Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 19 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Julio de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:38 horas) Buenos días compañeros legisladores.

Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar inicio al pase de lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 31 ciudadanos legisladores. Hay quórum, para sesionar.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión del miércoles 24 de julio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.

- La C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño de la Diputada Alfa Eliana González, ¿para qué efecto, Diputada?

- La C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes: (Desde su escaño) Respecto al Orden del Día, Presidente, nos genera una duda, vemos que no se incluye ningún dictamen de la Tercera Comisión, cuando hay más de 100 temas pendientes, en el caso del PRD, que hemos presentado 43 puntos, nada más es saber si hay algún error en la impresión o qué está pasando con el trabajo de esa comisión.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputada, deseo señalar que esta Mesa Directiva procesa lo que llega a la misma.

En consecuencia, no existe ningún dictamen sobre el particular. Sin embargo, deseo señalar que desde el día de ayer, de acuerdo a una información de la propia comisión, está convocada esa comisión para sesionar el día de hoy, y se emitieron las convocatorias; pero repito, esta Mesa Directiva procesa los dictámenes que fueron recibidos por ella y no hay dictámenes de esa comisión.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicita el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, ¿para qué efectos, Senadora?

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente hacer una precisión respecto al posicionamiento que está haciendo la Diputada.

Solamente comentarle que la Tercera Comisión, por petición de Mesa Directiva, la semana pasada, no sesionó, en virtud de que las tres comisiones en que está integrada la Comisión Permanente, les fue solicitado el no sesionar, en virtud de que la Cámara de Diputados se encontraba en periodo extraordinario.

Y la semana anterior fue por motivo de un viaje oficial, también mandatado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Comentarle que los números que está expresando no son los que corresponden. Efectivamente, el día de hoy tenemos sesión, y a quienes integran la Tercera Comisión, se les habrá de dar puntual comentario de todos los asuntos que han sido resueltos y que fueron planteados en esta excitativa, que por cierto, dos de ellos ya habían sido dictaminados y aparecen en esta excitativa.

Entonces, a las cuatro de la tarde tenemos la reunión de la Tercera Comisión, y ahí habremos de hacer las precisiones pertinentes, a quienes integran esta comisión.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Agradezco la aclaración, Senadora Graciela Ortiz.

Y con relación a la solicitud original, dado que estamos en informes, vuelvo a señalar, la consulta ha quedado perfectamente clara. Esta Mesa Directiva sólo procesa los dictámenes que le han llegado.

Los dictámenes de la Tercera Comisión, no han llegado. Y la solución de que estén o no listados, para la comisión correspondiente, les suplico que lo aclaren dentro de la propia reunión de comisión que tengan.

Por otra parte, lo que sí ha sido procesado, es una solicitud de diversos legisladores del PRD, con relación a una excitativa, que esa sí la podrá localizar en el Orden del Día.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputada Lizbeth, ¿para qué efecto?

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, para el efecto que le pueda dar trámite a ese documento que usted está mencionando, porque más allá de las excusas, aquí estamos para legislar de manera eficiente y oportuna. Y la Tercera Comisión no está siendo ni eficiente ni oportuna, hay que dejarlo claro, y hay que pasar a la discusión de esos temas que son trascendentales y fundamentales en su dictaminación.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Yo vuelo a repetir a todos los legisladores, que esta Mesa Directiva procesa las solicitudes que son recibidas.

Si revisa usted el Orden del Día, esa excitativa efectivamente viene listada, con el turno correspondiente.

Por cierto, excitativa que usted también formuló.

- La C. Diputada Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputada Adriana, ¿para qué efecto?

- La C. Diputada Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Es con respecto a una solicitud a la Mesa Directiva, con respecto a la integración de la Segunda Comisión.

Ocurre que entre los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, existe un lugar de propietario de un partido, que tiene un suplente de otro partido.

Entiendo, esto rompe el esquema de proporcionalidad con la que se integran todos los órganos legislativos.

Ha ocurrido, que este mismo suplente ha cubierto a los de su propio partido y al del otro partido, del cual está en la integración constituido como suplente.

Yo le quiero pedir a la Mesa Directiva que corrija este error, porque está rompiendo con el principio de proporcionalidad y, por supuesto, con las normas que nos hemos dado, en algún momento, los legisladores.

Por eso le pido muy atentamente a la Mesa Directiva, quien ha integrado la Segunda Comisión, que corrija este hecho para no romper con las proporcionalidades y las reglas que nos hemos dado en las Cámaras de este Poder Legislativo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Mesa Directiva toma nota de los comentarios, Diputada González Carrillo, tenga la certeza que lo revisaremos conforme a nuestra normatividad interna previamente aprobada por el pleno de esta Comisión Permanente.

Sonido en el escaño del Diputado Leobardo Alcalá.

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: (Desde su escaño) Es simplemente para el comentario que hace la Diputada en referencia a la Segunda Comisión, y aunque no cita los nombres, mi nombre es Leobardo Alcalá Padilla, soy miembro del PRI. Y en principio decirle que en estos casos no hay sustituciones o hay sustituciones y no suplencias.

Mi partido y yo hemos sido respetuosos de las formas, hemos sido respetuosos de los ordenamientos y de los reglamentos, uno en lo particular como Diputado y otro en respeto a la propia Comisión Permanente.

Decirle que ahora que hemos leído, existen ordenamientos los cuales nos regulan, y en el Acuerdo tercero dice: ”para la participación de los legisladores en las sesiones se permitirá la sustitución indistinta de propietarios o sustitutos”. Eso es en el número tres.

En el cuarto, como referencia, quizá no lo hayamos leído todos, para la participación en comisiones el respectivo grupo parlamentario deberá notificar oportunamente al presidente de la comisión.

El día de ayer en esta Segunda Comisión, el presidente tuvo a bien el no validar mi participación, y decirle que en la Segunda Comisión también existe ya un documento que se lo mostraré después….

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Alcalá Padilla, respetuosamente, no estamos en momento de discusión. Con todo respeto, esta etapa del Orden del Día es para el efecto de los turnos correspondientes.

Esta Mesa Directiva asume la posición presentada por la Diputada González Carrillo, nos gustaría enormemente que nos haga llegar los comentarios a la Mesa Directiva, igual por parte del Diputado Alcalá Padilla, con la intención de tomar una decisión por parte de la Mesa Directiva.

Esta Mesa Directiva asume el compromiso de respeto completo a la normatividad interna que nos rige. Disculpen la interrupción, pero tengan la certeza que así se hará.

Y respetuosamente le solicito a este Pleno nos permita continuar, porque no estamos en una etapa de discusión y debate. Los posicionamientos de cada uno, creo que han quedado perfectamente claros.

Sonido en el escaño de la Diputada Adriana, ¿para qué efecto?

- La C. Diputada Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Primero que nada, señor Presidente, para respaldar la posición del Presidente de la Mesa Directiva. Yo no creo que esta sea la instancia de debate. Yo quiero decir y reconocer no solamente la persona y las aportaciones del Diputado Leobardo, sino quiero también decir que no tiene que ver con una cuestión personal, es una cuestión de proporcionalidad que desde el punto de vista del grupo parlamentario del PAN, la Mesa Directiva ha integrado de manera equivocada la Segunda Comisión.

Si la Mesa Directiva resolviese que cualquier integrante de la Comisión Permanente, de cualquier partido político, puede tomar a petición de su grupo o de un grupo parlamentario la posición de otro integrante de otro grupo parlamentario, sólo queremos tener la misma regla para todos. De tal suerte que el PRD pudiera venir a apoyar al PAN en las comisiones, o viceversa, o cualquier otro partido político, como actualmente está ocurriendo en la Segunda Comisión. Sólo es equidad lo que se pide, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño del Diputado Añorve, ¿para qué efecto Diputado Añorve?

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señor Presidente, para también respaldar la postura de esta Honorable Mesa Directiva. Pero dejando claro que nosotros estamos cumpliendo con la normatividad y estamos cumpliendo, por supuesto, también con el Reglamento.

Dejar muy claro que nosotros cedimos una posición a Nueva Alianza y que el suplente también nos corresponde de acuerdo a la ley, no estamos engañando a nadie y no tratamos tampoco de tener una sobrerrepresentación.

Por eso le pedimos a la Mesa Directiva que pueda analizar las dos posturas, pero bajo el argumento que el grupo parlamentario del PRI, en esta Comisión Permanente, está cumpliendo con la ley y con la normatividad.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias Diputado Añorve. Esta Mesa Directiva solicita tanto al grupo parlamentario del PAN como al grupo parlamentario del PRI, nos hagan llegar los comentarios.

Pero vale una aclaración: La integración de comisiones fue aprobada por este Pleno, no por la Mesa Directiva.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas con veinte minutos del miércoles diecisiete de julio de dos mil trece, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diez de julio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Julio Camarena Villaseñor, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Filipinas y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor de la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Federal de Alemania.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Felipe Enríquez Hernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay; así como Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Uruguay.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2013, desagregada por tipo de fondo de Acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 688 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan, a realizarse el viernes 26 de julio del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Diputada Lizbeth Rosas Montero.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa por el 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, a realizarse el martes 30 de julio del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Diputado Agustín Alonso Raya.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que el 16 de julio del año en curso se dio inicio al periodo de sesiones extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, iniciativa de Decreto que reforma el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, iniciativa de Decreto que reforma el artículo 6 y adiciona el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Graciela Saldaña Fraire, oficio por el que informa su reincorporación a las funciones legislativas, a partir del 30 de julio de 2013.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Rafael Acosta Croda, oficio por el que informa su reincorporación a las funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2013.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández, oficio por el que informa su reincorporación a las funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2013.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el Informe de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Siguiendo el Dinero: Comercio, Impuestos y Bancos", celebrado del 11 al 13 de febrero de 2013, en París.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el Programa de Acciones Legislativas derivadas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y ejes rectores de la legislación secundaria.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se propone realizar sesión solemne el miércoles 24 de julio de 2013, para recibir la visita del Diputado Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente del Congreso de la República de Honduras.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Iniciativas)

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 25, 41, 51, 57, 99,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, 27, 49, 55, 56, 78, 110, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 187, 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17, 43, 62 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre propio y del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 31 y 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Jorge Terán Juárez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población.- Se turnó a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un numeral al artículo 2 y se reforma el numeral IV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de la Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Fueron aprobados en votación nominal por 29 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública buscar mecanismos eficaces para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa a considerar anular la votación recibida en las diversas casillas que presentaron irregularidades, así como realizar la recomposición de la votación de la elección que se impugna en el municipio de Ahome, Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a cancelar las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Iliatenco, Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar, modificar y proteger la fauna que tienen en resguardo los zoológicos de la Republica Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, a investigar y esclarecer con prontitud el caso de la desaparición de las personas provenientes de Temixco, Morelos.- Se turnó la Primera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de SAGARPA a instrumentar las medidas conducentes para que se habiliten ventanillas únicas, a fin de hacer compatible el ingreso de solicitudes de apoyo con los ciclos agrícolas de la producción de caña de azúcar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a rendir un informe detallado sobre el "Procedimiento de Repatriación al Interior de México".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia de los Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para conocer las causas y las posibles vías de solución sobre el grave problema financiero que afecta a estos institutos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a promover su programa integral de protección a derechos humanos de las personas migrantes en puntos constantes  de paso migratorio en el estado de Sonora, para capacitar a diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno, a organizaciones de la sociedad civil y a diferentes instancias educativas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Querétaro a garantizar y respetar a los líderes de oposición.- Se turnó la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar, elaborar e implementar una campaña de promoción turística para la ciudad de Orizaba, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Berenice Alvarez Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en el marco de las denuncias que han realizado agrupaciones defensoras de derechos humanos y laborales, sobre las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran jornaleros agrícolas migrantes y que se tomen las acciones correspondientes para su atención.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre los resultados que se han tenido en la persecución del delito de pornografía infantil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a generar y presentar un informe analítico a las comisiones pertinentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores respecto a la imagen negativa que se ha manifestado en materia de derechos humanos, frente a entidades, organismos e instituciones vigilantes y evaluadoras de los derechos humanos en México, para que los poderes legislativos y ejecutivo puedan entrar a un proceso de trabajo conjunto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a ponderar los argumentos científicos y humanistas de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, para desechar las solicitudes de licencias piloto y experimentales de organismos genéticamente modificados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al pleno del Consejo de Salubridad General, así como al gobierno del estado de Colima a intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento, prevención y control del dengue en dicho estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a presentar un informe de situación contable-fiscal que guarda el enteramiento del impuesto especial sobre productos y servicios, correspondiente a combustibles.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio sobre la posibilidad de establecer un conjunto de plantas desalinizadoras en el estado de Sonora.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a dar seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental "Presunto Culpable”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a reconsiderar la posibilidad de que el estado de Puebla pierda el Distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados que no han llevado a cabo las adecuaciones a su legislación, a efecto de que se encuentre armonizada con la Ley General en materia de trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las medidas tomadas a partir de la información difundida sobre el programa de vigilancia y espionaje internacional de Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los congresos de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar acciones en torno al problema de embarazos adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a intensificar los trabajos tendientes a combatir la piratería y el contrabando de autopartes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a remitir un informe sobre la distribución y uso del presupuesto ejercido en los primeros 6 meses del presente año.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Amalia Dolores García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración para que expliquen las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los migrantes contenidas en el documento Víctimas entre fronteras: la ausencia del estado en la defensa de los derechos de las personas migrantes en México, que comete sistemáticamente personal a su cargo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Muñoz Kapamas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Instituto Mexicano del Seguro Social a incluir en su propuesta para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, destinar los recursos necesarios que permitan la reapertura del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los gobiernos estatales a llevar a cabo acciones que mejoren las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Valentín Maldonado Salgado y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a respetar de manera plena los derechos a la libertad y autonomía sindicales y, respecto al laudo que cancela el registro del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México inicie las investigaciones necesarias para el deslinde de responsabilidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrir un nuevo periodo de registro de reservas territoriales que concentran las constructoras de conjuntos habitacionales en el Registro Unico de Vivienda, una vez que se dé a conocer la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Vivienda.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto, René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Adolfo Romero Lainas, Fernando Enrique Mayans Canabal, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Juan Gerardo Flores Ramírez, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público y a las comisiones de Desarrollo Regional y de Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Confederación Nacional de Gobernadores a impulsar el proyecto del Corredor Transístmico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y Federico González Luna Bueno, Presidentes de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, respectivamente, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y apoya la creación de la nom 192 SCFI/SCT1-2013 “Telecomunicaciones-Aparatos de Televisión y Decodificadores-Especificaciones”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Aleida Alavez Ruiz, Fernando Cuéllar Reyes, Alfa Eliana González Magallanes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, a informar sobre las acciones emprendidas para garantizar el mejor tratamiento en tiempo y forma y el acceso a medicamentos innovadores para la atención de estas enfermedades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senador Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, considere un incremento económico, destinado para la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz y Uriel Flores Aguayo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a instruir a los titulares de las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Economía y aquéllas otras dependencias del gobierno federal con competencia en el asunto a desarrollar una estrategia de corto plazo con el objetivo de prohibir la producción, importación, distribución, comercialización y uso del asbesto en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a contemplar a la población afromexicana en el levantamiento de la información para el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Aleida Alavéz Ruiz y Alfa González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno de Guanajuato a respetar el derecho del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas otomíes de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a promover que las comisiones de Justicia y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y las de Justicia y Estudios Legislativos del Senado concluyan, dentro de los plazos establecidos en los ordenamientos internos, el estudio y análisis de las iniciativas para reformar, derogar y adicionar el Código de Justicia Militar.- Se turnó a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República el primer resolutivo, y a la Primera Comisión de la Comisión Permanente el segundo.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a llevar a cabo la cancelación del permiso E/130/aut/99, para la generación de energía eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Raúl Gómez Ramírez, remitió excitativa con relación al punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones correspondientes de las operaciones financieras y económicas de los líderes sindicales de nuestro país, presentado el 12 de junio de 2013.- La Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del 141 aniversario luctuoso de Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del natalicio de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del 90 aniversario de Francisco Villa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la reforma política del Estado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las once horas con treinta y tres minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinticuatro de julio a las once horas y a Sesión Solemne a las doce horas".

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013.

'2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/908/13
México, D.F., a 19 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1218/13, el Lic. Antonio Iván Rojas Navarrete, Encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita de Estado del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, el pasado 15 al 19 de junio de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

 El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: De la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite el informe sobre "Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013", del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2013.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio un con similar de la Secretaría de Economía, remitiendo el segundo informe trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de dicha dependencia.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicho informe a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remite cuatro oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros. Asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de permisos para prestar servicios.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/906/13
México, D.F., a 19 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1211/13, el Lic. Antonio Iván Rojas Navarrete, Director General Adjunto, Encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaria de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Sergio Abraham Jiménez Arévalo

Cajero

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Alberto Lajía Reyes

Analista de Facturación

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación, solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Luis Alberto Medina Hernández

Empleado en el Departamento de Servicios Generales

Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/916/13
México, D.F., a 23 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1217/13, el Lic. Antonio Iván Rojas Navarrete, Director General Adjunto, Encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Virginia Fernández González

Gerente de Planeación de Proyectos

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Daniel Alejandro López Mariñelarena

Asistente Administrativo

Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua

María Andrea Acosta Guzmán

Asistente Administrativo

Embajada de los Estados Unidos de América, en México

Leticia Lowenberg Cruz

Analista

Embajada de los Estados Unidos de América, en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Mario Abraham Meza Salas

Chofer de la Sección de Servicios Generales

Consulado General delos Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California

Andrea Renata Fernández Olivares

Asistente de Recursos Humanos

Embajada de los Estados Unidos de América, en México

Graciela Adriana N. Zubikarai Porras

Asistente de Recursos Humanos

Embajada de los Estados Unidos de América, en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/904/13
México, D.F., a 19 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-08866, el Min. Miguel Angel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Tomás Javier Calvillo Unna, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Sikatuna, en grado de Datu (Gran Cruz), que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/906/13
México, D.F., a 19 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-09108, el Min. Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Haití.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Las solicitudes de cancelación de permisos se turnan a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Como ustedes saben, en la agenda de hoy tenemos prevista la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional al artículo 37, que regula la autorización de permisos de este tipo que estamos recibiendo.

Con la reforma que hoy concluye su proceso de aprobación, se dará también punto final a los trámites que hasta esta fecha han venido realizando las Cámaras del Congreso para autorizar a los ciudadanos mexicanos a recibir condecoraciones de otras naciones y a prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Por esta razón, la Mesa Directiva acordó solicitar a esta Asamblea la dispensa de trámites de las solicitudes de permiso que estamos recibiendo, para con ello agotar los asuntos que se tienen sobre esta materia en la Comisión Permanente.

A partir de la entrada en vigor del Decreto que hoy declararemos aprobado, la gestión de estas solicitudes estará a cargo únicamente de otro poder.

En consecuencia, las solicitudes de permiso para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones con las que se acaba de dar cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congrego General se consultará si se consideran de urgente y obvia resolución y se ponen a discusión de inmediato.

Solicito a la Secretaría realice la consulta correspondiente.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores asuntos se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se consideran de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos de Decreto que se someterán a consideración del Pleno.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a los proyectos de Decreto.

Primer proyecto.

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Abraham Jiménez Arévalo, para prestar servicios como cajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Lajía Reyes, para prestar servicios como analista de facturación en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Virginia Fernández González, para prestar servicios como gerente de planeación de proyectos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana María Andrea Acosta Guzmán, para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Leticia Lowenberg Cruz, para prestar servicios como analista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Daniel Alejandro López Mariñelarena, para prestar servicios como asistente administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Segundo proyecto.

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Tomás Javier Calvillo Unna, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Sikatuna, en grado de Datu Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Filipinas.

Tercer proyecto.

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el gobierno de la República de Haití.

Son todos los proyectos de Decreto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está a discusión el primer proyecto de Decreto que concede seis permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Monreal, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores.

Quizás para algunos de los miembros de esta Comisión Permanente, les parezca cosa insustancial o mero trámite, o incluso un reflejo de la modernidad del Poder Legislativo, ahora este trámite que se está obviando y que la mayoría de la Cámara ha permitido se adelante, dado que estos permisos que otorga la Permanente o las Cámaras, a partir de este evento, a partir de esta votación van a dejar de ser facultad del Poder Legislativo.

Lo que muchos decían, la aprobación para que mexicanos pudieran ser permitidos para trabajar en embajadas extranjeras, en gobiernos extranjeros, usar y portar condecoraciones, esta facultad que históricamente le había quedado reservada al Poder Legislativo desde la primera Constitución de 1824, ahora es cercenada.

Por eso adelantan este trámite, porque enseguida vendrá la lectura y la declaratoria de las legislaturas que han aprobado esta reforma constitucional al artículo 37 de la Carta Magna.

¿Por qué nos oponemos nosotros? Porque es ir contra la historia lo que están aprobando, a pesar de que ya tuvo su discusión formal en ambas Cámaras y en los congresos de los estados, nosotros mantenemos la posición de que es un error, es un error el que el Poder Legislativo renuncie a aprobar el uso de condecoraciones y el permiso para que puedan trabajar con gobiernos extranjeros.

Es más, en muchos países del mundo no sólo conservan esta facultad en los congresos y en las asambleas parlamentarias, sino es causal de pérdida de ciudadanía en el caso de que se aprueben.

Es decir, el ciudadano que no tenga la autorización del Poder Legislativo y acepte la condecoración de un gobierno extranjero puede perder la ciudadanía.

Es tan grave que ahora el Poder Legislativo no tendrá control de los ciudadanos a los que se les condecore o se les entreguen medallas por colaboracionismo con gobiernos extranjeros, y es una facultad de control legislativo que ahora olímpicamente el Poder Legislativo renuncia de manera voluntaria.

Estamos tratando ahora un tema trascendente, el Poder Legislativo renuncia a sus facultades y genera una concentración de facultades desmedidas en el Ejecutivo Federal. Es decir, del Presidente de la República.

¿En qué régimen federal el Poder Legislativo renuncia a sus facultades para entregárselas a otro de los poderes, al Ejecutivo de la Nación?

Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo y por eso vamos a insistir en que es una actitud incorrecta del Poder Legislativo, y que lamentablemente este Congreso por ocasiones se convierte en una farsa y en un grupo de incondicionales y lambiscones del Ejecutivo Federal.

No puede ser, permítanme decirles, es un error histórico ceder esta facultad al Ejecutivo, y hoy que se da paso, es inscrito en el Diario de los Debates este error histórico de un Congreso pusilánime que cede sus facultades al Ejecutivo.

Por esa razón nosotros no estamos de acuerdo, y este es el último debate, señoras y señores, el último debate que se dará sobre el uso de condecoraciones, medallas y permisos a ciudadanos mexicanos que se otorgan por gobiernos extranjeros aprobados por el Congreso de la Unión.

Es el último ejercicio, es el último acto y por eso es histórico, a partir de este acto todo será aprobado por el Ejecutivo Federal.

¡Qué pena y qué lástima me da pertenecer a este cuerpo tan dependiente y tan subordinado al Ejecutivo Federal!

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia no tiene ningún otro orador sobre este primer Decreto que refiere a seis permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto antes aludido.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación nominal, iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación nominal)

Señor Presidente, se emitieron 28 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Decreto que concede permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Está a discusión el segundo proyecto de Decreto que concede permiso para aceptar y usar condecoración al ciudadano Tomás Javier Calvillo Unna.

¿Algún legislador desea hacer uso de la palabra sobre este Decreto?

Diputado Monreal, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente:

En el mismo sentido, nosotros reclamamos de manera congruente que éstos sean los últimos actos de la soberanía del Poder Legislativo para aprobar este tipo de condecoraciones a ciudadanos mexicanos por gobiernos extranjeros.

Me parece de singular importancia discutir este tema, porque lo que comúnmente le han denominado peyorativamente “corcholatazos”, tienen una esencia republicana.

En distintas etapas de la historia patria, de la historia de nuestro país, ha habido mexicanos que prestan colaboración y, lamentablemente, subordinación a gobiernos extranjeros.

Esa es la razón de ser de esta facultad consagrada en el artículo 37 constitucional. Por eso es que para portar y usar una condecoración, hasta antes de este día, el Congreso mexicano tenía que otorgar su beneplácito, porque el Poder Legislativo con su pluralidad tenía que investigar si el ciudadano mexicano es o no merecedor a esa medalla a juicio del Congreso, no a juicio de un gobierno extranjero.

Es muy grave, quizás todos los que hablan peyorativamente de que sólo se trata de “corcholatazos”, no entiendan la profundidad de la medida que están coartando y que están suprimiendo de facultades del Congreso mexicano.

Alguien me reclamaba, eso viene del Senado.

No, es una iniciativa del PRI y del PAN.

Yo fui Senador y siempre me opuse, ahí está el Diario de Debates.

Este es un debate colateral a lo que viene, yo así lo entiendo, pero esos son los últimos actos de aprobación de este Poder Legislativo y de los que vienen, porque esta facultad en unos momentos más, cuando el Presidente haga la declaratoria, esta facultad quedará suprimida de la Constitución como una facultad del Congreso mexicano.

Por eso, sí es histórico, y por esa razón nosotros no podemos desapercibir el momento que vive el país, en donde hay una política exterior entreguista, en donde hay una política exterior de un gobierno pusilánime, donde hay una política exterior subordinada y donde el espionaje en nuestro país es permitido en complicidad con los altos niveles del gobierno de la República.

Cómo no argumentar en contra y cómo quedarse callados frente a esta grave agresión que sufre el Poder Legislativo frente a un acto que le quedaba implícito como una facultad exclusiva.

Cómo quedarse callados frente a esta aberración histórica y a esta aberración jurídica.

En ningún país del mundo el Poder Legislativo legisla cercenando sus facultades.

En ningún país del mundo el Poder Legislativo legisla para restarle facultades de control a los otros poderes.

Mientras seamos, aunque sea en palabras y en letras, un federalismo, nosotros actuaremos con congruencia. Lo hemos hecho en el debate en lo general y en lo particular; lo hacemos ahora que está por concluir este proceso.

Por esa razón el momento que se vive en el parlamento mexicano es histórico.

La mayoría de legisladores con nuestro voto en contra está renunciando a una facultad histórica, a una facultad histórica de aprobar el uso de condecoraciones de ciudadanos mexicanos y que se entregan por gobiernos extranjeros.

Ese es un asunto enterrado por la mayoría de legisladores.

Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, algún día ésta y otras facultades las recuperaremos, cuando haya un cambio verdadero en el país; cuando haya legisladores reales, no subordinados; cuando haya representantes populares dignos que luchen por el país y no por sus intereses personales.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Moreal Avila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Ciertamente, el tema que estamos discutiendo es el permiso a una persona en particular, de recibir una condecoración extranjera. Pero el debate aquí ha sido sobre la declaración de reforma constitucional que en breve tiempo habrá de hacer la Presidencia de la Comisión Permanente, después de que ambas Cámaras del Congreso aprobaron una reforma al artículo 37 y que los congresos locales hicieron lo correspondiente.

Y es con respecto a la eliminación de la obligación de que sea el Congreso el que autorice el que un ciudadano mexicano reciba una condecoración de otro país, so pena de perder la ciudadanía mexicana, y la facultad que tiene el Congreso, la obligación de aprobar el que un ciudadano mexicano pueda prestar servicios a un gobierno extranjero a través de sus embajadas.

Si ustedes revisan el Orden del Día de las sesiones de cualquiera de las Cámaras, encontrará al menos una sesión al mes en donde se dedica buena parte del tiempo del Congreso a autorizar que un ciudadano mexicano pueda prestar servicios de contador, de jardinero, de mesero en el consulado de un país o en la embajada de otro país.

Pero el asunto de fondo, ¿cuál es? Ciertamente, en el siglo XIX esta medida podía justificarse, pero no en el siglo XXI, donde lo que está por delante es el respeto a los derechos humanos. Partir de la presunción de que alguien que va a trabajar prestando sus servicios profesionales a un consulado o a una embajada es un traidor a la patria me parece que es una mentalidad propia del siglo XIX y de sus representantes aquí en el Congreso.

Partir de la presunción de que un ciudadano mexicano reciba una condecoración por meritos, si quieren académicos, de cualquier gobierno extranjero, en consecuencia, si no lo autorizó el Congreso mexicano es un traidor a la patria, es una mentalidad verdaderamente decimonónica. La Constitución de este país se ha venido actualizando y modernizando, y una de las actualizaciones más importantes que se dieron en las legislaturas anteriores fue precisamente el reconocimiento de los derechos humanos, el reconocer que el ser humano tiene derechos y no con estas mentalidades del siglo XIX de suponer que si no vienen a pedir aquí permiso para trabajar de jardineros en una embajada son traidores a la patria.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente. Para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Es lamentable la ignorancia supina que aquí se expresa.

Por supuesto que ha habido traidores a la patria, uno de ellos está en Harvard, por aquí paseándose, después de cien mil muertos tiene el descaro, la desvergüenza de pasearse públicamente en el país. Después de haber dejado al país en una estela de corrupción, de deshonestidad, se atreven a venir a acusar a quienes pensamos distinto, de estar en la época del siglo XIX.

Miren ustedes, de qué se queja el preopinante. El preopinante se queja de que una vez por mes tienen que dedicarle unas horas a revisar estos asuntos, fíjense nada más. ¿Sabe cuánto gana este señor, igual que todos nosotros? 300 ó 400 mil pesos para que una vez por mes, y con todos los accesorios es lo que gana, yo también fui Senador. Una vez por mes vengan a trabajar, a ver si son y reúnen las características para trabajar en un gobierno extranjero, ¿por qué se alarman?

De qué se alarman si trabajan dos veces por semana, cuando hay sesiones ordinarias, sesiones de martes y jueves no más de cuatro horas. Por mes trabajan ocho sesiones, 24 horas por mes, 96 horas por cuatro meses de sesiones, y lo demás es receso.

¿Es mucho trabajo un día revisar si son o no acreedores a usar o no condecoraciones ciudadanos mexicanos en el extranjero?, ¿por qué eliminar una facultad que tiene su razón de ser? Vamos discutiendo la historia, porque la descalificación es la actitud más torpe frente a la ausencia de argumentos, y eso yo no lo acepto.

No hay razón de ser, no hay razón de peso para eliminar esta facultad del Poder Legislativo. Si la razón de peso es que le quita cada mes unas horas de tiempo, pues que pobre argumento, que pobre argumento porque le pagan suficiente para que ejerza de tiempo completo su facultad y su función.

Entonces imagínense ustedes que poca monta de legisladores, así que no discutimos el tema, vamos discutiendo qué motivó en 1824 a los legisladores de esa época; vamos discutiendo qué motivó a los legisladores del 36, o al Congreso Constituyente de 1857, o al de 1917, y veamos razones de peso. No digamos que porque nos quita el tiempo una vez por mes el revisar estas solicitudes.

No vale la pena eso, señores, demos un debate de altura y digamos que esta facultad que el Poder Legislativo se autocercena es un error histórico y estoy dispuesto a debatirlo académicamente, no con argumentos falaces, no con descalificaciones, no con argumentos frívolos, vamos a las fuentes del derecho y a las fuentes del debate parlamentario, por lo que yo sostengo que debió permanecer esta facultad.

Este debate es importante porque es el último que se da sobre esta facultad del Congreso mexicano de autorizar el uso de condecoraciones, es realmente grave, señores. En un momento tan aciago de la República, traidores a la patria hay muchos, colaboracionistas hay muchos, vendedores de información todos los días, están llenas las Secretarías de Estado de eso.

Y ahora que el propio Congreso se abstenga y renuncie a una facultad de revisar los antecedentes de un ciudadano que es postulado por un gobierno extranjero para condecorarlo ¿dónde está lo antiguo de la medida?, ¿dónde está lo trasnochado de la medida?, ¿dónde están los decimonónicos, porque estás ejerciendo una facultad que el Congreso te permite?, ¿dónde está lo obsoleto de la medida?

Si tienes que revisar al ciudadano que va a recibir una condecoración, cuál es el problema que te tardes horas, días, si se trata del país, se trata de la patria, no es cualquier cosa. Y por esa razón yo sostengo que es un error histórico autocercenarse esta facultad tan importante de ejercerla.

Si fuera obsoleta, ¿por qué la sostienen países en el mundo? Si fuera obsoleta, ¿por qué establece una sanción?, la pérdida de la ciudadanía?, ¿acaso no hay todos los días traidores a la patria; acaso no hay todos los días vendedores de espejitos que nos engañan; acaso no hay personas que no merecen ser condecoradas?, más tarde creo que van a aprobar la mayoría otra condecoración a otro traidor a la patria, que ya llegará el momento procesal.

No creen ustedes que es un exceso lo que se está cometiendo. Me parece muy grave que de manera frívola se intente simple y sencillamente debatir con adjetivos.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia ha registrado dos oradores en contra respecto de este asunto, el Senador Larios a favor, que desea hacer, una vez más, el uso de la tribuna. Quisiera nada más un segundo, Senador.

Tengo una solicitud de la Senadora Luz María Beristain, de Quintana Roo, para que esta Mesa Directiva, este Pleno de la Permanente, saludemos a un grupo de estudiantes de la Universidad del Sur de Quintana Roo; que el día de hoy nos visitan. Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Ahora sí, Senador Larios, y gracias por su comprensión.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Al contrario, señor Presidente, gracias a usted.

El argumento es sumamente sencillo, no es un tema de horas, no es un tema de evadir el trabajo, por el contrario, hay que dedicar tiempo al trabajo.

El tema es de respeto al derecho humano de aplicar adecuadamente el artículo 20 constitucional. Se presume la inocencia de cualquier ciudadano a menos de que se demuestre lo contrario. Suponer que un mexicano que presta sus servicios profesionales ante una embajada o un consulado es un traidor a la patria, y en consecuencia debe de perder la ciudadanía, me parece que es un concepto totalmente rebasado.

Suponer que un investigador que recibe un reconocimiento académico de un gobierno extranjero es un traidor a la patria, es verdaderamente aberrante. En todo caso quien otorga el reconocimiento es un gobierno extranjero, no es el gobierno mexicano; sobre ello recae la responsabilidad, pero la norma surgió en el siglo XIX precisamente porque se partía del supuesto que cualquiera que no pidiera autorización al Congreso podría suponerse que era culpable, porque esa era la mentalidad de entonces, presuponer la culpabilidad de las personas antes de cualquier juicio.

Hoy lo que prevalece, lo que establece el artículo 20 constitucional, es precisamente que todo ser humano es inocente hasta en tanto no se le acredite lo contrario; no podemos suponer, que alguien es culpable de traición a la patria por prestar sus servicios en una embajada, en un consulado o por recibir una condecoración de un gobierno extranjero.

Ese es el argumento de fondo y por eso se aprobó en ambas Cámaras, por eso se aprobó en los congresos locales y por eso en seguida el Presidente de la Permanente hará la declaratoria.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño del Diputado Monreal.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Para hechos, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal.

-El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Miren, no es tan simple este tema, si lo quisieran reducir a que se autorice o no que un jardinero pueda prestar sus servicios en una embajada, y que a eso se reduce el debate, es un enfoque equivocado.

No, yo a los jardineros les tengo mucho respeto, más que a muchos que están aquí sentados, y a las empleadas domésticas más, que por cierto aquí se ha negado a otorgarles una legislación adecuada.

No, yo no hablo de estas personas que actúan con dignidad, no hablo de ex presidentes de la República, hablo de Secretarios de Estado, hablo de transas, traficantes de influencias, vendedores de información del país a un país extranjero, de esos hablo, porque yo les aseguro, y doy lo que quieran, les apuesto, es más les apuesto la curul a quien quiera, que no debiera hacerlo, pero no crean que es gran cosa.

Miren, les apuesto a que ni un jardinero en la historia del país ha sido condecorado con una medalla al mérito, se los puedo jurar, y veamos el Diario de Debates, si hay un jardinero que un gobierno extranjero haya entregado una medalla, que lo haya condecorado, ¿ha habido eso? No, yo hablo de los sápatras que nos han gobernado, de los traidores a la patria, sí, que nos han engañado y nos han saqueado, a esos sí, de esos hablo, y a esos no los podemos tener controlados a partir de la declaratoria que el Presidente hará en unos momentos.

Porque las complicidades se dan entre el que sale y el que entra, y el Congreso, que era la única parte plural del país ahora renuncia a una facultad de tener el control sobre esos sátrapas, pero al menos no votar a favor de que se le otorgue a Calderón una medalla al mérito, señores, cómo es posible, ojalá y fuera un jardinero, yo les diría, voto sin ver, pero no podría votar por un sátrapa, por un genocida, por una persona que le ha causado tanto daño al país, no puedo hacerlo, porque nosotros estamos aquí por ideales, por principios, por causas y no podemos transar en eso.

No vamos a transar en eso, no nos vamos a cansar hasta que haya un cambio verdadero en el país, porque lo que hay es simulación, es lo mismo Calderón que Peña Nieto, es lo mismo, sigue igual el país, sumido en la inseguridad, en la miseria, en la pobreza, en el desempleo.

Ayer cómodamente tomando café con Napolitano, que ya se va, el señor Osorio Chong, en sillones cómodos, tomando buen café y el país incendiándose; en Michoacán 22 muertos, asaltos, pérdida de soberanía, ¿qué discuten?, y todos los días nos dicen que la percepción ha bajado, que ha disminuido el delito, que ahora hay control y coordinación, puras mentiras, puros engaños. Ese es el tema de fondo.

Perdimos el control institucional, y ahora el Congreso mexicano pierde una facultad importantísima que está contemplada hasta ahora, hasta este momento, en el artículo 37 de la Constitución.

Yo les pregunto, los que votaron a favor, ¿se sienten muy tranquilos por renunciar a una facultad que era implícita al ejercicio de control de los poderes, atendiendo a la teoría de Montesquieu?, que ahora ya no existe, hay un sólo poder; el Poder Ejecutivo, lo demás le queda subordinado, no hay Poder Judicial, no hay justicia; no hay Poder Legislativo, es un ente subordinado.

Ese es el debate de fondo. Y no discutimos, ¿qué fue lo que motivó a los Constituyentes de 1824 y de 1957 a sostener esta facultad?

¿Qué motivó a los Constituyentes de 1917 a sostener esta facultad?

Eran gigantes esos legisladores. Tenían razones de peso, tenían patriotismo.

Hoy son intereses, comportamientos pragmáticos, sin doctrina, sin historia, ese es el problema de fondo.

Y por esa razón nosotros sostenemos, de nueva cuenta, que es un error histórico.

¡No es una soberana facultad!

¡Es una soberana estupidez!

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Compañeros legisladores, dado que conforme a nuestra normatividad no existe moción sobre moción, y ya se agotaron los oradores para hablar a favor y en contra del Decreto correspondiente, tengo la solicitud de la Diputada Adriana González para participar a favor.

Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse la participación de la Diputada Adriana González.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, si se permite la autorización de la participación de la Diputada Adriana González Carrillo, en relación al tema que se está tratando. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Autorizada la participación, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Tiene el uso de la tribuna la Diputada Adriana González, para hablar a favor de este Decreto, hasta por cinco minutos.

- La C. Diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi intervención es, por supuesto, a favor de esta reforma y estos cambios, que actualizan nuestra normatividad para poder reconocer quiénes en el siglo XXI son los traidores a la nación.

Anteriormente, quienes interceptaban el correo, quienes eran los llamados salteadores de caminos, la Constitución los acusaba de traición a la patria.

Y mi intervención es, sobre todo, porque le quiero aclarar a la gente que nos sigue en el Canal del Congreso, que como ha dicho el Diputado Monreal, nosotros no somos irresponsables, ciertamente comparto su inquietud de pérdida de facultad del Congreso, que yo creo que deberíamos de buscar cuáles otros deben ser los contrapesos, en otras materias y en otros elementos, eso lo comparto, Diputado Monreal.

Sin embargo, yo quisiera dejar muy en claro que en los últimos años nos hemos dado también los mexicanos leyes, como la Ley de Seguridad Nacional, con la que existe un catálogo de amenazas a la seguridad de nuestra nación. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra en su artículo 5o., el tema del espionaje.

Y también nos hemos dado las instancias para evaluar, para conocer de manera particular de los casos y los temas que tienen que ver con las amenazas a nuestra seguridad, que es en particular la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Mi participación, por supuesto, es a favor, y en el ánimo de aclarar que el Congreso de la nación ha sido responsable para atender desde la perspectiva de los derechos humanos y en el escenario del siglo XXI las verdaderas amenazas que hoy tiene el Estado mexicano, y nos hemos dado los instrumentos correctos, plurales, democráticos, para poder atender dichas amenazas.

Por eso, Diputado Monreal, personalmente comparto el que debemos de buscar que haya mejores instrumentos de contrapesos, pero desgraciadamente éste no ha sido uno de los mejores que nos hemos dado, porque simplemente ha sido para hacer juicios y sanciones parciales a quienes han encabezado particularmente la titularidad del Ejecutivo Federal.

Hemos llegado, incluso, en situaciones, por ejemplo, herencias, como es ésta, de la Constitución de Cádiz, en las que antes de haber cambiado el artículo 88, con el tema, por ejemplo, de los viajes y las salidas al exterior de los Presidentes de la República; ocurría que los gobernadores podrían andar por el mundo sin necesidad de pedir permiso a sus congresos locales, cuando el Ejecutivo Federal tenía que hacerlo.

Lo hemos modificado, hemos creado, incluso, controles para que no puedan irse del país por más de siete días; pero tampoco asumimos que el mundo sigue siendo ese creado en los albores del siglo XIX, y hoy nos hemos dado las normas para que en el siglo XXI podamos tener un catálogo claro de qué es ser traidor y amenaza a la patria, y nos hemos dado las instancias para evaluarlo.

Comparto, insisto, su posición, y lo invito a que trabajemos en crear más y mejores controles del Congreso al Ejecutivo, para poder hacer que nuestra facultad realmente haga un contrapeso al Poder Ejecutivo en turno.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada González Camarillo, y esta Presidencia agradece el cuidado del tiempo.

Para alusiones personales, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Miren, agradezco, y además se vale, reconocer la manera comedida de la Diputada.

En efecto, yo lo plantee desde un principio, que esta reforma, que es del debate colateral de la que vamos a ver enseguida, se inscribe en un desmantelamiento de las facultades y atribuciones del Congreso para retomar una figura presidencial plenipotenciaria.

Ese es el debate de forma y el debate de fondo. Y por eso me parece pertinente el que se reconozca que eso no se puede discutir, que se trata de un desmantelamiento de las facultades del Congreso. Es más, esta declaratoria, esta reforma del artículo 37, tiene temas que resolver.

En la reforma constitucional, obviamente, no se define ahora quién va a resolver el tema de los permisos, ¿será Gobernación, que tiene una concentración abusiva de facultades?

¿Será Relaciones Exteriores?

¿Será la propia Presidencia?

¿Qué procedimiento se va a instaurar?

¿Es materia de ley reglamentaria? Sí. Pero el Senado de la República, ciudadanos legisladores, el Senado de la República tiene facultades exclusivas, que son la revisión de la política exterior mexicana.

Yo les pregunto a los Senadores, ¿no es acaso importante revisar como política exterior el que un gobierno extranjero le otorgue condecoraciones a un ciudadano mexicano?

¿Entonces el Senado no va a hacer nada?

El Senado de la República renuncia a la revisión de su política exterior. Ese es el fondo del debate.

Y por eso yo agradezco que el tono comedido, sin adjetivos y sin descalificaciones, se convoque a revisar éste y otros temas.

Lo que yo no acepto son las descalificaciones torpes de decir: “Este es decimonónico, antiguo, trasnochado”.

Pues sí, si quieren decirme eso por defender al país, pues les aseguro que me quedo sin cuidado.

Es más, el que me ataque en la derecha es un timbre de orgullo. De verdad, porque los que luchamos por causas, obviamente no vamos a obtener aplausos fáciles de la derecha. No, no lo vamos a hacer, sabemos a lo que nos enfrentamos todos los días, en todos los foros, en todas partes, pero aún así vamos a persistir.

Y termino con lo que dije al inicio de la primera intervención. Es un error histórico la modificación al artículo 37 constitucional y el desmantelamiento de las facultades del Congreso en materia de permisos y condecoraciones de ciudadanos mexicanos que se les otorgan por gobiernos extranjeros.

Es un error histórico y algún día vamos a recuperar esa facultad. Se los aseguro.

Gracias por su tolerancia, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de éste segundo proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitando a las y los legisladores ponerse de pie del lado derecho y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 30 votos en pro, y 2 votos en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Javier Calvillo Unna, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Sicatuna que le confiere el gobierno de la República de Filipinas. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Compañeros legisladores, está a discusión el tercer proyecto de Decreto que concede permiso para aceptar y usar condecoración al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

¿Algún legislador desea hacer uso de la tribuna?

Diputado Monreal, ¿para hablar a favor o en contra?

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Monreal, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que la pregunta del Presidente de la Cámara, aunque es pertinente, es una provocación. Estoy en contra.

Y saben ustedes, ciudadanos legisladores, que incluso hasta actuaron de manera falta de estrategia, porque si esta facultad va a quedar derogada y saben que hay una oposición a que se otorgue cualquier condecoración o reconocimiento al ex Presidente de la República, pues es obvio que la oposición estaremos en contra.

Y yo me pregunto por qué no la sacaron después de la derogación, por qué no la dejaron pasar la semana que entra.

Porque ya mañana ya no será facultad de esta Permanente.

Y entonces la hubieran dejado pasar y ni modo que Peña Nieto vaya a estar en contra de entregarle la medalla a Felipe Calderón, si él sabe que son los mismos cómplices.

Entonces, yo digo que para qué exhibir al señor Calderón como si fuera a propósito.

Es el último debate y es la discusión relativa al otorgamiento de este reconocimiento-condecoración a Felipe Calderón.

Nosotros sostenemos, y lo hacemos de manera congruente, porque siempre lo sostuvimos de manera invariable, no aprovechamos el árbol caído para hacer leña, nunca fuimos oportunistas como hay muchos ahora que todos los días le tiran a Calderón, cuando fueron sus peones incondicionales.

Nosotros sostuvimos congruentemente nuestra posición, porque no aceptamos, aunque se trate de una facultad de un gobierno extranjero a otorgársela. Todavía hasta este momento está vigente esta facultad.

No la otorgamos, no otorgamos nuestro voto porque Calderón le falló al país, Calderón engañó al país, dejó el gobierno que él presidió, lo dejó en un océano de sangre y violencia.

Todos los Secretarios de Estado del neopriísmo se quejan de que heredaron corrupción, tráfico de influencias, irregularidades, pero nadie se atreve a denunciarlas.

Todos se quejan de que heredaron injusticia. Vean cómo se envilecieron los órganos de justicia. Eran órganos de consignas sometidos al capricho del gobernante, los generales detenidos y procesados, la recién casada Florence Cassez, los presidentes municipales de Michoacán y cientos de personas que están encarceladas, procesadas por consigna del gobierno, más de 100 mil muertos, más de 300 mil desplazados, y lo más grave es que todos los días nos damos cuenta que la lucha o la guerra contra el crimen organizado le costó al país no sólo sangre, que es lo más doloroso, sino un enorme saqueo.

Vean lo que está pasando con el detector molecular que fue un fraude, que fue un engaño, que científicamente está demostrado que fue un enorme fraude para la nación, los militares compraron 780 detectores moleculares, los gobiernos estatales, todos compraron detectores moleculares, el precio de producción costaba 10 mil dólares.

Aquí lo vendieron a 480 mil pesos, cuatro veces más, y este Congreso no es capaz de llamarlos a cuenta.

Si, señor Presidente, concluyo.

Entonces hay muchas razones, hay muchas razones que yo les puedo esgrimir y argumentar por las que no estoy de acuerdo y no son asuntos de carácter personal, como persona lo respeto, Dios lo ayude que le entreguen su carta de Harvard, que viva alejado del país, está bien, como persona no tengo ningún problema, como presidente tengo muchos reclamos, como representante popular tengo muchos reclamos que hacer.

Por esa razón nuestro voto va a ser en contra, y me reservo, Presidente, más tarde pedirle a la Asamblea, me permita otros cinco minutos para concluir mi intervención.

Muchas gracias por su tolerancia.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para hablar en contra, el Senador Encinas, también en contra.

Tiene el uso de la palabra el Senador Blásquez Salinas para hablar en contra del proyecto de Decreto, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Yo creo que un debate de esta naturaleza debería de exigir mayor seriedad. Somos un conjunto de legisladores que nos encontramos de cara a la nación en lo que es la sincretización de las dos Cámaras que representamos al país, tanto a la población como a las entidades.

Aquí se ha hablado, por ejemplo, de la suerte de la albañilería y la jardinería del servicio exterior, inclusive también de la apuesta de curules. Yo creo que esta es una situación que se debe dar con seriedad y se deben de presentar argumentos de solidez que permitan al país, a la comunidad, tener una idea clara de lo que se está discutiendo.

En el caso del presidente de muy triste memoria, Felipe Calderón, yo creo que un país, una institución es libre, tiene la libertad total, nosotros desde el Congreso, y ni desde ninguna institución mexicana, le podemos conculcar a una universidad o a un ministerio exterior que proponga a un ciudadano de cualquier nacionalidad a condecoración alguna, pero sí, es una obligación de nosotros, por supuesto, como ya decía aquí nuestro amigo el Diputado Monreal, porque es una atribución, es una facultad prístina del Senado de la República, revisarla.

Sin embargo, cuando hablamos de un personaje de tan triste memoria como es Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que llegó a la Presidencia de la República a base de un fraude electoral escandaloso, creo yo que lejos de ser un debate de política exterior, pues quien lo va a condecorar tiene toda la autoridad para proponerlo, es un debate de política interior.

Y a qué me refiero, creo que en cualquier sistema, en cualquier país en donde se respetaran las leyes y en donde hubiera un sentido común saludable, Felipe Calderón no tendría ni siquiera el derecho de salir de territorio nacional, creo que ni siquiera un sujeto de esas características podría tener en su tutela un pasaporte, y por supuesto que debiera estar sujeto a un proceso penal por las múltiples fechorías que cometió, entre ellas, la de genocidio.

Quiero, por supuesto, decir aquí que el voto personal, como miembro de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo será en contra, en contra de que esa persona reciba esa condecoración, pero sí establecer que un sujeto de esas características en este momento debiera estar sujeto a un proceso penal sin el derecho de portar un pasaporte mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Ha solicitado el uso de la palabra para alusiones personales, que conforme a nuestra normatividad interna tiene prioridad, pero al mismo tiempo le pido antes de que empiece a utilizar la tribuna, Diputado Monreal, conforme a nuestra normatividad, sólo hay dos oradores en contra y dos oradores a favor.

Por lo que estoy seguro que este Pleno no tendrá objeción en la participación del Senador Encinas, sin embargo, por reglamento propio, yo le pediría a la Diputada Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la participación del Senador Encinas.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a consultar a la Asamblea, en votación económica, si autorizan la participación del Senador Alejandro Encinas en relación a este proyecto de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Autorizado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para alusiones personales, el Diputado Monreal.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente, solicité el uso de la palabra porque fui aludido.

He sido muchos años parlamentario, los debates en esta Cámara no tienen que ser inertes, inexpresivos, estrictamente formales, quienes dicen eso no conocen los parlamentos del mundo, porque luego a veces, aparejados, ocultos en la formalidad excesiva se cometen verdaderas patanerías.

Yo soy así, y el parlamento es así, desde la antigüedad de los ingleses, Churchil, todos los parlamentarios usaban expresiones irónicas, y ahora actualmente en todos los parlamentos del mundo no deben de ocultarse en el exceso de formalismo, porque finalmente son los peores, soy como soy y así voy a seguir siendo, es mejor apostar una curul, que apostar la dignidad; una curul, con que sea medianamente inteligente y lambiscón, la logras; la dignidad, la dignidad no la logras tan fácilmente. Y yo prefiero quedarme con la dignidad que con la patanería.

Prefiero quedarme con la dignidad que con la curul. Porque finalmente todo lo que proponemos, todo lo que discutimos, con la mayoría mecánica, nos aplastan; a veces, legisladores dicen, y para que sufres tanto Ricardo, si finalmente no te van a aprobar nada. Pues por eso.

Porque quizás un trasnochado o que padezca insomnio nos podrá ver a las dos, tres de la mañana y diga, puede tener razón. Por eso nuestra lucha es más complicada, pero no nos separemos del tema, el debate es el otorgamiento de la medalla, de la condecoración al ex Presidente de la República, y yo sostengo que no es merecedor de recibirla.

Que en su sexenio creció la inseguridad, que en su sexenio hubo desigualdad y pobreza, injusticia, se envileció la justicia, se usó políticamente a las instituciones, se destruyeron prestigios por circunstancias políticas; y hay denuncias interpuestas en tribunales internacionales por genocidio y otros delitos.

Y el Congreso mexicano está discutiendo si se entrega o no una condecoración al ex presidente. Es más, si tuvieran pudor sus promotores, dirían, no la aceptes, renuncia, no te sometas al escrutinio del Poder Legislativo, porque sabían que éstos iban a ser los resultados.

Por eso no podemos admitirlo, y no vamos a votar a favor porque hemos sostenido con congruencia nuestra posición política y a estas alturas no vamos a regresar.

Surgió de manera ilegítima el ex Presidente de la República, y salió de manera ilegítima, entregando el poder a quien compró la Presidencia de la República.

Por eso no le van a hacer nada, porque hay una complicidad manifiesta; vean ustedes, el Secretario de Hacienda, Secretario de Relaciones Exteriores, el Subsecretario de Hacienda, el Ministro de la Corte, el otro jefe de esto; o sea, no van a hacerle nada, y aquí van a aprobarla la mayoría del PRI y del PAN, porque ya hay acuerdo previo. Claro, y luego mañana vienen los embajadores, Patricia Espinoza, y el compadre, y el otro lambiscón, el de Hidalgo; o sea, están envileciendo las instituciones, pero nos vamos a reservar ese debate, y es lo único que tenemos.

Aquí no quisieron escuchar voces discordantes, pero se aguantan.

Ahí están chiflando los intolerantes; imagínense, chiflando los intolerantes, no les gustan que les digan sus verdades.

Por esa razón nosotros estamos en contra de que se otorgue por esta Permanente el beneplácito para que reciba la condecoración el señor Calderón. Son razones de peso, no son asuntos personales. Nunca trivializaremos un debate público, republicano, con un asunto de carácter personal con nadie.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el Senador Alejandro Encinas, para hablar en contra de este tercer proyecto de Decreto.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores, por haber autorizado el que pueda hacer uso de la tribuna para fijar mi posición sobre este tema, sobre el cual no puedo dejar de opinar, más aún cuando se trata de la última oportunidad o la última ocasión donde el Congreso de la Unión emitirá en el ejercicio pleno de sus atribuciones una opinión sobre la condecoración a un ciudadano mexicano.

Qué lamentable que a partir de la declaratoria que se va a hacer el día de hoy de la reforma constitucional al artículo 37, el Congreso de la Unión haya disminuido el ejercicio de sus facultades.

Yo comparto las posiciones que se han expresado aquí, en que es lamentable que el propio Congreso cercene el alcance de sus atribuciones a favor de nuevas facultades al Ejecutivo en temas de interés nacional.

Y es más lamentable aún la forma en que estamos discutiendo este asunto, porque no hay ningún dictamen que nos permita ni conocer las motivaciones por las cuales el gobierno de Haití pretende entregar una condecoración a Felipe Calderón Hinojosa, ni una discusión previa al seno de las comisiones de trabajo y la Permanente que justifiquen tal dictamen.

En términos estrictos, no deberíamos estar llevando a cabo esta discusión, porque no hay el proceso legislativo correspondiente con la emisión del dictamen de una de las comisiones de trabajo de la Permanente.

Y si bien el gobierno de Haití pudiera encontrar algún merecimiento por el apoyo que el pueblo y el gobierno de México brindaron a ese país, por el apoyo que se dio con motivo de los sismos, éste no garantiza o no vincula necesariamente un merecimiento directo, de quien ilegítimamente ocupó el Poder Ejecutivo en nuestro país.

Ustedes conocen nuestra posición respecto al Ejecutivo Federal en el gobierno anterior; por supuesto que consideramos que no tiene merecimiento alguno para portar no solamente la condecoración que busque entregarle el gobierno de Haití, sino cualquier otro gobierno extranjero, porque no cumplió con sus responsabilidades fundamentales en el ejercicio de gobierno.

Un gobierno basado en el abuso del poder, que bañó de sangre a los mexicanos y que en todo caso, el reconocimiento del gobierno de Haití, debe hacerse a las instituciones públicas, a las organizaciones no gubernamentales, a los voluntarios, a la sociedad civil que dio un apoyo franco y abierto a nuestro hermano pueblo de Haití, que merece también nuestro aprecio y nuestro reconocimiento.

Por eso, en lo personal votaré en contra, porque a nuestro juicio no hay merecimiento alguno de Felipe Calderón para recibir ninguna condecoración de ningún gobierno extranjero.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación nominal, solicitando a las y los legisladores ponerse de pie y del lado derecho manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 23 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Decreto que concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Haití. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE SALUD

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite las evaluaciones externas o complementarias que su Dirección General de Evaluación del Desempeño ha coordinado a los programas prioritarios en salud durante el período 2007-2012.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de junio de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa la conclusión de los trabajos del periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura y remite copia de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que respecta al proceso de designación del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

"CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1921

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANANTE
PRESENTE.

Me permito informar a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados se ocupó de los asuntos 1, 2, 3 y 5 establecidos en el Artículo Tercero del Decreto expedido por esa Soberanía, para celebrar un Periodo de Sesiones Extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio del año en curso; por lo que respecta al punto 4, se dio a conocer a la Asamblea de la Cámara de los Diputados el contenido de la comunicación de la Junta de Coordinación Política del que anexo al presente se servirá encontrar copia fotostática.

En consecuencia y en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo del Decreto en cuestión, se consideraron agotados los asuntos motivo del periodo de sesiones extraordinarias, por lo que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, declaró formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

México, D.F., a 17 de julio de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra

Presidente"



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente...

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Ladrón de Guevara, esta Mesa Directiva ha tenido toda la tolerancia el día de hoy con relación a tiempos y al respeto de nuestra normatividad. Esta información, este comunicado no está a debate, por lo mismo, más adelante tendrá usted la oportunidad del uso de la palabra en algún otro asunto, este es sólo un comunicado y, por lo tanto, no está sujeto a discusión conforme a nuestra propia normatividad.

Pasamos al siguiente asunto, Diputada Secretaria.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente...

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño del Diputado Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente, justamente yo considero que usted está prejuzgando, y evidentemente no es cualquier cosa lo que usted está en este momento instruyendo, no es cualquier comunicado.

Yo quiero decirle que el comunicado que se presenta por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de la cual usted es parte, es el preámbulo de una ilegalidad en la renovación de los consejeros del IFE, que corresponde sustituir en el mes de octubre de este año.

Consumimos tiempos y procedimientos en los que era posible presentar buenos resultados si se hubiese atendido un procedimiento más abierto y transparente. Varios aquí se incomodan…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Ladrón de Guevara, no me obligue a cancelar el sonido de su escaño. Respetuosamente vuelvo a señalar, esta Mesa Directiva ha actuado con total apego a la legalidad, estamos en comunicaciones, no está sujeto a discusión, no es un dictamen. Por lo mismo, Diputada Secretaria continúe, y le pido respetuosamente, Diputado Ladrón de Guevara, esta Mesa Directiva y esta Presidencia solicita tolerancia, comprensión, pero sobre todo, apego a la legalidad.

Continuamos y pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales, por los que informan su aprobación al proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 constitucional en materia de permisos para aceptar y usar condecoraciones y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se procede a realizar la revisión de la documentación.

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de veinte votos aprobatorios al proyecto de Decreto de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia hace la mención que una vez que se realice la declaratoria correspondiente, como ha acontecido en otras ocasiones, se le concederá el uso de la palabra a cada grupo parlamentario para que fije el posicionamiento correspondiente.

Esta Presidencia solicita respetuosamente a los compañeros legisladores y a los asistentes en las galerías guardar silencio y ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que serán integradas al expediente respectivo.

Favor de tomar asiento.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal, para hablar sobre la declaratoria recientemente mencionada.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente...

