos, deberá elaborar un informe pormenorizado de cada una de las actividades realizadas por el precandidato y los gastos erogados en cada caso, especificando el origen de los recursos, mismo que deberá ser firmado por el precandidato y presentado ante el Instituto, el que en todo tiempo tendrá la facultad de verificar por cualquier medio, la veracidad de dichos informes.

Artículo 404.

1. El registro de firmas que respalden la candidatura de los precandidatos será llevado por el Instituto de la siguiente forma:

I. Para candidaturas a la presidencia de la República, se registrará ante el Consejo General del Instituto;

II. Para candidaturas a senadurías de la República, ante la Junta Local Ejecutiva, y

III. Para candidaturas a diputaciones federales, ante la Junta Local Ejecutiva.

2. Los ciudadanos que respalden a la candidatura independiente de otro ciudadano deberán presentarse con la credencial de elector ante el órgano correspondiente a efecto de firmar la lista de respaldo correspondiente.

3. Cada órgano deberá facilitar la recepción de firmas de apoyo de los ciudadanos, teniendo una ventanilla permanente durante la precampaña, y de así determinarse, instalando módulos de atención en lugares que faciliten la participación de los ciudadanos, así como los mecanismos que el propio Instituto determine para cumplir con dicha tarea.

4. Los precandidatos independientes podrán solicitar al Instituto la instalación de módulos de atención o mecanismos que faciliten la participación de los ciudadanos, en los lugares y fechas que consideren idóneos, justificando dicho requerimiento.

5. Los ciudadanos que hayan respaldado una candidatura independiente no podrán hacerlo de nuevo, para otro precandidato que se postule para el mismo cargo.

6. El órgano correspondiente del Instituto validará las firmas, velarán porque no haya réplicas de respaldo de un ciudadano para dos o más precandidatos y contabilizarán el número de firmas. Se integrará un expediente y se remitirá al Consejo General del Instituto, para los trámites correspondientes.

Artículo 405. El órgano correspondiente del Instituto deberá, dentro de los quince días naturales siguientes al de la entrega de la lista de respaldo ciudadano, solicitar la compulsa con la lista nominal de electores al Registro Federal de Electores, a efecto de verificar que cumple con los requisitos previstos por el artículo 402, que no tenga firmas iguales al de otro precandidato y que estén distribuidas geográficamente como lo estipula este Código.

Artículo 406.

1. Si de la compulsa a que se refiere el artículo anterior se determina que un precandidato satisface los requisitos, el órgano correspondiente del Instituto deberá emitir un acuerdo para expedir la Constancia de Respaldo Ciudadano.

2. Si de la compulsa a que se refiere el artículo anterior se determina que un precandidato no satisface los requisitos, el Instituto lo desechará.

3. Terminada la precampaña, el órgano correspondiente integrará en el expediente el cómputo de las firmas obtenidas por cada precandidato, dentro de los quince días naturales siguientes.

Capítulo Tercero

Del Registro

Artículo 407.

1. La solicitud de registro se presentará en el periodo previsto por este Código y deberá acompañarse de:

I. Constancia de aviso;

II. Constancia de Respaldo;

III. El documento que contenga su declaración de principios y su programa de acción;

IV. Datos de la cuenta bancaria que se utilizó para recibir los recursos en la precampaña;

V. Informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano, precisando la cuenta bancaria que se utilizó para financiar las actividades y el origen de los recursos, acompañándolo de la documentación correspondiente;

VI. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no recibió en numerario o en especie recursos adicionales a los señalados en el informe referido en la fracción anterior, ya fuera de manera directa, indirecta o por medio de terceros;

VII. El nombre de la persona autorizada para gestionar la recepción de los recursos y presentar los informes de la administración de los mismos,ante el Instituto;

VIII. Documento en el que acepta que el Instituto administre la totalidad de los recursos que utilizará para la campaña electoral, sean de fuente privada o pública, y

IX. El color o combinación de colores y formas con las que se distinguirá para promover su candidatura, la cual no podrá ser igual a la de los partidos políticos o coaliciones con registro ante el Instituto, así como el logotipo, pseudónimo y lema con el que competirá y que se imprimirá en la boleta electoral.

2. El Consejo correspondiente recibirá la solicitud de registro y si detectara la falta de algún requisito, prevendrá al precandidato dentro de las veinticuatro horas siguientes para que en un plazo no mayor a tres días naturales, subsane la omisión.

3. De no subsanarse la omisión, se desechará la solicitud de registro y se cancelará de manera irrevocable el registro a la candidatura.

Artículo 408.

1. No procede el registro de una candidatura independiente en los casos siguientes:

I. Por no cubrir los requisitos para el registro previstos en el este Código;

II. Por presentar información falsa para obtener la constancia de aviso o la constancia de respaldo ciudadano;

III. Por comprobarse que se coaccionó a los ciudadanos para obtener su apoyo;

IV. Por haber obtenido recursos que no fueron informados al Instituto;

V. Por alterar la contabilidad de los recursos utilizados en la precampaña, con la intención de desvirtuar los datos contenidos en el informe de gastos utilizados;

VI. Por el uso de recursos ilícitos durante la precampaña;

VII. Por haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad, o

VIII. Por tener suspendidos los derechos de ciudadanía.

Artículo 409.

1. Una vez cubiertos los requisitos que señala el artículo 407 del presente Código, el órgano correspondiente del Instituto aprobará el registro del precandidato como candidato independiente y emitirá la constancia correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión en que aprueben el registro.

Artículo 410.

1. Las candidaturas independientes se sujetarán a las siguientes restricciones:

I. No se podrá realizar la sustitución de candidatos independientes registrados, y

II. Los partidos políticos o coaliciones no podrán registrar como candidatos a ciudadanos que se hayan postulado como candidatos independientes.

Capítulo cuarto

De la Organización de los Candidatos Independientes en el proceso electoral

Artículo 411.

1. El candidato independiente deberá nombrar al momento del registro, a un responsable titular y a un sustituto de finanzas y a un representante general ante el consejo correspondiente, así como un responsable sustituto, e indicar sus nombres, domicilios y teléfonos donde puedan localizarse.

Artículo 412.

1. El Instituto protegerá los derechos de los candidatos independientes ante el Consejo General, designando de entre sus miembros, a quien fungirá durante el proceso electoral de que se trate, como su representante.

2. De igual manera, emitirá los lineamientos correspondientes para que los candidatos estén debidamente representados ante los Consejos y Juntas Distritales, así como ante las mesas directivas de las casillas electorales.

3. El Instituto será el responsable de proveer los materiales y herramientas para capacitar a quienes representen a los candidatos independientes, con cargo al presupuesto del propio Instituto.

Título Tercero

De los Recursos Económicos utilizados en las Campañas Electorales

Capítulo primero

De los Ingresos

Artículo 413.

1. Para la administración de los recursos, los candidatos deberán depositar a la cuenta que el Instituto apruebe, la totalidad de los recursos privados que consigan para financiar sus actividades de campaña, de manera adicional a los recursos públicos que el Instituto les asigne.

2. Al inicio de la campaña, el Instituto hará una ministración inicial a los candidatos, equivalente al veinte por ciento del total de recursos públicos y hará ministraciones posteriores, condicionadas a la comprobación de la primera ministración. En caso contrario, se suspenderán la liberación de los recursos públicos y sólo se podrán ministrar los recursos privados depositados.

3. La cuenta bancaria que se abra para tal efecto, será exclusiva para el uso de los recursos que se utilizarán durante el proceso electoral. El Instituto emitirá los lineamientos para la apertura y manejo de la cuenta bancaria.

4. Los donativos que reciban los candidatos deberán ser hechos únicamente a la cuenta bancaria referida en este artículo.

5. Los candidatos deberán acreditar los gastos que realicen con los recursos que se encuentran depositados en la cuenta, y si al final del proceso electoral la cuenta tuviera remanentes, el Instituto velará porque sean donados a instituciones de beneficencia y asistencia pública.

Artículo 414.

1. Para el desarrollo de la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el cincuenta y uno por ciento del tope de gastos de campaña, definido para cada tipo de elección y el porcentaje restante será privado.

Artículo 415.

1. No podrán realizar aportaciones a los candidatos independientes, en dinero o en especie, por sí o a través de terceros, los siguientes:

I. Los servidores públicos de los recursos públicos asignados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los estados, de los organismos autónomos o de los ayuntamientos;

II. Los servidores públicos de los recursos públicos asignados a las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizados, paraestatales o que tenga cualquier otra figura jurídica o administrativa de organización a la que se le otorguen recursos públicos;

III. Los partidos políticos;

IV. Los Sindicatos,

V. Las personas físicas o morales extranjeras;

VI. Los ministros, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier culto o denominación religiosa, y

VII. Cualquier persona física o moral que no pueda justificar la lícita procedencia de los recursos que pretenda aportar.

2. El incumplimiento a este artículo dará lugar a las sanciones previstas en este Código.

Artículo 416.

1. Los gastos que realicen los candidatos independientes en propaganda electoral y en las actividades de campaña se sujetarán, en lo aplicable, a las disposiciones previstas para los candidatos postulados por los partidos políticos.

Artículo 417.

1. Los candidatos independientes están obligados a devolver al Instituto los recursos públicos que no sean debidamente comprobados conforme a los lineamientos que se hayan emitido.

Artículo 418.

1. Están obligados los candidatos independientes a devolver al Instituto el financiamiento público no ejercido.

Capítulo tercero

De los informes de gastos

Artículo 419.

1. El Instituto emitirá los reglamentos para el control y vigilancia del origen y destino de todos los recursos erogados por los candidatos independientes durante el proceso electoral y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 420.

1. Los candidatos independientes deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto, un informe quincenal del origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados desde la entrega del aviso de aspiración, la búsqueda del respaldo ciudadano, así como de la campaña electoral, en los formatos que establezca el Instituto.

Artículo 421.

1. El procedimiento para la revisión, fiscalización y dictamen de los informes de gastos de campaña de los candidatos independientes, se ajustará a lo siguiente:

I. La Unidad de Fiscalización, con la Dirección Ejecutiva de Revisión y Fiscalización, revisará los informes presentados por los candidatos independientes en un plazo de treinta días, contados a partir de su recepción;

II. Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones, notificará al candidato independiente que hubiere incurrido en ellos para que en un plazo de quince días, contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

III. Al vencimiento del plazo señalado en la fracción I del presente artículo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización dispondrá de un plazo de diez días para elaborar un dictamen consolidado y un proyecto de resolución que deberá presentar al órgano correspondiente dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y

IV. El dictamen deberá contener por lo menos:

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de los candidatos independientes, y

b) Los errores, omisiones y las irregularidades encontradas en los mismos, en su caso;

c) El contenido de las aclaraciones o rectificaciones que, en su caso, hayan presentado los candidatos independientes, y

d) El proyecto de resolución que se presentará ante el Consejo General, para que proceda a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. El dictamen elaborado en términos de la presente fracción deberá ser notificado dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo otorgado para su elaboración, a todos los integrantes del Consejo para los efectos legales a que haya lugar.

Capítulo cuarto

Del régimen fiscal

Artículo 422.

1. Los candidatos independientes no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;

b) Sobre la renta, en cuanto a los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie;

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus programas y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y

d) Respecto de los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de cada una de las Cámaras.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO.-El Instituto deberá adecuar y expedir en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los reglamentos y formatos para implementar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre candidaturas independientes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Héctor Larios Córdova".

1 Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Tomo II. Instituto de Investigaciones Jurídicas Letra C. UNAM. Editorial Porrúa. México, 2006. Págs. 55 y 56






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 9, FRACCION II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)

"El que suscribe, Marcos Aguilar Vega, con carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 9 FRACCION II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa encuentra sustento y razón en el irrestricto respeto a los Principios de Certeza y Seguridad Jurídica que todo gobernado debe gozar por así prescribirlo la Constitución Política de nuestro país.

Es decir, el gobernado ve vulnerado el principio de certeza y seguridad jurídica en su perjuicio, en defecto de que la interpretación de una norma jurídica de carácter fiscal es interpretada en un sentido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en sentido opuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual lo coloca en una posición vulnerable ante los actos de fiscalización, pues quien los ejecuta (SAT), aplica las norma tributarias en un sentido diverso al interpretado y dado a conocer en forma de Jurisprudencia por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultando en cargas tributarias inaceptables por arbitrarias hacia el contribuyente.

Lo anterior es así en razón de que los contribuyentes de conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación tienen la obligación de autodeterminarse los impuestos a su cargo, siendo necesarias para ello la interpretación y aplicación literal de la norma fiscal. Sin embargo, pueden existir dudas respecto a su correcta integración y es por lo que los contribuyentes recurren a la interpretación que los Tribunales han realizado de la disposición jurídica tributaria, no habiendo mejor fuente de derecho que la Jurisprudencia emitida por nuestro máximo Tribunal funcionando en Pleno o en Salas.

Sin embargo, si el Servicio de Administración Tributaria está facultado para emitir indiscriminadamente criterios normativos incluso pudiendo ser estos totalmente contrarios a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, se genera un estado de incertidumbre en la población, porque el contribuyente no sabe cómo aplicar la Ley, pues ambas interpretaciones tienen consecuencias jurídicas, pues por un lado si aplica la Jurisprudencia de la Suprema Corte y es sujeto del ejercicio de facultades de comprobación por parte del SAT, este último podrá imponer sendos créditos fiscales a su cargo porque su criterio normativo (es decir una mera disposición administrativa de carácter interno), se pone por encima de la interpretación que los Ministros que integran las Salas y el Pleno han realizado sobre el tema, y por el otro lado si el contribuyente decide ignorar el Trabajo de los distinguidos Juristas y aplica el criterio administrativo interno le resultara en una carga fiscal inusitada y excesiva, violentando el principio de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria.

Lo anterior encuentra mayor fundamento en la diversa interpretación que de los artículos 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 29 (antes 21-A) de su Reglamento han realizado el Poder Judicial de la Federación por medio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por principio es necesario citar el Criterio Normativo del Impuesto al Valor Agregado vigente el cual reza:

122/2012/IVA Enajenación de casa habitación.La disposición que establece que no se pagará el impuesto al valor agregado no abarca a servicios parciales en su construcción.

El artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que no se pagará dicho impuesto en la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación.

Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de dicha ley señala que quedan comprendidos dentro de la exención la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de éstas y la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para ese fin, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y los materiales.

Por lo anterior, los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancelería de fierro o aluminio y, en general, cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 9, fracción II de la mencionada ley y 29 de su reglamento, ya que dichos servicios por sí mismos no constituyen la ejecución misma de una construcción adherida al suelo, ni implican la edificación de dicho inmueble.

Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes Jurisprudencias:

Época: Novena Época

Registro: 164195

Instancia: SEGUNDA SALA

Tipo Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXXII, Julio de 2010

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Tesis: 2a./J. 88/2010

Pág. 314

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN LOS ARTICULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION, ENCUENTRA JUSTIFICACION EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS CORRESPONDIENTE Y EN EL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentada por el Presidente de la República ante la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 1978, así como del proceso legislativo correspondiente, se advierte que a la casa habitación se le conceptualizó en los términos en que el común de la gente la entiende, es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia, y atendiendo a ello, el legislador consideró prudente y necesario exentar del pago del impuesto relativo, en términos de los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento, vigente este último hasta el 4 de diciembre de 2006, la enajenación de construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, así como todos los trabajos accesorios tendentes a convertirla en una vivienda digna y decorosa, como lo exige el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como pudieran ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje) y todas aquellas cuya finalidad sea proporcionar confort. De lo anterior se advierte que para entender lo que el legislador conceptualizó como casa habitación no es necesario acudir a un ordenamiento legal distinto a los señalados, ya que su significación corresponde a lo que el común de la gente entiende respecto de tal concepto y la interpretación que debe dársele deriva de la exposición de motivos a que se alude y al referido artículo 4o. constitucional, en el sentido de que el gobernado cuente con una vivienda digna y decorosa, por lo que en términos de la indicada exposición de motivos y los preceptos mencionados, deberán estar exentos del pago del impuesto al valor agregado los trabajos tendentes a cumplir con tal fin; es decir, los dirigidos a convertir a la casa habitación en una vivienda digna y decorosa.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 117/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de junio de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de las consideraciones. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 88/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio de dos mil diez.

Época: Novena ÉpocaRegistro: 163902Instancia: SEGUNDA SALATipo Tesis: JurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización:XXXII, Agosto de 2010Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 115/2010Pag. 445

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN LOS ARTICULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION, CUANDO PROVEEN EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, quedando incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras; sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 205/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de julio de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 115/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto de dos mil diez.

De igual forma la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época reitero el criterio tomado en las Jurisprudencias 88/2010 y 115/2010, al emitir la siguiente tesis aislada:

Época: Décima Época

Registro: 2000692

Instancia: PRIMERA SALA

Tipo Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1

Materia(s): Administrativa

Tesis: 1a. LXXXII/2012 (10a.)

Pág. 888

VALOR AGREGADO. LA EXENCION EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS ARTICULOS 9o., FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO EXIME DE LA ACEPTACION EN EL TRASLADO DEL MISMO. El hecho de que los citados preceptos establezcan que no se pagará el impuesto al valor agregado en la enajenación de bienes destinados a casa habitación ni por la prestación de servicios para la construcción de esos bienes, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, no debe entenderse en el sentido de que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención opera siempre y cuando se cumplan los dos requisitos, al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales), mas no por la contratación de servicios para la construcción.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 135/2012. Geo Oaxaca, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Bajo la misma tónica la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2012, por unanimidad de votos emitió la tesis siguiente:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VII-TASR-2OC-7

EXENCION DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LOS ARTICULOS 9º, FRACCION II, DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, 28 Y 29 DE SU REGLAMENTO.- QUE DEBE ENTENDERSE POR GASTOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION. LEGISLACION VIGENTE EN 2007.- Conforme a los citados artículos se considera que no se pagará el impuesto al valor agregado correspondiente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación; y que se consideran como destinadas a casa habitación las instalaciones y áreas cuyos usos estén exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no lucrativos; que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione el material y la mano de obra. Del estudio concatenado a los citados dispositivos jurídicos se colige que por construcción destinada a casa habitación, se entienden aquellas instalaciones adheridas a la edificación en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna, funcional y decorosa, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y ante esa consideración se deben entender como tales, las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias, etcétera, cuya finalidad sea convertirla en el lugar adecuado donde habrá de vivir una familia, por ende, quedan exceptuadas las instalaciones ubicadas en el exterior de inmueble que comúnmente integran la urbanización de la colonia, población o ciudad.

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 3014/10-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 334

Para mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizo razonamientos en el Considerando Noveno de la Ejecutoria de la Contradicción de tesis 117/2010 que culminó con la emisión de la Tesis de jurisprudencia 88/2010 del nueve de junio de dos mil diez, para establecer que la prestación de servicios de construcción de casa habitación, la enajenación de casas habitación así como la de bienes muebles destinados a casa habitación donde se proporcionen tanto la mano de obra como los materiales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado, mismos que son del tenor literal siguiente:

NOVENO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en las consideraciones siguientes:

Para resolver el planteamiento de contradicción denunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se estima necesario hacer la transcripción del contenido de los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 21-A de su reglamento, vigente hasta el cinco de diciembre de dos mil seis y 750 del Código Civil Federal, los cuales son del tenor siguiente:

“Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

Artículo 21-A. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la ley, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considerarán como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas.”

Del contenido de la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende que no se pagará el impuesto correspondiente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación.

Por su parte, el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. antes señalado, pero el precepto de referencia, como en su momento lo destacaron, de manera coincidente, los tribunales con criterios contradictorios, no clarifica el significado de la acepción casa habitación, …

Ahora bien, para entender el sentido y alcance que el legislador en los preceptos de referencia, realmente quiso considerar como elementos exentos por formar parte de la casa habitación, no obstante que se trata de un término común y corriente que la generalidad de las personas entiende, se estima necesario acudir a la exposición de motivos correspondiente.

I. El treinta de noviembre de mil novecientos setenta y ocho el presidente de la República presentó iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en la exposición de motivos, en lo conducente, razonó lo siguiente:

"Como características generales del impuesto que se propone, debe mencionarse que gravará la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles y las importaciones. A pesar de la generalidad de estos hechos, se establecen excepciones importantes en relación con las cuales no se pagará el impuesto.

"... Debe destacarse que la nueva ley no gravará los terrenos ni las construcciones destinadas a casa habitación, tanto cuando se enajenen como cuando sean motivo de arrendamiento. ...

El conjunto de exenciones representa más del 40% del consumo final y tienden a proteger el poder adquisitivo de la mayor parte de la población."

II. Las Comisiones Unidas Primera de Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios Legislativos, Sección Fiscal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, formularon el dictamen relativo y en lo interesante consideraron lo siguiente:

"Las operaciones exentas están expresamente enumeradas en la iniciativa de ley, siendo las más importantes:"...

"La enajenación y arrendamiento del suelo y de construcciones que se utilicen o destinen a casa habitación.

"Se recuerda que actualmente se grava al arrendamiento de carácter mercantil, aun cuando se trate de casas habitación."

III. El dictamen de mérito se discutió el catorce de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y ahí intervino la diputada Ifigenia Martínez Hernández, quien entre otras consideraciones externó las siguientes:

"No sólo esa es la idea general del impuesto, sino que además, este impuesto al valor agregado que ahora tenemos en debate y por cuya aprobación estamos hablando en pro del dictamen, tiene muchas exenciones y tiene otras características que hacen que la carga real resulte muy atenuada.

"Tiene muchas exenciones o sea, haya muchas ventas o enajenaciones que no pagan el impuesto.

