Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 12


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Julio de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:40 horas)Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos legisladores.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia procedemos a pasar lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 24 ciudadanos legisladores. Hay quórum, para sesionar.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 3 de julio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria.

En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del miércoles veintiséis de junio de dos mil trece, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diecinueve de junio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.- Se turnaron a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

 

Se recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, oficio con el que notifica resolución a incidente de incumplimiento de sentencia y requiere a la Comisión Permanente convocar a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria.- El asunto fue considerado de urgente resolución, se sometió a consideración de la Asamblea proyecto de Decreto para convocar a la Cámara de Diputados a celebrar sesión extraordinaria. Intervinieron los legisladores: Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT y Diputado Ricardo Monreal Avila de MC. La Asamblea rechazó el proyecto de Decreto. Se comunicó la resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia, propuesta de adecuaciones, a partir de las reformas constitucionales en materia de competencia y telecomunicaciones.- Se remitió a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2012 al 31 de mayo de 2013.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y a la Primera Comisión.

 

Se recibió del Congreso estado de Colima, proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Informe de la delegación de la Cámara de Senadores que participó en el Taller parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: promoción de una inscripción universal de los nacimientos en América Latina y el Caribe.- Reunión regional en el Congreso de la República del Perú organizada por la Unión Interparlamentaria y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, realizado en Lima, Perú, los días 7 y 8 de junio de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Informe de la delegación mexicana del Congreso de la Unión que participó en el Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias "Mujeres en el poder: cambios recientes en la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los días 15 al 17 de mayo de 2013.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado José Luís Flores Méndez, a nombre propio y del Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Unica para la República Mexicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Miguel Alonso Raya, a nombre propio y del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a nombre propio y de la Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo  Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad.- Se turnó a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal.- Se turnó a Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 5 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Malú Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase "Mujeres sufragistas SS. XIX y XX".- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal          y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que modifica los artículos 669 y 705 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Alberto Coronado Quintanilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 58 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno el gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar cargo de cónsul honorario.- Quedaron de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Fueron aprobados por 22 votos en pro y 2 abstenciones, se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinte dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

 

1) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a fortalecer las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, a fin de evitar incidentes que atenten contra la inseguridad y la vida de los ciudadanos que frecuentan dichos lugares.

2) Que exhorta a autoridades del gobierno del Distrito Federal a revisar el cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, Supervía Poniente, tomando en consideración las características socioeconómicas de la población usuaria, ponderando el interés superior de la ciudadanía para ejercer su derecho a un transporte eficiente, eficaz y accesible económicamente.

3) Que solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre las condiciones actuales del sistema penitenciario en el país.
Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila, MC.

4) Que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar los mecanismos de prevención de suicidios en las instalaciones de dicho Sistema.

5) Que exhorta al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a establecer las medidas necesarias para revisar si en el proceso penal en contra de Ana María Orozco Castillo se actualizaron posibles violaciones de derechos humanos y, en su caso, proceder conforme a derecho.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD y Senadora Diva Hadamira Gastélum del PRI.

6) Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal a impulsar estrategias integrales para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.

7) Por el que se remite al gobierno y al congreso del estado de Jalisco la proposición relativa a reforzar las medidas necesarias para prevenir la desaparición de personas en la entidad.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

8) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el estado que guarda el registro y expedición de la cédula de identidad para menores de edad.

9) Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a analizar la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Morelos.

10) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a desarrollar acciones que refuercen y garanticen el interés superior de la niñez.

11) Que exhorta a autoridades del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han implementado en el marco del proyecto “Rescate integral de los Ríos Eslava y Magdalena”.

12) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en los casos que resulte procedente, sean aplicados los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la atención de las necesidades de las personas que resultaron afectadas por las lluvias ocasionadas por el huracán “Bárbara” en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

13) Que exhorta a autoridades del Distrito Federal a informar sobre el estado de la incidencia delictiva durante el último año.

14) Que solicita al gobierno del estado de México informe sobre el curso de las investigaciones realizadas dentro del proceso seguido en contra de los policías imputados en los hechos ocurridos el 8 de junio pasado en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.- Intervino la Diputada Adriana González Carrillo del PAN.

15) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal información sobre el estado que guarda el programa de regulación de ambulancias.

16) Que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a resolver el conflicto intermunicipal por límites territoriales entre los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia.

17) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los mecanismos de vinculación y colaboración interinstitucional entre poderes que, en su caso, se han venido implementando en el proceso de diagnóstico y definición de las políticas públicas relacionadas con el proyecto integral de la frontera sur.

18) Que exhorta al gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar el marco legal vigente en materia de operación de establecimientos mercantiles y, de resultar necesario, promover las reformas correspondientes para evitar vacíos legales o discrecionalidad en el otorgamiento de permisos.

19) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Nuevo León a ejercer el veto por lo que respecta a la reforma del artículo 345 Bis del Código Penal local aprobada por la LXXIII legislatura del congreso estatal.- Intervino el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI.

20) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de la República a formular un programa de acciones a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a fin de abatir la impunidad que enmarca las agresiones a periodistas.

Los veinte dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinte dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

 

1) Que exhorta a realizar actividades de conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos instrumentos internacionales y días mundiales en materia de derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en México.

2) Por el que se solicita a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el diagnóstico actualizado de los déficits presentados por los estados afectados por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC; Diputada Cristina González Cruz, quien presentó propuesta de modificación, que se admitió a discusión. El Diputado Carlos Reyes Gámiz se refirió a la misma. La propuesta fue aprobada.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas, así como a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección de Virus de Papiloma Humano en todo el territorio Nacional.

4) Que exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a presentar un informe sobre los procedimientos administrativos relativos a la expeditez en relación a pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE.

5) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la práctica del auto-examen.

6) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones conducentes para el mejoramiento y corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica.

7) Que exhorta a las titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a establecer programas consistentes en el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico.

8) Por el que la Comisión Permanente se congratula y reconoce la ardua labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina.

9) Que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, así como a la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que informen el estatus actual del proceso de homologación salarial aprobado por la Cámara de Diputados en los Decretos de Presupuesto de Egresos para los ejercicios 2011 y 2012.

10) Que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a rendir un informe sobre la situación          que prevalece con respecto al servicio de hospitalización y la especialidad de gineco-obstetricia en el hospital ubicado en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.- Intervino la Senadora Pilar Ortega Martínez del PAN.

11) Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar y supervisar las acciones que se llevan a cabo con el gasto federalizado transferido en el marco del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de Sonora, para la operación del hospital general y el hospital infantil de dicho estado.- Intervino el Senador Héctor Larios Córdova del PAN.

12) Que solicita a la Secretaría de Salud, así como a los gobiernos de los nueve estados y de los municipios correspondientes donde los últimos días se ha presentado la transmisión más intensa, que se efectúe una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue.

13) Que exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.

14) Que solicita a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, así como a la Dirección de Aduanas a revisar las condiciones de importación, comercialización y distribución de  los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos.

15) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública a rendir a un informe de los resultados en los años en que se ha aplicado la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, entre los años 2006 al 2013.

16) Que exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, sancionar los casos de violencia laboral y psicológica de que pudieren ser objeto los médicos residentes adscritos a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

17) Que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y Cultura y Salud Pública, así como al Director del Desarrollo Integral de la Familia del estado, y se solicita al Presidente Estatal de la Comisión de Derechos Humanos a elaborar e instrumentar una estrategia estatal de carácter integral para la prevención y atención de la violencia escolar.

18) Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del Reporte Anual sobre México 2012 que presentó Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del presente año.

19) Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de compatibilizar el proyecto de norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al nacimiento, con las recientes reformas a la Ley General de Salud para incorporar el tamiz neonatal ampliado en los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

20) Que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la definición del cáncer de ovario en todas sus modalidades como enfermedad que genera gastos catastróficos y, en su caso, sea incluida como intervención cubierta en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Los veinte dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, treinta y ocho dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

 

1) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a considerar en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

2) Que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña nacional sobre el procedimiento correcto para el desecho y destino final de los focos ahorradores.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

3) Por el que la Comisión Permanente reconoce al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por el desempeño de sus actividades que permitieron el aseguramiento de partes y derivados de las especies de Pepino de Mar, Caballito del Pacífico y Totoaba, logrando con ello inhibir el comercio ilegal.

4) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a revisar los motivos de la exclusión de 15 mil productores del estado de Zacatecas del Programa PROCAMPO Productivo.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

5) Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud a considerar modificar la “Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria”, a fin de que los organismos genéticamente modificados o productos que los contengan que sean para consumo humano directo, en sus etiquetas de información comercial hagan la referencia explícita.

6) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a llevar a cabo labores permanentes de prevención en todas las carreteras del país, a fin de evitar deslaves.

7) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre las acciones de auditoría realizadas en el sector tabacalero, en específico, la relativa a la auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-06E00-02-0077, contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

8) Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita los dictámenes, peritajes o estudios que obren en sus archivos, de 5 años anteriores a la fecha, sobre el deterioro al medio ambiente, a los recursos naturales, a la biodiversidad u otras conductas que contravinieron las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a causa de las actividades relacionadas con la empresa Petróleos Mexicanos, en la zona del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

9) En torno al proceso de transición a la televisión digital.

10) Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las dependencias competentes a implementar campañas de concientización sobre el gran desperdicio de alimentos que existe en nuestro país.

11) Que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentar un informe sobre el conflicto laboral en la “Mina Real de los Angeles, El Coronel”, ubicada en el Estado de Zacatecas.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

12) Que solicita al Servicio de Administración Tributaria remitir un informe sobre los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de los recintos fiscales, así como sobre el mecanismo de selección automatizada.

13) Que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un informe sobre el estado que guarda el proceso de elaboración y publicación del Reglamento del Capítulo XVII, relativo de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

14) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular y realizar acciones encaminadas a erradicar la pesca ilegal.

15) Que solicita al Servicio de Administración Tributaria a remitir un informe sobre los procedimientos y modalidades que se están llevan a cabo para la formulación de requerimientos a los contribuyentes.

16) Que exhorta al Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a actualizar los indicadores del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

17) Que exhorta las Secretarías de Economía y de Turismo para que el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa sirva para fortalecer financieramente al Programa Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan capacitarse a través de prácticas profesionales dentro de la industria turística a nivel nacional e internacional.

18) Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobiernos de los estados, así como al Gobierno del Distrito Federal a considerar llevar a cabo una campaña de reforestación, con especies nativas de cada localidad.

19) Por el que se remite al gobierno del estado de Nuevo León el expediente del punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de dicho estado a aplicar las medidas necesarias para solucionar problemas en materia de transporte público.

20) Por el que se solicita al gobierno del estado de México toda la información disponible relacionada con el proyecto ejecutivo y sobre la construcción del parque ecológico lineal Río Cuautitlán.

21) Por el que se solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo un informe sobre la situación que guarda el municipio de Zihuatanejo de Azueta del estado de Guerrero, con dicha institución en relación con los derechos de conexión por los servicios de agua potable y alcantarillado derivados de la construcción de  desarrollos turísticos habitacionales en ese municipio.

22) Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una evaluación general sobre los costos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como sobre la incapacidad técnica del Registro Nacional de Población para garantizar la seguridad en el manejo de la información obtenida en el marco del RENAUT.

23) Que exhorta al Gobierno Federal a establecer las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad con perspectiva de género a combustibles y tecnologías seguras que faciliten la cocción de alimentos.

24) Que exhorta al Gobierno Federal para que las decisiones sobre las dos líneas del tren suburbano y la posible reubicación del Aeropuerto de la Ciudad de México se enmarquen en un plan de ordenamiento territorial con enfoque de manejo integral de la región hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac.

25) Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre el cumplimiento de los convenios suscritos con empresas operarias concesionadas y los sindicatos de trabajadores portuarios correspondientes.

26) Que exhorta al gobierno del estado de Durango a llevar a cabo las acciones a su alcance para atender la problemática de los más de 2,000 trabajadores al servicio del sector salud.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Avila de MC.

27) Por el que se solicita a las dependencias competentes del Gobierno Federal a presentar un informe en relación a la concesión de la empresa china Gan-Bo Minera Internacional para explotar el lote conocido como “El Ratón” en la comunidad de Tequesquitlán, Municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco.

28) Que exhorta a los gobiernos federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal a considerar aplicar las medidas necesarias  para prevenir y erradicar el trabajo infantil, especialmente tratándose de sus peores formas, dentro de las cuales deberá incluirse el trabajo doméstico infantil.

29) Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reforzar la supervisión en los puntos de entrada al país de filetes de basa, bagre o pez gato provenientes de Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos, Bangladesh, Myanmar y China.

30) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a elaborar, actualizar y publicar su programa local en materia de cambio climático, a más tardar a finales del presente año.

31) Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría integral al ejercicio de los fondos federales entregados al gobierno del estado de Jalisco durante el período del 1° de marzo de 2007, al 28 de febrero de 2013, con el propósito de verificar el correcto ejercicio de los fondos federales aplicados.

32) Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe sobre las acciones de remediación que se han realizado durante los últimos diez años a causa de fugas y derrames de hidrocarburos.

33) Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar las acciones conducentes para facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito entre los bancos.

34) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía a continuar sujetando el gas LP a precios máximos al usuario final, a fin de que se garantice el consumo popular.

35) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a prorrogar el ingreso de solicitudes en las ventanillas de Agricultura por Contrato por 30 días más.

36) Por el que se remite al Poder Judicial del estado de Aguascalientes el expediente del punto de Acuerdo en torno a la problemática de la empresa Ganaderos Industriales de la Leche S.A. de C.V.

37) Por el que se remite al gobierno del estado de Zacatecas el expediente del punto de Acuerdo que exhorta a transparentar el proyecto del Metrobús en dicho estado.

38) Por el que se remite el expediente del punto de Acuerdo sobre el incremento de rentas en la vivienda del país a las  legislaturas estatales; y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los treinta y ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar el presunto desvío de recursos públicos del ayuntamiento de Mérida, a la campaña de la coalición "Unidos Por Ti" en el estado de Aguascalientes.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Avila de MC; Diputado Rubén Camarillo Ortega del PAN, quien presentó propuesta de adición; Senador Gerardo Sánchez García del PRI; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD, quien presentó propuesta de adición; Senador Fernando Herrera Avila del PAN; Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, quien presentó propuesta de adición; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Luis Antonio González Roldán de NA; Senador Francisco Yunes Zorrilla del PRI; y Senadora Graciela Ortiz González del PRI. La propuesta del Diputado Camarillo no se admitió a discusión. La propuesta del Dip. Aureoles se admitió a discusión y fue aprobada. La propuesta del Diputado Torres Mercado se admitió a discusión y fue aprobada. El punto de Acuerdo presentado fue aprobado en votación económica con las propuestas de adición aceptadas.

 

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo y preocupación ante las medidas adoptadas por el Senado de los Estados Unidos de América, para fortalecer con el uso de tecnología militar y la ampliación del muro en la frontera común y solicita al Senado de la República que establezca a la brevedad, contactos de alto nivel con el Senado de los Estados Unidos de América, a efecto de que la reforma migratoria promueva de manera integral y respetuosa los derechos humanos y que, a la vez, impulse mecanismos de cooperación que detonen la inversión y estimulen el comercio en la franja fronteriza para consolidarla en un paso ágil, moderno, seguro y productivo.- Fue considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica.

 

Los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca del Senado de la República y el Senador Ernesto Gándara Camou, remitieron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el seguimiento y las gestiones realizadas respecto al fallo con plazo prudencial para ser cumplimentado el 13 de julio de 2013, emitido por la Organización Mundial del Comercio, referente a la comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de América.- Fue considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica.

 

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a brindar la asesoría técnica necesaria a los productores de camarón del noroeste del país, debido a la aparición de una nueva enfermedad que está ocasionando la muerte temprana del camarón.- Fue considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Laura Angélica Rojas Hernández y Angel Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de la Senadores que exhorten a las comisiones correspondientes a que emitan los dictámenes a la legislación secundaria respecto a las reformas constitucionales en materia política, que entraron en vigor el 10 de agosto de 2012.- Se turnó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad de los legisladores de los partidos políticos que realizan reuniones, recorridos, juntas de trabajo y las actividades relacionadas con sus atribuciones, en las colonias y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, tendientes a atender a la comunidad y sus demandas, de forma directa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez y del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a posponer la transición a la televisión digital terrestre en la ciudad de Tijuana, Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los contratos para la construcción de puentes vehiculares y rurales realizados por el gobierno municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, durante los años 2012 y 2013, ante evidencias de anomalías en su otorgamiento e irregularidades en la edificación de las obras, que recién inauguradas quedaron destruidas por las lluvias de la tormenta tropical Barry.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar y revisar las acciones que se están implementando en materia de descargas de aguas residuales en los litorales mexicanos y de la calidad de los servicios brindados a los usuarios de las playas nacionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Abel Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a vigilar el programa de sustitución lámparas incandescentes por focos ahorradores de energía para alumbrado público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la implementación auténtica, definitiva y permanente de vigilancia constante y continua las 24 horas del día en la colonia Atlampa de la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a intervenir, investigar y resolver las irregularidades laborales en torno a los trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral, ambos del estado de Puebla, a desahogar las denuncias y quejas presentadas a fin de que se investigue y se sancione el uso indebido de recursos públicos, así como la entrega de despensas y de materiales de construcción, por parte del candidato a la alcaldía de Puebla por la Alianza 5 de Mayo, Roberto Enrique Agüera Ibáñez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Federación y a los gobiernos de los estados a tomar las medidas necesarias y urgentes para que, en tanto se apruebe por el Congreso de la Unión una ley general contra la violencia escolar, se eviten hechos como los ocurridos recientemente en Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Arturo Camarena García, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir una campaña de orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para la sociedad, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza y Mariana Gómez del Campo Gurza y de la Diputada Amalia Dolores García Medina, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a impulsar un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural dentro del marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General  de la República realice las investigaciones conducentes sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por parte del candidato a la alcaldía de la capital del estado por la Coalición Puebla Unida, José Antonio Gali Fayad, así como por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que realice un análisis exhaustivo y presente un informe de las causas por las que del año 2011 al 2013 México pasó de ocupar un penoso tercer lugar, a un deshonroso primer lugar en el delito de emisión de material pornográfico infantil por Internet.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, trabajen coordinadamente a efecto de impulsar el crecimiento de los "negocios verdes" en nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a aplicar las medidas necesarias a fin de garantizar que los servidores públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz y eficiente en la atención de los delitos electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a proceder en la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el Municipio de Fortín de las Flores entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados que tengan tipificado el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que deroguen dicho tipo penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar se liberen fondos federales para atender los efectos causados por la inusual granizada ocurrida el pasado 13 de junio de 2013 en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar sobre la pertinencia de establecer un seguro de desempleo en sus respectivos órdenes jurídicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a iniciar la investigación correspondiente ante la operación político electoral de un presunto funcionario del SAT en Papantla, Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Organo Interno de Control de ASERCA investigar las presuntas irregularidades en torno al destino de los recursos entregados por parte de los servidores públicos de ASERCA en la administración del Presidente Felipe Calderón.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Carlos Mendoza Davis y Francisco Domínguez Servién y de los Diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se rechaza cualquier posibilidad de eliminar los subsidios a la energía eléctrica y se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revisar las disposiciones contenidas en la estrategia nacional de cambio climático en materia de subsidios y tarifas de energía eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Carlos Reyes Gámiz, Miguel Alonso Raya, Alfa Eliana González Magallanes, Víctor Manuel Bautista López, Aleida Alavez Ruiz, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Electoral de Baja California y de Participación Ciudadana y al CONAPRED para que sancionen al candidato de la “Coalición Compromiso por Baja California” a la gubernatura de ese estado por sus declaraciones homofóbicas y discriminatorias que hizo durante el debate organizado por el mismo instituto local.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales del estado de México y a las delegaciones del Distrito Federal a implementar acciones para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos, a fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer de manera eficiente el gasto público conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, a resolver los problemas para su ejecución y evitar subejercicios presupuestales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos proceda a la cancelación de los procesos licitatorios que afectan el desarrollo de las PYMES farmacéuticas regionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Coahuila y al presidente municipal de Torreón a abstenerse de usar las fuerzas públicas estatales o municipales para agredir, perseguir, amedrentar o intimidar a adversarios políticos durante el presente proceso electoral en el estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar y vigilar que se cumplan las condiciones de acceso a playa en los estados costeros en la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación informe a acerca de la creación de la Gendarmería Nacional, así como del uso y destino de los recursos aprobados para tal fin.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Competencia a realizar las indagatorias tendientes  a verificar la posible existencia de prácticas monopólicas y/o competencia desleal en la comercialización del huevo en el mercado nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer un programa de reconstrucción para el teatro lírico de la Ciudad de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Martín López Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el esquema financiero para la construcción de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Nuevo León.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del estado de Campeche a resolver la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional sobre el presunto delito electoral cometido por el Ayuntamiento de Carmen.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Cuéllar Reyes, Miguel Alonso Raya, Alfa Eliana González Magallanes y Trinidad Morales Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Coahuila, al Procurador General de Justicia, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicho estado y al Consejo Rector del Pacto por México que investiguen y, en su caso, sancionen a aquellos servidores públicos y ciudadanos que han sido denunciados por intervenir de manera ilegal en el proceso electoral local que se desarrolla en dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ofrecer a Edward Snowden, ciudadano norteamericano, el asilo del Estado Mexicano por la persecución política de la que es víctima.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a investigar los presuntos delitos cometidos por el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos de importación de alta fructuosa y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los campesinos cañeros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gamiz, Alfa Eliana González Magallanes, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción sobre el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por un  monto de casi 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en afectación de 18 mil profesores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Dip. Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca y Nayarit, se establezcan campañas de promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, así como para que se refuercen las acciones de limpieza, protección y conservación de las playas que aún no cuentan con algún tipo de certificación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a investigar el origen del dinero incautado en los Estados Unidos de América al ciudadano mexicano Arturo Villarreal Tijerina.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a realizar lo conducente para incluir en los libros de texto gratuito contenidos sobre el fenómeno migratorio en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar de oficio averiguación previa en relación con el señalamiento hecho ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, por el C. José Carlos Hinojosa, quien compareciendo ante la misma en calidad de testigo, afirmó que como contador de la organización delictiva denominada “Cartel del Golfo” entregó 12 millones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para financiar su campaña como candidato del PRI a gobernador del estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales para que en forma coordinada, tomen las medidas necesarias y urgentes para proteger a los alumnos de todos los niveles educativos contra ataques de los grupos del crimen organizado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informe sobre las acciones de indemnización y reparación del daño a las familias agraviadas por los desalojos forzosos llevadas a cabo por el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a comunicar a la República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que encabezó a favor de los derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público informen sobre las estrategias y acciones que se prevean implementar para revertir el fracaso de la política de vivienda impulsada durante los sexenios anteriores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para que instaure, impulse y desarrolle programas integrales en favor del Servicio ferroviario de pasajeros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas de la República a presentar ante la Comisión Permanente un informe ejecutivo sobre los avances en materia de implementación del nuevo sistema de justicia penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre los avances de la obra magna Túnel Emisor Oriente y se cita a su titular a reunión de trabajo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Coahuila, así como a los presidentes municipales de esa entidad, a atender de manera puntual, expedita e integral a las familias afectadas por las intensas lluvias, sin ningún sesgo político y sin discriminación alguna.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior a realizar la fiscalización de los recursos federales transferidos al gobierno del estado de Puebla con relación al proceso de adjudicación de diversas obras públicas en el estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Joaquina Navarrete Contreras, Alliet Mariana Bautista Bravo, Julisa Mejía Guardado y Alejandro Carbajal González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México a observar y resolver con atingencia y celeridad el asunto de Ciudad Jardín en el Municipio de Netzahualcóyotl.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República informe el resultado de las investigaciones contra los servidores públicos involucrados en la presunta comisión de delitos electorales en el proceso electoral de Guanajuato de 2012.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como al titular de la Auditoría Superior del estado de Jalisco a realizar una exhaustiva fiscalización a la totalidad de recursos públicos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo de los “Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”, de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar a los gobernadores de las entidades federativas a que realicen las acciones necesarias a través del Registro Civil para que en el menor lapso de tiempo posible, cuenten con un sistema digital de otorgamiento de actas de nacimiento infalsificables debidamente validadas y oficializadas, que permita su obtención inmediata vía electrónica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo a investigar con urgencia el origen y destino de los recursos económicos que recibió el alcalde de Benito Juárez, Cancún.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como al titular de la Auditoria Superior del estado de Jalisco para que revisen especialmente los recursos ejercidos para el proyecto de "El Zapotillo" de los ejercicios fiscales pendientes de revisar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a extender la Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de nacimientos de menores de edad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Josefina Salinas Pérez y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Sonora y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora a proveer justicia imparcial a María Luz Carrazco Valenzuela, mediante la ejecución de sentencia emitida por el Primer Tribunal colegiado del Primer Circuito del Estado de Sonora, del 5 de octubre de 2012.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la SEMARNAT, de la sagarpa y de la profepa a implementar un programa de emergencia a lo largo del territorio nacional para detener la desertificación de la tierra, así como a implementar una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores agilice los trámites relativos a la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar acerca del cumplimiento del artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Excitativa)

La Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma los artículos 1° y 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del sesquicentenario luctuoso del General Ignacio de la Llave.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado José Luís Flores Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en relación con el desarrollo de las campañas electorales en varias entidades del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles tres de julio a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe de la visita de trabajo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en el Foro de Inversión titulado “Guatemala Investment Summit 2013”, los días 30 y 31 de mayo del año en curso.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS
Oficio No. SEL/300/785/2013
México, D.F., a 27 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1092/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita de Trabajo del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en el Foro de Inversión titulado "Guatemala Investment Summit 2013" (GIS), los días 30 y 31 de mayo del año en curso.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a los principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la tecnología de la información.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/786/2013
México, D.F., a 27 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1124/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lie. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a los principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la tecnología de la información.

En su participación el Presidente Enrique Peña Nieto expondrá ante las personalidades convocadas el ambiente propicio para la inversión productiva y el comercio que existe en México. Impulsará la consolidación de la imagen y el prestigio internacional del país, así como su perfil de actor con responsabilidad global.

Asimismo, sostendrá encuentros individuales y en grupo con líderes empresariales para promover las ventajas de México y se referirá a las acciones en curso para incrementar la competitividad, la innovación y la inversión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: La Asamblea se da por enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron 3 oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para desempeñar cargo de Cónsul Honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/786/2013
México, D.F., a 27 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-07948, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Eduardo Arena Barroso, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la Ciudad de León, con circunscripción consular en el Estado de Guanajuato.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la Constancia de Residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada del Reino de España en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/777/2013
México, D.F., a 25 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1065/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Carlos Guadalupe Calderón Pérez

Mecánico en Mantenimiento(Electricista de Alta Tensión)

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Pamela Karime Garduño Gómez

Empleada Administrativa

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

María Lorena Vela del Cueto

Asistente de Programa

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Julián Israel Verdugo Paniagua

Ingeniero Mecánico

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación, solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Luis Aldo Godínez de la Rosa

Delegado Comercial Adjunto

Consulado General de Canadá en Monterrey, Nuevo León.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/786/2013
México, D.F., a 27 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que Mediante oficio número DEP-1077/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Iván Olea Juárez

Agente de Compras

Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Marco Antonio Ramírez Rodríguez

Chofer

Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

José Alberto Gutiérrez Chávez

Mantenimiento Mecánico Electricista FSN-5/1

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación de los permisos que les fueron concedidos para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Christian Rocha Castillo

Asistente de Contratos

Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Oscar García Villegas

Técnico en Electrónica

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Primera Comisión las solicitudes de permiso, y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Así también, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.

Avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, con datos correspondientes al periodo enero-mayo

Avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, para el periodo enero-mayo.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de mayo de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicha información a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió el "informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-2013".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su informe Financiero y Actuarial 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del primero año de ejercicio constitucional.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Quiero hablar sobre este tema, no sé qué vaya a proponer la Mesa Directiva, pero quiero intervenir.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Rafael Huerta. No hay lugar a debate, no estamos presentando nada y simplemente se va a turnar a las comisiones correspondientes.

Sonido en el escaño del Diputado Huerta Ladrón de Guevara, por favor.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) No se trata de debatir, a mí me parece grave que a una semana de una sentencia reiterada del Tribunal Electoral éste guarde silencio ante algunas acciones que se han emitido.

Para mí sí es importante usar la tribuna para plantear que la Comisión Permanente, el día de hoy, debería de cumplir esa sentencia, porque si no, estaremos en el juego político de subordinar la constitucionalidad de las resoluciones del Tribunal Electoral al Acuerdo político, dejando en claro que al final de la jornada el propio tribunal se subordina a este juego, ya que en el ejercicio de su jurisdicción no ha dictado las medidas legales para hacer efectiva la resolución.

Y obviamente tampoco lo está haciendo la Comisión Permanente el día de hoy. Y a mí esto me parece muy grave, porque están ustedes, los de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, en el rejuego de impedir que se convoque al periodo extraordinario para debatir este tema y tratar de tener Acuerdos por fuera de lo que fueron las propias convocatorias para el asunto del consejero faltante en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ha quedado registrada su participación, señor Diputado. Túrnese el Acuerdo mencionado, que llegó de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional.

Se ha turnado a la Primera Comisión, para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Arely Gómez González, con la que remite el informe de actividades de su viaje de trabajo a Washingon, D.C., en su carácter de Presidenta de Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, los días 20 y 21 de junio del año en curso.

Una, del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de actividades de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, correspondiente al periodo de noviembre de 2012 a mayo de 2013.

Dos, del Senador José María Martínez Martínez, Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, con las que remite el acta de la instalación de dicha comisión, celebrada el 7 de mayo del año en curso y los informes de la visita a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Coahuila.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE LOS ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

(Presentada por el C. Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados, representan uno de los temas más controversiales en materia de tecnología y salud, ya que desde la aparición de los primeros productos derivados de la biotecnología agrícola, han existido posturas encontradas respecto de los efectos que resultan de su consumo.

Tal es el caso de las actividades en las que se utilizan organizamos genéticamente modificados en las que pueden existir riesgos de tipo ambiental, a la salud humana y a las actividades socioeconómicas.

En el 2005, se aprobó y se publicó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que como objeto tiene regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitarlos reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la biodiversidad biológica y a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Como cualquier ordenamiento, siempre podrá ser susceptible de ser modificado.

Afirmamos lo anterior, puesto que la necesidad de preservar la salud de la población, así como el medio ambiente y nuestros recursos naturales, sigue tan vigente como siempre.

En efecto, la ley antes mencionada, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados contempla en su TITULO DECIMOPRIMERO, CAPITULO II, DE LAS SANCIONES, lo que son multas, clausuras, decomisos, suspensiones y una serie de medidas. Sin embargo, a fin de informar adecuadamente a la ciudadanía para preservar su salud y su seguridad, es que proponemos que las sanciones aplicadas que están previstas en esta ley pudieran ser echas del conocimiento público cuando representan un riesgo para la población.

En este orden de ideas es que proponemos hoy ante esta Comisión Permanente se adicione la fracción IX del artículo 11, referente a las atribuciones de SEMARNAT en este tema.

Asimismo se reforma a la fracción III del artículo 15, relativa a las atribuciones de la SEMARNAT con relación a las competencias de la SAGARPA.

Y con relación al artículo 108, se adiciona la fracción V, recorriéndose los subsecuentes, con la finalidad de que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados proporcione al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aquella información relativa a las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados.

Finalmente, se adiciona un párrafo al artículo 120 de la ley en comento.

Compañeras y compañeros, con esta reforma fortaleceremos las acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, lo que sin duda influirá positivamente en la salud y en la seguridad de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Diputado José Luis Flores Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I del articulo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados, representan uno de los temas más controversiales de esta época en materia de tecnología, desde la aparición de los primeros productos derivados de la biotecnología agrícola, han existido posturas encontradas respecto de los efectos que resultan de su consumo.Existen quienes señalan graves riesgos para la salud y el deterioro de la biodiversidad, así como graves intromisiones a la soberanía alimentaria, mientras que, por otro lado, se sostiene que estas actividades reforzarán el impulso a prácticas agrícolas tradicionales y modernas, que resolverá importantes cuestiones en materia de calidad y cantidad de producción de alimentos

La historia reconoce invenciones, adelantos y actividades que han sido decisivas para impulsar la acción productiva de las sociedades, y que facilitan la interacción del ser humano con su entorno.No obstante lo anterior, a medida que el conocimiento avanza y los progresos tecnológicos transforman nuestro medio, éstos se convierten en herramientas rápidas, benéficas y poderosas; pero al mismo tiempo su manejo implica mayores riesgos

Tal es el caso de las actividades en las que se utilizan organismos genéticamente modificados en las que los riesgos pueden ser de tipo ambiental, a la salud humana y a las actividades socioeconómicas.Por ello, con el objetivo de prevenir y minimizar cada uno de éstos, es necesario tomar un conjunto de medidas y acciones más amplio, para garantizar la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, así como el derecho a la salud; a través de formas correctas, justas y eficaces, que combatan la impunidad y eviten que sean las finanzas públicas las que soporten los costes y la reparación de los daños causados por negligencia o por estrategias comerciales, casi siempre privadas, cuyo único fin es el de conseguir los máximos beneficios posibles.

En razón de lo anterior, la iniciativa que se presenta hoy ante esta Honorable Asamblea, pretende hacer públicas las sanciones a quienes realicen actividades con organismos genéticamente modificados.

Se adiciona un nuevo texto en la fracción IX del artículo 11, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, referente a las atribuciones de la SEMARNAT, con la finalidad de hacer públicas las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población; para tales efectos, el texto vigente de la fracción anterior y de las demás fracciones se recorre en el orden subsecuente.

Asimismo se reforma la fracción III del artículo 15, relativa a las atribuciones de la SEMARNAT con relación a las competencias de la SAGARPA; a efecto de que se incluya la facultad de hacer públicas las sanciones mencionadas en el párrafo anterior.

En relación al artículo 108 adiciona un nuevo texto en la fracción V recorriéndose el texto vigente de la actual y las demás en el orden subsecuente, con la finalidad de que la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM proporcione al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología establecido en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, información relativa a las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población.

Finalmente se adiciona un párrafo cuarto al artículo 120 de la Ley en Comento, relativo a las sanciones, a efecto de establecer que las mismas serán públicas, el texto vigente del actual párrafo cuarto y los demás se conservan y se recorren en el orden subsecuente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS.

UNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 15 y se adiciona un nuevo texto en la fracción X del artículo 11, recorriéndose el texto de la actual y las demás en orden subsecuente, un nuevo texto a la fracción V del artículo 108, recorriéndose el texto de la actual y las demás, en el orden subsecuente y un último párrafo al artículo 120, todos de la Ley de Bioseguridad de Organismos GenéticamenteModificados, para quedar como sigue:

ARTICULO 11.- ………..

I a VIII…………….

IX. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos de delito, y de la responsabilidad civil y ambiental que pudiera resultar;

X. Hacer públicas las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población, y

XI. Las demás que esta Ley le confiere.

ARTICULO 15.- ……………………………….

I. a II. ………………

III. El ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, IV, V, VII, VIII y X del artículo 11 de esta Ley.

………….....…….

ARTICULO 108.- ……………………….

…………………..

…………….….…

………………..…

I. a IV. …………..

V. Las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población;

VI. Los efectos socioeconómicos de los OGMs, especialmente en las comunidades indígenas y locales, y

VII. Los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo, incluidos los relativos a la aplicación del procedimiento de importación de OGMs para ser liberados al ambiente en forma experimental, en programa piloto o comercial.

…………………………

ARTICULO 120.- ……………………

I. a VII. ………………….

En cualquiera de los casos, las sanciones se harán públicas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013.

Dip. José Luis Flores Méndez”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Flores Méndez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 74 y 89 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 74 Y 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con la venia de la Presidencia.

A nombre de mi compañera, Diputada Alfa Eliana González Magallanes y del mío propio, compañeras y compañeros legisladores, expongo ante ustedes esta iniciativa que tiene por objeto evitar que el Ejecutivo Federal continúe difiriendo la emisión de los reglamentos a su cargo, en ejercicio de un inusitado veto; lo que en muchas ocasiones equivale a anular la actividad constitucional del Congreso de la Unión en franco desconocimiento del espíritu que debe animar la colaboración entre poderes.

Como ustedes saben, el artículo 89 de la Constitución, de manera expresa, señala que el Ejecutivo Federal debe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, lo que para fines jurídicos significa que a la brevedad, debe emitir los reglamentos de las mismas, para su debida facticidad.

Sin embargo, hemos visto que son cada vez más frecuentes las proposiciones con punto de Acuerdo de los legisladores, con el objetivo de exhortar al Ejecutivo Federal a dar debido cumplimiento a la expedición de reglamentos necesarios para la exacta observancia de las leyes. A últimas fechas, inclusive, el Congreso de la Unión, toma la precaución en los transitorios de las leyes que aprueba, de poner un término máximo para que el Presidente de la República expida tales disposiciones reglamentarias de manera oportuna, lo que comúnmente es incumplido con creces por el Ejecutivo Federal.

En suma, no hay aún una solución de fondo, para que los casos en que los reglamentos de ley no se emiten o se emiten en periodos cada vez más prolongados de tiempo o en abierta violación, incluso oposición a la ley a la que supuestamente deben detallar.

Es decir, los reglamentos se usan para obstaculizar la actividad del Congreso de la Unión, o para decirlo en otros términos, se usan como un inusitado veto en contra de las leyes aprobadas por ambas Cámaras. Lo cual, al final de cuentas, golpea al pueblo de México, normalmente a sus sectores más débiles.

Podríamos poner varios ejemplos de cuando se ha omitió la oportuna emisión de los reglamentos en leyes prioritarias como en el caso de migración, trata de personas, y la ley del 5 de junio.

A este respecto se debe recordar que los reglamentos son un acto materialmente legislativo. Desde el momento en que crean situaciones generales de derecho, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales. Por lo que sólo son formalmente administrativos, partiendo de la autoridad que los tiene como atribución, esto es, el Ejecutivo Federal.

En principio, la facultad de emitir disposiciones reglamentarias corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo; así vemos que ya actualmente es el Congreso de la Unión quien reglamenta de manera directa los preceptos de la Constitución Federal. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo que reglamenta el Apartado A del artículo 123 constitucional.

Por tanto, el hecho de que el Ejecutivo Federal tenga tal facultad respecto a las leyes ordinarias, deviene de una cesión expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a su favor y a costa del Congreso de la Unión. Para permitirle a tal Ejecutivo Federal la elaboración de reglamentos con contenidos más eficaces en su aplicación ante su contacto más directo con la realidad a reglamentar, haciendo posible al mismo tiempo la más fácil modificación de éstos.

