Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 11 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 13


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Julio de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:37 horas)Solicito a la Secretaría proceder a pasar lista de asistencia de los ciudadanos legisladores.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Señoras y señores legisladores, daremos inicio al pase de lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 10 de julio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere al edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta minutos del miércoles tres de julio de dos mil trece, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintiséis de junio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la visita de trabajo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en el Foro de Inversión titulado "Guatemala Investment Summit 2013" (GIS), los días 30 y 31 de mayo del año en curso.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a los principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la tecnología de la información.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, tres oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.- Se turnó a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, con datos correspondientes al período enero-mayo y; avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, para el período enero-mayo.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicios de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-2013”.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Informe Financiero y Actuarial 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio constitucional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, Informe de actividades de su viaje de trabajo a Washington, D.C., en su carácter de Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, los días 20 y 21 de junio del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Informe de actividades de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, correspondiente al periodo de noviembre del 2012 a mayo del 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador José María Martínez Martínez, Presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos electorales, dos oficios con los que remite: el acta de la instalación de dicha comisión, celebrada el 7 de mayo del año en curso; y, los informes de la visita a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Coahuila.- Quedaron de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre propio y de la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre propio y del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 122, Base Cuarta, numeral 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

(Proposiciones)

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo sobre el trato que le aplicaron al Presidente de Bolivia, Evo Morales, durante su recorrido por diversos estados europeos.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Álvarez Fuentes para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Líbano.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar cargo de cónsul honorario.- Fueron aprobados por 24 votos en pro y 1 abstención. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los hechos ocurridos el 17 de junio del año en curso, en San José Huehuetoca, estado de México.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar las acciones necesarias para garantizar que las propuestas legislativas derivadas del Pacto por México guarden congruencia con la agenda planteada por las Cámaras del Congreso de la Unión.

3) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar la presunta venta ilegal de bases de datos personales.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el impacto de las estrategias, programas y acciones en el combate a la inseguridad, el funcionamiento irregular de los establecimientos mercantiles y el narcomenudeo.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a signar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2) Por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas.

3) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando un Acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe.

4) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a seguir realizando las consultas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

5) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar los ajustes razonables y necesarios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.

6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos, contenidos sobre el fenómeno migratorio.

7) Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas y de los municipios a llevar a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del crimen organizado.

8) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a difundir con amplitud la “Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad” para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

9) Que exhorta al Presidente de la República a enviar al Senado de la República, para su ratificación, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

10) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promulgar el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

11) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a presentar una resolución ante la Organización de las Naciones Unidas para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Ártico.

12) Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que se realice una revisión financiera y del desempeño de los gastos e inversiones que realizó el Gobierno Federal directa e indirectamente para la promoción de México en el extranjero como destino turístico.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar a la República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que encabezó a favor de los derechos humanos.- Intervinieron los legisladores: Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD; Diputado Javier López Zavala del PRI; y Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir desastres naturales.- Intervino el Diputado Rubén Escajeda Jiménez del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y del proceso de deportación a sus lugares de origen.- Intervino el Diputado Javier López Zavala del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar de los avances en la implementación del Programa Nacional Alerta Amber México.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI y Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión y corrupción, denunciados e imputados al Director General y diversos funcionarios del Instituto de Vivienda.- Intervinieron los legisladores: Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM; Diputado Roberto Reyes Gámiz del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD. La propuesta de modificación fue aceptada. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se remite a las Cámaras de Diputados y de Senadores la solicitud consistente en que dentro del proceso legislativo ordinario que al efecto se implemente, se garantice en lo sucesivo la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, adecuando las leyes de su competencia con los instrumentos normativos y tratados internacionales existentes en la materia.- Intervinieron los legisladores: Senador José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Luis Antonio González Roldán de NA; Diputado Javier López Zavala del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea una propuesta de modificación al Orden del Día del Diputado Rubén Camarillo Ortega para adelantar la presentación de las proposiciones con punto de Acuerdo relativas al proceso electoral del 7 de julio del presente año.- La propuesta fue desechada en votación nominal.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI al inciso a) del numeral 1 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Leticia Calderón Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y de la Ley de Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de que reforma la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28, inciso k) de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 185, fracción l de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Diputada Flor Ayala Robles Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las acciones para la protección y divulgación de la lengua seri.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría financiera y de desempeño para determinar si los contratos asignados por el gobierno de Chiapas a las Constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y Moraza Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril, cumplieron con la normativa vigente, se concluyeron en tiempo y de Acuerdo a lo establecido en el contrato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área de refugio o hábitat crítico para la protección de la tortuga caguama.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de intervenir e interferir en la vida política del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana o de sus agremiados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Educación Pública, a fin de que explique las irregularidades y la probable comisión de delitos en el proceso de  implementación del programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar acciones inmediatas con la finalidad de detener el consumo de drogas y alcohol de adolescentes y para rediseñar la política de prevención que se está llevando a cabo en la materia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar políticas y programas que fortalezcan y reivindiquen a los cuerpos de bomberos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de las entidades federativas a evitar cualquier intromisión en la vida interna de los sindicatos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a iniciar de oficio una investigación sobre la venta de drogas en el Barrio de Tepito y su distribución en el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Turismo a supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en este próximo periodo vacacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y de la Dip. Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados integrantes de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables y de la Sen. Martha Elena García Gómez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a organizar el Noveno Parlamento de las Niñas y Niños de México 2013.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones propias o gestiones ante terceros, tendientes a modernizar la normativa que regula los mercados públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Merylin Gómez Pozos y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México a supervisar y tomar las acciones correspondientes para detener las redadas y la matanza de perros, cometida por el gobierno municipal de Toluca de Lerdo y solicite a la Alcaldía que retome la campaña de esterilización y trato digno a los animales, así como impulsar un programa de adopción para mascotas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Economía, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a contemplar al cyberbullying como una de las principales conductas antisociales, de violencia y de delincuencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a informar las acciones realizadas por su gobierno en relación al robo de infantes en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar incluir o reforzar los mecanismos tendientes a asegurar el pleno cumplimiento del derecho de alimentos, consagrado en la Constitución Federal y en tratados internacionales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases de los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de Estados Unidos explicaciones con respecto a las presuntas actividades de espionaje sobre ciudadanos, funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados a garantizar la seguridad de los destinos turísticos con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a proporcionar mayores recursos al estado de Baja California en materia de salud mental.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a investigar y sancionar a las autoridades de los estados y de los municipios en los cuales se haya trasgredido el principio de la laicidad del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal a establecer las políticas necesarias a fin de contar con una mejor coordinación en la expedición de licencias de construcción en la ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad en los catorce estados donde hay proceso electoral, y a la Fiscalía General del estado de Durango a investigar de manera pronta los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de Ricardo Reyes Zamudio, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Dimas, Durango.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Omar Antonio Borboa Becerra y Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar posibles irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos del SUBSEMUN otorgados a los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, durante los años 2010, 2011 y 2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expresar el rechazo al programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que el propio gobierno de ese país ha reconocido y justificado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para reconocer la labor de las autoridades federales en la prevención y atención en el combate a incendios forestales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los institutos electorales estatales electorales a implementar acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral, a fomentar la cultura cívica de la denuncia, el respeto a la legalidad y la prevención de los delitos electorales dentro de los valores de la democracia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a dar inicio al procedimiento de verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil para investigar el presunto uso en territorio mexicano del software para espionaje "FINFISHER".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a ejecutar en las oficinas de los trabajadores de Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados las medidas necesarias para proveerlos de condiciones dignas, salubres e higiénicas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Gerardo Liceaga Arteaga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía a impulsar la filmación de "La Gesta de Teoloyucan".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Francisco Domínguez Servién, Mariana Gómez del Campo Gurza, José Rosas Aispuro Torres y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en las entidades en donde se celebrarán los comicios del próximo 7 de julio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para que se atiendan las recomendaciones del informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca a castigar a los responsables del atentado en contra de la candidata del PRI a diputada local por el Distrito XIV con cabecera en San Pedro y San Pablo Teposcolula, C. Rosalía Palma López.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Víctor Manuel Bautista López, Víctor Reymundo Nájera y Joaquina Navarrete Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Energía del Gobierno Federal, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar acciones tendientes a evitar desastres por causas antropogénicas en las zonas afectadas por el derecho de vía en los que se encuentran instalados ductos subterráneos para la conducción de hidrocarburos o gas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a actuar con prontitud en la investigación para esclarecer las causas del atentado en contra de la candidata al congreso de ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar sobre los avances que se han tenido y las acciones que se piensan implementar para dar cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe respecto al daño ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la empresa ATC Inmobiliaria S.A. de C.V., en el poblado de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, Hidalgo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Gutiérrez Manrique, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México en el año 2008.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al cabildo del Municipio de Solidaridad en el estado de Quintana Roo a facilitar información sobre la aplicación de recursos económicos destinados para obras públicas obtenidos en el año 2011, así como la información que esclarezca la falta de recursos económicos para las obras "Deportivo Mario Villanueva" y el "Teatro de la Ciudad".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a los Secretarios de Educación, Salud, Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia a coordinarse para el diseño e instrumentación de una estrategia integral para la atención y prevención de las adicciones en las escuelas de educación básica, media superior y superior del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno y al congreso del estado de Sonora a realizar una consulta amplia y representativa para resolver integral y permanentemente el problema de transporte público prestado en las ciudades de esa entidad federativa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones correspondientes que determinen la probable responsabilidad penal en el caso de corrupción de menores que se imputa al Dip. Rubén Alanís Quintero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a mantenerse al margen del proceso electoral y no utilice los recursos públicos a su disposición para la promoción de candidatos de los partidos políticos que representa su gobierno.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que el programa Fomento al Desarrollo Agrario se ajuste a una evaluación complementaria, de conformidad con los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal y el programa anual de evaluación 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 54 aniversario luctuoso de José Vasconcelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 58 aniversario del voto de las mujeres en una elección federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la violencia electoral que se vive en las entidades federativas en donde se desarrollan campañas políticas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veinticinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles diez de julio a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León, y para aceptar y usar Condecoración que confiere el gobierno de la República Francesa; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS.

Oficio No. SEL/300/824/13
México, D.F., a 4 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio numero DEP-1125/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE
PUESTO
LUGAR DE TRABAJO
José Servando Pérez Ayala
Mecánico de Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales

Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento con la que acredita su nacionalidad mexicana y original del escrito en el que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE
PUESTO
LUGAR DE TRABAJO
Bertha Marcela Palomino Quezada
Auxiliar de Visas

Consulado General de los Estados Unidos de América
en Guadalajara, Jalisco.

María Elena Flores Ochoa
Auxiliar de Visas

Consulado General de los Estados Unidos de América
en Guadalajara, Jalisco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnense a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, una invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del 141 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, a realizarse el jueves 18 de julio del año en curso.

Y del 90 aniversario luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo Arango), a realizarse el sábado 20 de julio, ambas en esta ciudad.

"Secretaria de Cultura

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ”

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2013
CPHAC/777/2013.

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de julio, de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Jueves 18

10:00 Horas

141 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas

(1806-1872)

Museo Panteón de San Fernando, Ubicado en Calle San Fernando N° 17, entre Eje Guerrero y Héroes, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc

Sábado 20

10:00 Horas

90 Aniversario Luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo Arango) (1878-1923)

Cripta del General Francisco Villa, del Monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Comisión Permanente. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León

Coordinadora".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Para asistir a dichas ceremonias en representación de la Comisión Permanente, se designa al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, para la ceremonia de aniversario luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas.

Y a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, para la ceremonia del aniversario luctuoso del General Francisco Villa.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Congreso del Estado de Aguascalientes, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA A NIVEL NACIONAL EL AÑO 2014 COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CONVENCION MILITAR REVOLUCIONARIA DE AGUASCALIENTES”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Legisladores:

Una, del Senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de actividades de la delegación mexicana, durante la XIII Reunión Interparlamentaria México-España, realizada del 16 al 19 de junio del año en curso, en Madrid, España.

Una, del Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite la Memoria de Actividades de dicha Comisión, correspondiente al primer año de ejercicio de la XLII Legislatura.

Una de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación conjuntamente con la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en los trabajos de la XVIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 25 y 26 de abril del año en curso, en Cuenca, Ecuador.

Y una de la Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 10 de julio de 2013.

"Alicia ConcepciOn Ricalde Magaña

DIPUTADA FEDERAL

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de julio de 2013.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Respetable Senador, la suscrita diputada federal Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, me dirijo a usted para saludarle y al mismo tiempo solicitarle respetuosamente, se realicen los trámites necesarios para mi reincorporación a las tareas legislativas, a partir del día 10 de julio del presente, de conformidad con la licencia que solicité el pasado 2 de abril del 2013, la cual fue por tiempo indefinido.

Sin otro particular, le reitero mis más altas consideraciones.

Atentamente".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Para el caso de la reincorporación de la Diputada Ricalde Magaña, comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió una comunicación del Diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de julio de 2013.

"Juan Bueno Torio

DIPUTADO FEDERAL

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de julio de 2013.

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con fundamento en el Artículo 6, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicito licencia para separarme de mi cargo como Diputado federal del Partido Acción Nacional en la Tercera Circunscripción Plurinominal con fecha de inicio del 16 de julio de 2013 y terminó al 31 de julio del 2013 y sea llamada mi suplente, la C. María Irene Refugio Tress Villafuerte. Agradezco la atención a la presente y me reitero a sus órdenes.

Atentamente".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Unico. Se concede licencia al Diputado Juan Bueno Torio, para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de julio de 2013."

Por no haber quién haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Juan Bueno Torio para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de julio de 2013. Comuníquese a la Cámara de los Diputados.

Por Acuerdo de la Mesa Directiva, y con fundamento en el Artículo Sexto del Acuerdo para Normar las Sesiones, aprobado el 8 de mayo, pasamos a la primera lectura de un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.

Solicito a la Secretaría dé la primera lectura al proyecto de Decreto.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CELEBRAR UN PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

(Dictamen de primera lectura)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al proyecto de Decreto:



En consecuencia, es de primera lectura.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Les pediría su atención, señores legisladores, para poder proceder con nuestra sesión.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión del dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Tengo ya una lista de oradores que los voy a mencionar: el Diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; el Diputado Ricardo Monreal Avila, de Movimiento Ciudadano; Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Diputado José González Morfín, del PAN; y Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del PRI.

En consecuencia, se concede el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Quisiera expresarles algunos de los comentarios que motivarán mi voto en contra de la convocatoria emitida para realizar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados.

Evidentemente, el país vive momentos difíciles, en México se está viviendo una crisis sistémica, entendida ésta como la acumulación de rezagos, contrastes, problemas, una crisis sistémica que integra y contempla la inseguridad pública, el desempleo, la propia involución política que vive el país y la existencia de un gobierno miope, de un gobierno corrupto, de un gobierno que continúa las peores prácticas de la restauración política y del retroceso democrático.

Y frente a esta circunstancia que vive el país, frente a esta crisis sistémica que padecen los mexicanos y las mexicanas, el Congreso de la Unión se resiste a sesionar por protagonismos personales, por desacuerdos entre la mafia de los tres, en donde la oposición real normalmente somos excluidos. No hay acuerdos para poder generar condiciones de gobernabilidad para el país a través de la emisión de ordenamientos jurídicos que le permitan a la nación transitar hacia mejores estadios de desarrollo político, económico y social.

Es una pena que aún con las contrariedades, dificultades y contradicciones del resultado de las elecciones del domingo pasado, no haya la altura de miras de los legisladores para convocar a un periodo extraordinario y poder revisar el cúmulo de preocupaciones que deben de reflejarse en la mejoría normativa.

Hay leyes importantes, pendientes de aprobación; hay materias que no pueden desoírse, ignorarse o simplemente minimizarlas e ignorarlas.

Por eso es que hago un reclamo al Congreso de la Unión.

Obviamente tenemos que sesionar, la Cámara de Diputados, porque tenemos una resolución que nos obliga a sesionar para definir y acabar el procedimiento del nombramiento del Consejero Electoral faltante en este órgano, por cierto el peor Consejo General del IFE que ha tenido la historia de México; un IFE errático, ausente, mediocre, corrupto, lleno de privilegios como están en la burocracia dorada del país, incluyendo a Diputados y Senadores que ignoran lo que está pasando afuera en la calle.

Hay materias muy importantes que se están simplemente ignorando, minimizando, soslayando.

El combate a la corrupción, la transparencia que requiere el país, las deudas de los estados y municipios cuyos gobernadores se han convertido en sátrapas dueños de todo, de vidas y haciendas.

En el país se vive una involución política, en el país se ha sustituido el acuerdo, los procesos democráticos por la imposición.

Hoy venimos de luto porque ha nacido el partido de la delincuencia organizada, que ha pactado con el PRI, son los que han ganado las elecciones; el partido de la delincuencia organizada y los que somos demócratas, los que creemos en este país no podemos consentirlo, porque nosotros luchamos por ideales, por principios, por causas, no luchamos por el poder, simple y sencillamente, no luchamos por puestos o por dinero, qué sentido tendría tener el gobierno si finalmente hoy el PRI está pactando con el narco, ¿para qué? ¿Para qué aceptar y reconocer este régimen de corrupción, este régimen de oprobio, este régimen de concertación. Vean lo que pasó en Baja California, hasta el PRI debería estar rebelado en Baja California, no hay una rebelión digna en Baja California donde los negociaron.

Entonces la democracia se pacta, a los pactistas justicia y gracia, a los que no queremos entrar al pacto, garrote limpio, exterminación, linchamiento, a esos nada, y por eso les digo, deben de sentirse muy satisfechos, porque el PAN negoció Baja California, se los dije hace 10, 15 días. Ya es el segundo compadre de un amigo de esta legislatura que queda en la raya, primer compadre en Guerrero, nos ganaron compadre, ni modo y ahora el segundo compadre, Baja California, nos ganaron compadre. No, no les ganaron, la negociaron; la negociaron, esa elección es vergonzosa, pero allá ustedes, no deberían permitirlo, ni los priístas de Baja California lo merecen, fíjense, ni los priístas.

¡Qué lástima que este país esté simplemente resumido en pactos con la mafia! Pero nosotros seguiremos luchando hasta ver la transformación del país, y si no lo logramos, al menos adelantamos algo, porque nuestros hijos nos lo van a reclamar, este país entregado al caos, a la mafia política y al crimen organizado.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Legisladores:

Miren, desde antes del pacto por México, ya con la reforma laboral que aprobaron ustedes en las Cámaras, ya ni se diga después del pacto por México, destacando sobre todo la reforma o más bien la contrarreforma educativa que ustedes llaman, pero que realmente fue una reforma administrativa en contra de los trabajadores de la educación, ya por no hablar de la Ley de Telecomunicaciones que también ustedes contrarreformaron, la de las playas, que sobre todo permiten la entrega al extranjero de estos recursos de la nación.

Ya el pueblo de México cada vez que oye que se van a reunir a sesionar Diputados y Senadores en las Cámaras, el pueblo de México dice: “Y qué ahora estos nos irán a hacer, cómo nos van a perjudicar”.

Esa es la verdad, se ha estado legislando en contra de los intereses de la población, y obviamente en esta Comisión Permanente hemos estado viendo el desarrollo de temas a veces, no los sustantivos que esperemos que hoy, más adelante esperemos que los estamos tocando, un poco lo que adelantaba ya el Diputado Monreal.

Hoy enfrentamos un hecho inédito en la historia del país, en esta pretendida convocatoria al periodo extraordinario y ustedes lo saben, porque está en todos los medios de comunicación estos desacuerdos bicamarales que existen y que uno se pregunta sobre la necesidad de atender el conjunto de la propuesta de agenda que están llevando en esta iniciativa que presentan hoy en este dictamen que se aprobó por la mayoría sobre todo PRI, PAN en al Primera Comisión, por no hablar ya de los adláteres que tienen en esta Comisión.

Serán estos acuerdos bicamarales porque falta tiempo para procesar algunos acuerdos en relación a las elecciones.

Será que están esperando tiempo para checar sus resultados electorales y ver estas nuevas formas hoy que se enuncian aquí de concertacesiones anticipadas, ya algunos les llaman el bajacaliforniqueison aludiendo a los programas estadounidenses en la materia.

Eso estaremos viéndolo más adelante, yo en lo particular he sido consecuente con la búsqueda de que esta Permanente llame a un periodo extraordinario, inclusive acudí a los tribunales con una segunda promoción de inejecución de sentencias que pende sobre esta Permanente, y evidentemente que como dice el documento, la Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad que debe atender a la brevedad posible, como lo es la conclusión del proceso de selección del candidato, candidata, a ocupar el cargo vacante del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral que concluirá su ejercicio en octubre de 2019.

Y hay que ser consecuente, aunque desgraciadamente estamos viendo que estos propios órganos judiciales están actuando lentamente a los tiempos que les impone el Revolucionario Institucional, ya no están actuando como la vez anterior en la promoción que hice para en tiempo y forma actuar.

No lo están haciendo, ¿por qué?, Porque ya sabemos si es grave, por si en próximos días vamos a estar viendo a estas autoridades judiciales, electorales, cómo van a estar actuando a favor del interés que le dicte el Presidente de la República, bajo la lógica de lo que ellos están viendo.

Nosotros para actuar en consecuencia, votaríamos a favor del periodo, siempre y cuando, y es nuestra propuesta, se convoque para sólo el tema de los consejeros del IFE y un solo día esta sesión, los demás temas no tienen ningún sentido abordarlos, va a costarle mucho a la Nación, cuatro días más, tres días más reunir a Diputados y, perdón, Diputados, porque ya los Senadores se echaron para atrás de antemano, ¿verdad?, y no va a tener mucho avance legislativo.

Entonces en concreto, nuestra propuesta es para cumplir con la Constitución, con la ley, con lo que la propia Cámara está obligada a hacer, que sesione tan sólo con la elección del consejo del IFE, y el periodo no necesita más que un día para ver si es posible que ya llegados a acuerdos tórridos algunas fuerzas, como se dice, pues ya procesan al consejero o volvemos a una nueva convocatoria y reponemos los procedimientos, como debería de corresponder en caso de que no se logren los acuerdos en el periodo extraordinario para sólo este punto y un solo día.

Es la propuesta, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores; compañeras legisladoras:

El Congreso de la Unión tiene responsabilidad de impulsar y resolver los trabajos parlamentarios que quedaron pendientes en el pasado periodo ordinario, y que involucra la voluntad soberana de la ciudadanía, por ello es necesario abrir este periodo extraordinario toda vez que son diversos los temas para desahogar.

Y aquí coincidimos con el Diputado Huerta Ladrón de Guevara, México temblará, pero de emoción, porque nos quieren ver trabajar, y por eso es indispensable esta convocatoria. Entre ellos se encuentra el caso de la elección de un Consejero Electoral, asimismo, la existencia de un Código Penal Unico y un mejor régimen de las propiedades de la nación, temas, por supuesto, mucho muy importantes.

Y otro que hemos detectado a través de la Comisión que tengo el honor de presidir en la Cámara de Diputados, que es la de Desarrollo Municipal, es el tema de mejorar la disciplina financiera de estados y municipios. Son muchísimos los municipios de nuestro país que están sufriendo grandes problemas, y es un tema que sin duda alguna beneficiará a la nación.

Debemos recordar que es necesario propiciar confianza de parte de los políticos profesionales, debe la ciudadanía verlos trabajar. Recordemos que en las pasadas elecciones tuvimos abstencionismo muy grande, pero es por esa apatía que tiene la ciudadanía para con nosotros, por eso tenemos que acotar los periodos de receso y, por supuesto, que es plausible este periodo extraordinario porque la ciudadanía lo aplaudirá.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la división de poderes, reconoce la posibilidad que hoy discutimos. No dejemos pasar esta oportunidad, esto no solamente repercutirá en el beneficio de los grupos políticos, sino también de la nación que es necesario laborar más y mejorar al país, y eso lo tenemos que hacer ahora.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde está a favor de este periodo extraordinario de sesiones, y ojalá también hubiera la simpatía por parte de los Senadores para avanzar en esta agenda en común.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Nuñez Aguilar.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Yo me voy a permitir disentir de los tres legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, porque creo que el asunto que estamos discutiendo es de mayor trascendencia y de mayor profundidad. No se trata, como dice el Diputado Ernesto Núñez, de si una Cámara tiene más ganas de trabajar que otra, tiene que ver con un asunto político de fondo, de relación entre las dos Cámaras que integramos el Congreso de la Unión y de la forma en que se está actuando en el trabajo legislativo.

Quiero destacar que, en primer lugar, se trata de un hecho sin precedente en la historia de nuestro país. Esta sería la primera ocasión en que sesionaría en periodo extraordinario una sola de las Cámaras para tratar asuntos que le son comunes a ambas. Y esta decisión es resultado no de la resolución del Tribunal Federal Electoral para mandatar a la Cámara, a fin de que nombre al consejero que falta del Instituto Federal Electoral, sino también es resultado del diferendo entre ambas Cámaras.

Por supuesto que el sistema Bicameral en nuestro país establece con toda precisión facultades propias exclusivas de cada una de las Cámaras y las que son concurrentes. En el caso de la Cámara de Diputados, es el caso específico del presupuesto de egresos y la cuenta pública; en el caso del Senado, todo lo que se refiere a política exterior y las relaciones de nuestro país con el mundo.

Los nombramientos indudablemente son compartidos, pero en este caso se han presentado problemas mayores, incluso de trato y de respeto entre ambas Cámaras. Quiero destacar, en primer lugar, cómo tuvieron que salir de la agenda acordada por consenso que se había establecido entre los coordinadores de ambas Cámaras para avanzar en la elaboración de dictámenes acordados entre ambas Cámaras, salieron los temas de transparencia y la lucha anticorrupción.

Esto indudablemente por el conjunto de cambios que se pretendieron hacer a la minuta del Senado en materia de transparencia, eliminar el mecanismo de elección de los comisionados del IFAI para que fuera a propuesta del Ejecutivo, y no como la minuta lo propuso, aprobados por el Senado.

Eliminar como sujetos obligados a los partidos políticos, eliminar la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, eliminar la facultad de atracción del IFAI de los requerimientos de información cuando la autoridad local no lo cumpliera, que son modificaciones que implican severas regresiones. Pero el maltrato no se quedó ahí, yo creo que uno de los peores tratos que ha recibido el Senado de la República es el tratamiento que se ha dado a la minuta que en materia de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios hizo la Cámara de Diputados.

Que alegando falta de competencia para iniciar leyes en materia de deuda por parte del Senado simplemente archivó en un cajón la minuta enviada por el Senado, elaboró una iniciativa propia retomando esa minuta, y nos quiere remitir hoy esa minuta como Cámara de origen.

Yo creo que hubiera sido mucho más conveniente hacer una discusión entre ambas Cámaras, o en todo caso iniciar un alegato jurídico por parte de la Cámara de Diputados en contra de la decisión soberana del Senado para iniciar una ley en materia de deuda pública, en este caso de los estados y municipios.

Sin embargo, a pesar de que creo que hay un problema de diferendos en el tratamiento de los problemas entre ambas Cámaras, creo que también el problema que subías es otro, ese es el verdadero problema de fondo, el de querer convertir al Congreso de la Unión en el rehén del reacomodo político de los grupos parlamentarios mayoritarios en ambas Cámaras y en su interlocución con el gobierno federal.

Y nosotros no vamos a aceptar que el Senado sea rehén de ninguna minoría o mayoría de la Cámara de Diputados, y mucho menos del reacomodo entre los coordinadores de los grupos mayoritarios, particularmente en la Cámara de Diputados en su relación con el Ejecutivo Federal.

Lo dije en una reciente reunión con los coordinadores, creemos que el contrapeso entre ambas Cámaras debe ser un instrumento de fortalecimiento del trabajo legislativo institucional, y de ninguna manera mecanismos de contrapeso que lleven a coartar la iniciativa de los legisladores, ni las responsabilidades de cada una de las Cámaras en donde está depositado en un caso la representación federal, y el otro la representación popular.

Queremos trabajar de manera coordinada, dar resultados efectivos y no estar en el rejuego y reacomodo de los distintos grupos políticos dentro del PRI. A eso nos vamos a abocar en el trabajo del Senado de la República.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado José Gonzáles Morfín, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado José González Morfín: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

¿Por qué en el PAN estamos a favor del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados?

La verdad yo siempre he pensado que el segundo receso del año legislativo es demasiado largo, 4 meses sin sesionar a ojos de la opinión pública es, nos hace pagar permanentemente costos que creo que pudiéramos evitar, simplemente poniéndonos de acuerdo y convocándonos al trabajo legislativo en los periodos de sesiones extraordinarias que fueran necesarias; yo creo que los ciudadanos nos quieren ver trabajar, creo que hay temas que no pueden esperar, y concretamente en este caso, yo sí estoy convencido de que la agenda que hemos propuesto aunque como muchos de ustedes, y muchas de ustedes quisiéramos que fuera más completa, no deja de ser importante, es una agenda importante y necesaria.

El tema, y quiero ser muy puntual en esto, el tema de la disciplina financiera, como se le ha dado en llamar; difiero de lo que ha dicho aquí mi compañero legislador Alejandro Encinas, creo que lo que estamos tratando de hacer los Diputados es buscar un acuerdo sobre un tema de fondo, en vez de ir a una controversia ante un poder distinto al nuestro que pudiera llevar años y que no permitiera resolver ésto de inmediato.

Yo sé que el tema es polémico, sin embargo, a juicio de muchos compañeros míos en la Cámara de Diputados, de quienes forman parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, el derecho a iniciar leyes o reformas constitucionales en materia de empréstitos es exclusivo de la Cámara de Diputados.

Sé que hay quienes opinan diferente, y los respeto, ofrezco todo mi respeto, y yo creo que debemos de encontrar también sobre este tema, porque pueden venir otras iniciativas y otros proyectos de Decreto en el mismo sentido y tendremos que ponernos de acuerdo.

Pero, me parece que lo que hoy estamos buscando es haciendo nuestra, prácticamente, íntegramente una minuta que ustedes nos hicieron llegar, hacer una nueva iniciativa, modificar algunas cosas como siempre sucede en el trabajo parlamentario, por ejemplo, el registro de deudas que nosotros desde un principio pensamos que debe de estar en la Cámara de Diputados y que lo habían puesto en el Senado, pero lo que estamos buscando es justamente el acuerdo, porque yo estoy absolutamente convencido de lo que usted dice, Senador, de que es indispensable que las dos Cámaras del Congreso de la Unión trabajemos en un mínimo de acuerdo, en un mínimo de corresponsabilidad, en un mínimo de coordinación, porque es definitivamente lo que el país necesite y lo que nos está demandando.

Creo que es indispensable concluir el tema del Consejero del IFE, me parece que esto no puede quedar; no sé si vamos a tener un acuerdo para que uno de los integrantes de la terna reúna las dos terceras partes de los votos, pero lo que me parece, es que no podemos dejar inconcluso este tema.

Entonces, en la Cámara de Diputados estamos obligados a concluir ese proceso.

Yo creo que la minuta que tenemos del Senado respecto a poder, bueno, la reforma constitucional para que podamos tener un Código Unico de Procedimientos Penales es sumamente relevante, bastaría ver lo que está pasando en muchos estados como para que le demos a esto la importancia necesaria. En fin, los otros temas también.

Me dio mucha pena, y lo reconozco que quedara fuera en el último momento lo del IFAI, nosotros hemos dicho en el PAN que no estamos de acuerdo con algunas de las modificaciones que se le quieren hacer a la minuta del Senado, no estamos de acuerdo en que se le quite la definitividad a las decisiones del IFAI, no estamos de acuerdo en que se excluya a los partidos políticos como sujetos obligados, no estamos de acuerdo en el tema de que se quiera quitar a los actuales consejeros, nos parece que, como todo es revisable en un proceso legislativo, pero creo que la minuta que hemos recibido en esta materia es muy importante, relevante de parte de los Senadores y que cuenta con el respaldo de los Diputados del PAN, y la vamos a seguir defendiendo así en todos los foros, porque eso es en lo que creemos.

Hago votos porque pronto tengamos un acuerdo en el tema de la lucha en contra de la corrupción, yo creo que podríamos hacer todos un esfuerzo para que en el próximo periodo extraordinario de sesiones, pudieran ir los dos temas, el tema del IFAI y el tema de la Comisión Anticorrupción o como finalmente se le vaya a llamar a esta nueva instancia.

Me parece que esto es una demanda ciudadana y estamos obligados de verdad a concluir ese proceso.

Me parece, que, quisiera yo decirles que los Diputados del PAN estamos listos para el periodo de sesiones la próxima semana, y yo sí quisiera también, hoy aquí hacer votos porque muy pronto estemos convocando el próximo periodo extraordinario de sesiones y que ahí vengan temas de mucha mayor envergadura, ¿a qué me refiero?, a la Reforma Política Electoral, por ejemplo, a las leyes secundarias de las reformas en materia de telecomunicaciones, en materia de educación que tenemos pendientes y que debemos de concluir.

Creo que, como les digo, respetando todas las opiniones, todas las voces, me parece que es muy importante el periodo de sesiones que queremos realizar los Diputados en la próxima semana, y yo me atrevería, con todo respeto, pedirle su voto a favor a nuestros compañeros Senadores para que pudiéramos llevar a cabo esto a partir del próximo martes.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado González Morfín.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros.

Cómo decirle que no a México; cómo decirle, espéranos México; cómo decirle, no podemos avanzar México; cómo decirle, permítenos un poco.

México no espera, señores, compañeras y compañeros: México no espera.

No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de temas coyunturales, de temas de estructura, de temas en los cuales los mexicanos no pueden ni debemos esperar.

Hablamos de temas tan relevantes como es la reforma en materia de disciplina financiera de estados y municipios, tema vital; tema que la sociedad mexicana no va a esperar y no debe esperar porque está confiando en nosotros en que este Colegiado refleje el interés por los mexicanos y por sus causas más justas.

El tema relacionado con el Código Unico de Procedimientos Penales, la reforma al artículo 73, fracción XXI, viene armonizando el nuevo sistema de justicia penal que ha sido señalado permanentemente por la sociedad mexicana como una necesidad de cambio, como una necesidad de seguir avanzando en el perfeccionamiento de una justicia que se merecen todos y cada uno de los mexicanos.

Cómo no avanzar ante circunstancias como estas que son reclamos sociales permanentes de los ciudadanos.

El tema sobre lo que es la reforma al sistema registral mexicano.

El sistema registral mexicano es vital para la seguridad jurídica y la certeza legal de la vida de los ciudadanos.

Señoras y señores legisladores, el sistema registral mexicano, salvo honrosas excepciones, pocas por cierto, se encuentra en una enorme crisis, lo cual significa que se generarán permanentemente perjuicios al patrimonio de las personas y de los mexicanos si no hacemos algo para regular esta situación.

He puesto en la mesa tres puntos, tres puntos que el PRI vamos a defender y por lo cual estamos conscientes y plenamente seguros de que la ciudadanía, de que la gente que nos ve, la gente que nos escucha estamos dándole respuesta a lo que quieren, más allá de diferencias, más allá de puntos de vista políticos estamos centrados en un objetivo central: El bienestar de los mexicanos, por eso el PRI está lidereando esta propuesta de periodo extraordinario, iremos con gusto a celebrar la posibilidad de discutir, de analizar y de aprobar lo que los mexicanos quieren.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Rodríguez Calderón.

Sonido en el escaño del Diputado Aureoles Conejo.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor Presidente; estimadas compañeras, estimados compañeros:

El tema que nos ocupa hoy, la convocatoria a un periodo extraordinario, sin duda, creo no equivocarme que muchos compartimos la importancia de revisar los temas urgentes del país, y creo que ahí no hay diferencia ni con las Senadoras y Senadores y, por supuesto, entre las y los Diputados porque yo no tengo duda que además las legisladoras y legisladores del Congreso y en esta Comisión Permanente estamos actuando con toda responsabilidad.

Y tengo también la certeza de que en el caso particular de las Senadoras y los Senadores, comparten la misma preocupación que agregaría yo, quizá hay un problema de comunicación y de entendimiento, y no creo prudente, compañeras y compañeros, que sigamos abonando a esa ruta, que sigamos abonando porque hay quienes quieren que así suceda, que sigamos cayendo en ese juego de quienes quieren ver a las Cámaras del Congreso confrontadas. ¿A quién le conviene que el Senado de la República y la Cámara de Diputados, las Cámaras del Congreso, agudicen sus diferencias y entren en una disputa que francamente no veo razones para que sucedan?

No es también de sorprenderse que una Cámara del Congreso convoque a periodo extraordinario, es decir, dónde está el problema de que una Cámara decida convocarse, porque además yo sé, entiendo que es altamente probable que el Senado se convoque en agosto a un periodo extraordinario; la Cámara no va a protestar porque se convoque el Senado y trabajen en los temas de su agenda, las Cámaras por sí mismas traen sus propias agendas, sus propios ritmos y sus propios tiempos.

Es decir, de dónde queremos magnificar y queremos hacer de una decisión de un periodo un conflicto entre las Cámaras. Luego, si el problema es de comunicación y de entendimientos, hagámoslo, yo mismo propuse en la mesa de los coordinadores el lunes pasado, de que buscáramos la posibilidad de que el periodo se difiriera, que no pasa nada.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: ¿Qué hecho está usted rectificando?

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Estamos hablando sobre el periodo extraordinario, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Con todo gusto, lo listo con los oradores del tema, ¿pidió usted para rectificar hechos?

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Le pedí la palabra, si usted considera que es otro el tema, le pido la palabra entonces al respecto.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Así lo haremos, lo listo.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Me pide que deje de hablar?

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: No, si tiene un hecho que rectificar, en base a la participación de los oradores, con todo gusto, sino lo listamos en los oradores.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor Presidente, estoy rectificando un hecho, pero si usted considera que eso no es rectificar hechos, suspendo mi intervención y cuando usted tenga la generosidad de darme la palabra, lo hago con mucho gusto.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si me permiten, hay tres oradores registrados para continuar con el tema. El Diputado Silvano Aureoles Conejo, el Senador Armando Ríos Piter y el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Entonces para expresarse sobre el tema, tiene usted el uso de la tribuna, Diputado.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Entonces si usted me permite, vuelvo a empezar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Vuelva a empezar, Diputado, adelante.

- El C. Diputado Silvano Aureoles Conejo: Estaba en la parte más interesante, y usted me interrumpe. Ahora dígame usted en qué punto iba.

Bueno, compañeras y compañeros, de tal manera que si la diferencia, si el diferéndum es porque no estamos en la misma sintonía del procesado de los temas, hay que hacerlo. A mi juicio habíamos quedado en el entendido de que los temas que tenía la Cámara estaban claros y precisos, y que los temas que trabajarían los Senadores también.

Particularmente era uno el tema anticorrupción, entiendo, y quisiera coincidir que así lo entendemos, de que a la mejor no se terminó de procesar el tema, y eso es perfectamente entendible y bajo esa lógica pudimos habernos planteado, y reitero, yo lo puse sobre la mesa, que el periodo extraordinario se difiriera hacia otro momento.

Pero insisto, compañeras y compañeros, no creo que esa deba ser la razón por la que se agudice o se aumente la tensión entre las Cámaras. Detengamos eso, detengamos esa intención o ese deseo de quienes se están frotando las manos para que la crisis en la relación entre las Cámaras se agudice, no vamos a permitir que eso suceda.

El Congreso Mexicano, el Poder Legislativo tiene tareas más importantes, tiene compromisos y tiene responsabilidades de mayor relevancia que estarnos disputando en los medios quien tiene la razón en un tema que francamente no es necesario.

Reitero que nosotros dijimos, que yo propuse, porque así lo platicamos con mis compañeros Diputados del PRD, que se pospusiera el periodo extraordinario.

Segundo. Hay una preocupación legítima de los Senadores y las Senadoras, el tema de transparencia. Yo reitero aquí que las Diputadas y los Diputados del PRD estamos absolutamente en sintonía porque vayamos a fondo en el tema de transparencia, y en el tema de rendición de cuentas, eso nunca ha habido dilema en nuestro grupo, no ha sido tema de discusión de si queremos retroceder en la materia, en absoluto, si esa fuera una de las preocupaciones en el Senado en caso de las Senadoras y los Senadores.

Y el otro tema, que solamente lo dejaría para que vayamos construyendo el camino del entendimiento, resolvamos el problema que creo sigue latente en el ánimo de las Senadoras y los Senadores, por lo menos quienes así lo han expresado, del tema de la iniciativa en materia de endeudamiento estados y municipios.

Hablémoslo, resolvamos ese asunto, no creo que deba ser la razón para tensar las relaciones, y mucho menos para el desgaste mediático del Congreso, resolvamos esa diferencia que puede ser uno de los puntos que han generado inconformidad o diferencia del Senado de la República.

Yo diría, que en nuestro caso, estamos abiertos a que lo revisemos, no nos cerremos, resolvamos las diferencias si hay un órgano, un poder del Estado, que su principal razón es el diálogo y la construcción de acuerdos, ese es el Congreso, y en esa ruta podemos resolver cualquier diferencia, pero no escalemos más la tensión entre las Cámaras del Congreso.

Muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Aureoles Conejo.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Escuché con atención la participación del Diputado Alberto Rodríguez, y creo que hay una forma clara de darle respuesta a las preguntas que él puso aquí en el debate.

Cuando él se pregunta cómo decirle que no a México, yo estoy consciente y convencido de que se le dice que no a México en cuanto leyes, propuestas de leyes que permiten avances contundentes y que de pronto alguien las frena, o que de pronto alguien las modifica para echarlas para atrás en los avances que se tienen.

Usted preguntaba cómo decirle, espéranos, a México, precisamente ahí cuando hay iniciativas que se han trabajado durante horas, con el trabajo de todos los grupos parlamentarios, donde hay consensos sólidos y contundentes, y de pronto alguien decide definir que esa iniciativa va para atrás, se congela, o es más, la cambiamos para quitarle las partes esenciales de su avance.

¿Por qué se pensó en un periodo extraordinario?

Y, ¿por qué los coordinadores pensaron en que era indispensable, para darle respuesta a ese México que está esperando y decirle: vamos para adelante? Porque tenemos un tema como el de transparencia, el del acceso a la población de los ciudadanos a esa fuente que es la información y que tenemos un Instituto Federal de Acceso a la Información, el cual en la iniciativa que mandó el Senado a la Cámara de Diputados, tenía mucho mejores instrumentos para garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución.

Y, ¿qué es lo que nos ha tocado ver? Nos ha tocado ver, no solamente que se detiene la iniciativa formulada por todos los grupos parlamentarios en el Senado, sino que se echan para atrás los alcances fundamentales que se habían alcanzado.

¿Quién nombra a los comisionados?

El tema de, ¿quiénes son los sujetos obligados que tantas horas, tantas revisiones, tantas reuniones nos llevó? Y aquí está el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y revisamos, escuchamos opiniones, y al final del día definimos que los partidos políticos, los sindicatos, y aquellos que reciben recursos públicos, debían ser sujetos de la ley.

¿Qué es lo que nos encontramos de pronto en lo que está revisando un grupo de la Cámara de Diputados? Pues, que eso no vale, que eso, no solamente hay que frenarlo, sino hay que quitarlo, incluso, echar para atrás cuestiones que hoy operan a favor de la gente, como por ejemplo, que las resoluciones del IFAI no sean atacables.

Hoy los dictámenes, o por lo menos, la información que tenemos de lo que se ha discutido, y aquí los compañeros del PRD han estado muy puntuales defendiendo lo que se busca por parte de una bancada, y debo decirle que es la suya, la del PRI, en la Cámara de Diputados, lo que quiere es revertir el avance que hoy se tiene para que la gente pueda acceder a esa información.

Entonces, ¿por qué se pensó en un periodo extraordinario? Precisamente para responderle a México con avances, con cambios institucionales, con transformaciones que puedan ser de fondo, como por ejemplo, el combate a la corrupción, el tema de transparencia, que lo han quitado.

De tal forma, que creo, compañeros y compañeras, que la reflexión que tenemos que tener es la pregunta a la respuesta que usted pone.

¿Por qué su bancada, la del PRI en la Cámara de Diputados, esta empecinada en echar para atrás los temas fundamentales que fueron el principio y la base del acuerdo que motivó que ambos: Senado y Cámara de Diputados estuviéramos de acuerdo en llevar a cabo un Período Extraordinario?

Hoy pueden salir muchos temas, y usted nos puede decir, Diputado, que todos son de la mayor trascendencia. Pero debe usted reconocer que lo que está haciendo a un lado son los temas que verdaderamente buscan transformar a México; los temas que verdaderamente buscan darle un nuevo marco institucional que nos permita una mejor gobernabilidad y un avance, que es el que esperamos que sea el que se pueda construir por parte de este Poder Legislativo.

No está por demás subrayar que esto que vemos en la parte de transparencia, pareciera ser una suerte de actitud a modo, de actitud que ha querido tener una parte de la Cámara de Diputados para tener un cierto manejo de los temas y para poder, al final del día, decir quién es el que está llevando y coordinado la agenda.

Y me parece que ese es el punto importante, porque me tocó ver también, porque fui parte de la discusión del asunto de deuda de los estados, y me tocó también estar muchas horas con compañeros Senadores trabajando esa iniciativa, escuchando a personas, convocando a gente, y logramos tener un producto ¿Para qué? para que quienes hoy en la Cámara de Diputados, y le quiero decir al Diputado González Morfín, porque también él es aludido en este tema, quienes hoy están en la Cámara de Diputados sí aceptaron ser Cámara de origen; la Mesa Directiva del sexenio anterior sí aceptó, y aquí está también el Senador Manlio Fabio, sí aceptaron ser Cámara de origen en un tema de deuda pública.

Entonces, pareciera ser, y lo debo decir con toda responsabilidad desde esta tribuna, que es más bien un asunto de antojo, o por decirlo, y lo digo con toda la claridad, un asunto de berrinche.

De tal manera, que yo esperaría que lo que pudiéramos concluir en un debate de altura de miras que requiere un periodo extraordinario, es a que no cada quien jale por su lado, a que le demos la dimensión y la capacidad del Poder Legislativo de estar a la altura de lo que hoy requiere México, que transformemos las instituciones.

No solamente que digamos: “Este tema, por ejemplo, el actualizar los nombramientos de aquellos que han pedido licencia, es importante para darle una respuesta a ese México que está esperando”.

Yo los convoco, compañeros y compañeras, a que a esta discusión le demos la altura y la dimensión que requiere.

México requiere un Poder Legislativo unido, independientemente de los grupos parlamentarios que lo componen; requiere que la Cámara de Diputados y el Senado resuelvan temas importantes como el de transparencia, como el de corrupción, como el del tema de la reforma política, y tantos cuántos que tenemos pendientes para México. Pero no es a través de caprichos como le vamos a dar resolución a la agenda que México espera de nosotros.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

- El C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna, hasta por 5 minutos, el Diputado Manlio Fabio Beltrones.

- El C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que cada vez estoy más convencido de lo valioso que es tener un Congreso Bicamaral.

Creo que lo importante es, ¿cómo se reflexionan todos y cada uno de los temas?

Y la sabiduría y el espíritu del Constituyente vio la manera como se podía en esa reflexión, llevar a una Cámara u a otra a la revisión de lo que pueden ser los temas más importantes, a fin de poder construir nuestra legalidad y nuestra constitucionalidad.

Qué bueno que estamos aquí reflexionado sobre lo que interesa, lo que importa, lo mejor que le puede suceder al país, y esto es avanzar, y avanzar a través de verdaderas reformas, reformas que nos reconozcan a unos y a otros; que no fijen solamente la voluntad de un partido político sobre el otro o de un legislador con el otro por problemas de vanidades o asuntos de complicación política interna.

A eso se refería nuestro amigo Alberto Rodríguez Calderón cuando dijo:

¿Cómo detener a México?

¿Por qué detener a México? esa es la verdadera pregunta.

Las respuestas pueden ser muy interesantes, pero al final las reflexiones, el Congreso Bicamaral sirve para que una Cámara reflexione sobre lo que hace otra y lo hace en plenitud de facultades, y lo hace consiente, además, de que es su función.

Una Cámara es la que hace la iniciativa y otra Cámara es la revisora, pero eso lo sabe cualquiera, no se necesita ser Senador ni Diputado y pueden, entonces, llevarse a cabo las reformas.

Si hay, como bien se ha dicho aquí en la tribuna, el interés por no lastimar, por no contaminar la relación entre dos Cámaras, solamente porque una parece no querer hacer lo que la otra. Para eso sirve el Congreso.

Creo que el Congreso tiene mucho qué hacer y no nos podemos detener.

Hay facultades exclusivas, obviamente, de la Cámara de Senadores y facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Nos ha llevado a sesionar en los últimos 20 años en más de 7 ocasiones por ellas, solamente a una Cámara, no se ha detenido.

Y si de paso hay una Cámara que tiene una obligación de sesionar, como es la Cámara de Diputados, para desahogar una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por qué esa Cámara no podría incluir algunos otros temas para desahogarlos en el mismo periodo extraordinario y a fin de obsequiar el estudio de minutas de la Cámara de Senadores.

Nosotros no nos sentiríamos mal si alguna de las 78 minutas que tienen depositadas de esta Legislatura de la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, quisieran desahogarla en algún extraordinario, corrigiéndolas, adaptándolas, modernizándolas, reflexionándolas, modificándolas. Que para eso es el Congreso bicamaral.

Hubiéramos querido incluir algunas otras más, ustedes tienen 78, nosotros 41. Y eso es lo que verdaderamente se debería de estar preguntando buena parte de los que nos observan, la sociedad en su conjunto, por qué no hacemos más productivas a las Cámaras, menos caprichosas y más productivas.

Y estoy seguro que así podremos avanzar de común acuerdo.

El interés del grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, es construir en este periodo extraordinario, a través de la reflexión, resultados que sean o modificación o sin modificación a las minutas que depositó el Senado de la República a fin de que el Congreso siga trabajando.

Creo que hemos construido un Acuerdo en Cámara de Diputados para que una de estas minutas ya vaya al Constituyente Permanente en los términos en las que la mandó la Cámara de Senadores.

Otra de ellas que es muy importante, con alguna adaptación incluso que está haciendo un grupo parlamentario distinto al PRI, que regrese a Cámara de Senadores en donde en reunión previa habíamos visto que con esa modificación puede caminar en Cámara de Senadores obsequiándola en sus términos.

Y otra más que buscamos que en el espíritu que nos ocupa corrijamos solamente el tema del procedimiento.

¿Quién podría sentirse ofendido por ello?

Se han tocado algunos otros temas más aquí, aprovechando la ocasión, que no son motivos de este periodo extraordinario.

Lamento mucho que utilicemos el tiempo para ello, tenemos reflexión o tiempo suficiente para reflexión adicional.

Lamento mucho también que no vaya y no se haya conseguido un acuerdo en el tema de la Comisión Anticorrupción en el Senado, que nos hubiera dado mucha materia; y otro más, construir un acuerdo para reflexionar sobre la minuta en materia de transparencia. Pero tenemos tiempo, tenemos tiempo para poder salir adelante.

Lo único que nos puede impedir el caminar en este propósito de construir para beneficio de México es una división innecesaria entre las dos Cámaras.

Que a nadie le interesa y quienes la pueden estar prohijando en verdad que están atendiendo intereses distintos a lo que puede ser la buena relación entre el Congreso.

Esto no es un debate en lo personal, son reflexiones en lo institucional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Beltrones Rivera.

Diputado Monreal Avila, ¿pidió usted el uso de la palabra, con qué objeto?

¿Usted con qué propósito quiere utilizar la palabra?

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) En el momento procesal oportuno se lo señalaré.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muy bien, Diputado Monreal Avila.

Senador Barbosa Huerta, ¿quiere usted tomar la palabra para rectificar hechos, para alusiones personales o simplemente quiere que lo añada como un orador más en este tema?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) No he recibido ninguna alusión. Se le concedió el uso de la palabra a Beltrones sin estar en la lista.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si usted quiere tomar la tribuna para este tema, está en su derecho.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Yo celebro el tono con el que se ha debatido en esta Comisión Permanente para este asunto y, sin duda, que los coordinadores parlamentarios, los grupos parlamentarios estamos comprometidos con la responsabilidad constitucional que tenemos como integrantes de los órganos del Estado mexicano del Poder Legislativo. Y así debemos de debatir.

Ratificamos nuestra voluntad para tener un Congreso útil para México.

Para tener un trabajo eficaz, eficiente, en la construcción de leyes, en la revisión y construcción de políticas públicas que desde luego tengan como único propósito el beneficio del pueblo de México.

Así es que, que no haya duda, en el Senado tenemos esa vocación y vemos nosotros que también en la Cámara de Diputados existe.

No tenemos un cuestionamiento para el desempeño en la Cámara de Diputados de los trabajos que ahí se desarrollen.

Pero hoy nos ocupa un asunto en concreto.

Nosotros, los líderes parlamentarios, los de las bancadas de Diputados y Senadores, recogiendo la opinión de los integrantes de nuestros grupos parlamentarios, establecimos la necesidad de llevar a cabo periodos extraordinarios.

Hay que responder a la percepción social que se tiene de mejorar el trabajo del Congreso y a la opinión que se tiene de que tengamos periodos extraordinarios para desahogar asuntos importantes que están en la agenda. Por eso dijimos que teníamos que llevar a cabo periodos extraordinarios.

También por reconocer que en el siguiente periodo ordinario del segundo año de ejercicio, habrá temas de enorme importancia, de enorme profundidad, temas no sólo de mayorías parlamentarias, sino temas del país, como es el tema de la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma hacendaria, y que por tanto tendríamos que desahogar los otros asuntos para que esos temas tan grandes no pudieran impedir acuerdos en estos temas no menores y de gran trascendencia.

Así establecimos la agenda para desahogar el primer periodo extraordinario de sesiones. Y también acordamos formar equipos de trabajo, de Senadores y de Diputados, para construir dictámenes comunes, para que pudiéramos desahogar en lo que es un periodo extraordinario, espacio breve de tiempo, en el cual se reúnen las Cámaras en sus plenos y poder discutir y debatir los dictámenes que ya tuvieran acuerdo y que inclusive ya estuvieran construidos.

No se cumplió, no se cumplió y la Cámara de Diputados se adelantó, dictaminó el tema de deuda, estados y municipios, y estuvo casi para tener el dictamen con los criterios que fueron conocidos por todos el dictamen de transparencia.

Cuando planteamos nosotros el diferimiento por una semana para llevar a cabo este periodo extraordinario, se nos dijo que la Cámara de Diputados había decidido llevar a cabo su propio periodo extraordinario.

Facultades exclusivas y desahogarlas de manera exclusiva por las Cámaras respectivas. Por favor, es algo que ni siquiera tienen que referirse, se puede realizar y se pueden convocar a periodos extraordinarios para desahogar asuntos que son de la exclusiva competencia de cada una de las Cámaras.

Pero desahogar un periodo extraordinario de sólo una de las Cámaras de asuntos de la competencia de ambas, eso es inédito. Eso no tiene precedente, eso no ha existido en el Parlamento mexicano.

Cuál es la condición que va a haber cuando la Cámara de Diputados desahogue exitosamente su periodo extraordinario. Sus dictámenes, los que aprueben sus comisiones, van a estar aprobados por su Pleno. No va a haber un producto legislativo que sólo le falte la promulgación y la publicación de la reforma. No lo va a haber.

Por tanto, ese periodo extraordinario de una sola de las Cámaras no va a ser totalmente útil ni totalmente eficaz ni totalmente productivo. Esa es la realidad.

Lo de fondo, señores, puede ser motivo de especulación y puede ser motivo para que entablemos un debate no institucional y sí personalizado.

Lo de fondo son razones que aquí se han mencionado, que se han dicho en declaraciones públicas y que puedo referirlas, pero por respeto al Parlamento, por respeto a este recinto y por respeto a ustedes no debo de abonar en ellas, pero el Senado de la República no va a ser parte de esta circunstancia, de esta ruta, de esta ruta que de verdad no construye en favor del Congreso Mexicano.

Expreso la voluntad del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República para reponer los acuerdos, para reponer los entendimientos, para que podamos tener periodos extraordinarios, en lo que resta del receso, útiles para México, que no se diga que no quisimos ir nosotros cuando los hechos aquí están evidenciados.

Bien podemos, y se los propongo, no aprobar esta convocatoria, diferir este periodo extraordinario y poder desahogar asuntos de manera conjunta.

Se los propongo como acuerdo para que sea la resultante de esta discusión y no expedir la convocatoria en la que sí habría voluntarismo y probablemente no muy bien intencionada.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Primero, yo quiero dejar testimonio de mi reconocimiento a los coordinadores de los grupos parlamentarios de los tres partidos que tienen el mayor número de Senadores y de Diputados con quienes hemos tenido reuniones previas para tocar el tema del periodo extraordinario.

El espíritu de este periodo era revisar cuáles son los temas importantes que debemos sacar, en función de que vamos a tener un cúmulo de trabajo a partir del 1º de septiembre, que ya lo vemos y lo estamos vaticinando los Senadores y las Senadoras de la República, las Diputadas y los Diputados.

Me preocupa mucho que caigamos en un debate que no tiene ningún espíritu de confrontación entre las dos Cámaras, al contrario, estoy convencido porque conozco a los dirigentes, conozco a los Diputados y a las Diputadas de todos los partidos, a las Senadoras y a los Senadores de todos los partidos, de su voluntad de hacer las leyes que requiera el país, para cambiar al país del momento que está viviendo.

Pero parece que es un acto extraordinario el que la Cámara de Diputados pueda tener un periodo extraordinario.

Hay que ver la historia, el último periodo extraordinario que se llevó a cabo por las dos Cámaras fue en junio de 2008 y quiero decirles que la Cámara de los Senadores en 1990, en 1991, en 1992 y 1993 con la reforma política, en 1994 y en 2002 la Cámara de Senadores tuvo un periodo extraordinario sola, sin ser acompañada por la Cámara de Diputados.

¿Qué es lo que venimos a pelear? Yo creo que nada, yo creo que tenemos que ser respetuosos, nos pusimos de acuerdo, se ha dicho aquí, y tienen razón, en el mes de junio, seis coordinadores de los diversos grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, los mayoritarios, quedamos en que íbamos a sacar en un periodo extraordinario, lo anunciamos, lo íbamos a presentar ante este órgano colegiado que iba a aprobarse la reforma constitucional en materia de transparencia, IFAI, que es una minuta que salió en Cámara de Senadores y fue a Cámara de Diputados. La quieren corregir, están en su derecho.

La reforma constitucional en materia de disciplina financiera de Estados y municipios, hay una litis si tenemos nosotros como Senadores la posibilidad de presentar una iniciativa, es la litis que estamos peleando, la litis que está peleando la Cámara de Diputados, tomó nuestra minuta, la corrigió tal y como estaba con dos cambios fundamentales, que las atribuciones se quedaran en la Cámara de Diputados.

¿Qué pedíamos en una reunión el día de anteayer? Que sea una Comisión Bicameral, tres Diputados y tres Senadores y creo que queda salvado ese problema en esa materia.

Tocamos también la reforma constitucional que faculta al Congreso a expedir el Código Federal de Procedimientos Penales Unico, nos dice la Cámara de Diputados va a salir tal y como la envió la Cámara de Senadores.

Vimos también la reforma constitucional por la que se crea la Comisión Nacional Anticorrupción.

Vamos muy avanzados en el Senado, puedo decir que estamos casi a punto de sacar esto, pero se pidió tiempo y no creo que sea nada que no debamos otorgar, debemos hacer las leyes pensándolas, reflexionándolas y viendo cómo se beneficia al país, y el último tema era el nombramiento del Consejero del Instituto Federal Electoral que es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

El día de anteayer tuvimos una reunión los coordinadores y quiero decirles que se llegó a un acuerdo; un acuerdo donde se quedó muy claro, los Senadores aceptaron sacar las tres minutas que tienen pendientes de la Cámara de Senadores, que son la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, de estados y municipios, con los cambios que ya nos han dicho y sabemos que van a venir, ojala y puedan aceptar que sea una Comisión Bicameral, Senado y Cámara de Diputados, que sea este tema.

También, la reforma constitucional que faculta al Congreso a expedir el Código Federal de Procedimientos Penales Unico que va a salir tal y como se los mandamos; la reforma constitucional al artículo 73 para armonizar y homologar los registros públicos e inmobiliarios y de personas morales y de catastros.

Es una reforma que salió por unanimidad interna de Senadores y parece que los Diputados nos la van a aprobar tal y como se las enviamos; y el nombramiento del IFE en el cual no tenemos ninguna atribución.

Por eso yo creo que lo más importante es construir; construir una buena relación entre las dos Cámaras, es nuestra obligación como legisladores, es lo que nos exige la sociedad mexicana que nos tiene por cierto muy castigados en cuanto a su calificación y a lo mejor lo hacen por conocimiento de causa, porque no hemos demostrado o no hemos sabido demostrar qué es lo que ha hecho el Senado de la República en sus dos periodos pasados, históricos, más de 7 reformas constitucionales se aprobaron y no lo hemos sabido vender.

Y que lo que no debemos hacer es buscar una división entre las dos Cámaras, tenemos que hacer el verdadero esfuerzo, entender que debemos honrar lo que somos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y buscar el acuerdo.

Yo creo que en estos momentos hay que privilegiar la política, llegar a acuerdos y a consensos y no estarnos peleando por un periodo extraordinario.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gamboa Patrón.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Miren, ciudadanos legisladores, la verdad es que son de los debates que deberían de apenarnos porque el artículo 78, fracción IV establece con claridad esta posibilidad de la convocatoria para celebrar periodos de sesiones extraordinarios por algunas de las Cámaras.

¿Qué sucede cuando se dan ese tipo de discusiones por horas? Suelo recordar lo que se cuenta de los turcos cuando estaban a punto de arrasar, destruir o conquistar, como muchos dicen, Constantinopla, los sabios de Bizancio en lugar de preocuparse por defenderse de los bárbaros discutían acaloradamente cuál era el sexo de los ángeles. Y los sabios de Bizancio provocaron, por su falta de interés en atender los principales problemas, la barbarie y la ocupación de Constantinopla.

Es una lección histórica que no aprendemos. La verdad es que asistimos a un debate que, en efecto, ha sido respetuoso, creo que ha sido comedido por todos, han participado coordinadores de grupos parlamentarios y siempre que lo hacen comedidamente; pero es un debate que pone al descubierto, y eso no lo podemos ocultar, las diferencias y las contradicciones entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Es como un duelo de protagonismos, algunos le han llamado hasta berrinche, otros más capricho, pero aunque lo dicen en tono suavecito sí se han dicho sus verdades. Y yo pudiera incluirlo o ampliar estas categorías para decirles: “no sólo ha sido eso, sino ha sido como una especie de debate o duelo de reclamos por el incumplimiento de acuerdos”.

A mí me parecía muy razonable la posición del Senado, de verdad, o sea, en principio nosotros siempre somos excluidos, ese es el problema, entonces vemos el debate de tres contra tres porque a nosotros nos excluyen casi siempre en la discusión. Pero también pone al descubierto la pobreza de los acuerdos y la inexistencia de voluntad política, incluso estos intentos de retroceder en temas trascendentes de transparencia y de deuda pública no debieran ocurrir, y tienen razón los que han defendido esa posición para decir: “pues no se puede convocar si se retrocede en lo que ya se tenía avanzado”.

Me parece una posición muy atendible del grupo de Senadores que se han expresado, yo prefiero sesionar con acuerdos previos a lograr acuerdos consensados. Los temas que ahora nos alejan son la transparencia y el tema de la deuda de los estados y municipios, y yo les plantearía que no es mala la propuesta del Senador Barbosa Huerta, de que se pudiera diferir la convocatoria o la aprobación de la convocatoria, a intentar un acuerdo para que se hiciera una convocatoria a las dos Cámaras.

Tampoco es extraño hacerla a una o a otra, pero no es atendible el planteamiento del Senador Barbosa, nosotros no incurrimos en responsabilidad si acatamos la resolución del TRIFE, simple y sencillamente en el mes que se quiera, 8, 10 días antes, digo, 8, 10 ó 15 días después que se convocara a un periodo extraordinario. Pero, la verdad, es que este tema nos ha ocupado mucho tiempo, deberíamos tomar una decisión, y si se difiere nosotros estaríamos de acuerdo.

Si se intenta que hoy se vote, nosotros votaríamos en contra porque es razonable la argumentación, y me parece también que son temas tan delicados que nos sitúan en una posición endeble. Decía que es un duelo de reclamos porque aquí se dijo que la Cámara de Diputados tiene en la congeladora 78 minutas nuestras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tiene cuarenta y tantos.

O sea, eso lo pudimos haber comentado en corto porque a mí me da vergüenza saber que hay tantas cosas pendientes de los dos lados, es un duelo de reclamos. Yo creo que los coordinadores de grupos parlamentarios pudieran tomar una decisión, en la que siempre somos excluidos, pero sí pudiera diferirse unos días.

Que se convoque a un periodo extraordinario porque los temas que se deben de discutir, que están pendientes o que son excluidos de la agenda para la convocatoria de este periodo extraordinario sólo por la Cámara de Diputados son insuficientes. Aunque es usual, ya aquí se dijo, y, en efecto, en la práctica parlamentaria yo recuerdo algunas sesiones de la Cámara de Diputados exclusivamente o de la Cámara de Senadores, o sea, ese no es el debate de fondo, puede hacerse, se puede convocar a una de las Cámaras.

El debate de fondo, es lograr que en esos temas tan delicados de transparencia, combate a la corrupción y el tema de deuda de los estados y municipios pudiéramos ir muy avanzados para lograr el propósito que millones de mexicanos quieren ver a una Cámara productiva, ver a una Cámara muy atenta, lo que está pasando en el país, y que hasta ahora no se ha logrado.

Este debate me parece rico, pero, sin embargo, insustancial porque no se está llegando al fondo del problema que el país padece en materia de corrupción, de inseguridad, de desempleo y de tantos reclamos que tienen los mexicanos. Por eso los exhorto a que difieran, es una buena convocatoria del Senador Barbosa, yo me adhiero a ella, y creo que sería un punto de partida para intentar un consenso mayor y no aparecer a la opinión pública como lo que está pasando, poner en evidencia las contradicciones entre tres y tres.

Finalmente tres contra tres: los tres coordinadores de Diputados contra los tres coordinadores de Senadores, es la verdad, y además lamentablemente del mismo partido, unos y otros. Qué pena, pero así es la realidad.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Miren, el país ha cambiado. La relación entre poderes a partir de 1997, donde pasamos de un híper presidencialismo que controlaba a ambas Cámaras y cuyas iniciativas podían pasar sin mayor problema en las dos, pasamos a un híper presidencialismo que no permitía que una iniciativa del Ejecutivo pudiera transitar por ambas Cámaras a partir de 1997 en que se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados donde un solo grupo parlamentario pues no podía transitar sin el acuerdo de las demás fuerzas políticas.

Creo que ese es el nacimiento real, el nacimiento real del Congreso mexicano después de aquella legislatura de 1917. A partir de ahí yo creo que la relación entre poderes ha sido una relación muy interesante, diría yo, desde el punto de vista del diseño constitucional de nuestro país, por supuesto, esto no lo descubrí yo, es un libro de Giovanni Sartori, “Ingeniería constitucional comparada” donde analiza el caso mexicano.

Y yo sí creo que de esa evolución que tuvimos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo estamos pasando también a analizar y a definir qué relación vamos a tener en un sistema bicamaral como el nuestro.

A partir de 1874, cuando se reinstala el Senado de la República por parte de Sebastián Lerdo de Tejada, y deja atrás la Reforma de la Constitución del '57, que por cierto a Benito Juárez no le gustaba mucho el Senado, le gustaba más el sistema unicamaral, renace el Senado en 1874, y a partir de ahí, las decisiones entre Senadores y Diputados era muy similar, es decir, teniendo un Presidente muy fuerte, digamos los 30 años de Porfirio Díaz, y después todo el periodo post-revolucionario hasta llegar a 1997, creo que el día de hoy, lo que está sucediendo en las Cámaras es algo interesante, y creo que lo debemos de valorar.

Lo que debemos de valorar es que debemos de ir acostumbrándonos a que sí hay Cámara de origen y Cámara revisora, y que no necesariamente todo lo que se aprueba en una Cámara de origen, independientemente de cuál sea su posición, va a ser aprobado lisa, llana y textualmente, sin cambiarle una sola coma en la Cámara revisora.

Creo que ese va a ser el nuevo modelo y el nuevo trato que se dé entre ambas Cámaras. Por supuesto respetamos la decisión de los ciudadanos Diputados federales de convocar a su periodo extraordinario en virtud de que tienen un mandato por parte del Tribunal Electoral de resolver uno de los temas en los que ellos tienen facultad exclusiva y, por supuesto, teníamos toda la intención de acompañar a ese periodo extraordinario si lográbamos tener el consenso suficiente por lo menos en dos dictámenes, uno exclusivo nuestro, que es la Comisión Nacional Anticorrupción en la que no logramos el consenso, y esto de consensos porque ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, un solo grupo parlamentario puede decidir sobre la mayoría.

Y el segundo tema, que por supuesto no se logró el consenso en Cámara de Diputados, es la reforma constitucional para lograr que el Instituto Federal de Acceso a la Información tenga un modelo constitucional diferente, una forma de elegir a sus comisionados diferentes y una forma de operar diferente.

Por supuesto, creo que nosotros respaldamos la decisión del coordinador de los Diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, de convocar a este periodo, y respetamos absolutamente la decisión de que los Diputados federales lo hagan con medimento, atiendan la decisión del Tribunal Electoral y resuelvan los temas que de alguna manera el Senado de la República mandó como dictámenes y, por supuesto, aceptando que tenemos un diferendo en la interpretación de los artículo 72 y 73, conforme al artículo 135 de la Constitución, que creo que el Senado sí tiene facultades en materia de empréstito tratándose de reforma constitucional, independientemente de este tema, creo que es valioso que lleven a cabo su sesión, es lamentable que no podamos resolverla en el mismo periodo extraordinario, pero bueno, vamos a trabajar por consensos, y de lo contrario por mayoría, mientras no se tenga una mayoría constante y clara respecto a estos dos dictámenes que el Senado de la República tendrá que resolver en una sesión posterior, por ello, el grupo parlamentario del PAN votaremos a favor del dictamen para que se lleve a cabo ese periodo extraordinario por parte de los ciudadanos Diputados, y esperaremos con respeto lo que ellos decidan para que en un periodo posterior hagamos lo propio, y resolvamos de fondo los temas que le interesan al país, más allá de los protagonismos y de los excesos que pueda llegar a tener cualquier legislador, además, válidos, y que obviamente respetamos, pero al final del día creo que esto no se construye en función de un legislador, sino de una mayoría simple, absoluta y calificada que se pueda construir en ambas Cámaras como sucede desde el 22 de noviembre de 1874, cuando se reinstala el Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

A fin de dar trámite a la propuesta presentada por el Diputado Huerta Ladrón de Guevara, según entiendo, tiene usted una propuesta concreta, ¿es correcto? Y, ¿le parecería si la Secretaría da lectura a su propuesta, y le pregunto a la Asamblea si es de aceptarse o no?