"¿Cuáles son estos bienes o estos casos? Son el suelo, las construcciones adheridas al suelo, cuando sean para fines habitacionales, los animales y vegetales no industrializados, la carne en estado natural, las tortillas, masa, harina, pan, la leche natural y los huevos, el azúcar, la sal, el agua no gaseosa, la maquinaria y equipo, que sólo sean susceptibles de ser utilizados en la agricultura o la ganadería, así como los fertilizantes, todos estos están exentos del impuesto.

"Entonces, hay una parte muy importante, sobre todo de artículos de primera necesidad y de consumo popular, que no pagarán el impuesto."

IV. Las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda y Única de Impuestos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, emitieron su dictamen, el cual fue discutido el día veintidós siguiente y ahí intervino el senador Ventura Valle, quien en lo interesante razonó lo siguiente:

"Al adoptarse el impuesto al valor agregado en México, se superarán los problemas que actualmente se tienen con el impuesto federal sobre ingresos mercantiles y con los que se derivan de la existencia de múltiples impuestos especiales.

"Las características esenciales son la sencillez en su administración ya que es un impuesto a las ventas, es decir, que afecta el ingreso total que se genera en las enajenaciones de bienes y servicios; además aunque es indirecto, el consumidor final siempre está en posibilidad de conocer y cuantificar el importe exacto del impuesto que se le traslada, tiene la característica de la generalidad, ya que grava todos los bienes y servicios, excepto los exentos, afecta todas las etapas del proceso económico o sea la producción y comercialización de bienes y servicios. ..."

Una vez concluido el proceso legislativo de mérito, el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho se publicó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuyo artículo 9o., fracción II, quedó en los términos siguientes:

"Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

"...

"II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción."

Cabe advertir que este precepto desde su emisión a la fecha no ha sufrido modificación alguna. Ahora bien, con base en el procedimiento legislativo precedente, se advierte que la intención del legislador fue exentar del pago del impuesto al valor agregado únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular. Además, del propio contenido del precepto inserto se advierte con claridad que su objetivo es incentivar la construcción de casas habitación, para resolver el problema de escasez de vivienda que desde esa época aqueja al país.

Sirve de apoyo a estas consideraciones la jurisprudencia, cuyos textos y datos de localización son:

"EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN ADVERTIRSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN. Cuando en una ley tributaria se establece una exención, ésta debe justificarse como situación de excepción, ya sea porque del propio contenido de la ley se advierta con claridad, o porque en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de las Comisiones Legislativas o en las discusiones parlamentarias de las Cámaras que sustentaron la norma que prevea la exención, se expresen las razones que den esa justificación."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis 2a./J. 70/2006, página 353).

Así, de acuerdo a lo anterior y en atención a la intención del legislador y a la finalidad con la cual instituyó la exención contemplada en el artículo 9o., fracción II, preinserto, es inconcuso que únicamente quedan comprendidasen la misma las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, y aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras, pero no aquellas instalaciones de igual naturaleza ubicadas en el exterior de carácter general y público e independientes de la casa habitación, que comúnmente integran la urbanización de la colonia, población o ciudad.

Lo anterior hace patente que el legislador, en la exposición de motivos antes señalada, consideró como conceptos de exención las construcciones destinadas a la casa habitación (vivienda), por considerarlas entre los artículos de primera necesidad y consumo popular, comprendiendo implícitamente dentro de tal exención a todos los elementos que forman parte de ella, como son aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma fija y permanente, cuya finalidad sea hacer de ésta una vivienda funcional, digna y decorosa, pues sólo así se contribuye a dar una seguridad familiar y a satisfacer la garantía social contemplada en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

De ahí que debe concluirse que el legislador conceptualizó a la casa habitación, en los términos en que el común de la gente lo conceptualiza; es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia, formando parte integrante de ella, todas las instalaciones accesorias como son la hidráulica, eléctrica, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje), etcétera, cuya finalidad sea convertir a ésta en vivienda digna y decorosa por su naturaleza se convierten en parte de ésta, pues no es posible entenderlo de otra forma, porque la pura construcción en sí misma no es idónea para destinarla a habitación, sino que es necesario agregarle las instalaciones necesarias para considerarla una vivienda en toda la extensión de la palabra.

Consideraciones similares a las antes precisadas sostuvo esta Segunda Sala al resolver, en sesiones de fechas veintinueve de septiembre de dos mil seis y veintitrés de septiembre de dos mil nueve, los amparos directos en revisión 1264/2006 y 1293/2009, promovidos respectivamente por **********.

Consecuentemente, la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es la sustentada por esta Segunda Sala, la cual se redacta en los términos siguientes:

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN LOS ARTICULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), RELATIVA A LA ENAJENACION DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION, ENCUENTRA JUSTIFICACION EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS CORRESPONDIENTE Y EN EL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL.De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentada por el Presidente de la República ante la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 1978, así como del proceso legislativo correspondiente, se advierte que a la casa habitación se le conceptualizó en los términos en que el común de la gente la entiende, es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia, y atendiendo a ello, el legislador consideró prudente y necesario exentar del pago del impuesto relativo, en términos de los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento, vigente este último hasta el 4 de diciembre de 2006, la enajenación de construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, así como todos los trabajos accesorios tendentes a convertirla en una vivienda digna y decorosa, como lo exige el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como pudieran ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje) y todas aquellas cuya finalidad sea proporcionar confort. De lo anterior se advierte que para entender lo que el legislador conceptualizó como casa habitación no es necesario acudir a un ordenamiento legal distinto a los señalados, ya que su significación corresponde a lo que el común de la gente entiende respecto de tal concepto y la interpretación que debe dársele deriva de la exposición de motivos a que se alude y al referido artículo 4o. constitucional, en el sentido de que el gobernado cuente con una vivienda digna y decorosa, por lo que en términos de la indicada exposición de motivos y los preceptos mencionados, deberán estar exentos del pago del impuesto al valor agregado los trabajos tendentes a cumplir con tal fin; es decir, los dirigidos a convertir a la casa habitación en una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizo razonamientos en el Considerando Quinto de la Ejecutoria de la Contradicción de tesis 205/2010 que culminó con la emisión de la Tesis de jurisprudencia 115/2010 del dieciocho de agosto de dos mil diez, para establecer que la prestación de servicios de construcción de casa habitación, la enajenación de casas habitación así como la de bienes muebles destinados a casa habitación donde se proporcionen tanto la mano de obra como los materiales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado, mismos que son del tenor literal siguiente:

“QUINTO. Estudio de fondo. En primer término, es oportuno señalar que con fecha dos de junio de dos mil diez, este mismo órgano colegiado resolvió por unanimidad de cinco votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presidente y ponente de esta Segunda Sala, la contradicción de tesis 117/2010, en la que se dilucidó si para hacer pronunciamiento en relación con el concepto de casa habitación, vinculado con las exenciones a que se refieren los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento, puede acudirse o no, de manera supletoria, al texto del artículo 750 del Código Civil Federal.

De la lectura de dicha ejecutoria se advierte que el punto de contradicción que ahora nos ocupa -concerniente al alcance de la exención prevista en esos mismos numerales-, fue abordado y resuelto parcialmente en su parte considerativa; sin embargo, el mismo no quedó reflejado de manera destacada en la jurisprudencia con la que culminó aquélla. (2)

Por ello, atendiendo al principio de seguridad jurídica que rige el establecimiento de la jurisprudencia por contradicción de tesis, esta Segunda Sala estima conveniente fijar el criterio que debe prevalecer al resolver el problema jurídico planteado, máxime si se tiene en cuenta que continúa suscitándose la diversidad de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como lo pone de manifiesto la presente denuncia.

De lo anterior se sigue que constituye ya un criterio reiterado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación de que para fijar el alcance de la exención prevista en los artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9o. de la ley relativa, debe acudirse a la intención plasmada en el procedimiento legislativo, del que se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago del impuesto al valor agregado únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular.

Asimismo, quedan incluidas en ese concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, aire acondicionado y otras, pero no aquellas instalaciones de igual naturaleza ubicadas en el exterior de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

Ahora bien, en virtud de que como quedó puntualizado en el considerando que antecede, en la especie, constituyó materia de análisis por parte de los Tribunales Colegiados contendientes, la determinación sobre si los fines perseguidos por el legislador permiten establecer que la exención prevista en el artículo 9o., fracción II, de dicho ordenamiento requiere que el sujeto pasivo tenga como su objeto principal, la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, de manera integral, proporcionando la mano de obra y materiales, actividad que debe realizar de manera conexa con la venta de esos bienes, esto es, que se hacen cargo de la totalidad de la construcción, para luego proceder a su venta; o bien, si quedan comprendidos dentro de dicha exención, aquellos que sólo proveen de los insumos o materiales que emplean quienes se dedican a la construcción de ese tipo de viviendas, es decir, aquellos que prestan tales servicios en forma parcial.

Tal punto de disenso, también ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, promovido por ********** y el amparo directo en revisión **********, promovido por **********, de la que se destaca la parte considerativa siguiente:

"...

"Tocante a este tópico de la exención, cabe ejemplificarlo, con la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, y con la impugnación del artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el diverso 9o. de la respectiva ley.

"Al respecto, se pronunció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 835/2005, promovido por Desarrollos Urbanos El Encino, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el sentido de que conforme al artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación ‘no se pagará el impuesto’, acotando que este enunciado, debe interpretarse en el sentido de una típica exención de impuestos que otorga una situación de privilegio para el contribuyente, al señalar, en la parte que interesa, lo siguiente: ...

"Ahora bien, en el caso concreto, por disposición expresa del artículo 9o. de la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, por la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, no se pagará el impuesto.

"El enunciado ‘no se pagará el impuesto’ debe interpretarse en el sentido de una típica exención de impuestos que otorga una situación de privilegio para el contribuyente.

"En efecto, la exención de un gravamen es aquella figura jurídica tributaria por virtud de la cual, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa) se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica.

"Así, en el caso que nos ocupa, la enajenación como acto o actividad sigue teniendo relevancia como hipótesis de causación en materia del impuesto al valor agregado; sin embargo, por razones de política económica y social, la norma jurídica exenta a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación.

"Asimismo, cabe señalar que los motivos por los cuales se determinó exentar del pago del impuesto de que se trata a los que enajenaran construcciones destinadas a casa habitación obedeció a una medida de política fiscal para prever de esta manera la solución del problema consistente en la escasez de viviendas que aquejaba y aqueja al país, ya que se estimó que tal medida estimularía la inversión destinada a este tipo de construcciones.

"...

"En la ejecutoria preinserta, esencialmente, se precisó, que la exención de un gravamen es la figura jurídica tributaria por la cual, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa) se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica; por tanto, la enajenación como acto o actividad continúa teniendo relevancia como hipótesis de causación en materia del impuesto al valor agregado; sin embargo, por razones de política económica y social, la norma jurídica exenta a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas como casa habitación cuando provén en ella mano de obra e insumos.

"Con base en lo anterior, se indicó, que el hecho de que los causantes que enajenen bienes destinados a casa habitación y que también presten servicios para la construcción, estén exentos del pago del impuesto al valor agregado, no debe concebirse en el sentido de que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención únicamente opera en caso de cumplir los dos requisitos (ya señalados) al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales), mas no por actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de su objeto social.

"Cabe mencionar, que al establecerse en el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado combatido, que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas utilizadas para ese fin, gozarán de la exención prevista en el artículo 9o., fracción II, de la ley que reglamenta, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales; constituye una disposición que complementa y detalla la exención de referencia, haciendo posible en la esfera administrativa su exacta observancia, pues de tal forma, el contribuyente conoce con certeza qué actos o servicios no están exentos del pago del tributo en comento, razón por la que, en conjunción con el precepto legal citado, se consideran como una sola unidad normativa liberatoria del tributo para efectos del presente estudio, y en esa medida, deben seguir la misma suerte.

De la parte considerativa de las ejecutorias transcritas se advierte -como se adelantó-, que este órgano colegiado ya se ha pronunciado en el sentido de que por razones de política económica y social, los artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9o. de la ley relativa, exentan a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas como casa habitación cuando proveen en ella mano de obra e insumos; así como que ello no se traduce en que se les exima de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención únicamente opera en caso de cumplir dos requisitos, esto es, que la actividad se desarrolle en forma integral, en tanto deben realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación y en forma conexa prestar mano de obra y materiales.

Consecuentemente, atendiendo a la línea argumentativa que sobre la problemática planteada ha observado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, la siguiente:

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN LOS ARTICULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION, CUANDO PROVEEN EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, quedando incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras; sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra.

Por lo que resulta INCONCUSO, que si un contribuyente diseña, fabrica e instala puertas, closets, barandales o cocinas integrales, -- sólo por mencionar algunos bienes --,en inmuebles destinados exclusivamente a Casa Habitación, proporcionando tanto los materiales como la mano de obra, ES QUE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEBEN DE ESTAR EXENTOS, habida cuenta que la exención opera en caso de cumplir los dos requisitos (ya señalados) al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales).

En tal virtud, de la excelsa interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del artículo 9 fracción II y 29 de su Reglamento (antes artículo 21-A), se debe entender que la intención plasmada en el procedimiento legislativo, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago del impuesto al valor agregado no únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular, sino también a la prestación de servicios de construcción de bienes inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación, así como a todas aquellas enajenaciones de bienes muebles que por su naturaleza estén destinados a permanecer unidas a los inmuebles destinados a casa habitación,de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras.

Por lo hasta aquí expuesto es que a fin de eliminar la controversia suscitada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al momento de la interpretación de la Ley Fiscal, se propone incluir en el texto de ley la interpretación que de la misma ha realizado nuestro máximo tribunal a efecto de no dejar lugar al arbitrio de la fiscalizadora su correcta interpretación, así mismo limitar la facultad de las autoridades fiscales para que en caso de existir Jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, respecto de una norma jurídica de carácter fiscal, esta esté impedida de emitir criterios normativos de cualquier tipo que sean contrarios a la interpretación que nuestro máximo tribunal ha emitido.

Así mismo, a efecto de que la limitante aquí propuesta se haga respetar, se impone una sanción al funcionario público que la contravenga, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, misma que habrá de aplicarse dependiendo la gravedad de la falta.

Se propone reformar la fracción II del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. …

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

III. – IX. …

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. …

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, asimismo, quedan incluidas en este concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras, siempre y cuando en todos los casos el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra de igual naturaleza ubicadas en el exterior, de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

III. – IX. …

A efecto de cumplir con la exposición de motivos, así como evitar en un futuro controversias entre el Poder Ejecutivo y Judicial, se propone reformar el penúltimo párrafo Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio 2013, texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. – III. …

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. – III. …

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales estarán impedidas para emitir criterios de carácter interno para el cumplimiento de las disposiciones fiscales que sean contrarios a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas haya emitido mediante Jurisprudencia. El funcionario público que violente esta disposición será sancionado con la inhabilitación por seis meses y hasta seis años dependiendo de la gravedad de la falta y la reiteración en la conducta. La notificación de un crédito fiscal deberá de estar fundamentado en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los contribuyentes podrán impugnar las resoluciones de la autoridad fiscal cuando no acaten dichos criterios jurisprudenciales, a través de los recursos legales previstos en las leyes aplicables.

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:

INICIATIVA DEDECRETO

PRIMERO. Se reforma el artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los siguientes términos:

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. …

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, asimismo, quedan incluidas en este concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras, siempre y cuando en todos los casos el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra de igual naturaleza ubicadas en el exterior, de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

III. – IX. …

SEGUNDO. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. – III. …

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades fiscales estarán impedidas para emitir criterios de carácter interno para el cumplimiento de las disposiciones fiscales que sean contrarios a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas haya emitido mediante Jurisprudencia. El funcionario público que violente esta disposición será sancionado con la inhabilitación por seis meses y hasta seis años dependiendo de la gravedad de la falta y la reiteración en la conducta. La notificación de un crédito fiscal deberá de estar fundamentado en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los contribuyentes podrán impugnar las resoluciones de la autoridad fiscal cuando no acaten dichos criterios jurisprudenciales, a través de los recursos legales previstos en las leyes aplicables.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de Unión, a 31 de julio de 2013.

Dip. Marcos Aguilar Vega".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DEL ARTICULO 69 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del PRD)

“Carol Antonio Altamirano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es del todo conocido, recién nos hemos enterado a través de los medios de comunicación respecto de la condonación de un crédito fiscal a una empresa por 3,334 mil millones de pesos. Dicha condonación generó la indignación generalizada de los contribuyentes y de este Congreso de la Unión.

Sobre el particular, el Servicio de Administración Tributaria puso de manifiesto no sólo la desinformación imperante en el Congreso, ---pues dicho programa de condonaciones encuentra su fundamento en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 y en la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero pasado---, sino también la imposibilidad de dicho órgano para atender a los requerimientos de información realizados por el Congreso, en razón del llamado “secreto fiscal” previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar la figura del “secreto fiscal”, toda vez que existe una clara asimetría en dicha figura, ya que, por un lado,existe “secreto fiscal” del contribuyente al que se condona un crédito fiscal frente a los contribuyentes que tenemos que pagar contribuciones para financiar el gasto público que se verá afectado por dicha disminución en los ingresos públicos, mientras que, por el otro lado, no existe tal secrecía respecto a los accionistas propietarios de las empresas beneficiadas por la condonación.

Así, la existencia de tales condonaciones fue del conocimiento del público contribuyente a través de los medios de comunicación, a partir de las revelaciones que dicha empresa tuvo que realizar a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en México en la última década, la gestión de las autoridades hacendarias, y en particular del Servicio de Administración Tributaria, continúan siendo opacas.

La razón es una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”.Sin embargo, en una sociedad democrática, las autoridades deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público.

Es así que una vez queda de manifiesto que somos los contribuyentes personas físicas; y los pequeños empresarios que generan la mayoría de los empleos, quienes cargamos con el financiamiento del gasto público mediante el pago de impuestos, mientras que unos cuantos empresarios se enriquecen ostensiblemente.

Por esta razón, consideramos indispensable reformular el llamado “secreto fiscal” previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para transparentar cualquier situación que pudiera impactar los ingresos y el gasto públicos, circunscribiéndolo exclusivamente a las personas morales.

Tratar de definir los límites y alcances del “secreto fiscal” no es una tarea fácil, puesto que la determinación de los elementos que lo integran no forma parte de la voluntad del individuo, sino de las obligaciones tributarias previstas en la ley y en el ejercicio de las potestades de la autoridad tributaria.En este sentido, el contribuyente se ve compelido a entregar información personal que la ley y la autoridad consideran de relevancia tributaria.

Al respecto, Ariel Wolfsohn y Carla Schuster nos dicen que la razón deexistencia del “secreto fiscal“ radica en la protección de los intereses del sujeto sobre el que se proyecta la trascendencia de las informaciones brindadas, de forma que éste encuentre la garantía de que las informaciones que sobre él se han facilitado a la Administración Pública, sean utilizadas exclusivamente para los fines para los cuales fue solicitada, y que el ámbito de intimidad quede restringido en aras a su armonización con otros derechos e intereses protegidos.

Por supuesto que compartimos lo expuesto por los autores citados, en relación a la protección de la información personalísima y sensible del sujeto pasivo de la relación tributaria, pero el “secreto fiscal” no puede ser entendido sólo como una faceta del derecho a la intimidad, con vinculación directa con la libertad individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significan una amenaza real o potencial a la intimidad.

Mucho menos, tratándose de las personas morales o jurídicas, y de las personas físicas con actividad empresarial, donde no es claro sostener en forma estricta que se esté protegiendo su derecho a la intimidad, sí bien reconocemos la necesidad de proteger un ámbito privativo de la persona jurídica, dado por determinados datos que la entidad tiene derecho a no divulgar a terceros, como son los secretos comerciales, las estrategias de comercialización, etc.

De otra parte, también debemos preguntarnos qué es lo que específicamente se encuentra resguardado por las reservas en la información pública previstas en el artículo 6º, Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”.

En este sentido, dicho dispositivo ordena al legislador determinar la información relativa a la vida privada y los datos personales que serán protegidos y cuáles no. Para tal efecto, el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la información Pública Gubernamental, establece como información reservada, entre otras, la relacionada con el “secreto fiscal”. Y el diverso artículo 18 prevé como confidenciales los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión.Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no distingue entre los datos o información personal y la información pública, como si lo hace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así,este último ordenamiento clasifica al secreto fiscal dentro de la información reservada (información pública), pero no dentro de la información confidencial (datos personales).

Asimismo, el “secreto fiscal” regulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se clasifica como “información reservada”, pero sólo mientras las resoluciones no causen estado.

El mismo artículo 14 de la Ley de Transparencia establece la reserva temporal de la información, pero de ninguna manera prevé una reserva indefinida de la información.

En este sentido, la voluntad del titular de la información secreta no es absoluta para impedir que su contenido sea difundido, sino que es relativa y debe concurrir un interés razonablemente ponderable, el cual se desprende de la naturaleza misma del acto u hecho que se oculta. Así, el secreto como tal, no se encuentra establecido en ninguna partede la Constitución mexicana.

En este sentido, la transparencia y acceso a la información tributaria opera en dos direcciones: de los contribuyentes hacia la autoridad hacendaria y de ésta hacia los contribuyentes. La primera se confecciona sobre la obligación constitucional de los contribuyentes de otorgar pleno acceso a la autoridad sobre sus finanzas y contribuciones, y el segundo sobre la información que detentan las administraciones tributarias sobre los contribuyentes.