Pero si el Ejecutivo Federal se niega a emitir los reglamentos, las razones para delegarlas a su favor pierden su razón de ser. Esto equivale a que renuncia a la atribución graciosamente cedida, debiendo volver a quien desde el punto de vista material le corresponde, es decir, al Poder Legislativo. Esto en forma similar a lo que sucede, por ejemplo, tratándose de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En concreto, en esta iniciativa estamos proponiendo que al Ejecutivo Federal no se le debe dar manga ancha para que emita las disposiciones reglamentarias de manera, más que discrecional, arbitraria, sino que el ejercicio de esta facultad debe estar sujeta a un término fijo, trascurrido el cual, si el Ejecutivo no emitió el reglamento, deberá ser la Cámara de Diputados la que cumpla esta función en su carácter de representante de éste.

Así como la Cámara de Senadores tiene en exclusiva la facultad de aprobar los tratados de los que hacen disposiciones jurídicas generales, en el caso de la Cámara de Diputados, ésta tendría en exclusiva la atribución de emitir los reglamentos. De intervenir ambas Cámaras no se alcanzaría la esencia de la reforma propuesta que es la agilidad en la elaboración y modificación de las disposiciones reglamentarias.

En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, les solicito que se analice a fondo el sentido que tendría esta iniciativa, a fin de volver y de darle más agilidad o hacer un esfuerzo porque el Ejecutivo emita en tiempo y forma estas reglamentaciones, que mucha falta hacen, para darle forma a nuestras propias disposiciones constitucionales o leyes secundarias.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA

Evitar que el Ejecutivo Federal continúe difiriendo la emisión de los reglamentos a su cargo, en ejercicio de un inusitado veto; lo que en muchas ocasiones equivale a anular la actividad constitucional del Congreso de la Unión, en franco desconocimiento de la colaboración entre Poderes.

ARGUMENTOS

El artículo 89 de la Constitución, de manera expresa, señala que el Ejecutivo federal debe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, lo que para fines jurídicos significa que a la brevedad, debe emitir los reglamentos de las mismas, para su debida facticidad.

Sin embargo, son cada vez más frecuentes los puntos de acuerdo de los legisladores, con el objeto de exhortar al Ejecutivo federal a dar debido cumplimiento a la expedición de reglamentos necesarios para la exacta observancia de las leyes. A últimas fechas, inclusive, el Congreso de la Unión, toma la precaución en los transitorios de las leyes que aprueba, de poner un término máximo para que el Presidente de la República expida tales disposiciones reglamentarias, lo que comúnmente es incumplido con creces por éste.

En suma, que no hay aún una solución de fondo, para los casos en que los reglamentos de ley: no se emiten, se emiten en periodos cada vez más prolongados de tiempo o en abierta violación de la ley a la que detallan.

Es decir, los reglamentos se usan para obstaculizar la actividad del Congreso de la Unión, o para decirlo en otros términos, se usan como un inusitado veto en contra de las leyes aprobadas por ambas Cámaras. Lo cual, al final de cuentas, golpea al pueblo de México, con mayor frecuencia, a sus sectores más débiles.

Por sólo poner unos ejemplos, se omitió la oportuna emisión de los reglamentos en leyes prioritarias como la de migración, trata de personas, y la ley 5 de junio.

A este respecto se debe recordar que los reglamentos son un acto materialmente legislativo. Desde el momento en que crean situaciones generales de derecho, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales. Por lo que sólo son formalmente administrativos, partiendo de la autoridad que los tiene como atribución, esto es el Ejecutivo federal.

En principio, la facultad de emitir disposiciones reglamentarias corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo; así vemos que ya actualmente es el Congreso de la Unión quien reglamenta de manera directa los preceptos de la Constitución Federal. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo que reglamenta el Apartado A del artículo 123 constitucional.

Por tanto, el hecho de que el Ejecutivo federal tenga tal facultad respecto a las leyes ordinarias, deviene de una cesión expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a su favor y a costa del Congreso de la Unión. Para permitirle a tal Ejecutivo federal la elaboración de reglamentos con contenidos más eficaces en su aplicación ante su contacto más directo con la realidad a reglamentar, haciendo posible al mismo tiempo la más fácil modificación de éstos.

Pero si el Ejecutivo federal se niega a emitir los reglamentos, las razones para delegarlas a su favor pierden su razón de ser. Esto equivale a que renuncia a la atribución graciosamente cedida, debiendo volver a quien desde el punto de vista material le corresponde, es decir, al Poder Legislativo. Esto en forma similar a lo que sucede, por ejemplo, tratándose de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuya tarea desde el punto de vista material es jurisdiccional, y bien, ante sus constantes desviaciones de una justicia recta y expedita, crece el reclamo para que la atribución de resolver los conflictos laborales entre a la esfera de la competencia del Poder Judicial.

En concreto, en esta iniciativa estamos proponiendo que al Ejecutivo federal no se le debe dar manga ancha para que emita las disposiciones reglamentarias de manera, más que discrecional,arbitraria, sino que el ejercicio de esta facultad esté sujeta a un término fijo, trascurrido el cual, si el Ejecutivo no emitió el reglamento, deberá ser la Cámara de Diputados la que cumpla esta función a favor del pueblo de México, en su carácter de representante de éste. Por lo que sería preferible a la Cámara de Senadores.

El reconocimiento de la facultad reglamentaria de la Cámara de Diputados permitirá que la elaboración de los reglamentos sea expedita, de manera que las leyes se apliquen a la mayor brevedad, viendo el interés superior de la nación sobre intereses poco claros del Ejecutivo federal. Lo que además favorecerá al sano y equilibrado desarrollo de la Democracia.

Así como la Cámara de Senadores tiene en exclusiva la facultad de aprobar los tratados de los que nacen disposiciones jurídicas generales, en el caso la Cámara de Diputados, ésta tendría en exclusiva la atribución de emitir los reglamentos. De intervenir ambas Cámaras no se alcanzaría la esencia de la reforma propuesta que es la agilidad en la elaboración y modificación de las disposiciones reglamentarias.

Más adelante se expediría la Ley Federal de Reglamentos.

Igualmente, la Cámara de Diputados tendría un plazo concreto para reglamentar la ley respectiva. En ese ánimo estamos proponiendo la adición de los artículos 74 y 89 de la Constitución federal.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración la presente iniciativa.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO Unico.- Se adiciona una fracción III al artículo 74, y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

III. Emitir los reglamentos necesarios para la exacta observancia de las leyes, esto, en caso de que el Ejecutivo federal omita el oportuno cumplimiento de esta facultad, conforme a la fracción I del artículo 89 de esta Constitución. Al efecto, la Cámara de Diputados contará con un plazo máximo de 30 días hábiles, computados a partir del día siguiente al cumplimiento del plazo otorgadoal Ejecutivo federal; este plazo no correrá en los periodos en que la Cámara esté en receso.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. …

El Presidente tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir los reglamentos a que se refiere el párrafo anterior, computados a partir de que entre en vigor la ley respectiva. En caso de omisión, será la Cámara de Diputados la que expida las correspondientes disposiciones reglamentarias.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Alfa Eliana González Magallanes”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Cuéllar Reyes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 122, BASE CUARTA, numeral 1, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 122, BASE CUARTA, NUMERAL 1, SEGUNDO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 9o. Y 82 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre del C. Diputado Antonio Cuéllar Steffan, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Virtual el interés de mis colegas, Senadoras, Senadores, Diputados, Diputadas, a la atención que hay a la presentación de las iniciativas de los señores y señoras legisladoras. Le voy a rogar, Presidente Cordero, que incorpore íntegramente el texto de la iniciativa del Diputado, por cierto, es un destacado jurista de la Cámara de Diputados, jurista y abogado, el Diputado Cuéllar Steffan, en cuyo nombre, y además honrado, me refiero al contenido de su iniciativa que, le reitero, habrá de incorporarse al Diario de los Debates íntegramente.

La iniciativa plantea, colegas, una reforma al artículo 122 de la Constitución Federal. Este numeral de la norma máxima de nuestro país establece las bases del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En la estructura de su Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el Jefe de Gobierno tiene la facultad de plantear, ante su Asamblea Legislativa, el nombramiento de sus integrantes, es decir, Magistrados del Tribunal Superior y Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Jefe de Gobierno lo somete a la consideración de la Asamblea Legislativa. ¿Pero qué tiene que hacer el Congreso General con una propuesta de este tipo? Las bases constitucionales del Estatuto de Gobierno del D.F., son competencia del Congreso General.

Por eso es que se plantea que en ese procedimiento y el tiempo que duran en su encargo los magistrados en lugar de seis años sea de quince años. Esta es más o menos la lógica en todo el país, los Magistrados de los Tribunales de Justicia de los estados, de la propia Corte, con base en dos principios básicos, estimado Diputado.

¿Cuál? El de la inamovilidad, el de la seguridad, el de generar condiciones para un desarrollo judicial bajo principios de autonomía y de independencia. Y hay que decirlo con claridad, el Poder Judicial de la Federación lo ha logrado con una tendencia, una mayor especialización a una mayor autonomía para el ejercicio de la función de control de la Constitución y la función judicial propiamente dicha.

Pero en suma, es que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del D.F., y de lo contencioso administrativo, en lugar de seis años en su encargo duren 15 años.

Saludo al Diputado Camarillo Ortega por su atención y al Senador Encinas Rodríguez.

Gracias por su atención, señor Presidente.

Mi respeto, Senador Cordero Arroyo, muchas gracias.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116, numeral 1, y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 122, base cuarta, numeral 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para establecer un término único de duración cierta de 15 años para los cargos de Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las principales preocupaciones del Constituyente Permanente, y en particular de los legisladores de las últimas legislaturas relativas a la función judicial que se desempeña en el país es, precisamente, las condiciones bajo las cuales se garantiza la autonomía e independencia de la función judicial. Efectivamente, hoy en día contamos con poderes judiciales fuertes que cuentan con sus propios procesos de selección y movilidad por lo que respecta a la carrera jurisdiccional. El Poder Judicial Federal ha sido ejemplo de contar con procesos que garantizan tanto la estabilidad como la movilidad y dinamismo en la carrera judicial.

Sin embargo, los poderes judiciales y demás órganos de impartición de justicia de las entidades federativas, y en especial en el Distrito Federal, parecieran haber encontrado en los postulados de autonomía, estabilidad e independencia en la función, una traba insalvable para alcanzar una movilidad y un dinamismo sanos y necesarios para alcanzar condiciones óptimas de desarrollo y modernidad en la impartición de justicia.

De ninguna manera se prejuzga sobre el desempeño de los órganos impartidores de justicia del Distrito Federal que, sin lugar a dudas, han dado muestra de funcionar conforme a los estándares requeridos para una ciudad de las condiciones del Distrito Federal. Hoy en día, atender más de 300,000 asuntos nuevos por año, en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de 12,000 en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo capitalino son referentes no sólo de eficacia en el desempeño de la función, sino en confianza ciudadana en los órganos gubernamentales encargados de dirimir controversias, al tiempo que muestra a una sociedad altamente controversial que ha dejado los modos privados de solucionar la conflictiva social y se ha optado por hacer uso de los instrumentos que el Estado brinda para tales fines.

En este tenor, es indispensable que quienes se encargan de resolver conflictos como representantes del Estado, tengan una estabilidad en el desempeño de sus funciones. Por ello es que se explica que, en la función jurisdiccional, los cargos de mayor jerarquía como lo son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan una duración de más del doble de aquella que desempeña el titular del Poder Ejecutivo de la Unión.

Sin embargo y pese a esta necesidad de mayor estabilidad en la función, no existe ningún elemento que objetivamente sustente la necesidad de cargos a perpetuidad como se establecen actualmente en la legislación organizacional de las instituciones impartidoras de justicia.

Actualmente el nombramiento de los Magistrados, tanto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal tiene una duración de 6 años, con la posibilidad de ser ratificados en el encargo hasta cumplir los 70 años, para quienes fueron nombrados posteriormente a las reformas de 2004, y de 75 para quienes lo fueron con anterioridad. Este tipo de nombramientos ha provocado un notorio estancamiento en la carrera judicial de ambas instancias jurisdiccionales, pues recayeron en personas con una edad promedio de 45 años, lo que garantiza, de cierta forma, una permanencia en el puesto superior a los 30 años.

Por ello, el objetivo primordial de la presente iniciativa es brindarle movilidad a la carrera judicial, estableciendo un término único de duración cierta en el puesto de 15 años, tal y como ocurre con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es de destacarse que esta iniciativa propone establecer un sistema de duración cierto en el ejercicio de la función judicial, respetando en todo momento los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha interpretado el texto constitucional en el sentido de brindar certeza en el ejercicio de la misma, sin que por ello exista un estancamiento en el desarrollo en el servicio civil de carrera. Es decir, es objetivo primordial de la iniciativa que hoy se somete a consideración de ese órgano legislativo, hacer respetar el principio de autonomía e independencia que requiere la función judicial, sin que por ello exista un detrimento en el dinamismo de la función judicial.

Ante ello, y en el caso concreto del Distrito Federal, se propone modificar, en primer término, el artículo 122 constitucional, Base Cuarta, numeral 1, segundo párrafo, y en consecuencias, los artículos 9 y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para establecer que el cargo de los Magistrados, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, respectivamente, se ejercerán por el periodo de quince años.

Para efectos de cumplir con la normatividad constitucional y con los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial Federal, se considera conveniente establecer una disposición transitoria por virtud de la cual los magistrados que hubieren sido nombrados previa publicación de la reforma, concluirán sus encargos atendiendo a las disposiciones vigentes al momento de sus nombramientos.

Lo anterior, dotará de certeza jurídica tanto a los Magistrados que ya se encuentren en su encargo, como a aquellos aspirantes a ocupar una vacante, ya que para aquellos existirá la seguridad de que podrán concluir su nombramiento sin que exista un procedimiento de remoción que no respete sus derechos adquiridos por medio del ordenamiento anterior, y para los aspirantes a una magistratura, de que el nuevo marco jurídico expresamente les reconocerá un estatus de igualdad respecto a otros cargos jurisdiccionales, todo ello en beneficio del fortalecimiento de las garantías de autonomía e independencia judicial, así como del necesario dinamismo que debe prevalecer en las instituciones jurisdiccionales.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 122:

BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:

I.(…)

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

ARTICULO 122:

BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:

I.(…)

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante quince años y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución

ESTATUTO DE GOBIERNO D.F.

ARTICULO 9o.-

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán seis años en el ejercicio de su encargo, y al término de su nombramiento, podrán ser ratificados, y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la ratificación de Magistrados al término del período para el que fueron nombrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.

(…)

ARTICULO 9o.-

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán quince años en el ejercicio de su encargo y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se deroga

(…)

ARTICULO 82.- Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de la materia.

En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.

ARTICULO 82. Los magistrados duraránquince años en el ejercicio de su encargo y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Magistrados que hubieren sido nombrados previa publicación de la reforma, concluirán sus encargos atendiendo a las disposiciones vigentes al momento de sus nombramientos.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se modifica el artículo 122, Base Cuarta, numeral 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO 122:

BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:

I.(…)

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante quince años y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución

ARTICULO SEGUNDO: Se modifica el segundo y se deroga el tercer párrafo del artículo 9 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:

ARTICULO 9o.-

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán quince años en el ejercicio de su encargo y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se deroga

(…)

ARTICULO TERCERO.- Se modifica el primer párrafo y se deroga el segundo del artículo 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:

ARTICULO 82. Los magistrados duraránquince años en el ejercicio de su encargo y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del TítuloCuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se deroga

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Magistrados que hubieren sido nombrados previa publicación de la reforma, concluirán sus encargos atendiendo a las disposiciones vigentes al momento de sus nombramientos.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Atentamente

Dip. Antonio Cuéllar Steffan”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Torres Mercado.

Túnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva recibió una proposición con punto de Acuerdo, que suscriben integrantes de diversos grupos parlamentarios, sobre el trato que recibió el Presidente de Bolivia, Evo Morales, durante su recorrido por diversos Estados europeos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos.






PROPUESTA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura al punto de Acuerdo.



Es cuánto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a votación de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, el asunto está a discusión.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alvarez Fuentes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Líbano.






PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del dìa de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quiénes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Queda de primera lectura.

Tenemos ahora la segunda lectura de cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar cargo de Cónsul Honorario.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION, PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

(Dictámenes de segunda lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los cuatro dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

No habiendo oradores registrados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal de los dictámenes.

Iniciaremos del lado derecho del salón; se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor Presidente, se emitieron 24 en pro, 1 abstención y cero votos en contra.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobados los cuatro Decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario. Pasan al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora a la discusión de dictámenes con puntos de Acuerdo, sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea, las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los hechos ocurridos el 17 de junio del año en curso, en San José Huehuetoca, Estado de México.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a implementar las acciones necesarias para garantizar que las propuestas legislativas derivadas del Pacto por México guarden congruencia con la agenda planteada por las Cámaras del Congreso de la Unión.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar la presunta venta ilegal de base de datos personales.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al gobierno del Distrito Federal a informar sobre el impacto de las estrategias, programas y acciones en el combate a la inseguridad, el funcionamiento irregular de los establecimientos mercantiles y el narcomenudeo.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Segunda Comisión, los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a Asignar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo con relación a la suscripción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Pacto Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. Con fecha 12 de junio de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar los motivos por los que México no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El Senador Isidro Pedraza Chávez proponente del primer punto de Acuerdo en comento señala que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en nuestro país desde el 23 de junio de 1981, es uno de los instrumentos internacionales de mayor relevancia, en virtud de que contempla derechos que procuran el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y que implican una obligación por parte del Estado.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación, se encuentran el derecho al trabajo y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección; el derecho a la seguridad social; el derecho a la alimentación y a estar protegido contra el hambre; el derecho a la vivienda; el derecho a la salud física y mental, entre otros.

Sin embargo, dicho Pacto Internacional carecía de los mecanismos o procedimientos idóneos para hacer posible su aplicación. Motivo por el cual la Asamblea General de la Organización de las Naciones aprobó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con miras de que sea posible la defensa, protección y reparación en caso de daño, de los derechos económicos, sociales y culturales contendidos en el Pacto Internacional.

Añade el legislador que la importancia del Protocolo Facultativo radica en el reconocimiento de competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones referentes al cumplimiento del Pacto Internacional. Asimismo, del establecimiento de tres mecanismos o procedimientos para atender denuncias por presuntas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

La proposición con punto de acuerdo enfatiza los beneficios que conlleva la suscripción y posterior ratificación del Protocolo Facultativo, en particular en el caso del derecho humano a la alimentación y el de toda persona a estar protegida contra el hambre, enunciados en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad considerado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomó el contenido del Pacto Internacional en el sentido de garantizar el mejoramiento de los métodos de producción, conservación y distribución equitativa de los alimentos.

En el mismo sentido, se menciona que en los considerandos del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, se hace referencia clara de la suscripción de nuestro país al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El proponente expresa que cuenta con la seguridad de que el gobierno federal conoce el contenido y alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por tanto, espera que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 28 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones jurídicas aplicables, a la brevedad sea posible se firme el Protocolo Facultativo.

Finalmente, se informa que el pasado 5 de mayo del año en curso entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al lograrse la firma de 42 países parte.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, a que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, signe el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional que establece entre otros derechos, el derecho humano a la alimentación y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.

Por su parte, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya expone en sus consideraciones:

Alrededor del mundo, millones de personas viven a diario graves violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, toda vez que en la mayoría de los países éstos derechos no se encuentran vigentes en su legislación, lo que coloca a estas personas en condiciones que nos les permiten acceder a un recurso efectivo que las proteja contra actos que conculquen sus derechos fundamentales.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OP-ICESCR, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).[]Este protocolo fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y abierto a votación el 24 de septiembre de 2009.

La entrada en vigor del Protocolo Facultativo permitirá a las personas que sufran violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, y que no cuentan con un recurso que los proteja ante tal violación, a que la soliciten en el Sistema Universal de Naciones Unidas.

Así, el Protocolo Facultativo fue diseñado con dos grande objetivos: en primera instancia es el ayudar a mejorar y promover la creación de mecanismos de queja nacionales, generandoasí oportunidades para que las personas puedan exigir sus derechos dentro de sus propios países; y en segundo término, motivar a los Estados a cumplir plenamente con las obligaciones impuestas por el Pacto, las cuales derivan de los derechos fundamentales.

El 5 de mayo del presente año entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el que se posibilita a cualquier persona o grupo que alegue violaciones a estos derechos y que haya agotado todas las vías jurídicas de sus propios países, presentaron sus casos ante el Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De los 41 Estados firmantes, sólo 10 lo han ratificado, estos Estados se han comprometido a responder de aquellas denuncias relativas a violaciones de los de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se pueden presentar en su contra y que sean admitidas a trámite por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Dicho Protocolo adquiere mayor relevancia derivado de los recortes que en políticas sociales han aplicado los gobiernos de todo el mundo, amenazando de manera grave el ejercicio pleno de los derechos humanos a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, por citar algunos.

En el Protocolo se establecen, para su operación, tres tipos de procedimientos [1]:

El procedimiento de comunicaciones permite a cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de un Estado Parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar este estado por la vulneración de cualquiera de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales enunciados en el Pacto.

El procedimiento de comunicaciones entre Estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto.

El procedimiento de investigación, de carácter confidencial, permite al Comité investigar sobre presuntas violaciones continuadas y graves de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el territorio de cualquier Estado signatario, basándose en fuentes fidedignas y siempre con el consentimiento del Estado.

Así las cosas, por la naturaleza del Protocolo, la firma de este resulta fundamental para combatir el rezago social existente, pues genera mecanismos con los que las personas pueden interponer quejas ante el comité de la ONU en caso de que el Estado no cumpla con su obligación de mejorar la situación económica, cultural y social del quejoso.

Es preocupante que un país como México no forme parte de tan importante esfuerzo por combatir de manera frontal la pobreza y el hambre de sus ciudadanos, sobre todo, cuando en enero del año en curso, el Presidente Enrique Peña Nieto, anunció la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la cual tiene como objetivo general llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como “Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”.

Cabe recordar que cuando el Presidente Enrique Peña Nieto anunció esta estrategia apuntó: “… hay que decirlo de manera subrayada: no es una medida asistencialista, no se trata sólo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Es un cambio estructural en materia de combate a la pobreza”.

Sin embargo, el rehusarse a suscribir el Protocolo, hace que estas palabras suenen huecas y que la estrategia en su conjunto devenga únicamente en un programa populista y electorero, sobre todo si tomamos en consideración que en 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)estimó que existen 52 millones de personas en pobreza multidimensional, es decir, el 46.2% de la población total en México.

Incidencia, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza.

2010 Indicadores de incidencia

Porcentaje

Millones de personas

Carencias promedio

Población en situación de pobreza

46.2

52.0

2.5

Población en situación de pobreza moderada

35.8

40.3

2.1

Población en situación de pobreza extrema

10.4

11.7

3.7

Población vulnerable por carencias sociales

28.7

32.3

1.9

Población vulnerable por ingresos

5.8

6.5

0.0

Población no pobre y no vulnerable

19.3

21.8

0.0

Al respecto, Arturo Ávila Salazar, encargado del departamento de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional (AI), capítulo México considera que la negativa del gobierno mexicano a suscribir este Protocolo es preocupante“…porque si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en entredicho la credibilidad de este compromiso. El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven así y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas”. [4]

La situación de pobreza en la que se encuentra México es realmente preocupante, día a día hay más carencias, mas hambre y menos oportunidades de desarrollo, por ello resulta tan importante y sobre todo tan oportuno el momento para México suscriba este instrumento y forme parte de esta comunidad de Estados dispuestos a erradicar de manera definitiva el hambre en sus países.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que informe a esta Soberanía los motivos por los que México no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Segundo: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad posible, suscriba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones de mérito en el sentido de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que signe el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Dicha posición se ha expresado en anteriores ocasiones por otros legisladores, sin que hasta la fecha el Protocolo haya sido suscrito por nuestro país. Circunstancia que incluso ha hecho notar Amnistía Internacional exhortando a que se tomen las medidas necesarias para lograr su firma y ratificación.

En cuanto al contenido, esta Dictaminadora considera que el derecho a la alimentación y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, ambos establecidos en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son de relevancia ya que guardan características de universalidad, interdependencia e indivisibilidad y su violación implica la vulneración de otros derechos humanos.

En el Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver De Schutter, se menciona que México tiene la obligación jurídica de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados de derechos humanos .

Así, la situación planteada en la proposición en estudio para consolidar el sistema jurídico de protección a los derechos humanos, debe ser atendida a fin de brindar certeza jurídica mediante el reconocimiento de los únicos mecanismos que tiene las personas a nivel internacional para ejercer o reclamar la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales.

II.- Quienes signamos el presente dictamen, estamos convencidos de que la especial situación de pobreza extrema y alimentaria que vive nuestro país es razón suficiente para la suscripción y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza alimentaria alcanza a 28 mil millones de mexicanos. Sólo entre los años 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales, según daros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG).

El detrimento del poder adquisitivo en los hogares mexicanos; el desempleo;  el incremento generalizado en el costo de los alimentos; la falta de políticas públicas para el campo focalizadas a lograr la autosuficiencia y seguridad alimentaria; la presencia de altos índices de desnutrición y obesidad, afectando de manera persistente a la población infantil, son algunos de los grandes pendientes que México tiene a resolver, en el marco de la realización del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En función de lo expuesto, esta Segunda Comisión reitera su compromiso por armonizar el sistema universal de derechos humanos y coincide con el legislador proponente en la oportunidad de emitir el exhorto en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a signar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional que establece entre otros derechos, el derecho humano a la alimentación y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del gobierno de Estados Unidos de América al elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo con relación a la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

I. ANTECEDENTES

En 1982, Estados Unidos expidió unilateralmente una lista de países que “auspician el terrorismo” e incluyó en esta lista a la República de Cuba, aún y cuando Cuba no es un país que auspicia el terrorismo.De hecho,las autoridades cubanas han denunciado incansablemente que mantenerla en esa lista es una medida injusta e injustificable por lo que han acudido a todos los foros internacionales expresando la necesidad de que se le excluya de ese listado, para así mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Consideramos que en este marco, México puede ayudar a que se recupere la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos de América y así recuperar para la región condiciones de respeto entre los países del Continente. Esto en razón de los principios con que cuenta nuestra política exterior de autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica a las controversias; y cooperación internacional para el desarrollo.

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Irán, Siria, Palestina, China y Rusia han solicitado oficialmente se excluya a Cuba de esta lista y critican la doble moral del Gobierno de Washington en su política contra el terrorismo que responde siempre a sus intereses económicos.

Para Cuba, los efectos de estar incluido en dicho listado han sido de índole económica y social, en detrimento de su población, pues le impide acceder a créditos, a apoyos económicos, a avales del Banco Mundial y de los demás organismos financieros internacionales. De igual modo, se prohíbe la venta a Cuba de bienes y equipos que a criterio de Estados Unidos puedan tener doble uso, como son equipos médicos para hospitales y laboratorios de investigación para sus escuelas por dar dos ejemplos.

La inclusión de Cuba en esa lista se suma al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos de América contra el pueblo cubano desde hace más de 50 años y que ha sido rechazado ya por México y el 95% de los países miembros de las Naciones Unidas, bajo la llamada "Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana", que contempla la internacionalización del bloqueo.

De acuerdo al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos; utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales, tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países; recibir turistas norteamericanos; sus barcos y aeronaves  no pueden tocar territorio norteamericano; ni se le permite a instituciones y empresas cubanas tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte,  el Informe Anual publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano señala que la cifra de los fondos congelados por Estados Unidos a Cuba al cierre de 2011 asciende a 245 millones de dólares, obstaculizando así el desarrollo económico, social y científico-técnico de Cuba.[1]

Apenas el pasado 14 de marzo de 2013, el periódico Los Ángeles Times publicó en su editorial titulado “Tachen a Cuba de la lista negra” que “Cuba está ahí porque no está de acuerdo con el enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional y no porque apoye el terrorismo. Sacar a Cuba de la lista negra sería una medida sensata”.[2]Por otra parte, varios diplomáticos de alto nivel del Departamento de Estado norteamericano han concluido que Cuba debería ser eliminada de la lista de países terroristas, según han informado estos días varios rotativos estadounidenses. Es más, en febrero de este año, el diario The Boston Globe aseguró que el Secretario de Estado, John Kerry, ha comenzado a revisar la política de Washington con relación a La Habana y atribuyó a fuentes del gobierno que diplomáticos de alto nivel opinan que se debe sacar a Cuba de la lista. De esta forma, un gran número de personalidades y miembros del Capitolio comparten la convicción del Departamento de Estado de dejar de considerar a Cuba como país que auspicia el terrorismo. Ejemplo de ello es que el Senador demócrata Patrick J. Leahy, quien a principios de año encabezó una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos en una visita a La Habana, instó al presidente Barack Obama a considerar una serie de cambios en la política hacia Cuba, entre ellos, excluirlo de “la lista negra”.[3]

Es evidente que el diálogo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos pasa necesariamente por la eliminación de obstáculos generados por calificativos ajenos a las realidades que corresponden a cada país. Así es como México, con sus principios de política exterior puede contribuir a distender las relaciones entre ambos países, garantizando a su vez los valores de la democracia, la igualdad jurídica entre países, la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz internacional, pero desde la propia autodeterminación de cada pueblo en el continente.

II. CONSIDERACIONES

El 30 de mayo del año en curso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica repitió la lamentable acusación de que Cuba es un “estado patrocinador del terrorismo internacional” al publicar la lista en qué anual y unilateralmente califica a los países.[4]En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba al rechazar enérgicamente la utilización con fines políticos de un asunto tan sensible como el terrorismo internacional, demandó que se ponga fin a esta designación vergonzosa que ofende al pueblo cubano y expresó:

El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Gobierno cubano rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen.[5]

El periodista Jorge Legañoa Alonso el 31 de mayo escribió: “El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, una designación que, más allá de consideraciones simbólicas como muchos quieren hacernos ver, implica sanciones económicas y limita las relaciones entre los gobiernos y pueblos.”[6]

Dado que Cuba no es un país que auspicie el terrorismo y por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe como de Urgente Resolución el presente:

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de elaborar una lista de países que auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Relaciones Exteriores, el embajador mexicano en los Estados Unidos de América, y los representantes nacionales en la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, insten al Gobierno de los Estados Unidos de América a terminar esta práctica, en especial la inclusión de Cuba.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de méritoen que la política exterior mexicana debe ser orientada hacia América Latina, en forma proactiva, para que le permita reposicionar a nuestro país como un actor estratégico regional.

Entre México y Cuba hemos mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas por más de100 años, dichas relaciones no han estado exentas de dificultades, especialmente si se miran en un contexto amplio, enmarcado en el triángulo estratégico México-Cuba-Estados Unidos.

México ha jugado un papel destacado en la política latinoamericana, por ser una de las economías más fuertes del área, por su ubicación geopolítica entre Estados Unidos y América Latina y porque en el pasado a desplegado hacia la región una política exterior exitosa como distinguido formulador de iniciativas y mediador de conflictos.

El pasado 30 de mayo de 2013, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó, la evaluación anual de la actividad terrorista y extremista en el mundo y la amenaza que representa para ese país y sus aliados.

El documento incluye una lista de países que Washington califica de patrocinadores de terrorismo, ya sea porque los considera participantes de actividad extremista por comisión u omisión, o porque permiten la residencia en su territorio de individuos u organizaciones catalogados como tales.

Cuba, Irán, Siria y Sudán aparecieron en la lista y algunos de ellos no solo rechazaron la inclusión, sino que denunciaron a Estados Unidos por supuestamente amparar y/o prestar asistencia a grupos que ellos mismos buscan en relación a actividad terrorista.

En el informe se señala que existen ciudadanos estadounidenses “fugitivos” en Cuba, pero no entrega nombres concretos ni mayor información. Los más recientes fugitivos en Cuba este año 2013,fueron una madre y padre estadounidenses que secuestraron a sus propios hijos rompiendo la restricción a su custodia legal de los niños, fueron arrestados rápidamente, deportados inmediatamente y entregados a autoridades de Estados Unidos. De los casos no explica en ningún sentido el vínculo de los fugitivos a los que se alude con el terrorismo.

De su tradicional informe sobre terrorismo el Departamento de Estado Americano, sobresale el caso específico de Cuba, en el cual no da detalles profundos sobre supuestas atenciones médicas a terroristas, por lo que es imposible analizar el fondo estas aseveraciones. Sin embargo, ratifica que no ha habido apoyo militar alguno, ni a ETA ni a las FARC por parte de Cuba. Lo que debilita el contenido en que se basa la inclusión de la isla en la lista de estados que apoyan el terrorismo.

En el informe describe la falta de compromiso de Cuba con el llamado “Financial Action Task Force”, (FATF), organización internacional que promueve la generación de medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Señala textualmente que en 2011 el país “asistió a la reunión del FATF sobre Lavado de Dinero en América del Sur como país invitado, y preparó un documento informal describiendo su sistema anti-lavado de dinero y de medidas para evitar el financiamiento terrorista”. Cabe mencionarque sólo 34 países y dos organizaciones son miembros de FATF. En América Latina, por ejemplo, ni Chile ni Colombia, entre muchos otros, son miembros del FATF. Y no por eso deben estar en una lista de naciones que apoyan al terrorismo, por lo que no hay ninguna señal que justifique la inclusión de Cuba en la lista, por la simple razón de que no existen hechos concretos relacionados con este tema.

El tema tiene un componente de amplias repercusiones. Por ejemplo, las Naciones Unidas aún no concuerdan una definición oficial del concepto “terrorismo”. El debate eterno ha girado en torno al reclamo de muchos países y actores de la sociedad civil que consideran necesario dejar fuera de la definición los actos realizados por grupos nacionales que luchan contra fuerzas invasoras o colonialistas.

La misma ambigüedad conceptual existe en torno a la lucha de grupos internos contra sus propios gobiernos o regímenes que mantienen el poder por la fuerza. En ese sentido,“terrorismo” y “heroísmo” son las dos caras de una misma moneda (muy cercanas en la rima) según el grupo que defina la clasificación de motivos ajenos o intereses propios.

La utilización política del término puede provocar la lamentable trivialización del concepto, lo que afecta directamente a la propia defensa de los esfuerzos contra el flagelo terrorista. Esto se enmarca en el clásico debate de quién es un “terrorista” y quién es un “luchador de la libertad”.

II.- Esta Dictaminadora considera que Cuba no ampara al terrorismo internacional o realiza actos terroristas. Como paradójicamente se desprende del reporte unilateral de Estados Unidos sobre países que auspician el terrorismo.

La inclusión de Cuba en esa lista de países, lo que hace es agregar más sanciones a los ya amplios efectos del embargo y bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra la isla por más de 50 años, las restricciones de dicha lista son similares al embargo, aunque también tienen un énfasis en la prohibición de venta de armas estadounidenses a esos países.

El estar en la lista le impide el acceso al Banco Mundial y a otros recursos financieros, y coloca una lupa internacional sobre todas sus transacciones bancarias internacionales, cabe destacar que Cuba ha estado en la lista desde 1982.

En este sentido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con 33 miembros, conoció con gran preocupación durante la I Cumbre de la Comunidad de Estados, realizada los días 27 y 28 de enero de 2013, en Santiago, Chile, la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del terrorismo que pública el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

En el “Comunicado Especial de Apoyo a la Lucha contra el Terrorismo en Todas sus Formas y Manifestaciones”, también aprobado en la I Cumbre de la CELAC, indica que “Rechazan la elaboración unilateral de cualquier lista acusando a Estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el terrorismo, lo que resulta inconsistente con el Derecho Internacional”.

Por tanto, en los documentos aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la I Cumbre, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se insta al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a esa práctica unilateral.

De la misma forma la Alianza Bolivariana de los pueblos de Américadesplego un comunicado especial (ALBA-TCP), en el que indica que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, rechazan enérgicamente la absurda e insostenible inclusión de la República de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, emitida por el Gobierno de Estados Unidos el 30 de mayo de 2013. Ya que esta decisión falta de manera deliberada a la verdad e ignora el amplio consenso y la demanda explícita de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia.

La Alianza reiteró el reclamo para la inmediata exclusión de Cuba de ese procedimiento arbitrario y unilateral cuyo único propósito es justificar el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado de manera sostenida y despiadada contra esa nación hermana pese al repudio de la comunidad internacional. El ALBA rechaza la utilización con fines políticos de un asunto tan sensible como el terrorismo internacional. El ALBA ratifica el rechazo a la práctica de algunos Estados de arrogarse el derecho a emitir unilateralmente “certificaciones” y “listas” de países que supuestamente auspician el terrorismo. Tal procedimiento constituye un mecanismo ilegítimo e incompatible con el Derecho Internacional, que no cuenta con el apoyo internacional, y que ha sido condenado.

La Alianza reafirmo su más profunda condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, y su insoslayable compromiso de continuar actuando contra ese flagelo conforme a los principios y propósitos contenidos en la Carta de Naciones Unidas y en cumplimiento pleno del Derecho Internacional, incluyendo los convenios internacionales sobre terrorismo.

En este mismo sentido Cuba ratificó en Ginebra Suiza, el 15 de junio de 2013 el compromiso de luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y abogó por adoptar una convención internacional de alcance general para enfrentar el flagelo.

La delegada cubana en Ginebra Lilianne Sánchez reiteró el apoyo de su país a la cooperación multilateral y bilateral para combatir el terrorismo, también señaló que Cuba es un Estado Parte de 14 convenios existentes en esta materia y ha adoptado medidas internas legislativas, administrativas e institucionales complementarias para la prevención, detección y represión de todas las actividades de dicha naturaleza. Indicando que jamás el territorio cubano se ha utilizado ni se utilizará para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país.

Por otro lado el gobierno de Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos, le pidió a Cuba ser patrocinador de las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se realizan formalmente en estos momentos en La Habana.

No obstante que Cuba es acusada de ser un Estado que supuestamente apoya al terrorismo internacional, acaba de ser elegida presidente de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, recibiendo el cargo continental para 2013, de parte del presidente Sebastián Piñera, de Chile. Es decir, todos los países de América Latina eligieron a cuba para liderarlos por un año.

Cuba en su lucha por mejorar está realizando reformas económicas importantes, abriendo la iniciativa privada y disminuyendo el rol del Estado en varias áreas de la sociedad. Ha liberado la salida al exterior de los cubanos (con la excepción de ciertas categorías específicas), la inversión extranjera está ampliándose, especialmente en el sector turístico y energético, y los propios hermanos Castro han dado señales de abrirse a otros liderazgos de nuevas generaciones, más jóvenes que la edad de la Revolución.

III.- La Segunda Comisión reitera que sacar a Cuba de la lista de apoyo al terrorismo sería el primer gran paso hacia el término del embargo contra la isla, que es condenado año tras año por las Naciones Unidas y constituiría un paso importante en la verdadera lucha contra el terrorismo.

Ya que no hay pruebas que justifiquen mantener a Cuba en esa lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora Estados Unidos y por lo tanto se debe reclamar que se ponga fin a una acusación injusta y arbitraria, cuyo único objetivo es justificar el bloqueo de EE.UU. hacia la isla.

Cuba sostiene que desde el año 2002, el Gobierno de la isla propuso al de EE.UU. adoptar un acuerdo bilateral para enfrentar el terrorismo, oferta que reiteró en 2012, sin haber recibido respuesta, en este sentido se demuestra que la isla no ha efectuado absolutamente nunca un ataque terrorista contra Estados Unidos y menos un ataque terrorista en ningunade sus formas en contra de alguna otra nación.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION".