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Sí, porque yo estoy de acuerdo con el Senador Encinas, de que ya quedó demostrado que es muy trascendente este debate, pero desde la óptima que yo lo planteé en mi intervención, y creo que todos me están dando la razón en el sentido de la gran sabiduría del pueblo cuando dice: “híjole, qué miedo”, cuando se reúnen las Cámaras de Diputados y Senadores.

Y, es obvio que este desmenuzamiento que nos han hecho de los desacuerdos, los incumplimientos, los agandalles, reflejan lo que yo sostengo, que es un tema mayor, en México no hay democracia; en México no hay división de poderes. Y, ¿por qué digo esto? Porque, miren, el PRI, mucho preguntaba y les preocupa a los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores que no se vea una división innecesaria del Congreso, y, ¿a quién le conviene esto?, pues es obvio que hay esta división, ahí en las Cámaras se ve, porque los partidos políticos mayoritarios, y ya no hablo de otros, están intervenidos por el régimen, están intervenidos por el Presidente de la República, que es quien sigue mandando en este país, inclusive al Poder Legislativo, y digo, para qué no decir las cosas como son.

Es obvio que la distorsión viene desde el Pacto por México, y se agrava en este contexto de que faltan resultados electorales o que se están procesando resultados electorales, y yo ya anuncié cómo vislumbro que actúan las autoridades judiciales en materia electoral, por no decir, ya las operaciones de estado que vimos en días pasados.

Es obvio que querer plantear que aquí hay división bicamaral, porque del 90 al 94 sesionó el Senado para la cúspide del salinato de la cual seguramente el Senador que hizo alusión de ello estaba muy cercano, y sabíamos los que estábamos en la oposición desde entonces, cómo se las gastaba el régimen.

Nosotros pensamos, o yo en lo particular, que no nos preocupa la exclusión mientras a la verdadera oposición no se le dé un trato de dignidad, pues ni modo, tendremos que estar aquí haciendo el esfuerzo de aclararle a la opinión pública nuestro posicionamiento y, por último, no nos perdemos de una línea que en lo particular ha estado exigiendo que se cumpla.

Yo insisto que la Cámara de Diputados tiene que sesionar exclusivamente para resolver el tema del Consejero Electoral, que entre paréntesis, hay que reiterarlo aquí, fue otra maniobra del PRI, porque aunque la Junta de Coordinación en la Cámara la preside el PAN, sabemos que en el fondo el PRI es quien le da viso y vida a estos organismos, y obviamente hubo la maniobra de no meterlo en el tiempo del periodo ordinario que tuvimos, luego activar al tribunal para emitir una primera sentencia, y después pararlo como paran todo para la búsqueda de acuerdos políticos de las cúpulas que pretenden mal gobernar este país.

Por lo tanto, reitero mi propuesta de que sesione la Cámara de Diputados con un solo punto de la agenda y un solo día.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

A fin de darle trámite, le pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Diputado e inmediatamente consulte a la Asamblea, en vocación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura a la propuesta que formula el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Punto Unico.

Inciso A. Elección del Consejero Vacante del Instituto Federal Electoral.

Inciso B. Sólo sesionará el día 16 de julio de 2013".

Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Agotada la lista de oradores del tema que nos ocupa. Ahora proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal. Iniciaremos de lado derecho del salón. Se solicita a las y los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(votación)

Señor Presidente, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el Decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Esta Presidencia enviará a la Cámara de Diputados el informe a que se refiere la última parte del primer párrafo del artículo 69 constitucional.

Pasamos al siguiente asunto.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley General de Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado Javier López Zavala: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea.

La Comisión de Población de la Cámara de Diputados y el grupo parlamentario del PRI, dentro de su plan de trabajo aprobó elaborar una nueva Ley General de Población, la cual presento el día de hoy a nombre de las y los Diputados miembros de dicho órgano.

Mañana es el Día Mundial de la Población, en ese contexto es que creemos emblemática esta fecha para presentarlo porque consideramos debe ser la estructura de una nueva Ley General de Población.

Según el INEGI en 1930, década de la que surgió la primera Ley General de Población, había 16 millones 552 mil personas en el territorio nacional; en 1970, década en que se realizó una reforma sustantiva a este ordenamiento, eran 48 millones 225 mil habitantes.

En el 2013, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, somos 118 millones 395 mil personas, y según sus proyecciones para el 2050 si la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años sigue creciendo será de 56.86 a diferencia de la tasa global de fecundidad que es de 2.39 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil.

Entonces seremos 150 millones 873 mil personas que deberán y exigirán servicios de salud, educación, vivienda, trabajo y demás servicios que brinda el Estado. Lo anterior, sumando a que la Ley de Población tiene vigentes solamente 43 de los 157 artículos que contenía al principio, los demás han sido derogados por diversos factores.

La Comisión que he de presidir, realizó una ponderación sobre la pertinencia de crear un nuevo ordenamiento o reformar el vigente, siendo más factible lo primero, toda vez que requiere tener una visión global de las circunstancias que vive actualmente el país y las necesidades de políticas públicas que trasciendan sexenalmente a fin de que los índices de natalidad no se disparen por falta de información en la toma de decisiones o relaciones inequitativas o desiguales que llevan a tener embarazos no planeados, con toda la complejidad demográfica, social y económica que esto implica.

Los razonamientos que hoy expongo fueron los que nos llevaron a presentar esta nueva iniciativa de Ley General de Población, que desde luego, como toda iniciativa, deberá ser analizada, discutida y enriquecida con las visiones de mujeres y hombres expertos en el tema, como los demógrafos, por lo cual realizamos una amplia consulta a fin de que se pueda ver reflejada en ella todas las formas de pensamiento que existan en nuestro país, desde una perspectiva de respeto a la laicidad de la educación, el respeto al uso de nuestro cuerpo, la no discriminación y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos.

Aspiramos a que esta sea una ley que permita planear políticas públicas eficaces y sobre todo que garantice los derechos de las personas.

Esta iniciativa no fue solamente un acuerdo entre grupos políticos, en ella se integraron las ideas que manifestaron las y los especialistas del Consejo Consultivo Ciudadano para Política de Población, representada en este acto, por la maestra Gabriela Rodríguez, a quien saludo desde aquí y a todos los demógrafos que están presentes.

Asimismo, saludo la presencia de la doctora Luz María Valdés, de la máxima casa de Estudios, la UNAM; muchas gracias por su apoyo para este trabajo.

Se fortalece el Consejo Nacional de Población, CONAPO, lo que permitirá al gobierno contar con un órgano interinstitucional responsable de establecer la vinculación de los planes y programas de las políticas de población.

En la integración de la nueva ley se consideró que la política de población está convocada a renovarse, sustentando las nuevas realidades demográficas del país, dirigidas, entre otros aspectos, a ser explícita la concurrencia en materia de población entre la Federación, el Estado y los Municipios, así como los mecanismos de coordinación; generar espacios para promover la participación ciudadana y actualizar la membresía del Consejo para incorporar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyo quehacer guardan estrechos vínculos con las causas y consecuencias de los fenómenos demográficos, entre otros aspectos.

Garantiza el mandato de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que México ha firmado, al evitar que se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas al contemplar que:

• La mujer y el hombre son iguales ante la ley.

• Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

• Toda persona tiene derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva.

• Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

• Toda persona tiene acceso a información y abasto de métodos anticonceptivos de calidad.

En la ley se promueve una distribución de la población en el territorio nacional que responsa al potencial de desarrollo de distintas regiones y el proceso migratorio interno, promoviendo la creación de polos de desarrollo para nuestro país.

Se considera fortalecer la información sobre la migración interna e internacional como uno de los componentes que también inciden en la dinámica demográfica y en el desarrollo de nuestro país.

La ley contempla la atención de los cambios demográficos que impulsan con un rápido proceso de envejecimiento, ya que según las estimaciones del CONAPO, para el 2050 habrá 21 millones 739 personas, entre 65 y 85 años de edad, toda vez que la esperanza de vida se ha ido incrementando, por lo que en lugar de tener pediatras, necesitaremos en los próximos años, geriatras, y con ello una dinámica diferente en todos los servicios de salud, sólo por citar un ejemplo.

En la ley se renueva el proceso centrado en la Planificación Familiar y la Paternidad Responsable al incluir el marco referente a los derechos sexuales y reproductivos y la armonización de las políticas sociales y económicas, e integra la igualdad sustantiva como eje transversal para la planeación demográfica de nuestro país.

La ley impulsa la retención de la población, el desarrollo económico de las zonas de expulsión y considera los efectos de la separación de las familias y atención a población de retorno, y considera fundamental revitalizar a las comunidades rurales a través de la inversión que favorezca la diversificación económica.

En el marco del Acuerdo 33 del Pacto por México, se incluye al artículo que da certeza a la implementación de la cédula de identidad como un documento que ayude a garantizar y acreditar a la identidad de las personas, así como un banco de datos personales con candados para que no se trafique la información y sanciones severas para quienes hagan mal uso de ella.

Así también, alineando a los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el marco normativo que plantea en la estrategia 2.1.3 referente a garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas.

La ley impulsa la modernización de los registros civiles para que tengan sus registros actualizados.

Se fortalece el uso y la adopción de la Clave Unica de Registro de Población, estableciendo esquemas de depuración y actualización permanente de su base de datos, y consolida al Sistema Nacional de Identificación Personal como facultad exclusiva del Estado.

Con esta iniciativa buscamos cumplir el compromiso adquirido en el Plan Nacional de Desarrollo, que se refiere adecuar el marco normativo en materia de población para que se refleje a la realidad demográfica de nuestro país.

En conclusión, este documento contiene un trabajo de reflexión en el que se ven insertas las necesidades de la ciudadanía, los compromisos del gobierno federal y las propuestas de la academia, a quien reconozco y saludo de nueva cuenta; de expertos en temas demográficos y las propuestas de los partidos representados en el Congreso de la Unión.

Hacemos un llamado respetuoso a nuestra Colegisladora, que hoy nos recibe en este recinto en la Comisión Permanente, para que trabajemos de manera muy cerca en la dictaminación de esta iniciativa.

Este proceso es, sin duda, una necesidad apremiante, y estoy seguro que sumaremos nuestras fuerzas para que se convierta en una realidad en el corto plazo en beneficio de las y de los mexicanos radicados en nuestro país y en el extranjero.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El que suscribe, Javier López Zavala y Mesa Directiva, Diputadas y Diputados de la Comisión de Población, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les otorgala fracción II el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o.; numeral 1, fracción I, 65 y 77, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. La población constituye el origen, destino y razón de ser de las políticas públicas; los fenómenosdemográficos son a la vez, causa y efecto de diversos procesos de orden económico, social, político y cultural. Las políticas de población integran la promoción del desarrollo, reducción de la pobreza e inclusión social, además de la igualdad y equidad de género, entre generaciones, grupos sociales y étnicos, combinan la promoción de mayores niveles de educación, empleo y protección social, e incorporaran mecanismos para garantizar el acceso universal a la salud, incluidos los servicios e insumos de salud sexual y reproductiva.

2. La efectividad de las políticas de población dependen de su estrecha coordinación con la política social, con las acciones de otros sectores de la sociedad, públicos y privados y la atención de demandas y necesidades sociales más apremiantes de los diversos grupos de la población, particularmente los que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

3. La política de población debe prever, por un lado, el impacto de los programas de desarrollo sobre la dinámica y estructura de la población, así como sobre la evolución de las variables demográficas; por el otro, anticipar si las tendencias demográficas pueden condicionar el éxito de mediano y largo plazos de los esfuerzos sectoriales y regionales dirigidos a mejorar las condiciones y las calidad de vida de la población, considerando áreas tales como la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, el combate a la pobreza, el desarrollo regional, la preservación del medio ambiente y la explotación sustentable de los recursos naturales.

4. En México la política de población tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX, cuando el país experimentó la escasez de pobladores y se convertiría en la prioridad en materia demográfica. En este marco se promulgó, en 1936, la primera Ley General de Población que promovía el crecimiento demográfico y una distribución geográfica más racional de la población. Esta Legislación tuvo un carácter pro natalista y contempló entre los problemas a solucionar, la distribución racional de la población en el territorio nacional, la fusión étnica de los grupos nacionales entre sí, la protección de los nacionales mediante disposiciones migratorias y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena.

En las décadas subsecuentes se observó en el país un fuerte incremento en las tasas de crecimiento de la población, como resultado del descenso de la mortalidad y la persistencia de niveles altos de fecundidad. Paralelamente, en amplios sectores de la sociedad, se había iniciado el debate acerca de los problemas del crecimiento de la población y ya existían en el país algunas Instituciones que ofrecían servicios de Planificación Familiar, así como algunos sectores de la población, sobre todo pertenecientes a la clase media, que optaron por el uso de métodos anticonceptivos para regular su fecundidad. El progreso durante la década de los setenta, en el campo de investigación demográfica, así como el crecimiento en la percepción política de las interrelaciones entre las variables demográficas y las del desarrollo, fueron también elementos relevantes para el surgimiento de la Ley General de Población de 1974.

El 7 de enero de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Población que tiene por objeto “regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional. Con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social”. Con base en esta Ley, se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO), lo que permitió al gobierno contar con un órgano interinstitucional responsable de establecer los planes y programas de la política de población, que tendría además la función de evaluar los principios, estrategias y resultados de los planes para adecuarlos a las estructuras sociales y económicas del país.

En 1977, el CONAPO diseñó el primer Programa Nacional de Población (PNP), que cubría el periodo 1977-1982 e hizo explícitos los principios básicos de la política mexicana demográfica. Sus dos objetivos principales fueron promover el descenso de la tasa de crecimiento de la población a través de la disminución de la fecundidad y promover una distribución geográfica de la población compatible con las posibilidades de desarrollo regionales. A éste le siguió el Programa Nacional de Población (PNP) 1984-1988, que ratificó los objetivos y metas propuestos en el anterior. Este nuevo programa de población estaba inscrito en el marco de Sistema Nacional de Planeación Democrática, creado en 1983 con la promulgación de la ley de Planeación Nacional en ese mismo año.

Al PNP 1989-1994 se le confirió carácter de Programa Especial del Poder Ejecutivo Federal, establecido por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994, lo que le otorgó observancia obligatoria para todas las dependencias de la administración pública Federal. Este programa, igualmente tuvo como meta prioritaria la reducción de la tasa de crecimiento de la población y, a diferencia de los anteriores, explicitó entre sus objetivos “propiciar la participación de la mujer en condiciones de igualdad con el varón. Además se propuso: promover la integración de los objetivos y criterios demográficos en la planeación económica y social; promover un menor ritmo de crecimiento de la población; procurar una distribución de la población que responda al potencial de desarrollo de las distintas regiones, y contribuir al desarrollo integral de los grupos indígenas.

El cuarto, quinto y sexto PNP, (1995-2000 y 2001-2006, 2007-2012), si bien retomaron la experiencia de los anteriores, ampliaron y enriquecieron sus propuestas sobre los ámbitos en que debía actuarse en materia de población y. Se incorporan las recomendaciones y objetivos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y se fortalece el tema del federalismo y la relevancia la descentralización en el proceso de ejecución de la política demográfica.

5. Desde los inicios del nuevo siglo, la política de población está convocada a renovarse, lo que implica, reformar el marco jurídico en la materia, toda vez que presenta importantes insuficiencias:

a) La adecuación de la Ley General de Población a las nuevas realidades demográficas del país debe estar dirigida, entre otros aspectos, a fortalecer la organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de Población; hacer explícita la concurrencia en materia de población entre la federación, los estados y municipios, así como de sus mecanismos de coordinación; generar espacios para promover la participación ciudadana; y actualizar la membrecía del Consejo para incorporar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyo quehacer guardan estrechos vínculos con las causas y consecuencias de los fenómenos demográficos. Dicho proceso requiere del fortalecimiento del CONAPO como órgano ejecutivo para la conducción de la planeación demográfica del país, del diseño multisectorial y colegiado de varias instituciones,como corresponde a la naturaleza sistémica de la población que es una dimensión que repercute en todas las esferas del desarrollo.

b) Las agendas de las conferencias auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas y ratificadas por México han considerado la inclusión de nuevos conceptos, enfoques, ideas y valores en el campo de la población. Este proceso también plantea la actualización de los principios rectores de la Ley General de Población.

c) La realidad demográfica del país se ha transformado. A nivel de país México ha alcanzado una tasa cercana al reemplazo inter generacional; sin embargo, sigue enfrentando disparidades entre regionales y grupos sociales. La agenda de población se ha diversificado hacia temas emergentes relevantes que están estrechamente vinculados con los programas de desarrollo humano, económico y social.

d) Entre los temas emergentes, la población del país sigue teniendo una composición por edades marcadamente joven. Sin embargo, los cambios demográficos impulsan un rápido proceso de envejecimiento, que se distingue por una progresiva disminución de la proporción de menores jóvenes, así como por un aumento del peso relativo de las personas adultas y adultas mayores. Estos cambios implican serios desafíos en materia de desarrollo humano, económico y social. Es prioritaria la atención de la población adolescente y joven, el aprovechamiento del bono demográfico, la articulación del mercado laboral y del acceso a educación media y superior,atender y prever el proceso de envejecimiento, ampliar los espacios de participación ciudadana.Evitar la segregación de la población indígena, por el contrario favorecer su integración con la población nacional.

e) Hoy más que nunca se requiere fortalecer en el lenguaje demográfico y el nuevo discurso de las políticas nacionales de población, pero principalmente respetar el artículo 4 constitucional y el enfoque de derechos humanos centrado en las personas, conforme a las nuevas realidades socio demográfico. Las intersecciones de los fenómenos de población, desarrollo y derechos humanos aluden a cuestiones cruciales de la vida de todas las personas: dónde vivir y cuándo trasladarse de un lugar a otro; tener hijos o no tenerlos; cuántos hijos tener y en qué momento; retrasar la muerte y, cuando es posible decidir, cuándo y cómo morir. Los derechos humanos vinculados con fenómenos de población habilitan a las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre su fecundidad, mortalidad y migración, y actuar en consecuencia. Adicionalmente, el estado debe garantizar las necesidades específicas y ejercicios de derechos de la población adulta mayor, infante, adolescente y joven, o por su vulnerabilidad socio demográficala población en condiciones de pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres, los migrantes, por mencionar los más relevantes. El derecho a la salud incluye una gama amplia de factores que promueven las condiciones para que las personas puedan llevar una vida sana y gozar el más alto nivel posible de salud física, mental y social. En ese sentido, suaplicación es más amplia que el derecho a la atención o a la protección de la salud. En ese sentido todos los programas e intervenciones de la Política Nacional de Población deben considerar estemarco de derechos.

f) Es necesario renovar el discurso centrado en Planificación Familiar y la Paternidad Responsable que era adecuado al contexto nacional del siglo pasado. Hoy se requiere actualizar e incluir el marco internacional y nacional de los derechos sexuales y reproductivos y la armonización de las políticas sociales y económicas, al curso de vida de las personas y de las familias e integrar la igualdadsustantiva como ejes transversales de la planeación demográfica del país.

g) Las nuevas realidades socio demográficas obligan a que las estrategias y los presupuestos de población y desarrollo, den prioridada las inversiones en aprovechamiento de los recursos humanos, con programas dirigidos concretamente a aumentar el acceso a la información, la educación, los conocimientos, oportunidades de empleo tanto en el sector formal como informal, servicios de salud en generaly de salud sexual y reproductiva.

h) Se requiere fortalecer el análisis de la emigración interna e internacional, como uno de los componentes que también inciden en la dinámica demográfica. Laspolíticas de población deben priorizar las consecuencias que se derivan de la emigración internacional: impulsar la retención, el desarrollo económico de las zonas de expulsión, considerar efectos de la separación de las familias, atención a población de retorno, vulneración de derechos de las mujeres migrantes y de adultos mayores que se quedan, niñas y niños abandonados, secuestro y trata de personas.

i) Adicionalmente, en materia de distribución de la población, no se ha logrado un equilibrio territorial porque no se han generado los mecanismos para influir sobre sus causas y consecuencias. Considerar la redistribución de la población por los desplazamientos, la inseguridad y la violencia.Integrar crecimiento desmedido de metrópolis y megalópolis, regulación de asentamientos irregulares, invasión de áreas naturales protegidas y terrenos con vocación agrícola forestal. Revitalizar las comunidades rurales a través de la inversión que favorezca diversificación económica. En este mismo sentido, es necesario que los factores demográficos, ambientales y de erradicación de la pobreza se integren en las políticas, planes y programas de desarrollo.

j) La gran diversidad del país, más evidente que nunca por razones sociales, económicas y culturales, plantea ahora la necesidad de adecuar a las condiciones, demandas y realidad local el conjunto de estrategias programas y acciones públicas. Para ello, se enfatiza la necesidad de consolidar la participación activa de los gobiernos y autoridades locales, en el diseño, instrumentación y evaluación de los programas de población.

6. El mandato de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,es base para los principios del Proyecto de Ley General de Población

a) Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado (Artículo 1º.)

b) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (Artículo 1º.).

c) La Nación tiene una composición Pluricultural. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. (Artículo 2º.)

d) Conforme al Artículo 4:

• El varón y la mujer son iguales ante la ley.

• Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

• Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

• Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.

• Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

• En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

• Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

e) El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la Plataforma de Acción de Beijing puso de relieve el derecho de los hombres y las mujeres a estar informados y a tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación de la familia de su elección, y el derecho de acceso a servicios de atención sanitaria apropiados que permitan a la mujer tener un embarazo y un parto seguros y ofrezca a las parejas las mayores probabilidades posibles de tener hijos sanos. El derecho al acceso a la información es especialmente relevante en el ámbito de la salud y específicamente en el área de la sexualidad y la reproducción ya que contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de su personalidad. Conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el acceso a la información en materia sexual y reproductiva involucra una serie de derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la protección a la familia, a la vida privada y a vivir libres de violencia y discriminación.

f) En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994 se definió a la salud reproductiva y los derechos reproductivos como:

...Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia…

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de la familia y su elección, así como a otros métodos de la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

g) Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en la Ley suprema, en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en conferencias de las Naciones Unidas aprobados por consenso, estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho fundamental de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho más elevado a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los instrumentos de derechos humanos. En ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben de tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de las familias.

h) El enfoque de la salud sexual y reproductiva reconoce tres elementos fundamentales:

• La sexualidad como una dimensión fundamental pero también problemática de la existencia humana. La Organización Mundial de la Salud,identifica que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.

• La perspectiva de género para lograr la equidad. La salud sexual y reproductiva reconoce el papel de los hombres, las relaciones de poder entre los sexos, la posición de la mujer y el papel de las instituciones sociales en las estrategias de reproducción así como en las elecciones individuales. La perspectiva de género asegura una gran flexibilidad, porque permite tomar en cuenta la diversidad y especificidad de las necesidades de las personas (Lassonde, 1997) .y,

• El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. A lo largo de las tres últimas décadas, organizaciones de mujeres, organismos defensores de los derechos humanos, colectivos de defensa de la diversidad sexual, académicos e investigadores, han planteado a los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de dignidad humana y justicia social.

i). En México, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran plenamente reconocidos y protegidos en Convenciones y Conferencias internacionales de derechos humanos, entre los que se destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981); la Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y su seguimiento (Beijing+5); el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), y su seguimiento (Cairo+5+10+15), y la Cumbre Mundial de 2005 (ODM) y de2008, el Acuerdo Ministerial Prevenir con Educación. Al signar México estos acuerdos, el Estado asume la obligación de ofrecer educación integral de la sexualidad con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como garantizar y proveer servicios de salud sexual y reproductiva que sean accesibles para adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres.

Con base en la exposición de motivos que antecede, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DEDECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE

LA LEY GENERAL DE POBLACION

Unico. Se expide la Ley General de Población, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE POBLACION

Titulo Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Del Objeto de la Ley

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden social, de interés público y de observancia general en toda la República.

El objeto de esta leyes conducirla política demográfica vinculada con el desarrollo económico, así como instrumentar los programas demográficos del país considerando su volumen, ritmo de crecimiento, estructura y distribución territorial de la población, tomando en cuenta las variables que determinan la dinámica demográfica, la fecundidad, la mortalidad y la migración tanto interna como internacional.

El fin de la planeacióndemográfica debe combatir la pobreza y desigualdad entre personas, grupos sociales y regiones del país con base en los principios de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y justicia social, acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales y todos aquellos contenidos en la Constitución.

Esta ley procurará regular, impulsar y fortalecer la política pública de población,el derecho a la identidad, el registro nacional de población y la cultura demográfica, tendiente al desarrollo humano integral, mejorar las condiciones de bienestar,una mejor calidad de vida ypreservar los valores culturales de la Nación.

La planeación demográfica deberá adecuarse y modificarse de acuerdo con las transformaciones socios demográficos del país, así como las intervenciones y mecanismos para la ejecución de las políticas de población.

Artículo 2.- La presente Ley regula las acciones transversales de las políticas y programas para atender los fenómenos de la poblacióndel Estado mexicano, la concurrencia de la Federación,Estados, Municipios y Órganos Político Administrativos,de la promoción de laparticipación de los sectores público y social conforme a lo dispuestoen los ordenamientos jurídicos, tratados y convenios internacionalesy de los objetivos de desarrollo del país.

La transversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporaciónde los criterios y consideraciones demográficas y poblacionales en la planificación y gestión del desarrollo nacional, regional y local, en el ámbito legislativo, de políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal,a través de la Secretaría y las dependencias integradas en el Consejo de acuerdo con las atribuciones que le confieran las leyes, normas y programas; establecer, coordinar, ejecutar y evaluarla política de población y el desarrollo humano, económico y social del territorio nacional:

I. Proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la integración de la variable poblacional y de la dinámica demográfica en los ámbitos público y privado, garantizando el mejoramiento de las condiciones de vida y las personas desde un marco de derechos humanos, igualdad sustantiva y pertinencia cultural que dé cumplimiento a la pluralidad y diversidad de la población en el territorio nacional;

II. Adecuar los programas de desarrollo humano, económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;

III. Articular una política demográfica que dé respuesta a las necesidades específicas de la población de acuerdo a las diferentes etapas del curso de vida;

IV. Contribuir a impulsar un enfoque de educación sexual integral y salud reproductiva, que subraye la atención de las necesidades de mujeres y hombres en los ámbitos de la anticoncepción, la sexualidad, la salud y la reproducción;

V. Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva a través de los servicios de salud que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos fundamentales y preserven la dignidad de las personas ylas familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

VI. Realizar e implementar programas de educación sexual integral basados en evidencia científica en el sector educativo, que contemplen la actualización permanente de los contenidos curriculares en los libros de texto gratuitos en la educación básica y media superior y la actualización docente conforme a los criterios de formación continua de maestros en servicio;

VII. Promover estrategias de promoción, prevención y atención tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población;

VIII. Mejorar las condiciones de salud de la población en todas las etapas del curso de vida y fomentar una cultura de la prevención y del cuidado de la salud, que proteja a las personas de daños en etapas posteriores de sus vidas;

IX. Garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las personas a elegir el número de las y los hijos y su espaciamiento, en un marco que favorezca el bienestar de las familias, la salud de las mujeres y descendencia;

X. Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica; y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;

XI. Promover la igualdad jurídica y la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural;

XII. Promover la plena integración de los grupos vulnerables al desarrollo nacional;

XIII. Procurar la planificación de los centros de población urbanos,rurales y zonas metropolitanas, para asegurar una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran;

XIV. Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos y de las entidades que se encuentren escasamente poblados;

XV. Articular una visión integral de la relación entre migración interna e internacional con el desarrollo local, regional y la seguridad humana;

XVI. Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población;

XVII. Promover la creación de poblados con la infraestructura básica, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados;

XVIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos privados, para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre;

XIX. Incorporar la contraloría social y estrategias de rendición de cuentas como un eje de la Política Nacional de Población, que permitan la participación de la sociedad civil como un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación;

XX. Diseñar la política de población con base en los principios transversales de máxima utilización de recursos, participación, rendición de cuentas, progresión y no retrogresión; y

XXI. Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 4.- La Secretaríapara los efectos de la presente Ley, establecerá las políticas y programas de poblaciónque promuevanalternativas a la dinámica demográfica y al ritmo de crecimiento poblacional, en beneficio de las mujeres, los hombres y las familias, así como la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para realizar cada uno de los fines y estrategias de la política de la planeación demográfica.

La definición de normas, las iniciativas generales y la coordinación de programas demográficos del Gobierno federal, competen exclusivamente a la Secretaría, quien promoveráque dichas acciones se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos.

Capítulo II

De las Definiciones

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Secretaría: La Secretaría de Gobernación;

III. Dependencias: Las Secretarias de la Administración Pública Federal;

IV. PNP: Programa Nacional de Población;

V. Programa Estatal: Programa de Población de las Entidades Federativas y del Distrito Federal;

VI. CONAPO: Consejo Nacional de Población;

VII. COESPO: Consejo de Población adscritos a cada una de las Entidades;

VIII. COMUPO: Consejos Municipales de Población;

IX. Equivalentes: Instancias u organismos de población de los municipios;

X. RENAPO: Registro Nacional de Población e Identificación Personal;

XI. RC: Registro Civil;

XII. INMUJERES: InstitutoNacional de la las Mujeres;

XIII. CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

XIV. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XV. INEGI: Instituto Nacional de Estadística e Información;

XVI. DIF: Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia;

XVII. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XVIII. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social;

XIX. INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;

XX. IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;

XXI. Sistema de Datos Personales: Base de datos personales que estén en posesión delRegistro Nacional de Población;

XXII. CURP: Clave Única del Registro Nacional de Población;

XXIII. SNIP: Sistema Nacional de Identificación Personal;

XXIV. INM: Instituto Nacional de Migración;

XXV. PND: Plan Nacional de Desarrollo;

XXVI.RNC: Registro Nacional de Ciudadanos;

XXVII. RME: Registro de Menores de Edad;

XXVIII. CCCP; Consejo Consultivo y Ciudadano de Población.

Titulo Segundo

Del Consejo Nacional de Población

Capítulo I

De La Integración del CONAPO

Artículo 6.- El CONAPO, es un órgano desconcentrado de la Secretaría, integrado por las dependencias del gobierno federal que se enuncian en el artículo siguiente, contará con una estructura administrativa propia para cumplir con la responsabilidad de la planeación demográfica nacional enel ámbito de las atribuciones de cada una de las instituciones que lo forman, para integrar y desarrollar los programas de atención a la dinámica demográfica, conformada con las líneas y acciones que contempla el PNP de y el PNP.

Artículo 7.- El CONAPO se integra por la o el titular de la Secretaría, que ocupará la Presidencia del mismo, y por una o un representante de cada una de las Secretarías que será el o la titular de:

I. Relaciones Exteriores;

II. Hacienda y Crédito Público;

III. Desarrollo Social;

IV. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

V. Economía;

VI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII. Educación Pública;

VIII. Salud;

IX. Trabajo y Previsión Social; y

X. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Como miembros con voz pero sin voto forman parte de este Consejo el IMSS, ISSSTE, INMUJERES e INEGI; así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la presidenciade la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, de lapresidencia del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, y del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El CONAPO tendrá la facultad de convocar a las instancias y/o Dependencias, Academias u Organizaciones de la Sociedad Civil que requiera para atender y responder a las transformaciones y necesidades presentes y futuras del país, en la conducción de la política nacional de población.

Capítulo II

De Las Atribuciones y Facultades del CONAPO

Artículo 8.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría y del CONAPO, dictará,promoverá y coordinará las medidas necesarias que permitanalcanzar el objetivo de esta Ley, vinculando ladinámicademográfica con el desarrollo económico, social y humano.

Así como definir los mecanismos tendientes a regular el crecimiento poblacional respetando las especificidades y autonomía de cada Entidad Federativa, paracombatir la pobreza y la desigualdad, crear polos de desarrollo regional y sustentable de población, así como, asegurar la igualdad sustantiva, la equidad de género y la calidad de vida de la población, en el marco de los derechos humanos, conforme a los procedimientos previstos en las leyes respectivas.

Artículo 9.- La Secretaría a través del CONAPO establecerá las estrategias generales de planeación para regular la dinámica demográfica nacional y orientar la integración de los programas estatales y municipales de acuerdo a las especificidades demográficas de cada región,promoviendo la participación de las dependencias del gobierno federal que consideren las acciones necesarias para:

I. Impulsar una política de población funcional concreta, que fomente la continuidad y la transversalidad;

II. Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva enlas zonas urbanas y rurales respetando la decisión de las personas en cuanto al número y espaciamiento de sus hijos;

III. Procurar la distribución sustentable de la población metropolitana, urbana y ruralque responda a las necesidades multidimensionales definidas en los programas sociales;

IV. Promover las acciones de políticas demográficasregionales que permitan dar plena integración al desarrollo de las zonas metropolitanas, urbanas y rurales;

V. Diseñarprogramas de registro de la migración interna de la población urbana y rural paracombatir el tráfico de personas, de infantes otrata de personas,que inciden en la política poblacional de las regiones;

VI. Contribuir al ejercicio responsable y cuidando de los derechos humanos de la población;

VII. Contribuir a la reducción de los niveles de analfabetismo y de rezago educativo a través de estrategias de fomento de ingreso a la educación primaria,media y tecnológicade hombres y mujeres en zonas urbanas y rurales, considerando la multiculturalidad de nuestra nación que expresan en los pueblos y comunidades indígenas, así como en la población afro descendiente;

VIII. Anticipar las demandas del rápido envejecimiento demográfico y contribuir a crear las condiciones que permitan disfrutar a los adultos mayores de más y mejores oportunidades y de una vida digna, con pleno respeto de sus derechos y con atención a sus necesidades;

IX. Impulsar una distribución territorial de la población más acorde con las potencialidades del desarrollo regional sustentable, mediante el impulso a los esfuerzos de ordenación territorial y de regulación del crecimiento demográfico de las grandes metrópolis, así como el fortalecimiento de las ciudades con capacidad de sustento para absorber flujos migratorios;

X. Establecer los mecanismos para llevar a cabo el registro y procesamiento de información socio demográfica de las zonas urbanas y rurales, evaluar su operación que le permita al CONAPO,instrumentar los programas demográficos y sociales regionales;

XI. Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas;

XII. Promover una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda;

XIII. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral;

XIV. Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social;

XV. Contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los pueblos indígenas mediante el diseño, ejecución y evaluación de programas en materia de población, así com.

XVI. 0o su efectiva integración y coordinación con los esfuerzos institucionales orientados a su desarrollo económico, social y cultural. Estas medidas deben responder a lasnecesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas, con pleno respeto a la cultura, organización y características propias,

XVII. Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento incluyente con un enfoque transversal;

XVIII. Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas;

XIX. Promover una mejor inserción de nuestros connacionales en sus comunidades y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida;

XX. Impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la prosperidad y estabilidad de regiones estratégicas; y

XXI. Fortalecer e institucionalizar los espacios de interlocución y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de competencia de la política de población, con el objeto de consolidar una visión socialmente compartida sobre los desafíos que enfrenta esta política pública, diseñar propuestas para encararlos con oportunidad, equidad y eficiencia y contribuir a movilizar recursos, voluntades y conciencias con ese fin.

Artículo 10.- El CONAPOtiene a su cargo la ejecución de la planeación demográfica nacional y la integración de las políticas de población de manera concertada con las secretarías que lo integran, de acuerdo a lo previsto en esta Ley tiene como atribuciones las siguientes:

I. Elaborar el PNP, que integre las estrategias para conducir el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución territorial de la población, así como las variables que determinan la dinámica demográfica y su impacto en el territorio nacional;

II. Definir la política demográfica para procurar unadistribución equilibrada y sustentable en el territorio nacional; e

III. Incidir en el crecimiento de ciudades medias, intermedias y zonas metropolitanas, a través de la migración interna e internacional para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo armónico y sustentable de la población.

Artículo 11.- El CONAPO tendrá las facultades de coordinación con los sectores públicos y privados para:

I. Vincular la política de población y el desarrollo económico, a fin de regular la dinámica demográfica y el desarrollosocial paracombatir la pobreza y la desigualdad;

II. Adecuar los programas de desarrollo humano, económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población en el territorio nacional;

III. Influir en la dinámica de las poblaciones a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, de protección a la infancia, adolescentes y jóvenes y, obtener la participación de la sociedad en la solución de los fenómenos que la afectan;

IV. Promover el acceso ala salud sexual y reproductiva y educación integral de la sexualidad de mujeres y hombres,respetando la libre elección del número de hijos y su espaciamiento, en el marco de los derechos humanos y respeto ala preferencia sexual, y en su caso, atendiendo las especificidadesde las regiones urbanas y rurales;

V. Vigilar y evaluar quelos programas se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos y preserven la dignidad de las familias;

VI. Regularel ritmo de crecimiento de la población,cuidando el desarrollo del sector productivo de la economía,aprovechamiento de los recursos naturales;estimular la agricultura, ganadería, caza y pesca, que procure que la población rural se arraigue en sus localidades; y

VII. Equilibrar la distribución de la población urbana y rural en el territorio nacional bajo los principios de equidad social y sustentabilidad, que considere el mejoramiento de la calidad de vida.

Artículo 12.- El CONAPO, atendiendo a las necesidades del desarrollo nacional, formulará los programas y la política nacional de población, necesarios para procurar el equilibrio demográfico, ordenando las zonas urbanas y rurales en las Entidades Federativas y Municipios, para:

I. Promover y ejecutar con la participación de las Entidades Federativas y de los Municipios, las medidas que se requieran para desarrollar y cumplir los programas y acciones que eviten el crecimiento desordenado de la población, el incremento de lamigración internay el desplazamiento;

II. Celebrar convenios de colaboración con los ejecutivos de las Entidades Federativas, Municipios, Órganos Político Administrativos del Distrito Federal y los sectores sociales y privados; y

III. Las dependencias, los Estados, los Municipios y Órganos Político Administrativos del Distrito Federal incluirán en sus presupuestos anuales los programas y los recursos necesarios para ejecutar las políticas relativas a lograr el equilibrio demográfico.

Artículo 13 .- La o el Secretario General del CONAPOpresentará el Programa Nacional de Población ylas estrategias y líneas de acciones para integrarlas en el Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo metas que deban ser consideradas en los mismos, además de:

I. Promover y ejecutar las políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos poblacionalespara el desarrollo regional;

II. Integrar las recomendaciones y propuestas derivadas del Programa Nacional de Población con las Dependencias e instancias integrantes del CONAPO;

III. Analizar, evaluar y sistematizar la información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar las proyecciones de población;

IV. Coordinar los trabajos para la presentación de los informes sobre los programas poblacionales que solicite laSecretaria;

V. Presentaren el Pleno del Consejoinformes trimestrales y anualesde los resultados obtenidos en el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades poblacionales;

VI. Promover, coordinar, realizar y apoyarestudios e investigaciones en materia de población;

VII. Elaborar programas para contribuir a extender y arraigar una sólida cultura demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores de la sociedad actitudes y prácticas comprometidas con la solución de los problemas de población;

VIII. Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia de población a los organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, locales o federales, pertinentes para la ejecución de la política de población;

IX. Coordinar las comisiones internas de trabajo;

X. Apoyar la generación de estadísticas socio demográficas a través de la consolidación del sistema nacional y el desarrollo de sistemas estatales de información, así como mediante el reforzamiento de los sistemas de datos geo-referenciados; y

XI. Las demás que le confieran la Ley y las encomendadas al CONAPO.

Artículo 14.- Las comisiones internas del CONAPO estarán constituidas por integrantespermanentes del mismo y las personas invitadas de instituciones, organismos autónomos públicos y de la sociedad civil especializadas en el análisis de los diferentes componentes demográficos y las vinculaciones con el desarrollo para la conformación de la política nacional de población y el cumplimiento de los programas aprobados en el CONAPO.

Capítulo III

De las Instituciones del Consejo Nacional de Población

Artículo 15.- La Secretaría fijará y regulará los lugares destinados al tránsito de personas por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comunicaciones y Trasportes y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.

Artículo 16.- La Secretaría de Salud es responsable, en materia de población de:

I. Realizar las políticas y programas de salud, salud reproductiva y educación sexual integral con el propósito de impulsar y promover en las personas una sexualidad segura y protegida y en aquellas parejas que así lo decidan, una maternidad y paternidad responsable;

II. Fomentar en las Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos la distribución de material de apoyo, sobre temas de salud sexual y reproductiva y capacitar al personal a su cargo en asuntos demográficos;

III. Fortalecer los objetivos institucionales de las políticas y programas demográficos entre la población en general, para contribuir al ejercicio responsable y cuidando de los derechos humanos de la población, con particular énfasis en los derechos sexuales y reproductivos en un entorno habilitante hacia la toma de decisiones informada y responsable que propicie el desarrollo humano integral; y

IV. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de información, comunicación y educación en temas de población del CONAPO, y en su caso, de los consejos estatales, municipales y equivalentes, utilizando adecuadamente los canales de comunicación y distribución de que dispone.

Artículo 17.- La Secretaría de Educación Pública es responsable en materia de población de:

I. Elaborar y producir materiales educativos y mensajes que fomenten en los individuos y las familias comportamientos y actitudes participativas en materia demográfica, que contribuyan a la consecución de los objetivos de la política de población.

II. Promover y aplicar estrategias educativas de población que propicien la modificación de patrones culturales respecto a la vida familiar, que haga conciencia sobre los fenómenos en materia demográfica:

III. Revisar, analizar y proponer los contenidos de educación en población, con objeto de proponer adecuaciones pertinentes en los planes y programas de estudio y libros de texto;

IV. Reforzar la actualización e inclusión de la educación sexual integral y contenidos de salud reproductiva en la currícula de educación básica que contribuyan a construir proyectos de vida, con plena información y libre autodeterminación;

V. Fortalecer la formación continua de maestros en servicio en los temas demográficos, de salud, educación sexual integral y enfoque de género para desarrollar habilidades que permitan a las y los adolescentesejercer una sexualidad responsable e informada, con equidad entre hombres y mujeres y libre de discriminación alguna;

VI. Elaborar material demográfico de apoyo educativo que propicie y fortalezca en la sociedad su participación responsable para lograr conductas y actitudes creativas, informadas con los fenómenos de población;

VII. Actualizar y capacitar al personal a su cargo en la dinámica demográfica, así como orientar a los padres, las madres y/o tutores en temas poblacionales, para lograr una verdadera comunidad ordenada;

VIII. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de información y educación en población del CONAPO y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, equivalentes, utilizando adecuadamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

IX. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 18.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es responsable en materia de población de:

I. Apoyar las políticas, programas y acciones que concuerden con un mejor aprovechamiento del territorio disponible;

II. Solicitar la orientación del CONAPO en la realización de las investigaciones o estudios socio demográfico que requiera la dependencia;

III. Convenir con los organismos y dependencias afines, los mecanismos de participación en acciones referidas a las tareas del desarrollo de la población;

IV. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión demográfica del CONAPO, y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, equivalentes, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

V. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 19.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable en materia de población de:

I. Integrar el presupuesto federal considerando las necesidades de desarrollo poblacional del país, con las propuestas de las dependencias, de los estados y municipios, considerados en los programas correspondientes;

II. Integrar en el presupuesto anual de la federación, de los consejos estatales y municipales, recursos para realizar estudios demográficos regionales y para la difusión de los mismos;

III. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal las campañas de difusión demográfica del Consejo, y, en su caso, de los consejos estatales, municipales y equivalentes utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

IV. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 20.- La Secretaría de Economía es responsable en materia de población de:

I. Motivar a las organizaciones empresariales del país, de las Entidades Federativas y Órganos Político Administrativos en todo el territorio nacional, sobre el conocimiento de la problemática demográfica nacional, así como de los programas y acciones de planificación familiar y mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, entre sus trabajadores, con el objeto de que faciliten en sus empresas la realización de acciones de educación en población;

II. Promover entre los empresarios conjuntamente con el Sector Salud, información sobre salud sexual y reproductiva entre sus trabajadores;

III. Apoyar y fomentar el intercambio de información del desarrollo económico de la población con el Consejo;

IV. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión demográfica del Consejo, y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone;

V. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 21.- La Secretaría de Desarrollo Social es responsable en materia de población de:

I. Fortalecer los programas sociales con los objetivos demográficos del Consejo, que permita avanzar en la planificación regional de las personas, las familias y desarrollar estrategias para mejorar la posición y situación de la mujer,potenciar sus capacidades que posibiliten el crecimiento económico, bienestar personal, familiar y comunitario.

II. Fomentar la capacitación en materia demográfica al personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes y programas de población;

III. Desarrollar acciones y programas de comunicación en población que señalen las relaciones más equitativas al interior de las familias, incluyendo medidas para estimular la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la vida laboral y familiar;

IV. Reforzar una cultura de participación social, vinculando los mecanismos socioeconómicos con los fenómenos demográficos que permitan fortalecer el tejido social e impulsar el desarrollo de la población;

V. Participar y apoyaren función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión demográfica del Consejo y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, equivalentes, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

VI. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 22.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes es responsable en materia de población de:

I. Impulsara en coordinación con el CONAPO, la investigación y análisis de la creación de la debida infraestructura carretera, con la finalidad de no impactar en el reordenamiento poblacionaly prever mejores beneficios para núcleos de población ya establecidos;

II. Apoyar el sector productivo mexicano para desarrollar la infraestructura carretera con la visión del crecimiento poblacional del país;

III. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión demográfica del Consejo y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, equivalentes, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

VI. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 23.- El INEGI es responsable en materia de población de:

I. Incluir en los cuestionarios de los censos y de las encuestas que realicen, así como en la generación de estadísticas continuas, los datos que en materia de población, dinámica demográfica, estructura, salud sexual y reproductiva, morbilidad, mortalidad, migración y distribución de la población, educación y género, así como la que solicite la Secretaría, para diseñar y evaluar las políticas de población y desarrollo del país;

II. Definir en coordinación con el CONAPO, y los consejos estatales, municipales, equivalentes la información que considere la dinámica de población y su estructura en las regiones urbanas y rurales;

III. Apoyar técnica y metodológicamente a los consejos estatales, municipales, equivalentes para integrar la información homogénea y útil para la planeación de las políticas de población;

IV. Participar y apoyaren función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión demográfica del CONAPO, y, en su caso, de los consejos estatales, municipales, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

V. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Artículo 24.- El RENAPO es responsable en materia de población de:

I. Proporcionar al CONAPO la información sobre los nacimientos, las defunciones, sus causasy el estado civil de la población desagregados por edades y sexos, para estructurar las políticas de desarrollo poblacional y contribuir a la planificación demográfica de las dependencias federales;

II. Establecer convenios de colaboración con los consejos estatales, municipales, equivalentes para procesar información periódica y oportuna a fin de conformar las políticas públicas y programas de población en el país;

III. Integrará y publicará, periódicamente un atlas nacional, estatal, municipal y del Distrito Federal, a fin de identificar los niveles de riesgo de asentamientos humanos que sean vulnerables a las diversas condiciones del cambio climático, a fin de prevenir riesgos en la población;

IV. Las demás que disponga esta Ley ylas aplicables en materia de población.

Capítulo IV

De los Consejos Estatales, Municipales de Población y Equivalentes

Artículo 25.- Los titulares de las Entidades Federativas, Municipios y Órganos políticos administrativos del Distrito Federal promoverán la creación de los Consejos Estatales, Municipales o Equivalentesde Población, a fin de fortalecer el carácter federalista de los programas demográficos y de desarrollo poblacional con la participación de las entidades federativas, para lo cual se deberá observar:

I. Laplaneación demográfica, que es atribución directa de cada Entidad Federativa y Municipal a través de los Consejos Estatales, Municipales o Equivalentes de Población atendiendo las especificidades de las diversastransiciones poblacionales; y

II. Las propuestas de normas, las iniciativas de conjunto y la ejecución de programas se apegarán prioritariamente a lo establecido en los artículos de la Constitución, de esta Ley, y de las normas aplicables en materia de población.

Artículo 26.- Los Consejos Estatales, Municipales y Equivalentes de Población, impulsarán, promoverán, identificarán y determinarán en coordinación con el CONAPO las prioridades relacionadas con el volumen, ritmo de crecimiento, estructura, dinámica y distribución de la población en el territorio de las Entidades Federativas y Municipiosa efecto de atenderlas en el ámbito de su competencia:

I. El CONAPO elaborará y proporcionará las previsiones, consideraciones y criterios poblacionales, así como las recomendaciones pertinentes que de ello se deriven, para que los Consejos Estatales, Municipales y Equivalentes de Población, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal los incluyan en la formulación y ejecución de sus programas y acciones en materia de población;

II. Considerarán los lineamientos y criterios poblacionales, en sus planes y programas de desarrollo regional;

III. Deberán apegarse a la normatividad señalada por el CONAPO, salvaguardando las especificidades poblacionales, socioeconómicas y culturales de las regiones urbanas y rurales;

IV. Enviarán reportes y evaluaciones periódicas al CONAPO sobre programas y proyectos de desarrollo poblacional de sus Entidades Federativas y municipios; y

V. Asistirán una vez al año, o cuando así se requiera a las reuniones convocadas por la o el Presidente del CONAPO, y en su caso, por la o el Secretario General del CONAPO para presentar los avances de los programas demográficos estatales y municipales.

Artículo 27.- El CONAPO establecerá los lineamientos para la elaboración de los programas de difusión, información, educación y el crecimiento de la población que contribuya a la formación de una cultura demográfica que tienda a mejorar el bienestar individual y colectivo de los habitantes de las zonas urbanas y rurales, además de:

I. Aplicaran los lineamientos que promuevan la difusión sobre las condiciones demográficas para el desarrollo de la población urbana y rural, impulsar su participación en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y económica de la población.

II. Integraran la información sobre planificación familiar, salud sexual y reproductiva, igualdad jurídica de la mujer y del varón, conciliación familiar y vida laboral y organización legal y desarrollo de las familias, en que los que sean competentes, para que se difunda por todos los medios disponibles; y

III. Los Consejos Estatales, Municipales y Equivalentes, coordinarán los programas oficiales de difusión de los estudios, proyecciones, las prioridades e inversiones propuestas en materia de población, de acuerdo con los recursos asignados en el presupuesto y de los que provengan de convenios con el extranjero.

Título Tercero

De la Dinámica Demográfica

Capítulo I

De la Planificación Familiar

Artículo 28.- La Secretaría en coordinación con las Dependencias, Estatales, Municipales y Equivalentes establecerán los mecanismos necesarios para fortalecer la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, fomentar la incorporación de contenidos de educación sexual integral, en los planes y programas, que considere:

I. Promover la formación de valores, actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo de una sexualidad plena, segura, protegida, responsable e informada, con equidad de género y libre de discriminación, encoordinacióncon las dependencias de la administración públicay del sectorprivado;

II. Difundir las ventajas de aplazar el nacimiento del primer hijo y espaciamientodel segundo en la población escolar del nivel básico;

III. Difundir en la población escolar de nivel básico la responsabilidad compartida de varones y mujeres que son padres a temprana a edad;

IV. Concientizar a hombres y mujeres sobre la distribución sustentable de la población en el territorio nacional, para proteger el medio ambiente; y

V. Promover y difundir entre la población los efectos sociales de la reubicación y reorientación de poblamiento en el territorio nacional.

Artículo 29.- Las Dependencias Federales, las Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos,fortalecerán los programas de planificación familiar considerando:

I. Brindar información y consejería sobre planificación familiar en la atención prenatal y en el periodo post evento obstétrico;

II. Atender de manera efectiva y oportuna la demanda de métodos de planificación familiar;

III. Contribuir a disminuir los embarazos no planeados mediante el acceso a opciones de planificación familiar y la prestación de servicios de calidad;

IV. Garantizar el acceso a consejería y métodos anticonceptivos, en un marco de confidencialidad y privacidad;

V. Garantizar la libre elección de métodos de regulación de la fecundidad y el consentimiento informado en su prescripción y aplicación; y

VI. Difundir entre la población que los servicios de planificación familiar se ofrezcan en forma gratuita en todas las instituciones públicas de salud.

Capítulo II

De la Educación en Población y Cultura Demográfica

Artículo 30.- La Secretaría promoverá la Cultura Demográfica de manera coordinada con las dependencias del Gobierno Federal, Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos para:

I. Fortalecer la protección de los derechos fundamentales de la poblacióna travésdelas Tecnologías de la Información;

II. Promover la difusión de programas demográficosentre las y losadolescentes, principalmente en las entidades conmunicipios que presenten pobreza y embarazos a edades tempranas;

III. Difundirinformación sobre los cambios demográficos que benefician la integración delas familias, atendiendolas especificidades regionales urbanas y rurales;

IV. Impulsar procesos educativos, comunicacionales e informativos orientados a fortalecer el conocimiento sobre la naturaleza, causas y consecuencias de los fenómenos demográficos;

V. Impulsar estudios sobre la dinámica de las actitudes, valores, preferencias y percepciones en los ámbitos de relevancia demográfica; y

VI. Diseñar estrategias de comunicación en materia de distribución territorial de la población y migración interna con el objeto de promover decisiones informadas entre la población potencial migrante.

Artículo 31.-El CONAPO establecerá los criterios y procedimientos de coordinación con las Dependencias, Entidades, Municipios y Equivalentes, que tengan a su cargo los servicios desalud, salud sexual y reproductiva y educación sobre sus diferentes componentes.

Artículo 32.- Las normas oficiales mexicanas de los servicios de planificación familiar, de salud y salud sexual y reproductiva, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en lo conducente por la presente ley.

Titulo Cuarto

De la Planeación Demográfica

Capítulo I

Del ritmo del Crecimiento de Población

Artículo 33.- El CONAPO deberá definir la Planeación demográfica con estrategias que incidan sobre el ritmo de crecimiento, la estructura por edades y sexo y distribución ordenada y armónica de la población en el territorio nacional, para el combate de la pobreza ydesigualdad, vinculadas al desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas y rurales, además de:

I. Respetar los principios consagrados en la Constitución, las garantías sociales, los derechos humanos y los valores culturales de la población mexicana;

II. Fortalecer las sinergias que permitan optimizar los beneficios potenciales que se derivan de las transformaciones en la estructura por edad de la población y generar las condiciones equitativas que permitan el acceso a oportunidades educativas, de trabajo y salud;

III. Ordenar la distribución de la población en el territorio nacional bajo los principios de equidad social y sustentabilidad;

IV. Regular los movimientos de la población en el territorio nacional y organizar el desplazamientode población dispersa a las ciudades que cuenten con servicios públicos e infraestructura básica para lograr una vida digna;

V. Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional urbano y rural, con base en programas especializados y el aprovechamiento de las capacidades humanas yrecursos naturales;

VI. Reducir la vulnerabilidad de la población que reside en zonas de riesgo;

VII. Impulsar los territorios rurales mediante esquemas micro regionales que potencien y fortalezcan capacidades locales, que frenen la dispersión de la población en el territorio;

VIII. Promover una distribución de la población sustentableque proteja los recursos naturales, atienda las necesidades presentes y futuras, en función del crecimiento de la población,del potencial económico y de los flujos migratorios;

IX. Impulsar estrategias que permitan controlar el deterioro ambiental de asentamientos precarios o de alto riesgo en áreas rurales o urbanas, donde se localiza la población más vulnerable, promoviendo medidas para dotarlas de infraestructura básica, reducir los problemas ambientales y controlar los riegos para la salud derivados de este proceso;

X. Procurar que la población rural agrícola se arraigue en sus localidades beneficiando el desarrollo económico regional;

XI. Inducir que la población rural vulnerable goce de servicios públicos y de una infraestructura propia, que cubra las necesidades básicas;

XII. Promover el poblamiento decostas, puertos y fronteras escasamente pobladasque tengan acceso a los servicios públicos de ciudades aledañas para promover y fortalecer un sistema de ciudades, de manera sustentable;

XIII. Armonizar la evolución de los fenómenos demográficos con las exigencias del desarrollo sustentable, otorgando atención prioritaria a la búsqueda del equilibrio entre la población, los recursos naturales y la calidad del medio ambiente; y

XIV. Articular una visión integral de la relación entre migración interna, desarrollo y seguridad humana con los mecanismos de planeación que integren a la migración de forma transversal en los lineamientos generales de las políticas de población.

Artículo 34.- El CONAPO establecerá los programas que incidan en el ritmo de crecimiento de la población para lograr una distribución más equilibrada en el territorio nacional, con el fin de aprovechar óptimamente los recursos naturales del país, así como de procurar la preservación de los mismos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas y rurales, y que considere:

I. Integrar la información para el análisis de las variables que determinan la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración, buscando que la evolución de las mismas estén en consonancia con el desarrollo, en sus aspectos económicos, de equidad y sustentabilidad;

II. Anticipar las demandas de la población en materia de educación, empleo, salud, seguridad social y vivienda; y

III. Considerar las proyecciones y estimaciones futuras con respecto al volumen de población de acuerdo a sus características, a fin de realizar una debida planeación de las políticas públicas necesarias, para el impulso de los planes de trabajo y los programas que beneficien a la población.

Artículo 35.- El CONAPO integrará los programas de desarrollo regional, urbano y rural, previendo el impacto que genere la distribución de la población, los cuales deberán ser congruentes con los lineamientos demográficos establecidos en el PND el programa en materia de población estatal, municipal y equivalentes.

Artículo 36.- El CONAPO promoverá, en el marco de las políticas de desarrollo nacional,los programas y medidas que contribuyan a regular la migración interna, para lograr una mejor distribución demográfica, considerando las potencialidades y necesidades de la población que reside en las diversas comunidades y regiones, urbanas y rurales, el acervo de recursos disponibles en cada región, y la capacidad de desarrollo económico.

Capítulo II

De las Familias

Artículo 37.- El CONAPO deberá considerar en los programas de población las acciones para impulsar la inclusión de las familias en laplaneación de las políticas de población y acciones de desarrollo social y humano y de superación de la pobrezamultidimensional, para lo cualprocurará:

I. Vincular a las familias de los ámbitos urbano y ruralcon los objetivos nacionales de desarrollo;

II. Fomentar los valores y los lazos de solidaridad en los núcleos familiares urbanos y rurales;

III. Facilitar el acceso a servicios educativos, de salud y salud reproductiva durante las distintas etapas del ciclo de vida familiar y del curso de vida de hombres y mujeres;

IV. Fortalecer los la alimentación en las familias, prevenir y atender la desnutrición y los padecimientos crónicos degenerativos;

V. Promover medidas dirigidas a apoyar a los hogares encabezados por mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad social en etapas específicas del curso de vida;

VI. Apoyar la rehabilitación, la integración social y el acceso al trabajo de las personas con diferentes tipos de discapacidad;

VII. Promover oportunidades productivas, de empleo e ingresos de los hogares;

VIII. Facilitar el acceso a créditos para apoyar actividades agrícolas o proyectos productivos de las familias;

IX. Llevar a cabo acciones de fortalecimiento de la economía familiar y de las capacidades productivas de las familias;

X. Fortalecer los programas dirigidos a acreditar la identidad jurídica de las personas;

XI. Atender la problemática de la tenencia de la tierra y la protección efectiva de los derechos de propiedad;

XII. Promover mecanismos de aseguramiento que permitan a las familias en situaciones de riesgo o vulnerabilidad social contar con la protección que requieren ante situaciones de enfermedad o muerte de uno de sus integrantes;

XIII. Reforzar los mecanismos de apoyo a las familias que enfrentan contingencias, desastres naturales o en situaciones de riesgo;

XIV. Ampliar el acceso a la información y los medios de regulación de la fecundidad a las personas que inician su vida en pareja, así como fomentar en ellas actitudes y prácticas de previsión y planeación relativas al nacimiento del primer hijo o hija;

XV. Promover una cultura basada en los valores de la coparticipación, la corresponsabilidad y el respeto entre hombres y mujeres, así como entre los miembros del grupo familiar; y

XVI. Llevar a cabo acciones dirigidas a prevenir y erradicar todas las formas de violencia familiar, particularmente la que se ejerce contra las mujeres, los menores y las y los adultos mayores.

Capítulo III

De la Mujer, la Igualdad Sustantiva y la Equidad de Género

Artículo 38.- El CONAPO impulsará entre las dependencias del Gobierno Federal, de la Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos, las acciones que potencien el empoderamiento de las mujeres que contemple:

I. Promover la igualdad sustantiva y la equidad de género entre mujeres y hombres en laparticipación política, laboral, educativa, cultural, deportiva y de recreación y de acceso a los servicios de salud, atendiendo los derechos humanos de las mujeres señalados en la Constitución;

II. ElCONAPO, y el INMUJERES determinarán y coordinarán estrategias, tareas y acciones que deban realizar en las materias de su competencia conforme a lo emanado en el PND, elaborado por dicha instancia y su articulación con el Programa;

III. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir las desigualdades de género en el ámbito laboral, educativo, de salud, familiar y comunitario;

IV. Desarrollar y promover políticas y acciones de corresponsabilidad en la conciliación trabajo-familia que propicien la igualdad y equidad en las responsabilidades familiares, mejoren sus condiciones de competencia laboral y eleven su calidad de vida; e

V. Impulsar acciones de educación y comunicación dirigidas a propiciar mayor autonomía, capacidad de decisión y de las mujeres.

Articulo 39.- El CONAPO, los Estados, Municipios y Órganos Político Administrativos, en ejercicio de sus atribuciones y funciones, incorporaran el enfoque de género en las políticas, programas de acciones sectoriales de población para las regiones urbanas y rurales, considerando lo señalado en la presente ley.

Artículo 40.- Las dependencias integrantes del CONAPOincluirán en sus programas de población, políticas, estrategias y acciones para impulsar la igualdad sustantiva y equidad de género que garantice las oportunidades, en la condición jurídica, socioeconómica, étnica, religiosa, física, política y educativa de las mujeres.

Artículo 41.- Las Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos observarán los principios rectores de igualdad sustantiva, equidad de género y no discriminación en la formulación de la política de desarrollo poblacional y presupuestos, en la promoción de iniciativas y en la realización de acciones integradas al desarrollo social y económico en las zonas urbanas y rurales.

Artículo 42.- La Secretaría a través del CONAPO, fortalecerá a través del Programa de integración de las mujeres a las políticas más amplias de desarrollo, mejorando el acceso a servicios y calidad de vida en:

I. Impartición de educación con niveles completos;

II. Mejor atención a la salud general y especializada;

III. Combate a la pobrezamultidimensional;

IV. Revaloración del trabajo remunerado y no remunerado;

V. Servicios sociales de la mujeren el medio rural;

VI. Servicios de seguridad a las familias en su lugar de origen;

VII. Fomento productivo regional y potencial;

VIII. Fortalecer los valores de las mujeres, hombres y las familias;

IX. Atención a las familias con integrantes discapacitados;

X. Promover y difundir los derechos de la mujer a la salud sexual y reproductiva;

XI. Fomentar su participación en la toma de decisiones en los ámbitos personal, familiar y comunitario;

XII. Combatir la violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades, abusos y prácticas discriminatorias; y

XIII. Otorgamiento de créditos de bajo costo para vivienda

Capítulo IV

De la Población Adulta Mayor y en Condiciones de vulnerabilidad

Artículo 43.- La Secretaría promoverá con el CONAPO, Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos los programas y acciones para la población adulta mayor y grupos vulnerables en las zonas urbanas y ruralesque considere alternativas de habitabilidad en las ciudades donde residen, y además contemple:

I. Impulsar la planeación estratégica del bienestar de las personas adultas mayores y grupos vulnerables, conforme a la composición y estructura poblacional de cada espacio; y

II. Diseñarla planeación urbana y rural que consideré el impacto del medio ambiente, estructura y vivienda,para el desarrollo de este sector de la población.

Artículo 44.- La Secretaría promoverá en la Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político Administrativos las acciones que contribuyan a fortalecer programas de desarrollo humano y social de la población adulta mayor, que contemple:

I. Contribuir a ampliar las capacidades y autonomía de las personas adultas mayores;

II. Llevar a cabo acciones para que las y los adultos mayores puedan acceder al sistema educativo trabajo y actividades de recreación y vivir en forma productiva tanto tiempo como lo deseen;

III. Prevenir y atender los problemas de salud y discapacidad de las y los adultos mayores;

IV. Contribuir a fortalecer las redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a la población adulta mayor; y

V. Promover el respeto y protección de los derechos de la población adulta mayor y el reconocimiento a su experiencia y capacidades.

Capítulo V

De las y los Adolescentes y Jóvenes

Articulo 45.- La Secretaría promoverá con el CONAPO, Entidades Federativas, Municipios y los Órganos Político Administrativos los programas y acciones para la población adolescente y joven para contribuir a elevar el bienestar y desarrollo integral, mediante la ampliación de sus capacidades y opciones y el fomento de actitudes y prácticas de previsión y planeación, y además contemple:

I. Fomentar el cuidado de la salud y promover prácticas de prevención de riesgos y accidentes que contribuyan a reducir la morbi-mortalidad de las y los adolescentes y jóvenes;

II. Promover acciones que fomenten el logro educativo y la superación personal de las y los adolescentes y jóvenes;

III. Fortalecer la capacidad de las y los adolescentes y jóvenes para tomar decisiones libres, responsables e informadas en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción;

IV. Instrumentar acciones de información, educación y comunicación que promuevan el cuidado de la salud sexual, así como prácticas de prevención responsable de embarazos no planeados;

V. Fortalecer las acciones de información, educación y comunicación en población, así como ampliar los espacios de reflexión dirigidos a las y los adolescentes y jóvenes, con el fin de promover las ventajas de contar con información calificada para la toma de decisiones relacionadas con las transiciones y eventos propios del curso de vida;

VI. Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, con el fin de salvaguardar el derecho de las y los adolescentes y jóvenes a la información, la consejería y el consentimiento informado, en un marco de pleno respeto a sus valores, creencias y convicciones;

VII. Promover acciones dirigidas a atender a las y los adolescentes y jóvenes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social; repatriados, con discapacidad, en situación de calle, de trata de personas o violencia de género; y

VIII. Promover entre los padres, madres y/o tutores y la población adulta su compromiso con la formación de las y los adolescentes y jóvenes.

Capítulo VI

De la Población Pluricultural

Artículo 46.- La Secretaría promoverá el diseño y ejecución de las políticas demográficas de población desde un enfoque intercultural, preservando los derechos de los pueblos indígenas, manteniendo sus tradiciones, creencias, mitos y costumbres, especialmente la conservación de la lengua materna para lograr su incorporación al desarrollo social y económico, a través de:

I. Proporcionar educación de calidad bilingüe y bicultural;

II. Proporcionar material educativo en lenguas maternas indígenas;

III. Instalar Albergues Escolares en todas las zonas indígenas con carencia de este servicio;

IV. Fomentar el acceso a las escuelas bilingües y biculturales;

V. Promover las escuelas completas con6 grados de educación primaria unitarias;

VI. Promover y otorgar mayor preparación y capacitación a los maestros bilingües y biculturales;

VII. Proporcionar los libros de texto gratuitos en cada una de las lenguas indígenas;

VIII. Proporcionar información y educación sexual integral en las lenguas indígenas y acceso a la gama más amplia de métodos anticonceptivos; y

IX. Proporcionar abogados, traductores e intérpretes especializados en lenguas indígenas a la población cuando se requiera apoyo legal.

Titulo Quinto

De la Emigración, Regulación y Destino

Capítulo Unico

Artículo 47.- La Secretaríaen coordinación con las dependencias del CONAPO, de las Entidades Federativas, Estados, Municipios y Órganos Políticos Administrativos llevarán a cabo las acciones necesarias para el desarrollo demográfico, cuidandolos derechos humanos que considere:

I. Procurar que las corrientes migratorias internas gocen de protección durante su desplazamiento en elterritorio nacional, y cuidar el equilibrio demográfico;

II. Proporcionar a la población que emigra a otraregión del país, protección en su integridad física y moral, incorporando el enfoque de seguridad humana;

III. Promover la creación de empleos remunerados en los estados expulsores de población para retenerla y mantener el orden demográfico del país;

IV. Diseñar programas de población que proporcionen atención a los flujos de emigración interna derivados de situaciones forzadas, falta de seguridad, violencia o crimen organizado, para asegurar su permanencia en sus lugares de origen;

V. Impulsar en coordinación con Estados, Municipios y Distrito Federal planes y programas a fin de que las personas que se integran a los diversos núcleos de población del país, no sean objeto de conductas discriminatorias por parte de la población local; y

VI. Promover planes y programas para que los nuevos residentes se integren a los núcleos de población y accedan a los servicios de carácter social, primordialmente de aquellas regiones que por sus condiciones geográficas contemplan una mayor llegada y asentamiento de nuevos pobladores.

Articulo 48.- La Secretaría en coordinación con las dependencias del Consejo, Estatal y Municipal, así comoinstituciones de los sectores público, social y privado, atenderán a la población repatriada al país para integrarlos al desarrollo económico, asegurando su radicación en el territorio nacional y que contemple:

I. Acciones para brindar orientación sobre ofertas de empleo y vivienda, para su reinserción;

II. Información y orientación respecto a los diversos apoyos que pueden recibir los repatriados en el lugar de origen o residencia en el territorio nacional; y

III. Creación de proyectos de coinversión, para garantizar que los mexicanos repatriados se queden a radicar con sus familias en los lugares de origen.

Artículo 49.- La Secretaría a través del CONAPO y el INM coordinará los programas y acuerdos interinstitucionales que inciden en el reforzamiento de los vínculos de las comunidades de origen y destino de la emigración interna, que radicará definitivamente en el país, cuidando el equilibrio demográfico en el territorio nacionalpara lograr el desarrollo sustentable de las regiones urbanas y rurales.

Artículo 50.- Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría corresponde:

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y emitir recomendaciones e iniciativas para regularla;

II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos; y

III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, la celebración de acuerdos con los gobiernos de otros países, para que la emigración se realice por canales legales, seguros y ordenados, a través de programas de trabajadores temporales u otras formas de migración.

Artículo 51.- Se considera emigrante al mexicano o extranjero que se desplace desde México con la intención de cambiar de residencia o país.

Artículo 52.- El Gobierno Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipales y Órganos Políticos Administrativosdeberá:

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional; y

II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención de personas en situación de vulnerabilidad

Artículo 53.- Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país.

Artículo 54.- La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Artículo 55.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos.

Asimismo, la Secretaría vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros, se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, en la comunicación con sus familiares y apoyándolos en el traslado a su lugar de residencia en México.