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño de la Senadora Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, hoy en la mañana la Mesa Directiva tomó un Acuerdo de poner el tema de aniversario de la Revolución Cubana terminando las condecoraciones. No entiendo porque ya pasamos a un siguiente punto sin estar atendiendo la resolución de la Mesa Directiva, quien dio la instrucción de cambio, cómo se hace esto, porque no se está respetando.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Senadora, tal como se lo comuniqué, el Acuerdo de la Mesa Directiva es al concluir las iniciativas, estamos apenas concluyendo la parte de correspondencia, una vez que concluyan las iniciativas se tomará lo conducente, ese fue el Acuerdo de la Mesa Directiva, probablemente hubo alguna desinformación en este proceso, pero el Acuerdo de la Mesa Directiva fue en ese sentido, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal, para fijar posicionamiento sobre la declaratoria correspondiente, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras:

Revisando una y otra vez el propósito de la reforma, que ahora ha declarado el Presidente, que más de 20 legislaturas la han aprobado, como parte del Constituyente Permanente, para la aprobación de la reforma constitucional a este artículo 37, no puedo encontrar una justificación de peso, un problema o un reclamo social que requiera atención urgente, no encuentro que haya sido motivo de una laguna jurídica importante que deba ser cubierta, una adición que renueve el diseño orgánico institucional de la dimensión gubernamental del Estado para garantizar algún derecho social, no.

Tal parece que esta reforma se inscribe en lo que yo he insistido en debates anteriores en esta sesión; se inscribe en la línea de un desmantelamiento, de una renuncia de las facultades, competencias y atribuciones del Congreso para retornar a la figura presidencial plenipotenciaria, añorada por la cúpula en el poder, aunque de paso se estén trastocando fundamentos básicos de los principios de justificación y del quehacer del Congreso.

Se está comprometiendo, ciudadanos legisladores, el principio de separación y equilibrio entre poderes; se está posibilitando la institucionalización y legalización del intervencionismo, del injerencismo del Ejecutivo sobre la política exterior, excluyendo al Senado de la República de su facultad constitucional y finalmente se está abriendo la puerta para distorsionar, desfigurar aún más el proyecto nacional vislumbrado en el Constituyente del '17.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, y ahora las legislaturas de los estados, aprobaron esta reforma, una reforma que desde nuestro punto de vista es un error histórico, lo que se está ocultando, lo que se encubre y no se menciona en esta reforma incongruente, es que nuestro país ha levitado históricamente, y sigue levitando, con perennes políticas colonialistas, imperialistas, injerencistas, propias de potencias extranjeras.

El Estado mexicano no sólo ha dejado de lado responsabilidades que son intrínsecas al mismo Estado, sino que en nuestro país, el Ejecutivo ha subordinado sus intereses a los intereses del vecino del Norte.

Hace no mucho tiempo se dieron a conocer los primeros cables publicados por WikiLeaks, los cuales pusieron al descubierto algo que desde hace mucho tiempo se instituía y se intuía porque sabíamos que había ocurrido, pero no podíamos demostrarlo, ¿qué se demostró? ¿Qué se puso en evidencia en estos cables?

Se puso en evidencia nada menos que los altos niveles de injerencia por parte de los diplomáticos estadounidenses en los asuntos internos de nuestro país. Los cables confirmaron lo que reiteradamente habíamos denunciado por los diferentes canales, no sólo se inmiscuían en asuntos domésticos internos, sino que decían que la cooperación asimétrica en materia de combate al crimen organizado, y además tenían una injerencia impresionante, o tienen una injerencia notable en los procesos de designación de política interna, lo que a ojos de cualquier ciudadano resulta inadmisible.

Hoy mismo estamos frente a una crisis en materia de justicia, la justicia no existe en nuestro país, yo he sostenido y sostengo que la justicia está podrida en México, la justicia está al mejor postor, quien paga se mantiene en la impunidad, la justicia está ausente del país y está demostrado el uso del aparato de justicia, de los órganos de procuración y de administración de justicia para someter a los opositores; lo que nos avergüenza, porque lo mismo ministerios públicos, que jueces de consigna, estuvieron en una sincronía que hoy nadie ve que haya consecuencia jurídica o que haya procesamiento por esta distorsión en la aplicación de la justicia.

Por eso es que nosotros sostenemos este error del artículo 37 constitucional. No puede ser, no es creíble que este Congreso esté autocercenando sus propias facultades. Esta disposición contenida en el artículo 37, que ahora se suprime, proviene, concluyo señor Presidente, de las primeras Constituciones del país.

Hoy el país, el Congreso debería de estar de luto, por eso porto una corbata negra, porque debía estar de luto, es impresionante que nadie reaccione, o que pocos reaccionen ante tal envestida que sufre el Congreso mexicano.

Señor Presidente, le pediría que plasme un documento que había preparado en esta fijación de posición, porque el tema que hoy discutimos, aunque es fijación de posición, dado que la declaratoria ya se hizo, formalmente no hay discusión, aunque la tradición parlamentaria ha sido permitir que cada grupo parlamentario fije su posición, sólo le pediría que plasme este documento que ha sido comentado en tres ocasiones por un servidor.

Los que pusieron atención, muchas gracias, y los que no, que también reciban mis respetos.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Monreal, y solicito se inserte la postura por escrito del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la voz el Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es bueno que se vea la verdadera cara del PRI, el autoritarismo, muchos quisieran que en efecto estos micrófonos estuvieran cerrados y que aquí no pudiera hablar la verdadera oposición.

Pero sépanselo que en el tiempo que, en lo personal, nos queda en esta legislatura y, sobre todo, también en las calles del país, junto con los ciudadanos, estaremos expresándonos contra situaciones como las que hoy estamos viviendo, que pretendieron acallar el día de hoy, esa verdadera cara que representa el que dirigía la Asamblea hace unos momentos.

Es claro que en esta reforma, en su momento en la Cámara de Diputados, planteamos la posición, y se ha abundado en demasía aquí, sobre cómo se autocercena el Poder Legislativo. Hemos sido más profundos en la crítica y hemos dicho que en este país, en verdad, no existe la división de poderes.

Entre otras de las características que impiden la democracia en el país, hemos dicho que el Poder Legislativo por la sobrerrepresentación que hizo la derecha, obviamente, está supeditado al Poder Ejecutivo de este país, y ahora pretenden regresar remasterizados recargados con el que hoy es el Presidente de la República.

Es evidente, y ojalá los Senadores suban a la tribuna a plantear cómo les están quitando funciones, y en la irresponsabilidad, en la propia reforma no dejan claro quién va a asumir esas funciones.

Esto es parte de lo que hemos estado viendo en los últimos 30 años, que también hemos denunciado cómo el PRI se reformó en este nuevo modelo político, que es el PRIAN.

Yo no tengo dudas de lo que aquí se ha estado debatiendo el día de hoy. Y, obviamente, la postura del PT es manifestarnos en contra de esta reforma.

Y también decir que en otros temas que pretendían acallar, como fue el tema del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, evidentemente se ve esa contundencia de complicidad.

Miren, el atropellamiento con el que se cerró la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, representa una sinopsis de la forma en que los partidos integran el Pacto de México hacen política. Se toman acuerdos cupulares, alejados de cualquier posibilidad de diálogo o construcción de acuerdos con los que disienten con ellos.

Y aquí es necesario recordarles que este país no necesita este tipo de prácticas políticas, no necesita de la antipolítica, que no permite una conducción legal y transparente de las instituciones.

Por eso, queríamos, hace un momento, que esta Comisión Permanente tomara en cuenta algo que es muy grave. Que el mandato del Tribunal Electoral, era simple, concluir un procedimiento de designación establecido y delimitado por la propia Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en una convocatoria correspondiente.

Sin embargo, es evidente que lo que nos dan en ese comunicado es falso, sabemos que el acuerdo que existe es no acatar el mandato del Tribunal Electoral para poder seguir en esta práctica del PRI y el PAN, estarse repartiendo las posiciones políticas y obviamente de cara a la nación, ahora, el conjunto del país y su patrimonio.

Y, obviamente, queda expresado que con ello no abonan a la cultura de la democracia y la legalidad, y aumentan la suspicacia e incredulidad en la Cámara de Diputados.

El poder político por encima de la legalidad anula cualquier pretensión por hacer cumplir resoluciones de los Tribunales.

Algo similar en otros espacios sociales, donde la corrupción y la impunidad reinan, en la actividad administrativa y judicial.

Nosotros activaremos de nueva cuenta el botón del Poder Judicial. Esperamos que se rompa la inercia de la tolerancia y solapamiento de la ilegalidad y se actúe en consecuencia. Estaremos insistiendo en el cumplimiento de la ley, por congruencia y responsabilidad, y decirles que estaremos ocupando este espacio, y si es necesario, las calles de manera pacífica, para evitar los atropellos que este Poder Legislativo, comandado por el PRIAN, pretenden hacer en contra de nuestra nación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, señor Diputado. Informo que se ha agotado la lista de oradores.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación del Diputado Juan Manuel Diez Francos, por la que solicita se le extienda la licencia que le fue concedida para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de julio de 2013.

“DIP. FED. JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS
DISTRITO XV, ORIZABA, VERACRUZ

México, D.F., a 24 de julio de 2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

En la sesión del pasado 2 de abril del año en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó mi solicitud de Licencia por el periodo del 5 de abril al 30 de julio del año en curso, sin embargo, las disposiciones electorales del Estado de Veracruz, establecen que la licencia solicitada para separarse del cargo con el objetivo de contender a un cargo de elección popular, deberá mantenerse hasta la conclusión del proceso electoral, el cual a la fecha aún no concluye.

Por tal motivo, y con fundamento en lo establecido en el artículo 62 y 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13 todos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, por su conducto, al pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, licencia por tiempo indefinido a partir del miércoles 31 de julio de 2013, para continuar separado del cargo de diputado federal electo a la LXII Legislatura por el XV distrito en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ante tal situación, le solicito sea comunicada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que se realicen los trámites administrativos correspondientes y continúe en el cargo de diputado federal como lo ha estado desempeñando desde el 18 de abril del año en curso, mi suplente el C. Juan Isidro del Bosque Márquez.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente y aprovecho para expresarle la segundad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Dip. Juan Manuel Diez Francos”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“UNICO.- Se concede licencia al Diputado Juan Manuel Diez Francos, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de julio de 2013”.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Juan Manuel Diez Francos, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de julio de 2013. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de las actividades de la Décimo Cuarta Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, realizada el 28 de junio de 2013, en Managua, Nicaragua.

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de actividades desarrolladas conjuntamente con la Senadora María Elena Barrera Tapia, durante el encuentro con el European Citizen Action Service y el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C., los días 18 al 21 de junio de 2013, en Bruselas, Bélgica.

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en la XIX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013, en La Habana, Cuba.

De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Avila Ruiz, con la que remiten el informe de la Reunión de Instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, realizada los días 11 y 12 de julio de 2013, en Santiago de Chile.

De la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, por la que informa la conformación del grupo de trabajo, integrado por miembros de dicha comisión, y de la Comisión Especial de Agencia Digital e Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, derivada del Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, el pasado 12 de junio, relativo a la Agenda Digital Nacional.



- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el caso de la comunicación por la que se informa la integración de un grupo de trabajo, hágase del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de la Primera Comisión con proyecto de Decreto que concede permisos para desempeñar cargo de Cónsul Honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.






PERMISOS PARA DESEMPEÑAR CARGO DE CONSUL HONORARIO Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Al no haber oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal, solicitando a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto a partir del lado derecho.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 28 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Decreto que concede permisos para desempeñar cargo de Cónsul Honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la discusión de dictámenes con punto de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a los congresos de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los mecanismos tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los alimentos, derecho consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar políticas y programas que fortalezcan y dignifiquen a los cuerpos de bomberos en el país.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la factibilidad de modernizar la normativa que regula los mercados públicos y las concentraciones en el Distrito Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la PGR a instrumentar o, en su caso, intensificar las acciones y campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrán para los ciudadanos la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones realizadas en relación al robo de infantes en dicha entidad y en el país respectivamente.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de las entidades federativas, a impulsar mecanismos internos y la definición de una agenda de "Parlamento Abierto".






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en medios electrónicos.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con sistemas digitales para la expedición por medio electrónico de actas de nacimiento, y a la Secretaría de Gobernación a analizar y, en su caso, impulsar acciones tendientes a establecer dichos sistemas.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones y las investigaciones de las conductas probablemente delictivas de venta y distribución de drogas, en su modalidad de narcomenudeo, en la zona de Tepito, documentadas por los medios de comunicación.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en materia civil con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscritas por México en el año 2008.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta a establecer las políticas necesarias para contar con una mejor coordinación en la expedición de licencias de construcción en la ciudad.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta al jefe delegacional de Cuauhtémoc a establecer un programa de detección de necesidades con la finalidad de proveer mejores condiciones de vida y seguridad de las personas asentadas en la colonia Atlampa.






PRIMERA COMISION

 (Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta a los congresos de los estados que tienen tipificado el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar dicho tipo penal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta a agilizar las investigaciones tendientes a perseguir y sancionar a quienes resultaran responsables de la presunta venta de los padrones electorales, dados a conocer a través de un periódico de circulación nacional.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desechan dos proposiciones que exhortan a los institutos electorales estatales y al Ejecutivo Federal a garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en los comicios del 7 de julio.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo.

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el "Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014", reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La educación es tema imperativo en la transformación de una sociedad, cualquier cambio implica un análisis responsable sobre bases sólidas con visión a mediano y largo plazos. La planeación de estos cambios debe basarse en elementos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar las necesidades y requerimientos para transitar al ideal educativo que permita a México un desarrollo con inclusión social y sin discriminación.

El interés de la nación por una educación de calidad es, ha sido y será requisito indispensable para el desarrollo social de la población. Con su constante mejoramiento se tutelan los bienes de tipo social, jurídico, político y económico. En los últimos años se hicieron reformas a la legislación para mejorar el “modelo educativo” –fundamentalmente en la educación básica–, empero la atención educativa para niños con discapacidad ha sido marginal y se requieren adecuaciones generales que corrijan estas condiciones discriminatorias.

La educación es un derecho humano, consagrado en el artículo tercero constitucional, cuya esencia “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y formará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad”; la educación mejora las oportunidades en la vida: mientras mayor sea el nivel educativo mejores herramientas tendrá el individuo para alcanzar su desarrollo personal. En el caso de los niños con discapacidad, la educación es una herramienta fundamental que hace la diferencia hacia una vida independiente, libre y digna. La inclusión social sólo es posible cuando se reconocen como normales las diferencias.

En el plano internacional, la preocupación por la educación, por el interés superior de la niñez y por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ha permitido que la Organización de las Naciones Unidas adopte convenciones que homologuen este piso de derechos en los Estados Parte del Orbe. La Convención de los Derechos de los Niños y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas firmadas y ratificadas por el Estado Mexicano, son norma suprema según el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados Parte a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita mejorar o formular y aplicar políticas que den cumplimiento a los derechos humanos y los protegidos por la convención.

El Sistema Educativo en México ya brinda educación especial a niños con discapacidad y a niños con capacidades sobresalientes. Desafortunadamente no hay datos precisos y actuales sobre el número de alumnos y maestros con discapacidad, las condiciones en que se encuentra el sistema en su conjunto, y mucho menos la educación especial en lo particular.

Esta realidad y la reforma constitucional en materia de educación, obligó al nuevo gobierno a implementar un “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014” cuyo objetivo es “captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica”, según lo informaron el Secretario de Educación Pública y el Presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Además, ‘Permitirá conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial e identificar por escuela el uso de los espacios disponibles. Identificará datos de ubicación geográfica de los centros escolares, domicilio y tipo del inmueble, situación de propiedad del mismo, las escuelas que operan en él, sus características constructivas, el número y tipo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas de medios, auditorios, oficinas administrativas y académicas, espacios recreativos y deportivos, sanitarios, entre otros.’

En lo que se refiere a los docentes, el censo recabará datos sobre ‘cada uno de las y los docentes e identificar las características de sus plazas, su escolaridad, las funciones que realizan, la capacitación recibida y los programas en que participan, así como, registrar en las escuelas a todas las alumnas y alumnos según grado y nivel educativo, y sus características socio-demográficas. Esto contribuirá a identificar los programas y proyectos, los recursos humanos, total de docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico, la oferta educativa, la matrícula escolar y los grupos’

‘En el caso de los alumnos, se contará con información para conocer habla lengua indígena, español o extranjera, datos escolares (grado y grupo), condiciones especiales observables, programas y becas en los que participa.’

Esta información resultará útil para conocer el estado actual de la educación en el país y realizar planeación para el mejoramiento de esta. Empero, en la información ofrecida no se toma en cuenta información específica y detallada sobre discapacidad, tanto de alumnos como profesores, ni de las condiciones de las escuelas para atender a personas con discapacidad; además de reactivos específicos para conocer las condiciones y el tipo de atención que brindan las escuelas de educación especial, como son: tipo de discapacidades, características de los niños sobresalientes, tipo y especialidad del personal capacitado para educar a niños con los distintos tipos de discapacidad, la demanda de espacios en las escuelas, etcétera.

Esta información será complemento que permita planear y tomar decisiones sobre cómo mejorar la educación especial y así dar cumplimiento a la obligación del estado de asegurar la educación para todos, incluidas las personas con discapacidad y niños talento. Esta acción asegura condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se incluyan en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia”.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de la Segunda Comisión coinciden con la proponente en la necesidad de conocer y contar con información estadística relativa a la cifra de alumnos y personal docente con capacidades distintas en la educación básica y especial, así como los tipos de discapacidad y la infraestructura con que cuentan los planteles educativos para atender sus necesidades.

En ese sentido comparten también la idea de que la educación es fundamental para el desarrollo de todas las facultades del ser humano, además de ser un impulsor para la obtención de mayores oportunidades, no sólo en el ámbito profesional, sino en cualquier aspecto de la vida del individuo.

En este sentido una educación de mayor calidad se traduce en mejores condiciones de vida y por tanto en el desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria. La educación es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de garantizar que todas y todos accedan a ella sin importar condiciones individuales.

Al respecto vale la pena recordar lo establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su numeral 1 establece el compromiso de los Estados parte de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.

De igual manera resulta necesario mencionar el artículo 24 del mismo instrumento internacional que se refiere de manera específica a la educación y cuyo encabezado establece que: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el quinto párrafo de su artículo 1°: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Asimismo el artículo 3° de la propia Ley Fundamental establece el derecho de todo individuo a recibir educación.

II.- Cuando se habla de acceso a una educación de calidad, resulta necesario tomar en cuenta a todas las personas que forman parte del nivel educativo básico, ya que el mismo es el cimiento de una sólida formación académica.En ese sentido quedan evidentemente incluidas todas aquellas personas con alguna discapacidad o capacidad sobresaliente, pues para ellas y ellos la educación resulta una herramienta vital que les permitirá desarrollarse, desenvolverse de manera independiente y digna.

Sin embargo es necesario reconocer que para garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas con capacidades distintas, resulta indispensable que los planteles educativos cuenten con la infraestructura adecuada que les permita a dichas personas desenvolverse en condiciones de igualdad. De ahí la necesidad de contar con la información que permita al Estado llevar a cabo una adecuada planeación de políticas públicas y acciones en la materia.

Si bien en México ya se brinda educación especializada a niños con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, es necesaria la recopilación de datos actuales y precisos sobre la situación en la que se encuentra todo el sistema educativo y en particular el sistema de educación especial; tales datos permitirían identificar carencias y deficiencias a solucionar en aras de garantizar el derecho de las personas con capacidades distintas a acceder a la educación.

En ese sentido, tal y como señala la proponente, la reforma constitucional en materia de educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, estableció en la fracción I de su artículo Quinto Transitorio la obligación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de llevar a cabo durante el año 2013, un censo de escuelas, maestros y alumnos con el fin de integrar en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que además se constituyera como una herramienta de comunicación directa entre directores de escuela y autoridades educativas.

En cumplimiento a esta disposición, el pasado 18 de enero la Secretaría de Educación Pública dio a conocer un comunicado -disponible en el portal de internet de dicha dependencia-, en el que se señala que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial se llevará a cabo durante los meses de septiembre y noviembre del presente año y los primeros resultados se darán a conocer en el mes de diciembre.

Entre los datos que se recabarán, según lo dieron a conocer tanto el Secretario de Educación Pública como el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se encuentran los relativos a infraestructura instalada, servicios, equipamiento y condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial. Asimismo se recabará información de los alumnos, incluyendo la relativa a condiciones especiales observables.

III.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial debe constituir una indispensable fuente de información para conocer la infraestructuray condiciones con que cuentan los planteles de educación básica destinadas a alumnos y docentes, con alguna discapacidad, tales como auditorios, aulas, accesos y salidas, espacios deportivos, recreativos, sanitarios, entre otros.

El censo deberá además ser una herramienta útil para conocer la información tanto cualitativa como cuantitativa, sobre el estado en el que se encuentra la educación en México y de esta forma utilizarla para tomar las decisiones necesarias para su mejoramiento.

Dichos datos ayudarán a identificar las necesidades, debilidades y problemáticas que enfrenta la educación en nuestro país para darles solución, combatir el rezago educativo y, eventualmente, mejorar la calidad de la educación.

Asimismo la información obtenida en el censo será una herramienta del Estado para garantizar de manera más efectiva el derecho a una educación de calidad.

IV.- Ahora bien, la proposición que se analiza plantea la necesidad de profundizar en la recopilación de información específica relativa a discapacidad en escuelas regulares y de educación especial, así como el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

En ese orden de ideas los integrantes de esta Segunda Comisión coinciden en la necesidad y conveniencia de que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial profundice en la recopilación de datos relativos a dichos rubros, toda vez que al ampliar la información sobre educación especial y condiciones de discapacidad, la planeación para su mejoramiento será más adecuada y precisa, con lo que se evitará que subsistan deficiencias tanto en infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de los alumnos y profesores, como en la propia forma de impartir educación a niños con condiciones especiales.

Si bien es cierto que conforme a los detalles dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la información que se recabará con el censo, se desprende que ya ha sido incluida la relativa a condiciones de salud y otras condiciones especiales observables, también lo es que la propuesta que se analiza resulta oportuna y adecuada, en razón de la ya señalada necesidad de contar con la información sobre condiciones de discapacidad de alumnos y maestros, para atender de manera adecuada los problemas y obstáculos que enfrentan en el ejercicio del derecho a la educación.

Por tal motivo esta Comisión dictaminadora estima pertinente la aprobación de la proposición de mérito en sus términos, inscribiéndose además en la intención de fortalecer y consolidar al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial como una herramienta útil que permita conocer de manera mucho más amplia el contexto, condiciones y problemática de la educación en nuestro país.

En síntesis, que dicho censo se consolide como un instrumento más que abone al fortalecimiento y constante mejoramiento de la educación en México.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se incluyan en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino, dada en la República Federal de Alemania por parte de la casa de subastas Lempertz.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino dado en la República Federal de Alemania.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1.- En medios de comunicación del día 6 de julio pasado, se informó que el día 8 del mismo mes se decidiría, en la ciudad alemana de Münster, si el Estado mexicano recupera una serie de piezas precolombinas que fueron subastadas por una casa de arte en Alemania. El Tribunal Superior Administrativo, en esa ciudad alemana, informó que el día lunes 8, se llevaría a cabo el juicio que interpuso la casa de subastas de arte Lempertz contra la República Mexicana y el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, sobre piezas de arte precolombino.

La casa de subastas interpuso la demanda porque no puede entregar todavía las piezas a quienes las compraron durante la subasta en 2011, dado que, a instancias de México, el estado de Renania del Norte-Westfalia suspendió la entrega hasta que se aclarara el caso. Las piezas fueron subastadas por Lempertz en junio del 2011, bajo la condición de que serían entregadas en caso de que se levantara la suspensión que entonces impuso el Tribunal de Colonia, ciudad perteneciente al estado de Renania del Norte-Westfalia.

México se apoyó para detener la entrega en la Ley alemana de Devolución de Patrimonio Cultural, al argumentar que las piezas fueron sacadas de su territorio en forma ilegal y trasladadas a Alemania de la misma manera.

Dicha norma alemana fue promulgada en 2007, pero al parecer las 25 piezas precolombinas ya habían sido comerciadas desde años atrás. En abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Colonia emitió un nuevo fallo en el que permitía que las piezas fueran entregadas a sus compradores, pero el Estado mexicano y el de Renania del Norte-Westfalia acudieron al Tribunal Superior Administrativo de Münster. Las piezas siguen sin entregarse. La casa de subastas Lempertz sostiene, por su parte, que esas piezas precolombinas mexicanas han sido comercializadas en el mercado internacional de arte desde hace décadas. El propietario, a decir de las notas informativas circulantes, de la casa de subastas, Henrik Hanstein, manifestó en Colonia en abril de 2012, cuando se anuló la suspensión, que las piezas no son muy valiosas y que fueron vendidas por un total de 30 mil euros.

La mencionada ley estipula que las piezas que deben ser devueltas a sus países de origen son aquellas que hayan sido trasladadas a Alemania en forma ilegal a partir de abril del 2007, y Lemperetz argumenta que las piezas mexicanas en cuestión ya estaban en el país antes de esa fecha.

2.-Los medios de información difunden que las obras de arte precolombinas de México subastadas en 2011 en Alemania no serán devueltas al país y deberán ser entregadas a los compradores que las adquirieron en la Colonia Lempertz de este país. Así lo anunció el tribunal de Münster, luego de que las obras permanecieran bloqueadas por más de dos años. El Tribunal Superior Administrativo en Münster consideró que la entrega de las 25 piezas de arte mexicanas subastadas en junio 2011 no debió ser bloqueada por el Tribunal de Colonia. México intentó evitar la entrega apoyado en la ley de devolución alemana aprobada en abril 2007.

Sin embargo, este lunes el Tribunal Superior confirmó la decisión del Tribunal de Colonia, lo que permitirá que dos años después de la subasta se entreguen las piezas precolombinas mexicanas a sus compradores.“Los artefactos en cuestión son piezas de arte precolombinas que ya se encontraban ya hace muchos más años principalmente en posesión de colecciones privadas en países fuera de México” dice la resolución de la corte. Agregaron que ni la Ley de Devolución de Patrimonio Artístico ni el Convenio para los Bienes Culturales de la UNESCO pueden aplicarse con efecto retroactivo, las cuales entraron en vigor en Alemania el 26 de abril de 2007.

3.- Ante esta irregularidad flagrante en la cual una legislación internacional no tiene la facultad de ejercer una acción eminentemente legítima en la cual se respeten los bienes culturales nacionales, incluso los que están bajo sospecha de haber sido negociados u obtenidos ilícitamente, es necesario externar una opinión ante la relevante injusticia, que no ilegalidad, de que el patrimonio histórico de una Nación se encuentre bajo transacciones comerciales y susceptible de ser adquirido en propiedad particular. En este sentido, y mucho más allá de ser un reclamo nacional, este asunto tendría que ser tratado como un tópico en el que se lesiona a la cultura universal dado que la historia de cada pueblo y su producción cultural histórica debe ser propiedad de la Nación en donde se crearon tales productos, ya especificados en el convenio de Convenio para los Bienes Culturales de la UNESCO. Estamos ante una acción en donde existe una pérdida de bienes culturales que fue generada por un interés meramente pecuniario. Este hecho debe quedar registrado históricamente en la relación entre nuestro país y la República Federal de Alemania mediante una nota que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se subraye la contrariedad, el disgusto del pueblo mexicano ante la comercialización, incluso legal, del arte precolombino.

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A EMITIR UNA NOTA DIPLOMATICA EN LA QUE SE MANIFIESTE LA CONTRARIEDAD DEL PUEBLO DE MEXICO ANTE LA COMERCIALIZACION DE LOS OBJETOS DE ARTE PRECOLOMBINO DADO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA POR PARTE DE UNA LAS CASAS DE SUBASTAS MAS IMPORTANTES DE EUROPA: LEMPERTZ,EN DONDE DOMINO EL INTERES MERAMENTE PECUNIARIO ANTE UNA PERDIDA DE BIENES CULTURALES.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente compartimos la preocupación e indignación de la legisladora respecto de la subasta de piezas arqueológicas de origen mexicano, por considerar que con este acto se daña el patrimonio cultural de la nación, por lo cual expedimos los siguientes argumentos.

La nota diplomática está respaldada por el artículo 14 en su fracción VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, concerniente al asunto de la subasta de piezas de arte precolombino mexicano, llevado a cabo por la empresa Lempertz en la República Federal de Alemania, por tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores debe externar su desacuerdo de la venta de patrimonio mexicano. Sustentado en la Convención de la UNESCO DE 1970.

La subastadora Lempertz es de origen Alemán, radicada en la ciudad de Colonia, perteneciente al estado de Renania del Norte-Westfalia dicha casa subastadora ha sido objeto de acusaciones por poner en subasta varias obras de arte de origen ajeno a su país, en este caso ha sido la venta de arte precolombino de origen mexicano entre otros países latinoamericanos ricos en esta cultura.

Dicha casa pujadora en junio de 2011 realizo la subasta de 25 piezas de arte precolombino de origen mexicano, ante este hecho el gobierno mexicano contrariado, llevo a cabo las acciones legales concernientes a fin de restituir el daño por medio de la devolución de las piezas; sin embargo los Tribunales Administrativos de Müster donde se están llevando a cabo las diligencias judiciales, hasta el momento han fallado a favor de la casa subastadora Lempertz.

Dentro de este conflicto existen convenciones que apelan a la restitución de arte que haya sido sustraído del país de origen de forma ilegal, como es el caso de la Convención de la UNESCO de 1970.

Pese a que el gobierno mexicano ya realizo las apelaciones invocando la convención, con el argumento del empobrecimiento cultural como un daño a la nación mexicana, los tribunales alemanes consideran que la convención no tiene efecto jurídico en el caso, por las reformas que efectuó en 2007 el Estado alemán en su legislación, particularmente a la Ley de Devolución de Patrimonio.

Las modificaciones legales que ha llevado a cabo el gobierno alemán se han interpretado en el sentido de no devolver piezas de arte o arqueológicas obtenidas antes de la modificación legislativa, debido a que las piezas pujadas tuvieron bajo la legislación de entonces, un origen legal, además de que dichas piezas fueron comercializadas hace ya un par de años.

Por su parte el argumento del gobierno es que no hay conocimiento de si las piezas pujadas fueron extraídas del país de forma ilegal, por su parte la casa subastadora por medio del dueño Henrik Hanstein expresa que las piezas no tienen un gran valor, además de que las piezas fueron compradas por 30 mil euros.

El juicio presentado para la devolución de las piezas dio inicio en el año 2011, en los tribunales alemanes de Colonia, el tribunal emitió el bloqueo de la entrega de las piezas a sus compradores mientras esté en curso legal el proceso, pero en 2012 emitió otro fallo a favor de la empresa subastadora levantando el bloqueo a las piezas.

Ahora el pasado 8 de julio el Tribunal Administrativo de Müster, dictó el fallo a favor de la casa subastadora, bajo el argumento de que las piezas mexicanas fueron ingresadas al país Germánico de manera legal.

II.- Esta Dictaminadora considera que la Convención de la UNESCO de 1970 establece que todo Estado tiene por obligación la protección de sus patrimonios culturales ante el problema del robo, la sustracción, excavación clandestina e exploración ilícita.

En su artículo segundo de dicha convención dicta, que todo proceder ilícito como el robar, excavar o sustraer patrimonio cultural nacional, empobrece el patrimonio cultural.

En la legislación mexicana la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 6º fracción XIV, dicta que todo patrimonio cultural es perteneciente al dominio del Estado Mexicano. Además queda estrictamente prohibido por el artículo 13º de la misma el enajenar los bienes de pertenecientes del resguardo de la nación.

Además la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos a la letra dice que todo monumento histórico u artístico podrá ser exportado de forma temporal o permanente, bajo con la venia del INAH. Además queda prohibida toda exportación de la propiedad histórica.

Con el anterior sustento jurídico corresponde que sin importar si es lícita o ilícita la compra de bienes nacionales, estos deben ser regresados a la nación de origen, principalmente por ser un patrimonio cultural e histórico de cada nación.

El dueño de la casa pujadora Lempertz expone que no tienen gran valor, sin embargo la nación mexicana no considera que las piezas arqueológicas lejos de tener un valor monetario, su valor corresponde a un valor patrimonial y cultural de la vasta riqueza histórica de nuestro país, bajo lo cual no puede ponerse un precio.

Cabe señalar que este tipo de casos no son los únicos, en el mes de marzo del presente año en Francia se pusieron en subasta arte precolombino originario de Perú y nacional, la puja obtuvo una ganancia de 9 millones de euros y la empresa Shotheby´s dio en puja las piezas, el dueño de la casa subastadora francesa ha investigado el origen de legal de las piezas sin embargo no ha proporcionado o corroborado que las piezas originarias del Perú y de nuestro país son legales.

III.- La Segunda Comisión reitera que este tipo de pujas de arte prehispánico conforme a la Convención de la UNESCO de 1970 empobrecen nuestra cultura mexicana y dañan el patrimonio nacional que de acuerdo a las leyes nacionales vigentes son del dominio nacional y público.

Además hay que reiterar que al poner la venta de este tipo de arte histórico en carece el patrimonio nacional, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su deber de fijar una postura, también el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe fijar una postura en la cual externalice su contrariedad por la subasta.

El INAH realizó su queja de inconformidad sobre la puja de piezas arqueológicas en Francia, porque las piezas subastadas son propiedad de la nación, igualmente en este caso el INAH debe pronunciarse por una postura de contrariedad, además hay que argumentar que ni la misma empresa Lempertz sabe si las piezas subastadas en junio de 2011 son legales, ya que ésta última argumenta que han pasado por las manos de varios dueños, por ello se puede dudar de la legalidad de las piezas desde su posesión y traslado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino dada en la República Federal de Alemania por parte de una la casa de subastas Lempertz, acto en el que dominó el interés meramente pecuniario en detrimento del patrimonio cultural mexicano.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que la Comisión Permanente se congratula por la adhesión de Croacia a la Unión Europea.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe sobre el estado actual del Tercer Protocolo Adicional del “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación”, celebrado entre la entonces Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, correspondiente a la adhesión de la República de Croacia como país miembro de la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, el senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1. El Senador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina establece expresamente en sus consideraciones:

La Unión Europea representa uno de los más importantes símbolos de paz, solidaridad y cooperación en la historia de la humanidad. Una prueba de ello es que, a pesar de las adversidades económicas y sociales que se viven en algunos países de la Unión, el 1 de Julio de 2013 la República de Croacia queda incorporada oficialmente al sueño europeo como nuevo Estado Miembro del proyecto comunitario.

Especialmente nos congratulamos por el esfuerzo realizado por Croacia para lograr su adhesión a la ahora Europa de los 28, lo que constituye una muestra más de los progresos alcanzados por los países de los Balcanes.

La República de Croacia cumplió con los requerimientos que establece la Unión Europea para los nuevos Estados Miembros, conocidos como “Criterios de Copenhague”, que incluyen “el criterio del Acquiscommunautaire” (acervo comunitario), que consiste en asumir todas las obligaciones que se derivan de la adhesión a la Unión Europea y los compromisos jurídicos asumidos por esta.

Por lo anterior, el Estado mexicano debe reconocer a Croacia como un Estado Miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, como contraparte de México en el también denominado “Acuerdo Global” entre México y la Unión Europea”.

En consecuencia, el Ejecutivo Federal habrá de promulgar el protocolo de adhesión necesario para reconocer a la República de Croacia como parte de los compromisos existentes entre nuestro país y la Comunidad Europea (Unión Europea a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa).

El protocolo mencionado cuenta con los siguientes antecedentes:

-El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación celebrado entre la otrora Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, que se firmó en Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de octubre de 2000.

- El Primer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por la otra, que fue firmado en la Ciudad de México el 2 de abril de 2004, y en Bruselas el 29 de abril de 2004; referente a la adhesión a la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), a partir del 1 de mayo de 2004, de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia y la República Checa.

- El Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Luxemburgo el 25 de abril de 2005, y en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 2006, relativo a la adhesión a la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), a partir del 1 de enero de 2007, de la República de Rumania y de Bulgaria.

En virtud de que el Tratado de Adhesión de Croacia a la Unión Europea se firmó desde el 9 de diciembre de 2011; esto es, desde hace más de un año y medio, y su adhesión fue anunciada para el 1 de julio de 2013, consideramos preocupante que la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya siquiera informado a esta Soberanía sobre el estado que guarda el que sería el Tercer Protocolo Adicional correspondiente al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, concerniente a la incorporación de la República de Croacia a la Unión Europea.

Ante lo expuesto, propone al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, a partir del 1 de julio de 2013.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta firmemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra, concerniente a la adhesión de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013.

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que promulgue dicho protocolo adicional, correspondiente a la formal incorporación de Croacia a la Unión Europea.

CUARTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que envíe, a la brevedad posible, para su aprobación por el Senado mexicano, el que será el Tercer Protocolo Adicional del Tratado Internacional mencionado en el primer punto de este documento, relativo a la adhesión de Croacia a la Unión Europea.

CONSIDERACIONES

I. Las y los legisladores federales que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente somos conocedores del largo camino que ha recorrido la Unión Europea para consolidarse como una comunidad de naciones unificada económica y políticamente, en un esfuerzo colectivo entorno de los loables principios de la convivencia pacífica, la solidaridad de los pueblos, la democracia, la transparencia, el respeto de los derechos humanos y el bienestar social.

En ese sentido, quienes signamos el presente dictamen reconocemos la relevancia de todos los instrumentos de derecho internacional que llevaron a la conformación de la Comunidad Económica Europea y a su paulatina evolución hacia la Unión Europea; un proceso que trasciende la cooperación económica para fomentar la eliminación de fronteras físicas, sociales, políticas y culturales y orientarse hacia la constitución de una sola unidad política, fraguada sobre la base de la voluntad ciudadanía europea en un esquema eficiente de democracia supranacional.

Somos conscientes de que aún faltan pasos por andar y determinaciones importantes qué considerar para la consolidación de una unificación semejante; no somos omisos en el conocimiento de las cuestiones económicas y políticas que actualmente enfrenta ese proceso; pero expresamos nuestra confianza en que las instituciones democráticas que se ha dado esa formación multilateral, así como la participación decisiva de los ciudadanos europeos habrán de conjurar los riesgos y afrontar esos retos con eficacia.

II. Precisamente, creemos que la reciente incorporación de la República croata a la Unión Europea es un paso más en camino de la unificación.

Esa nación solicitó su adhesión en 2003, iniciando un proceso de negociaciones que abarcó desde 2005 hasta 2011. Así, el 9 de diciembre de ese año los líderes de la Unión Europea y Croacia firmaron el tratado de adhesión, mismo que comenzó su vigencia el pasado 1 de julio.

Con dicha incorporación, la Unión Europea se conforma con 28 miembros y aproximadamente 508 millones de habitantes. Ello significará una modificación en el peso de los votos de los estados miembros en el Consejo; la incorporación del Croata como lenguaje oficial en esa comunidad; así como la consideración para incluir al nuevo Estado miembro en la propia Comisión, en la Corte de Auditores, en el Comité Económico y Social; en el Comité de Regiones; en la Corte de Justicia, y en la Corte General.

Además, se ha planteado como objetivo profundizar la integración de Croacia, previendo su incorporación al espacio Schengen en 2015 y “que pase de la kuna al euro tan pronto como su economía reúna los criterios de inflación, finanzas públicas, estabilidad de los tipos de cambio y tipos de interés”.

Otra de las consecuencias positivas que tendrá para la República de Croacia esa reciente incorporación a la Unión Europea es el acceso a las relaciones internacionales que la eurozona sostiene en muy buenas condiciones con el resto de la comunidad internacional, sean relaciones multilaterales o bilaterales con alguna nación en particular, como es el caso del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sostiene nuestro país con esa comunidad.

Como lo describe el proponente, la firma de este Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, se realizó en Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, como finalización de un proceso iniciado en 1992 para promover el acercamiento comercial de nuestro país con la eurozona. Dicho proceso incluyó la firma de dos instrumentos más, un acuerdo comercial limitado, en 1975, y un Acuerdo Marco de Cooperación, en 1991, que sustituyó al anterior y que dio base al Acuerdo de 1997.

Del mismo modo, México ha suscrito dos protocolos adicionales al Acuerdo, aceptando la inclusión en la relación comercial que éste genera de los países que se van incorporando a la Unión Europea. El primero, en abril de 2004, relativo a la adhesión, a partir del 1 de mayo de 2004, de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia y la República Checa. Y uno segundo, en abril de 2005, relativo a la adhesión de la República de Rumania y de Bulgaria.

Por ello, esta dictaminadora considera viables los puntos de acuerdo bajo revisión, en el entendido de que es previsible la existencia de un proceso de negociación entre México y la Unión Europea de un tercer protocolo por el que se definirá, en su caso, la incorporación de la República de Croacia a la relación comercial que se sostiene entre las partes, pues tal instrumento en indispensable para validar el intercambio comercial de nuestro país con el nuevo miembro de la eurozona por vía de la propia Unión Europea.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, a partir del 1 de julio de 2013.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra, concerniente a la adhesión de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que envíe, a la brevedad posible, para su aprobación por el Senado mexicano, el que será el Tercer Protocolo Adicional del Tratado Internacional mencionado en el primer punto de este documento, relativo a la adhesión de Croacia a la Unión Europea.

CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que promulgue dicho protocolo adicional, correspondiente a la formal incorporación de Croacia a la Unión Europea.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el proceso de implantación del Programa Piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION



Que exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a emprender acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para considerar y, en su caso, facilitar y apoyar la creación del pasaporte cultural.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Consejo Nacional para la cultura y las artes a fin de que con base en las atribuciones que le confiere su decreto de creación y conforme a las disposiciones establecidas en su marco normativo, emprenda acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional, entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para crear el pasaporte cultural.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, el Diputado Federal Gerardo Licéaga Arteaga, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Nuestro país cuenta con una amplia oferta cultural que debe ser apreciada por la gran mayoría de los mexicanos. Contamos también con sitios arqueológicos e históricos en el territorio nacional que son más apreciados por los turistas extranjeros que por nuestros propios compatriotas.

Somos un país con muchísimos museos, casas de cultura, salas de conciertos y exposiciones, recintos para la expresión de las diferentes manifestaciones artísticas y en general poseemos una vasta infraestructura cultural que debe abrir sus puertas para que un mayor número de mexicanos dediquen sus horas de esparcimiento a visitarlas sin limitaciones de carácter económico.

Algunas instalaciones culturales, arqueológicas e históricas son administradas por el sector público, otras por el sector social y también existe un bagaje cultural muy importante en el sector privado.

Por ello considero que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes puede concertar con dichas instancias para crear un Pasaporte Cultural que permita el que niños y jóvenes en edad escolar, así como personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, puedan tener acceso gratuito en compañía de sus familias al conjunto de opciones culturales, artísticas, arqueológicas e históricas que se incluyan en él.

Cabe destacar que algunas instituciones de carácter educativo y gubernamental vinculadas al ámbito cultural han promovido el Pasaporte Cultural en otras naciones, como es el caso de España, país en el cual la Universidad Carlos III de Madrid lo instrumentó como un documento que permite disfrutar de la oferta cultural del Aula de las Artes de dicha institución y ha ampliado el abanico de actividades a ofertar celebrando convenios de colaboración con otras Universidades, sin embargo tiene un costo de 6 euros, es personal e intransferible, tiene un número de socio y validez por cuatro años a partir de la fecha de adquisición.

Asimismo, el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales en las ferias de turismo cultural, junto con el Patronato de Turismo Valencia, Terra i Mar de Diputación de Valencia, implementaron el Pasaporte Cultural en el año 2008. En 2012, estas instituciones daban a conocer que el Pasaporte Cultural se ha convertido en una herramienta eficaz para la difusión del turismo cultural de la provincia de Valencia, tanto entre la población local como entre el público potencial visitante de dicho territorio. En este caso, se trata de una tarjeta inteligente personal e intransferible numerada cuyo número sirve para participan en sorteos. Cada usuario sólo puede tener una tarjeta adjudicada a su nombre y con ella accede a los recursos culturales que contenga, siendo beneficiado con descuentos, que serán de un mínimo de 10% o promociones.

En nuestro país, gobiernos locales han incorporado también esta figura como el caso de Puebla, con el propósito de fomentar el conocimiento y apreciación del patrimonio cultural pero está dirigido únicamente a los habitantes poblanos, es gratuito y otorga el beneficio de integrar de forma gratuita e ilimitada a todos los museos y centros culturales participantes ubicados en todo el Estado y tiene tres modalidades: Pasaporte de Estudiantes, Pasaporte de Adultos Mayores y para Personas con Capacidades Diferentes.

En San Luis Potosí, el 11 de enero de 2012 se anunció el inicio del proyecto Pasaporte Cultural como un programa orientado al objetivo de atraer a más personas a los actos culturales.

En abril de 2013 la Delegación Coyoacán del Distrito Federal anunció que implementaría el Pasaporte Cultural para que los niños y familias de escasos recursos coyoacanenses puedan acceder gratuitamente a la infraestructura cultural de dicha demarcación.

En julio de 2009 el Centro Cultural Tijuana (CECUT), expuso el proyecto de Pasaporte Cultural dirigido al público infantil y juvenil, a sus familias, orientado a estimular la asistencia a actividades culturales.

Considero que esta propuesta a favor de la apreciación de nuestro entorno cultural contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos de las personas, fomentará la unidad familiar y contribuirá a forjar una mejor sociedad, de ahí que considero viable que CONACULTAlleve a efecto la promoción de esta estrategia de fomento cultural orientada a estimular a los estudiantes del país, a personas con capacidades diferentes y a personas de la tercera edad, con fundamento en sus funciones específicas entre las que se encuentra la de organizar, dirigir y controlar el conjunto de acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, mediante la firma de acuerdos específicos de ejecución; en el marco de los fondos especiales para la cultura y las artes con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los programas de estímulos a la creación artística en las entidades federativas y municipios.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a fin de que a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y con base en las atribuciones que le confiere el Decreto por el que fue creado y conforme a las disposiciones establecidas en su Manual de Organización General, emprenda acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional, entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la creación del Pasaporte Cultural.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la intención de crear los medios necesarios para facilitar el acceso al conjunto de opciones culturales, artísticas, históricas y arqueológicas que existen en nuestro país, y que a través de la coordinación institucional competente en la materia se lleve a cabo el ejercicio de una acción que impulse el interés de los diferentes sectores de la población por el aspecto cultural de México.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura. CONACULTA es la institución encargada de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas. Las acciones de CONACULTA están encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

La Dirección General de Vinculación Cultural es la encargada de proponer, dirigir y aplicar las políticas, lineamientos y programas que contribuyan con los procesos de descentralización cultural, el federalismo, e impulsen la participación ciudadana, mediante la concertación sistemática y eficaz de propósitos y acciones entre los tres niveles de gobierno y la sociedad.

Entre sus funciones está el extender los bienes y servicios culturales a todo tipo de públicos, mediante la organización, desarrollo y evaluación de una Red Nacional de Festivales, del Programa para el Desarrollo Cultural de los Jóvenes y del Programa de Atención a los llamados Públicos Específicos, con la finalidad de poner al alcance de los distintos universos de públicos que integran la sociedad mexicana, el goce y disfrute de los bienes y servicios culturales.

II. México es un país con una amplia diversidad cultural en el que se llevan a cabo expresiones de todas las naturalezas posibles, los consumos culturales son bastos y muchas actividades culturales llegan a ser muy rentables. A nivel mundial, México ocupa el sexto lugar de riquezas históricas, culturales y naturales inscritas en la UNESCO.

La República mexicana cuenta con cientos de zonas arqueológicas distribuidas en todo el territorio, 23 lugares declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, casas de cultura, museos y una vasta red de bibliotecas coordinada por CONACULTA y los estados.

Sin embargo la asistencia o interés por actividades culturales es poca y muy centralizada en nuestro país, la población no considera una opción asistir a eventos culturales que no sean el cine o algún concierto. El consumo interno es bajo en relación a la oferta existente en el sector cultural.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo cultural 2010, en nuestro país, 37.6 por ciento de los mexicanos nunca ha acudido a un museo. Esto cobra relevancia en un país donde hay más de mil 185 museos, uno por cada 91 mil 437 habitantes.

Esta misma encuesta revela que el41 por ciento de la población del país conocía una librería; 44 por ciento visitó alguna zona arqueológica, 55 por ciento ha asistido a algún museo, y 13 por ciento ha acudido por lo menos una vez en su vida a una exposición o muestra plástica.

El pasaporte cultural es una estrategia que tiene como finalidad, incrementar el aprovechamiento de los bienes y servicios culturales que existen en el país, teniendo como elemento central la atención al ciudadano y con un especial enfoque hacia la igualdad de oportunidades de acceso a los niños, jóvenes y todos los sectores de la población para acceder a las actividades culturales que se desarrollan en museos, casas de cultura, centros culturales y teatros.

Como el legislador lo contextualiza en su exposición de motivos, en territorios como Puebla, San Luis Potosí y Coyoacán D.F., así como en otras naciones como España se ha puesto en acción este tipo de programa con el fin de atraer a los habitantes a conocer la diversidad cultural que existe en estas demarcaciones. Lo que ha facilitado el acceso a la variedad de opciones culturales, además de generar el interés de los residentes en este nicho.

En este sentido los integrantes de esta segunda comisión consideramos que en el marco de acciones institucionales de divulgación cultural, el pasaporte puede ser un medio atractivo de invitación a todos los ciudadanos mexicanos a involucrarse con las riquezas culturales que nuestro país ofrece.

Esta dictaminadora considera que el pasaporte cultural será el medio a través del cual se abrirá el acceso a la cultura. Es importante que todos los mexicanos tengamos acceso a la cultura. Creemos que si un pueblo sabe de dónde viene sabrá a dónde va. Por lo que uno de los objetivos con esto es que estemos orgullosos de nuestro pasado y para ello es necesario que lo conozcamos.

Consideramos que este podría ser un primer cambio en el diseño de la cultura, de tal manera que será la herramienta de alcance para conocer nuestro pasado, aprender de él y disfrutarlo. De igual forma servirá como medio para los ciudadanos mexicanos que tienen interés de asistir a los sitios arqueológicos, museos, exposiciones y actividades culturales, y que por cuestiones económicas les impide concurrir.

III.- La Segunda Comisión reitera el compromiso de trabajar en favor de la sociedad mexicana y en el enriquecimiento integral de la misma. El enfoque cultural es sustancial para la formación de los mexicanos, por lo que el Estado debe garantizar los medios precisos para facilitar el acceso a la pluralidad de instituciones, zonas arqueológicas, historia, exposiciones, y actividades con este encuadre. De tal manera que seguiremos trabajando con una lógica incluyente por el beneficio de una sociedad con conocimientos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a fin de que a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y con base en las atribuciones que le confiere el Decreto por el que fue creado y conforme a las disposiciones establecidas en su Manual de Organización General, emprenda acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional, entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la creación del Pasaporte Cultural.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta al gobierno de la República y a las entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias para el desarrollo de acciones y políticas públicas enfocadas a la prevención y atención en los casos de embarazos adolescentes.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los congresos de los estados de la República y a la asamblea legislativa del Distrito Federal para tomar acciones en torno al problema de embarazos adolescentes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de julio de 2013, el Diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

El consejo directivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó, mediante el acuerdo 89/46 del año 1989, que el día 11 de julio de cada año se observara el Día Mundial de la Población.

El tema para el año de 2013 es EL EMBARAZO ADOLESCENTE.

A nivel global, se presentan alrededor de 16 millones de embarazos en mujeres menores de 18 años, de ellas alrededor del 90% se encuentran casadas. El embarazo en adolescentes está lejos de ser una decisión conciente, más bien es el resultado de la violación de los derechos de las adolescentes, el matrimonio infantil, la discriminación, la falta de educación e información, y de la coerción sexual. De ese universo 3.2 millones de adolescentes se someten a interrupciones de embarazo en condiciones insalubres e inseguras, y en muchos casos ilegales.

México es uno de los 10 países con mayor incidencia en embarazos adolescentes. Actualmente casi 3 de cada 10 embarazos se presentan en jóvenes menores de 18 años. En 1996, 77 de cada 1000 embarazos se presentó en mujeres entre 15 y 19 años, dieciséis años después la cifra es de 65 de cada 1000. La entidad con la menor fecundidad adolescente actualmente es el Distrito Federal con 49.2 nacidos vivos por cada mil adolescentes; en contraste, Coahuila presenta la fecundidad adolescente más alta del país con 86.3 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años.

Se prevé que para 2030, el Distrito Federal y Coahuila se mantengan como las entidades con menor y mayor tasas de fecundidad adolescente con 49.1 y 85.3 nacidos vivos por cada mil, respectivamente.

El temprano inicio de las relaciones sexuales y la falta de uso de métodos anticonceptivos, son los factores más importantes en el incremento de los embarazos no planeados o deseados en la adolescencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID), el 61.5% de las adolescentes no se protegió en su primera relación sexual y el 40.6% de las adolescentes embarazadas al momento del levantamiento de la encuesta dijo no haberlos utilizado.

El embarazo adolescente es un impedimento para el mejoramiento de las condiciones educativas, económicas y sociales de las mujeres, al tiempo que representa un alto riesgo para la salud de la madre y de su hijo, ya que las complicaciones que se presentan en el desarrollo del embarazo son causa principal de muerte materno-infantil. Además, los embarazos no deseados tienen como consecuencia para la madre, el abandono de sus estudios, problemas para conseguir empleo, discriminación, depresión, desórdenes nutricionales y/o abortos en ocasiones ilegales e insalubres.

En el propio mensaje del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reconoce que “Para hacer frente a esos problemas, debemos lograr que las niñas asistan a la escuela primaria y reciban una buena educación a lo largo de su adolescencia. Cuando se educa a una niña, es más probable que se case más tarde, postergue el nacimiento de sus hijos hasta que esté preparada, tenga hijos más saludables y gane un sueldo más alto.

También debemos dar a todas las adolescentes una educación integral sobre sexualidad, adecuada a cada edad. Esto resulta particularmente importante para empoderar a las jóvenes de tal forma que puedan decidir si desean ser madres y cuándo hacerlo. Además, debemos brindar servicios completos de salud sexual y reproductiva que incluyan la planificación de la familia y la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Y debemos garantizar los servicios de salud materna que las mujeres necesitan.”

Para hacer frente a esta problemática es necesario plantear una estrategia multidisciplinaria con la concurrencia de las instituciones educativas, de salud, de desarrollo social, legislativas, así como prever recursos de manera suficiente.

La Secretaría de Educación Pública opera el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), que pretende mantener a las jóvenes en esta condición en la escuela primaria o secundaria hasta la conclusión de su educación básica, mediante una beca económica mensual de alrededor de 509 pesos mensuales. De acuerdo con datos del II conteo de población y vivienda 2005, el universo de jóvenes mujeres con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no ha concluido su educación básica era de 144,670 personas, susceptibles de ser beneficiarias del programa. Sin embargo su alcance es limitado, se propuso para el ejercicio 2011 un número de 9, 491 becas, con un monto total de recursos de 65.3 millones de pesos, y de 49,460 beneficiarias para 2012, por lo que es necesario ampliarlo y dotarlo de recursos para otorgar becas en el orden de 790 pesos mensuales.

Es imprescindible reforzar en los programas de educación básica el contenido de educación sexual, pues no existe una educación sexual sistemática, la información para los adolescentes es poca, las campañas de información masiva son esporádicas y aisladas. Se requiere educar a los jóvenes respecto de la responsabilidad que implica la madurez sexual y reproductiva, y que puedan vivirla de manera segura, evitando situaciones que transformen su vida súbita e inesperadamente.

Las instituciones del sector salud, tanto federales, como de las entidades, deben difundir y poner al alcance de los jóvenes los servicios de salud sexual y reproductiva, desde la información y acceso a la medicina preventiva, métodos anticonceptivos, e incluso a procedimientos seguros de interrupción del embarazo, en aquellas entidades en donde sea legal hacerlo, así como el apoyo psicológico que pudiera requerirse.

En los programas de combate a la pobreza, particularmente Oportunidades, en sus vertientes de educación y salud se deben reforzar los contenidos que prevengan los embarazos adolescentes.

Es por tanto necesaria la colaboración interinstitucional de instituciones como INMUJERES, INJUVE, INEA, IMSS-OPORTUNIDADES, Secretaría de Salud, entre otros.

Finalmente, y de conformidad la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento vinculante, hay que avanzar en las reformas de la legislación civil en las diferentes entidades federativas para que aumenten la edad del matrimonio hasta los 18 años y deben promover esfuerzos comunitarios que respalden los derechos de las niñas y prevengan el matrimonio infantil y sus consecuencias, en ese sentido hay que recordar que la Diputada federal Verónica Juárez Piña, presentó una proposición con punto de acuerdo ante el Pleno, consistente en establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años; mismo que fue aprobado mediante un dictamen por parte de la Comisión de Juventud, el pasado 8 de marzo del año en curso.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre.

Las entidades federativas que ya han legislado sobre el tema son el Distrito Federal que en el artículo 148 del Código Civil, establece que los contrayentes sean mayores de edad, con una dispensa para aquellos menores de edad con 16 años cumplidos, que cuenten con el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de 14 años. En otros más como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad establecida para contraer matrimonio es de 16 años para ambos futuros cónyuges.

Hay estados como Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que la edad vigente para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 16 años.

Es necesario que los estados de la Federación, analicen, discutan y en su caso aprueben modificaciones a su legislación civil para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio, sin excepciones, logrando con ello reducir los riesgos de violencia hacia las niñas, el embarazo adolescente, dando mayor atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños, su acceso a la educación y al pleno goce de sus derechos y acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias a su cargo para atender sistemática e integralmente el tema de embarazo entre adolescentes.

Segundo.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a reforzar y expandir el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), así como a reformular los contenidos de la educación sexual para la educación básica que imparte el Estado.

Tercero.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se hagan las previsiones y se asignen recursos suficientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, para atender el fenómeno del embarazo entre adolescentes.

Cuarto.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a los congresos de los 31 estados de la República, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones, promuevan modificaciones a sus legislaciones en materia civil, para establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad, sin ninguna excepción, de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, suscrito por el Estado Mexicano.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, debido a que se debe poner especial interés en estudiar las causas del aumento de embarazos en los adolescentes en las últimas décadas en México, asimismo conocer las consecuencias y proponer soluciones para acabar con dicho problema social.

Desde la perspectiva demográfica y de la salud pública esto responde a distintos motivos, entre los que cabe destacar: a) la proporción elevada y nunca antes vista de jóvenes de 15 a 19 de edad (que en México representa uno de cada diez habitantes); b) el porcentaje relativamente elevado (14%) del total de nacimientos que corresponde a las mujeres de 15 a 19 años (INEGI); y c) porque existen evidencias de que el embarazo en edades tempranas puede representar un riesgo biopsicosocial para la madre y el recién nacido, así como una mayor morbilidad y mortalidad materno-infantil.

La maternidad temprana también puede conducir a menores oportunidades para asegurar una calidad de vida adecuada de las madres adolescentes y de sus hijas o hijos. Además, la preocupación sobre estos embarazos se incrementa debido a que una parte importante de ellos (las estimaciones varían entre el 40 y el 60 por ciento) (Zúñiga et al., Menkes y Suárez, 2005) son no deseados y a que una cierta proporción, cuyo monto se desconoce, termina en abortos que en muchas ocasiones se llevan a cabo en condiciones poco saludables lo que conlleva a veces a problemas para la salud de la madre (Nuñez, 2000).

Dentro de las posibles causas que influyen en la aparición de los embarazos no planeados se pueden mencionar factores personales, familiares y sociales. Entre los más sobresalientes están la pobre o nula educación sexual, las cuestiones de género, la doble moral sexual, la baja autoestima, el acceso limitado a servicios especializados de salud sexual y reproductiva destinados a los/las jóvenes, la escasa prevención con que los jóvenes llevan a efecto sus prácticas sexuales, el bajo uso de métodos anticonceptivos seguros, así como la edad de la primera experiencia sexual y como marco el nivel socio- económico. Aunado a lo anterior, el periodo adolescente en sí mismo representa un riesgo, por las características propias de el/la jóven como son: emergencia del impulso sexual, idealismo, impulsivilidad, sentimiento de invulnerabilidad y necesidad de alcanzar su identidad y autonomía.

Para representar en su magnitud el problema, observamos las siguientes estadísticas:

• De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en México cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total. Entre ellos, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8%). Se espera que el volumen de adolescentes en el país decrezca en los años venideros, así como su peso relativo.

• 49.9% de las personas entre 15 y 19 años son mujeres (5.5 millones), quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país (30.7 millones).

• Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8% son solteras, 16.0% están unidas y 1.0% lo ha estado alguna vez.

• Entre la gran mayoría de las mujeres en edad fértil, la primera relación sexual ocurre en la adolescencia. En 2009, la edad mediana en la que ocurre este evento es 17.8 años.

• Entre las mujeres de 25 a 34 años, la edad mediana a la primera relación sexual es 18 años.