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando un Acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y El Caribe.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a impulsar un Acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza y Mariana Gómez del Campo Gurza y la Diputada Amalia Dolores García Medina, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las legisladoras proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de los legisladores federales presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y de los estados promoviendo y gestionando la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos goza de la facultad para en nombre del Estado mexicano celebrar tratados internacionales, entendiéndose esta potestad como aquella que se le atribuye no sólo para adherirse a aquellos de los que nuestro país puede llegar a ser parte, sino como aquella conferida para impulsar entre distintas naciones acuerdos “inter pares” que permitan el desahogo, atención y solución multilateral de distintas problemáticas y asuntos que trasciendan las barreras nacionales, deviniendo dicha facultad del dispositivo constitucional en comento y que “ad literam” señala:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a IX (…)

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI a XX (…)

Ahora bien, por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigida en Tribunal Pleno, ha resuelto que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales siendo estos parte integrantes de la Ley Suprema de la Unión mediante el criterio judicial que a continuación se invoca:

Época: Novena Época

Registro: 172650

Instancia: PLENO

Tipo Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXV, Abril de 2007

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. IX/2007

Pág. 6

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Pág. 6

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNION Y SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta suntservanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

PLENO

AMPARO EN REVISIÓN 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede, México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Infiriéndose de lo anterior que en su caso los tratados internacionales obligan definitivamente al Estado mexicano en virtud de sus compromisos contraídos mediante los mismos, lo anterior independientemente de la denominación que se le dé (tratado, acuerdo, convenio, protocolo, etcétera) encontrando el soporte a esta aseveración con el siguiente criterio judicial resuelto de igual forma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia firme de carácter obligatorio que “ad literam” mandata:

Época: Novena Época

Registro: 173146

Instancia: SEGUNDA SALA

Tipo Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXV, Febrero de 2007

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 10/2007

Pág. 738

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 738

TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.

Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por "tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades. Situación que se sustenta, además, en el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil novecientos noventa y dos.

SEGUNDA SALA

AMPARO EN REVISION 348/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 14 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

AMPARO DIRECTO 1/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 384/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 390/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 237/2002. S.C. Johnson and Son, Inc. y S.C. Johnson and Son, S.A. de C.V., antes Ceras Johnson, S.A. de C.V. 2 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de enero de dos mil siete.

TERCERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2ª de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Estableciéndose como principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

• Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

• Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

• Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

• Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

• Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.

• Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

• Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

• Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

• Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

• Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

• Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 

Estableciendo el precepto legal de mérito que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

CUARTO.- Que tomando en cuenta que el Estado mexicano ha sido un amplio promotor del respeto a los derechos de las personas migrantes destacando a nivel internacional por la suscripción y posterior ratificación de los siguientes instrumentos internacionales en materia de migración:

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Y REGIONALES

FECHA DE  RATIFICACIÓN

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).

23/03/81

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC).

23/03/1981

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (CER).

07/06/2000

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER).

07/06/2000

Convenio 143 sobre los Trabajadores Migratorios (C143).

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

23/03/1981

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

21/09/1990

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).

08/03/1999

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena (CRTPEPA).

21/02/1956

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racional (CERD).

20/02/1975

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).

23/01/1986

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC).

16/06/1965

Convención sobre Asilo Diplomático (CASD).

06/02/1957

Convención sobre Asilo Territorial (CAST).

03/04/82

Convención Americana de Derechos Humanos.

03/04/82

Protocolo sobre la Competencia de la Corte Interamericana.

16/12/1998

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIT).

22/06/1987

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

12/11/9846

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDF).

09/06/1994

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales. 

16/04/1996

De lo anterior, advirtiéndose con toda claridad que el Estado mexicano siempre ha procurado suscribir aquellos instrumentos internacionales que considera protegerán al migrante en todas sus esferas de desarrollo como persona y en su unidad tanto familiar como social en el país de origen y en el de destino.

QUINTO.- Que de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, tener mayor precisión de datos para las cuentas nacionales y disponer de información más sólida, ayuda a la autoridad a  analizar el impacto de la movilidad internacional de personas en México. Dicha información se podría catalogar de acuerdo al tipo de movimiento, características y tiempo de estancia; cuestiones que impactan directamente a la percepción social y política del fenómeno, así como en la toma de decisiones para la adecuación de las políticas migratorias así como su implementación y puesta en marcha.

SEXTO.- Que el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCIDES), estudió diversas fuentes de datos estadísticos en los países que constituyen la región México – Centroamérica - República Dominicana, revelando diferencias y obstáculos para la cuantificación de la migración internacional de personas y en ocasiones en su caracterización.

Los diferentes sistemas y metodologías que se emplean para la medición, así como las limitaciones existentes, hacen que se proliferen cifras inexactas, parciales, incompletas o que pueden resultar contradictorias entre sí. Por ello, es importante estandarizar los procedimientos al realizar las cuantificaciones, durante la recopilación, sistematización y análisis de datos.

SEPTIMO.- Que los gobiernos realizan estudios o generan información sobre sus nacionales en otros países, facilitándose una aproximación y elaboración de estimaciones cuantitativas y cualitativas, respecto a la migración en destino y tránsito. Sin embargo, esto no ocurre igual, especialmente cuando es irregular. México, Costa Rica, Panamá, y República Dominicana al tener tradicionalmente un flujo de personas migrantes en destino, cuentan marginalmente con más fuentes de información sobre la población migrante que se asienta en su territorio de la que dispone Guatemala, Honduras o Nicaragua, por ejemplo.

OCTAVO.- Que tomando en cuenta que aunque no existen mecanismos para cuantificar el número real de emigrantes, se toma como referencia las estimaciones elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), basadas en información censal de 2000. Conforme a ellas el porcentaje de la población nacional en el exterior representa para: Costa Rica 2.2; El Salvador 14.5; Guatemala 4.7; México 9.6; Panamá 4.2; Nicaragua 9.6 y República Dominicana 9.3 por ciento.

Carecemos de información concreta sobre los flujos migratorios irregulares, por lo tanto, intercambiar información entre países pudiera disminuir estas asimetrías que permitirá, por lo tanto, elaborar políticas públicas y normas jurídicas más integrales, apegadas a la realidad y eficientes.

La suscripción de un acuerdo multilateral entre los gobiernos de México y las distintas naciones que integran Centroamérica y el Caribe, significaría un avance para la consecución de cifras y estadísticas más exactas que permitan atender con mucho mayor puntualidad y eficiencia este fenómeno en aras de generar políticas públicas Integrales y regionales a favor de la procuración, salvaguarda y defensa de los derechos humanos de los migrantes con la colaboración mutua  poniendo énfasis en la estandarización de los sistemas de cuantificación.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Enrique Peña Nieto, a que a la brevedad posible impulse un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, procedimos al estudio de los postulados de la proposición de mérito, encontrando que su contenido y el resolutivo propuesto resultan viables y oportunos.

La migración es un fenómeno que continúa intensificándose en nuestro país. En México concurren diversos tipos de movilidad migratoria, al ser un país de inmigración y transmigración, debido a que son muchas las personas que cruzan a diario la frontera sur y algunas entidades del sureste para integrarse a la vida económica mexicana o teniendo como destino final el territorio estadounidense.

La política migratoria de nuestro país está encaminada a alcanzar objetivos relacionados con la atención del fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de extranjeros.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que la migración “representa un reto de creciente importancia para el Estado Mexicano. La importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia demográfica de los flujos en, desde y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional.”

La Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente considera que la celebración de un acuerdo multilateral que tenga por objeto la cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe para la elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria abonará a los esfuerzos por atender integralmente el fenómeno migratorio.

II.- En atención a la facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal otorgada por el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, para celebrar tratados internacionales, la proposición en comento plantea la suscripción de un acuerdo multilateral que permitirá analizar el impacto de la movilidad internacional de personas en México.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual Perspectivas de la Migración Internacional señala que en 2011 se registró una disminución del ingreso de extranjeros a México, pasando de 26,200 migrantes en 2010 a 21,500 en el año siguiente. Por su parte, México ocupa el sexto lugar de los países de origen de los inmigrantes, encabezada por China, Rumanía, Polonia e India.

La Síntesis 2012, Estadística Migratoria publicada por el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración señala que desde 2009 se han generado avances importantes en la generación de estadísticas migratorias, a través del rediseño de conceptos y metodologías de recopilación de datos que permiten mayor ordenamiento de las estadísticas migratorias.

En ese sentido, señala la Síntesis 2012 que la divulgación de datos estadísticos sobre movilidad y migración internacional de México “ayuda a diferenciar más a visitantes de migrantes, a tener mayor precisión de datos para las cuentas nacionales y a disponer de información más sólida para analizar posibles impactos derivados de la movilidad internacional de personas en México”.

III.- Teniendo en cuenta la relevancia de la materia migratoria para nuestro país, así como la necesidad de cuantificar el flujo migratorio irregular, resultaprudente realizar el intercambio de información entre México y los estados que integran Centroamérica y el Caribe, lo cual permitiría, como señalan las legisladoras promoventes, “atender con mucho mayor puntualidad y eficiencia este fenómeno en aras de generar políticas públicas integrales”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que continúe impulsando un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a seguir realizando las consultas con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural dentro del marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Diputada Luisa María Alcalde Luján, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 60/251, misma que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos. El nuevo órgano es subsidiario de la Asamblea General y tiene como responsabilidad promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como investigar situaciones en que se violen los derechos humanos y emitir recomendaciones a los Estados involucrados.

El Consejo de Derechos Humanos también sirve como foro para el diálogo sobre cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones de los Estados a través de recomendaciones e informes anuales, y dando puntual seguimiento sobre los retos, logros y fracasos de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

Uno de los instrumentos más destacados con los que cuenta el Consejo de Derechos Humanos es el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU). Bajo este mecanismo, los Estados se comprometen a someter a los demás Estados miembros del Consejo un informe objetivo y fidedigno sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados.

Dicho examen deberá contener información preparada por el Estado examinado mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados -incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil-, así como una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y demás información fidedigna adicional que en su caso presenten otros interlocutores pertinentes.

El informe que prepare el Estado examinado debe ser sometido ante un grupo de trabajo compuesto por todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, mismo que analiza la información, realiza preguntas, hace comentarios y asienta observaciones en un documento que adopta durante sesión plenaria del Consejo. Este informe es devuelto al Estado examinado con miras a identificar la situación que guardan los derechos humanos en el país y realizar acciones tendientes a implementar las recomendaciones derivadas del examen.

Una de las características más notables del proceso del EPU es la inclusión de espacios para la que las organizaciones de la sociedad civil de los Estados examinados intervengan activamente en el examen periódico, ya sea a través de consultas públicas que complementen el contenido del informe nacional, o bien, mediante la presentación de informes particulares sobre el historial de derechos humanos que guarden sus respectivos países.

Este importante ejercicio se realiza una vez cada cuatro años, lo que supone el examen de 48 Estados por año durante tres sesiones de dos semanas cada una. El último examen que realizó México fue en 2009, por lo toca este año nuevamente el turno a nuestro país.

Resulta paradójico que México sea reconocido como uno de los mayores impulsores del mecanismo del EPU cuando, a su vez, guarde un lamentable historial de abusos y violaciones a los derechos humanos. Consideramos que el Estado mexicano, de frente al escrutinio internacional, tiene la obligación de ofrecer un panorama fidedigno y autocrítico de la situación que actualmente guardan los derechos humanos en nuestro país; para ello debe atender las valiosas observaciones y recomendaciones que ofrezcan las organizaciones de la sociedad civil. De este modo, México tendrá mayores y mejores elementos para identificar los retos más apremiantes que tiene en materia de derechos humanos, así como trazar una ruta de trabajo incluyente y plural que le permita implementar efectivamente las recomendaciones que emita el Consejo.

Cabe señalar que el 10 de junio pasado, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura Federal organizaron un Foro de consulta titulado “Evaluación de México por el Mecanismo del Examen Periódico Universal, Justicia y Derechos Humanos en México”, al que fueron invitadas diversas organizaciones de la sociedad civil para recoger sus observaciones y recomendaciones. A pesar de que las autoridades convocantes afirmaron que el modelo establecido para este Foro tenía como objetivo consultar con la sociedad civil sobre el proceso del EPU de conformidad con la Construcción Institucional del Mecanismo (Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos), renombradas organizaciones de la sociedad civil señalaron que el rígido formato del Foro limitaba sus participaciones a meros espacios de preguntas y respuestas, dejándolas relegadas a un papel de espectadoras. Esta falta puede ocasionar que el informe final que presentará el Estado mexicano el próximo 22 de julio corra el riesgo de ser sesgada, parcial o insuficiente al relegar el valioso aporte que la sociedad civil hace en materia de derechos humanos desde el 2009, año en que fue inaugurado el Mecanismo, así como durante la evaluación intermedia del EPU.

En un comunicado conjunto, diversas organizaciones de la sociedad civil [1] lamentaron que la convocatoria y la metodología que acompañó la organización de dicho evento no hubiera sido la adecuada. Más aún, destacaron la ausencia de información respecto al proceso que seguiría el gobierno mexicano para la incorporación de las recomendaciones de la sociedad civil en el informe final. En aras de la congruencia, esta omisión debe ser subsanada lo antes posible”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que se refiere a una resolución tomada por el Consejo de Derechos Humanos y que resulta obligatoria para el Estado Mexicano como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

México ha participado de forma activa e intensa en el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, de hecho fue uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas al firmar la “Carta de las Naciones Unidas” el 26 de junio de 1945.

Además, cabe mencionar que las acciones emprendidas para garantizar la protección de derechos humanos dieron paso al artículo 1o. de nuestra Constitución Política, al establecer el goce de los derechos humanos reconocidos tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

También se estableció la corresponsabilidad de todas las autoridades, para promover y garantizar los derechos humanos con igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Es decir, que este principio nos ha exigido investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley, atendiendo a todas las personas por igual y de manera progresiva para que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Por lo tanto creemos que la proponente busca promover la protección de la población en contra de la corrupción o la inseguridad pública causada principalmente por el crimen organizado y con ello, salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales para todos los mexicanos.

Así, se está haciendo frente a la discriminación y la violencia que persiste en algunas regiones del país, superando incluso las capacidades logísticas. Al mismo tiempo se prosigue con los esfuerzos de erradicación de la explotación sexual de los niños, violencia de género, vigilancia al sistema de justicia penal, entre otros.

Con ello, consideramos que pretende contribuir a una evaluación estricta y continua de la aplicación del sistema de seguridad pública y justicia penal, exhaustivamente por abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por autoridades y garantizar que se sancione debidamente a sus autores.

Al igual que la proponente, quienes signamos el presente dictamen creemos que resulta esencial para el óptimo ejercicio del Estado, vigilar y adoptar las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, es sumamente necesario que nos ocupemos permanentemente para resolver las denuncias de torturas y otros abusos de los derechos humanos cometidos, además de poner fin a la cultura de la impunidad.

Lo anterior es precisamente de lo que se ocupa el examen periódico universal, adoptado en el “paquete de construcción institucional” y a través del cual se examinará la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas, ofreciéndoles la oportunidad para declarar qué acciones se han tomado para mejorar la situación de derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

II.- Esta Dictaminadora tiene pleno conocimiento de que en su resolución número 16/21, el Consejo de Derechos Humanos, estableció la realización, principios y los objetivos del examen periódico universal, centrándose en la correcta aplicación de las recomendaciones aceptadas y la evolución de la situación de los derechos humanos en el Estado examinado, como lo exponen los párrafos 1 al 4 del anexo de la resolución 5/1.

El examen consta de tres documentos, el primero es un informe nacional elaborado por el Estado evaluado, una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado y su resumen de la información presentada por otros actores interesados.

El examen tiene lugar en Ginebra, en sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los demás Estados que son observadores.

Se lleva a cabo un extenso diálogo de tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo y unos días después se adopta el informe sobre sus deliberaciones.

Meses después se adopta un documento final sobre el resultado, el cual dura una hora en la que se presentan declaraciones orales con sus observaciones respecto del Examen Periódico Universal.

Cabe mencionar que México ya ha sido evaluado con anterioridad el 10 de febrero de 2009 en el marco del 4º periodo de sesiones del Mecanismo de Examen Periódico Universal y en mayo de 2012.

Las recomendaciones enumeradas fueron examinadas por México y contario con su aprobación, a las que además se comprometió a responder oportunamente. Las respuestas de México se incorporarán al informe final que habrá de aprobar el Consejo en su 11º período de sesiones.

III.- La Segunda Comisión opina que la solicitud específica de la proponente resulta congruente toda vez que en dicho Examen se encuentran incluidos los representantes de la sociedad civil, de hecho para su proceso se prevé la participación de todos los interesados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos.

También han participado los actores de la sociedad civil presentando información que puede ser añadido al informe “otras partes interesadas”, que se considera en la revisión, es decir que serán incluidas en el debate interactivo durante el examen en la reunión del Grupo de Trabajo.

Para el informe anterior de México se realizó un proceso de consultas mediante dos foros con organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México D.F. y en Mérida, Yucatán, en los que participaron también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y siete órganos autónomos estatales.

Adicionalmente se llevó a cabo una consulta con instituciones y expertos académicos en elDistrito Federal en la que intervinieron siete universidades como convocantes, se reunieron diversas comisiones del Poder Legislativo y miembros del Poder Judicial de la Federación.

La elaboración del informe y las consultas están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que la proponente tiene razón en exhortar a la misma y a la Secretaría de Gobernación para realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal.

Esta Comisión Considera que el otorgar a la ciudadanía participación en la evaluación efectiva de la protección a los Derechos Humanos y capacidad de respuesta por parte del Gobierno a las demandas sociales en la materia, contribuye a eficientar la capacidad de evaluación de la función pública por parte de la ciudadanía y, con ello, a incrementar la legitimidad de los gobernantes.

El acceso a la información, pero la participación de la ciudadanía en la misma, proporciona también la oportunidad de una más ágil participación de la sociedad civil organizada en el control del poder del Estado.

La garantía del acceso a la información pública gubernamental permite asistir al Gobierno en el perfeccionamiento de las acciones estatales y mejorar el bien común. La difusión pública de los datos de gobierno abre canales para el diálogo y el debate entre éste y la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir realizando las consultas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar los ajustes razonables y necesarios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para realizar los ajustes razonables que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Diputada Paloma Villaseñor Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Diputada proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Las convenciones de Viena, sobre las relaciones diplomáticas y consulares, además del derecho internacional consuetudinario, otorgan extraterritorialidad a los Estados sobre sus representaciones. El Estado Mexicano cuenta con representaciones diplomáticas en 75 países, consulados en 68 ciudades y 3 oficinas de enlace en el exterior.

Los bienes inmuebles que ocupan las representaciones de México en el exterior, deben obedecer el principio de accesibilidad al que se obligó el Estado Mexicano al firmar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 17 de diciembre de 2007.

Con la ratificación de la Convención que realizó el Congreso de la Unión y por lo que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos debe actuar en consecuencia.

En el artículo quinto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se explicita que los Estados Parte promoverán la igualdad mediante la realización de ajustes razonables, pues las barreras físicas que separan a las Personas con Discapacidad del goce de un derecho son, a final de cuentas, barreras que discriminan de facto.

Artículo 5:

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado Mexicano se comprometió a garantizar la accesibilidad.

Artículo 9:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b)…

En su artículo decimoctavo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todas las personas con discapacidad puedan desplazarse con libertad.

Artículo 18:

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:

a) …

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;

Las representaciones de México en el exterior, como cualquier otra oficina gubernamental, son edificios abiertos al público y deben de ser accesibles para las personas con discapacidad, sean visitantes o servidores públicos. Los ajustes razonables deben considerarse como acciones positivas tendientes a eliminar la discriminación.

En este sentido, la Convención es clara y precisa: Las representaciones de México en el exterior deben asegurar que tanto los nacionales como los extranjeros puedan acceder a los servicios que brindan las oficinas, de México en el exterior para que no existan barreras físicas que los separen del goce de libre desplazamiento y sean una causa de discriminación.

De igual manera, los representantes diplomáticos de nuestro país en el exterior deben de tener garantizado su derecho al desplazamiento en el caso de que sufran de algún tipo de discapacidad aunque ésta sea temporal.

La accesibilidad no se limita a la posibilidad de que las personas con movilidad reducida puedan acceder con una silla de ruedas. La accesibilidad debe ser comprendida en un sentido amplio y los ajustes razonables deberán asegurar la accesibilidad mediante las ayudas más generalizadas, como son los anuncios en Braille que facilitan la información de las personas con debilidad visual, explicaciones en lenguajes de señas, accesos para personas con movilidad reducida y las demás que se consideren necesarias por los requerimientos específicos de cada oficina o país.

A los mexicanos que colaboren en el Servicio Exterior Mexicano, y que por motivos de accidente o enfermedad presentaran alguna condición de discapacidad y requieran de algún apoyo, la Convención Sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidad, en su artículo vigesimoséptimo las protege, y obliga al Estado a que tome las medidas y realice los ajustes necesarios que le permitan laborar y continuar con su empleo.

Artículo 27:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a)…

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

j)…

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- Se exhorte de manera respetuosamente al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para realizar los ajustes razonables necesarios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente reconocemos la importancia de generar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por alguna discapacidad, para lo cual la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Los ajustes razonables a los que hace referencia la proposición en comento son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones.

En ese sentido, la accesibilidad se refiere a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte y a los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

Las anteriores medidas tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra persona que no lo sea, en una situación comparable.

II.- La Diputada Villaseñor Vargas centra su proposición en las representaciones de México en el exterior, espacios abiertos al público que deben ser accesibles para nacionales y extranjeros con discapacidad.

Resulta prioritario generar espacios dignos, adecuados y accesibles para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Es así, que debe eliminarse toda barrera física a fin de permitir el libre desplazamiento y un mejor aprovechamiento de los espacios públicos.

Así mismo, la promovente establece que la accesibilidad debe ser comprendida en un sentido amplio, contemplando también los señalamientos correspondientes en Braille que faciliten a las personas con debilidad visual acceder libremente a los servicios que brindan las oficinas de las representaciones de nuestro país en el exterior.

La presente proposición busca beneficiar de igual forma a los mexicanos que colaboren en el Servicio Exterior Mexicano y que por motivos de accidente o enfermedad presenten condición alguna de discapacidad, lo cual se encuentra estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 27 establece que los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo.

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su dignidad humana y a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible o,en su caso, medidas encaminadas a proporcionar la asistencia necesaria.

En virtud de lo anterior, constituye una tarea ineludible del estado mexicano la de reducir la vulnerabilidad que genera una discapacidad.

III.- Los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora, nos pronunciamos a favor de todo esfuerzo tendiente a dar cumplimiento a la legislación federal y local, así como a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano a nivel internacional, en lo relativo a la protección a los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar los ajustes razonables y necesarios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuito, contenidos sobre el fenómeno migratorio.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades que la Constitución le otorga, realice lo conducente con la finalidad de incluir en los libros de texto gratuitos, contenidos sobre el fenómeno migratorio de manera integral, origen, consecuencias, impacto en el progreso de las naciones y derechos fundamentales, tanto de mexicanos en el extranjero como extranjeros en México y jornaleros agrícolas, dando la importancia que merecen los migrantes por su contribución a la historia y al desarrollo nacional e internacional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha26 de junio de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La educación básica contribuye al desarrollo intelectual de las niñas, los niños y los adolescentes durante la primera fase de aprendizaje, por lo que es imprescindible incluir desde el primero de primaria hasta tercer año de secundaria contenidos que permitan entender en fenómeno de la migración como parte del entorno familiar, cultural y social, sus orígenes, desarrollo y consecuencias.

México es reconocido internacionalmente como un país de migrantes. Tiene importantes flujos de emigración, inmigración, transmigración, y retorno de migrantes. En la actualidad más de 12 millones personas mexicanas nacidas en el país se encuentran en el extranjero, y son millones también quienes habiendo nacido en el exterior tienen la misma calidad.

La migración mexicana tiene principalmente las siguientes características:

a. Se presente en la historia de México a partir la anexión del norte de nuestro país a Estados Unidos, desde los Tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848.

b. Es una de las más importantes del mundo, su actividad genera desarrollo para América del Norte. Tanto en México como en Estados Unidos tiene efectos positivos para el progreso binacional.

c. Impulsa la economía estadounidense, principalmente, en la agricultura, la construcción, los servicios y a pesar de ello son víctimas de abusos y tratos discriminatorios y xenofóbicos.

d. Aporta a México ingresos económicos en divisas que fluyen entre el segundo y tercer lugar nacional más importante, después del petróleo y en ocasiones antes del turismo.

e. Impacta en las comunidades de origen o destino y para diversos estudiosos internacionales en la materia es parte de una cultura binacional.

f. Es un fenómeno central al desarrollo del país en su demografía, sociedad, economía, política, y cultura, y por igual, en sus relaciones con los países vecinos del norte y del sur.

Los orígenes de la migración se encuentran en la pobreza de las naciones y en los procesos de exclusión social y económica principalmente, por lo que es recomendable integrar a esas comunidades para orientar su desarrollo, apoyar sus esfuerzos y multiplicar los beneficios, tanto en las comunidades de origen como en las de destino.

El fenómeno, no es propio de México, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, alcanza los 214 millones de personas. Las violaciones a sus derechos son innumerables, tanto en América como en otros continentes. La ausencia de aplicación de los estándares internacionales y del respeto al derecho internacional de los derechos humanos es indeclinable.

Según el Banco Mundial, los principales países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor proporción de emigrantes son México, la India y China. El principal corredor migratorio es el de México-Estados Unidos.

De acuerdo a las quejas que la CNDH ha recibido sobre lo migrantes, los principales derechos vulnerados son la seguridad jurídica, al trato digno, la integridad y seguridad personal, la legalidad y a la libertad. Su situación es poco reconocida por los gobiernos y los propios connacionales en el mismo país del que son originarios.

La migración se presenta en diversas modalidades, como población indígena, de niñas, niños y adolescentes, la cual se ha incrementado en los últimos años, así como de mujeres en la misma tendencia. Afecta al desarrollo social, particularmente al ámbito familiar ya la integración de las familias.

La comprensión del fenómeno de la migración es fundamental para tener conciencia sobre su problemática, para comprender su origen las diferentes modalidades en las que se presenta, así como las diferentes causas que la propician y la importancia sobre promoción y defensa de sus derechos humanos.

Es un fenómeno global que demanda ser atendido como parte del desarrollo de las naciones, desde una visión de integral en lo social, económico, cultural y político. Está presente en las comunidades de origen de la mayoría de entidades federativas del país, donde las niñas, niños y adolescentes se quedan sin padre o madre sin entender esa realidad en que a la vez se convierten en potenciales migrantes, ya sea para el encuentro con sus familias o por la necesidad económica de subsistencia.

En ese orden de ideas, es imprescindible que durante los procesos educativos se establezcan contenidos que permitan la comprensión del fenómeno de la migración como una forma de vida en el contexto de la mundialización del capital o la globalización económica, que en la medida en que se abren las fronteras para el desarrollo y la brecha entre los países pobres y ricos, también se dan flujos de personas en búsqueda de propia supervivencia.

Se debe hacer patente que dicho fenómeno es complejo, porque se trata de un sector de la población vulnerable que representan un potencial de desarrollo regional y que es víctima de riesgos y violación de sus derechos desde el cruce de las fronteras, hasta su internamiento y estancia en los países de destino, por lo que se debe conocer la importancia de la protección de sus derechos.

Ante tal situación es pertinente considerar en los libros de texto gratuitos, aspectos que informen y eduquen sobre el fenómeno de la migración que tiene lugar en México, tanto en el ámbito internacional como interno, es decir sobre los mexicanos en el extranjero como los extranjeros en México y los jornaleros agrícolas. Políticas que permitan la comprensión del fenómeno, la prevención y la importancia de la migración y sus derechos.

Para ello, es necesario el diseño de nuevos contenidos en los libros de texto que corresponden a la educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena y textos en braille para educación especial, sin menoscabo de los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública sobre proyectos especiales en el que se menciona la problemática de la migración.

Como un mero ejercicio de los que se podría hacer, se llama la atención en los de algunos contenidos con una visión basada en el tema de la migración que da como ejemplo, lo siguiente.

1.En el libro Español Lecturas y Español Actividades de 1º de Primaria, podría incorporarse una lectura semejante a la titulada ¿Qué le pasó a María? la cual narraría la historia de una niña migrante. Referencias similares a la migración se harían al tratar, por ejemplo, los temas de Los niños, La familia, La casa, El campo y la ciudad y México nuestro país.

2. En la Lección 21 del libro de Español de 2º grado de Las mariposas monarca se explica cómo emigran las mariposas. De una manera similar se podría explicar qué son los migrantes, de dónde vienen, porque se van las personas al otro lado, cuál es su comunidad de origen y destino y cuándo o por qué no regresan.

3. En la Lección 11, del mismo libro Rescate en el desierto que narra hechos de un accidente aéreo, se podrían narrar hechos sobre la situación de quienes arriesgan su vida en desiertos, canales, ríos y montañas fronterizos de Estados Unidos para buscar trabajo o reunirse con su familia en ese país.

4. En Libros de Texto Gratuitos de 5º grado en el Bloque 5, Los que vivimos en América del libro de Geografía, se explican temas relacionados con la población de América donde podría destacarse la situación de la migración mexicana en Estados Unidos, así como la emigración, inmigración y transmigración en México y la situación de los jornaleros agrícolas como la importancia de los derechos humanos.

5. En la Lección 8, La consolidación del México contemporáneo del libro de Historia de 6º grado se explican la expropiación petrolera y la segunda guerra mundial. Al respecto, sería importante destacar la participación de los migrantes durante la nacionalización del petróleo, así como el inicio y desarrollo del Programa Bracero.

6. En el mismo libro cabrían también contenidos sobre la importante labor desarrollada por organizaciones y personalidades mexicanas en el exterior en la oposición al régimen porfirista y en el inicio y desarrollo de la Revolución y podría darse cuenta del movimiento de las y los mexicanos en el exterior por sus derechos de sufragio y de representación política.

7. Contenidos de similar naturaleza se incorporarían a los Planes y Programas de Estudio de Primero a Tercer Grado del Nivel Secundaria.

Vale la pena mencionar, que tal problemática ha sido demandada por diversas organizaciones de migrantes de varios países, así como de especialistas en materia de migración y defensores de los derechos humanos de las y los migrantes, sus familias y comunidades de origen y de destino.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades que la Constitución le otorga, realice lo conducente con la finalidad de incluir en los libros de texto gratuitos, contenidos sobre el fenómeno migratorio de manera integral, origen, consecuencias, impacto en el progreso de las naciones y derechos fundamentales, tanto de mexicanos en el extranjero como extranjeros en México y jornaleros agrícolas, dando la importancia que merecen los migrantes por su contribución a la historia y al desarrollo nacional e internacional.

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de la Segunda Comisión coincidimos con los argumentos de la legisladora promovente del punto de Acuerdo, bajo el siguiente orden de ideas.

La migración por definición es el cambio del lugar de residencia a otro, donde se considere mejorará su calidad de vida y es un derecho humano al libre tránsito, sin embargo ahora la concepción de la migración se ha alejado de esta concepción y se ha mantenido como un fenómeno en crecimiento producido por una serie de causas como es, la falta de oportunidades laborales, económicas, educativas y de seguridad.

La causa principal de la emigración de los mexicanos, es la falta de oportunidades laborales especialmente en zonas rurales o marginadas; en este contexto, resulta preocupante que este segmento, afectado por la pobreza que padece, agrave su situación de vulnerabilidad, al trasladarse a un país en el que por su condición de estadía es víctima de diversas violaciones a los derechos humanos, recordemos que según el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, se estima que hay 11.5 millones de mexicanos sin papeles residiendo en ese país actualmente.

Además, el fenómeno y flujo migratorio, ha ido en incremento por la necesidad de buscar oportunidades de empleo en los Estados Unidos, ha originado que exista una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas que intentan migrar al país vecino.

Por lo mismo, grupos humanitarios y organizaciones en nuestro país, llevan a cabo acciones humanitarias dirigidas a los migrantes, como son atención médica, distribución de alimentos, ayuda sicológica y asilo en refugios, entre otras acciones que pueda ser más soportable su tránsito por nuestro país, sin embargo, la persistente política de persecución al transmigrante por parte de diversas autoridades, así como la corrupción de funcionarios públicos -principalmente policiales- sin facultades migratorias, han empujado al transmigrante a un espacio de marginación legal en el que es altamente probable que cualquier crimen del que sean víctimas, quede impune.

A mayor abundamiento, debe señalare que diversos reportes oficiales han confirmado que los transmigrantes mexicanos y centroamericanos son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, durante el tránsito por nuestro país hacia la frontera norte. Parte de los delitos que sufren son robo, violaciones sexuales, privación ilegal de la libertad, extorsión, entre otros delitos que denigran la condición humana de los migrantes; aunado a lo anterior, tenemos los graves riesgos a la salud que enfrentan derivados de las rutas que recorren, riesgos que van desde deshidratación, contagio de enfermedades, riesgo de amputaciones de miembros en su viaje por tren y otros que ponen en grave peligro su vida.

Es evidente entonces que a pesar de los esfuerzos de defensores de derechos humanos, la sociedad civil organizada y algunas instituciones públicas; persisten las violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes, estas transgresiones se sufren en su trayecto por la República Mexicana y los abusos de los que son víctimas los migrantes son perpetrados por grupos del crimen organizado, pero también por servidores públicos corruptos de los tres niveles de gobierno.

Cabe señalar que los migrantes sin papeles que radican en el extranjero y se dedican al trabajo agropecuario, son muchas veces tratados inhumanamente, al grado de ser considerados en situación de esclavitud moderna, situación que debe ser proscrita de acuerdo con diversas convenciones internacionales como la Convención sobre la Esclavitud, entre otras convenciones que prohíben este tipo de trabajo.

No solo los migrantes son vejados en nuestro país, también se violentan sus derechos al pisar suelo extranjero por parte de los funcionarios de Inmigración como es el caso de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos o por los patrones donde laboran los migrantes, hasta por grupos civiles que se dedican a la caza de migrantes.

Todo lo anterior violenta los artículos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en su artículo 3º el derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad. Así como también la violación al artículo 13º al circular libremente y a una residencia, conjuntamente al derecho a salir del país de residencia.

Organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, la ONU y ACNUR, exponen que el gobierno debe implementar acciones que fomenten los derechos humanos de los migrantes y se les dé un trato digno, sumándole a que persista una mayor vigilancia con el propósito de proteger el cruce de los migrantes por el interior del país.

Las acciones que implementan dichas organizaciones pro derechos humanos como es el caso de la ACNUR, realiza monitoreos para evaluar la atención humanitaria dentro de los estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde son los estados con mayor flujo migratorio tanto mexicano y el cruce centroamericano.

Los migrantes son una parte fundamental del país, por la razón de que aportan a sus familias parte de sus gratificaciones por su trabajo en diversos sectores económicos, además beneficia al país al realizar los envíos denominados remesas y esto representa una parte fundamental de los ingresos externos al país, pero por las políticas migratorias ha decaído las remesas como fue en el 2012, mil 901 millones de dólares fue el total de remesas, lo que significó una caída del 6.4 por ciento.

II.- Las consideraciones anteriores describieron grosso modo el contexto del fenómeno migratorio y las principales vejaciones que son víctimas los migrantes tanto nacionales como centroamericanos, además de las acciones de organizaciones que tratan de dignificar el trato a los migrantes en sus derechos humanos. Ahora bien en estas consideraciones se describirá la importancia de la actualización de los libros de Texto Gratuito en el tema de la migración.

De acuerdo con la exposición de motivos de la legisladora, plantea que la educación fomenta el desarrollo intelectual de la población infantil y de adolescentes, y un apoyo para dicho desarrollo son los libros de texto gratuito; en concordancia, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) exponen que los libros son un apoyo didáctico fundado en los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad.

Ahora bien, según declaraciones del director de la Conaliteg, la actualización de los libros de texto gratuito es de suma relevancia ante el contexto histórico que se está desarrollando el país y es distinto por ejemplo, al de cinco décadas atrás.

La velocidad con que se actualizan las nuevas tecnologías ocurre que la población infantil y juvenil tienen un acceso más rápido, y con esta justificación deben tener dicha actualización los libros de texto gratuito con el objetivo de que estén a la altura de las nuevas tecnologías.

Ahora los libros de Historia, Geografía, Español e Integrado a nivel primaria, así como también los libros a nivel secundaria, deben tener las actualizaciones en el tema del fenómeno migratorio, porque es un tema que ha cobrado relevancia por las cifras del flujo, las vejaciones, y los tratos inhumanos a los que son objeto los migrantes mexicanos y centroamericanos.

Igualmente la actualización de los libros en educación primaria y secundaria en el tema migratorio, deben tocar los temas de la importancia en la economía nacional de las aportaciones que hacen las personas migrantes legales como ilegales en las remesas, así como también en el contexto social, cultural y político, además de los tratos a los que son objetos por parte de los agentes migratorios donde radican los connacionales.

Otra de las justificaciones por las cuales deben actualizarse los libros de texto gratuito, es que los jóvenes tengan conocimiento de la migración, primero como un derecho humano y los cambios vertiginosos que ha tenido dicho tema, en las violaciones a las personas migrantes, el trato inhumano de grupos criminales, así como también de dependencias municipales, estatales y federales.

Dichas actualizaciones a los libros, debe ir orientada a los principios didácticos y pedagógicos, con el propósito de ser comprensible el tema migratorio a la población infantil y juvenil que cursa a nivel primaria y secundaria. Es necesario sensibilizar a las nuevas generaciones respecto de este fenómeno, promoviendo una cultura de tolerancia y recordando el hermanamiento de México con los pueblos latinoamericanos.

Los reajustes a los libros de texto gratuito les facilitará de forma práctica a los profesores, explicar, los procesos históricos coyunturales que se desarrollan en nuestro país, además dichos procesos son complejos en esencia como es el caso de la migración.

El tocar el tema de la migración en los libros de educación, podrá explicar como se desarrolla la migración, sus causas y los derechos que tienen las personas que migran, además se fomenta el valor de los derechos humanos y el valor del respeto, la tolerancia, y la libertad entre otros.

III.- Con lo anterior se comprende la importancia de la actualización de los libros de texto gratuito, con el fin de brindar una educación de calidad, además apegados a los fundamentos con los que fueron creados dichos textos hace cinco décadas.

Además debe ser de relevancia la actualización en el tema de la migración por su importancia e impacto que tiene el fenómeno a nivel nacional e internacional, principalmente por los factores con el que se desarrolla la migración y sus consecuencias.

Por otra parte el tocar el tema de la migración, en los libros de educación primaria y secundaria, debe ser tratado y analizado por los expertos en pedagogía, en educación básica y demás personas dedicadas a la educación, con el fin de que el tema sea comprendido por los alumnos de educación básica con ejemplos claros que les den al alumnado el panorama de la migración.