Título Sexto

De la investigación y Generación de Información Socio demográfica

Capítulo Unico

Artículo 56.- La Secretaríaen coordinación con las dependencias del CONAPO de las Entidades Federativas, Municipios y Equivalentes,llevarán a cabo estudios, investigaciones y la generación de información socio demográfico que considere:

I. Fortalecer la cooperación con instituciones académicas u organizaciones no gubernamentales para la realización de investigaciones en población, poniendo especial atención en los esfuerzos regionales y estatales;

II. Evaluar el estado del conocimiento para identificar los vacíos, necesidades y prioridades de investigación desde una perspectiva integral de población y desarrollo;

III. Proponer la elaboración de encuestas socio demográficas para la generación de insumos y seguimiento a los avances programáticos derivados de las políticas de población;

IV. Apoyar estudios e investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de las variables demográficas y sus interrelaciones con los procesos de desarrollo económico y social con énfasis en los ámbitos Regional, Estatal y Municipal;

V. Elaborar estudios prospectivos que permitan anticipar las demandas futuras de salud, empleo, educación, vivienda, seguridad, entre otros;

VI. Estimular la investigación sobre las características y problemáticas específicas de grupos de población que requieren atención prioritaria, entre los que se incluyen los estudios sobre los cambios en las familias, la situación de la mujer, las condiciones de vida y dinámica demográfica de los pueblos indígenas, así como el comportamiento sexual y reproductivo de las y los adolescentes y jóvenes;

VII. Aportar insumos a la planeación del desarrollo urbano y regional, mediante la elaboración de proyecciones de población Estatales, Municipales y rural-urbano, así como llevar a cabo estudios prospectivos para anticipar las demandas futuras de empleo, servicios educativos, y salud y vivienda en las principales ciudades del país;

VIII. Llevar a cabo estudios para identificar las ciudades del país con potencial de desarrollo sustentable e impulsar medidas para orientar los flujos migratorios hacia ellas;

IX. Impulsar y realizar estudios e investigaciones sobre las condiciones sociales, económicas y demográficas de la adolescencia y la juventud, los factores que inciden en el desarrollo de su potencial, así como diagnósticos y proyecciones sobre sus necesidades presentes y futuras;

X. Promover la identificación de las y los adolescentes y jóvenes en las estadísticas de los programas institucionales en materia de capacitación, empleo, salud, así como de los programas del sector educativo, para hacer un seguimiento de sus alcances y valorar sus impactos;

XI. Impulsar, elaborar y difundir estudios e investigaciones y construir indicadores sobre las condiciones de vida de las y los adolescentes y jóvenes, su comportamiento demográfico y sus determinantes, con el fin de orientar el diseño de políticas y acciones dirigidas a este sector de la población;

XII. Impulsar la generación de información, llevar a cabo investigaciones sobre aspectos demográficos y socioeconómicos relativos a la organización, dinámica de las familias y el curso de vida de sus integrantes;

XIII. Utilizar los resultados de la investigación y los esfuerzos de evaluación de las acciones institucionales para contribuir a enriquecer la formulación e instrumentación de programas y acciones dirigidas a promover el bienestar y desarrollo integral de las familias; y

XIV. Impulsar en coordinación con Estados, Municipios y el Distrito Federal, la generación de investigaciones y proyecciones demográficas, a fin de enfrentar la problemática que se genere en el ámbito poblacional, desde un enfoque regional.

XV. Impulsar la generación de acuerdos de colaboración con los Estados, Municipios, Distrito Federal, instituciones públicas y asociaciones civiles, a fin de analizar e investigar la problemática que genera la relaciónde factores demográficos y fenómenos emergentes, y así adoptar las estrategias necesarias para la confrontación del problema, desde una óptica regional.

Título Séptimo

Del Registro Nacional de Población

Capítulo I

De las Facultades y Atribuciones

Artículo 57.- La Secretaría tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Artículo 58.- El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con la información que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad garantizando la seguridad y confidencialidad de sus datos personales.

Artículo 59.- En el Registro Nacional de Población se inscribirá:

I. A las ylos mexicanos, mediante el RNC y RME; y

II. A las y los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

Artículo 60.- El RNC se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

Artículo 61.- El RME, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles y deberá ser actualizado permanentemente.

Artículo 62.- El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría, en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Artículo 63.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará CURP, esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

Artículo 64.- La Secretaría establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asímismo, coordinará los métodos de identificación y registro de las Dependencias.

Artículo 65.- Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:

I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;

II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el RNP, e

III. Incluir en el acta correspondiente la CURP al registrar el nacimiento de las personas.

Artículo 66.- Las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas y Órganos Político Administrativos, serán auxiliares de la Secretaría en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.

Articulo 67.- Las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría sobrelas resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona.

Artículo 68.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a laSecretaría, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional Población, en los términos establecidos por el reglamento.

Capítulo II

De la Actualización del Registro Nacional de Población

Artículo69.- El Registro Nacional de Población deberá mantener permanentemente actualizada la información relativa a los datos del registro de población de conformidad con los lineamientos que dicte el Consejo y que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 70.- Las autoridades judiciales remitirán al Registro Nacional de Población, la información de todas aquellas personas que estén sujetas a procesos judiciales, las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos y, que impliquen modificaciones a los datos del estado civil y de los fallecimientos.

Las organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas y registradas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que estén vinculadas a los programas de trato con migrantes y defensoras de los derechos de migrantes repatriados, podrán colaborar y coadyuvar con las autoridades nacionales en el extranjero, para regularizar los documentos personales de las personas mexicanas en el extranjero, de conformidada lo que establezca el reglamento.

Artículo 71.- Las Dependencias Estatales, Municipales y Equivalentes a través de sus Consejos locales de población deberán de proporcionar al RENAPO cuando éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos registros, al efecto:

I. La Secretaría celebrará convenios con las Dependencias, Estatales, Municipales y equivalentes para los efectos señalados en esta Ley; y

II. La Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de las y los mexicanos residentes en el extranjero, deberá entregar a la Secretaría la actualización de los listados de los individuos que hayan recibido la matrícula consular.

Título Octavo

Del Registro Nacional de Ciudadanos

Capítulo I

Cédula de Identidad

Artículo 72.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría.

Artículo 73.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el RNC y obtener su Cédula de Identidad.

El RNC contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el Reglamento.

Artículo 74.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y

II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Artículo 75.- En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.

Artículo 76.- La Secretaría podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de las Dependencias que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las Dependencias que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría.

Artículo77.- Cuando la Secretaría encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la Secretaría la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.

Artículo 78.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad.

Artículo 79.- La Cédula de Identidad es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Artículo 80.- La Cédula de Identidad tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Artículo 81.- Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identificación.

Artículo 82.- La Cédula de Identidad contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación que determine la Secretaria:

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s);

II. CURP;

III. Fotografía del titular;

IV. Lugar de nacimiento;

V. Fecha de nacimiento;

VI. Firma y huella dactilar; y

VII. Registro la imagen de su iris.

Artículo83.- Corresponde al titular de la Cédula de Identidad su custodia y conservación.

Artículo 84.- La Cédula de Identidaddeberá renovarse;

I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años;

II. Cuando esté deteriorada por su uso; y

III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad anterior al momento de recoger la nueva.

Artículo 85.- Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad deberá dar aviso a la Secretaría, dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.

Artículo 86.- La Secretaría podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.

Artículo 87.- La Secretaría proporcionará al Instituto Federal Electoral, la información del RNC que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la Ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás Dependencias que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Capítulo II

Del Banco, Protección y Seguridad de Datos

Artículo 88.- La información contenida en el RENAPO será confidencial, sólo se entregará mediante requerimiento judicial en los siguientes casos:

I. Al IFE para que integre los instrumentos electorales; y

II. Al INEGI para la estadística con respecto de los datos de población.

Artículo 89.- Esta Ley garantizará a la población en todo momento el derecho fundamental a la protección de la vida privada consagrada en el artículo 6 y el derecho constitucional de todo individuo a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición.

Artículo 90.- El sistema de datos personales del RENAPO no podrán ser utilizados para fines distintos para el que fue creado, su finalidad será el de garantizar a toda persona el derecho a la identidad y de seguridad jurídica, y solo podrán transmitir con el consentimiento del titular y cuando medie mandato judicial.

Artículo 91.- El RENAPO protegerá aquellos datos personales que tenga bajo su custodia y no se podrá hacer uso diferente a los especificados en esta Ley, en todo caso,los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no podrán transmitirse a personas distintas del titular.

Artículo 92.- Los principios rectores para el tratamiento de datos personales en posesión del Registro deberán ser el de licitud, calidad, confidencialidad, seguridad y consentimiento.

Artículo 93.- La seguridad de los datos de los sistemas de registro deberán establecer medidas preventivas y restrictivas con base en:

I. Procedimientos de control de acceso que consideren perfiles de quien opere el Sistema de Datos Personales para el acceso restringido a las funciones y programas; y

II. Mecanismos de seguimiento, mediante bitácora, en la que se lleve un registro y control detallado del tratamiento de los datos personales.

Artículo 94.- El titular del RENAPOes el responsable de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los datos personales contenidos en los archivos que se encuentren bajo su resguardo, en apego a los principios consagrados en esta Ley, dichas medidas estarán encaminadas a evitar su alteración, perdida, transmisión o acceso no autorizado.

Capítulo III

Del Catálogo de Extranjeros Residentes en México

Artículo 95.- El Catálogo de las y los Extranjeros Residentes en México se organizará técnicamente conforme a las disposiciones generales internas que emita el Registro Nacional de Población para su instrumentación, operación y aplicación, de acuerdo con las necesidades que el registro requiera.

Artículo 96.- La Secretaria de Relaciones Exteriores informará al CONAPO, mensualmentey cuando así se requierade los cambios de nacionalidad de las y los extranjeros radicados en México.

Artículo 97.- El INM informará mensualmente al Registro Nacional de Población sobre las altas y bajas del Registro Nacional de Extranjeros, así como de los cambios de domicilio, estado civil y actividades a que se dediquen las y los extranjeros.

Capítulo IV

Del Comité Técnico Consultivo

Artículo 98.- El Comité Técnico Consultivo tiene como objetivo estudiar, analizar, asesorar y proponer opiniones técnicas sobre los programas, estrategias de identificación e inscripción del RNC y del CURP.

Artículo 99.- El Comité Técnico Consultivose integrará por un representante de la Secretaría, que será el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, quien fungirá como Presidente del mismo; por un Secretario, que será el Director General del RENAPO y por representantes de las dependencias del Consejo, cuyas actividadesse vinculen con los asuntos a desarrollar, de conformidad con las normas establecidas para su funcionamiento:

I. El Presidente del Comité podrá invitar a participar en las sesiones a representantes de las Dependencias, Municipios y Equivalentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores de las comisiones de población, de organizaciones e instituciones, así como a distinguidos especialistas de la materia demográfica, quienes tendrán el derecho a voz pero sin voto.

Artículo 100.- El Comité Técnico Consultivointegrado por miembros permanentes del Consejo se abocara a los temas que le autoricen, como son:

I. Instrumentar mecanismos de coordinación interinstitucional para la aplicación de la política nacional de población y el cumplimiento de los programas en la materia bajo las bases y procedimientos establecidos por el CONAPO;

II. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento de los programas en materia de población y de los acuerdos aprobados en el CONAPO;

III. Definir criterios, procedimientos e indicadores de seguimiento y evaluación sobre actividades y resultados de los programas en materia de población;

IV. Presentar informes periódicos sobre sus actividades, avances y resultados de los programas en la materia; y

V. Las demás que señale la o el Presidente o el CONAPO.

Título Noveno

De las Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Unico

Artículo 101.- Los servidores de las Dependencias, Estatal, Municipal y Equivalentes, que en ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, empleo, o comisión, contravengan las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven, serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales, de los Estados y de los Municipios.

Artículo 102.- Los empleados de la Secretaría serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;

II. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y

III. Cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta Ley.

Artículo 103.- Las autoridades Federales, Estatales o Municipales que incurran en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Artículo 104.- El que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito, será castigado con multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, o bien arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa.

Artículo 105.- Las autoridades Federales, Estatales o Municipales que incurran en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Artículo 106.- La violación de esta Ley, su Reglamento, del Programa o de los Programas Estatales y Municipales de Población, se considerará una infracción administrativa y, en su caso, será delito grave y traerá como consecuencia la imposición de sanciones conforme a las normas que regulen las responsabilidades de los servidores públicos, y las leyes penales vigentes.

Artículo 107.- El incumplimiento a las disposiciones relativas al tratamiento de los datos del Registro Nacional de Población, será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable administrativa y penal.

Artículo 108.- El que haga mal uso de los datos personales al que se refiere el Registro Nacional de Población, se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental Federal y de las disposiciones legales en la materia de los Estados y Municipios.

Artículo 109.- Las Responsabilidades Administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones, a que se refiere la presente Ley, son independientes de los del orden civil o penalque procedan.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicaciónen el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.-A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley quedará abrogada la Ley General de Población del siete de enero de mil novecientos setenta y cuatro, sus reformas y la última publicadaen el Diario Oficial de la Federación del nueve de abril de dos mil doce, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.-El Ejecutivo Federal deberá publicar en un plazo no mayor a ciento ochentadías el reglamento de la presente Ley, contados a partir de la entrada en vigor de la misma.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Atentamente

Comisión de Población".

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado López Zavala. Túrnese a la Comisión de Población, con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas leyes en materia de responsabilidad social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS; Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Presento ante esta Asamblea una iniciativa que reforma diversos artículos de 8 leyes en materia de responsabilidad social, fundada en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para México los antecedentes en materia de responsabilidad social ha sido resultado de largos procesos culturales autónomos. Como ejemplos tenemos planteamientos de la USEM y de la COPARMEX del lado del patronal.

En un panorama internacional México no ha dejado de permanecer ajeno a las tendencias, la responsabilidad social en las empresas ha sido fundamental y bien recibida por empresarios de nuestro país, tanto dependencias del sector público como organismos del sector privado han emprendido diversas acciones, entre las que destacamos la creación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza (Aliarse) por la Responsabilidad Social Empresarial.

En este tenor Cemefi como Aliarse han logrado la definición tangible de la responsabilidad social empresarial en México sin llegar a considerarla como una política o estrategia central del negocio, ni aludiendo a su carácter voluntario u obligatorio.

En 1996 se constituyó formalmente la Fundación del Empresariado Chihuahuense, encargada de operar, entonces, los recursos provenientes de un gravamen adicional al impuesto sobre nómina propuesto por ellos mismos para obras sociales. Para septiembre de 2005, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó la Fundación del Empresariado en México con el objeto de lograr una participación más estructurada de los empresarios en el entorno externo y de combate la pobreza. En los últimos años ha aumentado el número de fundaciones empresariales o de programas sociales corporativos institucionales.

La competitividad se debe mantener para que las empresas puedan subsistir y la responsabilidad social es una estrategia de negocios desde dos aspectos, la competitividad y la sustentabilidad, que son claves para el éxito, de ahí que el uso eficiente de los recursos naturales, económicos y sociales, así como la adaptación de la compañía a las preferencias de los individuos que demandan bienes y servicios sustentables se vuelven imperativos, hay que considerarlos no como restricciones, sino como oportunidades estratégicas para generar valor agregado a sus empresas.

La actual situación de sustentabilidad y responsabilidad social de las empresas pareciera ser un esfuerzo dirigido exclusivamente a empresas grandes, a las que cotizan en bolsa o simplemente a las que reconoce la población en general. Sin embargo, de cada 100 empresas en México 99 son pequeñas o medianas, PYMES. Estas empresas, si bien sólo concentran 35 por ciento de la producción bruta total, emplean a 73 por ciento del personal ocupado, según el INEGI 2010. No es poca la importancia que tienen las PYMES en la economía, la sociedad y el medio ambiente; por esta razón, es necesario que generen un sentido de responsabilidad social en proporción a su tamaño y, en la medida de lo posible, su impacto.

El principal objetivo de la sustentabilidad es generar valor económico, social y ambiental para perdurar. Consiste en pasar de ver a la empresa como generadora de valor monetario a verla como una empresa capaz de generar valor dentro y fuera de su entorno económico, social y ambiental, generando valor creado. En el único estudio empírico que aproxima la idea de competitividad a la de sustentabilidad en México, se encontró que en compañías de más de 500 empleados, seis de cada diez empresas considera que las acciones de sustentabilidad que han implantado les han generado beneficios económicos.

La responsabilidad social en las empresas genera mayores beneficios económicos, o simplemente, que la búsqueda de la sustentabilidad en la empresa puede llevar a eficiencias operativas.

Actualmente México enfrenta un cambio en su configuración social, hay un vacío en el proceso de formación de nuestra sociedad, que a su vez es reemplazado por diferentes medios como los de comunicación, quienes pretenden enseñar las tareas que la familia y la comunidad ya no cubre; las organizaciones de diferentes sectores son excelentes trasmisores de estos valores.

Según datos oficiales de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país solo existen 36 mil organizaciones de la sociedad civil para aproximadamente 113 millones de mexicanos, mientras que en otros países estos números son mayores y tienen como buena consecuencia una gran participación de los ciudadanos, lo cual fortalece a sus comunidades nacionales.

Con base en estos datos hay diferentes propuestas para incentivar desde diversos puntos la responsabilidad social en empresas y la inclusión de sociedades civiles con la ciudadanía. A continuación exponemos algunos de estos:

Desde la perspectiva fiscal, actualmente para las empresas resulta muy atractivo la deducibilidad de impuestos, cuando estas hacen donaciones sin fines de lucro existe una posibilidad de triangular recursos, aunque el único fin debe ser cumplir con su objeto social.

Desde el punto de vista de certificados, el Cemefies el encargado de otorgar diversos distintivos empresariales, el más importante es el distintivo Empresa Socialmente Responsable, el cual se entrega a diversas empresas que cumplen con cuatro criterios establecidos por este órgano.

En materia de transparencia, debe existir el medio eficaz para el control en la transparencia de los recursos que ejercen las empresas y sociedades en sus actividades, lo cual es trascendente para ver el objetivo y cumplimiento de su objeto social.

Desde el punto de vista social, la creación de nuevos espacios laborales y la consolidación de los existentes es reto de las empresas y sociedades.

El Centro Mexicano para la Filantropía define a la responsabilidad social como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

La adecuada alineación de la estrategia de la empresa con los componentes de la responsabilidad social parte de una visión en la cual es posible vincular la competitividad de la empresa con la sustentabilidad. De hecho, siendo estrictos no se podría ver una separada de la otra, ya que tendríamos el riesgo de que la empresa no sobreviva en el largo plazo. La virtud de pensar en la empresa como un ente generador de sustentabilidad es posible siempre y cuando sea consciente de que su permanencia depende ampliamente de factores económicos, ambientales y sociales.

En este tenor, y una vez definido el concepto de responsabilidad social, es oportuno exponer los principios generales o rectores que habíamos planteado en párrafos anteriores.

El primero, desarrollo económico en las empresas por su riqueza legítima, empleos e ingresos que pueden ofrecer para el bienestar que demanda la sociedad, así como oportunidades que exige la superación de la pobreza. El desarrollo sustentable puede realizarse si existe un contexto jerarquizado de políticas ambientales, donde el orden de preferencia vaya de las iniciativas voluntarias y acuerdos negociados entre empresas y autoridades, a instrumentos económicos y regulaciones equitativas y eficientes.

Segundo, el desarrollo ambiental que es una gran oportunidad para que las empresas hagan su mayor aportación al desarrollo sustentable, los gobiernos deben construir un marco legislativo estable, efectivo y económicamente eficiente.

Tercer principio general de desarrollo social como pilar del desarrollo sustentable, el sector privado tiene la oportunidad de emprender proyectos que promuevan el desarrollo de las comunidades de su entorno en una relación de negocios, para lo cual es necesario un cambio cultural en las organizaciones empresariales para la integración de la sociedad como parte de esa responsabilidad corporativa.

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, entre otros indicadores, México carece de infraestructura legal para la responsabilidad social de las empresas y una enorme desigualdad social, es por eso la importancia de la creación de estímulos sociales, económicos y ambientales que demanden una mejor calidad de ambiente empresarial en el país. Este es el contexto en el que nació y se desarrolló la responsabilidad social, tal y como lo conocemos hoy, sin embargo, sus raíces culturales provienen de muchos años atrás.

La buena imagen de las empresas en México se da por la percepción y el compromiso con su comunidad, buscar la sinergia entre diferentes sectores para multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales comunes a todos, debe ser uno de los objetivos de las empresas.

La presente propuesta de reforma a diversas leyes de nuestro marco legal es crucial para un mejor desarrollo social y económico, garantizando el crecimiento integral de organizaciones empresariales y sociales que contribuyen al bien común del país.

La Ley de la Economía Social y Solidaria, dispone del establecimiento de mecanismos que facilitan la organización de la actividad económica del sector social de la economía, aportando reglas de organización, fomento y fortalecimiento.

Esta iniciativa propone crear un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social que promueva las acciones estratégicas de diferenciación que puede utilizar una empresa desde una perspectiva que está vinculada principalmente a una buena imagen de la firma y sus marcas, al diseño sustentable de productos con menor impacto ecológico y al aumento en la disponibilidad de pago de los consumidores por un bien con atributos sustentables, producto de la innovación y de la adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores actuales.

Mientras que desde la perspectiva de las estrategias de costos se encuentran la eficiencia en la producción, el aumento en la productividad de los empleados, la disminución del costo de capital por reducir contingencias ambientales con el regulador y, desde luego, la innovación con tecnología más limpia y eficiente.

Quisiera decir que en estos principios de responsabilidad, el término de la Ley General para la Inclusión de Personas también está tocado.

En esta tesitura, cabe reiterar, que esta iniciativa legislativa que impulsa la responsabilidad social considera lo siguiente:

- La creación de un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social, cuyo objeto será atender con recursos suficientes las acciones productivas del Sector mediante el apoyo de proyectos que beneficien particularmente a la sociedad, la economía y el medio ambiente a fin de contribuir al bien común. 

La inserción de un Premio Ncional a la Responsabilidad Social.

El reconocimiento a las empresas con calidad de transparencia ejemplar para la sociedad, lográndolo a través de rendición de cuentas.

La sanción y el resarcimiento de daños por abusos al medio ambiente y la implementación de auditorías, ya sea por autorregulación y oficiales para prevenirlos.

Armonizar la corresponsabilidad integrando al sector empresarial en este principio.

Para ello modificamos diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social Solidaria, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De esta manera se pretende una reforma integral que impulse de manera determinante la responsabilidad social de México.

La iniciativa completa está integrada en la Gaceta Parlamentaria. Así que agradezco su atención.

Buenas tardes.

(Aplausos)

Iniciativa

"C.C. Secretarios de la Comisión Permanente

del H. Congreso de la Unión

Presentes.

La que suscribe, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de laRepública, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 14, párrafo primero y fracción II del artículo 42, fracción VI del artículo 45, párrafo primero del artículo 46; y se adicionan las fracciones XIV y XV del artículo 10º, párrafo cuarto de artículo 13, fracción III del artículo 14, fracción XVIII del artículo 45, párrafo segundo del artículo 46; todos de la Ley de la Economía Social y Solidaria; se adiciona la fracción XVI del artículorecorriéndose en su orden natural las subsecuentes; y los artículos 115 A, 115 B; Y 115 C, del capítulo XX Bis, todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; se reforma la fracción primera y se adiciona la fracción IV del artículo , recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; todos de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; se reforma la fracción II del artículo 82, las fracciones I, II y III del artículo 110; y se adiciona la fracción VI del artículo ; todos de la Ley General De Cambio Climático; se reforma la fracción II del artículo 21, párrafo primero del artículo 38, párrafo primero del artículo 109 bis, fracción V del artículo 158 y se adiciona la fracción VIII del artículo 15, párrafo segundo del artículo 38 y párrafo segundo del artículo 109 bis, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adicionan las fracciones IV y VI del artículo recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; se reforma la fracción IV del artículo y fracción XXXIV, del artículo ; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; se reforma la fracción II, del artículo 13 y la fracción III del artículo 117 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; se reforma la fracción VII del artículo 11, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para México los antecedentes en materia de responsabilidad social ha sido resultado de largos procesos culturales autónomos. Como ejemplos tenemos los planteamientos de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), pioneros en el tema.

En un panorama internacional México no ha dejado de permanecer ajeno a las tendencias, la responsabilidad social en las empresas ha sido fundamental y bien recibido por empresarios de nuestro país, tanto dependencias del sector público como organismos del sector privado han emprendido diversas acciones, entre las que se ha destacan la creación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza (Aliarse) por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

En este tenor Cemefi como Aliarse han logrado la definición tangible de la responsabilidad social empresarial en México sin llegar a considerarla como una política o estrategia central del negocio, ni aludiendo a su carácter voluntario u obligatorio.

En 1996 se constituyó formalmente la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), encargada de operar los recursos provenientes de un gravamen adicional al impuesto sobre nómina propuesto por los empresarios del estado para obras sociales. Para septiembre de 2005 el Consejo Coordinador Empresarial lanzó la Fundación del Empresariado en México (Fundemex) con el objeto de lograr una participación “más estructurada” de los empresarios en el entorno externo y de combate la pobreza. En los últimos años ha aumentado el número de fundaciones empresariales o de programas sociales corporativos institucionales.

La competitividad se debe mantener para que las empresas puedan subsistir y la responsabilidad social es una estrategia de negocios desde dos aspectos – la competitividad y la sustentabilidad – son clave para el éxito, de ahí que el uso eficiente de los recursos naturales, económicos y sociales, así como la adaptación de la compañía a las preferencias de los individuos que demandan bienes y servicios sustentables se vuelven imperativos, hay que considerarlos no como restricciones, sino como oportunidades estratégicas para generar valor en las empresas.

La actual situación de sustentabilidad y responsabilidad social de las empresas pareciera ser un esfuerzo dirigido exclusivamente a empresas grandes, a las que cotizan en bolsa o simplemente a las que reconoce la población en general. Sin embargo, de cada 100 empresas en México 99 son pequeñas o medianas, PYMES. Estas empresas, si bien sólo concentran 35% de la producción bruta total, emplean a 73% del personal ocupado (INEGI 2010). No es poca la importancia que tienen las PYMES en la economía, la sociedad y el medio ambiente; por esta razón, es necesario que generen un sentido de responsabilidad social en proporción a su tamaño y, en la medida de lo posible, su impacto.

El principal objetivo de la sustentabilidad es generar valor económico, social y ambiental para perdurar. Consiste en pasar de ver a la empresa como generadora de valor monetario a verla como una empresa capaz de generar valor dentro y fuera de su entorno económico, social y ambiental, generando un Porter “valor creado” (Porter y Kramer 2011). En el único estudio empírico que aproxima la idea de competitividad a la de sustentabilidad en México, se encontró que en compañías de más de 500 empleados, seis de cada diez empresas considera que las acciones de sustentabilidad que han implantado les han generado beneficios económicos (Aigner y Lloret 2011).

La responsabilidad social en las empresas genera mayores beneficios económicos o, simplemente, que la búsqueda de la sustentabilidad en la empresa puede llevar a eficiencias operativas.

Actualmente México enfrenta un cambio en su configuración social, existe un vacío en el proceso de formación de nuestra sociedad que a su vez es reemplazado por diferentes medios como los de comunicación los cuales pretenden enseñar las tareas que la familia y la comunidad ya no cubre; las organizaciones de diferentes sectores son excelentes trasmisores de estos valores.

Según datos oficiales de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarialen nuestro país solo existen 36 mil organizaciones de la sociedad civil para aproximadamente 113 millones de mexicanos, mientras que en otros países estos números son mayores y tienen como buena consecuencia una gran participación de los ciudadanos, lo cual fortalece a estos países.

Con base en estos datos han existido diferentes propuestas para incentivar desde diversos puntos la responsabilidad social en empresas y la inclusión de sociedades civiles en la ciudadanía. A continuación exponemos algunos de estos:

Desde la perspectiva fiscal, actualmente para las empresas resulta muy atractivo la deducibilidad de impuestos, cuando estas hacen donaciones sin fines de lucro existe una posibilidad de triangular recursos, aunque el único fin debe ser cumplir con su objeto social, así esto tiene como consecuencia la buena imagen de la empresa en materia de responsabilidad social y del beneficio común de la sociedad.

Desde el punto de vista de certificados, el Cemefies el encargado de otorgar diversos distintivos empresariales, el más importante es el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR)el cual se entrega a diversas empresas que cumpliendo con cuatro criterios establecidos por este órgano se elige al mejor calificado según la institución.

En materia de transparencia, debe existir el medio eficaz para el control en la transparencia de los recursos que ejercen las empresas y sociedades en sus actividades, lo cual es trascendente para ver el objetivo y cumplimiento de su objeto social.

Desde el punto de vista social, la creación de nuevos espacios laborales y la consolidación de los existentes es reto de las empresas y sociedades.

El Centro Mexicano para la Filantropía define a la responsabilidad social como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

La adecuada alineación de la estrategia de la empresa con los componentes de la responsabilidad social parte de una visión en la cual es posible vincular la competitividad de la empresa con la sustentabilidad. De hecho, siendo estrictos no se podría ver una separada de la otra, ya que tendríamos el riesgo de que la empresa no sobreviva en el largo plazo. La virtud de pensar en la empresa como un ente generador de sustentabilidad es posible siempre y cuando sea consciente de que su permanencia depende ampliamente de factores económicos, ambientales y sociales.

En este tenor y una vez definido el concepto de responsabilidad social es oportuno exponer los principios generales o rectores que habíamos planteado en párrafos anteriores.

El primero es el desarrollo económico en las empresas por su riqueza legítima, empleos y los ingresos que pueden ofrecer para el bienestar que demanda la sociedad, así como las oportunidades que exige la superación de la pobreza. El desarrollo sustentable puede realizarse si existe un contexto jerarquizado de políticas ambientales, donde el orden de preferencia vaya de las iniciativas voluntarias y acuerdos negociados entre empresas y autoridades, a instrumentos económicos y a regulaciones equitativas y eficientes.

Segundo, el desarrollo ambiental es una gran oportunidad para que las empresas hagan su mayor aportación al desarrollo sustentable, los gobiernos deben construir un marco legislativo estable, efectivo y económicamente eficiente.

Es deseable que de manera autónoma las empresas participen con iniciativas de mejoramiento en el desempeño ambiental a través de las cadenas de cliente-proveedor, de igual forma encontrar soluciones costo-efectivas a problemas ambientales.

Tercer principio general es el desarrollo social como pilar del desarrollo sustentable, el sector privado tiene la oportunidad de emprender proyectos que promuevan el desarrollo de las comunidades de su entorno en una relación de negocios, para ello es necesario un cambio cultural en las organizaciones empresariales para la integración de la sociedad como parte de esa responsabilidad corporativa.

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México está por debajo en los índices en educación y salud, 3.3 millones de niños trabajan, existe un alto índice de corrupción, impunidad, baja credibilidad en el gobierno, carencia de infraestructura legal para la responsabilidad social de las empresas y una enorme desigualdad social, es por eso la importancia de creación de estímulos sociales, económicos y ambientales que beneficie una mejor calidad de ambiente empresarial en el país. Este es el contexto en el que nació y se desarrolló la responsabilidad social, tal y como lo conocemos hoy, sin embargo, sus raíces culturales provienen de muchos años atrás.

La buena imagen de las empresas en México se da por la percepción y el compromiso con su comunidad, buscar la sinergia entre diferentes sectores que permite multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales comunes a todos debe ser uno de los objetivos de las empresas. En esta dimensión se detectó que 12 empresas (54%) no mencionan nada al respecto, o canalizan su responsabilidad social en sus mismas fundaciones, 6 empresas (27%) si dicen mucho sobre los programas que destinan a la educación, salud y cultura, según informó el Centro Mexicano para la Filantropía.

La presente propuesta de reforma a diversas leyes de nuestro marco legal es crucial para un mejor desarrollo social y económico, garantizando el crecimiento integral de organizaciones empresariales y sociales que contribuyen al bien común del país.

La Ley de la Economía Social y Solidaria, dispone el establecimiento de mecanismos que facilitan la organización de la actividad económica del sector social de la economía, aportando reglas de organización, fomento y fortalecimiento de ese sector, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo social y económico del país.

Esta iniciativa propone crear un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social que promueva las acciones estratégicas de diferenciación que puede utilizar una empresa desde una perspectiva que está vinculada principalmente a una buena imagen de la firma y sus marcas, al diseño sustentable de productos con menor impacto ecológico y al aumento en la disponibilidad de pago de los consumidores por un bien con atributos sustentables, producto de la innovación y de la adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores actuales.

Mientras que desde la perspectiva de las estrategias de costos se encuentran la eficiencia en la producción, el aumento en la productividad de los empleados, la disminución del costo de capital por reducir contingencias ambientales con el regulador y, desde luego, la innovación con tecnología más limpia y eficiente.

El destino principal del programa debe ser el fomento económico que las empresas necesitan para dar el paso a lo expresado en la presente exposición de motivos.

Por otro lado la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece.

Se propone crear el premio nacional a la responsabilidad social, reconociendo al sector de las empresas el esfuerzo por cumplir con los ejes y aportar al bien común del país, se adiciona un capítulo para establecer las bases de operación en este premio.

En conjunto con la Ley de Sociedades de Solidaridad Social se busca el aumento de empleos formales benéficos para la sociedad, el cuidado racional de los recursos naturales y el aumento de la economía local de estas sociedades solidarias.

Por otro lado está la Ley General de Cambio Climático la cual debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación y regulación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante esta ley se debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la preservación, la restauración, el mejoramiento del ambiente y el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, dichas leyes tienen un objeto en común, la preservación y procuración del medio ambiente. Particularmente estas leyes son una invitación al derecho a un medio ambiente sano, donde cada vez más difícilsu sustentabilidad por el cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

El fomentar la educación, investigación y desarrollo en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, tanto como la prevención y el control de contaminación del aire, agua y suelo, garantiza la participación corresponsable de las personas aplicando valores como la responsabilidad compartida y manejo integral de residuos.

De acuerdo con esta Ley la sustentabilidad se entiende como la permanencia de recursos naturales a lo largo del tiempo con el fin de que las generaciones futuras también los utilicen. Aunque esta noción no está restringida a la permanencia de recursos naturales, también abarca el uso adecuado y responsable de recursos humanos, capitales y financieros, entre otros.

Uno de los principios de la responsabilidad social, en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; por medio de estas reformas haremos cumplir el objeto.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fomentan la solidaridad en la sociedad, teniendo como ejes rectores principios tales como la subsidiariedad y el bien común. El fomento y ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas representa una reactivación económica importante para el país, tal como lo es la inclusión de personas al sector laboral, permitiéndoles una calidad de vida digna de cada persona.

Por otro lado, se reconoce la necesidad de modificar la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la cual ha tenido diversas reformas con el fin derogar o modificar algunas disposiciones para establecer un límite fiscal de deducibilidad en las donaciones a favor de las empresas.

En este tenor sería adecuado analizar la posibilidad de elevar el umbral de 7% a 9% del monto total de los donativos para fines de utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectué la deducción, lo que impulsaría el apoyo a las asociaciones civiles sin fines de lucro, sin embargo esta propuesta debería ser analizada por la Cámara Diputados en su momento.

En esa tesitura, cabe reiterar, que esta iniciativa legislativa que impulsa la responsabilidad social considera lo siguiente:

1. La creación de un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social, cuyo objeto será atender con recursos suficientes las acciones productivas del Sector mediante el apoyo de proyectos que beneficien particularmente a la sociedad, la economía y el medio ambiente a fin de contribuir al bien común del país.

2. La inserción de un premio nacional a la Responsabilidad Social, incentivando al sector privado a la participación responsable.

3. Reconocimiento a las empresas con una calidad de transparencia ejemplar para la sociedad, lográndolo a través de rendición de cuentas.

4. La sanción y el resarcimiento de daños por abusos al medio ambiente y la implementación de auditorías, ya sea por autorregulación y oficiales para prevenirlos.

5. Armonizar la corresponsabilidad integrando al sector empresarial en este principio.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se reforman: la fracción XIII del artículo 14, el párrafo primero y la fracción II del artículo 42, la fracción VI del artículo 45, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 46, y se adicionan: las fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 10; el tercer párrafo al artículo 13, la fracción IV Bis al artículo 14, una fracción XVIII al artículo 45, pasando la actual a ser IX, el párrafo segundo del artículo 46, recorriéndose los subsecuentes. Todos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

I. aXI…

XII. Confianza;

XIII. Autogestión;

XIV. Responsabilidad Social, y

XV. Sustentabilidad.

Artículo 13.

El Instituto deberá implementar acciones necesarias para el cumplimiento de la responsabilidad social en el sector, contribuyendo al desarrollo social, ambiental y económico del país.

Artículo 14.

I. a IV…

IV Bis. Formular e instrumentar un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social del Sector;

V. a XII …

XIII. Difundir y actuar conforme alos valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás que se establezcan en el acuerdo que emita el secretario de Economía;

XIV. a XVIII …

Artículo 42. Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad económica que desarrollen su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar de manera responsable las siguientes actividades económicas:

I

II. Explotación racional de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;

III. a V…

Artículo 45. …

I. a V …

VI. Proporcionar en tiempo y forma la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. a XVII…

XVIII. Contribuir al cumplimiento de la responsabilidad social del Sector; y

XIX .…

Artículo 46. La secretaría creará el Programa de Fomento a la Responsabilidad Social y el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa de Fomento a la Responsabilidad Social, tendrá como objeto promover y llevar a cabo acciones de capacitación, sensibilización y fomento a la responsabilidad social en el sector.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan: la fracción XVI del artículo 6ºrecorriéndose en su orden natural las subsecuentes; el capitulo XX bis denominado Premio Nacional de Responsabilidad Social, y los artículos 115-A, 115-B y 115-C; todo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

I.- a XV.- …

XVI.- De Responsabilidad Social.

XVII.- De Seguridad Pública.

XVIII.- Premio Nacional de la Cerámica.

Capítulo XX Bis

Premio Nacional de Responsabilidad Social

Artículo 115 A.- El Premio Nacional de Responsabilidad Social es el reconocimiento que el Gobierno Federal otorga a quienes hayan destacado por su trabajo, empeño y dedicación en favor de la responsabilidad social empresarial, comunitaria y en general del bien común y desarrollo integral de la sociedad.

El Premio Nacional de Responsabilidad Social se entregará anualmente y consistirá en diploma, y numerario.

Artículo 115 B.- El Premio Nacional de Responsabilidad Social se entregará anualmente conforme a las categorías que defina el Consejo de Premiación.

Artículo 115 C .- Para la entrega del Premio Nacional de Responsabilidad Social, el Consejo de Premiación se integrará por un representante de la Secretaría de Desarrollo Social quien lo presidirá, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un representante de la Secretaría de Economía, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean integrantes de las Comisiones competentes y los representantes de las organizaciones empresariales, y de la sociedad a las que se les invite.

ARTICULO TERCERO: Se reforma: la fracción I del artículo 2º; y se adiciona: la fracción IV del artículo 2º, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes. Todos de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto:

I.- La creación de fuentes de trabajo digno.

II.- a III …

IV.- La promoción de la responsabilidad social, así como el servicio que fomente la educación y valores sociales que eleven la calidad de vida de la sociedad en general;

V.- La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios.

VI.- La educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social, la afirmación de los valores cívicos nacionales, la defensa de la independencia política, cultural y económica del país y el fomento de las medidas que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.

ARTICULO CUARTO: Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 110 de la Ley General De Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 110. Para dar cumplimiento al artículo anterior la Comisión deberá:

I. Convocar anualmente a las organizaciones de los sectores social y privado a que manifiesten sus opiniones y propuestas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

II

III. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar la explotación irracional de los recursos naturales y los efectos adversos del cambio climático; y,

IV. ...

ARTICULO QUINTO: Se reforman: el párrafo primero del artículo 38; el párrafo primero del artículo 109 bis; la fracción V del artículo 158; y se adiciona: el párrafo cuarto del artículo 109 bis. Todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales deberán desarrollar procesos internos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

Artículo 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal, las Delegaciones del Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de Delegaciones del Distrito Federal o Municipios.

En caso de incumplir con alguna de estas previsiones se sancionará de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal y las demás leyes aplicables a la materia.

Artículo 158.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:

I.-a IV. …

V.- Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con las organizaciones privadas y en general con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los Estados y Municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y,

VI.-

ARTICULO SEXTO: Se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes del artículo 8º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 8. El Consejo, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:

I. a IV. …

V. Promover las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las personas con discapacidad en los sectores social y privado; y

VI.…

ARTICULO SEPTIMO: Se reforma la fracción XXXIV del artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXXIII …

XXXIV. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de empresas, productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

XXXV a XLV. …

ARTICULO OCTAVO: Se reforman la fracción II del artículo 13 y la fracción III del artículo 117 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 13. Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere, en términos de la presente Ley:

I.

II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos, tratándose de recursos naturales se establecerán los criterios para la explotación racional de los mismos; y

III. …

Artículo 117. Durante la vigencia original de un proyecto de asociación público-privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando las mismas tengan por objeto:

I.a II …

III. Atender aspectos relacionados con la protección a la sociedad, así como del medio ambiente, y la preservación y conservación de los recursos naturales;

IV. a V. …

ARTICULO NOVENO: Se adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. a VI…

VII.Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES;

VIII.Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable; y,

IX. Promoción y apego a una cultura de responsabilidad social empresarial.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F a 10 de julio de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María De Guadalupe Calderón Hinojosa".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senadora Calderón Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Tiene el uso de la voz la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Interculturalidad y Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE INTERCULTURALIDAD Y POBLACION

(Presentada por la C. Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El día de mañana se celebra el Día Mundial de Población en un esfuerzo de tomar conciencia de las urgentes necesidades de aplicar políticas públicas eficaces que no sólo se enfoquen a consideraciones demográficas, sino a los aspectos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, particularmente para las que están en mayor exposición social.

Nos da mucho gusto que integrantes de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, hayan también presentado una iniciativa sobre esta temática, lo que evidencia la importancia que reviste el interés para que contemos en el próximo periodo de sesiones con un marco jurídico adecuado que atienda las necesidades esenciales de la sociedad en materia de interculturalidad y población.

A pesar que en el contexto internacional los diversos instrumentos jurídicos en materia de población, diversidad cultural, diálogo intercultural y derechos humanos, sólo por citar algunos, han aparecido en momentos distintos a lo largo del siglo XX el reto que actualmente tenemos es procurar por su implantación adecuada en el contexto nacional, de manera tal que puedan entrelazarse los distintos objetivos que cada instrumento contiene, junto con los alcances que hasta ahora se han llevado a cabo a escala nacional, estatal, municipal y del Distrito Federal en estas materias y poder contar con una ley integradora basada en tres principios fundamentales: la pluriculturalidad, la interculturalidad y el desarrollo poblacional, mismos que no pueden tratarse aisladamente.

Toda iniciativa debe incluir un proceso previo de consulta pública. En los últimos tres años hemos iniciado un proceso participativo para proponer hacia las instancias legislativas las propuestas jurídicas capaces de ser consecuentes en las realidades socioculturales de la población mexicana. En un inicio logramos que en el Distrito Federal se promulgara una ley específica en la materia y ahora derivado de diversas consultas y aportaciones es que se promueve la presente iniciativa de ley que regula el diálogo intercultural, las políticas poblacionales y la movilidad humana.

Agradecemos el acompañamiento del Consejo de Europa y Comisión Europea a través del Programa de Ciudades Interculturales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a la Red Española de Ciudades Interculturales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los gobiernos de los estados de Oaxaca y Guerrero, los gobiernos municipales de Puebla y Jiutepec, Morelos, la Red Mexicana Intercultural, las asociaciones civiles Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Hankili So Africa, la Asociación de Italianos en México, así como representaciones de pueblos indígenas, afromexicanos, afrodescendientes, migrantes y comunidades de distinto origen nacional, expertos y personalidades diversas.

La Constitución General de la República contiene varias disposiciones relacionadas con la pluriculturalidad de la nación, diversidad cultural y los derechos sociales de la población que deben de observarse por encima de cualquier valoración de política pública y actuar general de la sociedad en virtud de que los derechos humanos tanto los expresados en la Constitución como en los tratados internacionales deben salvaguardarse.

Aunque desde 1909 existe una normativa nacional en el contexto de la inmigración, es a partir de 1936 que en el marco del Plan Sexenal se integra al marco jurídico nacional el tema de la población aunque bajo premisas que hoy día están más que superadas y que no debemos volver a repetir, ya que las materias demográficas a las que entonces se refería eran tales como la fusión étnica de los grupos nacionales entre sí, el acrecentamiento del mestizaje nacional mediante la asimilación de los elementos extranjeros” y “el mejoramiento de la especie, así como se escucha.

A pesar de tener ya 40 años del tema de la población y política demográfica, éste ha sido el que menos se ha actualizado ya que a lo que más se enfocaba la ley era precisamente al tema de la migración.

Con la creación de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, ambas de 2011, los contenidos de la Ley General de Población vigente queda casi invisibilizados.

Con la inclusión en el texto constitucional en 1992 de la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, y revisada en 2001 con la reforma al artículo 2º, así como la inclusión del derecho relacionado a la diversidad cultural en el artículo 4º en años posteriores, se integra la base del enfoque intercultural para ser regulado en la legislación emanada de la Carta Magna.

Asimismo, este instrumento jurídico base de nuestro sistema legal reconoce otros derechos relacionados al tema que nos ocupa y que incide en la población y política demográfica, tales como la libertad de tránsito en el territorio nacional, la composición y naturaleza de los mexicanos, extranjeros y naturalizados y el derecho de asilo; la igualdad de género ante la ley, los derechos sociales como la educación, salud, vivienda, ambiente, agua, alimentación y trabajo; la rectoría del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable, la planificación democrática; así como a la protección de grupos sociales con mayor exposición, como la niñez, discapacitados, mujeres, adultos mayores y la orientación sexual.

Otro aspecto que no puede soslayarse en el contexto actual es el referido a la esclavitud para al cual debe protegerse la dignidad de la persona humana, independientemente de su edad y que afecta a personas con mayor exposición económica y social.

Por lo que se refiere a la política pública relacionada con la población se refiere un replanteamiento del alcance competencial tanto del organismo nacional que debe darle consecución como al marco de competencias de los distintos órdenes de gobierno, así como elevar jerárquicamente al actual Consejo Nacional de Población para convertirlo en el Instituto de Interculturalidad y Población de carácter autónomo.

Actualmente los cuerpos legislativos de varias entidades han aprobado leyes de población como los casos de Hidalgo, Baja California y el Distrito Federal, así como otras que están en proceso como el caso de Chihuahua, lo que evidencia la factibilidad de la concurrencia competencial en materia de población. También existe un gran número de estados que cuenta con leyes sobre derechos y cultura indígenas en el contexto de regular algunos aspectos relacionados con una parte de la interculturalidad y pluriculturalidad de la nación. Más aún cabe destacar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca recientemente integró el reconocimiento de las comunidades afromexicanas de Oaxaca lo que significa un atino sin precedente y que debe ser replicado a nivel nacional.

Por su parte, el tema vinculado con la pluriculturalidad y su enfoque intercultural se ha circunscrito únicamente al contexto de los pueblos indígenas y deja de lado otros sujetos sociales que también forman parte de este gran mosaico social, como lo son los afromexicanos, afrodescendientes, migrantes, refugiados, asilados, apátridas, comunidades de distinto origen nacional, comunidades campesinas y urbanas, incluso la población monolingüe y monocultural. La utilización de términos como la integración, asimilación, tolerancia y multiculturalismo están por sí rebasados de la dinámica actual frente al concepto de reconocimiento de la otredad, para lo cual es imprescindible incluirse en el marco legal actual de manera adecuada. De ahí que aspectos interculturales en el contexto de la educación, salud, alimentación, la comunicación, el patrimonio, el fomento y la promoción no pueden permanecer ajenos en la construcción de la política pública y sus instrumentos de aplicación.

Un aspecto particular que no se puede soslayar en el contexto de las políticas poblacionales es el referente al desplazamiento interno de personas. Aunque ha habido avances en el tema de la migración y refugiados, lo cierto es que el tema del desplazamiento ha estado ignorado. En la historia nacional reciente se han dado casos de desplazamiento interno surgido por diversas razones, algunas incluso han constituido crímenes de lesa humanidad como el caso de Acteal, aún no resuelto. La realización de megaproyectos de desarrollo como la construcción de presas, hidroeléctricas, infraestructura portuaria, turística, petroquímica, petróleo, gas, minera, agrícolas y áreas naturales protegidas, entre otros, constituyen en parte la necesidad de desplazamiento interno, forzado o no, pero que en resumidas cuentas deben establecerse medidas básicas para que la población desplazada tenga derechos específicos ante tal situación y que actualmente no existe alguna disposición jurídica para hacer frente a este flagelo. Cabe también señalar que ante la ola de violencia generalizada en el país derivado de la lucha contra el narcotráfico, la población afectada se encuentra ante situaciones de desplazamiento forzado de sus comunidades y que requiere protección así como aquella que es desplazada por motivos religiosos como el caso de Nueva Jerusalén en Michoacán.

Compañeras y compañeros, no me resta más que agradecer aquellas y aquellos quienes han suscrito esta iniciativa tan necesaria para el país y que esperamos que llegue en buen puerto en los días por venir.

Solicito a esta Presidencia, tenga a bien incorporar al Diario de los Debates el documento íntegro de la Ley, la iniciativa que crea la Ley General de Interculturalidad y Población.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Las y los suscritos, legisladores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE INTERCULTURALIDAD Y POBLACION, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Toda iniciativa debe incluir un proceso previo de consulta pública. En los últimos tres años hemos iniciado un proceso participativo con el apoyo de diversos organismos internacionales y nacionales, representantes de la academia, institutos de investigación y miembros de la sociedad civil de distinto origen interesados en los temas de población e interculturalidad para proponer ante las instancias legislativas las propuestas jurídicas capaces de ser consecuentes de las realidades socioculturales de la población mexicana. En un inicio logramos que en el Distrito Federal se promulgara una ley específica en la materia y ahora derivado de diversas consultas y aportacioneses que se promueve la presente iniciativa de ley que regule el diálogo intercultural, las políticas poblacionales y la movilidad humana.

Se puede resumir que quienes acompañan de manera solidaria esta iniciativa son el Consejo de Europa y Comisión Europea a través del Programa de Ciudades Interculturales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Red Española de Ciudades Interculturales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad de Puebla, los Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Guerrero, los gobiernos municipales de Puebla y Jiutepec, Morelos, la Red Mexicana Intercultural, las asociaciones civiles Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Hankili So Africa, la Asociación de Italianos en México, así como representaciones de pueblos indígenas, afromexicanos, afrodescendientes, migrantes y comunidades de distinto origen nacional, expertos y personalidades diversas.

A pesar que en el contexto internacional los diversos instrumentos jurídicos en materia de población, diversidad cultural, diálogo intercultural y derechos humanos, sólo por citar algunos, han aparecido en momentos distintos a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, el reto que actualmente tenemos es procurar por su implantación adecuada en el contexto nacional, de manera tal que puedan entrelazarse los distintos objetivos que cada instrumento contiene, junto con los alcances que hasta ahora se han llevado a cabo a escala nacional, estatal, municipal y del Distrito Federal en estas materias y poder contar con una Ley integradora basada en tres principios fundamentales: la Pluriculturalidad, la Interculturalidad y el Desarrollo Poblacional, mismos que no pueden tratarse aisladamente porque perdería su efectividad y su objetivo máximo, en el sentido que la construcción de toda política pública poblacional no puede entenderse sin el reconocimiento de la pluriculturalidad de la sociedad que habita en el territorio nacional y las relaciones interculturales que se dan entre ellas de manera que se beneficien del desarrollo, económico, social, cultural, ambiental y político.

Una vez reconocido este objetivo general se tiene que recurrir a su fundamento constitucional, es decir, la permisión para que la ley que se inicia tenga la suficiente viabilidad jurídica y evitar que quede en letra muerta o como disposición inaplicable.

La Constitución General de la República contiene varias disposiciones relacionadas con la pluriculturalidad de la nación, diversidad cultural y los derechos sociales de la población que deben de observarse por encima de cualquier valoración de política pública y actuar general de la sociedad en virtud de que los derechos humanos tanto los expresados en la Constitución como en los tratados internacionales deben salvaguardarse.

Aunque desde 1909 existe una normativa nacional en el contexto de la inmigración, es a partir de 1936 que en el marco del Plan Sexenal se integra al marco jurídico nacional el tema de la población aunque bajo premisas que hoy día están más que superadas y que no debemos volver a repetir ya que las materias demográficas a las que entonces se refería eran tales como “la fusión étnica de los grupos nacionales entre sí”, “el acrecentamiento del mestizaje nacional mediante la asimilación de los elementos extranjeros” y “el mejoramiento de la especie”, así como se escucha.

Para la Ley de 1947 se continuó con esta visión demográfica, desapareciendo en la ley de 1974 que es la base de la Ley vigente, aunque a lo largo de 40 años el tema de la población y política demográfica ha sido el menos reformado ya que a lo que más se enfocaba la Ley era precisamente al tema de la migración. Con la creación de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, ambas de 2011, los contenidos de la Ley General de Población vigente queda casi invisibilizada, ya que la máxima preocupación fue solo el control del ritmo de crecimiento de la población y no así al reto que tiene el tema en la actualidad en el sentido de relacionar la composición, distribución, densidad y crecimiento con aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Con la inclusión en el texto constitucional en 1992 de la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, y revisada en 2001 con la reforma al artículo segundo, así como la inclusión del derecho relacionado a la diversidad cultural en el artículo cuarto en años posteriores, se integra la base del enfoque intercultural para ser regulado en la legislación emanada de la Carta Magna.

Asimismo, este instrumento jurídico base de nuestro sistema legal reconoce otros derechos relacionados al tema que nos ocupa y que incide en la población y política demográfica, tales como la libertad de tránsito en el territorio nacional, la composición y naturaleza de los mexicanos, extranjeros y naturalizados y el derecho de asilo; la igualdad de género ante la Ley, los derechos sociales como la educación, salud, vivienda, ambiente, agua, alimentación y trabajo; la rectoría del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable, la planificación democrática; así como a la protección de grupos sociales con mayor exposición, como la niñez, discapacitados, mujeres, adultos mayores y la orientación sexual.

Otro aspecto que no puede soslayarse en el contexto actual es el referido a la esclavitud al cual no se le ha puesto mayor interés en nuestro marco jurídico secundario ya que se tiene como tradición que dicha esclavitud es sólo en su contexto racial, proscrito con su abolición en el siglo XIX, sin embargo, el hecho de que el Constituyente de 1917 lo incluyera en la redacción final de la Constitución vigente ya que persistía otro tipo de esclavitud como la política con referencia a las dictaduras y la económica que implica la miseria. En el tiempo presente, siguen vigentes estas dos acepciones de la esclavitud, además de considerar otros elementos que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, independientemente de su edad y que afecta a personas con mayor exposición económica y social.

Indudablemente, existen varios instrumentos jurídicos internacionales que fundamentan las razones de contar con una ley como la que se propone en este proyecto de decreto, tanto en el marco de tratados internacionales, resoluciones y declaraciones del sistema de Naciones Unidas y Programas de Acción derivados de las grandes conferencias internacionales sobre desarrollo de la última década del siglo XX, en temas específicos como los derechos humanos, los derechos políticos y civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, el desplazamiento interno de personas, la migración, la población, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el derecho internacional de refugiados.

Por lo que se refiere a la política pública relacionada con la población se requiere un replanteamiento del alcance competencial tanto del organismo nacional que debe darle consecución como al marco de competencias de los distintos órdenes de gobierno. Con la Ley General de Población de 1947 se creó el Consejo Consultivo de Población para el estudio de los problemas demográficos y realización de las resoluciones que con respecto se tomen sobre los mismos. En tanto la Ley de 1974 se creó el Consejo Nacional de Población que tiene como encargo la planificación demográfica del país, para la inclusión de la población en los programas de desarrollo económico y social y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. Este último texto aparece inalterado en la última reforma a la Ley del año 2012.

Aunque la Ley no lo señala expresamente, en la práctica cada entidad federativa cuenta con un consejo estatal de población e incluso los cuerpos legislativos de varias entidades han aprobado leyes de población como los casos de Hidalgo, Baja California y el Distrito Federal, así como otras que están en proceso como el caso de Chihuahua, lo que evidencia la factibilidad de la concurrencia competencial en materia de población. También existe un gran número de estados que cuenta con leyes sobre derechos y cultura indígenas en el contexto de regular algunos aspectos relacionados con una parte de la interculturalidad y pluriculturalidad de la nación. Más aún cabe destacar que la Constitución del Estado de Oaxaca recientemente integró el reconocimiento de las comunidades afromexicanas de Oaxaca lo que significa un atino sin precedente y que debe ser replicado a nivel nacional toda vez que desde la 59 Legislatura existen iniciativas en este mismo sentido para modificar la Constitución y que aún no han encontrado eco entre las y los legisladores.

Por su parte, el tema vinculado con la pluriculturalidad y su enfoque intercultural se ha circunscrito únicamente al contexto de los pueblos indígenas y deja de lado otros sujetos sociales que también forman parte de este gran mosaico social, como lo son los afromexicanos, afrodescendientes, migrantes, refugiados, asilados, apátridas, comunidades de distinto origen nacional, comunidades campesinas y urbanas, incluso la población monolingüe y monocultural. La utilización de términos como la integración, asimilación, tolerancia y multiculturalismo están por sí rebasados de la dinámica actual frente al concepto de reconocimiento de la otredad, para lo cual es imprescindible incluirse en el marco legal actual de manera adecuada. De ahí que aspectos como la educación intercultural, la salud intercultural, la alimentación intercultural, la comunicación intercultural, el patrimonio intercultural y el fomento y promoción de todos estos aspectos no pueden permanecer ajenos en la construcción de la política pública y sus instrumentos de aplicación.

Un aspecto particular que no puede soslayar en el contexto de las políticas poblacionales es el referente al desplazamiento interno de personas. Aunque ha habido avances en el tema de la migración, determinación de la condición de refugiado, la protección complementaria, apátrida y el asilo político mediante un marco legal expreso, lo cierto es que el tema del desplazamiento ha estado ignorado, aunque el tema ha sido propuesto para su legislación desde la 58 Legislatura en la Cámara de Diputados. En la historia nacional reciente se han dado casos de desplazamiento interno surgido por diversas razones, algunas incluso han constituido crímenes de lesa humanidad como el caso de Acteal, aún no resuelto. La realización de megaproyectos de desarrollo como la construcción de presas, hidroeléctricas, infraestructura portuaria, turística, petroquímica, petróleo y gas, minería, agrícolas y áreas naturales protegidas, entre otros, constituyen en parte la necesidad de desplazamiento interno, forzado o no, pero que en resumidas cuentas deben establecerse medidas básicas para que la población desplazada tenga derechos específicos ante tal situación y que actualmente no existe alguna disposición jurídica para hacer frente a este flagelo. Cabe también señalar que ante la ola de violencia generalizada en el país derivado de la lucha contra el narcotráfico la población afectada se encuentra ante situaciones de desplazamiento forzado de sus comunidades y que requiere protección así como aquella que es desplazada por motivos religiosos como el caso de Nueva Jerusalén en Michoacán.

ARGUMENTACION

La Iniciativa que hoy se presenta tiene como objetivo general adecuar nuestro marco jurídico para incorporar dos aspectos fundamentales como lo son los temas de la interculturalidad y la población en un mismo instrumento legal ya que no pueden pensarse de manera separada. Para entender la composición y dinámica poblacional deberemos partir del reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, ampliamente reconocida en nuestro texto constitucional.

El proyecto de decreto que contiene la Ley General de Interculturalidad y Población consta de 115 artículos y seis transitorios, enmarcados en cuatro títulos referentes a:

1) Disposiciones Generales;

2) Política Pública;

3) Movilidad Humana; y

4) Responsabilidades y Sanciones.

Para el primer caso se incluyen aspectos como la naturaleza de la Ley, los derechos y criterios observables, las competencias concurrentes, coordinación, el Instituto Nacional de Interculturalidad y Población; en el segundo, están los criterios de política, los instrumentos de aplicación, la educación, salud, comunicación, patrimonio y fomento de la interculturalidad; en el tercero lo relacionado con la emigración, repatriación y desplazamiento interno; y el cuarto referente a las responsabilidades y sanciones.

1. Disposiciones generales

a) Naturaleza de la Ley

Derivado del objetivo general señalado con anterioridad que es la base de la naturaleza jurídica de la Ley, ésta parte de cinco objetivos específicos que se reflejan en los argumentos que en los puntos subsecuentes se atienden:

i) Pluriculturalidad e interculturalidad, regulando y propiciando su preservación, fomento, promoción, protección y difusión;

ii) Demografía y desarrollo, regulando los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, que permita eliminar la pobreza, desigualdad e inequidad social sobre la base del respeto de los derechos humanos;

iii) Competencias concurrentes, para definir el alcance de cada orden de gobierno en la aplicación de la política pública y la protección de los derechos de los sujetos de la ley, así como los mecanismos de coordinación gubernamental y concertación social;

iv) Política pública, regulándola a partir de los instrumentos de aplicación y el enfoque temático intercultural;

v) Movilidad humana, regulando los aspectos relacionados con la emigración, repatriación y desplazamiento interno de la población; y

vi) Protección internacional, propiciando el respeto a los derechos de la población reconocida como refugiada y fomentando acciones afirmativas de protección a sus derechos.

Como la ley no puede ser vista en el aislamiento jurídico, ésta debe relacionar sus disposiciones con otros marcos jurídicos vigentes para darle el enfoque de integralidad como lo son los siguientes ordenamientos: la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; la Ley de Nacionalidad;la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General para sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley General de los derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; la Ley Federal del Trabajo;la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; la Ley de Asistencia Social; la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; la Ley de Vivienda;la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

b) Pluriculturalidad e Interculturalidad

El pluralismo desde el enfoque cultural o pluriculturalidad radica en el hecho de que existen varias formas de conocer la realidad, que se da desde diversas representaciones, desde diversos puntos de vista, con intereses y propósitos específicos y por lo tanto no cabe la representación única de la realidad a la cual deban acceder los seres humanos, ni siquiera a largo plazo, sea cual sea la cultura o la comunidad a la que pertenezcan. De ahí la existencia de diversas visiones del mundo que incluso llegan a ser incompatibles en varios aspectos pero lo importante es la forma en que las distintas realidades pueden interactuar para lograr el enriquecimiento mutuo, lográndose el consenso para que ninguna se arrogue la supremacía.

El marco de la pluriculturalidad de la nación mexicana comúnmente se le identifica desde uno de los sujetos, que indiscutiblemente es el más importante porque se sustenta en los pueblos indígenas originarios que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización; sin embargo, también existen otros sujetos sociales que forman parte de esa pluriculturalidad derivado del proceso histórico nacional y que no pueden soslayarse, como son los casos de los afromexicanos, afrodescendientes, migrantes internacionales, refugiados, asilados políticos, personas beneficiarias de la protección complementaria y apátridas; los de comunidades de distinto origen nacional y la población mestiza monolingüista y monocultural. En resumen, toda la población que habita en el territorio nacional es pluricultural y tiene su reconocimiento en el marco constitucional.

En tal sentido las relaciones sociales que se dan en el marco de la pluriculturalidad nos llevan al contexto intercultural que la Ley lo considera como un criterio obligatorio mediante el cual se refiere que para lograr el desarrollo nacional integral y sustentable y eliminar cualquier tipo de discriminación y esclavitud para el logro de la equidad social, debe reconocerse los aspectos relacionados con propiciar la cohesión social, la interacción y convivencia armónica y equilibrada de la sociedad a partir del reconocimiento de la otredad, de la pluriculturalidad en donde cualquier persona o colectivo respeta los valores culturales de los otros, independientemente de su origen o condición económico o social, entre otros aspectos.

El término interculturalidad es muy polisémico, tiene muchas interpretaciones; depende muchas veces del contexto de quien lo dice, quien lo usa. La interculturalidad crítica es una herramienta de emancipación de lucha por una igualdad real, o equidad real, en el sentido no sólo cultural muy superficial sino también material. Y lo vemos en la identidad de los pueblos indígenas que nunca se identifican solamente de manera étnica sino también campesino y también obrero, entonces esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen lo de la clase y lo de la etnia. La actual interculturalidad tiene que ver esa realidad con dos ojos; no sólo etnia, no sólo cultura, en el sentido de folclore sino también como clase y la interculturalidad crítica, además de intentar cambiar esos modelos que hasta poco se consideraban inmutables, únicos, también presenta de otra manera las culturas, no como entidades cerradas históricas que sólo pueden aportarnos tradiciones históricas culturales, raíces, sino a unas sociedades, pueblos, culturas, vivas que pueden aportar mucho, mucho más de lo folclórico a nuestras sociedades.

Así como la Ley no puede ser vista de forma aislada al conjunto de normas jurídicas existentes, la interculturalidad va acompañada de otros criterios que son la base para la ejecución y observancia de la política pública como son aquellos relacionados con la movilidad humana, la hospitalidad, la equidad social, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, el buen vivir, el desarrollo sustentable y la propia interacción y convivencia intercultural.

Particular énfasis debe hacerse sobre el tema de la esclavitud desde su enfoque actual que no sólo se refiere al ámbito de lo “racial” o el “color”, términos absolutamente obsoletos, sino también a aquellas formas de esclavitud y opresión que se reproducen en actos como la fianza laboral, el matrimonio servil, la venta o forma análoga de mujeres para matrimonio sin su libre consentimiento; la explotación de trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado, la explotación sexual y la explotación laboral, entre otras formas análogas.

En este mismo marco de ideas, la Ley debe prever un piso mínimo de derechos y garantías que deben observarse, principalmente en la ejecución y vigilancia de las políticas, programas y demás instrumentos que formulen los distintos órdenes de gobierno, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Estos derechos reconocen aspectos tales como:

i) Vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones,

ii) Tener un nivel de vida adecuado para sí y sus familias, incluso alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, acceso al agua y saneamiento adecuados,

iii) Acceder al desarrollo,

iv) Promover la equidad y la igualdad entre las mujeres y los hombres,

v) Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y el acceso universal a los servicios de atención médica,

vi) Recibir protección y apoyo amplios para las familias,

vii) Recibir educación,

viii) Que las niñas, niños y adolescentes tengan un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación,

ix) Que las y los migrantes y sus familias sean tratados de forma apropiada y proporcionarles servicios de bienestar social adecuados, garantizando su seguridad física, teniendo presentes las circunstancias y necesidades especiales,

x) Que las personas solicitantes de la condición de refugiado accedan a servicios de bienestar social en igual de condición que la población mexicana, garantizando de esta manera su seguridad física;

xi) Que la población reconocida como refugiada tenga acceso igualitario a los servicios proporcionados por la República Mexicana y que se promuevan acciones afirmativas que faciliten su integración con la población local respetando su cultura;

x) Que en caso de las necesidades de las y los indígenas, en materia de población y desarrollo deben reconocerse y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles participar plenamente en la vida económica, política y social del país, especialmente en lo que afecte a su salud, educación y bienestar,

xi) Ser protegidas en caso de desplazamiento,

xii) Acceder a los programas sociales, particularmente aquellas personas con mayor exposición social,

xiii) Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral,

xiv) Solicitar una protección adecuada y que se garanticen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, jefas de familia, adultos mayores, discapacitados, personas con distinta orientación sexual, personas reconocidas como refugiadas y demás en mayor exposición social,

xv) Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana,

xvi) Contar con interpretación y traducción en su lengua o idioma de origen en procesos y trámites legales y públicos.

c) Competencias y concurrencia

Como ya se comento anteriormente, existe una concurrencia de facto en la aplicación de políticas públicas poblacionales en los distintos órdenes de gobierno, ya sea a través de una ley específica en la materia o a través de las facultades que les otorgan las leyes orgánicas de la administración pública estatal y del Distrito Federal, así mismo todas las entidades cuentan con un consejo estatal de población que actualmente se coordina con el nacional para conjuntar acciones.

En tanto que los temas de interculturalidad y población son temas en donde se propicia la concurrencia, esta Ley distribuye las que les corresponden al gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal para que cada uno, en el ámbito de su jurisdicción realice las acciones pertinentes conforme al marco de facultades que la Ley señala, por ejemplo, en materia de diseñar la política pública, el fomento de la interculturalidad, la conservación del patrimonio, conocimientos y saberes de los pueblos y comunidades, promover el monitoreo intercultural y la promoción coordinada de acciones relacionadas con los aspectos demográficos y poblacionales.

d) Instituto Nacional de Interculturalidad y Población

En el ámbito federal se propone la transformación del actual Consejo Nacional de Población por el Instituto Nacional de Interculturalidad y Población como un órgano autónomo de la administración pública federal, nombrado a su presidente a través de un mecanismo de terna, consulta y ratificación por la Cámara de Senadores. Asimismo este Instituto contará con un consejo ciudadano pluricultural que participará en las decisiones fundamentales del ejercicio público.

Este Instituto se auxiliará de varios mecanismos:

i) La comisión interdependencial, en donde participarán representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal para coordinar sus acciones, adecuar sus políticas y vigilar su cumplimiento en las materias a las que la ley se refiere,

ii) El órgano interinstitucional, en el que participarán coordinadamente las autoridades federales y estatales para coordinar acciones y proponer presupuestos adecuados para garantizar la descentralización en las materias de la Ley y evitar su incumplimiento como ha sucedido en otras materias en los últimos 30 años como en salud, educación y medio ambiente, y

iii) El consejo consultivo, en el cual se garantizará la voz y representación de la sociedad civil a través de sus representaciones y organizaciones sociales, educativas, expertos, investigadores, entre otros, en un marco de pluriculturalidad.

2. Política Pública

El marco de política pública que se propone se sustenta en una serie de instrumentos internacionales creados en el seno del Sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente los que se refieren a la declaración de Principios y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, los Objetivos del Milenio y la Resolución sobre el Diálogo Intercultural, que se circunscriben al marco de criterios que toda política, norma, programa o instrumento afín debe observar.