Por su parte, el “secreto fiscal” se encuentra regulado en el multicitado artículo 69 del Código Fiscal de la Federación al establecer de forma expresa la absoluta reserva de los datos obtenidos por suministro o captación por parte del personal oficial que intervenga en los procedimientos para la determinación y pago de contribuciones, en relación con el artículo 2o, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que establece como tal el carácter reservado de los datos e informes o antecedentes que de ellos conozcan los servidores públicos de la administración tributaria.

Al efecto, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

(…)

Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas”.

Es así que, en directa contravención con el artículo 6º de la Constitución, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece una regla general para reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones.

Asimismo, la figura del “secreto fiscal” es tan asimétrica que el propio artículo 69 dispone que dicha reserva no comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia.

Otro desafortunado factor, es que en nuestro país la información sobre los ingresos públicos no tiene el mismo nivel de escrutinio y fiscalización que hemos desarrollado para el gasto público, a pesar de que los problemas de la recaudación son los problemas que más impactan en la capacidad de gasto del propio Estado para cumplir con sus obligaciones y asegurar que todos los mexicanos, incluidos los contribuyentes, tengan acceso a sus derechos.

Sobre esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mostró en sus orígenes una cierta flexibilidad en cuanto a la extensión del “secreto fiscal”, considerando que las informaciones no resultaban secretas por ser tales, sino en cuanto revelaren secretos de terceros, reconociendo asimismo el derecho de los contribuyentes a ofrecer sus propias informaciones, ya que la reserva estaba establecida en beneficio de ellos.

La evolución jurisprudencial fue acentuando el rigorismo de la prohibición y extendiéndola, aún a datos que no guardaban vinculación con la situación patrimonial o de negocios del contribuyente hasta abarcar todo tipo de constancias administrativas obrantes en la Secretaría; así en el Amparo en Revisión 699/2011 estableció la “Constitucionalidad del secreto fiscal”, señalando que: “De una interpretación literal del artículo 69 del Código Fiscal, se desprende que el secreto fiscal comprende la obligación a cargo de las autoridades tributarias, de guardar reserva absoluta en relación con toda la información suministrada por los contribuyentes o captada por ellas en uso de sus facultades de comprobación.”

No obstante lo anterior, el desarrollo legislativo y jurisprudencial del derecho de acceso a la información que ha tenido lugar en años recientes obliga a entender de forma más restrictiva el secreto fiscal, de tal manera que sólo incluya una parte de la información tributaria que está en posesión de las autoridades hacendarias.

En el 2007, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 de la Auditoría Superior de la Federación señaló que no existe un límite para la determinación de los créditos fiscales cancelados y condonados, particularmente porque el monto de los créditos fiscales cancelados en ese año ascendió a 73,960.4 millones de pesos.

Incluso, en diciembre de 2010, el IFAI interpuso amparo indirecto en contra de la negativa del SAT de brindar la información requerida sobre los montos, fechas de cancelación y motivos por los cuales fueron cancelados diversos créditos fiscales durante 2007, asunto que en principio, fue resuelto favorablemente por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región del Distrito Federal, en 2011, señalando que el SAT realiza una interpretación desafortunada del “secreto fiscal”, pues dar a conocer datos sobre los nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de créditos fiscales, no perjudica el interés público, sino que por el contrario, va acorde con el mismo.

Derivado de lo anterior, el SAT interpuso recurso de revisión, caso que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo que el artículo 69 y la expresión de “absoluta reserva” que contiene puede ser aplicado de forma inconstitucional por las autoridades hacendarias, o incluso podría considerarse que contraviene directamente el artículo 6º constitucional, porque:

I. Restringe indebidamente el derecho al acceso a la información.

II. Viola el principio de máxima divulgación previsto en el artículo 6º constitucional, mismo que dispone que la información únicamente podrá reservarse bajo un régimen restringido de excepciones.

III. Establece una reserva arbitraria que no obedece a criterios de interés público.

IV. La reserva general aplicable a toda la información en posesión del personal encargado de trámites tributarios obstaculiza el derecho de acceso a la información de forma particular al no permitir que el ciudadano verifique que se cumplen con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

V. No establece límite alguno basado en la temporalidad.

VI. Viola el principio de máxima publicidad, pues claramente restringe el derecho al acceso a la información en lugar de ampliarlo. Adicionalmente, estarestricción es artificial.

VII. Establece de manera genérica que la información es reservada en función de los sujetos que la detentan y no en función de la naturaleza pública de dicha información.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos Primero, Tercero y Quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Unico.- Se reforman los párrafos Primero, Tercero y Quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos personales suministrados por los contribuyentes personas físicas o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, en términos de lo dispuesto por laLey Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.

… La información que deba suministrarse en los términos de este artículo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información.

Solo se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: localidad, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Carol Antonio Altamirano”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 52, FRACCION IV DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Marcos Aguilar Vega, con carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 52, FRACCION IV, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se propone reformar el antepenúltimo párrafo artículo 52 del Código Fiscal de la Federación así como adicionarle un inciso d) con un primer y segundo párrafos al mismo,texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. – III. …

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a)Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 de este Código.

b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda.

c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede.

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. – III. …

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. Para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) – c) …

d) La resolución que imponga al Contador Público como sanción un exhorto, amonestación o suspensión, comenzará a cumplirse hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado, se suspenderán los efectos de la resolución hasta en tanto no exista sentencia firme.

En estos casos se dará aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión hasta que haya causado estado la sentencia firme.

Se considera que el actual texto del antepenúltimo párrafo en conjunción con los incisos a), b) y c) del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que en conjunto contienen la facultad de las autoridades fiscales para sancionar al Contador Público por la comisión de irregularidades en la práctica profesional, así como el procedimiento que habrá de llevarse a cabo para imponer la sanción administrativa, transgreden el Derecho Humano contenido en el artículo 20 inciso B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la que nos ocupa establece:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

Lo anterior se advierte de la lectura conjunta del citado párrafo e incisos, en razón de que de su integración se colige que la sanción impuesta al Contador Público habrá de purgarse por este último de manera inmediata, lo cual como se señaló párrafos arriba compromete el derecho humano contenido en la fracción I del inciso B del artículo 20 de nuestra Carta Magna, esto es el principio de presunción de inocencia, lo que se traduce en una violación a los principios de certeza y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, en atención directa con los artículos 5 y 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y los diversos 8 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sirva de apoyo a efectos de conocer el alance del Principio de Presunción de Inocencia el análisis jurídico que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue plasmado en la tesis 2a. XXXV/2007 que es del tenor literal siguiente:

Epoca: Novena EpocaRegistro: 172433Instancia: SEGUNDA SALATipo Tesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización: Tomo XXV, Mayo de 2007Materia(s): Constitucional, PenalTesis: 2a. XXXV/2007Pág. 1186PRESUNCION DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.SEGUNDA SALAAmparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel.

En razón de lo anterior es que se recurre a este Honorable Congreso de la Unión para denunciar la inconstitucionalidad de los numerales que se citan, inconstitucionalidad que radica de forma medular en la inmediatez con la que surte sus efectos la sanción, es decir se comienza a purgar la pena de forma instantánea y continua hasta agotarse el plazo ordenado, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Lo anterior sin duda trastoca la presunción de inocencia, en defecto de que de manera arbitraria se purgará la pena que se me impuso, sin que exista una sentencia o una resolución que confirme o revoque la presunta culpabilidad en la comisión de las conductas punibles.

Así las cosas resulta inconstitucional la aplicación conjunta del antepenúltimo párrafo del artículo 52 y sus incisos, en el sentido de que los efectos de las sanciones impuestas sean de ejecución instantánea o inmediata, teniendo que tolerar el gobernado la aplicación de la sanción o la pena sin que exista de por medio un procedimiento seguido en forma de juicio y/o resolución que confirme, revoque o modifique el contenido y efectos del acto de autoridad, violentando las garantías previstas en el artículo 14, 16 y 20 inciso B fracción I de la Carta Magna, así como los previstos en los artículos 5 y 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y los diversos 8 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

Artículo 5o.- La Ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad, todo lo que no es prohibido por la Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena.

Artículo 9.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPITULO II

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Por otro lado, el multicitado antepenúltimo párrafo del artículo 52, violenta el perjuicio el derecho humano contenido en la fracción I del inciso B del artículo 20 de nuestra Carta Magna, pues transgrede el principio de presunción de inocencia al ordenar que se le de publicidad a la sanción que se impone, al señalar de forma expresa que “En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión.

Circunstancia que violenta la presunción de inocencia en el sentido más amplio, pues como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha definido en la tesis 2a. XXXV/2007 su alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares, tal como la que ahora se tilda de inconstitucional.

Por lo cual es que se recurre a este Honorable Congreso de la Unión para denunciar la inconstitucionalidad de los numerales que se citan, inconstitucionalidad que radica en la publicidad inmediata que ordena la norma jurídica que se le dé a la pena impuesta, es decir, estará en entre dicho la dignidad, probidad profesional y buen nombre ante la sociedad en la cual se desenvuelve el ciudadano, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En conclusión, el hecho de que la disposición jurídica ordene que la pena se debe purgar de forma instantánea y continua, sin considerar siquiera para ello que dicho acto de autoridad debe ser firme, -- ya sea: i) porque transcurrieron los 45 días hábiles que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece para la interposición del Juicio de Nulidad en vía Ordinaria sin que se haya recurrido el oficio sancionador o ii) porque habiéndose ejercido el derecho de acceso a la justicia y tras haber agotado los recursos e instancias procesales se emitió una sentencia definitiva donde se confirma la legalidad de la sanción --, violenta el principio de presunción de inocencia así como la garantía de seguridad y certeza jurídica que contemplan los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, pues se le aplica al gobernado una medida disciplinaria, a pesar incluso, que de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal, el Contador Público Registrado tiene la presunción de que ejerció su función atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como que ha cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser autorizado en su registro, lo que se traduce en que se le considere como persona responsable, honorable y competente que ha prestado sus servicios profesionales con eficiencia y probidad en la elaboración de los dictámenes de estados financieros para efectos fiscales, de enajenaciones de acciones y declaratorias formuladas con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado.

De igual forma, la reforma jurídica propuesta pretende que la autoridad se abstenga de dar aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a la que pertenece el Contador Público Registrado, sino hasta que exista de por medio un procedimiento seguido en forma de juicio y/o resolución que confirme, revoque o modifique el contenido y efectos del acto de autoridad que impone la sanción.

Sirva por identidad las siguientes tesis, para soportar la reforma propuesta:

Epoca: Novena EpocaRegistro: 162693Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización: Tomo XXXIII, Febrero de 2011Materia(s): ComúnTesis: VI.1o.A.312 APág. 2406

SUSPENSION PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA LA SUSPENSION TEMPORAL DEL REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, DERIVADA DE UNA OMISION O ERROR AL REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. Ante la suspensión del registro del contador público registrado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, en términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que tiene como presupuesto una omisión o error al realizar un asiento contable en el procedimiento de auditoría, y no la diversa hipótesis relativa a la comisión de un delito de carácter fiscal, procede la suspensión provisional, al darse los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, por solicitarse por el quejoso, sin que se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y porque de lo contrario se causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación. Lo anterior, pues la concesión de la medida cautelar no impide que la actuación del impetrante siga sujeta a la revisión que, en su caso, realice la autoridad sobre los dictámenes que éste emita, al ejercer las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y porque dada la naturaleza de las funciones del contador público registrado, la suspensión de su registro ocasiona que no culmine sus obligaciones respecto de dictámenes ya presentados, y limita la posibilidad de presentar nuevos mientras se ejecuta la suspensión de su registro, no obstante que se le concediera el amparo, al haber transcurrido los plazos legales relativos.

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Enero de 2010; Pág. 2237

SUSPENSION PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DEL AVISO A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). En el supuesto de que la autoridad hacendaria determine suspender el registro de un contador público autorizado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, por disposición expresa de la fracción II del artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, debe dar aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la federación de colegios profesionales a que pertenezca dicho contador. En un caso así, se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional, por ser solicitada por el quejoso, sin que se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al limitarse a evitar darle publicidad a la suspensión del registro para efectos fiscales, pero con la subsistencia de las restantes consecuencias de la sanción impuesta, pues de lo contrario se causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución de lo dispuesto en la norma aludida, consistente en dar el o los avisos en la forma antes indicada, cuando la determinación emitida se encuentra sub júdice, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad es el fondo del juicio de amparo y, por ello, sin gozar de firmeza ya demeritaría el expediente del quejoso en el colegio profesional y, en su caso, en la federación de colegios profesionales a los que pertenezca, con el desprestigio que de suyo ello acarrearía y que, aun de concederse la protección federal en el expediente principal, difícilmente se podrían retrotraer las consecuencias negativas que para su desempeño profesional se le habrían generado; todo lo cual evidencia lo procedente de conceder la suspensión provisional así solicitada.

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

UNICO. Sereforma el artículo 52, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. – III. …

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. Para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) – c) …

d) La resolución que imponga al Contador Público como sanción un exhorto, amonestación o suspensión, comenzará acumplirse hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación.Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado, se suspenderán los efectos de la resolución hasta en tanto no exista sentencia firme.

En estos casos se dará aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión hasta que haya causado estado la sentencia firme.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Dip. Marcos Aguilar Vega”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del PRD)

“Carol Antonio Altamirano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, los problemas de inseguridad experimentados en casi todo el territorio nacional han puesto de manifiesto la debilidad estructural de nuestros municipios, particularmente derivada de la ausencia de recursos financieros suficientes para afrontar sus principales responsabilidades.

Pero este no es el único problema de los municipios, en realidad es una consecuencia inevitable de la debilidad financiera histórica, estructural y endémica de nuestros municipios. Además de la seguridad pública, los problemas municipales tienen que ver con todo: con los servicios públicos, el medio ambiente, el desarrollo social, el cobro de contribuciones, la administración rezagada y rebasada por las circunstancias y la tecnología, o su virtual inexistencia, entre otros problemas, en el orden que se desee.

Al respecto, es menester recordar que los municipios obtienen sus ingresos a través de dos vías: sus ingresos propios derivados de las contribuciones locales, productos y aprovechamientos; y las participaciones y aportaciones federales y estatales previstas de la Ley de Coordinación Fiscal y en sus similares estatales.

Los municipios cuentan con un limitado catálogo de ingresos propios: en promedio, los impuestos representan el 45%; los derechos el 34%; los aprovechamientos 19%, y las contribuciones de mejoras apenas el 2%.

Sin embargo, los ingresos propios de los municipios promedian apenas el 15% de sus ingresos totales, siendo que los Fondos de Participaciones y de Aportaciones Federales completan el restante 85% de sus ingresos.

En efecto, exceptuando al Distrito Federal y a las capitales de los estados, donde los ingresos propios promedian el 48% de sus ingresos totales, el municipio promedio obtiene sólo el 14% de sus ingresos de fuentes propias, siendo que el 86% restante proviene de participaciones y aportaciones federales y estatales.1

Esta dramática situación de dependencia económica provoca que el centralismo existente en las relaciones entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, se traduzca en una suerte de centralismo local o regional aún más agresivo al interior de los estados en las relaciones entre los gobiernos estatales y sus municipios, porque como dice el refrán norteamericano “quien tiene el oro pone las reglas del juego”.

Esto es así porque nuestra carta fundamental no otorga a los municipios potestad tributaria, poder para establecer tributos, sino que éste reside en los congresos estatales, con las desventajas que para los municipios implica.

Resulta interesante que desde principios de los años setenta, algunos de los gurúes más referenciados por nuestra tecnocracia como Richard y PeggyMusgrave, en su obra “Hacienda Pública, Teórica y Aplicada”, destacaban la necesidad de fortalecer las potestades tributarias de los municipios, e incluso responsabilizarlos directamente del gasto social, pues están más cerca de los problemas y de los ciudadanos que las burocracias federales y estatales. Sin embargo, extrañamente en este rubro nuestra tecnocracia ha sido omisa en atender a las recetas de descentralización fiscal del país provenientes de Norteamérica.

En este sentido, resulta urgente emprender una reforma constitucional para otorgar poder tributario a los municipios, como ocurre en todos los estados federales, con nuestros principales socios comerciales: los E.U.A. y Canadá, y en nuestros países hermanos Brasil y Venezuela.

Acorde con lo anterior, se propone avanzar hacia una reforma para que los municipios adquieran potestad tributaria plena, a partir de los siguientes ejes:

I. Facultad para establecer tasas, cuotas y tarifas.

II. Facultad para establecer todos los elementos de las de las contribuciones por servicios públicos (objeto, sujeto, base, tasas, cuotas y tarifas, periodo de pago, exenciones, etc.).

III. Facultad para aprobar su propia Ley de Ingresos.

IV. Facultad para aprobar su Ley de Hacienda, Códigos Fiscales,Códigos Financieros o Hacendarios.

Para tal efecto, es menester reformar el artículo 115, fracción IV, antepenúltimo y penúltimo párrafos de nuestra Constitución Política.

Es importante comentar que no todos los municipios tienen la capacidad material para hacer efectivas las facultades propuestas, debido a una diversidad de circunstancias, por lo que se considera necesario que sean los propios ayuntamientos quienes acuerden ejercer o no las facultades que se proponen, o continuar transitoriamente supeditados a las disposiciones que establezcan las legislaturas locales.

De igual manera, los ayuntamientos deberán observar los elementos de las contribuciones que establece la propia Constitución, quedando a salvo los derechos de los contribuyentes para impugnarlas.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los párrafos Primero, inciso a); Tercero; y Cuarto de la Fracción IV, del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Unico.- Se reforman los párrafos Primero, inciso a); Tercero; y Cuarto de la Fracción IV, del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Art. 115.- ....

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que los ayuntamientos establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan sus ayuntamientos sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b)…

c)…

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, aprobarán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Asimismo, aprobarán las leyes de ingresos de sus municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

…”

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primer día hábil del año 2014.

Segundo.-Los Congresos Estatales deberán adecuar las constituciones de sus estados dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto.

Tercero.- Los propios ayuntamientos deberán aprobar por mayoría calificada, la asunción inmediata de facultades a que se refiere la Fracción IV del artículo 115, o continuar temporalmente sujetos a las disposiciones que establezca la legislatura local respectiva, mediante la suscripción del convenio de colaboración correspondiente.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 31 de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Carol Antonio Altamirano”.

1 “Ingresos Brutos Municipales 2011”, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Secretaríade Gobernación, Sistema de Información Hacendaria, Datos Financieros y Socioeconómicos, Municipios, ww.inafed.gob.mx, consultado el 12 de abril de 2013






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o. Y 6o. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Diputado Silvano Blanco Deaquino, del grupo parlamentario del PRD)

"PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Desde la perspectiva constitucional los municipios son autónomos y libres, constituyendo la base administrativa y política del estado mexicano, no obstante en la parte de los recursos económicos, desde el año de 1996 hasta nuestros días, de los ingresos que percibe la federación por concepto de impuestos y derechos por extracción de petróleo y de minería, solamente un 20% reparte a los estados y ellos a su vez distribuyen a los municipios el 4%, quedándose con el 80% restante, ello ha ocasionado tanto para las entidades federativas como para sus municipios entre otras problemáticas un aumento preocupante en su deuda en los últimos años, con todo lo que esto conlleva.

Siendo por ello elemental aumentar el porcentaje del Fondo General de Participaciones, en aras de un federalismo fiscal auténtico, cuyos beneficiarios sean los municipios.

ARGUMENTOS

Contexto y marco conceptual

Es parte de la esencia que el municipio es la célula de la organización social nacional, existiendo actualmente 2,436 y 16 delegaciones en los Estados Unidos Mexicanos, además de representar la distribución territorial de nuestro país, base fundamental del desarrollo nacional.

El municipio es según la doctrina del derecho constitucional, "una circunscripción territorial habitada por familias e individuos, quienes conforman una colectividad con fines propios como grupos, pero distintos en interés personal y familiar"; persiguiendo tanto el desarrollo estatal como federal, sin embargo se han generado municipios alejados de lo anterior, fenómeno que vale la pena considerar por ser fuente principal de la presente iniciativa.

El artículo 40 de nuestra Constitución estipula que:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Dentro de los principios esenciales que se destacan de dicho precepto, entre otros, es la conformación de una República Federal, dando paso a la conformación de estados libres y soberanos, acorde con lo estatuido por el numeral 43 de la Ley Suprema, que enlista a las entidades federativas que constituyen la República Mexicana.

A lo largo de la historia, tanto el federalismo como el centralismo han sido y son dos formas de concebir la organización política y económica que han permeado al Estado mexicano, prevaleciendo hoy día el primero. En la teoría el federalismo representa la república federal y popular, en donde todo poder público dimana y se instituye en el pueblo para su beneficio, empero en la realidad, en tratándose de política fiscal existen hechos palpables que hacen eco a la existencia del Centralismo.

Abundando al respecto y de acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y como organización política y administrativa el municipio libre, en donde el gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

Por otra parte, cabe hacer mención de que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley, teniendo a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) alumbrado público; c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; g) calles, parques y jardines y su equipamiento; h) seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito y; i) los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Por ello, resulta necesario por parte de los municipios, para la prestación de los servicios públicos enunciados, contar con un conjunto de recursos económicos, que se conformarán además de los generados por ellos mismos, por otras fuentes de ingresos, según la estructura financiera pública que actualmente impera en los Estados Unidos Mexicanos.

Esto genera en el contexto de la política fiscal el llamado "federalismo fiscal", el cual consiste en conjunto de relaciones fiscales que se establecen entre los diversos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, siendo aquellas que pueden ir desde la delimitación precisa de las fuentes fiscales, hasta la total coincidencia fiscal y su correspondiente coordinación; siendo conocida en nuestros días como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, acorde por lo definido en el Diccionario jurídico mexicano1.