Como ya se explicó, el actualizar los libros de texto gratuito en temas actuales, permite que puedan estar a la altura de las nuevas tecnologías que la población infantil y juvenil tienen acceso, por la rapidez con que ofrece el internet y aparatos de esta índole.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. titular de la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, incluya en los libros de texto gratuitos, contenidos sobre el fenómeno migratorio de manera integral; abordando origen, consecuencias, impacto en el progreso de las naciones y derechos fundamentales, tanto de mexicanos en el extranjero como extranjeros en México y jornaleros agrícolas, dando la importancia que merecen los migrantes por su contribución a la historia y al desarrollo nacional e internacional.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas y de los municipios a llevar a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del crimen organizado.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales para que en forma coordinada, tomen las medidas necesarias y urgentes para proteger a los alumnos de todos los niveles educativos contra ataques de los grupos del crimen organizado.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, el Diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El prevenir toda agresión, en tutela de los derechos humanos, es la mejor forma de hacerlos realidad.

El pasado 19 de junio, un grupo armado disparó contra un jardín de niños de nombre “Colegio Henri Wallon” en la colonia Prohogar, del municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos; ataque que tuvo lugar alrededor de las 12:20 horas, precisamente cuando era la salida de los infantes. Resultando tres personas heridas: una niña de 4 años, una madre de familia y un agente de tránsito. Se logró detener a dos de los atacantes: los jóvenes Miguel Albarrán de 20 años y Juan Carlos Aranda de 24 años.

En oposición a estos hechos, la Ley General de Educación en su artículo 7º. señala:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

“VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus  manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

“XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo…”

Es evidente, que estas fracciones de la Ley General de Educación, se violan abiertamente en el ataque artero que tuvo lugar en Morelos, en el momento en que apenas los profesores estaban haciendo entrega  de los menores a los padres.

Indignantemente, no es la primera vez que esto sucede en el país, recordemos un hecho anterior: El 27 de mayo del 2010 en Reynosa Tamaulipas, según lo denunciaron estudiantes y maestros, un grupo de desconocidos disparó desde un helicóptero las instalaciones de la escuela secundaria federal número 4, Ingeniero Marte R. Gómez, hiriendo en la pierna a una alumna de primer grado.

La primera obligación de los gobiernos federal y locales, es proteger a los educandos contra todo tipo de violencia, pero no sólo la que provenga de la comunidad escolar, sino del crimen organizado. Esto debe ser elemento básico para alcanzar una verdadera calidad educativa; ya que la violencia acaba afectando no sólo con heridas físicas, sino psicológicas.

Por tanto, urge tomar las medidas necesarias para brindar en las escuelas, plena seguridad a los educandos; igual a los maestros y padres de familia. Tutela que debe extenderse a todos los niveles, desde preescolar a las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas.

Igualmente, debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos. Ya que en ambos casos; a las pocas horas las autoridades estaban dando otra versión diversa a la proporcionada por los testigos directos. Si se busca la verdad, se encontrarán verdaderas soluciones. Esto permitirá atacar este problema de raíz, antes de que tengamos que lamentarnos de hechos aún más dolorosos.

En reforzamiento de lo dicho, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su artículo 11, como obligación de las madres, padres y toda persona que los tenga a su cuidado, el protegerlos de toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo mismo señala en esencia, el Convenio sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º.

Finalmente, en la agresión a este Kinder del Estado de Morelos, destacamos la participación de jóvenes, como en la mayoría de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, a quienes, como suele suceder, se les ha negado los valores materiales e inmateriales necesarios para su desarrollo. Lo cual, es otra llamada de atención, a las autoridades y a la sociedad civil.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO. La Comisión Permanente, exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales, para que en forma coordinada, tomen las medidas necesarias para tutelar a las escuelas y a los miembros de la comunidad escolar, comenzando por los alumnos, de todos los niveles educativos, es decir, desde preescolar  hasta la educación superior, contra ataques de los grupos del crimen organizado”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la preocupación externada por el proponente en relación con diversos hechos de violencia que se han registrado en inmediaciones de planteles escolares en diversas partes del territorio nacional, poniendo en riesgo la vida de estudiantes de todos los niveles educativos, así como familiares y personal docente.

Tal y como se señala en la proposición de mérito, la balacera ocurrida el pasado 19 de junio a las afueras del jardín de niñosColegio Henri Wallon, en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, en el que resultaron heridos una niña de 4 años, una madre de familia y un agente de tránsito, no es un hecho aislado, por lo que resulta de gran urgencia tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de incidentes.

Vale la pena recordar otros hechos similares de los que se ha dado cuenta en los últimos años:

El 27 de mayo de 2011, se suscitó una balacera en las inmediaciones del jardín de niños Alfonso Reyes al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, suceso que tuvo una gran difusión en los medios de comunicación debido a una videograbación en la que se muestra a la maestra Martha Ivette Rivera Alanís tranquilizando a 16 niños al cantarles melodías infantiles mientras ocurría el enfrentamiento.

El 12 de junio de 2012, se registró una balacera entre presuntos sicarios y elementos de la policía municipal en la colonia Las Águilas, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a unos cuantos metros de un jardín de niños en el que se encontraban más de un centenar de infantes que tuvieron que ser desalojados.

El 11 de enero de 2013 tuvo lugar un enfrentamiento armado entre grupos de delincuentes frente a la escuela primaria Patricio Araujo, en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez.

El pasado 22 de enero de 2013 se reportaron diversas balaceras en la ciudad de Saltillo, Coahuila, destacando una en las inmediaciones de la escuela Benito Juárez en la colonia Europa de esa ciudad, que provocó una especial movilización policial para salvaguardar a la comunidad escolar.

El 23 de enero de 2013 se registró una balacera a un costado de la escuela primaria Francisco J. Mujica en el municipio de Armería, Colima.

Apenas el pasado 26 de junio se registró una balacera entre militares y sicarios en el estacionamiento de la Secundaria número 4, Marte R. Gómez, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de los que han dado cuenta diversos medios de comunicación. Es evidente que la cantidad de eventos de esta naturaleza que se han registrado, debe ser motivo de preocupación tanto para los ciudadanos como para autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno.

II.- El autor de la proposición considera que este tipo de eventos violan los fines de la educación establecidos en la Ley General de Educación en su artículo 7°, particularmente los establecidos en sus fracciones VI y XVI, que a la letra señalan:

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus  manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;”.

“XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo…”

Asimismo considera que proteger a los educandos contra todo tipo de violencia, es una obligación tanto del gobierno federal como de los locales.

En ese orden de ideas, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con el proponente en la responsabilidad de las autoridades federales, locales y municipales de garantizar la seguridad de las personas, tal y como lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su noveno párrafo establece: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

De igual manera, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por su parte el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece textualmente: “La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Así también el artículo 7 del mismo ordenamiento establece la obligación de las instituciones de seguridad pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, de coordinarse para distintos fines, entre los que destacan los contenidos en las fracciones III y X que a la letra señalan:

“III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;”

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;”.

III.- Con base en las anteriores disposiciones, esta Comisión dictaminadora estima que la considerable cantidad de enfrentamientos que se han registrado en los últimos años cerca de planteles educativos hacen necesaria la implementación de medidas preventivas de manera coordinada entre todos los niveles de gobierno, no solamente con el objetivo de evitar este tipo de sucesos, sino también el de salvaguardar la integridad y la vida de personas, que como ya se señaló, constituye uno de los principales fines de la seguridad pública.

Por tal motivo estiman procedente la aprobación de la proposición de mérito, sin que para ello sea obstáculo que en algunas entidades y municipios de Colima, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas ente otras, se hayan llevado a cabo acciones como simulacros, distribución de folletos y capacitación a directores de escuelas, sobre la manera en que deben actuar en caso de enfrentamientos armados.

Tal criterio se sustenta en que las anteriores acciones han sido efectuadas en su mayoría de manera unilateral, principalmente por autoridades municipales, por lo que esta Comisión dictaminadora estima necesaria la participación de los tres niveles de gobierno de manera coordinada, máxime teniendo en consideración las difíciles circunstancias que varias entidades y municipios del país enfrentan en materia de seguridad pública, así como la creciente cantidad de enfrentamientos armados en inmediaciones de planteles educativos que se han registrado en años recientes.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las Entidades Federativas y de los Municipios, para que en forma coordinada, lleven a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del crimen organizado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a difundir con amplitud la Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad" para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular extienda la Campaña de Registro Universal, Oportuna y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Senadora Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) titulado “Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009”, las tres barreras principales que impiden el registro de nacimiento son de tipo cultural, geográfico y sobre todo económico. Se observa que en México la ausencia de registro de nacimiento afecta en mayor medida a los niños y niñas que pertenecen a la población más pobre y marginada: niños y niñas indígenas; migrantes o hijos e hijas de migrantes; a los que viven en áreas rurales, zonas remotas o fronterizas, entre otros.

Las barreras económicas, directamente vinculadas con los costos de los trámites contribuyen y aumentan no sólo las desigualdades sociales que desembocan en la inequidad de circunstancias propicias para garantizar la identidad jurídica de los menores y con ello el derecho humano de la identidad.

México ha ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección de este derecho humano del registro de nacimiento, a saber: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Nuestro país cuenta también con La Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, ordenamiento legal que en su artículo 22 reconoce al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad.

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos”.

A pesar de la existencia de estas disposiciones de orden legal, en la República Mexicana existen 32 millones de mexicanos que cuentan con menos de 14 años de edad y uno de cada cinco no es registrado durante el primer año de vida ante el Registro Civil.

Con el propósito de remediar esta situación, el 21 de abril de 2013, a través de un convenio que firmaron tanto la directora del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sra. Angélica Rivera y el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, se puso en marcha la “Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad”.

Esta Campaña es universal en el sentido de asegurar la cobertura a todos los niños y niñas en el territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, condición económica, origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus padres. Es oportuna porque se pone en práctica para que el nacimiento se lleve a cabo ante el registro civil inmediatamente después del nacimiento. Finalmente, es gratuita porque en dicho trámite se eliminará el cobro de cualquier pago por el registro de nacimiento.

La meta que el actual Secretario de Gobernación ha establecido para esta campaña consiste en alcanzar el registro universal de nacimientos antes de 2015, fecha que la mayor parte de países de América Latina y El Caribe también se ha propuesto conseguir.

Si bien es cierto que lograr este objetivo significará un gran avance respecto al hecho de proporcionar a todo mexicano una constancia oficial sobre su existencia, que los dota de identidad y que les permite establecer y ejercer vínculos familiares, culturales y nacionales, la campaña no estará completa hasta que no se incluya a los numerosos mexicanos y a los hijos de mexicanos nacidos en otros países. La situación que estamos aludiendo no es menor si se considera que de acuerdo a información proporcionada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en 2012 se contabilizaron 12 178 173 millones de mexicanos fuera del paísde los cuales, el 99.93% radica en Estados Unidos de América.

Si para un mexicano que no ha salido del país, el hecho de no tener un acta de nacimiento implica que no existe o que es invisible; para un número creciente de mexicanos en retorno, en especial los menores de edad identificados como 7 de cada 100 repatriados, no contar con un acta de nacimiento les multiplica la problemática porque además estamos considerando que muchos de esos niños/adolescentes estarían imposibilitados para asistir a la escuela o buscar un trabajo en el país.

De acuerdo con el estudio demográfico que lleva por nombre “Niños y Adolescentes migrantes en México” realizado en 2010 por el INEGI, se señala que entre 2003 y 2010, 286 015 menores de edad (de 5 a 17 años) fueron repatriados a México provenientes de EEUU. Se estima que alrededor de 676 mil hogares cuentan con al menos un migrante reciente interno o internacional. Sólo en 2010 fueron repatriados, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), más de 20 mil eventos.Es probable que la llegada de esta población haya engrosado las filas de todos aquéllos mexicanos que no cuentan con documentación. Consideramos que una forma de contribuir a lograr la meta señalada por el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, pudiera consistir en extender la “Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad”, que actualmente se ejecuta en el territorio nacional, a la red consular mexicana.

Tomando en consideración que la principal función de las misiones de México en el extranjero es velar por el interés nacional y por la protección de los mexicanos que se ubican bajo su circunscripción, resulta indispensable que el derecho de la identidad promovido en la citada Campaña, se resguarde a través del registro de hijos de padres mexicanos en el exterior tal como lo mandatan las disposiciones contenidas en las fracciones II y III del inciso A) del artículo 30° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que son mexicanos por nacimiento:

“II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

“III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización”.

La instancia indicada para extender la Campaña fuera del territorio nacional, es la red consular, ya que entre sus funciones se encuentra la de registro civil. Lo que estamos proponiendo es que se lleve a cabo con las mismas características con las que opera en estos momentos, es decir, que sea universal, oportuna y gratuita para el registro de los hijos menores de los mexicanos residentes en el exterior.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el total de los actos de registro civil para el caso de nacimientos alcanzó durante el año de 2012, la cifra de 44 394 sólo en el caso de los consulados de México en Estados Unidos de América. Si bien es cierto que esa cifra es importante, debemos precisar que hay casos en los que el registro de nacimientos en consulados es mucho más activo en algunos (Nueva York, Raleigh, Atlanta) que en otros (Kansas City, Brownsville, Caléxico) y ello puede deberse en gran medida, tanto a la falta de difusión que se haga de este trámite como a los requisitos que se solicitan.

Respecto a los trámites, se observa que uno de los requisitos que muchos consulados en Estados Unidos de América solicita es el Acta de Nacimiento Original Estadounidense del menor que vaya a registrarse como mexicano en el consulado. El problema no consiste en solicitar el citado documento, sino en que éste es retenido. Consideramos que este hecho puede ser un obstáculo que desincentiva la efectividad del registro de nacimientos en algunas representaciones mexicanas en el exterior, razón por la que sugerimos flexibilizar dicho requisito a efectos de que la gestión pueda consistir simplemente en requerir el acta para efectos de cotejar datos y devolverla al o a los interesados. Consideramos que también se puede valorar disminuir los requisitos de documentos a efectos de que la matrícula consular de los padres sea suficiente para llevar a cabo el trámite sin exigir el acta de nacimiento de éstos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular difunda con amplitud la Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

SEGUNDO. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las áreas correspondientes, valore la posibilidad de homologar los requisitos que se demandan en los consulados mexicanos para el registro de nacimiento de los hijos de los mexicanos nacidos en el exterior; y que se considere la posibilidad de evitar la retención del acta de nacimiento original de los mexicanos nacidos fuera del territorio nacional, a efectos de motivar un mayor número de registro de nacimientos.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la necesidadampliar la Campaña para el Registro Único Oportuno y Gratuito, extendiéndola a la Red Consular que opera en el extranjero para dar cobertura y hacer efectivo el derecho a la identidad de los mexicanos que nacen en el extranjero.

II.- A nivel internacional el derecho a la identidad está reconocido en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual indica que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8 de dicha Convención manifiesta que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares (…)”.

En México, el Derecho a la Identidad está reconocido en el Artículo 22 de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual implica;

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se reportan cuatro nacimientos cada minuto en el país, de estos, uno de cada cinco bebés no son registrados al momento de nacer y en su mayoría es población indígena que vive en zonas rurales (dato del representante de la UNICEF en México). En la mayor parte de los casos lo que impide el registro es el costo que tienen los tramites, mismo que no todos pueden cubrir.

El gobierno Federal a través del DIF puso en marcha la Campaña para el Registro Único, Oportuno y Gratuito como una medida para asegurar el derecho a la identidad, dicha campaña tiene como objetivo brindar nombre, nacionalidad y vinculación cultural a todos los niños y niñas mexicanos, se busca que todos los niños sean registrados y que la expedición del documento sea gratuito a nivel nacional. La meta es alcanzar un registro universal para el año 2015.

Sin embargo, como menciona la proponente, es indispensable incluir a la numerosa población mexicana que nace en otros países, principalmente en Estados Unidos; según cifras del 2011 residían 11.7 millones de mexicanos en dicho país, lo cual representa el 4% de la población estadounidense.

Es fundamental asegurar que a los niños mexicanos se les reconozca y haga efectivo su derecho a la identidad, el registro civil es la base para que las personas accedan a los demás derechos además de que es la base para la obtención de datos demográficos y por lo tanto el diseño de políticas públicas estratégicas.

La Constitución determina que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización, por lo que las personas que nacen en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional son considerados ciudadanos mexicanos y por ello gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección (artículo 1 de la CPEUM).

Actualmente los requisitos para obtener un acta de nacimiento en Estados Unidos son:

1. Acta de Nacimiento del menor: Los menores que NO nacieron en los Estados Unidos de América, deberán presentar el acta de nacimiento apostillada por la Secretaria de Estado correspondiente al país de nacimiento.

2. Comprobar la nacionalidad de ambos padres: Presentar original o copia certificada del comprobante de nacionalidad mexicana de uno o ambos padres: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, pasaporte mexicano o matrícula consular de alta seguridad.

3. Una identificación oficial vigente de cada padre: Pasaporte, Matrícula consular, Credencial de elector, Licencia de conducir mexicana.

4. Acta de Matrimonio (si están casados)

5. Dos testigos mayores de edad y deben de tener identificación oficial vigente: Pasaporte, Matrícula consular, Credencial de elector, Licencia de conducir.

Los requisitos para obtener el acta de nacimiento mexicana varía según el consulado, lo cual complica los procedimientos para su expedición y hace que se reduzca el número de solicitudes, por ello se solicita simplificar y homologar los requisitos que se demandan en los consulados mexicanos para el registro de nacimiento de los hijos de los mexicanos nacidos en el exterior.

Para hacer efectivos los derechos de todos los mexicanos, coincidimos con la necesidad de flexibilizar el proceso para poder obtener el acta de nacimiento en el extranjero. La figura responsable de llevar a cabo dichos procesos es la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la red consular que opera en el extranjero, por ello es necesario ampliar la Campaña para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de nacimientos de menores de edad y a la par hacer campañas de difusión ya que la información es fundamental para aumentar el número de registros de dicha población.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con la ampliación de la Campaña para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito para cumplir con el objetivo de proporcionar a todo mexicano una constancia oficial sobre su existencia, lo cual hace efectivo el derecho a la identidad. Reiterando la necesidad de cubrir a los mexicanos que nacen en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular difunda con amplitud la “Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad” para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

SEGUNDO. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las áreas correspondientes, valore la posibilidad de homologar los requisitos que se demandan en los consulados mexicanos para el registro de los hijos de los mexicanos nacidos en el exterior; y que se considere la posibilidad de evitar la retención de la correspondiente acta original, a los mexicanos nacidos fuera del territorio nacional, a efectos de motivar un mayor número de registros.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a enviar al Senado de la República, para su ratificación, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Disponible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacimiento(1).pdf, consultado el 10 de junio de 2013.

Ver “Principales legislaciones de migración de Europa y América”, Boletín de Temas Globales, número 2, Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, Senado de la República., junio 2013, p. 23

“Niños y Adolescentes migrantes en México” INEGI, 2010

“Ibid”

Datos del consulado General de México en Boston.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores agilice los trámites relativos a la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los jóvenes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en su exposición de motivos lo siguiente:

Los jóvenes han sido históricamente un sector poblacional que carece de una protección jurídica propia. A pesar de los factores sociales, físicos y de identidad de un período de la vida natural del ser humano, haciéndolos vulnerables a injusticias y practicas poco claras. Es en la juventuddonde se forma y consolida la personalidad, los conocimientos, la seguridad y la proyección del futuro de una sociedad.

Durante el ForoMundial de Juventud del Sistema de NacionesUnidas en 1998, celebrado en Braga, Portugal, las instituciones públicas del mundo participantes, estimularon y respaldaron un Plan de Acción para apoyar el intercambio bilateral, subregional, regional e internacional de las mejores prácticas, para la formulación, implementación y evaluación de políticas de juventud.

La OIJ es un organismo internacional de naturaleza multi-gubernamental que congrega a los ministerios de juventud de 21 países de América Latina y Europa, donde se encuentran. Esta organización representa a cerca de150 millones de jóvenes, el 25 por ciento de la población total en la región.

Además de las autoridades nacionales en la materia, enla OIJ participa la Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ONU-Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Así como instituciones como el Mercosur, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Argentina, entre otras.

La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) hizo lo propio impulsando “La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes” que tiene como principal objetivo la inclusión e integración de las juventudes, a través de políticas públicas de juventud. La organización propone un abordaje integral de ese grupo etario, desde un enfoque intersectorial y transversal: concebimos a las personas jóvenes como actores estratégicos del desarrollo y, como una oportunidad demográfica con claras implicancias que se proyectan en la economía, la cultura, el desarrollo social y la política.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes se celebró el 11 de octubre del 2005 en la ciudad de Badajoz, España, que entro en vigencia el 1 de marzo de 2008. Busca ser un instrumento jurídico internacional que se compromete al otorgamiento de garantías suscritas al amparo de los principios, normas y preceptos del derecho internacional en materia de derechos Humanos por parte de los Estados firmantes para sus habitantes jóvenes.

La Convención está integrada por 44 artículos donde se rigen primariamente el Derecho a la paz, se define el Principio de no-discriminación, se hace énfasis enla igualdad de género y se da el Protagonismo a la familia. Dentro de este conjunto normativo la Convención busca consolidar garantías civiles y Políticas y considera también Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo anterior La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el primer tratado internacional en vigor que reconoce específicamente los derechos de las personas de dicho sector poblacional, y está sirviendo como referente para los procesos similares adelantados en otras regiones del mundo.

La Convenciónya ha sido ratificada por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia; los Países que firmaron y están en proceso de ratificación son Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. Y en contraste los Países que aún no han firmado Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Andorra y Brasil.

LaOIJ coloca a nuestro país en una etapa avanzada de la transición demográfica. México experimentó una tasa elevada de fecundidad hasta mediados de los años sesenta, que ha descendido en los últimos 40 años hasta llegar a un nivel cercano al promedio de reemplazo.

En este proceso México es reconocido porla comunidad Iberoamericana por ser de los países que ha mostrado un buen desempeño con el trabajo relacionado con jóvenes, muestra de ello es que se cuenta con instituciones especializadas en esta materia en el ámbito local y federal, como lo es el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), órgano descentralizado de la administración pública, y referente obligado para conocer los trabajos que se han realizado a favor de los jóvenes.

México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005, sin embargo, aún no ha sido ratificada por el Senado de la República. La ratificación del tratado representa un avance del Estado mexicano con el sector poblacional más numeroso, con mayores demandas y necesidades, así como el sector más activo y propositivo.

Por lo anterior, esta Legislatura ha hecho exhortos sobre el tema en ambas cámaras. La Cámara de Diputados el 2 de abril del año en curso aprobó un acuerdo de urgente y obvia resolución, solicitando respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores remitiera al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. De igual forma el 30 de abril del presente año, el Senado de la república aprobó exhortar a que instruyera a la misma Secretaria a remitir el memorándum de antecedentes relativo a la convención.

Es de destacar que el 28 de enero de 2013 en Madrid el secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud Alejo Ramírez, anunció que Veracruz en fecha de próxima definición, será sede de la Cumbre Iberoamericana de Jóvenes Líderes 2013. Manifestando que en esta cumbre se darán cita delegados de los 21 países que la conforman. En este evento se discutirá la agenda de la juventud de la región, buscando precisar nuevas políticas públicas y nuevos esfuerzos de los estados. En consecuencia, durante el año 2014, Veracruz sería distinguido con el título denominado “Capital Iberoamericana de la Juventud” contemplando diversas actividades culturales, sociales, políticas y de formación.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores se agilicen los trámites relativos a la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes por el Senado de la República, para efectos de someterlo a la aprobación contemplada en la fracción X del artículo 89 y I artículo 76 de lade la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito sobre la conveniencia de solicitar respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se agilicen los trámites para la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes por el Senado de la República, de conformidad con lo expresado en anteriores ocasiones al respecto.

La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es el primer tratado internacional de carácter vinculante en materia de derechos humanos referente al reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos. Fue firmada por los ministros de Juventud de 18 Estados de la región en octubre de 2005; y entró en vigor en mayo de 2008; tras la ratificación de cinco estados en su momento.

Como se menciona en la publicación “Son derechos antes de ser derecho” elaborado por la Asociación Civil de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, en el caso específico de México, la Ley de juventud del orden federal, es de carácter administrativo, por lo que sólo se centra en la regulación del quehacer del órgano responsable de la coordinación de políticas públicas para la juventud. Lo que significa que se trate de una Ley que no reconoce derechos específicos de la juventud, y tampoco prevé mecanismos específicos para su concreción.

Los Derechos Humanos son ante todo una exigencia ética que responden a las necesidades más fundamentales del ser humano, las cuales al ser reconocidas por los Estados se vuelven exigibles, de ahí la importancia de la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

II.- Esta Dictaminadora considera las acciones encaminadas fortalecer el trabajo con los jóvenes en general, y en particular para el reconocimiento de sus derechos como una tarea impostergable y que por ende requiere ser atendida a la brevedad.

El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo menciona que la desocupación en México se concentra en los jóvenes, ya que el 53% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años, siendo su tasa de desocupación de 7.9%. En el cuarto trimestre de 2012, el desempleo juvenil (15 a 24 años) en España era de 55.8% y en Estados Unidos de 16.0%.

El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos.

En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, que significa una cobertura 66.3%. Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior. La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2%.

Del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres.

La situación de la juventud en nuestro país cuenta con características propias, de conformidad con los resultados de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, el 43% de los jóvenes estudia o estudió la secundaria y 28.2 la preparatoria, en tanto que sólo para 10.5% de los estudiantes, su nivel académico máximo de estudios es el profesional y las carreras técnicas son la ruta seguida por 7%.

En dicha encuesta 4 de cada diez encuestados mencionó que durante la semana pasado trabajó para sostener a la familia o cubrir alguno de sus propios gastos, al menos una hora o un día. El 46.7% afirmó que ganó de $1821 a $5460 el mes anterior a la encuesta. De los que contestaron no haber trabajado la semana anterior a la entrevista, 20.8% reportaron dedicarse a los quehaceres del hogar y 64.3% ser estudiantes.

Al ser los jóvenes un sector muy relevante en nuestro país, donde según el Instituto Mexicano de la Juventud, en México existen 36.2 millones de jóvenes, es decir, casi uno de cada 3 mexicanos es joven, resulta fundamental elaborar políticas públicas que permitan su adecuada inserción social, sin descuidar las necesidades que como individuos mantienen.

III.- La Segunda Comisión reitera su voluntad por impulsar los esfuerzos para lograr una integración total de la juventud al marco social que contiene derechos y obligaciones, así como para coadyuvar para avanzar con de los instrumentos internacionales que ya habiendo sido suscritos por nuestro país, estén en proceso de ratificación, en particular de un sector tan importante como lo es la juventud mexicana.

Es así que se considera relevante desarrollar acciones y tomar las medidas correspondientes para avanzar en la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para efectos de someterlo a la aprobación contemplada en la Constitución Política de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, y coincidiendo en el sentido expresado anteriormente en los exhortos sobre el tema aprobados el 2 de abril de 2013 en la Cámara de Diputados, y el 30 de abril del presente año, en el Senado de la República, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíe al Senado de la República, para su ratificación, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promulgar el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la expedición del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“La existencia de espacios físicos que apoyen el aprendizaje en las escuelas es importante, pero también lo son las condiciones físicas en que se encuentran las instalaciones escolares.

La escuela es un espacio fundamental de socialización donde los estudiantes pasan buena parte del tiempo entre semana, por lo que es necesario contar con espacios que les den la posibilidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas, sociales y emotivas.

Del mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar, depende en parte la existencia de espacios seguros y confortables para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar en mejores condiciones.

Sin embargo, la situación del mantenimiento y conservación de las instalaciones escolares de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del país, refleja que existe un número importante de centros escolares que requieren atención urgente. Por ello, resulta importante realizar un inventario sobre las necesidades reales de cada plantel, para saber en cuáles se requieren pisos o techos de concreto, ventanas, alumbrado, interconexión, baños y hasta electricidad.

Si queremos elevar la calidad de la educación en México, es importante contar con el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así como definir los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa que responda a la necesidad de la infraestructura física educativa; es decir, aquellos muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares, así como los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación destinados al servicio del Sistema Educativo Nacional.

El artículo 7 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado, con base en lo establecido en el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, las leyes estatales de educación y del Distrito Federal, el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial, los programas educativos en las entidades federativas y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional, con el propósito de que las autoridades en la materia promuevan la participación del sector social y privado para optimizar y elevar la calidad de la infraestructura física educativa, en los términos que señalan esta Ley y su reglamento.

Sin embargo, y a pesar de que la Ley General de la Infraestructura Física Educativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008, es decir hace más de 5 años, no existe un reglamento de este ordenamiento jurídico que permita que el Sistema Educativo Nacional cuente con políticas públicas y fondos específicos para la mejora física y el equipamiento de las escuelas públicas, así como una adecuada certificación de la calidad de la infraestructura física educativa en materia de muebles, inmuebles, servicios e instalaciones.

Como vemos, estamos ante un panorama donde no existe regulación ya que no existen lineamientos a partir de una verdadera política nacional que nos ayude a mejorar la calidad de la infraestructura de las escuelas de educación básica. El problema se agravará si tomamos en cuenta la reforma constitucional de febrero de 2012, que plantea la obligatoriedad del Estado de brindar educación media superior de manera gradual para tener una cobertura universal en el año 2021 y que necesariamente multiplicará el número de planteles escolares en los próximos años.

La falta de un programa nacional de calidad y mejoramiento de las escuelas como una política de Estado, el bajo nivel de gasto en inversión educativa, aunado a una restrictiva estructura de financiamiento, hacen que ciertas áreas importantes del quehacer educativo tales como infraestructura y equipamiento de las escuelas se encuentren desatendidas.

Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, casi una cuarta parte de las escuelas en México tiene problemas importantes de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Más del 75% de las escuelas primarias en México carecen de salón de cómputo y biblioteca, menos del 5% de las escuelas en las zonas rurales e indígenas cuentan con dichas instalaciones y en más del 15% de las escuelas rurales, el profesor no tiene un lugar en donde sentarse.

Asimismo de acuerdo a información dada a conocer por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), cerca de 35 mil escuelas de educación básica del país carecen de sanitarios, barda perimetral o salones alumbrados con espacio y ventilación.

Los espacios físicos, el equipamiento y mantenimiento con que cuentan las escuelas de nivel básico y medio superior, deben ser considerados elementos fundamentales para poder elevar la calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo en su conjunto.

Las grandes diferencias en las condiciones físicas de la infraestructura escolar en la República Mexicana, sobre todo en aquellos estados con mayor pobreza tales como: Guerrero, Chiapas y Oaxaca, afecta notablemente las condiciones y calidad del aprendizaje de los alumnos, además de profundizar la brecha del rendimiento escolar que perpetúa la desigualdad social en nuestro país.

Por ello, es fundamental definir metas de mantenimiento y calidad de la infraestructura educativa, con el objetivo de reducir las desigualdades dentro del sistema educativo y generar condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea que para mejorar el desempeño de los estudiantes, un punto clave es poner la infraestructura y el equipamiento de las escuelas en el centro del diseño de las políticas educativas.

Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el Programa Infraestructura Educativa, Inversión de Futuro 2009, en el cual se contemplaban recursos federales por 8 mil millones de pesos, que representaba una inversión histórica para este sector. Sin embargo hasta hoy, no existe una rendición de cuentas sobre los recursos destinados y los beneficios obtenidos.

Dicho programa careció de reglas claras de operación ya que nunca se conoció qué monto se invertiría en cada escuela, cómo participarían las entidades federativas con menores recursos y un mayor rezago de infraestructura y, menos aún, qué porcentaje de los recursos federales se destinaría al mantenimiento de la infraestructura que es un objetivo central para garantizar que el deterioro que hoy prevalece en muchas escuelas del país se resuelva.

Es momento de que el Estado mexicano se fije el propósito de brindar mejores condiciones de infraestructura en las escuelas como un compromiso de justicia social para mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Una infraestructura escolar adecuada puede influir de manera muy positiva en la sensación de seguridad de los alumnos, elevar su autoestima, potenciar su aprendizaje y estimular el deseo de permanecer dentro del sistema educativo.

En este sentido, las autoridades federales, estatales y municipales, tienen la obligación de garantizar que los planteles sean lugares dignos para el desarrollo de las actividades académicas.

De ahí la necesidad de implementar una política nacional de mejora en las escuelas, donde se destinen recursos desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para este propósito, al tiempo de incluir reglas de operación que nos permitan definir metas medibles con la idea de que todos los órdenes de gobierno cumplan con sus responsabilidades. México requiere que los planteles escolares de educación básica y media superior cuenten con una infraestructura e instalaciones adecuadas que les permitan brindar mejores condiciones para el proceso virtuoso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo tanto, consideramos pertinente la solicitud propuesta en este Punto de Acuerdo, para que el Ejecutivo Federal expida el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, así como para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), defina los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa, a fin de responder a la necesidad de la infraestructura de los planteles escolares en el país, y como condición necesaria para alcanzar la calidad educativa en coordinación con las entidades federativas y los municipios para estimar la demanda y planificar una cobertura ordenada.

Finalmente, diversos analistas opinan que ante un desgaste acelerado de la infraestructura educativa prevalece una falta de definición en las políticas públicas del sector. El deterioro de las escuelas del país requiere una atención urgente, puesto que desde 1992 cuando arrancó el proceso de descentralización educativa en el país, prácticamente quedó en el abandono la infraestructura escolar.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero.- La Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal la expedición del Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), la definición de los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa, a fin de responder a la necesidad de la infraestructura de los planteles escolares en el país, y como condición necesaria para alcanzar la calidad educativa en coordinación con las entidades federativas y los municipios para estimar la demanda y planificar una cobertura ordenada.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la necesidad de impulsar el mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar y el cumplimiento cabal de las facultades y obligaciones del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa; así mismo consideramos urgente la conclusión del proceso de reglamentación de la ley en la materia, tema pendiente desde octubre de 2008.

Aunado a lo anterior, consideramos que para dar cabal cumplimiento a los objetivos trazados en del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, referido a la educación de calidad, es imprescindible contar con un marco normativo claro y completo que sea a su vez observado puntual y oportunamente. Así mismo, la educación de calidad se relaciona estrechamente con la integralidad de los servicios educativos, cuestión que no se limita a las aulas. Al respecto cabe señalar que este compromiso público del Estado ha sido plasmado en las líneas de acción de Estrategia 3.1.2 del mencionado instrumento de planeación, que pretende modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, mismas que señalan textualmente lo siguiente:

• Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio.

• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.

Influye además en la opinión favorable de este órgano colegiado, respecto de la propuesta en estudio, el diagnóstico contenido en el citado Plan Nacional de Desarrollo el cual en la parte ahora relevante señala que “se requiere desarrollar el talento deportivo en la juventud para promover una cultura de salud (…) / Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro. Hoy se cuenta con (…) alrededor de 4,900 centros del deporte escolar y municipal que atienden a 12 millones de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no está cubierta, por lo que se debe aumentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al deporte.”

II.- En lo que toca a la inexistencia del Reglamento, esta dictaminadoraadvierte que desde la expedición de la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) en octubre de 2008, no se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el artículo tercero transitorio de la citada Ley, que impuso un plazo de 180 días para laexpedición, tanto del reglamento, por parte del Ejecutivo Federal, como de los lineamientos generales por parte del ejecutivo.

Debemos recordar que la ley en comento surge del reconocimiento del legislador de que los aspectos técnicos o tecnológicos de las edificaciones y el equipo que forman parte de la función educativa impactan en el aprovechamiento escolar de los estudiantes y de la intención de asegurar las mejores condiciones de la infraestructura física y del entorno de los estudiantes.

En este contexto, se establecieron como objetivos de la Ley regular la infraestructura de las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN); establecer los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del SEN; generar procesos de planeación, a fin de que los recursos se apliquen con mayor pertinencia; crear mecanismos para prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y coordinar acciones para optimizar los recursos, homologar los procesos y promover la participación de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno para la toma de decisiones.

Evidentemente, para cumplir a cabalidad con dichos objetivos, es menester la existencia y observancia del reglamento y de las demás disposiciones administrativas previstas por la Ley.

En este tenor, cabe señalar que la Auditoría de Desempeño 10-1-11L6M-07-1151 elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2010, que tuvo por objetivo revisar la gestión financiera de recursos públicos ejercidos por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en las escuelas de educación básicay verificar el cumplimiento de sus objetivos, advierte una situación que a la fecha sigue vigente, y que para mejor proveer se transcribe literalmente:

En 2010, el INIFED no contó con el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; emitió un proyecto dentro del plazo de los 180 días establecidos en esa ley, el cual fue remitido el 16 de octubre de 2008 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su revisión y, en su caso, expedición; el 21 de octubre de 2008, la Consejería Adjunta de Legislación y de Estudios Normativos del Ejecutivo Federal devolvió el proyecto de Reglamento y manifestó que para estar en posibilidades de realizar la revisión y dictamen del mismo, primero era necesario contar con la revisión y el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y de las secretarías de la Función Pública, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, proceso que concluyó el 29 de julio de 2011, cuando la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el proyecto de Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con la opinión favorable de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y de las tres secretarías.

El 23 de agosto de 2011, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el oficio núm. 4.1426/2011, remitió a la SEP las recomendaciones generales correspondientes al proyecto de reglamento, y solicitó un nuevo dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que garantice que no hay disposiciones que generen costos de cumplimiento adicionales para los particulares.

A la fecha de cierre de la presente revisión, el proyecto de reglamento de la ley aún estaba en proceso de modificación, por parte de la SEP y del INIFED.”

En virtud de lo anterior, la ASF emitió -entre otras 29- la siguiente recomendación al desempeño:

“10-1-11L6M-07-1151-07-005.- Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa realice las gestiones pertinentes, a fin de dar seguimiento al proceso de emisión del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.”

Por lo anterior, La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales, el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las acciones de infraestructura física y equipamiento de las escuelas de educación básica, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan la falta del reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y el incumplimiento de las atribuciones del instituto en cuanto a: a) el establecimiento de criterios para la evaluación y certificación de la calidad de la infraestructura de las escuelas; b) la creación de un sistema de información del estado físico de las escuelas de educación básica, y c) la asignación de contratos a empresas constructoras mediante un proceso de selección aleatorio.

La Segunda Comisión verificó el cumplimiento de la recomendación respectiva a realizar las gestiones pertinentes, a fin de dar seguimiento al proceso de emisión del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, concluyéndose que en el mejor de los casos dichas gestiones no han sido exitosas, al persistir la inexistencia del pluricitado texto reglamentario a la fecha.

III.- En lo que toca al exhorto propuesto por el Senador René Juárez Cisneros hacia el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que se definan los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa, a fin de responder a la necesidad de la infraestructura de los planteles escolares en el país; y se estime la demanda de infraestructura Física Educativa planificando una cobertura ordenada en coordinación con las entidades federativas y los municipios correspondientes, como condición necesaria para alcanzar la calidad educativa, esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta, por lo que procede a motivar su apoyo a la misma.