• Alrededor de seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, sino también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

Con respecto al tema de riesgos de salud, en el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen complicaciones durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, virus del papiloma humano y finalmente el aborto. En cuanto al producto, se presentan antecedentes de prematurez, bajo peso, retardo en el desarrollo cognitivo y retardo en el crecimiento físico. Estas complicaciones junto con el impacto psicosocial, traen aparejado el incremento de la morbimortalidad materno infantil.

Además de los riesgos a la salud que conlleva el embarazo en las etapas tempranas de la vida, debe considerarse la importante secuela psicosocial que un embarazo no planeado imprime en las adolescentes y en las jóvenes, particularmente los cambios sustantivos en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción escolar; una deserción escolar muy costosa para las adolescentes y jóvenes por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y aun universitaria.

Finalmente, coincidimos con el proponente en que es urgente una reforma a diversos códigos civiles, para elevar a 18 años la edad mínima para los matrimonios, ya que en el país hay más de 130 mil matrimonios entre mujeres de 14 años y hombres de 16, lo cual contraviene la Convención sobre los Derechos de los Niños.

En ese contexto, mujeres menores de 14 años se casan legalmente con adolescentes y aún con mayores de edad lo cual ha derivado en que los matrimonios con esas características no sólo sean legales, sino alentados por familiares y autoridades.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 130 mil adolescentes entre 12 y 14 años contrajeron matrimonio y más de tres mil se divorciaron, enviudaron o se separaron.

Según cifras oficiales, al menos 630 mil menores de 18 años que iniciaron la vida marital a muy temprana edad enfrentan problemas como maternidad temprana, deserción escolar o desórdenes psicológicos, lo cual muestra que dicho acontecimiento, sea un limitante para que los jóvenes se desarrollen plenamente.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera importante ofrecer alternativas que fomenten el cuidado y la preservación de la salud reproductiva y sexual, brindar educación, atención médica integral y apoyo psicosocial, para que las adolescentes tengan las herramientas para aceptar su embarazo y fortalecer los vínculos familiares.

A pesar de los avances logrados en salud sexual y reproductiva, aún es elevado el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para el país.

Los/las adolescentes necesitan programas que den cuenta de la necesidad que tienen de ser escuchados, de contar con servicios de salud que protejan su intimidad e identidad, que estén dispuestos a abordar cualquier tema, que ganen su confianza, vayan a donde ellos van y hablen su mismo lenguaje. Programas en los cuales se eliminen los obstáculos burocráticos, la ineficiencia y la falta de atención empática y anónima. Si bien la experiencia es hasta ahora limitada, los programas han dado mejor resultado cuando se trabaja con los adultos responsables de su formación, cuando se involucra a los jóvenes en el diseño de los modelos fomentando la comunicación interpersonal, cuando se articula la educación a la prestación de servicios, cuando se presentan modelos de conducta que hacen más atractivo el comportamiento sin riesgos y sobre todo cuando se invierte el tiempo suficiente y se cuenta con la actitud y la disposición para atenderlos.

Es necesario hacer accesibles los servicios, ayudar a incrementar conocimientos, generar actitudes para una sexualidad sana, postergar el inicio de la actividad sexual, promover prácticas sexuales protegidas, contribuir a una cultura que favorezca la sexualidad libre y sin riesgos, entre otros. Procurando que los programas aboguen por nuevas normas sociales que promuevan la equidad y protejan la salud de los/las jóvenes.

Asimismo coincidimos en que es necesario que los estados de la Federación, analicen, discutan y en su caso aprueben modificaciones a su legislación civil para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio, sin excepciones, logrando con ello reducir los riesgos de violencia hacia las niñas, el embarazo adolescente, dando mayor atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños, su acceso a la educación y al pleno goce de sus derechos y acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso con los jóvenes, en atención a sus necesidades que les permitan tener las herramientas para desarrollarse satisfactoriamente, sin limitantes y con igualdad de oportunidades.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Gobierno de la República titular y a las entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias a su cargo para el desarrollo de acciones y políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de los casos de embarazos adolescentes.

Segundo.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fortalecer el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), así como los contenidos de la educación sexual para la educación básica que imparte el Estado.

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014 se consideren las previsiones presupuestales para la asignación de recursos suficientes para atender el fenómeno del embarazo adolescente.

Cuarto.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que dentro de los tiempos oficiales en las estaciones de radio y canales de televisión fortalezca las medidas de difusión para evitar el embarazo en adolescentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, al momento de realizar su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, considere la asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que incluyan en su propuesta para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, destinar los recursos necesarios que permitan la reapertura del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN).

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de julio de 2013, el Diputado FELIPE MUÑOZ KAPAMAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en su exposición de motivos lo siguiente:

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general al acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana.

Como parte fundamental, dicho plan establece las bases para atender las necesidades el Gobierno Federal proponiendo estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país. Destacando que la importancia dela práctica de ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo, sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin importar su edad; es por ello que se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.

El objetivo, conforme a lo anterior, será el propiciar la generación de políticas nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral, a través de acciones y proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, en dicho Plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las diversas instituciones que promuevan y desarrollen programas en las distintas disciplinas deportivas, que permitan a través de instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud y el deporte, estimular la práctica del Deporte entre los jóvenes.

Dentro del gasto de operación será necesario asignar un presupuesto que permita cubrir los costos y compromisos de operación indispensables de los programas de mayor relevancia como los destinados a:

• Sistema Nacional del Deporte

• Talentos Deportivos y Alto Rendimiento

• Premios y Estímulos

• Cultura Física

• Infraestructura Deportiva

Por lo que se refiere al rubro de Infraestructura Deportiva, seráde gran importancia propiciar su desarrollo y aprovechar los espacios públicos para su rehabilitación, remodelación y construcción, permitiendo con ello que los distintos espacios deportivos existentes, una vez rehabilitados, vuelvan a constituirse como un medio eficaz para promover la práctica y desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Los campeonatos municipales, estatales y regionales, así como el desarrollo del deporte social, merecen una infraestructura digna que permita el desarrollo de vocaciones deportivas y la detección de talentos susceptibles de recibir apoyos mayores.

Complementariamente, será necesario fortalecer las instalaciones para el desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento en diversas especialidades, sobre todo de aquellas que forman parte de instituciones y dependencias del Gobierno Federal, que incluso han probado ser de gran beneficio y utilidad, en que el potencial de los mexicanos puede ser mayor a través de programas institucionales destinados a la sociedad en su conjunto.

Ejemplo claro de una instancia como lo anteriormente descrito es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),el cual es considerado como la institución de seguridad social más grande de América Latina, pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana que desde su origen se dio a la alta tarea de fomentar la salud a través de la Actividad Física y Deporte, para la prevención de enfermedades.

El IMSS como institución activa del SINADE, cuenta con la infraestructura deportiva más grande del país; prácticamente en todos los estados de la República se cuenta con instalaciones deportivas, destacando en el Valle de México las Unidades Deportivas con mayor capacidad del país, tal es el caso del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel C.A.A.A.N. inaugurado el 3 de Noviembre de 1982, proporcionándose con ello un fuerte impulso a las actividades deportivas en el área metropolitana.

Sus instalaciones albergan una alberca olímpica de 25 metros de ancho por 50 metros de largo y una profundidad en desnivel de 1.80 a 3.00 metros, una fosa de clavados de 25 metros por lado y una profundidad de 6 metros con burbuja de aire, única en su momento en América Latina, que es utilizada para la enseñanza y práctica de clavados.

También cuenta con áreas administrativas, oficinas, 2 bodegas, gradas con butacas para 1800 personas cómodamente sentadas, gimnasio general para trabajo físico, módulo de medicina preventiva, gimnasio de físico-constructivismo y aula de usos múltiples, jardineras en sus alrededores y estacionamiento para 60 vehículos.

A partir de su inauguración y con el auge de la práctica deportiva, se ofrecían servicios casi todos los días del año, siendo el número de atencionesen promedio1,136 x día, en horarios de 06:00 horas hasta las 21:00 horas de martes a sábado, lo que originaba un aproximado de 5,680 deportistas atendidos por semana, significando22,720 atenciones al mes, quedando los domingos para el sinnúmero de eventos competitivos de fogueo y de alto nivel; los días lunes se mantenía cerrado por cuestiones de mantenimiento.

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, las instalaciones sufrieron severos daños en las áreas de alberca, fosa de clavados, oficinas, bodegas y el muro cabecero sur, sin embargo los dictámenes periciales oficiales permitieron continuar con su funcionamiento.

Otros sismos posteriores ocasionaron un mayor deterioro, pero con el movimiento telúrico del 12 de abril de 2007, con el sustento de los argumentos del dictamen emitido por el área de bienes, seguros, siniestros y conservación, se determinó el cierre de la instalación el 05 de junio del 2007, en tanto no se valorara la viabilidad de ser restaurados los daños.

Por la infraestructura con la que se contaba, las modalidades más solicitadas eran natación y clavados, sin dejar a un lado nado sincronizado, polo acuático, nado con aletas, triatlón, buceo, y natación paralímpica. A todas estas actividades asistían personas desde los seis años de edad hasta adultos mayores, aunque también había programas como "Plan Bebé", que incorporaba a un gran número de población infantil a las actividades acuáticas a la edad de dos años.

Desde su cierre la fecha se han perdido más1’908,480 atenciones de alto nivel por no contar con esta instalación, viéndose afectado enormemente el deporte nacional ya que se disminuyó la generación de talentos deportivos que representaban en eventos de gran talla no sólo al IMSS sino al País.

En las instalaciones del CAAAN se realizaban eventos federados, selectivos, de asociación, nacionales e internacionales.

Cabe destacar que de estas actividades han surgido múltiples talentos y atletas que han dado reconocimiento a nuestro deporte nacional como: Carlos Girón, Jesús Mena, Mary José Alcalá, Fernando Platas, entre otros; se contaba con entrenadores como Peláez Farell, Jorge Rueda, Iván Bautista, Salvador Sobrino; forjadores de medallistas Olímpicos, entre muchos otros.

Actualmente se proporciona el servicio en instalaciones externas al IMSS, dependiendo de la disponibilidad en espacio y horarios, impidiendo el desarrollo adecuado dentro de los entrenamientos para los deportistas que desean subir su nivel de competencia.

Es por ello que, conforme a los planteamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, considero pertinente el encabezar proyectos sustancialmente benéficos para el Deporte social, promoviendo estrategias sólidas que fundamenten el renacimiento de instalaciones como CAAAN, para recuperar un espacio destinado a miles de niños, jóvenes, y adultos no solo deportistas sino personas en general que han sido testigos de un espacio que por muchos años fue el lugar número uno a nivel nacional forjando los mejores deportistas acuáticos en el país, representando con elloun proyecto rentable en imagen, resultados competitivos y recaudación de ingresos, todo esto en beneficio de la atención integral a la sociedad, demandante de calidad y alto nivel.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente resolutivo:

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que al momento de realizar su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, estudie la posibilidad de considerar la asignación de recursos, bajo el rubro de programas sujetos a reglas de operación, destinados a la rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, centro de desarrollo deportivo y generador de talentos deportivos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a destinar los recursos necesarios que permitan la elaboración de un proyecto técnico e inicio de los trabajos previos a la implementación de un plan de rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito sobre la importancia de reactivar las instalaciones de infraestructura deportiva con los que cuenta nuestro país, por lo que considera adecuado solicitar respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y al Instituto Mexicano del Seguro Social que en su propuesta para la integración del Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 consideren los recursos necesarios para rehabilitar y remodelar del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN).

Históricamente el apoyo al desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país ha sufrido de grandes contrastes, a veces apenas se ha otorgado un apoyo incipientemente a estas actividades y en otras ocasiones, derivado generalmente de que se designa a nuestro país como sede de competencias deportivas internacionales se proporciona una mayor proporción de recursos lo que permite una mejor preparación de los atletas.

El desarrollo de cualquier actividad física demanda tiempo y voluntad, mismos que deben sustraerse de otras actividades que actualmente son consideradas como las preferidas de los mexicanos; a esto es necesario sumar la tendencia mundial a practicar una menor actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, a los cambios en los medios de transporte y a la creciente urbanización.

Por ello, mientras mayor facilidad de acceso tenga la población a instalaciones deportivas adecuadas, mayor posibilidad tendrán de realizar alguna actividad física, de ahí la relevancia de rehabilitar las instalaciones del CAAAN, ya que como lo enuncia el proponente, se realizaban alrededor de 5,680 atenciones a la semana en promedio.

II.- Esta Dictaminadora considera benéficas las acciones que conllevan a un mejor aprovechamiento de la infraestructura en lo general y en particular de una alta relevancia la utilización plena de las instalaciones deportivas existentes, por lo cual se requiere contar con servicios adecuados, o bien rehabilitar los ya existentes, como es el caso del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel.

El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo menciona que en México el sobrepeso y la obesidad, han llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población. Entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8% obesidad, mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente.

Por otra parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6%, respectivamente. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. De acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008.

El PND continua al reconocer que invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro. Hoy se cuenta con 1,200 espacios activos que dan servicio a más de 700,000 habitantes de manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del deporte escolar y municipal que atienden a 12 millones de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no está cubierta, por lo que se debe aumentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al deporte.

El propio diagnóstico reconoce que “De no actuar, el costo que pagaremos en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática”, por lo que rehabilitar opciones para la población que le permitan realizar actividades físicas que contribuyan a mejorar su salud resulta fundamental.

Por lo que el rehabilitar el CAAAN cumple con un doble propósito: regenerar un espacio para la preparación de deportistas de alto nivel en esta especialidad y generar condiciones para promocionar una actividad deportiva que contribuye a la salud y bienestar de la población.

Nadar es uno de los pocos ejercicios físicos que benefician al cuerpo integralmente ya que potencia la fuerza, la resistencia y la flexibilidad al mismo tiempo. Tiene todos los beneficios cardiovasculares de correr, a la vez que algunos de los beneficios musculares del ejercicio de pesas y otros de los efectos potenciadores de la resistencia física vinculados a las clases de danza o aerobic.

La natación utiliza la mayoría de los grupos musculares y es un exigente ejercicio físico que ayuda a mantener el corazón y los pulmones saludables. Nadar también ayuda a mantener flexibles las articulaciones, especialmente el cuello, los hombros, y la pelvis. Los grupos musculares que particularmente se utilizan al nadar varían según el movimiento que se escoja.

Al nadar se incrementa el nivel de actividad física y así aumenta la cantidad de energía que se consume, lo que hace de este deporte un componente ideal para cualquier programa de control de peso.

Nadar es una actividad que puede ser practicada por personas de cualquier edad y con cualquier grado de forma física. Por lo tanto, es accesible para cualquiera. Desde la persona sedentaria que realiza sus primeros esfuerzos acuáticos, hasta el nadador de competición que se entrena para una prueba.

Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo de 2009, el promedio de horas dedicadas semanalmente a deportes y ejercicio físico es de 4.6, y sólo 29.2% de la población mayor a los 12 años lo realiza. Estas cifras muestran la importancia de facilitar el uso y aprovechamiento de la totalidad de las instalaciones deportivas con las que cuenta nuestro país, así como de aquellas que siendo de alto rendimiento, se convierten en impulsoras de la adopción de estas actividades entre la población en general.

III.- La Segunda Comisión ratifica su total compromiso para impulsar los esfuerzos para lograr una mejor aprovechamiento de la infraestructura deportiva, en particular para aquellos centros que por falta de presupuesto para rehabilitarlos y renovarlos se encuentran en desuso, en perjuicio del deporte de nuestro país, así como de las actividades en pro de la salud.

Es así que se considera fundamental apoyar las acciones tendientes a fortalecer la práctica deportiva y tomar las medidas correspondientes para rehabilitar el Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, tanto en beneficio de la competición de alto nivel, como en su función social de difusión de los beneficios de las actividades deportivas como la natación.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que al momento de realizar su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, se considere la asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, centro de desarrollo deportivo y generador de talentos deportivos a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a destinar los recursos necesarios que permitan la elaboración de un proyecto técnico e inicio de los trabajos previos a la implementación de un plan de rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, considere un incremento económico en la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal para que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que remita a la Honorable Cámara de Diputados, considere un incremento económico, destinado para la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior, con la finalidad de fomentar el desarrollo en la educación del país, así mismo se exhorta a la cámara de diputados para que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se discuta en dicha cámara, se considere la importancia y la necesidad de tener mayor ingresos económicos en el sector educativo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de julio de 2013, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En nuestro país miles de egresados de la educación media superior, buscan ingresar en una de las universidades de nuestro país con la finalidad de seguir con su preparación académica, tener mayores posibilidades de construir una vida digna y obviamente obtener una profesión, la cual de alguna manera les garantizará mayores oportunidades.

Los ciudadanos mexicanos que aspiran a una universidad no siempre son jóvenes, sino también personas de cualquier edad, es de suma importancia la educación superior para los mexicanos, ya que una nación sin profesionistas es una nación frágil, falible de cometer numerosos errores que pueden costar daños irreparables y que repercutirían en una vida diaria de falta de pericia.

Los docentes indiferentemente de su edad y posición económica deben tener acceso a estudiar, ser estudiante en una universidad pública en nuestro país debe estar garantizado por el Estado. La mayoría de los egresados debido a las condiciones económicas no tienen la capacidad monetaria para poder cubrir el pago de una universidad privada.

Es menester mencionar que los exámenes que son aplicados a los aspirantes para el ingreso a las universidades, sirven para hacer una seleccionan de los mejores resultados, sin embargo, los individuos que no son aceptados también son capaces de desarrollar su preparación académica, además de que también tienen derecho a la educación. Según lo dispuesto por nuestra Carta Magna en el artículo 3°, párrafo primero:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Un gran factor que propicia la falta de matriculado es que no hay suficientes espacios para impartir educación superior, es decir existen demasiados aspirantes de los cuales las universidades no tienen la infraestructura para poder brindarles un lugar en la planta docente.

En la actualidad las universidades públicas se ven obligadas a rechazar egresados del nivel medio superior porque su infraestructura no permite brindarles un lugar como estudiante, dejando fuera de las universidades a muchos aspirantes capacitados para ingresar a estudiar, de los cuales muchos se ven en la necesidad de suspender sus estudios, porque no tienen la capacidad económica para pagar una universidad privada.

Hasta cierto punto se ha aceptado en la sociedad y en las instituciones la falta de matriculado, como algo cotidiano que se presenta año tras año, sin embargo es imperante que el Estado se conduzca en favor de la justicia, equidad, legalidad e igualdad en todo momento bajo la luz del Derecho.

En un Estado nación moderno se debe procurar la aplicación de estrategias integrales, en las cuales gradualmente se solucionen los problemas que se presentan en el territorio del mismo, ya que es un fin del Estado garantizar y dirimir los conflictos dentro de este.

En relación a los razonamientos expresados anteriormente en este texto, el Estado debe fomentar la inversión en el sector educativo, lo que repercutiría a toda la nación en sentido positivo.

Si bien es cierto que no se puede incrementar una inversión en el sector educativo que de una pronto solución, lo cierto es que una inversión, o bien, un incremento económico razonable destinado para la educación, gradualmente solucionarán el conflicto en mención.

Es importante manifestar que dicha inversión debe ser bajo los preceptos legales existentes, es decir que dicha inversión provenga del gasto público para que en el momento financiero pertinente se destine una partida trascendente y razonable a la educación.

Toda vez que el número de las escuelas son insuficientes para nuestra nación, la cual demanda una educación de calidad, no podemos hacer caso omiso de las manifestaciones que el pueblo expresa, son miles las vidas que año tras año se ven afectadas, en algunas ocasiones de manera permanente, ya que solo cuentan con una oportunidad para ingresar a la universidad y de no hacerlo jamás o muy difícilmente, vuelven a retomar sus estudios.

El párrafo segundo de la fracción cuarta del art. 73 de nuestra Carta Magna, establece que;

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre…”

Por lo que es conveniente que el ejecutivo Federal analice el beneficio en un incremento económico de inversión al sector educativo, contemplando el nivel básico, medio y superior en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“PRIMERO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que remita a la Honorable Cámara de Diputados, considere un incremento económico, destinado para la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior, con la finalidad de fomentar el desarrollo en la educación del país.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados para que en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se discuta en dicha Cámara se considere la importancia y la necesidad de tener mayor ingreso económico en el sector educativo.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito sobre la necesidad de dirigir mayor propuesto para la inversión en el sector educativo público en los niveles básico, medio y superior, con objeto de fomentar el desarrollo en la educación del país.

Los problemas y retos de la educación en México se pueden agrupar en 3 rubros principales: 1) el acceso, la equidad y la cobertura; 2) la calidad; y 3) la gestión, integración y coordinación del sistema. Cada año miles de jóvenes aspirantes a la educación superior son rechazados de las universidades públicas. En este año, al primer examen de ingreso a la UNAM se presentaron 120 mil jóvenes y casi 11 mil lograron lugar. En el segundo hicieron examen casi 62 mil estudiantes y fueron seleccionados casi 8 mil. En el caso del IPN, de acuerdo con una estimación de las autoridades, alrededor de 72 mil jóvenes se quedaron fuera de esa casa de estudios, a pesar del incremento en la matrícula.

En este contexto la Secretaría de Educación Pública ha generado esfuerzos de coordinación como paso a la resolución de uno de los problemas por los que atraviesa la educación superior en México. Recientemente puso en marcha el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013- 2014 (Proemes), en donde se ofrecen más de 36 mil 300 alternativas de estudios universitarios a los estudiantes que no encontraron un lugar en las licenciaturas de la UNAM, el IPN y la UAM. Sin embargo, para resolver un problema de esta envergadura es necesario de una estrategia de mayor inversión. La realidad es que existe una cobertura insuficiente y una desigualdad en el acceso a la educación, especialmente en la de nivel superior. Por lo que el reto consiste en incrementar la cobertura con equidad del sistema, ampliar la oferta y acercarla a los grupos más desfavorecidos.

II.- En nuestro país, los desafíos que enfrenta la educación superior son numerosos y muy variados. Las cambiantes circunstancias del entorno representan oportunidades y amenazas, ante las cuales deben buscarse soluciones creativas, ya que en esta era del conocimiento, el desarrollo de las naciones sólo podrá darse reconociendo el valor estratégico del conocimiento y la información, aspectos en los cuales las instituciones de educación superior deben desempeñar un papel preponderante.

Una de las variables de mayor impacto en la matrícula de todos los niveles educativos en nuestro país es la demografía. Bajo esta lógica, se debe hacer una reflexión exhaustiva con objeto de orientación del desarrollo de las instituciones de educación en términos de infraestructura y calidad educativa.

Aunado a esto, existe el bajo presupuesto que el gobierno federal mexicano otorga al sector educativo público, lo cual representa una amenaza para crear una mayor y mejor oferta educativa.

La Ley General de Educación en su artículo 25 establece:

Artículo 25.- ….El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Hasta el día de hoy esta cantidad no ha sido garantizada, ya que solamente se le destina el 6.4% del PIB nacional. Además el gasto público a la educación básica no solamente no se cumple cabalmente respecto a lo que mandata el artículo 25 de la Ley General de Educación, sino que se ha traducido en un obstáculo para proveer el servicio de la educación general a la población nacional.

En este contexto, la propia OCDE ha realizado recomendaciones al estado mexicano para que destine el presupuesto adecuado para elevar la calidad de la educación mexicana conforme a su cuaderno “Acuerdo de cooperación México-OCDE”. Dicho documento establece que el país tiene ciertos retos a superar como son la falta de capacidad de las autoridades educativas, falta de distribución de las responsabilidades de las áreas educativas, entre otros factores.

Sin embargo debemos señalar que aún no hemos solucionado el bajo presupuesto otorgado a la educación del PIB nacional, por lo que para poder cumplir con los acuerdos entre la OCDE y la Ley de nuestro país debemos primeramente cumplir a cabalidad con la obligación contenida en el Artículo 25 de la Ley General de Educación.

III.- En esta misma lógica, el pasado 5 de junio de 2013, el Diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la proposición de mérito con una propuesta similar a la que pone a consideración la legisladora en este punto de acuerdo, mismo que se turnó a esta dictaminadora, y el cuál se desahogó en sentido positivo.

En ese entonces y ahora, los integrantes de esta segunda comisión convenimos con los legisladores proponentes en destinarle una mayor parte del Producto Interno Bruto al sector educativo.

El invertir un mayor presupuesto del PIB tiene como efecto que las instituciones de educación puedan desarrollar nuevos planes de educación y de investigación científica y tecnológica, con ello se beneficia a la sociedad a que se creen nuevas tecnologías que brinden mejor comodidad y bienestar como ejemplo el desarrollar nuevas nuevos medicamentos que combatan eficazmente a las enfermedades.

De acuerdo con el Banco Mundial explica que una buena inversión en la educación hace que se reduzca la pobreza en los países, además de que se fomentan nuevas habilidades en la educación en sus diversos niveles. Los beneficios de contar con una educación de calidad establecen que las personas que les permite razonar, leer y discernir adecuadamente, además de mejorar la productividad a nivel individual como en colectivamente y esto se ve proporcionalmente en el ingreso de las personas. Además de que el contar con una educación produce un efecto en que se reduzcan las enfermedades, ya que por medio de la educación se fomenta la información sobre los cuidados en la salud y en cierta medida reducir ciertos padecimientos, enfermedades crónicas, epidemiológicas y de transmisión.

A partir de lo anteriormente considerado, los integrantes de esta Segunda Comisión de Trabajo, coincidimos con la legisladora sobre la necesidad de garantizar lo mencionado en el artículo 25 de la Ley General de Educación con el fin de atribuir mayores recursos económicos para el beneficio del sector educativo, y de esta manera elevar los niveles de permanencia, calidad y escolaridad en el sistema educativo de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se considere un incremento económico en la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior, con la finalidad de cumplir con la obligación constitucional del Estado de impartir educación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo de la población en nuestro país.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública envíe un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo en nuestro país.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de julio de 2013, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“La educación es un derecho humano y un deber social que brinda el Estado a través de los distintos órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Tiene como propósitos desarrollar armónicamente las facultades del ser humano; fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.

De acuerdo con la Ley General de Educación, la enseñanza básica en México es obligatoria y está conformada por el nivel preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, la población escolar debe ingresar a primero de primaria a los seis años de edad y posteriormente a la secundaria. De este modo, se espera que las personas al cumplir los 15 años de edad tengan concluida su educación básica, por lo que de no ser así, se considera que este segmento de la población estaría en una situación de rezago educativo.

Es importante mencionar que el rezago educativo de la población de 15 años y más tiene especial significación por constituir una limitación para el desarrollo personal, familiar y social de los individuos, ya que al no tener terminada la educación básica, no se encuentra en igualdad de condiciones con los integrantes de su generación que sí la concluyeron.

En México la población ha estudiado en promedio el tercer grado de secundaria, es decir contamos con un promedio de 8.8 años de escolaridad, 4.3 años menos que el promedio de los países miembros de la OCDE que alcanzan 12.9 años.

De igual forma encontramos que cuatro de cada diez mexicanos lo que representa de 15 años y más se encuentra en rezago educativo, esto significa que no saben leer ni escribir un recado, que no han iniciado o concluido la primaria o secundaria, o bien que no están siendo atendidos por el sistema escolarizado y lo más preocupante es que 44% de las personas en rezago tienen entre 15 y 39 años de edad.

31.3 millones de jóvenes y adultos mayores de 15 años están en rezago educativo; de ellos 5.1 millones son analfabetas, 558 mil son jóvenes de 15 a 19 años de edad; 9.8 millones no concluyeron su primaria y 16.4 millones truncaron su educación secundaria.

Aunado a lo anterior vemos que sólo uno de cada dos alumnos que ingresan a primer grado de primaria logra terminar en tiempo oportuno su educación secundaria por lo que se estima que cada año 630 mil niños abandonan la escuela antes de concluir la secundaria, lo que los hace enfrentarse en condiciones de desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedios de entre seis y ocho pesos por hora laborada, mientras que una persona que alcanza estudios universitarios logra ingresos de hasta 56 pesos la hora, según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, envíe un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo de la población en nuestro país.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a instrumentar  una estrategia nacional que permita garantizar la permanencia de las niñas, niños y jóvenes, a fin de que logren concluir con éxito su instrucción básica”.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de la Segunda Comisión comparten la preocupación de los proponentes sobre los graves rezagos educativos que se registran en México así como los altos índices de deserción escolar que se registran en la etapa de educación básica.

Al respecto vale la pena retomar algunos datos que han servido de referente a esta Comisión en dictámenes anteriores y que ilustran de manera contundente el panorama de la educación en nuestro país.

En noviembre de 2012, el Índice de Progreso Educativo, desarrollado por el Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, dio a México una calificación de 6.8 en una escala del 1 al 10, lo que significa que el nivel educativo nacional se encuentra apenas por encima del mínimo para un país de bajo desarrollo, pero muy lejos de las principales economías del mundo.

Según la más reciente Evaluación Internacional de Alumnos elaborada por la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) correspondiente a 2009, México ocupa el lugar 48 de 65 países evaluados.

Según el estudio “Panorama de la Educación 2013” elaborado por la propia OCDE, México posee el porcentaje más alto de jóvenes entre 15 y 18 años de edad que deserta no abandonan la escuela de entre los 34 países que integran dicha organización.

El informe también señala que durante los 4 años posteriores a la educación básica, más del 66% de los jóvenes abandonan por completo el sistema educativo. Asimismo indica que alrededor del 40% de los jóvenes que termina el nivel bachillerato deserta y no continúa hacia la educación superior, porcentaje que no se presenta en ningún otro país de la OCDE.

Por su parte UNICEF México señala en su portal de internet que La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes”.

De igual forma el Reporte de competitividad global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial, señala que la calidad de la educación básica en México ocupa el lugar 118 de 144 países evaluados.

Especial mención merecen los datos dados a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que indican que el Sistema Educativo Nacional atiende a 25.9 millones de alumnos en los niveles de educación básica y de cada 100 niños que ingresan a primaria, solamente 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma.

II.- Sabedores de los graves rezagos educativos en nuestro país, las y los diputados y senadores del Congreso de la Unión aprobaron una importante reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, cuyo objetivo es dar un nuevo impulso a la educación atendiendo sus grandes rezagos, entendidos éstos como el conjunto de fenómenos, problemas y deficiencias que enfrenta la educación en nuestro país, tales como la deserción, bajo nivel académico, obsolescencia de los planes de estudio, entre otros.

Sin embargo, con independencia de la implementación de dicha reforma, resulta de relevancia e interés conocer las acciones que en años recientes se han llevado a cabo en atención al problema del rezago educativo, así como los resultados de dichas acciones instrumentadas desde el ámbito del Gobierno Federal.

En ese orden de ideas resulta necesario recordar que en términos de lo estatuido por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Asimismo el segundo párrafo del mismo precepto constitucional señala que: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

De igual manera conviene citar el párrafo segundo del artículo 2° de la Ley General de Educación que a la letra establece: La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”.

Por su parte la fracción I del artículo 7° de ese mismo ordenamiento, contempla como uno de los fines de la educación:“Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;”.

La interpretación armónica de los preceptos citados nos muestra con toda claridad que la educación es concebida por el legislador como el medio idóneo para garantizar el desarrollo integral de las personas, por lo que es factible concluir que la existencia de rezagos educativos y altos índices de deserción escolar representa un obstáculo para lograr ese desarrollo pleno.

III.- Ahora bien, el artículo 43 de la Ley General de Educación dispone que “La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social”.

Para garantizar la educación de los adultos -que forma parte del sistema educativo nacional en términos del artículo 39 de la propia Ley General de Educación-, fue creado mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981 el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Cabe señalar que a pesar de su denominación, el INEA trabaja no solamente con personas adultas, sino también con jóvenes a partir de los 15 años de edad que no hayan cursado o concluido la educación básica.

En razón de lo anterior es viable considerar al INEA en sí mismo, como un mecanismo de combate al rezago educativo en el nivel de educación básica, por lo que resulta viable solicitar a dicho organismo descentralizado información relativa a las acciones llevadas a cabo para revertir tan lastimoso fenómeno.

De igual manera y considerando a la deserción escolar como uno de los retos más grandes y significativos que enfrenta nuestro país en materia educativa, esta Comisión dictaminadora estima pertinente conminar a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e instrumentar una estrategia integral con el fin de combatir y reducir significativamente los altos índices de deserción que se registran en el nivel de educación básica.

Por tal motivo los integrantes de la Segunda Comisión consideran de gran urgencia atender el problema de la deserción escolar, identificando sus causas para implementar las medidas más adecuadas.

En ese orden de ideas conviene recordar que la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece como obligación de la Secretaría de Educación Pública organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza primaria y secundaria.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, envíe un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo de la población en nuestro país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a instrumentar una estrategia nacional que permita garantizar la permanencia de las niñas, niños y jóvenes, a fin de que logren concluir con éxito su instrucción básica.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud de las entidades federativas, en particular a la del estado de Baja California, a establecer acciones tendientes para lograr la adecuada prevención, diagnostico, atención, tratamiento y contención de la Rickettsia y de sus variantes.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:



Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a procedimiento de comunicaciones.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, las Senadoras Martha Elena García Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las senadoras proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor el 18 de enero de 2002.

Para enero de 2012, la Asamblea General aprobó el tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, el cual se abrió a firma en febrero de 2012. Durante la ceremonia de la firma, 20 países suscribieron el Protocolo (Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas).

Este protocolo adquiere una especial relevancia en el sentido de que no sólo fortalece el reconocimiento y la representación de los derechos de la niñez y la adolescencia, también establece la oportunidad de que las niñas, niños y adolescentes de manera individual presenten directamente denuncias sobre violaciones de sus derechos ante el Comité de los Derechos del Niño, reforzando y complementando los mecanismos nacionales al permitir a los niños denunciar la violación a sus derechos.

De esta manera con el referido Protocolo se reafirma que las niñas, los niños y los adolescentes son titulares de derechos, dándoles la oportunidad de denunciar en el supuesto de que se vean vulnerados dichos derechos. Con este protocolo dispondrán de un mecanismo internacional en el caso que no existan soluciones nacionales o estás resulten insuficientes o ineficaces.

Es así, que se establece un proceso mediante el cual serán desahogadas estas denuncias, dicho proceso adaptado a la situación de cada niño.

El Protocolo establece:

• Que se velara por el interés superior del niño, en especial, se escuchará la opinión de los mismos según su edad y grado de madurez.

• El Estado parte se asegurará de tomar todas las medidas de protección para con los niños o niñas que utilicen el mecanismo.

• Habrá un Procedimiento de Comunicaciones las cuales podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte (La Convención y sus dos protocolos facultativos).

• Se realizará un Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o sistemáticas cometidas por un Estado parte.

Por otro lado, el Estado mexicano suscribió y ratificó la Convención y sus dos Protocolos obligándose a su observación y cumplimiento.

Ambos Protocolos establecen la obligación de los Estados parte de presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño con información sobre las medidas que han tomado para cumplir con las disposiciones de los Protocolos. El informe inicial se debe presentar a los dos años siguientes a la entrada en vigor de cada Protocolo para cada Estado y después cada cinco años.

México presentó sus informes iniciales sobre los Protocolos Facultativos en el 2008. Posteriormente, el 31 de enero 2011 el Gobierno de México sustentó dichos informes ante el Comité de los Derechos del Niño, en Ginebra, Suiza[1].

Con relación al tercer Protocolo de la Convención referente a un procedimiento de comunicaciones, éste aún no ha sido suscrito por México.

Al respecto, es de suma importancia la firma del tercer Protocolo, pues con este instrumento se confirma la titularidad de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Cabe señalar que en lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

En virtud de lo anterior, se desprende que es imperante reforzar el ejercicio de titularidad de derechos de la niñez, atendiendo lo señalado en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que establece el principio pro personae, en el sentido de que se debe de observar la norma que brinde mayor protección, tanto del marco legal nacional como la normatividad del derecho internacional, relativa a la protección de los derechos humanos.

Un aspecto que es importante no perder de vista, es que la reforma en materia de derechos humanos requiere de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto, la firma del Protocolo de referencia ampliará la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

La reforma a la Constitución Política en materia de derechos humanos por sí misma no representa el respeto absoluto a los derechos humanos, es importante considerar que la niñez y la adolescencia mexicana es un tema prioritario para el Estado y en ese sentido se debe brindar los mayores mecanismos para garantizar sus derechos.

Es así, que la firma del Protocolo de la Convención en materia de comunicaciones constituye una necesidad apremiante para dar cumplimiento a lo establecido en la multicitada reforma constitucional, que marca un nuevo paradigma en lo referente a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas.

En este marco resulta adecuado, mencionar que la situación de la niñez y la adolescencia en México, que lejos de gozar de un estado de derecho y protección de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que vulnera sus derechos fundamentales.

Lo anterior da pié a que el Estado mexicano suscriba este Protocolo el cual contempla la posibilidad de que las niñas, los niños y los adolescentes tengan la oportunidad de recurrir a los mecanismos internacionales para denunciar violaciones a sus derechos, en el caso de que el Estado parte no brinde los mecanismos eficientes y eficaces para ello.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, los diferentes actores involucrados debemos impulsar una agenda en materia de la niñez, es por ello, que hoy exhorto respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a la firma de este Protocolo que marca un avance fundamental para el ejercicio pleno de derechos por parte de las niñas, los niños y los adolescentes.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, procedimos al estudio de los postulados de la proposición de mérito, encontrando que su contenido y el resolutivo propuesto resultan viables y oportunos.

La Carta de las Naciones Unidas establece que los principios de libertad, justicia y paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos y de sus derechos inalienables.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que la familia es grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, por lo que deben recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

La Convención reconoce los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los niños sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de su tutor legal.

Cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.

En nuestro país, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto garantizar a este segmento de la población la tutela y el respecto de los derechos fundamentales.

El derecho de acceder a la justicia es consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Aunado a lo anterior y ante graves violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados y para evitar la indefensión de la persona, se debe garantizar el acceso de toda persona a la justicia en instancias internacionales.

II.- El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones contiene 24 artículos que permiten a los niños denunciar la violación de sus derechos.

Se establece en el articulado que los Estados partes adoptarán medidas de protección destinadas a que las personas sujetas a su jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como consecuencia de haberse comunicado con el Comité o de haber cooperado con él. No deberá revelarse públicamente la identidad de ninguna persona o grupo de personas interesados sin su consentimiento expreso.

Se prevé que las comunicaciones puedan ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación por el mismo Estado de los derechos enunciados en la Convención; en el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, y en el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

El Protocolo contempla medidas provisionales para lo cual el Comité de los Derechos del Niño, tras recibir una comunicación y antes de pronunciarse sobre la cuestión de fondo, podrá en cualquier momento solicitar al Estado parte de que se trate que adopte las medidas provisionales que puedan requerirse en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima o víctimas de la presunta violación.

De igual forma, el Protocolo establece principalmente lo relativo a: los requisitos de admisibilidad de las comunicaciones; la transmisión de la comunicación al Estado parte involucrado; el examen y seguimiento de las comunicaciones; los procedimientos de investigación, y la asistencia y cooperación internacionales en la materia.

III.- Los integrantes de la Segunda Comisión, luego de un profundo análisis del instrumento, consideramos que es congruente con el marco jurídico nacional y que cumple con las leyes y reglamentos vigentes.

La adopción del Protocolo requiere que sean establecidos los mecanismos nacionales apropiados para que los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados tengan acceso a recursos efectivos. Todo Estado parte se compromete a divulgar el contenido del Protocolo entre los adultos y entre los niños, así como a facilitar la consulta de información sobre los dictámenes y recomendaciones del Comité, respecto de las cuestiones que le conciernan.

Esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones, que tiene el objetivo de reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos, dotando a niñas, niños y adolescentes de un mecanismo internacional de justicia en caso de que no existan soluciones nacionales o resulten insuficientes o ineficaces.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes a establecer un programa de reconstrucción para el Teatro Lírico de la Ciudad de México.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer un programa de reconstrucción para el teatro lírico de la Ciudad de México.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La gran diversidad de monumentos históricos existentes en el Distrito Federal fue uno de los motivos para que, en 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declarase al Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio de la Humanidad.

Como una muestra de esta vastedad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuenta con un Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, dentro del cual reporta que el Perímetro “A” del Centro Histórico cuenta con 1478 inmuebles históricos, dentro de los cuales se encuentra el Teatro Lirico.

Este recinto teatral se ubica en la calle República de Cuba número 46, Colonia Centro y su construcción estuvo a cargo del ingeniero Manuel Torres Torija, siendo fue inaugurado en el año de 1907 por Justo Sierra, entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

El Teatro Lirico fue en sus tiempos de gloria un símbolo representativo de la Ciudad de México y tuvo un gran éxito con las puestas en escena de obras como “Las Vírgenes Locas”, “Papacito Piernas Largas” y las operetas “La Viuda Alegre” y “Aires de Primavera”, entre muchas otras, habiendo desfilado por su escenario grandes actores y actrices como Enrique Alonso, María Conesa, Germán Valdés TinTán, Antonio Espino Clavillazo, Pedro Infante y Angélica María.

Sin embargo, a finales de los años 80, el éxito que tuvo el teatro devino en decadencia, hasta llegar al olvido y a la destrucción casi total.

La apariencia del Teatro Lirico no siempre fue la misma, esto debido a que en el transcurso de los años tuvo remodelaciones y cambios de nombre. En el año de 1909 sufrió un cambio de nombre por el de “Teatro Follies Bergere”; sin embargo, este no duraría mucho ya que un año después recuperaría su denominación original para quedar como hasta la fecha se conoce.

De igual forma, el recinto sufrió una serie de cambios en su estructura, siendo el año 1935 en el que el arquitecto C. Corombé (constructor del Teatro Alameda),el encargado de darle el aspecto que por mucho tiempo fue símbolo del teatro en México.

En la actualidad, el Teatro Lírico conserva únicamente la fachada y las escaleras interiores, mismas que ya no dirigen a ninguna parte. Se comenta que en el año 2008, una empresa española compró el inmueble con la finalidad de reconstruirlo para regresarle la gloria que alguna vez tuvo. Empero, dicho proyecto nunca se llevó a cabo, por lo que el lugar sigue en el abandono.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que de forma coordinada establezcan un programa para reconstruir el Teatro Lirico, mismo que es un símbolo histórico y cultural del país.

Lo anterior propuesta encuentra sustento en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, misma que entró en vigor el 23 de mayo del mismo año, estableciendo en sus artículos 4° y5°, que cada Estado parte procurará dentro de lo posible adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio cultural y natural.

Por si no bastara esto, en el Programa “MEXICO ES MI MUSEO” se enlistaron 2010 sitios históricos de todo el país, mismos que fueron considerados entre los más importantes y representativos de la historia de la nación y dentro de dicho listado se consideró al Teatro Lirico, por lo cual se brinda información sobre él tanto a nacionales como extranjeros.

De esta forma se demuestra que el valor histórico y cultural del Teatro Lirico no han sido reconocidos como se debería, esto debido a que si bien se le ha registrado como un inmueble histórico, hasta la fecha no se ha tomado ninguna acción para su rescate.

Finalmente, debe señalarse que el rescate de espacios culturales constituye una herramienta indispensable en el mejoramiento del entorno urbano y de la reestructuración de la vida social, tal y como lo demostró Leo luca Orlando durante su gestión como alcalde palermitano. Recordemos que el teatro Massimo de la ciudad de Palermo, a pesar de ser considerado como uno de los recintos operísticos más importantes de Italia y el tercero más grande de Europa, sufrió años de abandono y la rapacidad de los miembros de la cosa nostra, quienes hicieron del inmueble su guarida, hasta degradarlo por completo. Una vez hecho el rescate del sitio, como parte de la política denominada “Renacimiento de Palermo”, el Massimo recobró su esplendor y hoy es recordado mundialmente por haberse filmado ahí el final de la tercera parte de la película “El Padrino”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que de forma coordinada establezcan un programa de reconstrucción para el Teatro Lírico de la Ciudad de México”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito principalmente porque resulta congruente con el artículo 4o Constitucional, en el sentido de garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento colectivo.

A pesar de que se haya considerado históricamente como un asunto menor, la convivencia social de la que el Estado depende se vale del derecho a la cultura y por lo tanto debe interpretarse como parte de los principios de universalidad y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1 de nuestra Constitución.

Es responsabilidad del Estado, mediante todas sus autoridades, el garantizar su acceso libre y protegerla para aprovechar su máxima expresión, con la finalidad de ser conocida por toda la población.

Además, cabe mencionar que México, forma parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del 23 de febrero de 1984 en el que existe la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

Su artículo 5, inciso d) específicamente se establece que cada Estado Parte procurará adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar y conservar el patrimonio cultural que pueda encontrarse en peligro.

Por lo tanto creemos que el proponente busca promover el derecho constitucional y recordar la obligación de las autoridades involucradas para recuperar sitios de encuentro comunitario y de recreación artística, que presentan características de deterioro.

Con ello, consideramos que pretende contribuir a prevenir perdidas de herencia cultural y promover acciones que amplíen las capacidades para la organización, participación comunitaria y fortalecer el capital social, mediante la creación de proyectos para el rescate de los espacios públicos y contribuir a fortalecer la pertenencia comunitaria.

El enorme crecimiento población que enfrenta el país, demanda también la integración permanente en la Agenda de obras sociales que coadyuven a mejorar los niveles de bienestar y desarrollo, especialmente para los sitios en donde realizar actividades deportivas, recreativas y artístico-culturales.

Es decir, que al igual que la proponente, quienes signamos el presente dictamen creemos oportuna y esencial la búsqueda para contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el rescate de espacios públicos culturales con deterioro, abandono e inseguridad, con el único fin de poder darle uso y disfrute para la comunidad.

II.- Esta Dictaminadora tiene pleno conocimiento de la larga historia y aportación cultural que ha brindado el Teatro Lírico a la Ciudad de México, en el que desde su inauguración por Justo Sierra en 1907 se forjaron los mejores artistas mexicanos de principios de siglo.

A lo largo de sus más de 103 años, el Teatro Lírico está ha presentado diversos eventos y acontecimientos que incluso han trascendido hasta nuestros días, actualmente forma una referencia obligada para turistas están interesados en la cultura del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Teatro Lírico tuvo varias nomenclaturas, en 1909 cambiaron su nombre por el de FolliesBergere, un año después retoma el de Lírico, en 1922 se le denomina Teatro de la Comedia, tres meses después se llamaría María Teresa Montoya y en 1934 vuelve a llamarse como ahora lo conocemos.

Éste, ha sido considerado uno de los principales centros de la actividad escénica, en el que se destacaron figuras como María Conesa, Tin Tan, Palillo, Clavillazo, Joaquín Pardavé, entre muchos otros.

Desafortunadamente, con el paso de los años, el éxito del Teatro cayó en el olvido y su popularidad decayó enormemente y el inmueble sufrió daños irreversibles en su estructura, por lo que fue necesario demolerlo parcialmente.

En la actualidad sólo se conservan unas escaleras, el recibidor y la fachada del edificio original.

III.- En el año de 2006 el recinto que fue demolido a la espera de que la Sociedad General de Autores y Editores, a través de su proyecto cultural ARTEria, inicie su recuperación con el objeto de levantar ahí un teatro nuevo.

Esta Sociedad es privada y con estancia en España, es reconocida legalmente como dedicada a la gestión, el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores y a la vez vela por los intereses de los editores.

Se ha comentado en diversos medios de comunicación que la recuperación del edificio estará supervisada por el INAH, y su costo podría ser mayor a los 20 millones de euros. La Sociedad ha mencionado que la obra se proyecta ados o tres años y que aún no se sabe con qué espectáculo será inaugurado el inmueble.

De conformidad con lo que establece el artículo 2º de la Ley Orgánica del INAH, sus objetivos generales son la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de su competencia, por lo que creemos positiva su coordinación para la supervisión de la reparación del Teatro.

De hecho, en términos de los artículos 3º, fracción IV, 30 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, le corresponde al instituto la aplicación de esta ley, así como la competencia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

No obstante, consideramos que no solo las construcciones históricas poseen características que las diferencian de las construcciones actuales, sino que contienen aspectos culturales, valores artísticos, estilos arquitectónicos que han definido nuestra propia cultura y nuestra sociedad.

Por lo tanto su vida física nos concierne a todos independientemente de la vida transcurrida que tengan o de las acciones anteriores para su restauración. Es necesario que todas las autoridades responsables se unan para permitir incrementar su calidad cultural e histórica.

Por lo tanto, si el inmueble está deteriorado o sin restaurar, habrá que prever los programas requeridos para su recuperación, considerando la posibilidad de reponer o restituir las piezas dañadas o faltantes mediante los sistemas constructivos actuales.

Para ello, es necesario determinar las características propias del inmueble, tales como los sistemas constructivos empleados, su edad probable, estilos arquitectónicos, valor estético, rareza y estado de conservación, entre otros, acciones que le compete al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es el encargado de la investigación y conservación del patrimonio cultural, pero el INBA es el encargado de investigar, documentar, conservar, restaurar y divulgar todas las obras artísticas, muebles e inmuebles, teniendo incluso un procedimiento para la conservación, restauración y recuperación de obras y monumentos artísticos dentro del área metropolitana.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que de forma coordinada establezcan un programa de reconstrucción para el Teatro Lírico de la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a dicho sistema.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a dicho sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una mejor alimentación para la niñez de nuestro país.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá crear fuerte lazo afectivo con la madre.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad casi todas las mujeres que son madres han alimentado a sus niños y niñas de forma normal, natural y sin aspavientos, es decir, amamantándolos.

Un gran número de sociedades tradicionales ubicadas en Africa, Asia y América Latina han tenido un excelente conocimiento local sobre la importancia de la lactancia materna.

Por lo que los beneficios que otorga la misma, respecto de la salud de la niñez y sus madres son múltiples.

Las ventajas de la lactancia respecto de otro tipo de alimentación, esto es, biberón y los motivos por los que se recomienda tan ampliamente son:

La lactancia es conveniente, el alimento tiene una disponibilidad fácil para el niño o niña y no requiere preparación o equipo especial;

La leche materna suministra un adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para el niño lactante;

El calostro y la leche materna tienen elementos anti-infecciosos que ayudan a limitar las infecciones;

La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la preparación, así como los biberones, chupetes y otros artículos utilizados para la alimentación del niño;

Es más económica que la alimentación con biberón, que comprende los costos de la fórmula, o la leche de vaca, los biberones y los chupetes al igual que el combustible necesario para la esterilización;

Prolonga la duración de la anovulación postparto y ayuda a las madres a espaciar los embarazos;

Promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el niño;

Finalmente se observa un menor riesgo de alergias, obesidad y ciertos problemas de salud en niños y niñas amamantados con leche materna en comparación con los que se alimentan en forma artificial.

Propiedades y valor de la leche materna:

Inmediatamente después de dar a luz al bebé, la madre produce calostro por ambos pechos. En pocos días, la leche llega y aumenta en cantidad para suplir las necesidades del niño. La producción de leche de una madre está influenciada sobre todo por las exigencias de su bebé, cuya succión estimula la secreción de la leche. Mientras más succiona el bebé, mayor cantidad de leche producirá la madre. La cantidad con frecuencia aumenta de alrededor de 100 a 200 mililitros al tercer día del nacimiento a 400-500 mililitros en el momento en que el bebé tiene diez días de edad.

Un litro de leche materna produce alrededor de 750 kcal. La leche de vaca suministra más o menos tres veces más proteína y cuatro veces más calcio, pero tan sólo alrededor de 60 por ciento de los carbohidratos presentes en la leche materna humana.

La mayor parte de los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indican que los nutrientes que hay en la leche de una madre satisfacen todas las necesidades nutricionales del niño o la niña si consume suficiente leche, aunque el contenido de hierro de la leche materna es bajo, es suficiente y bien absorbido lo que evita la anemia durante los primeros cuatro a seis meses de vida.

Contenido de nutrientes de leche humana en 100 g.

De forma particular encontramos que en el calostro de la mujer que amamanta podemos hallar factores anti-infecciones, que difícilmente se encuentran presentes en las fórmulas para bebes.

Algunos anticuerpos e inmunoglobulinas que actúan en el intestino del niño y atacan a los organismos que causan enfermedades, y evitan así una infección en el bebé;

Podemos encontrar también células vivas, sobre todo glóbulos blancos, que pueden producir sustancias importantes como interferón (que pueden combatir los virus), inmunoglobulina A, lactoferrina y lisosomas;

Finalmente otros factores, como el bífido que ayuda a ciertas bacterias amigas, como los lactobacilos, a crecer y proliferar en el intestino del niño, donde ayudan a garantizar un entorno ácido (por el ácido láctico) que es desfavorable para el crecimiento de organismos patógenos.

En términos simples, la leche materna contribuye a que el intestino del bebé sea un medio adverso y hostil para los organismos causantes de enfermedad, la leche materna, particularmente debido a la inmunoglobulina que contiene, protege a los bebés contra las alergias, aunado a lo anterior tenemos que los productos manufacturados son más costosos, por lo cual es difícil acceder a ellos, situación que viven muchas poblaciones de varios países a nivel mundial, que no cuentan con los recursos necesarios.

De forma particular en México se estableció para combatir la gran problemática de alimentación que se vive, el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre el 21 de enero del presente año, por el Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de nuestro país, mismo que establece en su:

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes:

Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; y

Promover la participación ciudadana para la erradicación del hambre.

Derivado de lo anterior es que considero importante la incorporación de la Lactancia Materna dentro del citado Sistema, con la finalidad de otorgar una mejor alimentación y nutrición a la niñez de nuestro país, con lo que garantizaremos el cumplimiento y ejercicio del derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en protocolos internacionales como:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, que establece que los Estados Parte reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

En relación con dicho Instrumento Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General Número 12, en la que establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla;

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

Así mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: El derecho a la alimentación es indispensable para asegurar el acceso a una vida digna y para ello, no solo se debe atender a la entrega de alimentos, sino que es necesario valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si cumple los requerimientos básicos;

Finalmente la FAO enuncia que los estados miembros se comprometen a:Promover el bienestar común, con el fin de elevar los niveles de nutrición y las normas de vida de los pueblos bajo su respectiva jurisdicción, así como lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de los productos alimenticios y agrícolas.

Al respecto datos recientes estiman que a nivel mundial el 35% de las niñas y niños menores de cuatro meses de edad son alimentados al seno materno en forma exclusiva y la duración promedio de amamantamiento es de 18 meses, información que difiere de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En nuestro país durante la década de los setentas el porcentaje de madres que inicio la lactancia materna fue de 78% con una duración media de 8.7 meses en el que se observó que los lactantes de 3 meses eran alimentados de forma exclusiva en un 15.3% y que 22% nunca fueron alimentados del seno materno.

Durante la década de los ochenta el 83% de las madres inicio la lactancia materna. De éstas, el 78% fue con una duración media de 8.6 meses, 14% de los lactantes de 4 meses nunca recibieron leche materna y sólo 11.5% fueron alimentados de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se estima que cada niño mexicano menor de 4 años, padecerá en promedio dos episodios de diarrea y cinco infecciones respiratorias al año, representando para el Sistema Nacional de Salud, 100 millones de consultas por estas causas al año.

La Secretaría de Salud advierte que: El índice de lactancia materna entre los años 2006 y 2012 registró una caída de7.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 22.3% a 14.5%, esto principalmente por la introducción temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua, en las áreas rurales el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5mostrando una caída dramática, lo que representa menor nutrición y mayor gasto.

Hasta ahora los programas implementados a través del sector salud para promover la lactancia materna han dado pocos resultados, como los señalados por funcionarios de la propia Secretaría de Salud Federal, ejemplo de ello, son las clínicas de lactancia materna, instaladas en los hospitales infantiles y generales, que a pesar de que han funcionado por casi una década, no han logrado abatir el rezago que existe a nivel nacional. Es por ello, que resulta inminente la promoción y difusión de una campaña permanente sobre los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna exclusiva, durante los primeros seis meses de vida del infante.

Resultando imperante que para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional se incorpore y cree un Programa Especial que incluya la Lactancia Materna dentro de la actual Cruzada Nacional al contra el Hambre.

Como legisladores tenemos la responsabilidad con todos los sectores vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres, las niñas y niños.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Unico.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre para que implemente, aplique y ejecute las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la Lactancia Materna a dicho Sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una mejor alimentación para la niñez de nuestro país”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que consideramos que la lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá crear fuerte lazo afectivo con la madre.

Los Beneficios que aporta al bebé la lactancia materna son los siguientes:

• Por tratarse de leche específica para el ser humano, es mucho más fácil de digerir que las fórmulas en polvo, además de que se trata de fluido vivo que cambia para cubrir las necesidades del infante conforme crece.

• Ayuda a tener desarrollo maxilofacial óptimo, pues cuando el bebé extrae la leche del pecho utiliza más músculos faciales que con el biberón.

• Al fluir la leche directamente del pezón a la boca del bebé, está exenta de manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes.

• La lactancia contribuye a que el útero o matriz se contraiga rápidamente, lo que reduce hemorragias tras el parto.

• Le ayuda a perder el peso ganado durante el embarazo, ya que la grasa acumulada se utiliza como energía para producir la leche.

• La leche materna suministra un adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para el niño lactante;

• La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la preparación, así como los biberones, chupetes y otros artículos utilizados para la alimentación del niño;

• La lactancia promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el niño;

Existe ahora una evidencia decisiva sobre las ventajas de la lactancia natural para la salud, por ejemplo una menor morbilidad y mortalidad infantil, con respecto a los niños alimentados con biberón. Las ventajas favorecen en especial modo a las dos terceras partes de la población mundial que vive en la pobreza, aunque algunos estudios han demostrado tasas menores de diarrea y otras infecciones y menos hospitalizaciones en niños alimentados con leche materna de comunidades ricas. Se tiene también evidencia que las mujeres que lactan a sus niños presentan un riesgo menor de cáncer de pecho, y quizá de cáncer uterino, en comparación con las mujeres que no lo hacen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la continuación de la misma (con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año de vida.

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.

Según estudios de la OMS, la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Combinada con la alimentación complementaria, la lactancia materna óptima previene la malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños.

La OMS fomenta activamente la lactancia materna como la mejor fuente de nutrientes para los lactantes y niños pequeños.

Dos son los factores principales que impiden la lactancia natural: primero, la promoción de los sucedáneos de la leche materna efectuados por los fabricantes, particularmente las compañías multinacionales; y segundo, la incapacidad del profesional de la salud de defender, proteger y apoyar la lactancia.

Consideramos que la actitud de los profesionales de la salud respecto a la lactancia ha mejorado en las últimas dos décadas. Sin embargo, hay todavía gran ignorancia, y como resultado, la profesión médica y de la salud es a menudo factor negativo de la lactancia. La primera necesidad entonces es educar a los futuros trabajadores de la salud sobre la lactancia y reeducar a los profesionales actuales. Se requiere mejorar la capacitación de los médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales de la salud.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera importante que la estrategia de un país para fortalecer a las mujeres y ayudar a las madres y a sus niños en relación con el derecho una alimentación nutritiva mediante la lactancia.

En nuestro país se deben adoptar nuevas medidas para reducir la promoción de los alimentos procesados para el destete y productos como glucosa para alimentar a los niños.

La promoción de la lactancia incluye la motivación o la reeducación de las madres que de otra manera podrían no estar inclinadas a amamantar a sus bebés. El enfoque usual debería comprende medios masivos y campañas de educación para hacer conocer las ventajas de la lactancia. Es importante conocer los factores que han llevado a una declinación de la lactancia en un área y entender cómo las mujeres consideran la lactancia y la alimentación con biberón. La promoción debe tratar no sólo los beneficios para la salud, sino además los beneficios económicos de la lactancia. Con frecuencia, se requiere primero educar a los políticos sobre estos asuntos.

Es necesario una decidida voluntad política y habilidad para llevar a cabo nuevas políticas en cualquier plan dirigido a proteger, apoyar y promover la lactancia como manera de proporcionar una alimentación nutritiva.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso de asegurar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre para que implemente, aplique y ejecute las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la Lactancia Materna a dicho Sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una mejor alimentación para la niñez de nuestro país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes reservados.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se informa que se tienen las siguientes reservas de los dictámenes que se enuncian a continuación:

De la Primera Comisión los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos electorales.

Por el que se desecha la proposición que solicita información acerca de la creación de la gendarmería nacional.

Que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar o en su caso realizar las investigaciones correspondientes con relación a las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del estado que hayan sido denunciados.

Que exhorta la Fiscalía General del Estado de Durango a intensificas las investigaciones de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la Presidencia municipal de San Dimas, Durango, por el Partido de Movimiento Ciudadano.

Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a intensificar las investigaciones para esclarecer los hechos del deplorable atentado perpetrado en contra de la candidata al Congreso del Estado Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus familiares.

De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

Que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal durante el 2012 y 2013.

Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la estrategia en torno al monitoreo de información en el ciber espacio y sobre el uso del software “Finfisher-Finspy” para las instancias de seguridad.

Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar y salvaguardar la dignidad y la integridad física y emocional de los mexicanos repatriados, así como a proteger sus derechos humanos en el marco del Programa de Repatriación al Interior de México.

Que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo Federal a partir de la información difundida con relación al programa de vigilancia y espionaje internacional operado por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, si hay algún otro dictamen que desee reservar alguno de los legisladores presentes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, si hay algún otro dictamen que se realice reserva sobre el mismo para que procedan a manifestarlo.

Señor Presidente, no hay manifestación al respecto.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de ustedes.

Informo a la Asamblea, que el dictamen de la Segunda Comisión con punto de Acuerdo para exhortar al gobierno de la República a desarrollar una estrategia de corto plazo con el objetivo de prohibir la producción, importación, distribución, comercialización y uso del asbesto en el país, se retiró de la discusión a petición de la propia Comisión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que no fueron reservados y que fueron previamente leídos por la Secretaria.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no se reservaron para su discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Acuerdos no reservados. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos electorales.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para referirse al dictamen.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: ¡Buenas tardes! Muchas gracias, señor Presidente.

El dictamen que se presenta hoy con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los institutos electorales de los estados para que, en el ámbito de su competencia y en la medida en que la legislación lo permita, resuelva a la brevedad las quejas interpuestas por el presunto uso indebido de recursos públicos en las entidades federativas es el mejor ejemplo de la necesidad de la reforma política.

Pero además, el caso de Campeche no es un caso aislado, lo que pasó en Campeche sucede lamentablemente en muchos lugares del país, intervención de gobernadores, uso de programas sociales, compra de votos, participación del crimen organizado, pero también participación de la delincuencia electoral organizada, un gobernador, un consejero electoral corrompido, algunos priístas disfrazados de consejeros ciudadanos y cómplices con el aparato gubernamental para arrebatar cuando no ganan triunfos legítimamente obtenidos.

Permítanme comentarles lo que acaba de pasar el 7 de julio.

Acción Nacional en el estado de Tlaxcala, uno de los estados más pequeños de la República, obtuvo los triunfos en Apizaco y en el distrito 13, Calculalpan, los obtuvimos a pesar de todo lo que les estamos planteando, de la compra de votos, del uso de tarjetas telefónicas, de la intervención del gobierno.

Resulta ser que en un pequeño trayecto que tendría que hacerse luego de que ese triunfo fue ratificado en las actas, los consejeros electorales por instrucciones del gobernador no sólo no respetaron los triunfos de los ciudadanos, sino abrieron los paquetes burdamente en un asunto prácticamente planeado como delincuencia electoral organizada.

En un trayecto de sólo 15 minutos, en un trayecto que tenía que hacerse en sólo 15 minutos, dilataron el traslado en camionetas Mercedes Benz, los Consejeros a bordo de esas camionetas abrieron los paquetes y le cancelaron los votos al candidato del PAN que había ganado en las urnas.

Cuatro, sólo cuatro paquetes bastaron para revertir por sólo 7 votos y darle la constancia de mayoría, aun dice él recomendado del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong.

Posteriormente en el mismo sentido, camionetas de la policía estatal, como si fueran costales de harina, trasladaban esos mismos paquetes, de Calpulalpan al Instituto Estatal Electoral sin previo acuerdo del Consejo para poder hacer prácticamente lo mismo y revertir y anularle votos al PAN por más de 600 votos.

Quisiera mostrarles si me permiten, todos, acá, porque seguramente algunos tendrán la suspicacia y la duda de que lo que estoy diciendo puede ser, como dicen algunos, una artimaña del PAN.

No, señores, no es artimaña del PAN, es defender los triunfos legítimamente ganados.

Esta es la boleta muestra gráfica, ésta puso en evidencia cómo el PAN con ciudadanos distintos ganaron la elección, y cómo las mismas marcas, la misma mano anula los votos del PAN. Curiosamente sólo los votos del PAN.

Dirán ustedes que es un invento, más de 600 boletas en el mismo sentido; la boleta anulada en las mismas condiciones.

Un medio de comunicación en días pasados también señaló y demostró cómo, con complicidad estos consejeros electorales, insisto, por instrucciones del Secretario de Gobernación y del gobernador, cambiaron los paquetes.

Esos tiempos, amigas y amigos, pensamos que ya habían pasado.

Yo recuerdo el discurso del Presidente Peña Nieto. Dijo que él era un Presidente democrático, que él respetaría los triunfos, y por eso se firmó un Pacto por México. Un Pacto por México que decía, que se tenían que respetar los programas sociales. Un Pacto por México que decía, que tenían que aprobarse iniciativas de gran calado. Y lo que fue de gran calado, o más bien de gran colado, fue ese fraude que hoy nos quieren hacer en Tlaxcala.

Algunos se preguntarán, Tlaxcala, el estado más pequeño. No importa, no es Guadalajara ni tampoco es Monterrey, sea la defensa de un solo voto, de un solo ciudadano, del municipio más pequeño de este país, lo que no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, es que esas prácticas que creíamos olvidadas y dejadas en el pasado vuelvan a suceder.

Hoy el PRI dice que no es cierto, un compañero Senador le negaba la elección, allá dice que estamos mintiendo, que ellos ganaron.

No pudo comprobarle lo que hicieron para ganar en las otras elecciones. No puedo comprobarle, aunque sepamos cómo compraron los votos, y cómo compraron a la gente. Eso no puedo hacerlo, pero eso si, lo que pasó en Apizaco y en Calpulalpan, sí; por supuesto que no es un caso aislado, sucede en todos los estados, con la complicidad de sus gobiernos, con la permanencia del autoritarismo, yo diría también con al complacencia también del gobierno federal.

Hoy le pido al gobierno federal que respete ese pacto, porque un pacto bien vale una elección, porque el pacto no se trata solo del voto ciudadano, el pacto se trata de darle a los ciudadanos la certeza de que las instituciones hoy sirven, y lamentablemente esas instituciones que se supone sirven, hoy ya no están sirviendo para el propósito que fueron generadas.

No vamos a permitir, en el PAN, bajo ninguna circunstancia, que se nos arrebate algo que legítimamente ganamos en las urnas, y yo le pido aquí, a este Senado de la República, que hagamos el esfuerzo, porque viene una reforma política en camino.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se le ruega respetuosamente que concluya conforme al tiempo.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Concluyo, señor Presidente, y sé de la impaciencia, pero quiero decirles que un minuto que me pasé, quizá vale la pena bien ganar una elección con limpieza, con transparencia, no al fraude en Apizaco, no al fraude en Calpulalpan, no al fraude en Tlaxcala, no más abusos del PRI.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Dávila Fernandez.

Ha solicitado el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Por supuesto que quiero, en primer lugar, señalar que respeto mucho la vehemencia con la que mi compañera Senadora ha expuesto el tema.

El tema, sin lugar a dudas, es importante y no puede ser un asunto menor aquí en esta Comisión Permanente.

Creo que es fundamental que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sienta con claridad el llamado que hacemos para que los institutos locales electorales cumplan con toda su responsabilidad.

Sí, yo he leído y por eso compartimos el punto de Acuerdo, cómo se reseñan una serie de acciones realizadas de una manera antijurídica por muchos gobiernos estatales.

Pero le quiero decir también a mi compañera Senadora, aún cuando, repito, respeto mucho lo que dice que sucedió ahí en su estado, pero hace un rato en la tribuna ella decía que todos los estados fueron iguales.

No, y yo le quiero decir respetuosamente que no.

En Oaxaca sucedió algo muy especial. Por primera vez celebramos unas elecciones, también un gobernador con verdadera vocación democrática, ahí no hubo la mano del Ejecutivo del estado, usted puede revisar lo que ahí se dice, puede preguntarle a sus correligionarios, y así debió de suceder en todas las entidades del país, tener ejecutivos estatales que asuman con verdadero carácter democrático su responsabilidad de garantizar que las elecciones se lleven a cabo en tranquilidad, con transparencia.

Por supuesto que hubo situaciones que nos preocupan a todos, y que serán objeto también de una próxima intervención de un servidor.

Por eso le quiero decir a mi compañera Senadora y a todas las legisladoras y legisladores aquí presentes que el PRD acompaña, el punto de Acuerdo de este dictamen, nos parece muy importante que los institutos locales cumplan con su responsabilidad jurídico-electoral, de atender todas las quejas como se ha venido haciendo, y bueno, por supuesto ahora los tribunales, porque nos encontramos ya en una nueva etapa.

Sí, es una preocupación que mucho nos lastima, ver cómo en algunas entidades de la República hubo abusos por parte del Ejecutivo, y eso ha provocado que en la propia agenda nacional se hablen temas que son parte del debate. Y por eso los legisladores del PRD, en el Senado junto con algunas y algunos compañeros Senadores de Acción Nacional hemos trabajado en una propuesta de reforma política, precisamente de fondo, de alto impacto, que busca, precisamente, atender que estos temas no vuelvan a suceder.

El tema de las elecciones es un asunto que debe seguirse revisando con mucha atención para evitar que se repitan acciones fuera de tono por parte de los ejecutivos de los estados, y valdría la pena que se volteara hacia Oaxaca para que se den cuenta cómo el gobernador de esa entidad actuó con la responsabilidad, con la que creo deben actuarse en todos los estados.

Es cuanto lo que tengo que aportar, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Robles Montoya.

Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador, que lo soy de Baja California. Le digo a la compañera de Acción Nacional, o más bien, le explico por qué no hubo quién defendiera esos supuestos triunfos en Tlaxcala, porque todos los dirigentes de su partido estaban en Baja California contaminando la elección.

Por eso no hubo quien defendiera un distrito, que por humilde que fuera, tuviera que competirse de manera democrática.

Sin embargo, los dirigentes nacionales del PAN, en su empeño por conservar las pocas minas que tienen, se dedicaron todo el proceso a manchar, a escupir sobre la voluntad popular de los bajacalifornianos.

Quiero establecer que se manejó un nivel tal de violencia, y de bullying electoral y político en Baja California, que solamente en la mansedumbre y la civilidad de un pueblo como el de Baja California, el cual represento, lo pudo atemperar.

Porque si esas campañas negras que se desataron en Baja California y que fueron obra, autoría y operación de los mandos del PAN se hubiesen dado en una entidad con menos nivel de desarrollo, créanme que esas elecciones no se hubieran podido llevar a buen puerto.

También quiero establecer aquí que la marca del Pacto por México, con la que mi partido, por supuesto, y mi corriente ideológica no está de acuerdo, se están usando de manera sumamente ofensiva.

Quiero decir que cuando algunas corrientes políticas no se ven favorecidas en algún capricho, devocan el Pacto por México, y lo hacen a nivel de amenaza. Yo creo que cuando se pacta, cuando se signa un documento, como el que hicieron cuando empezó esta administración, se debe entender que bajo las circunstancias de beneficio o no beneficio se ha de sostener la palabra y la firma empeñada, y no como se hace aquí, que cuando las circunstancias me favorecen voy por, y cuando no, amenazo con romper el Pacto.

Y también quiero establecer que fueron tan de malas prácticas estas intromisiones de los mandos nacionales, los pocos que quedan de Acción Nacional, en nuestro proceso electoral de Baja California, que ahora que se está ventilando la numeralia, los números, los porcentajes a fin de establecer cuáles han de ser los representantes proporcionales en el Congreso de las diferentes corrientes, resulta que los panistas están afectando a sus coaligados del PRD, están interponiendo todo tipo de recursos legales a fin de los que con merecimiento estadístico pudieran representar a su partido, el PRD en el Congreso, no lo hagan.

Entonces yo creo que aquí de lo que se carece es de una situación que se llama autoridad moral.

Es la cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Antonio Blásquez Salinas.

Esta Presidencia no tiene más oradores.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Senadora Adriana Dávila, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Para alusiones personales, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia señala que no va aceptar moción sobre moción.

Para alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente.

El PAN ha aceptado sus derrotas cuando ha tenido que aceptarlas, ha aceptado sus derrotas cuando las actas nos dicen que no ganamos, cuando se coteja acta con acta, cuando se coteja cifra por cifra.

Podemos, y reitero lo que dije hace un momento, venir a decir todo lo que se pudo hacer en el proceso con el uso de recursos públicos, no estamos hablando sólo de ese manejo, estamos hablando de un tema burdo, de un tema de fraude, de un tema de robo, de un tema de delincuencia. Y eso significó, que a pesar de que todas las actas, en el caso de Tlaxcala, nos daban por ganadores, incluyendo las propias actas de otros partidos políticos y las mismas que están en poder de los consejeros electorales, alguien abrió los paquetes y anuló los votos. Ese alguien pagado por el gobierno del PRI, por los consejeros que puso el PRI, a eso nos estamos refiriendo.

Yo entiendo que habrá en esta tribuna una y mil circunstancias que pueden plantearse respecto de otras entidades federativas, yo aquí estoy defendiendo a Tlaxcala.

Quiero decirle al Senador que me antecedió en la palabra: sí hay quien defienda Tlaxcala, aquí esta una Senadora, pero hay, además, miles de ciudadanos en Tlaxcala defendiendo estos triunfos, porque nosotros el día de mañana haremos una marcha del partido al Palacio de Justicia para defender lo que legítimamente ganamos. Ahí estaremos. Hay esos ciudadanos que estarán defendiendo el triunfo que legítimamente obtuvimos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Tiene usted el uso de la tribuna el Diputado Huerta Ladrón de Guevara, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Hemos sostenido permanentemente que el modelo político que implementaron el PRI y el PAN pretende, desde hace 30 años, descarrilar la vía electoral como una vía para lograr un cambio verdadero en este país desde que empezaron las concertacesiones, y con ello el reconocimiento a la Presidencia de Carlos Salinas, pues fue un balde de agua fría al pueblo de México. Y esto no paró ahí, en muchos estados de la República esta fue una práctica permanente, y luego en este modelo que implementó Carlos Salinas les dio el paso con Fox y luego con Calderón.

Y son lo mismo, la misma política económica, ahora que regresa el PRI, la misma política económica, y hasta la continuidad en políticas que hace un momento se cuestionaban aquí con el famoso reconocimiento que autorizó curiosamente el PRI-AN, la condecoración que le dieron al innombrable Felipe Calderón. Yo digo esto porque, en efecto, es una desgracia en las elecciones del 7 de julio esta remasterización que hace el priato ahora en su regreso con el aval del propio PAN, ha permitido que el día 7 de julio, y lo hemos manifestado en esta tribuna, se dieran prácticas corregidas y aumentadas de la defraudación electoral. No nada más en el uso de recursos públicos, que yo me atrevo a subir a la tribuna porque, fíjense, este punto de Acuerdo que estamos discutiendo era para resolver quejas de los recursos, de la utilización de recursos públicos, y todavía ayer, en la Primera Comisión, llegábamos a la conclusión, inclusive ya desechamos algunos asuntos que quedaron fuera del debate porque aquí estuvieron conteniendo la discusión de lo que estaba pasando en los procesos electorales en los estados de la República.

El de la voz y algunos otros Diputados, la minoría, estuvimos tratando de denunciar lo que ocurría cuando era el momento, y evidentemente no se nos hizo caso. Ahogaron el debate electoral, y como decíamos, y bien se dio al final, porque en aras a los acuerdos que el PRI y el PAN tienen el tema de Baja California, estaba ahí escondido. Obviamente hoy se nota, yo no dudo lo que la Senadora dice de Tlaxcala, sino en un sinnúmero de municipios, yo puedo hablar mucho del caso de Veracruz, de esta impunidad con la que el PRI actuó a través de sus gobernadores.

Otros dicen de los otros gobernadores de los otros partidos, yo no dudo porque es una complicidad estas formas. Obviamente arriba no discuten nada, arriba traen acuerdos, lo que les dice Salinas a los del PRI, sin duda, pues es el jefe de la banda, ¿verdad?, pero a los demás con más razón también los manipulan y entonces el pleito es abajo por los estados, por los municipios, pero nada de lo que significan los intereses de la nación, de verdad.

Por eso algunos de nosotros, y la gran mayoría de los mexicanos aspiran a un cambio verdadero en este país, un cambio de este régimen político, sin duda que se tendrán que cambiar las formas de hacer política, algunos opinan la necesidad de una reforma política, una reforma electoral. Y más allá de lo perfectible que esto pueda ser, sin duda, lo que se requiere es voluntad política que, de verdad, no la vemos en el transcurso del día de hoy en el debate que aquí dan los representantes del PRI y del PAN.

No lo digo por la Senadora que ha subido a este tema, sin duda ella estará marchando mañana allá, pero dudo que los tribunales, a no ser que acuerden por ahí en lo oscurito, verdad, como se acostumbra en las cúpulas políticas de ustedes, que le regresen el triunfo a su partido, porque obviamente en este momento corroboramos día a día que los tribunales también actúan por consigna política.

Sin duda que sólo será la movilización de la sociedad de los electores, los que en algún momento dado hagan reflexionar de alguna manera, que es la experiencia que hemos visto a estos tribunales, y de alguna manera se puedan revertir estas defraudaciones electorales, culmino, que hizo el PRI, el 7 de julio, cuando menos, igual en Veracruz estaremos con los ciudadanos por la vía legal, pero con la movilización popular pidiendo que se resarzan los daños electorales, que la defraudación, que en el caso de Veracruz hizo el PRI, contra los intereses de la población.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Rafael Huerta

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, ciudadanos legisladores.

Este tema, relativo al presunto uso indebido de recursos públicos en las entidades federativas para fines electorales, quizás sea el tema más polémico y controvertido, pero que sí debe aclararse.

En las 14 entidades federativas donde se celebró proceso electoral hay un principio elemental, en todas ellas adolece la elección de calidad, en todas partes hubo irregularidades, hoy con nuevas modalidades, la compra del voto ha venido perfeccionándose en algunos estados del país, ha venido sofisticándose, pero finalmente es la misma instrumentación de julio de 2012, sólo que ahora se agregan innovaciones a la compra del voto, el uso de las policías, el uso de los cuerpos de seguridad pública para proteger a mapaches electorales, y para proteger a la delincuencia organizada, que yo sostengo, que hoy tuvo un papel relevante en el país.

El crimen organizado votó, el crimen organizado impuso; el crimen organizado tendrá representantes populares, lamentablemente, y a pesar de que este exhorto, este punto de Acuerdo ahora convertido en dictamen, que está a discusión, es atendible, les puedo decir que en las instancias locales, porque va orientado hacia los institutos locales electorales, no tendrá eco, y es que todos los institutos electorales, sin excepción, dependen del gobernador o de la fuerza política mayoritaria, y cometieron excesos.

No hay un instituto electoral que se escape. En los hechos actuaron como una dependencia subordinada del ejecutivo local, toda su estructura sirvió para el fraude, la compra del voto y la distorsión en los procesos democráticos de selección y de elección de candidatos a puestos de elección popular.

Por eso lo que aquí se reseña es parte de lo cotidiano, de la cotidianeidad de estos días, me parece que es un exhorto pertinente, quizás a destiempo, porque los órganos electorales, casi todos, ahora ya no tienen nada que ver, están en la parte jurisdiccional de los tribunales locales electorales, que les aseguro que van a seguir la misma suerte de estos procesos; la misma suerte de las resoluciones del IFE van a ser confirmadas por los tribunales, que también están subordinados al gobernador.

¿Quiénes son los ganadores en este proceso?, para mí los gobernadores que nunca hicieron caso de las recomendaciones del centro, quizá simulado, quizá valores entendidos, pero los gobernadores se convirtieron en dueños y señores de vidas, voluntades y haciendas en los estados.

Los gobernadores, como el de Zacatecas, Miguel Alonso, que actúa, quizás sea uno de los gobiernos más corruptos que haya tenido Zacatecas, utilizó recursos públicos de manera desmedida y desvergonzada, es un saqueo lo que está cometiéndose en Zacatecas por esta pandilla que lo acompaña, una pandilla de saqueadores, de asaltantes, y nadie es capaz de ponerle freno, es de los consentidos de este gobierno pusilánime de Peña Nieto, nadie lo toca, absolutamente nadie es un corrupto impune, grandes fortunas se han hecho en estos dos años, nadie lo toca y nadie lo va a tocar porque es parte de la complicidad institucional y del neopriísmo, yo tengo respeto por muchos viejos priístas que no actuaban de esa manera. Hoy los neopriístas no solo quieren enriquecerse en los seis años que están en el gobierno, sino además actúan envilecidos, el poder los envileció.

No hay una línea ágata en medios locales de comunicación, ni una nota en estación de radio que pueda salir de la oposición porque todo está controlado, y cuando se refieren a un opositor es para golpearlo sistemáticamente, esas sociedades tienden a tronar, porque son caciquillos, reyezuelos, que tarde que temprano van a tronar porque la población no acepta ese tipo de excesos.

Yo comparto la indignación de la Senadora, normalmente no coincido con el PAN por razones ideológicas, pero comparto la indignación, porque la impotencia es tan enorme de que son intocables estos reyezuelos y caciquillos de pueblo, como es su gobernador de Tlaxcala, o sea, no les interesa nada, y por esa razón creo que tiene toda la razón, por esa razón, por supuesto que la indignación es causa justificada de lo que está pasando, es más, ahorita que usted comentaba la posición política, me parece pertinente que hoy estén aprendiendo a movilizarse, el PAN ya aquí anunció que se va a movilizar, es más, creo que mañana se van a un lugar de Palacio de Gobierno.

Qué bueno que van a hacerlo, es más, celebro, ojalá y nos acompañen en la defensa del petróleo porque nosotros vamos a tomar las calles, están aprendiendo y bienvenidos a esta forma de lucha, porque ayer yo dije que en la defensa del petróleo vamos a tomar las calles, no será en las curules la lucha, y muchos del PAN dijeron, no hombre, qué barbaridad, otra vez estos rijosos, otra vez estos escandalosos, concluyo señor Presidente, y en cambio ahora me alegra mucho la posición del PAN, bienvenidas a la lucha en la calle, ahí estaré mañana en Tlaxcala acompañándolos.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Ricardo Monreal.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, estamos sobre un dictamen, en donde, de acuerdo al mismo, se está hablando de todos los estados, las entidades federativas donde hubo elecciones y se ha argumentado, a veces en lo particular.

Primeramente, referirnos como grupo parlamentario del PRI, que estamos a favor por la legalidad, estamos a favor porque se respete el resultado de la voluntad ciudadana, estamos a favor por transparentar y cuando haya evidencias, cuando haya la comprobación necesaria, están precisamente los cauces correspondientes en las instituciones en los tribunales.

Creemos que para el grupo parlamentario del PRI, respetar la legalidad, tanto por lo que se expresa libremente en las urnas, por lo que sigue en cada etapa del proceso, ayuda precisamente, a la limpieza de las elecciones.

Hoy tenemos instituciones, en donde la ciudadanía participa en ellas también. Todavía en muchos no ha terminado el proceso.

Hay que reconocer la pluralidad que tiene nuestro país, y que esa misma pluralidad hace que muchas veces las diferencias entre los votos sean cada vez más estrechas, y a veces por un voto, se ha ganado o se ha perdido.

No es justo que cuando se gana, todas las instituciones y los funcionarios son buenos, y cuando se pierde, entonces no creemos en el proceso o en las instituciones.

Podríamos hacer muchas rutas y a veces se habla de un estado, de otro, por cierto, el mío no lo han tocado. Pero aquí lo que se trata, es entender que estamos a favor, porque sean todas las entidades federativas, las que estemos en la misma tesitura y no midiendo de manera distinta a una o a otra.

Así que, en un régimen democrático, se deben procesar por las vías institucionales, las que corresponden a cualquier inconformidad derivada de las elecciones.

El Senado no debe permitir que mucho de lo que aquí se ha dicho, sea, para el tiempo, en aras de ventilar quizás más pasiones, que lo que pudiéramos avanzar en la propia legislación, en la propia intención de que la ciudadanía, quien nos ve, quien nos juzgue y quien sabe, efectivamente, cómo estamos en cada una de las entidades, poder tener puentes y accesos a la legalidad y al respeto, también, a su voto.

Por ello, para el PRI, nos manifestamos porque los 14 órganos electorales que celebraron comicios el pasado 7 de julio, de manera pronta y expedita den trámite a toda queja, inconformidad sustentada, con ese principio de definitividad, que es agotar los recursos en cada una de las etapas, y que sean, precisamente, las instancias correspondientes.

Estamos a favor de la legalidad.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova.

Esta Presidencia informa, que se ha agotado la lista de oradores. Una vez que concluya el Senador Héctor Larios, consultaremos, en votación económica, si se acepta o no el punto de Acuerdo.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Quisiera, en primer lugar, referirme a que dio origen a este punto de Acuerdo que ahorita está a discusión y en sus resolutivos.

Este punto de Acuerdo, es a propuesta de un legislador del PAN, referido específicamente a Campeche.

¿Por qué Campeche? Porque tenía dos temas.

Primero, en Ciudad del Carmen, Campeche, el alcalde actual, que es una persona que en 2011 resultó inhabilitada por un fraude que cometió como delegado de SEMARNAT, adicionalmente de una multa de 35 millones de pesos. De cualquier manera el PRI, lo postuló candidato y es el actual alcalde, aún estando inhabilitado y no se le ha cobrado la multa.

Estableció un programa, que dominó “Programa de Respuesta Integral”, sus iniciales PRI, el Programa de Respuesta Integral.

Con la misma tipografía del partido político al que pertenece, qué casualidad, como dice aquí mi amigo. Y entonces el punto de Acuerdo que presenta mi compañero del PAN, es precisamente para dos temas.

Para que el Instituto Electoral del Estado de Campeche resuelva la queja, que está dormida ahí, con respecto al uso de recursos públicos para promoción política, en un estado que ahorita no está en proceso electoral o que no estuvo en proceso electoral.

Segundo. Para que la Auditoría Superior de la Federación, porque es el uso de los programas federales al amparo de este programa "PRI", verifique que no se estén desviando recursos públicos federales en apoyo a un partido político, como de hecho sucede.

Ni el Instituto Electoral del Estado de Campeche, ha atendido esta resolución.

Esas son las dos demandas que hace mi compañero del PAN en este punto de Acuerdo:

Primero. La comisión ha hecho un dictamen que generaliza. Exhorta a todos los institutos electorales de los estados a resolver las quejas que tengan pendientes. De esa manera disuelve la demanda del estado de Campeche, en donde hay un absoluto abuso de poder a favor de un partido en el estado o de un estado-partido.

Segundo. Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar, a cerciorarse que se usen los recursos en términos genéricos, ni siquiera referido a cuestiones electorales en el país, recursos federales que usan los estados y los municipios.

También generalizando y quitando toda la fuerza.

Entonces, lo primero, me parece, que la Comisión, estaremos a favor, porque desde luego que los resolutivos son a favor, pero estos resolutivos no atienden a la gravísima problemática que tenemos en este país, en los estados, en donde no tenemos una vida democrática.

Y para acreditar que no tenemos una vida democrática y cerrar, nada mejor que el ejemplo, de la primera oradora que subió aquí a tribuna, mi compañera de Tlaxcala. ¿Qué pasó en Apizaco y qué pasó en el distrito local? Bueno, se realizan las votaciones, en las seiscientas y tantas secciones electorales, se hacen los cómputos y escrutinios en cada casilla, las actas, de cuyas copias tenemos de todas las casillas, le dan el triunfo a los candidatos del PAN y, en un caso, los funcionarios electorales y en el otro las policías trasladan fuera de absolutamente toda normatividad los paquetes electorales, y en el trayecto que dura mucho más tiempo del que es razonable, para la distancia a recorrer, se cambian los votos, se anulan, como ha sido presentado aquí en la imagen, se anulan los votos y con la total complicidad del organismo electoral estatal, decretan que el ganador no es quien tiene más votos en las actas electorales. Que el ganador es el que tiene los votos, restándoles los votos al PAN, los votos que fueron nulificados, tachándolos por otro partido, en el trayecto que está totalmente acreditado.

¿Cómo está acreditado? Pues está con el propio testimonio notarial de los funcionarios electorales. Está con las copias de las actas de todas las casillas. Están a disposición de ustedes, las copias de las actas de todas las casillas de Apizaco y del distrito local, están todas las copias que dan resultado favorable al PAN.

¿Qué país puede sobrevivir a una elección de autoridades, con violaciones de este tamaño? Y que la Comisión que resuelve, lo único que haga, de manera general, exhortar a todos los institutos electorales del país.

Me parece que sí es un tema esencial. No hay país en el mundo que progrese, si no respeta los resultados electorales.

Y en este país estamos regresando más de 20 años. Hace más de 20 años no se venía que una vez emitido el sufragio, una vez hecho el cómputo en cada casilla, en el trayecto de los paquetes electorales, se abran, se anulen votos del partido ganador y entonces cambia el resultado de la elección.

Eso es lo que pasó en Tlaxcala, están todas las pruebas, están, insisto, todas las copias de las actas electorales.

Eso acredita una vez más la importancia de que discutamos con seriedad en aras de darle horizontes de crecimiento económico a los mexicanos, la posibilidad de crear un Instituto Nacional Electoral que unifique, no centralice, porque estaría repartido en todo el país, que resuelva el problema de la organización de los comicios electorales.

Todos los institutos electorales del país en mayor o menor grado están altamente cuestionados, algunos tan cuestionados como el Instituto Electoral de Baja California que contrata a alguien que hace un PREP, por cierto en Tlaxcala ni PREP empezó, estando contratado y no empezó el PREP y en Baja California el Presidente del Instituto Electoral descalifica el PREP que tenía un error en el cálculo del porcentaje, simplemente porque no le convenía al partido de cuyo hermano ha sido.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Héctor Larios.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

¿Para qué efecto, Senador Miguel Romo?

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente, si no hay inconveniente en la Secretaría, nos lea el resolutivo específico que vamos a votar, porque aquí se ha hablado de muchos otros temas y para tener la precisión de lo que vamos a votar. Si es tan amable, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Miguel Romo. Solicito a la Secretaría le dé lectura al resolutivo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia y a petición del Senador Miguel Romo, procedo a dar lectura a los puntos resolutivos sobre los cuales se está sometiendo a discusión.

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los institutos electorales locales, para que en el ámbito de su competencia resuelvan las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos electorales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Entidad Superior de Fiscalización, para que en el ámbito de su competencia, lleve a cabo acciones de fiscalización y control sobre recursos federales destinados a los ayuntamientos del país.

Es cuanto, señor Presidente.

-El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que se encuentra presente en esta sesión la señora Ismary González Miró, encargada de negocios para América Latina de la Embajada de Cuba en México.

¡Sea usted bienvenida a esta sesión de la Comisión Permanente!

Asimismo, se encuentra también con nosotros la Delegación de la Embajada de la República de Cuba en México.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Por acuerdo de la Mesa Directiva, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al LX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada.






EFEMERIDE

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Agradezco a los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PT, Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, que hayan aceptado tener hoy esta intervención.

En 1961, cuando un ejército financiado y entrenado por Estados Unidos invadió Bahía de Cochinos, en Cuba, el General Lázaro Cárdenas del Río quiso tomar un vuelo a La Habana. No lo consiguió, pues su avioneta había sido encadenada por órdenes del Presidente López Mateos.

Sin embargo, al historia registra que el 18 de abril de ese año, Cárdenas, subido en el toldo de un automóvil, en el Zócalo de nuestra capital, encabezó un acto en el que miles de mexicanos rechazaron la pretensión imperial de someter a una pequeña nación que no aspiraba más que a ser libre e independiente.

La crónicas de la época relatan que la multitud guardó un total y respetuoso silencio cuando Cárdenas tomó la palabra desde el improvisado escenario para decir: “En nuestra América, Cuba está siendo agredida y es necesario que los pueblos, todos de Latinoamérica, manifiesten su solidaridad”.

Muchos años han pasado, pero el cerco y las agresiones continúan. A pesar de los cambios ocurridos en el escenario geopolítico mundial y regional.

Estados Unidos mantiene una criminal política de embargo económico y de cuando en cuando recicla la amenaza de una intervención militar directa en el hermano país del Caribe.

A tono con esa política de agresión permanente, recientemente Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países terroristas.

Arrogante y sordo, cuando se trata de defender sus intereses, Estados Unidos ha hecho caso omiso una y otra vez de las resoluciones de un gran número de organismos multilaterales que han condenado las políticas contra la isla, incluido el voto de México.

Salvo algunos periodos vergonzosos, nuestro país ha mantenido con respeto con esta nación hermana las nociones de principios de política internacional marcados en nuestra Constitución de no intervención y de libre autodeterminación.

La relación entre México y Cuba rebasa con mucho los linderos de la diplomacia, tiene profundas raíces históricas y culturales y está fincada en gran medida en el encuentro de dos revoluciones que han dado identidad a los pueblos de América Latina, las Revoluciones Mexicana y Cubana.

Ciertamente ha sido fuente de inspiración y guía para los pueblos del continente que luchan por mantener su independencia y que buscan la justicia y la libertad.

En la relación entre nuestras naciones y nuestros pueblos, Fidel Castro Ruz ha sido, sin duda, una figura central. Para millones en México y en toda América Latina la Revolución Cubana fue un acontecimiento de la mayor importancia. En Cuba comenzó a hacerse realidad el sueño de hacer nuestra gran patria latinoamericana una tierra libre de yugos imperiales, soberana y justa. En esa historia México tiene un lugar de privilegio.

Cuando se acercaba el fin de la dictadura de Fulgencio Batista, el 17 de marzo de 1958, Fidel Castro envió una carta al pueblo mexicano. En ese documento el comandante cubano reconocía la gesta de las primeras décadas del siglo XX y la relación profunda, existente entre ambos países.

Escribió Fidel:

“Revolución Mexicana. La Revolución de Cuba te saluda, evoca su obra, se inspira en tus triunfos y emula tu ejemplo”.

Meses después, en julio de 1959, el General Lázaro Cárdenas, sin duda, el Presidente que los mexicanos recordamos con admiración y cariño, estuvo en La Habana, al lado de Fidel Castro y los líderes de la Revolución Cubana para conmemorar el inicio de la gesta que puso fin a la dictadura de Batista.

No fue casualidad que el Presidente que nacionalizó el petróleo asistiera en julio de 1959 al acto de Conmemoración del Asalto al Cuartel Moncada, ocurrido seis años atrás en 1953.

Al hablar en la multitudinaria concentración, Lázaro Cárdenas expresó palabras que vistos los hechos de las siguientes décadas no han perdido actualidad.

Dijo el General Cárdenas:

“De haber sido la Revolución Cubana un simple cambio de hombres, no habría sido tan combatida como lo está siendo por los intereses oligárquicos extranjeros que han creado la leyenda negra de esta revolución. Esos mismos intereses crearon la leyenda negra de la Revolución Mexicana en sus campañas contra las reformas sociales emprendidas en nuestro país”.

La Revolución Mexicana que dio jerarquía constitucional a la reforma agraria recibió los más candentes de los intereses extranjeros.

La relación entre uno de los más grandes estadistas mexicanos y el comandante Castro resume la existente relación entre nuestros dos países y ejemplifica como ninguna la profanidad de nuestros lazos y nuestros sueños de libertad e independencia, más tarde los buenos oficios del general Cárdenas permitieron la liberación de Castro y otros integrantes del movimiento 26 de julio.

Gracias a ello fue que Fidel, Raúl, Abel Santa María, el Che Guevara y muchos otros pudieran zarpar de nuestras costas y tras un penoso viaje regresar a la isla que los había visto partir al exilio.

La relación entre México y Cuba, entre ambas revoluciones y entre ambos pueblos que aspiran a la libertad se ha mantenido, pese a las tremendas presiones del imperio, pese al aislamiento en que se ha tratado de mantener a la isla y muy a pesar de los diferendos diplomáticos.

El 26 de julio no puede olvidarse que fue Martí el inspirador del puñado de jóvenes patriotas cubanos que decidieron poner fin a esta dictadura.

Al final, al igual que Fidel, el apóstol de la independencia cubana José Martí pasó por tierras mexicanas, en ambos casos ese tránsito fue fundamental en la formación y en la mirada única que construyeron sobre nuestra América.

Apenas hace unos años, en 2003, don Pablo González Casanova el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el Premio Internacional José Martí que otorga la UNESCO. En su discurso de aceptación recordó que la conducta de Martí ensambla estilo, pensamiento y política con valores éticos incomparables hoy compartidos por varios millones de cubanos.

Maestro universal, siguió González Casanova, es imposible pensar en otro mundo posible sin las lecciones de José Martí.

Con perdón del Doctor González Casanova tomo algunas más de sus palabras para rebatir a quienes ignoran o minimizan los logros de Cuba.

Dice el ex rector de la UNAM, quien crea que exagero vaya a Cuba y vea lo que ese pueblo unido a su gobierno ha logrado hacer por la difusión de la cultural por la educación elemental, media y superior, por la investigación científica en las humanidades, por la salud, la justicia, la democracia, como poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo y por la voluntad colectiva, universal de paz y fraternidad, por todos los demás pueblos del mundo incluido el de Estados Unidos, ejemplo extraordinario en la superación de las contradicciones, limitaciones o errores de Cuba su pueblo y su gobierno reconocen con razón en Martí el autor intelectual de su revolución.

Los prófugos de la izquierda, los conversos que venden al mejor postor, han tratado de fijar la idea de que en América Latina y una izquierda buena y una izquierda mala, pero la izquierda que es una en su diversidad y en su pluralidad, los ha desmentido, por ejemplo, en boca del ex Presidente Lula da Silva, quien en diversos foros ha destacado el hecho de que hace 20 años la izquierda solo estuviera en poder de Cuba y que hoy los movimientos y partidos que buscan afanosamente mayor democracia con justicia estén gobernando buena parte de América Latina.

A pesar de su retiro del poder por razones de salud, el comandante Fidel Castro ha continuado ofreciendo su experiencia y sabiduría a través de incontables escritos y de frecuentes encuentros con importantes líderes latinoamericanos.

Este reconocimiento que le entrega hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es por un lado testimonio de una relación basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y la cooperación mutua, refleja también nuestro rechazo a las políticas de castigo que naciones más poderosas, económica y militarmente, quieren imponer en nuestros países.

En el arribo a la aldea global se ha tratado de obligar a todas las naciones a seguir un sólo modelo de desarrollo, una sola ruta trazada desde los centros financieros internacionales, renunciar a los principios de nuestra política exterior, considerar la libre autodeterminación, un postulado obsoleto no significaría más que abrir la puerta a nuevos impulsos expansionistas de las potencias.

Por esa razón, con Pablo González Casanova decimos: “El ser humano sin contradicciones es una entelequia, los muchos escogemos nuestras contradicciones con Cuba, su pueblo y su gobierno, y esperamos ser miles de millones que luchemos con firmeza por la defensa de esta pequeña isla que ha llevado mucho más lejos que cualquier otro país del mundo la práctica de la liberación, la democracia y el socialismo, Cuba merece nuestro apoyo contra cualquier argumento falaz que se sume a las justificaciones del bloqueo y la intervención anunciada”.

Finalmente, señor Presidente, le suplicaría, pudiera hacer la entrega de un diploma al Comandante Fidel Castro, Conmemorativo del 60 Aniversario de la Revolución de Cuba, lo recibirá la ciudadana Ismary González Miró, encargada de negocios de la Embajada de Cuba en México.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Con mucho gusto, Senadora Padierna Luna.

Es un honor para esta Presidencia.

Compañeros legisladores, informo a la Asamblea, que los demás dictámenes reservados para su discusión serán desahogados en la próxima sesión.

Continuando con el Orden del Día, se abre el apartado de iniciativas. Se le concede el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 20 Y 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del C. Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Les agradezco su atención y en un día muy movido, al principio felicitar a nuestra compañera, a la Senadora Cristina Díaz y a la Diputada Cristina González por su felicitación que hoy festejan.

Muchísimas gracias.

Hoy la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 20 y el primero y segundo del párrafo en el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Hoy debo decirles, hoy por hoy no existe en lo absoluto un respeto a los derechos como consumidores y mucho menos a sus capacidades como usuarios de estos servicios públicos.

Esto se da, particularmente, porque a la fecha no existe la regulación de las tarifas de arrastre y salvamento.

Compañeras y compañeros, las quejas más recurrentes de los usuarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento, así como el depósito de vehículos es que no se les respetan los derechos como consumidores y mucho menos se les respetan, como ya se mencionó, sus garantías como usuarios de este servicio.

Lamentablemente no existe una Ley de Caminos, de Puentes y Autotransporte Federal que tenga la precisión en la defensa de estos mencionados derechos, dejando prácticamente a discreción de los prestadores de servicio los modos y las formas de la prestación del mismo, lo cual constituye una desventaja para el usuario, creando una afectación a sus intereses.

Estas denuncias por abusos de los operadores de los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos son más recurrentes de lo que nosotros pensamos, en relación a las tarifas que se aplican y que llegan a ser verdaderamente desproporcionadas y elevadas con relación a las garantías del servicio ofrecido.

Otro aspecto que no se atiende a la norma vigente en mención es que no ofrece certeza y respaldo de los bienes que se le confían a los prestadores de servicios, con los consecuentes casos de perjuicio, ultraje y sustracción en más de las ocasiones de lo que son objeto los vehículos que han solicitado su servicio.

Si a esto le sumamos la angustia, la desesperanza, la inseguridad y la responsabilidad que cualquiera como familia tiene, esto se convierte, señoras y señores, compañeras y compañeros Diputados, verdaderamente en una desgracia.

En la dinámica jurídica en la que se encuentra el país no se puede omitir este reclamo de la sociedad que pide mayores garantías y defensa de su patrimonio o mueble que hace uso de las vías generales de comunicación, de tal manera que resulta inaplazable considerar esta expresión social y traducirla en la obligación de que los prestadores de servicios mencionados se obliguen a garantizar un trabajo responsable, de calidad y totalmente adecuado, a la vez de que se obligue a garantizar los bienes que a la fecha deberían de cumplir.

Por ello, presento a nombre propio y del Diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, la presente iniciativa. Una iniciativa que modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, a efecto de precisar que las tarifas deberán de observarse, además de los principios de calidad, competitividad, permanencia y el bien interés del propio usuario.

Además se propone una modificación al artículo 62 de la ley referida para establecer que los prestadores de servicios auxiliares entre los que se encuentren los de arrastre, arrastre y salvamento y depósito, estén sujetos a brindar la protección de los usuarios de este servicio.

Compañeras y compañeros legisladores resulta relevante y además necesario velar por la protección de los viajeros, los usuarios y sus bienes por sus daños que sufran con motivo de la prestación del mismo.

Consideramos que de traducirse en ley esta iniciativa, se beneficiará e incrementará la calidad de los diversos servicios auxiliares que se brinden en virtud al darle una garantía suficiente al usuario a los prestadores de servicio que realizarán un trabajo más eficiente y eficaz del mismo.

A todas y a todos por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“Los que suscribimos, Diputado Federal Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Diputado Federal Leobardo Alcalá Padilla, integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 20, el primero y segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de los siguientes:

ExposiciOn de Motivos

Actualmente una de las quejas más recurrentes de los usuarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos es que se no se le respetan sus derechos como consumidor y menos sus garantías como usuarios de este servicio.

Lamentablemente no existe en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal precisión en la defensa de estos derechos, dejando prácticamente a discreción de los prestadores de servicios los modos y formas de la prestación del servicio, lo cual constituye una desventaja para el usuario, creando una afectación de sus intereses.

Estas denuncias por abusos de los operadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos son muy recurrentes en relación a las tarifas que aplican, que llegan a ser desproporcionadas y elevadas con relación a las garantías del servicio ofrecido.

Otro aspecto que no atiende la norma vigente en mención es que no ofrece certeza y respaldo de los bienes que se le confían a los prestadores de servicios, con los consecuentes casos de perjuicio, ultraje y sustracción de los que son objeto los vehículos objeto de la solicitud de estos servicios.

En la dinámica jurídica en la que se encuentra el país no se puede omitir este reclamo sentido de la sociedad que pide mayores garantías y defensa de su patrimonio mueble que hace uso de las vías generales de comunicación, por ello resulta inaplazable considerar esta expresión social y traducirla en la obligación de que los prestadores de los servicios mencionados se obliguen a garantizar un trabajo responsable, de calidad y totalmente adecuado.

Esta iniciativa pretende dar mejores condiciones para el usuario en los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, permite así acotar el abuso en las tarifas originado por la no regulación del mismo.

De la misma manera se hace necesario que los mecanismos de ajuste de calidad y competitividad se traduzcan en un correcto balance para el mejoramiento de dicho servicio para el usuario.

No puede quedarse el marco jurídico respectivo sin incorporar a los prestadores de servicios auxiliares, entre los que se encuentran los de arrastre, salvamento y depósito, a las obligaciones que tienen los concesionarios, para que de esta manera se establezca en un mismo sentido la salvaguarda de los derechos de los usuarios.

Resulta relevante y ademásnecesario velar por la protección de los viajeros, los usuarios y sus bienes por los daños que sufran con motivo de la prestación y el uso de cualquiera de los servicios auxiliares.

De traducirse en ley esta iniciativa se beneficiará e incrementará la calidad de los diversos servicios auxiliares que se brindan, en virtud que al darle una garantía suficiente al usuario, los prestadores de servicios realizarán un trabajo más eficiente y eficaz del mismo.

En síntesis la presente iniciativa busca en primera instancia modificar el segundo párrafo del artículo 20 de la referida Ley a efecto de precisar que las tarifas deberán observar, además de los principios de calidad, competitividad y permanencia, el del interés del usuario.

Además se plantea la modificación del artículo 62 de la referida Ley para precisar que los prestadores de servicios auxiliares, entre los que se encuentran los de arrastre, salvamento y depósito, estén sujetos a brindar la protección a los usuarios de sus servicios. Cabe destacar que si bien el referido artículo plantea la responsabilidad de concesionarios y permisionarios en general, es necesaria una precisión de los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo que nos permite habilitar la mención de los prestadores de servicios auxiliares.

Por las consideraciones expuestas se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 20, el primero y segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

CAPITULO IV

TARIFAS

Artículo 19.-

Artículo 20.-La Secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las Unidades de Verificación, así como las bases de regulación tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

En los supuestos a que se refieren este artículo y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia, protegiendo en todo momento el interés del usuario.

TITULO SEXTO

DE LA RESPONSABILIDAD

CAPITULO I

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISMO

Artículo 62.-Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo, además de aquellos que presten los servicios auxiliares referidos en el artículo 52 de esta Ley, protegerán a los viajeros ,usuarios y sus bienes por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo y en el uso de cualquiera de los referidos servicios auxiliares.

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que establezca el reglamento respectivo.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de julio de 2013.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.-Dip. Leobardo Alcalá Padilla”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Leobardo Alcalá. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Para presentar seis iniciativas que presentan diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, se concederá el uso de la palabra al Senador Fernando Herrera Avila, y posteriormente al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, cada uno hasta por cinco minutos.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Herrera Avila.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Gracias, señor Presidente.

La iniciativa que presentamos el día de hoy, formalizando lo anunciado en días pasados, es el reflejo de mesas de trabajo de un sinnúmero de consultas y opiniones de expertos dedicados a la materia por muchos años.

Nos da mucho agrado haber concretado este esfuerzo.

Con esta iniciativa no se pretende polemizar con nadie, al contrario, se trata de enriquecer la discusión en el marco de la tarea parlamentaria.

Como ustedes lo saben, esta reforma forma parte de la agenda legislativa del PAN y del PRD.

En el caso del PAN, desde la reunión plenaria, a principios de año, se acordó presentar una reforma política profunda que atendiera los grandes retos de democratización que requiere el país.

Asimismo, también decir que este es un momento oportuno, las pasadas elecciones en México dan muestra que el reto de la democracia no ha sido conquistado del todo, que persisten prácticas que se resisten a desaparecer, y que la manera de resolverlo, de manera profunda, estructural y definitiva, es con un marco legal y constitucional adecuado que nos permite resolver problemas que desafortunadamente siguen enquistados en nuestro sistema político.

La iniciativa que se presenta hoy, es una contribución seria, en un número importante de Senadores del PAN y del PRD, resultado de un ejercicio público y transparente, plasmando las necesidades de nuestro sistema político electoral.

Este paquete presenta por una parte un conjunto de modificaciones constitucionales; modificaciones en materia penal, una profunda cirugía al COFIPE y tres leyes reglamentarias.

En cuanto a la reforma constitucional en el apartado de acceso al poder, esta iniciativa propone modificar sustancialmente el régimen de fiscalización en nuestro país.

Introducimos en consecuencia un régimen a partir del cual la fiscalización se realiza durante las campañas electorales, donde el órgano fiscalizador no tiene ningún límite para fiscalizar ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidatos.

Establecemos como causales de nulidad de la elección y pérdida del registro de las candidaturas y de los partidos políticos cuando se rebasen los topes tanto en financiamiento como de la propia campaña.

En materia de propaganda gubernamental y de partidos políticos, la propia constitución establece una serie de principios y bases en cuanto a las candidaturas independientes. Se establece en la Constitución las modalidades de acceso a radio y televisión de tal manera que las candidaturas independientes cuenten con esta posibilidad o este acceso a dichas prerrogativas.

Se establece también en la Constitución el deber de los partidos políticos de informar sobre sus posibles conflictos de intereses de sus candidatos.

Se establece la creación de un gobierno participativo, es decir, juntas comunitarias democráticamente electas, con una capacidad de gestión presupuestal y, sobre todo, con capacidad para tomar decisiones sobre prioridades presupuestales en un determinado ámbito geográfico.

Establecemos como regla de la elección que todos los ejecutivos en el país, Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, la segunda ronda electoral, es decir, el principio según el cual se entiende electo aquél candidato que obtenga la mayoría de los votos emitidos en una elección en dos rondas de votación, en cuya segunda únicamente participen los dos punteros.

Creamos o matizamos el régimen Presidencial mexicano para introducir la figura del jefe de gabinete.

En consonancia con este modelo de gobierno de coalición se propone, también, la ratificación de todos los integrantes del gabinete y del programa de gobierno.

El Congreso también en este marco de nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo asume un poder importante. La capacidad por mayoría absoluta de los miembros presentes en cualquier Cámara de censurar al jefe del gabinete o de cualquier secretario de Estado.

En consonancia con el mejoramiento funcional de instituciones de nuestro país proponemos la autonomía de la PGR, es decir, convertir el Ministerio Público en una fiscalía general de la república, auxiliar de fiscalías autónomas en los estados y el Distrito Federal.

Proponemos que el Senado de la República tenga la facultad de poder sancionar a los órganos electorales locales cuando no cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.

Establecemos también en la Constitución la facultad del Congreso de expedir un sistema nacional de carrera del funcionariado electoral.

Eliminamos el fuero para todos los funcionarios del país, incluido el Presidente de la República; y eliminamos en la Constitución la prohibición, la reelección legislativa, y autoridades municipales para el caso de los legisladores federales y autoridades municipales, es decir, Diputados, Senadores y alcaldes. Se establece una posibilidad máxima de reelección hasta por 12 años, y en el caso de los legisladores locales, únicamente eliminamos prohibición para que cada legislatura acuerde el modelo que más le convenga.

Hacemos también una revisión profunda sobre los delitos electorales, se penaliza el turismo electoral, es decir, el cambio intencional de domicilio para incidir en un proceso electoral.

Es esta iniciativa que el día de hoy presentamos, sin lugar a dudas, una respuesta a muchas de las inquietudes que están presentándose en el país, es un instrumento para democratizar y modernizar el ejercicio de la política en nuestro país.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fernando Herrera.

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Venimos a suscribir, como grupo parlamentario, esta iniciativa en la que hemos coincidido con un número importante de Senadoras y Senadores del PAN. Ya ven que también hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo.

Y qué mejor escenario para presentarla después de haber escuchado el debate que se suscitó en esta Comisión Permanente con motivo de la evaluación de las elecciones locales que vivimos el pasado 7 de julio. Y justamente a partir de esa consideración vale la pena una reflexión respecto a la necesidad de dejar atrás las reformas chiquitas, las reformas en abonos que han llevado, sin bien, algunos avances en la vida institucional del país, a dejar muchos espacios vacíos de resolución, necesitamos una reforma plenamente integral.

Las elecciones del pasado 7 de julio estuvieron indudablemente marcadas, como aquí lo vimos, por la violencia, por el fracaso del adéndum al Pacto por México, por la ingerencia impune de gobernadores en los comicios, por el desvío de recursos públicos y por la lamentable pérdida de la autonomía de los órganos electorales que hoy regresan al redil del control gubernamental.

Todas estas son señales inequívocas de que el ciclo de las reformas electorales coyunturales realizadas a lo largo de las últimas tres décadas para construir un sistema electoral confiable ha llegado a su fin.

Ante la baja calidad del desempeño de las instituciones públicas, es evidente que todo cambio que se concrete de manera exclusiva en el ámbito electoral será absolutamente insuficiente, México demanda hoy una transformación profunda de su régimen político que nuevas reformas electorales no pueden ofrecer. Para ello, es necesario crear condiciones legales y políticas que permitan la construcción de nuevas reglas, claras y definitivas para regir los asuntos de la vida pública del país.

Estamos ante una realidad indiscutible, se ha agotado el sistema Presidencialista que en el pasado se apoyaba en la hegemonía de un partido, y que por más que se pretenda restaurar la pluralidad característica de la sociedad mexicana obliga a transitar hacia un sistema democrático con los equilibrios propios de una República Federal y representativa que garanticen estabilidad, certidumbre y gobernabilidad política.

Se trata de concretar la aspiración de un gobierno representativo que limite el ejercicio de poder público y ensanche los derechos y garantías de los ciudadanos.

Las iniciativas que hoy presentamos proponen diversos cambios a nuestra Constitución y a distintas legislaciones secundarias. Se busca transformar las formas de acceso al poder avanzando hacia la reforma profunda al régimen electoral y al sistema de partidos en nuestro país; se busca transformar los mecanismos de ejercicio del poder público eliminando el conflicto de interés y fortaleciendo el equilibrio y los contrapesos entre los Poderes de la Unión, fortaleciendo a la vez los mecanismos de control político y sentando las bases de un gobierno participativo; se busca, también, resolver en definitiva los mecanismos de rendición de cuentas, la eliminación de fueros, y garantizar la participación a la que tienen derecho los ciudadanos en la vida pública de nuestro país. Se trata de construir, en resumen, una nueva relación entre el poder público y las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Como se insistió a lo largo de las audiencias públicas celebradas para la elaboración de estas iniciativas, cuando hablamos de fortalecer la vida institucional, no nos referimos a los poderes constituidos, a los hombres que ocupan los cargos o a los edificios que los albergan. Las instituciones, debemos asumirlo, son las reglas del juego en una sociedad, son las limitaciones ideadas por el hombre y la mujer para reducir la incertidumbre conformando una estructura estable en la interacción humana en la sociedad.

Buscamos dar certidumbre a las formas de acceso al poder, a los mecanismos por ejercicio y para garantizar la rendición de cuentas a fin de avanzar a un régimen plural y democrático donde la única incertidumbre que debe existir es el resultado de las elecciones en el país.

Tenemos que acabar con una contradicción que subsiste y persiste a lo largo de los años en el Congreso de la Unión, y que particularmente en esta Legislatura ha cobrado mayor vigencia, una contradicción entre la fiebre autonomista y la obsesión centralista desde el gobierno federal.

Cuando iniciamos esta Legislatura, por ejemplo, existían solamente cuatro órganos autónomos: el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Hoy, en menos de un año, hemos debatido sobre la conformación de siete órganos autónomos: el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFETEL, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Organo Anticorrupción, la autonomía del Ministerio Público, en fin, un conjunto de órganos que buscan, ante la insuficiencia de un cambio de régimen, acotar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer los controles democráticos desde el Congreso.

Y en contraparte tenemos una obsesión centralista que busca minar las bases del federalismo limitando las atribuciones de los estados y municipios. Ahí están las iniciativas de mando único, la de la regulación de la deuda de los estados y municipios, la creación eventualmente de un Instituto Nacional de Elecciones o incluso la Gendarmería Nacional que pretende hoy atender asuntos del fuero común que competen a los estados y municipios.

Creo que ya llegó el momento de acabar con esta esquizofrenia legislativa y con reformas electorales que han buscado atar las manos entre los partidos sin atender la verdadera demanda de los ciudadanos.

Requerimos un cambio de régimen, que se fortalezca el Congreso, se acote las atribuciones discrecionales que prevalecen en el Ejecutivo, pero particularmente un régimen político democrático que ensanche las libertades y las garantías de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD)

“Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las consideraciones siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, la vida política nacional se ha transformado sustancialmente. No sólo se han modificado los equilibrios y los canales de comunicación y participación, sino que también se han incorporado nuevos actores y nuevos ritmos al ejercicio del poder, a la incidencia sobre éste y a su repercusión. Estos cambios exigen modificaciones a la legislación que los norma para darle vigencia, pero sobre todo para dar eficacia a una democracia que todavía se percibe disfuncional.

El año de 1997 sirve como referente al análisis electoral mexicano porque marcó el momento en el que el Poder Ejecutivo tuvo que transitar por primera vez a un papel de interlocutor real de las fuerzas de oposición. En 1997 la negociación política adquirió un nuevo tenor, uno en el que el país era responsabilidad compartida y oportunidad adquirida. A partir de esto, el sistema electoral mexicano fijó nuevas reglas de participación que pudieran conformar una oposición con poder de negociación y posibilidad de participación. La oposición fue ocupando lentamente congresos locales y gubernaturas. Poco a poco se fue haciendo de espacios de poder hasta que en julio del 2000, la agenda del cambio convocó a la alternancia en el máximo cargo de representación popular en nuestro país. Las expectativas eran enormes, los diagnósticos halagüeños. En el ánimo se percibía una democracia que había llegado para quedarse y una esperanza que asociaba a ella la mayor desarrollo y progreso.

Es por ello que se hace referencia al año 2000 como el momento en que estos esfuerzos de integración de fuerzas opositoras al espectro político llegaron a su culminación, incorporando jugadores y premios, actores y agendas. Y, si bien la alternancia es un ingrediente consustancial de toda democracia, fue sólo que a partir de ésta se empezaron a plantear nuevos retos que hoy siguen sumándose a los pendientes de nuestro sistema político, para dotar de sustancia al modelo de representación y de espacios en un modelo de participación. La posibilidad real de la alternancia y la existencia de congresos divididos plantean retos a los acuerdos y a la alineación de agendas divergentes. El equilibrio de poderes, incluso al interior de los poderes mismos, no siempre encuentra formas de superarse, de trascender desde la participación ciudadana y de embeberse en el dinamismo que las nuevas tecnologías ofrecen. Los partidos políticos, estructura básica del sistema político, necesitan recuperar la confianza ciudadana como instrumentos de representación. La pluralidad debe ampliarse, diversificarse, consolidarse. La reforma político electoral debe dotar de eficacia a la democracia y de sustancia a la representación. Por ello se plantea como prioritaria.

Cuando se presentó la Agenda Mínima para Defender y Profundizar la democracia que da origen a esta iniciativa de reforma constitucional, definimos la estrategia de modificación del sistema político y electoral en términos del acceso al poder, del ejercicio del poder y de la rendición de cuentas. Es decir, la iniciativa surge del reconocimiento de que necesitamos establecer instrumentos legales que fortalezcan estos tres cauces y controles democráticos. Algunas de las propuestas aquí planteadas encuentran reflejo en reformas constitucionales exclusivamente; otras pueden aprobarse sin modificar la Carta Magna y habrá algunas que requieran la complementariedad entre ordenamientos jurídicos para funcionar como se prevé.

Esta iniciativa de reforma constitucional abarca temas en los tres ejes de la agenda. Por un lado, atiende problemas de acceso al poder. En este rubro, establece las bases constitucionales para una ley de propaganda gubernamental que forma parte del paquete de iniciativas de reforma política y que permitirá garantizar el uso imparcial de recursos a disposición del gobierno. Delinea también los principios constitucionales que deben asentarse para satisfacer la necesidad de una ley de partidos políticos. Por otro lado, atiende las deficiencias e ineficacias de la fiscalización de las campañas electorales para que pueda anticiparse, mejorarse y fortalecerse. En este tema, las modificaciones constitucionales se complementan con la iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo mismo pasa con la figura de candidaturas independientes, cuya regulación secundaria es un pendiente impostergable. También se atiende la necesidad de que los candidatos que tengan vínculos con poderes económicos preponderantes, deban declararlo para transparentar el posible conflicto de interés que representa. El último de los retos en el rubro de acceso al poder lo constituye la incorporación de la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente de la República.