En lo relativo a los municipios, una parte medular de sus facultades consiste en la administración libre de su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, correspondiéndole además las participaciones federales, que le serán cubiertas por la Federación con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

No se puede soslayar que en los tiempos presentes la cuestión financiera juega un papel predominante, ya que abona a que la autonomía y la libertad de los municipios se den, pese a ser imitadas evitando que las mismas se pierdan.

El instrumento jurídico que prevé lo anterior es la Ley de Coordinación Fiscal cuyos objetivos son además de coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, la de establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales y su respectiva distribución.

De dicha ley se desprende que del 100% de la recaudación federal en un ejercicio, un 20% constituirá el Fondo General de Participaciones, correspondiéndole a los Estados solamente un 20% y, una quinta parte de dicho 20% para los municipios, en otras palabras de un 100%, a la federación le corresponde un 80%, a las entidades federativas un 16% y, a los municipios el resto, esto es el 4%.

Esta situación ha hecho que la Federación controle más del 80% de los ingresos fiscales totales generados en México, lo cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y de los municipios en relación con la Federación.

Constitución del Fondo General de participaciones

De acuerdo con el numeral 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por:

1. Todos sus impuestos,

2. Los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Sin embargo no se incluirán en la recaudación federal participable:

• Los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones;

• Los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

• Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración

• Administrativa;

• El impuesto sobre automóviles nuevos;

• La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en que participen las entidades en los términos del articulo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes

• La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la LIEPS;

• Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley;

• El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Si a la recaudación federal participable en términos cuantitativos se le restan los conceptos antes anunciados, por simple aritmética, el mencionado 20% de participación que tienen derecho los estados y municipios tiende a ser menor.

Ahora bien, uno de los objetivos que debe perseguir toda política fiscal es el de fortalecer el federalismo fiscal, a través del fortalecimiento del sistema de participaciones por medio del reparto justo de las mismas, requiriéndose para ello de una autonomía financiera mucho mayor a la existente2.

Para esto es fundamental observar el comportamiento y evolución del sistema de participaciones. Hace 33 años, en 1980 se sentaron las bases del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y dentro del mismo el Sistema Nacional de Participaciones Federales a Estados y Municipios, tomándose la modalidad de calcular y distribuir las participaciones a partir de todos los impuestos federales, con ciertas excepciones.

Para el año de 1980 la participación fue del 13%, aumentando los porcentajes de entre el 16%y el 18% en los años de 1981 a 1990, hasta alcanzar el actual 20% a partir de 1996, sin embargo del último incremento al día de hoy (después de 17 años), no se ha dado aumento alguno.

En apariencia se ha dado un incremento del 7%, sin embargo, es de señalar que la mayor parte de estos incrementos, han sido más el producto de suspensiones adicionales en los ingresos propios de los estados y municipios, mismos que han dejado de cobrarse a cambio de recibir mayores ingresos vía las participaciones federales, acorde con el siguiente cuadro.3

Incrementos en los porcentajes de la Recaudación Federal Participable tomados para la distribución del Fondo General de Participaciones (EGP)

Año

Fundamento

%1PP

Comentarios

1980

Conforme a la LCP

13.000000%

Representado por las participaciones que el Gobierno federal distribuía a los estados y

1980

Anexo 1 al CAd**

1.578399%

Por la recaudación de impuestos estatales y municipales derogados o suspendidos, como los de industria y comercio.

1980

Anexo 1 al CAd

0.354475% municipios.

Por gastos de administración en los que incurrían las entidades en algunos impuestos como el ISIM.

1980

Anexo 2 al CAd

0.692872%

Por tratamiento especial a estados petroleros.

1980

Anexo 4 al CAd

1.269105%

Por apoyo fiscal de los estados al Sistema

Alimentario Mexicano.

1980

Anexo 5 al CAd

0.024537%

Por Reformas a la LIVA en 1981 que originaron suspensión o derogación de gravámenes estatales o municreales.

1980

Anexo 3 al CAd

0.016462%

Por suspensión del cobro de derechos de

transporte.

Por suspensión de impuestos estatales a

_rofesionistas. Recaudación suspendida de pozos artesianos del Distrito Federal.

1982

 

0.026918%

1982

 

0,019255%

1982

 

16.984023%

Porcentaje de integración del FGP para este periodo

1988 1989

LCF

0.248126%

Efecto de la forma de integración del FGP en 1988 y 1989 derivado del incremento de la

recaudación del IVA que fue superior al crecimiento de la RFP.

1990

LCF

1,029121%

Fondo Financiero Complementario que se

integró al FGP.

     

50% de la reserva de contingencia (constituida

1991

 

0.250000%

en 1988 y que operaba fuera del FG13.

     

Incremento otorgado sin condicionamiento

1996

LCF

1.488730%

alguno y en apoyo a las finanzas de los estados y municipios.

 

Total a la fecha

20.000000%

 

*. Ley de Coordinación Fiscal, ** Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

En síntesis puede afirmarse que, sólo alrededor del 1,5% del actual Fondo General de Participaciones ha sido el resultado de un incremento directo; es decir, sin que esté de por medio alguna condición o suspensión adicional a los tributos locales.

Por lo tanto, tales participaciones deben incrementarse ya que las necesidades de la población inmersas en los municipios han cambiado en lo que va del presente siglo, debiéndose dar por igual un cambio en la política fiscal en donde los recursos fiscales federales que se le participan a los municipios sean los suficientes con el propósito real de buscar su fortalecimiento financiero.

No debe olvidarse que todo contribuyente u empresa ubicada en cualquier parte del territorio nacional, pagan a la Federación al menos tres de los impuestos mas importantes: impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), no obstante que la situación jurídica o de hecho prevista en sus correspondientes leyes, es decir, lo que se grava que es la fuente impositiva, se origina en los municipios.

Por todo lo argumentado es elemental aumentar el porcentaje del Fondo General de Participaciones, en aras de un federalismo fiscal auténtico en beneficio principalmente de los municipios, con la finalidad de que el porcentaje del 4% del que ahora participan se aumente en términos reales hasta el 8.75% en un periodo de 5 años.

Situación financiera actual de los estados y municipios

La deuda de las entidades federativas y municipios, ha crecido en los últimos años de forma preocupante. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Hacienda y crédito Público, el saldo al cierre de 2012 se ubicó en 434,761.2 millones de pesos.

Así mismo, la Auditoria Superior de la Federación (ASE) realizó un estudio sobre la deuda subnacional, es decir los pasivos de la entidades federativas y municipios, resultando que la misma creció aceleradamente en tres años; en el 2008 el débito total era de 203,070.2 millones de pesos y para el 2011 fue de 390,777.5 millones de pesos, lo que significa un aumento a una tasa nominal de 92% y un aumento de tasa real de 67.9%.

Dichos escenarios justifican el atraso económico y social que existe en los municipios que conforman el territorio nacional, siendo urgente tornar medidas concretas a corto y mediano plazo.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los párrafos primero y último del artículo 2 y los párrafos primero y tercero último del artículo 6, de la Ley de Coordinación fiscal, en los siguientes términos:

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 35% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 35% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 35% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. De esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Segundo. Los incrementos de 20 a 25 y del 20 al 35 por ciento a que se refiere el presente Decreto, se aplicarán gradualmente. Para tal efecto, a partir del ejercicio fiscal de entrada en vigor del presente ordenamiento, se adicionará uno por ciento y un tres por ciento respectivamente, cada año hasta alcanzar el porcentaje de participaciones aprobado, en un periodo de 5 años.

CONCEPTOS

 

2014

2015

2016

2017

2018

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS ESTADOS

21%

22%

23%

24%

25%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS

23%

26%

29%

32%

35%

Para los municipios

 

4.83%

5.72%

6.67%

7.68%

8,75%

Para los estados

 

16,17%

16,28%

16.33%

16,32%

16.25%

Tercero. Se derogan las disposiciones legales en lo que contravengan al presente Decreto.

Cuarto. Las legislaturas de los estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar cumplimiento .o-q dispone el presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013".

1 UNAM

2AYALA ESPINO, JIOSE, Economía pública.

3httlj/www.indetec.gob.mx/enh/Interps/DocsInt/Federalismo23a.pcIE Luis García Sotelo






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, Diputado de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es parte de la obligación del Poder Ejecutivo y Legislativo, mantenerse alineados a las necesidades de la ciudadanía, estar actualizados de los conflictos sociales que van floreciendo en el transcurso de nuestra historia.

A través de los años, nuestra sociedad ha ido evolucionando en todos sus aspectos, tanto positivos como negativos y por ende también la delincuencia ha ido sofisticándose hasta encontrar la manera más práctica, eficaz y asertiva de lograr a través de dañar al prójimo un beneficio económico mayor con menos riesgo, siendo el secuestro un golpe social perfecto a favor de la delincuencia, floreciendo imperios de crimen organizados aprovechándose de la falta de medidas de protección, atención y sanciones dentro del régimen legal mexicano.

No debemos pasar por alto, que las consecuencias sobre las víctimas de un secuestro son colectivas, es decir, el secuestro no sólo conlleva a la privación de la libertad de una persona, si no al desenvolvimiento de una serie de daños físicos, psicológicos, económicos y emocionales no sólo sobre la persona en cautiverio si no también expandiéndose hacia los familiares y amigos que indirectamente son también víctimas de este secuestro. La secuelas son permanentes y muy graves, por lo que hace que este delito sea de los más crueles y devastadores, partiendo de ahí el éxito que esta conducta delictiva le ha traídosus autores y por ende, la urgente necesidad de un enfoque legal especifico sobre este delito.

Por lo anterior, fue palpable el dramático incremento en la frecuencia de secuestros realizados por bandas organizadas que utilizan este método delictivo como su actividad principal, siendo éste un negocio altamente rentable para ellos, así como la necesidad, por las características del delito y del daño que causan, de incrementar las medidas necesarias para evitar la impunidad sobre las personas que realicen éste tipo de conducta. Es por ello que en el 2010, fue necesario que los legisladores crearanLA LEY GENERAL PARA PREVENIRY SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y de esta manera brindar a la ciudadanía mexicana mayor protección y seguridad frente a el delito de secuestro.

Ahora bien, a través de éstos últimos años, se ha reflejado que no solo las bandas de crimen organizado son autores del delito del secuestro, sino que en ocasiones para la obtención de un beneficio económico, social y/o emocional, existen personas que simulan por sí mismos su propia privación de la libertad, engañando a familiares, amigos y a la misma autoridad.

Esta conducta tiene una afectación directa sobre los familiares y amigos que se convierten en víctimas de quien simula su propio secuestro, ya que aunque no trae aparejada la privación de la libertad si tienen una afectación importante sobre las personas involucradas, que como terceros son afectadas gravemente psicológica, emocional y económicamente de manera irreversible.

Dentro de la LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su artículo 13, se señala una pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad.

Consideramos que el daño que causan las personas querealizan este tipo de conductas no debe menospreciarse, ya que como se menciono en párrafos anteriores, los daños que se causan a los familiares y amigos, víctimas directas en el caso que nos ocupa de éste delito, son exactamente iguales a los que sufren los familiares y amigos de una persona que es privada de su libertad por un tercero, aunado a la burla que se realiza también sobre las autoridades, quienes invierten tiempo y recursos que pueden ser utilizados para la capturas y liberación de delincuentes y victimas respectivamente en secuestros reales.

Por lo anterior, y para conseguir la diminución de este tipo de conductas delictivas, es de relevante importancia que se asevere la sanción estipulada en el cuerpo legal que rige éste delito, siendo así que al manejarse solo trabajo a favor de la comunidad como pena, estamos prácticamente invitando a la sociedad ha que lleve a cabo este tipo de conductas, cuando nuestra misión debe ser prevenir la delincuencia, haciendo conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que pueden haber cuando se daña a otra persona, mediante sanciones que tengan un peso significativo que reflejen un riesgo elevado al considerarse llevar a cabo este delito.

Es por esto, que se propone una modificación sobre la sanción que se encuentra ya estipulada, para que se castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad.

En este sentido para los Diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importanciaunirnos a la causa e implementar sanciones suficientes para la protección de la seguridad e integridad emocional y psicológica de los mexicanos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.Se reforma el artículo 13 del LA LEY GENERAL PARA PREVENIRY SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS suscrito por el Diputado Humberto Armando Prieto Herrera del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 13.-Se impondrá, de dos a ocho años de prisión al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley.

Transitorio

Unico.El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 31 de julio de 2013.

Dip. Humberto Armando Prieto Herrera”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

"Senador Alejandro Encinas Rodríguez integrante del grupo parlamentariodel Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las consideraciones siguientes:

La búsqueda de la democracia participativa refiere a que los ciudadanos tengan mayor participación en la toma de decisiones políticas que la otorgada tradicionalmente por la democracia representativa. Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.

Esta definición está directamente asociada a la figura de revocación de mandatoque significa:

“Dejarsin efecto una concesión, un mandato o resolución. Mandato son funciones delegadas por el pueblo o por una clase de ciudadanos para ejercer el mando”.

En este tenor se entiende como la facultad de los electores para destituir a todos o algunos funcionarios públicos de su cargo antes de finalizar su período. Es una figura de democracia directa que se define como una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio de poder.

Desde el surgimiento del Estado moderno, surgió el fenómeno de concentración del poder por parte del Ejecutivo. Por una parte, los marcos institucionales favorecieron a la investidura a fin de garantizar la continuidad del Estado,pero acabaron por entregar potestades extralimitadas a un mandounipersonal en detrimento de los derechos ciudadanos.

Ante ello, se adoptaron tres rutas democratizadoras para acotar el poder. El primer caso, la separación entre la jefatura de Estado y la de gobierno, a fin de que el acontecer político significara el cambio de gobierno y la conservación del Estado. La segunda opción fue el mayor control del parlamento sobre el poder Ejecutivo, dentro del esquema de la separación de poderes. En tercer lugar, la promoción de los derechos de los ciudadanos para controlar el mandato de sus gobernantes.

Es por ello que la soberanía en una concepción democrática exige reforzar el control popular sobreel gobierno y promover la responsabilidad de los mandatarios hacia los electores, sus prioridades, sus necesidades y sus derechos.

Mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular.

En el mundo existen diversos países consagran la posibilidad de revocar el nombramiento de los funcionarios de elección popular, antes de cumplir su período de mandato.

Esta figura se reconoce a nivel constitucional nacional y por decisión estrictamente popular en Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, países en los cuales la figura del referéndum revocatorio o consulta popular de revocatoria se encuentra inserta en el capítulo de los derechos políticos de sus respectivos textos constitucionales.

La intención de incorporar la revocación de mandato en nuestro país obedece al convencimiento de generar el consenso popular y, por tanto, se fortalece la legitimidad de las autoridades electas, sus actos de gobierno y sus decisiones, y genera nuevos espacios de responsabilidad de las autoridades por el ejercicio de la función pública.

El “castigo” ciudadano correlativo al “premio” que significa la reelección, en el debate público de la Reforma Política, debe orientarse hacia a la figura de revocación de mandato. La intervención de los electores sobre la continuidad de los servidores públicos en el poder comienza con la revocación del mandato, a fin de que una vez que el mandato conferido ha sido retirado puedan responder administrativa y/o judicialmente por sus acciones.

La adición propuesta de la fracción VI deartículo 35 refiere al fortalecimiento de las prerrogativas ciudadanas que deben necesariamente estar contenidas en nuestra Carta Magna como un derecho de los ciudadanosen relación con el principio de soberanía sobre sus gobernantes. Debe privilegiarse como un mecanismo de rendición de cuentas que permita sancionar el mal uso del poder conferido por el pueblo.

Los derechos políticos de los ciudadanos son uno de los principales ámbitos materiales de la Reforma Política. Asimismo, la estructura del artículo 35 corresponde formalmente a las prerrogativas, que le son conferidas a los ciudadanos para el pleno del ejercicio de sus derechos políticos.

Precisamente por esta orientación se pretenderegularlas candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana o la consulta popularque sin referir a la revocación de mandato quedaría trunca cualquier pretensión de reforma de política que permita una verdadera democracia participativa.

Por las anteriores consideraciones me permito proponer la siguiente modificación:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. a V. …

VI. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, sujetándose a lo dispuesto por esta Constitución y por la ley reglamentaria.

Se recorren la actual fracción VI propuesta ylas fracciones subsecuentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

Suscribe

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez".

Informo a la Asamblea que se recibió una comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, en relación con 17 solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de la declaratoria de aprobación del Decreto de reforma al artículo 37 constitucional, realizada el pasado miércoles 24 de julio, y con el fin de desahogar las solicitudes de permiso que aún conserva la Primera Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consultará si se consideran de urgente u obvia resolución las 17 solicitudes de permiso y se ponen a discusión de inmediato.

Solicito a la Secretaría haga la consulta correspondiente.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si las 17 solicitudes de permisos se consideran de urgente y obvia resolución, y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se consideran de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto que se someterá a consideración del Pleno.






PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al proyecto de Decreto.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Está a discusión el proyecto de Decreto que concede 17 permisos, a que se refiere el artículo 37 constitucional.

Sonido en la curul del Diputado Durazo Montaño.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor Presidente, nada más sugerir si pudieran separar los permisos para trabajar, de los reconocimientos y de los permisos para fungir como cónsules honorarios.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Con todo gusto vamos a separar el Artículo Décimo Séptimo, en función de la solicitud que nos hace el Diputado Durazo Montaño.

No habiendo oradores registrados, voy a solicitar a la Secretaría que levante la votación de los primeros 16 artículos que han sido referidos.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se va a proceder a recoger la votación nominal de los primeros 16 artículos que acabamos de mencionar. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Se emitieron 30 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

Quedan aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Proceda ahora a recoger la votación del Artículo Décimo Séptimo del Decreto expuesto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Procederemos a recabar la votación del Artículo Décimo Séptimo del Decreto presentado. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Se emitieron 29 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Queda aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Decreto que concede permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de Francia. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador de México en Rumania.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Gutiérrez Canet, nació el 26 de julio de 1951, en la Ciudad de México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Del currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se desprende que es licenciado en Ciencias Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. Es diplomático de carrera y periodista, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979.

En el exterior ha sido Embajador de México en Finlandia y concurrente en Estonia (2008-2013), así como en Irlanda (1995-1996). Fue Cónsul General en Hong Kong (1991-1995).

En su carrera diplomática ha ostentado los siguientes cargos: Consejero para Asuntos Políticos en Italia; Representante Permanente Alterno ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y Jefe de Cancillería en España y en Finlandia.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado el cargo de Director General de Comunicación Social en dos ocasiones, con el Secretario Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1982) y con el Secretario Bernardo Sepúlveda Amor (1983-1985). Fue Subdirector General de Prensa Extranjera (1980-1982) y Jefe de Departamento (1979-1980) atendiendo a corresponsales extranjeros. Fungió como investigador en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (1978-1979).

Fue Coordinador de Información Internacional de la Presidencia de la República (2003-2005) fungiendo como vocero para la prensa extranjera.

En el ámbito académico fue Director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (1998-2003). Impartió materias de Práctica Diplomática y Consular, Análisis de las Relaciones Internacionales y Comunicación Política Internacional, así como Periodismo Interpretativo.

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Agustín Gutiérrez Canet a una comparecencia, llevada a cabo el 23 de julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México ante Rumania.

El plan de trabajo está encaminado a ampliar y profundizar las relaciones político-diplomáticas, económicas, culturales y de cooperación entre México y Rumania, con el fin de posicionar a México como interlocutor político, económico, cultural y de cooperación. En este contexto, a continuación se describen las acciones más importantes a realizar:

Asuntos Jurídicos

• Impulsar el proceso de negociación o suscripción de instrumentos interinstitucionales de cooperación en distintos ámbitos. Un logro importante para reforzar la cooperación bilateral será la instalación de los mecanismos previstos en dos Convenios vigentes en materia de cooperación científica y técnica y cooperación turística.

Relaciones Políticas

• La celebración de la 5ª Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, revestirá una especial importancia para impulsar el diálogo político entre México y Rumania.

• En cuanto al diálogo parlamentario, ya se integró el Grupo de Amistad con Rumania por parte del Congreso mexicano y se espera la próxima integración del Grupo de Amistad con México en el parlamento rumano.

Relaciones económicas y promoción de inversiones

• Un avance significativo será la celebración en la ciudad de México de la 4ª Reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Cooperación Económica México–Rumania (fecha por definir). La tercera reunión se realizó en Bucarest el 7 de junio de 2011.

• Seguirá impulsándose la instalación del Grupo de Trabajo Bilateral previsto en el Artículo XI del Convenio de Cooperación Turística entre México y Rumania, vigente desde el 6 de febrero de 1995.

Asuntos culturales, educativos y académicos

• La Embajada podría desarrollar varios proyectos en este ámbito durante mi comisión. Destacan por su importancia, la suscripción del programa trienal .de cooperación ya negociado, así como el inicio de un programa de publicaciones de testimonios inéditos de México conservados en instituciones rumanas y de obras mexicanas en idioma rumano.

Cooperación técnica, científica y tecnológica

• La instalación de la Comisión Conjunta de Cooperación Técnica y Científica, prevista en el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Rumania (1995) representará sin duda un logro importante en este rubro.

Promoción de la imagen de México

• Se propone continuar el programa de cooperación con la Sociedad Rumana de Radiodifusión para la divulgación de temas culturales y de interés para México e impulsar un programa similar con la televisión paraestatal rumana. Se continuará el acercamiento con los medios de comunicación en Rumania, con el fin de exponer y proyectar una visión objetiva de la realidad en nuestro país.