A la fecha, el INIFED no ha definido los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, ni ha establecido los requisitos que ésta debería reunir para ser evaluada positivamente y los criterios que debía cumplir para obtener el certificado; así mismo señala la Auditoría Superior de la Federación que tampoco certificó la calidad de la INFE en las escuelas públicas de educación básica en el Distrito Federal y las de carácter federal en las entidades federativas.

Cabe señalar que el mismo INIFED reporta en su informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, que se tienen en proceso de atención 30 observaciones determinadas por distintas instancias fiscalizadoras, sin que se señale como cumplida ninguna. Así mismo y aun cuando según lo reportado en la Cuenta Pública 2012, se restablecieron las condiciones de 3 684 planteles, en beneficio de 784 752 educandos; se ejecutaron 4 136 obras en coparticipación con los gobiernos estatales; se realizaron 16 423 acciones de infraestructura en espacios educativos de zonas marginadas: 8 648 de construcción, 3 847 de rehabilitación y 3 928 lotes de mobiliario; se erogaron 8 mil 765.0 millones de pesos en favor de proyectos de infraestructura educativa; y, se llevaron a cabo cuatro obras -dos de restauración y dos nuevas-, con una inversión de 83.7 millones de pesos y 13 proyectos ejecutivos con un monto de 29.2 millones de pesos en beneficio de seis mil alumnos; estos logros encomiables se ven opacados por la falta de cumplimiento de una de las obligaciones esenciales del INIFED, que se refiere precisamente a la definición de los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que los resolutivos cuya emisión solicita el proponente son viables y oportunos, por representar un llamado de esta representación soberana del Poder Legislativo Federal, al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Infraestructura Física Educativa, particularmente en lo que toca al artículo segundo transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en uso de la facultad consagrada en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgue el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a:

a) Definir los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa, a fin de responder a la necesidad de la infraestructura de los planteles escolares en el país; y

b) Estimar la demanda de infraestructura Física Educativa planificando una cobertura ordenada en coordinación con las entidades federativas y los municipios correspondientes, como condición necesaria para alcanzar la calidad educativa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a presentar una resolución ante la Organización de las Naciones Unidas para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Artico.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a presentar una resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Ártico.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el pleno de la comisión permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

1. El cambio climático es real. Múltiples investigaciones han demostrado que los efectos del calentamiento global van desde la elevación del nivel del mar hasta la generación de sequías e inundaciones. Se ha encontrado, además, que uno de los factores determinantes del cambio climático es la generación de dióxido de carbono (CO2) y que la causa principal de éste es el uso de energías fósiles.

En diversos textos publicados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) se mencionan diagnósticos y predicciones que derivan de múltiples modelos climáticos. Se menciona, por ejemplo, que el nivel medio del mar subió entre 10 y 20 centímetros a lo largo del siglo XX por efecto de la dilatación térmica y por el deshielo de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares, entre otras causas. Y se prevé que para el año 2100 el nivel del mar aumente entre 18 y 59 centímetros más, lo que podría ocasionar inundaciones en las zonas de tierras bajas.1

En cuanto a las consecuencias que tiene el cambio climático en los polos, sabemos que en las últimas décadas la extensión del hielo del Mar Ártico en primavera y en verano disminuyó entre 10 y 15 por ciento, y que el hielo adelgazó en un 40 por ciento durante fines del verano y principios del otoño.

2. Desde hace miles de años, el hielo ha sido una característica del océano Ártico. Sin embargo, el uso de combustibles y los efectos del cambio climático han perjudicado seriamente estas condiciones. Se ha documentado que desde los años sesenta la capa de hielo del Ártico muestra una reducción sistemática tanto en extensión como en grosor. En el quinquenio 2005-2010 se registraron las cinco extensiones de hielo más reducidas durante un mes de septiembre. Más aún, la Organización Meteorológica Mundial documentó que en el verano Ártico del 2012 se vivieron cambios verdaderamente dramáticos (un mínimo histórico en la extensión cubierta por nieve en el hemisferio norte en junio, un mínimo histórico en la extensión de la capa de hielo sobre el mar en septiembre y la mayor duración del deshielo de la manta de hielo de Groenlandia observada en los tiempos modernos):2Entre marzo y septiembre de 2012 se fundieron unos 11,83 millones de kilómetros cuadrados del hielo del Ártico”, lo que constituyó la mayor reducción estacional de la extensión del hielo marino producida en los 34 años de registros satelitales.3

Asociaciones como Greenpeace han señalado que este panorama no sólo es devastador para los pobladores, sino también para los osos polares, los narvales, las morsas, y en general para todo el planeta, ya que “el hielo del Ártico refleja los rayos solares proyectándolos al espacio, manteniendo el planeta frío y estabilizando los sistemas climáticos de los cuales dependemos para producir nuestro alimento”.4 Es decir, el Ártico es una de las zonas que más padece los efectos del cambio climático porque al haber menos nieve se absorbe más calor del sol y, en consecuencia, se incrementa el calentamiento. De hecho, algunos modelos predicen que el Ártico podría estar casi libre de hielo en tiempos de verano dentro de los próximos 30 años (interpretando “casi” como una extensión menor a 1 millón de km2)5 y que, para el año 2100, las temperaturas invernales, en el Canadá septentrional, Groenlandia y el norte de Asia deberían aumentar en un 40% más que la media mundial.6

3. Por lo anterior, la intención de las empresas petroleras de comenzar a operar en el Ártico resulta verdaderamente preocupante por el círculo vicioso que genera. En primer lugar, porque la extracción, el procesamiento, el transporte y la distribución de los combustibles fósiles también libera gases de efecto invernadero. En segundo lugar, porque estas empresas buscan ganancias millonarias poniendo al Ártico bajo el riesgo de un derrame petrolero e incentivando el desarrollo económico mundial sustentado en la explotación del petróleo. Y, en tercer lugar, porque no se impulsa una agenda que vaya más allá del petróleo a fin de desarrollar energías limpias como la solar y la eólica.

Greenpeace explica este círculo vicioso de la siguiente manera:“Las mismas corporaciones que causaron el derretimiento del Ártico ahora quieren beneficiarse de la desaparición de los hielos polares. Quieren abrir una nueva frontera petrolera para obtener alrededor de 90 billones de barriles de crudo. Eso es mucho dinero para ellas, pero al mundo sólo le significaría 3 años de combustible. Los mismos expertos de la industria petrolera reconocen que lidiar con un derrame de petróleo en aguas heladas es ‘casi imposible’. Para perforar en el Ártico, las compañías petroleras deben arrastrar los icebergs lejos de sus equipos y utilizar mangueras gigantes para derretir el hielo flotante con agua tibia. Podría ocurrir una catástrofe. Sólo es cuestión de tiempo”.7

4. Ante este panorama, Greenpeace ha lanzado una campaña para declararcomo santuario global el área vital y vulnerable del Polo Norte. El propósito encomiable de esta iniciativa es evitar que se exploten de manera indiscriminada los recursos del Ártico y, en consecuencia, disminuir la permanente generación de dióxido de carbono en el planeta. Sin embargo, debemos ir más allá. Y México, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debe impulsar resoluciones y tratados que nos permitan velar por la paz y el desarrollo sostenible de las naciones, máxime cuando nos ubicamos entre los países con mayor vulnerabilidad, debido a que 15% de nuestro territorio nacional, 68.2% de la población y 71% de nuestro PIB, se encuentran altamente expuestos al riesgo de impactos adversos directos del cambio climático8.

En especial, el tema de la protección del Ártico reviste una gran importancia no sólo para esta, nuestra generación, sino también para las que aún no llegan y es, por lo tanto, un asunto que debe tener resonancia a nivel global, pues cada una de las 7 mil millones de personas que vivimos en el planeta está afectado por la salud del Ártico.

Por lo anterior, es necesario que el tema sea incluido en las próximas reuniones de la Asamblea General de la ONU, a celebrarse a partir del próximo 17 de septiembre, para el conocimiento y discusión de los 193 miembros de la Organización.

5. Se considera que esta propuesta es pertinente por diversas razones. La primera de ellas, porque en la Lista Preliminar de temas que se incluirán en el Programa provisional del 68º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, no se incluye tema alguno relacionado con la protección del Ártico. La segunda, porque de conformidad con el Reglamento de la Asamblea General, pueden incluirse en dicho programa los temas suplementarios que propongan los Miembros de las Naciones Unidas por lo menos 30 días antes de la fecha fijada para la apertura de un período ordinario de sesiones, es decir, el 17 de agosto de 2013.

Por tanto, México como miembro de la ONU desde 1945 puede someter a consideración de la Asamblea General temas tan relevantes y apremiantes como el de la protección del Ártico.

Al respecto, es importante señalar que el Jefe de la Misión Permanente de México ante la ONU tiene la obligación de observar lo establecido por el artículo 43 fracción II de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el cual señala que los jefes de misión de México ante los organismos internacionales deben normar su conducta por las instrucciones que reciban de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ello se agrega lo dispuesto en el Reglamento Interior de la citada dependencia, el cual señala, entre otras cosas, que la misión permanente debe realizar las acciones necesarias para promover las iniciativas de México ante la Organización de las Naciones Unidas; preparar la participación de México en las reuniones convocadas por los mecanismos de la ONU; así como proponer y concertar las acciones encaminadas a establecer la posición de México en los temas de carácter político, jurídico, social, económico, administrativo, presupuestal, humanitario y de desarme que sean objeto de examen en la ONU (artículo 28).

6. Esta propuesta se encuentra en consonancia con las aspiraciones que México tiene a nivel internacional y nacional. Por una parte, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas señala que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI y entre ellos se encuentra “el respeto de la naturaleza”, sobre el que se manifiesta lo siguiente: “Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes”. Además, se declara que “No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus necesidades”.

En el ámbito interno, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye un apartado dedicado a las acciones que realizará nuestro país para ser un actor con responsabilidad global y una de las líneas de acción especifica que debemos contribuir activamente en la definición e instrumentación de la agenda global de desarrollo de las Naciones Unidas teniendo en cuenta que el propio PND señala que se impulsará y fortalecerá la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.

Estimados compañeros:

La significativa contribución de la actividad humana al cambio climático es indiscutible.9 Y a nosotros nos toca tomar decisiones que permitan atenuar este problema para legar un mundo mejor a las futuras generaciones. Por ello, debemos impulsar acuerdos globales para atacar problemas globales.

Los mexicanos debemos dar este primer paso para refrendar nuestro compromiso con la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenido.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a presentar una resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Artico.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición en la necesidad de presentar una resolución sobre la importancia de salvar al Ártico, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas durante el 68 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, por las implicaciones que tiene dicha problemática en el medio ambiente, siendo un fenómeno que afecta a la comunidad a nivel global y es indispensable realizar acciones en dicha materia para cumplir con los Objetivos del Milenio.

II. La Organización de las Naciones Unidas es la organización internacional más importante y facilita la cooperación entre los países, fue fundada en 1945 y México es considerado uno de los miembros fundadores.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. Está integrada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de todas las cuestiones internacionales.

La Asamblea celebra un período ordinario de sesiones cada año, regularmente de septiembre a diciembre. En dicha asamblea se toman decisiones sobre cuestiones consideradas importantes, por ejemplo, las recomendaciones relativas a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias, y para ello se requieren una mayoría de dos tercios. Las decisiones sobre otras cuestiones se deciden por mayoría simple, cada Estado Miembro de la Asamblea tiene un voto.

La Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas es el órgano que representa a México ante la ONU, es una misión diplomática y tiene como funciones principales:

• Colaborar en la formulación de los lineamientos, posiciones y estrategias que norman la actuación de México ante las Naciones Unidas y los organismos que conforman su Sistema.

• Participar, a nombre de México, en las reuniones convocadas por los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y organismos y mecanismos internacionales especializados, en aras de los intereses nacionales, incluyendo la negociación de tratados, convenios y acuerdos internacionales que sean de interés para el país.

• Realizar las acciones necesarias para promover las iniciativas de México ante la Organización de las Naciones Unidas y los organismos y mecanismos internacionales Especializados.

• Impulsar las candidaturas que sean de interés para el Gobierno de México en el marco de la Organización.

• En consideración de los principios de buena administración y austeridad presupuestal, participar en los mecanismos de establecimiento de cuotas y asignación del presupuesto de la Organización.

• Acreditar y acompañar la actuación de las delegaciones de México que participan en las reuniones de la Organización.

La Declaración del Milenio aprobada en 2000 refleja el compromiso de todos los Estados Miembros de alcanzar los objetivos concretos de lograr la paz, la seguridad y el desarme, junto con el desarrollo y la erradicación de la pobreza; salvaguardar los derechos humanos y promover el estado de derecho; proteger el medio ambiente común; atender las necesidades especiales de África; y fortalecer las Naciones Unidas. En específico el objetivo número 7 consiste en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, es un tema prioritario en la agenda internacional de la cual México es firmante, como parte de las metas y estrategias para cumplir este objetivo está dar una respuesta urgente ante el cambio climático y por otro lado proteger adecuadamente la diversidad biológica evitando su pérdida.

El calentamiento global es el fenómeno que se refiere al aumento de la temperatura media del planeta, tanto de la atmosfera como de los océanos. Las consecuencias son el aumento en el nivel del mar, disminución de las lluvias, alteración en los ecosistemas y por efectos de dilatación térmica, el deshielo de los glaciares, los casquetes de hielo y de los mantos de hielos polares.

El deshielo del Ártico implica la reducción del porcentaje helado del océano ártico y el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia. Coincidimos con la propuesta de mérito ya que el hielo del ártico, del que todos dependemos por el equilibrio ambiental que aporta al planeta (el hielo refleja los rayos del sol proyectándolos en el espacio manteniendo el planeta frio), está desapareciendo. En los últimos 30 años ha perdido tres cuartas partes de la capa de hielo, este problema pone en riesgo a los pueblos que habitan la zona, los osos polares, morsas, flora y fauna en general.

Se estima que el cambio climático afecta al 1.6% del PIB a nivel global anual y provoca la muerte diaria de mil niños en el mundo, para 2050 el cambio climático causará pérdidas de 3.5 a 4.2 por ciento del PIB en México. Según el informe “Las dimensiones sociales del cambio climático en México” del 2013 del Banco Mundial, es muy probable que el clima de México aumente para 2020 se calcula que en el invierno los aumentos sean entre 0°c y 2.5°c y en el verano entre 0.9 y 2.2°c, lo que culmina en 2050 con un aumento generalizado de hasta 2 a 4°c. En cuanto al aumento en el nivel del mar de la costa del Pacifico será entre 0.13 y 0.51 metros para el año 2090. Lo anterior sin duda pone en riesgo la estabilidad de un país ya que tiene impactos directos en el bienestar del individuo, hogar, comunidad y región; afectando a la población en situación más vulnerable. El cambio climático impacta directamente en la productividad agrícola y por lo tanto en la desnutrición infantil principalmente en zonas rurales.

“Las tendencias de desastre en México reflejan la tendencia mundial de aumento de las pérdidas económicas, menos vidas perdidas ymás personas afectadas” (BM 2013)

Es fundamental que el tema sea atendido en la próxima reunión de la Asamblea General de la ONU, es ahí en donde puede darse un debate para hacer visible el problema, las implicaciones que esto tiene y plantear soluciones con el fin de mejorar la situación relacionada al calentamiento global y en específico al deshielo del Ártico. Para ello es necesario que 30 días antes de la fecha fijada para la reunión (17 de agosto del 2013) se proponga incluir el tema relacionado con la protección del Ártico.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con la incorporación del tema del Ártico en la Agenda prioritaria del Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General a través de la Misión Permanente de México ante la ONU.

Se exhorta al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se extiendan las instrucciones necesarias a Jefe de la Misión Permanente de la ONU y se incorpore el tema a la agenda.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a presentar una resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Ártico.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que se realice una revisión financiera y del desempeño de los gastos e inversiones que realizó el gobierno federal directa e indirectamente para la promoción de México en el extranjero como destino turístico.

1 Información disponible en http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/items/6168.php.

2Resumen de conclusiones y cifras actualizadas sobre el cambio climático, Nota informativa de la OMM, marzo de 2013, p. 7. De hecho, se ha mencionado que, en promedio, “las temperaturas del Hemisferio Norte durantela segunda mitad del siglo XX fueron muy probablemente superiores a las de cualquier otro período de 50 años de losúltimos 500 años, y probablemente las más altas a lo largo de, como mínimo, los últimos 1300 años”, ver Cambio Climático 2007. Informe de Síntesis, Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008, p. 2.

3Comunicado de Prensa No. 972, Organización Meteorológica Mundial, 2 de mayo de 2013. Disponible en

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_972_es.html.

4http://www.savethearctic.org/es-CO/

5Muyin Wang y James E. Overland, A sea ice free summer Arctic within 30 years: An update from CMIP5 models, Geophysical Research Letters, VOL. 39, L18501, doi:10.1029/2012GL052868, sep. 2012. Disponible en

http://www.seas.harvard.edu/climate/seminars/pdfs/WangOverland2012.pdf.

6Cambio Climático. Carpeta de información, Publicado par el PNUMA y la UNFCCC, Suiza, noviembre 2004.

7http://www.savethearctic.org/es-CO/.

8 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de agosto de 2009.

9 “En un documento de 2010 incluido en las Actas de la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos de América se examinaron las publicaciones y datos de 1,372 investigadores del clima. La conclusión fue que el 97-98% de los investigadores más activos apoyan el origen antropógeno del cambio climático”, en Resumen de conclusiones y cifras actualizadas sobre el cambio climático, Nota informativa de la OMM, marzo de 2013.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes reservados.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se informa que tenemos en reserva los siguientes dictámenes.

De la Primera Comisión:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir desastres naturales.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y del proceso de deportación a sus lugares de origen.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar de los avances de la implementación del Programa Nacional Alerta Ambert México.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión y corrupción denunciados e imputados al Director General y diversos funcionarios del Instituto de Vivienda.

Punto de Acuerdo por el que se remite a las Cámaras de Diputados y de Senadores la solicitud consistente en que dentro del proceso legislativo ordinario que al efecto se implemente, se garantice en lo sucesivo la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, adecuando las leyes de su competencia con los instrumentos normativos y tratados internacionales existentes en la materia.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el grado de avance en el bloqueo de celulares en las cárceles del país.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que aún no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, a periodistas a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la ley en la materia.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a los jefes delegacionales y al Instituto del Deporte del Distrito Federal a analizar los mecanismos para fortalecer la administración de las instalaciones deportivas ubicadas dentro de las demarcaciones de diversas delegaciones.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a intensificar las investigaciones sobre los hechos relativos a la publicación de imágenes de una persona menor de edad desnuda en el Diario “Por Esto”, dignidad, identidad y soberanía, del estado de Yucatán.

Punto de Acuerdo en relación con el proceso electoral que se llevará a cabo en algunas entidades federativas el día 7 de julio del presente año.

Y, punto de Acuerdo por el que se exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en los procesos electorales.

De la Segunda Comisión, el que exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar a la República de Sudáfrica a la solidaridad con los pueblos que integran ese país por el estado de salud de Nelson Mandela.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulto si alguien desea reservar otro dictamen para su discusión.

Todos los dictámenes están publicados en la  Gaceta Parlamentaria para conocimiento de ustedes, en consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para su discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea Asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar a la República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela, en consecuencia, el dictamen está publicado en la  Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique a la República de Sudáfrica, la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se reitere el compromiso del estado mexicano por seguir la lucha que encabezó a favor de los Derechos Humanos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“México y Sudáfrica son dos países integrados por una gran cantidad de pueblos, con culturas distintas y realidades complejas. En ambos países se han dado luchas profundas por lograr una igualdad entre todas y todos los sujetos que viven en nuestros territorios. En México, tenemos la lucha de los pueblos indígenas, quienes han vivido a las sombras durante gran parte de la vida de nuestro país, tanto como colonia española, así como nación independiente. Del mismo modo, Sudáfrica, como colonia holandesa y británica afrontó una gran cantidad de violaciones sistemáticas y profundas de los derechos humanos, en este caso por el conocido Apartheid.

El Apartheid fue una de las heridas más profundas que dejó el siglo XX. Durante cerca de cincuenta años, en Sudáfrica se vivió una realidad que afectaba profundamente la dignidad no sólo de los pueblos originarios de ese país, sino de toda la humanidad. Bajo esa política, impulsada por los Afrikaans, encabezado por Daniel Francois Malan, se emitieron leyes para segregar a cada persona en razón de su raza. Asimismo se prohibían los matrimonios interraciales, se establecía un registro racial obligatorio, se definían distritos de ciudades exclusivos para blancos, entre otras graves afrentas a los pueblos originarios.[1]

En este contexto surgió la figura de Nelson Mandela quien, desde el Congreso Nacional Africano, impulsó una serie de acciones en contra de las políticas racistas que demeritaban el contexto de defensa de derechos humanos que se daba en el mundo como consecuencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La lucha contra el Apartheid estaba comprometida con métodos no violentos como los llevados a cabo por Gandhi, durante la lucha de independencia india.

Debido a su actividad política, Mandela fue perseguido por el régimen afrikáner, quien lo mantuvo prisionero durante cerca de veintisiete años en la isla Robben con el número de prisionero 466/64 y con condiciones precarias de reclusión. De este modo, se consolidó su figura de símbolo de la lucha contra el apartheid y en favor de la libertad. Mandela logró su libertad hasta febrero de 1990, casi 30 años después de su detención. En buena parte con la manera en que ha conducido al pueblo sudafricano, recibió el sobrenombre Madibay es reconocido como padre de la nación sudafricana.[2]

Una vez en libertad, comenzó a negociar con el gobierno afrikáner, conducido por De Klerk, la abrogación de las leyes del Apartheid, así como la convocatoria a elecciones multirraciales en 1994, en las que fue elegido presidente por parte del Congreso Nacional Africano. Ya como presidente, Mandela buscó reconciliar a la sociedad sudafricana, investigando los delitos cometidos en el pasado por violaciones a derechos humanos, combatiendo la pobreza y expandiendo los servicios de salud. Asimismo, se ha consolidado como un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas por su mediación en varios conflictos de la región. Por todo lo anterior, ha recibido un gran número de reconocimientos, particularmente el Premio Nobel de la Paz en 1993, junto con De Klerk.

En la actualidad, Sudáfrica lucha por consolidarse como una nación inclusiva con la mirada puesta en el futuro y con un respeto profundo a la dignidad de las personas. Sin embargo, al igual que como ocurre en nuestro país, la lucha no ha sido sencilla y es necesario un compromiso de todas y todos para consolidar esa transformación iniciada.

En los últimos días se ha difundido la noticia del delicado estado de salud de Nelson Mandela. Ante esta situación, en el marco de la hermandad que une a los pueblos mexicano y sudafricano y ante el reconocimiento que se tiene a Mediba, es necesario que el Estado Mexicano se una al reconocimiento por la labor realizada por este gran luchador social y se refuercen las acciones realizadas para consolidar un Estado comprometido con la igualdad entre todas las personas.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique a la República de Sudáfrica, la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que encabezó a favor de los derechos humanos.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la conveniencia de que el Estado mexicano manifieste su solidaridad al ex mandatario de Sudáfrica Nelson Mandela, y a los pueblos que integran la República de Sudáfrica; ante el difícil momento que atraviesa la salud, de uno de los mayores líderes en la lucha a favor de la igualdad y la justicia a nivel internacional.

Nelson Rolihlahla Mandela mejor conocido en su país como Madiba, siendo abogado y político, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal así como el líder del Umkhontowe Sizwe, el brazo armado del Congreso Nacional Africano (CNA). En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Island.

El estadista sudafricano transformó la historia de su país de una manera que nadie creía concebible y demostró, con su inteligencia, destreza, honestidad y valentía, que en el campo de la política a veces los milagros son posibles.

Todo aquello se gestó, en el aislamiento, ascetismo y soledad de una conciencia, en la prisión de Robben Island, donde Mandela llegó en 1964, a cumplir una pena de trabajos forzados a perpetuidad.

Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Mandela ganó las elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999. Su prioridad estuvo frecuentemente en la reconciliación nacional.

Debió de tomarle mucho tiempo -meses, años- convencerse de que toda esa concepción de la lucha contra la opresión y el racismo en África del Sur era errónea e ineficaz y que había que renunciar a la violencia y optar por métodos pacíficos, es decir, buscar una negociación con los dirigentes de la minoría blanca -un 12% del país que explotaba y discriminaba de manera inicua al 88% restante-, a la que había que persuadir de que permaneciera en el país porque la convivencia entre las dos comunidades era posible y necesaria, cuando Sudáfrica fuera una democracia gobernada por la mayoría negra.

La libertad sólo podría significar la desaparición o el exilio para la minoría blanca, en especial los afrikáners, los verdaderos dueños del poder. El esfuerzo por convencer de que estaban equivocados, que debían renunciar no sólo a semejantes ideas sino también al poder y resignarse a vivir en una sociedad gobernada por la mayoría negra duró muchos años pero, al final, debido a su persistencia, Mandela fue abriendo puertas en esa ciudadela de desconfianza y temor.

Cuando Mandela subió al poder su popularidad en Sudáfrica era indescriptible, y tan grande en la comunidad negra como en la blanca. Pero a Mandela eso no lo ensoberbeció; siguió siendo el hombre sencillo, austero y honesto de antaño y ante la sorpresa de todo el mundo se negó a permanecer en el poder, como sus compatriotas le pedían. Se retiró y fue a pasar sus últimos años en la aldea indígena de donde era oriunda su familia. Ha recibido más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz.

II.- Esta Dictaminadora considera que Nelson Mandela es todavía más digno de reconocimiento por este trabajo lentísimo, hercúleo, interminable, que fue contagiando poco a poco sus ideas y convicciones al conjunto de sus compatriotas, que por los extraordinarios servicios que prestaría después, desde el Gobierno, a sus conciudadanos y a la cultura democrática. Mandela es un gran ejemplo de que la política no es sólo ese quehacer sucio que cree tanta gente, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bien común, y que hay políticos, como el estadista sudafricano, que dejan su país, el mundo, mucho mejor de cómo lo encontraron.

En los últimos meses el historial de problemas pulmonares a causa de la tuberculosis que contrajo Nelson Mandela ha aumentado de manera gradual. En los últimos días el estadista sudafricano agoniza en un hospital de Pretoria, tras su recaída a causa de su infección pulmonar, en donde ha sido reverenciado en el mundo entero. En este contexto y en el marco de hermandad que existe entre Sudáfrica y México consideramos de urgencia la expresión de apoyo a nuestra hermana nación por el acontecimiento que viven los ciudadanos sudafricanos.

III.- La Segunda Comisión reitera el compromiso de solidaridad que el Estado mexicano tiene con los Pueblos sudafricanos ante el estado crítico de salud del ex mandatario y líder de política social inclusiva de Sudáfrica. De igual manera reiteramos nuestro empeño en continuar con el progreso en derechos humanos que aún descansa en cimientos frágiles, instándolos a hacer realidad la visión de igualdad y oportunidad que buscó el querido ex líder Nelson Mandela.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique a la República de Sudáfrica, la solidaridad con los pueblos que integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que encabezó a favor de los Derechos Humanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 2 de julio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Declina usted su participación?

- El C. Diputado Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Deme oportunidad señor Presidente, lo que ocurre, es que estamos revisando un asunto en consenso los grupos parlamentarios.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Con todo gusto, vamos a conceder el uso de la palabra a la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor Presidente.

La figura de Nelson Mandela constituye un icono en la lucha por la construcción de regímenes democráticos en el mundo.

La lucha que llevó a cabo por los derechos de la población en Sudáfrica en contra del Apartheid, es uno de los regímenes más antidemocráticos racistas y violatorios de los derechos humanos.

Resulta casi inútil recordar los casi 30 años que sufrió en prisión y en persecución, además de la segregación racial que lo condujeron a la construcción de una concepción del socialismo nacionalista, antirracista, antiimperialista que aspiraba a la construcción de un Estado multirracial igualitario y democrático.

Somos afortunados en recordar el grandísimo agradecimiento que sentimos cuando los noticiarios anunciaron que por fin el régimen Sudafricano abolía las medidas de Apartheid, y que los ciudadanos negros en Sudáfrica por fin tendrían la posibilidad de elegir a sus propios ciudadanos para ocupar los diversos cargos de gobierno; este reconocimiento se le otorgó por el pueblo sudafricano a Mandela en 1994, eligiéndolo como su primer presidente negro.

Debemos señalar que las condiciones en las que el pueblo sudafricano desenvolvió esta lucha resultan por demás emblemáticas ya que en el Continente entero se ha caracterizado por la inestabilidad de los regímenes democráticos y, en consecuencia, el autoritarismo ha hecho grandes estragos en la región convirtiéndola en una de las más pobres con bajísimos índices de desarrollo urbano y víctimas de la violencia criminal.

Es por ello que las aspiraciones de Nelson Mandela por una sociedad más justa e igualitaria, con una mejor distribución de los ingresos y con una mayor calidad de vida para sus habitantes, se ha convertido en un ideal universal para todos aquellos pueblos que han sufrido la opresión, la pobreza, la violencia, y la marginación.

Es por ello que la lucha de Mandela actualiza las aspiraciones del pueblo de México que en la actualidad libra una lucha por la construcción de un Estado democrático, en donde la criminalidad encuentre castigo, las víctimas alcancen la justicia y los pobres no sufran hambre; los niños puedan aspirar a una mejor calidad de vida y las mujeres a mayores oportunidades.

Por todo lo que Mandela representa hoy en vida, y que se encuentra, sabemos en riesgo permanente, el Congreso de la Unión expresa su más alta solidaridad a su familia, al pueblo Sudafricano, al Continente Africano y a los pueblos oprimidos del mundo, para que en congruencia con los altos ideales que él ha enarbolado a lo largo de su lucha y de su vida, nos recuerden precisamente y nos hagan sentir orgullosos de tener en el mundo un hombre como Nelson Mandela. Reciba el pueblo Sudafricano un abrazo fraterno con toda nuestra admiración y desearle a Nelson Mandela una pronta recuperación.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Rosas Montero.

También para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Javier López Zavala: Con su permiso, señor Presidente.

El gobierno de la República ha establecido la necesidad de “fusionar” a México como un actor con responsabilidad global, así se analizó durante los foros para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, donde se señala la quinta meta, promover el interés nacional en el exterior a través de relaciones cercanas mutuamente benéficas y productivas, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece el intercambio comercial de México y Africa, son incipientes, siendo necesario llevar a cabo acciones que impulsen los vínculos económicos y de colaboración con la zona.

Por ello en ese contexto el Senado de la República aprovecha la ocasión de estrechar los lazos con el Continente Africano, y qué mejor ocasión que hacer un reconocimiento público al estadista mundial Nelson Mandela.

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918, en Sudáfrica, su padre fue el Consejero del Jefe de Thembulandia, al quedar huérfano desde los primeros años de su vida accedió a una educación de calidad que le permitió obtener una licenciatura en Artes en el Colegio Universitario de Fort Hare.

En 1942, incursionó en el ámbito de la política al unirse al Congreso Nacional Africano, en donde procuró una política incluyente que tomara en cuenta a toda la población, desde los campesinos de la zona rural hasta a los profesionistas de las zonas urbanas, atendiendo a la realidad social de su país, y así buscar erradicar todo tipo de acción discriminatoria, que atendiera siempre con igualdad y libertad.

Desde sus inicios se identificó como un nacionalista africano radical, que tuvo como eje rector la autodeterminación, por lo que en 1944, junto a otros jóvenes con similar visión, fundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, en donde por su notable disciplina y capacidad fue elegido como Secretario de la Liga en 1947. En 1948, después de que el Partido Nacional, con la plataforma política del Apartheid, segregación estricta de la raza de color frente a la minoría blanca Sudafricana, ganó las elecciones sudafricanas. Mandela promovió acciones como huelgas, desobediencia civil y no cooperación basadas en los conceptos de Mahatma Gandhi, las cuales posteriormente adquirieron la categoría de políticas oficiales del Congreso Nacional Africano.

En 1952, dirigió la Campaña de Desafío de Leyes Injustas, basadas en la desobediencia civil; esta resistencia en contra de la legislación discriminatoria paulatinamente fue tomando fuerza y empatía entre la población sudafricana, y por la trascendencia que llegó a alcanzar la campaña. Mandela fue arrestado y enjuiciado, sin embargo, al descubrirse que su filosofía tenía como premisa las acciones pacíficas; la sentencia que se había impuesto fue suspendida, desafortunadamente poco después se le confinó a la ciudad de Johannesburgo durante seis meses.

Mientras se encontraba confinado en Johannesburgo obtuvo el título de licenciado en Derecho; su carrera profesional en el ámbito de abogacía se caracterizó por su oposición a las leyes del Apartheid, en otras cuestiones, ordenaban que quienes no vivieran en la zona designada cometían un crimen; quien tuviera posesión legal de tierras sería apresado, legislación que intensificaba actos arbitrarios e injustos.

A finales de los años 50´s combatió enérgicamente la explotación obrera y la segregación en las universidades abiertas.

Fue perseguido, arrestado y encarcelado en el célebre Juicio de la Traición en 1956 a 1961. Después de la masacre, en 1960, el Congreso Nacional Africano fue declarado ilegal. El Congreso pasó a la clandestinidad y Mandela fue líder de esta fase de confrontación. Luchó por la creación de una constitución con principios democráticos que tomara en cuenta las necesidades y derechos de la población sin ningún tipo de distingo.

Toda vez que el gobierno hizo caso omiso de la petición de Mandela, éste convocó a una huelga general, contando con el respaldo de la gente, por lo que el gobierno ordenó una movilización militar para inhibir el movimiento, y una vez que los métodos pacíficos fueron insuficientes tuvo que crear una sección armada en la que fue comandante en jefe en 1961.

En 1962, fue detenido y sentenciado a cinco años de prisión por abandonar y entrar a Sudáfrica ilegalmente.

Durante el tiempo que estuvo recluido fue acusado de sabotaje en el Juicio Rivonia.

En 1964, fue condenado a cadena perpetua siendo recluido en la prisión de Isla Robben de máxima seguridad. En diversas ocasiones se negó a negociar a cambio de renunciar a la violencia, basando su defensa en el siguiente postulado: "Los prisioneros no pueden firmar contratos. Sólo los hombres libres pueden hacerlo", ese es un gran legado de Nelson Mandela.

El 11 de febrero de 1990 fue puesto en libertad y en 1991, en la Primera Conferencia Nacional del Congreso Nacional Africano, Mandela renunció a la violencia, destacando el hecho de que a pesar de las múltiples provocaciones en ningún momento abandonó su ideología basada en la democracia, la igualdad y la educación.

Mientras obtuvo el respaldo contra el racismo, sin duda, su vida es el más grande ejemplo de elevación del espíritu humano sobre el domino del hombre por el hombre, lo que valió ser acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1993, distinción que aceptó a nombre propio y a nombre de todos los sudafricanos que junto a él sufrieron y sacrificaron por hacer posible la paz de Sudáfrica.

Luego de su liberación, el 11 de febrero de 1990, luchó por la implementación de una democracia multirracial en Sudáfrica, lo cual se materializó en 1994, año que celebraron la primera elección democrática por sufragio universal en su país, comicios que arrojaron como ganador a Nelson Mandela, siendo así el primer presidente electo por voluntad popular, tomando posesión de su cargo el 10 de mayo de 1994.

Es un emblema mundial para recordar el derecho humano a la no discriminación, por ningún motivo y en general.

La lucha siempre permanente por hacer respetar el principio de progresividad de los derechos humanos.

Por todo ello, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hacemos votos porque el estadista mundial recupere pronto su salud, pues representa, no sólo la luz para Sudáfrica y el Continente Africano, sino un camino iniciado para respetar el reconocimiento a la igualdad racial.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su más alto reconocimiento al promotor incansable de los derechos humanos y defensor de la igualdad racial.

Al estadista visionario Nelson Mandela, por su contribución para poner a Africa en el mundo y a los ojos del mundo en Africa.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado López Zavala.

Tiene el uso de la palabra, el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Diputado Tomás Torres Mercado: Valoramos, valoro la tolerancia del Diputado Presidente Ricardo Anaya, y con relación al Orden del Día, y a la oportunidad también para que el grupo parlamentario del PVEM se sume a esta expresión solidaria, a esta expresión fraterna, de saludo al pueblo de Sudáfrica, el que ahora está haciendo la Comisión Permanente del Congreso General de nuestro país.

Respecto a la historia de vida de Nelson Mandela, mis compañeros, mis colegas legisladores lo han hecho con pulcritud y con buen desarrollo.

Nosotros diremos: que en tiempos como los que vive este país, los que vive el mundo, siempre es necesario tener un faro de luz que pueda orientar, que pueda dirigir, desde la acción cotidiana de las personas, hasta la lucha de un pueblo, de una comunidad.

Para nosotros, Nelson Mandela, significa una búsqueda incansable, una lucha política desde el camino de la no violencia, reafirmando que esa lucha ha sido eficaz en la historia universal. ¿Por qué no compararla con la de Gandhi?

El creer en las instituciones, ir en la búsqueda del cambio político a través, a través precisamente de la resistencia y del planteamiento de lo más profundo y de lo más valioso de lo que tiene un ser humano.

Si se pierde la vida, ¿qué más importante puede ser que poseer la libertad?

Y casi en 3 décadas de privación de su libertad, dar la lucha y lograr un cambio profundo y convertirse en una figura, en un emblema universal, insisto, en los caminos de la no violencia, sobre todo en una sociedad segregada, material y físicamente segregada con un población del más del 90 por ciento de población de color sojuzgada, habiéndosele ofertado, a cambio de su libertad, reconocimiento y la dádiva parcial del poder, no la aceptó.

Por eso nuestro grupo parlamentario del PVEM hace suyo el pronunciamiento político de solidaridad y de acompañamiento.

En 1993 se le otorga el Premio Nobel de la Paz, pero no sólo al luchador, sino también a aquel que estando en el poder, a de Klerk, fue capaz de conocer y de situarse en la dimensión política de reconocer la eficacia del trabajo de Nelson Mandela.

Llega a ocupar, por la vía electoral, en 1994, el gobierno de la República en el extremo sur de Africa, de la República de Sudáfrica, y ayer como ahora, que se convierta en un llamado a decir: “La lucha política por el poder, que sea con dignidad, que sea con el reconocimiento a las instituciones”.

Este país tiene una oportunidad excelente de rendirle tributo, ¿por qué no decirlo? Rendirle tributo el domingo próximo en una jornada electoral, en donde la civilidad, la participación ciudadana, la expresión libre ciudadana se convierta en el hacedor, en quien decida quién ocupa el mando de nuestras instituciones.

Por lo demás, estimados colegas; amigos, amigas, solamente decir: “Aún en el estado de enfermedad tan grave, en el proceso inexorable de la vida, Mandela logró una eternidad que no se la quita la naturaleza misma”.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Torres Mercado.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir desastres naturales.

Debido a que el dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, el dictamen está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Rubén Escajeda Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor Presidente.

Importante tema que la fracción parlamentaria del PRI, por supuesto lo abrazamos, dada la circunstancia que en los últimos tiempos en razón de cómo nos han venido alcanzando los efectos del cambio climático, es necesario que todos los niveles de gobierno y en particular la Secretaría de Gobernación pueda tener las medidas necesarias para poder prevenir este tipo de contingencias.