Por otro lado, en términos de los retos del ejercicio del poder, esta iniciativa planea modificaciones para incorporar un cuarto orden de gobierno, a nivel submunicipal para establecer un vínculo directo entre la ciudadanía y las autoridades municipales. Este rubro también plantea la transición hacia un gobierno de coalición que se complemente con una segunda vuelta electoral y que se decante en torno a la figura del Jefe de Gabinete, cuya función principal sea la de la interlocución del Ejecutivo con otros poderes y las entidades federativas. La idea de fortalecer el sistema de pesos y contrapesos parlamentarios se nutre adicionalmente con la incorporación constitucional de la obligatoriedad de realizar sesiones de control para supervisar la gestión de las secretarías de Estado, así como con la moción de censura. Por otro lado, se propone la figura de la iniciativa razonada que obligue al Ejecutivo a respaldar, mediante comparecencia ante el Pleno de la Cámara de origen, las iniciativas de ley que presente. La consecuencia natural de la segunda vuelta y del gobierno de coalición es que el Legislativo se involucre en la definición de temas de relevancia, por lo que esta iniciativa propone, además, que el Legislativo tenga la facultad de modificar, supervisar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y los acuerdos internacionales en materia de seguridad.El ejercicio del poder se define también desde la posibilidad de coordinar una agenda compartida. Pero también se incorpora la posibilidad legal de que la Federación intervenga subsidiariamente en tareas propias del orden local, cuando haya afectaciones graves a la estabilidad o la seguridad, entre otras. Por otro lado, cuando haya evidencia fehaciente de parcialidad, dependencia o falta de objetividad en el desempeño de los órganos electorales locales, el Senado podrá declarar su desaparición, obligando el nombramiento de nuevos funcionario o a que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de la elección respectiva. Adicionalmente se propone la creación de un órgano rector de carrera del funcionario electoral para propiciar su profesionalización e independencia. En este mismo ámbito esta iniciativa atiende exigencias que se han reiterado en distintos momentos de nuestra historia. La primera de ellas implica la autonomía de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. De igual forma se plantea darle autonomía presupuestal al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que no exista manera de establecer mecanismos de chantaje a la evaluación objetiva de los programas de gobierno.

Finalmente, en el ámbito de la rendición de cuentas, se requieren modificaciones constitucionales para dos temas: fuero y reelección legislativa y de autoridades municipales. Esta iniciativa propone la eliminación del fuero para todos los funcionarios que gozan de él. Esta modificación imprime de congruencia el desarrollo democrático de nuestro país y acota la inmunidad a opiniones expresadas en el ejercicio del encargo. Por último, eliminar la prohibición a la reelección legislativa es probablemente la reforma más importante para profesionalizar la actividad legislativa, otorgar poder de decisión al ciudadano sobre la carrera política de sus gobernantes y dar sustancia representativa a nuestra democracia.

Fiscalización, propaganda gubernamental, partidos políticos y candidaturas independientes

El uso de recursos públicos para procesos electorales, en sus distintas etapas, se ha regulado en el entendido de que su transparencia y legalidad son exigencias democráticas indiscutibles. En ese entendido, esta iniciativa propone la inclusión de preceptos constitucionales que encuentren asidero en la legislación secundaria, pero que transformen desde la norma suprema, la estructura de fiscalización que se ha dado a partidos y candidatos independientes. En este sentido, destaca la incorporación del criterio de oportunidad a la fiscalización; devuelve al Consejo General del Instituto Federal Electoral la atribución de supervisar el proceso de fiscalización; supera limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal en el ámbito de las entidades federativas; e, incorpora sanciones más severas y explícitas al rebase de tope de gastos tales como pérdida de registro, de candidatura y la posibilidad de declarar lanulidad de las elecciones.

Tanto para la propaganda gubernamental como para la ley de partidos políticos, esta iniciativa plantea los lineamientos generales para las leyes que respectivamente se desarrollen. La primera forma parte del paquete de iniciativas de reforma político electoral que constituye la agenda mínima y responde a las modificaciones que esta iniciativa propone al artículo 134 constitucional, tales como: la imposición de topes al gasto de comunicación social, la necesidad de distribuir los tiempos oficiales del Estado, la creación de un Consejo Ciudadano y los criterios que deben regir la materia- objetividad, imparcialidad, equidad, lealtad institucional y veracidad-.

Por su parte, la ley de partidos políticos deberá desarrollarse, según propone esta iniciativa, estableciendo, entre otros, los derechos y obligaciones de los militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria, los procedimientos para la integración de sus órganos directivos y la postulación democrática de sus candidatos, así como los mecanismos para garantizar el acceso directo a la información de los partidos políticos y sus obligaciones en materia de transparencia.

Finalmente, en términos de candidaturas independientes, se propone la reforma de los artículos 41 y 116 constitucionales, para complementar la reforma constitucional de 2011, que incorporó la figura a este ordenamiento jurídico. Los artículos citados amplían las prerrogativas y obligaciones que hoy sólo corresponden a los partidos políticos a los candidatos independientes. Asimismo se les otorga la garantía de financiamiento público y acceso a radio y televisión, que se precisa en la iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que forma parte de este paquete de iniciativas de reforma político electoral.

Conflicto de interés

El tema de la transparencia no sólo atañe al uso de recursos. Por eso, la exigencia democrática no se sacia con imponer normas más exigentes o meticulosas de fiscalización, ni con sujetar a los partidos políticos a los criterios de transparencia de la administración pública, por ejemplo. La transparencia de la acción de los partidos políticos está estrechamente vinculada a la necesidad de conocer los porqués de sus agendas y prioridades. Muchas veces esta agenda se revela más evidentemente con la postulación de ciertos candidatos vinculados a grupos de poder y su participación en la decantación de las iniciativas legales, que en el discurso político. Es por ello que esta iniciativa propone que los partidos políticos deban declarar, al momento del registro de sus candidatos a cargos de elección popular, el vínculo de éstos con grupos económicos preponderantes que pudiera devenir en conflicto de interés. En caso de no hacerlo, proponemos que se cancele el registro respectivo.

Consideramos que esta medida brindará información a la ciudadanía que le permita dar un seguimiento del desempeño de sus representantes y control sobre si esta representación es fiel al electorado o a los grupos de interés vinculados.

Gobierno participativo

Uno de los problemas de representación de nuestro sistema democrático tiene que ver también con la carencia de canales de comunicación e interacción de los distintos órdenes de gobierno con la ciudadanía. El ejercicio de gobierno se convierte así en una esfera ajena a las dinámicas cotidianas, lo cual se acentúa en el orden municipal, que debiera ser el espacio de gobierno más cercano y accesible.

En fechas recientes se ha visto la multiplicación de policías comunitarias, que surgen de lo que se percibe como inacción o incapacidad de los gobiernos municipales para brindar seguridad a sus comunidades. Estas prácticas se perpetúan en algunas zonas de nuestro país y merecen nuestra atención.

En este entendido, se ha planteado la posibilidad de establecer un cuarto orden de gobierno entre el municipio y la ciudadanía. La motivación deviene de la creencia de que al establecer un orden más cercano a los ciudadanos, pueden hacerse coincidir sus preferencias con el ejercicio de gobierno de manera más clara. De igual manera, esta estructura pudiera facilitar la rendición de cuentas de gobiernos municipales y como canales de comunicación bidireccionales entre éstos y los ciudadanos.

La figura de las juntas vecinales existe en distintas ciudades del mundo. Se ha establecido, sobre todo, como una figura regional. Algunos ejemplos son San Paolo, en Brasil, Madrid, en España, Bogotá, Colombia y algunas ciudades de Francia como París, Marsella y Lyon. Las distintas atribuciones que tienes están relacionadas a participar en la planeación municipal, así como a plantear propuestas para el ejercicio de sus presupuestos y la resolución de algunos conflictos de gestión. Para su funcionamiento cuentan mayoritariamente con presupuesto propio.

En concordancia con esta experiencia, esta iniciativa plantea la creación de la figura de las juntas comunitarias, cuyo propósito será constituir órganos representativos mediante los cuales los ciudadanos podrán participar en la toma de decisiones en el ámbito municipal. Serán órganos de representación ciudadana democráticamente electos y contribuirán en el ejercicio de gobierno municipal., sin directamente ser parte de él. Su tarea principal es la de traer al ayuntamiento la representación de intereses comunitarios, con impacto presupuestal o normativo, así como la supervisión de obras y servicios que éste realice. Durarán en su encargo, pudiéndose reelegir hasta ocupar el puesto por un máximo de doce años y contarán con presupuesto propio para garantizar la independencia de otros órdenes de gobierno. Para ello, la ley determinará un porcentaje fijo del presupuesto de los municipios que corresponderá al presupuesto participativo de cada unidad territorial.

Segunda vuelta electoral

A medida que la pluralidad se ha vuelto norma en nuestro sistema político, las elecciones presidenciales se han ido definiendo con márgenes de votación que no otorgan la mayoría absoluta de votos a quienes han resultado victoriosos. La elección del año 2000 fue la última elección con un margen de votación superior al 40%. El fortalecimiento de un sistema de tres partidos ha conllevado la división cercana a tercios del electorado.

2000

2006

2012

Vicente Fox Quesada

42.52%

Felipe Calderón Hinojosa

35.89%

Enrique Peña Nieto

38.21%

Esto ha provocado que el Presidente gobierne con una mayoría relativa de los votos, pero con la mayoría del electorado concentrado en la oposición. Este resultado no sólo introduce un problema de legitimidad a la elección presidencial, sino que genera un problema de coordinación con el Poder Legislativo. La presenta iniciativa propone un sistema de segunda vuelta electoral para todos los cargos ejecutivos del país. En caso de que ninguno de los contendientesobtenga más del 50% de los votos, los dos candidatos que hayan obtenido la mayoría relativa del total de los votos contenderán en una segunda ronda de votación que será convocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La segunda vuelta electoral se utiliza en las elecciones presidenciales de 80 países, en donde se ha argumentado, principalmente, que sustituir el principio electoral de mayoría relativa por el de mayoría absoluta abona a la legitimidad de los funcionarios electos. La existencia de una segunda vuelta promueve la coalición de diversos intereses, el acuerdo y las negociaciones entre partidos y candidatos con el fin de obtener el umbral de votación establecido como mínimo para ganar. Es decir, permite conformar mayorías electorales que se traduzcan en mayorías estables de gobierno, construyendo agendas compartidas de gobierno que encuentren respaldo en las votaciones legislativas.

Gobierno de coalición: Jefe de Gabinete, moción de censura y sesiones de control

La relación entre poderes ha sufrido una transformación de fondo a través de nuestra historia. La división entre ellos no ha sido una realidad de facto en todo momento y se han hecho modificaciones normativas tendientes a incidir en este equilibrio. La prohibición de la reelección legislativa, por ejemplo, fue una modificación constitucional que pretendía fortalecer al Ejecutivo a costa del Legislativo. Conforme la pluralidad se ha hecho una realidad palpable, el presidencialismo se ha ido debilitando y el Parlamento se ha vuelto un interlocutor fortalecido con capacidad, incluso, de ejercer poder de chantaje y de parálisis al gobierno.

La cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo depende fundamentalmente de la capacidad del primero de tejer acuerdos frente a la pluralidad del segundo. Si se busca garantizar la funcionalidad democrática, debe reconocerse que estos acuerdos no pueden ser circunstanciales o meramente coyunturales, sino que dependen, en gran medida, del diseño de una estructura de incentivos que permita compartir los logros y repartir los costos que conlleva el ejercicio del poder.

Un gobierno de coalición permite tejer acuerdos en torno a la agenda de gobierno. Sobre todo si lo concebimos como complemento de la segunda vuelta electoral, parece evidente que el incentivo a asociarse para obtener el poder, tiene que estar relacionado a la posibilidad de ejercerlo de manera conjunta. Es decir, de encontrar el punto de acuerdo entre prioridades y actores que puedan materializar una agenda compartida de gobierno, una vez obtenido el poder.

La presidencia democrática sólo puede fortalecerse si se superan las deficiencias estructurales del gobierno presidencial. Para ello se propone la figura del Jefe de Gabinete, las sesiones de control y la moción de censura. La combinación de estas figuras tiene el potencial de reestructurar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo hacia presidencias más estables y eficaces.

Es importante ahondar en que la presencia de un coordinador del gabinete no supone la figura de un jefe de gobierno, “sino la de un delegado presidencial que permite alcanzar varios objetivos: adecuar la carga de trabajo presidencial, atenuar la concentración extrema de facultades, contar con un enlace funcional ante el Congreso y dar al presidente una nueva tarea: la de mediador político. Esta última función no resulta viable cuando el propio presidente está sistemáticamente involucrado en la toma de decisiones políticas y administrativas, pero en un sistema rígido, como el presidencial, se convierte en un recurso conciliatorio de gran importancia”1. El instrumento pudiera contribuir a la racionalización del ejercicio del poder presidencial ya reordenar el desempeño de las funciones presidenciales, confiriéndole al titular del Ejecutivo la función mediadora que generalmente no existe en los regímenes presidenciales. El jefe de gabinete, al asumir la interlocución con las fuerzas de oposición, asume también parte del desgaste que la confrontación política conlleva. Algunos sistemas presidenciales latinoamericanos cuentan con la figura del jefe o coordinador de gabinete. En la mayoría de los casos es un nombramiento presidencial pero, en Uruguay, por ejemplo, la designación presidencial tiene que contar con apoyo reglamentario, pero la remoción depende enteramente del Presidente. Es decir, el Jefe de gabinete es un colaborador en la relación con el Congreso, por lo que tiene que ser avalado por éste, pero no deja de ser una figura de apoyo al Presidente, quien, por tanto, puede determinar su remoción. En los países latinoamericanos que han establecido la figura, se le han brindado funciones de mayor o menor alcance, como se puede observar en la siguiente tabla.

País

Coordinación

Argentina

El jefe de gabinete ejerce la administración general del país; expide reglamentos; efectúa los nombramientos de los empleados de la administración; prepara y convoca las reuniones del gabinete, y lo presiden en ausencia del presidente de la nación; conduce las relaciones con el Congreso.

Chile

Posibilidad de que haya ministros coordinadores

Guatemala

El vicepresidente integra y puede presidir el Consejo de Ministros

Nicaragua

El Vicepresidente integra y puede presidir el Consejo de Ministros

Perú

El presidente del Consejo de Ministros es portavoz del gobierno; coordina a los demás ministros; refrenda los decretos; preside el Consejo de Ministros en ausencia del presidente.

Venezuela

El presidente designa al vicepresidente ejecutivo, quien colabora en la dirección del gobierno; coordina la administración; preside el Consejo de Ministros en ausencia del presidente; conduce las relaciones con la Asamblea Nacional y suple las faltas temporales del presidente.

Fuente: Diego Valadés, “El gobierno de gabinete”, 2da edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

La presente iniciativa plantea que el Presidente de la República, al inicio de su mandato, presente al Congreso de la Unión su propuesta para Jefe de Gabinete quien tendrá las siguientes atribuciones:

a) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;

b) Aplicar la política general del gobierno que competa al Ejecutivo;

c) Presentar ante el Congreso General iniciativas de ley o de reforma a la Constitución, así como participar en el análisis y discusión de las mismas ante las comisiones respectivas;

d) Coordinar las funciones y atribuciones del Gabinete, sin perjuicio de las competencias y responsabilidades directas asignadas a éstos por ley o delegación;

e) Presidir las reuniones del Gabinete en ausencia del Presidente de la República;

f) Coordinar las reuniones del Gabinete, dar seguimiento a los acuerdos tomados e informar periódicamente al Presidente de la República sobre su cumplimiento;

g) Conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con los otros Poderes y con las entidades federativas;

h) Conducir las políticas intersectoriales relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo;

Nótese que al combinar la facultad de presentar iniciativas con la figura de la iniciativa razonada que se detalla más adelante, al Jefe de Gabinete se le confiere un papel relevante en términos de interlocución hacia la posibilidad de delinear agendas de coincidencia con las fuerzas de oposición. En este mismo sentido se plantea que el Jefe de Gabinete deba acudir, en la primera semana de cada período de sesiones, a cada una de las Cámaras del Congreso para presentar la agenda legislativa.

Adicionalmente, esta iniciativa plantea que las cámaras puedan convocar al Jefe de Gabinete, a los integrantes del Gabinete, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

País

Sesiones de Control

Moción de censura

Limitaciones

México CPEUM 1857

No

El presidente estaba obligado a acudir al comienzo de cada periodo ordinario de sesiones.

Argentina

El jefe de gabinete es el responsable de acudir al Congreso y sólo él puede ser censurado.

Chile

No

El Presidente tiene la obligación de acudir anualmente al Congreso.

EE.UU

No

Presidente debe acudir anualmente al Congreso para rendir un informe sobre el estado que guarda la nación.

Costa Rica

Destitución de ministros por 2/3 partes de la Asamblea. El informe que debe elaborar el Presidente es sólo por escrito

Bolivia

No es vinculante la censura. Informe anual

Colombia

No

 

Ecuador

La moción no es vinculante. Informe presidencial por escrito.

Panamá

Anual

Paraguay

2/3 de las cámaras y no es vinculante. Informe anual

Venezuela

 

3/5 para destituir a ministros y 2/3 para destituir al vicepresidente.

Por otro lado, también proponemos una reestructuración de la relación entre el Gabinete y el Legislativo. Mensualmente, el Jefe de Gabinete y sus secretarios comparecerán ante el Pleno de las Cámaras para dar seguimiento a su gestión. Mensualmente, losintegrantes del Gabinete y los funcionarios de la Administración Pública Federal que el Congreso determine se reunirán con estas comisiones legislativas, con la dependencia, a dar cuenta sobre el estado que guarda su administración. Al coordinar el trabajo del Ejecutivo con la supervisión por parte de las Comisiones legislativas, se establece un sistema efectivo de controles y contrapesos democráticos.

Finalmente, proponemos que cualquier Cámara pueda censurar a cualquier integrante del Gabinete con la aprobación de una mayoría absoluta de sus miembros presentes. Si el Presidente insistiera en mantener en su cargo al secretario censurado, enviará una petición de confianza. Si esta fuera rechazada por la mayoría absoluta de los integrantes de las Cámaras, la censura será vinculante.

Iniciativa razonada

En el mismo espíritu de fortalecer los pesos y contrapesos del sistema democrático, de dotar de eficacia la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, proponemos la figura de la iniciativa razonada que consiste, básicamente, en establecer la obligación de que, cuando el Ejecutivo Federal presente alguna iniciativa de ley, el Presidente de la República o el Jefe de Gabinete deban comparecer ante el Pleno de la Cámara de origen para explicar las motivaciones y particularidades de ésta.

Es nuestra convicción que este procedimiento servirá a la ciudadanía para conocer mejor la sustancia e implicaciones de la iniciativa, sino identificar las posiciones de los distintos actores políticos en torno a ellas. Con esta presentación ante el Pleno de las cámaras, el Ejecutivo no sólo tiene la oportunidad de enunciar los porqués de su decisión, sino que tiene la oportunidad de pedir apoyo a los miembros del Legislativo de sus definiciones. Este intercambio tendrá como consecuencia que las posturas- a favor y en contra de la iniciativa- deban delinearse con mayor precisión, fortaleciendo la calidad de los acuerdos parlamentarios y la discusión pública en torno a ellos.

Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los Tratados internacionales en materia de seguridad

En concordancia con las medidas de interlocución y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo que se proponen para conformar agendas compartidas que no sólo respondan a un proyecto de nación amplio, sino que encuentren reflejo en las discusiones y votaciones legislativas, esta iniciativa propone la aprobación del Legislativo para el Plan Nacional de Desarrollo, para la Estrategia de Seguridad y para la aprobación de todos los tratados internacionales en materia de seguridad.

Si bien la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo requiere una modificación a la Ley de Planeación, consideramos necesaria una reforma al artículo 26 constitucional de la cual se derive que la facultad de establecer procedimientos para la participación y consulta popular en materia de la planeación democrática, deje de ser exclusiva del Ejecutivo Federal.

Por otro lado, en atención a la magnitud de los riesgos de seguridad en nuestro país, la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre órdenes de gobierno y la urgencia de que el Legislativo sea un colaborador que pueda imprimir de eficacia a la estrategia de seguridad, nos impulsa a plantear que el Legislativo tenga que ser partícipe de la redacción de la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta iniciativa establece la obligación del Ejecutivo Federal de presentar, al inicio de su mandar, la Estrategia de Seguridad con un horizonte a quince años ante el Congreso, así como los avances anuales en la materia. Finalmente, también se propone que, ante las ingentes implicaciones de la firma de acuerdos internacionales en materia de seguridad en la cotidianidad de la ciudadanía y en la resolución de uno de los problemas más graves de nuestra actualidad, es importante que los gobiernos sean transparentes en la materia.

Intervención subsidiaria de la Federación

Una de las más sensibles disfuncionalidades del sistema federal mexicano es su rigidez para enfrentar situaciones de hecho.

Las entidades federativas tienen las mismas responsabilidades constitucionales, pero no así las mismas capacidades institucionales.

Nuestro país ha experimentado recientemente fenómenos, muchos de ellos regionalizados, que afectan la seguridad pública y personal, o bien, que constituyen escenarios de baja gobernabilidad democrática por la proliferación de conflictos sociales o políticos.

Esta reforma plantea un régimen de intervención subsidiara y temporal de la Federación en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social. Con esta facultad, la Federación podrá asumir funciones constitucionalmente reservadas a los órdenes subnacionales de gobierno, con el fin de superar la concreta situación de hecho y generar las condiciones institucionales para asegurar el normal desenvolvimiento de la convivencia.

Asimismo, en casos especialmente relevantes, la Federación podrá declarar la desaparición de poderes u órganos constitucionales locales, nombrar un gobierno provisional que asume las responsabilidades de la autoridad local y de convocar a la renovación democrática de los mismos.

Este modelo permitirá que las potencias de la Federación sirvan para estabilizar las condiciones de hecho en una entidad o región, sin menoscabo del sistema federal que los mexicanos hemos adoptado como forma de nuestro de Estado.

Autonomía PGR y FEPADE

Sería un error que no reconociéramos que, en nuestro país, la justicia sigue estando politizada, a merced de poderes políticos y económicos y que, por tanto, la autonomía de la procuración de justicia es, también, un tema que atraviesa el régimen político. La autonomía de la Procuraduría implica fortalecer la capacidad del procurador y los agentes del ministerio público de independizar sus decisiones de la política y los intereses económicos en juego. Al hacerlo, el trato igualitario ante la ley, consustancial al Estado de Derecho, se vuelve una realidad y equilibra la cancha jurídica para todos los miembros de la sociedad.

La autonomía de la Procuraduría no es, por supuesto, garantía de su independencia. Para ello es importante profesionalizar a sus funcionarios y ministerios públicos y generar controles internos y externos a su imparcialidad. Sin la posibilidad de contar con un verdadero servicio de carrera ministerial, difícilmente vamos a encontrar las condiciones que nos permitan contar con un ministerio público a la altura del reto que el país enfrenta.

La reforma al sistema de justicia penal emprendida en nuestro país en 2008 introdujo nuevas variables al sistema de procuración de justicia que tienden a la agilización de procesos y certeza sobre sus resultados. Los países latinoamericanos que han emprendido reformas similares hacia la oralidad en los procesos, cuentan con ministerios públicos autónomos o adscritos al Poder Judicial. En ninguno de los casos están adscritos al Ejecutivo. La autonomía del órgano acusador es una generalidad en la región, como lo indica la siguiente tabla. Es más, México y República Dominicana son los únicos país latinoamericanos en los que el órgano persecutor de delitos ante los tribunales depende jerárquicamente del Presidente de la República.

País

Autonomía del órgano acusador

Argentina

Brasil

Bolivia

Chile

Costa Rica

Colombia

Ecuador

República Dominicana

No

El desarrollo de la carrera ministerial contribuirá a disminuir los niveles de impunidad de las conductas delictivas, siendo los parámetros de ingreso la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

La propuesta de otorgar autonomía a la Procuraduría General de la República no es nueva. En el Congreso Jurídico Mexicano, efectuado en los años 30, el jurista Luis Cabrera ya sostuvo la necesidad de desvincular a Ministerio Público del Poder Ejecutivo, y que se nombramiento se encomendara al órgano legislativo, y por ello conferirle autonomía constitucional.

En virtud de esto, la presente iniciativa propone convertir en organismo constitucional autónomo a aquél ente que se encargue de perseguir los delitos ante los tribunales penales. Se denominará “Fiscalía General de la Federación”, separando la función de representación de los intereses de la sociedadpara atribuírsela a la Procuraduría General de la República, que continuaría supeditada jerárquicamente al Titular del Ejecutivo Federal.

Se propone que, con el objeto de dar coherencia a la acción persecutoria de los delitos en el fuero común y federal, las entidades federativas adopten también en su legislación esta modalidad.

Solo establecer como organismo constitucional autónomo a la Fiscalía General de la Federación sin otorgar este rango a la FEPADE, la cual estaría comprendida en aquella, beneficiándose de su autonomía.

La Fiscalía General de la Federación tendrá un Consejo que se encargará de la administración, vigilancia, disciplina y servicio profesional de carrera de los Fiscales. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de dichos funcionarios, la cual se regirá por los principios de independencia, excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo

Es decir, esta iniciativa no sólo atiende la necesidad de dar autonomía constitucional al Ministerio Público, sino que también procura la profesionalización de sus funcionarios, sin la cual, la reforma no será efectiva para transformar el sistema de justicia en nuestro país.

Autonomía CONEVAL

El 20 de enero de 2004, el decreto que expidió la Ley General de Desarrollo Social determinó la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) atribuyéndole el objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas.

En ese momento, se dio un paso determinante para el ejercicio del gasto y los programas públicos de nuestro país. La política pública que no se evalúa difícilmente puede mejorarse y nunca puede decirse eficiente con certeza. La escasez de recursos obliga a darles el mejor uso posible. La creación del CONEVAL no lo garantiza, pero ciertamente estableció los mecanismos para poder dar seguimiento y para medir su eficacia de manera sistemática.

Dado que la lógica que respalda su creación deriva de la necesidad de contar con criterios objetivos para la evaluación de la política pública, la autonomía del CONEVAL parece una pieza sustancial para seguir garantizando su objetividad. No se puede depender de la probidad de sus funcionarios, si se quiere contar con una institución sólida e independiente de ellos. Por ello, esta iniciativa propone su autonomía, sobre todo presupuestaria, de tal forma que no haya forma de buscar su control por esta vía. Establece también la conformación del Consejo Consultivo que garantice que los criterios académicos privarán en la coordinación de las evaluaciones de política pública.Finalmente, amplía sus funciones para incorporar la evaluación a programas de carácter social que implementen la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Fuero

La necesidad de acortar la distancia entre la ciudadanía y la clase política pasa también por desarticular los sistemas de privilegios que revisten a una en detrimento de la otra. El fuero es una figura que contribuye a la contraposición entre representantes y representados porque se ha usado como un pretextopara la impunidad.

El régimen vigente de responsabilidades de los altos servidores públicos data de la reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, la cual procuró sistematizar dicha responsabilidad en las materias penal, política, civil y administrativa. Dentro de ese sistema se estableció un procedimiento constitucional de autorización parlamentaria para remover una inmunidad procesal y, de esta manera, permitir el enjuiciamiento penal de los funcionarios. El problema de implementación deviene que dicha autorización tiene como premisa fundamental la oportunidad política y no la acreditación de los elementos necesarios para fincar una responsabilidad penal. Tal y como está dispuesto, el procedimiento tiene la grave implicación de que los funcionarios difícilmente se someten a la jurisdicción penal ordinario, e implicando privilegio ante la acción de la ley.

Es importante ser honestos en el reconocimiento de que el derecho se desarrolló para proteger la función a cargo de los funcionarios. Inició como una defensa a la opinión en un régimen que penalizaba el desacuerdo. Se prolongó como una medida de estabilidad, para evitar las distracciones de funcionarios ante acusaciones infundadas y muchas veces motivadas políticamente.

Esta iniciativa permitiría, por un lado, que los altos servidores públicos sean juzgados y sentenciados si existen elementos para ello, a la vez que protege el desempeño de su función ya que no pierden el cargo con el juicio, ni podrían ser detenidos a causa del mismo.

Por lo que respecta al Presidente de la República, por las implicaciones de su cargo, se establece un procedimiento privilegiado, pero exigente, para determinar posible responsabilidad, pero, además, se restringen las responsabilidades sobre las cuales puede ser juzgado.

Reelección

Finalmente, uno de los temas más discutidos en todos los procesos de reforma política en nuestra historia es la posibilidad de terminar con la prohibición constitucional para la reelección legislativa y de autoridades municipales.

México es uno de los pocos países democráticos que no permite la reelección de legisladores. En el Continente Americano, sólo Costa Rica lo acompaña en esa excentricidad. La reelección inmediata de legisladores y de otros cargos públicos en el ámbito local constituye un círculo virtuoso de cercanía entre representantes y representados, que favorece al escrutinio ciudadano al promover la rendición de cuentas y una mayor profesionalización de los funcionarios.

Nuestras constituciones de 1824, 1857 e inclusive la de 1917 no prohibían la reelección inmediata de los legisladores. No es, pues, parte inherente a nuestra historia, como argumentan algunos de sus- escasos- opositores. Fue apenas en 1933 que la prohibición se incorporó a la Constitución y, con ello, se privilegió el fortalecimiento gradual del Poder Ejecutivo a expensas del Poder Legislativo.

Alonso Lujambio Irazábal fue uno de sus defensores más férreos. Afirmaba que: “una democracia no es virtuosa cuando desperdicia el talento de sus políticos”, “que quienes hagan su trabajo correctamente, sean premiados con el voto ciudadano. Y que quienes le fallen a sus representados, sean castigados también a través del voto”.

Se han presentado un sinfín de iniciativas en el Congreso para terminar con esta restricción a la democracia y la rendición de cuentas. Hace algunos años, el 10 de febrero de 2005, en la LIX Legislatura, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda presentaron un dictamen al pleno del Senado de la República en donde señalaban las ventajas de la reelección inmediata y los beneficios para los ciudadanos: 1) evitar el alejamiento de los legisladores de sus representados y 2) una mayor especialización y profesionalización del trabajo legislativo. Seguir negando la posibilidad a los ciudadanos de determinar con su voto el futuro político de sus representantes es inaceptable.

El poder que la reelección da a los ciudadanos sobre sus representantes es probablemente el argumento más sólido a favor y, curiosamente, en contra de la iniciativa. Quienes abogan a favor de la reelección sostienen que esto volverá más visible el trabajo de los legisladores ante los ciudadanos. El incentivo de mantener un encargo hará que los legisladores sean más responsivos a las demandas de su electorado y más transparentes en sus gestiones. Por otro lado, el poder de negociación que adquieren los electores de esta manera, incrementa el interés por vigilar a sus representantes.

Quienes se oponen a la reelección, argumentan que la atención a las demandas ciudadanas pudiera repercutir en el debilitamiento de la cohesión y disciplina partidaria -implicando tácitamente que los intereses partidarios no estarán alineados a los ciudadanos-. Este argumento ignora que, de cumplirse su previsión, las responsabilidades individuales de los legisladores se vuelven más identificables. ¿Cuáles serían las razones de un legislador para votar en sentido contrario al de su bancada?, ¿tendría que transparentarlas?,¿tendría que hacerlo su bancada?. De ser acertado en su predicción, entonces, la reelección permitiría construir mayorías que trasciendan a los partidos políticos, mayorías coyunturales y dinámicas, que devuelvan la identidad a los legisladores individuales y los obliguen a posicionarse públicamente en torno a sus decisiones.

Quienes se oponen a la reelección también argumentan que ésta genera anquilosamiento en las legislaturas porque un legislador que ocupe un cargo será reelecto con una probabilidad muy alta. Esta idea es impulsada por las tasas de reelección que se ven en países como Estados Unidos, por ejemplo. En este sentido vale la pena considerar dos cosas. Primero, que en nuestro sistema, muchos legisladores tienen experiencia legislativa previa. Ya sea que transiten de la Cámara de Diputados a la de Senadores (o al revés) o que participen intermitentemente de las legislaturas locales y federal. Es decir, el sistema actual no garantiza una “renovación” de cuadros políticos. El problema de la perpetuación en las legislaturas como se da hoy en día, es que no guarda relación alguna con el desempeño desde la perspectiva ciudadana, lo que debería de ser el parámetro principal. De todos modos, considerando esto, esta iniciativa propone un plazo definido para la reelección. Concretamente, propone eliminar la restricción constitucional a que los legisladores puedan reelegirse en periodos consecutivos de tal manera que un legislador, federal o local, no importando si se trata del titular o del suplente, sólo pueda ocupar su cargo de manera continua hasta por un periodo de doce años, debiendo esperar al menos un periodo para estar en posición de volver a ocupar el mismo cargo. Con esto se busca equilibrar los beneficios de la reelección con los de la rotación y renovación en los cargos legislativos.

En segundo lugar, es pertinente argumentar que la experiencia legislativa disminuye los costos de aprendizaje, facilita la toma de decisiones y genera especialización en temas o regiones al interior del Poder Legislativo. Si la permanencia en el encargo es producto de un buen desempeño, su profundización no puede ser interpretada como perniciosa para la labor democrática. Ni la Legislatura, ni el municipio, deben servir para dar trabajo al menos experimentado, sino al mejor. Y ese indicador de calidad debe provenir del correcto ejercicio de sus responsabilidades de representación.

Es importante entender que la reelección no es una garantía de permanencia. Es decir, el hecho de que los legisladores y las autoridades municipales puedan aspirar a ser reelectos no garantiza que vayan a serlo. En este sentido, podríamos esperar que los órganos de representación se vayan decantando conforme los electores van castigando a los representantes con mal desempeño.

Con estas medidas, la participación democrática de la ciudadanía se amplía. Hoy nuestra legislación ya contempla las candidaturas independientes. Esto implica abrir el espectro de participación ciudadana en la agenda pública. La reelección actúa en el mismo sentido, pero es un mecanismo con costos significativamente menores de participación. Todo ciudadano tiene poder de incidir sin tener que ser candidato por sí mismo; todos los ciudadanos tienen el incentivo para ejercitar su ciudadanía cuando su voz cuenta y sus elecciones repercuten. Es decir, la reelección fortalece la esencia de la democracia representativa y con ello, mejora necesariamente su funcionamiento.

En relación a las legislaturas locales, esta iniciativa únicamente remueve la prohibición de la reelección, dejando a los Congresos locales la decisión de adoptar o no el modelo. En lo que corresponde a las autoridades municipales, esta iniciativa plantea que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos puedan ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos en periodos cuya duración sea establecida por las Constituciones de los estados, y que en ningún caso exceda los cuatro años.

Adicionalmente a las ventajas que tiene la reelección legislativa, cabe resaltar que en el caso de las autoridades municipales, a éstas hay que sumar la posibilidad de que reelegirse amplía los horizontes de planeación y, con ello, incentiva proyectos de mayor envergadura. Por sus funciones, las autoridades municipales deberían ser las que tuvieran una relación más directa con su electorado. Permitir su reelección no sólo fomenta una relación de mayor transparencia y rendición de cuentas o una mayor participación del electorado, sino que puede tener efectos positivos sobre el capital social de los municipios.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman: el párrafo segundo del artículo 3º; los artículos 16, párrafo V, VI, VIII, X, XI, XIII y XIV; artículo 17, párrafo VII; artículo 19, párrafo II; artículo 20, fracción III del Apartado B, fracción II, IV, segundo párrafo de la fracción V y VII del Apartado C; artículo 21, párrafos primero, segundo, séptimo y décimo; el párrafo segundo del artículo 25; el primer párrafo del numeral A, así como los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 26 del Apartado A; Artículo 41: párrafo primero, fracción I, segundo párrafo del inciso c de la fracción II, primer párrafo del Apartado A, inciso c, f y párrafo antepenúltimo del Apartado A, inciso c y último párrafo del Apartado B, primer párrafo del Apartado C, fracción IV del Apartado D, párrafos nueve, diez, once y doce de la fracción V del Apartado D; artículo 51; artículo 59, primer párrafo; artículo 61; artículo 71, segundo párrafo de la fracción IV; artículo 73, fracción XX y fracción XXIX-Q; artículo 76, segundo párrafo de la fracción I y fracciones V y XI; artículo 77, fracción II; artículo 82, fracción VI; artículo 89, fracción II; artículo 90, párrafos primero y segundo; artículo 91; artículo 92; artículo 93, segundo párrafo; artículo 95, fracción VI; artículo 99, fracción II, párrafos 1, 2 y 3; artículo 102, primer y segundo párrafos del Apartado A; artículo 107, segundo párrafo del inciso d de la fracción V, segundo párrafo del inciso b de la fracción VIII y fracción XIII; artículo 111, párrafo primero, y los actuales párrafos cuarto, quinto, séptimo y octavo; artículo 112, primer párrafo; artículo 115, párrafo primero y fracción I; artículo 116, segundo párrafo de la fracción II e incisos c, e y k de la fracción IV; artículo 122, Base Primera, fracción II,inciso D y párrafo tercero de la fracción II de la Base Tercera; artículo 134, párrafo noveno. Se derogan: artículo 59, segundo párrafo; artículo 76, fracción VI; artículo 89, fracción IV; artículo 111, los actuales párrafos segundo y tercero; artículo 112, segundo párrafo; artículo 116, fracción II, segundo párrafo. Se adicionan: artículo 26, Apartado C; un segundo párrafo al artículo 35; artículo 41, incisos a, b, c, d, e, f y g en la fracción I, cuarto párrafo del inciso c de la fracción II; artículo 69, párrafo tercero; artículo 81, párrafos 2 y 3; artículo 90, párrafos tercero, cuarto y quinto con los incisos a a j; artículo 93, cuarto párrafo, recorriéndose en su orden los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto para quedar quinto, sexto y séptimo, respectivamente, y párrafo octavo; artículo 102, apartado C; artículo 111, párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose en su orden los artículos cuarto, a décimo, para quedar quinto a undécimo, respectivamente; artículo 115, un tercer párrafo a la fracción II, recorriéndose en su orden el actual tercer párrafo para en lo sucesivo ser el párrafo cuarto con sus incisos a) a e); artículo 116, inciso k de la fracción IV, recorriéndose en su orden los incisos k a m para quedar l a n, respectivamente, fracciones VIII y IX; artículo 122, segundo párrafo a la fracción I de la Base Primera del Apartado C y Apartado D; artículo 134 párrafo décimo y subsecuentes fracciones I a VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3º...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, y la deliberación democrática, en la independencia y en la justicia.

I a VIII.…

Artículo 16.…

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la fiscalía competente. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, la fiscalía competente podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

La autoridad judicial, a petición de lafiscalía competente y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando lafiscalía competente acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Ningún indiciado podrá ser retenido por la fiscalía por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud de lafiscalía competente, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular de la fiscalía de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces, la fiscalía y demás autoridades competentes.

Artículo 17.…

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes de la fiscalía respectiva.

Artículo 19. …

El fiscal competente sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Artículo 20.El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A.…

I. a X. …

B.De los derechos de toda persona imputada:

I. y II. …

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el fiscal competente o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

IV. a IX. …

C.De los derechos de la víctima o del ofendido:

I.…

II. Coadyuvar con el fiscal competente; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el fiscal considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. …

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, la fiscalía estará obligada a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

V. …

La fiscalía deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI.…

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones de la fiscalía en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21.La investigación de los delitos corresponde a los fiscales generales de la Federación y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,así como a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a los fiscales generales de la Federación y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

Los fiscales generales de la federación y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Los fiscales generales de la Federación y de las entidades federativas,así como las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) a e) …

Artículo 25.- …

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, tomando en consideración a la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que establezca la ley.

Artículo 26.-

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática deliberativa del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediantelos mecanismos de participación que establezca la ley recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley establecerálos procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. El plan nacional de desarrollo tendrá carácter vinculante para efectos de la asignación de recursos presupuestales.

B….

C. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. La ley establecerá su estructura y organización.

Incumbe a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la evaluación de las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, a través de la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas, así como sus metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá a su cargo la medición de la pobreza, así como el diseño y coordinación del sistema nacional de indicadores de gestión de las políticas y programas de carácter social que implemente la Federación, las entidades federativas y los municipios.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de elección popular. Serán nombrados, de entre las propuestas que presenten instituciones de educación superior, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas. Cada cuatro años serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Los servidores públicos que laboren en la Comisión serán nombrados y removidos en los términos que señale la ley correspondiente.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VIII. …

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatales, del Distrito Federal y municipales, así como, los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en concordancia con esta Constitución y las normas que las regulan, están obligadas a establecer mecanismos de participación, garantizando a los ciudadanos el cumplimiento de este derecho.

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal; así como a través de los medios de participación ciudadana previstos en esta Constitución y las leyes respectivas.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley que regule a los partidos políticos determinará:

a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral;

b) El derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal;

c) Los derechos y obligaciones de sus militantes, y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria;

d) Los procedimientos para la integración de sus órganos directivos; las reglas, plazosy modalidades para la postulación democrática de sus candidatos;

e) Los mecanismos para garantizar el acceso directo a la información de los partidos políticos, y las obligaciones de éstos en materia de transparencia;

f) Los requisitos que deberán contener sus documentos básicos; y

g) Las prerrogativas a que tendrán derecho, así como las modalidades para garantizar la equidad en su acceso.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos deberán declarar, al momento del registro de sus candidatos a cargos de elección popular, cualquier relación de éstos con actores económicos sociales, nacionales o extranjeros relevantes. En caso contrario, se cancelará el registro de candidatura respectiva.

La ley establecerá instrumentos que garanticen la igualdad sustantiva de género en el ámbito social, económico, político y cultural, en los términos de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También asegurara la participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones públicas.

II…

a)

b)

c)

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. El rebase de topes de financiamiento o gasto determinado por la autoridad competente durante la campaña dará lugar a la cancelación de la candidatura y la inhabilitación del partido para postular una candidatura sustituta. Si el rebase de topes se acreditara después de la elección, se procederá a la nulidad de la elección y a la inhabilitación de la candidatura y del partido que la postuló para participar en el proceso electoral extraordinario que se convoque para tal efecto. El rebase de topes acreditado después de que se hubiere asumido el cargo provocará la pérdida del mismo y la convocatoria a nueva elección.

La ley establecerá las modalidades de financiamiento y el régimen fiscalización para los candidatos independientes.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y de los candidatos registrados, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) …

b) …

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d) …

e) …

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior. Al conjunto de los candidatos independientes debidamente registrados se les asignará un tiempo igual al que corresponda a un partido político nacional de nuevo registro, o bien, el tiempo que corresponda al partido que haya obtenido el menor número de votos en la última elección federal ordinaria para diputados, de conformidad con lo dispuesto por la ley; y

g) …

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Apartado B….

a) …

b) …

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Apartado D. …

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

En el año en que se elija al titular del Poder Ejecutivo Federal, la duración de las campañas para diputados federales, senadores y la primera votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será de 90 días. En su caso, la campaña relativa a la segunda votación para Presidente tendrá la duración que señale la convocatoria que al efecto emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual no podrá ser mayor a tres semanas ni menor a dos. En el año en que sólo se elija diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras parte del tiempo previsto para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos, los candidatos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

V…

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos de los candidatos, las prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de las jornadas electorales, las formas para la emisión del voto, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales y para cada ronda de votación, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del Consejo General, responsables de realizar las revisiones, los plazos y alcances, además de establecer los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales en la materia, para realizar funciones de fiscalización de recursos públicos que se hubieren destinado indebidamente a partidos políticos o candidatos, a las precampañas o a las compañas electorales.

La Ley establecerá el órgano del Instituto Federal Electoral que será el conducto para que las autoridades competentes en materia de fiscalización en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, o a propuesta del Senado de la República, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

VI…

Artículo 51.La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electospor periodos detres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.

Artículo 52. …

En los años en los que se elija al Presidente de la República, la elección de la Cámara de Diputados se realizará el mismo día en que se efectúe la primera votación para Presidente de la República.

Artículo 56. …

La Cámara de Senadores se renovará por periodos de seis años. En los años en los que se elija al Presidente de la República, la elección de la Cámara de Senadores se realizará el mismo día en que se efectúe la primera votación para Presidente de la República.

Artículo 59.Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

SE DEROGA

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos,ni procesados por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Artículo 69. …

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad con un horizonte de quince años. El Presidente deberá presentar anualmente los avances que se hayan logrado en materia de seguridad respecto de los años anteriores, en las modalidades y términos que establezca la ley.

Artículo 71.El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

… 

… 

… 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Cuando el Presidente de la República ejerza su facultad de iniciativa, deberá comparecer, por sí o a través del Jefe de Gabinete, ante la cámara de origen para razonar las motivaciones y el contenido del proyecto de ley o de decreto.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicanos; para establecer las bases para el desarrollo del sistema nacional de carrera del funcionariado electoral, así como los requisitos y procedimientos para el nombramiento, adscripción, ratificación, remoción, formación y actualización de miembros de los órganos electorales administrativos de la Federación y de las entidades federativas.

La ley establecerá un órgano rector del sistema nacional de carrera del funcionariado electoral, con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por cinco consejeros nombrados por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, a propuesta de los grupos parlamentarios.

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares y de participación ciudadana.

XXX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales, los acuerdos interinstitucionales, los acuerdos ejecutivos en materia de seguridad y las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II.Ratificar a los titulares de las secretarías de Estado;

III a IV.

V. Declarar, en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social, que la Federación asuma de manera directa, temporal y subsidiaria el ejercicio de cualquier función que corresponda al orden local de gobierno, o bien, que han desaparecido los poderes u órganos constitucionales de un Estado y, por tanto, que es llegado el caso de nombrarle un gobierno provisional, quien se encargará de atender la situación que provocó la declaratoria respectiva, así como de convocar a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento del gobierno provisional se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Asimismo, el Senado podrá declarar la desaparición de los órganos electorales locales de carácter administrativo cuando se acredite fehacientemente la falta de imparcialidad, independencia y objetividad de éstos. Esta declaratoria tendrá como efecto que se nombren nuevos titulares conforme a las leyes aplicables o que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de la elección respectiva.

VI. SE DEROGA

VII a X. …

XI. Nombrar, en términos de lo que dispone esta Constitución y la ley, al Fiscal General de la Federación;

XII. ...

Artículo 77. …

I.

II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno que darán seguimiento permanente a las dependencias de la Administración Federal.

III. …

IV. …

Artículo 81. La elección del Presidente de la República será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

Será electo Presidente de la República el candidato que obtenga al menos la mitad más uno del total de los sufragios válidamente emitidos. Si ningún candidato alcanzare este umbral de votación en la primera jornada, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos en la primera votación.

La primera votación para la elección de Presidente de la República se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda, en su caso, en la fecha que señale la ley.

Artículo 82. ...

I. a V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Fiscal General de la Federación, gobernador de algún estado ni jefe de gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. ...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I …

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado; remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda; nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes, y proponer al Congreso de la Unión, para su aprobación, al Jefe de Gabinete, a quien podrá remover libremente.

III. a VIII (…)

IX. Se deroga

X a XX (…)

Artículo 90.El Presidente de la República tendrá a su cargo la Administración Pública Federal, de conformidad con la Ley Orgánica que expida el Congreso que, además, definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Dentro de los treinta días siguientes al inicio de su mandato, el Presidente de la República presentará al Congreso de la Unión la propuesta de Jefe de Gabinete y de los titulares de las secretarías de Estado para efectos de la formación del Gobierno. Las propuestas deberán estar acompañadas de un programa de gobierno y podrán presentarse indistintamente en cualquiera de las cámaras. Las cámaras votarán sucesivamente las propuestas, por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión que se convoque para tal propósito. Los candidatos propuestos comparecerán ante las respectivas cámaras de manera previa a la votación para la formación de Gobierno.

El Jefe de Gabinete y los secretarios de Estado ejercerán sus funciones hasta en tanto surta efectos la moción de censura que apruebe el Congreso o se realice un nuevo nombramiento en términos de esta Constitución.

El Jefe de Gabinete tendrá las siguientes atribuciones:

a) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;

b) Aplicar la política general del gobierno que competa al Ejecutivo;

c) Presentar ante el Congreso General iniciativas de ley o de reforma a la Constitución, así como participar en el análisis y discusión de las mismas ante las comisiones respectivas;

d) Coordinar las funciones y atribuciones del Gabinete, sin perjuicio de las competencias y responsabilidades directas asignadas a éstos por ley o delegación;

e) Presidir las reuniones del Gabinete en ausencia del Presidente de la República;

f) Coordinar las reuniones del Gabinete, dar seguimiento a los acuerdos tomados e informar periódicamente al Presidente de la República sobre su cumplimiento;

g) Conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con los otros Poderes y con las entidades federativas;

h) Conducir las políticas intersectoriales relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo;

i) Las demás que la presente Constitución establezca.

Artículo 91.Para ser Jefe de Gabinete o secretario del Despachose requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Jefe de Gabinete yel Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. …

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar al Jefe de Gabinete, a los secretarios de Estado, integrantes del Gabinete, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Las Cámaras celebrarán mensualmente sesiones de control sobre el desempeño del gobierno y la agenda legislativa. A dichas sesiones asistirá el Jefe de Gabinete y, en su caso, los secretarios del despacho que éste designe.

Cualquier Cámara podrá censurar al Jefe de Gabinete o a cualquier integrante del mismo con la aprobación de la moción por mayoría absoluta de los miembros presentes. La censura sólo podrá votarse después de que el Jefe de Gabinete o el secretario de despacho comparezcan ante el Pleno. El Presidente de la República puede insistir en mantener en su cargo al Jefe de Gabinete o secretario censurado, a través de la presentación a la cámara respectiva de una petición de confianza. La cámara deberá pronunciarse sobre dicha petición en la próxima sesión que celebre. En caso de que la Cámara rechace por mayoría absoluta de sus integrantes la petición de confianza, la moción de censura aprobada tendrá efectos vinculantes y dará lugar a un nuevo nombramiento. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad

El Jefe de Gabinete deberá acudir, en la primera semana de inicio de cada período de sesiones, a cada una de las Cámaras del Congreso para presentar la agenda legislativa del período.

Artículo 95. ...

I. a V. ...

VI. No haber sido secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Fiscal General de la Federación o del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 99…

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. …

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en la primera como, en su caso, la segunda votación, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Aquellas impugnaciones relativas a la primera votación deberán ser resueltas, sin excepción alguna, antes de que se lleve a cabo la segunda votación, en los términos que establezca la ley.

Las salas Superior y regionales ….

La Sala Superior realizará los cómputos finales de la primera votación y, en su caso, de la segunda votación, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre las mismas; en su caso, convocará a la realización de la segunda votación; procederá a formular, en su caso, las declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que hubiere obtenido la mayoría absoluta del total de los sufragios válidamente emitidos.

Artículo 102.

A. La Fiscalía General de la Federación es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Corresponde a la Fiscalía General de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a ella le corresponderá solicitar las medidas cautelares contra los imputados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos; hacer que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. Estará encabezada por un Fiscal General de la Federación, el cual será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta del Presidente de la República. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes para garantizar su independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

El Fiscal General de la Federación sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Fiscalía General de la Federación tendrá un Consejo que se encargará de la administración, vigilancia, disciplina y servicio profesional de carrera de los Fiscales. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de dichos funcionarios, la cual se regirá por los principios de independencia, excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

B. …

C.La Fiscalía Electoral es un organismo público autónomo, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su carácter de Ministerio Público. Es responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales. El Fiscal Electoral deberá guardar reservas en el ejercicio de su competencia. La ley establecerá su organización y funcionamiento.

El Fiscal Electoral será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores y, en los recesos de éste por la Comisión Permanente, con la misma votación calificada, a propuesta del Fiscal General de la Federación.

El Fiscal Electoral durará en el encargo ocho años y sólo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser Fiscal Electoral se requiere cumplir con los mismos requisitos previstos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El fiscal electoral presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Artículo 107. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a c) ...

d) ...

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Fiscal General de la Federación, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. y VII. ...

VIII. ...

a) ...

b) ...

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Fiscal General de la Federación, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

IX. a XII. ...

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la Federación, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

...

...

...

XIV. a XVIII. ...

Artículo 111. El Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la Federación, el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los titulares de los órganos a los que esta Constitución otorga condición de autonomíagozan de inmunidad procesal en materia penal y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Cuando exista la probabilidad de que alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior haya cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley señale como delito, y una vez que se ejerza la acción penal por el fiscal correspondiente, el juez de la causa determinará si ha lugar a la expedición del auto de vinculación a proceso penal.

En tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad excepto tratándose de los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 19 de esta Constitución.

El auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directa y exclusivamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, una vez que esta cause ejecutoria, el mismo juez notificará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para el efecto de que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

El Presidente de la República, durante el ejercicio de su encargo, podrá ser acusado y procesado por los delitos señalados en el artículo 19 de esta Constitución, así como por los crímenes de lesa humanidad y traición a la patria, siguiéndose al efecto el procedimiento establecido en este artículo.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, Magistrados Electorales eintegrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, se procederá en los términos de lo dispuesto por este artículo.

En todos los casos, si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado la gracia del indulto.

Frente a acciones y sentencias del orden civil que se dicten contra cualquier servidor público, no se requerirá el retiro de la inmunidad.

Artículo 112. No se requerirá el retiro de la inmunidad cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el primer párrafo del artículo 111 de esta Constitución hubiera sido sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

SE DEROGA

Artículo 115. …

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidosy a través del sistema electoral de segunda ronda de votación. Los ayuntamientos seintegrarán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos podrán ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos en periodos cuya duración será establecida por las Constituciones de los estados, y que en ningún caso excederá los cuatro años.

Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, serán considerados como electos popularmente por elección directa desde el momento en que inicie el período para el cual fueron electos, nombrados o designados, para efectos de los plazos a que alude el segundo párrafo de esta fracción.

II.Los ayuntamientos deberán promover y facilitar la participación ciudadana en el ámbito de sus atribuciones, en los términos y mecanismos que establezcan las leyes estatales en la materia.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) a e)…

III. a X. …

XI. Las legislaturas de los estados establecerán dentro de los municipios unidades territoriales que contarán con juntas comunitarias electas a través de sufragio universal, directo y secreto. El número de unidades territoriales por cada municipio será determinado por la ley con base criterios poblacionales, de identidad indígena o geográficos. Las juntas serán órganos de representación, cuyo propósito será coadyuvar en el gobierno municipal a la gestión de los servicios públicos, la asignación de recursos presupuestarios, así como a promover la cooperación y la colaboración ciudadanas. La integración de la juntas comunitarias se determinará mediante elección popular entre los habitantes de la unidad territorial, los cuales deberán contar con arraigo en el lugar que se elijan. La ley establecerá el número de miembros que las conformarán, no siendo menor a cinco ni mayor a quince. Cada Junta Comunitaria contará con un Comisionado, quien la encabezará; un Tesorero y el número de delegados comunitarios que determine la ley.

Las juntas comunitarias tendrán las siguientes atribuciones:

a) Representar los intereses colectivos de los habitantes de la unidad territorial ante el ayuntamiento;

b) Elaborar y proponer ante el ayuntamiento proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial;

c) Proponer a los ayuntamientos la aprobación de bandos y reglamentos que se relacionen con su ámbito territorial;

d) Supervisar el correcto desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades que realice el ayuntamiento en su territorio.

e) Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de problemas colectivos;

f) Recibir información por parte de las autoridades del ayuntamiento cuando ésta trate sobre su ámbito de competencia territorial.

g) Establecer acuerdos con otras juntas vecinales para tratar asuntos comunes;

h) Determinar, mediante consulta previa de los habitantes de su demarcación, las prioridades de recursos de su unidad territorial para la integración del presupuesto participativo del municipio, e

i) Informar periódicamente a los habitantes de unidad territorial del ejercicio de sus funciones.

Los miembros de las juntas comunitarias durarán en su cargo tres años. Podrán reelegirse consecutivamente hasta tres veces, sin que puedan exceder los doce años en el cargo. La ley determinará un porcentaje fijo del presupuesto de los municipios que corresponderá al presupuesto participativo de cada unidad territorial.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I.…

La elección de los gobernadores de los Estados será directa, por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos y a través del sistema electoral de segunda ronda de votación. La elección de las legislaturas locales será directa. La elección de ambas autoridades se ajustará a lo que dispongan las leyes electorales respectivas.

II. …

(Se deroga el segundo párrafo)

III….

IV. …

a)…

b)…

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales se regirán por un servicio profesional de carrera. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva. Ninguna constitución o ley de los Estados podrá contravenir sus disposiciones. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) …

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en esta Constitución;

f) a j) …

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes. En lo relativo a las prerrogativas en radio y televisión, se estará a las disposiciones de ley que disponga el Congreso de la Unión en la legislación federal electoral;

l) a n)…

V. a VII….

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán fiscalías generales que gozarán de autonomía, independencia, personalidad jurídica y patrimonio propio. Las leyes establecerán los procedimientos para la designación de sus titulares, sus atribuciones, formas de organización y funcionamiento. En todo caso, las fiscalías se regirán por los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad y transparencia en su actuación.

IX. Las Constituciones y las leyes de la materia deberán regular los mecanismos de participación ciudadana, dentro de su respectivo ámbito competencia, garantizarán que la deliberación de los asuntos públicos sea:

a) En condiciones de respeto, libertad e igualdad entre los ciudadanos;

b) Informada, facilitando a los ciudadanos el conocimiento del problema, alternativas de solución y posibles consecuencias; y,

c) Organizada de acuerdo con metodologías previamente publicadas en las respectivas gacetas y diarios oficiales.

Articulo 122.- …

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A.…

B. …

C. …

D. La persecución ante los Tribunales de los delitos en el Distrito Federal, con la excepción que establece esta Constitución y la Ley a favor de los particulares, estará a cargo de un Fiscal General que gozará de autonomía, independencia, personalidad jurídica y patrimonio propio. Las leyes establecerán los procedimientos para la designación de su titular, sus atribuciones, formas de organización y funcionamiento. En todo caso, la Fiscalía se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad y transparencia en su actuación.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal.

BASE SEGUNDA.- …

I.El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será electo por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, por voto directo y a través del sistema electoral de segunda ronda de votación. Ejercerá su encargo, que durará seis años a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme lo que establezca la legislación electoral.

BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

I. …

II. …

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos y a través del sistema electoral de segunda ronda de votación según lo determine la ley, hasta por un máximo de doce años consecutivos en periodos cuya duración en ningún caso excederán los cuatro años.

BASE CUARTA A SEXTA.- …

Artículo 134. …

Las leyes de responsabilidad administrativa, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

La Ley General de Propaganda Gubernamental desarrollará las bases siguientes:

I. Los topes presupuestales al gasto de comunicación social de los entes públicos a los que se refiere este artículo, que no podrán exceder el 0.5% del Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

II. La distribución de tiempos oficiales del Estado fuera de proceso electoral federal o local, que deberán abarcar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos de forma proporcional.

III. La obligación de mantener como información pública toda la relativa a la comunicación social.

IV. La propaganda por cualquier medio de comunicación social difundan los entes públicos a los que se refiere este artículo será asignada de manera equitativa a todos los medios de comunicación, atendiendo a criterios de precios, circulación y audiencia efectiva. Ningún medio de comunicación podrá ser discriminado o excluido por los contenidos que publique.

V. Los boletines oficiales deben incluir información de interés público y no podrán promocionar a los servidores públicos.

VI. La organización y funcionamiento de un Consejo Ciudadano, encargado de dictar políticas en materia de propaganda gubernamental y monitorear el ejercicio presupuestal en el ramo.

VII. La propaganda gubernamental deberá cumplir con los criterios de objetividad, imparcialidad, equidad, lealtad institucional y veracidad.

VIII. La autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley; los mecanismos de coordinación en los supuestos relacionados con procesos electorales federales o locales, así como las condiciones de difusión de propaganda antes de dichos procesos pero cuyos efectos prevalecen en los mismos; el procedimiento administrativo de imposición de sanciones, así como las sanciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Congreso de la Unión contará con 180 días para la aprobación de las leyes reglamentarias del presente Decreto. En caso de omisión legislativa, la autoridad administrativa competente emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias.

Tercero: Para la elección del año de 2015, el Instituto Federal Electoral implementará un programa para el voto a través de urna electrónica. Dicho programa deberá comprender al menos un tercio de los distritos electorales uninominales. La Cámara de Diputados asignará, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos presupuestales necesarios.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013”.