Para ordenar el alcance de la política pública se establecen diversos instrumentos de aplicación, así como enfoques interculturales para los temas de educación, salud, comunicación, alimentación, cultura, turismo, entre otros:

i) Diagnóstico permanente, para promover, supervisar y evaluar acciones sobre problemas demográficos y de interculturalidad para adecuar el marco de programas de desarrollo, regulación del crecimiento poblacional, orientar el enfoque intercultural de la educación; la planificación de los centros de población, urbanos y rurales; y la regulación de los flujos migratorios.

ii) Programa Nacional de Interculturalidad y Población, para orientar la política pública en toda la administración pública federal para incorporar los asuntos interculturales y de población al desarrollo concreto de la nación. Este programa tendrá una proyección transexenal hacia 15 y 25 años.

iii) Indice de Interculturalidad, como herramienta de planificación para evaluar el estado en que se ubica la aplicación de políticas públicas, evaluar los ´progresos realizados en el tiempo, identificar dónde deben fortalecerse las acciones, e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural.

iv) Información, que garantice la transparencia en el tratamiento de la información que desarrolle la política pública y la ponga a disposición del público a través de diversos mecanismos.

v) Educación, salud, alimentación, rutas patrimoniales y fomento y promoción interculturales

3. Movilidad humana

a) Emigración y Repatriación

Las disposiciones contenidas sobre estas materias se transfieren inalterables a esta Ley como están establecidas en la Ley vigente sobre Población.

b) Desplazamiento Interno

Con base en diversos instrumentos internacionales que desde 1994 se han venido dando en torno al tema del desplazamiento interno de personas, fundamentalmente el marco de principios internacionales que consideramos deben reconocerse en la Ley y que son la base para moldear la política pública poblacional referente al desplazamiento interno de personas.

El desplazamiento interno se da por diversas razones:

i) Tensiones, disturbios internos, violencia generalizada o conflictos armados;

ii) Violaciones de los derechos humanos;

iii) Catástrofes o desastres de cualquier tipo;

iv) Implantación de proyectos de desarrollo a gran escala; y

v) Por miedo a ser perseguidos por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, militancia, pertenencia o simpatía a algún grupo social, particular o de opinión política, y que les impide por sus propios medios proveerse de protección, o que estando fuera de su domicilio como resultado de dichos eventos, es incapaz o está imposibilitado de retornar a él.

En tal virtud la población en situación de desplazamiento entra en un rango de exposición social excepcional y por lo tanto es obligación de las autoridades garantizar que dicho acto se lleve a cabo en principio con base en el respeto a los derechos humanos y se tomen las medidas señaladas en la ley para:

i) La protección contra los desplazamientos;

ii) La protección durante el desplazamiento:

iii) La asistencia humanitaria y protección internacional; y

iv)Regreso, reasentamiento y reintegración.

4. Responsabilidades y Sanciones

Finalmente, se establecen las disposiciones mínimas relacionadas con las responsabilidades y sanciones a quienes violen las disposiciones contenidas en la Ley, mismas que son iguales a las que están vigentes en la Ley General de Población.

FUNDAMENTACION LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley General de Interculturalidad y Población:

LEY GENERAL DE INTERCULTURALIDAD Y POBLACION

TITULO PRIMERO

De las disposiciones generales

Capítulo I

De las normas preliminares

Artículo 1°.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de población y diversidad cultural con enfoque de interculturalidad. Sus contenidos son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional y las áreas donde ejerce soberanía y jurisdicción, y tienen por objeto:

I. Regular y propiciar la preservación, fomento, promoción, protección y difusión de la pluriculturalidad e interculturalidad;

II. Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, que permita eliminar la pobreza, desigualdad e inequidad social sobre la base del respeto de los derechos humanos;

III. Definir la distribución de competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno y propiciar la concertación social;

IV. Regular la política pública de interculturalidad y población y sus instrumentos de aplicación; y

V. Regular la movilidad humana.

Artículo 2º.- Son de utilidad pública los diversos instrumentos de política que esta ley establece para el cumplimiento de su objeto.

Son de aplicación supletoria al presente ordenamiento la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; la Ley de Nacionalidad;la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General para Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley General de los derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; la Ley Federal del Trabajo;la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; la Ley de Asistencia Social; la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; la Ley de Vivienda;la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 3º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Instituto.- El Instituto Nacional de Interculturalidad y Población;

II. Ley.- La Ley General de Interculturalidad y Población;

III. Reglamento.- El Reglamento de la Ley General de Interculturalidad y Población; y

IV. Secretaría.- La Secretaría de Gobernación.

Artículo 4º.- La nación mexicana es única, indivisible e intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes:

I. Sustentada en los pueblos indígenas originarios que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas;

II. La población actual producto del mestizaje a partir de la época colonial que con el surgimiento del Estado Mexicano quedaron asimiladas e integradas a un único modelo nacional monocultural y monolingüístico;

III. Las personas descendientes del proceso colonizador y sus comunidades, tales como los afromexicanos y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas

IV. Las personas descendientes de los procesos migratorios a partir de la época independentista hasta la actualidad, incluidas sus comunidades, provenientes de Estados nacionales, autonomías integradas a un Estado Nacional o territorios aún no reconocidos internacionalmente y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas;

V. Las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, en situación de asilo político, en desplazamiento, en tránsito migratorio, en protección complementaria o apátridas; y

VI. Las personas extranjeras que en la actualidad gozan de alguna categoría migratoria y que han habitado en el territorio nacional al menos seis meses, las personas naturalizadas mexicanas y las que gozan de doble nacionalidad siendo una de ellas la nacionalidad mexicana.

Artículo 5°.- La población que habita en el territorio nacional se reconoce a partir de los siguientes atributos:

I. Por su pluriculturalidad con base a lo establecido en el artículo 4° de la presente Ley y en consecuencia el reconocimiento de la interculturalidad;

II. Por su pertenencia a grupos de población definidos por la edad:

a) Infantes, a partir de su nacimiento hasta los tres años de edad;

b) Niñas y niños, de 3 a 12 años de edad incompletos;

c) Adolescentes, de 12 a 18 años de edad incumplidos;

d) Jóvenes, de 18 a 30 años de edad incumplidos;

e) Adultos, de 30 a 60 años de edad incumplidos; y

f) Adultos mayores, de 60 años en adelante.

III. Por su situación de marginalidad y condición económica media y alta y sus fuentes de ingreso;

IV. Por su condición de escolaridad;

V. Por su condición social:

a) Discapacidad física, motora o psíquica;

b) Jefatura Familiar;

c) En condición de embarazo;

d) En situación de calle;

e) Por su orientación sexual;

f) Por su participación en colectivos urbanos y suburbanos;

g) Por tipo de enfermedad considerada como terminal o que puede poner en peligro su vida.

VI. Por su actividad productiva, asalariada y no asalariada:

a) Agraria;

b) Industrial;

c) Servicios

VII. Por el tipo y condición de vivienda que habitan;

VIII. Por su distribución en el territorio nacional:

a) Rural.

b) Rururbana.

c) Suburbana.

d) Urbana.

e) Metropolitana.

f) Megalopolitana.

g) Tierras y territorios indígenas.

IX. Las demás que defina el Instituto.

Capítulo II

De los criterios obligatorios y derechos

Artículo 6°.- Los criterios que la presente Ley establece son de aplicación obligatoria en la formulación, seguimiento, evaluación y vigilancia de las políticas, programas, reglamentos, instrumentos, normas y demás disposiciones jurídicas aplicables a cargo de las dependencias e instituciones de las administraciones públicas de los distintos órdenes de gobierno, así como en el actuar de toda persona en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Artículo 7º.- Son criterios obligatorios:

I. La interculturalidad, que es el criterio para lograr el desarrollo nacional integral y sustentable y eliminar cualquier motivo de discriminación y esclavitud, así como para asegurar la equidad social para todos encaminado a lograr la cohesión, interacción y convivencia armónica y equilibrada de la sociedad con respecto a la diversidad cultural de la nación establecida en el artículo 4° de la presente Ley.

II. El reconocimiento de la otredad, que es el criterio en el cual cualquier persona o colectivo respeta a su semejante con base en sus valores culturales, independientemente de su origen o condición económica o social;

III. La movilidad humana, que consiste en el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, incluyendo las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

IV. La hospitalidad, que consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno de las personas en situación de migración, condición de refugiado, asilo, desplazada forzadamente, en protección complementaria o apátrida, que arriban al territorio nacional, así como a la población en desplazamiento interno;

V. La equidad social, para la superación de toda forma de desigualdad, exclusión, subordinación o discriminación de cualquier tipo que permiten disminuir las brechas de inequidad entre los distintos sectores de la población;

VI. La soberanía alimentaria, como derecho de toda persona humana a tener una alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud y de lo económico orientada a una alimentación sana y adecuada;

VII. La economía solidaria, que consiste en propiciar un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias y democráticas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía para la transformación de las relaciones sociales. Incluye aspectos derivados de la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica y el fomento de la agricultura sustentable a pequeña escala a través de la agricultura urbana y del extrarradio;

VIII. El buen vivir, que consiste en fortalecer la acción de compartir más que competir, en vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, en armonía entre humanos y la naturaleza, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones, aspirando a la satisfacción plena de las necesidades objetivas y subjetivas de las personas y pueblos, sin ninguna forma de explotación, desigualdad, discriminación y exclusión;

IX. El desarrollo sustentable, que consiste propiciar cambios del paradigma económico para propiciar la justicia social con equidad, fomentar la participación equitativa de la sociedad en la toma de decisiones y garantizar la integridad ecológica que propicie el aprovechamiento de los recursos naturales excedentes y no los inventarios ecológicos de la nación; y

X. La interacción y convivencia intercultural de la diversidad social en el espacio público para fomentar, difundir e intercambiar los valores de cada cultura que permita su reconocimiento mutuo y enriquecerlas con nuevos elementos para propiciar su desarrollo.

Artículo 8°.- En los Estados Unidos Mexicanos está prohibida la esclavitud y cualquier forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la venta o forma análoga de mujeres para matrimonio sin su libre consentimiento o coacción; la explotación de trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado, la explotación sexual y la explotación laboral, entre otras formas análogas. La violación a este precepto se considera delito grave y se sujetará a las disposiciones contenidas en esta Ley, el Código Penal Federal y aquellas establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 9°.- Toda persona, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución General de la República y sus garantías de aplicación, los instrumentos jurídicos internacionales y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tiene derecho a:

I. Nacer libre e igual en dignidad y derechos, sindistinción alguna por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal;

II. Vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, compartiendo sin competir, en armonía entre humanos y la naturaleza, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones, aspirando a la satisfacción plena de necesidades objetivas y subjetivas de las personas y pueblos, sin ninguna forma de explotación;

III. Tener un nivel de vida adecuado para sí y sus familias, incluso alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, acceso al agua y saneamiento adecuados;

IV. Acceder al desarrollo como derecho universal inalienable e imprescriptible, mismo que se puede invocar la falta de éste para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las generaciones presentes y futuras.

V. Promover la equidad y la igualdad entre las mujeres y los hombres, los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad como piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los derechos humanos de la mujer, de las niñas y mujeres jóvenes son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de género son objetivos prioritarios;

VI. Que los objetivos y políticas de población sean parte integrante del desarrollo social, económico y cultural para mejorar su calidad de la vida;

VII. Propiciar que el desarrollo sustentable como medio de garantizar el bienestar humano, compartido de forma equitativa por todos hoy y en el futuro, requiera que las relaciones entre población, recursos, ambiente y desarrollo se reconozcan cabalmente, se gestionen de forma adecuada y se equilibren de manera armoniosa y dinámica. Para alcanzar el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todos, se requiere reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo no sustentables y promover políticas apropiadas, entre otras, políticas de población, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

VIII. Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual, sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo.

IX. Recibir protección y apoyo amplios para las familias que es la unidad básica de la sociedad y como tal es preciso fortalecerla. En los diferentes sistemas sociales, culturales y políticos existen diversas formas de familia. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges, en igualdad de condiciones;

X. Recibir educación, que deberá orientarse hacia su pleno desarrollo prestando especial atención a las mujeres y las niñas, respetando siempre su especificidad cultural y lingüística;

XI. Que las niñas, niños y adolescentes tengan un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación. Tienen derecho a ser cuidados y apoyados por los padres, madres, tutores, la familia y la sociedad y derecho a que se les proteja con medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida la venta, el tráfico, el abuso sexual y el tráfico de órganos;

XII. Que las y los migrantes sean tratados, a ellos y a sus familias, de forma apropiada y proporcionarles servicios de bienestar social adecuados y se les garantizará su seguridad física, teniendo presentes las circunstancias y necesidades especiales;

XIII. Que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a solicitar asilo y disfrutar de él;

XIV. Que en caso de las necesidades de las y los indígenas, en materia de población y desarrollo deben reconocerse y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles participar plenamente en la vida económica, política y social del país, especialmente en lo que afecte a su hábitat, entorno social, salud, educación y bienestar;

XV. Ser protegidas en caso de desplazamiento en los términos que define esta Ley;

XVI. La movilidad humana mediante el ejercicio del derecho de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal o irregular por su condición migratoria;

XVII. Entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que imponga la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Que cuando se trate de personas pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades equiparablesse observaran los derechos establecidos en el artículo 2º de la Constitución, las leyes estatales en la materia y los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales aplicables;

XIX. Acceder a los programas sociales que las leyes establecen, así como a los servicios aplicables de la administración pública, particularmente aquellas con mayor exposición social;

XX. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación de trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado, la explotación sexual y la explotación laboral;

XXI. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral;

XXII. Solicitar una protección adecuada y que se garanticen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, jefas de familia, adultos mayores, discapacitados, personas con distinta orientación sexual y demás en mayor exposición social;

XXIII. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la diversidad cultural, la interculturalidad y la movilidad humana;

XXIV. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;

XXV. Protegerse sus valores culturales propios;

XXVI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de cualquier modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante, persecución u hostigamiento, así como detenciones arbitrarias;

XXVII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio, correspondenciao uso de redes sociales electrónicas, ni sufrir ataques a su honra o reputación;

XXVIII. Contar siempre con interpretación y traducción en su lengua o idioma de origen, así como de peritajes culturales y antropológicos en procesos y trámites legales y públicos;

XXIX. Las demás que esta Ley, su reglamento y demás ordenamientos jurídicos establezcan.

Las políticas, programas y demás instrumentos que formulen los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán observar el cumplimento y garantías de estos derechos.

Capítulo III

De la competencia, concurrencia y coordinación

Artículo 10.- Los gobiernos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal ejercerán sus atribuciones en materia de interculturalidad y población de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

Las Legislaturas de las entidades federativas están facultadas para expedir las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

Las atribuciones que esta Ley otorga al gobierno federal, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través del Instituto y, en su caso, podrán colaborar con éste la Secretaría de Gobernación cuando por la naturaleza y gravedad del problema así lo determine, salvo las que directamente corresponden al Presidente de la República o a otras dependencias y entidades de la administración pública federal por disposición expresa de Ley.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, el Instituto ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios obligatorios y derechos que esta Ley y su Reglamento señalen.

Artículo 11.- El gobierno federal, a través del Instituto, está facultado en el ámbito de su competencia para:

I. Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de interculturalidad y población así como sus programas, dentro de un proceso de desarrollo integral del individuo, las particularidades propias de la pluriculturalidad y de la sociedad en su conjunto;

II. Promover y fomentar las relaciones interculturales en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el arte, las comunicaciones, el desarrollo y la planificación;

III. Proteger, conservar, restaurar, recuperar, revitalizar, enriquecer, promover y difundir el patrimonio cultural, cosmovisión, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales, mismas que forman parte de la expresión e identidad de la nación en su contexto pluricultural;

IV. Proteger los saberes y conocimientos mediante el acompañamiento en el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de la interculturalidad;

V. Proteger y permitir el desarrollo de las manifestaciones del arte, artesanías y las industrias populares, en sus componentes tangibles e intangibles y disfrutar de esta protección los sitios y actividades declaradas patrimonio nacional y de la humanidad;

VI. Visibilizar las aportaciones actuales e históricas que han hecho las personas y comunidades migrantes en el enriquecimiento cultural de la nación;

VII. Propiciar la impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y demás análogos para el entendimiento y desarrollo de las prácticas interculturales;

VIII. Celebrar eventos que promuevan la visibilización de la interculturalidad, así como mecanismos y proyectos de difusión;

IX. Implantar programas de ayudas sociales para atender las necesidades interculturales de la población así como aquellas relacionadas con la gestión social para la atención en situaciones emergentes para garantizar su desarrollo;

X. Promover programas de monitoreo intercultural;

XI. Coordinar a las autoridades estatales y del Distrito Federal en materia de interculturalidad y población a través de un órgano intergubernamental creado ex profeso que se reunirá periódicamente con el propósito de compartir sus esfuerzos, analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas en la materia, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como convenir las acciones y formular las recomendaciones pertinentes, particularmente en lo que se refiere a los criterios, derechos, políticas, programas y demás instrumentos de política que esta Ley establece;

XII. Formular, ejecutar y evaluar el Índice Nacional de Interculturalidad;

XIII. Decretar las rutas nacionales patrimoniales interculturales;

XIV. Dictar y ejecutar o en su caso promover ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

a) Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;

b) Realizar programas de desarrollo familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos fundamentales y preserven la dignidad de las familias, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

c) Disminuir la mortalidad y morbilidad;

d) Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas que la afectan;

e) Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural;

f) Promover la plena integración de los grupos con mayor exposición social al desarrollo nacional, entre los que se encuentran los infantes, niñas y niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, discapacitados, migrantes, solicitantes de la condición de refugiados y refugiados, personas con diversa orientación sexual;

g) Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran;

h) Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;

i) Procurar la movilidad humana entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento;

j) Promover el acceso a los servicios públicos adecuados en cualquier localidad propiciando, cuando sea el caso, agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados previo consentimiento; y

k) Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos sociales y privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre.

XV. Conducir el Registro Nacional de Población, el Catálogo de Extranjeros Residentes en México, el Registro Nacional de Ciudadanos y el Atlas Nacional de la Interculturalidad;

XVI. Fijar, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, los lugares destinados al tránsito de personas por puertos marítimos, aéreos y fronteras en coordinación con las autoridades competentes, así como proponer la instalación de estaciones migratorias en el territorio nacional;

XVII. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, convenios y acuerdos sobre asuntos de interculturalidad y población;

XVIII. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten a los procesos demográficos e interculturales del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado, en coordinación con las autoridades competentes;

XIX.La atención de los asuntos que afecten los procesos demográficos e interculturales en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado, en coordinación con las autoridades competentes;

XX. La participación en la prevención y el control de emergencias, contingencias y desastres, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XXI. La promoción de la participación de la sociedad en materia de población e interculturalidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XXII. La integración del Sistema Nacional de Información Intercultural y Poblacional y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;

XXIII. La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación relacionada con la interculturalidad y la población;

XXIV. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;

XXV. La atención de los asuntos que afecten los procesos demográficos y de interculturalidad de dos o más entidades federativas, y

XXVI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 12.- Corresponde al gobierno estatal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política estatal de interculturalidad y población, dentro de un proceso de desarrollo integral del individuo, las particularidades propias de la pluriculturalidad y de la sociedad en su conjunto;

II. Promover y fomentar las relaciones interculturales de competencia estatal en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el arte, las comunicaciones, el desarrollo y la planificación;

III. Proteger, conservar, restaurar, recuperar, revitalizar, enriquecer, promover y difundir el patrimonio cultural, cosmovisión, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales, mismas que forman parte de la expresión e identidad del estado en su contexto pluricultural;

IV. Proteger y permitir el desarrollo de las manifestaciones del arte, artesanías y las industrias populares, en sus componentes tangibles e intangibles y disfrutar de esta protección los sitios y actividades declaradas patrimonio estatal;

V. Visibilizar las aportaciones actuales e históricas que han hecho las personas y comunidades migrantes en el enriquecimiento de la cultura del estado;

VI. Propiciar la impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y demás análogos para el entendimiento y desarrollo de las prácticas interculturales;

VII. Celebrar eventos que promuevan la visibilización de la interculturalidad, así como mecanismos y proyectos de difusión;

VIII. Implantar programas de ayudas sociales para atender las necesidades interculturales de la población así como aquellas relacionadas con la gestión social para la atención en situaciones emergentes para garantizar su desarrollo;

IX. Promover programas estatales de monitoreo intercultural;

X. Coordinar a las autoridades municipales en materia de interculturalidad y población a través de un órgano interestatal creado ex profeso que se reunirá periódicamente con el propósito de compartir sus esfuerzos, analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas en la materia, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como convenir las acciones y formular las recomendaciones pertinentes, particularmente en lo que se refiere a los criterios, derechos, políticas, programas y demás instrumentos de política que esta Ley establece;

XI. Formular, ejecutar y evaluar el Índice Estatal de Interculturalidad;

XII. Decretar las rutas estatales patrimoniales interculturales;

XIII. La participación en la prevención y el control de emergencias, contingencias y desastres, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIV. La promoción de la participación de la sociedad en materia de población e interculturalidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XV. La integración del Sistema Estatal de Información Intercultural y Poblacional y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;

XVI. La emisión de recomendaciones a autoridades municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación relacionada con la interculturalidad y la población;

XVII. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;

XVIII. La atención de los asuntos que afecten los procesos demográficos y de interculturalidad de dos o más municipios dentro de la entidad federativa, y

XIX.- La atención de los demás asuntos que esta Ley u otras disposiciones legales les concedan y que no estén expresamente otorgados al gobierno federal.

Artículo 13.- Corresponde al gobierno municipal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política municipal de interculturalidad y población, dentro de un proceso de desarrollo integral del individuo, las particularidades propias de la pluriculturalidad y de la sociedad en su conjunto;

II. Promover y fomentar las relaciones interculturales de competencia municipal en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el arte, las comunicaciones, el desarrollo y la planificación;

III. Proteger, conservar, restaurar, recuperar, revitalizar, enriquecer, promover y difundir el patrimonio cultural, cosmovisión, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales, mismas que forman parte de la expresión e identidad del municipio en su contexto pluricultural;

IV. Proteger y permitir el desarrollo de las manifestaciones del arte, artesanías y las industrias populares, en sus componentes tangibles e intangibles y disfrutar de esta protección los sitios y actividades declaradas patrimonio municipal;

V. Visibilizar las aportaciones actuales e históricas que han hecho las personas y comunidades migrantes en el enriquecimiento de la cultura del municipio;

VI. Propiciar la impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y demás análogos para el entendimiento y desarrollo de las prácticas interculturales;

VII. Celebrar eventos que promuevan la visibilización de la interculturalidad, así como mecanismos y proyectos de difusión;

VIII. Implantar programas de ayudas sociales para atender las necesidades interculturales de la población así como aquellas relacionadas con la gestión social para la atención en situaciones emergentes para garantizar su desarrollo;

IX. Promover programas municipales de monitoreo intercultural;

X. Formular, ejecutar y evaluar el Índice Municipal de Interculturalidad;

XI. Decretar las rutas municipales patrimoniales interculturales;

XII. La participación en emergencias, contingencias y desastres, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIII. La promoción de la participación de la sociedad en materia de población e interculturalidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XIV. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia intercultural y de población;

XV. La participación de los asuntos que afecten los procesos demográficos y de interculturalidad de dos o más municipios y que generen efectos en su circunscripción territorial, y

XVI.- La atención de los demás asuntos que esta Ley u otras disposiciones legales les concedan y aquéllos que no estén expresamente otorgados al gobierno federal o estatal.

Artículo 14.- Corresponden al Gobierno del Distrito Federal, conforme a las disposiciones legales que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las facultades a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables relacionadas con estos órdenes de gobierno que esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establezcan.

Artículo 15.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cámara de Diputados en el ámbito de su competencia, incluirán las partidas presupuestales para garantizar el efectivo cumplimiento de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, cuyos montos no podrán ser menores a los aprobados para el ejercicio fiscal anterior.

Las autoridades fiscales y congresos estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán medidas similares a las establecidas en el párrafo anterior, de acuerdo a lo establecido en las legislaciones y normatividad aplicable.

Artículo 16.- El Instituto podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos estatales o del Distrito Federal, con la participación, en su caso de sus Municipios o demarcaciones territoriales, asuman facultades conferidas al gobierno federal. Asimismo, podrán celebrar convenios de concertación con personas u organizaciones de la sociedad civil para que coadyuven en la aplicación de las facultades que esta Ley establece en materia de interculturalidad y población.

Capítulo IV

Del Instituto Nacional de Interculturalidad y Población

Artículo 17.- Se crea el Instituto Nacional de Interculturalidad y Población como organismo autónomo de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, con el objetivo de aplicar las disposiciones que esta Ley le confiere y propiciar la política de interculturalidad y población que esta Ley establece.

El Instituto contará con un Consejo Ciudadano de cinco miembros que junto con el Presidente del Instituto y sus mandos medios tomarán las decisiones de política pública aplicables. Los integrantes ciudadanos serán designados por el presidente del Instituto quienes deberán gozar de buena reputación, con reconocidos méritos profesionales, científicos, técnicos, académicos o sociales en las materias relacionadas con esta Ley. Dichos consejeros formarán parte de la estructura del Instituto.

Artículo 18.- El Instituto estará a cargo de un Presidente nombrado conforme al procedimiento siguiente:

I. Las Comisiones Unidas de Población y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores presentarán a su pleno la propuesta de terna para ocupar el cargo de Presidente del Instituto, seguido del acto de presentación de candidatos para que respondan a los cuestionamientos que les hagan sus integrantes;

II. En el mismo acto, sin presencia de los candidatos, las comisiones unidas resolverán y elegirán al candidato propuesto aprobado por mayoría calificada de votos para el período que se trate y turnará el dictamen con proyecto de decreto al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación; y

III. Una vez aprobado, se enviará al Titular del Ejecutivo Federal para que proceda a su nombramiento.

En el caso de negativa del Decreto en comento, se realizará el mismo procedimiento, pudiendo volverse a presentar algún candidato de la primera vuelta, debiendo el pleno de la Cámara de Senadores designar por última vez al candidato elegido. En caso de no aprobarse por el pleno en segunda ocasión, la mesa directiva de la Cámara de Senadores tendrá la facultad exclusiva de aprobar la designación propuesta por las Comisiones Unidas y enviarlo al Ejecutivo para su nombramiento.

La o el Presidente del Instituto durará en su encargo por cuatro años con posibilidad de ratificarse por un periodo consecutivo no mayor a dos años. Para la ratificación se deberá observar, en lo conducente, el procedimiento a que se refiere el presente artículo

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La o el Presidente del Instituto sólo podrá ser removido en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto o en el de renuncia, la o el Presidente será sustituido interinamente por el servidor público inmediato en tanto la Cámara de Senadores realiza el procedimiento para nombramiento del titular del Instituto, mismo que durará en su encargo el tiempo restante del presidente anterior, siempre y cuando no hubieran pasado tres años desde su nombramiento. En tal caso, el presidente interino durará en su encargo el tiempo faltante previo al proceso de ratificación o nuevo procedimiento de nombramiento.

Artículo 19.- La estructura y funcionamiento del Instituto se integrarán en el reglamento de la presente Ley.

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Artículo 20.- Para ser Presidente del Instituto se requiere:

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno goce de sus derechos;

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III. Tener conocimientos y experiencia acreditable en materia de interculturalidad y población, así como del marco normativo aplicable; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitado(a) conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21.- El Instituto contará con una comisión interdependencial con el objetivo de coordinar acciones en materia de interculturalidad y población, integrada por:

I. La o el Presidente del Instituto;

II. Los representantes de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Trabajo y Previsión Social y Turismo; y

III. Los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cuando se trate de asuntos vinculados a los de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el Presidente del Instituto podrá solicitar de sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o nombren un representante para desahogar aquéllos.

De la misma manera, cuando la Comisión lo considere procedente, podrá invitar a los titulares de las comisiones legislativas correspondientes del Congreso de la Unión, quienes participarán con voz pero sin voto.

La Comisión podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de desarrollo, interculturalidad y demográfica.

Artículo 22.- Para la coordinación de acciones concurrentes el Instituto contará con un Órgano Interinstitucional constituido por la o el Presidente del Instituto y las autoridades de las entidades federativas que atienden los asuntos de interculturalidad y población con el objetivo de coordinar acciones y proponer presupuestos para el cumplimiento de las atribuciones que establece esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 23.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo Asesor Pluricultural con la participación de representantes de los sujetos sociales establecidos en el artículo 4° de esta Ley, de expertos, académicos, investigadores y de organizaciones de la sociedad civil. Dicho consejo estará integrado por veinte personas aprobadas por la Comisión Interdependencial. Las atribuciones y funcionamiento de dicho Consejo estarán establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

TITULO SEGUNDO

DE LA POLITICA DE INTERCULTURALIDAD Y POBLACION

Capítulo I

De los criterios de la política de interculturalidad y población

Artículo 24.- Para la formulación de la política de interculturalidad y población se observarán obligatoriamente los criterios y derechos establecidos en los artículos 7° y 9° de esta Ley, así como los siguientes criterios:

I. El respeto a los derechos humanos y sus garantías de acceso;

II. El impulso hacia un desarrollo integral y sustentable;

III. La protección de las familias como núcleo constituyente de la sociedad;

IV. El desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos urbanos y rurales;

V. El arraigo de la población en sus comunidades de origen;

VI. La contribución a los niveles de bienestar social que permitan el desarrollo a través de su incidencia en los ámbitos de educación, salud, empleo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano y rural entre otros;

VII. Las condiciones socioeconómicas que permitan el desarrollo de la población;

VIII. La satisfacción, a través de los servicios públicos que correspondan, de las necesidades más elementales de los núcleos de población;

IX. La identificación de las condiciones de exposición social que genere el proceso de transición demográfica, así como la formulación de políticas para apoyar a los grupos de edad y género en situación de pobreza o marginación;

X. La conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección y respeto al medio ambiente.

XI. La promoción de los valores culturales y de identidad;

XII. La promoción de la conciencia de responsabilidad y la voluntad de participación de la sociedad;

XIII. El reconocimiento de la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;

XIV. La inclusión de las particularidades de una población diversa;

XV. La desagregación y permisión de una cultura mixta en las instituciones para la construcción del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes, originarias y de distinto origen nacional;

XVI. La atención de los conflictos interculturales a través de la mediación y el debate público abierto;

XVII. La generación de liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad;

XVIII. La facilitación de la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades, de manera previa, libre e informada;

XIX. La incentivación de la permanencia, sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivada del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;

XX. El reforzamiento de la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y fortalecimiento del tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la interacción intercultural; y

XXI. El involucramiento de los medios de comunicación y el debate público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad.

Capítulo II

Del diagnóstico permanente y el Programa Nacional de Interculturalidad y Población

Artículo 25.- Para la planificación de interculturalidad y población el Instituto llevará a cabo un diagnóstico de permanente actualización, enfocado en los siguientes aspectos:

I. Dinámica, estructura y volumen;

II. Distribución y densidad;

III Desarrollo y medio ambiente;

IV. Pluriculturalidad y Relaciones Interculturalidad;

V. Migración, Refugiados y Apátridas;

V. Empleo y economía

VI. Ruralidad;

VII. Urbanidad;

VI. Cultura;

VII. Salud, familia y mujer;

VIII. Proyecciones de crecimiento; y

IX. Población socialmente expuesta.

Artículo 26.- El diagnóstico permanente tendrá como objetivo promover, supervisar y evaluar las accionesde la administración pública federal para resolver los problemas demográficos y de interculturalidad mediante:

I. La adecuación de los programas de desarrollo económico, social, territorial, ambiental y cultural a las necesidades que planteen la estructura, dinámica y distribución de la población y su pluriculturalidad;

II. La influencia en la dinámica de la población y la interculturalidad a través de los sistemas educativos, de capacitación profesional y técnica, de salud pública y de protección de la infancia, para obtener la participación consciente de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;

III. La planeación de los centros de población urbanos y rurales, con la finalidad de garantizar los servicios públicos que se requieran;

IV. La regulación de los flujos migratorios y de personas en condición de solicitud de refugiado, refugiados y apátridas; y

V. Las demás que esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables dispongan.

Artículo 27.- El Instituto formulará, ejecutará, evaluará y vigilará el Programa Nacional de Interculturalidad yPoblación que tendrá como objetivo general fortalecer la política en la materia en toda la administración pública federal, reforzando las acciones de los sectores público y privado, para influir en las tendencias y comportamientos del crecimiento y distribución de la población y la pluriculturalidad, para que los habitantes tomen conciencia y modifiquen sus conductas y actitudes para una actuación más responsable. El Programa incluirá, entre otros, los siguientes elementos:

I. Políticas, objetivos y metas que se pretenden obtener;

II. Los principales fenómenos y problemas interculturales y demográficos nacionales, de conformidad con las propias características de éstos;

III. Definición de los aspectos prioritarios de la política intercultural y poblacional;

IV. Los canales de participación ciudadana para la integración y aplicación de las políticas públicas en la materia;

V. La territorialización en cuanto al volumen poblacional y características pluriculturales;

VI. Los mecanismos de vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales e institucionales, a fin de impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población por sectores definidos;

VII. Las posibilidades de crecimiento de los núcleos de población y las alternativas para crear nuevos centros poblacionales, atendiendo a las características geoestratégicas del territorio nacional;

VIII. Estrategias y acciones para la difusión, información, educación y capacitación para el desarrollo en materia de interculturalidad y población, tomando en cuenta las características económicas, culturales y sociales de las diferentes regiones nacionales;

IX. Mecanismos para su seguimiento y evaluación;

X. Mecanismos y fuentes de financiación del programa; y

IX. Los demás que sean necesarios para conseguir que la población logre su desarrollo personal y social.

Artículo 28.- El programa tendrá una duración igual al periodo constitucional del encargo del Presidente de la República correspondiente, y será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin menoscabo de lo anterior, el programa deberá establecer las proyecciones de la política pública a 15 y 25 años.

Artículo 29.- El Instituto informará anualmente y por escrito sobre los resultados que se hayan obtenido de la aplicación del Programa durante el lapso correspondiente a la opinión pública y de manera particular al H. Congreso de la Unión.

Artículo 30.- El Programa, previa consulta y participación del Consejo Consultivo, la Comisión Interdependencial y el Órgano Intergubernamental a los que esta Ley hace referencia, deberá expedirse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que tome posesión de su cargo el Titular del Ejecutivo Federal, y se revisará cada tres años.

Capítulo III

De la información

Artículo 31.- El Instituto desarrollará un Sistema Nacional de Información Intercultural y de Población que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información nacional sobre estos asuntos, que estará disponible para su consulta pública y que se coordinará y complementará con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En dicho Sistema, el Instituto deberá integrar, entre otros aspectos, la información que proporcionen los sistemas estatales, municipales y del Distrito Federal Asimismo, reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia intercultural y de población, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.

Artículo 32.- La Secretaría deberá elaborar y publicar bianualmente un informe detallado de la situación general existente en el país en materia de interculturalidad y población, así como el Atlas Nacional de Interculturalidad y Población.

Artículo 33.- Toda persona tendrá derecho a que el Instituto, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias pongan a su disposición la información sobre interculturalidad y población.

Toda petición de información se sujetará a la legislación aplicable en materia de transparencia, información pública y protección de datos personales.

Artículo 34.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, denegarán la entrega de información cuando:

I.- Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia naturaleza su difusión afecta la seguridad nacional;

II.- Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; o

III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla.

Artículo 35.- Quien reciba información de las autoridades competentes, en los términos del presente Capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.

Artículo 36.- Al término de la administración que corresponda el Instituto deberá coordinar la elaboración del Libro Blanco de la Interculturalidad y Población, mismo que deberá ser elaborado por el Consejo Consultivo al que esta ley se refiere, garantizando la participación plena de sus integrantes. La naturaleza del Libro Blanco será mediante el enfoque ciudadano que señale con particularidad la funcionalidad y efectividad de las acciones emprendidas, los obstáculos que enfrentaron y las propuestas para la siguiente administración.

Dicho Libro Blanco deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el mes anterior a la fecha de conclusión de la administración pública que competa.

Capítulo IV

De las disposiciones particulares sobre interculturalidad

Sección Primera

Del Indice Nacional de Interculturalidad

Artículo 37.- El Instituto formulará, ejecutará y evaluará el Índice Nacional de Interculturalidad como herramienta de planificación a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro y el progreso con el tiempo.

El Índice Nacional de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes de expertos, investigadores, académicos y organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que el Instituto emitirá para su cumplimiento por la administración pública federal y recomendatorias para los demás órdenes de gobierno. Los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, implantarán mecanismos homólogos para el ámbito de su competencia, con las mismas bases establecidas en esta Ley para el Instituto, además de aquellos que requieran de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa o municipio.

Artículo 38.- El Instituto elaborará la metodología para la instrumentación del Índice mencionado en el artículo anterior que incluya, al menos:

I. Definición de los objetivos;

II. Compilación de información documental; y

III. Aplicación de entrevistas, encuestas, muestreos u otro análogo.

Artículo 39.- Para la formulación y evaluación del Índice Nacional de Interculturalidad, se considerarán al menos, los siguientes indicadores:

I. Compromiso sobre el reconocimiento de la interculturalidad;

II. Composición pluricultural;

III. Implantación de política intercultural y de población;

IV. Dinámica demográfica;

V. Educación intercultural;

VI. Salud intercultural;

VII. Rendimiento económico;

VIII. Convivencia y buen vivir;

IX. Servicios públicos;

X. Mercado laboral;

XI. Espacio público;

XII. Vida cultural y civil;

XIII. Acceso a la justicia;

XIV. Lenguas;

XV. Medios de comunicación;

XVI. Hospitalidad;

XVII. Medición y solución de conflictos;

XVIII. Liderazgo y participación social; y

XIX. Perspectiva internacional.

Artículo 40.- El Índice Nacional de Interculturalidad se publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación y los que corresponda al ámbito estatal, municipal y del Distrito Federal en los órganos públicos de difusión de cada entidad federativa.

Sección segunda

De la educación intercultural

Artículo 41.- La educación que imparta el Estado, así como la que impartan las instituciones privadas, deberá incluir el enfoque de interculturalidad con base en los criterios establecidos en el artículo 7º de esta Ley.

Artículo 42.- Las autoridades competentes fomentarán la creación de universidades interculturales con la participación que corresponda de las personas, colectivos y comunidades a que esta ley se refiere, que propicie el desarrollo educativo intercultural en el marco de todos los niveles de la educación superior.

Sección Tercera

De la salud intercultural

Artículo 43.- La salud intercultural se refiere al conjunto de acciones, estrategias y políticas que buscan incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud. Supone el respeto y la valoración mutua entre las diferentes culturas. Implica diálogo e intercambio de conocimientos y prácticas beneficiosas de salud entre el sistema biomédico y las comunidades a las que sirve. En este sentido involucra la participación de la comunidad para dar forma a los servicios de salud. Contar con servicios culturalmente adecuados es un derecho de los usuarios de los servicios de salud.

Artículo 44.- Las autoridades del sector salud de los distintos órdenes de gobierno garantizarán el derecho al uso de las prácticas y conocimientos de las culturas y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas originarias, afromexicanas, migrantes, refugiados, apátridas y miembros de las comunidades de distinto origen nacional, relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud y propiciarán la atención a la población desde un enfoque intercultural para lo cual deberán establecer dentro de los centros de atención espacios específicos para la incorporación de las medicinas tradicionales y la herbolaria.

Artículo 45.- Las autoridades del sector salud de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, con relación a los pueblos y comunidades indígenas originarias, afromexicanas, migrantes, refugiados, apátridas y comunidades de distinto origen nacional:

I. Fomentarán la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la cultura y tradiciones relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud;

II. Establecerán programas de capacitación y aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones;

III. Supervisarán la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones;

IV. Impulsarán la investigación científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y tradiciones, y

V. Definirán, con la participación social de que se trate, los programas de salud dirigidos a ellos mismos.

Artículo 46.- La medicina tradicional es la suma completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales.

Para los efectos de esta ley se reconoce como medicinas tradicionales y remedios herbolarios aquellas que tiendan a la atención primaria en salud.

Artículo 47.- Las medicinas tradicionales que deberán fomentarse, de acuerdo a las particularidades de atención son:

I. La de los pueblos y comunidades indígenas nacionales y de cualquier origen nacional indígena;

II. La medicina tradicional china, tibetana, africana, árabe, japonesa, herbolaria europea, de india y demás homólogas; y

III. Las medicinas alternativas equiparables a las medicinas tradicionales.

Artículo 48.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto, establecerá la certificación de médicas y médicos interculturales para la impartición de sus prácticas mismas que deberán ser reconocidas para la atención primaria en salud.

Sección Cuarta

De la comunicación intercultural

Artículo 49.- Las autoridades competentes en materia de comunicaciones promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural a fin de que se produzcan y difundan contenidos que reflejen la pluriculturalidad de la nación y difundan contenidos que reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, patrimonio, conocimientos y saberesen su propia lengua con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente la comunicación intercultural que valore y respete la diversidad cultural de la Nación.

Artículo 50.- Los pueblos y comunidades indígenas originarios, afromexicanos, migrantes, refugiados, apátridas y comunidades de distinto origen nacional tienen derecho a producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.

Todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tienen el deber de difundir tales contenidos, a solicitud de sus productores, hasta en un espacio equivalente de por lo menos 15% de su programación, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. Cuando un medio de comunicación ya haya difundido los contenidos a los que se refiere este artículo, será opcional para otros medios volver a difundirlos.

Sección Quinta

De la alimentación intercultural

Artículo 51.- La alimentación intercultural se refiere al conjunto de acciones, estrategias y políticas que promueve el rescate de los valores nutricionales que históricamente han producido las cocinas tradicionales y sus ingredientes, la conservación y producción de los alimentos nativos, particularmente los cultivos.

Para tal efecto, se reconoce como derecho de toda persona humana a la soberanía alimentaria que consiste en tener una alimentación que le conviene culturalmente a la sociedad, desde el punto de vista de la salud y de lo económico orientada a una alimentación adecuada, con base en los valores culturales de las comunidades.

Asimismo, se reconoce el derecho a la educación alimentaria que consiste en aquella que toda persona debe recibir que les permita tener mayor conocimiento sobre el adecuado consumo de alimentos en la prevención de enfermedades, así como en la generación de una cultura alimentaria, la preservación de la riqueza alimentaria y de las cocinas tradicionales, como parte de su patrimonio.

Artículo 52.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas competencias y jurisdicción formularán, ejecutarán y vigilarán la aplicación de programas de alimentación intercultural que permita el respeto y la valoración mutua entre las diferentes culturas y propicie el diálogo e intercambio de conocimientos y prácticas beneficiosas.

Artículo 53.- El Instituto promoverá ante las dependencias competentes la expedición de las declaratorias de centros de origen y de diversidad biológica de las especies de la vida silvestre y alimentarias para garantizar su conservación y aprovechamiento sustentable.

Sección Sexta

De las rutas patrimoniales interculturales

Artículo 54.- Las rutas patrimoniales interculturales son los itinerarios que combinan aspectos culturales, ambientales y comunitarios con el objetivo de promover y difundir el valor histórico de espacios destinados al conocimiento, investigación y fomento turístico en el cual las poblaciones y comunidades anfitrionas sean las que se beneficien de los resultados en la aplicación de la ruta de que se trate.

Artículo 55.- Las rutas patrimoniales interculturales se establecen mediante declaratoria del Instituto en coordinación con las autoridades culturales y turísticas, y sus homólogos en otros órdenes de gobierno, de acuerdo a su ámbito de competencia, mismos que podrán definirse a partir de las siguientes categorías:

I. Rutas Patrimoniales Interculturales Nacionales, cuando abarquen más de una entidad federativa;

II. Rutas Patrimoniales Interculturales Estatales, que serán establecidas dentro del territorio de la jurisdicción de un Estado que involucre dos o más municipios, o en el caso del Distrito Federal cuando abarque dos o más delegaciones;

III. Rutas Patrimoniales Interculturales Municipales, cuando se comprendan dentro de los límites de un municipio, o en su caso homólogo en el Distrito Federal cuando se circunscriban al ámbito territorial de una delegación; y;

IV. Rutas Patrimoniales Interculturales Comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades agrarias, ejidos y comunidades indígenas y afromexicanas con la asistencia requerida de la autoridadcompetente de acuerdo al ámbito territorial señalado en las fracciones anteriores.

Artículo 56.- La declaratoria de la Ruta Patrimonial Intercultural, independientemente del ámbito de competencia, deberá contener:

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones;

II. La descripción de las características y valores a proteger; y

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de la ruta cultural, sus espacios y construcciones.

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en los medios oficiales de comunicación.

Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes aplicables.

Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un sistema de señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en particular.

Sección Séptima

Del fomento y promoción intercultural

Artículo 57.- Para el fomento, promoción y difusión de la interculturalidad las autoridades crearán centros de la interculturalidad con el objetivo de desarrollar acciones y prácticas de personas, colectivos y comunidades a las que esta Ley se refiere en el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y culturales relacionados con la interculturalidad.

Asimismo, propiciarán la concertación con personas, grupos y asociaciones civiles para que éstas participen en la construcción de dichos espacios, sin menoscabo de aquellas que por su cuenta y con apoyos gubernamentales o donaciones decidan crear, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 58.- Dichos centros promoverán la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos, y la promoción de los productos rurales, alimentarios, artísticos y artesanales, entre otros, propios de las personas, colectivos y comunidades que propician la interculturalidad.

Capítulo V

De las disposiciones particulares sobre población

Sección Primera

Del Registro Nacional de Población

Artículo 59.- El Instituto tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 60.- El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Artículo 61.- En el Registro Nacional de Población se inscribirá:

I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; y

II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

Artículo 62.- El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

Artículo 63.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.

Artículo 64.- El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio que proporcione el Instituto.

Artículo 65.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual y servirá como identificación oficial.

Artículo 66.- El Instituto establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal.

Artículo 67.- Las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, el Instituto celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:

I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;

II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y

III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.

Artículo 68.- Las autoridades federales, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, serán auxiliares del Instituto en las funciones que a éste correspondan en materia de registro de población.

Artículo 69.- Las autoridades judiciales deberán informar al Instituto sobre las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona que se trate.

Artículo 70.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará al Instituto, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de Población, en los términos establecidos por el reglamento.

Sección Segunda

Del Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana

Artículo 71.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través del Instituto.

Artículo 72.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.

El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo del Comité Consultivo, en los términos que establezca el Reglamento.

Artículo 73.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y

II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Artículo 74.- En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.

Artículo 75.- El Instituto podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite el Instituto.

Artículo 76.- Cuando el Instituto encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante el Instituto la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente

Artículo 77.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, el Instituto deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad Ciudadana.

Artículo 78.- La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Artículo 79.- La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Artículo 80.- Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identificación Ciudadana.

Artículo 81.- La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación:

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s);

II. Clave Única de Registro de Población;

III. Fotografía del titular;

IV. Lugar de nacimiento;

V. Fecha de nacimiento;

VI. Firma y huella dactilar; y

VII. La autoadscripción de identidad cultural correspondiente.

Artículo 82.- Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y conservación.

Artículo 83.- La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse;

I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años;

II. Cuando esté deteriorada por su uso; y

III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.

Artículo 84.- Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad Ciudadana deberá dar aviso al Instituto, dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.

Artículo 85.- El Instituto podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.

Artículo 86.- El Instituto proporcionará al Instituto Federal Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la Ley y su Reglamento. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

TITULO TERCERO

De la movilidad humana

Capítulo I

De la emigración

Artículo 87.- Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas para regularla;

II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos, y

III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, la celebración de acuerdos con los gobiernos de otros países, para que la emigración se realice por canales legales, seguros y ordenados, a través de programas de trabajadores temporales u otras formas de migración.

Artículo 88.- Se considera emigrante al mexicano o extranjero que se desplace desde México con la intención de cambiar de residencia o país.

Artículo 89.- El Gobierno Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales deberá:

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional; y

II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención de personas en situación de mayor exposición social.

Capítulo II

De la repatriación

Artículo 90.- Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país.

Artículo 91.- La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Artículo 92.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos.

Asimismo, la Secretaría vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros, se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, en la comunicación con sus familiares y apoyándolos en el traslado a su lugar de residencia en el territorio nacional.

Capítulo III

De la población en desplazamiento interno

Artículo 93.- La población en desplazamiento interno son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado una frontera internacional, en particular como resultado o para evitar los efectos por situaciones de:

I. Tensiones, disturbios internos, violencia generalizada o conflictos armados;

II. Violaciones de los derechos humanos;

III. Catástrofes o desastres de cualquier tipo;

IV. Implantación de proyectos de desarrollo a gran escala; y

V. Por miedo a ser perseguidos por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, militancia, pertenencia o simpatía por algún grupo social, particular o de opinión política, y que les impide por sus propios medios proveerse de protección, o que estando fuera de su domicilio como resultado de dichos eventos, es incapaz o está imposibilitado de retornar a él.

Artículo 94.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por tensiones, disturbios internos o violencia generalizada las situaciones que no llegan a ser conflictos armados, pero involucran el uso de la fuerza y otras medidas represivas provocadas por autoridades federales, estatales o municipales para mantener o restaurar el orden público; por manifestaciones con violencia o planes concertados provocados por grupos civiles armados o de otro tipo; por actos de violencia cuando los pobladores se opongan a operaciones militares, o aquellos perpetrados por grupos civiles armados; por poblaciones que no se involucren en hostilidades; y por tensiones internas que involucren violación a los derechos humanos, tales como arrestos y otro tipo de medidas que restrinjan la libertad personal, las detenciones administrativas y el desarraigo y las detenciones por motivos políticos y bajo condiciones inhumanas o maltrato.

Artículo 95.- En los casos excepcionales en que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos establezca la restricción o suspensión de los derechos y garantías individuales conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, antes de aprobar el decreto y expedir la ley reglamentaria correspondiente, deberá considerar lo establecido en los tratados internacionales, en los casos en que los derechos y garantías no deberán restringirse ni suspenderse y cuyas disposiciones atenten contra la integridad, libertad, seguridad y propiedad de las personas desplazadas internamente.

Sección Primera

De la protección contra los desplazamientos

Artículo 96.-Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el solo hecho de ser desplazados internos.

Artículo 97.- Las disposiciones del presente capítulo serán observadas por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. Dicha observancia no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas. Las disposiciones no podrán ser interpretadas de una forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho interno y no afectarán al derecho de solicitar y obtener asilo en otros países. Asimismo, no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Artículo 98.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Artículo 99.- Todas las autoridades y organismos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.

Artículo 100.- Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.

La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:

I. Basados en políticas de limpieza étnica o prácticas similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada;

II. En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de la población civil afectada o razones militares imperativas;

III. En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial;

IV. En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación; y

V. Cuando se utilicen como castigo colectivo.

Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias y autorizada por la autoridad competente.

Artículo 101.- Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.

Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilite alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separe a los miembros de la misma familia.

Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes o desastres, se respetarán las garantías siguientes:

I. La autoridad correspondiente adoptará la decisión específica;

II. Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;

III. Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;

IV. Las autoridades competentes involucrarán a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;

V. Las autoridades competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y

VI. Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Artículo 102.- El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados.

Artículo 103.- Las autoridades competentes tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, afromexicanos, campesinos y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.

Sección Segunda

De la protección durante el desplazamiento

Artículo 104.- El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en particular contra:

I. El genocidio;

II. El homicidio;

III. Las violaciones graves a los derechos humanos;

VI. Las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y

V. Las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte.

Se prohíben las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos precedentes.

Artículo 105.- Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohibidos en toda circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

I. Los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil;

II. La privación de alimentos como medio de combate;

III. Su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militares;

IV. Los ataques a sus campamentos o asentamientos; y

V. El uso de minas antipersonales.

Artículo 106.- Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental o moral. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

I. La violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual;

II. La esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud que esta Ley establece; y

III. Los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los desplazados internos.

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos precedentes.

Artículo 107.-Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Para tal efecto, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias.

Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o prisión arbitrarias como resultado de su desplazamiento. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso.

Artículo 108.- Las niñas, niños y adolescentes desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades.

Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen a quienes no lo hagan.

Artículo 109.-Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos.

Artículo 110.- Los desplazados internos tienen derecho a:

I. Buscar seguridad en otra parte del país;

II. Abandonar el territorio nacional;

III. Solicitar asilo en otro país; y

IV. Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.

Artículo 111.- Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos. Las autoridades competentes deberán averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán, en su caso, con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados.

Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso.

Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos.

Artículo 112.- Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias de desplazados internos que deseen estar juntos.

Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, particularmente en los casos de familias con niños. Las autoridades responsables facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y estimularán y cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.

Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a estar juntos.

Artículo 113.- Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:

I. Alimentos esenciales y agua potable;

II. Alojamiento y vivienda básicos;

III. Vestido adecuado; y

IV. Servicios médicos y de saneamiento esenciales.

Artículo 114.- Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.

Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole.

Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos.

Artículo 115.-Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad personal, actas de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre.

Artículo 116.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:

I. Despojo;

II. Ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;

III. Utilización como escudos de operaciones u objetos militares;

IV. Actos de represalia; y

V. Destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.

Artículo 117.-No se hará entre los desplazados internos, con independencia de que vivan o no en campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento en el disfrute de los siguientes derechos:

I. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, opinión y expresión;

II. El derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar en las actividades económicas;

III. El derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en los asuntos comunitarios;

IV. El derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para ejercerlo; y

V. El derecho a comunicarse en un idioma o lengua que comprendan.

Artículo 118.- Toda persona tiene derecho a la educación.Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación gratuita y obligatoria a nivel básico y media superior. La educación respetará su identidad cultural y su lengua. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educativos.

Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos.

Sección Tercera

De la asistencia humanitaria

Artículo 119.- La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares.

Artículo 120.- La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Este ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos de la nación y se examinará de buena fe. Su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos. Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.

Artículo 121.- En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y los demás órganos competentes prestarán la debida consideración a la protección de las necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las normas y códigos de conducta internacionales pertinentes.

El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las responsabilidades en materia de protección de las organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.

Sección Cuarta

Del regreso y reasentamiento

Artículo 122.- Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del territorio nacional. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Artículo 123.- Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.

Artículo 124.- Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y a otros órganos competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y reintegración.

TITULO TERCERO

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

Artículo 125.- Los empleados del Instituto serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;

II No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y

III. Cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

Artículo 126.- Las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal que incurran en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Artículo 127.- El que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito, será castigado con multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, o bien arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley General de Población publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de enero de 1974 y sus reformas subsecuentes.

Artículo Tercero.- Entre tanto se expide el Reglamento de la presente Ley, continuarán vigentes los artículos del Reglamento de la Ley General de Población de 14 de abril del 2000 y sus reformas subsecuentes, en lo que no se opongan a esta Ley.

Artículo Cuarto.- La Secretaría de Gobernación señalará la fecha en que habrá de iniciarse el registro de la población mexicana.

Artículo Quinto.- Los recursos presupuestales, financieros y humanos del Instituto Nacional de Interculturalidad y Población se conformarán con los que contaba antes de la entrada en vigor de esta Ley la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la Dirección Generaldel Registro Nacional de Población e Identificación Personal y demás aplicables, así como los que la Cámara de Diputados les otorgue a partir del ejercicio fiscal 2014.

Artículo Sexto.- La designación del Presidente del Instituto por parte de la Cámara de Senadores será dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de julio de 2013.

Suscriben

Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Dip. Lorenia Valles Sampedro.- Dip. Carlos de Jesús Alejandro.- Dip. Javier Orihuela García.- Dip. Julisa Mejía Guardado.- Dip. Guillermo Sánchez Torres".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias Diputada Alavez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Población, con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila, para presentar a nombre propio y de la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto que reforma los artículos 74 y 123 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA LOS ARTICULOS 74 Y 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de la C. Diputada Luisa María Alcalde Luján, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Históricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a una mejoría en las condiciones de vida.

En México, más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos en el trabajo subordinado, el salario que perciben lamentablemente ha venido disminuyendo en los últimos años y en las últimas décadas.

El salario mínimo se estableció en el artículo 123 constitucional, donde señala con claridad que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Los salarios mínimos profesionales, dice la ley, se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

La primera vez que se abordó el tema del salario mínimo en México fue en 1906, dentro del programa del Partido Liberal Mexicano, organización que en ese entonces era presidida por Ricardo Flores Magón. El documento proponía un ingreso mínimo que garantizara vida digna y decorosa a todos los trabajadores del país, incluso los tasó en un peso plata, es decir, una onza de plata, que sería equivalente a los 250 pesos actuales.

Lo anterior nos refleja y nos refiere con claridad, el espíritu que se retomó en la Constitución de 1917, ¿Cuál era? La preocupación activa por mantener un nivel de vida y un poder adquisitivo que pudiera, el trabajador, sostener su familia y sus principales necesidades.

Lo que estoy planteando ahora en esta iniciativa con proyecto de Decreto que modifica los artículos 74 y 123 de la Constitución, en materia de salarios mínimos, es lo siguiente:

Estoy proponiendo que en el artículo 74 se incorpore una fracción VIII que diga: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Aprobar anualmente el aumento al salario mínimo, previo análisis, discusión y, en su caso, modificación de la opinión enviada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos”.

También se modifica la fracción IX en los mismos términos, y se mantiene la fracción VI del artículo 123, sobre que los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados con base en la opinión emitida por una comisión nacional que estará integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno y que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones.

También se agrega a esta propuesta en el artículo 123, un párrafo último que diría: “La Comisión Nacional de Salarios Mínimos hará llegar a la Cámara de Diputados la opinión en materia de salarios mínimos a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, debiendo comparecer el presidente de la comisión a dar cuenta de la misma. La Cámara de Diputados deberá aprobar el aumento salarial a más tardar el día 15 del mes de noviembre de cada año”.

Es una iniciativa que parte de una inquietud que he expresado desde hace mucho tiempo, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está rebasada y que ha caminado en detrimento de los trabajadores al no fijar un salario mínimo como lo establece la Constitución. Es decir, con mi propuesta se suprime esta facultad a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y se incorpora a la facultad del Congreso y de la Cámara de Diputados como facultad exclusiva.

Es un debate inacabado, es un debate que tiene años, pero les puedo decir que hemos realizado una serie de estudios de derecho comparado en muchos países del mundo, y México es uno de los países, quizás el país con salarios más bajos del mundo. Por ejemplo, en Noruega el salario mínimo es de aproximadamente 6 mil 594 pesos en Austria de 6 mil pesos; pero México, si lo comparamos con los países del continente, se encuentra por debajo de Venezuela, por debajo de Chile, por supuesto por debajo de Argentina. Si mal no recuerdo, sólo Belice está debajo de México.

México es de los países que ha permitido una raquítica percepción en salario mínimo y que ha aplicado una política económica depredadora en contra del poder adquisitivo de los trabajadores. El salario mínimo en los últimos años y décadas no ha cubierto los propósitos constitucionales, repito, hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios, y esto ha orillado a millones de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto.

A partir de entonces han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y ha aumentado, sin duda, también el bajo nivel de vida de la población. Desde hace 30 años, el crecimiento inflacionario ha sido más elevado que el aumento salarial; tan sólo para el 2013, el salario se elevó en 3.9% esperando una inflación anual del 4.65%, según cifras del CONEVAL.

Desde marzo de 2005 hasta abril de 2013, la canasta básica ha aumentado un 70.5% en la zona urbana, pasando de 711 pesos con 46 centavos a 1,179 pesos. El salario mínimo, por su parte, sólo aumentó 38.37%, pasando de 46.80 pesos en el 2005 a 64.76 en el 2013.

También establezco una gráfica como a manera de cuadros comparativos y cómo es evidente la declinación y el desfase entre el aumento del salario mínimo y el poder adquisitivo. Por tal motivo, es necesario un cambio institucional para la asignación de salarios, que es lo que estoy planteando en esta modificación, para que pueda recuperarse el poder adquisitivo.

Hoy si se observa, con toda seriedad, la atribución de la fijación de salarios mínimos, correspondería a la Cámara de Diputados para que éstas sin eliminar la utilidad técnica de la comisión nacional que le dote de elementos para tomar la decisión, pero sería tomada por la organización o la autoridad más representativa del país, el órgano representativo del poder federal y del poder popular como una clara muestra de intentar corregir estas graves desviaciones que ahora tienen postrado al trabajador.

Ciudadano Presidente, le pediría con toda atención que pudiera plasmar íntegro este documento que deberíamos de discutirlo de inmediato, el salario mínimo en México es depredador, se ha disminuido de manera notable y ha generado una pobreza en los círculos de la población de este país.

Por la atención de todos, muchas gracias.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA EL ARTICULO 211 BIS 8 AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

En México hemos reconocido y garantizado el uso de Internet como un derecho fundamental que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto.

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado que el uso de Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión, más que una posibilidad de comunicación es una de nuestras necesidades debido al periodo de globalización que se vive en la actualidad.

Sin embargo, esta herramienta indispensable hoy en día, lamentablemente también resulta un instrumento suficientemente eficaz para la comisión de delitos, especialmente contra los menores, y en los últimos años se ha conducido a un incremento de esta condenable actividad.

Los delincuentes no sólo pueden distribuir y consultar con mayor facilidad material relacionado con el abuso sexual de menores, sino que también pueden establecer contacto directo con niños y niñas a través de salas de chat y sitios web de redes sociales.

Si bien la mayoría de las redes sociales ofrecen parámetros de privacidad a sus usuarios, es un hecho que los menores de edad son especialmente descuidados y hasta omisos con estos aspectos cuando publican información sobre ellos mismos y sus familias en las redes, razón por la cual es de vital importancia analizar y regular este escenario de potencial fuga de información relevante, misma que, en diversos casos, ha sido utilizada por el crimen organizado.

Cuando los perfiles son públicos, cualquier persona tiene acceso, cuanto más un delincuente, accesan a datos que permiten establecer un perfil y obtener información privilegiada y susceptible de ser usada y convertirse en potencial víctima para quien la subió en esas redes.

A pesar de las múltiples ventajas que tienen las redes, las mafias delincuenciales las utilizan para planear y ejecutar sus acciones, aprovechan la información, datos y antecedentes de lo publicitado para cometer delitos como robo, extorsión y todos aquellos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores, incluso se ha demostrado una importante incidencia en el delito de trata de personas o secuestros.

Como parte del proceso de estrategia delincuencial, lo primero es ubicar a su posible víctima familiarizándose con ella, y una vez que se gana su confianza obtiene la información que necesitan y proceden a la consecución del delito.

Ante esa problemática que preocupa sobre manera a la sociedad mexicana, el grupo parlamentario de Nueva Alianza, propone la presente iniciativa con proyecto de Decreto para sancionar a quien revele, divulgue, circule y/o publique cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones, imágenes obtenidas de la red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, aparatos electrónicos o de telefonía y sus respectivos sucedáneos y avances tecnológicos de personas menores de 18 años de edad o declarados incapaces, que tengan como fin atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, imponiendo sanciones de 3 a 5 años de prisión y multas de entre 100 a 300 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Además, en el supuesto de que estas conductas se utilicen para cometer delitos de violación, extorsión, pornografía infantil o trata de personas se considerará como agravante adicionando a la pena dictada a esos delitos de 4 a 6 años de prisión, y multa de 200 a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El objeto de este proyecto es prevenir potencial daños a menores, adolescentes, jóvenes y adultos que usan las redes sociales, así como evitar que usuarios de redes sociales aprovechen el vacío legal existente para difundir perversamente información, imágenes o videos de perfiles públicos, principalmente de menores y sus familias, con ánimo de provocar un daño a su persona, honor, integridad psicológica o bien para amenazar de manera directa su patrimonio e integridad física.

Compañeras y compañeros legisladores: El uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la criminalidad. Recordemos que los delitos de violación, extorsión, pornografía infantil y la trata de personas son de alto impacto social, que se reproducen vertiginosamente por todo el territorio nacional dejando millonarias ganancias a los ejecutores. A las víctimas les producen consecuencias con profundos y agudos problemas psicoemocionales, cuyo camino de recuperación es largo y complejo.

Según la Alianza para la Seguridad en Internet, en el caso de delitos originados o continuados a través de este sistema, el tronco común en todos los casos señalados consiste en que la mayoría de los acosadores que buscan acercarse a un menor de edad, lo hacen siguiendo un proceso sistemático llamado “el cortejo”.

Se conoce como “el cortejo” o grooming, al acercamiento entre un acosador o depredador en línea hacia un menor de edad, el perseguidor prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y hacia contenidos inapropiados para eso.

La presente reforma tiene como objetivo central cuidar y velar por el interés superior de la niñez, entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible que hemos reconocido en nuestra Carta Magna y en otras leyes que esta Soberanía ha aprobado.

En Nueva Alianza nos ocupamos por las niñas, los niños y por los adolescentes que tienen cada vez más contacto con las llamadas redes sociales, situación que los puede convertir en potenciales víctimas de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad.

Por ello, en el marco del interés superior de la niñez es que proponemos esta reforma.

Señoras y señores legisladores: El interés superior de la niñez nos obliga a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que los menores puedan vivir y desplegar sus potencialidades, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas. Deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

Estoy seguro que convergeremos en esta preocupación y que no escatimaremos esfuerzos para proteger a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en enorme vulnerabilidad y en peligro latente.

Los conmino respetuosamente a no descuidar este importante grupo de la población y anteponer el interés de la niñez por encima de cualquier ideología.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado González Roldán. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, serán turnadas a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA Y ADICIONA LA FRACCION IX, RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

"Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCION IX RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, al tenor del siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, el deporte en sus múltiples y muy variadas manifestaciones en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria.

El deporte como actividad física y mental, se ha convertido en una forma de entretenimiento para aquéllos que lo practican, siendo interesante y divertido para sus espectadores. Fomenta la incorporación masiva de la población a actividades recreativas que fortalecen el desarrollo social y humano fortalece la identidad regional y la cohesión social con los equipos deportivos que representan a una ciudad, región o institución.

En el ámbito escolar constituye un elemento fundamental dentro del sistema educativo al propiciar el desarrollo y fortaleza de ciertas capacidades y su práctica es importante en el mantenimiento y conservaciónde la salud y disciplina.

En México sin lugar a dudas el deporte genera cierta identidad y pasión que puede desbordarse y que puede llegar a actos de violencia que se apoderan de los estadios, caso específico es el futbol soccer, donde el grado de pasión y choques de afición pueden resultar situaciones de agresividad manifiesta.

Hoy en día es posible sostener que el futbol, al igual que otros deportes de masas, despierta emociones al confrontar equipos y aficiones de diversos países o regiones.

El problema de la violencia en los espectáculos deportivos enMéxico es un tema recurrente y un problema de alta complejidad, fuera y dentro de los estadios, que se traduce en actos violentos tales como golpes, riñas, apuñalamientos y actos de vandalismo.

Una medida preventiva extrema no deseable sería contar con una infraestructura que no permita la interacción entre equipos rivales a fin de evitar contingencias en los eventos deportivos que garanticen un sano entretenimiento y convivencia social, lo anterior significa un reto que sin duda países de primer mundo han abordado en sus agendas, tratando con ello de erradicar manifestaciones de violencia que ponen en riesgo la integridad de las personas que acuden a ellos.

El caso más sobresaliente es el de Inglaterra, donde aparece por primera vez la palabra Hooligan, haciendo referencia a Edward Hooligan protagonista de peleas en la capital inglesa caracterizado por su exagerada forma de consumir alcohol. Pero este tipo de violencia no es solo un fenómeno inglés sino que se ha extendido a otros países, como los ultras de Italia, las Torcidas Organizadas en Brasil y las Barras Bravas en Argentina.

A nivel Internacional el Consejo de Europa ha sido promotor de la firma y ratificación de un Convenio Internacional sobre violencia, seguridad e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas en especial el futbol soccer.

A nivel nacional, la tragedia emblemática fue la del estadio México 68, en un partido entre el equipo América y el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México quedesencadenó una serie de muertes trágicas en los túneles.

ARGUMENTACION

El argumento que define al futbol como un espejo de la sociedad tiene su raíz en sentimientos de identidad, pasión y euforia que en combinación con el alcohol pueden llegar a ser detonantes de la violencia.

Los mecanismos propuestos para disminuir los índices de violencia en espectáculos deportivos, especialmente en el futbol, se orientan a reducir el consumo del alcohol.

Cabe recalcar que no se trata de medidas represivas o arbitrarias, sino acciones encaminadas a que en los estadios de futbol, realmente se viva un espectáculo sin que ningún tipo de sustancia alcohólica incite a los espectadores,a las porras o “barras bravas”.

También consideramos que unos de los factores que se deben atender es la disponibilidad de cerveza al interior de los estadios. Se propone la suspensión de la venta de la misma 30 minutos antes de finalizar los partidos, con esto se pretende disminuir el porcentaje de personas en estado etílico durante y después de un evento deportivo que impactaran de manera considerable en la disminución de actos violentos.

Lo importancia de la presente iniciativa es visibilizar al futbol comouna de las principales actividades deportivas en México, y la que tiene un mayor número de seguidores, de ahí la importancia de implementar todas las medidas de seguridad y al mismo tiempo garantizar un ambiente familiar dentro de los estadios, a fin de incrementar la asistencia de niñas y niños.

Cabe recalcar que este deporte atrae a grandes masas,al seguidor o aficionado no lo invita al autocontrol, destacando que no son ni el futbol o quienes lo practican los que inciden en el fanático para llevar a cabo actos violentos, la combinación del alcohol y del espectáculo en sí son los elementos que hacen más susceptible el cambio radical de estado de ánimo en función al desarrollo del partido y su resultado.La intolerancia como conducta que incide de manera determinante en actos violentos, aunado al sentimiento de frustración, tristeza, impotencia, coraje hasta la ira, son un cúmulo de emociones que combinadas con alcohol, generan reacciones adversas e incluso negativas que estallan en violencia.

Por lo anterior es menester centrar la atención en medidas que permitan minimizar al máximo los riesgos, a través de un estudio multidisciplinario capaz de coordinar, integrar y hacer participes a todos los agentes que incurren en los eventos deportivos.

La ingesta de alcohol al interior de eventos deportivos ha dejado en los últimos años incidentes violentos, tal es el caso del encuentro disputado en la pasada temporada de la liga de futbol mexicana entre aficionados del equipo del Guadalajara contra el León, donde los aficionados del club de Guadalajara encendieron dos fogatas y lanzaron numerosas luces de bengala a la parte baja del lugar.

El portal electrónico sin embargo.mx ha documentado que la situación de violencia en los estadios de futbol ha provocado que la gente, poco a poco, se aleje de las canchas. Según datos de la Comisión del Deporte, en la década de los 70’s y los 80’s, el 90% de los asistentes a los eventos de futbol eran familias. Hoy, por el contrario, la violencia en aumento ha provocado que la asistencia familiar no llegue al 27 por ciento.

En este mismo sentido se debe fomentar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo en los eventos deportivos así como contar con una cultura cívica que permita una mejor interacción y convivencia, permitirá una sociedad incluyente y tolerante.

Se propone fortalecer la regulación y los requisitos para la venta y consumo de alcohol en los estadios, así como establecer medidas para alcanzar este fin como es la disminuciónde laventa debebidas alcohólicas treinta minutos antes de que concluya el evento deportivo de que se trate.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCION IX RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción IX recorriendo la subsecuente del artículo 140de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente.