Es necesario, por supuesto, conformar una agenda transversal, multisectorial de la protección civil, reorientando las políticas públicas, programas y acciones con un enfoque totalmente preventivo. Con la permanente participación, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil.

Qué importante abordar el tema de las inundaciones, por ejemplo, de los estados del sureste del país, de cómo los efectos climáticos han provocado este tipo de desastres, pero también cómo las bajas temperaturas han provocado daños millonarios que han afectado a la economía de nuestro país.

Pero qué importante subrayar, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que en el marco de este punto de Acuerdo, que reitero estamos los legisladores del PRI para votar a favor, pueda considerarse el grave problema de la sequía, porque la sequía por lo que veo en esta propuesta ni Gobernación ni el propio FONDEN con el ejercicio de sus recursos lo tienen considerado como un desastre natural.

Más de 20 estados en el 2012, y aún vivimos las secuelas. Durango, por poner un ejemplo de todo lo que pasó, todos los millones de pesos que se perdieron por efectos de la falta de agua.

Las instancias federales como Gobernación debieran en ese propósito de este punto de Acuerdo también tomar las medidas necesarias para prevenir los efectos de la sequía.

Municipios como San Juan de Guadalupe de la región semidesértica de Durango, lamentablemente hay comunidades que no tienen agua para tomar, agua para el consumo humano. Por eso nuestra manifestación y nuestro posicionamiento en este sentido.

Miles de millones de pesos en pérdidas, muerte de ganado, muerte de seres humanos. La obligación de los tres niveles de gobierno y de nosotros como legisladores es ponerle atención al marco legislativo para obligar a las instancias correspondientes a que se instrumenten los mecanismos, los programas, las medidas necesarias para estar preparadas para cualquier tipo de contingencias.

Nadie puede decir lo contrario, ni para los efectos de la sequía ni para los efectos de las inundaciones ni de las bajas temperaturas hemos implementando lo suficiente.

No estamos preparados, hay que llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para instrumentar estas medidas.

Parecía que el tema del cambio climático nunca nos iba a alcanzar, parecía que por la edad que tenemos todos, no lo alcanzaríamos a ver. Sin embargo, los efectos del cambio climático nos alcanzaron, nos rebasaron y no hemos hecho lo necesario ni lo suficiente ni para prevenir ni para resolver los efectos climáticos de estos desastres naturales.

Valga esta oportunidad para el exhorto enérgico y respetuoso para que las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal hagan lo necesario para que en compañía de las organizaciones, con el apoyo de protección civil, podamos presentarles a la sociedad, a la ciudadanía, alternativas reales donde se sienta la presencia, el interés del gobierno para poder proteger a los mexicanos de estos lamentables sucesos.

Reitero, hay cifras incuestionables de los miles de millones de pesos que se han venido perdiendo por efectos de estos desastres naturales.

Tenemos que dar el paso, valga la oportunidad de estar aquí en el seno de esta Comisión Permanente, integrada por Diputados y Senadores, para construir el marco legislativo suficiente que esté a la altura de la circunstancia que estamos viviendo en este país.

Por todos estos razonamientos, por supuesto que los Diputados y Senadores del PRI estamos a favor del punto de Acuerdo que plantea el Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, porque lo consideramos necesario y urgente.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Escajeda Jiménez.

En virtud de haberse agotado la listado de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y del proceso de deportación a sus lugares de origen.

Debido a que el dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Javier López Zavala: Con el permiso de la Presidencia.

Dictamen que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y el proceso de deportación de sus lugares de origen.

En el contexto migratorio, México ha cambiado radicalmente en los últimos años debido a la publicación de reformas a diversas leyes que no tienen precedente, o por lo menos no reciente, y al contar con destacadas reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos en beneficio de los migrantes que cruzan nuestro país.

La legislatura pasada aprobó, en el año 2011, reformas a la Ley de Migración, entre las cuales podemos destacar que ya no se considera que los migrantes cometa un delito al ingresar a México.

Aunada a esta reforma, en el mismo año se realizaron reformas constitucionales mediante las cuales se reconocen a los extranjeros como sujetos a los derechos humanos y a las garantías otorgadas por nuestra Carta Magna.

Para la Organización Internacional sobre las Migraciones, OIM, las principales dimensiones que acompañan a la migración actual son nuevamente: la laboral, la reunificación familiar, la migración forzada iniciada con la huída de un país por motivos de estar en peligro de libertad y seguridad en general, la lucha contra la migración irregular, la migración y el comercio, los derechos de las personas migrantes, debiéndose entender como referencia los derechos humanos de quienes migran, la salud, la integración, soluciones duraderas, integración a la cultura, sociedad, educación, idioma y mercado laboral, entre otras, la migración y el desarrollo.

Algunos datos numéricos que destacan en este tema son los siguientes: en nuestro país existen 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales. El informe “Ser migrante no me hace delincuente”, presentado por la organización "Sin Fronteras", ahí presenta estadísticas del Instituto Nacional de Migración; 401 mil personas cruzan México cada año, se detuvieron 85 mil 100 migrantes en el 2012, un número de 22 por ciento superior al de 2011 cuando las autoridades arrestaron a 66 mil 583.

Desafortunadamente, se siguen presentando detenciones masivas de migrantes en diversos estados del país que se encuentran, en muchas ocasiones, secuestrados por el crimen organizado, quienes los extorsionan para poder cruzar la frontera o piden dinero a los familiares de las víctimas en sus países de origen para liberarlos con vida.

Es por eso que apoyamos en todos los términos este punto de Acuerdo. El grupo parlamentario del PRI se manifiesta a favor de resaltar la importancia de dignificar la manera en cómo se deben de abordar a los migrantes detenidos, retenidos y liberados por parte de las autoridades nacionales. Debe priorizarse ante todo el respeto a los derechos humanos que son inherentes a toda persona.

En México, ninguna persona, sin importar su condición migratoria, debe sentirse disminuida y vulnerable ante las autoridades, pues el marco constitucional de derechos humanos protege a todos por igual. Es necesario que los gobiernos de las entidades federativas tengan presente y hagan efectivo el respeto a los derechos humanos, de manera particular en aquellos donde el paso de los migrantes es mayor, como es el caso de los estado de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

Es importante que repliquen el esfuerzo del gobierno federal para atender, ante todo, la dignidad de los migrantes y su condición de vulnerabilidad.

En la frontera sur se estima que cada año unos 300 mil migrantes provenientes de Centro y Sudamérica cruzan México en su tránsito ilegal hacia Estados Unidos. El flujo de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron repatriados a sus países entre el 2009 y 2011, se caracterizan principalmente por estar integrados por jóvenes de edades que oscilan en 25 años provenientes de Honduras y 28 años provenientes de El Salvador.

En el 2011, el gobierno de México deportó más de 55 mil migrantes centroamericanos. Los migrantes hondureños son los que declaran con mayor proporción haber percibido riesgo durante su viaje por México; en contraste, los migrantes procedentes de El Salvador y Guatemala registran una menor percepción de riesgo durante su viaje por el país; esa situación es de mayor vulnerabilidad para migrantes hondureños a lo largo por el periodo.

En este sentido, el grupo parlamentario del PRI se manifiesta a favor de este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado López Zavala.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a informar de los avances de la implementación del Programa Nacional Alerta AMBER México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo fue presentado por la Senadora Cristina Díaz, y efectivamente, se solicita que los tres niveles de gobierno intervengan para la aplicación de esta llamada Alerta AMBER y se informe de su implementación a este Senado.

¿Qué es la Alerta AMBER? es un programa que se instrumenta en mayo de 2012 en nuestro país, y que para muchos ha quedado como un mero protocolo, que falta de operar con eficacia a nivel nacional y en donde los estados deban tener mayor coordinación, y no solamente la firma de convenios.

En tal virtud, el 2 de mayo de 2012, el gobierno federal implementó y pone en funcionamiento este Programa Nacional de Alerta AMBER para buscar y localizar niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo eminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en todo el territorio nacional.

Para realizar lo anterior, se requiere contar con un instrumento de acción en el que con claridad y precisión se determinen los mecanismos de implementación y funcionamiento, las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población, también, con las autoridades de gobierno, con los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta AMBER México.

El tema tuvo su origen dado que Amber es un acrónimo en inglés que viene de la frase “America's Missing Broadcast Emergency Response”, pero que originalmente también se refiere a una niña que fue secuestrada y días después localizada: “Amber Hagerman”.

Con la implementación del protocolo, nuestro país es el primero en América Latina en adoptar el programa en su totalidad.

En el mundo ya existen 10 naciones que han implementado el programa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Reino Unido, Grecia, Malasia, Holanda, Irlanda y Alemania. Todos ellos en la década de 2000 al 2009.

El Senador con licencia y ahora Secretario de Gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, presentó una iniciativa que propone reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en busca de una coordinación efectiva entre las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil para combatir el secuestro de menores.

La iniciativa no está dictaminada y exponen que la Alerta AMBER en caso de que no se apruebe, será un asunto sólo de buena voluntad, donde ninguna autoridad está obligada a nada para establecer acuerdos y protocolos de prevención, búsqueda y localización de niñas y niños.

Una iniciativa de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, no dictaminada, propone reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código propone penas de 4 a 10 años de cárcel a quien robe o secuestre menores. Señala que los niños y adolescentes extraviados o secuestrados son víctimas propicias para el crimen organizado porque no oponen resistencia, no tienen a quién recurrir en ocasiones, no tienen noción sobre su origen ni procedencia e incluso son amenazados con causarles un mal a ellos y a sus familiares.

Este grado de vulnerabilidad es el tema de la Alerta AMBER.

Asimismo, se impone la obligación para que una vez que se reciba la denuncia de la desaparición de un menor de edad, el Ministerio Público inmediatamente tome las medidas urgentes para la búsqueda y localización de las personas y no esperar el plazo perentorio que ahora se impone.

Un informe de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, destaca a su vez que entre 25 y 45 mil menores de edad en la ciudad de México viven en condiciones que los hacen susceptibles a la trata de personas, y señala que en el país son robados y/o se extravían al año alrededor de 40 mil niños y niñas.

Las cifras varían, como aquí lo hemos visto, de distintas instituciones, incluso hay opiniones y críticas de expertos que han indicado que son importantes las primeras horas, los primeros minutos, son vitales. Por ello la alerta que se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, sms, correos electrónicos, pantallas electrónicas, en fin, para llegar al mayor número de personas posibles.

El reciente caso de Valeria, la pequeña que fue robada el 1º de abril pasado, en Texcoco, y localizada y rescatada en El Salvador unos días después, ahí tuvo una participación la sociedad civil muy importante. Sin embargo, no es, y desafortunadamente, la regla general.

Una cadena de casualidades más que una estrategia nacional o de Estado, para localizar y rescatar a niñas y niños robados debe ser establecida, y de entrada las organizaciones dedicadas a la localización del robo de menores en México, han estado muy pendientes y señalan que no existen cifras oficiales de este delito, por lo que los números varían desde 16 mil hasta 100 mil al año.

Otro informe de la Comisión Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, destaca que se carece de un banco de datos gubernamental.

Es por ello que es muy importante que no sólo haya firmas de convenios, sino que haya la obligación, la corresponsabilidad, la coordinación de los distintos niveles de gobierno hasta lo local, que es lo más relevante, y que estos esfuerzos de la sociedad civil, de las instituciones y del sector privado, que es muy importante, restaurantero, hoteleros, en fin, las organizaciones de padres de niños robados advierten que sumado a ello existe insensibilidad todavía, de acuerdo con distintos datos, hoy estamos a favor porque vemos con preocupación que no sólo los destinos turísticos, sino cualquier hospital, escuela, calle, colonia, puede tener esta problemática.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI está a favor de este punto de Acuerdo, que podamos hacer de México un espacio propicio para el cabal desarrollo de los infantes y adolescentes y que éste nos sume a todos.

Es vital el tema y necesitamos instrumentos y coordinación más eficaz.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Lucero Saldaña.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

De parte del grupo parlamentario del PRD, queremos hacer uso de esta tribuna para sumarnos y respaldar este punto de Acuerdo que acaba de presentar nuestra compañera Senadora, porque estamos convencidos que el Programa Nacional Alerta AMBER México, es un programa que ha demostrado su efectividad, ha demostrado ser una respuesta para todas estas lamentables desapariciones que se han, de alguna manera, acrecentado en nuestras niñas y nuestros niños en el país, y basta solamente echar una revisada a las redes, quienes somos asiduos al manejo de redes estaremos viendo que diariamente se hace la solicitud de ayuda para localizar a alguna niña, a algún niño, a algún menor que ha sido sustraído, que ha sido desaparecido.

Y no obstante que estas redes juegan un papel importante, nos parece primordial que un programa que surgió en Estados Unidos hace más de 20 años, que debiera de haberse puesto en marcha en nuestro país también de manera preventiva, en estos momentos surja como una respuesta efectiva para todos esos niños y niñas desaparecidas. Por eso creemos que es importante este llamado que se hace al gobierno federal, a la Procuraduría y a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con otras autoridades locales nos informen y compartan el diagnóstico de qué tan efectivo ha sido este programa o la implementación de este, cómo ha avanzado, cuáles son los obstáculos con los que se han encontrado, de qué manera podemos colaborar para que sea efectivo.

En el Distrito Federal, queremos comentarles que fue una de las primeras, si no es que la primera entidad en donde se puso en marcha este programa, y hemos tenido experiencias exitosas, por eso estamos convencidos que vale la pena que los demás espacios locales se coordinen con el gobierno federal para poder garantizar el éxito de este programa.

Por ello, el grupo parlamentario del PRD apoya esta solicitud de información del grado de avance de implementación del Programa Nacional Alerta AMBER México que se está llevando a cabo en nuestro país, y felicito la iniciativa de la Senadora Lucero por haber presentado también esta propuesta, este punto de Acuerdo, lo vemos con toda oportunidad y reiteramos nuestro apoyo para que el mismo avance.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión y corrupción denunciados e imputados al director general y a diversos funcionarios del Instituto de Vivienda.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

He deliberado en mi grupo parlamentario y hemos decidido que haga uso de la palabra su servidor, lo cual yo valoro mucho y también la atención de ustedes.

No solamente esta es una propuesta que el Senador Pablo Escudero, del propio grupo parlamentario del PVEM, ha formulado, sabemos todos cuál es la naturaleza de la que participan los puntos de Acuerdo.

Los puntos de Acuerdo pueden no ser vinculatorios, es decir, no obligan, no llevan una consecuencia necesaria a pesar de que sean aprobados, como en este caso, cosa que nosotros reconocemos en el sentido de que la autoridad del Distrito Federal investigue, y nos pronunciamos sólo porque la investigación sea en un marco de legalidad. Los puntos de Acuerdo, decía, no son vinculatorios, pero sí generan debate sobre hechos que están localizados en nuestra vida política, acciones de gobierno, etcétera.

El Senador Escudero ha recogido algo que se ha manejado en el Distrito Federal. Que el Instituto de Vivienda, que además tiene un noble compromiso social, porque no sólo puede proveer de vivienda, sino que tiene propósitos vinculados con ponerle orden a la ocupación de la tierra, a darle bondad y sentido social, y se ha dicho por gestores, por constructores, que se pide dinero a cambio de hacer aquello que la ley les manda; que los programas y las políticas de vivienda del Distrito Federal deben hacerse, y esto no debe permitirse, más en una urbe como el Distrito Federal en donde el espacio disponible es francamente inexistente, y eso encarece para la gente precisamente ese derecho fundamental, ese derecho humano a la vivienda.

Por supuesto que estamos a favor del resolutivo único emitido por la comisión que dictamina, pero también tengo un deber, y se los voy a decir, no de la infidencia, sino de reconocer que he hablado con compañeras, y con compañeros del grupo parlamentario del PRD, y han dicho, como dicen en mi tierra, que el gobierno del Distrito Federal le está poniendo atención al asunto, es decir, que en el expediente tanto el director del propio organismo de vivienda como el jefe de gobierno le están poniendo atención al asunto, y nosotros nos pronunciaríamos en término, repito, de que se garantice el derecho humano a la vivienda en un marco, sobre todo, de respeto a la legalidad.

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Tomás Torres.

Sí, Diputado Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Si me incluye en la lista, por favor.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Lo registro con todo gusto en la lista de oradores.

Para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde hace 16 años, la izquierda en la representación política del PRD gobierna esta ciudad.

El tema de la vivienda popular ha sido un eje sustantivo del desarrollo social y económico en esta nuestra ciudad capital, y es precisamente el Instituto de Vivienda, al que alude esta proposición, quien ha sido motor dinámico de cambiar el rostro de muchas colonias degradadas a favor de la dignificación de quienes hoy habitan en estos programas de vivienda de interés social.

Por eso, a nosotros, en el PRD, programas, instituciones como el Instituto de Vivienda, nos interesa cuidar mucho, porque ha sido un eje de realización de las políticas públicas que nosotros postulamos y abanderamos, es más, yo podría decir que en reiteradas ocasiones los programas que de esa dependencia del gobierno de la ciudad se han implementado, han sido reconocidos por la propia Organización de las Naciones Unidas en su programa de "Habitat".

Así pues, compañeras y compañeros, nosotros no estaríamos en desacuerdo que para el caso del Instituto de Vivienda, por ser un eje exitoso de la izquierda gobernando en la ciudad como para cualquier otra dependencia cuando hubiera un viso, un simple hecho sospechoso de corrupción, tomemos cartas en el asunto, la izquierda en sus causas ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje central de participación, sin embargo, me parece que esclarecida nuestra posición, es decir, no podríamos ir en contra de cualquier tema que aborde la lucha contra la corrupción, valdría la pena que el resolutivo de ese punto fuera modificado, porque tal y como el Diputado Torres señaló, es público y, además, obra en la actuación de la Procuraduría de Justicia que al respecto ya se han tomado cartas y acciones correspondientes.

Creo que el doctor Miguel Angel Mancera ha dado muestra de que ni ahí ni en ningún área del gobierno de la ciudad se va a solapar la corrupción, razón por la cual yo sugeriría, para beneficio de una resolución colectiva e importante que podría tomar esta comisión, modificáramos el resolutivo, señalando que derivado de algunos hechos en los que presumiblemente pudieran estar involucrados funcionarios de ese instituto, reconocemos que el doctor Miguel Angel Mancera ha tomado cartas en el asunto, y que con ello el grupo parlamentario del PRD hace manifiesta e indeclinable su voluntad en contra de la corrupción. Programas e instituciones exitosos a nivel Latinoamérica, como el del “INVI”, nosotros lo vamos a cuidar porque es parte de nuestras convicciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Carlos Reyes.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Diputado Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Es indispensable a estas alturas de ver la maniobra de “filibusterismo” político colectivo, que pretenden el día de hoy no dejar de usarlo, y pedirle a mis compañeros, inclusive que buscan ser de verdadera oposición, que no caigamos en el garlito del PRI.

Ayer en esta Primera Comisión los debates se centraron sobre cómo el PRI trata con sus maniobras de impedir la discusión de una alerta de género en el Estado de México, y sostuvimos que ahí el tema era, porque como antes lo gobernó el que hoy es Presidente de la República, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa.

Y lo mismo con el tema de los asuntos electorales, esto es novedoso porque vemos ahora que el PRI quiere y reserva todos los puntos, porque obviamente no quiere llegar al punto del día de hoy, lo que al país lo tiene sacudido es la discusión de lo que va a pasar el domingo, en esta crisis política que tiene el PRI y que hoy deberíamos de estar debatiendo, no por ellos, porque ellos tendrán que recomponerse algún día, aunque muchos lo dudan; lo digo por los ciudadanos que hoy están preparándose para ello.

Obviamente sobre el Instituto de Vivienda, ya los compañeros que me antecedieron han planteado, como el ciudadano del Distrito Federal, y nuestro partido ayer suscribió ese punto de Acuerdo, pero ellos no quieren debatir el tema de fondo.

Y el tema de fondo cuál es, que hace un año justamente al día de hoy estamos observando esta crisis de legitimidad que tiene el Presidente de la República, porque aunque está presidiendo legalmente el país obviamente todos sabemos que llegó a ese puesto a partir de la compra del voto, del “Monex”, de los billetazos y esa ilegitimidad no se la va a quitar ni con toda el agua de los océanos.

Vimos hace un año un manejo propagandístico televisivo, y cuando ya no les daba para sostenerlo, “Monex” y billetazos, y a mí me parece grave porque al día de hoy hay una consigna federal de un carro completo y copeteado para el próximo domingo imponer el PRI, y fíjense que eso no se les va a dar a pesar de todas las maniobras que intentan hacer.

Pasamos de un "no te preocupes Rosario", a escuchar una declaración ayer, "no voy a permitir que ningún funcionario federal intervenga en los procesos electorales", ya estamos viendo en esta misma Cámara las maniobras del PRI, yo insisto, ahora resulta que los priístas, digo, es difícil encontrar la palabra, pero venirme a recitar la biografía de “Madiba”, aquí con el debido respeto, que ni saben siquiera leer, creo que un niño de primaria lo hubiera hecho mejor que el Diputado que se atrevió a estas cuestiones.

Yo sí exhorto a que demos el debate, que le entren los del PRI a debatir los puntos que estan el día de hoy, a que no estén haciéndole caso a su presidente, porque el mismo, insisto, dio la consigna, y obviamente es un doble discurso, evidentemente los ciudadanos van a actuar en el proceso electoral del día domingo, y evidentemente que en los lugares donde los ciudadanos están organizados, van a poder rescatar la vía electoral, que es lo que tiene en crisis a este país, porque no bastó el Pacto por México para recuperar la legitimidad del régimen, ya los compañeros que firmaron ese Pacto por México deben de entender que no les cumplieron el adéndum, ni otro adéndum del adéndum se los cumplirá; deben de entender que están a todo lo que dan los operativos de defraudación electoral, insisto, dictaminados desde la Presidencia de la República, y obviamente si así quieren hacer filibusterismo político, pues en cada punto subiremos a decir lo que está pasando en todo el país en relación al intento de robar la voluntad de los electores que quieren opciones de cambio en este país, y que el PRI se empeña en obstaculizar con el tipo de maniobras que estamos viendo hoy en esta Comisión Permanente, claro que estamos a favor del punto de Acuerdo, inclusive como propone el compañero Gámiz, de que se modifique su redacción.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Diputado Presidente Anaya Cortés: Gracias, Diputado Rafael Huerta.Sonido en el escaño del Diputado Rubén Escajeda, ¿para qué asunto?

- El C. Diputado José Rubén Escajeda Jiménez: (Desde su escaño) Solamente aclarar.

Primero. Que el punto de Acuerdo relacionado con el tema Mandela, lo propuso la Senadora Dolores Padierna, no lo propuso el PRI.

Segundo. Para el PRI, los temas de los desastres naturales son fundamentales, yo no sé si para el señor Diputado no sean importantes, porque bueno, él es aquí una gente citadina, nosotros somos allá gente del campo que estamos sufriendo todas las secuelas y todo lo que tiene que ver, y son temas que para nosotros son de total importancia. Si para él el tema político electoral es su única fijación mental, es muy respetable.

- El C. Diputado Presidente Anaya Cortés: Ha quedado registrada su intervención, Diputado Escajeda.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Gracias, señor Presidente.

Solamente para hacerle una pegunta al Diputado Tomás Torres, que es el promovente de este punto de Acuerdo, si él aceptaría la propuesta que acaba de hacer el Diputado Reyes Gámiz, donde lo que planteamos es la posibilidad de cambiar la redacción del punto de Acuerdo, primero en virtud de que es algo que ya está en proceso.

Como ya se dijo aquí, el Jefe de Gobierno, el doctor Mancera, desde el 5 de junio hizo público en medios de comunicación, la denuncia que su gobierno estaría presentando por los actos aquí relatados, es decir, este tema ya está en proceso.

Estamos de acuerdo en el grupo parlamentario del PRD que se le dé seguimiento, y de manera concreta nuestra propuesta es que este punto de Acuerdo solicite un informe al Secretario de Gobierno, del grado de avance que presenta esta denuncia que el propio gobierno de la ciudad ha presentado en conjunto con otros capitalinos interesados en conocer sobre este tema.

Entonces, dejamos la propuesta concreta. Hacemos la solicitud para que podamos, primero,hablar con toda oportunidad, porque insisto, es un tema que ya transcurrió, ya fue objeto de una denuncia y que en todo caso nos interesa conocer el grado de avance que dicho proceso está llevando.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, por prudencia, declino.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Esta Presidencia ha recibido una propuesta de modificación presentada por los Diputados Tomás Torres Mercado y Roberto Carlos Reyes Gámiz.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación y pregunte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a la propuesta de modificación presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado y Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda a informar sobre las investigaciones respecto a las acusaciones vertidas por los presuntos actos de extorsión y corrupción, denunciados e imputados al actual director general y diversos funcionarios del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como para informar a esta Soberanía sobre el resultado de las investigaciones”.

Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No existen oradores registrados. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo con la modificación que ya ha sido leída.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo con la modificación planteada y que se ha leído con antelación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se remite a las Cámaras de Diputados y de Senadores la solicitud consistente en que dentro del proceso legislativo ordinario que al efecto se implemente, se garantice la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el asunto.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen de la Primera Comisión insta a que en el futuro se verifique la concordancia con la normativa constitucional e internacional en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas, dejando a la legislación actual a cargo de la jurisprudencia, que a partir de 2011 creó un nuevo tipo de control denominado “Convencionalidad”.

Esta señala que cualquier situación que no esté en concordancia con el marco legal nacional e internacional, queda a cargo de resolución por parte del Poder Judicial de la Federación.

Es importante instar a los distintos órdenes de gobierno y a los grupos indígenas a ser cuidadosos de la concordancia con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto para denunciar los que haya lugar y cuidar los avances en la materia.

En este sentido, es de vital importancia hacer un recuento de los acuerdos en esta materia que México tiene signados.

Primero. La Carta de las Naciones Unidas es considerado el primer tratado internacional encargado de velar en materia de derechos humanos, data de 1945, y de la misma se derivó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Segundo. Los pactos internacionales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales dan fe del avance en materia de reconocimiento de derechos en el ámbito internacional.

Tercero. La Carta de Organización de los Estados Americanos. Es un tratado internacional que se firmó en 1948, y entró en vigor en México el 13 de diciembre de 1951. Este documento es de vital importancia por acotarse a la región de América en la cual los Estados miembros fundan su actuar y el respeto de los derechos esenciales del hombre, y también porque, desde entonces, en las primeras líneas del documento se encuentra el pronunciamiento expresado que señala: “Que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”.

En este sentido, el respeto a la tierra de los pueblos indígenas es, desde entonces, una garantía y una prioridad.

Ahora bien, en lo particular del tema en cuestión, existen expresamente cuatro acuerdos internacionales firmados, especialmente en materia de pueblos indígenas:

Primero. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado el 27 de junio de 1989.

México, con la participación de esta Soberanía, lo ratificó el 5 de septiembre de 1990, y un año después entró en vigor. Este convenio se desarrolló bajo la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y parte del entendimiento de la realidad en la que muchas partes del mundo los pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven, y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión.

Con esto se adquiere la obligatoriedad de los gobiernos firmantes a asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el respeto de su integridad.

Segundo. El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe. Este tratado se firmó en 1992, ratificado por México en julio de 1993, y entró en vigor el 4 de agosto de 1993. Fue resultado de los trabajos de la Segunda Cumbre de Estados Iberoamericanos, en la cual se contó con la representación de pueblos indígenas de la región y tiene por objeto el establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe.

Tercero. La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es un instrumento internacional derivado de la resolución de la Asamblea General de la ONU, que fue aprobada y proclamada en la 107 Sesión Plenaria de la Asamblea General, el 13 de septiembre de 2007.

En esta declaración se estableció que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos. Se reconoció el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a si mismo diferentes y a ser respetados como tales.

Se afirmó también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Y un aspecto muy importante, se rechazó toda doctrina política y práctica basada en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales.

Estas son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Cuarto. La declaración sobre los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

Constituye una resolución de la Asamblea General de la ONU, proclamada en la 92 Sesión Plenaria de dicha Asamblea, el 18 de diciembre de 1992. Esta resolución afirma uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas proclamada en la Carta: el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

También la necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

De esta forma, los Estados que firman, entre ellos México, se comprometen a proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus respectivos territorios y a fomentar las condiciones para la promoción de esa identidad.

Asimismo, se establece formalmente el compromiso de una de las principales tareas que nos atañen: el adoptar las medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo para lograr esos objetivos.

Compañeros Diputados y Senadores:

Michoacán, mi estado, es un estado que tiene una gran tradición indígena, contamos con tres grandes etnias: la purépecha, la mazahua otomí y náhuatl, que se encuentra en la costa de Michoacán, por eso nos preocupa y nos interesa mucho este tema.

Como ustedes saben, la mayor parte de los indígenas están habitando los estados del sur, habitan en localidades o municipios menores 20 mil habitantes y tienen problemas reales de marginación.

Por eso el grupo parlamentario del PRI reconoce las desigualdades históricas que padecen las comunidades indígenas de México.

Por ello hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas del país para consolidar un régimen jurídico que garantice el acceso y goce de los derechos constitucionales en la salud, educación, cultura, vida laboral y productiva digna a los cargos de elección popular y a una vida libre de discriminación. Por eso apoyamos este tema.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador José Orihuela.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Obviamente nadie va a estar en desacuerdo con el punto de Acuerdo que se propone, y yo sé que venir a la tribuna a pedirle congruencia al PRI, es como pedirle a una rosa que no tenga espinas, y claro que las rosas son bonitas, ¿verdad?

Miren, congruencia ¿por qué?, porque ni en el presupuesto el PRI se preocupa por esta causa ni lo meten en la propuesta de los próximos días del periodo extraordinario, donde ahí debería de instalarse la COCOPA y no como esa maniobra que están queriendo hacer y ya nombrar con un madruguete y con las malas mañanas que tienen siempre, recogiendo votos por fuera, un Diputado de Chiapas que ya se autoproclama presidente de la COCOPA y que evidentemente no le están dando el cauce legal. Y obviamente por eso digo que no hay congruencia. No es que estos puntos no sean importantes, sobre todo esto que se está hablando.

No quiero hablar de las provocaciones que algunos Diputados y Senadores hacen. Pero decirles que ellos lo que quisieran es que no se planteara, porque quieren llevar en lo oscurito el tema del próximo domingo, quieren actuar como mapaches que son en la oscuridad, que en esta Cámara hoy no se debata este tema y actuar en las penumbras.

Pero, miren, en una población con población indígena, como es San Andrés, Tuxtla, qué andan haciendo para el próximo domingo.

Fíjense que en esta idea del carro completo copeteado que ha instruido la Federación, en ese: “no te preocupes Rosario”. En el programa emblema que es también propaganda, porque todos los ciudadanos saben que a la Cruzada Nacional contra el Hambre le destinaron mucho menos recursos que para el avión que se compró Peña Nieto, ¿verdad?, de 6 mil 500 millones de pesos, y obviamente ese programa emblemático. Pero lo usan, como lo han usado, sobre todo en estados como Chiapas, para que a partir de la pobreza de la población indígena y con estos programas puedan ejercer la coacción al voto.

Miren qué pasa en San Andrés.

Desde hace un mes y medio mandaron a hacer las listas de la gente que van a meter a los programas de “Oportunidades” y “65 y Más”. Y ya desde una semana para acá están pasando a pedir nombres, teléfonos y las personas que van a votar por familia.

Esto ocurre en Salto de Eyipantla, en Xoteapan, en Emiliano Zapata, en Calera, en Santa Rosa Abata, todo esto en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Acuérdense que allá los cacharon con los videos esos donde dijeron lo que iban a hacer: retirar a las vocales y sustituir a la población cautiva. Claro, a partir de una coacción al voto para la elección que está por venir.

¿Quién opera esto?, Rosario Mortera Paredes, ex candidata a Diputada federal suplente del PVEM, en el año de 2009. Ahí está la unidad de los partidos de este método y este modus operandi.

Obviamente ella fue funcionaria de la SEDESOL en los primeros días y ahora está directamente operando para la campaña del PRI diciéndole a la población: “Bueno, ya tienes la mitad al estar en esta lista, ya la otra mitad depende del resultado electoral que tengamos el próximo domingo”.

Yo quiero decir que en esta población hay 7 mil habitantes…

- El C. Diputado Javier López Zavala: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Permítame, por favor, Diputado Manuel Huerta.

Sonido en el escaño del Diputado Javier López, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado Javier López Zavala: (Desde su escaño) Para moción de hechos, señor Presidente. Que se ciña al tema, está en otro tema distinto, estamos tocando el tema indígena y el señor está hablando de temas electorales.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Su moción es atendible. Le solicitamos al orador se apegue al tema.

Continúe el orador.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, lo que estamos hablando en efecto es de población indígena y de la incongruencia del PRI en un proceso electoral por venir, porque en esta población hay población indígena náhuatl, popoluca, y es una población de 70 mil habitantes y 27 mil familias están en Oportunidades.

Obviamente en todos los programas tienen alrededor de 116 mil 737 familias, o sea, saben cómo y dónde operar para conseguir los votos que les dieron la consigna para regresar la legitimidad de un Presidente ilegítimo. Esto ya lo hemos denunciado, porque hay que ser respetuoso de la ley, no como otros que no respetan la ley, verdad, los de enfrente.

En Veracruz, el artículo 365 del Código Penal habla de una violencia institucional, que es la que están ejerciendo ustedes, allá está ese artículo que habla de que quien ejerza presión o evite el acceso a recursos y programas públicos tendrá dos años de cárcel. Ya presentamos las denuncias tanto al Instituto Electoral, como a la Procuraduría, pues vamos a cumplir los expedientes.

No somos ingenuos, sabemos que el régimen de corrupción, de opresión, de impunidad que hay desde la cúpula de la presidencia, por eso están tan tranquilos todos operando y van a querer sacar evidentemente este punto de Acuerdo de que el PRI es la mayoría y ganó todo, excepto si su maestro de las concertacesiones, Carlos Salinas les ordena: “Entréguenle a Baja California a mis amigos de la oposición del Pacto por México, o, a ver, entréguenles Cancún a los otros", en fin.

El objetivo es violentar la voluntad popular y burlarse de los ciudadanos, como lo intentan en la sesión del día de hoy con esta estrategia de filibusteros colectivos que tiene el PRI.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Sonido en el escaño del Diputado Javier López, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado Javier López Zavala: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Lo anoto al final de la lista de oradores.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes señoras y señores legisladores:

Es tal la bonhomía de este tema, que hasta permite trasladarlo al ámbito electoral, es una falta de respeto a nuestros pueblos originarios. Si un tema debería de tener consenso en este seno, en cualquier órgano legislativo, debería de ser el de nuestros pueblos originarios, a ellos nos debemos y los hemos mantenido muchos años de manera marginada.

Hay todavía grandes rezagos que tenemos que atender con relación a ellos. Este punto de Acuerdo viene a retomar una vieja idea de una reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese artículo, en la década de los 90’s, se estableció por primera vez una definición de lo que eran las comunidades indígenas, se otorgaron sus derechos de autodeterminación, se les trató de otorgar el pleno reconocimiento en las constituciones locales, se les trató de establecer desde ese año una igualdad de oportunidades y prohibición en la discriminación y se dio obligación a todas las autoridades en los tres niveles de gobierno.

El tema, reitero, debe de ser de consenso. Todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia.

¿Qué debemos de hacer en este caso concreto?, bienvenido este punto de Acuerdo porque nosotros aquí debemos de garantizar plenamente la vigencia irrestricta del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero a partir de 2011 adminiculada con dos preceptos: el artículo 1o. en el cual se garantizan plenamente los derechos humanos, y ahí tenemos que ver el seguimiento irrestricto al control como aquella obligación de que ya ratificado cualquier tratado internacional no se vea mermado por normas contrarias a su objeto y afín.

Es oportuno el punto de Acuerdo porque nos va a permitir en el seno de los congresos ver en aquellas partes en que existen contradicciones entre nuestra norma primaria, entre nuestra legislación local y en los tratados internacionales que México ha asignado. Tenemos que seguir garantizando fehacientemente la dignidad de nuestros pueblos originarios.

Es cuanto, señor Presidente

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Antonio González.

Se ha anotado para rectificar hechos el Diputado Javier López Zavala. Anuncio a la Asamblea la ronda de oradores de rectificación de hechos.

Se ha anotado también el Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Iniciada la ronda de oradores no procederá moción sobre moción. ¿Existe algún otro orador que desee rectificar hechos?

Tiene el uso de la palabra el Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Javier López Zavala: Gracias, señor Presidente.

En México existen más de 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo cual equivale al 6.8 por ciento del total de la población, y en mi estado, el estado de Puebla, de los 5 millones 700 mil poblanos que somos, 700 mil son indígenas, en 7 etnias, por tal motivo es de gran importancia para nosotros discutir y analizar este tema, por eso, compañeras y compañeros legisladores, es preciso empezar asumiendo que, efectivamente, persiste una deuda de reconocimiento, respeto y desarrollo con los pueblos y comunidades indígenas mexicanas.

Las diferencias en la forma de hablar, en la forma de vestir, en el color de piel o en la concepción del mundo no tendrían que suponer situaciones de exclusión y desventaja, ni para las personas, ni para el país. La diversidad cultural mexicana habría de significar más bien una veta de riqueza, del mismo tipo de riqueza que aportan todos los espacios de confluencia de la diversidad humana.

En el México contemporáneo donde emergen nuevos problemas, como los derivados del cambio climático o los de salud pública, como la obesidad, la diabetes, debe de haber un espacio importante para la revaloración de las actividades y sabiduría de los pueblos y comunidades indígenas que va desde el conocimiento de la tierra, el cultivo y el clima, el uso de las plantas para la salud, el cuidado del agua, el manejo de los alimentos autóctonos, hasta diferentes cosmovisiones que dan pauta a producciones literarias, plásticas y musicales que, sin duda, enriquecen la cultura de nuestro país.

Este espacio de participación supone el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos en igualdad y condiciones para el desarrollo con equidad.

Según el estudio Regiones Indígenas en México, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un rasgo común en las regiones indígenas son las condiciones de desigualdad que predominan en relación al resto del país. Es decir, el 82.6 por ciento de los municipios presenta grados altos de marginación frente al 52.9 por ciento del total nacional de los municipios en la misma situación.

Sabemos que la exclusión, discriminación, segregación y falta de oportunidades que padecen nuestros grupos de población minoritaria como lo son los pueblos indígenas, las personas con alguna discapacidad, las minorías religiosas y otros grupos sociales, constituyen un factor que agudiza la pobreza y el atraso no sólo de estos grupos, sino de toda la población; la visibilización de las problemáticas específicas que aquejan a estos grupos es el primer paso para la superación, tarea que sin duda se ubica entre los grandes retos nacionales.

En ese sentido, coincidimos con la comisión dictaminadora en destacar la importancia de la necesidad de generar mayores espacios para el mejoramiento de la población indígena en el país, para hacer efectivo su derecho, como el de todos los mexicanos, de acceder a la salud, educación, vivienda, espacios de atención médica, ciudadanía, trabajo digno, etcétera.