Aspectos consulares y de protección

• La Embajada continuará brindando una buena atención consular y tendrá mayor acercamiento con las autoridades migratorias y de seguridad rumanas, con el fin de ofrecer de manera eficiente el servicio de consulta y protección que requieran los miembros de la comunidad mexicana residente en Rumania y los compatriotas que visiten el país.

Impulso a la relación con la comunidad mexicana

• Llevar a cabo diversas actividades con el fin de que la comunidad de mexicanos residente en Rumania pueda mantener contacto con el país y no pierda el vínculo con su Representación Diplomática.

Otros aspectos importantes a desarrollar

• En materia de cooperación bilateral en apoyo al esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico, se apoyará la realización de la segunda reunión del Comité Mexicano-Rumano de Cooperación contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y sus Delitos Conexos, que corresponde celebrar en Bucarest, en 2013.

Las acciones concretas que la Embajada de México en Rumania impulsará y llevará a cabo durante mi dirección coadyuvarán en la consecución de los cinco ejes de acción para el desarrollo nacional, así como en el cumplimiento de los compromisos del Pacto por México:

México en Paz

• Apoyar la celebración de la segunda reunión del comité bilateral sobre narcotráfico, establecido en la Ciudad de México en noviembre de 2012.

• Ampliar el convenio bilateral en la materia para que los trabajos del comité incorporen distintos aspectos del crimen organizado.

México Próspero

• Impulsar la celebración en México de la IV Reunión de Trabajo de Alto Nivel para la Cooperación Económica, presidida por los subsecretarios de Economía. Fecha por definir.

• Suscribir en 2013 el Memorándum de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) y la Autoridad Nacional Sanitaria Veterinaria para la Seguridad Alimentaria de Rumania (ANSVSA) –actualmente en negociación— lo que facilitará la comercialización no triangulada de comestibles frescos.

• Concretar la visita de la Secretaria de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México durante una de las tres importantes ferias turísticas que se realizarán en Bucarest en 2014 o en fecha posterior, ocasión que se aprovecharía para suscribir el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en la materia (actualmente en negociación) y establecer el Grupo de Trabajo previsto en el Convenio de Cooperación Turística suscrito en 1994.

• Identificar y cabildear a grandes inversionistas rumanos para que contemplen oportunidades de inversión en México.

• Traducir al rumano y difundir artículos emblemáticos provenientes de publicaciones especializadas, diarios mexicanos y de la prensa extranjera.

• Circular boletines a las agencias noticiosas rumanas.

• Otorgar entrevistas a distintos canales de TV y radio, señalando virtudes de México como país rico en cultura y foco de atracción de inversión extranjera.

• Celebrar seminarios sobre la actualidad económica y oportunidades de comercio e inversión, en cámaras de comercio, universidades, y en instituciones especializadas. Se difundirá el contenido y las ventajas del TLCUEM y de la Asociación Estratégica México-UE entre cámaras de comercio, empresarios y funcionarios.

• Apoyar la participación de empresarios mexicanos en ferias comerciales que se realizan en Rumania, en colaboración con el COMCE.

Mejor Educación

• Suscribir el Programa de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte para los próximos 3 años.

• Promover el programa de becas, enfocado a intercambios académicos y estudiantiles.

• Explorar con la parte rumana la mejor vía para lograr el reconocimiento de títulos académicos y validación de estudios, particularmente a la luz de los compromisos adquiridos por Rumania frente a la Unión Europea.

Responsabilidad Internacional

• Celebrar, en el futuro próximo, la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de subsecretarios de Relaciones Exteriores (la última de ellas se celebró en México en 2009).

• Fortalecer el diálogo parlamentario con la visita a Rumania del Grupo de Amistad México–Rumania de la Cámara de Diputados, en atención a la invitación que envió la anterior legislatura rumana a finales de 2010.

• Suscribir en 2013 el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación para la Protección del Medio Ambiente y la Gestión del Agua entre el Ministerio de Medio Ambiente de Rumania y la SEMARNAT –actualmente en negociación—, lo que abrirá el camino a esta industria para una amplia cooperación de beneficio mutuo.

• Continuar con la propuesta de nombrar a empresarios rumanos de Constanza y Timisoara –dos importantes polos económicos alejados de Bucarest— como cónsules honorarios de México.

• Identificar intereses comunes en temas de la agenda mundial, aprovechando la situación de Rumania en la región del mar Negro, Europa oriental y por su propia pertenencia a la Unión Europea.

Cooperación cultural, científica y tecnológica

• Presentar películas mexicanas contemporáneas en Bucarest y en otras ciudades importantes de Rumania para familiarizar al público rumano sobre la vida y la cultura del país.

• Organizar una exposición mexicano-rumana de fotografías contemporáneas tomadas por mexicanos residentes en Rumania y rumanos que han visitado México recientemente.

• Exhibir colección de láminas (propiedad de la Embajada) sobre la historia de la arquitectura mexicana.

• Establecer la Comisión Conjunta de Cooperación Técnica y Científica contemplada en el convenio bilateral firmado en 1994.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Está a discusión el punto de Acuerdo, no habiendo oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: A continuación, por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal solicitando a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente se emitieron 30 votos en pro, cero votos en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumanía. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, por lo que solicito a las y los legisladores Senadora Angélica Araujo Lara, Diputada Adriana González Carrillo, Senador Armando Ríos Piter, Senador Carlos Alberto Puente Salas y Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumanía, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre de la Comisión Permanente le deseamos mucho éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe al Embajador Gutiérrez Canet cuando así lo desee.

(La comisión cumple)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Andrés Isaac Roemer Slomianski, nació el 12 de julio de 1963 en la Ciudad de México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae que establece que el C. Andrés Roemer es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ambas Licenciaturas con Mención Honorífica. Cuenta con Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Massachusetts; Doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley, y Postdoctorado en Códigos Culturales y Psicología Evolutiva por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

Desde 2007 es Presidente de Poder Cívico, A. C. y Curador del Festival “La Ciudad de las Ideas”. En Proyecto 40 y Azteca 13 se ha desempeñado como creador y conductor de más de 1,300 programas (2003-2013).

Ha fungido como: Secretario Técnico “B” de la Política Cultural en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2000-2003); Presidente del Berkeley Center for Best Practices Research (1999-2002); Secretario Técnico para el Desarrollo Social de la Oficina del Presidente Ernesto Zedillo (1998-1999); Consultor Principal para Latinoamérica en temas de Política Pública, Liderazgo y Negocios en Booz Allen & Hamilton, Ciudad de México (1997-1998); Asesor del Presidente en temas especiales para el Nuevo Federalismo en México, oficina del Presidente Zedillo (1995-1997); Asesor del Presidente Carlos Salinas de Gortari en Campaña Presidencial, y Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, avalado por el Senado de la República en 2010.

En el ámbito académico, ha sido Profesor titular en la Escuela de Política Pública de la Universidad de California en Berkeley (1993); Profesor asistente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de laUniversidad de Harvard (1990), y Profesor titular en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1987-2000) y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (1997-1999).

Microsoft Corporation creó en su nombre el “Premio Microsoft Andrés Roemer para el Desarrollo del Derecho y Economía por distinción en el servicio a la comunidad académica” en 2006.

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Andrés Isaac Roemer Slomianski a una comparecencia, llevada a cabo el 23 de julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción del Consulado General en San Francisco.

El plan de trabajo presentado se enfoca en tres ejes centrales: reforzar las acciones para la atencióny defensa de las comunidades radicadas en la circunscripción consular de San Francisco, mejorando así sus condiciones de vida; elaborar estrategias y una intensa promoción de los intereses políticos, económicos, científicos, académicos y culturales de México, incluyendo y haciendo especial énfasis en la imagen de nuestro país, y por último, cultivar relaciones sustentables y de largo plazo con los principales actores de la circunscripción consular para el beneficio e interés de México.

El Consulado General instrumentará las siguientes acciones:

Asuntos políticos

• Fomentar y fortalecer el contacto con las oficinas del gobernador y sus principales colaboradores (y las respectivas oficinas estatales de atención a migrantes) para impulsar los temas de la agenda de México con California.

• Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos y legisladores locales.

• Entablar el diálogo y la comunicación con los alcaldes y los consejos de supervisores de los trece condados de la circunscripción del Consulado General, y revisar los antecedentes en las relaciones con estas instituciones gubernamentales para retomar y mantener el diálogo con oficinas estratégicas.

• Establecer una relación estrecha con el Alcalde de San Francisco, Edwin Mah Lee, demócrata, y el Consejo de Supervisores, aprovechando la apertura que han mostrado en favor de temas como mantener el estatus de “ciudad santuario”.

• Construir una relación con las oficinas de las Senadoras federales demócratas, Barbara Boxer y Diana Feinstein, así como con los distintos Representantes federales, en particular Nancy Pelosi, en la circunscripción para apoyar los temas de interés de México que la Cancillería y la Embajada promueven en el Congreso de los Estados Unidos.

• Proponer visitas de funcionarios para elevar el diálogo político en California, además propiciar visitas de autoridades del área de la circunscripción de este Consulado a México, para que conozcan concretamente los avances en materia de concertación política, social, oportunidades de comercio e inversión, combate al hambre y a la pobreza, seguridad pública, y combate a la corrupción.

• Informar a los connacionales sobre las ventajas de obtener sus documentos de identidad mexicanos.

• Establecer comunicación con las autoridades judiciales, los departamentos de policía estatal y de los trece condados que cubre la circunscripción consular, a efecto de sensibilizarlos sobre la problemática que enfrenta la comunidad mexicana.

• Realizar un acercamiento similar con los congresistas estatales para fomentar posiciones en favor de los intereses de México y de los mexicanos en la circunscripción consular.

• Mantener una relación cercana y comunicación continua con la Embajada de México en Washington con el fin de desarrollar y coordinar un mensaje armonizado y consistente ante aliados y nuevos aliados (grupos no tradicionales).

• En coordinación con la Cancillería y la Embajada, proveer a las oficinas de todos los actores políticos de la circunscripción consular información sobre los distintos temas de la realidad de México, tanto coyunturales como de otros acontecimientos de la vida nacional.

• Efectuar un seguimiento puntual del desarrollo de la política de los trece condados que le corresponden al Consulado General para informar a la Cancillería y a la Embajada de México en Washington.

• En coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Washington efectuar un acercamiento con las organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos y del medio ambiente para proveerles de información oportuna sobre estos temas de su interés en México.

• Aumentar la cooperación con el Consulado General de México en San José con el fin de generar proyectos en conjunto, en especial en cuanto a las universidades y empresas de alta tecnología que se encuentran integradas económica y académicamente al Área de la Bahía de San Francisco.

• Fortalecer los vínculos con las representaciones consulares de otros países acreditadas en San Francisco.

Asuntos consulares

• Acompañar a los connacionales en el proceso de discusión sobre una reforma migratoria en Estados Unidos.

• Realizar campañas de información en todo momento sobre el estado que guardan las discusiones sobre la reforma migratoria.

• Vigilar de la mano con autoridades estadounidenses y ONGs el debido cumplimiento de los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos; en especial de los recién llegados. Además, en caso de existir abusos, denunciarlos ante las instancias correspondientes.

• Reforzar la presencia y el contacto del Consulado General con la comunidad mexicana, a través de la comunicación y diálogo permanente con sus líderes (tanto en organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como iglesias y sindicatos) a efecto de conocer sus inquietudes y atender las necesidades urgentes de asistencia consular.

• Incrementar la organización comunitaria en los distintos condados y ciudades de la circunscripción del Consulado General, con la creación de mecanismos de comunicación de alerta temprana que permitan prevenir situaciones adversas y notificar de inmediato al Consulado General de posibles abusos por autoridades o grupos antiinmigrantes.

• Reforzar las campañas informativas en los medios de comunicación locales sobre los derechos de los mexicanos, así como de las medidas preventivas para evitar infringir las leyes locales. Especial énfasis se pondrá en las comunidades más alejadas de la sede del Consulado General, incluyendo el estado de Hawaii.

• Junto con el apoyo de las organizaciones tanto mexicanas como de las oriundas de la circunscripción, implementar campañas focalizadas para la difusión de las medidas de protección a mexicanos en el extranjero.

• Establecer una estrecha y fluida comunicación con las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Mexican AmericanLegal and Education Fund (MALDEF) y American Civil Liberties Union (ACLU), que dedican esfuerzos especiales, tanto a nivel local como nacional, para hacer frente a medidas ejecutivas y legislativas adversas para los derechos o intereses de los inmigrantes indocumentados.

• Establecer relaciones con los principales medios de comunicación.

• Estrechar los mecanismos de coordinación con la Cancillería y la Embajada en Washington, a efecto de contribuir al sistema de monitoreo y alerta temprana, que permita una visión general sobre las medidas y acciones de corte migratorio.

• Fortalecer los programas de defensoría legal en materia migratoria a efecto de proporcionar información sobre el proceso al que estén sujetos algunos connacionales y de las alternativas jurídicas que les ofrezca las leyes migratorias.

• Ante la eventualidad de un abuso o violación de los derechos de un connacional, por cualquier autoridad o individuo, instrumentar las acciones judiciales en contra de los responsables mediante las demandas correspondientes en distintas cortes hasta sus últimas consecuencias. Este mecanismo se utilizará con los programas y apoyo de la Cancillería y la Embajada con el propósito de lograr el máximo castigo de los culpables que violen los derechos de los mexicanos y dejar en claro que el gobierno de México no tolerará este tipo de acciones.

• Reforzar la comunicación con las autoridades migratorias y policíacas para exigir y garantizar un trato respetuoso de los mexicanos bajo su custodia, además de asegurar que se dé cumplimiento a la notificación y acceso consular a las personas que se encuentren detenidas.

• Revisary actualizar los acuerdos formales para la comunicación con las autoridades migratorias de la circunscripción y el Consulado General y recomendar a la Secretaría de Relaciones Exteriores los ajustes necesarios para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos.

• Vigilar que las repatriaciones de mexicanos se realicen de acuerdo con los compromisos establecidos por ambos gobiernos, con un trato digno y con pleno respeto a sus derechos humanos.

Protección a mexicanos, asuntos legales y derechos laborales

• Promover al interior de las comunidades mexicanas dentro del área de circunscripción de este Consulado un mejor conocimiento y acceso a información de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno de México para la atención de las comunidades mexicanas en el exterior, mismas que puedan ayudar a prevenir condiciones de riesgo.

• Velar por el respeto de los derechos humanos, civiles, legales y laborales de todos los mexicanos que residen en el área de la circunscripción de este Consulado.

• Asesorar, orientar y asistir a los mexicanos que requieren asistencia jurídica, y a los mexicanos que se encuentren internados en instituciones penitenciarias de esta circunscripción.

• Intensificar el programa de las visitas a los centros de detención y a las cárceles en la circunscripción del consulado y efectuar el seguimiento puntual de los casos de pena de muerte que le corresponden al Consulado General.

• Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la circunscripción, igual a los que hayan sido adoptados por residentes del área para asegurar que se encuentren en buen estado físico y mental, y que se cumplan las obligaciones contraídas por los adoptantes.

• Mejorar la eficiencia y calidad de atención y asistencia a los connacionales en el área.

• Asistir y respaldar los esfuerzos de funcionarios y líderes que promueven iniciativas que favorecen los intereses de la comunidad migrante mexicana.

• Reforzar los programas y mecanismos establecidos con las autoridades del Departamento de Trabajo y las autoridades estatalespara vigilar y hacer respetar los derechos de los trabajadores mexicanos en la circunscripción del Consulado General de México en San Francisco.

• Mejorar la comunicación con el gobierno federal, estatal y municipales, organismos institucionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y académicas, cuyo trabajo se relaciona con la atención a nuestros connacionales.

• Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por autoridades migratorias estadounidenses. En este sentido, fortalecer los contactos y diálogo con dichas autoridades para tener conocimiento de incidentes y operativos con sentido de oportunidad.

• Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos laborales con base en los acuerdos suscritos entre la Cancillería y el Departamento de Trabajo de EUA.

• Establecer los mecanismos y las alianzas necesarias con otras organizaciones y sindicatos para difundir de manera sistemática información sobre derechos laborales y condiciones de seguridad, alimentación e higiene en los lugares de trabajo.

• Realizar una campaña de información para combatir la violencia doméstica, un problema que se ha observado en la comunidad mexicana en Estados Unidos.

• Recibir y canalizar a las autoridades laborales federales y estatales las denuncias de abusos laborales, condiciones de peligro en los lugares de trabajo y organizar sesiones de entrenamiento y prevención para disminuir los accidentes y muertes en los lugares de trabajo.

• Ofrecer la ayuda jurídica especializadapara llevar casos de abusos de trabajadores mexicanos en las distintas cortes, en estrecha coordinación con la Cancillería.

• Capacitar al personal para dar a conocer los derechos laborales de los trabajadores legales e indocumentados en el contexto de una posible reforma migratoria. Para esto se pretende realizar alianzas con medios de comunicación y ONGs.

• Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores.

• Recomendar a la Cancillería y a la Embajada las acciones complementarias que se deban adoptar con las autoridades del Departamento del Trabajo para hacer más eficientes los compromisos establecidos para la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos, al margen de su condición migratoria, así como de las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.

Documentación consular

• Elevar la productividad y la calidad de atención al público en la expedición de documentos como la matricula consular, pasaporte, poderes notariales, registro civil y cartilla del servicio militar nacional.

• Revisar el sistema actual de citas telefónicas y los procesos de emisión de documentos e identificar metodologías de mejora continua que permitan otorgar un servicio de calidad en el menor tiempo posible.

• Expandir las sesiones y la frecuencia de visitas de los consulados móviles en las zonas más alejadas de la sede consular con el propósito de incrementar la presencia y el contacto del Consulado General con toda la comunidad mexicana residente en la circunscripción.

• Ampliar al máximo el calendario de los consulados móviles en el estado de Hawaii, de acuerdo con los recursos disponibles. Se requiere una partida adicional para extender las visitas a la creciente comunidad mexicana mediante este programa.

• Continuar con la promoción del reconocimiento de la Matrícula Consular como documento oficial de identidad de los mexicanos, al margen de su condición migratoria, con el propósitode facilitarles el acceso a distintos servicios incluido la apertura de cuentas bancarias.

• Desarrollar mecanismos de consulta y evaluación sobre la calidad y eficiencia en la expedición de documentos, a fin de mantener y mejorar los servicios de documentación a la comunidad mexicana y a los extranjeros que acuden a las oficinas del Consulado General.

Asuntos comunitarios

• Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la circunscripción de consulado General de México en San Francisco, ONGs mexicanas y latinas. Asimismo, brindar apoyo a las iniciativas de dichas organizaciones y comunidades.

• Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de origen mexicano mediante la expansión de las actividades impulsadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

• Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de liderazgos de organizadores migrantes a través de seminarios de capacitación en desarrollo organizacional y administración para clubes y federaciones.

• Ofrecer seminarios sobre los servicios y programas del Consulado para los representantes de grupos comunitarios.

• Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de los derechos humanos de los hispanos.

Educación

• Continuar y expandir las “plazas comunitarias” en las que se ofrecen servicios educativos a la población adulta.

• Vincularse más efectivamente con la SEP en cuanto a la educación a distancia. Apoyar para difundir este programa.

• Apoyar la educación de los niños de origen mexicano, con la distribución de colecciones de libros de texto gratuito en español por año en escuelas, bibliotecas, plazas comunitarias y centros comunitarios.

• Impulsar el intercambio de maestros con el apoyo del Departamento de Educación de California y el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), que permite estancias desde ocho semanas hasta tres años a docentes mexicanos en escuelas con alta población de niños de origen mexicano.

• Impulsar, junto con la SEP y CONACULTA la presencia cultural y educativa de México en Estados Unidos.

• Establecer una red de organizaciones no gubernamentales e institutos académicos que apoyen a la población mexicana a que aprendan el idioma inglés. Además fomentar una red similar pero para promover el aprendizaje del español, especialmente entre los niños y jóvenes. Esto con el objetivo de formar jóvenes conjuntamente competentes en ambas idiomas.

• Promover la educación de niños y jóvenes mexicanos o hijos de mexicanos, tanto en educación básica, como media superior, así como universitaria.

Salud

• Participar activamente en las Semanas Binacionales de Salud desarrolladas por la red consular de México en Estados Unidos, para promover una cultura de la prevención y un mejor conocimiento en el acceso a los servicios de salud disponibles.

• Impulsar las acciones de los acuerdos suscritos entre la Cancillería con el Servicio de Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para que los mexicanos que califican puedan acceder a los programas nutricionales que brinda esta agencia, entre los que se encuentran los vales para recibir comida, desayunos escolares, e información sobre una adecuada nutrición para prevenir y reducir el problema de la obesidad en la población mexicana.

• Impulsar el programa “Ventanilla de Salud” que brinda orientación a los migrantes sobre recursos de salud disponibles en sus comunidades. Además información sobre salud preventiva, incluyendo:planificación familiar, diabetes, cuidado a personas mayores, nutrición y enfermedades del corazón, con exámenes gratuitos de colesterol, glucosa y presión sanguínea a las personas que diariamente acuden al Consulado.

• Celebración de ferias de salud en toda la circunscripción consular para promover entre la comunidad mexicana los programas de salud que se desarrollan con la cooperación de las instancias estatales y federales en la materia.

• Campaña de difusión en materia de protección social para migrantes legales e indocumentados, en especial niños y mujeres embarazadas que pueden ser cubiertos por programas de salud independientemente de su estatus migratorio.

Promoción comercial

• En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y PROMEXICO, se promoverá la importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, facilitando la comercialización directa con productores mexicanos.

• Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal de la región con objeto de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del comercio bilateral y en la promoción de coinversiones en México.

• Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios comerciales, a diferentes estados de la República Mexicana.