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el reglamento respectivo, serán:

l - VIII

IX. Suspender la venta de bebidas alcohólicas 30 minutos antes de finalizar los partidos del espectáculo deportivo, tratándose en específico de encuentros de futbol soccer, a fin degarantizar el orden y paz social durante y después dedicho evento.

X. …

TRANSITORIO

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. De acuerdo a la entrada en vigor del presente Decreto se homologarán las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos complementarios en la materia.

Dado en el Senado de la República, a 10 de julio de 2013".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEEXPIDE LA LEY PARA NORMAR LOS TRABAJOS PARA LA DISCUSION DE UNA CONSTITUCION DE PRINCIPIOS

(Presentada por los CC. Senadores Raúl Cervantes Andrade, Emilio Gamboa Patrón, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez y José María Martínez Martínez, de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI)

"SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

RAUL CERVANTES ANDRADE, EMILIO GAMBOA PATRÓN, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senadores de la República, integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA NORMAR LOS TRABAJOS PARA LA DISCUSIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN DE PRINCIPIOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Explicación y propósitos de la iniciativa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestá muy cerca de cumplir cien años de vigencia, lo cual ocurrirá en el año 2017, es decir, dentro de unos cuantos años. Haciendo a un lado a la Constitución de los Estados Unidos, cuyas peculiaridades explican en gran medida su edad, es raro encontrar constituciones que alcancen diez décadas de vida. En Europa, por ejemplo, entre las constituciones de la primera mitad del siglo pasado, pueden mencionarse la Constitución austriaca de 1920, reformada en 1929, que fue prácticamente contemporánea de la mexicana; la francesa de 1946, substituida por la de 1958, modificada a su vez de manera importante por Charles de Gaulle en 1962 y por Nicolas Sarkozy en 2008; la italiana de 1948, actualmente en vigor; y la alemana de 1949, todavía vigente a la distancia de un cuarto de siglo de la reunificación de las dos repúblicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es casi centenaria, desde el punto de vista cronológico, a lo que debe agregarse que también conserva su valor ideológico y teleológico original, en tanto primera Ley Fundamental en la que se diseñó el modelo de Estado Democrático Social de Derecho, en cuyos principios y fundamentos se sustenta la mayoría de los textos constitucionales vigentes en la actualidad.

La paternidad del constitucionalismo social corresponde a México, a pesar de que en ocasiones se sostenga que la primera Constitución socialdemócrata fue la alemana de Weimar. Esta afirmación es errónea, lo cual se demuestra fácilmente por el hecho objetivo de que esta Ley Fundamental data de 1919.

No obstante, la trascendencia ideológica de nuestro texto constitucional casi centenario, éste se caracteriza por una distribución temática desordenada y confusa, la cual es consecuencia tanto de deficiencias técnicas de origen, como de la enorme cantidad de reformas y adiciones de las que ha sido objeto, muchas de las cuales no han sido realizadas con el cuidado necesario. Por una parte, es evidente que aspectos de gran importancia estructural y funcional para un sistema constitucional contemporáneo no están previstos normativamente en nuestra Constitución, o sólo están parcialmente regulados, mientras que por la otra, a simple vista resultan notorias la carencia de orden en la distribución de sus preceptos y la falta de congruencia del contenido normativo de varios de ellos.

En términos generales, lo primero se debe a la antigüedad de nuestra Constitución, la cual fue elaborada en condiciones reales muy diferentes a las que caracterizan actualmente a la organización y al ejercicio del poder, a lo que debe agregarse que la teoría y la técnica constitucionales estaban en proceso de desarrollo cuando se preparó nuestra Constitución. Por lo que respecta a lo segundo,es innegable que la impresionante y en muchos sentidos irracional cantidad de modificaciones de las que ha sido objeto, ha provocado el desorden temático referido, entre otras cosas, porque los procesos de elaboración y de aprobación de las revisiones constitucionales en nuestro país no siempre han sido realizados con la precisión requerida.

Como ejemplo de los aspectos que no están previstos en capítulos o en sectores normativos diseñados en nuestra Constitución ex profeso, podemos mencionar los que se refieren a las relaciones entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión, al control de la constitucionalidad, al sistema económico y a las finanzas públicas, entre otros, cuyas normas regulatorias están dispersas en diferentes artículos de la Constitución, a lo que debe agregarse que en muchos casos, su contenido normativo es incompleto y en otros, está técnicamente mal diseñado.

En cuanto al desorden temático que caracteriza a la versión vigente de la Constitución de 1917, basta con abrirla y hojearla, para percibir que igualmente coexisten en un mismo capítulo o en una misma sección, normas relativas a los Derechos Humanos, con artículos que se refieren al sistema de economía mixta (título primero, capítulo primero) y preceptos cuyo contenido se refiere a la supremacía de la Constitución del Estado, con disposiciones concernientes a la administración de los recursos públicos federales (título séptimo).

En otros casos, como en el artículo 41, encontramos prescripciones normativas que se extienden desde las referencias a la forma de gobierno y a la distribución de competencias entre los órganos constituidos federales y locales, hasta los efectos de la presentación de los medios de impugnación en materia electoral, pasando por diversas normas relativas a la organización de las elecciones, al Instituto Federal Electoral (IFE), a su competencia, a la definición de los partidos políticos y al financiamiento de sus actividades, entre muchos otros temas. Posteriormente, la referencia al tema electoral y a los partidos políticos en la Constitución vuelve a hacerse diecinueve artículos después, en el capítulo relativo a la elección de diputados y senadores. En efecto, en el artículo 60 se determina que el IFE declarará la validez de la elección del Congreso Federal y que sus decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Otro ejemplo más de este desorden se percibe en el Capítulo II de este mismo Título II. En este capítulo de la Constitución aparecen siete artículos, comprendidos entre el 42 y el 48, en los que se determina principalmente, cuáles son las entidades federativas que forman parte de la federación y cómo se integra el territorio del Estado. Sobre este tema no se vuelve a hacer referencia, sino hasta el artículo 115, el cual es el primero de ocho que conforman el título quinto de la Constitución, que concluye con el artículo 122 relativo al Distrito Federal. En esta serie de preceptos se establecen la organización y la competencia de las entidades federativas, así como los límites y las prohibiciones que deben ser respetados en la organización de su autonomía interna. Todo este desorden resulta todavía más evidente, si se toma en cuenta que la base de la distribución de competencias entre los órganos constituidos federales y los locales es el artículo 124 constitucional, el cual aparece en otra parte, es decir, en el título séptimo de la Constitución, relativo a las “prevenciones generales”, después del artículo 123, concerniente a otro tema totalmente distinto, es decir, a los derechos de los trabajadores y a los regímenes laborales.

Es posible mencionar otros ejemplos de este desorden en la distribución temática prevaleciente en nuestro texto constitucional casi centenario. No obstante, estas evidencias resultan suficientes para justificar la necesidad de una revisión completa de la Constitución en cuanto a este aspecto, reestructurando la distribución general de temas y reasignando las diferentes disposiciones constitucionales a distintos títulos, capítulos y secciones, según corresponda en cada caso, sin modificar sus contenidos normativos, además de lo cual, es indudable que tienen que crearse otros títulos y capítulos por el momento inexistentes, para que se pueda reordenar temáticamente nuestro texto constitucional.

Por otra parte, en diversos artículos constitucionales son perceptiblesredundancias, anacronismos e imprecisiones terminológicas que se han acumulado con el tiempo y que se han agregado gradualmente a las que provienen desde el texto original. Estas deficiencias y descuidos en los procesos de correlación de normaspueden ejemplificarse conartículos como los siguientes:

a) En el rubro del artículo 55 constitucional, relativo a los requisitos para ser diputado federal y senador, se lee lo siguiente: “Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:”;

b) En el artículo 73, fracción VIII, se establece la obligación del “Jefe del Distrito Federal” de informar al Presidente de la República y a la “Asamblea de Representantes del Distrito Federal” sobre el ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública de esta entidad federativa;

c) En el artículo 76, fracción IX, se alude a la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores para nombrar y remover al “Jefe del Distrito Federal”, en los términos que señalela Constitución;

d) En el artículo 95, fracción VI, se establece la prohibición de que un candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ocupado el cargo de “Jefe del Distrito Federal”, durante el año previo al día de su nombramiento; y

e) En el artículo 104, fracción VI se señala que los “Tribunales de la Federación conocerán” de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad reguladas en el artículo 105, “mismas que serán delconocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La redacción del rubro del artículo 55 debe modificarse para evitar una evidente redundancia que ha permanecido en el texto constitucional, a pesar de las diversas ocasiones en que ha sido reformado y adicionado este precepto.

No menos sorprendente es la falta de concordancia entre el artículo 122 y los diversos preceptos señalados anteriormente en los que todavía se hace referencia al “Jefe del Distrito Federal” y a la “Asamblea de Representantes del Distrito Federal”, órganos locales de la capital de la República cuya denominación cambió hace más de quince años, en el caso del primero y casi veinte en el caso del segundo.

En cuanto al artículo 104, fracción VI, resulta repetitiva e inútil la disposición reproducida, toda vez que según se establece en ella misma, el conocimiento de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad no es competencia de los “Tribunales de la Federación”, sino sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que técnicamente resulta ociosa la referencia que se hace en este artículo a las facultades que expresamente se confieren en la materia de manera exclusiva al más alto tribunal del país en el artículo 105, es decir, en el siguiente precepto de la Constitución.

Como puede advertirse, nuestro texto constitucional necesita una revisión general de su terminología que permita proponer una adecuada redacción de muchos de sus preceptos, correspondiente al buen uso de los términos jurídicos y a las reglas básicas de la semántica, eliminando repeticiones y anacronismos que durante mucho tiempo han pasado inadvertidos y que por el momento “se mantienen en vigor”.

A estos dos aspectos debe agregarse otro problema más serio y complejo que caracteriza a nuestra Constitución, a la distancia de casi cien años de su expedición, a saber: la sobrecarga normativa que se percibe en muchos preceptos del texto constitucional, cuyos contenidos deberían trasladarse a las leyes orgánicas, reglamentarias, secundarias y de desarrollo de las normas constitucionales, de conformidad con las reglas básicas de la técnica legislativa y en concordancia con las tendencias prevalecientes en los sistemas constitucionales contemporáneos, en los que se privilegia el diseño de constituciones que se fundamentan en principios universales y atemporales, de lo cual es un claro ejemplo el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos.

Las deficiencias de nuestro texto constitucional relativas a la distribución temática y a la presencia de anacronismos y contradicciones terminológicas dificultan el estudio y la comprensión de sus prescripciones, en tanto que la sobrecarga e imprecisión normativas comprometen seriamente la adecuada interpretación de las normas constitucionales y su debida aplicación por las autoridades competentes, lo cual es todavía más grave que lo anterior.

Diversos ejemplos se pueden señalar al respecto, siendo suficiente retomar el artículo 41 de la Constitución Federal, en el cual coexisten en términos poco explicables desde el punto de vista técnico, varios de los fundamentos y principios esenciales de nuestra forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal, con diversos preceptos que regulan detallada y minuciosamente aspectos muy particulares relativos a la organización, a las actividades y al financiamiento de los partidos políticos; al uso de estas organizaciones de los medios de comunicación social, durante las campañas y las precampañas; a la duración de estas etapas de los procesos electorales y a la difusión de propaganda a lo largo de las mismas; a los plazos para la realización de los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos; al Instituto Federal Electoral, a la integración de su Consejo General, a la duración en el cargo de sus miembros y de su presidente, además de otros aspectos concernientes a su funcionamiento; a las sanciones que puede determinar este organismos; a la fiscalización de las actividades de los partidos políticos; y al sistema de medios de impugnación en materia electoral, entre muchos otros temas regulados en este artículo, es decir, en una sola disposición del texto constitucional.

La sobrecarga normativa perceptible en este artículo obedece a diversas causas, con independencia de las cuales, es incuestionablemente innecesaria, sencillamente, porque varios de sus contenidos están ubicados incorrectamente en el texto constitucional, en tanto que muchos más son propios de las leyes de desarrollo de las normas constitucionales, en este caso, en materia electoral.

El contraste entre las tendencias contemporáneas del constitucionalismo de principios y la sobrecarga normativa de los textos constitucionales es ostensible en el caso de este precepto de nuestra Constitución y de varios más. Esta contradicción resulta todavía más incomprensible si se toma en cuenta que las reformas constitucionales más recientes en nuestro país se acogen a estas tendencias, de lo cual es un claro ejemplo la materia relativa a los Derechos Humanos.

En efecto, los importantes decretos de reformas constitucionales de junio de 2011 relativos a la ampliación del reconocimiento de los Derechos Humanos, a las garantías para su protección y al juicio constitucional para hacerlas eficaces, son ejemplos innegables de lo anterior.

La redacción vigente del artículo 1º constitucional, particularmente la de sus tres primeros párrafos, es una prueba evidente de la recepción del constitucionalismo de principios en nuestro texto constitucional.

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

………….

………….”

Disposiciones técnica y substancialmente similares existen en una gran cantidad de constituciones del mundo, tales como las de Bolivia (Art. 14, fracción III), Ecuador (Art. 11), Venezuela (Art. 19), Argentina (Art. 75, apartado 22), Francia (Art. 55), España (Art. 10.2), Italia (Art. 11), Alemania (Art. 25), Rumania (Art. 20.1),en las que el constitucionalismo de principios y la protección de los Derechos Humanos van de la mano y al paso de los procesos de eliminación de la sobrecarga normativa de los textos constitucionales.

El constitucionalismo de principios implica que en los textos constitucionales sólo se establecen los fundamentos, los principios, los objetivos y los fines que conforman el núcleo de las prescripciones normativas, esto es, la esencia prescriptiva de éstas, la cual será desarrollada en las leyes que derivan de la Constitución y que por eso reciben esta denominación, es decir, “leyes de desarrollo”, mismas que por su contenido normativo deben considerarse de nivel constitucional.

La tendencia y la técnica contrarias consisten en el establecimiento de reglas de Derecho exhaustivas y cerradas en el texto constitucional, dejando un espacio muy limitado al contenido normativo de la legislación secundaria y una posibilidad igualmente restringida a las autoridades que deberán interpretar las normas para proceder a su aplicación, particularmente, a las judiciales.

En cambio, cuando en las disposiciones constitucionales sólo se establecen los principios y la teleología inherentes a las normas, éstas pueden desarrollarse ampliamente por el legislador e interpretarse de la manera más adecuada por los órganos competentes para aplicarlas, especialmente, por los juzgadores, lo cual les permite hacerlo en el sentido más favorable para los gobernados, como debe ocurrir expresamente en materia de Derechos Humanos, según lo prescribe para el caso de nuestro país, el artículo primero de la Constitución.

Consecuentemente, sin modificar los contenidos normativos de nuestra Ley Fundamental y sin alterar sus fundamentos, ni su teleología, es indispensable continuar con este proceso, avanzando en el diseño de una Constitución de principios, de tal suerte que en el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro texto constitucional corresponda a las técnicas y tendencias contemporáneas a las que hemos aludido, uno de cuyos méritos más importantes se refleja en el reconocimiento más extenso que sea posible de los Derechos Humanos.

A partir de lo anteriormente expuesto, es posible señalar con claridad cuáles son los propósitos fundamentales de esta iniciativa. Por una parte, se trata de establecer las bases normativas y las condiciones prácticas propicias para proceder a la revisión y armonizacióngeneral del texto constitucional vigente, en el marco del próximo centenario de nuestra Constitución, con la finalidad de corregir los anacronismos, las redundancias y las deficiencias técnicas y terminológicas antes señaladas, sin modificar ni alterar el contenido prescriptivo de las disposiciones constitucionales. Por la otra, se pretende realizar un trabajo paralelo de análisis y evaluación del propio texto constitucional, para explorar la posibilidad de transitar gradualmente, de un esquema de Constitución sobrecargada de normas y regulaciones, hacia un modelo de Constitución de principios, basado esencialmente en el más amplio reconocimiento de los Derechos Humanos y en su más eficaz garantía y protección jurídicas, así como en la limitación y el control del ejercicio del poder, en beneficio de los gobernados.

Consecuentemente, no se trata de proponer la creación de una nueva Constitución, antes bien, de conservar el tipo de estado y el régimen político establecidos en nuestra Ley suprema, a la que corresponde el valor histórico de ser la primera Constitución de la historia con un contenido económico y social, el cual le confiere un sentido y teleología al Estado democrático. Esto significa que el constitucionalismo social mexicano, el cual es la base histórica del modelo de Estado Social de Derecho prevaleciente actualmente en el mundo, debe conservarse en cuanto a su contenido esencial y a su teleología económica y social.

Descripción y contenido de la iniciativa

En el marco del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se considera impostergable la realización de esta importante tarea de redistribución temática y de armonización terminológica de nuestro texto constitucional, cuya nueva redacción mantendrá incólumes sus contenidos normativos, pero propondrá eliminar incongruencias y suprimir anacronismos injustificables en cualquier cuerpo normativo y por mayoría de razón, en la Constitución del Estado.

Al efecto, se propone la creación del Consejo para la revisión y armonización del texto constitucional, el cual será integrado por tres senadores nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; tres diputados nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; un representante del Ejecutivo Federal; un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México y un representante de la Academia Mexicana de la Lengua, el cual será presidido por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y sus actividades serán coordinadas y avaladas por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la Repúblicadel Congreso de la Unión. Entre otras actividades, el Consejo desarrollará las siguientes:

a) Analizará el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para detectar anacronismos y contradicciones en los diversos preceptos normativos que lo integran;

b) Revisará la idoneidad del lenguaje técnico - jurídico que se utiliza en el texto de nuestra Constitución para determinar en qué casos no existe correspondencia exacta entre éste y el contenido normativo de los preceptos constitucionales;

c) Examinará el orden en que aparecen los diversos títulos, capítulos y secciones del texto constitucional, para determinar si éste debe ser modificado de conformidad con los criterios generales de la técnica legislativa;

d) Presentará una opinión razonada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado sobre los cambios que deban hacerse al texto constitucional, a partir de los análisis y las revisiones realizados, sin modificar sus contenidos normativos substanciales; y

e) Someterá sus recomendaciones y conclusiones a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para los efectos que ésta considere procedentes.

Estos aspectos abarcarán la primera etapa de actividades del Consejo, durante la cual, de manera simultánea, deberá preparar el plan de trabajo de la segunda etapa, cuyo propósito será explorar los fundamentos jurídicos y los procedimientos atinentes, relativos al posible tránsito gradual del esquema prevaleciente de sobrecargas normativas en nuestro texto constitucional, hacia una Constitución de principios, a cuyo efecto, analizará la conveniencia de disminuir paulatinamente la excesiva regulación normativa que actualmente caracteriza a nuestro texto constitucional. Al concluir esta segunda etapa, el Consejo presentará formalmente a la consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, una opinión fundada y razonada sobre el tema. Adicionalmente, durante estas dos etapas, el Consejo realizará todas las demás actividades relativas a su objeto que le sean encomendadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Las tareas del Consejo deberán concluirse con la debida anticipación para que de ser el caso, los órganos competentes pueden presentar los Proyectos de Reformas y Adiciones a la Constitución de la República, de tal suerte que al cumplirse el Centenario de su publicación, el texto constitucional haya sido modificado si así se estimara conveniente y su nueva versión pueda ser publicada en la fecha oportuna. Los resultados de la primera etapa deberán ser entregados a más tardar, un año después del inicio formal de los trabajos del Consejo, en tanto que los correspondientes a la segunda, deberán presentarse antes del 15 de Diciembre de 2015. En todo caso, la Ley que se propone estará vigente hasta el día del Centenario, es decir, el 5 de Febrero de 2017.

Por lo antes expuesto, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para normar los trabajos para la discusión de una Constitución de Principios.

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de observancia general. Su objeto es establecer las bases normativas para el diseño, la organización, el desarrollo y la realización de las actividades que en ella se establecen, relativas a los trabajos de consulta para la revisión y armonización del texto constitucional, tendientes a lograr una Constitución de principios.

Artículo 2.- Para el cumplimiento de las actividades inherentes al objeto de esta Ley, se crea el Consejo para la revisión y armonización del texto constitucional, en lo sucesivo el Consejo, organismo que realizará las tareas que esta Ley le confiera en el marco de las actividades relacionadas con los trabajos de consulta para la revisión y armonización del texto constitucional, tendientes a lograr una Constitución de Principios.

Este Consejo tendrá carácter consultivo y podrá organizar sus actividades de conformidad con los acuerdos que para tal efecto apruebe la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Artículo 3.- El Consejo estará integrado por:

a) Tres senadores nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores;

b) Tres diputados nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados;

c) Un representante del Ejecutivo Federal;

d) Un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; y

f) Un representante de la Academia Mexicana de la Lengua.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado integrará y presidirá el Consejo.

Las Instituciones nombrarán formalmente a sus representantes, dando aviso por escrito a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Artículo 4.- Para el desarrollo de sus actividades, el Consejo contará con la participación de profesionistas independientes, de especialistas en determinados temas, de instituciones públicas, entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de organismos, cuando lo estime pertinente, los cuales podrán intervenir en sus reuniones de trabajo, a título estrictamente consultivo. Para estos mismos efectos, el ConsejoauxiliarádelInstituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

El Consejo tendrá la obligación de escuchar, recibir propuestas u opiniones, conforme a los lineamientos que apruebe la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de organismos de la sociedad civil, organizaciones, universidades, centros de investigación, asociaciones, organismos constitucionales autónomos, poderes legislativos, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, sindicatos, partidos políticos, académicos, investigadores y todo aquel interesado en participar en los trabajos que se realicen para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 5.- El Consejo tendrá a su cargo las siguientes funciones: I.- Durante su primera etapa de actividades, la cual concluirá un año después del inicio formal de sus trabajos, el Consejo deberá:

a) Analizar el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para detectar posibles anacronismos y contradicciones en los diversos preceptos normativos que lo integran, sin alterar el contenido de las disposiciones constitucionales;

b) Revisar la idoneidad del lenguaje técnico-jurídico que se utiliza en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar en qué casos no existe correspondencia exacta entre éste y el contenido normativo de los preceptos constitucionales;

c) Examinar el orden en que aparecen los diversos títulos, capítulos y secciones del texto constitucional, para determinar si éste debe ser modificado de conformidad con los criterios generales de la técnica legislativa;

d) Elaborar una opinión razonada sobre los cambios que deban hacerse al texto constitucional, con base en los análisis y en las revisiones que haya realizado, sin modificar sus contenidos normativos substanciales, la cual deberá ser entregada formalmente a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado a más tardar el día en el que concluya su primera etapa de actividades; y

e) Someter sus opiniones, recomendaciones y conclusiones a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para los efectos que ésta considere procedentes.

Adicionalmente, realizará las actividades y los trabajos que le encomiende la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado en esta primera etapa de revisión y armonizacióndel texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- Durante su segunda etapa de actividades, la cual deberá concluir a más tardar el 15 de diciembre de 2015, el Consejo deberá:

a) Explorar los fundamentos jurídicos y los procedimientos correspondientes, relativos al posible tránsito de un texto constitucional con sobrecargas normativas, hacia una Constitución de principios que sean reglados en leyes de desarrollo constitucional, las cuales se expedirán de manera concomitante;

b) Analizar la conveniencia de eliminar gradualmente las sobrecargas normativas que actualmente son perceptibles en determinados artículos del texto constitucional;

c) Examinar cuáles instituciones jurídicas y cuáles procedimientos normativos vigentes podrían fortalecerse para lograr una protección más amplia y eficaz de los Derechos Humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales que en él se mencionan;

d) Presentar una opinión razonada en estas materias a la consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, a más tardar el día en que concluya su segunda etapa de actividades; y

e) Atender todas las demás solicitudes que le formule la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y realizar todos los trabajos que ésta le encomiende relativos a la segunda etapa de sus actividades.

Artículo 6.- Para el desarrollo de estas funciones, el Consejo determinará los mecanismos y los procedimientos internos de trabajo que estime adecuados, de conformidad con los acuerdos que apruebe la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Artículo 7.- El Consejo tomará sus determinaciones funcionando en Pleno y contará con un secretario técnico, aprobado por mayoría absoluta de votos del Pleno, instancia que también designará al personal de apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades de este organismo. El Consejo contará con los elementos humanos, técnicos y materiales necesarios para el buen desempeño de sus actividades, así como para la elaboración del Libro blanco y las conclusiones.

Los trabajos realizados por el Consejo se regirán por el principio de máxima publicidad y transparencia.

Artículo 8.- El Consejo podrá sesionar y aprobar sus resoluciones con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. En todo caso, las determinaciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Si faltara a una sesión el Presidente, ocupará su lugar temporalmente y con todos sus derechos y obligaciones, el miembro del Consejo que éste designe.

Artículo 9.- El Consejo podrá recibir todo tipo de sugerencias y propuestas de la sociedad civil, o de instituciones públicas, de manera directa, o por medio de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, siempre y cuando éstas tengan relación con las funciones que le confiere esta Ley. Al emitir las opiniones razonadas a las que se refiere el artículo 5º de esta Ley, el Consejo señalará cuáles de esas sugerencias o propuestas fueron tomadas en cuenta y cuáles fueron desechadas, así como la motivación y fundamentación correspondientes.

Artículo 10.- El Consejo podrá organizar y coordinar la realización de los foros de consulta, los certámenes y de cualesquiera otras actividades que le señale la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, relacionadas con sus funciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo se instalará en un máximo de quince días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Tercero. Las erogaciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley se realizarán con los recursos que se señalen en los Presupuestos de Egresos respectivos, de manera directa, o vía las transferencias que autoricen el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión en el ámbito de sus competencias.

Cuarto. Esta Ley estará vigente hasta el 5 de Febrero de 2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. José María Martínez Martínez".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el C. Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI)

"Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan al Artículo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable las Fracciones IX, X, XI, XII, XIII Y XIV, recorriendo en el mismo orden las actuales IX y X, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La costa mexicana tiene una longitud de alrededor de 11,500 km de extensión, con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva (ZEE). La producción pesquera del país proviene tanto de la pesca por captura (realizada utilizando diferente artes de pesca según el tipo de peces y la zona), como por acuicultura (producción por cultivo). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and Agriculture Organization) posicionó a México en el lugar 17 de la producción pesquera a nivel global (2010), lo que equivale a una contribución del 0.95% a la producción mundial total1.

El Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2011 de la SAGARPA indica que la producción pesquera nacional total produjo en el año 2011 1,660,475 toneladas de peso vivo (1,397,620 de captura y 262,855 de la acuicultura), con un valor total de 17,785,719 millones de pesos (10,740,567 por captura y 7,045,152 por acuicultura). Del volumen total, 1,212,082 toneladas fueron para el consumo humano directo, 441,389 toneladas para consumo humano indirecto y 7,004 toneladas para uso industrial. En cuanto a la balanza comercial durante ese mismo año, las exportaciones ascendieron a 1,049 millones de dólares con 371,000 toneladas de pescados y mariscos en diversas presentaciones, mientras que la importación de productos pesqueros alcanzó un valor de 679 millones de dólares y un volumen de 215 mil toneladas de producto, logrando un saldo positivo de 370 millones de dólares.

Actualmente, México se encuentra en la posición 29 en cuanto a la producción derivada de la acuicultura a nivel mundial. De acuerdo a los registros de la FAO, México retrocedió 3 posiciones a nivel internacional entre 2009 y 2010, aunque a nivel nacional ha habido un aumento en este tipo de actividad. De 2006 al 2011 la tasa de crecimiento media anual de la producción acuícola fue de 0.5%, con una cifra histórica de 285 mil toneladas en 2009, contribuyendo con el 16% al total de la producción pesquera.

En este orden de ideas, es de señalarse que la acuicultura de especies de agua salada incluye principalmente al camarón (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco y Yucatán) y al ostión (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche).

En cuanto a las especies comercialmente explotables, éstas se dividen en cuatro grupos:

1. Especies pelágicas o masivas (atún, sardina, anchovetas).

2. Especies demersales (huachinango, huachinango rojo, lisa, pargo, tiburón, cazón, peto, macarela reina).

3. Crustáceos y moluscos (camarón, langosta, abulón, ostión, almeja, pulpo, caracol, pepino de mar, erizo).

4. Especies de cría: mojarra, tilapia, carpa, trucha, bagre y langostino.

Es de señalarse que la mitad de la producción pesquera en México se basa principalmente en peces pelágicos menores, camarón y atún.

En el año 2011, la mayor parte de la pesca se llevó a cabo en las costas del Pacífico. Verbigracia, en dicho litoral se realizó la captura del 83% del volumen de la producción pesquera total, en tanto que el litoral del Golfo y el Caribe participaron con el 14.4% y las entidades sin litoral contribuyeron con el 2.49%. Las entidades federativas con la mayor producción total fueron Sonora (36.78%), Sinaloa (20.35%), Baja California Sur (9.1%) y Baja California (8.17%) aportando en conjunto el 74.4% del total anual.

TENDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los especialistas han señalado que debido al cambio climático, la pesca y la acuacultura han sufrido severas afectaciones, lo que las convierte en actividades cada vez más frágiles y menos competitivas, lo que aunado a la pesca irresponsable y a la contaminación de esteros y ríos, impacta fuertemente el ecosistema y el ciclo de las especie mayores en la cadena alimenticia.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta prioritario realizar esfuerzos adicionales por parte del Estado para dar a estas actividades estratégicas y prioritarias un enfoque renovable, integral y sostenible que potencia al sector. Lo cual implica entre otras cosas, reducir el consumo de combustibles fósiles en los procesos de captura y acuicultura; utilizar tecnologías de energía renovable; evitar la pesca incidental, así como trabajar de manera coordinada con los sectores científico, industrial, empresarial, financiero, así como las cooperativas pesqueras que conforman una gran fuerza productiva que hoy en día agrupa a más de 180 mil pescadores y acuicultores que producen el 42% del pescado y marisco de nuestro país y cuya actividad, representa el 52% del PEA en el sector productivo.

A mayor abundamiento es de señalarse que la FAO2, ha señalado que además de los principales países importadores, una serie de nuevos mercados ha cobrado cada vez mayor importancia para los exportadores a nivel mundial. Entre estos destacan Brasil, México, la Federación de Rusia, Egipto, Asia y el Cercano Oriente, en general.

Además del descenso de la producción en Perú y Chile como consecuencia de la disminución de las capturas de anchoveta, otros países pesqueros importantes que mostraron tendencias a la baja en el total de capturas marinas en 2009 y 2010 fueron los siguientes: el Japón, la República de Corea y Tailandia en Asia; Argentina, el Canadá y México en las Américas; Islandia en Europa; y, en menor medida, Nueva Zelandia.

Además de los tres principales países de importación, una serie de nuevos mercados son cada vez más importantes para los exportadores a nivel mundial. Entre ellos, cabe destacar, Brasil, México, la Federación de Rusia, Egipto, Asia y el Cercano Oriente en general. En Asia, África y América Central y del Sur, el comercio regional sigue siendo importante, aunque, en muchos casos, no siempre se refleja adecuadamente en las estadísticas oficiales. La mejora de los sistemas internos de distribución de pescado y productos pesqueros, al igual que el aumento de la producción acuícola, han contribuido a la expansión del comercio regional.

A mayor precisión, el Organismo considera que recientemente, México se ha convertido también en un proveedor importante de Europa. Los suministros de pulpo han concitado problemas; este factor fue el rasgo distintivo del comercio a lo largo de 2011.

En la dinámica antes mencionada, es menester apuntar que las aguas continentales se caracterizan por una fuerte competencia por los recursos de agua dulce de sectores distintos de la pesca y la acuicultura. Está previsto que se duplique la demanda de agua dulce para 2050 a medida que la población mundial alcance los 9 000 millones de personas. De los 3 800 km3 de agua dulce disponible en el mundo, la agricultura utiliza actualmente el 70 %, la industria extrae otro 20 % y el 10 % restante es para uso domestico1.

Es de señalarse que en el documento diagnóstico de la FAO, así como en las recomendaciones s derivadas de foros y encuentros internacionales, se ha planteado que estos sectores son muy importantes en la economía nacional, pero rara vez se toman en consideración los recursos pesqueros, aunque la pesca de agua dulce es un usuario no consuntivo del agua. La aplicación de un enfoque eco sistémico para la ordenación de los recursos de agua dulce para la pesca y la acuicultura requerirá la toma en consideración de estos sectores concurrentes, así como la apreciación del valor de los múltiples usos de estos recursos.

En 2008, la producción de la pesca de captura en aguas continentales ascendía a 10,2 millones de toneladas por un valor de 5 500 millones de dólares estadounidenses aproximadamente, mientras que las cifras correspondientes a la acuicultura continental eran de 33,8 millones de toneladas y 61 100 millones de USD, respectivamente. Sin embargo, estas cifras son mucho menores que el valor derivado de otros usos del agua dulce. A escala mundial, el valor de los productos industriales y agrícolas obtenidos con agua dulce como un factor necesario de producción es considerablemente mayor. Sin embargo, a nivel regional o local, el uso industrial del agua dulce puede ser escaso y el pescado puede contribuir notablemente al aporte de micronutrientes y proteínas de origen animal a la alimentación local. En esas zonas, la utilización de un enfoque eco sistémico para el desarrollo y la ordenación de los recursos naturales debería garantizar también un lugar para la pesca de agua dulce.

Puede seguir utilizándose el agua dulce como una zona para la producción pesquera, a medida que la industria y la agricultura crecen, a través del cambio tecnológico. Se registran indicios alentadores a este respecto, como el desarrollo de pasajes para peces más adecuados que permiten a las especies de rio migrar por las instalaciones hidroeléctricas y las mejoras en los sistemas de riego que aumentan su eficiencia. Sin embargo, muchos países todavía carecen de la capacidad institucional para abordar eficazmente estas cuestiones multisectoriales.

PROBLEMÁTICA

Cada vez más, la pesca y la acuicultura se producen –por casualidad o deliberadamente– en el mismo ecosistema. La pesca basada en la acuicultura (programas que potencian la repoblación) y la acuicultura basada en la captura, son cada vez más comunes, lo cual da lugar a una creciente interdependencia entre ambas. Los peces que escapan de las granjas piscícolas pueden afectar no solo a las pesquerías locales, sino que su interacción también es mayor en el medio marino.

La relación entre la pesca y la acuicultura es cada vez más estrecha a medida que los pescadores pasan de la pesca a la acuicultura y al competir en los mismos mercados con productos similares. La necesidad de integrar la planificación y la ordenación de ambos sectores parece esencial para su desarrollo y sostenibilidad en el futuro.

Resulta urgente la aplicación del enfoque eco sistémico de la pesca y la acuicultura contribuirán a superar la fragmentación sectorial e intergubernamental de las iniciativas de ordenación de los recursos y a elaborar mecanismos institucionales y acuerdos del sector privado en aras de una coordinación efectiva entre los distintos sectores y subsectores activos en los ecosistemas en que la acuicultura y la pesca operan, así como entre los diferentes niveles de gobierno. La ordenación basada en el ecosistema comporta una transición de la planificación sectorial tradicional y la toma de decisiones para la aplicación de un enfoque más holístico a una gestión integrada de los recursos naturales de manera adaptativa.

A largo plazo, todos los suministros comerciales de pescado y de peces destinados a usos distintos de la alimentación, provendrán de una de estas tres fuentes: i) granjas piscícolas o acuicultura; ii) pesquerías mejoradas por la acuicultura; iii) pesquerías que adoptan sistemas eficaces de ordenación. Las dos primeras representan un desafío para la acuicultura y requieren que se preste especial atención a las sinergias y complementariedades entre la pesca y la acuicultura, incluidos los aspectos institucionales, sociales, económicos, ambientales y biotecnológicos.

El reconocimiento de estos vínculos ofrece oportunidades para el desarrollo sectorial, la mejora de la seguridad alimentaria y de los medios de vida rurales, así como la reducción de la pobreza. Han de establecerse asociaciones entre estos dos subsectores ya que están estrechamente relacionados (véase la siguiente figura); ambos dependen de ambientes acuáticos sanos y se ven afectados por otras actividades de desarrollo. Por ejemplo, en los próximos decenios, la pesquería basada en el cultivo probablemente desempeñe una función mucho más decisiva en el mantenimiento y el aumento de los rendimientos de la pesca de captura con miras a proporcionar un bien público final que incluya los objetivos de conservación. Por tanto, es esencial analizar la situación actual de la pesquería basada en el cultivo y el fomento de la repoblación con objeto de evaluar íntegramente los efectos de estas actividades y determinar las limitaciones y el modo de incrementar los beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante la aplicación de un enfoque eco sistémico para la producción pesquera total. También es necesario mejorar la comprensión de las repercusiones ambientales posibles y reales de la reproducción.

PROPUESTA

En razón de lo antes expuesto, se considera pertinente adicionar algunos principios al artículo 17 del ordenamiento en comento, a efecto de formular y conducir la política nacional en la materia, bajo los nuevos criterios adoptados por la comunidad internacional y las necesidades medioambientales derivadas del cambio climático con el objeto de incrementar la productividad de los sectores pesquero y acuícola e impulsar su competitividad en beneficio del desarrollo sostenible regional y nacional, toda vez que de ahí depende el futuro de las siguientes generaciones.

En suma, se trata de adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente, con el propósito de que oriente y regule nuevas conductas, tomado en consideración el contexto actual, el cual nos exige responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado, al tiempo de que debemos fortalecer la planta productiva nacional. La gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros y acuícolas, es una condición indispensable para reducir la pobreza.

No debemos olvidar que el crecimiento económico está directamente vinculado con la promoción de un desarrollo justo y equitativo y por una clara articulación de la política económica con la política social para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, de ahí que consideramos imperativo rescatar el modelo económico socialmente responsable y superar así la pobreza y la desigualdad.

En este sentido, reconocemos que la búsqueda de un nuevo orden económico implica la redefinición del modelo de desarrollo para lograr que los beneficios del crecimiento y de nuestra participación en las redes económicas internacionales, sean disfrutados por todos los mexicanos, en condiciones de igualdad y sin exclusión alguna.

En tal virtud, es que se somete a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adicionan al artículo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura sustentables las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, recorriendo en el mismo orden las actuales IX y X, pasando ahora a ser las XV y XVI, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 17.- ………………………………:

I. a VIII…………..

IX. Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor, buscando la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva, dándoles valor agregado;

X. Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas;

XI. Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente;

XII. Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo una cultura empresarial pesquera y acuícola, orientada a toda la cadena productiva, que aumente la productividad y mejorare la competitividad;

XIII. Impulso regional equilibrado y equitativo;

XIV. Financiamiento para el Desarrollo e innovación tecnológica y científica, modernización de la flota pesquera, unidades de cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos y artes de captura;

XV. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos para realizar actividades pesqueras y acuícolas, así como en las medidas para el control del esfuerzo pesquero, para que sean eficaces e incorporen mecanismos de control accesibles a los productores; y

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas."

1http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/pesca_en_mexico.html. Red genómica, pesca y acuacultura para la innovación.

2Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, Roma, 2012 “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura 2012”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 168 Y DOS PARRAFOS FINALES AL ARTICULO 289 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y DOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO, RECORRIENDOSE EL ACTUAL TERCERO A QUINTO AL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

"MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 168, DOS PARRAFOS FINALES AL ARTICULO 289, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO, RECORRIENDOSE EL ACTUAL TERCERO A QUINTO AL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La complejidad delictiva que ha venido viviendo nuestro país en los últimos tres lustros ha hecho que el Estado Mexicano tenga que adecuar sus leyes a fin de tener herramientas constitucionales que permitan su actuación, este es el caso del arraigo y de los llamados “testigos protegidos” o “testigos colaboradores”.

Así, en el 5 de diciembre de 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Dicho ordenamiento contempla la figura de Testigos Colaboradores, definidos en la fracción X del artículo 2º como: la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada.

Dicho ordenamiento responde a la necesidad de combatir, por todos los medios legales, el crimen organizado. Deviene también de la obligación como Estado Nacional de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, cuyo artículo 24, párrafo 1º, establece que “los Estados parte adoptarán las medidas apropiadas para proteger de manera eficaz eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre los delitos comprendidos en la convención, así como, cuando proceda, se otorguen a sus familiares y demás personas cercanas”.

Esta figura también ha sido recogida en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en cuyo artículo 36 establece la protección a los integrantes de una organización criminal que, de forma voluntaria, presten asistencia o ayuda a las autoridades para el combate de los delitos previstos en dicho ordenamiento.

Esta figura ha sido recogida en sistemas penales en el mundo, son los casos de los Estados Unidos de América, Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Ecuador ejemplos de este tipo de legislación.

Sin duda ha sido un avance en el combate a la delincuencia pero también ha implicado actos injustos de la autoridad en contra de “presuntos” integrantes o copartícipes de delitos como el narcotráfico.

Esto ha llevado al Estado Mexicano a actuar de manera discrecional en la persecución de “delincuentes” civiles o autoridades policiacas, militares o administrativas ocasionando daños a sus derechos, personas y reputación.

Es necesario que la actividad que lleven a cabo integrantes de la delincuencia organizada al participar en programas de protección y asistencia a las autoridades de procuración de justicia, sea limitada a fin de que tanto el Ministerio Público durante la etapa de investigación, como el Juez de la Causa, valoren y aprecien tácitamente, los dichos de testigos bajo la calidad de colaboradores, no sólo con su dicho, sino teniendo en cuanta elementos de prueba que sustenten los mismos.

Es importante que, a pesar de la complejidad del combate a la delincuencia, el Estado Mexicano garantice en todo momento el respeto a los derechos humanos de aquellos que sean indiciados o imputados a fin de evitar a toda costa daños y violaciones graves al ejercicio de éstos.

Una de las medidas que el Estado Mexicano ha establecido con el propósito de obtener mayor éxito frente a la delincuencia organizada, es la colaboración de quienes han formado parte de esas organizaciones, denominados “testigos colaboradores” o “testigos protegidos”.

No obstante la utilidad de dicha herramienta de información, en los últimos años el uso de esa figura ha dado lugar a serios cuestionamientos y críticas por la ineficacia que con ello se ha alcanzado, o peor aún, por la afectación que a personas consideradas inocentes o ajenas a las actividades delictivas se les han causado con base en el sólo dicho de esa clase de “testigos”.

En no pocas ocasiones, algunos de esos testigos colaboradores han sido la base, única o al menos la fundamental, para tratar de sustentar acusaciones en contra de algunas personas a las que finalmente se les tuvo que liberar o declarar sin responsabilidad penal.

Aún más, es conocido públicamente, por la información que se ha divulgado, que algunos de esos testigos han emitido declaraciones en diversos casos, sobre hechos desvinculados unos de otros, pero siempre con el común de imputar conductas delictivas a determinadas personas. Es decir, que han aparecido esos testigos como sabedores de múltiples sucesos y ello ha sido utilizado para incriminar, sin siquiera la corroboración de las imputaciones, ya no digamos otros elementos de prueba, a políticos, servidores públicos, integrantes de las fuerzas armadas y de cuerpos de seguridad, como a civiles en general.

Los resultados de todo ello son del todo sabidos: daños y perjuicios múltiples a quienes han sido objeto de la utilización de testigos colaboradores, empezando por la afectación a su fama pública, a su dignidad y a su buen nombre, no se diga las repercusiones para su vida personal, familiar, laboral y social.

El que las personas señaladas por testigos colaboradores resulten exoneradas, remedia su situación jurídica y les brinda la libertad que nunca debieron perder, sin embargo en diversos aspectos personales el daño ya está hecho.

La eficacia de la institución de procuración de justicia se ha visto mermada con resoluciones contrarias a sus pretensiones en inmenso número de casos en que se han utilizado dichos testigos colaboradores.

Ese estado de cosas amerita ser modificado, y si bien la figura debe ser mantenida para que en la investigación de delitos cometidos por la delincuencia organizada se aproveche la colaboración de quienes tengan información sustantiva de las organizaciones de esa naturaleza, de sus integrantes, de sus modus operandi y de todo que con ello se relacione, se requiere fijar en las leyes las pautas para que no siga ocurriendo lo que antes se ha reseñado.

Un aspecto básico a considerar para generar los cambios legislativos correspondientes, es el de que esas personas que deciden colaborar con la autoridad, no son personas comunes como el grueso de las que integran la sociedad. Son individuos que previamente han optado por delinquir y formar parte de grupos delictivos que han venido causando una gran afectación social.

Por ello, su testimonio debe ser tomado con reservas y sujeto a una plena comprobación, además de que debe eliminarse la posibilidad de que rindan testimonio tras testimonio en contra de diversas personas y por diversas circunstancias. De seguirse aceptando esto, se deja campo libre a una posible inducción de esos testigos para incriminar dolosamente a determinadas personas.

En materia del uso de testigos colaboradores, o protegidos, como también se les denomina, nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción y la falsedad, pero deben acotarse al máximo para evitar el abuso en su utilización y resultados ineficaces.

En los últimos tiempos, las declaraciones de los testigos colaboradores, han sido calificadas como carentes de valor probatorio, por no encontrar soporte en otros medios de prueba que les robustezcan o al menos les hagan verosímiles, siendo en la mayoría de los casos declarados falsos o inducidos quedando sin valor probatorio en los procesos penales en que fueron utilizados.

Varios, pero relevantes investigaciones ministeriales han tenido como principal soporte probatorio el dicho de testigos colaboradores, quienes realizaron imputaciones en contra de todo tipo de personas, aparentemente involucradas con la comisión del delito de “Delincuencia Organizada”, delito que es considerado de consumación permanente y automáticamente coloca al indiciado en flagrancia, permitiendo su detención, su retención y posterior arraigo, para ser posteriormente consignado ante un Juez, lo que le implica una privación de su libertad que puede ir desde los 40 días a más de dos años, hasta demostrar durante el proceso la insuficiencia o falsedad de esas declaraciones y obtener su libertad.

Por ello, se insiste, es necesario regular de manera más estricta el uso de los testigos colaboradores.

Otro apartado en el que debe modificarse la ley es para dejar expresamente establecido que la sola declaración de testigos colaboradores, será insuficiente para el ejercicio de la acción penal, dictar orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, y de ser el caso, sentencia condenatoria en contra de persona alguna.

Esto encuentra su razón de ser en que el dicho de los llamados testigos colaboradores, son in merecedores, por sí solos, de valor jurídico, en consideración no sólo a su ejercicio delictivo, que pudiera ser, en sí, un motivo suficiente, sino porque es de inferirse que su dicho puede estar guiado por el interés de aprovechar los beneficios de tener que involucrar en actividades delictivas a “alguien”, lo que abre un camino enorme para un indebido aprovechamiento de esa circunstancia por parte de censurables funcionarios ministeriales a cargo de las investigaciones, y así enfocar imputaciones de esos testigos delincuentes en contra de personas a las que se pretenda perjudicar.

En un contexto objetivo, acorde con una adecuada valoración de los elementos de convicción incorporados a una indagatoria ministerial, el testimonio de los colaboradores sólo puede ser considerado como un indicio más, pero no la prueba que cimiente una eficaz y seria investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito.

Es necesario por ello, acotar la utilización del testimonio dado por “testigos colaboradores” para evitar el manejo indiscriminado y discrecional de dicha figura, pues además del poco crédito que puede darse a la declaración de quién es y aceptó ser un delincuente, debe ponderarse debidamente si merece confiabilidad, ante la posibilidad de que su declaración haya sido alentada por sus propios intereses o inducida por terceros aún miembros de los grupos u organizaciones de la Delincuencia Organizada.

En todo caso, es y debe ser objeto de duda la declaración de un testigo colaborador, hasta en tanto no se demuestre objetivamente y con otros medios de prueba, enteramente idóneos –conforme a la naturaleza de los hechos que se pretendan probar- la certeza y eficacia de su dicho.

La facilidad para someter a una persona inocente a un régimen penal de excepción, como es el aplicable a la delincuencia organizada, derivado de la declaración de un colaborador, es lo realmente peligroso, pues basta pervertir y corromper, por medio de la inducción al testigo colaborador, para que ese inocente pierda su libertad a causa de un proceso penal seguido en su contra.

Se ha utilizado al testigo colaborador, cuando no se cuenta con pruebas suficientes para consignar a los presuntos responsables, lo que ha convertido a esa figura en el sustituto de efectivas técnicas de investigación y eficaces servicios de inteligencia en el combate al crimen organizado.

El Ministerio Público está obligado a presentar pruebas claras y convincentes que sirvan para robustecer el dicho de “testigos colaboradores”, en cumplimiento a la carga de la prueba quele impone el derecho, de lo contrario se continuaran perdiendo procesos en los que los procesados pasan finalmente a la categoría deinjustamente detenidos y procesados. Incluso, ello puede dar lugar a que auténticos delincuentes resulten sin responsabilidad, aun teniéndola, debido a prácticas ministeriales erróneas.

Establecer medidas de control en el uso de “testigos colaboradores”, reducirá los procesos penales basados únicamente en dichos de éstos. Obligará a la autoridad investigadora a realizar mejor su trabajo, impidiendo que haya testigos colaboradores que rindan declaraciones de forma periódica solo para hacer nuevas imputaciones en contra de nuevas personas, a conveniencia de la autoridad que le administra, pues finalmente al testigo, le importa obtener los beneficios ofrecidos no obstante puede incluso falsear declaraciones o crear nuevas para involucrar a personas inocentes.

ASPECTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

La prueba testimonial es aquella que se basa en la declaración de una persona, ajena a las partes sobre los hechos relacionados como la litis que hayan sido conocidos directamente y a través de sus sentidos.

Los elementos de un delito deben ser acreditados de manera fehacientemente ya sea por el Ministerio Público durante la indagatoria; ya valorados de manera exhaustiva por el juzgador del conocimiento de la causa. Así, la teoría penal nos habla de los elementos normativos, objetivos y subjetivos de la tipología criminal.

Los elementos normativos consisten en la descripción del tipo penal con relación al bien jurídico que es tutelado por la norma penal. Por su parte los elementos objetivos atañen a aquellos elementos materiales que deben ser cubiertos por el delincuente para la comisión del delito. Los subjetivos consisten en cuanto a las características del sujeto, así como los elementos volitivos entre el resultado y el querer las consecuencias del mismo. Todos ellos deben ser comprobados de una manera presuncional (indagatoria) y de manera indubitable (proceso penal) a fin de determinar la responsabilidad y establecer la individualización de la pena al sentenciado.

Por ello cobra relevancia los medios probatorios tanto en la etapa de investigación como en la de proceso penal. Nuestro sistema procesal reconoce pruebas que pueden ser catalogadas como materiales y personales. Las primeras son aquellos medios físicos, tecnológicos o cualquier otro reconocido y autorizado por la ley que pueda ser desahogado en un proceso y su fin es demostrar la culpabilidad de un sujeto. Por otra parte, las pruebas personales son aquellas en las que participa un individuo manifestando circunstancias que le son conocidas por sus sentidos, o que pueden llegar a conclusiones a través de operaciones racionales (silogismos, etc.), entre estas podemos encontrar a las confesionales, las testimoniales y las presuncionales. Sin embargo tanto las pruebas materiales como las personales deben tener medios de perfeccionamiento, es decir, que a través de la relación con los hechos imputados, así como el desahogo de otras pruebas permitan convicción en el juzgador de manera tal que no debe existir duda para la determinación de la responsabilidad de aquel a quien se le imputa un hecho delictivo.

Sin duda, la valoración de la prueba testimonial durante la etapa indagatoria como en el proceso penal, incide de manera sustancial en el aspecto subjetivo tanto de quien emite su testimonial, como en cuanto pueda incidir favorable o desfavorablemente en contra el indiciado o procesado.

Sin embargo considero necesario llevar a cabo la delimitación de la valoración y su fuerza para incidir en la decisión ya del ejercicio de la acción penal, en la declaración de una presunta responsabilidad o en la sentencia condenatoria en donde, la prueba de mayor peso, sea la testimonial.

Es de entender que la utilización de “testigos protegidos” o, como lo establece nuestro sistema penal “testigos colaboradores” ha servido, en algunos casos, para determinar la culpabilidad de un procesado, sin embargo no es dable en aras de la protección del principio de inocencia, que una persona sea procesada o condenada por el “dicho” de alguien que, siendo delincuente, colabore a cambio de protección e inmunidad (que no impunidad) con las autoridades para la persecución y sanción de otros.

Por ello es necesario limitar de manera específica tanto la emisión del testimonio y su valoración a fin de evitar daños a los derechos de terceros los cuales, por un informe o dicho sin sustento debido de otros medios probatorios pueda ser sometido a proceso, en ocasiones en reclusión, y condenados teniendo como base la prueba testimonial.

Se establece entonces la obligación del juzgador para que, en la etapa de valoración de la prueba testimonial y, siendo que esta fue emitida por un testigo colaborador, tenga que ser valorada o sustentada de manera fehaciente con los demás medios probatorios so pena de tener que desestimar la testimonial.

En este sentido me permito transcribir la siguiente Jurisprudencia emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito:

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 1078

TESTIGO UNICO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA FUNDAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA.

Por regla general, en el procedimiento penal una sentencia condenatoria no puede sustentarse en el dicho de un solo testigo. Sin embargo, para que el testimonio de la única persona que presenció los hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria, es menester que el mismo ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal que sea capaz de convencer con su dicho, bien sea por la evidente razón de haber conocido los hechos o por determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un testigo insospechable de parcialidad. Por lo que el juzgador, a efecto de determinar si la manifestación del testigo único reúne tales características deberá atender a la forma en que se desarrollaron los hechos, a las circunstancias de su realización, a las particularidades que revista tanto el testigo como su declaración y, además, a que lo testificado por éste se encuentre adminiculado con el resto de las pruebas indirectas que determinen fehacientemente la responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado. De donde se sigue que si de autos se advierte que por la hora y forma de comisión del hecho delictivo, éste se realizó en presencia de un solo testigo; que no se advierte que trate de perjudicar al quejoso; y, además, que su manifestación se encuentre adminiculada con el resto de las pruebas existentes en el sumario, por tanto, es evidente que el testimonio de éste adquiere valor preponderante y, por ende, es suficiente para fincar responsabilidad penal al quejoso en la comisión del delito que se le reprocha.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO

Amparo directo 71/2003. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez.

Amparo directo 777/2003. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Mazariegos Aguirre, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.

Amparo directo 179/2004. 5 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Morán Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Antonio Artemio Maldonado Cruz.

Amparo en revisión 632/2004. 29 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: José Francisco Chávez García.

Amparo directo 265/2005. 23 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.

Como se puede observar, la propuesta a consideración de esta Honorable Asamblea retoma lo previsto en dicha Jurisprudencia, al obligar que dicho medio probatorio tenga relación con los hechos y que esté debidamente sustentada en otras pruebas contenidas en la causa penal.

En cuanto al segundo párrafo que propongo sea incluido en el texto de la Ley, debo señalar que si bien es cierto es jurídicamente viable la existencia de testigos únicos, también lo es que se debe de acreditar la plena responsabilidad del procesado no sólo con este medio probatorio, sino que debe esta prueba ser relacionada con los hechos imputados, por lo que la valoración de ésta debe ser hecha de manera integral con lo existente en el expediente de la causa.

Con la intención de ilustrar lo anterior, me permito transcribir las siguientes Jurisprudencias:

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Pág. 356

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN.

El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, en consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 133/2005-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Tesis de jurisprudencia 81/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de octubre de dos mil seis.

Votos Particulares

CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2005-PS.

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Junio de 2010; Pág. 808

PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACION.

Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 564/98. Josefina Gutiérrez viuda de Chong y otra. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.

Amparo directo 5/2004. María de Lourdes Chávez Aguilar. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo.

Amparo directo 104/2004. Esther Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.

Amparo directo 180/2008. **********. 2 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.

Amparo directo 103/2009. Abelardo Pérez Muñoz. 23 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.

Es importante tomar en cuenta tanto las Jurisprudencias transcritas como los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con mayor relevancia, los derechos de legalidad, de presunción de inocencia y de garantía procesal a fin de evitar a toda costa, el daño a un inocente, a su persona, patrimonio y honor.

En congruencia con todo lo anterior, mediante esta iniciativa se propone reformar el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para establecer mecanismos de regulación que obliguen a la autoridad a fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, motivados por la declaración de “testigos colaboradores” ya que ésta (la simple declaración) nunca será suficiente para acreditar la existencia de los hechos delictivos y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en ellos.

Ello obligará a la autoridad ministerial a ser exhaustiva en la declaración para obtener la mayor información sobre otros miembros de la delincuencia que resulten sujetos activos del delito de delincuencia organizada y a sujetar los dichos a ser sustentados y corroborados mediante otros elementos de prueba para establecer un mínimo de veracidad en sus afirmaciones, sin que sea suficiente la declaración de colaboradores para detener o arraigar a una persona.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 168, DOS PARRAFOS FINALES AL ARTICULO 289, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO, RECORRIENDOSE EL ACTUAL TERCERO A QUINTO AL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan un último párrafo al artículo 168; así como dos párrafos finales al artículo 289, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 168.-

La sola declaración de uno o varios testigos sin que se complementen con otras diligencias probatorias relacionadas con los mismos hechos objeto de la investigación, serán insuficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad del indiciado.

Artículo 289.-

I.- a V.-

Para el caso de Testigos Colaboradores, el Juez deberá cerciorarse que los dichos que afirme el testigo estén sustentados y relacionados con otros medios probatorios.

Se podrá condenar a un procesado por la declaración de un testigo colaborador, cuando la corroboren fehacientemente otros medios probatorios.

SEGUNDO.- Se adicionan dos párrafos que serán tercero y cuarto, recorriéndose el actual tercero a quinto, al artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 41.- ...

Para el caso de Testigos Colaboradores, el Juez deberá cerciorarse que los dichos que afirme el testigo o testigos estén sustentados y relacionados con otros medios probatorios.

Se podrá condenar a un procesado por la declaración de testigo colaborador, cuando la corroboren fehacientemente otros medios probatorios.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de julio de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar."

Tenemos ahora la primera lectura de dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictámenes de primera lectura)



Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Quedan de primera lectura.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alvarez Fuentes para aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno de la República del Líbano.






PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de la Primera Comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No existen oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Señor Presidente, se emitieron 22 votos a favor y 2 abstenciones.

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alvarez Fuentes para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Líbano. Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión; solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura a los dictámenes.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el grado de avance en el bloqueo de celulares en las cárceles del país.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a analizar los mecanismos para favorecer la administración de las instalaciones deportivas ubicadas dentro de las demarcaciones de diversas delegaciones del Distrito Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Fiscalía Federal del Estado de Yucatán a intensificar las investigaciones sobre los hechos relativos a la publicación de imágenes de una persona menor de edad desnuda en el Diario “Por Esto! Dignidad, Identidad y Soberanía” del estado de Yucatán.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el estado de avance en que se recibió el túnel emisor oriente.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-10-1/assets/documentos/tunel_emisor.pdf

Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones para garantizar la seguridad e integridad de las personas que participan en actos públicos que se desarrollan en la ciudad.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones llevadas a cabo para atender la recomendación 03/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al gobierno federal a mantener un diálogo permanente con el Poder Legislativo a fin de construir una agenda compartida en los términos de la estrategia 1.1.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a las legislaturas estatales a considerar el fortalecimiento del marco jurídico local en materia de protección de menores.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar en el marco jurídico estatal la armonización con las previsiones en materia de derechos humanos y contra la trata de personas.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a presentar un informe sobre los avances en materia de implantación del nuevo sistema de justicia penal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

En relación con la interrupción del embarazo.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar su legislación para que las mujeres accedan al aborto legal bajo las casuales previstas en sus Códigos Penales.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México constituye un hecho histórico y un parte aguas en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Desde su regulación el 24 de abril del 2007 a la fecha se han practicado cerca de 117,000 procedimientos en condiciones dignas, seguras e higiénicas, que han contribuido al ejercicio libre e informado de los derechos sexuales y reproductivos de miles de mujeres.

Consideramos que la aprobación de las emblemáticas reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal son ejemplo de un ejercicio de armonización legislativa congruente con el principio pro persona, incluido en el a artículo primero constitucional, a partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2010, así como con el principio de progresividad que busca ampliar los márgenes de la estandarización de los derechos humanos.

Desde la Cámara de Diputados trabajamos, para que este ejercicio se replique en el resto de los estados del país, con el objetivo de acabar con el agravio comparado que generan las legislaciones locales, que no sólo impiden el goce del derecho a la maternidad libre y voluntaria, sino que criminalizan la decisión de las mujeres de elegir libremente sobre sus cuerpo y sus vidas.

Nos inquieta la tendencia creciente de procesos penales y encarcelamientos contra mujeres que interrumpen su embarazo por diversas razones, según el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) en 2007 se documentaron apenas 62 casos mientras que entre 2009 y 2011 sumaron 679.

Es alarmante ver como en México se elevó en 163.8 por ciento el número de mujeres denunciadas por haber abortado a partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, de 2009 a 2011.

GIRE ha documentado casos de mujeres sujetas a procesos penales por abortar. En la mayoría de los casos se trata de personas con muy pocos recursos económicos y de información, particularmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por ello en el marco de la despenalización de la ILE, también hacemos patente nuestra preocupación por las legislaciones restrictivas de 18 estados del país que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y contravienen el principio de laicidad del estado.

En el PRD tenemos la convicción de que la ley y los derechos no se negocian, por ello hacemos un llamado a los gobiernos estatales para que respeten y cumplan las obligaciones internacionales y tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Entre estas medidas destacamos la revocación de leyes que penalizan el aborto y criminalizan a mujeres que han tenido un aborto o intentado tenerlo.

Tal como lo ha manifestó el Comité de la CEDAW en su periodo 52 de sesiones, el Comité expresó su preocupación por los casos de mujeres a quienes les ha sido denegado acceso al aborto legal, incluso cuando cumplan los criterios legales restrictivos; pero han sido reportados a las autoridades judiciales por los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales y en consecuencia, privadas de su libertad y condenadas a largas penas de prisión por motivos de infanticidio o asesinato.

La legislación vigente señala que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia dentro y fuera del hogar, cuentan formalmente con el derecho a recibir atención médica y psicológica de manera gratuita en todo el sistema de salud gracias a la Norma Oficial 046, para atención a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, que mandata a todas las instituciones de salud a otorgarles asistencia y tratamientos, de manera especial, a quienes hayan sufrido violencia sexual para que se les proporcionen tratamientos de profilaxis para VIH/SIDA, enfermedades de trasmisión sexual, anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo en caso de violación, con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

En el marco de esta conmemoración, recordamos también a las autoridades del sector salud de todos los niveles de gobierno, que tienen una asignatura pendiente con el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, de acuerdo con GIRE: "A pesar de existir la obligación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) de ofrecerla en un plazo no mayor a 120 horas”, solo 15 de los 32 estados la proporcionan, entre ellos Durango, Guerrero, Zacatecas y el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna hago un exhorto a las autoridades para que cumplan con las recomendación que el Comité de la CEDAW emitió al Estado mexicano durante su 52 periodo de sesiones, que se conjugan en los siguientes puntos de acuerdo, que se someto a la consideración de esta H. Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO: La Comisión Permanente exhorta a los gobiernos estatales a que aseguren que en sus entidades, las mujeres cuyos casos recaigan bajo cualquiera de los supuestos legales que permiten el aborto, tengan acceso a servicios seguros de salud, y se garantice la adecuada implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, particularmente el acceso para las mujeres víctimas de violación a al aborto, contracepción de emergencias y atención preventiva de enfermedades transmitidas sexualmente y VIH/SIDA.

SEGUNDO: La Comisión Permanente exhorta a las legislaturas de los estados a revisar y armonizar las leyes relativas al aborto y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a la maternidad voluntaria, a la luz del artículo 1° constitucional y el principio pro persona. En particular a que especifiquen la autoridad responsable de dar certeza jurídica y seguimiento a los procedimientos de aborto legal previstos en los Códigos Penales de cada estado.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta a las y los titulares de las Secretarías de Salud de los estados, a que prevengan a los proveedores de servicios públicos y privados de salud, así como al personal de las áreas de trabajo social para que se abstengan de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, en virtud de que las reformas a las constituciones locales no han abrogado los motivos para aborto legal. Así como para que en su práctica prevalezca el derecho humanos a la salud de las mujeres, eliminando cualquier acto de criminalización en su contra.

CONSIDERACIONES

I. México es miembro del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), establecido por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de monitorear el progreso en la implementación de sus disposiciones por los países signantes.

Como refuerzo en esa tarea, en 1999 la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención, mismo que permite al Comité de la CEDAW conocer de reclamaciones individuales y desarrollar investigaciones con relación al cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención por un Estado Parte.

La propia ONU reconoce que nuestro país fue uno de los primeros en ratificar la Convención y su Protocolo Facultativo, lo que permitido al Comité CEDAW revisar los informes periódicos presentados por el Estado mexicano de manera oportuna, habiendo incluso ejercido la facultad de investigación que le otorga el mismo Protocolo.

Como lo informa la proponente del punto de acuerdo en dictaminación, durante su 52º período de sesiones celebrado los días 9 a 27 de julio de 2012, en la ciudad de Nueva York, específicamente en sus sesiones 1051º y 1052º del 17 de julio, el Comité del CEDAW examinó los informes periódicos Séptimo y Octavo combinados de México y como resultado emitió el documento “Observaciones del Comite de la CEDAW al gobierno mexicano”. Ejercicio que, reconoce el propio Comité, “permitió evidenciar los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de recomendaciones al Estado mexicano”, destacando, de inicio, “el esfuerzo realizado por el Estado para atender esta revisión, así como el involucramiento altamente calificado que hubo por parte de la sociedad civil” (México ante la CEDAW, María José Gómez González y Alán García Campos, Coordinadores, ONU, México, 2012).

En el documento de observaciones, el Comité realiza diversos elogios a los avances que presenta nuestro país en la observancia de los derechos de la Convención, al tiempo en que emite recomendaciones relativas a los diversos rubros que abarcaron las revisiones: armonización legislativa; violencia contra las mujeres; trata de personas; participación de las mujeres en la vida política y pública; defensoras de los derechos humanos y periodistas; los derechos a la educación, la salud y el empleo de las mujeres; la situación de las mujeres indígenas en las zonas rurales; los derechos de las mujeres en el marco de las relaciones familiares y matrimoniales, entre otros.

Destacadamente, los elogios se dirigen, entre otras acciones: a la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011), que da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado parte, incluida la Convención, y que consagra el principio pro personae; a las modificaciones realizadas al COFIPE en 2008, que introdujo el sistema de cupos de género para registrar a los candidatos en una proporción de 40:60; a las acciones legislativas para abordar la violencia contra las mujeres en el plano federal, con la adopción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, y sus reglamentos, la promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de 2012, así como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, en el punto C. Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones, el Comité “recuerda la obligación del Estado Parte que de manera sistemática y continúa ponga en práctica todas las disposiciones de la Convención y considera que las preocupaciones y recomendaciones expresadas en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado Parte”. Por lo tanto, el Comité insta al estado Mexicano a que “centre en esas esferas sus actividades de realización e informe sobre las medidas adoptadas y los resultados conseguidos en su siguiente informe periódico”. Por último, insta al gobierno mexicano a que “transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes”, enumerando al Congreso Nacional, al Poder Judicial e, incluso, a los Congresos de locales a fin de garantizar su plena aplicación.

II. Entre las observaciones emitidas por el Comité del CEDAW destaca el punto referente al “Contexto general y violencia basada en el género”, en el que se hace expresa la preocupación por que “los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado Parte no se limitan a la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto afecten negativamente a la población en el goce de sus derechos humanos, en particular mujeres y niñas”. Preocupa “profundamente que la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado junto con la persistente impunidad y corrupción han contribuido a la intensificación de los patrones existentes de discriminación y violencia contra mujeres en el Estado Parte” y que “las actitudes patriarcales y de la minimización y la invisibilidad de este fenómeno. Al Comité le preocupa que las mujeres y las niñas han sido sometidas a niveles cada vez mayores y tipos diferentes de violencia de género”.

Como lo afirma la proponente, en el rubro “Armonización de legislación y abrogación de leyes discriminatorias”, el Comité manifiesta su preocupación por la aplicación diferenciada de la ley entre los diferentes niveles de autoridad y competencias dentro de la estructura federal, como resultado de una inadecuada armonización de la legislación pertinente o no a nivel estatal, sobre todo en lo que respecta al principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. Situación que a juicio del Comité da lugar a “disposiciones discriminatorias contra las mujeres o a diferentes definiciones y sanciones relacionados, entre otras cosas, con la violación, el aborto, desapariciones forzadas, tráfico, lesiones y homicidio llamado por razones de honor, así como en el adulterio a lo largo de las 32 entidades federativas” del estado mexicano.

Además, el Comité manifiesta preocupación por los siguientes rubros: “la falta de armonización consistente del Estado Parte, inter alía, de la legislación civil, penal y procesal a nivel federal y a estatal, con la Ley General o leyes locales sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con la Convención”; “la falta de mecanismos eficaces para aplicar y monitorear las leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y de la legislación y reglamentaciones relacionadas con el acceso de las mujeres a los servicios de salud y educación”; así como “los efectos de la reforma del Sistema de Justicia Penal (2008) y su progresiva implementación en la situación de las mujeres antes las autoridades judiciales así como por la falta de datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, condenas y sentencias infligidas contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres”.

Frente a todas esas preocupaciones, el Comité realiza una serie de recomendaciones en su punto 14 del documento, en los siguientes términos:

“a) Tomar las medidas necesarias para garantizar, especialmente a través de una coordinación eficaz, la armonización de la legislación pertinente, coherente y consistente en todos los niveles con la reforma constitucional sobre derechos humanos (2011) y con el Sistema de Justicia Penal (2008); b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias en los marcos jurídicos entre los niveles federal, estatal y municipales, incluso integrando en la legislación estatal y municipal el principio de no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres y derogar las disposiciones discriminatorias contra mujeres, en consonancia con el artículo 2 (g) de la Convención y proporcionando definiciones coherentes y sanciones, relacionadas, inter alia, con la violación, el aborto, las desapariciones forzadas, el tráfico, lesiones y homicidio por razones del llamado honor, así como en el adulterio; c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar consistentemente, entre otras cosas, su legislación civil, penal y procesal con la Ley General y/o leyes Locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con la Convención; d) Establecer mecanismos efectivos a nivel federal y estatal para supervisar la aplicación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relacionada con el acceso de las mujeres a servicios de asistencia médica y educación; y e) Establecer mecanismos para monitorear y sancionar a funcionarios de la ley, incluido el poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de las mujeres.”

Por otra parte, en el tema específicos que refiere la proponente del punto de acuerdo bajo dictaminación, el documento de observaciones del Comité del CEDAW refiere en el punto relativo a la “Salud”, específicamente en su numeral 32:

“32. El Comité observa que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, mientras que en el resto del país solo es legal en caso de violación. Observa también incongruencias en cuanto a otros motivos jurídicos para practicar abortos en los marcos jurídicos de los 32 estados. Le preocupa que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos, aún cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto. Otro motivo de preocupación son los casos en que los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían los restrictivos criterios reglamentarios y, a continuación, las denunciaron ante las autoridades judiciales, quienes a su vez las condenaron a largas penas de prisión por infanticidio o asesinato.”