1 Diego Valadés, “El gobierno de gabinete”, 2da edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE PLANEACION

(Presentada por los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD)

“Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y de la Ley de Planeación, al tenor de las consideraciones siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada proceso electoral en nuestro país obliga revisiones a su normatividad; pendientes que se van puliendo sólo a raíz de su confrontación al fenómeno que buscan regular. Tal es el caso de algunos temas que se pusieran a prueba en la pasada elección presidencial. A veces por exceso, otras por defecto, se hizo patente que la legislación electoral debe ser un mecanismo eficaz de regulación de los procesos electorales garantizando la legalidad, la equidad y la transparencia de los mismos. El pasado proceso puso de manifiesto que la simulación sigue siendo una constante en muchas de sus modalidades: la participación de intereses económicos, el uso de recursos no declarado, los mecanismos de propaganda indirecta, el uso de programas sociales con fines electorales, la compra y coacción del voto como denuncias recurrentes y permanentes, como regla, como freno permanente para la democracia. A pesar de tecnologías de la información mejores y más accesibles, de una mayor pluralidad en medios decomunicación, de un desarrollo democrático que pareciera avanzar hacia su consolidación, de una ciudadanía más exigente, seguimos experimentando elecciones que no acaban de generar confianza ciudadana, ni de incentivar a los partidos políticos e institutos electorales- locales, mayoritariamente- para apegarse estrictamente a la normatividad que los rige y superar los conflictos postelectorales derivados de la inaplicación de la norma.

El conjunto de iniciativas que se plantean como parte de la reforma político electoral tienen que ver con retos en el acceso y el ejercicio del poder, así como con la rendición de cuentas. La presente iniciativa pretende complementar la reforma constitucional y las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) afectando los ordenamientos jurídicos necesarios para procurar una reforma integral al sistema político y electoral de nuestro país. Esta iniciativa toca, por tanto, temas electorales que no se desahogan con las reformas al COFIPE, como las reformas al sistema penal que implican el endurecimiento de las penas a delitos electorales como la compra y coacción del voto o las reformas que se imponen de la reglamentación de la divulgación de encuestas electorales en aras de que se conviertan en instrumentos de información antes que de propaganda. Por otro lado, esta iniciativa busca reglamentar el proceso para la aprobación del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, esta iniciativa se ocupa de sentar las facultades de jueces civiles para conocer sobre las derivaciones de la ley de réplica, misma que se presenta por separado en el paquete de reformas.

Delitos Electorales

Actualmente, el sistema penal electoral mexicano sólo persigue ilícitos en contra del Registro Federal de Electores, siendo muy reducida la incidencia en otros tipos delictivos que se reiteran en los procesos electorales y que inciden sobre el desarrollo equitativo, pero también pacífico de la contienda. Su actualización permitiría alas autoridades electorales tener una mayor presencia pública para perseguir conductas que afecten los valores democráticos. Esta iniciativa busca ampliar los delitos a conductas relacionadas con permisionarios, concesionarios, integrantes de la delincuencia organizada, responsables de las finanzas partidistas, candidatos independientes y precandidatos.

Las reformas que se establecen al Código Penal Federal prevén, por ejemplo, penas más severas para conductas de distinta naturaleza: a quien vote, sin cumplir con los requisitos de la ley; a quien vote más de una vez en la elección u obstaculice el escrutinio y cómputo de votos; a quien contrate con un medio de comunicación para transmitir promocionales, programas o entrevistas que, de manera encubierta, busquen posicionar a un servidor público, precandidato o candidato; a quien exceda el tope previsto para las aportaciones en dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional. Es claro que elevar las penas no necesariamente inhibe las conductas delictivas, pero establecer la gravedad de los delitos a partir de la profundización de las penas, permitirá reposicionar y redimensionar la importancia relativa que el sistema penal electoral mexicano les confiere.

También tenemos que ampliar la capacidad de la norma para evitar delitos que inciden gravemente en el desarrollo democrático del país. Por ejemplo, actualmente es prácticamente imposible demostrar la compra y coacción del voto. Para demostrarla se tiene que acreditar una modificación en la intención del voto derivada del ofrecimiento económico. Para ello, se tendría que acompañar a los votantes entodo el proceso de formulación de su intención y emisiónde voto y poder determinar que el otorgamiento de bienes, dinero o servicios por parte de un candidato influyó en la modificación del voto a favor de éste. Esto es un absurdo si lo que se quiere evitar es que la decisión política se intercambie como si fuera un bien sujeto a compra. La entrega misma de dinero supone la intención de modificar el voto. En este entendido, no sólo se elevan las penas para el delito, sino que, de aprobarse esta iniciativa, bastaría con que se pruebe la condición de entrega de la paga, dádiva, dinero u otra recompensa al voto ciudadano, para tener por acreditada la conducta ilícita, con independencia de la aceptación o compromiso de la persona a quien se intentó comprar o coaccionar.

Pero esta iniciativa también atiende la detección de nuevos tipos penales a raíz de recientes experiencias. Por ejemplo, se castigaría a quien cambie su domicilio con el propósito doloso de participar en un proceso electoral distinto al de su domicilio habitual. Es decir, se buscaría evitar el turismo electoral que se ha documentado en campañas recientes, entre otras cosas.

Finalmente, cabe mencionar que, si bien incrementa las penas para servidores públicos involucrados en la compra y coacción del voto o en el uso de recursos públicos en beneficio de algún candidato o partido político, esta iniciativa también busca incidir en el comportamiento de las autoridades locales, castigando amagistrados o consejeros electorales que dentro de los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su retiro sean designados en un cargo en los poderes públicos en cuya elección haya participado.

Encuestas

Mucho se ha hablado del papel de las encuestas como instrumentos de propaganda electoral, antes que de información. Por su naturaleza las encuestas tienen un grado alto de imprecisión, no otorgan certeza, ni son idóneas anticipar resultados. Pero las encuestadoras sí pueden ofrecer información sobre quién las paga, qué métodos utilizan, qué especificaciones técnicas siguen, etc. Por ello, en la iniciativa de reforma al COFIPE que se integra al paquete de iniciativas de reforma político electoral, se desarrollan los mecanismos que pudieran otorgar información a la ciudadanía para ponderar el valor de las encuestas y de las distintas casas encuestadoras. Esta iniciativa complementa en lo que concierne al Código Penal Federal, para disminuir el plazo de veda en el que no pueden publicarse encuestas electorales de tres a un día antes de los comicios. Esto porque se considera que, si las encuestas son transparentes en su realización y la ciudadanía tiene elementos para evaluar su calidad, no debiera prohibirse su difusión, incluso cerca de la jornada electoral. El conocido como “periodo de reflexión” no debiera implicar aislamiento de los instrumentos de información disponibles para dicha reflexión. Las encuestas forman parte de esta información.

Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo

El paquete de iniciativas de reforma político electoral contempla distintos mecanismos de equilibrio entre los poderes de la Unión. De manera específica, la propuesta de gobierno de coalición exige la ampliación de los espacios de cooperación y corresponsabilidad entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se parte de la idea de que la cooperación que permita un ejercicio eficaz de gobierno tiene que ver con el diseño estructural que norme dicha cooperación, antes que con la voluntad política de los actores. Los espacios estructurales de cooperación institucional pasan por el acuerdo sobre la agenda pública de gobierno. Por ello, se propone la participación del Congreso de la Unión en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta iniciativa plantea reformas a la Ley de Planeación que establezcan la facultad del Congreso de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de dar seguimiento a su ejecución. Para ello, el Presidente de la República deberá mandar a más tardar en el mes de marzo posterior al inicio de su gestión el Plan al Congreso de la Unión. Los miembros de gabinete deberán comparecer ante las respectivas comisiones legislativas y explicar las expectativas y alcances del Plan nacional.

Puede anticiparse que tendría el efecto de fortalecer los contenidos del documento y facilitaría la aprobación de las adecuaciones legislativas necesarias para implementar las políticas públicas contenidas en los programas que materializan el PND. Facilitaría, también, el control parlamentario sobre la acción gubernamental y establecería un esquema de corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo generando incentivos para diseñar políticas viables y fortalecidas frente a la parálisis legislativa que pudiera bloquearlas. Esta figura se utiliza en otros países latinoamericanos, como Colombia y Bolivia.

Finalmente, esta iniciativa complementa la ley en materia de derecho de réplica facultando a los jueces civiles para conocer de los asuntos derivados de la misma.

La presente iniciativa descansa en la idea de que visibilizar la discusión de los asuntos públicos, en la posibilidad de estructurar propuestas de las que participen todos los actores políticos y en la necesidad de monitorear su implementación para que sirvan a dotar de eficacia al sistema democrático de representación. La esencia democrática de nuestro país se recarga en esta oportunidad.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN O ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, ASI COMO DE LA LEY DE PLANEACION.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman: artículo 212 en su primer párrafo; artículo 401, segundo párrafo de la fracción I, fracción II, fracción V; artículo 402; artículo 403 primer párrafo, fracción IV, V, VI, VII, IX, X, XII y XIII; artículo 405 en su primer párrafo y fracción VI, VII y X; artículo 406 primer párrafo, fracción I, IV, VI; artículo 407 primer párrafo, fracciones I, II, III, IV; artículo 411 primer párrafo; artículo 412 primer párrafo; artículo 413 párrafo primero. Se adiciona: artículo 401, segundo párrafo de la fracción V, fracción VII, VIII, IX, X y XI; artículo 403 fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XIII; artículo 405 fracciones XII, XIII; artículo 406, fracciones VIII, IX, X, XI; artículo 407, fracciones V, VI, VII y VIII; artículo 411 fracciones I, II, III, IV, V y VI; artículo 412, párrafo segundo y tercero; artículo 413 segundo párrafo, fracciones I, II del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 212. Para los efectos de este Código es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicialde la Federación, o que manejen recursos económicos federales, así como en losorganismos a los que la Constitución otorgue autonomía. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados,al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Diputados a las Legislaturas Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales y a los titulares de los órganos constitucionales o estatutarios autónomos, por la comisión de los delitos previstos en este Título en materia federal.

Artículo 401.

I. …

Se entenderá también como servidores públicos a los funcionarios y empleados estatales y municipales, así como de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorguen autonomía;

II. Servidores públicos electorales, quienes en términos de la legislación de la materia desempeñen funciones electorales, así como los funcionarios de casilla;

III. …

IV.…

V. Documentos públicos electorales, todas las actas, instrumentos, resoluciones y documentos utilizados o expedidos en el ejercicio de sus funciones por las autoridades electorales.

Por paquete electoral se entiende el conjunto de constancias o documentos públicos electorales en los que se consignan las actividades que se desarrollan durante la jornada electoral, en los términos de la legislación electoral.

VI. …

VII. Precandidato es el ciudadano que formalmente participe en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, para ser postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección popular, conforme a la legislación federal electoral y a los estatutos de los partidos políticos;

VIII. Candidato independiente, es el ciudadano que formalmente solicite ante el órgano electoral competente su postulación para participar en los procesos de elección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a la legislación federal electoral.

IX. Concesionarios o permisionarios, aquella persona o personas, físicas o morales que detentan una concesión o permiso de transmisión de frecuencias de radio o televisión, en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con la legislación de la materia.

X. Organizadores de actos de precampaña y campaña, las personas que coordinen u organicen las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos, candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas; y

XI. Administradores de recursos de los partidos políticos y candidaturas independientes, las personas encargadas de la administración de los recursos generales, de precampaña y campaña de los partidos políticos.

Artículo 402.Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la destitución y la inhabilitación desde cinco y hasta veinte años.

Artículo 403.Se impondrá prisión de tres a seis años de prisión, y multa de quinientos a cinco mil días de multa, a cualquier persona que:

I. …

II. …

III. …

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o cualquier otro acto de la jornada electoral; el traslado y entrega de los paquetes y documentación pública electoral, así como de la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral o el ejercicio de atribuciones legales de los servidores públicos electorales. La pena se aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia contra los servidores públicos electorales, con independencia de la pena que corresponda por la comisión de otro u otros delitos;

V. Recoja o retenga, en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar;

VI. Durante el proceso electoral solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, o bien, quemediante amenaza o violencia obligue o coaccionea otros a votar por un precandidato, candidato, partido político o coalición, o abstenerse de votar. Para efectos de esta fracción, bastará con que se pruebe la condición de entrega de la paga, dádiva, dinero u otra recompensa al voto ciudadano, para tener por acreditada la conducta ilícita, con independencia de la aceptación o compromiso de la persona o personas a quien se intentó comprar o coaccionar;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera y por cualquier medio, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII.…

IX. El día de la jornada electoral organice o realice la reunión o el transporte de votantes con la finalidad de coartar la libertad del sufragio o bien influir o modificar el sentido de su voto;

X. Introduzca en o sustraiga de la urna o casillailícitamente una o más boletas electorales, o en cualquier tiempo se apodere, destruya,posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilícita documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes;

XI. …

XII. Impida en forma violenta la instalación o clausura de una casilla, interrumpa de cualquier forma el desarrollo de la votación, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación, recepción de la votación o clausura normalde la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentarán de tres a nueve años de prisión, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XIII. Durante el día previo a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de los husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

XIV. Se apodere, destruya, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilícita, una o más credenciales para votar con fotografía, equipos o insumos necesarios para la elaboración de dichas credenciales.

Si el apoderamiento o destrucción se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentarán de seis meses a cinco años de prisión a la pena que corresponda. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena impuesta se aumentarán de tres a nueve años de prisión, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Compre o adquiera, por sí o por interpósita persona, con un medio de comunicación, para efecto de transmitir promocionales, programas o entrevistas que busquen posicionar a un servidor público, precandidato o candidato;

XVI. Ilícitamente abra o manipule los paquetes electorales, altere las boletas electorales, retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden;

XVII. Amenace con suspender los beneficios de programas de desarrollo social federales, estatales, municipales o del Distrito Federal para que el elector participe, en actos de campaña o de propaganda electoral o bien, para la emisión del sufragio a favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho al voto, o al compromiso de no votar por un precandidato, candidato, partido o coalición determinado;

XVIII. Realice aportaciones en dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando excedan el tope previsto para la elección correspondiente en la ley de la materia para dichas aportaciones;

XIX. Participe en la creación de personas morales durante el proceso electoral con el propósito de proveer bienes y servicios, gestionar pagos y transferencias, para las campañas electorales de ese proceso electivo.

XX. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

XXI. Altere facturas que los partidos políticos o candidatos independientes tengan la obligación de presentar ante el órgano electoral administrativo.

XXII. Se abstenga de informar o rinda información falsa quien estando obligado a declarar o a proporcionar información o habiendo sido requerido por el Ministerio Público para ello, se niegue a hacerlo u omita contestar los cuestionamientos que aquél le formule, o proporcione información falsa sobre los recursos o bienes que integren el patrimonio remanente del partido político o agrupación política nacional que haya perdido su registro.

XXIII. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor, intimidación o alarma en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta señalada en la presente fracción se realiza por miembros de la delincuencia organizada, la penalidad se aumentará de tres a siete años de prisión, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otro delito.

Se aumentará el doble de la pena a quien realice la conducta señalada en la fracción XVII cuando ésta se cometa durante el periodo comprendido del inicio del proceso electoral y hasta el cierre de la casilla.

Artículo 405. Se impondrá de cien a trescientos días multa y prisión de tres a siete años, al servidor público electoral que:

I. a V. …

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. Se impondrá hasta el doble de la pena cuando se ejerza presión sobre el personal a su cargo.

VII. Al que instale, abra, cierre o clausureuna casilla fuera de los tiempos o formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado sin causa justificada, o impida su instalación;

VIII. y IX. …

X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto cuando de la documentación electoral correspondiente se desprenda que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

XI. …

XII. Utilice su responsabilidad para negociar o solicitar prebendas a los precandidatos, candidatos y partidos políticos; y

XIII. Al magistrado o consejero electoral que, dentro de los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su retiro, sea designado en un cargo en los poderes públicos en cuya elección haya participado.

Artículo 406. Se impondrán de quinientos a cincomil días multa y prisión de tresa siete años al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión o induzcaexpresamente a los electores a votar o abstenerse de votarpor un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma.

II. …

III. …

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los electores, observadores o servidores públicos electorales;

V. …;

VI. Impida por cualquier medio la instalación, apertura, recepción de la votación,cierre o clausura de una casilla.

VII. …

VIII. Solicite el voto a favor de un partido político, precandidato o candidato, durante el proceso electoral,a cambio de promesas de dadiva, o entrega de los beneficios de programas sociales.

IX. Contrate espacios en radio y televisión para algún partido político, precandidatos o candidatos, duranteel proceso electoral.

X. Reciba apoyo de los gobiernos Federal, Estatales o municipales, para fines electorales.

XI lícitamente enajene, grave o done los bienes que integren el patrimonio del partido político o agrupación política nacional que haya perdido su registro.

Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de tres a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a votar por un precandidato o candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales federales, estatales o municipales que hayan sido financiados con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilícitade fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyoo al perjuicio de cualquier precandidato, candidato, partido político, coalición, agrupación política nacional, en cualquier tiempo, y durante cualquier proceso electoral federal o local sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, usando del tiempo correspondiente a sus labores; o en cualquier momento a través de sus subordinados proporcione ese apoyo o preste algún servicio;

V. Coaccione a sus subordinados para que asistan a actos de precampaña o campaña; o bien produzcan, reproduzcan o difundan propaganda relacionada con algún precandidato, candidato, partido político o coalición;

VI. Coaccione a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, para que realicen aportaciones en dinero o en especie para apoyar a cualquier precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional;

VII. Contrate o destine recursos presupuestales de comunicación social, para su promoción personalizada de imagen, nombre,símbolo o voz.

VIII. Distraiga recursos humanos, financieros o materiales a su cargo para apoyar las campañas electorales.

Artículo 411.Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de cuatro a ocho años, a quien:

I. Por cualquier medio altere el Registro Federal de Electores, los listados nominales o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía;

II. Durante el trámite para obtener la credencial para votar con fotografía, proporcione documentos o información falsa al Registro Federal de Electores;

III. Participe como testigo de tres o más personas para que puedan tramitar su credencial para votar con fotografía;

IV. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos computarizados, relativos al Registro Federal de Electores;

V. Altere o falsifique una o más credenciales para votar con fotografía o documentos públicos electorales. La misma pena se aplicará al que haga uso de dichos documentos;

VI. Cambie su domicilio con la intención dolosa de participar en un proceso electoral distinto al de su domicilio;

En el caso de que se trate de servidor público electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público el que intervenga en la comisión de los conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más de la antes señalada.

Artículo 412. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de tres a nueve años al funcionario partidista, precandidato, candidato, administrador de recursos de los partidos políticos u organizador de actos de precampaña o campaña que, a sabiendas, aproveche fondos, bienes o servicios a los que se refierela fracción III del artículo 407 de este Código.

Si los recursos son provenientes de los grupos de la delincuencia organizada, se impondrá hasta el doble de la pena al funcionario partidista.

Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine, a sabiendas, aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por la comisión de otros delitos.

Artículo 413.El fiscal podrá solicitar, en cada caso concreto, que los presuntos responsables no puedan gozar del beneficio de la libertad provisional.

Al miembro de una organización que tenga como fin cometer alguno de los delitos sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se le impondrá de quinientos a tres mil días de multa y de tres a ocho años de prisión cuando:

I. Intervenga o participe en el proceso de selección como precandidato o candidato a puestos de elección popular;

II. Impida por cualquier medio el desarrollo de cualquiera de las etapas del proceso electoral.

ARTICULO SEGUNDO.- Por el cual se adiciona al artículo 194, fracción I el inciso 33 TER) del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1). … a33) BIS. …

33) TER. Los previstos en los artículos 405, 407, 412 y 413.

ARTICULO TERCERO.- Por el cual se adiciona un párrafo final al artículo 50 y la fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) a k)…

l) Los cometidos por o en contra de servidores públicos electorales, de funcionarios partidistas, de organizadores de actos de campaña, de administradores de recursos de los partidos políticos, en los términos del Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal.

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I a VIII. (…)

IX. De los asuntos derivados de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia del Derecho de Réplica.

ARTICULO CUARTO.- Se reforman el artículo 3 en su primer párrafo; artículo 4; artículo 5; artículo 8, en su primer párrafo; artículo 21 en su primer párrafo; y, artículo 27 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, con la aprobación del Congreso de la Unión, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Artículo 4.Corresponderá al Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales y al Congreso de la Unión aprobar y dar seguimiento periódico a la ejecución del Plan, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 5. El Presidente de la República remitirá, a más tardar el primer día hábil del mes de marzo del año siguiente al del inicio de su gestión, el proyecto del Plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. Las observaciones que se aprueben por las respectivas Cámaras, tendrán que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 8. Semestralmente, los integrantes del Gabinete y los funcionarios de la Administración Pública Federal que el Congreso determine se reunirán con las comisiones legislativas, cuya materia de competencia esté relacionada con la dependencia, a dar cuenta sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.

Artículo 21. Una vez que el Presidente de la República remita el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su aprobación, los integrantes del Gabinete comparecerán ante las comisiones legislativas respectivas para explicar los alcances del mismo en el ramo de su competencia y responder las preguntas parlamentarias.

Artículo 27.Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales que incluirán los aspectos administrativos, de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán durante el año de que se trate, las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. Dichos programas deberán ser remitidos para su aprobación al Congreso de la Unión. Las cámaras podrán delegar dicha atribución a las comisiones legislativas.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013”.

“Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 35, FRACCION VIII, DEL ARTICULO 36, FRACCION III Y DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACION E INICIATIVA CIUDADANAS

(Presentada por los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD)

de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A medida que la democracia en nuestro país se ha ido consolidando como espacio de interacción, la pluralidad política también se ha asentado como estructura de representación que brinda voz y cauce a demandas ciudadanas de distinta naturaleza. Nuestra sociedad se ha vuelto más compleja; sus componentes se han diversificado y se han decantado en causas y perfiles cada vez más especializados, y precisos. Esta proliferación de la pluralidad y la creciente exigencia de participación en la vida política, nos obliga a reconocer que, hoy en día, no existen mecanismos que permitan que todos los sectores sociales tengan oportunidad de someter sus demandas a consideración democrática y a incidir, con ello, en la agenda política. Al día de hoy, en muchas decisiones legislativas y ejecutivas percibimos mayor influencia relativa de ciertos sectores sociales, a la vez que atestiguamos la consistente marginación de otros. Este desequilibrio representativo de facto, nos obliga a considerar mecanismos que amplíen la participación directa de la ciudadanía en su conjunto, para las decisiones que atañen su realidad y su configuración.

Nuestra Constitución, a partir de su reforma en 2011, ya prevé mecanismos de democracia directa que pretenden subsanar las carencias de la democracia representativa. A ella se han incorporado las candidaturas independientes, así como la figura de consulta popular. Sin embargo, a la fecha no contamos con ley reglamentaria que les brinde eficacia y funcionalidad. Es nuestra convicción que la ciudadanía debe contar con herramientas legales para supervisar, vigilar y controlar a las instituciones y a sus responsables; debe encontrar en la normatividad que la rige, la posibilidad de incidir en la definición de su entorno político. La ciudadanía también tiene que contar con regulación sobre cómo ejercer el derecho a presentar iniciativas de ley de tal forma que pueda ordenarse su participación en la agenda legislativa.

En consecuencia, el objetivo de la presente iniciativa es: garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional; establecer las normas y principios para regular la consulta; regular la figura de la iniciativa ciudadana, así como incorporar las figuras de los observatorios ciudadanos y los recorridos de autoridades.

Conforme nuestro país ha transitado en su historia, la exigencia democrática se ha ido adjetivando. La alternancia ha dejado de ser su sinónimo, para incorporar a su definición la eficacia, la representatividad, su consolidación como tareas pendientes. La incorporación de mecanismos de participación directa de la ciudadanía sin duda abona a transitar a mejores estadios democráticos, a victorias ciudadanas más permanentes, a una repartición más equitativa del poder de decisión sobre la agenda política del país.

Pero debemos encontrar en los mecanismos de democracia directa no solamente espacios de participación, sino también de supervisión. Sí, la ciudadanía debe tener el derecho de incorporarse a la clase política y participar de su actuación, debe poder ser votada, debe poder ocupar espacios de poder, ser un sujeto activo, protagónico. Pero la ciudadanía también debe ser consultada sobre decisiones fundamentales en la determinación de las realidades nacionales; debe ser entendida en su plena soberanía, con capacidad de incidencia y definición. La ciudadanía debe entenderse también como fiel de la balanza política, como agente de contrapeso al poder, como ente supervisor de sus representantes, como sujeto permanente que pueda activarse intermitentemente cuando la representación política falla, o es insuficiente.

  •  

Iniciativa ciudadana

La iniciativa ciudadana se reconoció constitucionalmente mediante la reforma, publicada en agosto del año pasado, a los artículos 35 y 71 constitucionales incorporando el derecho ciudadano de proponer iniciativas de ley y decretos de reformas con el acuerdo del 0.13% de la lista nominal de electores.

Es una figura de democracia directa que faculta a los ciudadanos a participar activamente en las tareas legislativas proponiendo adecuaciones legales y constitucionales, así como nuevas leyes adjetivas. Con la iniciativa ciudadana se pretende acercar a los ciudadanos al poder público por vía de la participación en la agenda legislativa y pública. Mediante esta figura, la ciudadanía participa sin intermediarios en el proceso de creación normativa de la convivencia social.

La figura se ha empleado a nivel local en Estados Unidos desde hace varios años. Actualmente, el 70% de la población estadounidense vive en estados que la permiten. En Suiza, la figura también tiene una trayectoria larga a nivel federal y faculta a la ciudadanía a presentar, incluso, enmiendas constitucionales. Esto es posible con la reunión de cien mil firmas. Por otro lado, el Tratado de Lisboa ha ocasionado la inclusión de la figura de la iniciativa popular en la Unión Europea. Un millón de ciudadanosde una cuarta parte de los Estados miembros podrán pedir a la Comisión la presentación de iniciativas de ley.

Asimismo, la figura se emplea en España, con el respaldo de 500 mil electores. En Hungría la exigencia represente la décima parte- 50 mil firmas- y las iniciativas no pueden versar sobre cuestiones de personal y organización de competencia de la Asamblea Nacional, la disolución de la Asamblea Nacional, el programa de gobierno, la declaración de estado de guerra, de emergencia y provisional, la entrada en acción de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del país, la disolución del cuerpo de diputados del municipio local o las amnistías. En Italia también se requieren 50 mil firmas y no existe obligación a la discusión, siquiera, de la iniciativa. Desde 1971 sólo se han presentado 30 iniciativas.

En el caso de América Latina, la iniciativa ciudadana también ha sido incorporada constitucionalmente en distintos países. En Argentina requiere del apoyo del 1.5% de ciudadanos y se excluyen las siguientes materias: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. En Brasil está autorizada regionalmente. En Colombia se requiere de un 5% de firmas del total de ciudadanos y se excluyen las materias de presupuesto e impuestos, de tratados internacionales, amnistías o indultos y la preservación y restablecimiento del orden público. Los requisitos y exclusiones son muy similares también para Costa Rica. Paraguay tiene un requisito menor de firmas- 2% de la ciudadanía- y tiene muchísimas exclusiones en la materia.

En México, las constituciones de algunas las entidades de la federación contienen el tema de la iniciativa ciudadana como son el caso de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz así como el Distrito Federal. De éstas, sólo Sinaloa y el Distrito Federal han regulado la figura, volviéndola posible.

Reconociendo que la funcionalidad de la figura y con ello la posibilidad de ejercer este derecho a plenitud requiere de necesariamente de regulación secundaria, esta iniciativa regula el procedimiento, sus requisitos y las materias que quedan excluidas a su alcance.

Consulta popular

Según lo establecido en la Constitución, la consulta popular puede ser convocada por el Presidente de la República, por el el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o, por al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, la consulta popular no sólo se inscribe como un mecanismo de democracia directa, sino también como una salida política para encontrar alianzas desde el poder y con la ciudadanía; para generar mayorías alternativas a las que pueden tejerse en los acuerdos parlamentarios. Esto a raíz de convocatoria del Poder Ejecutivo o Legislativo. Una alianza innovadora que no sólo puede servir de narrativa política, sino también de despresurizador social, de mecanismo de inclusión o de instrumento para la repartición heterodoxa del poder público.

Esta ley establece también, los instrumentos de verificación de legalidad y legitimidad a los que la consulta debe someterse. Es importante hacer énfasis en que, en caso de que la consulta popular sea convocada desde la ciudadanía, tanto el Instituto Federal Electoral como la Suprema Corte de Justicia sirven como controles institucionales. El primero, para verificar la lista ciudadana y con ello la legitimidad de la consulta. La segunda, para verificar la constitucionalidad de su materia. Es decir, para que se pronuncie sobre su legalidad.

La consulta popular se llevará a cabo en los días en los que ocurran las elecciones federales, procurando ampliar la participación ciudadana en ella. Y, tal vez lo más importante de la consulta popular que hoy es nuestro derecho, sea su carácter vinculatorio. Lo será para los poderes Ejecutivo y legislativo federales, y para las autoridades e instancias competentes encargadas de su ejecución, siempre y cuando participen en la consulta, al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cuando en la consulta participe más del cincuenta por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores y la materia de la misma se refiera a reformas o adiciones a la Constitución, sus resultados serán vinculantes para los poderes,autoridades e instancias competentes. Es decir, la consulta ciudadana se constituye como un mecanismo de ejercicio del poder ciudadano y, con ello, de restricción al poder político tradicional. Mientras este ejercicio se conciba como crecientemente horizontal, el incentivo para la clase política será a definir política pública representativa de las necesidades, inquietudes y exigencias ciudadanas; a desempeñar gestiones más transparentes y reactivas a la supervisión ciudadana; a delinear estrategias en torno a los intereses de los representados; a asumir su responsabilidad democrática.

La ley reglamentaria que aquí se presenta, tiene el objetivo de regular este mecanismo democrático para darle funcionalidad y de fortalecer, con ello, la vida política y democrática de nuestro país, abonando a esa tarea que se sigue sintiendo inacabada.

  •  

Observatorios ciudadanos y recorridos de las autoridades

Los Observatorios ciudadanos son órganos de colaboración ciudadana, cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de la Federación. Son integrados de manera voluntaria. Estos órganos tienen la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos funcionarios.

Los recorridos de autoridades son una instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta Soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley reglamentaria del artículo 35, fracción VIII, del artículo 36, fracción III y del artículo 71 constitucional en materia de Participación e Iniciativa Ciudadanas en los siguientes términos:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

TITULO I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 35, fracción VIII, del artículo 36, fracción III y del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional en materia de consulta popular.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular y la iniciativa ciudadana.

III. Promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular.

IV. Regular la figura de la iniciativa ciudadana.

V. Establecer las figuras de observatorios ciudadanos y recorrido de autoridades.

Artículo 3. La consulta popular es el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Consulta popular: procedimiento por medio del cual los ciudadanos mexicanos expresan su aprobación o desaprobación sobre proyectos legislativos que tengan por objeto expedir, modificar, derogar o abrogar disposiciones de la Constitución o de leyes del Congreso de la Unión.

III. Iniciativa ciudadana: la facultad de un número de ciudadanos equivalente a, al menos, el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores de iniciar el proceso legislativo de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;

III. Observatorios ciudadanos: órganos de colaboración ciudadana, cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de la Federación, integrados de manera voluntaria y con la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos funcionarios.

IV. Recorridos de autoridades: instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 4.- No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. La restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 5. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal.

Artículo 6. En cada consulta popular,la cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía será de tres. Los cuestionamientos deberán formularse de manera clara y comprensible.

Artículo 7. En la interpretación de las disposiciones de esta ley se deben garantizar los principios del artículo primero de la Constitución para maximizar el derecho a la participación ciudadana y los principios democráticos. En caso de ambigüedad, la interpretación deberá ser extensiva, ampliando en todo momento, los derechos del ciudadano.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a las tesis y jurisprudencia que, en aplicación de la misma, establezca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su competencia.

En caso de que no exista disposición expresa, ni criterio interpretativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estará a los principios generales del derecho.

TITULO II

CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONVOCATORIA PARA

LA CELEBRACION DE LA CONSULTA

Artículo 8. Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

III. Al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 9. La solicitud para la consulta podrá presentarse en todo momento y hasta el 31 de enero del año de la elección federal.

Artículo 10. La solicitud deberá presentarse ante la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, con la documentación comprobatoria correspondientes.

Las comisiones competentes en materia de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente.

Artículo 11. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán:

I. Presentar en medio magnético la lista de ciudadanos a que se refiere el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, con el nombre completo, el número de folio de la credencial para votar con fotografía y la firma de cada uno de los solicitantes.

II. Nombrar a un representante común.

III. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.

Artículo 12. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, la Cámara correspondiente deberá prevenir a los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones en un plazo de 48 horas.

Artículo 13. El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, turnará de inmediato la petición ciudadana al Instituto Federal Electoral para que éste, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique la lista de ciudadanos a que se refiere el artículo anterior.

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, turnará de inmediato la petición ciudadana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el mismo plazo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

Artículo 14. En los casos establecidos en las fracciones I y II del artículo 8 de esta Ley, las Cámaras del Congreso de la Unión otorgarán a la petición de consulta popular trámite preferente.

Aprobada la petición, el Congreso de la Unión emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, la declaración de procedencia de la consulta popular, y ordenará que se emita la convocatoria correspondiente y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto Federal Electoral para que inicie el procedimiento de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

Artículo 15. Cuando se presenten dos o más peticiones de consulta popular, el Congreso de la Unión emitirá una única convocatoria y procurará integrar los temas de la consulta, garantizando el límite de cuestionamientos establecido en el artículo 6 de esta Ley.

Artículo 16. Las peticiones deconsulta popular serán improcedentes en los siguientes casos:

I. Cuando la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello;

II. Cuando no contenga la información y documentación comprobatoria correspondiente, de conformidad con esta Ley;

III. Cuando se refiera a alguna de las materias a que se refiere el artículo 4 de esta Ley;

Artículo 17. La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de emisión;

II. El acto que se somete a consulta;

III. Las preguntas específicas que se someterán a la decisión ciudadana;

IV. La declaración de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

V. La fecha en la que se llevará a cabo la consulta; y

VI. Los requisitos para participar en la consulta.

CAPITULO II

DIFUSION DE LA CONSULTA POPULAR EN RADIO Y TELEVISION

Artículo 18. Durante el período de campañas federales, el Instituto Federal Electoral dispondrá del tiempo que le corresponde en radio y televisión para difundirla materia de la consulta popular.

Artículo 19. El Instituto Federal Electoral promoverá ante los medios masivos de comunicación la realización de mesas de análisis sobre los asuntos que serán sometidos a consulta. En esos debates deberán regir los principios de equidad y de pluralismo político y social.

TITULO III

CAPITULO I

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL

Artículo 20. El Instituto Federal Electoral a través de sus órganos centrales y delegacionales, tendrá en materia de consulta popular, las siguientes competencias:

I. Verificar que al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores promueva la consulta popular;

II. Organizar el proceso de consulta popular;

III. Ordenar, supervisar y vigilar las etapas de desarrollo de la consulta popular;

IV. Realizar los cómputos que se deriven de la consulta popular; y

V. Declarar los resultados de la consulta popular.

Artículo 21. El Instituto Federal Electoral tomará las medidas conducentes para garantizar la suficiencia presupuestal para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como para financiar programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 22. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá los lineamientos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta.

Artículo 23. En los procedimientos para la realización de la consulta popular serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente ley, las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. El Consejo General del Instituto Federal Electoral realizará el cómputo final de la consulta y, declarará los resultados el domingo siguiente al de la jornada electoral.

TITULO IV

CAPITULO I

RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 25. El resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y legislativo federales, y para las autoridades e instancias competentesencargadas de su ejecución, siempre y cuando participen en la consulta, al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 26. Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandato popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley.

TITULO IV

CAPITULO I

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 27. Las decisiones y determinaciones que adopten los órganos del Instituto Federal Electoral y que no correspondan al Consejo General, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión en los términos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de consulta, proceden los recursos de apelación y el juicio para la protección de los derechos político electorales en términos de lo que dispone la Ley de la materia.

TITULO V

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

CAPITULO I

DE LOS REQUISITOS DE ADMISION Y TRAMITE

Artículo 28. Los ciudadanos mexicanos, a través de la iniciativa ciudadana, podrán presentar proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa del Congreso General, salvo en las materias siguientes:

a) Penal;

b) Seguridad pública y nacional;

c) Suspensión de garantías;

d) Amnistía;

e) Relaciones internacionales;

f) Tributaria y fiscal, así como de Egresos de la Federación;

g) Régimen interno de la Administración Pública Federal;

h) Regulación interna del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación;

i) Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero federal; y

j) Las demás que señalen las leyes.

Artículo 29. Los proyectos de iniciativa de Leyes o Decretos que se presenten ante cualquiera de las dos Cámaras, deberán ir acompañados de una exposición de motivos en la cual se fundamente y motive las razones del proyecto, así como de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, firmados cuando menos por su proponente. Asimismo, deberá ir acompañado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros.

Las iniciativas ciudadanas serán turnadas de inmediato a la Comisión competente en materia de participación ciudadana para que verifique que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento y, de ser procedente, la remitirá a la Mesa Directiva para que se dé el turno para su dictaminación. En caso contrario, se desechará de plano la iniciativa presentada.

La Comisión competente en materia de participación ciudadana deberá decidir sobre la admisibilidad de la iniciativa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Artículo 30. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

1. Escrito de presentación de iniciativa ciudadana dirigido al Congreso de la Unión;

2. Nombres, firmas y claves de las credenciales de un mínimo del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debiendo nombrar a un comité integrado por cinco representantes;

3. Presentación de parte expositiva que, en el caso de los anteproyectos de ley, se denominará siempre «exposición de motivos»; parte dispositiva en la que se incluye el articulado; y, la parte final que se integrará por disposiciones adicionales, disposiciones transitorias o disposiciones derogatorias.

Artículo 31. En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 3 del artículo anterior, la Comisión correspondiente prevendrá a los promoventes para que, en un plazo de 48 horas, subsane las observaciones.

En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 2 del artículo anterior, la iniciativa se tendrá por no presentada.

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia del Congreso de la Unión, la Comisión o el Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara respectiva la turnará a las autoridades competentes.

La Mesa Directiva de la Cámara respectiva notificará al promotor de la iniciativa ciudadana sobre el dictamen de admisión de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión se difundirá en la página electrónica de la Cámara respectiva.

Una vez declarada la admisión de la iniciativa ciudadana se someterá al proceso legislativo establecido en las leyes y reglamentos respectivos, debiendo ser analizada, dictaminada y votada en el mismo período de sesiones en el que fue presentada.

TITULO VI

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

ARTICULO 31.- Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés público, de participación y colaboración ciudadana, sectorial y especializada, en el ámbito federal desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos, órganos o políticas públicas, en búsqueda del beneficio de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tienen la finalidadde conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia y la construcción de propuestas, en torno a los diferentes temas de la vida pública, haciendo posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando con ello, los intereses individuales y colectivos, para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social.

Los observatorios ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones de la Federación, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal.

ARTICULO 32.- Es obligación de los órganos del Estado, garantizar el acceso a la información que los observatorio ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

ARTICULO 33.-Los Observatorios Ciudadanos tienen por objeto:

I. El fortalecimiento de la participación, deliberación y organización ciudadana;

II. La construcción de análisis objetivos y especializados sobre la actuación de los Órganos del Estado, las políticas públicas o los servidores públicos, así como de las diversas problemáticas de la vida pública de la Federación;

III. El monitoreo y evaluación de los órganos del Estado, la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos;

IV. La generación de propuestas sobre las diversas problemáticas de la vida pública; y,

V. Servir de apoyo especializado para la realización de los procedimientos de Consulta Ciudadana e Iniciativa Popular, siempre que sean relacionados con su materia.

ARTICULO 34.-Los ciudadanos que integren estos órganos, serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. Al momento de instalarse, quedarán acreditados por la autoridad electoral respectiva ante el órgano del Estado o servidor público de que se trate.

En ningún caso, podrán ejercer funciones propias de los órganos del Estado, de los servidores públicos o ejecutar políticas públicas.

ARTICULO 35.- Los Observatorios Ciudadanos, sin importar la modalidad y el objeto con los que se constituyan, podrán durar un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Podrán solicitar su renovación hasta en tres ocasiones, siempre que garanticen la sustitución de por lo menos la mitad de sus integrantes, a través de un procedimiento de convocatoria ciudadana en un plazo que no exceda de treinta días a partir de la fecha en que se autorizó su permanencia, en caso de no hacerlo se tendrá por disuelto.

Las personas que se acuerde sean sustituidas serán aquellas que resuelva el Observatorio Ciudadano, de entre las que tengan mayor antigüedad dentro del mismo, en caso de que todas tengan el mismo tiempo, deberá decidirse en los términos que ellos determinen.

ARTICULO 36.- Los Observatorios Ciudadanos quedarán adscritos a los órganos o servidores públicos, según la materia que corresponda; si resultaran ser varias las posibles de adscripción, se atenderá, primero al objeto del observatorio ciudadano en cuestión y, segundo, a quien encabeza la política pública a observarse.

ARTICULO 37.- Los órganos y servidores públicos coadyuvarán con los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para la integración, organización y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos.

Los Observatorios Ciudadanos, una vez instalados, recibirán todo el apoyo técnico y material del Órgano del Estado o servidor público al que se adscriban, para lograr su objetivo, una vez concluida su función, si aquéllos contaran con algún bien, deberán reportarlos al Órgano del Estado o servidor público al que estuvieron adscritos, a efecto de que se integren al patrimonio público.

ARTICULO 38.- Los poderes Legislativo Federal y el Ejecutivo federal y dentro del trimestre siguiente de iniciado su periodo constitucional podrán integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve a la elaboración de la Agenda Legislativa, así como los Programas de la Administración Pública Federal, conforme a las bases siguientes:

I.I. Se garantizará la representación de los principales sectores económicos del Estado con conocimientos en su área, así como de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia; y,

II. Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

ARTICULO 39.- Los Observatorios Ciudadanos para su integración deben observar los lineamientos siguientes:

I. La transparencia en el ejercicio de sus funciones; y,

II. La cultura democrática de participación ciudadana.

ARTICULO 40.- La conformación y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos, se sujetará a lo siguiente:

I.Los ciudadanos presentarán, por escrito, una solicitud ante el órgano electoral respectivo, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:

a.Los generales de los solicitantes;

b.La firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar;

c.Proponer en la solicitud, la denominación con que se desea, se nombre al Observatorio Ciudadano que habrá de crearse;

En caso de que dicho nombre haya sido o esté siendo utilizado, o bien, haya alguna imposibilidad para admitirlo, el Instituto Electoral deberá fundar y motivar la resolución en que lo rechace, debiendo proponer uno nuevo que refleje con claridad el objeto del Observatorio Ciudadano;

d.Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su lugar de residencia;

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado podrá realizar todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano;

e.Señalar el objeto, logotipo y demás elementos que identifiquen al Observatorio Ciudadano;

f.Los solicitantes deben ser, no menos de tres ni más de quince ciudadanos; y,

g.La solicitud deberá contener una leyenda en la que se exprese la voluntad de los ciudadanos suscribientes de formar parte del Observatorio Ciudadano que se pretende crear.

II.El Instituto Electoral, podrá verificar los requisitos solicitados mediante los mecanismos de seguridad que determine así como el grado de especialización en la materia de quienes pretenden constituirlo.

Si de la revisión determina que no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro de los cinco días hábiles siguientes cumplan con lo observado.

Por el contrario, si califica como acreditados los requisitos, o bien, estos se han subsanado después de haberse prevenido, el órgano electoral expedirá la constancia de conformación del Observatorio Ciudadano.

III.De expedirse la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano, la misma autoridad que la emitió citará a los integrantes de aquel, señalando día, lugar y hora para su instalación. La sesión de instalación será válida si existe el quórum legal para ello.

En caso de que no exista quórum legal, el órgano electoral emitirá un segundo citatorio, si en ésta no se reúne el quórum de asistencia, el Órgano electoral declarará tal hecho y cancelará la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano. Ninguno de los ciudadanos que solicitaron pueden volver a hacerlo, sino hasta después de un año de la fecha de cancelación.

IV.El Instituto electoral llevará un registro de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros y demás necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.

V.El Instituto electoral se encargará de vigilar y certificar que los Observatorios Ciudadanos se integren y funcionen en los términos que establece la normatividad aplicable, en caso de que el observatorio o sus integrantes dejen de cumplir con los requisitos de ley, o la contravengan, el órgano electoral podrá cancelar su registro.

VI.Los Observatorios Ciudadanos, previo acuerdo entre ellos, podrán dividirse, fusionarse o disolverse. El órgano electoral certificará el acto de que se trate.

ARTICULO 41.- Cada Observatorio Ciudadano expedirá su reglamentación, en que normará su organización y funcionamiento interno, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 42.- Son derechos de los Observadores Ciudadanos:

I.Recibir capacitación, información, y asesoría, complementaría a su especialización, para el desempeño de su encargo;

II.Ser convocados con oportunidad por los órganos del Estado o servidores públicos a los eventos y reuniones en que hayan sido designados, previo acuerdo de sus pares, para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

III.Participar con derecho a voz en dichas reuniones y eventos;

IV.En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de los actos que afecten el ejercicio del gasto público, los observadores ciudadanos deberán dar vista a las autoridades correspondientes; y,

V.Integrar una red de Observatorios Ciudadanos con la finalidad de participar en sus grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar la información.

ARTICULO 43.- Son obligaciones de los Observadores Ciudadanos:

I.Asistir a los eventos y reuniones en que hayan sido invitados para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

II.Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

III.Estar en contacto permanente con los habitantes y ciudadanos, según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio Ciudadano;

IV.Ser conducto para canalizar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno;

V.Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de su encargo;

VI.Informar semestralmente a la sociedad en general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones;

VII.Realizar permanentemente el monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de la comunidad;

VIII.Enviar trimestralmente un informe detallado de las acciones, programas o políticas públicas realizados por el órgano del Estado o funcionario público al que estén adscritos, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los Órganos para la Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas según se trate, en los términos de las leyes de la materia; y,

IX.Las demás que expresamente se le asignen.

TITULO VII

CAPITULO I

DE LOS RECORRIDOS DE AUTORIDADES

ARTICULO 44.-Recorridos de autoridades son un instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

ARTICULO 45.- Los recorridos serán convocados obligatoriamente por el Poder Ejecutivo de la Federación, estados y municipios, de manera trimestral a través de los principales medios de comunicación, estableciendo con claridad, la fecha, hora y lugar del mismo.

ARTICULO 46.- La autoridad pública para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar a los funcionarios de los ramos de la administración pública correspondientes.

ARTICULO 47.- La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública.

ARTICULO 48.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de solución.

ARTICULO 49.- Los resultados obtenidos deberán ser oportunamente difundidos por los Organismos de Transparencia para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

TITULO VIII

CAPITULO I

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 50. Las autoridades, partidos y ciudadanos que transgredan las disposiciones de esta ley, estarán sujetos a los diversos procedimientos de responsabilidad y a las sanciones que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, independientemente de las demás responsabilidades que establezca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquéllas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización de las consultas populares.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA PARA EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

(Presentada por los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD)

“Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Propaganda Gubernamental, al tenor de las siguientes consideraciones:

Uno de los principios constitucionales de mayor trascendencia en la democracia mexicana es la equidad en la contienda. El poder revisor de la Constitución, desde la reforma de 2007, reformó el artículo 134 de la Constitución para prohibir: 1) la promoción personalizada de los servidores públicos en cualquier medio de comunicación social; 2) El empleo de bienes públicos para influir en la contienda electoral y 3) para obligar al actuar imparcial de los servidores públicos.

El objetivo de la reforma constitucional fue claro: evitar el uso faccioso de los recursos públicos y procurar que las campañas electorales compitieran en términos equitativos. La equidad se convirtió en un baluarte constitucional. En un principio rector de los procesos electorales.

Sin embargo, casi seis años después de su aprobación constitucional, y a pesar de todas las iniciativas presentadas, de los debates jurisdiccionales y administrativos en el Instituto Federal Electoral, salvo lo dispuesto por los artículos 228 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no existe otra disposición en el sistema jurídico mexicano que regule la actuación de los servidores públicos en los procesos electorales, máxime si se recuerda que, las disposiciones del Código Penal vinculadas a servidores públicos no castigan la promoción personalizada y los dispositivos penales en general dan cuenta de una realidad vigente hace casi veinte años, pero que muy poco tiene que ver con los contextos actuales.

En el ámbito internacional se ha avanzado en la normatividad para regular la propaganda gubernamental. Los casos más emblemáticos serían el sistema jurídico chileno y el boliviano. En este último, se ha llamado Propaganda electoral y se encuentra reguladas en la Ley de Régimen Electoral, en donde se define: “Se entiende por propaganda electoral todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y/o solicitar el voto. La difusión puede hacerse en actos públicos de campaña o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”.

Los primeros antecedentes que buscan regular en México la propaganda electoral se ubican en el año de 1992, mediante la publicación de los “Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad, difusión y, en general a las actividades de comunicación social”. En los cuales se establecen criterios para la publicidad oficial.

Posteriormente, en enero de 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los nuevos lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad, difusión y en general a las actividades de comunicación social. En el año de 2002, se publica el Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la aplicación de los recursos presupuestales en materia de comunicación social.

La reforma constitucional de noviembre de 2007, en materia electoral, modificó el artículo 134; del cual se puede asegurar que constituye unconjunto de garantías político-sociales a favor de todos.

En la exposición de motivos de dicha reforma se planteó que dentro de sus objetivos se buscaba impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

El artículo 134 Constitucional establece una variedad de temas con los cuales se busca asegurar que el ejercicio del gobierno federal, estatal y municipal sea en todos los sentidos un ejercicio republicano y equitativo en el que no se permita la utilización partidista personalizada de los recursos públicos. Desde los principios que rigen la aplicación de los recursos públicos, su revisión la revisión, los mecanismos de contratación pública, el régimen de responsabilidad a que están sujetos los servidores públicos, la imparcialidad en la aplicación de los recursos, hasta las características limitativas que debe tener cualquier propaganda gubernamental.

En ese tenor la iniciativa que se presenta, versa sobre los mecanismos de comunicación social con los cuales el gobierno en sus diferentes niveles y poderes puede informar a la ciudadanía de los temas que son de interés público, evitando el uso faccioso de la información para manipular las preferencias políticas de los votantes.

Esta Ley se inscribe en la generación de dispositivos normativos que buscan crear las bases para blindar el ejercicio de los recursos públicos en favor de los intereses colectivos. Se trata de que la propaganda gubernamental sólo esté dirigida a los temas que le interesa a la gente conocer, que se evite el despilfarre que se establece con mecanismos de controly auditoria en los gastos, que se plantee un esquema de responsabilidad por incumplimiento de la norma, que permita transparentar el gasto y controlar su ejercicio.

El país requiere un entramado legislativo para la consolidación democrática. Reglas claras para evitar el uso faccioso o partidista del poder y, sobre todo, de los programas sociales para los más de cincuenta millones de mexicanos que viven en condición de pobreza.

Por ello, la presente iniciativa contiene los siguientes aspectos:

a) Fija topes presupuestales al gasto de comunicación social asociados al Presupuesto de Egresos de la Federación, para evitar que las actividades de comunicación social se conviertan en gastos excesivos, superiores, incluso, a las actividades primarias o sustantivas de cada institución.

b) Se regulan los tiempos oficiales del Estado, a fin de que sean distribuidos entre los poderes de la Unión, los poderes locales y los órganos constitucionales autónomos de forma equitativa, impidiendo que alguno de los sujetos goce del uso desproporcionado de tiempos oficiales.

c) La obligación de que cualquier gasto público relacionado con comunicación social sea información pública, atendiendo al principio de máxima publicidad del ejercicio.

d) La creación de un Consejo Ciudadano encargado, entre otras funciones, de dictar políticas en materia de propaganda gubernamental.

e) Los criterios rectores de la propaganda gubernamental, entre ellos, la objetividad, imparcialidad, equidad, lealtad institucional y veracidad; y,

f) Las autoridades encargadas de sancionar por la vulneración de los principios antes señalados.

Los anteriores principios desterrarán, de una vez por todas, las actuaciones irregulares de servidores públicos que, en atención a su beneficio personal o partidista, influyen en las contiendas electorales, vulnerando los principios constitucionales.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA PARA EL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley reglamentaria para el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental en los siguientes términos:

Capítulo primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto reglamentar el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.

Artículo 2.La interpretación de esta ley se hará atendiendo a los criteriospro hombre previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguardando en todo momento la libertad de expresión e información, conforme a los principios generales de derecho y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lamateria. En materia electoral, se aplicarán, además, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 3. Los entes públicos de la Federación, Estados y Municipios, así como los servidores públicos de mando medio y superior que desempeñen un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, estatal y municipal, tanto en los poderes y órganos ejecutivos como en los poderes y órganos legislativos y judiciales, incluidos las dependencias, entidades, organismos descentralizados, entidades de los sectores paraestatales federales y locales, así como los organismos paramunicipales y las delegaciones del Distrito Federal estarán obligados a acatar el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 4. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Consejo: el Consejo Ciudadano fiscalizador de la propaganda gubernamental;

b) Imagen institucional: cualquier tipo de señal, tipografía, reproducción, fotografía, símbolo, identificador visual, rótulos, insignas, voz, nombre, biografía incluidos en cualquier tipo de promocionales difundidos por radio, televisión, propaganda impresa y visual, internet, que desarrollen las dependencias públicas, funcionarios públicos, de las comunicaciones oficialesque se utilizan a fin de dar a conocer sus actividades a la ciudadanía.

c) Medio de comunicación: la persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; internet o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

d) Padrón: padrón Nacional de prestadores de servicios relacionados con los medios de comunicación.

e) Propaganda gubernamental: la información que difunden los entes públicos y servidores públicos para rendir cuentas a la ciudadanía o difundir las acciones de gobierno, por cualquier medio de comunicación social.

f) Propaganda gubernamental encubierta: cualquier expresión en los medios de comunicación que, pretendiendo ser una noticia, por la descontextualización, la repetición innecesaria, o por su falta de objetividad se convierta en un mecanismo de difusión de un servidor público.

g) Tiempos de Estado: los transmisiones que la radio y la televisión deben proveer para que el Estado difunda sus políticas públicas en términos de la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión.

h) Tiempos fiscales: los tiempos que derivan de las autorizaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicopara que los concesionarios y permisionarios paguen sus impuestos al Estado mexicano.

Capítulo Segundo

DEL OBJETO, AMBITO Y APLICACION DE LA LEY

Artículo 5. La aplicación de la presente ley corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación, a las autoridades electorales, las autoridades hacendarias, y las autoridades responsables de vigilar la actuación de los servidores públicos.

Artículo 6. Quedarán excluidas de la aplicación de esta Ley las publicaciones de carácter administrativa o judicial, relacionadas con edictos, resoluciones, adquisiciones y obras públicas que deban realizarse por mandato legal.

Artículo 7. La propaganda gubernamental que bajo cualquier modalidad de comunicación social difundan los entes públicos, deberá ajustarse a los criterios de máxima publicidad, no repetición innecesaria, relevancia justificada de la información difundida, imparcialidad en los procesos electorales, respeto a los derechos fundamentales, inclusión de grupos vulnerables, a través del uso de signos y señales para discapacitados, empoderamiento de las mujeres y lealtad institucional, evitando en todo momento la promoción personalizada de los servidores públicos.

Artículo 8. Los entes públicos y servidores públicos en lo relacionado con la propaganda gubernamental que difundan por cualquier modelo de comunicación social no podrán:

a) Incluir la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos salvo los casos de la presentación de informes anuales en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Incluir las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos.

c) Incluir mensajes, símbolos o colores con idénticas frases, tonalidades, tipografía o cualquier elemento que identifique al promocional con un partido político o coalición.

d) Incluir mensajes, símbolos o colores que generen confusión con los utilizados por otros entes públicos, partidos o coaliciones.

e) Incluir mensajes que generen invitación a la violencia, a la vulneración a los derechos humanos y/o a la discriminación,

f) Incluir mensajes que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

g) Dejar de incluir con claridad el sujeto obligado que emite el promocional.

Capítulo tercero

DE LA PROGRAMACION Y ADQUISICION DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Artículo 9. Los entes públicos a los que se refiere esta ley deberán incluir dentro del Programa Anual de Trabajo un apartado respecto a la propaganda gubernamental que realicen durante el ejercicio fiscal.

Artículo 10. El apartado de propaganda gubernamental del Programa Anual de Trabajo del Ejecutivo federal y los ejecutivos locales deberán estar publicados a más tardar el 15 de diciembre del año anterior.

Artículo 11. El apartado de propaganda gubernamental del Programa anual de trabajo contendrá los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, y metas, con base en indicadores de desempeño y en una estrategia general de comunicación social que establece cada uno de los ejecutores del gasto.

Artículo 12. Los poderes u órganos legislativos y Judicial, así como los órganos autónomos federales y locales, desarrollarán sus respectivos apartados de propaganda gubernamental y los publicarán el15 de diciembre del año anterior al del ejercicio fiscal. Se regirán de conformidad con las propias normas de cada poder u ente.

Artículo 13. La Auditoría Superior de la Federación tendrá competencia para auditar tanto el ejercicio programático presupuestal, como financiero, de legalidad y de desempeño, del ejercicio de los apartados de propaganda gubernamental, informando de manera pública en forma anual los sujetos y servidores públicos que hayan vulnerado los principios rectores de esta materia.

Artículo 14.El gasto total en la propaganda gubernamental que se realice conforme a lo dispuesto en esta ley, tendrá los límites y las condiciones de ejercicio que establezca anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación

Artículo 15.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá supervisar la administración y distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 35 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal; 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República; 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación ; 10 por ciento para los entes autónomos federales; 30 por ciento para las entidades federativas, tiempos que se distribuyen en partes proporcionales a la población de cada una de ellas y tendrán la cobertura regional que corresponda aproximadamente con el territorio de la entidad.

Artículo 16. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dará seguimiento a la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión. Así mismo, estará facultada para reprogramar cuando un sujeto obligado no haga uso de los tiempos oficiales que le correspondan, mismos que no serán acumulables.

Artículo 17. Los entes públicosque adquieran los servicios de empresas privadas de publicidad o medio de comunicación social garantizarán que, a efecto de evitar todo acto de censura indirecta, discriminación o privilegio de personas determinadas, la adquisición se ajuste a las siguientes disposiciones:

a) No se contratará con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

b) No se concentrará en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda gubernamental;

c) No se establecerán criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación.

d) Las organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a través de la propaganda gubernamental o cualquier programa relacionado, deberán ser auditadas por laAuditoría superior de Fiscalización.

e) No podrán difundir propaganda personalizada de servidores públicos, salvo en los casos de informes de gobierno en términos de la legislación federal electoral.

f) Quedará estrictamente prohibida la contratación, a título oneroso o gratuito, de publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada de forma encubierta como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

g) Aun cuando la difusión se haga de forma gratuita, deberán distribuir equitativamente entre todos los medios de comunicación social relevantes los boletines e informaciones de los poderes públicos.

Capítulo cuarto

DE LAS INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Artículo 18. Para efectos de supervisar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental, con excepción de las que incidan en los procesos electorales que serán competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral, se establecerá un Consejo Ciudadano de supervisión.

Artículo 19. El Consejo será un órgano autónomo, con patrimonio y presupuestos propios, responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de propaganda gubernamental, los procesos de contratación y difusión, así como sus contenidos para efecto de vigilar que se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por este ordenamiento, a fin de garantizar la vigencia de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el numeral 134 constitucional.

Artículo 20. El Consejo se integrará por cinco consejeros ciudadanos designados por el Senado de la República a propuesta de sus fracciones parlamentarias. Los consejeros durarán en el cargo cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Su renovación se realizará anualmente en forma escalonada.

Artículo 21.El Consejo tendrá las facultades siguientes:

a) Supervisar y evaluar a los sujetos obligados para el correcto ejercicio de las disposiciones de este ordenamiento, conforme a los criterios que emita;

b) Asesorar a los sujetos obligados, a la Secretaría y a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como la normatividad relacionada con la propaganda gubernamental;

c) Recibir, tramitar y resolver las denuncias que presenten los ciudadanos con motivo del incumplimiento de esta ley;

d) Emitir las observaciones y recomendaciones correspondientes ante la identificación de irregularidades o faltas conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

e) Presentar denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a propaganda gubernamental;

f) Presentar denuncias penales cuando se conozca de la probable comisión de un delito de los establecidos en el presente ordenamiento;

g) Presentar ante el Instituto Federal Electoral las denuncias que corresponda por incidir en el ámbito electoral.

h) Realizar estudios y sondeos con respecto a la cobertura, penetración y alcance de los medios de comunicación y del impacto que generan las campañas de propaganda gubernamental, y ponerlos a disposición de la ciudadanía, los sujetos obligados y del Congreso de la Unión.