• Apoyar al Consejo Empresarial Mexicano del Area de la Bahía (CEMAB), que reúne a empresarios mexicanos de distintas industrias, en distintas actividades de promoción comercial, como seminarios de negocios, promoción de inversiones y ampliación de redes de contactos empresariales. Igualmente es un enlace con las Cámaras de Comercio.

• Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio en la circunscripción del Consulado General, importadores y distribuidores de productos mexicanos, y por sector productivo, en la identificación de potenciales inversionistas en el territorio mexicano. De igual manera, compartir información sobre nichos de inversión y productos mexicanos sujetos de promocionarse en la circunscripción consular.

• Vincularse a las actividades de San Francisco Global Trade Council (Latin America Bussiness Building Initiative), compuesto por representantes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, del San Francisco Global Trade Council, de la Cámara de Comercio de San Francisco, de la academia, así como por Consulados latinoamericanos (México, Brasil, Colombia y Perú) y personas de negocios. Esta asociación apoya los intercambios, lapromoción comercial y de inversiones de América Latina dentro del Área de la Bahía.

• Participar en los trabajos de las Cámaras de Comercio Hispanas que existen en el Area de la Bahía y en las campañas de promoción económica.

• Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región instaladas en México, con objeto de que se incremente la inversión de estas en el territorio nacional. Fortalecer el diálogo con los actores económicos fundamentales con un mensaje consistente e innovador.

• Mantener la relación con las instituciones financieras para apoyar oportunidades de negocios e inversiones en México.

• Canalizar a través de las representaciones de Bancomext (Los Angeles), la Secretaría de Comercio y oficinas comerciales de los distintos estados de la República, a las personas de negocios interesadas en expandir sus operaciones en México o producir en nuestro país.

• Generar una nueva red de inversión entre los empresarios establecidos en San Francisco y los establecidos en México con el fin de ampliar el número de negocios existentes entre ambas partes.

• Promover las oportunidades de negocio en México.

Promoción cultural y turística

• Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar el diálogo, el entendimiento y las alianzas en California, e impulsar una percepción favorable de la realidad mexicana.

• Buscar una mayor presencia y permanencia en los medios, particularmente electrónicos, e informar sobre asuntos de interés (inversión, negocios, buenas noticias, etc.).

• Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de los tres niveles de gobierno en México.

• Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de habla hispana.

• Promover el turismo cultural y el turismo de reuniones, junto con el Representante del Consejo de Promoción Turística Mexicana (CPTM), la Secretaría de Turismo, y las Oficinas de Convenciones y Visitantes.

• Promover el intercambio de exposiciones entre museos de México y de la circunscripción consular.

• Ofrecer las redes e instalaciones del Consulado para eventos artísticos y culturales.

• Ofrecer apoyo a artistas mexicanos con la red de conexiones culturales del Consulado.

Asuntos académicos

• Impulsar la investigación y publicación de estudios sobre temas de interés de la relación bilateral en su conjunto y en particular con California.

• Incrementar y establecer nuevos programas de becas e intercambio de estudiantes mexicanos y estadounidenses.

• Propiciar nuevos acuerdos de cooperación científica y tecnológica entre instituciones de California y México con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de centros de investigación y consejos académicos en México.

• Promover vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios para impulsar el otorgamiento de apoyos a estudiantes mexicanos mediante el Programa IME Becas.

• Promover foros de discusión sobre temas de la realidad mexicana, de los mexicanosen California y en general en los Estados Unidos.

• Efectuar entrevistas con los rectores de las instituciones de educación superior en el área, no sólo para conocer sus planes de estudio y las posibilidades de cooperación con sus homólogas mexicanas a través de conferencias o seminarios, sino también conocer sus programas de promoción cultural, investigación migratoria y apoyo a emprendedores, y proponer proyectos de colaboración.

• Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en la circunscripción para lograr que las actividades tengan el mayor impacto en las instituciones y población local, y sobre todo, entre la comunidad mexicana radicada en la localidad.

•Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre estudios relativos a las aportaciones de los inmigrantes en California.

Fomento del emprendedurismo e innovación

• Acercar a las empresas más innovadoras en el área, incluyendo a Google, Facebook, Apple, Yahoo! y Twitter, incluyendo a empresas de tecnología limpia (“cleantech”), con el fin de establecer alianzas y hacer propuestas que puedan ayudar a emprendedores mexicanas lanzar o mejorar sus proyectos.

• Vincular a los emprendedores mexicanos en ambos lados de la frontera con empresarios de San Francisco para potenciar el desarrollo de los emprendedores, aprovechando la alta concentración de empresas de software, de alta tecnología y de tecnología verde.

• Hacer enlaces con inversionistas locales con el fin de presentarles proyectos de los emprendedores mexicanos en sesiones de match-making creativas.

• Acercar a incubadoras y aceleradoras de negocio que puedan ayudar y guiar a los emprendedores mexicanos para mejorar sus proyectos y hacerlos más innovadores y rentables.

• Crear una base de datos con los contactos de empresas innovadoras, inversionistas e incubadoras mencionadas para compartir con emprendedores y empresarios mexicanos en California y en México.

• Hacer enlaces entre estos actores claves en California y sus equivalentes en México a través de entrevistas, reuniones y eventos informales con el fin de compartir recursos, información y apoyo mutuo para ayudar a nuevos emprendedores.

• Crear varios capítulos de la “Red de Talentos”, que es el programa instrumentado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora mexicana calificada y talentosa, aprovechando la presencia de mexicanos con dicho perfil para que contribuyan a fortalecer el desarrollo y la innovación tecnológica en nuestro país.

• Impulsar a los capítulos de la Red de Talentos a crear foros de intercambio de conocimientos, ideas y experiencias para fomentar sinergias y una red de contactos para el desarrollo profesional y personal de sus miembros.

• Informarse y comunicar noticias y contribuciones del sector tecnológico de emprendedores y de innovación, además de nuevas políticas y recomendaciones del mismo, con el fin de tener un mejor entendimiento de las oportunidades y retos para emprendedores mexicanos en el exterior y en la nación.

• Junto con el IME, el CONACYT, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Mundial, fortalecer la red de talentos mexicanos en California con el fin de aprovechar e intercambiar conocimientos, experiencia, transferir habilidades y capacidades de inversión.

• Crear sinergias entre los actores fuertes en la industria de innovación, tecnología limpia y emprendedurismo, y los institutos académicos en la circunscripción consular con la Red de Talentos e institutos mexicanos de investigación, con el fin de incrementar la red de contactos, negocios y enlaces que se pueden hacer entre todos los agentes.

• Hacer acuerdos con ProMéxico para llegar a los emprendedores mexicanos y estadounidenses en el área de la circunscripción consular, sobre todo a través de las universidades (UC Berkeley, UCSF, Singularity University) y ONGs.

• Difundir el Programa 3x1 y los nuevos programas de aprovechamiento de remesas para proyectos productivos que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural.

Visto lo anterior y habiéndose oído a la ciudadano propuesto como Cónsul General, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

II. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Roemer Slomianski reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se va a recoger la votación nominal, solicitando a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. Iniciaremos por el lado derecho.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 31 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, por lo que solicito a los legisladores Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senador Héctor Larios Córdova, Senador Armando Ríos Piter, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, Diputado Luis Antonio González Roldán y la Diputada Adriana González Carrillo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Andrés Isaac Roemer Slomianski: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Cónsul!

A nombre de la Comisión Permanente, le deseo éxito en su encargo.

(Aplausos)

Damos paso a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General en México en San Juan, Puerto Rico.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que confirman el expediente respectivo, esta Comisión señala que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el Licenciado Orlando Arvizu Lara, nació el 30 de noviembre de 1944 en Hidalgo, México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae del Cónsul designado, del cual se desprende que es Periodista y Locutor.

Se ha desempeñado como Senador de la República en las LV y LVI Legislaturas; Diputado Federal a las LIV y LVIII Legislaturas, y comoDiputado Federal Suplente de la LI Legislatura en funciones por 7 meses.

El C. Arvizu Lara ha fungido como Subdelegado del Departamento del Distrito Federal en la Delegación Venustiano Carranza; Director de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, y Director de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, y Director del Centro Interamericano de Capacitación Turística Cicatur-OEA. Ha ocupado diversos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional y Delegaciones Generales del Partido Revolucionario Institucional.

II. La Segunda Comisión citó al ciudadano Orlando Arvizu Lara a una reunión, llevada a cabo el 23 de julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción del Consulado General en San Juan, Puerto Rico.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en cuenta el potencial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a fin de incrementar y fortalecer la presencia de nuestro país a través de las siguientes líneas de acción:

• El Consulado General se vinculará e interactuará con la comunidad mexicana residente en Puerto Rico para conocer las demandas y necesidadesde los connacionales.

• Se dará especial importancia a la prevención consular, misma que ha permitido mayor concientización de los actores involucrados en el complejo proceso de la migración y ha evitado o reducido innumerables casos de abusos contra nuestros connacionales. Con esta estrategia se pueden fortalecer y optimizar acciones para trabajar con las comunidades ya establecidas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, comunicando información que le permita a la comunidad mexicana estar enterada de sus derechos y sus obligaciones, así como de los riesgos a los que pueden enfrentarse. Con estas medidas se pretende disminuir la comisión de faltas y omisiones, así como de abusos a que tradicionalmente están sujetos los mexicanos en el exterior, que en muchas ocasiones se derivan de la falta de conocimiento de sus prerrogativas y responsabilidades.

• Actualizar el Censo de Connacionales en Puerto Rico y promover el Registro para Mexicanos en el Exterior.

• Una vez actualizado el padrón de residentes connacionales se continuará con el acercamiento con la comunidad mexicana para brindar orientación sobre los servicios consulares y de protección que ofrece el Consulado General.

• A través del Registro de Mexicanos en el Exterior se buscará dar respuesta de una manera expedita y eficaz a todos aquellos mexicanos que se encuentren en situaciones de riesgo. Al proporcionar la información que es solicitada se estarán facilitando y haciendo más efectiva la labor de protección del Consulado y en general de todas las representaciones de México en el exterior.

• Brindar asistencia jurídica, legal, consular e intermediación con las autoridades locales y Federales, así comoprotección y asistencia diplomática a través de la intervención directa de la Embajada de México con Estados Unidos.

• Se promoverá la obligación del Estado receptor de dar cumplimiento a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que obliga a sus partes a dar inmediata notificación a las autoridades consulares, de conformidad con lo establecido en su Artículo 36, cuando así lo requiera un nacional, para que se le preste asistencia jurídica. Para ello, se orientará particularmente a las autoridades policiacas y carcelarias federales y locales sobre la importancia y repercusiones jurídicas de la notificación consular.

• Paralelamente, se impulsará la defensa jurídica de los casos que lo ameriten ante los tribunales competentes, a fin de crear precedentes legales que beneficien no sólo a quienes se ven afectados en lo particular, sino a todos aquellos que pudieran encontrarse en la misma situación. La actuación de los abogados defensores es primordial para reiterar que el Gobierno de México, a través de sus Consulados salvaguarda los derechos de los mexicanos.

• Fortalecer la red de abogados consultores a fin de que brinden orientación sobre cuestiones legales en general y sobre asuntos penales, civiles y administrativos, en particular, para la defensa de los derechos e intereses de los connacionales. Con ello, se pretende consolidar el Programa de Asistencia Jurídica en el Consulado General y ampliar la oferta de abogados que deseen participar en él.

• Ampliar y reforzar las relaciones con las autoridades locales, tal como la oficina distrital del Servicio de Inmigración y Ciudadanía así como con los Jefes Policiacos y autoridades locales. Esta relación es de suma importancia, ya que son estas entidades a las que se enfrentan en primera instancia nuestros connacionales durante su estadía en los Estados Unidos, y en la medida en que las relaciones sean cordiales y estrechas con el Consulado General, se podrá brindar una mejor asistencia y protección a los mismos, en particular cuando son detenidos por condiciones migratorias irregulares.

• Coadyuvar activa y propositivamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el mejoramiento de los servicios consulares.

• Documentación.- En lo referente a la expedición de documentos a mexicanos, se procurará la expedita y segura emisión de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente, buscando siempre, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la búsqueda de sistemas seguros y modernos que faciliten esta tarea.

• En cuanto a la documentación a extranjeros, se continuará con la política de puertas abiertas a todo ciudadano de otro país que cumpla con los requisitos para ingresar a nuestro país, ya sea como turista, cooperante, hombre de negocios, técnico u observador.

• Se promoverá, en todo momento, el trato eficiente, amable y digno de los funcionarios y empleados del Consulado General hacia los usuarios de los servicios de documentación. Se continuará, además, con la promoción de la matrícula consular de alta seguridad como un documento confiable y seguro que beneficia a la comunidad mexicana.

• En todos los casos y modalidades de documentación se mantendrá una estrecha coordinación con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, a la luz de la nueva Ley de Migración Mexicana.

• Vinculación con la comunidad mexicana.- Se fortalecerán las relaciones con la comunidad mexicana avecindada en la circunscripción del Consulado General, reforzando para ello los lazos con los connacionales residentes y realizando acercamientos mediante nuevas estrategias que permitan un mayor intercambio de ideas en beneficio de las comunidades y de México.

• Se mejorarán y ampliarán los canales de interlocución con los connacionales, para conocer sus necesidades básicas y así poder generar programas y acciones más efectivas que cubran las mismas.

• En materia de vinculación educativa, se continuará con la distribución de los libros de texto gratuito y se incrementará su distribución. Este programa permite un acercamiento directo con las familias y en particular con los niños quienes se benefician directamente del conocimiento sobre México, su cultura, historia y sociedad a través de estos libros, a la vez que establecen una relación positiva con el Consulado General.

• En el rubro de salud, el Consulado General mantendrá su apoyo a las organizaciones comunitarias hispanas que solicitan la participación consular para los programas de preservación de la salud.

• Asuntos políticos.-Dada la importancia que reviste un Consulado General y como parte de la política establecida para realizar sus funciones, la Representación Consular en San Juan promoverá el acercamiento con autoridades locales para generar el interés en nuestro país en los rubros político, económico, cultural y de cooperación en general. De igual manera, se explorará la manera para incrementar los intercambios de visitas de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo con vistas para afianzar los vínculos.

• El Consulado mexicano deberá fortalecer su representación de acuerdo con la jerarquía que actualmente tiene México en América Latina y en el mundo. Se procurará ampliar y profundizar los canales de comunicación con las instancias nacionales, estatales y municipales del gobierno puertorriqueño a fin de afianzar los vínculos de entendimiento y cooperación en los múltiples rubros que conforman la relación consular y bilateral.

• Por otra parte, se requiere una mayor presencia del Consulado General en las dependencias involucradas en la administración de justicia, con el fin de conocer los apoyos que pueden ofrecerse a los detenidos de nacionalidad mexicana, a las connacionales que han sido objeto de violencia doméstica y a conocer las disposiciones internacionales en materia de notificación consular, de acuerdo con los instrumentos jurídicos en la materia suscritos por México y los Estados Unidos.

• Relaciones económicas y comerciales.- Se promoverá asiduamente el pleno aprovechamiento de las oportunidades de negocios, y se fungirá como promotor para atraer inversiones productivas hacia México.

• Trabajando junto con la Secretaría de Economía, se llevará a cabo un programa de divulgación entre las autoridades estatales, los empresarios y las cámaras de comercio de la circunscripción consular, de las posibilidades de intercambio comercial con empresarios mexicanos.

• Promoción turística.- En colaboración con la Secretaría de Turismo, se promoverán aquellos programas que apuntalen las estrategias para atraer visitantes hacia destinos en la República Mexicana. Se promoverá, además, la conveniencia de restablecer vuelos directos entre la Ciudad de México y San Juan.

• Se apoyará y promocionará la Asociación de los Estados del Golfo de México, dada la importancia estratégica de la zona referencia y su inmenso potencial económico.

• De manera especial, se impulsarán los intercambios comerciales de la pequeña y mediana empresa de la región con sus contrapartes en México.

• Asimismo, y junto con Pro México, se contribuirá en la identificación y atracción de inversión extranjera y se estimulará a las empresas mexicanas a tener presencia en Puerto Rico; en lo particular, en aquellas consideradas como pequeñas o medianas y se acercará a los inversionistas locales para promover proyectos de inversión específicos en México.

• Cultura, Turismo y Deportes.- El objetivo primordial del Consulado General consistirá en la difusión al interior de la circunscripción de las manifestaciones culturales de nuestro país para incrementar el conocimiento de nuestras tradiciones, historia y valores artísticos, procurando promover así una mejor imagen de México y de los mexicanos ahí radicados.

• Activar la relación cultural a partir de nuestras relaciones artísticas promoviendo las semanas culturales, de literatura, arte, música y cinematografía, así mismo propiciar la celebración de seminarios del conocimiento de riquezas gastronómicas de nuestro país, así como sus rutas históricas que comprenden el turismo arqueológico y cultural.

• Promover el turismo mexicano en Puerto Rico.

• Se promoverá la difusión de los deportes practicados en México y sus principales exponentes, tanto entre los connacionales como con la población local como una manera de aumentar la vinculación de la comunidad mexicana con la Representación Consular, con la práctica del deporte y con México. En este rubro se mantendrán las actividades que se organizan y se buscará la participación de atletas de origen mexicano en competencias de excelencia o renombre que se celebren en Puerto Rico.

• Se procurará fomentar el intercambio y la cooperación deportiva entre diversas instancias mexicanas y puertorriqueñas en apoyo al deporte universitario y a la práctica de modalidades que sean populares en ambas naciones. Se buscará también la participación de equipos deportivos mexicanos en Puerto Rico para promover una imagen positiva de nuestro país.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano designado como Cónsul General, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

II. Los legisladores integrantes de la Segunda Comisión hemos constatado que el C. Arvizu Lara reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal, solicitando a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. Iniciaremos por el lado derecho.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 25 votos en pro, 4 abstenciones y 0 en contra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Orlando Arvizu Lara, por lo que solicito a los legisladores Diputado Manuel Añorve Baños, Senador Armando Ríos Piter, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Senador Francisco Domínguez Servién, Senador Marco Antonio Blasquez Salinas, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano Orlando Arvizu Lara: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Orlando Arvizu Lara: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Cónsul!

A nombre de la Comisión Permanente le deseamos mucho éxito en su encargo.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo, sobre los que no se tienen reservas, para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar o, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes con relación a las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del Estado que hayan sido denunciadas.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta la Fiscalía General del Estado de Durango a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la presidencia municipal de San Dimas, Durango, por el Partido Movimiento Ciudadano.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno de Oaxaca a intensificar las investigaciones para esclarecer los hechos del deplorable atentado perpetrado en contra de la candidata al congreso del estado, Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus familiares.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal, durante 2012 y 2013.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas a policías federales y agentes migratorios por actos de extorsión y abusos cometidos contra migrantes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

1. México es un país de destino y tránsito para millones de migrantes, personas que en muchas ocasiones sufren prácticas de racismo, intolerancia, discriminación y abusos por parte de autoridades corruptas. Y aunque se han logrado avances considerables en el fortalecimiento de un marco legal más favorable para los migrantes, todavía falta mucho por hacer.

A principios del año 2011 se derogo el tipo penal que criminalizaba la entrada irregular de personas a nuestro país y, posteriormente, el 25 de mayo de 2011, se publicó la nueva Ley de Migración, un ordenamiento que privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos tomando como pilar fundamental la dignidad humana de los migrantes. Sin embargo, y como pasa con toda política pública, los problemas no se resuelven por simple decreto. En particular, en el tema migratorio, además de corregir las fallas o lagunas jurídicas que todavía existen, es necesario que los responsables de aplicar e instrumentar los ordenamientos legales lo hagan correctamente, pues una buena ley no es garantía de nada si las autoridades no tienen la voluntad de combatir los problemas.

2. Lamentablemente, hoy en día nos enteramos con frecuencia de los abusos y las practicas deleznables que todavía cometen algunas autoridades, funcionarios que carecen de honestidad y que actúan al margen de sus obligaciones legales deteniendo a migrantes para obtener algún beneficio personal. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado que la mayoría de las violaciones de derechos humanos contra migrantes irregulares ocurren durante operaciones autorizadas para hacer cumplir la ley, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Hace unas semanas se dio a conocer que agentes del INM adscritos al Aeropuerto International de la Ciudad de México estaban solicitando ilegalmente dinero a aquellos turistas que extravían sus formas migratorias con el pretexto de reponérselas con el sello oficial correspondiente. Además, se denunció que la policía municipal de Huehuetoca, en el Estado de México, y agentes de la Policía Federal y del INM detuvieron dentro del comedor de una organización de la sociedad civil a siete migrantes, no obstante que el artículo 76 de la Ley de Migración señala que el Instituto no puede realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

Estos casos, lejos de ser hechos aislados, son síntomas de un serio problema institucional de varios años. Tan solo del año 2006 al 2012, la Secretaría de la Función Pública detectó en promedio 12 casos por mes de funcionarios del INM que cometieron diversas irregularidades. En ese mismo periodo, la Secretaría de Gobernación dio de baja a casi 500 agentes migratorios por reprobar las evaluaciones de control de confianza, así como por diversas denuncias de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y vínculos con organizaciones criminales.

Aunado a esto, se debe tomar en cuenta que el número de denuncias o quejas presentadas ante los órganos internos de control por migrantes indocumentados en contra del INM sumaron un total de 362 entre los años 2010 y 2012. Estas quejas se presentaron por abuso de autoridad, maltrato, negligencia y ejercicio indebido de funciones. Mientras que, por lo que hace a la Policía Federal, se presentaron un total de 22 denuncias o quejas relacionadas principalmente con extorsión y abuso de autoridad.