Efectivamente, en la población nacional y en esta legislación, de manera muy preminente, en la Carta Magna se han integrado los principios rectores para un efectivo reconocimiento de los pueblos indígenas y su comunidad, su derecho al desarrollo y para su incorporación es deseable revisar y analizar el marco jurídico general para generar dispositivos que abonen en este sentido.

No obstante, y en eso sí coincide también la comisión dictaminadora, la revisión y el proceso de readecuación en el marco jurídico mexicano encaminada al objetivo específico de adecuarlo para ajustarse a los tratados internacionales comporta una condición temporalmente complicada de atender.

Ahora bien, como precisamente se señala en el dictamen que se discute a partir de la reforma constitucional de los derechos humanos de 2011, nuestro país está obligado a procurar el control convencional, por tal motivo y en tal virtud se deben aplicar los principios contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, además, por supuesto, de las obligaciones de respeto, protección y garantía que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamientos en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales en la materia, pudiendo en su caso no aplicar una norma que se considere contraria a dichos instrumentos.

Por tal razón, se estima procedente la adecuación que plantea la Primera Comisión al resolutivo de la proposición con punto de Acuerdo que se dictamina, acordándose remitir a las Cámaras de Diputados y de Senadores una solicitud para que en lo sucesivo se garantice la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la adecuación de los instrumentos normativos y tratados internacionales existentes en la materia.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Javier López.

También para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con la certeza que la historia me va a dar la razón, sin ser mago, no dudo que terminando mi intervención decidan levantar la sesión e irse rápido a hacer sus prácticas electorales.

Ayer el PAN reconoció en la Primera Comisión que no hay ingenuidad política y el PRI reconoció que tiene una alianza.

Yo siempre he sostenido que a partir del fraude electoral del 88, se dio la cuarta transformación del PRI y el PRIAN, y ya para el 2012 tienen una nueva fórmula y se llama, o mal llamado, pacto contra México, y yo les digo que a los compañeros que han firmado ese pacto que no les van a cumplir el adéndum ni nada.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Permítame, por favor, Diputado Manuel Huerta.

Sonido en el escaño del Diputado Rubén Escajeda, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado José Rubén Escajeda Jiménez: (Desde su escaño) Con el objeto de sugerirle al señor de la congruencia que se apegue al tema, el señor que habla del PRIAN, y decirle que en Durango, en esa congruencia que él tanto presume, está el PTAN, PAN con PT, solamente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Continúe él orador.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, gracias.

No les cumplieron ni les cumplirán, obviamente, excepto las cúpulas políticas que busquen negociar la voluntad popular en esta experiencia que fueron las concertasesiones y busquen burlar la voluntad popular.

Porque obviamente, de fondo, reitero, el objetivo es legitimar al régimen del Presidente Peña Nieto con una votación copiosa al Revolucionario Institucional y decir: “ya ven, teníamos mayoría, se los dijimos”, y entonces pasar a lo que es el único objetivo del programa de gobierno de Peña Nieto, la reforma petrolera, la reforma hacendaria, pero miren, yo les digo y vamos a hablar también del tema indígena porque hay otra zona con gran composición indígena, para que vean cómo hay incongruencia de lo que están sosteniendo luego en tribuna, que las estrategias para el carro completo copeteado que pretenden hacer el próximo domingo, son diversas, no sólo van con la compra y coacción de voto, útiles, sino están acudiendo a viejas prácticas del charrismo sindical o sindicatos blancos, mismas que hasta a Fidel Velásquez estremecería el día de hoy de verlas.

En la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, todo eso ocurre allá, el ciudadano Alberto Jiménez Rivera es miembro y dirigente sindical de la seccional del SUTERM en ejercicio de sus derechos políticos electorales a ser votado y libertad sindical, y contiene el municipio de Cosamaloapan, pero miren, la Comisión Federal de Electricidad en su calidad de patrón en Veracruz, y en particular en Cosamalopan, presiona a los trabajadores de la paraestatal afiliados a este sindicato para que de manera general los candidatos que emerjan de sus filas para contender a puestos de elección popular sean solamente de filiación priísta, oponiéndose a todos aquellos que participen en partidos políticos opuestos al PRI.

Esto en su reforma laboral, obviamente, no lo quisieron modificar, y esa es la práctica cotidiana que ustedes practican, nosotros decimos que hay ciudadanos en el país que quieren rescatar la vía electoral de manera pacífica, que el día domingo se va van a expresar a pesar y en contra de esta consigna que ha dado Peña Nieto de arrasar con todos los ciudadanos que no quieran al PRI, que por cierto somos la mayoría de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Manuel Huerta.

Sonido en el escaño del Diputado Rubén Camarillo, ¿con qué objeto?.

- El C. Diputado Rubén Camarillo Ortega: (Desde su escaño)Es para no incluir en la firma tétrica que el Diputado Ladrón de Guevara ha utilizado, evidentemente ha quedado clara la estrategia el día de hoy, compañeros Diputados y Senadores del PRI, en no querer llegar a temas electorales.

Para no ser incongruentes y no utilizar la misma práctica, le quiero solicitar, señor Presidente, que someta usted a la Asamblea, el cambio en el Orden del Día, para que antes de que cierre esta sesión el punto de Acuerdo que está agendado en relación con el proceso electoral que se llevará a cabo en algunas entidades federativas el 7 de julio del presente año, se pueda discutir, para ello entiendo que la Presidencia tendría que solicitar la venia de la Asamblea para poder hacer ese cambio, por lo cual le solicito que haga la consulta a la Asamblea, si es posible ese cambio en el Orden del Día.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Solicito la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Sonido en el escaño del Senador Penchyna Grub. ¿Con qué objeto?

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Para hechos. Yo le pediría, señor Presidente, que respetáramos este órgano colegiado, estamos discutiendo un dictamen, que ha sido discutido, y que creo que en la conducción de la Mesa Directiva tendría de inmediato, si ya no hay oradores al respecto, ponerlo a votación.

Yo creo que el Diputado Camarillo debe de permitir que terminemos la discusión de un dictamen.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Votaremos el dictamen que hemos estado discutiendo e inmediatamente después someteré a consideración de la Asamblea la propuesta que ha hecho el Diputado Camarillo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar al mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación al Orden del Día propuesta por el Diputado Camarillo Ortega, que implicaría adelantar el punto de Acuerdo que establece la relación con el proceso electoral que se llevará a cabo en algunas entidades federativas el 7 de julio del presente año, es un dictamen que ha sido reservado.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el Diputado Camarillo Ortega, en relación al cambio del Orden del Día y adelantar el punto de Acuerdo que hace mención en su intervención. Quienes estén por que se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, para evitar cualquier duda.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación nominal. Solicito que se comience esta votación del lado derecho, poniéndose de pie y expresando el sentido de su voto.

(Se recoge la votación nominal)

Le informo, señor Presidente, que se emitieron 15 votos en contra y 12 votos en pro.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No se acepta.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION VI AL INCISO A) DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 78 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Diputado Federal José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracciOn VI al inciso a del numeral 1 del artIculo 78 del COdigo Federal de Instituciones y Procesos Electorales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A ustedes jóvenes les confío el corazón del partido: su unidad. Llévenos por los senderos por los que van los partidos que crecen con gases que se expanden pero sin perder la cohesión de sus moléculas.

Carlos Castillo Peraza.

En 1762 un pensador ginebrino, escribió un tratado sobre la educación y la formación del ciudadano ideal, Juan Jacobo Rosseau, propuso con una claridad inigualable un modelo de educación desde la propia naturaleza de acuerdo a las etapas de desarrollo infantil con el fin de formar un individuo libre y autónomo capaz de poder valerse por sí mismo y posteriormente en su entorno social como un ciudadano éticamente comprometido con una solida educación política.

Han pasado más de 250 años y parece que la respuesta para el desarrollo de una sociedad solidaria, que busca el bien común, sigue siendo la misma: la educación cívica de nuestros jóvenes.

México es un país de jóvenes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la media de edad es de 26 años, el número de jóvenes en México equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la población total del país, es innegable que le bono demográfico que representa la juventud en nuestro país es una gran área de oportunidad para el progreso de nuestra sociedad, no sólo laboralmente, sino sobre todo para el desarrollo del capital social de México.

Según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV2012), cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les interesa poco o nada la política.

La indiferencia ante la participación política por los jóvenes resulta una de las principales problemáticas de las democracias modernas, pero también esa indiferencia es directamente proporcional una sociedad subdesarrollada. Paradójicamente esto se convierte en su principal desafío ya que su participación informada y pensada es la principal necesidad y exigencia de la sociedad hacia este grupo social, “el gran desafío de los jóvenes… es relacionarse con una sociedad y un modelo económico que los seduce a consumir y a participar de las modernizaciones, de los éxitos económicos: pero al mismo tiempo los rechaza, los excluye y los castiga por su condición juvenil” (Senarqué 2007).

Los jóvenes requieren de cauces institucionales que les permita participar de forma más activa en la vida política del País; debemos recordar que en nuestro país existen 24, 508,559 de jóvenes votantes entre 18 y 29 años de edad, que equivalen al 28.27% del padrón electoral.

No cabe duda que el futuro, pero sobre todo el presente, depende de este sector poblacional, en este sentido los partidos políticos como instituciones de interés público deben ser las principales impulsoras de la juventud, no sólo otorgándoles candidaturas a puestos de elección popular, sino deben comprometerse con su crecimiento, capacitación y formación política y ciudadana.

Los institutos políticos tienen una gran responsabilidad ante la comunidad, ya que como lo afirma Giovanni Sartori son parte de un todo, además de un conducto de expresión por parte de la ciudadanía. Deben de replantear su papel en la sociedad para invitar a la gente a participar políticamente, ser realmente un medio donde las inquietudes de la población se canalicen y puedan llegar a convertirse en políticas públicas. Es decir, deben cumplir con las funciones de expresión y canalización, además de permitir lo que el autor denomina comunicación expresiva, que permite a los ciudadanos comunicar cosas al Estado. (Sartori 1976).

La capacitación, difusión y formación política no se dará si no se obliga a los institutos políticos a la formación ciudadana de los nuevos votantes, así como al desarrollo de liderazgos jóvenes que refresques el sistema político mexicano.

Por ello considero necesario la creación de una acción afirmativa que permita a la juventud capacitarse cívica y políticamente, así obligar a que el 2% del financiamiento público ordinario sea destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, será una medida determinante para impulso en la vida política del país.

En un breve ejercicio se obtiene que el 2% del financiamiento público ordinario del Partido Acción Nacional sería $16,655,921.871(dieciséis millones, seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos veintiún pesos, con ochenta y siete centavos M/N) que si bien sigue siendo insuficiente para el desarrollo pleno de las potencialidades políticas de los jóvenes, es un avance para su formación.

Los partidos políticos debemos tener muy claro que la participación de los jóvenes no consiste ni se limitaúnicamente en ir a votar el día de la elección, sino que debe ser entendida como una formación en la renovación de los liderazgos políticos, pero dotados de una responsabilidad ética, ciudadana y social.

Ejemplo de la exigencia de la juventud a ser tomados en cuenta en la toma de decisiones de nuestro país, es el significativo aumento de su participación en las urnas la pasada elección de 2012, la asistencia de jóvenes de entre 18 y 24 años fue mayor a la participación registrada en 2006. El porcentaje de jóvenes que votaron en 2012 llegó a 63% contra 49% de seis años antes.

No cabe duda que es trabajo de la política el crear espacios para los jóvenes, pero también es obligación del sistema político la renovación de sus cuadros políticos y la formación de sus futuros ciudadanos.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Así, la presente iniciativa adiciona la fracción VI del inciso a) del numeral 1 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer la obligación de los partidos políticos a destinar el dos por cierto de su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes.

Cabe señalar que el grupo poblacional que se entiende como juventud es el descrito en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es decir hasta los 29 años de edad y así queda previsto en el texto legal propuesto.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo único. Se adiciona la fracción VI al inciso a del numeral 1 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. aV. …

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario.

Se entenderá por jóvenes los comprendidos en la edad establecida en el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

b) y c) …

2.a 5. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga”.

1El Presupuesto para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para el año de 2013 del Partido Acción Nacional es de $832,796,092.85 de acuerdo con el portal del Instituto Federal Electoral. http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/PartidosPoliticosyFinanciamiento/DEPPP-financiamiento/financiamientopublicopartidosnacionales/CUADROS_FINANPUBLICO_1997-2013.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por los CC. Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“LUISA MARIA ALCALDE LUJAN Y RICARDO MONREAL AVILA integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 6, 12, 19, 77 Y 188; ADICIONA LOS ARTICULOS 77 BIS, 188 BIS, 188 TER, 188 QUATER Y 188 QUINTUS; Y DEROGA LOS ARTICULOS 52 bis y 186 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo, las disposiciones legales que rigen la propiedad industrial se encuentran estrechamente vinculadas con la salud pública y el acceso a los medicamentos. Los requisitos de patentabilidad, la divulgación de las invenciones, el alcance de las reivindicaciones, la materia patentable y las licencias obligatorias, son todos aspectos que impactan directa e indirectamente en la accesibilidad financiera a los medicamentos, al restringir o permitir prácticas anticompetitivas de mercado.

Frecuentemente se han presentado como dispares los objetivos perseguidos por los regímenes de la salud pública y el de la propiedad industrial, llegándose incluso a considerar antagónicos, o, cuando menos de difícil armonización, sus sistemas normativos e institucionales. […] se afirma que el régimen de la propiedad intelectual ha dejado de equilibrar el derecho individual a los beneficios resultantes de la propia creatividad y el derecho a participar en el progreso científico y técnico, para pasar a proteger meros intereses comerciales.1

Ante ese aparente antagonismo el enfoque principal de los medicamentos en la economía global, incluido México, tiene una carga estrictamente comercial, es decir que son considerados como mercancías y su tratamiento legislativo, técnico y político así lo refleja, condicionando su acceso a la capacidad financiera de los consumidores/pacientes, dejando a un lado, tanto la característica de derecho humano que los debería revestir, como la obligación del Estado de garantizar su accesibilidad.

El vínculo innegable entre las condiciones impuestas por determinados regímenes de propiedad industrial, entre los que se encuentra México, y los sistemas de sanidad, generan graves impedimentos para garantizar la salud pública, lo cual tiene origen en el hecho de que los actuales regímenes de protección de la propiedad industrial en cuanto hace a las patentes farmacéuticas, en última instancia se reflejan en un aumento del precio de los medicamentos.

Lo anterior deriva del derecho exclusivo de explotación de los productos farmacéuticos que otorga la patente, así como de la fijación del precio que se realiza estrictamente en función de las expectativas económicas del titular de la misma, aún cuando versa sobre un bien indispensable para garantizar el acceso a la salud pública.

Cuando el sistema de patentes no opera bajo reglas específicas en cuanto al sobrepatentamiento, el patentamiento frívolo o el otorgamiento de patentes que carecen de novedad, permite a las empresas trasnacionales aprovechar su posición de dominio así como sus recursos económicos, para solicitar y obtener la mayor cantidad de patentes, de modo que logren bloquear a la competencia y mantener una posición monopólica u oligopólica en los mercados.

La capacidad económica, jurídica y política de las empresas trasnacionales, les permite llevar a cabo un patentamiento excesivo de invenciones no novedosas, lo cual constituye una práctica anticompetitiva que, utilizando figuras de protección propias de la propiedad industrial, elimina la competencia y redunda en un aumento en el precio de los medicamentos.

La actual posición de dominio en los mercados que tienen las principales empresas de investigación y desarrollo farmacéutico, les provee una plataforma que junto con el sistema de patentes, permite actuar de manera sistemática en forma anticompetitiva.

Por otro lado, la innovación farmacéutica, que a menudo se presenta como el principal argumento para la existencia de la protección de las patentes, resulta insuficiente para justificar su protección absoluta, ya que:

1. La integración de la innovación a los países se somete a las condiciones del mercado, es decir, en la medida que la industria farmacéutica identifica circunstancias económicas (incluida la legislación y la postura del gobierno frente al tema) que le puedan redundar en beneficios personales es la medida en la que integrarán innovación en un mercado nacional, y

2. Las técnicas farmacéuticas para la preparación de medicamentos en diferentes presentaciones y posologías, formulaciones y composiciones, combinaciones, dosificaciones, polimorfismos y otras formas usualmente patentadas a través de reivindicaciones de uso o de selección, normalmente son conocidas y forman parte del conjunto de conocimientos que posee un “individuo versado en la técnica”. Por lo tanto, existe un espectro limitado de desarrollos que se podrían considerar genuinamente inventivos en este campo a la luz del estado de la técnica.2

La carga de la obligación de generar las circunstancias idóneas para el equilibrio entre ambos aspectos, salud pública y propiedad industrial, corresponde a los gobiernos, quienes tienen la obligación de implementar las disposiciones legales y políticas públicas así como su ejecución, tendientes a generar sistemas de patentes que no se opongan al derecho a la salud, incentivando aún así, el desarrollo e innovación tecnológica. Ya que en caso contrario generaría mayor dependencia de tecnologías extranjeras y es, justamente esa dependencia lo que les provee a los innovadores una posición de dominio a través de la cual imponen condiciones anticompetitivas, que provocan de manera progresiva un aumento de la propia dependencia a esas tecnologías.

Lejos de compartir el know how tecnológico (conocimiento fundamental, forma de transferencia de tecnología)a través de la divulgación, son cada vez más herméticas las políticas de protección de los llamados secretos industriales, que, en muchas ocasiones no son otra cosa que los componentes de una invención patentada, o de la mejor forma para realizarla, ambos elementos que corresponderían al dominio público.

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con un principio básico de humanismo, ética y responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, México está obligado a privilegiar el acceso a la salud sobre los intereses comerciales de la industria de investigación y desarrollo farmacéutico. Lo cual no implica eliminar la protección de las patentes farmacéuticas sino buscar un equilibrio que armonice el derecho de explotación exclusiva a las necesidades sanitarias nacionales.

México debe implementar efectivamente figuras plenamente validadas y reconocidas por los acuerdos internacionales que ha suscrito en la materia (como los Acuerdos sobre la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC), tales como lo son las licencias obligatorias por causa de utilidad pública, uno de los mecanismos idóneos, a priori para equilibrar los aspectos públicos y privados, que si bien no resuelven el problema de fondo, ya que no modifican sustancialmente el sistema de patentes, representan un mecanismo de equilibrio que en casos de emergencia nacional, serio desabasto o encarecimiento de medicamentos, ofrece una solución jurídica, que inclusive puede utilizarse como vía para persuadir a los laboratorios titulares de patente para negociar los precios.

La iniciativa que se presenta, pretende mejorar el sistema de patentes y dotarle de una perspectiva de protección de la salud pública a través de distintos mecanismos que mejoren elementos sustanciales de la Ley de la Propiedad Industrial. Algunos de los aspectos más relevantes de la iniciativa son los siguientes:

1. Fortalece la definición de “reivindicación”; lo cual tiene gran relevancia para el tema, ya que las reivindicaciones contienen la descripción de técnica de las especificaciones de la invención que se patentará, y por lo tanto definen los derechos de los inventores. La forma como se redacte la reivindicación de una patente tiene una trascendental importancia, dado que dentro de la descripción se contendrá la cobertura de la misma.

2. Se precisa la materia no patentable; los criterios utilizados para definir lo que es nuevo, son determinantes clave de las posibles limitaciones al libre acceso y uso de conocimientos técnicos y productos que se encuentran en el dominio público. El requisito de novedad se basa en una evaluación del estado de la técnica de ámbito universal. Esto es, en cualquier parte del mundo.

Si los criterios para establecer la novedad no se endurecen, forzosamente seguiremos ante una realidad donde se otorgan patentes por demasiados procedimientos y composiciones químicas, que satura el mercado de productos patentados y genera un sistema anticompetitivo que aumenta los precios.

Lo anterior pretende que no sean patentables las solicitudes cuyas reivindicaciones contengan:

a) Una nueva sal, éster, éter o polimorfo, incluyendo hidratos y solvatos, de una entidad química existente.

b) Un enantiómero individual de una entidad química existente.

c) Una nueva combinación de dos o más principios activos que ya están disponibles como entidades individuales.

d) Una nueva forma de administración que permita una nueva ruta de administración (por ejemplo, una forma inyectable cuando ya existe un comprimido oral).

e) Una forma de administración de liberación controlada cuando ya existe una forma de administración de liberación no controlada.

f) Una nueva ruta de una forma de administración existente (por ejemplo, la administración por vía intravenosa de un fármaco cuando ya está aprobada su administración por vía subcutánea).

g) Un cambio en la formulación.3

3. Se privilegia el principio de máxima divulgación; ya que las patentes otorgan monopolios temporales a los inventores a cambio de la divulgación pública de la invención. La plena divulgación es un principio básico del derecho de patentes. El acceso a la información sobre la invención es una de las justificaciones tradicionales para conceder la exclusividad temporal al inventor. Para cumplir con su función informativa, la divulgación de la invención debería, como mínimo, ser tal que la invención pudiera ser comprendida y ejecutada por una persona experta de mediana aptitud en la disciplina correspondiente. La descripción debería ser suficiente para enseñar la invención a un experto local.4

4. Se mejora el esquema para la imposición de licencias obligatorias; al dar participación a los centros de investigación no gubernamentales, como lo pueden ser las Universidades y otras instituciones privadas, así como a los centros gubernamentales locales, se mejoran las oportunidades de detectar emergencias nacionales relacionadas con alguna enfermedad o con la distribución o desabasto de algún fármaco, asimismo se disminuye el tiempo máximo de respuesta para atender las solicitudes de licencia obligatoria, mismas que deberán efectuarse de forma inmediata por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una vez declarada la emergencia.

5. Se incluye un Procedimiento de Oposición en Materia de Patentes; el cual permitirá la posibilidad de presentar observaciones o una oposición a la concesión de una solicitud de una patente.

Los mecanismos de oposición previos al otorgamiento de una patente ayudan a los examinadores a mejorar el análisis que efectúan para su otorgamiento, dado que los terceros pueden hacerles tener en cuenta antecedentes que quizás no hayan identificado, así como argumentos y pruebas que acrediten su inviabilidad, conduciendo a una concesión de patentes más sólidas, mientras que, a la vez, se evita la creación de derechos sobre desarrollos que no acarrean una actividad realmente inventiva.5

Este punto es sumamente importante, ya que las patentes mal concedidas que obstaculizan la competencia de manera indebida y perjudican a los consumidores pueden en caso contrario, permanecer vigentes durante todo su período de otorgamiento.6

Tanto la legislación de propiedad industrial, como las instituciones y autoridades que participan en la materia, requieren modificaciones sustanciales y adjetivas, que permitan que la competencia en la industria farmacéutica sea lo más efectiva posible, estando aún así dentro de los límites de las obligaciones de los tratados internacionales sobre la materia ratificados por México.

Corresponde al gobierno mexicano regular tanto la economía como la salud para alcanzar el equilibrio entre ambos factores. Si se permite que sea el libre mercado el único determinante que “regule” la comercialización de medicamentos, estos tenderán a subir de precio y por lo tanto aumentará también la inaccesibilidad por parte de la población de menores recursos económicos.7 Es por todo lo anterior que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 6, 12, 19, 77 y 188; adicionan los artículos 77 bis, 188 Bis, 188 ter, 188 quater y 188 quintus; y derogan los artículos 52 bis y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 6.- ....

I a III...

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación de los derechos de propiedad industrial y de oposición en materia de patentes; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V a XXII…

Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:

V.- Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama por escrito de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

Las reivindicaciones deberán ser redactadas de forma clara, suficiente y completa para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención.

Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I a VII...

VIII.- En el ramo farmacéutico; los enantiómeros individuales, las sales, estéres, éteres o polimorfos de una entidad química existente, las nuevas rutas de administración o las nuevas formas de administración que permitan nuevas rutas de administración, las formas de administración controlada cuando ya exista una forma de liberación no controlada, los cambios en la formulación, y los compuestos que incluyan un gran número de sustituyentes químicos, funcionalmente equivalentes en una o más partes del compuesto o cuyas propiedades no se hayan comprobado.

IX.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma o presentación, de dimensiones o de materiales, salvo que derivado de ello se obtenga una invención novedosa; que varíe de manera sustancial respecto de la esencia de los productos, materiales o invenciones yuxtapuestas o mezcladas, o que con su utilización se resolviere un problema técnico concreto que antes no tuviera solución equivalente.

Solamente en los casos en que se trate de una combinación o fusión, de manera que sus partes no puedan funcionar separadamente para la finalidad que se propone y siempre que esta sea distinta a la de las propias invenciones o productos que se combinarán, procederá otorgar una nueva patente.

Artículo 52 BIS.- Se deroga.

Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en elDiario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará ladeclaratoria de atención prioritaria de oficio o a petición de parte, previo análisis y publicación de resolución correspondiente, mediante solicitud por escrito de instituciones de investigación especializadas, o de instituciones gubernamentales federales o localesespecializadas que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en elDiario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

La Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente.

La concesión podrá abarcar una o todas de las prerrogativas a que se refieren las fracciones I o II del artículo 25 de esta Ley.

Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo y tercero de éste artículo, para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles.

Artículo 77 bis.Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, el Instituto deberá continuar con el trámite correspondiente para el otorgamiento de la licencia de forma inmediata.

Artículo 186.- Se deroga.

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de caducidad, de nulidad o de infracción, de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Artículo 188 bis.- El instituto podrá iniciar el procedimiento de oposición en materia de patentes a petición de quién tenga un interés legítimo y funde su pretensión.

Artículo 188 ter. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente, cualquier persona podrá oponerse a su otorgamiento, para lo cual deberá proporcionar al Instituto argumentos o evidencia sobre la improcedencia del otorgamiento de la misma, de los que se desprenda que:

I. La invención no reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, o se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 16 y 19 de esta Ley.

II. El solicitante no divulgue la invención de manera suficiente, clara y completa o no indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud, o en su caso, en la fecha de la prioridaden la solicitud.

III. La solicitud contenga reivindicaciones que pretendan abarcar materia que exceda del contenido de la descripción o cuando dichas reivindicaciones incluyan parcial o totalmente materia contenida en solicitudes de patente en trámite o previamente patentadas, aun cuando se trate de patentes del mismo titular.

Artículo 188 quater. El Instituto notificará al solicitante de la patente del inicio del procedimiento de oposición para que en el plazo de tres meses manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no dar contestación a la oposición se tendrá por desechada la patente.

Artículo 188 quintus. El Instituto deberá tomar en consideración los elementos aportados en los términos del artículo 188 ter, tanto por el solicitante como por él o los opositores y en el mismo acto en que resuelva sobre el otorgamiento de la patente deberá resolver sobre la oposición fundando y motivando debidamente su resolución, misma que será debidamente notificada a ambas partes.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El Consejo de Salubridad General emitirá dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente decreto, la convocatoria para la inscripción de las instituciones a que se refiere el artículo 77, y deberá concluir el proceso a mas tardar 180 días después de publicada la convocatoria, debiendo actualizar el padrón de instituciones acreditadas de forma anual.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.

1SEUBA, Xavier, Acceso a los medicamentos como derecho humano. Impacto de las disposiciones de ADPIC-PLUS, en CORREA, Carlos M. Propiedad Intelectual y medicamentos, Buenos Aires, Argentina, Euros Editores, 2010, p. 75.

2Cfr. CORREA, Carlos, Pautas para el examen de patentes farmacéutica. Una perspectiva desde la Salud Pública, Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sustentable, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 2008, p. 6, disponible en: http://ictsd.org/downloads/2008/06/correa_guidelines20espanol20final.pdf

3 Cfr. CORREA, Carlos, op. cit. p.26.

4 Cfr. Organización Mundial de la Salud, Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo, South Centre, Ginebra, Suiza, 2001, disponible en: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4918s/, consultado el 1 de julio de 2013.

5 Cfr. CORREA, Carlos, op. cit. p. 24

6 Cfr. Ibídem.

7 Algunas de las ideas, así como comentarios específicos utilizados para la realización de la presente exposición de motivos fueron tomados de la tesis profesional cuyos datos se describen a continuación con permiso expreso de su autor.AIZPURU AKEL, Alan, Propiedad Industrial y Salud Pública, dirigida por Jorge Witker Velásquez, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, México, 2011.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 59 TER DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 59 TER DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México cada día se inician en promedio siete expedientes de denuncia por violaciones a derechos humanos de infantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sexenio que finalizó, los agravios aumentaron drásticamente 226 por ciento, convirtiendo a este sector de la población en uno de los más vulnerables del país.

En la Agenda Nacional de Derechos Humanos, entregada por la CNDH a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se precisa que de 2006 a 2012 se registraron 10 mil 727 quejas que se referían a agravios a niños, niñas y adolescentes. La cifra de casos va en aumento, ya que mientras que a finales de 2006 se contabilizaron 816 quejas, para 2012 la cifra alcanzó las 2 mil 660.

Según el reporte, los números no reflejan la problemática total, pues sólo se refieren a hechos denunciados ante el organismo. Además, una queja incluye a uno o más afectados.

Conviene destacar que las violaciones más frecuentes provienen, en primera instancia, del seno familiar donde pueden ser desde víctimas de abandono por omisión, de incumplimiento de obligaciones alimentarias o escolares, hasta de acciones como abuso sexual, en los casos más graves.

La escuela es otro ámbito de riesgo, ya que las violaciones a sus derechos pueden ser inferidas por compañeros, maestros, personal administrativo o directivo. Muchas denuncias, reveló personal de la comisión, están relacionadas primordialmente con la inadecuada actuación del personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues los niños son víctimas de maltrato físico, psicológico e incluso sexual.

Un ejemplo de lo anterior se suscitó recientemente en una escuela de Hermosillo, Sonora, donde se aprecia, a través de un video que circula en las redes sociales, como un niño agrede físicamente a su compañera hasta dejarla inconsciente y en el que ninguna autoridad escolar intervino. El motivo de la agresión -aducida por las autoridades educativas estatales y los padres de la niña- fue que ella era del estado de Jalisco.

La alarma y atención al presente caso no se hizo esperar por parte de la sociedad mexicana y en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos adherimos a la exigencia social, por ello proponemos instrumentos jurídicos que tengan como fin que los medios de comunicación masiva incorporen en su barra infantil la promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuyo fin último sea generar respeto y conciencia, en las audiencias.

El tema de la niñez es de primordial importancia, ya que no son sólo el futuro sino el presente de nuestra sociedad; por ello es imprescindible el cumplimiento, la aplicación y el respeto de los derechos humanos a favor de las niñas y los niños y adolescentes

También está el ámbito social, donde los infantes pueden ser agraviados de manera física, psicológica y sexual.

Para el organismo público autónomo que tiene por misión la promoción y defensa de los derechos humanos, es de preocupación especial la atención y supervisión que se brinda a los menores en las estancias infantiles públicas y privadas.

En el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la CNDH envió a la Secretaría de Gobernación su Agenda Nacional, que contiene datos sobre violaciones a derechos humanos en diversos ámbitos, cometidas del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2012.

En dicha agenda, la CNDH destaca, en el tema de la protección, que se deben establecer mecanismos eficaces para la protección de sus derechos y diseñar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia a las niñas, niños y adolescentes, reforzando además los argumentos que las medidas preventivas auxiliarán en la atención de la problemática real que se padece en México, lo cualcontribuirá al abatimiento de las cifras que líneas arriba fueron expuestas.

Para entender los problemas que enfrenta México en materia de derechos humanos, es necesario conocer los asuntos que están generando más inquietud y agravio en la sociedad.

Una muestra la observamos en la posición en la que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional las niñas y niños, adolescentes quienes por su situación de vulnerabilidad tienen mayor riesgo de padecer violencia.

Aunque México ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace más de dos décadas, a la fecha en el país aún son constantes las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con informes y recomendaciones generadas por diversas organizaciones de la sociedad civil.

ARGUMENTACION

De conformidad con el artículo 4o. de la Constitución General de la República;

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, tal y como lo establece el artículo 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Como se advierte, son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: el del interés superior de la infancia; la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia, de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales; vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo; el tener una vida libre de violencia; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad; la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Sin embargo, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Atención de la Infancia (UNICEF), México es señalado como el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios en contra de menores de edad. Los expertos recomiendan que está problemática debe ser abordada desde diversas perspectivas como la jurídica, psicológica, social y naturalmente, desde el ámbito de los derechos humanos.

Las voces autorizadas señalan que un factor que incentiva este fenómeno es el de las redes sociales en Internet, en donde exponen al menor y lo convierten en víctima potencial de delitos como la pornografía y el bulling, práctica que se ha convertido en una de las formas de maltrato infantil más frecuente en las escuelas.

Un dato interesante es el que expone la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que un 20 por ciento de las mujeres y de 5 a 10 por ciento de los hombres a nivel mundial, han padecido de abuso sexual, lo que da como resultado la transmisión intergeneracional del fenómeno, donde el niño al crecer y tener hijos, repite patrones de violencia.

Es en función a este panorama en que se vuelve preocupante el incremento y la desatención al maltrato infantil en México, donde el diez por ciento de la población pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato, tal como lo alertó el especialista Arturo Loredo Abdalá, Director del Centro de Atención Integral al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría.

Lo más lamentable es que sólo uno de cada cien niños maltratados es atendido. “Los 99 restantes si no fallecen, si llegan a la vida adulta y se convierten en padres de familia, si su hijo no llena sus expectativas y si vive en un medio violento, van a ser maltratadores 55 a 85 por ciento de ellos”, comentó el Dr. Loredo en un foro organizado por la UNAM en abril pasado.

De las violaciones y maltratos que menos se identifican, pero son más frecuentes es el síndrome de alienación parental. Este síndrome, dijo el especialista citado, es producto del divorcio o la separación de los padres, consistente en “el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de su hijo con el objeto de impedir obstaculizar, el vínculo con el otro progenitor. Un fenómeno coloquialmente llamado como lavado de cerebro”. Otras formas frecuentes de maltrato que pasan desapercibidas, destaca el especialista, son el maltrato étnico, el abuso fetal, niños migrantes, trabajadores”1.

Por ello Nueva Alianza convoca a las distintas fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la Unión y a la sociedad en su conjunto, para que se apruebe la presente expresión legislativa, a fin de que a partir de ella, el Estado Mexicano en los tres órdenes de gobierno implemente políticas públicas encaminadas a combatir y abatir frontalmente el flagelo.

Dentro de estas políticas se requiere una estrategia de política Estado que atienda a la familiar de manera integral, y que coadyuve a fomentar la sana convivencia basada en la comunicación y el respeto; que promueva la formación de conciencia en las niñas, niños y adolescentes, a través de la difusión y orientación de sus derechos en los espacios que los medios masivos de comunicación incorporen en su programación habitual.

Lo anterior permitirá a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollar la capacidad para conocer y exigir el pleno cumplimiento de sus derechos, pero al mismo tiempo debe impulsar la responsabilidad de la autoridad para hacerlos cumplir, mediante la publicidad de las sanciones correspondientes en los casos de aquellos que los vulneren.

La sociedad civil, por su parte se organiza y realiza diversas acciones tendientes a promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo: en el estado de Oaxaca se organizó el “Foro Oaxaqueño de la Niñez” (FONI), integrado por diversas Organizaciones responsables de la campaña: “Así somos y lo decimos con derecho”, la cual tiene el objetivo de difundir el derecho que tienen los niños las niñas y los adolescentes a la no discriminación y a la educación.

Esta campaña se llevó a cabo en todas las escuelas del estado y también se dirigió a padres de familia y maestros. La campaña se realizó formalmente del 1º de enero al 30 de junio del año pasado y consistió en una serie de materiales didácticos difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales y también distribuido en todas las escuelas.2

Otra acción social de gran alcance consistió en la campaña promovida, desde hace 25 años por una de las televisoras con presencia importante en el país, en la difusión de acciones específicas contra el maltrato infantil en todas sus modalidades, conocida como “mucho ojo”, la cual pretendía generar conciencia en el público infantil y en la audiencia en general.

En el mismo sentido se incorporaron otros elementos de diferentes campañas como “cuenta hasta 10”, dirigida a los padres de familia, que tenía por intención frenar la violencia intrafamiliar.

En la actualidad se difunden a través de su programación campañas contra las adicciones y el bulling, cuyos destinatarios son niñas y niños, los adolescentes y sus progenitores.

De lo que se trata es de sensibilizar, informar y concientizar a niños y adultos, sobre el maltrato infantil y sus implicaciones, con el fin de disminuir su práctica y promover la cultura de una sana convivencia en familia.

En México, el maltrato infantil, en algunos ámbitos es socialmente tolerado lo que coloca al espectro de cerca de 39 millones de niños y adolescentes (35 por ciento de la población del país con menos de 18 años), en situación de posiblevulnerabilidad;3 más aún, 6 de cada 10 niños adolescentes ha vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela.

La especialista indicó que los hogares, donde se debería proveer seguridad emocional, alimentaria, jurídica y económica a los menores constituye el escenario principal de la violencia referida, sobre todo física y emocional.

Afirma que en el caso de los niños varones el maltrato físico y físico severo es más alto cuando viven con otros familiares y/o donde no hay presencia de padre ni de madre (22.3 y 30.9 por ciento, respectivamente), el maltrato emocional es más común en hogares en donde no hay madre y padrastro (61.6 por ciento); el que se da por negligencia y abandono es más frecuente donde viven el padre y la madrastra (22.4 por ciento); el abuso sexual tiene una prevalencia más elevada en los hogares con padre y madrastra (7.1 por ciento).

Los pequeños están desprotegidos ante el abuso, al sentirse solos, indefensos y desamparados, porque ignoran la existencia de los derechos que en su favor establecen el derecho interno y los mecanismos internacionales.

El Estado en el ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, tiene la obligación irrenunciable de construir las condiciones necesarias para prevenir, mediante la publicitación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el maltrato de cualquier naturaleza que sufran.

Por su parte los medios de comunicación tienen la obligación de asumir una función social más relevante e importante, como la que se establece en el producto legislativo que se propone, propiciando así un bienestar para este grupo vulnerable.

La transmisión de spots publicitarios sobre los derechos de los menores y los mecanismos para ejercerlos, generaría un impacto positivo en sus destinatarios e iría conformando una cultura de prevención, protección, sensibilización y vigilancia hacia los menores, para que cada vez sean menos los casos registrados y no registrados de violencia hacia esta población con alto grado de vulnerabilidad.

Con ello se busca que cada uno de los actores sociales, padres, tutores, los menores y adolescentes, entre otros, asuman sus responsabilidades y se propicie un ambiente sano de bienestar entre los mexicanos, sustentado en la armonía, comunicación, libertad y respeto, desde el seno familiar hasta el ámbito social.

En ese contexto también se genera conciencia en los adultos con los que convive el menor, porque se espera que aquellos los guíen, eduquen con amor, cariñosensibilidad, atención y sobre todo dedicación para su desarrollo pleno y armónico, y en el futuro se trate de personas sanas y emprendedoras.

La violencia y el maltrato encarnan lo contrario, es decir, el desarrollo del menor en un ambiente viciado genera individuos tímidos o extremadamente violentos, elementos que de no atenderse oportunamente, se convertirán en factores criminológicos.