Preocupaciones frente a las cuales se vierten diversas recomendaciones, en los siguientes términos:

“33. El Comité pide al Estado parte que:

a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité;

b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben;

c) Se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.”

III. Con relación a dichas recomendaciones, cabe destacar el contenido sustancial de la Recomendación General Nº 24, adoptada por el Comité del CEDAW en su 20° período de sesiones, en 1999, misma que parte de afirmar que “el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la Convención”, como efectivamente resulta de la apreciación del artículo 12, el cuál por su oportunidad se cita enseguida:

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Al respecto, la Recomendación General Nº 24 establece lo que el Comité considera obligaciones específicas que surgen del citado artículo 12:

“15. La obligación de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer exige que los Estados Partes, sus agentes y sus funcionarios adopten medidas para impedir la violación de esos derechos por parte de los particulares y organizaciones e imponga sanciones a quienes cometan esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la salud de importancia crítica para la mujer, los Estados Partes deben garantizar:

a) La promulgación y aplicación eficaz de leyes y la formulación de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios apropiados;

b) La capacitación de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el género de manera que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia basada en el género;

c) Los procedimientos justos y seguros para atender las denuncias e imponer las sanciones correspondientes a los profesionales de la salud culpables de haber cometido abusos sexuales contra las pacientes;

d) La promulgación y aplicación eficaz de leyes que prohíben la mutilación genital de la mujer y el matrimonio precoz.”

Como conclusión, en el apartado de Recomendaciones para la adopción de medidas por parte de los gobiernos, la Recomendación General No. 24 expresamente dispone:

31. Los Estados Partes también deberían, en particular:

a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que afecten a la salud de la mujer y hacer participar a ésta en la planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios de salud a la mujer;

b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer a los servicios, la educación y la información sobre salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA);

c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos;

d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por las organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la atención;

e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa;

f) Velar por que los programas de estudios para la formación de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el género.

IV. También relacionada con la proposición de mérito y con las recomendaciones emitidas por el Comité del CEDAW a México en 2012, es pertinente citar el contenido esencial de la “NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, cuyo objeto expreso es “establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos” y cuyo campo de aplicación es la “observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables”.

De la NOM destaca el punto 4.3., en el que se define como Atención médica de violencia familiar o sexual, al “conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental, de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar y/o sexual. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la prevención, la detección y el diagnóstico de las personas que viven esa situación, la evaluación del riesgo en que se encuentran, la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible su salud física y mental a través del tratamiento o referencia a instancias especializadas y vigilancia epidemiológica”.

Así mismo, es relevante el punto 4.1., en el que se define al Aborto médico como la “terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en ésta”.

Específicamente relacionado con la materia del aborto legal, es relevante para el presente Dictamen el rubro “6. Criterios específicos”, en el que se ordena a las y los prestadores de servicios de atención médica observar diversos criterios, entre los que destacan los contenidos en su apartado “6.2. Para la detección de probables casos y diagnóstico, numerales 6.4.2.7. y 6.4.2.8.”:

“6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.

Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento.

Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables.”

“6.4.2.8. Para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.”

Así como el contenido del apartado 6.7. Para la sensibilización, capacitación y actualización, en el punto específico 6.7.2.9. con relación a la “anticoncepción de emergencia y aborto médico conforme a la legislación correspondiente”.

V. A la luz de los documentos revisados con anterioridad, esta Comisión dictaminadora considera que los resolutivos cuya emisión solicita la proponente son viables, en tanto que representan un llamado de este órgano legislativo federal a las autoridades de las entidades federativas para que se observen efectivamente las obligaciones que nacen de las recomendaciones emitidas en 2012 por el Comité del CEDAW para todos los niveles de gobierno en que se organiza el Estado Mexicano, y las que derivan de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, específicamente aplicables a todas las instituciones de salud que se coordinan en el Sistema Nacional de Salud, en las que se incluyen las de carácter local, conforme lo dispone el artículo 5º de la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente, con estricto respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta a aquéllas en las que se permite la interrupción del embarazo, para que las mujeres cuenten con los servicios de salud y asistencia necesarios para su tratamiento, garantizando el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, así como la atención preventiva de enfermedades de transmisión sexual.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente se pronuncia por avanzar en la revisión de la legislación local en materia de interrupción del embarazo y evaluar la pertinencia de su armonización con los Tratados Internacionales en la materia.

TERCERO.- La Comisión Permanente, con estricto respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta las dependencias de salud estatales a que prevean a los servidores públicos autoridades médicas y particulares en materia de salud y asistencia social ejerzan su actividad sin criminalizar, discriminar y con pleno respeto de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION."

Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar el estado actual del índice de suicidios.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a fortalecer las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri y otras.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, los Diputados Flor Ayala Robles Linares y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

En el mundo existe una enorme diversidad de lenguas maternas, las cuales han perdurado a pesar de los cambios existentes en la sociedad. Tan sólo en el caso de nuestro país contamos con 364 variantes de lenguas maternas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas.

Lamentablemente, muchas de estas lenguas se han perdiendo o están en riesgo de perderse y un claro ejemplo de esto es la lengua Seri, hablada en el Estado de Sonora, misma que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), es hablada por menos de 595 personas, lo que nos refleja que esta por extinguirse sino se llevan a cabo acciones que contrarresten este fenómeno.

La comunidad Seri se esfuerza por no dejar que se extinga la lengua que sus antepasados hablaban y de la cual se sienten orgullosos, pero esta es una lucha que no pueden enfrentar solos, debido a que muchos jóvenes pertenecientes a estas comunidades tienen que emigrar a otros Estados o incluso a los Estados Unidos, esto con la finalidad de conseguir dinero para su subsistencia.

La extinción de una lengua materna en cualquier parte del mundo significa que se pierde una parte de la cultura e historia, misma que es irremplazable y el lenguaje no es más que una parte de la identidad del lugar en donde se hablan.

Con base a esto, no podemos olvidar que México se caracteriza por ser un país con una amplia diversidad lingüística, por lo que no podemos permitir que este patrimonio cultural se pierda irremisiblemente.

El INALI, es el encargado de la preservación de este tipo de lenguas, un claro ejemplo de esto fue la creación del “Programa de Revitalización, fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012"; sin embargo, existe un grupo de lenguas que requieren de una atención especial, ya que están a punto de desaparecer, y entre estas se encuentra precisamente la lengua Seri.

Con base a lo anterior, estimamos que se deben fortalecer las acciones destinadas a salvar de la extinción a la lengua Seri, misma que cada vez se pierde mayor terreno con el castellano. No permitamos que se pierda esta parte fundamental de la cultura de nuestro país”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la necesidad de fortalecer las acciones para proteger y divulgar la lengua Seri, la cual está en peligro de desaparecer.

II. El termino Seri proviene de la lengua yaqui y significa “hombres de arena. Actualmente los Seris habitan las localidades de la costa desértica de Sonora. En ciclo de pesca radican también en campos pesqueros, el territorio konkaak comprende un área aproximada de 211 000 ha al nivel del mar, y está integrado por una parte continental y por la isla de Tiburón.

La lengua de los konkaak forma parte de la filum o estirpe Hokano, al que también pertenecen el coahuilteco (noreste de México) y el tlapaneco. Sin embargo, la lengua Seri forma parte de la familia Seriyumana, lo que significa, por un lado, que su relación más estrecha y reciente se encuentra con el yumano de la parte norte de la península de California, y, por otra, que esta lengua contrasta totalmente con la de los vecinos hablantes de idiomas uto-aztecas, como el pima, pápago, yaqui y mayo que pertenecen a otro filum o estirpe relativamente reciente en el área. Actualmente la mayoría de la población es bilingüe y, en algunos casos, hasta trilingüe, pues además del Seri hablan español e inglés. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la lengua Seri es hablada por 595 personas.

A nivel mundial, la UNESCO reconoce la existencia de un total de 6000 lenguas, de las cuales el 50 por ciento se encuentra en riesgo de desaparecer. México se ubica entre los primeros países por su diversidad cultural; se sitúa entre los ocho países en los que se concentra la mitad de todas las lenguas del mundo. Actualmente por lo menos 62 lenguas indígenas, entre las cuales se han identificado cado 234 en situación de riesgo. Esto se debe una tendencia de abandono por parte de las nuevas generaciones y por problemas estructurales que limitan la reproducción de las lenguas. En México existe una fuerte disminución en el uso de sus lenguas originarias; por esta razón, es necesario trabajar en políticas públicas que logren que en las instituciones se atienda la revitalización, el fortalecimiento y el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales

La lengua Seri está en riesgo, por medio de ella se reproducen valores, creencias, instituciones, formas de organización social, y expresiones que permiten la diversidad cultural del pueblo. Hoy en día las lenguas indígenas constituyen un mecanismo de identidad propia frente a los procesos de mundialización.1

En el Articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce a México como una nación pluricultural, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

En específico la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce a las lenguas indígenas como parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

El Instituto Nacional de Lenguas busca promover y conservar las lenguas indígenas de nuestro país. Por medio del Programa institucional del INALI (PINALI) considera estrategias para insertar en la sociedad nacional el enfoque del multilingüismo, que se centra en el uso de las lenguas nacionales en todos los ámbitos de la vida nacional, no sólo por sus usuarios originarios, sino por agentes estratégicos y sectores clave de la población mexicana en su conjunto. Es por eso que se le exhorta a dicho organismo a fortalecer las acciones necesarias para proteger la lengua Seri y evitar su desaparición.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con el fortalecimiento de la diversidad cultural, en específico con la protección de los derechos linguisticos, asegurando el desarrollo del pueblo Seri protegiendo su lengua, por medio de acciones con perspectiva multilingüística e intercultural.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION".

En torno al acoso por medios electrónicos, como una de las principales conductas antisociales y de violencia.

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA QUE EN LAS PRIORIDADES Y EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EN SUS ACCIONES, CONTEMPLEN AL ACOSO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE VIOLENCIA.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las Secretarias de: Gobernación, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Salud, Comunicaciones y Transportes y Economía, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dentro de las acciones transversales para reducir y erradicar los factores de riesgo que generan violencia entre niños, niñas y adolescentes, contemplen al Cyberbullying como una de las principales conductas antisociales, de violencia y de delincuencia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de julio de 2013, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La prevención del delito y la violencia no es una tarea fácil, ya que en la práctica, las tipologías y recomendaciones que se señalan en la literatura especializada siguen siendo materia de debate, y en este momento tenemos la tecnología ya también como medio para la violencia. Se trata de un nuevo paradigma de la búsqueda del bienestar social. Es necesaria la participación de los tres ámbitos de gobierno; de las instituciones de seguridad pública; de instancias gubernamentales de los sectores: educación, salud, desarrollo social, Comisión Nacional de Deporte, la iniciativa privada y de organizaciones de la sociedad civil que tienen como elemento común el interés de trabajar para erradicar este mal social que es el Bullying y ahora también el ciberbullying.

Investigaciones recientes indican que aunque determinados factores biológicos y otros elementos individuales explican parte de la predisposición a la agresión, más a menudo son factores familiares, comunitarios, culturales y el avance tecnológico que va sobrepasando muchas veces las líneas de control que crean ambientes que favorecen el surgimiento de la violencia.

¿Qué es el bullying?

El bullying(acoso entre pares) es una forma de violencia entre personas de edades similares (pares). Existe cuando un niño, niña o adolescente es molestado, agredido, golpeado o humillado de manera constante por uno o más compañeros.

La víctima del bullyingno logra defenderse y piensa que pasará pronto el acoso. Los acosadores, también llamados bullys, molestan y maltratan con la intención de lastimar. El daño que causa esta agresión puede ser física, social o emocional.

El bullyingincluye conductas de acoso, intimidación, hostigamiento y maltrato, pero siempre es entre personas de edades similares. Generalmente los agresores pertenecen al mismo grupo escolar que las víctimas o son de grupos superiores.

¿Cómo se reconoce el bullying?

El bullying tiene características especiales que permiten distinguirlo de otras formas de violencia entre escolares, como los pleitos ocasionales o los juegos rudos.

Si es bullying:

Se repite, la agresión es constante.

Las agresiones se presentan durante un largo período.

Es intencional. El agresor suele planear la agresión para provocar daño.

Se realiza lejos de la vista de los adultos o en lugares de poca vigilancia.

El agresor o el grupo de agresores tienen más fuerza o poder que sus víctimas.

Aunque todos se rían, la víctima se siente humillada, ofendida, con miedo.  

El bullying no es una broma.

No es bullying:

El maltrato, la discriminación o cualquier otra forma de violencia de un adulto hacia los alumnos.

Un pleito ocasional entre compañeros.

Una broma o un juego en el que todos se divierten. 

Conductas relacionadas con el bullying:

Golpes, puñetazos, patadas y otras agresiones físicas.

Diversos tipos de amenazas, algunas acompañadas con pequeños golpes o usando armas para infundir más miedo.

Bromas pesadas, poner apodos y ridiculizar a compañeros.

Burlarse de características físicas, de preferencias sexuales, raza, capacidades, religión oposición social. Convirtiéndose el bullying en discriminación.

Aislar, dejarlo solo, robarle;

Excluir del grupo a la víctima, lo que aumenta el riesgo de sufrir violencia.

Correr rumores o calumnias, de forma oral o escrita, como mensajes ofensivos escritos en baños o en redes sociales.

Es más frecuente en mujeres. Ciberbullying: difundir imágenes reales o modificadas de la víctima, a través de correo smasivos, mensajes instantáneos o en redes sociales.

¿Qué es el Cyberbullying?

El cyberbullying es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir un delito.

Otros términos para cyberbullying o ciberacoso son "acoso electrónico," "e-acoso," "acoso sms", "networkmobbing", "acoso móvil" "acoso en línea", "acoso digital", "acoso por internet", "acoso en internet" o "internet acoso".

El Dr. Miguel Carbonell señala que el cyber-bullyng se lleva a cabo utilizando medios socio-digitales, como computadoras, celulares, asistentes personales (PDAS), ipods, ipads, consolas de videojuegos, etc, a través de servicios como el correo electrónico, la mensajería instantánea, sitios de redes sociales, mensajes cortos de celular, publicaciones digitales de textos (Blogs) o videos, etc.

¿Cómo se reconoce el cyberbullying?

El cyberbullying también debe reunir las características del Bullying:

Violencia

Reiteración

Desbalance de fuerza o poder. 

No es cyberbullying

Si una persona escribe de pronto un comentario negativo.

Publica una foto de repente que de alguna forma nos moleste,

Solo se consideraría si lo hace de manera repetitiva.  

Las encuestas del programa CENETIC de A.S.I. en escuelas privadas del Distrito Federal revelan que:

El 98% de los alumnos cuentan con computadora en casa.

El 99% en edad secundaria cuentan con teléfono celular.

El 42% tiene celular con plan de acceso limitado a internet.

Es por esto que es importante concientizar sobre este tipo de agresión y violencia tecnológica ya que los niveles de penetración, es claro que un agresor hará uso de ellos para atacar a sus víctimas.

Es importante destacar que en generaciones del pasado, no se encontraba este tipo de violencia y por lo tanto para muchos padres es difícil detectar este tipo de acoso cibernético.

Actualmente en México:

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a través del estudio Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, 2007, 2 de cada 10 alumnos de primaria y 1 de cada 10 de secundaria aceptó participar en peleas.

El46.4 por ciento de los alumnos de primaria y 43.6 por ciento de secundaria han sido víctimas de robo;

Más de 24 por ciento ha sufrido burlas y  

Uno de cada cinco ha tenido lesiones físicas y ha sufrido amenazas.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP), señala que 10 entidades sufren niveles elevados de violencia escolar:

Distrito Federal,  

Chihuahua,  

Estado de México,  

Quintana Roo,  

Tabasco, 

Jalisco,  

Michoacán,  

Durango,  

Baja California, y  

Baja California Sur.  

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala lo siguiente:

México es el país con el ambiente escolar más violento de 24 países estudiados –específicamente en las escuelas secundarias. El organismo internacional destaca que 6 de cada 10 alumnos sufre intimidación, abusos y agresiones verbales. El 51 por ciento usa o tiene posesión de drogas o alcohol.

Programas o Instituciones que actualmente existen para erradicar el Bullying:

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).  

La Secretaría de Educación del Estado de México, en 2012 crea la Red Interinstitucional a Favor de la Convivencia Escolar sin Violencia, para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas de educación básica y media superior.  

En la actualidad la Secretaría de Educación Pública (SEP), trabaja en un nuevo proyecto que sustituirá para el ciclo escolar 2013-2014 al Programa Nacional Escuela Segura.  

En el actual gobierno se ha formalizado la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, integrada por los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanismo (SEDATU), a efecto de instrumentar acciones transversales para reducir los factores de riesgo que generan violencia, conductas antisociales y la delincuencia. 

Es importante destacar que en el programa de la SEP no se menciona el Cyberbullying:

En el marco del Programa corresponden a la SEP las siguientes atribuciones: 1. Reducir la violencia en el entorno escolar ofreciendo a docentes, directivos, alumnos y padres de familia información, capacitación y mecanismos para la resolución pacífica de conflictos; 2. Ofrecer talleres que aborden factores de riesgo asociados a la violencia; 3. Establecer procesos para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia entre los alumnos; 4. Proponer manuales de acción y protocolos para la atención de la violencia en las escuelas de educación básica a nivel nacional.”  

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARIAS DE: GOBERNACION, EDUCACIÓN PÚBLICA, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SALUD, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y ECONOMÍA, ASSÍ COMO A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUE DENTRO DE LAS ACCIONES TRANSVERSALES PARA REDUCIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN VIOLENCIA ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CONTEMPLEN AL CYIBERBULLYING COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES, DE VIOLENCIA Y DE DELINCUENCIA, DE ESTOS TIEMPOS.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito sobre la importancia de contemplar el cyberbulling como una de las conductas antisociales y de violencia que prevalece en el contexto de los estudiantes de las instituciones escolares privadas y públicas en el país.

El bullying o acoso escolar consiste en un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterle, amilanarles, intimidarles, amenazarles u obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales. De acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying entre estudiantes de secundaria. Según datos del instituto defensor, el número de casos de acoso o bullying en nuestro país ha ido en aumento, afectando a un 40 por ciento de los 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, en instituciones educativas públicas y privadas.

Actualmente la violencia entre los estudiantes de escuelas de nivel básico y de nivel medio se manifiesta también a través de las tecnologías de la información mediante el ciberbullying o ciber acoso por su traducción en español, en el que las redes sociales son utilizadas para difundir imágenes o textos que amenazan, agreden y dañan la dignidad de las víctimas.

De acuerdo con la CNDH en México existen casi 40 millones de personas con acceso a Internet, y de ese total casi 40 por ciento tiene menos de 19 años. Estudios del Foro de Generaciones Interactivas México 2010, revelan que el 4% de los niños y adolescentes mexicanos dijo haber sido objeto del Ciberacoso en 2010 a través de Internet, mientras que vía celular la cifra fue del 7%. Según un estudio realizado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal de México y la Universidad Intercontinental 2009, cerca del 90% de los menores estudiantes han sido bien testigo, actor o víctima de Ciberacoso. 

II. Ante tal situación el estado se ha visto en la necesidad de implementar acciones a través de los órganos e instituciones de competencia en la materia. En ese sentido en el 2011 la CNDH puso en acción la Campaña para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar, la cual consiste en impartir pláticas, talleres y cursos especiales en planteles educativos para que se conozca, entienda, prevenga y combata tanto el acoso escolar como el llamado Ciberacoso, además de fortalecer valores como la tolerancia y el respeto, impulso de la cultura de la denuncia y creación de un ambiente pacífico.

El 24 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La Ley define la prevención social de la violencia y la delincuencia como el “conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”.

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

Para lograr los objetivos planteados en el Programa, se creó la Comisión Intersecretarial parala Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conformada por nueveSecretarías de Estado: Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quede manera conjunta diseñan e implementan programas y acciones preventivas, articuladas y transversales que colocan a la ciudadanía y a los jóvenes en el centrode las políticas de seguridad y de desarrollo social desde un enfoque de derechos humanos.

Dentro de los objetivos específicos del Programa está el promover una cultura de paz con perspectiva de derechos humanos que contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos. Así como también el medir, detectar y anticipar procesos sociales, culturales, económicos, así como factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia para las comunidades desde la perspectiva poblacional, territorial y simbólica.

Sólo por retomar algunas prioridades en la intervención que considera el Programa:

Prioridad por grupos poblacionales: juventudes;

Prioridad por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género;

Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria.

Entre los ámbitos de intervención del programa, existe una estrategia de prevención de violencia en el entorno escolar, mediante información, capacitación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto porque educar en formas distintas sobre cómo resolver conflictos personales evita que la violencia seala opción para los niños y jóvenes en el presente y el futuro, y por lo tanto construye la paz.

En este enfoque se realizan acciones como: Establecer procesos de capacitación a padres de familia, docentes y alumnos para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia y acoso en el entorno escolar; proponer manuales de acción y protocolos de atención a nivel nacional para atender casos de violencia y acoso en el entorno escolar, y así estandarizar la manera en que estos problemas se abordan a lo largo y ancho del territorio nacional.

Son diversos los factores que influyen en el fenómeno de las violencias y la delincuencia, destacando aquellas condiciones que agravan o merman la seguridad de las personas –tanto en la dimensión objetiva como subjetiva–, y los cuales contemplan diferentes aspectos: económico, cultural, urbano, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, en el marco de acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no se contempla el Ciberacoso como una vertiente de conducta negativa que afecta y daña a las víctimas.

Bajo este contexto, esta dictaminadora considera que es responsabilidad de todas aquellas instituciones con competencia en la materia el diseñar políticas públicas que orienten y capaciten a las nuevas generaciones hacia un uso adecuado y responsable de la Internet, pues con ello se podrá prevenir este tipo de conductas que afectan la integridad de los menores.

Por otro lado consideramos adecuado que en el resolutivo propuesto por el legislador se utilice el término Ciberacoso, en sentido de que es la expresión que se la adjudica en nuestro lenguaje.

Consideramos pertinente descartar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del resolutivo pues de acuerdo a lo expuesto en estas consideraciones, este órgano ya ha puesto en práctica las acciones correspondientes para la prevención y combate del ciberacoso.

De igual manera consideramos conveniente que la redacción del resolutivo se extienda a las demás dependencias que integran la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Por lo que nuestra propuesta es la siguiente:

ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DELPROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA QUE EN LA PRIORIDADES Y EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EN SUS ACCIONES, CONTEMPLEN AL CIBERACOSO COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE VIOLENCIA, DE ESTOS TIEMPOS”.

III.- La Segunda Comisión reitera el interés de combatir la violencia que existe en el país, atendiendo cada uno de los factores que inciden en el aumento de la misma. En ese sentido, es necesario tomar en cuenta todas las vertientes de conducta de violencia en el contexto de las instituciones educativas, especialmente en las de nivel bajo y medio. Por lo que compartimos con el legislador la necesidad de contemplar el Ciberacoso como una de las principales conductas de violencia, en nuestros tiempos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se solicita respetuosamente a la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para que en las prioridades y en el ámbito de la intervención del programa, así como en sus acciones, contemplen al acoso por medios electrónicos como una de las principales conductas antisociales y de violencia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los días 09 del mes de julio del 2013.

SEGUNDA COMISIÓN

El que exhorta al gobierno federal a otorgar mayores recursos a las entidades federativas en materia de salud mental, con especial atención al estado de Baja California.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque se exhorta al gobierno federal a efecto que se proporcione mayores recursos al estado de baja california en materia de salud mental, a cargo del Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del grupo parlamentario del PAN.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de julio de 2013, elDip. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

1.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud mental como el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Está determinado por múltiples factores como lo son: el sociales, ambiental, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.

La salud mental es un elemento de la salud integral de los individuos, por lo que los desórdenes mentales han sido considerados problemas emergentes de salud, que aun cuando no son causantes de gran mortalidad, sí implican la pérdida de un número de años de vida saludable, alteraciones en la dinámica familiar, y una carga económica considerable, con las consecuencias sociales que de ahí se derivan.

2.-En la mayoría de los países, sobre todo en los de ingresos bajos y medios, los servicios de salud mental adolecen (sic) de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos. La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental. En lugar de proporcionar atención en grandes hospitales psiquiátricos, los países deberían integrar la salud mental en la asistencia primaria, ofrecer atención de salud mental en los hospitales generales y crear servicios comunitarios de salud mental. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el 2001 se enumeraron una serie de factores que determinan la generación y mantenimiento de patologías mentales, siendo las socio-económicas como la pobreza, la edad, el género, la situación política y económica del país, desastres socionaturales y enfermedades físicas entre otras, que inciden en la población. Por ejemplo, se ha revelado que por cada rico que sufra un trastorno, existen al menos 2 pobres. También hay una diferencia en la recuperación de los pacientes en países desarrollados; en el caso de la esquizofrenia, el 63% de los pacientes se recuperan al cabo de 2 años, mientras que los países en desarrollo se recupera el 37%.

4.- Históricamente a la salud mental se le ha prestado poca importancia, las personas que las padecen son discriminadas y segregadas, razón por la que se ha dado poca importancia en el tema y otorgado poco presupuesto. Considerando que en el mundo por lo menos 450 millones de personas presentan algún trastorno de este tipo y en particular en nuestro país según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica realizada en el 2000, prácticamente una tercera parte de la población adulta ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental; este trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; el 50% de los adultos que informaron, haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años; del mismo modo se estima que un 7% de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio.

5.- En México, el trastorno depresivo ocupa el primer lugar en cuanto a la pérdida de años de vida saludables (el 6.4% de población lo padece), los trastornos relacionados por el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el décimo (2.1%); en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del 2000, muestran que los trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3%), seguidos por los de abuso de sustancias (9.2%) los afectivos (9.1%); el suicidio también es uno de los problemas más preocupantes en nuestro país ya que su incidencia ha ido en crecimiento en los últimos años en los adolescentes y adultos jóvenes. Los estudios con población rural son más escasos, sin embrago permiten tener una idea sobre la dimensión del problema dentro de estas comunidades, de los 38,610 entrevistados el 4.8% presentó un trastorno depresivo y el 0.4% esquizofrenia.

La depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres en todas las entidades federativas. Los estados que reportaron mayores prevalencias entre la población masculina son Jalisco, Veracruz, Tabasco, Colima y Sinaloa. En el caso de las mujeres, resaltan los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas.

6.- De acuerdo con datos arrojados en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud mental de nuestro país cuenta con aproximadamente 0.66 camas por cada 10 mil habitantes. Existen 0.51 camas por cada 10 mil habitantes en los hospitales psiquiátricos, mientras que en los hospitales generales solo hay 0.051 camas disponibles para esa misma tasa de población. En cuanto a los recursos humanos, se estima que por cada 100 mil habitantes hay 2.8 psiquiatras, 44 psicólogos, 0.12 enfermeras psiquiátricas, 1.5 neurocirujanos, 1.2 neurólogos y 0.20 trabajadores sociales especializados en psiquiatría. Del total de médicos psiquiatras, el 33% trabaja en instituciones públicas. Lo anterior refleja una importante deficiencia de recursos al compararlo con otros países del continente que cuentan con sistemas de salud más adecuados.

7.- Se ha considerado a Baja California dentro de los estados de la República Mexicana con mayor índice de problemas de salud mental, representando el 11.5% a nivel nacional, datos señalados por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. Los principales problemas son, migración frustrada, afectaciones por drogas, trastornos afectivos, desempleo, cuestiones congénitas, entre otros. Se considera que ha tenido avances significativos; reincorporando a los pacientes lo mejor ymás pronto posible, para que ya no sean, como antes se conocía a los manicomios, lugares de depósito de personas, sin tratamientos de rehabilitación; sin embargo, lo ideal sería contar con un centro de atención en cada municipio lo cual resulta difícil por la insuficiencia en presupuesto que se otorga a este rubro; además, de no existir suficientes psiquiatras en el Estado para atenderlos.

Los hospitales encargados de los trastornos mentales en el Estado cuentan con poco personal especializado en psiquiatría, a pesar de ello existe una gran deficiencia y capacidad en la atención por falta de personal médico especializado y tratamientos médicos, que muchas ocasiones son de alto costo, dejando también a los familiares y enfermos en estado de incertidumbre y desprotección. Se considera, que la mitad de las personas atendidas son niños, de los cuales un 20% son hospitalizados tras vivir en situaciones de violencia.

Como Representantes de la Nación es menester, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, mediante acciones y programas de salud pública; lo cual involucra un cambio integral en la atención de las personas con estos padecimientos, actuando en los niveles de atención, prevención, tratamiento y reintegración social de cada uno de ellos, con finalidad que lleguen a un restablecimiento pleno de la salud mental y física. Todo lo anterior se puede lograr proporcionando mayores recursos al rubro de Salud mental, para que los usuarios reciban una atención médico-psiquiátrica de calidad y con calidez, a través de acciones de promoción, prevención, que posibiliten a un mejor nivel de vida, así como de su reintegración al medio en el que se desarrolla.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se otorguen mayores recursos al Estado de Baja California en materia de Salud Mental”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, debido a que los desórdenes mentales han sido considerados problemas emergentes de salud, que aun cuando no son causantes de gran mortalidad, sí implican la pérdida de un número de años de vida saludable, alteraciones en la dinámica familiar, y una carga económica considerable, con las consecuencias sociales que de ahí se derivan.

En Baja California, un millón 214 mil 877 personas sufren algún trastorno mental. Resulta el total, mayor a la población conjunta de Mexicali y Tecate.

Lo anterior es resultado de las estimaciones del Instituto de Psiquiatría del Estado, las cuales muestran al 39 por ciento de la población bajacaliforniana con alguna enfermedad mental, cifra por encima de la media del resto del país, que oscila en un 25 por ciento.

No obstante el presupuesto para el organismo perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado, es de 93 millones de pesos, los cuales se distribuyen en cuatro programas: el Hospital Psiquiátrico de Mexicali, dos programas para la prevención y el tratamiento de adicciones, así como la supervisión de los centros de rehabilitación.

Con solamente dos hospitales en Mexicali y Tijuana para atender a la población derechohabiente, que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el 69 por ciento de los bajacalifornianos, hay un severo déficit en los servicios de salud.

Si a esto se suma el 31 por ciento restante: migrantes, indigentes y personas no afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) o al Seguro Popular, la cobertura de servicios médicos queda aún más corta.

También consideramos que es importante tomar en cuenta la escasez de especialistas, ya que en el país hay 3 mil 200 psiquiatras distribuidos principalmente en el Distrito Federal y área metropolitana, de ellos, 36 están en Tijuana.

En este contexto por cada bajacaliforniano atendido de una enfermedad mental, hay siete que no reciben tratamiento; buscan remedio en hospitales psiquiátricos, medicamentos caros y especialistas privados.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera que es necesario poner atención especial a este problema, ya que el tema de la salud mental, no concierne sólo a los aspectos de cuidado posterior al surgimiento de desordenes mentales evidentes, sino que es necesario además el terreno de la prevención con la promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud. Esta preocupación no sólo concierne a los expertos, sino que forma parte de las responsabilidades de gobierno de una nación.

Los enfermos mentales están expuestos en todo el mundo a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos. La estigmatización hace que a menudo sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan.

Los enfermos mentales también tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda.

Esta dictaminadora considera que para cambiar estas violaciones se necesita:

1. Cambiar las actitudes y aumentar la concienciación.

Los centros de Salud, los grupos de usuarios de los servicios de salud mental y sus familiares, los profesionales sanitarios, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones universitarias, las organizaciones profesionales y otros interesados deberían unir sus fuerzas para educar a la población y cambiar sus actitudes hacia las enfermedades mentales, además de abogar por los derechos de los enfermos mentales.

2. Mejorar los derechos humanos en los servicios de salud mental.

Se deben crear mecanismos de vigilancia de los derechos humanos para proteger a los pacientes del trato inhumano y degradante, de las malas condiciones de vida y de los ingresos y tratamiento involuntarios inapropiados y arbitrarios. Los pacientes también deben tener acceso a mecanismos de reclamación en caso de violación de sus derechos humanos.

3. Aumentar la inversión en salud mental.

Los gobiernos tienen que dedicar una mayor proporción de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. Además, es necesario desarrollar y formar a más profesionales de la salud mental con el fin de asegurar que la población tenga acceso a servicios de salud mental de calidad en todos los niveles del sistema de atención sanitaria.

4. Adoptar políticas, leyes y servicios que fomenten los derechos humanos.

Los países deben poner en práctica políticas, leyes y servicios de salud mental que fomenten los derechos de los enfermos mentales, les den poder efectivo para hacer elecciones sobre su vida, les proporcionen protección legal y les aseguren su plena integración y participación en la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de las dependencias correspondientes y de conformidad a la disponibilidad presupuestal se otorguen mayores recursos a las entidades federativas en materia de Salud Mental, con especial atención al Estado de Baja California, mismo que presenta los mayores índices de estas discapacidades.

Igualmente se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014 se asignen mayores recursos en materia de Salud Mental.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 9de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION."

En relación al presunto uso indebido del software, “Finfisher” por parte de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a dar inicio al procedimiento de verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil para investigar el presunto uso en territorio mexicano del software para espionaje "FINFISHER".

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de julio de 2013, el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La universidad de Toronto en Canadá publicó el 25 junio del 2012 una investigación realizada en su laboratorio “Citizen Lab” sobre un programa de computo denominado "Finfisher" propiedad de la empresa británica Gama International UK Ltd, que promociona la venta del software a gobiernos con fines de espionaje para combatir amenazas terroristas. 

"Citizen Lab" se constituyo como el programa diseñado por dicha universidad para estudiar los alcances de "Finfisher".

Dadas las características intrusivas del programa “Finfisher” analizadas y demostradas por “Citizen Lab” y el eventual riesgo de que se violente la legislación mexicana sobre privacidad y protección de datos personales, el que suscribe hace suya la preocupación que Organizaciones de la Sociedad Civil como Propuesta  Cívica  y  el  ContingenteMx, colectivo  de  activistas  digitales,  para trazar una ruta de acción que salvaguarde el ejercicio de los derechos contenidos en la normatividad sobre privacidad de datos, y para conocer si el programa  mencionado es operado en México o accede a información protegida. Lo anterior, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

• La Universidad de Toronto en Canadá publicó en junio del 2012 una investigación sobre un programa de cómputo denominado "Finfisher", propiedad de la empresa británica Gama International UK Ltd., que promociona la venta del software a gobiernos con fines de espionaje para el combate a actividades terroristas. 

• "Citizen Lab" es el programa diseñado por dicha universidad para estudiar los alcances del software "Finfisher". Dicho laboratorio, detectó que éste es también ha sido usado para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos.

• Diversas investigaciones del “Citizen Lab” tales como "From Bahrain with Love: Finfisher spy kit exposed" de Morgan Marquis Boire, coinciden en que el programa espía, violenta la privacidad de los ciudadanos.

• “Finfisher”, de acuerdo con el estudio antes mencionado, es capaz de instalarse clandestinamente en los equipos de cómputo y crear un directorio que le permite tener acceso a contraseñas, información de conversaciones, audios e impresiones de pantalla de usuarios de dispositivos móviles.

El 13 de marzo de 2013, la Universidad de Toronto en Canadá a través del mencionado programa “Citizen Lab” publicó el seguimiento a su investigación del año 2012 denominada “You only click twice: Finfisher global proliferation”, en la que  se ha encontrado a 25 países con servidores que contienen el programa “Finfisher”, entre los cuales se encuentra México. 

Dichos estudios señalan que en estos 25 países, la utilización de este software permite desde el acceso a las bases de datos personales con las que cuentan empresas de telecomunicaciones, hasta la transmisión de datos que podrían alojarse en teléfonos móviles, tabletas y equipos personales de cómputo, sin que el usuario de éstos este enterado de tales acciones.

En los casos estudiados en mención se determinó por parte de la Universidad de Toronto que el software “Finfisher” es capaz de:

• Burlar 40 diferentes programas anti virus.

• Cubrir la comunicación con un centro remoto

• Acceder a todos los datos enviados mediante el programa “Skype”.

• Grabar la comunicación enviada desde correo electrónico, chats y programas de llamadas y voz por internet (VOIP)

• Vigilancia desde la cámara y el micrófono del equipo en tiempo real

• La información a la que, que de acuerdo a dicha publicación, este programa podría acceder, es calificada por la legislación mexicana como datos personales y datos personales sensibles.  Lo anterior de conformidad con los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 37, 38, 59 y 60  de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como de los artículos 128 al 131 del Reglamento de dicha ley.

• Con relación a lo señalado previamente, y en virtud de verificar, e incluso permitir un deslinde de responsabilidades por parte de cualquier empresa proveedora de servicios de comunicación, o en su caso sentar un precedente en la investigación de una eventual vulneración a la legislación vigente en materia de protección de datos se solicita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, actúe conforme a sus facultades e inicie el procedimiento de verificación contemplado en la ley de la materia, según lo solicitado en los expedientes IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013

Por lo anteriormente mencionado, y dado que un eventual uso del el programa “Finfisher” alojado en servidores de proveedores de servicios de telecomunicaciones en México, tendría acceso a las bases de datos personales y podría alojarse en los dispositivos electrónicos de los usuarios tales como  teléfonos móviles, tabletas y equipos personales de cómputo y así vulnerar la protección de datos personales, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de inicio al procedimiento de verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil en los expedientes IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013, con relación al presunto uso indebido del software “Finfisher” por parte cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la preocupación del contexto tecnológico que en lo que va del siglo XXI, aqueja no solamente a la población mexicana sino al mundo entero. Con un despliegue tecnológico estelar con el cual ya no es posible concebir la vida de los seres humanos ni su interacción, sin el uso de tecnologías informáticas. Está expansión conlleva el intercambio de flujos de información de todo tipo, incluida la relativa a las personas. Hoy en día, es posible acceder a información sobre millones de seres humanos y sus actividades en prácticamente cualquier parte del planeta debido a lo cual el tema de la protección de los datos personales, tiende a ser trascendental.

A lo largo de la historia de la humanidad se han conquistado grandes espacios en materia de libertad de información y de expresión, el hecho de que los avances tecnológicos permitan irrumpir silenciosamente en el ámbito de lo privado, vulnera la esfera de uno de los derechos fundamentales de los individuos, el de la privacidad.

En este contexto, puede afirmarse que los horizontes de la privacidad se están transformando en un terreno desconocido para quienes lo habitan, debido a que sin que las personas se enteren, ni mucho menos otorguen su consentimiento, terceros, ya sean entes públicos o privados pueden recabar y transmitir información sobre los datos personales a través de todo tipo de procedimientos que echan mano de tecnologías de las punta, entre las cuales destacan la minería de datos o la geo localización, la detección remota o la video vigilancia, los dispositivos que hoy en día han madurado y están fácilmente disponibles en prácticamente cualquier lugar de México y el mundo. Además, de todo lo anterior se difunde a través de las supercarreteras de información en Internet en donde los proveedores de servicios cuentan con una monumental capacidad para almacenar y analizar los datos recabados.

Por tanto la probabilidad de que se susciten abusos a la vida privada aumenta como consecuencia del desarrollo de la llamada "sociedad de la información". La expansión global de las redes informáticas y de comunicación hace cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad o de discriminación a través de la obtención de perfiles que hacen identificables a las personas en sus patrones de consumo y de ahorro, o en sus inclinaciones y preferencias.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera preocupante la tendencia internacional de usar espionaje electrónico contra ciudadanos y activistas, en el caso de nuestro país es muy importante combatir los atentados contra la privacidad y la seguridad informática

Ante un presunto espionaje en las redes de telecomunicaciones, algunas organizaciones civiles solicitaron el 20 de junio de 2013 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) iniciar un procedimiento de verificación a las empresas involucradas, para conocer si el software FINFISHER es operado en territorio mexicano y accede a información protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particularesde manera lícita.

FinFisher es un software promocionado para oficiales de seguridad nacional, a quienes se les explica que el programa se instala de forma inadvertida en las computadoras y otros dispositivos de los sospechosos. El procedimiento implica colocar el software que se hace pasar por otro, por ejemplo, un parche de seguridad o una extensión del navegadory así se infecta el ordenador que se espiará.

Una vez que el software infecta un sistema ya sea una computadora de escritorio, una portátil o un teléfono celular, el intruso obtiene acceso remoto al equipo. De este modo, es capaz de recolectar y extraer una gran cantidad de datos. En el caso de un celular atacado, FINFISHER puede grabar conversaciones, llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto, así como habilitar la descarga de fotos, contactos, archivos y demás contenidos. Por lo que existen razones para dudar sobre el uso legítimo de este software en relación a datos sensibles de la población del territorio mexicano.

"Los datos recopilados por FinFisher son calificados como datos sensibles, de acuerdo con la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en su artículo 2 fracción VI. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 12 (fracción II del inciso A del artículo 6, párrafos primero, segundo y décimo segundo del artículo 12), establece que las comunicaciones privadas son inviolables; y que la protección de la privacidad y de los datos personales es un derecho de las y los mexicanos.

México como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promueve una fuerte protección para la privacidad de las personas.

Esta situación hace que nos preocupemos por los defensores de derechos humanos ya que se observa una tendencia internacional hacia el espionaje electrónico contra los ciudadanos y contra el activismo político.

El aumento en los casos de extorsiones y amenazas contra periodistas y defensores de los derechos humanos hacen suponer que algo está sucediendo y necesitamos que la autoridad competente que en estecaso es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI)esclarezca la situación de los datos personales y cuál es la magnitud hecho.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso con la importancia de que no se soslaye el derecho de la protección de datos personales, ya que todos quedamos vulnerables al no contar con los derechos mínimos de protección a nuestra intimidad, a través de la propagación que se podría hacer de nuestra información de carácter personal, como lo es el nombre, domicilio, edad, salario, y distintas preferencias desde las comerciales, religiosas, políticas o sexuales, ya que todos estos datos quedan susceptibles de ser objeto de múltiples usos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en un comunicado con número IFAI/064/13, de fecha 5 de julio de 2013 indico que dio inició a los procedimientos previstos en la ley, para atender la solicitud que presentaron en días recientes algunos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), para verificar presuntas irregularidades en el manejo de datos personales mediante la utilización del programa de cómputo FINFISHER.

La ley de protección de datos personales en posesión de particulares y su reglamentoestablecen el mecanismo para que la autoridad en materia de datos personales en este caso el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos determine si alguna institución pública o privada o una persona viola la ley de privacidad.

Este procedimiento de verificación es mediante el cual la autoridad evaluarala operación de dicho software en el territorio nacional, para lo cual cuenta con un término de 180 días que puede ser prorrogable por un periodo igual. Y si el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos considera que se ha violado la Ley de Protección de Datos personales podría imponer las sanciones correspondientes.

A partir de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales recibió la queja el día 20 de junio de 2013, la Dirección General de Verificación del Instituto, envió los requerimientos a las empresas señaladas por los representantes de las asociaciones civiles, con base en un análisis que en su momentorealice el Instituto de la información que proporcionen las empresas requeridas, se determinará, en su caso, el inicio del procedimiento de verificación establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), mismo que de acuerdo con la normatividad debe ser tramitado de manera confidencial.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, un informe relativo a la tramitación recaída y el estado que guarda la solicitud de verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil en los expedientes IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013, con relación al presunto uso indebido del software “Finfisher” por parte de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION."

Que exhorta al titular del Instituto Mexicano de Cinematografía a impulsar la filmación “La Gesta de Teoloyucan”.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) a impulsar la filmación de “La Gesta de Teoloyucan”.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha tres de julio de 2013, el Diputado Gerardo Licéaga Arteaga, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Sobre la salpicadera de un viejo automóvil, el 13 de agosto de 1914 en Teoloyucan, Estado de México, se firmó el Tratado con el cual se consumó la Revolución Mexicana.

Este acontecimiento histórico conocido como “Los Tratados de Teoloyucan” constituidos por tres documentos: Poder que otorga Carranza a Obregón, Acta donde se firma la rendición de la ciudad de México, Acta que hizo constar la evacuación de la plaza de México por el ejército federal y la disolución del mismo, permitió que dos días después, seis mil hombres pertenecientes al cuerpo de Ejército del Noroeste, hicieran su entrada triunfal en la ciudad de México al mando del general Álvaro Obregón, quedando consumada la disolución del ejército federal y la victoria del Ejército Constitucionalista.

Don Venustiano Carranza entraría triunfante el 20 de agosto de 1914 a la ciudad de México instalando su gobierno, haciéndose llamar Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Ejecutivo de la Unión. De ese modo, con la firma de los Tratados en Teoloyucan se cerró una etapa de la guerra civil en México que dio por finalizado el porfiriato y se fijaron los cimientos del México moderno y del contemporáneo, el que no se puede explicar hoy si se desconoce esa etapa de la historia patria.

Revivir esta epopeya a través de una cinta cinematográfica en la que se conjuguen los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal, municipal y de la iniciativa privada, sería rendir un homenaje a los hombres y mujeres de esa generación, sobre todo cuando el próximo año se conmemorará el centenario de los Tratados de Teoloyucan, y su exhibición, en los ámbitos nacional e internacional contribuiría al fortalecimiento de la identidad nacional, tan mermada en la actualidad precisamente por la invasión decintas cinematográficas extranjeras que exaltan acontecimientos históricos ajenos a nosotros, cuando los mexicanos tenemos una rica historia que debemos llevar al llamado séptimo arte para que sea apreciada y valorada por la generación del siglo XXI.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) a impulsar la filmación de “La Gesta de Teoloyucan”

CONSIDERACIONES

I. Los integrantes de la Segunda Comisión del H. Congreso de la Unión coincidimos con el legislador proponente en el siguiente orden de ideas.

Históricamente los Tratados de Teoloyucan fue un acontecimiento que dio por concluida la segunda etapa de la Revolución Mexicana, y ante el avance del Ejército Constitucionalista hacia la capital del país, el presidente interino Francisco S. Carbajal decide pactar con Venustiano Carranza la rendición de la Ciudad de México.

El tratado fue firmado por el ex Gobernador de la Ciudad de México Eduardo Iturbide y el General Álvaro Obregón. En los tratados dicta la rendición y entrega de la Ciudad de México, además de dar por consumado el Ejército Federal.

La disolución del Ejército Federal fue pactado por el general Gustavo A. Salas y por el vicealmirante Othón P. Blanco por parte del Ejército Federal y representando al Ejército Constitucionalista Álvaro Obregón y Lucio Blanco.

El contenido de los Tratados establecía la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México conforme al retiro del Ejército Federal, entregar a las nuevas fuerzas, el cuerpo de policía así como también el garantizar los derechos de estos últimos y al ingresar el Ejército Constitucional a la Ciudad debe darse con un orden y sin molestar a los habitantes.

II. Ante la descripción del contexto histórico de los Tratados de Teoloyucan daremos paso a la importancia del resolutivo.

Conforme a la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 4 dicta que la producción cinematográfica tiene por objetivo de transmitir aspectos culturales, artísticos y educativos, además en su artículo 14 de la misma, establece que la producción cinematográfica tiene por función como forma de transmisión de la cultura mexicana y fortalecer las identidades nacionales, por ende las autoridades tienen por obligación fomentar la producción de este tipo de material.

La producción de películas mexicanas y producidas por empresas mexicanas o en su caso por estudiantes, el gobierno otorga estímulos económicos para que sigan la producción de cintas nacionales, además los apoyos provienen de un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

Este fondo como ya se ha mencionado con anterioridad, otorga los apoyos económicos para que se produzcan cintas mexicanas, cabe mencionar que el filmar la Gesta de Teoloyucan incentiva la transmisión de los hechos históricos acontecidos en la primera década de la vida revolucionaria del país.

Siguiendo con lo anterior, el fomentar el rodaje de esta película histórica hace que las casas productoras tengan el interés por filmar otros procesos históricos que han marcado el proceso y la consolidación de la democracia en nuestro país y rendirle un homenaje a los próceres que marcaron una diferencia en los procesos que en este caso son durante la revolución.

Cabe destacar que durante el periodo de 1930 a 1957, nuestro país fue un principal productor de películas y fue durante esta época como se consolido la época del cine de oro mexicano, donde se transmitieron los valores culturales que han identificado a nuestro país como una nación pluricultural.

Fue por medio de las películas del Cine de Oro Mexicano como se han plasmado películas de corte histórico y de la cultura Mexicana, por eso se coincide con el legislador de la importancia de filmar un acontecimiento histórico de relevancia como son los Tratados de Teoloyucan, porque plasman la victoria de los revolucionarios como Venustiano Carranza y del General Álvaro Obregón sobre las fuerzas armadas del ex presidente Victoriano Huerta.

El año pasado la diputada Kenia López logro que se aumentara el presupuesto de apoyo a la distribución del cine mexicano con 291 millones de pesos, dicha partida presupuestaria no solo es destinada a la cinematografía, va orientada al teatro, la danza, literatura, música y plástica.

Sin embargo este tipo de logros siguen siendo insuficientes, como lo exponen ciertas casas productoras que integran la Cámara Nacional de la Industria del Cine y del Videograma (CANACINE), las razones es que el financiamiento de producir cintas mexicanas se obtiene un crédito fiscal al pagar el ISR, que equivale al 10% de utilidad neta de ejercicio fiscal con respecto a un año anterior.

Este tipo de beneficios no pueden rebasar los 20 millones de pesos, sin embargo CANACINE desea que se incremente a 35 millones para que sea redituable el estímulo, además mencionan que para el año 2011 se financiaron 40 proyectos y con un estímulo de 479.6 millones de pesos y para el 2012 se destinaron 500 millones de los cuales explica CANACINE que se acaba dicho estímulo durante el primer semestre.

A pesar de este panorama se requiere que empresas privadas tengan que intervenir para financiar los proyectos cinematográficos, además hay quejas que no todos los proyectos fílmicos son distribuidos y proyectados en todas las salas de cine a nivel nacional.

Con esta situación que se muestra es, que el presupuesto no es suficiente para que los proyectos cinematográficos sean por completo financiados, hay que destacar que la Ley Federal de Cinematografía expone que debe exhibirse todo el material fílmico producido por empresas mexicanas porque el material filmado es con un contenido cultural.

III. Por lo anteriormente descrito, se coincide con el legislador proponente que el llevar a cabo la filmación de la Gesta de Teoloyucan es de importancia, por las principales razones de que es un hecho histórico que marco la historia del Ejército Mexicano, de dar por concluido la Revolución Mexicana y dar paso a la conformación de un gobierno justo como fruto de la Revolución.

El filmar la Gesta de Teoloyucan expone a la nación, de ciertos procesos históricos que están en los libros de Texto Gratuito, sin embargo se habla muy poco de estos hechos y carece de importancia, solo se le da importancia a los grandes hechos históricos y el filmar este proceso es darle la importancia a otros grandes sucesos de la historia mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) a impulsar la filmación de “La Gesta de Teoloyucan”

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION."

Que exhorta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a remitir un informe del presunto fraude cometido contra el Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdopara exhortar a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción sobre el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por un monto de casi 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en afectación de 18 mil profesores.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, Las Diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz, Alfa Eliana González Magallanes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Fernando Cuellar Reys, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“No podemos permitir, que continúe algo que ya parece una moda alentada por la impunidad, el saqueo sistemático de todos los fondos constituidos con recursos de los trabajadores. Sólo por recordar refiramos los siguientes casos: ahorros de los ex braceros, ahorros de vivienda a cargo del INFONAVIT reunidos hasta 1992, fideicomiso de los ferrocarrileros ferronales Jub-5012-6 , ahorros administrados por las Afores que sólo en mayo han perdido 80 mil millones de pesos más las comisiones que son un fraude legalizado desde 1997, poca transparencia en los fideicomiso para pensiones de Banobras y Banrural, entre otros.

Y bien, ahora nos vamos a referir a otro caso, igualmente preocupante e inadmisible: el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por un monto de cerca de 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en afectación de 18,000 profesores. Mismo que fue constituido mediante Decreto del Gobernador de Chiapas en octubre de 1964.

Durantedecenas de años miles de profesores del estado de Chiapas, mediante descuentos de noventa pesos a sus sueldos,fondearon el Patronato del Seguro del Maestro al Servicio del Gobierno del Estado, hoy denominado Patronato del Seguro de Vida y Retiro o Patronato del Seguro Mutualista. Con el fin de que los ahorros así logrados se entregaran a los maestros o a sus beneficiarios al obtener su jubilación o fallecer, según el caso.

Sin embargo, en un fraude verdaderamente sin nombre, los administradores de este patronato dejaron en ceros los ahorros de los trabajadores. Concretamente el fraude fue descubierto por los maestros entre los años2000 y 2001. Los administradores, en franca burla a estos trabajadores de la educación dijeron, que este despojo se había originado por la destrucción de la documentación por el huracán Larry, y la base de datos también se había destruido por un virus computacional.

Al instante surge la pregunta: ¿que acaso no es una cosa la información, y otra cosa los dineros ahorrados? Que se sepa, Larry y el virus no se llevaron los dineros de los trabajadores, que para 2001, ya oficialmente equivalían a cero.

En primera, los responsables, debían probar que era cierta esa pérdida de información, segundo, que se debía a fuerza mayor y no a una maquinación. Pero sobre todo, esto desde luego no llevaba a la pérdida de los ahorros. Pues, en todo caso, cada trabajador con su documentación probatoria podía acreditar el saldo que le correspondía.

Y bien, la sospecha del fraude fue probada, cuando, los maestros inconformes sometieron el Patronato a revisión contable, que dio como resultado un faltante de 50 millones 627 mil 662 pesos, más daños y perjuicios, durante las administraciones de 1998 a 2004, mismas que funcionaron bajo las presidencias de los CC. Martín Duarte Almaraz, Susy Maribel Vázquez Sánchez y Nahum Aguilar Gómez; siendo secretarios-tesoreros Jorge Pérez, Esperanza López Flores y Amalia Guadalupe Figueroa Ramírez, y comisarios, Joel Aguilar Pérez, David Aguilar Solísy Jorge Pérez Pérez.

En el año de 2004, presentada la denuncia por los profesores afectados, la hoy Procuraduría de Justicia de Chiapas, confirmó un faltante de $51'497,920.10, es decir, casi 52 millones de pesos, más insisto, los daños y perjuicios causados.

De entonces a la fecha han transcurrido casi 9 años, sin que las autoridades locales hayansancionado a los responsables y, menos se devuelvan estos dineros al Patronato de los profesores. Por lo que urge que un tercero neutral a las partes intervenga para que a la brevedad se aclaren las cosas y se haga justicia, en el caso la Procuraduría General de la República, atraiga este caso con base en la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, que a la letra dice, en su párrafo segundo:

“ Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales…”

Además de la relevancia del asunto, tenemos que este fraude tiene conexidad con delitos federales, así por ejemplo, estas conductas pueden llegar a configurar el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, también y por confesión de los propios responsables: las bases de datos fueron devastadas, por lo que es probable su responsabilidad en alguno de los delitos contenidos en el capítulo “Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”. Respecto a ambos casos el Código Penal Federal, en su parte conducenteseñala:

“Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita…”

“Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa.

“Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.”

“Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.”

Por citar algunos.

No es admisible, no se debe permitir que 18 mil trabajadores y sus familias, vean arrebatados sus ahorros reunidos con tanto esfuerzo y, que quede sumido en la impunidad como si careciera de toda trascendencia.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción respecto al fraude cometido al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por un montoaproximado de 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en afectación de 18,000 profesores del Estado de Chiapas, con fundamento en la fracción XXI del artículo 73 Constitucional.”

CONSIDERACIONES

I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la necesidad de que la federación, a través de la Procuraduría General de la República, atraiga las investigaciones para revisar la posible existencia de un fraude perpetrado en afectación del patrimonio de aproximadamente dieciocho mil Profesores y trabajadores de planteles educativos en el estado de Chiapas.

II. En este tenor, son de conocimiento público y por tanto, de esta dictaminadora, los siguientes hechos:

a) El Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación de Chiapas fue constituido el 26 de octubre de 1964, mediante Decreto emitido por el gobernador de Chiapas. Por virtud de dicho instrumento, se realizó un descuento mensual de noventa pesos sobre el salario de cada profesor, como aportación a la mutualidad del patronato, sea o no agremiado a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

b) Desde 2001, se advirtió un déficit importante en el fondo, pues en ese entonces la suma ahorrada en éste era igual a cero, aún cuando se estima que dicha cantidad debería ascender a cuando menos 50 millones de pesos.

c) Ante esto, los funcionarios del patronato se limitaron a argumentar que la tormenta tropical Larry (ocurrida en octubre de 2003, dejando al menos 39 mil damnificados, además de 9 mil viviendas y ocho escuelas dañadas), había destruido toda la documentación relacionada con la materia adentro de las propias oficinas y que las bases de datos computacionales habrían sido devastadas por un virus computacional, lo que hacía imposible la comprobación respectiva.

d) El 9 de julio de 2004, diecisiete socios del Patronato presentaron querella ante el Ministerio Público local, con las pruebas documentales que sustentan el faltante, por los delitos de abuso de confianza o los que resulten en el curso de las investigaciones. Expediente sobre el cual recayó el número de averiguación previa 669/CAJ4-B/2004.

e) A nueve años de interpuesta la denuncia correspondiente, la investigación continúa sin resolverse, permaneciendo vedada desde entonces la garantía de acceso a la justicia para los afectados.

III. Sin prejuzgar sobre ninguna de las aseveraciones señaladas en la correspondiente denuncia, esta Dictaminadoraconsidera de la mayor gravedad la afectación al patrimonio de dieciocho mil profesores y sus familias; así mismo, advertimos con preocupación la actitud omisa de la procuraduría estatal para señalar, ante la existencia de un presunto delito que perseguir, a los probables responsables en su caso.

Hemos de considerar que la investigación permanece formalmente abierta y pendiente de resolución ante la Procuraduría de Justicia estatal –particularmente ante su Unidad de Asuntos Relevantes- que si bien ha confirmado un faltante de 51 millones 497 mil 920 pesos, más daños y perjuicios en el activo de dicho patronato, no ha determinado la probable responsabilidad de quienes tuvieron acceso a dichos fondos.

Ahora bien, considerando presumible que los hechos detallados en la propuesta de mérito pueden referirse a un hecho de delincuencia organizada, es actualizable el mandato constitucional de existir conexidad con delitos federales, en virtud de lo cual la petición obedecería a la relevancia del caso, y no a la eficiencia de las autoridades respectivas, que continuarían como coadyuvantes en el caso.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a remitir un informe del presunto fraude cometido en contra del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que en caso de existir conexidad con delitos federales, atraiga la investigación correspondiente al presunto fraude cometido en contra del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que le ha sido conferida en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION."

Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias. Solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes reservados.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Les informo que tenemos la reserva de los siguientes dictámenes.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Relativo al proceso electoral en algunas entidades federativas, del 7 de julio del presente año.

Que exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos electorales.

Que exhorta a las entidades federativas que aun no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, a dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 46 de la ley de la materia.

Por el que se desecha la proposición que solicita información acerca de la creación de la Gendarmería Nacional.

Por el que la Comisión Permanente se pronuncia en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública a buscar mecanismos eficaces para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases en los planteles educativos, gubernamentales, por paros, plantones o huelgas magisteriales.

Son todos los que tienen reserva, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulto si alguien desea reservar otro dictamen para su discusión.

Informo que ha sido retirada la reserva del dictamen por el que la Comisión Permanente se pronuncia en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Cuente entonces con que la reserva sigue vigente.

La había retirado, me informan, el PRD, permanece la reserva y se discutirá en el momento procesal oportuno.

Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de ustedes.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aun no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la ley de la materia.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen, y aclaro que seguiremos el orden que está establecido en el Orden del Día publicado, a menos de que esta Asamblea acordara modificarlo.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Cristina González Cruz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Diputada Cristina González Cruz: Con su venia, señor Presidente.

En sesión de fecha 19 de junio de este año, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Alejandro Encinas presentaron un punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades

federativas a colaborar con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asunto de gran relevancia.

Es menester precisar los antecedentes de fecha 25 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El objeto de esta ley es para establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas urgentes de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo precisamente como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De conformidad con los artículos 46 y 47 del citado ordenamiento legal, los convenios de cooperación entre la Federación y los estados, contemplarán las acciones conjuntas para facilitar y garantizar la operación eficaz y eficiente de los mecanismos para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través de determinados mecanismos, entre los cuales, la designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de esta ley, el intercambio de información de manera oportuna y experiencias técnicas del mecanismo, así como para proporcionar capacitación, la promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección.

Es menester también hacer mención de la existencia de un reglamento a esta ley que establece con claridad los principios y los procedimientos que deben dar sustento a la coordinación del mecanismo de la coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

En igualdad de circunstancias, estas reformas tienen gran trascendencia porque se modificó el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación.

También es importante resaltar, que incluso se hace efectiva la facultad al Ministerio Público de la Federación para atraer e investigar las agresiones a periodistas y medios de comunicación en caso de omisión de las autoridades locales o de participación de servidores públicos.

Se incorpora también el ejercicio de esta facultad cuando en una determinada entidad federativa existan condiciones generalizadas de riesgo a las libertades informativas y de expresión, cuando la víctima o el ofendido se encuentren bajo peligro real, o bien, cuando por una resolución de tribunales internacionales se hubiera reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en la persecución de los delitos del fuero común cometidos contra periodistas o contra las libertades asociadas a su función social.

Es importante mencionar que la ley en comento crea este mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, circunstancia de suma trascendencia, en virtud de que se sientan las bases a efecto de que el Estado mexicano atienda una de las responsabilidades fundamentales, que es proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

El gobierno federal, en esta nueva administración, ya ha dado su propio punto de vista en voz del titular de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Miguel Osorio Chong, al señalar que atentar contra la libertad de expresión y de prensa, es atentar con los derechos y las libertades fundamentales de toda la sociedad, y reconoció que es responsabilidad del gobierno proporcionar la protección necesaria a los periodistas para que no sean vulnerados en su integridad física y moral.

El grupo parlamentario del PRI expresa su compromiso y, sobre todo, su beneplácito con un punto de Acuerdo de gran importancia en el que se debe exhortar a las entidades federativas que no han suscrito este convenio, y en el que tenemos pleno conocimiento, porque además está a la luz pública el número de ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de medios de comunicación, así como de los incidentes que afectan su capacidad para ejercer la libertad de expresión como consecuencia de amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los crímenes de los que son víctimas.

Son acciones, lo dejamos muy claro y el grupo parlamentario del PRI lo expresa, que no se deben de volver a presentar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputada González Cruz.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

De manera muy puntual, retomando la intervención de la Diputada Cristina González, quien ha destacado los aspectos centrales de este punto de Acuerdo que ha aprobado la Primera Comisión, yo solamente quisiera destacar la necesidad de consolidar el establecimiento pleno de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue publicada el 25 de junio de 2012, y que lamentablemente 7 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal no han suscrito entrar al convenio ni se han establecido los mecanismos de protección a las personas que son objeto de agresión o incluso han sido víctimas de distintos factores de la delincuencia organizada y la violencia en nuestro país.

Este es un problema serio. Al momento han sido ya reconocidas hasta 78 solicitudes para que sea establecido el mecanismo de protección a solamente 22 personas, mientras la violencia sigue incrementándose.

Hay que señalar que la cifra oficial, la que conocemos hasta hace 15 días, que fue momento en que se presentó este punto de Acuerdo, se reconoce que se han cometido a la fecha 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, particularmente en los estados de Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Baja California. Solamente en estos 4 estados se concentra el 41.5 por ciento de las agresiones.

A lo que se suma, lamentablemente, como a la fecha, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas no ha presentado avances significativos en la mayor parte de los casos que le corresponde analizar y siguen pendientes la mayor parte de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos por parte de la Procuraduría General de la República.

Por eso la importancia de este punto de Acuerdo que exhorta, de manera respetuosa, a las entidades federativas que aún no han suscrito este convenio, lo hagan a la brevedad.

Que exige y exhorta a las distintas entidades a que adopten el mecanismo de protección que deriva de la ley y particularmente un asunto que es de mayor trascendencia, es que las distintas autoridades locales informen a la Comisión Permanente cuál ha sido el avance en el cumplimiento de estas disposiciones legales.

Yo me congratulo que la Primera Comisión haya retomado esta propuesta y espero que la aprobemos por unanimidad.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senador Alejandro Encinas.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo en relación con el proceso electoral del 7 de julio del presente año.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen, con los nuevos resolutivos.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen, con los nuevos resolutivos.



"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un respetuoso llamado a las autoridades electorales y demás instancias que intervienen en los procesos electorales locales, a actuar con estricto apego a la legalidad, institucionalidad, imparcialidad, así como los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del congreso de la Unión, hace un respetuoso llamado a las instancias de procuración de justicia para que en el ámbito de su competencia y previa denuncia, actúen con prontitud y diligencia ante cualquier presunta conducta delictiva realizada con motivo del proceso electoral, así como para que establezcan mecanismos de información adecuados y accesibles para orientar a la ciudadanía sobre la interposición de denuncias, con motivo de la presunta comisión de delitos electorales".

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba que la discusión verse sobre estos nuevos resolutivos que han sido leídos.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba que la discusión sobre este dictamen verse sobre estos puntos resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Está entonces a discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Es de las anécdotas que deberían estamparse en un libro de incongruencias de la Cámara y de la Comisión Permanente.

Vamos a discutir, los ciudadanos legisladores, puntos de Acuerdo de lo que sucedió hace dos días. Es un punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades electorales que tengan cuidado con el proceso del 7 de julio. Y luego exhortamos al Procurador General de la República para que acepte las denuncias.

Es impresionante, de verdad, es como estas verdaderas de perogrullo que no tiene desperdicio todo el crítico del Congreso. Es más, son dignas de las “mangas del chaleco”, los que la ven, porque es una incongruencia total.

Va a discutir la Comisión Permanente lo que ya sucedió el domingo pasado. Y entonces no existe materia, porque este tema es tan importante que debió haberse deliberado antes del 7 de julio.

Sin embargo, deberíamos corregir, por decencia y pulcritud, y hacer que el punto de Acuerdo dijera: “discusión sobre lo sucedido el 7 de julio en México, con motivo de la elección en 14 ó en 15 estados del país”.

Y voy a tratar de ser congruente con mi posición. Primero porque, ¿cuál es la lección de la elección? Yo sostengo que hoy nació el Partido de la delincuencia organizada. Sostengo que la violencia fue la característica invariable de los procesos electorales. Sostengo que la constante en los 14 procesos, en su mayoría, fue el uso de los cuerpos policiacos y militares para proteger a los delincuentes electorales. Sostengo que hoy hay una nueva modalidad que usó fundamentalmente cada gobernador en entidades federativas.

Usaron la policía estatal, la policía ministerial y, lamentablemente, el Ejército, para que protegieran a los delincuentes electorales y acompañaran en muchos casos a la delincuencia organizada, que estaba operando electoralmente comprando el voto y haciendo triquiñuelas y mapacherías en el país.

Es muy grave, quizá ustedes puedan pensar que es una cosa insubstancial.

No, señores.

El problema es que esta nueva modalidad puso en riesgo y violentó los principios y las garantías individuales. No hubo seguridad del sufragio, no hubo certeza, no hubo legalidad.

Es de verdad una hazaña ciudadana de los candidatos enfrentarse al poder de los gobernadores. Es una hazaña al ciudadano de todo los candidatos de la oposición enfrentarse no sólo al aparato del gobernador, sino el día de la elección enfrentarse a la policía del gobernador, al Ejército Mexicano, que actúan como operadores y protectores de la delincuencia electoral y de la delincuencia organizada.

Miren, otra de las constantes fueron los institutos electorales, totalmente subordinados al gobernador. No hay autonomía en ningún instituto electoral del país, son oficinas de extensión ni siquiera del gobernador, del secretario particular del gobernador. Es una inmundicia impresionante.

A los gobernadores, como el de Zacatecas, Miguel Alonso, el poder los envileció, el poder los corrompió, y ahora tenemos pueblos atemorizados y perseguidos.

¿Que ganaron con carros completos?

¿Era esa la indicación, que a los opositores los liquidaras?

Pues se equivocan, porque hoy estamos más vivos que nunca, porque luchamos por principios.

Miren, lo mismo pasó en Zacatecas que en Baja California. Yo tengo familiares allá, lamentablemente militantes del PRI.

Pero los persiguió, los amedrentó la policía y estaban afuera de sus casas. En Baja California se usó la policía, como en Zacatecas se usó la policía.

Es impresionante que no haya un pronunciamiento enérgico del Congreso de la Unión.

Yo le diría al pueblo de Zacatecas: “Los felicito por su heroísmo frente a estos gobiernos sátrapas que violaron la ley”. Y le diría al pueblo de Baja California: “Resistan, no acepten las concertasesiones revisadas ahora del viejo salinismo en el neopriísmo de Peña Nieto, no lo acepten, rebélense, nada de que demos ya vuelta a la página, no hay graves agravios en materia electoral. Y por eso nosotros nos resistimos a reconocer los resultados.

Empieza mal este gobierno de Peña Nieto, empieza mal con estos procesos electorales, se instaura el autoritarismo, se confirma la restauración pactada y las peores prácticas del viejo régimen y se acepta como actor político a la delincuencia organizada, que impuso candidatos y que ahora tendrá gobiernos en los estados y municipios.

Termino, señor Presidente.

De ser ciertas las acusaciones de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, en contra del candidato de la coalición PAN-PRD, Antonio Martín del Campo, de ser cierta, porque no se ha aclarado, fue sólo un ardid, fue una trampa, fue una maniobra, hay elementos o tendremos ya a la “familia michoacana” gobernando Aguascalientes.

Hoy la delincuencia organizada fue el principal actor, ¿qué está pasando?, el pacto no sólo es con la oposición, sino también ya con el crimen organizado, ¿hay pacto?, pregunto, ¿hay pacto, hay ya una tregua de los cárteles con el gobierno y el PRI?, pues que lo digan, y yo les planteo que ya no hagamos elecciones, porque nadie va a ganar en esas condiciones, de verdad, el más popular, el más carismático, el más honesto, no va a ganar elecciones, porque esas las deciden en pactos mafiosos y por eso yo me resisto, y por eso vamos a seguir luchando por un cambio verdadero en este país, no nos vamos a cansar, quédense con todo, atragántense, porque un día vamos a gobernar este país, sigan, sí, dicen ya llovió, pero les voy a decir una cosa, si no lo logramos, al menos nuestros hijos no nos van a reclamar que fuimos pusilánimes y cómplices, nosotros no lo vamos a hacer, y si no logramos el cambio verdadero, lo vamos a dejar adelantado, no importa, pero no somos tranzas, no vamos a vender nuestra convicción, no vamos a negociar, no vamos a pactar, vamos a sostener nuestros principios, porque eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva a seguir en la lucha.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene ahora el uso de la voz el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Algunos aquí vamos a tener que seguir hablando de este tema, porque es evidente que la verdadera oposición quiere rescatar la vía electoral de manera pacífica, ya creo que el Diputado Monreal habló mucho de ello.