Número de quejas presentadas

Autoridad

2010

2011

2012

Total

Policía Federal

13

5

4

22

INM

156

157

49

362

Además, es importante señalar que al término de la pasada administración se logró aplicar laEvaluación de control de confianza al 60 por ciento del personal del INM, por lo que faltan de evaluarse 4 de cada 10 integrantes sin que a la fecha se sepa con certeza el avance que se ha tenido en los últimos meses.

3. Lo anterior permite afirmar que, si bien es necesario hacer una revisión minuciosa del marco legal para corregir aquellas disposiciones que así lo requieran, urge verificar la confiabilidad de todos los funcionarios migratorios, ya que para garantizar los derechos de los migrantes es indispensable contar con autoridades migratorias honestas, responsables y comprometidas con la misión de su institución. En primer lugar, porque el INM es la autoridad responsable de ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional. En segundo lugar, porque ninguna autoridad que no sea el INM, puede revisar en la actualidad la documentación de los extranjeros.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 7 de la Ley de Migración establece que las personas serán requeridas de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional solo por la autoridad competente y, además, que las revisiones de carácter migratorio sólo pueden realizarse cuando el INM emita una orden fundada y motivada que así lo disponga. En este sentido, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 81 y 96 de la ley, el Reglamento señala lo siguiente:

"Articulo 57. El Instituto, de forma exclusiva, revisara la documentación que presenten las personas extranjeras al momento de solicitar su internación regular al territorio nacional, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley, así como la validez y vigencia de la misma, y determinar su admisión al territorio nacional o rechazo al Pals de procedencia o al Pals donde sean admisibles".

“Articulo 70. En términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley, la Policía Federal solo actuara a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. En estas actuaciones, las autoridades deberán respetar los principios establecidos en el artículo 22 de la Ley”.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal señala que esta actuara en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia de migración y le confiere la atribución de prestar apoyo al INM para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la ley.

De lo anterior se colige lo siguiente: 1) que el INM es la autoridad responsable de la política migratoria; 2) que el INM es la única autoridad que puede revisar la documentación que presenten los extranjeros al Internarse en territorio nacional; 3) que la Policía Federal no puede realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria, sino que requiere de una orden fundada y motivada por el INM; y 4) que la actuación de los servidores públicos del INM y de la Policía Federal se deben sujetar, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Migración.

4. Ahora bien, el abuso que cometen las policías estatales y municipales al exigir documentación migratoria a los extranjeros es una práctica que ha sido denunciada desde hace mucho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y no se corregir necesariamente con reformas legales sino con acciones y programas que permitan aplicar sanciones de manera eficaz a los elementos que incurran en alguna falta.

En el 2006, la CNDH emitió una Recomendación General a la Procuraduría General de la República. a la Secretaria de la Defensa Nacional y a las policías estatales y municipales en la que les recordaba su obligación de abstenerse “de realizar actos ilegales de verificación de documentos migratorios a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y, por ende, que en forma inmediata cesen las detenciones derivadas”. También se recomendó al INM que estas detenciones ilegales de migrantes se notificaran e investigaran.

Compañeros legisladores:

Todavía atestiguamos una constante violación y transgresión de los derechos humanos de los migrantes que no puede ser entendida de manera fraccionada ni concentrando todas las facultades de verificación, control y revisión migratoria en el INM sin antes garantizar la correcta actuación de sus integrantes. Es evidente que estamos ante un serio problema institucional en el que la actuación tanto del Instituto como de la Policía Federal -auxiliar de aquel-, es en muchos casos ilegal.

Si queremos evitar que los migrantes sigan siendo víctimas de extorsión y abusos, debemos exhortar a las autoridades migratorias que redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las evaluaciones de control de confianza a todos sus integrantes, También es necesario que informen a esta soberanía las acciones y los programas que están implementando para combatir la corrupción y garantizar que sus elementos se conducirán con estricto apego a la ley y protegiendo en todo momento los derechos humanos de los migrantes, atendiendo a lo señalado en la Estrategia 5.4.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Finalmente, también es indispensable exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que diseñen y pongan en marcha campañas de denuncia dirigidas a la población en general y a los migrantes en particular, pues con una población migrante mejor informada lograremos combatir la impunidad y la corrupción de las instituciones.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, envíe a esta soberanía un informe que contenga los resultados de las investigaciones realizadas durante los últimos diez meses por denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y elementos de la Policía Federal, así como los avances que se han alcanzado durante dicho periodo en la aplicación de los controles de confianza a los integrantes del Instituto Nacional de Migración.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, a la brevedad, envíe un informe a esta soberanía de las investigaciones que ha iniciado por violación a los derechos humanos de los migrantes, cometidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal durante los últimos diez meses.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, diseñe e implemente una campaña informativa que permita a los migrantes conocer y ejercer sus derechos.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la necesidad de brindar al migrante las mayores protecciones posibles durante su estadía en territorio mexicano, asegurando el pleno respeto de sus derechos; así mismo, hacemos nuestras las consideraciones de la Diputada Gabriela Cuevas Barrón que instan a la autoridad a conducirse en estricto apego al marco legal en materia migratoria.

En este sentido, la proponente hace referencia a la existencia de un marco jurídico migratorio recientemente actualizado que debe ser respetado, a lo que los integrantes de esta dictaminadora señalamos que efectivamente, la nueva Ley de Migración partió del objetivo fundamental de dar mayores elementos de certeza al extranjero en cuanto a los mecanismos y requisitos que debe observar en su ingreso a México, para el caso de internaciones documentadas, de los derechos que le asisten al migrante independientemente de su situación migratoria, y de los mecanismos de protección al migrante sin papeles.

No obstante, continúa como un reto pendiente de solución, el lograr que lo jurídico repercuta sin distorsiones en el mundo de los hechos, superando los vicios que mantienen al migrante en un sendero de clandestinidad que agrava considerablemente su vulnerabilidad, por ser la principal causa de los abusos que sufren en su tránsito por México.

Entonces y en resumen, los objetivos centrales de la ley de migración son:

1. Ordenar el flujo migratorio, reconociendo como trasgresión menor y subsanable la internación sin documentos.

2. Superar la marginación legal del migrante irregular.

3. Definir claramente a la autoridad migratoria y excluir de esta materia a las demás autoridades, disminuyendo al mínimo posible la discrecionalidad de la autoridad migratoria.

4. Favorecer la internación documentada y posibilitar permanentemente la regularización.

5. No asumir el tema migratorio como asunto de seguridad pública, aun cuando la ley contenga disposiciones relativas al control fronterizo y la seguridad nacional.

II. En esta tesitura, un nuevo esquema de respeto y protección de los derechos y garantías del migrante que ponga especial énfasis en su libertad de tránsito sin importar su condición migratoria, requiere el estricto acato de las autoridades a las facultades y prohibiciones que la ley incorpora. En este sentido, la Ley de migración pretende lo siguiente:

1. Definición clara y precisa de la autoridad migratoria como única habilitada para requerir al extranjero la comprobación de su calidad migratoria. Establece diversas sanciones a los servidores públicos que asuman facultades migratorias sin tenerlas, así como a la autoridad migratoria que niegue o impida el ejercicio de algún derecho del extranjero.

2. Exclusión de los cuerpos de policía y seguridad pública como autoridad migratoria habilitada, superando la concepción del fenómeno migratorio como asunto de seguridad pública.

3. Ordenación del flujo migratorio, permitiéndoles acceder a los medios convencionales de transporte.

4. Se reconoce la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil organizada, por lo que se prohíbe expresamente que el Instituto realice visitas de verificación en estos lugares, además, se establece causal expresa de exclusión a la actividad humanitaria de las Organizaciones de la Sociedad Civil que auxiliando al migrante, pudieran actualizar la conducta descrita en el tipo penal.

5. Ninguna autoridad ajena a la migratoria y ningún particular tienen interés jurídico reconocido en lo que respecta a la situación migratoria del extranjero.

6. Se asume al Migrante como parte integral de la sociedad y por tanto, se le reconocen múltiples derechos que noestan sujetos a la obtención de una calidad migratoria, entre los que destaca: acceso a las instituciones de salud, presentación de denuncias y quejas, acceso a instituciones educativas, elaboración de testamentos, trámites de registro civil, acceso a las instituciones financieras, acceso a medios de transporte convencionales, ser representado legalmente en el procedimiento administrativo migratorio, mayores garantías de impartición de justicia, facultad de acudir antela autoridad sin comprobar su condición de estancia, respeto a su diversidad étnica y cultural, y contar con intérprete ante la autoridad judicial y migratoria.

7. Se reconoce que la entrada a territorio nacional de manera irregular, la perdida de condición migratoria, o el incumplimiento de requisitos para mantener la otorgada, son omisiones administrativas subsanables, por lo que se establece un procedimiento para regularizarse, según el cual, el extranjero no permanecería asegurado durante su sustanciación.

8. Profesionalización de la autoridad migratoria mediante mecanismos indispensables de evaluación, profesionalización y certificación del Personal del Instituto Nacional de Migración, que deberán observarse en su ingreso, promoción y permanencia. Para tales efectos se crea un centro de evaluación como parte del INM.

III.- Esta Dictaminadora considera preocupante que pese a contar con un ordenamiento que tomó distancia de la postura anterior del fenómeno en lo jurídico, las repercusiones en la cotidianeidad del migrante no se hayan hecho notar en la magnitud debida. Cabe señalar que recientemente el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, subrayó que se deben detener los abusos que sufren los migrantes a manos de elementos policiales, en su tránsito por nuestro país; esto ocurrió durante el lanzamiento de la Campaña “El Plan es tener un Plan”, elaborada por la CNDH y la Fundación Appleseed México, evento en el que aprovechó para declarar la necesidad de revisar las facultades que se siguen asignando a algunos elementos policiales, pues de no hacerlo, se condenaría a los migrantes a la criminalización, a la extorsión y al abuso del que actualmente son objeto.

Así mismo, el mismo funcionario señaló en ocasión diversa, que en tan sólo un año se registraron en el país 11 mil secuestros de personas migrantes y que la migración “es un fenómeno con alta vulnerabilidad, tanto que hay grupos delincuenciales y servidores públicos que suelen afectarles”, además apuntó, el problema se invisibiliza “por la falta de regulación oficial, ya que generalmente las víctimas no acuden a denunciar por el gran temor que tienen. Señaló también que de esta vulnerabildad, se deriva en buena medida la trata de personas, que se ha convertido en el tercer delito que más ganancias deja al crimen organizado y que en México alrededor de 16 mil personas son víctimas de este delito. Finalmente planteó que “por su alta porosidad, abandono, condiciones asimétricas y desiguales a lo que ocurre en el norte”, la frontera sur del país es propicia no sólo para el tráfico de personassino también para la comisión de otros delitos graves, por lo que requiere de una atención urgente de las autoridades.

Bajo la misma línea, la organización no gubernamental Amnistía Internacional señaló en su informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México”, documento que se centra en los abusos contra los migrantes irregulares que atraviesan México y se dirigen a la frontera estadounidense, que de las decenas de miles que hacen el viaje cada año, procedentes en su gran mayoría de Centroamérica, enfrentan en México la más peligrosa parte de su trayecto, pues es nuestro territorio es uno de los más peligrosos del mundo para los transmigrantes, quienes según documenta el informe, sufren extorsiones, discriminación, palizas, violencia sexual, secuestro y homicidio a manos de bandas criminales. Además, muchos de los casos expuestos destacan la implicación en cierto grado de funcionarios públicos en varios abusos contra los migrantes.

Señala también la OSC, La falta de acceso a la protección y de recurso a la justicia convierte a los migrantes, y especialmente a las mujeres y menores, en blanco fácil de bandas delictivas y de funcionarios corruptos. Además, la falta de acción decisiva de parte de las autoridades federales y estatales ha creado un clima de impunidad donde los abusos parecen estar permitidos. El informe de Amnistía Internacional concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades para que mejoren la protección y el acceso a la justicia para los migrantes.

IV. En razón de lo anterior, eta dictaminadora manifiesta su acuerdo en el proyecto de la proponente en el sentido de solicitar informes sobre los resultados de las investigaciones realizadas durante 2012 y 2013 por denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y elementos de la Policía Federal, así como los avances que se han alcanzado durante dicho periodo en la aplicación de los controles de confianza a los integrantes del Instituto Nacional de Migración;

Así mismo, consideramos urgentela implementación de una campaña informativa que permita a los migrantes conocer y ejercer sus derechos, a efecto de disminuir su vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal durante 2012 y 2013, así como los avances que se han alcanzado durante dicho periodo en la aplicación de los controles de confianza a los integrantes del Instituto Nacional de Migración.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre los hechos relacionados con violaciones de Derechos Humanos de los migrantes, cometidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal durante 2012 y 2013, de las cuales tenga conocimiento.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, diseñe e implemente una campaña informativa que permita a los migrantes conocer y ejercer sus derechos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se tiene por atendida la proposición que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, la Diputada Luisa María Alcalde Luján y el Diputado Ricardo Monreal Avila, integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

I.La libertad sindical es el derecho humano que tienen los trabajadores de organizarse en forma autónoma de los patrones y los gobiernos, y de negociar colectivamente las condiciones que rijan sus relaciones laborales.

Este legado, tiene sus raíces en la lucha que libraron los obreros europeos contra el modelo de explotación que caracterizó a la Revolución Industrial durante los siglos XVIII y XIX, mismo que fue avalado por un Estado liberal burgués que reprimió movimientos sociales y aplicó leyes que prohibían las asociaciones de trabajadores y penalizaba severamente la coalición obrera bajo la justificación de que éstas entorpecían el desarrollo industrial y comercial de las naciones.

Las luchas durante esta época fueron abriendo paso, de forma lenta y gradual, a un cambio en la orientación del Estado hacia los movimientos obreros, mostrándose primero tolerantes y, más tarde, reconociendo formalmente la existencia de derechos laborales elementales. A inicios del siglo XX, la legislación penal de la mayoría de los países había desterrado para siempre los delitos de coalición y huelga. Esto, sin embargo, no sucedió en México, pues el Código Penal de Martínez de Castro de 1872 había tipificado la coalición y la huelga como delitos contra la industria y el comercio. Este modelo económico-laboral caracterizó al régimen Porfirista, y sirvió como catalizador del levantamiento armado que siguió a las históricas rebeliones de Río Blanco y Cananea. No sorprende entonces que la Revolución Mexicana haya incorporado estas importantes demandas obreras en sus fundamentos ideológicos, y que el Constituyente de 1917 las haya retomado para su reconocimiento pleno y su regulación jurídica efectiva.

Durante algún tiempo

II.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de reunión y asociación en su Artículo 9:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad…”.

Este derecho fundamental, universalmente aceptado y reconocido como derecho humano, debe ser leído en consonancia con las fracciones XVI y X, apartados A y B respectivamente, del Artículo 123 constitucional:

“XVI (A). Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.

X (B). Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes…”.

A continuación nos referimos a aquellas declaraciones e instrumentos internacionales de los que México es parte en donde se reafirma el derecho a la sindicación, haciendo hincapié en que éstos no sólo forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión conforme al Artículo 133 constitucional sino que, al incluir disposiciones relativas a los derechos humanos, complementan nuestro sistema normativo en materia laboral y determinan su adecuada interpretación convencional de conformidad con el Artículo 1° de la Carta Magna:

Instrumento

Artículo

Contenido

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

20 (1)(2)

23.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

22

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

8 (1)

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

16 (1)

16.1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación Número 87 de la OIT (1948)

Completo

(Síntesis). Este Convenio contiene los siguientes derechos para los trabajadores:

• Derecho de sindicación.

• Derecho de sindicatos de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

• Derecho a crear federaciones y confederaciones.

• Derecho a no sufrir actos de injerencia.

• Derecho a no ser disueltas o suspendidas vía administrativa.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva Número 98 de la OIT (1949) *

Completo

(Síntesis). Este Convenio contiene las siguientes obligaciones para los Estados:

• Deber de proteger a los trabajadores contra actos de discriminación que menoscaben la libertad sindical.

• Deber de proteger a los trabajadores del rechazo de su contratación por su afiliación sindical, o el despido por su participación en actividades sindicales.

• Deber de proteger a los sindicatos contra actos de injerencia.

• Deber de determinar los alcances de las garantías de este Convenio en su derecho interno.

•Deber de estimular y proteger la negociación colectiva.

* Pese a que México no ha ratificado este Convenio, su naturaleza jurídica genera obligaciones para el Estado Mexicano de respetar, promover y hacer realidad sus disposiciones en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), misma que considera que la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son derechos laborales fundamentales.

III. El principio de la libertad sindical desde la fundación de la OIT ha sido considerado un derecho fundamental. En 1998, en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, fueron incluidos cuatro derechos obligatorios para los estados miembros con independencia de que los hayan o no ratificado, a saber: libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98); eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio (Convenios 29 y 105), abolición efectiva del trabajo infantil (Convenio 182) y eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la profesión (Convenios 100 y 111).

El Convenio sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación número 87 de la OIT reconoce el derecho que tienen los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes (artículo 2), con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y de formular su programa de acción. Asimismo obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho (artículo 3). La Parte II del Convenio, relativa a la protección del derecho de sindicación, obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (artículo 11).

Por otro lado, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98 de la OIT, que es complementario del Convenio 87, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato (artículo 1), gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo (Artículo 1.1), y garantiza la no injerencia entre organizaciones sindicales (artículo 2). Además, obliga a los Estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación (artículo 3), así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores al fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo (artículo 4).

Pese a que se ratificó desde 1950 el Convenio 87 sobre libertad sindical, la estructura corporativista que a la fecha persiste en nuestro régimen político ha impedido que suceda lo mismo con el Convenio 98, mismo que cuenta con la ratificación de 163 Estados, incluyendo todos los países de América Latina. Particular reticencia ocasiona en México la obligación del Estado de proteger a los sindicatos de actos de injerencia, y de garantizar el derecho a la negociación colectiva.

IV.El motivo que había invocado nuestro país para excusarse de la ratificación del Convenio número 98 es que sus disposiciones colisionaban con el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que reconocía la inclusión de “cláusulas de exclusión por separación” en los contratos colectivos de trabajo. En abril de 2001, La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que contenían disposiciones relativas a las cláusulas de exclusión, eran contrarios a los artículos 5°, 9° y 123 (fracción XVI, apartado A) constitucionales en razón de que la afiliación sindical que tenga un trabajador (o que por voluntad propia desee no tener) no es motivo para determinar su admisión, permanencia o remoción de un empleo determinado.

En congruencia con la jurisprudencia mexicana y con el derecho internacional de los derechos humanos, la reforma laboral de diciembre de 2012 tuvo a bien derogar el párrafo segundo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, ya no existe impedimento alguno para que el Convenio 98 de la OIT pueda incorporarse efectivamente y sin contradicciones a nuestro ordenamiento jurídico.

V. Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo hacemos notar que en el año 2002, el Senado de la República decidió aprobar parcialmente el Convenio 98, alegando que aún debían hacerse “adecuaciones legales” internas que permitieran su implementación efectiva. Es indudable que tales adecuaciones legales se referían a las cláusulas de exclusión. En consecuencia, los legisladores aprobaron el dictamen correspondiente, pero hicieron reservas al inciso b), apartado 2, del artículo 1 del Convenio, mismo que señala:

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección (...)

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

(a) (...)

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Es sabido que la Constitución de la OIT no admite que los Estados emitan reservas a sus convenios, razón por la cual nuestro país se vio imposibilitado de ratificar el Convenio 98.

VI. La aprobación por el Senado de la República del Convenio 98 de la OIT constituye una exigencia necesaria para que nuestro país sea reconocido internacionalmente como respetuoso de los derechos humanos laborales. Ello responde a una exigencia no sólo de las organizaciones internacionales, incluyendo a la propia OIT, sino también a reclamos al interior del país que reconocen en la contratación colectiva un elemento clave para la modernización del mundo del trabajo, ya que consideran que es una vía privilegiada para el diálogo responsable entre los factores de la producción en beneficio de la productividad y la mejora de las condiciones de trabajo, así como una condición para fortalecer el diálogo social que permita vincular los temas del trabajo a las políticas públicas en beneficio de la población en general, condición necesaria para transitar hacia una auténtica ciudadanía laboral y el logro de los principios más elementales de la democracia

La aprobación del convenio 98 resulta esencial para recuperar la vigencia de la contratación colectiva legítima en nuestro país que ha sido afectada por los contratos colectivos de protección patronal, reconocidos por el propio gobierno en la pasada reforma laboral, mediante el cual los patrones deciden cual es el sindicato que debe aparentar la representación de los trabajadores. Este acto de simulación afecta a la mayoría de los centros de trabajo en nuestro país, es fuente de corrupción y de violencia laboral y presiona a la baja salarial y a la precariedad en la condiciones de trabajo. La perversión de la contratación colectiva ha motivo múltiples quejas y denuncias destacando entre ellas la 2694 presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por diversas organizaciones mexicanas y por organizaciones altamente representativas a nivel internacional.

En este sentido, la aprobación del Convenio 98 constituye una asignatura pendiente que es congruente con nuestro marco constitucional y que fortalece el ámbito de los derechos humanos laborales, por lo que no existe excusa alguna para demorar la inclusión de este convenio fundamental en nuestro marco normativo.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo para su aprobación.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión celebrada el 23 de mayo de 2013, el siguiente dictamen:

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la aprobación del Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

En su parte resolutiva, la proposición avalada por esta Comisión dictaminadora establece:

UNICO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.

Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el pasado 12 de junio de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran atendida la solicitud de los legisladores proponentes, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se tiene por atendida la proposición de la Diputada Luisa María Alcalde Luján y el Diputado Ricardo Monreal Ávila de fecha 19 de junio de 2013, que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se tiene por atendida la proposición que exhorta a hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamela, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Los derechos civiles, políticos, sociales y humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han transitado por un extenso camino para reconocer y hacer efectivos derechos irrenunciables como la educación, la no discriminación así como la igualdad ante la Ley del varón y la mujer.

Sin embargo, en materia de respeto a los derechos humanos el nombre de nuestra nación en los últimos años ha sido empañado por una infértil afrenta violenta en contra del crimen organizado; de ahí que el Poder Legislativo en uso de su función como contrapeso de los otros poderes de la Unión, aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.

Con esa reforma se registraron avances trascendentales como señalar a los derechos humanos no como una prerrogativa que “se otorga, o se dota” sino, que “se reconocen”; además de incorporar el principio internacional de interpretación “pro personae”, cuyo fin es aplicar la lectura que mayormente proteja al titular de los derechos humanos en un determinado caso.

Ahora bien, la misma reforma de 2011 impulsó incorporar en el artículo tercero constitucional la obligación del Estado de impartir educación para fomentar el respeto de los derechos humanos, es decir, hemos dado cabal cumplimiento a la progresividad en el ramo, lo cual debería generar un reflejo y un efecto dominó en las legislaturas estatales así como en los gobiernos.

Lamentablemente no es así, abanderar el respeto a la igualdad de género y la no discriminación, continúa librando batallas y no podemos declarar ganada la guerra en términos de civilidad política y avance sociocultural.

Recientemente tuvimos noticia que en la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, sesenta y siete mujeres locales hicieron pública su molestia ante la actitud del presidente del Patronato de Agua Potable, Domingo Gómez Díaz, por haberse opuesto el pasado 26 de mayo a que celebrarán su ceremonia de graduación, bajo la siguiente expresión: “Da vergüenza que mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en el campo”.

Las mujeres de la etnia tzotzil hicieron del conocimiento del gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello, que el día citado, el señor Gómez Díaz empezó a alborotar a una decena de personas, para manifestarse en contra de la graduación de las mujeres en comento.

Las afectadas tienen el único objetivo de graduarse del grado escolar de secundaria el próximo 10 de septiembre en una ceremonia, con motivo de la conclusión de sus estudios en el Instituto de Educación para Adultos. Igual de ofensivo resultó la presunta amenaza del servidor público, Gómez Díaz, al expresar que no permitirá bajo ninguna circunstancia llevar a cabo dicha ceremonia de graduación.

Las mujeres afectadas, expresaron en la denuncia entregada por escrito en las oficinas del gobernador que: “Debe de existir un trato igualitario hacia las mujeres, ya que aparte de ser madres trabajadoras y ocuparnos de nuestros hogares, decidimos estudiar por nuestro propia cuenta porque ya no queremos ser ignorantes y analfabetas, sino que deseamos de todo corazón poder brindar un futuro mejor a nuestros hijos”[1].

Al respecto, es oportuno recordar que el Senado de la República en marzo pasado aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de incorporar el concepto de “violencia política” reconocido como las acciones y conductas agresivas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de las mujeres o de sus familias para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la Ley en el ejercicio de la representación política.

Es decir, por una parte avanzamos ampliando las sanciones para acciones y hechos concretos que laceran las actividades cotidianas delas mujeres mientras que en otras latitudes de la República, imponen no sólo un freno al avance de los derechos de las mujeres sino que oprimen el pedal de la reversa, como es el caso del señor Gómez Díaz. Afortunadamente los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo las autoridades comprometidas han hecho este caso visible que debe ser emblemático y ejemplar para el resto de las entidades.

En este sentido, no podemos permitir que la violencia, entendida como “… una gran variedad de condiciones que inhiben el desarrollo de las oportunidades vitales de los individuos… así como toda barrera que impide la realización de un potencial, una barrera que es social, y no natural…” [2]fluya como si no existieran autoridades que hagan valer los derechos fundamentales de toda mexicana y todo mexicano, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, intervenga para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria. Asimismo, para que, investigue y en su caso emita recomendación a las autoridades del municipio en comento, por presuntos actos discriminatorios.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión celebrada el 12 de junio de 2013, el siguiente dictamen:

Dictamen con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar y, en su caso, emitir recomendación respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, en el municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel secundaria.

En su parte resolutiva, la proposición avaladas por esta Comisión dictaminadora establece:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, investigue y en su caso emita recomendación respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel secundaria.

Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el pasado 12 de junio de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran atendida la solicitud de la legisladora proponente, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se tiene por atendida la proposición de la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo de fecha 12 de junio de 2013, que exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir para hacer respetar los Derechos Humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se tiene por atendida la proposición que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las lenguas cucapá y pápago.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo de que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el mundo se hablan más de 6 mil lenguas, de las cuales 2 mil 500 se encuentran en riesgo de desaparecer en el transcurso de los próximos años si no se prevén acciones para su conservación.

En México se hablan 364 variantes de lenguas maternas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de entre las cuales el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha señalado a la pápago y a la cucapá como en peligro de desaparecer, esto debido a que solo cuentan con 116 hablantes cada una.

La lengua pápago es perteneciente a la familia lingüística yuto – nahua y sus hablantes se auto determinan como tohono o otham (gente del desierto), localizándose dicho grupo lingüístico en la frontera norte del país, en el Estado de Sonora.

La lengua cucapá pertenece a la familia lingüística cochimí-yumana, sus hablantes llaman a su lengua Koipai (los que van y regresan),y se ubican en los Estados de Baja California y Sonora.

Ambas culturas llevan a cabo la elaboración de artesanías como lo son las figuras de madera tallada, la elaboración de piezas de alfarería y la elaboración de cestas, mismas que realizan con plantas del desierto que las mujeres recolectan, siendo estas actividades sus principales fuentes de ingresos.

Como ya se hizo mención en los párrafos anteriores ambas lenguas corren un alto riesgo de desaparecer, debido al desinterés que se manifiesta en los jóvenes por aprender el lenguaje que por años han utilizado sus padres y abuelos, lo cual se relaciona con el hecho de que las comunidades de ambas culturas se encuentran cerca de la frontera con Estados Unidos y la mayoría de los jóvenes se ven más interesados en aprender el español y el inglés, olvidando así la lengua de su pueblo natal.

Otra de las causas de la desaparición de ambas lenguas es la falta de oportunidades de empleo para la gente de esas regiones, lo que ocasiona que cada vez más jóvenes decidan emigrar al país vecino en busca de mejores oportunidades, olvidándose así de continuar con el aprendizaje de su lengua natal.

En el año 2011, el Estado de Baja California implementó medidas para el rescate de las 4 lenguas vivas que se hablan en el estado, entre las cuales se encuentra la lengua cucapá, esto mediante la celebración de un acuerdo para evitar la desaparición de las lenguas yumanas, cucapá, kiliwa, paipai, y kumaiai, instrumento que contó con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el INALI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros.

En el mismo orden de ideas, el INALI ha implementado medidas para el rescate de las lenguas indígenas, siendo un ejemplo de esto la creación del “Programa de Revitalización, fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012", sin embargo dicho programa no fue suficiente para llevar a cabo el rescate de todas las lenguas que se encuentran en el país, lo que se está demostrando con el peligro inminente de la desaparición de las dos lenguas que sean descrito en el presente escrito.

Es claro que estados como el de Baja California han implementado acciones para el rescate de las diversas lenguas vivas en el país, un ejemplo que todos los Gobiernos de los Estados deberían seguir.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte al INALI para que de forma coordinada con el Gobierno del Estado de Sonora establezca programas y acciones encaminadas a la protección y divulgación de las lenguas pápago y cucapá, mismas que se encuentran en peligro de desaparecer, evitando así se pierda parte de la identidad cultural e histórica mismas que son características del país.

No olvidemos que en el Estado de Sonora han desaparecido lenguas natales como el ópata, ya que de ella actualmente sólo existen frases y palabras aisladas, por lo que es considerada como muerta.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta alInstituto Nacional de Lenguas Indígenas para que de forma coordinada con el Gobierno del Estado de Sonora, refuerce los programas tendientes a la protección y divulgación de las lenguas cucapá y pápago.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión celebrada el 9 de julio de 2013, el siguiente dictamen:

Dictamen con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché.

En su parte resolutiva, la proposición avalada por esta Comisión dictaminadora establece:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché.

Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el pasado 10 de junio de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran atendida la solicitud de los legisladores proponentes, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se tiene por atendida la proposición de la DiputadaFlor Ayala Robles Linares de fecha 10 de julio de 2013, que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se tiene por atendida la proposición que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República, para su ratificación, los Convenios de la OIT 156, 183, 189 y su recomendación 2001.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los Convenios de la OIT 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares; 183 sobre la Protección de la Maternidad y 189 y su Recomendación 2001 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010señala que casi dos millones de personas se dedican al trabajo del hogary nueve de cada 10 son mujeres, refieren también que 91.6% de las personas trabajadoras del hogar de nuestro país no cuenta con un contrato laboral. Esta grave situación deriva tanto del incumplimiento de las normas generales como del vacío legal de normas específicas de protección a sus derechos humanos laborales y de lafalta de medios para hacerlos valer, lo que convierte a las mujeres principalmente en un sector sin reconocimiento económico y social, perpetuando condiciones de trabajo degradantes que van desde extensas jornadas de trabajo hasta bajos sueldos y escasa o nula cobertura de seguridad social.

El estudio precisa que las mujeres trabajadoras del hogar constantemente son víctimas de maltrato, que se traduce en violencia verbal, exceso de trabajo, ba­jos salarios o comida insuficiente e inadecuada). Una tercera parte de las personas que se dedican al trabajo del hogar (31.1 por ciento) señalan que el principal problema es el sueldo bajo, seguido por abusos, maltrato, humillación y discriminación (19.3 por ciento).

No obstante lo anterior y a pesar de que existe amplia información, estudios y análisis sobre la existencia de este serio problema de discriminación,la recientereforma laboral no contempló ampliar la protección de los derechos de las mujeres trabajadorasy sólo utilizóel tema de género en el discurso, pero en los hechos no consta ningún avance sustantivo para las trabajadoras.

Quienes abogamos por los derechos de las mujeres consideramosinaceptable que laLey Federal del Trabajo no garanticelos derechos de las mujeres trabajadoras , en particular los delas traba­jadoras del hogar que ese sector de la economía nacional no goza de beneficios en materia de prestaciones sociales, derecho al descanso, derecho a un cuarto cómodo o derecho a una alimentación sana, por ello reiteramos la urgencia de que el Senado de la República ratifique los Convenios 156, 183 y 189 de la OIT pues ellofortalecería la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras.

No en vano el 7 y 8 informe consolidado que presento el Estado mexicano al Comité de expertas de la CEDAW en julio de 2012, arrojó una serie de recomendaciones que dan cuenta de las omisiones del Estado mexicano respecto al cumplimiento de la CEDAW, entre diversos temas concernientes a los derechos de las mujeres. Cabe destacar queen materia de empleo expresó lo siguiente:

“El Comité está preocupado por las persistentes prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo, como la exigencia de pruebas de embarazo para obtener o mantener el empleo, la práctica de someter a las mujeres embarazadas a las condiciones de trabajo difíciles o peligrosas para obligarlos a renunciar a sus puestos de trabajo y que la reforma de la Ley Federal del trabajo ha estado pendiente durante varios años. También es motivo de preocupación los informes que indican que 3 de cada 10 mujeres señalanhaber experimentado violencia en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso sexual y abuso. El Comité está preocupado por las diferencias salariales considerables entre hombres y mujeres y que el 56,6% de la población femenina de trabajo participa en el sector laboral informal y por tanto sin acceso social a las prestaciones de seguridad. Le preocupa además las desiguales condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas, 99% son mujeres que sufren discriminación con respecto a los salarios, horas de trabajo y beneficios”

Atendiendoa esa serie de situaciones que violentan los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, el Comité recomendó acelerar la aprobación de la Ley Federal del Trabajo que había estado pendiente durante años precisamente para suplir las omisiones del Estado mexicano, que ha sido incapaz de generar medidas y/o acciones afirmativas para corregir las violaciones sistemáticas a derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral.

Por tal motivo el Comité emitió las siguientes recomendaciones

1.- Tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado de trabajo, incluso mediante el uso

de medidas especiales temporales, con plazos, conforme al artículo 4, párrafo 1, de la Convención y General recomendación Nº 25 el Comité (2004).

2.- Asegurar la aplicación efectiva del Protocolo sobre la intervención en casos de acoso sexual dentro de la administración pública y prever medidas similares para prevenir el acoso sexual en el sector privado;

3.- revisar el marco jurídico de protección social para formular una política integral que garantice a los trabajadores domésticos igualdad de acceso a la igualdad de remuneración y trato por igual trabajo de igual valor, incluyendo beneficios, así como la igualdad de acceso a la seguridad social y seguridad en el trabajo; y

4.-Ratificar convenios núm. 156 de OIT sobre trabajadores con Convenio y núm. 189 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos.

Las omisiones en la Ley Federal del Trabajo, vistasa la luz del artículo primero constitucional que amplía la esfera de protección de los derechos humanos a través de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano,no sólo justifica sino exigela urgente ratificación de los convenios específicos de protección a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras.

El Estado mexicano está obligado a garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos laborales, la ratificación de los citados convenios de la OIT representan una oportunidad para resarcir los agravios de una legislación laboral omisa que afecta el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a que suscriba y remita al Senado de la República para su ratificación los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 156 sobre La igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares; 183 sobre La protección de la maternidad; y 189consurecomendación 2001 sobre El Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión celebrada el 4 de junio de 2013, los siguientes dictámenes:

1. Dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reencauzar el procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo, y

2. Dictamen con punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre “La Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el convenio 183 sobre “la protección de la maternidad”.

En su parte resolutiva, las proposiciones que fueron avaladas por esta Comisión establecen respectivamente:

1. “UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo.” y;

2. Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre “la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el Convenio 183 sobre “la protección de la maternidad”.

Dichos Instrumentos fueron aprobados en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el pasado 5 de junio de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran atendida la solicitud de la legisladora proponente, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se tiene por atendida la proposición de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena de fecha 5 de junio de 2013, que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los convenios de la OIT 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares; 183 sobre la protección de la maternidad y 189 y su recomendación 2001 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Y que exhorta al INEGI y a la SEP a incluir en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial un registro diferenciado de la población afromexicana.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen proposición puntos de Acuerdo por el que seexhorta al INEGI y a la SEP incluir a la población afroamericana en el levantamiento de la información para el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 17de junio de 2013, la Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga del grupo parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición que contiene punto de Acuerdo queexhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a contemplar a la población afromexicana en el levantamiento de la información para el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas a la misma materia.

En la proposición con punto se exhorta al titular de la SEP y al director del INEGI a contemplar a la población afromexicana en el levantamiento de la información para el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, bajo lassiguientes consideraciones:

El 18 de enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la Secretaría de Educación Pública (SEP), acordaron la realización del levantamiento de la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, y los primeros resultados estarán listos para diciembre de este año.

Ambas instancias gubernamentales determinaron que este censo permitirá proponer acciones para la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, que se consolidará como un sistema registra' que permita producir información actualizada y completa de forma regular y periódica de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Las poblaciones objetivo del Censo son las escuelas, maestros y alumnos incluidos en los tres niveles de la educación básica en el sistema escolarizado y en el de educación especial, incluyendo el sistema abierto o semiescolarizado, para personas con discapacidad, educación extraescolar para indígenas, para los adultos y formación para el trabajo.

La estrategia de operación considera la integración del Catálogo Único de Centros de Trabajo, dos Pruebas Piloto, el Recorrido Previo, el Levantamiento de la Información de Maestros y Alumnos, y la Recuperación de Pendientes y Operativos Especiales.

El Censo tiene como objetivo captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica.

Permitirá conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial e identificar por escuela el uso de los espacios disponibles. Es decir, identificará datos de ubicación geográfica de los centros escolares, domicilio y tipo del inmueble, situación de propiedad del mismo, las escuelas que operan en él, sus características constructivas (paredes, techos y pisos).

También permitirá conocer el número y tipo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas de medios, auditorios, oficinas administrativas y académicas, espacios recreativos y deportivos, sanitarios, entre otros.

Busca registrar en los diferentes Centros de Trabajo a cada uno de las y los docentes e identificar las características de sus plazas, su escolaridad, las funciones que realizan, la capacitación recibida y los programas en que participan, así como, registrar en las escuelas a todas las alumnas y alumnos según grado y nivel educativo, y sus características sociodemográficas.

Esto contribuirá a identificar los programas y proyectos, los recursos humanos, total de docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico, la oferta educativa, la matrícula escolar y los grupos.

Respecto de los docentes se busca conocer además de sus datos de identificación, los años de servicio, las plazas que ocupan, las características de cada una de esas plazas, y los grupos que tienen a cargo (grado, grupo y materia). Asimismo, su preparación, formación, programas de capacitación en que participa, y reconocimientos, entre otros datos.

En el caso de los alumnos, se contará con información para conocer si habla lengua indígena, español o extranjera, datos escolares (grado y grupo), condiciones especiales observables, programas y becas en los que participa.

Por el grado de importancia que tiene este Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, queremos que la población afromexicana sea contemplada en este ejercicio estadístico para tener certeza del número de esta población en el ámbito educativo, tanto en alumnos como en profesores y personal de trabajo.

Queremos saber cuántos son, dónde están, y en qué condiciones asisten a estudiar y a enseñar, cómo son los centros educativos a los que asisten y toda la información que ya está contemplada dentro de este censo.

Cabe mencionar, que México enfrenta un gran problema de desconocimiento, racismo y discriminación contra las poblaciones, comunidades y personas afromexicanas e incluso no existen estadísticas oficiales de ellos en los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Creemos que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial contribuirá, al menos en el ámbito educativo, a visualizar a esta población para que puedan ser considerados en programas públicos que les ayude a mejorar la calidad educativa, a través de becas o apoyos económicos para útiles escolares o uniformes, pues, también hay que decirlo, los afromexicanos, como los indígenas, viven en condiciones de alta marginación y pobreza.

Asimismo, México cumpliría con los acuerdos firmados con organismos internacionales como el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizado en Durban el 2001, dice en el punto 10 de sus 14 programas de acción, capítulo Africanos y Afrodescendientes lo siguiente:

“Insta a los Estados a que garanticen el acceso a la educación y promuevan el acceso a las nuevas tecnologías de modo que los africanos y los Afro descendientes, en particular las mujeres y los niños, dispongan de suficientes recursos para la educación, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje a distancia en las comunidades locales, y los insta también a que hagan lo necesario para que en los programas de estudios se incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la contribución de los africanos y los Afrodescendientes”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupan establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaria de Educación Pública (SEP) para que contemplen en sus registros a la población Afromexicana en el levantamiento de la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013.

CONSIDERACIONES

I.-Quienes integran a esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la promovente en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra toda practica de discriminación en el Estado mexicano contra la comunidad descendiente afromexicana, específicamente en aquellas barreras para ingresar al sistema educativo, derecho inherente plasmado en el artículo tercero constitucional.

Se cuenta con información de este grupo poblacional en Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, también en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, del resto de los estados se sabe poco o nada, lo anterior de acuerdo a Julia Isabel Flores Dávila, encargada del Área de Investigación Aplicada y Opinión (AIAO), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Los orígenes de la comunidad afromexicana dentro de la identidad de la nación mexicana se remonta a la época de la Colonia, donde existían más de 20 personas de origen africano por cada blanco de Europa en el continente Americano. Estuvieron concentrados, como sabemos, en regiones muy específicas: el sur de Estados Unidos, las islas del Caribe, la costa de Brasil, pero llegaron también a México. Los negros fueron introducidos a la Nueva España con la Conquista (Bernal Díaz del Castillo menciona a uno en especial que estaba enfermo de viruela, quien causó estragos entre los habitantes de Tenochtitlan). Su número creció con la división de la sociedad en castas (llegaron más negros que blancos a la Nueva España) y decreció más tarde con el declive de la esclavitud, para desaparecer al fin por medio del mestizaje en el curso del siglo XIX, consumada ya la Independencia.

En el México colonial la comunidad afrodescendiente represento del 0.1 al 2 por ciento de la población de esa época; el número de los introducidos por la Trata no fue mayor a 250 mil individuos en el curso de tres siglos". Pero los productos de su mezcla fueron considerables. Al finalizar la Colonia, el 10 por ciento de la población era considerado como francamente afromestizo.

Actualmente existen dos grupos altamente vulnerables y abandonados de las políticas públicas,los casi 7 millones de indígenas y 450,000 afromexicanos que son víctimas del maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física, en relación a su color de piel u origen étnico. Durante generaciones, los afrodescendientes han tenido que padecer pobreza, abusos y un trato desigual injustificado que les impide el ejercicio de sus derechos legítimos en igualdad de condiciones que otras personas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 del CONAPRED, confirma que en México existe racismo y discriminación racial contra pueblos y personas indígenas y personas afrodescendientes, y resaltada dos datos relevantes: el 74 por ciento de la población afromexicana no tiene acceso a servicios médicos y el 64.6 por ciento de las personas en México se consideran a sí mismas morenas; sin embargo, el 54.8 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15 por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón.

II.-Esta Dictaminadora reafirma la voluntad del Estado mexicano para combatir el racismo y la discriminación racial adoptado por la Organización de Naciones Unidas en 1965 por medio de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969.

De modo similar, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a uno misma especie con un sólo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún caso prejuicios raciales ni legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta discriminatoria.

En septiembre de 2001, se realizó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la xenofobia y las formas conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica, en donde