Artículo 22. El Consejo rendirá anualmente un informe público al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la política de propaganda gubernamental en el Estado mexicano, que contenga cuando menos: la evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa Rector; la evaluación respecto del cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento por los sujetos obligados; la evaluación respecto del impacto que los actos relacionados con la propaganda gubernamental han generado respecto del respeto a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la equidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos, y la evaluación sobre la observancia a la disposición constitucional que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 23.El Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación será un sistema informativo de carácter público que contendrá el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda gubernamental.Los medios de comunicación que no estén debidamente registrados no podrán ser considerados para contratar la realización de propaganda gubernamental federal o local. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el Padrón Nacional.

Artículo 24. En caso de denuncias, el Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano recibirá el escrito y lo pondrá a disposición del Consejero Presidente que, por un sistema de turnos, lo distribuirá a cada consejero ciudadano para que presente un proyecto de resolución. Cada consejero será el encargado de sustanciar el procedimiento en el cual se deberá emplazar al denunciado, abrir etapa de instrucción, desahogar pruebas y alegatos, cerrar la instrucción y presentar el proyecto de resolución al Pleno. El pleno resolverá por mayoría de votos. Las discusiones serán públicas.

TRANSITORIO

Unico.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013."

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/8.pdfde Javier Corral Jurado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA

(Presentada por los CC. Senadores Fernando Herrera Avila y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD)

“Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007, en el marco de la reforma constitucional en materia electoral, se modificó el primer párrafo del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que todas las personas en México gozan del derecho de réplica.

El nuevo texto constitucional estableció entonces que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, con lo que el Congreso de la Unión decidió incorporar esta prerrogativa al conjunto de normas que regulan el ejercicio del derecho de libre expresión de las ideas, considerando que ello permitiría complementar las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente a ese mismo artículo en materia de derecho a la información.

Del proceso legislativo correspondiente se desprende que el Constituyente Permanente estimó que la libertad de expresión debe gozar de la protección más amplia tanto para los emisores de las ideas como para sus receptores, de forma tal que cualquier persona pueda estar en posibilidad de replicar la información que resulte contraria a su legítimo derecho.

Asimismo, fue voluntad del poder reformador de la Constitución delegar a la ley el establecimiento de las reglas sustantivas y adjetivas necesarias para el ejercicio de este derecho frente a los medios de comunicación.

Lo anterior se basó en el razonamiento de que la libertad de expresión tiene límites precisos establecidos en el señalado artículo 6o constitucional y, por ello, esa libertad no debe entenderse como sinónimo de autorización para denigrar o calumniar a terceros. Esas conductas no forman parte del derecho aludido, sino que lo vulneran y lo hacen nugatorio.

No obstante este gran avance constitucional, el artículo segundo transitorio del decreto de publicación de la reforma constitucional citada estableció un término de 30 días naturales para que el legislador ordinario adecuara la legislación secundaria correspondiente, sin que hasta el momento se haya expedido un cuerpo normativo unificado y congruente que regule los supuestos de procedencia del derecho de réplica y los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que aseguren su cumplimiento.

Este derecho encuentra una magra y deficiente regulación, exclusivamente para los medios impresos, en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, que establece textualmente lo siguiente:

Artículo 27.- Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos,reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley.

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente.

La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere.

La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas.

Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente.

La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.”

A simple vista puede observarse que la normativa de la Ley sobre Delitos de Imprenta no asegura el derecho de réplica, pues no contiene un proceso expedito para obligar a los medios de comunicación escritos a cumplir con él e, incluso, se aprecia desfasado, puesto que ni el Código Penal para el Distrito Federal ni el Código Penal Federal tienen un artículo 904, por lo que dicha referencia es obsoleta.

De igual forma esta ley no es aplicable para los concesionarios de medios de comunicación televisiva o radiofónica y, mucho menos, a los medios electrónicos que en la actualidad ocupan un lugar importante en la difusión de información entre la población.

Es fundamental subrayar que la Ley Federal de Radio y Televisión no contiene ninguna previsión normativa sobre el derecho de réplica y, al revisar detalladamente el sistema de leyes mexicanas se llega al conocimiento de que ninguna otra ley lo contempla.

En ese contexto es necesario concluir que estamos ante un derecho constitucional que no cuenta con la legislación secundaria que permita hacerlo justiciable y por ello debemos recordar que un derecho sin justiciabilidad es un mero discurso programático o una serie de buenos deseos y esperanzas, pero nada más. La exigibilidad jurídica está condicionada por la existencia de las normas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho y, en el caso concreto, éstas simplemente no existen.

Estamos entonces frente a un caso de falta de garantías para que el derecho sea exigible y vale recordar aquí lo que Luigi Ferrajoli entiende por garantía: “Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional.”

Siguiendo al teórico italiano, debemos entonces conceder que el legislador ordinario no ha podido, en casi seis años, reducir esa distancia estructural entre normatividad y efectividad en lo que a derecho de réplica se refiere, vulnerando los derechos de millones de personas físicas y morales que son aludidas todos los días en los medios de comunicación escritos, televisivos, radiofónicos o electrónicos y que con cuentan con un mecanismo que les permita aclarar la información que sobre ellas se publica cuando ésta es imprecisa o dolosamente tendenciosa.

Pero no solamente estamos en falta respecto del texto constitucional, pues tampoco se ha reglamentado debidamente lo establecido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente y vinculante para nuestro país. Recordemos que dicho numeral establece textualmente lo siguiente:

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta.

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades, legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades, ni disponga de fuero especial.”

Ante este panorama, es obligación de esta Soberanía realizar las acciones correspondientes para que, a la brevedad posible, se construyan las normas jurídicas necesarias para que este derecho deje de ser una mención sin fuerza en nuestro sistema legal y, por ello, tengo a bien someter a la consideración de esta Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

La iniciativa tiene por objeto establecer los procedimientos para garantizar el ejercicio de este derecho, cumpliendo lo dispuesto en el citado numeral constitucional y con ello se pretende reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad de la que se ha hablado en párrafos precedentes.

Asimismo, la iniciativa cuenta con diversas bondades que pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:

1. Se crea la figura de defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia, con lo que se cumplirá lo establecido en el numeral 3, del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con ello, los medios de comunicación deberán contar en todo tiempo con un defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia, según sea el caso, que será responsable de recibir y resolver las solicitudes de réplica que les sean presentadas.

2. Se establece una norma amplia que permite la defensa de este derecho por toda persona –física o moral- que se considere agraviada por haber sido mencionada en forma directa o indirecta en información difundida por un medio de comunicación.

3. Se establecen los mecanismos de representación legal que, en su caso, podrían ser usados por las personas legitimadas para ejercer el derecho de réplica.

4. Se crea un procedimiento expedito por medio del cual la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica podrá solicitar al medio de comunicación que difundió la información la mención expresa y puntual de los hechos y la información precisa que considere pertinente, estatuyéndose plazos claros para realizar la solicitud, así como para que el defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia responda si acepta o rechaza la solicitud.

5. Se especifica la forma y plazos en que el medio de comunicación deberá cumplir con el derecho de réplica.

6. En el caso de que el medio de comunicación no cumpla con las obligaciones que le establece la ley, se crea un proceso jurisdiccional federal fundamentalmente oral y de carácter sumario, con el objetivo de que se asegure el cumplimiento de este derecho en los términos más breves posibles, puesto que la dilación de los procesos judiciales en esta materia conllevan la absoluta violación del derecho y la imposibilidad de reparación del daño en la honra, el prestigio o la intimidad de la persona afectada. Por ello, se propone que la sentencia emitida por el juez federal tenga el carácter de cosa juzgada, es decir, que sea definitiva e inatacable.

7. Se incluye en estos procedimientos el derecho de réplica de los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

8. Finalmente, se establecen sanciones pecuniarias claras y adecuadas para los casos en que los medios de comunicación no cumplan con las disposiciones de la ley respecto del cumplimiento del derecho de réplica, ya sea al ser solicitada por la persona agraviada u ordenada por mandato judicial, sin perjuicio de otras sanciones civiles o penales que puedan ser aplicables.

De aprobarse lo anterior por parte de esta Soberanía, estaremos actualizando la legislación en materia de derecho de réplica, abandonando la obsoleta previsión del artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta y cumpliremos con la obligación impuesta por el Constituyente Permanente para establecer en la ley las características sustantivas y las especificidades adjetivas que son indispensables para crear las garantías legales que aseguren a todas las personas el cumplimiento de este derecho consagrado en el artículo 6º constitucional.

De igual forma, coadyuvaremos en la construcción de un sistema legal mucho más garantista que atienda los espacios grises de la normativa y que subsane las lagunas o antinomias existentes.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Senado de la República la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA.

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley reglamentaria del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica en los siguientes términos:

CAPITULO PRIMERO:
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de réplica que establece el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Derecho de réplica: el recurso de toda persona para que se publique su contestación sobre cualquier información publicada por cualquier medio de comunicación que la mencione o la aluda y que considere la haya perjudicado injustamente.

II. Medio de comunicación: la persona que presta servicios de televisión o audio restringidos, de radiodifusión o que de manera impresa o electrónica difunde masivamente información y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 3. Los medios de comunicación deberán contar en todo tiempo con un defensor de los derechos de los lectores o de la audiencia, según sea el caso, que será responsable de recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica que les sean presentadas. El defensor informará al público de manera oportuna y fehaciente su nombre, domicilio postal y medios de contacto que sean tecnológicamente idóneos. En los casos en que el medio de comunicación ya contemple esta figura como parte de su organización interna, cualquiera sea su denominación, ésta podrá ser designada como responsable de atender y resolver las solicitudes a que se refiere el presente artículo.

ARTICULO 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO SEGUNDO:

LEGITIMACION

ARTICULO 5. Toda persona que se considere agraviada y que haya sido mencionada en forma directa o indirecta en la información difundida en la programación o edición de cualquier medio de comunicación, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando considere que es necesario precisar la información emitida o que ésta es falsa.

ARTICULO 6. Las personas físicas podrán ejercer el derecho de réplica por sí mismas, por medio de un representante legalmente acreditado o, en caso de fallecimiento, podrán ejercer el derecho de réplica, indistintamente, su cónyuge, concubino o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el tercer grado, o parientes consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado. Las personas morales podrán ejercer el derecho de réplica por medio de representante legal.

CAPITULO TERCERO

PRESENTACION DEL RECURSO

ARTICULO 7. El directamente interesado o su representante enviará por escrito al responsable del medio de comunicación que difundió la información la mención expresa y puntual de los hechos y la información precisa sobre la que desea dar contestación. La solicitud de réplica deberá hacerse de manera personal por escrito mediante cualquier medio que permita recabar constancia de la recepción del escrito.

ARTICULO 8. La solicitud de réplica deberá presentarse dentro del plazo de catorce días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación o emisión de la información que se replica.

ARTICULO 9. El responsable del medio de comunicación deberá, en todo caso, recibir la solicitud de réplica y notificar al interesado, por escrito, o por cualquier otro medio fehaciente, la aceptación o negativa, en un plazo que no excederá de dos días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.

ARTICULO 10. La réplica deberá limitarse al contenido de la información que se desea rectificar sin exceder en dos tantos la extensión de ésta, salvo que se requiera de mayor espacio por la naturaleza de la información. La réplica no ofenderá al emisor ni será contraria a la Ley.

ARTICULO 11. En el caso de los medios de comunicación impresos, la réplica deberá publicarse íntegramente en el mismo espacio en que apareció la información que se rectifica sin comentarios ni apostillas. Cuando se trate de medios de circulación diaria, la réplica se realizará dentro de los dos días siguientes al de su recepción; en los demás casos, se hará en la edición inmediata siguiente.

ARTICULO 12. En el caso de las estaciones de radio y canales de televisión, cuya señal se transmita a través de cualquier aplicación tecnológica, deberán difundir íntegramente la réplica en el mismo espacio informativo en que se transmitió la información que la motiva sin comentarios ni apostillas. Deberán transmitirla dentro de los dos días siguientes a su recepción en caso de los espacios diarios o en la emisión inmediata siguiente cuando tengan otra periodicidad. Si se trata de una emisión única, la réplica se difundirá dentro de los dos días siguientes a su recepción en un espacio informativo de audiencia similar al de la emisión que la motiva.

ARTICULO 13. En caso de los espacios transmitidos en vivo de radio o televisión, el interesado podrá solicitar ejercer el derecho de réplica en el transcurso de la programación. De no ser posible lo anterior, el derecho del interesado para solicitar la réplica quedará a salvo.

En todo caso, la publicación o difusión de la réplica deberá hacerse de manera gratuita.

ARTICULO 14. Cuando el medio de comunicación hiciere nuevos comentarios a la réplica, la persona mencionada podrá ejercer nuevamente este derecho en los plazos y términos previstos en esta Ley.

ARTICULO 15. El responsable del medio de comunicación ante quien se haya presentado la solicitud de réplica, podrá negarse a difundirla o publicarla en los siguientes casos:

I. Cuando el interesado no acredite su legitimación en términos del Capítulo II de esta Ley;

II. Cuando no se ejerza en el plazo estipulado en el Artículo 8 de esta Ley;

III. Cuando contenga ofensas en contra del medio o emisor, sea contraria a la Ley o se realice de tal manera que afecte derechos de terceros;

IV. Cuando el asunto motivo de derecho de réplica ya haya sido aclarado o rectificado.

CAPITULO CUARTO:

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

ARTICULO 16. La persona legitimada para ejercer el derecho de réplica podrá presentar una demanda ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación que conozca asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio del demandante, en los siguientes supuestos:

I. Que el medio de comunicación no hubiere publicado la rectificación o aclaración correspondiente dentro de los plazos previstos en esta Ley sin que medie la notificación a que se refiere el artículo 9.

II. Que la réplica hubiese sido difundida o publicada en contravención a lo dispuesto por esta Ley, o

III. Que el solicitante hubiese recibido la notificación a que hace referencia el artículo 9 y no estuviere de acuerdo en los términos de la misma.

ARTICULO 17. Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, tendrá a salvo sus demás derechos para hacerlos valer en la vía jurisdiccional correspondiente.

ARTICULO 18. La demanda se presentará por escrito dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se den los supuestos contemplados en el artículo 16 de esta Ley.

ARTICULO 19. Una vez recibida la demanda, el juez notificará al medio de comunicación el inicio del procedimiento y le correrá traslado de la demanda, para que dentro del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, la conteste.

Recibida la contestación del demandado, el juez citará a una audiencia de pruebas y alegatos, que se desarrollará en forma oral y sumaria, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas contadas a partir de la recepción de aquélla. Concluida la audiencia, el juez dictará su sentencia de inmediato.

ARTICULO 20. Si la sentencia es estimatoria de la pretensión del demandante, además de imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 22 de esta Ley, el Juez ordenará al medio de comunicación la difusión o publicación de la réplica, señalando el plazo para tal fin. Si la sentencia desestima la pretensión del demandante, el asunto se considerará concluido.

En ambos casos, la sentencia tendrá el carácter de definitiva e inatacable.

ARTICULO 21. El derecho de réplica será ejercido por los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en la forma, términos y procedimientos establecidos por la presente Ley. En tales casos las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas al Instituto Federal Electoral o a la autoridad administrativa electoral local.

CAPITULO QUINTO

SANCIONES

ARTICULO 22. Tratándose de los medios de comunicación, la violación a lo establecido por la presente Ley será sancionada en los siguientes términos:

I. Con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando, sin mediar la notificación a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, el medio de comunicación no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por los artículos 11, 12, y 13 según sea el caso.

II. Con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el medio de comunicación se niegue a cumplir la sentencia, o lo haga fuera del plazo establecido en la misma. En tales casos, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia ante el Juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para ese fin lo dispuesto por la Ley de Amparo.

Las sanciones anteriores serán aplicadas por el Juez de Distrito competente con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al medio de comunicación infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los medios de comunicación deberán designar e informar al público en general los datos del representante a que alude el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en Materia del Derecho de Réplica, contenido en el Artículo Primero del Decreto, dentro del plazo señalado en el artículo transitorio anterior.

TERCERO.- Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; así como cualquier otro que contradiga lo dispuesto en la presente Ley.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

El turno de las iniciativas presentadas es el siguiente:

El proyecto de Decreto por el que se reforma el COFIPE, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y de la Ley de Planeación, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales, en materia de participación e iniciativa ciudadanas, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Le solicito por favor que en la quinta y en la sexta, en el turno de comisiones, en materia de propaganda gubernamental, artículo 134, va a la cabeza Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

En la seis, que se refiere a la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, debe de ir a la cabeza Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos, y usted la cantó al revés, primero puso de Justicia y después de Gobernación.

Creo que en estas dos le pediría primero de Gobernación; y después de Justicia.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Cristina Díaz. Si me permite y le confía usted a la Mesa Directiva que revise el contenido de las iniciativas a detalle y a profundidad para poder definir el turno definitivo en la próxima sesión, que será informado, se lo agradecería.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En verdad se lo encargo mucho porque son temas de la Comisión de Gobernación, entonces la Comisión de Gobernación pide estar a la cabeza, porque además ya tenemos nosotros turnadas iniciativas en esta materia. Unas obedecen a la legislatura anterior y otras a este año en curso.

Gracias, señor Presidente por su consideración de ponernos a la cabeza.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Cristina Díaz. Así analizaremos esa evaluación, y le aseguro que todas sus consideraciones serán tomadas en cuenta.

La iniciativa del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, se recibe y se turna a la Comisión de Salud a la Cámara de Diputados.

[1]Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil. Trotta, 3ª ed., Madrid, p. 25.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII Y SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)



La Mesa Directiva agradece al Diputado González Roldán su aceptación para turnar directamente el proyecto que suscribe.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION XIX-A, SE ADICIONAN DOS FRACCIONES Y SE RECORRE LA ULTIMA FRACCION DEL ARTICULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XIX-A, se adicionan dos fracciones y se recorre la Ultima fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En atención a la insistente demanda ciudadana por contar con mecanismos de defensa frente a los actos de corrupción y abuso de autoridad de quienes se desempeñan en el servicio público, el legislador se dio a la tarea de generar un marco normativo que regulara la actuación de éstos, dando pie a un sistema de responsabilidades, enmarcado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda alguna, el control de la actuación de los servidores públicos es parte fundamental en la aplicación de orden jurídico de un Estado, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en el servicio público es de tal importancia que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a la penal o civil.

En este orden de ideas, un servidor público que comete actos indebidos o incluso ilícitos, debe responder por sus actos, según lo establezcan las leyes.

De conformidad con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es responsabilidad la que surge para los servidores públicos que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública1, tal y como lo dispone el Título Cuarto de la Constitución, denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

En consecuencia, el objeto primigenio de la responsabilidad es el de sancionar todas aquellas conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración pública, originada “por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de servidor público y se hace efectiva a través de la ‘potestad disciplinaria’ de la Administración”2.

Esta inobservancia es la que da ocasión a la determinación de responsabilidad y en su caso a la consecuente aplicación de las sanciones correspondientes, e incluso podrá surgir además la responsabilidad civil o penal.

Establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores púbicos, ha sido una preocupación constante en todo sistema democrático y una característica sine qua non de un Estado de Derecho, ocupado en erradicar todo acto de corrupción.

Así, a efecto de contar con un marco normativo eficaz en materia de responsabilidad de los servidores públicos, es menester delimitar de manera afectiva y concreta las acciones y omisiones de éstos funcionarios, a efecto de que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para salvaguardar sus derechos.

Por ello, la existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública resulta fundamental, toda vez que de ello depende la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático.

El hecho de que la ciudadanía conozca los procedimientos para la toma de decisiones, así como la actuación de los servidores públicos, dificulta el quebrantamiento de las leyes, por lo que la transparencia se vuelve la herramienta más eficaz cuando de garantizar la ética en el servicio público se trata.

De esta forma, una “mayor transparencia implica mayor exigencia de responsabilidad, así como accesibilidad y carácter dinámico del marco legislativo, que indica a los funcionarios que deben hacer y cómo hacerlo, e informar al público en general de los deberes del servicio público de forma que pueda exigir a aquellos sus responsabilidades”3. De esta manera, la transparencia y el respeto a los derechos humanos se relacionan, toda vez que a mayor transparencia en la actuación de los funcionarios públicos, existe un menor riesgo de violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, toda vez que a mayor transparencia en el ejercicio de la administración pública, menos conflictos se suscitarían entre el sector público y la ciudadanía.

Así las cosas, con la reforma propuesta al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se pretende erradicar la negligencia o desdén con que algunos funcionarios se conducen cuando de respeto a los derechos humanos o publicación y difusión de información pública se trata; reforzando así la cultura ciudadana de exigir a los servidores públicos el estricto cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

 UNICO. Se modifica la fracción XIX-A, se adicionan dos fracciones y se recorre la última fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASDE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

TITULO SEGUNDO

Responsabilidades Administrativas

CAPITULO I

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa

y obligaciones en el servicio público

 

Artículo 8.-…

I a XVIII.-…

XIX-A.- …

De no mediar causa justificada para la negativa, a juicio de la institución que emitió la recomendación, ésta deberá dar aviso a la autoridad facultada para aplicar la presente Ley;

XIX-B a XXIII.- …

XXIV.- Abstenerse de publicar y difundir la información a la que todo ciudadano tiene derecho, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

XXV.- Abstenerse de atender en tiempo y forma las resoluciones delInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sin causa justificada; y

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

 TRANSITORIOS 

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

1Tesis: P. LX/96, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, Abril de 1996, p. 128, rubro: “RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL”.

2Castro Rojas, Marco Antonio, “Ponencia VI. Los Sujetos de Responsabilidad”, Revista Mexicana de Justicia, Vol. V, Número 3, Julio-Septiembre, México, D. F., 1987, p. 111.

3http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/joqg/transparencia_servicio_publico_paises_OCDE.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 287 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 287 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL,al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datosen medios digitales, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las personas con fines delictivos.

La “suplantación de identidad” está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años y el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Nuestro país no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y ninguna institución como el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), se hacen responsables del problema.

En 2011 el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF, relacionado con posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.

Actualmente vivimos en la constante zozobra del delito, nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal, en la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.

La delincuencia afecta la vida, la integridad y el patrimonio de sus víctimas y cuando se extiende genera un grave fenómeno de inseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo al desarrollo económico, social y político del país.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un inusitado incremento en la frecuente y recurrente violencia, que ha constituido en un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

De acuerdo con la definición de suplantación más aceptada, este ilícito ocurre cuando alguien ocupa con engaños el lugar de alguien, defraudándole el derecho o bienque disfrutaba. Adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer daño patrimonial.

La suplantación de la identidad, entendida como la del titular de un derecho o crédito por un impostor para obtener un beneficio ilícito, recibe cada vez más atención en materia de fraudes cometidos con la ayuda de las tecnologías de la información. Las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica directa del titular del derecho afectado, para comprometer su historia crediticia, su prestigio y hasta su identidad social; ser molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude de que fue objeto.

El fraude con tecnologías de la información permite observar la creciente preocupación que genera la denominada “suplantación de la identidad” como una modalidad mediante la cual alguien suplanta a alguna otra persona en la titularidad de un derecho o una pretensión para obtener un bien o una prestación. Aunque esta modalidad de defraudación no es novedosa, la difusión de la titularidad de derechos de crédito a través de tarjetas y la extensión del comercio electrónico han planteado, incluso a nivel legislativo, la adopción de tipos legales de incriminación autónoma de esta conducta, así como de otras que pueden ser interpretadas como medios ejecutivos para la suplantación, en particular el denominado phishing o pesca a través de la red para obtener información confidencial de titulares de derechos que puede ser utilizada con propósitos de defraudación.

ARGUMENTACION

En el Código Penal Federal no está tipificado la “suplantación de identidad”, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas, aunado a estoa partir del 2009 se incrementó la clonación de tarjetas de crédito, según la CONDUSEF.

Por lo tanto se propone la inclusión de una nueva figura jurídica, para que se tipifique un tipo penal consistente en el delito de suplantación de identidad, que tiene lugar: cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento y aunado a ello, permite al delincuente abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares de manera ilícita.

Una de las principales medidas de protección es tener una mayor educación en cuanto al manejo de datos personales, debe existir una mejor cooperación transfronteriza en el manejo de la información de los usuarios en materia informática y de documentos personales así como una revisión de los estándares de seguridad informática para el tratamiento de datos personales.

Los efectos de la suplantación de identidad rebasan en gran medida las pérdidas patrimoniales directas por las cantidades apropiadas indebidamente, y se extienden a la pérdida o degradación de la capacidad crediticia del afectado, debido a la inclusión en listas de deudores morosos, a la pérdida de respetabilidad e incluso, a la supuesta participación en diversos delitos cuando la identidad es suplantada.

La discusión sobre la suplantación de la identidad en el contexto de un país con gran volumen de comercio electrónico y donde el control de la capacidad crediticia de los compradores es crucial, guarda relación con dos hechos conceptuales jurídicos independientes: por una parte la defraudación mediante la obtención de una ganancia injusta a costa de la persona cuyo derecho de crédito se suplanta, y por otro lado, la impostura de la identidad ajena con un propósito más amplio, que incluye pero no se agota en la continuación de la defraudación, como podría ser el evadir responsabilidades penales o el desviar la atención sobre otras actividades ilícitas del impostor. Ello explica la tendencia legislativa a incriminar como delito autónomo la suplantación de la identidad, cualquiera sea la finalidad perseguida con ello.

La extensión del comercio a través de medios electrónicos ha llevado a la creación de nuevos tipos penales que criminalizan la obtención indebida de beneficios utilizando tecnologías de la información, tratando de resolver lagunas de la legislación tradicional en cuanto a quiénes constituyen “víctimas” de la defraudación, titulares de derechos o sujetos en la autenticación de documentos y procesos de pago.

Por lo tanto es necesaria la tipificación del delito de suplantación de identidad, en el código Penal Federal, ya que este ha proliferado en distintas entidades federativas.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA ELARTICULO 287 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente.

Artículo 287 BIS. Al que utilizando cualquier medio se apropie de manera ilícita de datos personales a fin de suplantarla identidad de otra persona, con o sin consentimiento de ella con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario vigente.

Se aumentará en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 24 de julio de 2013”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; EN MATERIA DE CREACION DE PROGRAMAS DE SALUD PARA ATENDER Y TRATAR A VICTIMAS Y VICTIMARIOS DEL ACOSO INFANTIL, de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES

En nuestro país, como en muchas partes del mundo ha venido creciendo una problemática en el ámbito escolar; el llamado “bullying” o acoso, intimidación o violencia infantil y juvenil cuya manifestación se da dentro de los planteles académicos o cerca de ellos. Sin embargo, sus orígenes o causas pueden ser diversos: problemas familiares (desintegración o violencia doméstica), médico-sicológicos, entre otros.

Este problema se ha venido incrementando en la última década en nuestro país; se han dado casos extremos en donde las víctimas han llegado al suicidio o al homicidio imprudencial derivado de agresiones.

Desafortunadamente, los criterios de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, o ignoran la problemática o la ven como un problema exclusivo de las escuelas, atribuyéndole únicamente al problema una naturaleza de indisciplina escolar.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia o acoso escolar, actualmente conocido como bullying, es un fenómeno que en todas las épocas y en todos los países ha existido. Sin embargo, este problema, al igual que la sociedad, ha evolucionado de un modo preocupante, ocasionando que niños y adolescentes lleguen incluso a recurrir al suicidio como una forma de escape a las burlas, agresiones y acoso constante que sufren por parte de sus compañeros.

México no está exento de esta problemática, y necesita verlo sólo como un problema educativo, donde tanto las escuelas como los padres de familia intervengan en la resolución eficaz del conflicto, sino también como un problema de salud pública, pues la tasa de suicidios ocasionados por el bullying ha ido en constante aumento, así como deserción escolar, depresión, aislamiento de niños y jóvenes del entorno social, baja autoestima, etc., situaciones que devienen en problemas con sus relaciones interpersonales cuando estos niños y jóvenes llegan a la edad adulta.

Los primeros estudios de los que se tienen registro en torno al tema son del año de 1970,por el Psicólogo Noruego Dan Olweus, quien inició sus investigaciones en varias escuelas de su país abordando la problemática de los agresores y sus víctimas, a pesar de que el problema no era tan severo como lo es actualmente.

Las investigaciones de Olweus comenzaron a despertar el interés de varias instituciones, y esto se vio marcado porque en la década de los 80, tres jóvenes de entre 10 y 14 años se suicidaron presuntamente como consecuencia del acoso y violencia escolar constante que sufrían. A partir de ahí se comenzó a deducir que por lo menos en aquellos años 1 de cada 7 estudiantes sufrían bullying.

Para la década de los 90, específicamente en Europa, el tema ya había cobrado gran relevancia. Se contaba con más investigaciones que resultaron en campañas publicitarias para reducir la incidencia de los comportamientos agresivos en las instituciones escolares. Una de estas investigaciones fue la que presento el psicólogo Olweus en su libro llamado “Bullying at school”, donde abordaba los resultados de sus múltiples proyectos y con ello una lista de señales y situaciones específicas que pudieran advertir cuando un niño y/o adolescente estuviera padeciendo este problema así como la identificación de los agresores. A partir de este momento países como Polonia, el Reino Unido y Canadá se comenzaron a interesar por el tema y a desarrollar sus propias investigaciones y líneas de acción para que en sus instituciones educativas el bullying no se volviera un problema difícil de resolver.

Pero antes de hablar de la situación en México es necesario precisar de dónde proviene y a qué nos referimos con el término de bullying.

En Dinamarca y Noruega se utiliza la pablara mobbing para referirse al problema, en Finlandia y Suecia es mobbning. La raíz original mob implica a un grupo, por lo regular grande y que se mantiene en el anonimato, de personas que se dedican al asedio y la intimidación; pero por lo regular el término se ha enfocado en definir a sólo una persona que intimida, hostiga y atormenta a otra.

El término utilizado de forma generalizada en la mayor parte del mundo es bullying, palabra que si la traducimos del inglés al español como verbo significa intimidar, amedrentar; como adjetivo, intimidante; y como sustantivo, intimidador o bravucón. Es por esto que a los agresores se les llama bullies.

Resumiendo entonces, podemos decir que la palabra bullying se define como: “Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada”.1

En México el problema es conocido desde la década de los 80, pero la resolución del mismo ha cobrado importancia recientemente, pues cada vez los casos de bullying se presentan con mayor frecuencia en las escuelas, provocando ya no sólo afectaciones psicológicas a los niños y adolescentes, sino también físicas que se ven reflejadas desde golpes leves, hasta hospitalizaciones con graves daños a la salud de las víctimas, que en ocasiones desagradables han llegado a la muerte.

Un ejemplo de lo anterior, es el reciente caso del niño Jonathan “N” de siete años de edad, originario de la comunidad de Encinillas en el estado de Jalisco, que sufría agresiones constantes por parte de uno de sus compañeros de salón llamado “Beto”, quien en reiteradas ocasiones lo molestaba para que le diera su dinero. La última que ves que Beto molestó a Jonathan, lo hizo sumergiéndole la cabeza en uno de los retretes de la escuela, lo que le provocó malestares estomacales en primera instancia. Los padres de Jonathan lo llevaron al hospital varias veces porque se dieron cuenta que la salud de su hijo empeoraba cada vez más, hasta que lo internaron en una clínica del IMSS, donde sufrió tres paros cardiacos que sobrevivió, pero posteriormente llegaría su muerte. El médico de la institución declaró que el niño había fallecido por una infección en los pulmones, ya que se encontraban llenos de heces fecales, producto de la agresión que Beto infringió en él.23

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Si bien es cierto que el acoso escolar se manifiesta en los centros e instituciones escolares, también lo es que sus orígenes no son exclusivos de un ambiente escolar, sino que devienen de problemas sociales, familiares, conductuales que han llevado a considerar a autoridades de diversos estados del país como un problema que ha trascendido las aulas para convertirse en un problema de salud pública.

La justificación a nuestra afirmación la encontramos en que no sólo hay una afectación física (golpes), sino una más difícil de tratar y que en muchas ocasiones no se manifiesta a simple vista: la psicológica.

Reconocemos los esfuerzos que han vertido diversos legisladores para crear normas que permitan atender este fenómeno que se presenta en nuestra sociedad, y que poco a poco va en aumento. Incluso, la Colegisladora aprobó y envió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.

Sin embargo, la propuesta aprobada por la Colegisladora es de alcance limitado, de ahí la necesidad de establecer la obligación de autoridades sanitarias para crear programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar; con ello, se acercará a la sociedad a una posibilidad mayor de solución del conflicto, pues no sólo se crearían programas de concientización sino además, de tratamiento psicológico integral.

Por otra parte, se propone establecer en la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las obligaciones de padres, tutores, custodios y demás mayores encargados de la salvaguarda de la integridad de los menores para prevenir el acoso o violencia escolar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual al artículo 6º; y, se adiciona un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. a VIII.- …

IX.- Promover la creación de programas de atención integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso escolar, en coordinación con las autoridades educativas; y,

X.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Artículo 66.-…

En el diseño de las normas oficiales mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades sanitarias deberán establecer mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia escolar.

SEGUNDO. Se reforma el último párrafo del artículo 13; se adiciona un inciso H, al artículo 32; y, se adiciona un inciso J, recorriéndose el actual, del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. …

A. a C. …

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Para el cumplimiento de esta obligación se deberá contar en cada escuela o institución similar con planes y programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar.

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. a G. …

H. Se diseñen programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del acoso o violencia escolar .

Artículo 49. …

A. a I. …

J. Diseñar y aplicar programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso o violencia escolar.

K. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Legislaturas locales deberán adecuar, conforme a las prevenciones contenidas en este Decreto, las disposiciones normativas correspondientes a fin de crear los programas de salud para atender a las víctimas y victimarios de acoso infantil, a más tardar a un año natural después de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. Las autoridades de salud federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Sede del Senado de la República, a 24de julio 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

1 Fernández y Palomero, 2001, “Para saber más sobre la violencia escolar”, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Universidad de Zaragoza, España, No. 41, pág. 26

2 Ramos Nava, Germán, El Universal, “Bullying suma otra víctima en Jalisco: muere niño”, 11 marzo de 2013

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL MENOR

(Presentada por los CC. Diputados Javier Salinas Narváez y Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del PRD)

“Los suscritos, Diputados Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuellar Reyes, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71,fracción II y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente para su trámite debido, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación de los Defensores para la Infancia es un fenómeno en expansión. El concepto del Ombusdman como organismo independiente para supervisar las acciones del gobierno en defensa de los derechos humanos se desarrolló inicialmente en Suecia en 1809, seguida por Finlandia en 1919, Dinamarca en 1955 y Noruega en 1962.

Actualmente, en la mayoría de las democracias occidentales existen defensores de los derechos humanos y en la actualidad según datos del Instituto Internacional del Ombusdman (International Ombudsman Institute), esta figura existe en 125 países alrededor del mundo.

Aunque los defensores de los derechos humanos no se encuentran impedidos para otorgar sus servicios a las niñas, niños y adolescentes, estas instituciones tampoco se dedican de forma especializada y explícita a los problemas de éstos. Incluso, la legislación aplicable a las mismas no hace referencia alguna a las diferencias que existen entre los asuntos que afectan a los menores de edad y los que afectan a los adultos, y tampoco a que la naturaleza de los derechos de los niños y los mecanismos necesarios para lograr su respeto también son diferentes. Asimismo, raramente dan a conocer su actuación a través de mecanismos que permitan salvaguardar la situación particular de los niños o conocer su existencia.

El primer Defensor de los Niños fue establecido en Noruega en 1981. Hoy, existentes defensores de los derechos del menor en Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Perú y Suecia. También hay defensores del menor provinciales en Australia del Sur, España, Israel, Nueva Zelanda y en Ontario y Columbia Británica.

Muchos Defensores de los Menores difieren considerablemente del concepto tradicional de Ombudsman. Mientras que algunos han sido creados como oficinas públicas, otros actúan desde las Organizaciones No Gubernamentales.

Algunos conservan el encargo tradicional de actuar en la investigación de quejas individuales, mientras que otros han asumido un papel de defensa de los intereses colectivos de los menores.

Lo que todos tienen en común es su compromiso de asegurar que el Estado reconozca y defienda los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los Ombusdman tradicionales son nombrados para interceder entre el individuo y el Estado, para garantizar que se han seguido los procedimientos adecuados, y que se han cumplido las leyes y reglamentos. Sin embargo, no tienen capacidad alguna para juzgar el impacto o el resultado de una investigación particular sobre el bienestar personal del demandante, teniendo en cuenta la responsabilidad de los adultos en la protección de la infancia.

Sin embargo, los Defensores de los Menores desempeñan un papel más amplio y activo, por ejemplo intentando cambiar la actitud ante el castigo físico de los niños o imponiendo más rigor en el análisis del gasto público dedicado a la infancia.

Los Defensores están capacitados para hacer frente no sólo a las violaciones individuales de los derechos de los menores, sino también para influir en la ley, en la política y en la práctica; fomentar o realizar investigaciones; y promover la sensibilización sobre sus derechos, con el objetivo de lograr un mayor compromiso con sus derechos.

Cada vez somos más conscientes de que las niñas, niños y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable y de que es necesario establecer instituciones y procedimientos especializados para proteger y promover sus derechos.

• Los menores de edad son vulnerables porque están en una posición limitada para hacer valer sus derechos por sí mismos, porque no tienen voz ni voto, ni influencia en los grupos de presión o en las instituciones que asesoran sobre la política y la economía;

• Los menores de edad son vulnerables en nuestra sociedad porque persiste la idea tradicional de que “los niños son propiedad de sus padres”, y la actuación del Estado en su defensa se interpreta como una intrusión en los derechos de los padres. La idea de que los niños tienen derechos propios y que sus intereses pueden diferir de los de sus padres puede ser difícil de aceptar.

• Los menores de edad son vulnerables porque en nuestro país no existen las estructuras institucionales, legales y sociales necesarias para permitir que los derechos de los niños sean reconocidos y respetados. La responsabilidad hacia las niñas, los niños y adolescentes se divide entre distintos secretarías y organismos, y a menudo existe muy poca comunicación o colaboración entre estas instituciones, fracasando el desarrollo de servicios integrados y desconociéndose su impacto global en los propios niños.

• También son particularmente vulnerables cuando sus derechos están siendo violados porque tienen menos posibilidades que los adultos de acceder a un asesoramiento y una defensa independientes y de ser escuchados al presentar una queja.

• Los menores de edad son vulnerables porque, a pesar de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, en nuestro país subsiste una resistencia importante hacia la legislación y las políticas que podrían hacer efectivos los derechos civiles de los menores.

• Los menores de edad son vulnerables porqueaunque la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes establece el reconocimiento de sus derechos civiles, económicos y políticos, lo cierto es que insuficiente para asegurar su protección real; y

• Los menores de edad son vulnerables porque a pesar de que la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce, al menos en principio, los derechos sociales, políticos y económicos de los menores, en la práctica, la falta de poder económico, social y político los hace vulnerables ante el olvido de estos derechos cuando se formula la legislación, se distribuyen los recursos o se aplican las políticas.

Por lo tanto, resulta indispensable la creación de un Defensor de los Derechos de los Menores para asegurar la aplicación efectiva de los derechos que les reconocen los tratados y convenios internacionales suscritos por México; la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; difundir y promover el respeto de todos sus derechos humanos fundamentales, e incluso, promover el reconocimiento de los derechos humanos que todavía no forman parte de nuestra legislación, nuestra cultura y nuestra vida diaria.

Para tal efecto, el Defensor de los Menores debe establecer su actuar con base en tres principios:

• Garantizar el cumplimiento de los programas que garanticen educación, salud y vida digna de los menores de edad;

• Prevenir a través de programas específicos, situaciones de riesgo físico, económico, sexual y emocional de los menores de edad; y

• Proteger a los menores de edad especial mediante la cual se puedan considerar los factores que privan o limitan el pleno disfrute de derechos y permita diseñar acciones dirigidas a la población infantil en desventaja.

Para tal efecto, el Defensor de los Menores debe instituirse bajo los siguientes principios:

• Independencia. El Defensor debe ser independiente y no estar sujeto a manipulación por parte de los gobiernos o de los partidos políticos; ni siquiera los funcionarios del gobierno deben poder dificultar sus funciones. El Defensor no puede ser parte del aparato de gobierno que se encarga de la toma de decisiones, razón por la cual tampoco tendrá un control directo sobre las políticas relativas a la infancia.

• Accesibilidad. El Defensor debe ser accesible para los menores si quiere ganarse su confianza. Así pues, es necesario que su oficina no sea burocrática y que se dirija directamente a los menores. El “estilo” de trabajo de la oficina debe ser informal y cercano a los menores, a fin de permitir que éstos sientan la confianza necesaria para dirigirse directamente al Visitador de la Defensoría. Es necesario que la información sobre la oficina sea escrita en un lenguaje adecuado para los niños y que sea difundida a través de los medios de comunicación o utilizando otros mecanismos que capten su atención.

• Habilidad para conseguir que las voces de los menores de edad sean escuchadas.- El Defensor debe asegurar una aplicación efectiva del derecho de todos los niños capaces de expresar una opinión, a ser escuchados y a ser tomados en serio en todas aquellas cuestiones que les afecten, previsto en el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “probablemente” su principio más trascendental y significativo.

• Fomentar el respeto hacia las ideas y experiencias de los menores como pieza fundamental en el proceso de hacer a los niños “visibles” ante la sociedad. El Defensor debe asegurar no sólo que su propio trabajo esté tan informado como sea posible por las opiniones de los niños, sino que también cree oportunidades para que dichas opiniones estén directa y debidamente representadas en otras instituciones. La tarea del Defensor de promover los derechos del niño debe estar directamente informada por la experiencia de los propios niños y no depender de suposiciones sobre lo que ellos piensan y sienten.

• Atención exclusiva centrada en los menores de edad. Los derechos de los menores no son ampliamente aceptados y los menores de edad son los únicos que carecen del derecho de autonomía o propia determinación, por lo que la tarea de representar sus derechos es totalmente diferente de la de representar los intereses de los adultos. Los niños tienen una posición y un perfil político débiles, y sus intereses suelen ser ignorados si entran en competencia directa, en tiempo y recursos, con los derechos de los adultos. Los métodos de trabajo, los materiales de promoción y el estilo necesario para lograr un diálogo efectivo con los niños difieren significativamente de los empleados en relación con los adultos.

• Poderes legales suficientes. El Defensor de los Menores debe la autoridad y poderes legales suficientes para actuar como abogado y supervisor de la aplicación de los derechos de los niños, poderes para investigar, para promover una acción legal, para publicar informes y para ser consultado en relación con la legislación que afecta a la vida de los menores de edad.

• Influir en la ley, la política y la práctica. Un componente clave del trabajo del Defensor debe ser identificar y mostrar cómo y porqué fracasan las políticas o prácticas actuales en el respeto de los derechos y los intereses de la infancia, y proponer medidas para atender tales fallas. Cuando la legislación interna es conforme a dichas normas, el papel del Defensor es el de supervisar su aplicación efectiva. Cuando no lo sea, el objetivo será el de promover el cambio necesario en la legislación y las políticas y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

• Atender las violaciones individuales de los derechos de los menores de edad. Sin duda alguna, conceder a los menores la oportunidad de que puedan hacer frente a las violaciones de sus derechos es fundamental para el reconocimiento efectivo de los mismos, ya sea promoviendo la aplicación efectiva de la ley, al garantizar que las quejas de los menores sean investigadas apropiadamente, incluso proponiendo cambios a la legislación para hacer efectivos esos derechos, es una función fundamental del Defensor.

• Representar los derechos de los menores de edad como colectividad. Dado el riesgo que corre el Defensor de los Menores de ser “engullido” por los casos individuales, así como el elevado número de los asuntos que abordaría y la naturaleza no vinculante de sus decisiones, es necesario que el Defensor tenga, adicionalmente, la capacidad para atender cualquier aspecto de la legislación, la política o la práctica que afecte a las vidas de los menores. Además de que los Defensores se constituyan en el mecanismo principal de tramitación de toda queja, sería mejor que complementariamente se dedicasen a desarrollar mecanismos globales para que los menores puedan hacer frente a las violaciones de sus derechos.

• Fomentar o realizar investigaciones sobre los derechos de los menores. Los Defensores desempeñan un importante papel a la hora de identificar las lagunas que existen en relación con la necesaria adecuación de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como para fomentar o promover la investigación necesaria para llenar dichas lagunas. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas continuamente ha señalado que sin una recogida efectiva de datos es imposible evaluar hasta qué punto se está aplicando la Convención, y ha expresado su preocupación por el fracaso de muchos gobiernos cuando se trata de dar los pasos apropiados para levantar la información necesaria.

• Promover la sensibilización sobre los derechos de los menores. No sólo deben existir mecanismos efectivos que garanticen la realización de los derechos de los menores, sino que además éstos necesitan saber que tienen derechos y cómo hacer efectivos esos derechos. El artículo 42 de la Convención de las Naciones Unidas, impone la obligación a los gobiernos de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los menores.

En este sentido, la erección del Defensor de los Derechos del Menor en México aquí propuesta, no sólo sería una expresión de compromiso con el respeto a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y con la rendición de cuentas del Estado mexicano en esta materia, el acatamiento de los compromisos asumidos al haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los mismos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta Asamblea iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, para quedar como sigue:

Unico.- Se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, para quedar como sigue:

Ley del Defensor de los Derechos del Menor

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos del Menor, a fin de garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el orden federal, en los términos que este mismo ordenamiento establece.

Artículo 2.- La Defensoría de los Derechos del Menor es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría de los Derechos del Menor será elaborado por la propia Defensoría, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 3.- Los servicios que regula esta Ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo.

El Defensor del Menor deberá observar, en todo momento, un deber de silencio en cuanto a los eventos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de su función relacionados con las niñas, niños y adolescentes. Esta misma situación se aplicará a los todos los servidores públicos de la Defensoría. El deber de silencio se mantendrá incluso después de la terminación del empleo.

Artículo 4.- Los servicios que presta la Defensoría se otorgarán a petición de parte interesada, de cualquier ciudadano o de oficio cuando se estime necesaria su intervención.

Artículo 5.- Las autoridades y los servidores públicos federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de su competencia, estarán obligadas a atender, en tiempo y forma, los requerimientos de información o documentos vinculados con los asuntos relativos a menores de edad que conozca la Defensoría, que se encuentren en su poder, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en la misma se establecen y, en su caso, a la responsabilidad que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 7.- El personal que preste sus servicios a la Defensoría se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Defensor de los Derechos del Menor y sus Visitadores no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Capítulo Segundo

Estructura y Organización de la Defensoría

Artículo 8.- La Defensoría de los Derechos del Menor se integra por los siguientes órganos:

I. El Defensor de los Derechos del Menor;

II. El Organo de Gobierno de la Defensoría;

III. El Organo Consultivo de la Defensoría;

IV. Los Delegados Regionales, y

V. El personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 9.- La Defensoría tendrá las facultades siguientes:

I. Vigilar y evaluar las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, a la luz de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la debida observancia de sus derechos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás legislación aplicable.

II. Conocer e investigar, de oficio, por denuncia o a petición de parte, de las presuntas violaciones a los derechos de los menores de edad, por actos u omisiones de autoridades de carácter federal;

Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos en la presente ley;

III.Representar legalmente los intereses de las niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas.

IV. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

V. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos actos que se presuman constitutivos de delito cometidos contra niñas, niños y adolescentes, coadyuvando en la averiguación previa.

VI. Promover la investigación, estudio, enseñanza y divulgación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa, protección y mejora de sus derechos, así como la salvaguarda de sus intereses, necesidades y derechos;

VII. Celebrar convenios de colaboración y coordinación con los gobiernos de los, estados, del Distrito Federal y los municipios, así como con los sectores social y privado a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

VIII. Proponer a las a las autoridades federales, estatales y municipales, en el exclusivo de sus competencias, los cambios y modificaciones a las disposiciones legales y reglamento, así como de políticas y prácticas administrativas, que a juicio de la Defensoría redunden en una mejor protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

IX. Supervisar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sistema de readaptación social del país;

X. Instalar el Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría;

XI. Emitir su Estatuto Orgánico;

XII. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley, y

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10.- Para su designación, el Defensor deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en psicología, trabajo social, pedagogía, derecho o carreras afines;

III. Contar con experiencia acreditada en materia de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando menos por un término de diez años inmediatos anteriores a su designación;

IV. No haber ocupado ningún cargo en la Administración Pública Federal, estatal, del Distrito Federal, o municipal, centralizada o paraestatal;

V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial o contra menores de edad, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público Federal, Estatal o del Distrito Federal, y

VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

Artículo 11.- El Defensor estará obligado a:

I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Defensoría;

II. Emitir recomendaciones públicas no vinculatorias;

III. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;

IV. Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico de la Defensoría, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del Órgano de Gobierno;

V. Proponer al órgano de gobierno los nombramientos de los servidores públicos hasta el segundo nivel;

VI. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Defensoría;

VII. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen a la Defensoría;

VIII. Ejercer la representación legal de la Defensoría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico;

IX. Emitir lineamientos para la organización del trabajo y el mejor desarrollo y desempeño de las actividades de la Defensoría, y

X. Las demás que determinenlas leyes y el Estatuto Orgánico.

Durante el ejercicio de su encargo, el Defensor, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.

Artículo 12.- La designación del Defensor, será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República.

El Defensor durará en su encargo seis años y podrá ser ratificado para un segundo período.

Será responsable y podrá ser destituido por las causas y conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir.

Artículo 13.- Los servidores públicos de la Defensoría deberán reunir para su nombramiento, los requisitos que señale el Estatuto Orgánico.

Artículo. 14.- El Órgano de Gobierno de la Defensoría se integrará de la siguiente manera:

I. El Defensor, quien lo presidirá,

II. El titular de la Secretaría de Gobernación;

III. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

V. El titular de la Secretaría de Salud;

VI. El titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y

VII. El Director General del Instituto Mexicano de la Juventud.

Cada integrante tendrá un suplente, que será designado por el titular de que se trate.

Todos los miembros del Organo de Gobierno tendrán derecho de voz y voto.

El titular del órgano interno de control y el titular del área jurídica de la Defensoría participarán como invitados permanentes, con voz pero sin voto.

El Organo de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requerirá de un quórum de mayoría simple de sus integrantes para sesionar válidamente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto.

Las sesiones del Organo de Gobierno serán convocadas por el Defensor, o bien, mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros.

El Estatuto Orgánico establecerá las reglas para el debido funcionamiento del Órgano de Gobierno.

Artículo 15.- El Organo de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Defensor;

II. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Defensoría;

III. Aprobar el programa anual de actividades de la Defensoría;

IV. Aprobar la normatividad interna de la Defensoría que regule la actuación de ésta y del Defensor;

V. Velar por el cumplimiento de la normatividad del servicio profesional de carrera de la Defensoría;

VI. Evaluar y, en su caso, aprobar el informe anual del Defensor;

VII. Aprobar el nombramiento de los delegados de la Defensoría, así como de los servidores públicos de la Defensoría hasta el segundo nivel; y

VIII. Las demás que establezcan las leyes y el Estatuto Orgánico.

Artículo 16o.- El Consejo Técnico Consultivo, es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de la presente Ley, y para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.

Artículo. 17.- El Organo Consultivo de la Defensoría se integrará de la siguiente manera:

I. El Defensor, quien lo presidirá, y

II. Seis representantes de las organizaciones no gubernamentales establecidas de conformidad con los dispuesto enLey Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, designados por éstas.

La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membrecía y desempeño de las organizaciones.

Los nombramientos de los representantes de las organizaciones no gubernamentales deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Defensoría. El cargo de consejero es honorífico y durará tres años.

Para su nombramiento, los consejeros representantes de las organizaciones no gubernamentales deberán cumplir los mismos requisitos que el Defensor.

Cada integrante tendrá un suplente, que será designado por el titular o representante de que se trate.

Todos los miembros del Órgano de Gobierno tendrán derecho de voz y voto.

Artículo. 18.-.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades:

I. Proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la presente ley,

II. Evaluar las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en favor de los derechos de la infancia y adolescencia;

III. Establecer los protocolos y lineamientos generales de actuación de la Defensoría;

IV. Asesorar, proponer, opinar y emitir recomendaciones al Defensor respecto de la aplicación y cumplimiento de esta Ley;

V. Solicitar al Defensor información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Defensoría;

VI. Opinar sobre el informe anual que el Defensor, y

VII. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones

Artículo. 19.- El Consejo Técnico Consultivo sesionará de manera ordinaria cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requerirá de un quórum de mayoría simple de sus integrantes para sesionar válidamente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto.

Las sesiones del Consejo Técnico Consultivo serán convocadas por el Defensor, o bien, mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros.

El Estatuto Orgánico establecerá las reglas para el debido funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo.

Artículo 20.- La Defensoríatendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Capítulo Tercero

De los Visitadores

Artículo 21.- Los Visitadores deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III.- Tener título profesional preferentemente de licenciado en Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Derecho o carreras afines expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; y

IV.- Ser de reconocida buena fama.

Artículo 22.- Los Visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Recibir, admitir o rechazar las quejas o denuncias de los derechos de los menores, de oficio o petición de parte o de cualquier persona;

II. Iniciar la investigación de violaciones a los derechos de los menores y tramitar las quejas o denuncias que le sean presentadas;

III. Formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán a laconsideración del Defensor; y

IV. Las demás que le señale la presente ley, el Estatuto y el Defensor, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Capítulo Cuarto

De la Tramitación de las Investigaciones, Quejas o Denuncias e

Artículo 23.- Cualquier persona, física o moral, podrá presentar queja o denuncia por presuntas violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las oficinas de la Defensoría.

Artículo 24.- La queja o denuncia sólo podrá presentarse en cualquier tiempo, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los actos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos.

Artículo 25.- La queja o denuncia respectiva deberá presentarse preferentemente por escrito, para lo cual la Defensoría deberá establecer los formatos correspondientes; así mismo, podrá formularse de manera verbal o por cualquier medio de comunicación electrónica, mediante el levantamiento de acta circunstanciada.

Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor.

En todos los casos que se requiera, la Defensoría levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.

Artículo 26.- La formulación y tramitación de quejas y denuncias ante la Defensoría, así como las recomendaciones que emita, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá informarse a los interesados en la presentación de la queja o denuncia.

Artículo 27.- Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Defensoría, se deberá proporcionar orientación al quejoso o reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público que corresponda conocer o resolver el asunto.

Si de la presentación de la queja o denuncia no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Defensoría, ésta requerirá por escrito al quejoso o denunciante para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo.

Artículo 28.- Una vez admitida la queja o denuncia, deberá ponerse en conocimiento de los interesados y autoridades utilizando cualquier medio de comunicación, dentro de las 24 horas siguientes a su presentación.

En la misma comunicación se solicitará a las autoridades rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja o denuncia, el cual deberán |rendirse por escrito dentro de un plazo máximo de 72 horas.

En las situaciones que a juicio de la Defensoría se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido.

En el informe, las autoridades señaladas como responsables deberán señalar si existieron los actos u omisiones de las mismas respecto de las cuales se duele el quejoso o denunciante, los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los mismos o sobre los que verse la investigación de oficio, así como los documentos e información que solicite la Defensoría o que consideren necesarios para acreditar su dicho.

La falta de rendición del informe o documentación requerida, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad administrativa respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja o denuncia, se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.

Artículo 29.- La Defensoría podrá declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente.

Artículo 30.- De lograrse la solución satisfactoria a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tiempo y forma, antes de que se emita una recomendación, la Defensoría acordará la no responsabilidady ordenará el archivo del expediente respectivo, el cual podrá ser reabierto si la Defensoría detecta, por cualquier medio, que no se ha cumplido con lo dispuesto por las la convención, las leyes y demás normatividad aplicable.

Para estos efectos, la Defensoría, en el término de 24 horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.

Artículo 31.- Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facultades:

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los menores, la presentación de informes o documentación adicionales;

II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes;

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección, en términos de ley;

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y

V. Efectuar todas las demás acciones y diligencias que conforme a derecho juzgue convenientes para mejor proveer al conocimiento del asunto de que se trate.

El Visitador tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la continuación o la consumación irreparable de las violaciones de los derechos de los menores, o la producción de daños de difícil reparación a los mismos, así como solicitar su modificación cuando cambien las circunstancias que las justificaron.

Dichas medidas podrán ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.

Artículo 32.- Las pruebas que, en su caso, se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de los derechos de los menores, o bien que la Defensoría requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja, denuncia o investigación.

Artículo 33.- La Defensoría podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en la presente ley.

Concluida la investigación, el Visitador formulará, en un plazo no mayor de treinta días naturales a la presentación de la queja o denuncia, o de que se haya tenido conocimiento del asunto por la Defensoría, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos y actos de las autoridades responsables, los argumentos y pruebas vertidos por las partes y la Defensoría, así como los elementos de convicción y demás diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos violaron o no los derechos de niñas, niños y adolescentes, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados, o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los mismos o sus representantes legales, durante un período que exceda los plazos fijados por las leyes. Dicho plazo podrá ser ampliado mediante acuerdo del Defensor que justifique la ampliación.

Las conclusiones de la recomendación o acuerdo de no responsabilidad, estarán fundadas y motivadas exclusivamente en la documentación, pruebas y demás elementos que obren en el propio expediente.

En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Los proyectos serán sometidos al Defensor para su consideración final.

Artículos33.- La recomendación será pública y no tendrá carácter vinculatorio para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, por sí misma no podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia, o practicado la investigación.

Artículo 34.- Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de las 72 horas siguientes a su notificación, si la acepta o no. Entregará, en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación, o bien un informe de las razones por las que no la acepta. Dicho plazo podrá ser ampliado por el titular de la Defensoría, cuando la naturaleza del asunto así lo amerite.

La Defensoría determinará, si la fundamentación y motivación rendidas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la misma y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.

Si persiste la negativa, de estimarlo procedente, la Defensoría podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a las personas o servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Artículo 35.- En contra de las recomendaciones o acuerdos de la Defensoría, no procederá recurso alguno.

Artículo 36.- La Defensoría estará obligada a entregar a la autoridad o servidores públicos a la cual dirigió una recomendación, las pruebas, constancias y elementos de convicción que la llevaron a emitirla.

Asimismo, la Defensoría entregará las pruebas o constancias al menor, quejoso, denunciante o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, o a sus representantes legales, cuando vayan a ofrecerlas como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional o administrativo.

Artículo 37.- La Defensoría notificará inmediatamente a los quejosos o denunciantes, y demás interesados, la recomendación o acuerdo de no responsabilidad que haya emitido, así como la aceptación y ejecución que se haya dado a la misma, en su caso.

Artículo 38.- El Defensor deberá publicar sus recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad, en su página de internet, dentro de las 72 horas siguientes a que se haya emitido, observando en todo momento lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, y de acuerdo con las circunstancias del propio caso.

Artículo 39.- El Defensor presentará anualmente al Congreso y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El informe deberá comprender una descripción del número y características de las quejas, denuncias e investigaciones que se hayan realizado, las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, programas y demás datos que se consideren convenientes.

Asimismo, el informe podrá contener las propuestas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y municipales, o del Distrito Federal, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos de los menores de edad y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

Capítulo V

De las Sanciones

Artículo 40.- Los servidores públicos federales serán sancionados con una multa de entre cinco y diez salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, cuando:

I. No rindan el informe, las pruebas, los documentos y demás elementos requerido por la Defensoría, en el plazo y términos establecidos en la presente ley;

II. No entreguen las pruebas, los documentos y demás elementos adicionales requeridos en el plazo y términos establecidos por la Defensoría; y

III. No informen si aceptan o no la recomendación emitida por la Defensoría, dentro de los plazos y en los términos a que se refiere esta Ley;

IV. No acaten la recomendación aceptada, en el plazo y términos establecidos en la presente ley.

Artículo 41.- Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando los servidores públicos de las autoridades se nieguen a rendir los informes a que se refiere la presente ley.

Artículo 42.- La imposición de las multas estará exclusivamente a cargo del Defensor, sin que la misma pueda ser delegada.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El titular del Poder Ejecutivo de la Federación deberá presentar al Senado de la República su propuesta de terna para ocupar el cargo de Defensor del Menor, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente.