Se hace costumbre que después de cada proceso electoral se impulsen iniciativas de las denominadas reformas políticas, ya oímos al PAN hablar que es un experto en la materia.

Los procesos electorales, más que reformas políticas, requieren de un cambio en el quehacer político, en la forma de entender la democracia, las reglas electorales son claras, las cuestiones son que éstas no se acatan; por disposición constitucional y legal los órganos electorales deben ser autónomos, profesionales e imparciales.

Condiciones que no se cumplen en los hechos, la subordinación de los órganos electorales al virreinato de los gobernadores en las recientes elecciones, aunado a las disposición a modo de las burocracias y policías estatales y municipales, incluyendo al Ejército, medran a la democracia como sistema político y de gobierno, obvio, todo ello al amparo de la Presidencia de la República.

Las elecciones del pasado domingo no son ajenas a ustedes, señoras y señores legisladores, ustedes saben y conocen de casos concretos. Yo, y la prensa, hemos hablado de Veracruz, de Oaxaca, de Zacatecas, hoy porque los compañeros del PT en Durango me han pedido que en esta tribuna hable sobre lo que ocurrió en Durango y porque a lo mejor otros ni siquiera van a querer hablar aquí sobre los que los agraviaron, hechos terribles como el asesinato del candidato a presidente municipal de San Dimas, Ricardo Reyes Zamudio, así como la falta de registro de candidatos por la amenaza de grupos de la delincuencia organizada en municipios del mismo estado, o bien la ilegal detención de militantes del PT y otros partidos.

Insisto, esto se dio en Veracruz, tres muertos, se dio en Oaxaca, se dio en Guerrero otro muerto, se dio en Zacatecas otro muerto y aquí nadie habla de eso.

Podemos afirmar que en el estado de Durango una vez más se dio una elección de estado, donde el gobierno echó mano de todas las estrategias para favorecer a los candidatos de su partido.

De qué manera se puede explicar que se hayan sustituido de última hora 200 presidentes de casilla y que en el padrón haya además 5 mil 500 ciudadanos con registro duplicado.

Ya no hablar de accesos a los programas sociales, coacción, compra del voto, lo que es real es que en Durango y en varios estados del país se vive un clima de inconformidad, hay casos donde se quemó la papelería, como en el estado de Veracruz, allá en Ixhuatlán, o como hoy que todavía sigue protestando la gente con toma de oficinas en el municipio de Mapimí, en Durango.

Miren, estos casos concretos, que no son ajenos a ustedes, y que tienen como característica la distribución de despensa y compra de votos en todos los municipios de los estados donde hubo elecciones, una alta sustitución, como he dicho, de funcionarios de casillas en los días previos a la jornada electoral.

Algo ya muy diseñado y que recuerda las épocas del salinato.

En particular, bien señalaba una ciudadana cuando se le cuestionó el porqué vendía su voto por mil pesos, ella dice; “usted no sabe, somos seis de familia, con mil pesos comemos bien una semana, como si fuera navidad.”

Esta es la cuestión, la base de las elecciones en México es medrar con la necesidad de la población más vulnerable, la ley prohíbe la compra y coacción del voto, al igual que prohíbe el uso y desvío de recursos públicos, dónde está el problema entonces.

Cuáles son los motivos de la frustración de elecciones limpias creíbles, un ciudadano un voto, libre igual, muchos de ustedes lo saben, porque lo han vivido o practicado, no son las mismas razones de aquel que vende, de aquel que compra o condiciona la conducta de quien tiene derecho a votar en forma secreta, libre y directamente.

El primero, el que vende su voto prioriza la necesidad de comer bien en unos días; el segundo, justifica su acción en ganar en función de la capacidad de corrupción y amenaza hacia el otro, hacia el vulnerable.

El nivel de corrupción atiende a la necesidad de ganar para conservar su poder en la administración pública, estatal y municipal al igual que en el Poder Legislativo local.

Denunciar en este foro las violaciones al proceso electoral de los estados, ¿tendrá sentido? Cuando algunos de los presentes, de estos que están aquí, en esta sesión, fueron operadores, coordinadores, si no es el caso, conocen de las prácticas de compra y coacción que implementan las estructuras del gobierno federal, local y municipal y los partidos políticos y candidatos que representan ustedes.

No sólo eso, estoy culminando, también trasciende esta práctica de corrupción al sector privado, de ahí los tiempos en radio y televisión local que, a través de propagandas disfrazadas de noticia o de análisis político, se favorecen o destruyen candidaturas, de inserciones periodísticas que no son noticia, sino simple y llanamente propaganda electoral. Periódicos y revistas de circulación estatal o regional que encubren una campaña mediática que no es monitoreada ni denunciada para no molestar a los dueños de los medios, mismos que viven del presupuesto a través de la propaganda gubernamental.

No hay mucho que exponer de la corrupción en las elecciones porque ustedes han sido parte y comparsa de los mismos. Podemos denunciar de nueva cuenta los ilícitos que el Presidente del PAN señaló como focos rojos o estados de emergencia electoral, o los que denunció el mismo PRD en los días previos a la jornada electoral.

Es difícil esperar que el llamado de Enrique Peña Nieto en su calidad de Presidente del Pacto por México no conduzca a aceptar y ocultar las irregularidades que sus candidatos y dirigentes estatales estuvieron denunciando. Esperamos que el acuerdo político no encubra la corrupción electoral y la narcopolítica que ustedes mismos han venido denunciando y, en el peor de los casos, con sentido, los vuelva cómplices implícitos.

Es todo.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Ladrón de Guevara..

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda alguna, tiene razón el Diputado Monreal cuando señala con toda puntualidad que debiera darnos vergüenza el estar discutiendo algo que ya ocurrió. Es importante entonces hacer un ejercicio de memoria para dejar clara la posición que han tenido los grupos parlamentarios en un tema tan importante como es el proceso electoral.

Quiero traer a su memoria la votación de la semana pasada en la que el PRI votó en contra precisamente de que este tema se discutiera. Y pareciera ser que entonces estamos dispuestos a caer en el ridículo hablando y discutiendo sobre temas que ya ocurrieron, haciendo exhortos respetuosos a la autoridad para que se cumpla con la ley, haciendo exhortos respetuosos, y lo subrayo porque cuánta intención tienen siempre en las comisiones de que esa sea la forma en la que la representación de los estados y la representación de la Nación quede en exhortos respetuosos a cumplir con la ley.

El PRI no quiso debatir este tema, y por lo que veo tampoco lo quiere debatir hoy. Pero este es el gran tema que hay que discutir, es el tema que tenemos que debatir hoy, mañana, pasado, hasta en tanto no logremos corregir las enormes vulnerabilidades que tiene nuestro sistema electoral y especialmente que tiene la vida democrática de nuestro país.

Si nosotros nos quedamos solamente con el análisis de lo que fue este pasado proceso electoral, pues habría que destacar lo que falló de una venda que con bombo y platillo, presidida por Enrique Peña Nieto, convocaba a que todas las fuerzas políticas hicieran lo que dice la ley, que cumplieran con lo que se tiene que cumplir porque está mandatado en la ley.

Haciendo un recuento rápido empezamos por Veracruz que, sin duda alguna, no debiera de dejar llamarnos la atención la frase famosa de “no te preocupes”. dicha por el titular del Poder Ejecutivo a una Secretaria de Estado señalándole que no importaba que no se estuviera cumpliendo con la ley, al final del día siempre aparecen las críticas.

Pareciera ser más bien el banderazo para que otros secretarios en otros estados de la República hicieran lo que se había descubierto en Veracruz. Hicieran que el uso de programas, padrones, y recursos públicos y privados se convirtiera día con día.

En el día a día, el debate entre Zacatecas, el debate entre Veracruz, en Quintana Roo, quedó en evidencia que la violación flagrante a la ley fue el imperativo en cada uno de los días del proceso electoral. Y no solamente eso, no solamente el uso del dinero público o del dinero privado, que es parte de ese circuito de corrupción en el que a mí me alerta que no haya políticos que se extrañen, que de pronto empieza a fluir el dinero, de pronto con las colonias populares empiezan a llegar los camiones de volteo con bultos de cemento, con pacas de cartón, con despensas, en esos lugares donde siempre a la gente se le niega la posibilidad de acceder a los recursos públicos.

Pero eso sí, cuando llega el proceso electoral aparece el líder del seccional, aparece el dirigente, el candidato a regidor o el candidato a gobernador con tandas y tandas de dinero para llegar y entregarle esas migajas a la gente a cambio del voto.

El problema, compañeras y compañeros, es que esto ya se volvió el día con día, y no solamente fue este proceso electoral, fue el 2012, fueron los previos, y ya es a lo que hemos llevado nuestra dinámica de búsqueda del poder a través de los votos, en la forma en la que los políticos, los Senadores, los Diputados, los regidores, los gobernadores, acceden al poder.

Es importante entonces, compañeros, que lo pongamos en la mesa, porque así como la semana pasada el PRI votó en contra de que se debatiera esto en el preciso momento en que se tienen que debatir las cosas, cuando el problema es álgido y cuando el Congreso tiene que levantar la voz frente a los problemas, así hoy vemos un PRI que se queda callado. Un PRI que sabe que lo que estoy diciendo aquí ocurre en todos los espacios del territorio nacional. Compañeros de otros partidos, yo los convoco a que este sea el gran tema que debatamos. Nuestro sistema electoral está rebasado, no podemos quedarnos solamente con la idea de una nueva reforma electoral. Sí tenemos que garantizar, por supuesto, que el dinero no se siga yendo a pagarle a los medios, que el dinero no se siga yendo a pagar esas despensas para comprar los votos, eso sin duda alguna lo tenemos que resolver.

Pero, compañeras y compañeros, frente a las grandes reformas que se tienen en el país como parte de una agenda, yo les preguntaría, ¿cuál es la más importante después de que consecutivamente cada vez más los procesos electorales ahuyentan a la ciudadanía y van erosionando la confianza de la gente en la clase política? Yo les preguntaría, ¿qué es más importante que la reforma política en este país?

Y ahí están los temas y los vuelvo a poner para los que quieren responderle a México. Para los que quieren un cambio institucional hagamos la transformación a partir de las instituciones de transparencia, démosle nuevas instituciones de combate y de lucha a la corrupción, discutamos y debatamos la segunda vuelta, entrémosle de fondo a ver la manera en la cual la competencia no solamente se define en el plano electoral, sino cómo le damos un nuevo marco institucional a la vida democrática que día con día, cuando terminan procesos como el del pasado 7 de julio, se nos van escurriendo entre las manos, y la ingobernabilidad en este país por la pérdida de confianza en su clase política se asoma en muchos rincones de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene ahora el uso de la voz el Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo creo que todos debiéramos estar preocupados de estar aquí discutiendo prácticas y comportamientos de cualquier país bananero, de cualquier país lleno de caciques, lleno de virreyes, con territorios gobernados o espacios en donde manda el jefe de tal o cual organización criminal. Municipios que van y entregan la obra completa al jefe de tal o cual banda para que determine qué constructoras entran, para que decida cuánto van a pagar y cuánto le van a entregar de diezmo las constructoras con la obra pública, y que hoy, en el marco de la elección, en el marco de la contienda, aparecen todos los signos ominosos de violencia, de coacción, de intimidación, de extorsión, todas las prácticas habidas y por haber y vínculos raros entre gobernantes y las organizaciones que participan en el crimen. Y eso es sumamente delicado, ni siquiera la elección presidencial, y todo llegó en el nivel de clima de violencia como el que tuvimos ahora en el marco de esta elección.

El asunto del asesinato del compañero nuestro, coordinador de la campaña de Guadalupe en Zacatecas, un día antes de la elección; el asunto del asesinato del candidato de San Dimas, en Durango; el asesinato de compañeros en Veracruz; la quema de vehículos en el caso de alguno de los municipios de Quintana Roo. Es decir, una serie de prácticas que llevan a final de cuentas a poner en cuestión el sistema electoral que tenemos vigente, y que nos plantea la necesidad de revisar de fondo porque, lo que no podemos negar es, la gente a final de cuentas no está yendo a participar, no está decidiendo en el marco de las elecciones, lo están haciendo una parte minoritaria de la población, el abstencionismo se está imponiendo y evidentemente que eso no ayuda a fortalecer ni ayuda a darle viabilidad a ningún país.

O revisamos de fondo el asunto y reconocemos que el sistema político-electoral está agotado, que dio lo que tenía que dar, y que requerimos el diseño de otras instituciones que sancionen, que eviten el uso de los recursos públicos para andar comprando votos, el uso de los programas sociales para coaccionar, para chantajear a quienes de alguna manera tienen hambre y los obligamos a que vayan a votar en tal o cual dirección, haciendo uso de la pobreza y del hambre que padecen y se extorsiona la gente y se manda a sicarios del crimen organizado a amedrentar a tal o cual candidato, o tal o cual planilla en los diferentes municipios, eso, compañeras y compañeros, en ningún momento va a poder hacer bien a este país, ni va a poder andarse presumiendo en ninguna parte.

Lo cierto es que tenemos un proceso de descomposición, lo reconozcamos o no. Está un proceso de descomposición política y social que tarde que temprano nos va a brincar y no nos asombremos del fenómeno que aparecía en Brasil, muy tranquilo hasta hace poco tiempo, y de pronto estallaron las grandes manifestaciones. Aparentemente tenemos el país, en general, diríamos, encausado, sin embargo, los brotes y los focos rojos aparecen por aquí y por allá, y si no le ponemos atención, y si no nos ponemos a discutir de fondo la agenda política y la agenda de reforma electoral que requiere el país, producto de los resultados de esta elección, producto de los vicios que afloraron en el marco de la elección, y si no nos ponemos a trabajar y a acordar los grandes temas que requiere el país que discutamos, vamos, indiscutiblemente, derechitos al precipicio, llevando a la bronca de la confrontación social a las diferentes regiones y a seguirle dejando regiones y territorios al crimen organizado para que haga y deshaga, para que decida que hace y a quién impone en cada uno de sus municipios.

No creo que sea por ahí por donde podamos seguir transitando, yo invito, exhorto a todos los compañeros y compañeras integrantes de esta Comisión Permanente representante del Congreso de la Unión en nuestro país, a que reflexionemos, a que tomemos conciencia y a que coloquemos muy pronto ya la verdadera agenda que debe estar discutiendo esta Comisión Permanente, que deben estar discutiendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sobre lo que afloró y lo que resultó a final de cuentas en el marco de estas elecciones.

Nadie puede quedar satisfecho de lo acontecido, nadie puede tapar el sol con un dedo y nadie puede negar los vicios que se generaron por el uso de los recursos, por el abuso que se hizo y la manipulación de los órganos electorales en cada entidad. Nadie puede negar la intromisión abierta, descarada de gobernadores, y nadie tampoco puede negar el uso que se hizo por parte de los gobiernos del crimen organizado para amedrentar, para aniquilar a candidatos en el marco de esta elección.

Eso habla muy mal del resultado y requerimos, si queremos ponerle un alto y encausar esto, reconocer que está agotado el sistema político-electoral que tenemos.

Gracias, compañeros.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Alonso Raya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Me parece que en primer lugar valdría la pena hacer una reflexión sobre la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente es el espacio en donde además de resolver las atribuciones que la Constitución le da de temas resolutivos, que son pocos, es el espacio y el escenario para debatir políticamente los temas del momento. Y la verdad de las cosas, es que en este receso la Comisión Permanente siempre ha encontrado obstáculos para que se debatan los temas que son oportunos. Es el caso de este punto de Acuerdo.

El punto de Acuerdo es un exhorto para que las autoridades electorales de los estados resuelvan las quejas que tienen los partidos antes del proceso electoral, proceso que pasó hace tres días.

Es el caso también hoy, por ejemplo, todos los países del mundo, después de una denuncia de un técnico de inteligencia de Estados Unidos, de que eran espiados por Estados Unidos, tanto sus Congresos como sus Jefes de Estado se han pronunciado enérgicamente condenando, con una sola excepción, México, y la Comisión Permanente tenía agendado un punto al respecto, y evidentemente no se va a abordar hoy, como en todas las semanas siempre encontraremos triquiñuelas para que no se aborden los temas de interés general.

Hablando ya del tema específico de las elecciones, me parece que el día de hoy se están haciendo los recuentos en la mayor parte de los estados, entiendo que Oaxaca lo hace el día de mañana, los cómputos oficiales, pero hay una cosa que creo que ha sido constante en todos los oradores, el proceso electoral que vivimos en los estados no es un proceso que sea confiable, no genera certidumbre en los resultados y es expuesto a todas las dudas y sospechas de actuaciones, de recursos públicos y de los propios órganos electorales estatales.

Creo que valdría la pena esperar a terminar los cómputos, pero si algo que se pueda advertir, algo tenemos que hacer para hacer confiables los procesos electorales locales, no hay país en el mundo que progrese, que tenga un crecimiento económico sostenido, si no tiene un acuerdo básico social y político que haga que las elecciones sean confiables, que ganen o que pierdan, pero que los resultados sean aceptados.

Y en México no lo hemos logrado en muchísimos años; quizá hemos tenido avances importantes a nivel federal, desde luego que todavía quedan temas que debamos de resolver, pero a nivel estatal verdaderamente estamos en situación caótica, empezando por los propios órganos electorales. En la Mesa del Congreso se presentó una iniciativa que valdría la pena traerla ahorita a la memoria para discutirla, la creación de un Instituto Nacional Electoral. Hoy día el Instituto Federal Electoral ya realiza varias funciones que competen a los estados, merced a un convenio que suscriben todos los estados, el Instituto Federal Electoral hace el padrón que utilizan los institutos locales.

Merced a ese mismo convenio, se tiene como único medio de identificación electoral, la credencial de elector, que emite el Registro Federal de Electores, depende del Instituto Federal Electoral.

También merced a los acuerdos en las elecciones concurrentes, la ubicación de las casillas se define por el Instituto Federal Electoral y contigua a ella se pone la casilla a nivel local. Ya son muchas las funciones que se realizan federalmente y los institutos locales siguen sin credibilidad. Aquí hace un momento se mencionó, por ejemplo, el caso de Durango, en donde 24 horas antes del proceso electoral, después de haber un proceso de insaculación, de capacitación, se sustituyen a varios de los presidentes de las casillas, creo que el caso más patético es el de Baja California.

Si algo compete a un Instituto Federal Electoral es organizar una elección que tenga confiabilidad, y el propio presidente del instituto intenta romper la confiabilidad en el resultado a partir de un error del PREP, que hace una empresa que ellos contrataron, y que es un error que deriva del cálculo de los porcentajes, no de los números absolutos, establece que no tiene credibilidad el PREP y hoy están metidos en Baja California violando las normas legales con respecto a la apertura de paquetes, puesto que no hay una diferencia menor al uno por ciento, en los cómputos distritales están abriendo los paquetes, pero lo que quiero resaltar aquí es la actuación de un instituto local electoral, en este caso el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, que hace todo el esfuerzo por quitarle credibilidad, totalmente segar a un partido, no sé si sea el parentesco del presidente, cuyo hermano fue presidente estatal del PRI en Baja California, que fue nombrado en este consejo y todos sus consejeros, con el voto exclusivo de los Diputados del PRI y del Consejo de Baja California, me parece que es un tema que tenemos que revisar, si los institutos electorales de los estados en general no tienen confiabilidad, en general tienen actuaciones como las que he referido, las de Coahuila o de muchos otros estados, valdría la pena que analizáramos con seriedad que las elecciones fueran organizadas por un Instituto Nacional Electoral, un instituto federal, insistiendo que ya muchas de esas funciones se realizan por el Instituto Federal Electoral.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortes: Muchas gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

Efectivamente, yo creo que sí es lamentable que estemos discutiendo este punto de Acuerdo, de forma extemporánea, pero también yo creo que hay que señalar bien a quien queremos responsabilizar, son elecciones estatales, son elecciones locales y en cada una de ellas existe una autoridad local responsable.

Creo que estos nos debe de dar la pauta para analizar y pensar lo que tenemos que hacer en esa reforma política, analizar y hacer una valoración de lo que hicimos en aquella reforma electoral en la LX Legislatura, hasta dónde realmente contribuimos más a llegar a este clima de enrarecimiento en los procesos electorales.

Efectivamente depende del estado que analicemos, a quien le vamos a cargar las pulgas. Yo les podría platicar de la jornada que me tocó ver y vivir el pasado domingo en mi estado, en Zacatecas, efectivamente vimos una autoridad electoral en la que se sustituyeron la mayoría de los funcionarios de casilla a tiempo, efectivamente, pero a modo; también vimos una operación que creo que a nadie nos sorprende de los que estamos aquí, pero que más allá de las dádivas y el convencimiento, en el que también se ha involucrado la sociedad, vimos el uso de la fuerza pública.

Quiero decirles que eso me dio gusto porque más allá de ganar o perder una elección, me di cuenta de que Zacatecas puede ser un estado seguro, me di cuenta como en el momento que entraba un vehículo a una determinada colonia, que no era detectado, como alguien de los conocidos de los vecinos, llegaban más de siete patrullas, fueran municipal, estatal, metropolitana o incluso la turística, para ver qué era lo que estaban haciendo ahí.

Eso para los zacatecanos es una novedad porque al día de hoy vamos a recordar el 7 de julio como un estado que puede ser seguro, vamos a demandar y lo hago desde aquí, desde esta tribuna, a que el gobernador cumpla con su obligación de darnos seguridad a todas y todos los zacatecanos, a que la policía municipal, con la peor administración que ha tenido Zacatecas, con una calificación de menos 26 por ciento, un alcalde que estuvo ausente, que nunca regresó, ese día sí estuvo para mandar a su policía encima de los ciudadanos a intimidar, a no permitir el voto; pero lamentarnos creo que nos sirve de poco.

Creo que tenemos que venir aquí a analizar y pensar qué tenemos que hacer en una verdadera reforma política electoral, no responsabilizar a la Presidencia de la República, creo que todos también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Analizar…

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Senador, permítame. ¿Con qué objeto, Senador Ríos Piter?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) De hacerle una pregunta al orador.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿Acepta usted una pregunta, Senador Puente Salas? Adelante, Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Senador, quisiera saber, ¿cual es su opinión en la intromisión del gobernador en el pasado proceso en Zacatecas?.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: La repruebo, Senador Ríos Piter.

La repruebo como creo que todos debemos de reprobar la intromisión de cualquiera en cualquiera entidad, pero no con ello buscar responsabilizar al gobierno federal, es por ello que creo que debemos de legislar en una reforma política, en una reforma electoral, coincido que tenemos que avanzar, analizar el papel que juegan los medios, pero no sólo aquellos que se han tomado como poderes fácticos, en donde pusimos los acentos, las televisoras, la radio, los medios impresos ahora que juegan un papel muy importante y fundamental, déjeme decirle que también funcionaron a través de convenios, difamando a los candidatos de manera permanente, publicando encuestas falsas, en una colusión clara, cuando menos en mi estado, de funcionarios, en donde existe un trio de hermanos, la coordinadora general de comunicación social del gobierno del estado, la titular de ciencia y tecnología del gobierno del estado y el director del periódico; la encuestadora; la coordinadora de comunicación social, la que manda y cubre el convenio y el hermano, director del periódico que lo publica.

¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer con los medios impresos? Nada, al día de hoy, tenemos que reflexionar, ¿verdaderamente ayudamos quitando esa posibilidad que el instituto político fuera a adquirir sus spots a la radio?, ¿verdaderamente nos sirvió?, porque hoy es una realidad que todos tienen que ir a ver cómo compran su entrevista, porque antes era de manera clara y transparente que todos teníamos acceso, hoy no, creo que esto es lo que nos debe de dar la pauta, reflexionar, a ir a una verdadera reforma política, una reforma electoral y asumir quiénes son aquellos que permiten y que han abusado del poder que ahora ostentan.

Tenemos que seguir dando la cara de frente a una ciudadanía, y como yo les digo, esto ya no es una queja ni un reclamo, simplemente lo que me corresponde como representante en mi entidad, exigiremos que esa demostración del uso de la fuerza pública la den para todas y todos los ciudadanos de manera permanente.

Por último, lo único que me queda exponer, compañeras y compañeros, es que mostremos unidad, mostremos esa disposición que debemos tener como Poder Legislativo: Diputadas y Diputados Federales, Senadores de la República, para abordar el tema de una verdadera reforma político-electoral, que creo, y lo ha dicho de manera muy clara nuestro Presidente de la República, lo propuso en campaña y habremos de avanzar cumpliendo esos compromisos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

A mí me hubiera gustado mejor, de perder tanto tiempo en esta alegata, que no lleva para ningún lado, que hubieran puesto la versión estenográfica del año pasado.

Este es un problema patológico electoral, es el mismo rollo: el PRI, el PAN, el PRD, todos diciendo que se robaron.

Qué increíble que estemos jugando con la voluntad de los ciudadanos.

La gente no es ignorante, perdón, no es tonta, sabe por quién vota, y lo único que estamos haciendo aquí es dejar entre dicho la voluntad ciudadana. Pero déjenme decirles algo: que se metió fulano y zutano.

Oiga, ¿qué tal la empresa que contó los votos de Baja California? Yo quiero que me la presten un ratito, porque nunca había visto que en vez de sumar, restara, pero que además de eso estuviera diciendo que el 97 por ciento de las casillas estaban computadas, y aquí le entrego, no es algorismo, es PREP, no es rollo de nosotros ¡eh!

Ustedes que son tan puros y santos electoralmente, que nunca hacen nada, ni venden, ni compran, aquí está.

Distrito XIII: 76 casillas. Dijeron que estaban contadas y miente esta empresa, de muchos millones de pesos, que contrató el señor gobernador.

¿A cuál intromisión se refiere? ¿A la de Puebla? O ¿A cuál intromisión se refiere?

Yo les quiero decir algo: paremos este espectáculo, que lo único que deja entre dicho es que la gente se equivocó.

La gente no se equivocó, el PRI, pierda o gane, acepta la voluntad de la gente.

No es posible que aquí vengan a decir que la gente está equivocada.

¿Por qué no le entramos a la reforma electoral, de a de veras, y dejamos, como todas las veces que hay elección, en repartirnos las culpas? Que si fulano, que si mengano, que si zutano.

Yo vi en la anterior sesión una vehemencia de un compañero que, de veras, si así defendiera a los que menos tienen, este país no tuviera pobres.

Pero es una vergüenza que aquí solamente se venga a jugar con una voluntad que los ciudadanos ya dijeron en las urnas.

Baja California es uno de muchos, intromisiones y muchas cosas que hemos visto; municipios, estados, jugaron con el hambre de la gente.

Quiero decirles, amigos, no le temo, perdón, a ninguna pregunta, pero este rollo está repetido, es patológico, hay que curarnos, es un asunto que da vergüenza venir a repetir.

¿Cuántos acuerdos firmamos?

El Coordinador de los Diputados del PRD presentó un acuerdo que firmamos, 20 mil puntos de Acuerdo.

Perdón, ¿cómo para qué sirvieron?

Aquí estamos haciendo lo mismo.

Es vergonzante que sigan diciendo que la gente se equivoca. La gente no se equivoca. Y no le saquen, contemos las actas. Si ganaron Baja California, ya lo dijo el líder de mi partido, nosotros no hacemos berrinches.

¿Saben qué? Estamos hechos para ganar, pero también para perder.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, Senador Larios Córdova?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño)Presidente, era con el objeto de solicitar su intervención para preguntarle a la oradora si aceptaba una pregunta?.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: La oradora ha concluido. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, señor Presidente.

Yo, por supuesto, en primer término me sumo a la condena que ya se ha manifestado en esta tribuna respecto de la lamentable falta de disposición para haber discutido con oportunidad esta materia.

Ya se traslucía cuál era la estrategia detrás de esta determinación y que hace unos minutos la Senadora Gastélum, ha dejado nítidamente expuesta en esta tribuna y que radica justamente en obviar las discusiones en el momento oportuno, para que en su momento se utilice este argumento falaz de que venir a señalar las irregularidades que no están a la vista de los partidos políticos, de la ciudadanía entera y que no se limitan al día de la jornada, y que ahora pareciera que se trata todo de una estrategia de presunta justificación de tal o cual resultado, pues nada más falso, porque el hecho radica justamente en que las vulnerabilidades de las que se ha hablado, de las que está plagado nuestro sistema electoral mexicano, que se han traducido en hechos de violencia absolutamente condenable, en contra de partidos y candidatos, violencia institucional e incluso física, pues merece nuestra más enérgica condena, al margen de cualquier resultado.

Esto trasciende el interés partidista. Estamos hablando aquí de la estabilidad de una nación y del derecho de los ciudadanos, y este es, creo yo, el punto focal que debiera estar justamente siendo el hilo conductor de esta discusión, el derecho vulnerado de los ciudadanos a ejercer con libertad de conciencia su derecho, constitucional de ejercer el voto en libertad. Este, debiera ser el tema que aglutine la discusión que nos ocupa el día de hoy.

Y como ya lo he señalado, mal haríamos en pretender limitar las irregularidades a la jornada electoral, pues si todos fuimos testigos de una serie de hechos que se fueron presentando durante los días previos, los meses previos a la jornada electoral.

Un despliegue ominoso, ofensivo de recursos, no solamente para la promoción de sus candidatos, sino para la descarada compra del voto, para la coacción.

Un control de medios ejercido desde muchas perspectivas y limitando el acceso equitativo, el libre ejercicio de la prensa.

La intervención ilegítima, ilegal, inmoral de los gobiernos locales en las definiciones internas de los partidos políticos y en la toma de decisiones de los órganos electorales, incluso llegando a obstaculizar por instrucciones, ¡claro!, pues si no se les acusa de torpes, se les acusa de sátrapas, de traidores a la democracia, pues si no hay pruebas, pero es evidente que intervienen para obstaculizar, incluso, la posibilidad de coaligarse en algunas entidades.

La utilización de la fuerza pública a favor de determinados candidatos y partidos.

Una obra pública que le es negada sistemáticamente a la ciudadanía durante los años enteros de gobierno y que casualmente, como ya se ha señalado, dirigida no a atender necesidades, sino a ganar adeptos, se desarrollen los días previos a la jornada.

La utilización y condicionamiento de programas sociales.

Una larga y ya, como dice la Senadora Diva, muy discutida lista de circunstancias lamentables.

Yo a diferencia del Diputado Huerta Ladrón de Guevara, estimo que la elección sí nos presenta una oportunidad para las discusiones que tenemos por delante. Y es que esta elección, de nueva cuenta, se traduce en un catálogo de conductas deleznables que tenemos que buscar erradicar de una vez y para siempre.

Evidentemente, también coincido en que no todo se traduce en una disposición de orden legislativo.

Nosotros tendremos la alta responsabilidad de llevar la reforma político-electoral que está pendiente, y que no podemos ya soslayar una serie de medidas que tiendan a disminuir, a atenuar, a matizar esta clase de circunstancias. Pero, sin embargo, no es suficiente.

Lo que siempre estará pendiente es la voluntad no sólo de las autoridades, sino de los gobiernos, a conducirse con irrestricto apego no sólo a la legalidad y no sólo a los intereses de los partidos y los candidatos, sino fundamentalmente de los ciudadanos, y como ya lo he dicho, de su derecho a ejercer el voto en libertad de conciencia y con pleno ejercicio de una conciencia recta.

Por supuesto que coincido, como inicié mi intervención, concluyo, señor Presidente, en que este debate hubiera sido oportuno desahogarlo con antelación. Sin embargo, también sostengo que el llamado sigue vigente.

Y yo francamente no haría sólo un respetuoso llamado, sino un enérgico llamado a que los procesos que aún no concluyen, porque como todos sabemos incluso los cómputos se están desarrollando en estos días, en estos momentos en muchos lugares del país, y a que el desahogo de los litigios que han recaído respecto de las irregularidades, culminen con altura de miras.

Y que si bien estos procesos han estado plagados de irregularidades, por lo menos los organismos electorales puedan dignificar en la medida de lo posible la conclusión de los mismos con la impartición de justicia adecuada.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Para alusiones personales me ha solicitado el uso de la voz la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño)Solamente decir al que me ha antecedido en el uso de la palabra, que precisamente por eso nos hemos dado instituciones. Hay instancias y hay recursos que atender, todo lo demás, perdón por la expresión, es una alharaca de dolor a veces y de complejo de culpa que sabemos que no somos tan santos ¿eh? Porque el domingo en mi estado tuvimos elección y habían de ver qué bien caminaban los otros partidos.

Aquí basta de estar repartiéndonos culpas, entremos a una reforma electoral que valga la pena, no que centralice para luego tener, bueno, el PREP, como lo tuvieron en Baja California, contando todo a la misma vez al revés.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Diva Gastélum.

Vamos a iniciar ahora con el desahogo de las mociones de rectificación de hechos.

Se han anotado para rectificar hechos el Diputado Ricardo Monreal Avila, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, el Senador Armando Ríos Piter.

¿Pregunto si algún otro legislador desea anotarse para rectificar hechos?

Anoto también a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Iniciada la ronda de rectificación de hechos, no admitiremos moción sobre moción. De tal manera que así concluiremos con la lista de los oradores.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Algunos legisladores o legisladoras deberían actuar con más pudor, con más cuidado.

Deberían hacerlo frente a las fechorías, frente a las conductas ilegales. Porque mientras se está en el gobierno y en el poder, se está en la comodidad.

Estas personas, legisladores o legisladoras, que deberían ser más cuidadosos en sus expresiones, nunca sabrán lo que sienten los ciudadanos que luchan contra el abuso de autoridad, contra el poder desmedido de los gobernadores; nunca sentirán la impotencia que siente un ciudadano cuando ve cómo lo atropellan, y por eso me parece muy grave tanta arrogancia, tanta prepotencia.

Se repiten, dicen, como si fueran conductas patológicas lo mismo. Pues es porque se repiten las mismas fechorías, las mismas pillerías, las mismas bribonadas.

Cómo quieren que se calle la oposición.

Qué quieren que aplaudamos frente al abuso desmedido del poder que te tratan de triturar y de extinguir, no.

Conversando hace un rato con un aliado de ustedes, Carlos Puente, Senador del PVEM, me dijo y me confesó, y no es ninguna situación de secrecía: “Qué impotencia sentí, siendo Senador, cuando llegaba la policía, compraban votos; amenazaba a la gente, perseguían a la gente. Mi propia familia fue perseguida”. Me decía el Senador. Y es aliado de ustedes.

Imagínense a los opositores reales a lo que nos enfrentamos todos los días frente a esta gente que no tiene ni nombre.

Gobernadores sátrapas, gobernadores bribones, gobernadores sin escrúpulos.

Y ahora creen que por denunciar estos atropellos incurrimos en conductas patológicas, por favor, ya nada más falta que hasta ese derecho nos quite este gobierno autoritario y pusilánime de Peña Nieto. Hasta eso les molesta, es el peor autoritarismo que se puede vivir.

Yo combatí al anterior gobierno, y lo combatí con razones. Nunca me doblegué y nunca me voy a doblegar con este gobierno de Peña Nieto y sus voceros y aláteres.

¿Cuándo podrán ellos sentir la indignación de un ciudadano que fue atracado? ¿Cuándo van a sentir la indignación de un ciudadano que está perseguido?

No. Porque se la pasan en los grandes hoteles, hablan por teléfono: “¿Cómo va la elección?” “Muy bien”. “Saca los operadores, tráetela policía estatal, que nos protejan”.

No pues así que chiste. Pues a toda madre así.

No, siéntense en nuestros zapatos, actúen como adversarios, como opositores, no actúen con esa actitud sin recato y sin pudor. Yo no lo admito.

Denunciar con razones las actitudes hostiles, ilegales, las fechorías de los gobernadores. Eso a mí me da un timbre de orgullo.

Enfrentarme al poder eso sí sirve.

Enfrentarse y ser lambiscón del poder, pues qué chiste.

Ser lambiscón pues cualquiera, un medianamente inteligente y siendo lambiscón llegan al poder y ya no pasa nada.

Yo no, me resisto a actuar de esa manera.

Por eso, en lugar de defender a ultranza a un régimen podrido, a un régimen abusivo, a un régimen autoritario, se debe de quedar uno con la parte de decir, bueno, sí señores, probablemente hay excesos en el ejercicio del poder de algunos gobernadores que actúan como caciques o como bandidos, vamos revisando, vamos intentando que se corrija y que se limpie la elección, pero venir a defender la actitud de estos gobernadores que violan todos los días la Constitución, me parece muy triste y muy pobre.

No, hay que defender a los ciudadanos, estos, a los que diariamente se les lastima, a estos ciudadanos que estuvieron en Zacatecas perseguidos, yo lo viví, llegó el General Pinto, un general y ocupó el municipio de Fresnillo con la policía estatal y los militares, suspendió garantías en Fresnillo, yo lo viví, suspendió garantías de tránsito, de ejercicio libre del derecho de votar y el señor cerró calles, el General Pinto, y el señor protegía los operativos donde daban dinero en efectivo por el voto, el señor protegió la entrega de despensas, el señor protegió toda la policía estatal, los delincuentes electorales, y saben qué es lo más grave, la delincuencia organizada, que son los que pagaban mil, dos mil y hasta 15 mil pesos, y entonces nos dicen que somos patéticos. Pues entonces en dónde lo vamos a decir, me parece particularmente hasta ofensivo, en este Parlamento nadie se debe de asustar, todas las expresiones deben escucharse, pero yo no puedo admitir de ninguna manera que esta actitud digna de los ciudadanos no se resalte frente a los abusos del poder de estos gobernadores sátrapas, indignos, villanos, que van a terminar en el basurero de la historia.

Ya lo veremos, y todavía no está concluida esta etapa electoral, se los aseguro, no crean ustedes que le vamos a dar vuelta a la página. Eso no, eso es impunidad. Y eso no lo vamos a permitir, lo vamos a combatir.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la voz el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No es que uno sea mago, sino que son muy obvios.

Obviamente la maniobra que con mi actitud denuncié la semana pasada, hoy todos las están reconociendo aquí, y sé defender mis derechos.

Y lo mismo el día de hoy, esta idea de querer discutir las reformas políticas después de cada proceso son las historias de hace muchos años, el problema es de voluntad, es de gen político y mientras el Revolucionario Institucional y los que le han aprendido muy bien y los que le están aprendiendo en esa conducta antidemocrática, este país, aunque nos cueste, como se decía hace un rato, lo vamos a transformar a pesar de ustedes.

Miren, el régimen es una estrategia desde el principio, creó una atmósfera de zozobra, temor, desconfianza que provocó un abstencionismo de más del 60 por ciento del electorado, obviamente un ambiente propicio para la efectividad de la compra del voto en la cual son expertos desde el “Monex Gate” “Soriana Gate” “Billetazos” para la coacción, el acarreo y toda forma y variedad de defraudación electoral.

Ya el tema de la violencia, de los vínculos con la delincuencia organizada está muy acreditado el día de hoy, no es nuevo, en el régimen de Salinas fueron más de 600 muertos, similar cifra, por cierto, a la que estamos llegando por estos días, espero no ser profético y que no se vayan a acrecentar estos números, porque mi reflexión de fondo, y es la que yo les quiero compartir, es que esta intención de Enrique Peña Nieto, desde el “no te preocupes Rosario”, desde luego, hasta el no voy a permitir que nadie meta las manos en el proceso electoral y demás, pues ojalá y no sea el querer cerrar la puerta a la vía electoral, habemos una oposición verdadera en este país que luchamos y vamos a seguir luchando por rescatar esta vía electoral de manera pacífica, no nos van a amedrentar con sus prácticas.

Y obviamente combatimos también la retórica de muchos ciudadanos, estos de la última película, de la de dos caras, que por cierto fue la película de Greta Garbo, según leía hoy, Mujer de Dos Caras. Eso hay que combatirlo, la retórica de esa política.

Y obviamente ese exceso de Chuayffet en días pasados, decir que Peña Nieto es el Madero actual de este país.

Es el madero de la cruz de los mexicanos, sin duda, porque cada iniciativa que Peña Nieto está tomando, está hundiendo más a nuestro país, en particular el haber jefaturado las campañas políticas, porque los gobernadores y todas las autoridades no actúan solos; actúan con la impunidad que les da el régimen desde la Presidencia de la República.

Es cuanto.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrila, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente.

Con gusto hacer uso de la tribuna esta tarde, saludando respetuosamente a las señoras y los señores Senadores y a las señoras y señores Diputados.

14 estados en elección el pasado 7 de julio, y tal pareciera que el PRI ganó en todos y cada uno, 14 estados en donde en algunos ganó el PRI, pero también en donde algunos otros no ganó.

Y el PRI acepta la decisión de los ciudadanos cuando gana, lo decía la Senadora Diva, pero también cuando es adverso, en cualquier elección y en cualquier momento.

Yo retomo aquí como priísta, pero también como un hombre formado en las urnas, en más de 7 elecciones, que lo principal y lo primordial de una democracia, como lo decía el Senador, es el ciudadano, y es al ciudadano al que hay que venir a respetar en esta tribuna y en cualquier otro tipo de espacio, ese ciudadano que libremente sale a votar un día por un partido y a la próxima elección por otro partido, no se le puede faltar al respeto tan fácilmente.

Ese mismo ciudadano que se siente en confianza de votar un día por el PRI, no puede ser alguien que se deja llevar por una despensa o por la coacción de una estructura y a los dos o tres periodos a votar en contra del PRI, porque lo hacen, entonces es simple y llanamente un demócrata.

El país ha avanzado en materia democrática y lo ha hecho gracias a la sociedad y también gracias a los partidos políticos distintos al PRI, pero no a pesar del PRI, la última gran reforma electoral, la de 1996, ha logrado tránsitos y ha logrado alternancia, ha logrado repartir la representación nacional, y esa gran reforma constitucional, esa gran reforma electoral, se logró gracias al PRI junto con los otros partidos.

Ese ánimo y ese ambiente es el que debe prevalecer, si ya se llegó en un momento en el que se deben generar replanteamientos, habrá que analizarlos fortaleciendo la institucionalidad y habrá que aprovechar estos espacios para que la vida democrática del país pueda ser el sustento y el resorte de lo que queremos sea la política en este país, un espacio para que se logren los acuerdos y los consensos, un pretexto para que se pueda servir desde el poder, una oportunidad para darle a la gente y a la sociedad su dignidad y el lugar que se merece.

Yo hoy no entro a la disputa de ver quién ganó y quién no ganó. Yo hoy aprovecho la oportunidad, el espacio y el debate para reiterar el compromiso de mi grupo parlamentario con este país a través de la democracia pensando en la gente, en su futuro y en lo mucho que nos falta por hacer.

El 7 de julio se expresaron libremente los ciudadanos. Donde ganó el PRI defenderos hasta la última instancia esos votos, y donde perdió el PRI sabremos respetar la dignidad y la libertad de esos ciudadanos.

Muchas gracias, señores legisladores.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Yo quería haber entrado hace un momento a rectificar algunos hechos. Me hizo mucho ruido el que uno de los oradores anteriores haya dicho que se usaba al crimen organizado de parte de los gobiernos, me parece que es al revés, me parece que a estas alturas el crimen organizado está utilizando a algunos de los gobiernos para tomar decisiones y para gobernar en nuestras entidades.

Nosotros lo advertimos en 2009 en Michoacán, lo advertimos en 2011 en Michoacán. No era cuantos votos llegan a la democracia, no solamente es contar votos, la democracia es saber cómo llegan cómo se respeta, y cómo un voto es el resultado o el fruto de un gobierno que ha podido trabajar para y con la gente.

Así que yo lamento mucho 2009, 2011, 2012, y hoy 2013, que aquí unas y otras voces reconozcan la participación del crimen organizado en nuestros procesos políticos, en nuestros procesos democráticos y que no se reconozca que intervienen también en otra parte de la vida de México, y que no se nos diga aquí en qué sistema y qué estrategia vamos a trabajar todos para contener al crimen organizado, para transformar las instituciones y para seguir buscando la libertad de las y los ciudadanos, y especialmente de los niños.

Otro punto que yo quería aclarar, ¿qué es lo que pasó en Aguascalientes? Y lo voy a usar como ejemplo, porque una golondrina no hace verano, pero esto se repitió por todos lados. Se dijo que un candidato de Aguascalientes ha estado financiado por “la familia michoacana”. Se invitó con bombo y platillo a la prensa, una casa que se suponía que estaba asegurada y afuera de la cual había propaganda de candidatos de la Alianza con el Pacto.

Entró la prensa y estaba el priísta explicando de qué se trataba cuando un reportero tumbó un vidrio y novedad, lo que había dentro era propaganda del PRI, así que se cayó el teatrito, se aseguró para que esas pruebas posibles fueran revisadas, se selló, y después el propio subprocurador del estado, empleado del gobernador Lozano, fue, quitó los sellos, se llevó las supuestas pruebas y se acabó el asunto.

Pero no sólo hasta ahí llega la participación de los gobiernos en los procesos electorales. El PAN, entendiendo, y su coalición con PRD, entendiendo que la prensa está censurada, fue a una imprenta, logró imprimir algunos volantes para decir lo que estaba pasando, y novedad, al día siguiente la imprenta fue clausurada.

A nosotros nos preocupa muchísimo que se vuelvan a dar estos datos de intolerancia, de no libertad de represión, de parcialidad, de intervención del gobierno del estado, que además vino el día de la elección y su gabinete a votar con el candidato. Y que el Presidente Nacional del PRI haya hecho una declaración a las dos de la tarde con toda la propaganda, dirán que la propaganda en el ámbito nacional no tenía que ver con las elecciones locales, podríamos discutirlo, pero ahí estaba con la elección.

Preocupa que esto suceda. ¿Qué pasó con la empresa de Baja California? No la contrató el gobernador, la contrató el presidente del órgano electoral, que se apellida Castro Bojórquez, que es hermano de un dirigente estatal del PRI, así que habrá que preguntarle. Lo que falló no fue la suma de los números totales, sino el porcentaje que se está corrigiendo.

A mí también me preocupa que empecemos a ver a la violencia como un dato normal de nuestra vida política. Muertos desde que empezó el proceso electoral, y eso no lo podemos aceptar como parte de la vida de nuestra comunidad, al contrario, en un espacio, en un territorio, en una comunidad que se dice demócrata, la democracia no es sólo contar los votos, tiene que ver con el diario vivir de una comunidad y aceptar que van tres, cinco, nueve, dieciocho muertos, atentados, quemar los bienes de una comunidad, perseguir, atosigar, eso no puede ser nuestra normalidad.

Nuestra vida democrática tiene que ser cada día de más respeto, de más libertad, de más igualdad, de más libertad. Y yo quisiera, finalmente, poner sobre la mesa qué es esto de pactar la democracia para transformar a México. No podemos, y eso debemos cuestionarlo entre todos, pactar sólo para lo que al ganador le parezca bien y desechar lo demás.

Porque transformar a México no tiene solamente que ver con lo que se ha llamado las grandes reformas en materia política, energética, financiera, y dejar para después la transparencia, la rendición de cuentas. O dejar para después, o para yo no sé nada y lavarme las manos respecto de la vida democrática en nuestras entidades federativas.

Los del PAN, por lo menos la de la voz planteará ante el Comité Ejecutivo Nacional en qué consiste esto de estar en el pacto, sólo ir con el ganador, dejar fuera la violencia, dejar fuera la parcialidad, dejar fuera la falta de libertad, dejar fuera la represión, dejar fuera el avance democrático de nuestro país en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus ámbitos de vida, lo vamos a cuestionar. Porque la elección del 7 de julio, que aún no termina, que tiene instituciones hoy contando votos, que tiene instituciones hoy necesariamente obligadas a procesar las denuncias de violencia que son parte de la vida de nuestro país, tienen que ir acompañados del respeto a la libertad, a la imparcialidad, a la justicia, a la no represión, y a la tolerancia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Decía una de las compañeras que me antecedió: “la gente no se equivoca”. Y al utilizar esta frase buscaba resumir la argumentación para respaldar la posición de su partido, misma que escuché también del Senador Yunes, en la cual pareciera ser que el debate que tenemos aquí es de un sistema en el que quienes hacemos política utilizamos esta tribuna solamente para manifestarnos porque se perdió en algún lugar.

Y me preocupa especialmente esa argumentación porque es la que realmente delinea el grave problema que tenemos como clase política para enfrentar las graves deficiencias que no solamente tiene nuestro sistema electoral, sino que tiene nuestro sistema político.

Y me quiero explicar. No es la primera vez que me toca escuchar que ocurrió un problema en donde en algún lugar se compraron votos, al final del día todos los partidos lo hacen entonces pues metamos la basura debajo del tapete y continuemos adelante. Esa es la argumentación tradicional que yo encuentro en el PRI, una argumentación en la que lo que se busca decir es: bueno, nosotros aceptamos los resultados hayan sido como hayan sido, no como dijo el filósofo, haiga sido como haiga sido, los aceptamos y no hacemos o no nos alarmamos de lo que haya pasado en otro lugar.

A mi me hubiera gustado que en la intervención de la gente del PRI hubiera habido igual puntualidad, igual sensación de alarma, ahí donde ustedes hubieran visto que hubo problemas.

Porque yo estoy alarmado de que en Zacatecas se haya utilizado la fuerza pública y haya habido pactos con el crimen organizado para coaccionar el voto. Yo estoy preocupado de que el gobierno del estado, y por eso hice la pregunta a un Senador de ese estado, que no es de la oposición de la izquierda, ¿qué opinaba de la intromisión del gobernador?, y la reprobó.

Entonces, lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras, pareciera ser que tapamos el sol con un dedo, metemos la basura debajo del tapete y no estamos en la intención de cambiar de manera profunda las cosas.

Me ha tocado estar en elecciones, igual que a ustedes, las propias que hemos competido. Yo le preguntaría a la Senadora Diva si no le ha tocado, en su estado de Sinaloa, ver que hay compra de votos; tal vez, tal vez me va a decir que como es oposición, solamente la hace el gobierno en turno, y la pregunta la hago, la hago porque quiero que me la responda.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) No te confundas...

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Compañeros, están prohibidos los diálogos, continúe el orador.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: La hago con mucho gusto a la Senadora Diva, y se la hago a quien quiera pasar a responderla.

Si es que han visto ese tipo de actos ilícitos, si los han denunciado; no solamente si se han quedado en verlos y dejarlos pasar, tal vez ahora desde la oposición, en un estado en el que efectivamente el PRI no gobierna, pero la pregunta la hago de fondo y la hago en la consciencia de quienes nos dedicamos a hacer política.

Nos hemos acostumbrado, en efecto, a que pareciera ser que esta es una edición anual del tema, pero desafortunadamente, y yo estoy de acuerdo con la Senadora Calderón, hoy pareciera ser que nos estamos acostumbrando a que la violencia vuelva a ser parte del día con día, a que de pronto a un candidato se le secuestre, y no fue de un partido político de la oposición, fue de un candidato del PRI, y que la clase política representada aquí, en esta Asamblea, no se alarme, es una señal de la grave decadencia que vive nuestro país.

Y precisamente por eso, yo quiero llamar a cuentas a quienes estamos aquí presentes a que este debate no lo dejemos a la ligera; así como me preocupa que la semana pasada, como un tema más, pateemos la lata a ver si después lo discutimos, que el día de hoy pensemos que es un asunto más, y que hoy tal vez se termine el debate, termine el cronómetro y se acabe la discusión, porque el problema de México, y el problema de las vulnerabilidades de su sistema democrático, está evidente en este debate. Y debo decirlo en descargo, no solamente corresponde al PRI, corresponde a todas y a todos los que en los procesos electorales no levantan la voz cuando hay compra de votos. No levantan la voz cuando un medio local les pide firmar un convenio por fuera para hacer una promoción. No levantan la voz cuando a sabiendas que tienen que ir a dialogar con algún jefe de algún espacio territorial que no es precisamente del sector lícito, y no levantan la voz para cambiar esta situación que estamos viviendo.

Por eso, debo decirle a mi compañero Ladrón de Guevara, el tema es la reforma política, no es una reforma electoral.

El tema no es que nuevamente nos quedemos pensando en cómo le hacemos para cambiar la ley electoral, para después las fuerzas políticas ver, cómo le van hacer para no cumplirla; el tema es de fondo si los partidos políticos hoy lo que quieren es seguir siendo convocantes de la confianza ciudadana, si quieren seguir siendo instrumentos para la transformación social de México, que nos pongamos de acuerdo en temas trascendentales.

¿Cómo le vamos a hacer para que las coaliciones no terminen siendo limitadas en Veracruz o en Quintana Roo, porque el gobernador tuvo la mano y la intromisión en el Tribunal?

¿Cómo le vamos a hacer para que si se definen coaliciones que tengan posiciones de política pública en sus congresos, en el Ejecutivo éstas puedan ser sólidas y convocantes?

Es la reforma política el tema de fondo, y yo los quiero invitar, compañeras y compañeros, a que este no sea un debate más, deberíamos de alarmarnos por el simple hecho de que a un candidato, a un familiar, a un actor político se le ataque, peor aún cuando se le asesine, independientemente del partido político en el que milite. Dignifiquemos a la clase política, dignifiquemos la vida pública, porque, reitero, hoy, y lo digo desde el estado de Guerrero en el que día con día la confianza se va diluyendo por parte de la sociedad, la gente está en la grave preocupación de que la ingobernabilidad se vuelva una realidad en el país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias. Por alusiones personales, tiene el uso de la voz la Senadora Diva Gastélum.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Me parece muy bien, Adriana, así es el tema contra las mujeres, pero todos, en filita todos, no pasa nada, tengo suficiente argumento para decir.

Y fíjense que a Ríos Piter sí le voy a tomar atención a lo que dijo, lo demás, pues es un refriteado que, como yo me siento enfrente, se los puedo repetir. Qué dijo Rosario, o sea, hija de maestra, entonces, tengo la manía de que aprendo, memorizo muy rápido. A Ríos sí le voy a decir algo que me llama mucho la atención, que el buen juez por su casa debe de empezar.

A mi me llamó mucho la atención ver a Ríos, junto con otro compañero Senador, en un video de guerra sucia contra Castro Trenti. Y dije, qué cosa, no lo puedo creer; porque al jaguar, como se le nombra, yo le tengo un gran respeto y admiración. Nunca me pude haber imaginado ver a un hombre como Ríos Piter, serio, responsable, y es más, haciendo el jueguito del que ha venido a gritar aquí, que no quiere.

Yo no, fíjense que yo sí vivo en la oposición, y es bien duro ¿eh?, para el que dijo que no, todas las alusiones, que no le puso nombre; yo vivo en una sola oposición, y mi municipio está en oposición y sé jugar en tierra, llevo 9 elecciones; y quiero decirles que, como a las mujeres no nos dan las cosas fáciles, siempre por proceso interno; así que no me vengan a enseñar a parir, porque sé parir y sé hacer las cosas como se deben de hacer.

Por favor, señores, se los digo en el mejor de los ánimos, para qué tanto ruido y tan poquitas nueces. Para qué tanto espectáculo, si la gente ya decidió, y ahorita estaba chateando con alguien de mi distrito y están encantados porque ganó el PAN allá en mi tierra.

Y, yo no he venido a decir aquí, y que sí lo viví con mis hijos, con mi marido; ¿saben por qué?, porque la cultura nuestra es: enseñarse a ganar o perder. Perdimos en el 2000, y no nos vieron ni tomando Reforma, ni diciendo que era un complot, ni nada que se le pareciera.

Perdimos en el 2006, y de pie; y hoy ganamos, y les aviso que estas generaciones estamos decididos, a acompañar a un Presidente de la República, no para como dijeron aquí, ser comparsa, al contrario, yo les aviso que no han corrido a ningún trabajador, que los de “Oportunidades” siguen estando en manos de los que se fueron; que siguen entregando los apoyos los mismos, pero no queremos decirlo, porque eso tiene harta a la gente, la gente quiere resultados, la gente quiere que la respetemos; enseñemos a respetarla, porque la verborrea de repente puede dar una nota mediática, llena horas del Canal del Congreso, pero no resuelve a la gente que está esperando soluciones distintas.

Por eso, yo les digo a todos los que, tan fácil que es decir Diva, y no me pasa nada, estoy formada para aguantar, no tengo la piel delgadita, la tengo gruesa porque sabemos ganar y sabemos perder, y hoy en esta ocasión queremos que los resultados digan quién gano y perdió, nada más, cuál es el problema, solamente eso. Por favor, señores, apliquemos a la reforma electoral mocha que hicimos en la LXI Legislatura, es una vergüenza, y se los digo, avanzamos pero bien poquito, para empezar no vieron a las mujeres y somos más de la mitad de la población. Entonces no sirve para nada, empecemos por todo lo que han venido a decir aquí, apliquémoslo y empecemos a jugar parejo, no a venir a crucificarnos aquí y ser lobos con piel de oveja.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Con la aclaración de que no vamos a aceptar moción sobre moción. Dígame usted, Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No vamos a aceptar moción sobre moción, pero dígame usted, si tiene algo que decir, adelante.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Bueno, a la Senadora Diva, al igual que al resto de mis compañeros, retomando la palabra, verdaderamente trabajemos el tema de reforma política, es la parte más importante de este debate.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias.

Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Antonio González Roldán, con quien estaríamos concluyendo la ronda de oradores. Dígame usted, Diputado Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Para terminar.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Me habían informado que había usted declinado, pero efectivamente usted estaba anotado en la lista y la daremos el uso de la palabra.

Sonido en el escaño del Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Nada más para la alusión que hizo el Senador Armando Ríos Piter a un servidor. Creo que intervenciones como la anterior, e inclusive este comedimiento de diálogo que tiene, demuestra que no es un tema de reforma política, es un tema de voluntades políticas y el PRI con estos ejemplos da mucho, demuestra cual es su voluntad política.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la palabra el Diputado González Roldán.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldan: Muchas gracias, señor Presidente.

Sí hubo unos siglos, cuando la invasión a España, cuando se pierde Granada, en la Alhambra, la madre le dice al “jeque”, no llores lo que no puedes defender o lo que no supiste defender.

Aquí sin estridencias tendríamos que hacer una introspección. Acaban de llegar a un acuerdo, de ir la reforma política, nos hubiéramos ahorrado mucho este debate, todos los que estamos aquí presentes somos responsables y lo que hoy nos quejamos es lo que dejamos de hacer, ahora se certifica una reforma 2007-2008, de revancha propuesta por la izquierda en contra de los consejeros electorales, de revancha propuesta por la izquierda para acotar a los medios y salir con otros temas. ¿Dónde está la reforma y la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablaba justamente del uso de los recursos públicos para que no se influyera en la competencia entre los partidos políticos?

¿Dónde está la reforma pendiente del 2007, con relación a la promoción personalizada al derecho de réplica, a una serie de insumos que quedaron pendientes y que el Instituto Federal Electoral tuvo que ir haciendo parches para poder darle viabilidad a una reforma inconclusa?

¿Qué tipo de reforma se nos propone el día de hoy? Una reforma del Instituto Nacional Electoral, ¿con qué facultades y con qué ejercicios? Por qué no nos abocamos a lo que se quedó pendiente, a lo que este Congreso dejó de hacer, 19 leyes reglamentarias producto de la reforma 2007-2008, que hoy nos traen a esta tribuna, abrir un debate que nos pudimos haber ahorrado.

Señoras y señores legisladores, la responsabilidad no la busquemos afuera, hagamos una introspección y veamos en lo que hemos fallado los legisladores de este país, cuáles son los pendientes que dejamos para que sucedieran una serie de ejercicios que hoy nos venimos a doler.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado González Roldán.

Para cerrar la ronda de oradores, tiene el uso de la voz el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: ¿Cómo no podría haber debate si el día 7 de julio se ha llevado a cabo una jornada electoral en 14 estados de la República Mexicana?, sin duda que no nos debe de cansar ni nos debe escandalizar ni debemos de calificar de inútil e innecesario un debate; y menos en el Congreso mexicano, cuando no haya debate en el Congreso mexicano no habría razón para que podamos seguir desempeñando esta función pública para la que fuimos electos.

La pregunta para todos, es que si estas elecciones, pasan una prueba de calidad democrática, esa es la pregunta, que es a los políticos, a las políticas, a los integrantes de los órganos del Estado mexicano, a la sociedad en su conjunto.

Si estas elecciones pasan una prueba de calidad democrática. Que si los partidos ganan y pierden, todos los partidos ganan y pierden, los procesos electorales en ello hay un ingrediente muy especial, el de la opinión de los votantes por quien va a ser su alcalde o alcaldesa, por quien va a ser su Diputado local, hay una opinión muy cercana sobre la persona que van a elegir y todos los partidos tienen candidatos que son del más alto nivel de competencia algunos tránsfugas que saltan de un partido a otro y se provocan las sorpresas electorales.

Así es que todos los partidos ganan y pierden, no se debe de medir si un partido avanza o no porque gana más municipios, o porque gana una gubernatura por alianzas, aunque luego se diga que la ganaron solos, no se debe de medir así, se debe de medir a partir si las fuerzas políticas se vuelen más o menos incluyentes en la percepción de la gente.

Así hay que medir los avances de las fuerzas políticas en los procesos electorales. Hoy nadie puede negar que los gobernadores de los estados influyen en los proceso electorales, quien lo niegue está negando una realidad que tenemos presente, que controlan los órganos electorales, que desvían recursos públicos, todos lo debemos de reconocer, todos, pero por qué ocurrió esto.

Fíjense que en el año 2000, quien llegó al poder tenía todo el bono democrático para hacer la verdadera transformación de la sociedad y de las instituciones, eran entonces cuando se debió haber reformado el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, para fincar responsabilidades, era entonces cuando se debió hacer la gran propuesta, porque ni existía como propuesta, sobre la transparencia, debió haberse establecido mecanismos de auditoría para los gobiernos estatales y no volver a las finanzas de los estados como los destinos inatacables, impenetrables, inauditables y volver a los titulares de los poderes ejecutivos, como los señores feudales de la política.

Hoy regresó el PRI, la gente votó para que regresara, hay un gobierno que fue electo, pero discúlpenme, compañeros del PAN, fueron los gobiernos del PAN responsables ante la historia que el PRI volviera al poder. No se hicieron las transformaciones en su momento, no hay carros completos para nadie, todos ganan, no nos alegremos, porque algunas minorías ganan por circunstancias coyunturales, no hay que analizar si se están volviendo fuerzas políticas con una percepción influyente en el destino del país, la práctica del ejercicio del poder que controla elecciones no se ha ido, nunca se fue, se está profundizando y eso debe de ser, de verdad, una preocupación de nosotros.

Yo emplazo, con todo respeto, al gobierno federal, que no sólo haga un exhorto para que se reconozcan los resultados.

¿Quién puede hacer un exhorto para que no se reconozcan?

Los resultados van a tener una formalidad y hay que aceptarlos y reconocerlos.

Pero desde luego, yo me preguntaría: ¿Si el Presidente de la República, con todo respeto lo digo, que nos diga si las elecciones que acaban de transcurrir pasan la prueba de la calidad democrática?

Que nos diga: ¿Si supo de los abusos que estaban cometiendo gobernadores? y ¿qué hizo para impedirlo? Es una pregunta respetuosa, porque somos hombres y mujeres de Estado ¡eh!

Y yo les quiero decir que la responsabilidad de legisladores y legisladoras es construir la gran propuesta de reforma política, no sólo electoral, transformadora de las instituciones, es la gran responsabilidad.

Y yo los invito a analizar, y si se consideran convencidos de ello, adherirse a la propuesta de reforma política que la siguiente semana presentaremos Senadoras y Senadores de la República, con la firma de compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PAN y del PRD.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senador Miguel Barbosa.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo, Comuníquese.

Compañeras y compañeros legisladores: Informo a ustedes que las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.






PROPUESTAS

De la C. Diputada Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el “censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA A INCLUIR EN EL “CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y ESPECIAL PARA EL CICLO 2013-2014”, REACTIVOS QUE ARROJEN INFORMACION ESPECIFICA Y DETALLADA SOBRE DISCAPACIDAD EN LAS ESCUELAS REGULARES Y DE EDUCACION ESPECIAL, EL NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA ESPECIAL INSTALADA PARA SU ASISTENCIA.

"Laque suscribe, Diputada Federal María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante de la LXII Legislatura y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 numeral 3, 65, 76, 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es tema imperativo en la transformación de una sociedad, cualquier cambio implica un análisis responsable sobre bases sólidas con visión a mediano y largo plazos. La planeación de estos cambios debe basarse en elementos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar las necesidades y requerimientos para transitar al ideal educativo que permita a México un desarrollo con inclusión social y sin discriminación.

El interés de la nación por una educación de calidad es, ha sido y será requisito indispensable para el desarrollo social de la población. Con su constante mejoramiento se tutelan los bienes de tipo social, jurídico, político y económico. En los últimos años se hicieron reformas a la legislación para mejorar el “modelo educativo” –fundamentalmente en la educación básica–, empero la atención educativa para niños con discapacidad ha sido marginal y se requieren adecuaciones generales que corrijan estas condiciones discriminatorias.

Laeducación es un derecho humano, consagrado en el artículo tercero constitucional, cuya esencia “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y formará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad”1; la educación mejora las oportunidades en la vida: mientras mayor sea el nivel educativo mejores herramientas tendrá el individuo para alcanzar su desarrollo personal. En el caso de los niños con discapacidad, la educación es una herramienta fundamental que hace la diferencia hacia una vida independiente, libre y digna. La inclusión social sólo es posible cuando se reconocen como normales las diferencias.

En el plano internacional, la preocupación por la educación, por el interés superior de la niñez y por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ha permitido que la Organización de las Naciones Unidas adopte convenciones que homologuen este piso de derechos en los Estados Parte del Orbe. La Convención de los Derechos de los Niños y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas firmadas y ratificadas por el Estado Mexicano, son norma suprema según el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados Parte a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita mejorar o formular y aplicar políticas que den cumplimiento a los derechos humanos y los protegidos por la convención.

El Sistema Educativo en México ya brinda educación especial a niños con discapacidad y a niños con capacidades sobresalientes. Desafortunadamente no hay datos precisos y actuales sobre el número de alumnos y maestros con discapacidad, las condiciones en que se encuentra el sistema en su conjunto, y mucho menos la educación especial en lo particular.

Esta realidad y la reforma constitucional en materia de educación, obligó al nuevo gobierno a implementar un Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014” cuyo objetivo es “captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica”, según lo informaron el Secretario de Educación Pública y el Presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Además, “Permitirá conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial e identificar por escuela el uso de los espacios disponibles. Identificará datos de ubicación geográfica de los centros escolares, domicilio y tipo del inmueble, situación de propiedad del mismo, las escuelas que operan en él, sus características constructivas, el número y tipo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas de medios, auditorios, oficinas administrativas y académicas, espacios recreativos y deportivos, sanitarios, entre otros.”

En lo que se refiere a los docentes, el censo recabará datos sobre “cada uno de las y los docentes e identificar las características de sus plazas, su escolaridad, las funciones que realizan, la capacitación recibida y los programas en que participan, así como, registrar en las escuelas a todas las alumnas y alumnos según grado y nivel educativo, y sus características socio-demográficas. Esto contribuirá a identificar los programas y proyectos, los recursos humanos, total de docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico, la oferta educativa, la matrícula escolar y los grupos”

“En el caso de los alumnos, se contará con información para conocer habla lengua indígena, español o extranjera, datos escolares (grado y grupo), condiciones especiales observables, programas y becas en los que participa.”2

Esta información resultará útil para conocer el estado actual de la educación en el país y realizar planeación para el mejoramiento de esta.Empero, en la información ofrecida no se toma en cuenta información específica y detallada sobre discapacidad, tanto de alumnos como profesores, ni de las condiciones de las escuelas para atender a personas con discapacidad; además de reactivos específicos para conocer las condiciones y el tipo de atención que brindan las escuelas de educación especial, como son: tipo de discapacidades, características de los niños sobresalientes, tipo y especialidad del personal capacitado para educar a niños con los distintos tipos de discapacidad, la demanda de espacios en las escuelas, etcétera.

Esta información será complemento que permita planear y tomar decisiones sobre cómo mejorar la educación especial y así dar cumplimiento a la obligación del estado de asegurar la educación para todos, incluidas las personas con discapacidad y niños talento. Esta acción asegura condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Es por esto, que someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se incluyan en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013".






De los CC. Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, así como a las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar el modelo de "parlamento abierto" en sus congresos. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A IMPULSAR EL MODELO DE "PARLAMENTO ABIERTO" EN SUS CONGRESOS.

"Laura AngElica Rojas HernAndez, María del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, Francisco Búrquez Valenzuela y Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadores de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, por la que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para exhortar a los órganos de gobierno del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, así como a las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se impulse el modelo de “Parlamento Abierto” en sus Congresos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un factor determinante en la falta de reconocimiento ciudadano sobre el Congreso de la Unión ha sido la opacidad en diversas instancias internas y la mala comunicación del trabajo real que se realiza en las Cámaras legislativas.

Entendiendo la importancia de que la gente pueda acceder de manera sistemática a información sobre el quehacer parlamentario, el uso de los recursos existentes, conozca a sus representantes, identifique las propuestas y debates entre grupos parlamentarios, conozca las reformas que se realizan y el impacto que genera en su vida cotidiana, entre otros, se podrá modificar la percepción del ciudadano sobre el Congreso.

Una iniciativa que ha tomado relevancia a nivel mundial es el debate pródigo y franco sobre el concepto de "Parlamento Abierto" (parliamentary openness) dentro de otro concepto aún más amplio como es el de "Gobierno Abierto".

Existen antecedentes en México, por ejemplo, la iniciativa de Alianza para el Gobierno Abierto (AGA o en inglés Open Government Partnership - OGP) a la cual México se unió el 20 de septiembre de 2011.

La AGA brinda la oportunidad de articular programas y políticas en curso que coinciden con los propósitos que inspiran esta iniciativa multilateral para transformar la relación entre gobernantes y gobernados; para proporcionar no sólo más información, sino de mayor utilidad; para participar de manera más informada en la elaboración de políticas públicas y, en el largo plazo, recibir servicios de mejor calidad.