Artículo Tercero.- El Senado de la República deberá designar al Defensor del Menor, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la propuesta del titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

Artículo Cuarto.- El titular del Poder Ejecutivo de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá proveer recursos suficientes necesarios para la entrada en operación de la Defensoría dentro de los treinta días naturales siguientes a la designación del Defensor.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer las adecuaciones presupuestarias procedentes e incluir los recursos solicitados por la Defensoría en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, y el Decreto respectivo deberán prever recursos suficientes para ello.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Javier Salinas Narváez.- Dip. Miguel Alonso Raya.- Dip. Fernando Cuellar Reyes”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LAS FRACCIONES II DEL ARTICULO 76 Y III DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro del sistema constitucional mexicano, se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, efectuados por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III,de nuestra Carta Magna, dicha reglamentación no han cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo federal posee. Se trata de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la decisión política de un constituyente, que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad Presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrios de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso de la Unión la facultad de ejercer el control presupuestario y para tal efecto, en 1824 se creó una Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior de la Federación organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

A pesar de esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los nombramientos de funcionarios hacendarios.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de Hacienda”, sin especificar cuáles eran. No obstante, es la Constitución Federal de ese mismo año, la que introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas generales de Hacienda.

La Constitución de 1836, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación acerca de la justificación de la atribución. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión del 13 de octubre 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran los “empleados superiores de Hacienda”

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los Decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

No obstante, con la creación de una Dirección del Tesoro General, mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861, dependiente del Secretario de Hacienda, en la cual se confiaría la función de recaudación de las rentas de la nación y, consecuentemente se le daba la categoría de Oficina General, la cual evidentemente su jefe tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún funcionario dependiente de la Secretaría de Hacienda, está excluido del concurso de la Cámara Alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta con dicha determinación, una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron.

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917.

Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estipula que:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

…”

También, el artículo 89 de la CPEUM, menciona lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

…”

Sin embargo, no existe aún en la Ley Organica de la Administración Pública Federal, quienes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.

Un ejemplo de ello ocurrió el 11 de octubre de 1877, en la cual se solicitó sólo la ratificación del señor Bonifacio Gutiérrez, recientemente nombrado Tesorero General de la Nación por el Presidente Porfirio Díaz, además de que el Senado se basó únicamente en la publicidad de la honradez y aptitud del señor Gutiérrez, por lo que el Senador Benigno Arriaga presentó una proposición suspensiva, donde indicaba que la ratificación no fue válida, al no haberse realizado con la minuciosidad adecuada, argumentando que la opinión pública es un elemento subjetivo y por lo tanto, no digno de confianza, la cual fue rechazada.

El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda.

Aunque también se menciona que será a través de un Acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar.

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas:

1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2.- Subsecretario de Egresos;

3.- Subsecretario de Ingresos;

4.- Procurador Fiscal de la Federación;

5.- Tesorero de la Federación;

6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7.- Administrador General de Recaudación;

8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

9.- Administrador General de Aduanas;

10.- Administrador General Jurídico;

11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes;

12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y

13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el Acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la SCHP.

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara, es vaga, ambigua y no dice cuales son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los Titulares de todas las Administraciones Generales, Jefes o Titulares de Unidad, así como los órganos desconcentrados y descentralizados sectorizados a la Secretaría, también puedan ser ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas plazas e instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México.

Es por eso que proponemos, reformar los párrafos II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos que garantice la puntual ratificación de los funcionarios mencionados.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

UNICO.- Se reforman las fracciones II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XII…

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados de la misma, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados de la misma, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2, FRACCION XXI DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO e ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“La estatura de un hombre no se mide de la cabeza al suelo... sino de la cabeza al cielo”.

Napoleón Bonaparte

1.- La Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo, clasificados de acuerdo con fenotipo y, en un cada vez más importante número de casos, con defectos de genes y/o de sus proteínas.

Cada tipo de enanismo presenta problemas y necesidades diferentes, siendo la falta de movilidad uno de los principales problemas, aunado a otros de salud que se presentan y que son adherentes a su condición.

El tipo de enanismo más común es la acondroplasia, señala la Asociación, que es un desorden hereditario de carácter congénito que pertenece al grupo de enfermedades raras, denominadas condrodistrofias o anomalías en la osificación de los cartílagos y osteocondrodisplasias, produciendo un crecimiento desarmónico del cuerpo (brazos y piernas muy cortos en relación con el tronco), observándose una recurrencia entre 1/15.000 a 1/40.000 nacidos vivos. Cabe señalar que si uno de los padres padece acondroplasia, el hijo tiene un 50 por ciento de probabilidades de padecer la enfermedad, si ambos padres la padecen, las probabilidades aumentan hasta un 75 por ciento.

Asimismo, la presencia de anomalías neurológicas puede conducir a la persona con enanismo a diferentes grados de discapacidad:

• De la conducta (hidrocefalia).

• De la comunicación (sordera, hidrocefalia).

• Del cuidado personal (estenosis de canal lumbar).

• De la locomoción (estenosis de agujero magno y de canal lumbar).

• Y de la destreza (hidrocefalia).

Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas con los padecimientos anteriores, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les imponen su entorno social, lo cual les impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Sin embargo, dentro de las problemáticas a las cuales se enfrentan las personas de talla pequeña, tenemos también que hasta el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un padrón de personas con enanismo en nuestro país, que entre otros, nos permita conocer en qué condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más difícil conocer la realidad actual de este sector vulnerable y poder diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión.

2.- A nivel internacional, entre la normativa a favor de las personas con enanismo o cualquier otra displasia tenemos:

• Conferencia Internacional de Derechos Humanos: En la Proclamación de Teherán se exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: Señala que son personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2002.

Por su parte, en Latinoamérica hay países que tiene legislación dirigida especialmente a las personas de talla pequeña, como el caso de.

• Colombia:

En Colombia, la “Ley 1275”, aprobada el 5 de enero de 2009, establece lineamientos de política pública nacional para las personas que presentan enanismo. En su artículo 1, se prevé expresamente que:

“Las personas que presentan enanismo, gozarán de los mismos beneficios y garantías contempladas en las leyes vigentes, otorgadas a favor de la población en condición de discapacidad”.

• Guatemala:

En el año 2010, el Congreso de la República de Guatemala aprobó una reforma al “Decreto 135-96”, para incluir a las personas pequeñas de la siguiente manera:

“Artículo 1.- Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y/o trastornos genéticos de talla y peso, en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo educativo, económico, social y político del país.”

3.-En cuanto a la doctrina, el escritor Saulo Fernández Arregui1, en su libro Mi (in) dignidad en tus manos, otra mirada a la exclusión social desde la perspectiva de las personas con acondroplasia, señala:

“Una persona enana, además de la lógica atención que despierta lo extraño, lo diferente, provoca sentimientos de comicidad que no se interpretan automáticamente como algo malo y a los que se deja aflorar con facilidad. Es decir, que mientras que otras personas con discapacidad provocan compasión y empatía, el enanismo provoca risa o, al menos, la conciencia de que podría provocar risa. Y la risa, como todo el mundo sabe, es buena pero también cruel y burlesca. Las personas con enanismo aprenden a ver hasta los más sutiles signos de esta conciencia de que son, y llevan consigo al “enano”. Esta diferencia provoca también en los demás sentimientos encontrados, como la incomodidad, la falta de naturalidad, la culpa, o incluso el temor, un temor inconsciente a lo diferente. A veces, a la gente pequeña se le trata con grosería, con distancia, recelo o falta de consideración”.

4.-Desde tiempos antiguos, la figura de las personas de talla baja ha sido estigmatizada, por distintas culturas y sociedades, que inclusive los han tratado de bufones, fenómenos, seres mágicos, subnormales, que al día de hoy tiene repercusiones negativas, pues aún se sigue relacionando que la estatura física de las personas de talla pequeña tiene que ver con retraso o debilidad mental.

Lo anterior, además de que aún no hay una conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como tampoco información seria sobre la real naturaleza del enanismo.

Así, un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre otras.

Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano,baños públicos, ventanillas en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres y mujeres de talla promedio y no en aquellos a los que muchos llaman “ENANOS” en forma despectiva.

En el caso de la niñez con enanismo, de los aspectos más difíciles que hay para afrontar, siendo de talla baja, son las miradas burlonas, los comentarios malintencionados, las preguntas que quizás no tienen respuesta aun en la mente de un niño o niña que aún no han descubierto del todo su condición y las causas que originaron el hecho de que no pueda crecer como los demás, cuando en esa época de la infancia, uno de los más grandes deseos que se tiene es llegar a ser grande y soñar con lo que se va a ser y hacer cuando sea mayor. Sin dejar a un lado las limitaciones físicas y la imposibilidad de adaptarse a espacios urbano-arquitectónicos.

Para los jóvenes la situación no es distinta, pues la moda no logra acomodarles de igual manera, es más difícil conseguir ropa y zapatos; la autoestima decae, la depresión es más común, porque no es fácil conseguir que una persona se fije en ellos como pareja, le invite a salir o bailar […] aquí duelen más las miradas y el joven está más susceptible a lo que vive o le dicen. Sin dejar a un lado las limitaciones físicas y la imposibilidad de adaptarse a espacios urbano- arquitectónicos.

Todo esto causa limitaciones en quienes no alcanzan la medida; algunos, al grado de preferir quedarse encerrados en sus casas, o bien, les es más difícil desenvolverse en su cotidianeidad, necesitan esforzarse más, rodar un banco o taburete, subirse a él y llegar hasta donde se quiere llegar. Nada es imposible para ellos, con un poco más de esfuerzo, todo lo que deseen lo pueden realizar. Pero no falta quienes miden su inteligencia y capacidad mental, con el tamaño que en estatura logran alcanzar.

Lamentablemente no es de extrañar que conozcamos distintos artistas, políticos, profesionales, empresarios, líderes con otro tipo de discapacidad como la ceguera o que se trasladen en sillas de ruedas, pero nos sería imposible reconocer entre ellos a personas de talla baja. Esto demuestra el grado silencioso y altísimo de discriminación y marginación hacia este colectivo del que sólo tenemos referencias claras en espectáculos de humor, publicidades vergonzantes y películas de ciencia ficción o fantasía.

Según el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. No obstante, a pesar del carácter manifiesto de su debilidad, las personas con enanismo han sido ignoradas por nuestras leyes hasta el día de hoy.

Estas situaciones tan duras antes mencionadas, han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar para mejorar la calidad de vida de la gente pequeña; ya sea porque padecen de enanismo, porque algún familiar lo padece o simplemente por un ánimo filantrópico y, por lo mismo, han creado una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña.

Dentro de estas asociaciones a nivel mundial, vale la pena señalar:

- La organización Little People of América. (Estados Unidos)

- La Fundación ALPE. (España)

- Acondroplasia Uruguay. (Uruguay)

- Asociación ADAC. (España)

- Asociación AFAPAC. (España)

- Asociación Civil Zoe. (Argentina)

- Asociación CRECER. (España)

- Asociación de Personas Pequeñas del Perú. (Perú)

- Asociación PEGRAL. (España)

- Asociación Pequeños Gigantes de Colombia

- Gente Pequeña de Guatemala, entre otras.

Y en nuestro país, se encuentran:

- Gente Pequeña A.C. (Colima)

- Fundación Gran Gente Pequeña (Distrito Federal)

- Gente Pequeña de México (Jalisco)

- Gente Pequeña de Jalisco (Jalisco)

- Fundación De la Cabeza al Cielo (Guanajuato)

- Cortas nuestras Alas; Grandes las Esperanzas. (San Luis Potosí)

- Gente Pequeña de Nuevo León (Nuevo León).

- Caminando juntos a pequeños pasos (Campeche)

- Fundación Chicpi A.C. (Tabasco)

5.- Hay quienes no consideran que el enanismo sea una discapacidad, porque las personas de talla baja caminan, se mueven, oyen, ven, hablan y piensan igual que las personas que se consideran a sí mismas “normales”. Y que más que una discapacidad, el enanismo es una condición física especial que trae consigo, quizás, algunas limitaciones, puesto que vivimos en un mundo donde todo está adaptadopara personas que alcanzan por lo menos 1.60 m de estatura. Pero en realidad, desconocen todas las dificultades a las que tienen que enfrentarse.

Muy a pesar que el enanismo no representa una pérdida de la capacidad sensorial, mental o motora, típicas de lo que comúnmente se conoce como discapacidad, sí representa una disminución notoria de la capacidad motora, pues no obstante tener la posibilidad de movilizarse por sí mismos, el diseño de las ciudades contemporáneas constituye una barrera tanto para su libre circulación, como para el desempeño de sus actividades cotidianas, lo que los convierte, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en personas con minusvalía, entendiéndose como minusvalía una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).

Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, situación ligada a la accesibilidad y diseño de espacios, que va desde el uso de un sanitario en espacios públicos, abrir una puerta, apagar una luz o subir a un autobús;tareas que para la mayoría de personas son normales y cotidianas; sin embargo, para la Gente Pequeña son una verdadera proeza, en especial porque en México aún falta por construir la infraestructura que sea accesible para las personas con discapacidad en diversas áreas y ciudades.

Consideramos preponderante que se hagan las modificaciones a las actuales leyes que conforman el orden jurídico de nuestro país, a fin de establecer que las personas de talla baja sean consideradas personas con discapacidad, evitando con ello, entre otras, que continúen siendo discriminadas y orilladas a la realización de trabajos de orden burlesco e irónico, donde en muchos casos no se les toma en cuenta la naturaleza humana.

De igual manera se deben establecer condiciones de equidad para las oportunidades de trabajo y la inclusión en reparticiones públicas (siempre y cuando las personas con talla baja tengan la formación profesional y académica requerida) y franquicias tributarias para empresas privadas que los contraten; adaptación de espaciosque beneficien no sólo a las personas de talla baja, sino también a las personas con discapacidad que necesitan de una silla de ruedas para moverse.

Reconocemos que han existido avances en este tema, como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación al artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para incluir la “talla pequeña” como una de las causas comunes de discriminación. Dicha reforma, propuesta por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo el 29 de abril de 2011 cuando era Diputada Federal, establece lo siguiente:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Sin embargo, en este período de reivindicaciones sociales, es momento de redoblar esfuerzos y accionar seriamente sobre las necesidades de las personas de talla pequeña, comprometiéndonos a construir una sociedad que pueda dejar de lado actitudes retrógradas como la estigmatización por altura física o discapacidad, seguras de que trabajando todos juntos podremos cambiar mentalidades, romper prejuicios y abrir un mundo de posibilidades y opciones para la integración social de las personas de talla baja.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

I a la XX.- …

XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, así como un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXII a la XXVIII.- …”

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de julio de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora”.

1Gijón. Fundación ALPE-Acondroplasia. España, 2005.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LOS ARTICULOS 25, 147 Y 242 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD)

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como en ocasiones anteriores, en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS, 2012-2013, se documenta la crisis financiera del Instituto y su inviabilidad para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a que está obligado con sus derechohabientes.

Según el informe, factores tanto externos como internos ponen en riesgo su viabilidad en el muy corto plazo. Las transiciones demográfica y epidemiológica amplían el costo y la duración de los servicios médicos y tratamientos que debe otorgar el Instituto. Se tiene además un régimen administrativo y laboral que impone fuertes presiones al gasto corriente que tiene que cubrir como obligación el IMSS.

En los últimos cuatro ejercicios fiscales, los ingresos ordinarios del Instituto no han sido suficientes para cubrir sus egresos, por lo que el Instituto ha tenido que recurrir a sus reservas. Con autorización del Congreso, en 2011, se transfirieron excedentes de los saldos de las reservas financieras y actuariales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo a la reserva del seguro de enfermedades y maternidad por 61 mil 222 millones de pesos.

El Instituto presenta un desequilibrio financiero debido principalmente a los seguros que destinan recursos a la atención médica. En el caso del seguro de enfermedades y maternidad, incluyendo los gastos médicos para pensionados, se registra un déficit de 2 billones 447 mil millones de pesos, lo que representa 14.6 por ciento del PIB de 2013. De este déficit, los gastos médicos de pensionados ascienden a un billón 854 mil 148 millones de pesos, el 11.1 por ciento del PIB de 2013.

Si el Instituto continúa haciendo uso de sus reservas, sólo podría extender los años de suficiencia financiera hasta el año 2015. En 2016, se necesitarían 8 mil 510 millones de pesos; al siguiente año, se requerirían casi 20 mil millones de pesos, y así.

Obviamente, tampoco se podrían acumular reservas en lo sucesivo.

ARGUMENTACION

En el Informe, el IMSS propone una serie de propuestas legislativas para enfrentar los factores internos y externos, ante la problemática que acarrea la insuficiencia financiera del Instituto.

Los ingresos del Seguro Social en 2012 ascendieron a 301 mil 359 millones de pesos, de los cuales 265 mil 568 millones de pesos (88 por ciento) provinieron de cuotas obrero patronales y aportaciones del estado. En dicho ejercicio, el gasto (sin reconocimiento del pasivo laboral) ascendió a 301 mil 065 millones de pesos, de los cuales el principal gasto es el de servicios personales, por 135 mil 227 millones de pesos (44.9 por ciento del total).

La dinámica de los gastos del Seguro Social no tenderá a bajar por el aumento en los gastos médicos (los tratamientos de las principales enfermedades crónico degenerativas ascendió en 2012 a 71 mil 352 millones de pesos, el 30.4 por ciento del gasto total del seguro de enfermedades y maternidad).

Por otra parte, al depender los ingresos mayormente de la afiliación de trabajadores asegurados, ésta se mantiene a la baja pues el mercado laboral tiende a desincentivar la contratación de trabajadores formales permanentes y los salarios con los que cotizan tampoco se incrementan.

Para aumentar los ingresos del Instituto, se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 27 y se derogó el artículo 32 de la Ley del Seguro Social para homologar las bases de contribución del salario base cotización con las deducciones del impuesto sobre la renta, lo que propiciaría una mejora en la fiscalización y un aumento en los ingresos por cuotas obrero patronales de hasta 3 mil millones de pesos.

En la presente iniciativa se retoman otras propuestas presentadas ante el Congreso porque no es nueva la problemática pero tampoco se ha manifestado una voluntad política por hacerlas prosperar. Los diagnósticos y las recomendaciones por parte del IMSS se han repetido sin que la situación cambie, por lo que se considera indispensable poner sobre la mesa estas alternativas y dar la discusión abierta y objetiva sobre el financiamiento del Seguro Social.

FUNDAMENTO LEGAL

Los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, 78, fracción III, y 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS, 2012-2013, se mencionan además otras dos reformas a la Ley del Seguro Social que podrían mejorar la condición financiera del Instituto, sin olvidar que se necesita una reforma integral a la Seguridad Social.

En función de ello, se propone modificar las primas de los seguros, buscando alcanzar el equilibrio financiero en el seguro de invalidez y vida e intentando mitigar el déficit de seguro de enfermedades y maternidad, evitando subsidios cruzados, manteniendo los niveles actuales de contribución de patrones y trabajadores e incorporando la cuota social del Estado al financiamiento de los servicios de salud para pensionados.

Se propone entonces una reforma que permita rebalancear las primas del seguro de invalidez y vida a favor del seguro de enfermedades y maternidad. Esta reforma no implica un aumento de cuotas sino buscar un uso eficiente de los recursos del Instituto.

Durante 2012, el seguro de invalidez y vida tuvo un superávit de 900 mil 675 millones de pesos. La valuación actuarial determina que la prima nivelada para el otorgamiento de las prestaciones de este seguro es de 1.43 del valor presente de los salarios futuros, a 50 años y 1.55 a 100 años.

Esto tiene su base en el Informe citado pues sostiene que la prima actual de 2.5 por ciento de los salarios de cotización es suficiente para cubrir el pasivo por pensiones y el gasto administrativo del seguro de invalidez y vida y la acumulación de reservas en el largo plazo.

Concretamente, se propone que los patrones y los trabajadores les cubran, para el seguro de invalidez y vida el uno punto cero cinco por ciento y el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente, en vez de los actuales

Concomitantemente, se incrementarían las cuotas obrero patronales para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios. Al patrón le correspondería pagar el uno punto setenta y cinco y al trabajador el cero punto seiscientos veinticinco.

Se traslada por lo tanto, un punto porcentual de aportaciones del seguro de invalidez y vida. De haberse aplicado este balanceo en 2012, se hubieran trasladado el 40 por ciento de los ingresos de este seguro a gastos médicos de pensionados, equivalentes a 17 mil millones de pesos, sin necesidad de aumentar cuotas obrero patronales.

Finalmente, el Seguro de Salud para la Familia, que es un seguro voluntario destinado a la población abierta se encuentra desfinanciado pues sus costos de operación son deficitarios respecto a los ingresos de quienes utilizan los servicios. En 2012, este seguro tuvo un déficit de operación de 5 mil 291 millones de pesos. Según el Informe multicitado, este resultado obedece a dos problemas: por un lado, a la selección adversa que significa un seguro médico voluntario que tiende a afiliar a una población de mayor edad de la población asegurada, por lo que el costo de atención tiende a aumentar.

Además, el nivel de cuotas vigente en el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, desde 2001, resulta del todo insuficiente.

En esta iniciativa se propone establecer que todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares y cualquier familiar adicional, pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan y facultar al Consejo Técnico para determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 25. …

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto setenta y cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto seiscientos veinticinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto cero cinco por ciento y el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

Artículo 242.Todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares a que se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan. El Consejo Técnico podrá determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de julio de 2013.

Suscribe,

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 25, 32, 33 Y 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33, fracción II y el párrafo segundo y adiciona un párrafo segundo al artículo 34, todos de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, la consolidación de ellos permitirá un desarrollo humano armonioso y genuino,1 para poder erradicar en nuestro país la pobreza, exclusión y discriminación de las personas independientemente del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular omenoscabar los derechos y libertades de las personas, de acuerdo a como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, párrafo cuarto.

El Derecho a la educación para los indígenas se revela en todo el mundo y de forma particular en México no sólo como un medio para salir de la exclusión y la discriminación que han sufrido históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos.

Actualmente México es uno de los países con mayor población indígena en el continente Americano. La composición pluricultural que tiene nuestro país sin duda es variada, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contamos con 62 grupos étnicos cada uno de ellos con sus propias lenguas, es decir, aproximadamente con 85, por lo que conservan sus usos y costumbres de las regiones en donde habitan.

Cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) revelan que la población indígena de nuestro país hasta junio del 2010 ascendía a por lo menos 15.7 millones de los cuales 7.6 millones son hombres y 8.1 millones son mujeres, pertenecientes a los 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas, por lo que el 76.1% de esapoblación de habla indígena vive en pobreza.

Convirtiéndolo en un sector representativo e importante de nuestra sociedad. El papel de las diferentes poblaciones, culturales y lenguas que deben compartir un mismo territorio o participar en un solo proyecto de nación ha sido conflictivo, debido a que las diferencias siempre se han considerado valorativamente, otorgando a la población indígena una categoría y reconocimiento inferior al de los otros mexicanos, particularmente hablando del derecho a la educación.

Este derecho es reconocido en numerosos instrumentos internacionales por citar algunos:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cita lo siguiente:

Artículo 26.-

Toda persona tiene derecho a la educación.

1. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial manifestando:

Que los Estados deberán considerar que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Artículo 5

De conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

Inciso:

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

Fracción:

v) El derecho a la educación y la formación profesional.

Artículo 7

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención.

• El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas:

Parte IV

Artículo 15

Los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado. Todos los pueblos indígenas también tienen este derecho y el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

Los niños indígenas que viven fuera de sus comunidades tienen derecho de acceso a la educación en sus propios idiomas y culturas.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar suficientes recursos a estos fines.

En el ámbito nacional este derecho se consagra en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos:

Apartado B.La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos:

Fracción:

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Así mismo lo regula y enuncia la Ley General de Educación:

Artículo 7o.-La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Fracción:

IV.-Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Sin embargo a pesar de que existen ordenamientos internacionales y nacionales que regulan y guardan este derecho, aún son notables y marcadas las desigualdades que este sector social ha tenido que enfrentar por lo menos en los últimos años, en las esferas económica, política y social.

El sometimiento, la explotación, la exclusión en la toma de decisión en el sector educativo y político han hecho de la diferencia y desigualdad una debilidad constante.

La principal forma de discriminación en materia de educación ha sido la tendencia de usar las escuelas como un instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural de la mayoría o de la sociedad dominante. Los planes y programas de estudio de las escuelas generalmente están diseñados para la niñez y adolescencia urbana y resulta poco relevante en el medio indígena o lo que es peor ni siquiera son contemplados dentro de ellos.

Siendo menester resaltar que aún existen comunidades que no tienen acceso a la educación, sin duda los sectores más vulnerables de esta población son las niñas, niños y adolescentes indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su informe 2010-2011 revelo que los jóvenes de entre 15 y 17 años que concluyeron la secundaria, solo el 61% provenía de hogares indígenas y por ende difícilmente ingresaron a la educación media superior, por falta de recursos, debiendo elegir entre la educación o bien la manutención de sus hogares.

En efecto, durante mucho tiempo y en varios países el objetivo de la educación indígena era “civilizar” a los niños, niñas y adolescentes indígenas enseñándoles la lengua, cultura y los conocimientos del grupo dominante, que en este caso es la población urbanizada de nuestro país.

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) enfatizó la necesidad de aplicar planes y programas de estudio lingüísticamente y culturalmente pertinentes, en el cual la historia, los valores, las lenguas, las tradiciones orales y la espiritualidad sean reconocidos, respetados y promovidos en nuestro país, así como que dentro del presupuesto etiquetado al rubro de educación, se contemplen apartados especiales para incentivar y promover la educación de la población indígena.

Los pueblos indígenas reclaman instituciones adaptadas a las diferencias culturales, que incluyan las lenguas indígenas y consideren el uso de metodologías pedagógicas alternativas, para ello es necesario también invertir los recursos suficientes para lograr y cumplir este objetivo, es decir, que se designe un porcentaje especial únicamente para el desarrollo de la educación de las niñas, niños y adolescentes indígenas en nuestro país, así mismo demandan mayor atención, mayores recursos para lograrlo.

En la mayor parte de los países del mundo la cultura indígena ha sido reflejada en documentos y materiales educativos de forma inapropiada y despectiva, lo cual ha contribuido más a la discriminación y a su prejuicio en la sociedad en general. Uno de los problemas principales de este fenómeno es la falta de participación indígena en la planeación, programación y aplicación de los planes y programas de estudios o currículo de materias ofrecidas en las escuelas o instituciones educativas. 2

Por lo que la enorme problemática que existe actualmente es que es el sector que menos oportunidad tiene de acceder a la educación, es el indígena. Pues de acuerdo con el Segundo conteo Nacional de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 2010, señala que la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que es hablante de lengua indígena representa por lo menos el 8.3% de la población ubicada en este rango de edad, mientras que el porcentaje correspondiente a quienes no hablan lengua indígena es de 4.9%. Es decir, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos niños que son indígenas y que tampoco asisten a la escuela.

Los niños y niñas indígenas también son los que más desertan de la escuela. Si bien la brecha del índice compuesto de retención y aprobación se va cerrando entre las escuelas indígenas y las no lo son, en el ciclo escolar 2008-2009, las escuelas indígenas reportaron índices de retención y aprobación de 8.6%, mientras que en las primarias generales el índice correspondiente fue de 10.5% 3

Lo que permite hacernos una pregunta: ¿Todos los niños, niñas y adolescentesindígenas en edad escolar van a la escuela?A lo que responderíamos de manera inmediata no.

Cerca de 400 mil niños indígenas no asisten a la escuela, lo que representa el 11.4%, teniendo como resultado que uno de cada diez niños deesta población hoy por hoy no estudian, ya ni hablar de la población de los adolescentes indígenas pues la falta de oportunidades al interior de sus comunidades los obliga en la mayoría de los casos a migrar, dejando inconclusa la formación académica, lo que impacta de forma negativa en la posibilidad de obtener un mejor empleo, situación que los pone en desventaja a otros jóvenes que no son indígenas.

Es importante precisar que la asistencia escolar aumenta con la edad a partir de los siete años y comienza a disminuir de manera drástica a partir de los trece a los catorce años, es decir, difícilmente el adolescente indígena concluye sus estudios de nivel secundaria y mucho menos continua con los de Educación Media Superior por la falta de oportunidades en las comunidades en las que habita.

Sin duda la inasistencia escolar observada durante décadas, así como la incorporación tardía y el abandono de la escuela, tiene el efecto de acumular un considerable rezago educativo entre la población indígena de México.

Prácticamente 7 de cada 10 indígenas adolescentes se encuentra en alguna condición de rezago educativo, lo que representa una preocupación para el Estado Mexicano, que si bien ha hecho constantes reformas en materia de educación, aun falta crear y aprobar aquellas que sean necesarias para que la población indígena de nuestro país tenga acceso a la educación en igualdad de oportunidades que los otros sectores de nuestra sociedad.4

Por lo que derivado de los mínimos avances que se han observado en la incorporación de nuevas metodologías y programas dirigidos a este sector, que tomen en cuenta las nuevas corrientes pedagógicas en la enseñanza bilingüe, en el sentido de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, diversos expertos en la materia refieren, que México aún enfrenta una serie de obstáculos entre los cuales podemos encontrar:

1. La mayor parte de nuestras instituciones del medio indígena carecen de materiales didácticos adecuados para la enseñanza y el aprendizaje de este sector.

2. Los docentes indígenas bilingües en su mayoría aun tienen poca capacitación, debido a que no cuentan con la formación pedagógica adecuada para el desarrollo de programas para enseñar y educar al sector indígena.

3. En el ámbito de las comunidades hablantes de lalengua indígena, esta es considerada inferior del español y con ello tenemos la oposición de los padres de familia de que sus hijos sean educados en su propia lengua, pues consideran que eso los pondría en desventaja de los demás estudiantes.

4. La calidad del servicio educativo en las comunidades indígenas continua siendo deficiente y carente de los medios adecuados para seguir proporcionándola. 5

Siendo imperante contar con las disposiciones adecuadas en lo establecido por la Ley General de Educación, posibilitando la concurrencia y colaboración para fomentar la educación indígena de las niñas, niños y adolescentes, revalorando incluso la educación bilingüe intercultural.

Lo que significaría que la mayoría de las comunidades comenzaran a revalorar la importancia de poder recibir y tener acceso a una educación digna para las niñas, niños y adolescentes que habitan dichas comunidades indígenas en México.

• DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACION INDIGENA EN NUESTRO PAIS

Realmente el presupuesto en los últimos años destinado a la educación tiende a disminuir, y en materia de educación indígena hasta hoy no se ha otorgado la atención necesaria para abatir las problemáticas citadas con anterioridad.

En solicitud presentada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la LX y LXI Legislatura para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años , encontró que el gasto identificado fue de por lo menos 2 mil 460 millones de pesos, que equivalen a un 0.76 respecto al gasto total de la educación y únicamente el 0.04 por ciento del Producto Interno Bruto destinado a la educación; lo que equivale a destinar por lo menos 1 millón 415 mil millones del sistema de preescolar, primaria y secundaria, la cantidad de mil ochocientos treinta pesos por estudiante; sin embargo no se considera a los estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior, apartado en el que se encuentran ubicados los jóvenes indígenas, que es el mayor sector

Situación que nos permite analizar que del8% del Producto interno Brutoanual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destinen al gasto en educación pública y en los servicioseducativos de nuestro país, deba asignarse por lo menos el 1% únicamente para el rubro de Educación Indígena, con lo que garantizaríamos que la niñez y adolescencia indígena tuviere mejores oportunidades de acceder a una educación digna, con recursos sufrientes para su otorgamiento.

Por lo que podemos observar que dependiendo de los criterios políticos, el presupuesto destinado a la educación indígena se aumenta o disminuye, por lo que a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se asigno al de Educación Pública, de forma particular a la Indígena un monto aproximado de 287 millones de pesos, es necesario que se asigne del monto anual que el Estado- Federación, entidades federativas y municipios, destinan al gasto en educación pública y en los servicios educativos, se asigne por ley un tanto por ciento del producto interno brutoque se obtenga,únicamente a la Educación de las niñas, niños y adolescentes indígenas, para lograr consolidar la equidad social y erradicar la desigualdad en el acceso a los servicios educativos de dichas comunidades.

• OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Incidir de manera directa a través de la Ley General de Educación, que exista la obligación del Estado Mexicano para garantizar un porcentaje mínimo para la educación de la población indígena en nuestro país y con ello aperturar las oportunidades para que la niñez yadolescencia indígena tengan un mayor acceso a la educación en sus comunidades y por ende mejor preparación y desarrollo.

Con esta propuesta no pretendo que se incrementen los recursos que destina la Federación, las entidades y los municipios para la Educación Indígena, sino que del ocho por ciento del Producto Interno Bruto, que se designa por lo menos para su financiamiento, se determine un porcentaje obligatorio dentro de laLey General de Educación vigente en nuestro país.

Con lo que lograremos garantizar un mayor acceso de las niñas, niños y adolescentes que habitan las comunidades y poblaciones indígenas en nuestro país.

Sabida del compromiso que tenemos como legisladoras y legisladores con la niñez y la juventud de México, de forma particular con nuestros grupos indígenas a los que se les considera un sello cultural y emblemático de nuestro país a Nivel Mundial, someto ante la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma los artículos 25, 32, 33, fracción II y el párrafo segundo y adiciona un párrafo segundo al artículo 34, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país. De dicho monto se deberá asignar por lo menos el 1% a la educación indígena, para los niveles de educación básica y medio superior y al menos el 1% a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

……………….

Los gobiernos de los Estados deberán garantizar y verificar la aplicación de los recursos correspondientes, debiendo informar al Ejecutivo Federal del uso de los mismos.

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.-…………..

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. ………………..

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas , zonas urbanas marginadas y de lascomunidades de los niños, niñas y adolescentes indígenas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

III. - XV…

Artículo 34.- Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas que presenten mayor rezago educativo, principalmente en las comunidades y poblaciones indígenas, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados.

El Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados impulsaran proyectos de innovación educativa en los niveles de educación básica y medio superior, mismo que deberán ser realizados con enfoque intercultural y de género.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastèlum Bajo”.

ANEXO

texto vigente

propuesta de reforma

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán alfinanciamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de quela población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en lapropia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programaeducativo y establecimiento escolar.

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el EjecutivoFederal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en lalegislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país. De dicho monto se deberá asignar por lo menos el 1% a la educación indígena, para los niveles de educación básica y medio superior y al menos el 1% a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

……………….

Los gobiernos de los Estados deberán garantizar y verificar la aplicación de los recursos correspondientes, debiendo informar al Ejecutivo Federal del uso de los mismos.

…………........

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones quepermitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

CAPITULO III

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

Artículo 32.-…………..

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en elámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonasurbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad deatrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar losproblemas educativos de dichas localidades;

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidadesaisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades ycumplir con el calendario escolar;

III. Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizajey el aprovechamiento de los alumnos;

IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V. Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;

VI. Establecerán sistemas de educación a distancia;

VII. Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria;

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención asus hijas e hijos;

X. Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestrosque se dediquen a la enseñanza;

XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de lospropósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en lasescuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

XIV. Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de losservicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen encircunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas desalubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. ………………..

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas , zonas urbanas marginadas y de lascomunidades de los niñas, niñas y adolescentes indígenas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

III. - XV…

Artículo 34.- Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que lasautoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antesmencionados.

Artículo 34.- Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas que presenten mayor rezago educativo, principalmente en las comunidades y poblaciones indígenas, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

….

ADICIONA PARRAFO SEGUNDO

El Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados impulsaran proyectos de innovación educativa en los niveles de educación básica y medio superior, mismo que deberán ser realizados con enfoque intercultural y de género.

1 Los Pueblos Indígenas y sus Derechos. Rodolfo Stavenhagen. Análisis y Metodologías de la Educación.

2 Los Pueblos Indígenas y sus Derechos. Rodolfo Stavenhagen. Análisis y Metodologías de la Educación.

3 Cálculos realizados a partir de la Base de datos de fin de ciclo escolar 2004-2005 de la Secretaría de Educación Pública [SEP], 2007.

4Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. Indicadores y Estadísticas.

5 La educación indígena en México. Dra. Elisa Ramírez Castañeda. (México 2010).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 58 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del PRD)

“I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

México es el quinto país con mayor número de sub registro poblacional de América Latina. De acuerdo a las cifras de La infancia cuenta en México 2011 (libro de datos) Red por los Derechos de la infancia en México, el porcentaje de niñas y niños menores de un año no registrados era del 19.20%. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) afirma que el problema de la población que no cuenta con un acta de nacimiento radica en la falta de accesoal Registro Civil.

Así mismo afirma que la población con mayores dificultades para acceder al Registro Civil y, por tanto, para contar con un acta de nacimiento, es la infantil perteneciente a las comunidades rurales, migrantes e indígenas.

En el caso de las comunidades indígenas, uno de los problemas que dificulta particularmente el acceso al acta de nacimiento se deriva de los formalismos de ciertas oficinas del Registro Civil, ya que algunos jueces esgrimen argumentos extralegales para impedir que las personas registren el nombre de sus hijos con plena libertad, tales como la dificultad para escribirlo y el uso de vocablos cuyo origen es en lengua indígena.

Cabe mencionar que a la llegada de los españoles, en el territorio que ahora es México, existían aproximadamente 170 idiomas indígenas. A finales del siglo XIX se hablaban alrededor de 100 idiomas. En el umbral del siglo XXI, se hablan solamente 62, de las cuales 23 se encuentran en peligro de desaparecer.

Por lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto reforzar el marco legal en aras de proteger el derecho al nombre en lengua indígena, lo que a su vez representa un paso más en la lucha contra el sub registro poblacional, la discriminación por cuestiones étnicas; así como un esfuerzo por preservar y enriquecer las lenguas indígenas como elemento fundamental de la cultura y la identidad de la Nación.

Argumentos que la sustenten

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación se reconoce a sí misma como “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” y por ende “…reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para…preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

A pesar de esto, tanto en la práctica de las oficinas del Registro Civil como por falta de legislación expresa al respecto, la discriminación hacia personas que desean adoptar un nombre o nombrar a sus hijos e hijas en lenguas indígenas es frecuente. Un ejemplo de lo anterior es el caso de una niña hija de padres hñahñu en abril de 2007 a quién en el Registro Civil de Tepeji del Río en el estado de Hidalgo le negaron el registro bajo el nombre de DoniZÄnä (Flor de Luna), argumentando que el sistema de cómputo rechazaba algunos caracteres.

Servidores públicos del estado de Hidalgo hicieron un exhorto a los familiares para que accedieran a registrar a la niña con un nombre “menos problemático”, a pesar de esto, los padres no accedieron y después de un juicio de casi dos años, expedientes: 2007/1629/4/Q de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y CONAPRED/DGAQR/193707/DR/II/HGO/R114 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; así como una fuerte presión mediática lograron registrar a su hija bajo el nombre en lengua hñahñu de DoniZÄnä Cruz Rivas.

El caso anterior es sólo un ejemplo de cómo el gobierno ha sido incapaz de garantizar un derecho básico de todas las personas desde el momento del nacimiento, como lo es el derecho al nombre, componente básico de la identidad y la nacionalidad, mismas que a su vez permiten el reconocimiento del Estado a través del acta de nacimiento, la consecuente adquisición de la personalidad jurídica y por ende el acceso y ejercicio a todos los demás derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así mismo deja manifiesta la discriminación que todavía enfrentan los integrantes de los pueblos indígenas al intentar acceder a servicios que el Estado debe garantizar a todos y cada uno de sus ciudadanos sin excepción, como se establece en la Constitución y los tratados internacionales que se enumeran a continuación y que respaldan el argumento de la presente iniciativa.

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2. A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

...

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Artículo 4. ...El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.

“Convención sobre los derechos de los niños

Artículo 7

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

“Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Parte I. Política General.

Artículo 1

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;…”.

“Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas.

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

...

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,

...

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

...

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,

...

Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

...

Artículo 8.

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

...

Artículo 13.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

...

Artículo 33.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

...

Artículo 43. Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.

“Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las expresiones culturales tradicionales, es un factor importante que permite a los pueblos y las personas expresar y compartir con otros sus ideas y valores,

...

Recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y promoción de las expresiones culturales,

Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo,

...

Artículo 2

3. Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas

La protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos.

...

Artículo 4

1. Diversidad cultural

La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

7. Protección

La “protección” significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. “proteger” significa adoptar tales medidas”.

Convención Americana de Derechos Humanos.

...

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

Con base en la legislación anterior queda respaldada la necesidad de proteger el derecho al registro del nombre en lengua indígena por dos razones, la primera es recordar el problema subyacente que trae consigo las dificultades para acceder al Registro Civil como lo es el sub registro poblacional, que a su vez acarrea una importante serie de consecuencias en la vida de quienes lo padecen porque al no ser reconocidos por el Estado, no figuran como personas jurídicas y por tanto tampoco existe un reconocimiento por parte de este de sus problemas, lo que trae como resultado que no se implementen las acciones necesarias para solucionarlos.

Para enfrentar este problema, la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó, en 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y el Derecho a la Identidad, cuya misión es la de “Asegurar para el año 2015, la universalidad, accesibilidad y de ser posible gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad”. Cabe mencionar que el Estado mexicano fue uno de los principales colaboradores en la estructuración de este programa.

Entre algunas de las principales resoluciones establecidas en el programa podemos encontrar las siguientes:

“3. Alentar a los Estados Miembros a que continúen adoptando medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, enfatizando que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”

Para alcanzar esta meta se fijaron algunas acciones concretas entre las que destacan como sustento de la presente iniciativa las que a continuación se enlistan:

“ACCIONES CONCRETAS

1. Universalización y accesibilidad del Registro Civil y el Derecho a la Identidad

a . Los Estados garantizarán el acceso, sin discriminación, de todas las personas al registro.

c. Los Estados asegurarán el registro del nacimiento de todos los nacidos en su territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de los padres del menor, de conformidad con la legislación de cada Estado.

2. Fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legislación

a. Los Estados formularán y ejecutarán políticas, normas y otras medidas destinadas a eliminar prácticas de racismo, discriminación e intolerancia de sus sistemas de Registro Civil.”

La segunda razón es la importancia de preservar las lenguas indígenas como elemento cultural. En el mundo se hablan actualmente alrededor de cinco mil idiomas. El país con más riqueza de idiomas vivos es la India, que cuenta con 65. El segundo con mayor abundancia de lenguas es México, con 62, de las cuales 23 se encuentran en peligro de desaparecer.

En términos generales, cuando una lengua se pierde, se pierde así mismo la cultura que ella ha generado, aunque esta afirmación también vale en el sentido inverso: con la preservación de las lenguas indígenas se conservan las culturas que los pueblos produjeron.

Una de las grandes riquezas de nuestro continente son sus idiomas, riqueza que debemos defender porque son el alma de todos los pueblos que nosotros somos, porque no hay un idioma superior a otro.

Es por lo anterior que la presente iniciativa pretende reforzar el marco legal en aras de proteger el derecho al nombre en lengua indígena, lo que a su vez representa un paso más en la lucha contra la discriminación por cuestiones étnicas, contra el sub registro poblacional y esfuerzo por preservar las lenguas indígenas de nuestro país.

II. Fundamento legal

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de la Asamblea la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.

III. Denominación del proyecto de Ley o Decreto

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.

IV. Ordenamientos a modificar

Código Civil Federal

V. Texto normativo propuesto

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

Es derecho de cualquier persona ser registrado o registrar a sus hijos bajo un nombre en lengua indígena, con los caracteres pertenecientes a ésta si así se desea.

VI. ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente ordenamiento entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federaldispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente Decreto, se traduzcaa las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los Estados y el Distrito Federal y ordenará su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Alfa Eliana González Magallanes”.

Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las Comisiones que acordó la Mesa Directiva.






PROPUESTAS

Del C. Diputado José Luís Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a agilizar el dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A AGILIZAR EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 267 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

"El que suscribe, José Luis Flores Méndez, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 16 de abril de 2013, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, misma que fue turnada el 29 de abril de 2013.

El objetivo de la iniciativa es que se realicen reformas a la Ley Federal de Derechos, a fin de propiciar inversiones que mejoren las condiciones para la extracción del gas grisú asociado previamente a la del carbón.

En esencia, la propuesta consiste en aplicar un esquema gradual y competitivo de cobro del derecho a partir de una tasa que va del 6 hasta un 23 por ciento, ajustándose de conformidad con el volumen de producción y el precio del gas de mercado, ello, sin un solo subsidio, ni incentivo, ni estímulo fiscal, ni trato preferencial, en lugar del 40% que se aplica actualmente y que hace incosteable su extracción y aprovechamiento.

En México existen tres regiones carboníferas que se ubican en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila; de éstas, la más importante se halla en el Estado de Coahuila, donde se encuentra el 95% de las reservas nacionales de carbón; es el recurso que caracteriza a la Cuenca de Sabinas.

Asociado al carbón, el gas grisú se forma junto con él, de ahí que se encuentre en las minas de este mineral. Este gas tiene propiedades que potencian la formación de atmósferas explosivas debido a que es fácilmente inflamable, por lo que es un peligro constante para la vida y la salud de los mineros.

Durante la historia de la extracción del carbón en nuestro país, se han registrado diversos accidentes de trabajo. Sólo en Coahuila han ocurrido explosiones que cobraron la vida de mil 866 personas.

Junto a las razones financieras y la rentabilidad de su aprovechamiento debemos tener en cuenta, prioritariamente, el factor humano y la realidad social. Evitar que se siga poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en las minas de carbón, sin que antes se haya extraído el gas grisú por no ser rentable hacerlo.

El factor de recuperación del gas grisú es aproximadamente del 50 por ciento. Puede estimarse que en el país, el gas recuperable y aprovechable podría ascender a 3 mil 46 millones de pies cúbicos por día, que por el momento están contaminando y dañando la capa de ozono.

En otras partes del mundo, por el contrario, se emplea como una fuente generadora de energía eléctrica. En Australia, Sudáfrica, España, Francia, Estados Unidos y Canadá los mantos de carbón se desgasifican antes de ser minados.

Actualmente se ventea a la atmósfera en una cantidad del orden de 407,762 metros cúbicos por día. Ello hace evidente que no hay recaudación por concepto de este derecho.

Diversos factores han evitado que los inversionistas se interesen en la captación y transformación de este gas, siendo el principal la alta tasa del derecho que se cobra por concepto de uso y aprovechamiento del gas grisú.

Actualmente –sabemos-- se están dictaminando minutas e iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de todo el sector minero desde diversos ángulos de la normatividad vigente, lo cual resulta de la mayor importancia para este importante sector productivo y para la economía del país, y esperamos que pronto se discutan en la instancia correspondiente; sin embargo, el tema de gas grisú requiere, además, un tratamiento específico en lo que se refiere a los derechos que se cobran por su extracción.

Recientemente se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, en las que se establecen restricciones a la explotación de carbón bajo condiciones de riesgo; sin embargo, la propuesta de la iniciativa lo que busca con las reformas y adiciones al art 267 de la Ley Federal de Derechos, es darle rentabilidad a la inversión para extraer previamente el gas grisú en las minas de carbón, con lo cual se elimina el factor de riesgo y se propicia su debido aprovechamiento.

La importancia que significa para este sector productivo la iniciativa es que no se trata únicamente de la reducción en la tasa de derechos como condición de posibilidad para darle rentabilidad a su aprovechamiento, sino que, con ello, podemos evitar muertes de los mineros, daños ambientales severos, generar empleos y desarrollar la región carbonífera, y aprovechar un recurso natural en beneficio del país.

Por otra parte, en México, la dependencia de importaciones de gas natural se ha ido incrementando, cuando podrían reducirse al evitar el desperdicio del gas grisú, que es un combustible mineral gaseoso sustituto del gas natural.

Es urgente contrarrestar el daño ambiental, reducir las importaciones de gas natural y con ello la fuga de divisas que entraña la compra de este recurso al exterior, contribuir a la mayor generación de riqueza nacional y empleos, así como incrementar los niveles de recaudación por concepto de este derecho, que ante las tasas impositivas vigentes es nula.

Necesitamos un tratamiento integral al tema del gas grisú; integral por cuanto se promueva la inversión, se propicie el aprovechamiento del gas, se salven vidas, se mejore la economía familiar de los trabajadores mineros, y se impulse, con todo ello, el desarrollo regional de la zona carbonífera en Coahuila.

De lograrse que se realicen mayores inversiones en la zona carbonífera de Coahuila, se estará contribuyendo a impulsar el desarrollo regional y la economía del país. Es apremiante ampliar y multiplicar las opciones de empleo en todo el país.

Se trata de promover una desgasificación con sentido productivo que, a la vez, contribuya a proteger el medio ambiente.

Ahora bien, a partir del turno de la iniciativa referida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, como lo dispone el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se inicia el cómputo del término para dictaminar. No obstante que dicho término aún no se agota, e incluso, llegado el caso, podría ser materia de una solicitud a la Mesa Directiva, para su ampliación, al Estado de Coahuila le es apremiante económica y socialmente que el dictamen se realice a la brevedad posible, razón por la cual se solicita respetuosamente a la Comisión para que agilice su formulación y discusión.

Este punto de acuerdo no contiene una excitativa ni apremio alguno que implique exigencia o reclamo por vencimiento de término para dictaminar. Por ello, al plantearlo se consideró pertinente aclarar que se trata de una solicitud para que el dictamen se formule a la brevedad, por las razones expuestas, dentro del término de los cuarenta y cinco días hábiles, sin que haya necesidad de solicitar ampliación de término.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que agilice la dictaminación de la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputación del Estado de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013".






De la C. Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima a reforzar acciones de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, ASI COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, JALISCO Y COLIMA A REFORZAR ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA COMBATIR LA PESCA ILEGAL

“Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, Diputada a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y lo relativo al artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, el cual exhorta al Ejecutivo Federal a través de la SAGARPA Y CONAPESCA así como a los Gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, a que refuercen acciones de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México figura entre los primeros 20 Países del mundo en cuanto a la captura de recursos pesqueros (1.5% de las capturas mundiales) y representa una fuente importante de divisas para el país con una balanza comercial históricamente superavitaria. Por pesquerías destacan el camarón, los túnidos y los pelágicos menores, especies que se ubican entre los primeros 10 lugares en el contexto internacional en cuanto a su producción.

Debido a que dicha actividad se basa en el aprovechamiento de recursos naturales renovables y a que algunos de estos presentaban signos de abatimiento, durante los últimos años se ha dado mayor importancia a la regulación de las actividades pesqueras y acuícolas a costa de disminuir las acciones de obtención de productos. Esto ha sido posible a través de la instrumentación de mecanismos como la veda.

La más reciente veda temporal, según el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció desde el 8 de marzo del presente año, para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarios, y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Uno de los objetivos principales es cuidar la fecundidad y el ciclo de madurez gonádica del camarón blanco y de otras especies.

De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se señala en el artículo 4, fracción XLVII que “Veda” es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie.

Dicha Ley, también contempla dentro de sus objetivos, el establecimiento de las bases para la realización de acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura, así como los mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Una de las principales problemáticas que se presentan durante de la puesta en marcha de una veda temporal es la pesca furtiva, conocida en el sector como “changuerismo” (captura ilegal de camarón). Esta sucede en razón de la dificultad que representa el combate a la pesca ilegal en la que se incluyen diversos factores como deficiencias institucionales, corrupción, pobreza en el medio rural, intereses económicos, entre otros; por lo que el sector enfrenta una creciente práctica de pesca ilegal que pone en riesgo la sustentabilidad del ecosistema y la reproducción natural de las especies.

En las últimas semanas de los meses de Junio y Julio, han sido detenidaspersonas que practicaban la pesca furtiva de camarón en Sinaloa, en posesión de hasta 15 toneladas de crustáceo juvenil, extraído en forma clandestina de aguas interiores. De acuerdo con cifras de la CONAPESCA, estimaciones conservadoras hablan de que la pesca ilegal alcanza hasta 30% de la producción registrada; por lo que al incrementarse la práctica de pesca ilegal, se presentan dos problemáticas que urgen la atención y el involucramiento de la autoridad:

1.- Se pierde la producción, afectándose directamente tanto el ingreso de las familias dedicadas y mantenidas legalmente a través de la pesca comercial.

2.- Se afecta laetapa de reproducción natural de la especie, presentándose incrementos debaja sustentabilidad.

A medida en que trascurre el tiempo, la especie cobra talla y volumen, por lo que se vuelve tendenciosamente un asunto de mayor ingreso económico para los pescadores furtivos; lo cual requiere, evidente y naturalmente una supervisión mayor en las costas donde se decretó la veda y particularmente en las bocabarras de Teacapán, Agiabampo, Varadito y Periguete todas del estado de Sinaloa, puesto que son las más conflictivas en el saqueo de camarón, aunque en este momento todas representan riesgo.

Dicho lo anterior y tomando en cuenta que la veda de camarón concluirá hasta mediados de Septiembre del año en curso,presento ante esta Honorable Asamblea con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal para que fortalezca la política nacional de inspección y vigilancia pesquera, dotando a la Administración Pública Federal de los Oficiales Federales de Pesca necesarios, para su eficaz ejecución en todos los estados que cuentan con litoral en el País.

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal, para que a través de SAGARPA-CONAPESCA, refuerce las acciones de inspección y vigilancia pesquera, así como la coordinación con las diversas autoridades federales y locales que participan en la política de combate a la pesca ilegal, principalmente en los estados que actualmente cuentan con veda.

TERCERO.-Se hace un atento exhorto a los gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, celebren los acuerdos o convenios de coordinación necesarios para llevar a cabo la inspección y vigilancia pesquera conforme lo mandata la ley en la materia.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013.

Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete”.






De los CC. Diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz y Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia registrados en varios estados y se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación, con el propósito de que informe sobre la situación de inseguridad que se vive en el país. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LOS HECHOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN VARIOS ESTADOS Y SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, CON EL PROPOSITO DE QUE INFORME SOBRE LA SITUACION DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN EL PAIS

"Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD presentamos ante esta soberanía proposición con punto de Acuerdocon carácter de urgente u obvia resoluciónal tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La espiral de violencia que se generó en torno a los procesos electorales que culminaron el pasado 7 de julio, lejos de disiparse o de estar contenida, tal parece que sólo fue un eslabón más, en la cadena continua de la crisis deinseguridad que azota enormes territorios de nuestro país.

En lo que resulta una nueva embestida del crimen organizado, en varios estados del país, se han registrado una serie de hechos violentos en días recientes, poniendo en entredicho las declaraciones del gobierno federal que afirma de manera categórica, que los niveles de violencia que se observan desde enero del presente año han venido disminuyendo.

Esto contrasta gravemente con la realidad cotidiana en la que se ven forzados a convivir cientos de miles de mexicanos que son víctimas de alguno de los delitos catalogados como de alto impacto, o bien de la operación del crimen organizado en las comunidades en que radican.

Así pues, queremos señalar entre estos hechos lamentables el desplazamiento de cerca de 700 habitantes de las comunidades del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, así como la Ciénega, Santa Rosa, El Pedregoso, El Banco,entre otras, cuyas casas fueron saqueadas y hasta quemadas por grupos de hombres fuertemente armados, dejando un saldo de víctimas, aún no determinado con toda claridad por las autoridades locales y municipales.

En otra región del país, la violencia en Chihuahua, no para, se registran asesinatos y levantones relacionados con el crimen organizado, uno de ellos registrado en la Ciudad de Camargo.

En Coahuila y Durango, en lo que va del jueves pasado al día lunes 22 de julio, el saldo es de 21 personas asesinadas en diversos hechos, producto de enfrentamientos, aunado todo esto al hallazgo de osamentas.

En el municipio de Lerdo fue reportado el incendio de una vivienda, en cuyo interior fueron hallados los cuerpos de tres personas, con impactos de bala, además de que en el Ejido San Carlos fue localizado el cuerpo de un hombre con un impacto de bala.

En Coahuila, en el municipio de Múzquiz, dos enfrentamientos en la comunidad de Barroterán dejaron un saldo de ocho muertos, en el municipio de Sabinas hubo un enfrentamiento del ejército en el que se ultimaron a cinco presuntos delincuentes, también en Torreón, un comando irrumpió a la clínica 16 del IMSS matando a dos pacientes que fueron ingresados por herida de bala.

En Jalisco se informó que dos policías que estaban francos fueron asesinados en la colonia “El Retiro”, de Guadalajara.

En Tamaulipas miembros de la delincuencia organizada dispararon por segundo día consecutivo contra comunidades ejidales del municipio de Jiménez, con un saldo de asesinatos y heridos indeterminados.

En ese mismo estado, según fuentes locales, se comentó que en una zona aledaña al poblado de Barranco se instaló un narco-campamento donde entrenan un número considerable de sicarios, y que en los municipios de Abasolo y Jiménez las fuerzas del orden han sido superadas en número. En estas comunidades los habitantes comenzaron a abandonar sus hogares para refugiarse en la cabecera municipal de Jiménez, como así sucedió el año pasado en el municipio de Güemes. En el municipio de González se reportó un enfrentamiento entre la Marina y un grupo de delincuentes con saldo preliminar de ocho presuntos delincuentes abatidos, hechos que se podría relacionar con el recrudecimiento de la violencia en sur del estado en relación a la captura dellíder de los zetas.

En Michoacán se avisora unescalamiento de la delincuencia pese a la presencia del ejército y la implementación del Operativo Conjunto Michoacán, con la expansión y sofisticación paramilitar de sus operaciones para apoderarse de los corredores de siembra y trasiego de droga en la entidad.

Con estos hechos, más allá de la numeralia, pretendemos dejar claro los verdaderoscontrastes de la realidad cotidiana con el discurso oficial que se nos ha querido imponer desde el gobierno federal. Como recordaremos, el Presidente Enrique Peña Nieto, en elevento conmemorativo del 85 aniversario de la Policía Federal aseguróque el Gobierno de la República está determinado “a hacer valer el Estado de derecho, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad que exigen las familias mexicanas”.

A lo que añadió: “Estamos decididos a reducir la violencia y el delito, a través de la aplicación eficaz de la ley”.

Y puntualizó que “en el deber del Estado de combatir al crimen organizado, no debe alentarse el uso de la violencia; lo que se debe hacer es superar y vencer a la delincuencia con el uso eficaz de inteligencia”.

En primer término, proponemos que esta Comisión Permanente se pronuncie con toda claridad condenandoenérgicamente estos hechos y porque queremos saber qué es lo que está pasando en nuestro país, planteamos la comparecencia urgente del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en su carácter de responsable de la seguridad interior del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reprueba categóricamente los hechos de violenciarelacionados con la delincuencia organizadarecientemente ocurridos en varios estados de la República y hace un llamado al gobierno federal,alos gobiernos de los estados y municipales,donde se han registrado,a que implementen de manera coordinada un plan de seguridad con carácter urgente,querestituya las garantías mínimas del estado de derecho.

Segundo.- La Comisión Permanente delH. Congreso de la Unión solicita la comparecencia con carácter urgente del Secretario de Gobernación, MiguelÁngel Osorio Chong,con el propósito de queinforme a esta soberanía sobre la escaladade violencia que se ha registrado en varios estados del país y las acciones que se están llevando a cabo para restablecer el estado de derecho.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Suscriben

Dip. Carlos Reyes Gámiz.- Dip. Alfa González Magallanes".






Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda, a fin de informar sobre la existencia, alcance y resultados de las indagatorias administrativa y penal, relativas a la participación del Director General Jurídico y de Gobierno de la delegación Tlalpan en los hechos de extorsión que han sido denunciados en esa demarcación. Se turna a la Primera Comisión.








Del C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Judiciales de la Federación y entidades federativas a garantizar en los procedimientos y controversias de orden familiar el interés primordial de las niñas y niños previniendo la alienación parental, bajo cualquier circunstancia. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES JUDICIALES DE LA FEDERACION Y ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR EL INTERES PRIMORDIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PREVINIENDO LA ALIENACION PARENTAL, BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

“Quien suscribe, Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro sistema jurídico nacional encontramos las siguientes:

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Para ello corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional, con base a los principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Atendiendo a esta última ley, los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, son: 1) El del interés superior de la infancia; 2) El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; 3) La igualdad; 4) El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo; 5) El de tener una vida libre de violencia; 6) de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad y 7) El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Leyes que se fundamentan en de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, sin embargo, no son suficientes para garantizar los derechos de las mujeres, las niñas y niños en los procedimientos y controversias de orden familiar.

Situaciones que han hecho públicas por diversas mujeres que se han manifestado en diversos medios de comunicación, destacando su constante lucha por hacer viables sus derechos para convivir con sus menores hijos en el tiempo que duran las controversias de orden familiar, los que se distorsionan y corrompen por el poder económico, político o cultural de su contraparte.

Señalo como ejemplo a las Madres Activistas de Xalapa, Colectivo reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el concurso Género y Justicia 2012, que dan testimonio de su lucha desigual en los procesos judiciales, así como otras voces aisladas, que exigen derechos fundamentales como la convivencia con sus menor hijos, en los juicios que se prolongan, injustificadamente por cuestiones legales, pero justificadas por el uso y abuso del poder de la contraparte, denunciando la alienación parental.

Misma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos caracteriza como las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio.

Por ello, es necesario que este órgano legislativo exhorte a los integrantes de los Poderes Judiciales Federal y de los Estados de la Federación, para que garant