Tanto el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción2008 – 2012, como el Programa de Mejora de la Gestión, hicieron patente el compromiso de México para fortalecer el Estado de Derecho, la cultura de la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y, en general, la mejora del desempeño institucional del gobierno. Para ello, diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil se comprometieron con la AGA, entre las que destacan: Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), Artículo 19, Social TIC, Cultura Ecológica, A. C. (CEAC), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Gestión Social y Cooperación (GESOC), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C: (IMCO), Transparencia Mexicana y la Secretaría de la Función Pública (SFP)

El 20 de marzo de 2012, en la Ciudad de México, tuvo lugar el “Diálogo Regional por el Gobierno Abierto”, con la participación de funcionarios públicos de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como de países integrantes e interesados en la iniciativa AGA y representantes de organismos internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, responsables e interesados en las políticas de información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Este encuentro, organizado conjuntamente por el Gobierno de México, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la AGA, se desarrolló en el marco del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción con la finalidad de promover la cooperación y el intercambio de información en materia de transparencia y rendición de cuentas para una mejor prestación de servicios públicos, manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, el derecho de acceso a la información, así como el impulso a la participación ciudadana.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido un Gobierno Abierto como “la transparencia de las acciones que realiza un gobierno, la accesibilidad a los servicios e información pública, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades”

Para Álvaro Ramírez Alujas, el gobierno abierto hace referencia a ciertos principios que se manifiestan en: a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, lo que se conoce como open data (para ejercer control social sobre los gobiernos y demandar rendición de cuentas), y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (para incidir en la toma de decisiones); y c) favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para codiseñar y/o producir valor público, social y cívico.1

Derivado del concepto de Gobierno Abierto, para el Poder Legislativo se ha acuñado el concepto “Parlamento Abierto”, el cual pugna por los mismos principios de éste, más aquellos que son inherentes a la función legislativa y al que se suma el concepto de Parliamentary Monitor ingorganizations (PMO), es decir, organizaciones de la sociedad civil cuyo quehacer es incrementar la "vigilancia" sobre el trabajo político y parlamentario.

Miguel Ángel Gonzalo Rozas2, Archivero-Bibliotecario de las Cortes Generales de España, en su artículo Declaración sobre "Parlamento Abierto", retoma los principios de la "Declaración sobre el Parlamento Abierto" (Declarationon Parliamentary Openness) y que traduce de la siguiente forma:

1. Reconocer el derecho de propiedad del público sobre la información parlamentaria. Es decir, partir del principio de que la información que genera el parlamento no pertenece a la administración parlamentaria, sino que sólo la administra para facilitar la reutilización de la misma por los ciudadanos interesados.

2. Promover una cultura de la apertura a partir de la legislación. La idea es que el parlamento, como depositario de la soberanía y de la potestad legislativa promueva los cambios legislativos necesarios para garantizar la transparencia.

3. Proteger la cultura de la apertura a través del control parlamentario ("oversight").

4. Promover la educación para la ciudadanía.

5. Participación de los ciudadanos y la sociedad civil.

6. Protección de una sociedad civil independiente.

7. Habilitar una monitorización efectiva del trabajo parlamentario.

8. Compartir buenas prácticas con otros Congresos.

9. Garantizar los recursos legales para hacer efectivo el derecho de acceso

10. Difusión completa de la información. En este punto es donde las páginas web se vuelven más importantes como canal o ventana para difundir la totalidad de la acción parlamentaria con las mínimas excepciones que sean necesarias.

11. Proporcionar información oportuna y, a ser posible, en tiempo real. Este es uno de los retos fundamentales de las páginas web parlamentarias para conjugar, por un lado, el requisito de la inmediatez y, por otro, cumplir con los preceptos del reglamento relativos al trámite parlamentario, a la calificación de las iniciativas por los órganos competentes y el acceso a los documentos parlamentarios en el registro. Es constante la solicitud de acceso por parte de la ciudadanía a documentos que ya están registrados pero que no están calificados y, por tanto, no son documentos "publicables" en medios oficiales, al menos, con los criterios que manejamos en la actualidad.

12. Garantizar la información precisa.

13. Adoptar políticas de transparencia parlamentaria. En la declaración se insta a los parlamentos a adoptar políticas proactivas de difusión de la información y a utilizar formatos reutilizables para la misma.

14. Proporcionar información sobre las funciones del parlamento. Es algo básico que en la web parlamentaria se proporcione información sobre la constitución, el reglamento, sus funciones y procedimientos.

15. Proporcionar información sobre los miembros de los parlamentos. En la web del Congreso se proporciona información sobre todos los puntos incluidos en la recomendación: partido político, mandato, cargos e información de contacto cuando el parlamentario lo autoriza. Hay un punto novedoso incluido en la declaración que no se cumple y es el relativo a que se proporcione identificación del personal asistente de los diputados o de los grupos. En la web del Congreso se dan cifran globales del número de asistentes o asesores pero no se incluye un directorio de los mismos.

16. Proporcionar información sobre la administración parlamentaria. En la página web parlamentaria se debe proporcionar información sobre la estructura administrativa y la forma de contacto.

17. Información sobre la agenda parlamentaria.

18. Información sobre la legislación en preparación. Un punto discutido es cómo se puede conseguir de una forma eficaz la participación de la ciudadanía en la proceso de discusión de proyectos y proposiciones de ley.

19. Publicación de los debates de Comisiones.

20. Publicación de las votaciones.

21. Publicación de los debates del Pleno.

22. Publicación de los informes elaborados por iniciativa del Parlamento.

23. Proporcionar información sobre el presupuesto. Puede aplicar tanto a la publicación por parte del Parlamento del Presupuesto General del Estado durante su tramitación en un formato que posibilite su reutilización y también puede aplicar a la publicación por el parlamento de su propio presupuesto más detallado.

24. Información sobre el régimen económico de los diputados para asegurar su integridad.

25. Difusión de información sobre conducta poco ética y los posibles conflictos de interés.

26. Proporcionar acceso a la información histórica. Aquí hay que citar el gran trabajo de digitalización que está realizando el Archivo del Congreso y la Biblioteca para la preservación del patrimonio digital parlamentario.

27. Proporcionar múltiples canales para acceder a la información.

28. Asegurar el acceso a las sesiones plenarias.

29. Garantizar el acceso a los medios de comunicación.

30. Proporcionar una emisión en directo (streaming) y bajo demanda de las sesiones.

31. Facilitar el acceso sin restricciones o barreras físicas.

32. Usar un lenguaje comprensible para la difusión de la información.

33. Uso de las lenguas oficiales.

34. Garantizar el acceso gratuito a la información:

a) Que el contenido de la información no sea alterado.

b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.

c) Que se cite la fuente.

d) Que se mencione la fecha de la última actualización.

e) Que siga un principio de acceso público y de no exclusividad.

35. Proporcionar información en formatos abiertos.

36. Asegurar tecnología accesible.

37. Proteger la privacidad de la ciudadanía.

38. Usar formatos no propietario y de software libre en la medida de lo posible.

39. Permitir la descarga de la información para su reutilización.

40. Asegurar la actualización de los sitios web parlamentarias.

41. Implementación de buscadores para la información contenida en la página.

42. Adecuada política de enlaces.

43. Puesta en marcha de servicios de alerta.

44. Facilitar la comunicación bidireccional con la ciudadanía.

Por otro lado, en nuestro país Transparencia Mexicana promueve diez puntos que marcan la diferencia entre un parlamento que cumple con sus obligaciones de transparencia, y otro que ha decidido construir una nueva relación con los ciudadanos, es decir, un Parlamento Abierto.

1. Los parlamentos abiertos garantizan el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad y el acceso a la información parlamentaria y legislativa.

2. Además, publican de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para el ciudadano, utilizando formatos sencillos y mecanismos de búsqueda simple.

3. Publican en formatos abiertos el análisis, la deliberación y la votación de los trabajos en comisiones parlamentarias y de las sesiones plenarias.

4. Garantizan el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.

5. Los parlamentos abiertos publican información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al cuerpo legislativo.

6. Publican información detallada sobre los representantes populares, los funcionarios y el personal del cuerpo legislativo, incluidas la declaración patrimonial y de intereses de los representantes.

7. Los parlamentos abiertos cuentan con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano eficaz.

8. Los parlamentos abiertos aseguran una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.

9. En el ámbito tecnológico, dan preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y código abierto.

10. En su tarea sustantiva, los parlamentos abiertos promueven legislación a favor de políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno;asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen esos principios.

Para Transparencia Mexicana estos diez puntos representan el mínimo que un cuerpo legislativo, ya sea la Cámara de Diputados, el Senado, la Asamblea Legislativa o cualquier congreso local, deben poner en práctica para considerarse un Parlamento Abierto.

Federico Reyes Heroles, Presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, durante la firma del acuerdo “Parlamento abierto: una nueva relación con la ciudadanía”, entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el día 18 de junio de 2013, señaló: “A la rendición de cuentas no se puede llegar sólo por mandato de ley. A la rendición de cuentas no se debe llegar como resultado de un sentido de desconfianza o afrenta. A la rendición de cuentas no se debe arribar sólo como presión ciudadana. A la verdadera rendición de cuentas se entra por la puerta de la cultura”

En México hemos iniciado ya la ruta para hacer efectivo el principio de máxima publicidad en lo relativo al Poder Legislativo federal y locales a través de una reforma aprobada por el Senado y cuya minuta se encuentra pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados, para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en un organismo autónomo con competencia sobre todos los Poderes en los tres ámbitos de gobierno. También se han reformado en años recientes los Reglamentos de ambas Cámaras y el 24 de abril de 2013la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández presentó una iniciativa para expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República que está pendiente de ser dictaminada.

Igualmente, el Senado de la República ha dado pasos decisivos a favor de una cultura de parlamento abierto. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información (COGATI) ha hecho suya la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria como un instrumento en el que se presentan las mejores prácticas internacionales para contar con un Parlamento Transparente y que rinda cuentas.

El COGATI es el órgano garante, especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa y de gestión, responsable de coordinar y supervisar el acceso a la información y la transparencia, así como el adecuado cumplimiento de la Ley en la materia por parte de los órganos y unidades administrativas del Senado. En su seno están representados los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara por lo que se garantiza la imparcialidad en sus decisiones.

En este contexto, el COGATI emitió una serie de acuerdos a efecto de alinear diversas acciones y políticas al interior del Senado, con los principios establecidos en la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, algunos de estos acuerdos recomiendan a las áreas administrativas llevar a cabo las siguientes acciones:

• Sistematizar los documentos parlamentarios mediante un registro alfanumérico, lo cual se traduciría en una mayor identificación por los ciudadanos de las iniciativas, puntos de acuerdo, entre otros documentos parlamentarios.

• Realizar un diagnóstico del buscador de información que actualmente se encuentra en la página oficial del Senado de la República a efecto de medir su eficacia y realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información que actualmente se encuentra publicada.

• Desarrollar un sistema adecuado a efecto de facilitar la información de las votaciones de los Senadores y las Senadoras, mediante una nueva interfaz, aprovechando el registro electrónico de las votaciones en el Pleno.

• Facilitar el acceso a la información mediante la traducción de documentos de carácter legislativo en diversas lenguas indígenas.

• Realizar las gestiones necesarias a efecto de que las transmisiones por el Canal del Congreso sean realizadas con traducción simultánea al lenguaje de señas mexicanas.

• Realizar las acciones que resulten necesarias para contar con una videoteca alojada en el sitio web del Canal del Congreso.

• Actualizar los perfiles de los Senadores y Senadoras proporcionando las redes sociales de las que forman parte a efecto de contribuir a una relación más estrecha con la ciudadanía y agregando un directorio de oficinas de enlace legislativo en los Estados de la República.

A esto hay que sumar los avances en materia de difusión sobre todo del Congreso de la Unión para allegar la información legislativa al público a través del Canal del Congreso y los portales de internet.

Sin embargo, la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos que año con año son entregados a las legislaturas es prácticamente nula. Hablamos de miles de millones de pesos que nos son entregados para prestar un servicio al país y sobre los cuales los ciudadanos deberían tener absoluta certeza sobre su uso y destino. Tan sólo el presupuesto del Senado autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año es de poco más de tres mil 700 millones de pesos, de los cuales, si el público no conoce cómo se distribuye entre legisladores, empleados, comisiones, órganos de gobierno y grupos parlamentarios, mucho menos la forma en la que son ejercidos. De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2012, en la dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa, México obtuvo 67% de la calificación máxima para la dimensión.

Ante esto, el Congreso de la Unión debe reafirmar su compromiso con la transparencia reconociendo y garantizando el derecho de los ciudadanos a conocer e involucrarse en el proceso de toma de decisiones que les afectan y a saber cómo se usa el dinero público que administran las cámaras. Y debemos ir más allá. Séneca afirmaba “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. Si bien el Congreso debe dotarse de una adecuada normatividad para la transparencia y la rendición de cuentas y ser el primero en cumplir la ley, en todos aquellos casos que no se puedan resolver bajo su aplicación, los legisladores deben regirse bajo los principios de la integridad y la honestidad. El Parlamento Abierto no sólo es una buena ley y una estricta aplicación, sino una nueva cultura, donde los legisladores actuemos con integridad, honestidad y siempre en beneficio de los mexicanos.

Además es momento de acercar el Congreso a los ciudadanos y de innovar en la forma de informar y educar sobre nuestro trabajo, instrumentando programas como centros de visitantes, camiones-museos que recorran las comunidades, jornadas de puertas abiertas, testigos ciudadanos y parlamentos dirigidos a sectores específicos de población.

Estamos ante la oportunidad de abrir el trabajo del Congreso a los ciudadanos, aumentar el nivel de confianza pública y el interés ciudadano por los procesos gubernamentales, fortalecer la educación cívica y combatir frontalmente la corrupción, lo cual además, daría como resultado la restauración de la credibilidad de los legisladores en este país.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las Legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que instrumenten mecanismos internos y definan una agenda de “Parlamento Abierto” de acuerdo a sus facultades y competencias, así como a establecer comunicación con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, centros académicos y cualquier otro, que impulsan el modelo de “Parlamento Abierto” para suscribir convenios de colaboración, asesoría y seguimiento a las acciones que se determine impulsar.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las Legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a implementar entre sus legisladores programas y mecanismos de fomento de la cultura de integridad y honestidad en su actuar.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno del Senado de la República para que facilite y promueva mecanismos institucionales de participación ciudadana, generando una corresponsabilidad informada en la toma de decisiones legislativas.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de julio de 2013".






Del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita información al Banco de México en materia de competitividad financiera. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACION AL BANCO DE MEXICO EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD FINANCIERA.

"Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 108,109, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO SOLICITUD DE INFORMACION AL BANCO DE MEXICO EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD FINANCIERA,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 8 de mayo de 2013 se anunció por parte del Ejecutivo Federal al seno del Pacto por México un paquete de reforma financiera que asegura como la reforma de 2010 mejorar las condiciones de competenciaen el sector bancario. El pasado 15 de mayo de 2013 el Ejecutivo Federal remitió ante la Comisión Permanente un conjunto de iniciativas en materia de reforma financiera, la mayor parte del proyecto se concentra en medidas prudenciales para evitar el riesgo sistémico; un fortalecimiento de las facultades de supervisión de los niveles de capitalización e intervención de entidades financieras que presenten una disminución de sus niveles de capitalización; la introducción de figuras de ley de quiebras bancarias y el endurecimiento de la ejecución de garantías; y una mayor proporción de recursos de la banca de desarrollo para financiamiento de proyectos productivos y con problemas de liquidez.

Sin embargo, tras la evaluación de las distintas iniciativas, el cuerpo central del proyecto requiere por parte del Congreso de la Unión fortalecer al igual que en el sector de telecomunicaciones, disposiciones específicas para mejorar las condiciones de acceso y fondeo de nuevos participantes en el sector bancario u otros intermediarios financieros, observamos la ausencia de disposiciones en materia de competencia para eliminar la concentración bancaria y mejorar las condiciones de competencia efectiva a la par de nuestros socios comerciales, consideramos fundamental recuperar la rectoría sobre el sistema de pagos (específicamente en las cámaras de compensación), ampliar la infraestructura bancaria, fortalecer a otras intermediarios financieros, estos y otros más temas alrededor de las mejores prácticas internacionales y el papel que está obligado el Estado mexicano para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema financiero.

Sin duda la reforma financiera en discusión, tiene como referencia internacional las modificaciones a la arquitectura financiera para prevenir el fenómeno de crisis sistémicas1, las nuevas recomendaciones de Basilea III, Solvencia II y el rediseño institucional de los órganos reguladores están dirigidos a generar salvaguardas para promover un sistema financiero estable y solvente, anticipar-identificar-actuar frente a la alta exposición de riesgos de entidades financieras que puedan representar un obstáculo para el crecimiento económico.

El debate que debe dar el legislador se inserta dentro de la agenda internacional en materia de crecimiento a través de paquetes fiscales contra cíclicos, el combate a paraísos fiscales y la ampliación de la regulación a otros agentes económicos, México no puede aislarse de estos acuerdos de envergadura global de coordinación de los Estados frente al mercado, pero si existe la potestad para priorizar y adaptar esos acuerdos a los requerimientos del crecimiento local. México tiene el reto de implementar Basilea III sin olvidar su política de competencia en un sector con amplios déficits de atención al crecimiento económico.

Las economías desarrolladas han adaptado en función de sus estructuras las recomendaciones del Banco Internacional de Pagos y del Comité de Basilea, como parte de los acuerdos de G-20, sin embargo, recordemos que como Estado la discusión de esta reforma financiera debe equilibrar los objetivos de regulación financiera (que fue pensado para países desarrollados) y las políticas de competencia (necesarias para países con problemas de concentración y oligopolios), este es el reto del legislador frente a la reforma financiera en ciernes.

El Congreso de la Unión debe ante todo definir un modelo de sistema financiero adecuado para reactivar el crecimiento económico, hasta el momento más allá de las disposiciones en materia de regulación prudencial que existen a nivel de reglamentos, considero que el proyecto carece de una idea de eficiencia en el sistema financiero que permita reducir los costos de transacción de la economía, mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, un sistema financiero que redirija los recursos de la relativa seguridad del sector financiero a los requerimientos de capitalización del sector productivo, base del crecimiento económico, urge un sector financiero más independiente del ahorro externo, más comprometido a las actividades productivas y comerciales.

Específicamente en el tema de competencia bancaria en 2009 el Senado de la República se dictaminó 10 iniciativas de los grupos parlamentarios que abarcan desde disposiciones de regulación directa sobre las tasas activas del sector bancario, hasta aquellas disposiciones de transparencia y de promoción de la competencia, en aquel dictamen de conceso del 21 de abril de 2009, se modificaron diversas disposiciones en aras de promover la competencia en el sector: la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y particularmente la Ley del Banco de México.

En esta reforma se le otorgo una facultad imperativa al Banco de México para la regulación de las comisiones y de las tasas de interés pasivas y activas de los bancos y otras entidades financieras, en función de los tipos de créditos, segmentos de mercado o cualquier otro criterio que considere pertinente, tomará en cuenta los siguientes indicadores las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes.También propiciar y vigilar que las entidades financieras que otorgan préstamos o créditos sean en condiciones accesibles y razonables. Y específicamente tomar medidas correctivas, incluyendo el establecimiento de límites a las tasas de interés, para lo cual tomará en cuenta fórmulas de derecho comparado, incluso la facultad de veto de comisiones nuevas o del incremento de las existentes.

En esta última reforma se hicieron varias reformas paralelas en materia de competencia bancaria como limitar comisiones bancarias, en materia de sistema de pagos, transparencia, la introducción del figura de Ganancia Anual Total, productos básicos, crédito hipotecario y nuevas sanciones.

La evaluación final después de 3 años de esta reforma, a pesar de los avances en materia de competencia que muestran los informes del Banco de México, el sistema financiero, especialmente en el sector bancario, se observa quecontinua presentando disfuncionalidades que deben ser consideradas, por ejemplo:

• Alta concentración de activos: Existe una enorme concentración bancario donde el 74% de los activos bancarios se concentran en Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y HSBC (5 de 41 bancos registrados en la CNBV).

• Obstacúlos para la competencia en el sector: Los elevados requerimientos de capital, las restricciones en el uso de las cámaras de compensación2, el costo del fondeo interbancario, el costo del uso de sucursales, la alta concentración bancaria y las restricciones para la entrada al financiamiento a la Bolsa Mexicana de Valores.

• Altas tasas de interés al consumo: El crédito bancario se concentra en el crédito al consumo y con altas tasas de interés al CAT promedio de 32%.

• Capacidad subutilizada: Los bancos trabajan al 60% de su capacidad crediticia.

• Empleo y financiamiento: Las MIPYMES generan el 74% del empleo en México, pero solo tienen acceso al 15% del total de los créditos de la banca. Al cierre de 2012, Banco de México indico que las empresas obtienen financiamiento principalmente de proveedores con 83.2 % y el 75.2 %de las empresas no recibió nuevos créditos.

Hoy el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de debatir una verdadera reforma estructural que garantice un sistema financiero eficiente y competitivo para los requerimientos de financiamiento en un mundo global y frente a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas; la oportunidad de legislar para elevar el monto de recursos públicos para la inversión en proyectos viables y sólidos del país e incrementando el acceso a toda la población a los servicios financieros.

La responsabilidad del parlamentario es asumir el liderazgo y el consenso para establecer al igual que en la reforma en telecomunicaciones una decisión de Estado y definir desde el Congreso de la Unión como los objetivos de Basilea III (política prudencial)ylos objetivos de la competencia (protección al consumidor) formen parte de un proyecto de reforma financiera que garantice financiamiento competitivo y mecanismos de corrección frente a periodos de inestabilidad financiera (crisis sistémicas).

En este sentido, la discusión debe contar con la información y las recomendaciones del principal regulador del sistema bancario, el Banco de México, dada las facultades que le otorgo el Senado de la República en la reforma de 2009 y de asesor técnico, para que remita un informe de las condiciones de competencia, las metodologías de trabajo, y específicamente las recomendaciones legislativas para mejorar las condiciones de competenciaque mejore las condiciones de competitividad financiera en niveles equivalentes a la de nuestros principales socios comerciales.

En este sentido, considero que la Comisión Permanente como parte de los trabajos de dictaminación de la reforma financiera que remitió el Ejecutivo Federal, debe de contar con toda la información, metodologías y estudios comparativos de la legislación local y a nivel internacional, específicamente: las recomendaciones del Banco de México para mejorar las condiciones de competencia en el sector financiero,un estudio comparativo a nivel internacional de la implementación de Basilea III y el estudio de las barreras discriminatorias y conflictos de interés de las cámaras de compensaciónactuales con los nuevos participantes.

Por estas razones, presento ante esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, fundado de urgente y obvia resolución, por el que se solicita:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobernador del Banco de México remita a esta Soberanía, en un plazo no mayor de diez días hábiles, la siguiente información que contribuya a los trabajos legislativos en materia de reforma financiera:

a) Las recomendaciones de legislación para mejorar la competencia en el sector financiero, específicamente en el sector bancario.

b) Un estudio comparativo internacional de la implementación de Basilea III, especificando las salvaguardas para entidades bancarias o financieras que no representan un riesgo sistémico para el sistema de pagos.

c) Un estudio de las barreras discriminatorias y los conflictos de intereses de los servicios que ofrecen los procesadoresde las cámaras de compensación.

Salón de sesiones del Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Sen. Armando Ríos Piter".






Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a enviar un informe sobre los bienes del dominio público que han sido desincorporados del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal en los últimos 7 años para su posterior enajenación, a título gratuito u oneroso. Se turna a la Primera Comisión.








De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino en la República Federal de Alemania por parte de una las casas de subastas más importantes de Europa. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A EMITIR UNA NOTA DIPLOMATICA EN LA QUE SE MANIFIESTE LA CONTRARIEDAD DEL PUEBLO DE MEXICO ANTE LA COMERCIALIZACION DE LOS OBJETOS DE ARTE PRECOLOMBINO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA POR PARTE DE UNA LAS CASAS DE SUBASTAS MAS IMPORTANTES DE EUROPA.

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUELA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A EMITIR UNA NOTA DIPLOMATICA EN LA QUE SE MANIFIESTE LA CONTRARIEDAD DEL PUEBLO DE MEXICO ANTE LA COMERCIALIZACION DE LOS OBJETOS DE ARTE PRECOLOMBINO DADO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA POR PARTE DE UNA LAS CASAS DE SUBASTAS MAS IMPORTANTES DE EUROPA: LEMPERTZ,EN DONDE DOMINO EL INTERES MERAMENTE PECUNIARIO ANTE UNA PERDIDA DE BIENES CULTURALES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En medios de comunicación del día 6 de julio pasado, se informó que eldía 8 del mismo mes se decidiría, en la ciudad alemana de Münster, si el Estado mexicano recupera una serie de piezas precolombinas que fueron subastadas por una casa de arte en Alemania. El Tribunal Superior Administrativo, en esa ciudad alemana, informó que el día lunes 8, se llevaría a cabo el juicio que interpuso la casa de subastas de arte Lempertz contra la República Mexicana y el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, sobre piezas de arte precolombino.

La casa de subastas interpuso la demanda porque no puede entregar todavía las piezas a quienes las compraron durante la subasta en 2011, dado que, a instancias de México, el estado de Renania del Norte-Westfalia suspendió la entrega hasta que se aclarara el caso. Las piezas fueron subastadas por Lempertz en junio del 2011, bajo la condición de que serían entregadas en caso de que se levantara la suspensión que entonces impuso el Tribunal de Colonia, ciudad perteneciente al estado de Renania del Norte-Westfalia.

México se apoyó para detener la entrega en la Ley alemana de Devolución de Patrimonio Cultural, al argumentar que las piezas fueron sacadas de su territorio en forma ilegal y trasladadas a Alemania de la misma manera.

Dicha norma alemana fue promulgada en 2007, pero al parecer las 25 piezas precolombinas ya habían sido comerciadas desde años atrás. En abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Colonia emitió un nuevo fallo en el que permitía que las piezas fueran entregadas a sus compradores, pero el Estado mexicano y el de Renania del Norte-Westfalia acudieron al Tribunal Superior Administrativo de Münster. Las piezas siguen sin entregarse. La casa de subastas Lempertz sostiene, por su parte, que esas piezas precolombinas mexicanas han sido comercializadas en el mercado internacional de arte desde hace décadas. El propietario, a decir de las notas informativas circulantes, de la casa de subastas, Henrik Hanstein, manifestó en Colonia en abril de 2012, cuando se anuló la suspensión, que las piezas no son muy valiosas y que fueron vendidas por un total de 30 mil euros.

La mencionada ley estipula que las piezas que deben ser devueltas a sus países de origen son aquellas que hayan sido trasladadas a Alemania en forma ilegal a partir de abril del 2007, y Lemperetz argumenta que las piezas mexicanas en cuestión ya estaban en el país antes de esa fecha.

2.-Los medios de información difunden que las obras de arte precolombinas de México subastadas en 2011 en Alemania no serán devueltas al país y deberán ser entregadas a los compradores que las adquirieron en la Colonia Lempertz de este país. Así lo anunció el tribunal de Münster, luego de que las obras permanecieran bloqueadas por más de dos años. El Tribunal Superior Administrativo en Münster consideró que la entrega de las 25 piezas de arte mexicanas subastadas en junio 2011 no debió ser bloqueada por el Tribunal de Colonia. México intentó evitar la entrega apoyado en la ley de devolución alemana aprobada en abril 2007.

Sin embargo, este lunes el Tribunal Superior confirmó la decisión del Tribunal de Colonia, lo que permitirá que dos años después de la subasta se entreguen las piezas precolombinas mexicanas a sus compradores.“Los artefactos en cuestión son piezas de arte precolombinas que ya se encontraban ya hace muchos más años principalmente en posesión de colecciones privadas en países fuera de México” dice la resolución de la corte. Agregaron que ni la Ley de Devolución de Patrimonio Artístico ni el Convenio para los Bienes Culturales de la UNESCO pueden aplicarse con efecto retroactivo, las cuales entraron en vigor en Alemania el 26 de abril de 2007.

3.- Ante esta irregularidad flagrante en la cual una legislación internacional no tiene la facultad de ejercer una acción eminentemente legítima en la cual se respeten los bienes culturales nacionales, incluso los que están bajo sospecha de haber sido negociados u obtenidos ilícitamente, es necesario externar una opinión ante la relevante injusticia, que no ilegalidad, de que el patrimonio histórico de una Nación se encuentre bajo transacciones comerciales y susceptible de ser adquirido en propiedad particular. En este sentido, y mucho más allá de ser un reclamo nacional, este asunto tendría que ser tratado como un tópico en el que se lesiona a la cultura universal dado que la historia de cada pueblo y su producción cultural histórica debe ser propiedad de la Nación en donde se crearon tales productos, ya especificados en el convenio de Convenio para los Bienes Culturales de la UNESCO. Estamos ante una acción en donde existe una pérdida de bienes culturales que fue generada por un interés meramente pecuniario. Este hecho debe quedar registrado históricamente en la relación entre nuestro país y la República Federal de Alemania mediante una nota que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se subraye la contrariedad, el disgusto del pueblo mexicano ante la comercialización, incluso legal, del arte precolombino.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A EMITIR UNA NOTA DIPLOMATICA EN LA QUE SE MANIFIESTE LA CONTRARIEDAD DEL PUEBLO DE MEXICO ANTE LA COMERCIALIZACION DE LOS OBJETOS DE ARTE PRECOLOMBINO DADO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA POR PARTE DE UNA LAS CASAS DE SUBASTAS MAS IMPORTANTES DE EUROPA: LEMPERTZ,EN DONDE DOMINO EL INTERES MERAMENTE PECUNIARIO ANTE UNA PERDIDA DE BIENES CULTURALES.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Atentamente".






De los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar el comité técnico que implemente y opere el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A INTEGRAR EL COMITE TECNICO QUE IMPLEMENTE Y OPERE EL MECANISMO DE PROTECCION PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

"Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79,numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuenta con la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH), la cual tiene como misión “Coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos en la Administración Pública Federal, a fin de generar la política nacional de derechos humanos; y servir de enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las demás instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en la materia.”

De esta manera, sus atribuciones se encuentran establecidas en el Artículo 21 del Reglamento Interior de la SEGOB, que versa lo siguiente:

I. Promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II. Auxiliar al Secretario en la coordinación de los esfuerzos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emprendan para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

III. Constituir, llevar y mantener actualizado el registro de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. En el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, actuar como instancia de apoyo en la promoción de los derechos humanos con los organismos locales competentes;

V. Fungir como vínculo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, así como atender y, en su caso, remitir a las instancias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las peticiones que éstas le formulen;

VI. Someter a consideración del superior jerárquico la forma en que serán atendidas las recomendaciones dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos cuya competencia, procedimientos y resoluciones sean reconocidos por el Estado Mexicano;

VII. En el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, coadyuvar con los órganos e instancias dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos; VIII. Dar trámite administrativo a las medidas que procuren el pleno respeto y cumplimiento, por parte de las autoridades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones jurídicas que se refieren a las garantías individuales y a los derechos humanos, y coordinar la atención de las solicitudes de medidas precautorias o cautelares necesarias para prevenir la violación de derechos humanos, así como instrumentar dichas medidas, siempre que no sean de la competencia de alguna otra dependencia de la Administración Pública Federal;

IX. Formar parte del Comité Jurídico Interno de la Secretaría;

X. Fungir como la Coordinación Ejecutiva Nacional a que se refiere la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de instancias equivalentes en término de las leyes en materia de promoción y protección de derechos humanos;

XI. Identificar y compilar en el ámbito de competencia de la Secretaría, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asuma el Estado Mexicano, así como promover y coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a éstos;

XII. Dictar, en el ámbito de competencia de la Secretaría y previo acuerdo con el Subsecretario, las medidas administrativas que sean necesarias para que las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, procuren el cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos y a las garantías para su protección;

XIII. Establecer, dar seguimiento, implementar y coordinar en el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación, el cumplimiento a las obligaciones que le impongan las leyes en materia de promoción y protección de derechos humanos, en especial de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y

XIV. Las demás que determine el Secretario, dentro de la esfera de sus facultades y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Ante ello, y en el entendido de poder dar solvencia a sus diversas funciones, en 2006, le fueron asignados a la UPDDH, 24 millones de pesos; en 2007, 16mdp; en 2008, 20mdp; en 2009, 50mdp; en 2010, 28mdp; en 2011, 101mdp; mientras que en 2012, fueron 97mdp. Sin duda, el incremento de presupuesto ha sido sustancial, pero lo debe ser así mismo su funcionalidad y efectividad.

Por lo que resulta importante que para el ejercicio de 2013, se haya registrado un incremento de 123 por ciento, contando así con un presupuesto de 217 millones de pesos, esto debido a que a la Unidad le fueron asignados, entre otros recursos, dos fondos, uno de ellos en relación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, (127.5 millones de pesos) y el Fondo de Derechos Humanos, (53 millones de pesos).

Información del Periódico Reforma, indica que “hasta junio pasado, únicamente se habían erogado 5 millones 854 mil 445 pesos de la cantidad total.” Y en el caso de los dos fideicomisos, estos siguen intactos debido a que los comités técnicos no se han constituido, por lo que no existen las reglas de operación necesarias a más de seis meses de entrada la actual administración federal.

Cabe destacar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuenta con casi nueve meses de retraso, ya que en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estableció que debía ser creado cuatro meses después de su publicación, es decir en octubre de 2012.

De esta forma, en el pasado mes de junio cerca de noventa organizaciones e incluso Aministía Internacional, hicieron un llamado “para asegurar la eficacia del mecanismo y respaldar la labor de las personas defensoras de derechos humanosy periodistas“.

Lamentablemente, las referencias negativas sobre la UPDDH, y en sí sobre la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de SEGOB,se remontan a la administración pasada; debido al poco compromiso y resultados efectivos para cumplir en lo establecido a nivel constitucional y en los tratados internacionales, sobre todo después de la Reforma en materia de Derechos Humanos de 2011.

Asimismo y en el entendido de la emergencia nacional que se vive a raíz del incremento de la violencia e inseguridad, hacemos un llamado para que las dependencias que conforman la Administración Pública Federal ejerzan, dentro de cada ámbito de sus competencias, diferentes acciones encaminadas a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas. En dicho tenor, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a integrar el Comité Técnico que implemente y opere el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanosy Periodistas con base en lo establecido en la Ley.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a ejercer el presupuesto asignado a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos conforme a lo programado parael año fiscal 2013.

Dado en el Senado de la República, a 10 de julio de 2013".






Del C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a considerar la asignación de los recursos presupuestales suficientes a fin de garantizar la prevención e investigación de delitos cibernéticos relacionados con la pornografía infantil. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A CONSIDERAR LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES A FIN DE GARANTIZAR LA PREVENCION E INVESTIGACION DE DELITOS CIBERNETICOS RELACIONADOS CON LA PORNOGRAFIA INFANTIL.








De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a dicho sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una mejor alimentación para la niñez de nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A IMPLEMENTAR, APLICAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACION DE LA LACTANCIA MATERNA A DICHO SISTEMA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR Y GARANTIZAR UNA MEJOR ALIMENTACION PARA LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS.

"La que suscribe, Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá crear fuerte lazo afectivo con la madre.1

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad casi todas las mujeres que son madres han alimentado a sus niños y niñasde forma normal, natural y sin aspavientos, es decir, amamantándolos.

Un grannúmero desociedades tradicionales ubicadas en África, Asia y América Latina han tenido un excelente conocimiento local sobre la importancia de la lactancia materna.

Por lo que los beneficios que otorga la misma, respecto de la salud de la niñez ysus madres son múltiples.

Las ventajas de la lactancia respecto de otro tipo de alimentación, esto es, biberón y los motivos por los que se recomienda tan ampliamente son:

La lactancia es conveniente, el alimento tiene una disponibilidad fácil para el niño o niña y no requiere preparación o equipo especial;

1. La leche materna suministra un adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para el niño lactante;

2. El calostro y la leche materna tienen elementos anti-infecciosos que ayudan a limitar las infecciones;

3. La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la preparación, así como los biberones, chupetes y otros artículos utilizados para la alimentación del niño;

4. Es más económica que la alimentación con biberón, que comprende los costos de la fórmula, o la leche de vaca, los biberones y los chupetes al igual que el combustible necesario para la esterilización;

5. Prolonga la duración de la anovulación postparto y ayuda a las madres a espaciar los embarazos;

6. Promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el niño;

7. Finalmente se observa un menor riesgo de alergias, obesidad y ciertos problemas de salud en niños y niñasamamantados con leche materna en comparación con los que se alimentan en forma artificial.

Propiedades y valor de la leche materna: 1

Inmediatamente después de dar a luz al bebé, la madre produce calostro por ambos pechos. En pocos días, la leche llega y aumenta en cantidad para suplir las necesidades del niño. La producción de leche de una madre está influenciada sobre todo por las exigencias de su bebé, cuya succión estimula la secreción de la leche. Mientras más succiona el bebé, mayor cantidad de leche producirá la madre. La cantidad con frecuencia aumenta de alrededor de 100 a 200 mililitros al tercer día del nacimiento a 400-500 mililitros en el momento en que el bebé tiene diez días de edad.

Un litro de leche materna produce alrededorde 750 kcal. La leche de vaca suministra más o menos tres veces más proteína y cuatro veces más calcio, pero tan sólo alrededor de 60 por ciento de los carbohidratos presentes en la leche materna humana.2

La mayor parte de los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indican que los nutrientes que hay en la leche de una madre satisfacen todas las necesidades nutricionales del niño o la niña si consume suficiente leche, aunque el contenido de hierro de la leche materna es bajo, es suficiente y bien absorbido lo que evita la anemia durante los primeros cuatro a seis meses de vida.

Contenidode nutrientes de leche humana en 100 g.

Nutrientes

Energía (kcal.)

Carbohidratos (g)

Proteína (g)

Grasa (g)

Calcio (mg)

Hierro (mg)

Vitamina A (µg)

Folato (µg)

Vitamina C (mg)

Leche humana

70

7,0

1,03

4,6

30

0,02

48

5

5

3

De forma particular encontramos que en el calostro de la mujer que amamanta podemos hallar factores anti-infecciones, que difícilmente se encuentran presentes en las fórmulas para bebes, estos incluyen:

1. Algunosanticuerpos e inmunoglobulinas que actúan en el intestino del niño y atacan a los organismos que causan enfermedades, y evitan así una infección en el bebé;

2. Podemos encontrara también células vivas, sobre todo glóbulos blancos, que pueden producir sustancias importantes como interferón (que pueden combatir los virus), inmunoglobulina A, lactoferrina y lisosomas;

3. Finalmente otros factores, como el bífido que ayuda a ciertas bacterias amigas, como los lactobacilos, a crecer y proliferar en el intestino del niño, donde ayudan a garantizar un entorno ácido (por el ácido láctico) que es desfavorable para el crecimiento de organismos patógenos.

En términos simples, la leche materna contribuye a que el intestino del bebé sea un medio adverso y hostil para los organismos causantes de enfermedad, la leche materna, particularmente debido a la inmunoglobulina que contiene, protege a los bebés contra las alergias, aunado a lo anterior tenemos que los productos manufacturados son más costosos, por lo cual es difícil acceder a ellos, situación que viven muchas poblaciones de varios países a nivel mundial, que no cuentan con los recursos necesarios.

De forma particular en México se estableciO para combatir la gran problemática de alimentación que se vive, elSistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre el 21 de enero del presente año, por el Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de nuestro país, mismo que establece en su:

ARTICULO SEGUNDO.- La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; y

IV. Promover la participación ciudadana para la erradicación del hambre.

Derivado de lo anterior es que considero importante la incorporación de la Lactancia Materna dentro del citado Sistema, con la finalidad de otorgar una mejor alimentación y nutrición a la niñez de nuestro país, con lo que garantizaremos el cumplimiento y ejercicio del derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en protocolos internacionales como:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país forma parte desde 1981, que establece que los Estados Parte reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos.

En relación con dicho Instrumento Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General Número 12, en la que establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla;

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

Así mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:El derecho a la alimentación es indispensable para asegurar el acceso a una vida digna y para ello, no solo se debe atender a la entrega de alimentos, sino que es necesario valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si cumple los requerimientos básicos;

Finalmente la FAO enuncia que los estados miembros se comprometen a:Promover el bienestar común, con el fin de elevar los niveles de nutrición y las normas de vida de los pueblos bajo su respectiva jurisdicción, así como lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de los productos alimenticios y agrícolas.

Al respecto datos recientes estiman que a nivel mundial el 35% de las niñas y niños menores de cuatro meses de edad son alimentados al seno materno en forma exclusiva y la duración promedio de amamantamiento es de 18 meses, información que difiere de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En nuestro país durante la década de los setentas el porcentaje de madres que inicio la lactancia materna fue de 78% con una duración media de 8.7 meses en el que se observó que los lactantes de 3 meses eran alimentados de forma exclusiva en un 15.3% y que 22% nunca fueron alimentados del seno materno.

Durante la década de los ochenta el 83% de las madres inicio la lactancia materna. De éstas, el 78% fue con una duración media de 8.6 meses, 14% de los lactantes de 4 meses nunca recibieron leche materna y sólo 11.5% fueron alimentados de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se estima que cada niño mexicano menor de 4 años, padecerá en promedio dos episodios de diarrea y cinco infecciones respiratorias al año, representando para el Sistema Nacional de Salud, 100 millones de consultas por estas causas al año.

LaSecretaría de Salud advierte que: El índice de lactancia materna entre los años 2006 y 2012 registró una caída de7.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 22.3% a 14.5%, esto principalmente por la introducción tempranade fórmulas lácteas y el consumo de agua, en lasáreas rurales el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5mostrando una caída dramática, lo que representa menor nutrición y mayor gasto.

Hasta ahora los programas implementados a través del sector salud para promover la lactancia materna han dado pocos resultados, como los señalados por funcionarios de la propia Secretaría de Salud Federal, ejemplo de ello, son las clínicas de lactancia materna, instaladas en los hospitales infantiles y generales, que a pesar de que han funcionado por casi una década, no han logrado abatir el rezago que existe a nivel nacional. Es por ello, que resulta inminente la promoción y difusión de una campaña permanente sobre los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna exclusiva, durante los primeros seis meses de vida del infante

Resultando imperante que para cumplir con los objetivos del Sistema Nacionalse incorpore y cree un Programa Especial que incluya la Lactancia Materna dentro de la actual Cruzada Nacional al contra el Hambre.

Como legisladores tenemos la responsabilidad con todos los sectores vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres, las niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de suma importancia solicitar a laComisión Intersecretarial del Sistema Nacional de la Cruzada contra en Hambre que implemente las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la Lactancia Materna dentro de dicho Sistema., ya que de acuerdo al ARTICULO SEXTO de su Decreto de creación dicha Comisión será la encargada de coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo SEGUNDO del citado Decreto, por ello someto a la consideración de este H. Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre para que implemente, aplique y ejecute las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la Lactancia Materna a dicho Sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una mejor alimentación para la niñez de nuestro país.

H. Comisión Permanente, a 10 de julio de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo".






De la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas a policías federales y agentes migratorios por actos de extorsión y abusos cometidos contra migrantes. Se turna a la Segunda Comisión.








De los CC. Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a solucionar el conflicto que enfrenta la tribu Yaqui por el aprovechamiento del agua. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACION Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA A SOLUCIONAR EL CONFLICTO QUE ENFRENTA LA TRIBU YAQUI POR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA.

"H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Diputados por la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Desde hace décadas la Tribu Yaqui de Sonora, ha venido denunciando, el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, entre ellos, el vital líquido como lo es el agua.

El pueblo yaqui y sus comunidades han denunciado la violación de sus derechos humanos, como es el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribalestoda vez que sin la participación de la Tribu, el gobierno de Sonora ha decidido invadir su territorio y aprovechar los recursos hídricos del pueblo yaqui, al pretender construir un acueducto llamado Independencia del Valle del Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Sonora, hecho que los motivó acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después el máximo tribunal dejó insubsistente para todo efecto legal, la autorización dela manifestación de impacto ambiental que la SEMARNAT, fallo que favorece la tribu yaqui, además que se pronunció sobre la no consulta y el impacto ambiental para la construcción del la megaobra hidráulica “Acueducto Independencia” de 145 km; recursos tales que pertenecen a la Tribu Yaqui hasta en un 50 por ciento.

Cabe recordar que el Acueducto Independencia está siendo construido en desacato de órdenes judiciales que suspenden la construcción debido a la demanda interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación por un grupo de agricultores del sur de Sonora, por haber incurrido enirregularidades en el procedimiento de otorgamiento de los permisos administrativos.1

Por estos hechos, desde hace algunos días, integrantes de la tribu yaqui y del movimiento No al Novillo están manifestándose en la carretera federal entre Ciudad Obregón y Nogales, Sonora; para exigir el cumplimiento de las órdenes judiciales y de la reciente resolución 631/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ha favorecido.

Es importante recordar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 37/2012 del año pasado sobre el caso, apuntó directamente al gobierno del estado de Sonora señalando —además de las violaciones de derechos humanos que éste había cometido—, la necesidad de que:

“… en el diseño de sus estrategias para resolver la problemática sobre el acceso al agua en la citada entidad federativa, efectivamente garantice que todos tengan acceso al recurso sin importar la región en la que vivan; y también sin que se genere la percepción de que se está privilegiando a una zona sobre la otra.” 2

Cabe mencionar que, en la misma recomendación, en relación con la implementación de políticas de desarrollo, la CNDH recuerda que:

“… es necesario que se identifiquen los obstáculos políticos, económicos e institucionales; es decir, aquellas barreras y razones estructurales que impidan el desarrollo social, así como las fuentes de conflicto existentes, escuchando a la gente, proporcionándoles un trato digno a fin de prestar la atención necesaria a las alertas tempranas (manifestaciones públicas que se pueden tornar violentas) e identificar soluciones efectivas, incluyendo mecanismos para mediar la falta de acuerdo y con ello evitar que se genere violencia, a escala micro o macro, lo cual finalmente conlleva altos costos humanos y económicos.”3

No obstante de la polarización y tensa situación que se ha ido creando, resulta aún grave y preocupante que en lugar de resolver un conflicto social,el Procurador General de Justicia del Estado,Navarro, recurra a la criminalización dando trámite a una averiguación previa en contra de Mario Luna y Tomás Rojo, traductor y secretario respectivamente de la Mesa Tradicional de Autoridades Yaquis.

Mario Luna y Tomas Rojo han sido facilitadores y portavoces para favorecer el diálogo entre la Tribu y el gobierno de Sonora, así como fungir como representantes ante la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quién confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del Acueducto Independencia por haber sido emitida violando los derechos a la consulta y a la información de la Tribu Yaqui.

No debemos dejar de señalar que como lo ha denunciadola Tribu Yaqui en desplegados públicos que ya han transcurrido casi tres años desde que el Poder Judicial Federal ordenó que no se construyera el Acueducto Independencia en el estado de Sonora y, no obstante ello, esa obra que consideran ilegal en la que se han derrochado miles de millones de pesos de recursos públicos, en su mayoría federales, no solo se construyó sino que se encuentra ya en operación, sin que hayan sido investigados los escandalosos actos de corrupción, de soborno y probable lavado de dinero sin que los responsables hayan sido investigados y mucho menos castigados.

También han denunciado que han pasado más de dos meses desde la fecha en que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ha venido violando las suspensiones definitivas y firmes decretadas por el Poder Judicial Federal, y que por el contrariocomenzó a extraer agua de la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” para llevarla, a través del Acueducto Independencia a un reservorio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Tampoco se han considerado siquiera el gravísimo y negativo impacto ecológico y ambiental en la Cuenca del Río Yaqui y en la desembocadura al mar de dicho río, tanto que ni la SEMARNAT, ni la PROFEPA, han actuado para impedir que los perjuicios ecológicos y ambientales, que la ilegal operación de dicho acueducto producen, dejen de generarse, no obstante la clara responsabilidad legal que tienen para hacerlo.

Por otra parte la PGR de la administración federal anterior consignó por desacato a Enrique Martínez Preciado, Director de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI), quien fue condenado por un juez federal a un año de prisión y a inhabilitación para ejercer un cargo público; sin embargo, sigue desempeñando dicho puesto, en tanto que los demás integrantes del Consejo Directivo del FOOSSI, entre quienes se encuentran el propio Gobernador de Sonora y varios de sus funcionarios, quienes cometieron el mismo delito, continúan impunes ante la omisión de la PGR de la administración federal pasada.

Además la Comisión Nacional del Agua CONAGUA ha podido constatar, no solo las múltiples deficiencias técnicas en que se incurrió en la construcción del Acueducto Independencia, sino que además ha confirmado la instalación en dicho acueducto de 277 tomas y preparaciones para ordeñarlo y beneficiar, con el agua que conduce, a ranchos vecinos propiedad de conocidos ganaderos y empresarios de la capital sonorense, amigos del Gobernador Guillermo Padrés Elías, lo cual constituye una prueba más de que es falso que el mencionado acueducto se haya construido solo para aliviar la sed de los habitantes de Hermosillo. Dicho acueducto tiene además fugas que desde su puesta en operación permiten el derrame de miles de metros cúbicos de agua diarios que ya han formado arroyos en los ranchos vecinos, y ni CONAGUAni autoridad alguna han tomado cartas en el asunto para evitarlo.

Durante los últimos tres años, se han abierto al cultivo de uva y nogal más de 3,000 hectáreas ubicadas al norte de Hermosillo, para ser regadas con agua de pozos que bien podrían satisfacer las necesidades de agua para consumo humano de la ciudad.

Podemos decir que ahora el Pueblo y las Comunidades de la Tribu Yaqui, además de habitantes de unos 30 mil habitantes del Valle del Yaqui, protesta que se han sumado por lo menos 6 Alcaldes municipales para detener a lo que consideran el robo de aguas nacionales vía el Acueducto Independencia, y por lo mismo tienenya varios días manifestándoseen la carretera federal que cruza su valle sin que tengan alguna respuesta.

Esta denuncia y solicitud de intervención la han hecho pública al propio Titular del Poder Ejecutivo, a través de algunos medios nacionales, para pedirle su intervención porque ahora están cansados y desesperados porque han sido desatendidas sus denuncias y demandas.También le han recordado al Ejecutivo que hubo un compromiso público de campaña en Ciudad Obregón, Sonora en el sentidode que respetaría y haría cumplir la ley en el tema del Acueducto Independencia, y que el problema del agua de la ciudad de Hermosillo sería resuelto sin afectar los derechos de los productores y habitantes del Valle del Yaqui, legítimos y únicosbeneficiarios junto con la Tribu Yaqui de los recursos hídricosde la Cuenca del Río Yaqui que almacena la Presa El Novillo.

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución Política, someto a esta soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de las facultades que le confiere nuestra Carta Magna, y a través de las diversas Secretarias del gobierno federal, como la SEMART, CONAGUA, PGR, SEMAREN;a que cumplan con las diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictadas a favor de la Tribu Yaqui de Sonora, y velar por el cumplimiento de irrestricto de diversas disposiciones de Pactos y Convenios Internacionales de Derechos Humanos que favorecen a los pueblos indígenas de nuestro país, en relación con el aprovechamiento de sus propios recursos hídricos, y contribuir así, a detener la escalada de conflicto entre el gobierno de Sonora y la Tribu Yaqui.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a detener la puesta en marcha del Acueducto Independencia, en virtud que, afecta sensiblemente al pueblo indígena de la Tribu Yaqui, donde 56 localidades no tienen acceso al agua potable y que se opone a la explotación irracional de sus recursos hídricos de sus tierras ancestrales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Suscriben

Dip. Carlos de Jesús Alejandro.- Dip. Aleida Alavez Ruiz".






De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora a crear espacios para dialogar y resolver el conflicto por la extracción de agua en la comunidad yaqui de Vicam. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A CREAR ESPACIOS PARA DIALOGAR Y RESOLVER EL CONFLICTO POR LA EXTRACCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD YAQUI DE VICAM.

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUELA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A CREAR ESPACIOS Y A CONSTRUIR POSIBILIDADES DE DIALOGO RESOLUTIVO Y VINCULANTE, EN OBEDIENCIA Y ACATO A LOS PROCESOS Y TERMINOS LEGALES COMO LA PROPIA CORTE DE JUSTICIA HA PROMOVIDO EN EL CONFLICTO POR LA SUSTRACCION DE AGUA, ANTE LO CUAL, LA COMUNIDAD DE VICAM LEGITIMAMENTE SE HA OPUESTO Y DOS.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A CONSTRUIR ACUERDOS PARA DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE REINGENIERIA PARA QUE EL SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA PUEDA EVITAR LA PERDIDA DEL LIQUIDO EN SU TRAYECTO Y ADEMAS DISEÑAR UN PROGRAMA PARA QUE TODOS LOS USUARIOS DEL AGUA DESARROLLEN UNA CULTURA DE AHORRO DEL AGUA EN UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR DEFICIT DEL LIQUIDO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.Desde el pasado 28 de mayo, indígenas yaquis y agricultores sonorenses se oponen al funcionamiento del Acueducto Independencia. La demanda de los manifestantes es que se detenga la extracción de agua de la presa El Novillo a través del acueducto, que se inició a finales de marzo. Desde entonces se han extraído más de 16 millones de metros cúbicos, y se pretende extraer 75 millones de metros cúbicos por año, de acuerdo con la Conagua. Las movilizaciones de protesta y demanda se materializaron en bloqueos intermitentes de la carretera federal México-Nogales y a la altura del pueblo de Vícam, en protesta contra el Gobierno de la República.

2.- El conducto –que pretende resolver la carencia de agua en Hermosillo por 50 años– mide 143 kilómetros y cruza los municipios de San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Mazatán y Hermosillo, el único beneficiado de la obra. En la capital del estado residen 715 mil 61 habitantes. Al cumplirse un mes de bloqueos a la carretera México-Nogales, las autoridades indígenas decidieron abrir un compás de espera, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifica a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado y al pueblo yaqui la ejecución de la resolución que ordena la reposición del proceso de consulta sobre la operación del acueducto, puesto en marcha a finales de marzo pasado.

3.-Como Senadora sonorense tuve una reunión con la tribu Yaqui en Vicam y líderes voceros del MCA (Movimiento Ciudadano por el Agua) para escucharlos y proponer una mediación para impulsar el diálogo entre las partes involucradas.

4.-En este conflicto podemos ver que hay una movilización sólida y pertinente. El tema del agua es y será el tema de los mayores conflictos sociales ante los cuales es necesaria una política de mediación que resuelva bajo el criterio de equilibrio, de procesos históricos, de no hallar solución a una demanda social, abriendo otro proceso conflictivo aún mayor. Recordemos que existe una postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que otorgó a los yaquis un amparo en contra de la construcción del acueducto.

5.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 631/2012, que reproducimos para una total ilustración, en el que se confirmó la protección de la justicia concedida por el Juez de Distrito competente, a diversas personas de la comunidad Yaqui del pueblo de Vícam, Sonora, ya que, si bien no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales, sí tienen el derecho de instar a la autoridad jurisdiccional por no encontrarse controvertido ser miembros de una comunidad o grupo indígena, en el caso, de la Tribu Yaqui. El amparo se concedió en contra de las autoridades responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para efectos, entre otros, de que previamente a la autorización del proyecto de impacto ambiental denominado Acueducto Independencia, otorguen garantía de audiencia a dicha comunidad, por conducto de sus representantes reconocidos de acuerdo a sus usos y costumbres. Ello en virtud de que la operación del citado proyecto sí puede afectar a la referida comunidad, principalmente en relación con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura que por decreto presidencial de 30 de septiembre de 1940 pertenece a la Tribu Yaqui, la cual puede disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacena en la citada presa, para fines de riego de sus propias tierras, autorizándose a sus núcleos de población, la disposición de las aguas que les correspondan en la medida que las tierras de su propiedad lo requirieran.

Por lo expuesto, los ministros enfatizaron que no bastaba que la autoridad responsable pusiera el proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la realización de una consulta pública, dada la calidad de la comunidad a la que pertenecen los quejosos, pues tal como lo señaló el juez de Distrito al conceder el amparo, debe hacerse adecuadamente y a través de sus representantes tradicionales a fin de respetar sus costumbres y tradiciones.

Asimismo, agregaron, la autoridad competente deberá ponderar los intereses sociales en juego, esto es, tanto de los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud de decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de garantizar la subsistencia de la comunidad a la que aquí se concede el amparo a fin de que sea escuchada para efectos de la operación del Acueducto.

6.- Del importante artículo publicado en el diario La Jornada, llamado Los problemas del agua en Sonora de Iván Restrepo, se desprenden varios asuntos, uno, “Las instancias gubernamentales sabían de los enfrentamientos que traería el acueducto. Pero tenían estudios donde se planteaban soluciones viables en el campo social, económico y ecológico para paliar los desajustes que ocasiona la falta de agua. Mas, nuevamente, faltó la política de Estado para hacerlos realidad” y dos, “En Sonora 97 por ciento de toda el agua se destina al sector agrícola. Apenas 2 por ciento es para usos urbanos y el resto para la ganadería y la industria. Pero en la agricultura se pierde 40 por ciento en conducción. Mientras, la demanda de líquido crece en las ciudades, todas deficitarias y que tampoco lo utilizan racionalmente. Como en Hermosillo, la capital, donde los habitantes de las zonas pobres pagan mucho más por tener agua que los estratos medios y altos”.

Estas dos importantes aseveraciones tienen, precisamente las vías de la solución que atenuaría no sólo el conflicto sino aportaría elementos para una dotación de agua racional, primero una política de Estado dirigida a la concertación del conflicto entre las partes involucradas y segundo un programa agresivo para que la conducción de agua no sufra pérdidas tan graves. Es por ello que esta propuesta de punto de acuerdo tiene dos resolutivos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A CREAR ESPACIOS Y A CONSTRUIR POSIBILIDADES DE DIALOGO RESOLUTIVO Y VINCULANTE, EN OBEDIENCIA Y ACATO A LOS PROCESOS Y TERMINOS LEGALES COMO LA PROPIA CORTE DE JUSTICIA HA PROMOVIDO EN EL CONFLICTO POR LA SUSTRACCION DE AGUA, ANTE LO CUAL, LA COMUNIDAD DE VICAM LEGITIMAMENTE SE HA OPUESTO.

DOS.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A CONSTRUIR ACUERDOS PARA DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE REINGENIERIA PARA QUE EL SISTEMA DE CONDUCCION DEL AGUA PUEDA EVITAR LA PERDIDA DEL LIQUIDO EN SU TRAYECTO Y ADEMAS DISEÑAR UN PROGRAMA PARA QUE TODOS LOS USUARIOS DEL AGUA DESARROLLEN UNA CULTURA DE AHORRO DEL AGUA EN UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR DEFICIT DEL LIQUIDO.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de julio de 2013.

Atentamente".






Del C. Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Sonora y del gobierno federal a atender las denuncias de los pobladores de Cananea, Sonora, respecto a la empresa minera Grupo México. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE SONORA Y DEL GOBIERNO FEDERAL A ATENDER LAS DENUNCIAS DE LOS POBLADORES DE CANANEA, SONORA, RESPECTO A LA EMPRESA MINERA GRUPO MEXICO.

"Alfonso Durazo Montaño, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace ya más de siete años, vivimos la tragedia de 65 mineros que murieron atrapados en la mina Pasta de Conchos, víctimas de la necesidad, de la explotación, de la negligencia e indiferencia de sus empleadores, solapada por la misma negligencia e indiferencia de las autoridades gubernamentales, que permitieron que éstos hombres trabajaran día a día bajo condiciones inhumanas, exponiendo la vida en cada descenso.

Son muchas las críticas y la evidencia que se ha acumulado respecto a la responsabilidad por omisión, en el mejor de los casos, de la empresa Grupo México y las autoridades encargadas de velar por la seguridad laboral. Uno pensaría que suficiente al menos como para que a estas alturas, siete años después de la tragedia, existiera una adecuada reparación del daño a las familias de los mineros, y para que se hubieran tomado las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no se volvieran a repetir.

Hasta el día de hoy, ninguna de estas dos cosas a sucedido. Ni adecuada reparación, ni medidas preventivas. Por el contrario, en los últimos años han salido a la luz numerosas historias de explotación de los mineros en diferentes partes del territorio mexicano, y las denuncias públicas al Grupo México en particular, se han multiplicado.

Es el caso de los pobladores de Cananea, en mi estado, Sonora. Muchos de ellos, trabajadores, ex trabajadores y habitantes del municipio en general, me han hecho llegar una serie de denuncias que es necesario dar a conocer.

En primer lugar, la falta de compromiso con el desarrollo de la región de la empresa minera Grupo México, quien se beneficia con márgenes de ganancia extraordinarios de los recursos que extrae de Cananea, sin retribuirlos adecuadamente a sus pobladores.

Un ejemplo de ello, es el alto desempleo que aqueja a la zona, ante la negativa de Grupo México a contratar a gente de la región. Esta política de contratación – o de no contratación – es inaceptable, y agudiza tanto la marginación como la injusticia a la que históricamente han sido sometidos los pobladores de Cananea.

En segundo lugar, la empresa contrata a trabajadores en otros estados de la república con la promesa de pagarles buenos salarios, lo cual resulta ser falso. Los abusos no terminan ahí, ya que además, estos trabajadores son alojados en dormitorios mínimamente habilitados como tales, ya que en realidad son bodegas de 20 por 20 metros, donde viven en condiciones de inhumanas de hacinamiento más de 300 personas.

En tercer lugar, se ha denunciado también el incumplimiento de lo pactado en el contrato colectivo de trabajo respecto al Hospital del Ronquillo, con el cuál se comprometieron a atender a los mineros en huelga así como también a los mineros retirados y a sus familias. Sin embargo esto no ha sido así, ya que el hospital se encuentra cerrado desde hace aproximadamente 4 años.

Aunque el Gobierno del Estado hizo el compromiso de tener listo el Hospital General de Cananea para que se atendiera a la población mencionada, la provisión del servicio ha sido inadecuada por la falta de medicamentos y atención médica.

Un punto adicional es el descuido de la empresa, que se extiende de la indiferencia por sus trabajadores y los pobladores de cananea, al descuido por el medio ambiente.

Durante muchos años Grupo México ha contaminado los mantos acuíferos que desembocan en el nacimiento del Río Sonora, sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto. Adicionalmente la molienda de los metales aunada a la falta de riego de los caminos donde transitan los vehículos de la empresa, ocasionan grandes nubes de polvo que contaminan a toda la ciudad de Cananea, pero en particular a los barrios y colonias más cercanos a la empresa.

Por último, en lo referente a litigios laborales de los trabajadores en contra de la empresa, es necesario hacer un llamado a las autoridades competentes para que vigilen y, en caso de ser necesario, intervengan en estos procesos, ante las múltiples inconformidades de los trabajadores en este sentido.

Se denuncia, por ejemplo, que aún sin que la razón los asista, la mayoría de las demandas laborales por reinstalación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número 47 de Cananea, Sonora, son resueltas a favor de la empresa minera grupo México, ante lo cuál los trabajadores solicitan la intervención de la Cámara de Diputados para que dichos procesos se resuelvan conforme a derecho.

Por todo lo anteriormente expresado se propone a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Sonora a que establezca las medidas necesarias para que la extracción minera se refleje en beneficios para la economía, el empleo y los servicios con los que cuentan los pobladores de los municipios en los que se lleva a cabo la extracción. En particular se exhorta a que atienda la denuncia de los pobladores de Cananea y establezca una solución respecto a: la falta de contratación de Grupo México a personas del municipio; las condiciones inhumanas en las que alojan a los trabajadores de otros estados que laboran en las minas de la empresa; y la falta de provisión de servicios de salud adecuados, en particular en el Hospital General de Cananea.

SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades ambientales competentes a nivel federal y del estado de Sonora, a que establezcan las medidas necesarias para evitar que Grupo México y otras empresas mineras del estado de Sonora contaminen los mantos acuíferos, así como para evitar que tanto la molienda de metales, como la falta de riego de los caminos donde transitan los vehículos de las empresas mineras, afecten la calidad del aire que respiran los habitantes de poblaciones cercanas a las instalaciones de las mismas.

TERCERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que: se vigile que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en particular la Número 47 de Cananea, Sonora, resuelvan conforme a derecho, ante las denuncias reiteradas de que dichas Juntas resuelven generalmente a favor de la empresa minera Grupo México aún cuando la razón y el derecho no los asisten.

Dado en el Senado de la República, a 10 de julio de 2013".






Del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a convocar a las dirigencias de los siete partidos políticos nacionales, con carácter de urgente, para acordar la implementación de políticas públicas tendientes a promover entre la población la participación política y prestar el apoyo que resulte necesario al Instituto Federal Electoral a fin de incentivar la participación ciudadana para el ejercicio del sufragio. Se turna a la Primera Comisión.








Del C. Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Unidad Especializada de asuntos China-México de la Secretaría de Economía a convocar a los productores de tequila y carne de cerdo jaliscienses a reuniones que tengan por objeto el establecimiento de condiciones para dar inicio a los trabajos de exportación de dichos productos. Se turna a la Tercera Comisión.








De los CC. Senadores Miguel Barbosa Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar los procesos judiciales donde se involucran comunidades indígenas, atendiéndose la aplicación de la legalidad y la justicia. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE SE INVOLUCRAN COMUNIDADES INDIGENAS, ATENDIENDOSE LA APLICACION DE LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA.

"H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA y FIDEL DEMEDICISHIDALGO, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 en su fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 en su fracción II, y los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE SE INVOLUCRAN COMUNIDADES INDIGENAS, ATENDIENDOSE LA APLICACION DE LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA, BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El estado de Derecho Constitucional y Democrático como razón de ser para la convivencia social, donde a las instituciones judiciales les corresponde ser el garante del bloque de constitucionalidad en la protección de los Derechos Humanos y sus garantías constitucionales.

México como un país multicultural donde la existencia de núcleos y comunidades indígenas se ha visto afectado por la tendencia de privatización de la tierra y recursos naturales (agua, bosques, minas, pétreos), impulsada por políticas neoliberales e intereses de las empresas nacionales y trasnacionales.

Las luchas históricas llevaron al constituyente a plasmar en el artículo 2 y 27, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente la composición pluricultural y el reconocimiento de los núcleos de población ejidales y comunales, cuya personalidad jurídica debe proteger la propiedad sobre su tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. Aunado a que también se reconoce la existencia de los pueblos indígenas, al prescribir que la ley protegerá la integridad de la tierra de estos grupos.

La personalidad jurídica con la que cuentan las comunidades y ejidos les permite la reglamentación comunitaria en el cuidado de los recursos naturales y de sus tierras. En este mismo sentido el artículo 10 y 107 de la Ley agraria, los ejidos y por supletoriedad las comunidades, operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley, con la formalidad de inscribirlas en el Registro Agrario Nacional.

Internacionalmente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue ratificado el 05 de junio de 1990 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. De este instrumento se derivan obligaciones para los estados-nación miembros que consisten en adoptar las medidas necesarias para que las disposiciones del convenio se apliquen, ya que cuenta con un apartado especial sobre tierras, a ello dedica sus artículos 13, 14,15, 16, 17, 18 y 19. En términos generales contiene los siguientes derechos:

• Que se respete la relación espiritual que los pueblos tienen con sus tierras y territorios.

• El derecho al territorio, entendido este como la totalidad de su hábitat.

• Deberá reconocerse a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

• Los recursos naturales existentes en las tierras de los pueblos indígenas deberán protegerse de manera especial. Estos derechos comprenden el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

• El derecho a ser consultados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

• Los pueblos no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, solo en casos considerados necesarios, previo consentimiento, libre y con conocimiento pleno de las causas.

• En casos de traslados y reubicaciones se deberá indemnizar a las personas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

• Deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas puedan aprovecharse de sus costumbres o del desconocimiento de las leyes para adjudicarse la propiedad, la posesión o el uso de tierras perteneciente a ellos.

En este mismo sentido la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita el 13 de septiembre del año 2007, donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en virtud de la cual “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, derecho reconocido desde la década de los 60`s a otros pueblos, pero no a los indígenas.

La importancia de este instrumento es que también se reconoce el derecho de los pueblos a sus territorios, tierras y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado; y a consecuencia de lo anterior se prohíben los desplazamientos forzosos; se reconoce su derecho a promover su desarrollo y a crear y mantener sus propias instituciones educativas.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”; instrumento publicado en marzo de este año 2013, que constituye un esfuerzo por entender la dimensión personal, cultural, social, económica y política de lo que implica la resolución de conflictos jurisdiccionales donde se involucran derechos de comunidades indígenas, a partir de los derechos humanos plasmados la Constitución Federal, los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT y las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ese Alto Tribunal Mexicano determinó a partir de la sentencia en el expediente 912/2010 varios, que esas resoluciones jurisdiccionales donde el Estado Mexicano sea parte, deberán tomarse “como criterio orientador para todas las resoluciones de los tribunales mexicanos, tomando como criterio de interpretación el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Constitución.”

Son ilustrativos en este caso los antecedentes donde la protección especial a los territorios y recursos naturales indígenas, cuya progresividad en el desarrollo y protección a estos derechos es manifiesta, referido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: 1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C. no. 79. (párrafo 149) 2. Caso del Pueblo de SaramakaVs Surinam. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C. no. 172. (párrafos 82 a 96). 3. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo del 2006. Serie C. no. 146. (párrafos 127, 128, 131 y 138), en este último caso la sentencia determina “[…] la Corte considera que el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias. …”

No obstante las comunidades indígenas mexicanas son vulnerables y un blanco perfecto para implementarlas políticas de privatización, expropiación y desaparición a largo plazo. El marco jurídico agrario actual no les favorece porque ha perdido su carácter social, al contrario, se implementa la mercantilización, individualización de la tierra comunal y favorece la propiedad individual.

Los medios de defensa jurídica se han hecho complejos, costosos y en muchos casos inaccesibles a las comunidades indígenas, por lo que el Estado Mexicano en cumplimiento a las disposiciones constitucionales, internacionales y legales, tenemos el compromiso y obligación de suplir las deficiencias históricas y estructurales que viven actualmente, en los casos extremos donde la ignorancia, la pobreza o la conjunción de ambas ponen en juego la pertenencia de sus tierras, y los hacen muy vulnerables ante empresas que tienen los recursos económicos para hacer sentir su capacidad de persuasión.

Un caso en particular lo constituye una serie de juicios que ha tenido que lidiar el núcleo de la comunidad indígena de Tepoztlán Morelos, constituida como bienes comunales, y que ha sido objeto de largos juicios que le pretenden segregar diversas hectáreas que se han utilizado para la construcción en el lucrativo negocio de la vivienda; donde diversas irregularidades fueron convalidadas por un tribunal agrario y solamente queda la posibilidad jurídica de revertir las anomalías por sentencia del juicio de amparo directo en el expediente 382/13 del Cuarto Tribunal Colegiado del XVIII Circuito, donde se analice la constitucionalidad y legalidad de los actos de origen y resuelva en justicia lo procedente. Evento no aislado en virtud de la complicada problemática económica, social, política y de seguridad que viven los todos habitantes del estado de Morelos, donde un evento como el caso que nos ocupa puede ser d