Atento al contenido de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,Niños y Adolescentes en su artículo 5º, que impone la obligación de la:

Federación, el Distrito Federal, los estados y losmunicipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.

Por su parte, el artículo 11 del ordenamiento citado prescribe como obligacionesde madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, las siguientes.

Una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente

Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

En ese tenor el artículo 13 en su apartado B dispone que:

El Estado, en los ámbitos federales, estatal y municipal pueda intervenir, con todos los medios legales necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o generales del derecho de protección de niñas, niños y adolescentes.

Como se advierte dentro de los objetivos primordiales que deben guiar el actuar de las instituciones del Estado mexicano se encuentra la tutela de los derechos de los grupos más vulnerables.

En ese sentido, la preocupación de esta soberanía por la atención, difusión y promoción de los derechos de los niños y los adolescentes debe ocupar un lugar primordial en la agenda legislativa.

En el contexto internacional, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reconoce que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Más aún, la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

La Declaración de los Derechos del Niño establece precisamente: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Como se puede inferir, ha existido una clara tendencia internacional sobre la relevancia, la promoción, la difusión y el respeto de los derechos del niño.

En conformidad con el concierto internacional, México ha procurado regular su legislación ordinaria, al grado de expedir para 2000 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de garantizarles la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

No obstante, no sólo con la expedición de leyes especiales se cumplen los objetivos de los tratados y pactos suscritos por México. Es menester reformar la legislación ordinaria en distintas materias, como la penal, la civil, lo relativo a la salud o, como en este caso, las telecomunicaciones.

El 19 de junio de 2009 fue publicada una de las más connotadas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, dentro de las que se incluían, en el actual 59 ter, cinco loables objetivos con relación a la programación general dirigida a la población infantil. En aquellos momentos se trataba de principios rectores que se encontraban a la vanguardia en la protección de los derechos de los menores de edad.

Sin embargo, las condiciones de la sociedad mexicana han cambiado con el transcurso de los años. Actualmente, existe la necesidad de replantear los fines a que se debe sujetar la programación general dirigida a la población infantil.

La reforma que ahora se somete a esta Soberanía pretende la inclusión de la difusión y promoción de los derechos de niños y de adolescentes dentro de los fines de la programación general dirigida a la población infantil, como elementos fundamentales para el desarrollo armónico de la niñez.

El sentido primordial de esta iniciativa es aprovechar los medios de comunicación masiva para insertar, en nuestros niños y jóvenes, conciencia plena sobre los derechos que les asisten y, tangencialmente, obtener un beneficio por demás trascendente del hecho de que la televisión, desafortunadamente, abarca gran cantidad del tiempo de esparcimiento con que cuentan los niños.

En ese sentido, si bien es cierto que lo idóneo sería desincentivar la conducta recurrente de ver la televisión por parte de nuestros niños por medio de la difusión y promoción de distintas actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento en general, no menos cierto es el hecho de que si la televisión es un distractor obligado, y hasta cierto punto necesario, debemos hacer de estas horas frente al televisor un momento de aprendizaje y toma de conciencia.

Los anteriores argumentos de igual forma se pueden aplicar a la actividad de escuchar la radio. Sin embargo, el tiempo que los niños dedican a la actividad de escuchar la radio es, en términos generales, mucho menor que el dedicado a ver televisión.

Por otra parte, distintos organismos están realizando esfuerzos para difundir los derechos propios de la niñez.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de “reforzar la educación en derechos humanos de las generaciones jóvenes”, celebró el año 2006 el concurso nacional infantil ¿Somos iguales...?, que contó con la participación de 2 mil 42 personas, integrando la publicación ¿Somos iguales? con los mejores 18 trabajos.

El Instituto Federal Electoral celebró en 1997 una primera elección infantil, con el tema “Derechos de los niños: todos los niños, todos los derechos”. En ella votaron 3 millones 709 mil 704 niños de México. Desde entonces, cada elección federal se enriquece con la participación de los niños, que opinan sobre cuestiones de su interés.

Esta misma Soberanía, realiza en sus instalaciones con mucho entusiasmo e interés “el Parlamento Infantil”.

Los anteriores han sido esfuerzos realizados con gran impacto en la sociedad y han logrado el objetivo de difundir los derechos de los niños. Ahora toca el turno al Poder Legislativo.

Nueva Alianza propone esta reforma legislativa con la firme intención de lograr establecer la obligación a una difusión constante y sistemática de los derechos de los niños con alcances de largo plazo y en donde, dada la creatividad que caracteriza a las figuras públicas, se podrían encontrar medios para hacer la comprensión de los derechos más asequible para los niños.

Como se ha insistido a lo largo de esta argumentación, debe ser claro que para lograr un sano y armónico desarrollo en los menores de edad, debemos impulsar que disminuyan las horas frente al televisor y, por el contrario, fomentar actividades que impliquen un desarrollo intelectual, deportivo y cultural.

Pero si esto es un ideal, entonces debemos emplear los tiempos de televisión y radio como un instrumento para crear mentes reflexivas y conscientes de sus garantías.

Debemos lograr el equilibrio ideal sobre las bondades que ofrecen los medios de comunicación; debemos procurar enriquecer la programación a que se enfrentan nuestros hijos día con día y ayudarlos a tomar conciencia de las garantías y de los derechos con que cuentan a fin de ayudar a forjar una sociedad con una cultura que ataque la ignorancia, la indolencia y, sobre todo, la sumisión e indiferencia.

De aprobarse el presente proyecto legislativo se abren los canales de comunicación masiva que permitirá incrementar el conocimiento y reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho, que les dará acceso a los mecanismo nacionales e internacionales para denunciar las violaciones a sus derechos, como casos de violencia, explotación o discriminación, que de no llegarse a resolver en el ámbito del derecho interno, puedan ocurrir a las instancias internacionales.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 59 TER DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION.

Artículo Unico. Se adiciona una fracción VI al artículo 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 59-TER. La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I. …. aV.

VI. Difundir y promover los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá adecuar el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión a la presente disposición, en un término no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.

1Arturo Loredo Abdalá, Director del Centro de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría. En un foro organizado por la UNAM, en el marco del día del niño, recalcó que no hay un registro completo del maltrato de niñas y niños en el país, además de que hay un nivel muy bajo de denuncia.Hay cuatro grandes modalidades de maltrato infantil: el abuso físico, sexual, psicológico y negligencia. 23/04/2013

2 El responsable de Comunicación de esta organización civil, Carlos Camacho, señaló que otro de los objetivos consiste enproporcionar información estadística sobre situaciones que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes en dos ejes temáticos.

3 Los Niños, las víctimas más indefensas de la Violencia en México; Silvia Solís San Vicente, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM. Boletín UNAM-DGCS-338, México, 3 de junio de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Diputada Leticia Calderón Ramírez, del grupo parlamentario del PRI)

“Quien suscribe, Leticia Calderón Ramírez, Diputada Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En consideración de los expertos, uno de los signos importantes de nuestra democracia actual, conceptualmente y prácticamente hablando, lo es la participación de la ciudadanía, que significa en la realidad concreta tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social.1

La participación de la ciudadanía, a través de una mayor participación, amplia las bases de la intervención de los ciudadanos en los procesos de adopción y control de las decisiones de en todas las esferas de la vida social.

La participación de los ciudadanos es elemento importante de las actuales democracias, lo que permite superar la democracia electoral e impulsar la democracia participativa, en la que se crean espacios de interacción entre los ciudadanos y su gobierno.

El derecho del ciudadano a elegir y ser elegidoa los cargos de representación popular, forma parte de los derechos civiles y políticos reconocidos en los distintos instrumentos en el ámbito internacional como nacional.

Los expertos afirman que un régimen democrático requiere de estimular la participación ciudadana a diferencia de los regímenes de gobierno autoritario donde los ciudadanos atiendan sus asuntos privados.

“…dejando la esfera pública en manos de la élite que detenta los mandos del Estado, la institucionalidad democrática, para su propia reproducción, necesita que los ciudadanos participen en los asuntos que se ventilan en la esfera pública. Sea por la vía electoral, a través de referendos, de la participación partidista o social, o de las campañas de diferente tipo, la democracia supone una participación ciudadana recurrente. La democracia significa un espacio público dilatado, medios para la participación y condiciones para hacerla posible. La esfera pública, según la doctrina democrática, es competencia de todos, y la participación ciudadana una condición para que el propio sistema se reproduzca.”2

En nuestro país, la figura de candidaturas ciudadanas o independientes fortalecerá el régimen democrático dada la interacción del sistema de partidos y ahora de candidaturas independientes.

En opinión de los estudiosos: es ...“ a partir de la independencia en 1810 y hasta la Revolución mexicana en 1910, las candidaturas individuales estaban reguladas en la Ley, y señala que a pesar de que existían grupos de individuos que por compartir una plataforma ideológica se les puede asimilar con partidos políticos, éstos existían en la realidad más no en las leyes, destacando que durante este siglo los protagonistas siempre fueron los individuos y no los partidos políticos, y agrega que, hasta 1911 es reconocida legalmente la existencia de los partidos políticos, sin embargo, todavía durante esta etapa por la conformación de los partidos -con hombres ilustres y caudillos-, los partidos dependían de los candidatos y no éstos de aquéllos.3

Entre los años de 2001 a 2006, se sucedieron diversos casos de ciudadanos que aspiraban a ser candidatos independientes tanto en cargos de representación popular del ámbito municipal, estatal o federal, ya sea para presidentes municipales, candidato a Gobernador o Presidente de la República, en que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación rechazo tales solicitudes.4

Uno de los antecedentes más próximos a nuestro tiempo en la búsqueda impulsar la participación de los ciudadanos a través de las candidaturas ciudadanas es el caso que representa la demanda interpuesta por el ciudadano Jorge Castañeda Gutman contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la imposibilidad de registrarse como candidato ciudadano a la Presidencia de la República en el año 2006.5

Diversos especialista e instituciones y cetros académicos, realizaron distintos ejercicios con la finalidad de aportar elementos que fortalezcan la democracia mexicana y sus instituciones para dar gobernabilidad y estabilidad política a nuestro país en un ambiente de paz social, tales como nuestra máxima Casa de Estudios la Universidad Nacional Autónoma de México, al contribuir a realizar encuentros y estudios al respecto de la “Reforma de Estado”, a través de los cuales se concentraron diversos análisis y opiniones al respecto de la relación Estado-Sociedad, ciudadanos y sus gobernantes.6

La propuesta de reforma política que en su momento hizo llegar el titular del Ejecutivo Federal al Senado el 15 de diciembre de 2009 y dictaminada por esa cámara el 27 de abril de 2011 y enviada a la Cámara de Diputados tubo como una de sus características el incremento de los derechos de los ciudadanos.

Lo anterior busca incentivar el interés de los ciudadanos respecto a lo público y la solución de problemas sociales.

Así, después de un proceso de propuestas, análisis, debates y conclusiones, en abril de 2012 fue aprobado por los distintos grupos parlamentarios los distintos temas que integraron la reformay adiciones constitucionales en materia político electoral, publicándose el 9 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación,aprobándose de entre ellas,la reforma al artículo 35 constitucional en su fracción II, para otorgar a los ciudadanos, el derecho de solicitar su registro a cargos de elección popular de manera independiente , en tanto se cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.7

En este sentido, el artículo 35 constitucional, refiere lo siguiente:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I.(...)

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinela legislación;8

Dada esta reforma constitucional, en el ámbito de los derechos políticos electorales, corresponde ahora, responder a la necesidad de configurar,los requisitos, condiciones y términos que den viabilidad y satisfacción al ejercicio de este derecho ya consagrado.

La posibilidad de que en el sistema político se permita la participación de ciudadanos como candidatos independientes en los procesos electorales es, un tema de de la mayor importancia para la democracia mexicana.

Las crisis recurrentes al interior de los partidos políticos de diversas índole, fundamentalmente de legitimidad, han generado un deterioro de la percepción social al respecto de este tipo de organizaciones, y el distanciamiento de los partidos de la ciudadanía; por lo cuales importantes fomentar el interés en los asuntos públicos y políticos del país.

Por ello, las candidaturas independientes deber ser un instrumento valioso para elaccesode los ciudadanos sin militancia partidista para competir en procesos comiciales; evitando a través de la reglamentación el fomento de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia.

La experiencia internacional como algunos casos en México como la legislación estatal del Estado de Yucatán aporta elementos para impulsar la participación de la ciudadanía.9

Por todo lo antes expuesto, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, y adiciona y diversas disposiciones del Código Federal De Instituciones y Procedimientos Electorales10, en materia de candidaturas independientes.

Artículo Primero. Se reforman los artículos1, numeral 2, inciso b), artículo 2 numeral 3, artículo 4 numeral 1, artículo 11 numeral 3, y 218 vigente para ser 236; para quedar como siguen:

Artículo 1

1….

2…

a)..;

b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y el régimen aplicable a las agrupaciones políticas; y candidaturas independientes.

c)...

Artículo 2

1...

2...

3. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Federal Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, y los candidatos independientes. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.

4....

Artículo 4

1. Votar y ser votado en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2...

3…

Artículo 11

1....

2...

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos o candidatos independientes deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político candidatos independientes que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

4...

Artículo 236 (antes 218)

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales y a los ciudadanos, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular para Presidente de la República, senadores y diputados federales.

2…

3…

4…

Artículo Segundo. Se adiciona un nuevo numeral 2, al artículo 5, recorriéndose los demás en orden sucesivo para quedar como sigue;

Artículo 5

1…

2. Postularse de manera independiente a cargos de representación popular de acuerdo al Código.

3...

4...

5…

6...

Artículo Tercero: Se integra un nuevo Capítulo cuarto al Libro segundo, Títulosegundo al respecto de los derechos y obligaciones de las candidaturas independientes, recorriéndose los siguientes en orden sucesivo; para quedar como sigue:

Capítulo cuarto

De los derechos y obligaciones para acceder a las candidaturas independientes

Art. 38. Es derecho de los ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización, solicitar ante la autoridad electoral competente, su registro como candidato independiente a los cargos de representación popular, para Presidente de la República, Senador o Diputado Federal según sea el caso, de acuerdo a las disposiciones del presente Código.

Artículo 39. Todo ciudadano mexicano que aspire a ser candidato independiente a cualquiera de los cargos de representación popular señalados en el artículo anterior, deberá de notificar por escrito tal propósito al Instituto Federa Electoral, durante el mes de julio del año previo a la elección de que se trate.

Artículo 40. La solicitud de registro a cualquiera de los cargos de representación popular deberá estar acompañada de los siguientes requisitos:

I. Solicitud escrita, conteniendo apellido paterno, materno y nombres.

II. Lugar, fecha de nacimiento, domicilio actual y ocupación.

III. Fotocopia de acta de nacimiento o constancia de naturalización y de credencial de elector vigente.

IV. Especificación del cargo para el que se postula y carta de aceptación.

V. Presentación de Plataforma Electoral.

Artículo 41. El registro deberá estar apoyado por el 0.13% de ciudadanos que hayan firmado su adhesión voluntaria a esa candidatura en acta formal proporcionada por el Instituto, tomando como base el padrón electoral de los distritos de acuerdo a la elección en la que decida participar.

Artículo 42. Obtenido el registro, los candidatos independientes, tendrán los mismos derechos conferidos a los candidatos de los distintos partidos políticos respecto de tiempos de publicidad en los medios de comunicación y de financiamiento público de manera igualitaria y equitativa prevista por el código para tales efectos.

Artículo 43. Una vez presentada la solicitud de registro ante el Instituto Federal, en un plazo no mayor a 30 días naturales, el instituto verificará la autenticidad de la documentación presentada.

Artículo 44. Una vez recibida la solicitud de registro por el instituto, cualquier ciudadano interesado, podrá estar presente durante el proceso de verificación.

Artículo 45. Si de la verificación realizada resulta que no se encuentra debidamente integrada o presenta omisiones el instituto notificará al interesado e un término de 5 días hábiles al interesado, para que en un término 30 días naturales subsane dichas inconsistencias.

Artículo 46. En caso de que no se subsanen en el plazo señalado las inconsistencias resultantes de la verificación, o no se cumpla con los requisitos requeridos, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva.

Artículo 47. Durante el proceso de verificación, si se detectaran duplicidad de firmas, sólo se contarán una vez y se descartarán aquellas que presenten dudas sobre su autenticidad.

Artículo 48. Una vez computadas las firmas, sino se alcanza el porcentaje requerido, el Instituto prevendrá a los promotores sobre el faltante y les concederá un plazo improrrogable de 30 días naturales para que cumplan con las firmas faltantes; en caso contrario, la solicitud, se tendrá por desechada.

Artículo 49. Contra los actos emitidos al respecto de la verificación de la documentación o sobre el conteo y la autenticidad de las firmas, procede el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 50. Una vez terminada la etapa de verificación antes citada, así como del porcentaje requerido, el Instituto Federal Electoral a través de su consejo correspondiente, celebrará la sesión respectiva con el propósito de emitir el acuerdo y resolución que confirma lasatisfacción de los requisitos y expedir la constancia que acredite la representatividad requerida.

Artículo 51. Obtenida la constancia de registro, el candidato independiente deberá de nombrar a un representante legal ante el consejo correspondiente del Instituto, para oír y recibir toda clase de notificaciones

Artículo 52. El candidato independiente, deberá nombrar y acreditar ante el consejo respectivo de la elección de que se trate a un responsable de finanzas para presentar en tiempo y forma los informes de ingresos y gastos en términos de fiscalización y transparencia de conformidad con lo estipulado por el Código ante las instancias correspondientes.

Artículo 53. Para los efectos de campaña, el candidato independiente, deberá de nombrar a ante el consejo correspondiente, a un representante y a su suplente.

Artículo 54. Para los efectos de campaña, el candidato independiente, deberá de nombrar a ante el consejo correspondiente, a quienes serán sus representantes generales y de casilla de la elección de que se trate; observando lo dispuesto por el Código.

Artículo 55. En materia de financiamiento, prerrogativas y tiempos en medio de comunicación se atenderá a lo dispuesto por el Código, Reglamento y acuerdos que emita el Instituto, en igualdad y equidad respecto a los candidatos de los partidos políticos.

TRANSITORIO

Unico. El Presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficia de la Federación.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. Leticia Calderón Ramírez”.

1Merino Huerta, Mauricio. "La participación ciudadana en la democracia", cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1995, pág. 19-20

2Woldenberg Karakowsky, José. El cambio democrático y la educación cívica en México. Página 91. Ediciones Cal y Arena. 2007.

3CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. “Estudio Conceptual, de Antecedentes, Jurisprudencia, Iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas, de Derecho Comparado y Opiniones Especializadas”. Página 12.

Mtra. Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria / Lic. Sandra Valdés Robledo, Asistente de Investigación abril, 2011http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi_actual.htm

4 Ob. Cit. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, Página 11. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi_actual.htm

5Ob Cit. Página12.http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi_actual.htm

6 La Reforma del Estado. Propuesta del IIJ-UNAM para la actualización entre poderes del Sistema Presidencial Mexicano. UNAM-IIJ y senado DE LA República 2009, Páginas 1-47.

7DOF: 09/08/2012, DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

política.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Páginas, 28 y 29.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

9Ob. Cit. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, Página 34 y 57. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi_actual.htm“ múltiples son los países que contemplan en su legislación las candidaturas independientes. De acuerdo con la Red de Conocimientos Electorales de un análisis de 238 países, sólo 21 no regulan en su legislación a las candidaturas independientes:30 Para efectos de este trabajo se han ubicado la legislación de los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, España y Portugal.”

10CODIGO Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales DOF 14-01-2008, Pág. 1.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la C. Diputada María Concepción Ramírez Diez G utiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

“La suscrita, Diputada Federal María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION V DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 170, FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ARTICULO 39, FRACCION I DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE MODIFICA LOS PARRAFOS SEGUNDOS DE LOS ARTICULO 85 Y 101 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY DE SEGURO SOCIAL, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), señala que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como descansos para la lactancia. Una protección constitucional a la maternidad, donde implica que el Estado debe adoptar medidas necesarias que amparen a las mujeres en el desarrollo de su embarazo,garantizando sus derechos como ser humano al crear también, condiciones adecuadas y libres de discriminación.

Tanto hombre como mujer, son personas humanas compuestas de cuerpo y alma, pero sexualmente diferentes. Esta diferencia ha originado la creencia que la mujer debe subordinarse al hombre, pues su naturaleza así lo ordena. Es así como la diferente estructura biológica entre el hombre y la mujer, ha trascendido en todos los campos, por lo que ha sido necesario recordar que existe la igualdad entre ellos pero, atendiendo las especiales circunstancias de unos y otros.

“…Surge entonces el tratamiento privilegiado para la mujer trabajadora, constituyéndose simplemente en el trato distinto a ella, por ser distinta al hombre; sería una injusticia el trato idéntico para ambos…”1. Es decir, la mujer tiene el don de procrear y por tanto debe contar con mayor atención en todos los aspectos.

Es así que, la protección de la maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres a que se respeten y garanticen sus decisiones reproductivas. En base al artículo 4º de la CPEUM donde establece que, todas las personas tienen “derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, lo que implica que el Estado también debe garantizar la protección de la maternidad a las mujeres que deciden tener hijos en circunstancias de libertad, responsabilidad y con la información suficiente.

El derecho internacional no ha sido ajeno a la protección de la maternidad. Esta protección la encontramos en instrumentos internacionales ratificados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto” así como  licencias con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho periodo

En México estos derechos, regulados principalmente en la Constitución, tal y como se ha venido señalando, en las leyes de seguridad social y la Ley Federal del Trabajo. Así, las mujeres están protegidas para que durante el embarazo no estén obligadas a realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud y su gestación.

Esta defensa, conocida como la incapacidad laboral por maternidad, indica que las mujeres deberán gozar forzosamente de un descanso para cuidar no solo de su bebé recién nacido sino también, de ella misma principalmente durante la etapa final del embarazo la cual, se complica y pone en riesgo ambas vidas o en su caso vidas múltiples.

Durante ese tiempo tienen el derecho a recibir su salario íntegro y la propia conservación de su empleo y los derechos adquiridos con motivo de la relación laboral, como la antigüedad.

Una licencia para las mujeres que trabajan tanto en sector público como privado ya estipulado en la legislación mexicana.

Para el primer caso; La ley Federal del trabajo establece el derecho a disfrutar de un mes de descanso antes de la fecha señalada para parto y de otros dos meses para después de esté, períodos que pueden prorrogarse en caso de que no puedan trabajar debido a problemas de salud relacionados con el embarazo o el parto, tal y como sucede con los partos prematuros o múltiples.

En tanto que, las trabajadoras del sector privado tienen derecho a disfrutar de un lapso de descanso de seis semanas antes y seis después del parto.

En ambos casos, los períodos de descanso para lactancia pueden ajustarse en beneficio de la madre trabajadora siempre y cuando haya un acuerdo con su patrón, con lo cual se evita tener que llevar al recién nacido al lugar de trabajo.

Existen, distintos convenios y laspropias recomendaciones de la OI T sobre protección a la maternidad desde el momento que inicia su embarazo hasta 6 meses después del alumbramiento.

En México, la legislación respecto del tema sigue avanzando con logros impertinentes, como la creación de programas al interior del IMSS e ISSSTE, normas sobre protección a la maternidad o parto, regulación de las actividades dentro del área laboral, aquellas que no resulten riesgosas o peligrosas para la trabajadora durante el embarazo y después del parto, cambio de funciones y ahora, licencia de maternidad especial en caso de embarazos múltiples o parto prematuro.

Es así que, no hay disposiciones expresas, jurídicamente hablando respecto de la duración de la licencia por maternidad en la Ley del Instituto se Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni en la Ley del Seguro Social, de hecho destaca que en la propia Constitución existen discrepancias, pues para las trabajadoras del sector privado se otorgan 12 semanas, es decir; 42 días antes de la fecha programada del parto y 42 días después del mismo y para las del sector público tres meses o 90 días lo que hace una diferencia de 6 días, esto último para efectos del Artículo 123, apartado fracción V de la CPEUM Articulo 170, fracción II y III de la Ley Federal del trabajo.

Desde el propio texto constitucional, nuestro país contempla derechos muy concretos tanto para el periodo de gestación, como para los años subsecuentes al mismo, para el cuidado que la madre haya de darle al hijo, especialmente tratándose de madres trabajadoras, que coticen en cualquiera de las dos instituciones de protección social, ya sea el IMSS o el ISSSTE.

Para efectos de la presente iniciativa con proyecto de decreto, me referiré al especial interés por el derecho a una seguridad social universal, tal y como se estableció en el famoso “Pacto por México” 

La seguridad social se presta a toda la población en general, y en particular a sectores que se diferencian por encontrarse adscritos ya sea al sector público o al sector privado. El derecho a la seguridad social para las trabajadorasy su protección y licencia de maternidad, un derecho que en las leyes secundarias no hay disposiciones expresas.

Respecto de la ampliación de 20 días adicionales o más según sea la situación, y bajo preinscripción médica por parto prematuro surge luego de la preocupación por el incremento de estos casos en los últimos 5 años, “… Más de 15 millones de niños nacen prematuramente cada año en el mundo, más de un millón de esos bebés fallecen por complicaciones derivadas de su nacimiento…”2, indicó un nuevo estudio presentado por distintas organizaciones, actualmente uno de cada 10 bebés llega al mundo con 37 o menos semanas de gestación,

Lo anterior, se debe a que la madre en muchos de los casos, viven en los hospitales durante el periodo de licencia después del parto, una situación que aplica también para aquellos partos múltiples. Además de la incongruencia existente en la propia CPEUM.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforma el artículo 123, apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar redactado como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A.

I. … IV. …

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de un mes anterior a la fecha fijada aproximadamente para el parto y dos meses posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

SEGUNDO. Se reforma el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo para quedar redactado como sigue:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. …

II. Disfrutarán de un descanso de un mes anterior y dos meses posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

TERCERO. Se modifica el artículo 39, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

Artículo 39.…:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional es decir; un mes de descanso previo al parto y dos meses después del mismo. En el caso de parto prematuro, se computaran 20 días adicionales al alumbramiento según preinscripción médica.

CUARTO. Se modifica los párrafos segundos de los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 85. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto certifique el padecimiento.

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo y en términos del apartado A fracción V del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde estable un descanso de un mes previo al parto y dos meses después del mismo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo del mes anterior a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.

Artículo 101....

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes dos meses posteriores al mismo y sesenta y dos días de descanso para aquellas aseguradas de parto prematuro de acuerdo a preinscripción médica, sin importar que el período anterior al parto se haya excedido o adelantado. Los días en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Dado en Comisión Permanente de Estados Unidos Mexicanos, a 3 de julio de 2013.

Dip. María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez”.

1/Diana María Gómez Hoyos, “Protección a la mujer trabajadora en la Constitución Política de 1991”, revista, Díkaion, núm. 3, 1994, p. 128. Año 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007

2 /Según alertaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias ONG, como SavetheChildren y March of Dimes. Universia, http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/03/926896/mas-15-millones-ninos-nacen-prematuramente-cada-ano-mundo.html, México, 2012, última visita 23 de junio de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del PVEM)

"C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Rosa Elba PErez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción IIdel Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Educación Ambiental es un instrumento poderoso que modifica creencias, actitudes y valores, desarrolla aptitudes y hábitos en las personas para trabajar conjuntamente por un ambiente sano y por una sociedad más justa y diversa1. Es por ello que La Ley General de Cambio Climático, instituye que la federación tendrá la atribución de promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos de la variación del clima. No obstante, dicha Ley no observa que también se concientizará a la población sobre las causas de este fenómeno. En virtud de lo anterior, el objeto de esta iniciativa es modificar la fracción XI del artículo 7º. De la LGCC a fin de que la población comprenda no sólo los efectos sino las causas de la variación del clima.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Aunque sus raíces son antiguas, la Educación Ambiental (EA), es una herramienta fundamental para comprender los problemas ambientales y para advertirlas oportunidades para desarrollar las habilidades. Este concepto tiene algunos antecedentes puntuales que datan de los años sesentas y setentas, como son el Programa Internacional de Educación Ambiental (PNUMA UNESCO 1975), la Conferencia Mundial Sobre la Educación Ambiental (1977) y posteriormente la Agenda 21, emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) que ha sido considerado el mayor compromiso ambiental contraído por las naciones en el siglo XX.

En el capítulo 36.3 de la Agenda 21 se plantea la necesidad de evolucionar hacia una educación para el desarrollo sostenible, señalando que:

Debe reconocerse que la educación - incluida la enseñanza académica - la toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. Tanto la educación académica como la no académica son indispensables para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y abordarlos. La educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación2

Bases normativas de la EA

En el artículo 3°. Constitucional garantiza el derecho que todos los mexicanos tienen a recibir educación yplantea (fracción II, inciso b) que el criterio que orienta la educación es atender a la comprensión de nuestros problemas y al aprovechamiento de nuestros recursos.

El artículo 32 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece entre las atribuciones de la SEMARNAT lo siguiente:

Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y, en coordinación con la SEP, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación.

La fracción XI del Artículo7ºde la Ley General de Educación instituye que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre sus fines Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene entre sus propósitos, contribuir a que la educación se constituya en un medio para elevar la conciencia ecológica de la población, consolidando esquemas de comunicación que fomenten la iniciativa comunitaria.

De allí que, lo previsto en la Ley General de Cambio Climático es congruente con la política nacional para auxiliar a que la educación se constituya en un medio para elevar la conciencia ecológica de la población. No obstante lo anterior, resulta insuficiente lo establecido en el artículo 7º. fracción XI de dicha Ley, pues considera que la promoción de la educación y difusión cultural del cambio climático se debe circunscribir a los efectos de la variación del clima. Esta iniciativa tiene el propósito de puntualizar que la federación tendrá la atribución de sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.

Por último, es preciso reflexionar sobre los cambios en el clima. Se sabe que siempre han existido y son algo natural en el planeta; sin embargo, se han incrementado por causa del ser humano.

Según diversos estudios, las variaciones en el clima se han elevado significativamente desde la revolución industrial (finales del siglo XVIII), cuando comenzamos a usar maquinaria para producir mercancía en serie y transportarnos. La mayoría de esas máquinas usan combustibles que al quemarse emiten gases a la atmósfera, lo que propicia el calentamientodel planeta y cambios en el clima global3.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el:

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a VIII. …

XI. Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.

X. a XXVIII. …

TRANSITORIO

Unico.El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 03 de julio de 2013.

Dip. Rosa Elba Pérez Hernández".

1http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Paginas/inicio.aspx al 26 de junio de 2013.

2http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter36.htm al 26 de junio de 2013.

3 Cambio climático. Lo que necesitamos saber. INE, México 2008.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“RICARDO MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.”

Montesquieu

Las condiciones económicas por las que nuestro país atraviesa son alarmantes. Entre las principales deficiencias que México presenta se encuentra la recaudación fiscal, ya que ésta se caracteriza por una base de contribuyentes reducida, por costos de cobranza altos y por la evasión como una práctica cotidiana.

Como consecuencia, nuestra nación vive un constante estrangulamiento financiero, el cual la inhibe de políticas públicas que permitan alentar el desarrollo, instrumentar mecanismos anticíclicos y terminar con el ahondamiento del déficit social.

Al observar a otros países de nuestro continente, encontramos que aún cuando Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay han duplicado la recaudación de 1980 a la fecha, México se encuentra estancado. Así, mientras en Brasil la carga tributaria total asciende a 34%, la nuestra se ubica en 12.9%,si se excluyen los ingresos del sector energético.

De los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ocupamos el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales como proporción del PIB, con 19%; mientras Estados Unidos obtiene 25.5%, Turquía 31.3% y el promedio de otras naciones 36%.

Si se analizan tan sólo los impuestos directos, en nuestro caso el ISR, el lugar en la lista se repite; nuestro país tiene una carga de apenas 4.7% como proporción del PIB, de la cual menos del 50% la aportan las empresas, en contraste a Estados Unidos que cuenta con 11.1%; Canadá, con 15.5%; Noruega, con 20.5% o Brasil, con 14.7%.

Sin embargo, sí existe un rubro en el que nos ubicamos en los primeros lugares del ranking. Irónicamente es el sector que sistemáticamente se ha decidido seguir aumentando. Los impuestos indirectos, compuestos por el IVA, IEPS e IDE, representan el 55.5% de las recaudaciones mexicanas, más del doble de lo que proporciona el ISR. En cambio, la media de los países miembros de la OCDE se ubica en 32.3%.

Las grandes deficiencias que presenta la recaudación de los impuestos directos, radica en las bajas aportaciones que las grandes empresas proporcionan. En el 2012, el ISR registró una captación de 760 mil 106 millones de pesos, de los cuales las personas morales pagaron 288 mil 360 mdp; es decir, tan sólo el 38 por ciento de los ingresos de dicho gravamen.

Asimismo, la magnitud de la pérdida recaudatoria, entendida como la recaudación que el erario federal deja de percibir derivado de los beneficios fiscales establecidos en las disposiciones tributarias1, constituyó 769 mil mdp, de los cuales 15 por ciento corresponde al ISR empresarial.

Lo anterior en gran medida es posible debido al régimen de consolidación fiscal; dicho mecanismo funciona como un sistema opcional que permite a las empresas, a través de requisitos impuestos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la aplicación de manera inmediata de las pérdidas fiscales que se generen en un ejercicio y el diferimiento del pago de ISR sobre dividendos pagados.

Por medio de reformas a la Ley en comento, desde el 2005 se permitió de nuevo la consolidación de pérdidas y utilidades al 100% de la participación accionaria de las empresas controladoras de otras sociedades.

A través de este tipo de “maniobras”, las empresas han podido obtener ganancias millonarias; se estima que este tipo de elusión cuesta entre 12,000 y 16,000 millones de pesos al año al país, pagando cantidades ridículas de impuestos. Así, el régimen de consolidación fiscal es sinónimo de privilegios a multimillonarios, perpetuando la desigualdad en la que vive la sociedad.

Si queda alguna duda de los enormes instrumentos que la clase privilegiada utiliza para evadir la carga fiscal, basta ver el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, que exhibe la escandalosa cantidad de 63 mil millones de pesos, de 284 mil 854 millones de pesos registrados, devueltos a 20 grandes consorcios por los conceptos de IVA, ISR, IETU, IDE y Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Derivado de lo previo, observamos que la necesidad por la que atraviesa nuestro país de alcanzar una fiscalización y recaudación de las contribuciones que resulte cada vez más eficiente, requiere de mejores instrumentos y de un monitoreo eficaz, por lo que debe ser una tarea que no tan sólo corresponda al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo en el ámbito de sus competencias.

Las exigencias de la política fiscal actual conllevan la necesidad de que el Congreso cuente con información fiscal específica que le permita realizar su labor de evaluación económica de los ingresos federales y, por otra parte, que contribuya a que su trabajo legislativo resulte más certero, esto aunado al propósito de alcanzar una mayor transparencia en el manejo de la política fiscal en nuestro país.

Actualmente, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sólo contemplan disposiciones relativas a la entrega de información, por parte del Servicio de Administración Tributaria a los órganos del Congreso de la Unión, que corresponde a aspectos genéricos y que en muchos casos limita la posibilidad de conocer realmente los términos conforme a los cuales se lleva a cabo la recaudación en México.

Cabe mencionar que un avance en este tema se dio con las reformas a la Ley del Servicio del Administración Tributaria publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003, al adicionar un Título Quinto denominado “De la Información, Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria y de Fiscalización”; en el cual se establece que el Servicio de Administración Tributaria deberá proporcionar al Congreso de la Unión una serie de informes sobre la evolución de la recaudación, las participaciones federales, el presupuesto anual de gastos fiscales y la, recaudación federal participable.

No obstante, lo anterior ha resultado insuficiente; el Poder Legislativo continúa viéndose forzado a tomar decisiones con información asimétrica e insuficiente, situación de la que el SAT se ha valido para argumentar que tan sólo cumple con lo dispuesto en las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado.

Prueba de lo preliminar se observa en el artículo 3° Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2013, el cual estipula que “se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”.

Al no establecer criterios específicos sobre los sujetos que podían participar en lo establecido en dicho artículo, lo anterior permitió que el Sistema de Administración Tributaria condonara a Televisa la escandalosa suma de 3 mil 334 millones de pesos.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que esto sucede, una de las últimas acciones del SAT del 2012 en materia de condonación de créditos fiscales, fue el indulto de 73 mil 960.4 millones de pesos, el cual se realizó bajo artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación.

A la fecha, el Sistema de Administración Tributaria no ha proporcionado la información por tipo de contribuyente y nombre de beneficiarios, a pesar de recibir resoluciones del IFAI.

Del mismo modo, el importe del valor de los créditos fiscales al cierre de 2011 fue de 743 mil 783 millones de pesos, lo que significó un aumento nominal de 229 mil 430 millones de pesos respecto de 2007, es decir, un aumento de 44%.

En la integración de la cartera de créditos a 2011 por tipo de contribuyente se determinó que el 98.1% de éstos, con un monto de 524 mil 640 millones de pesos, se concentró en los denominados "otros contribuyentes", y el restante 1.9%, por una cantidad de 219 mil 144 millones de pesos, corresponde a los "grandes contribuyentes".

Por lo previamente expuesto, estamos convencidos de que para encauzar la asignación de recursos y la claridad de la cuenta pública, es necesaria una mayor cooperación en materia de información entre el Servicio de Administración Tributaria y el Congreso de la Unión, por lo que con esta Iniciativa se pretende que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mediante sus Comisiones de Hacienda y Crédito Público, puedan solicitar información específica que obre en poder de dicho órgano desconcentrado.

El primer paso para terminar con los privilegios de los que más ingresos reciben consiste en tener información precisa de sus operaciones, con el propósito de regularlas. Sólo así podremos terminar con los abusos que debilitan la recaudación en nuestro país, sólo así podremos implementar herramientas que reflejen un verdadero sistema fiscal progresivo.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 25DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

UNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 25. Cuando las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, requieran información adicional o aclaratoria, respecto de los datos estadísticos y demás informes a cargo del Servicio de Administración Tributaria, que haya presentado el Ejecutivo Federal, podrán solicitarla directamente al órgano desconcentrado mencionado. Dicha información deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos en los términos que estas Comisiones determinen. Dicha información deberá ser entregada por el Servicio de Administración Tributaria a la Comisión que la solicite en el plazo que se establezca en la propia solicitud, el cual no será inferior a 10 días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud que se haga.

LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y DE LA CAMARA DE SENADORES, TAMBIEN PODRAN REQUERIRLE AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES, EN LO ESPECIFICO RELATIVA A SU NOMBRE, DOMICILIO, ACTIVIDAD, INGRESO TOTAL, UTILIDAD FISCAL O VALOR DE SUS ACTOS O ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES ACREDITABLES O PAGADAS, ASI COMO CUALQUIER OTRA INFORMACION QUE CONSIDEREN NECESARIA, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS FEDERALES Y DE LA GESTION DEL SAT, DE EJERCER LAS FACULTADES DE FISCALIZACION DE RECURSOS PUBLICOS, Y DE EMPRENDER INVESTIGACIONES QUE, DENTRO DE SU COMPETENCIA, CORRESPONDAN AL CONGRESO DE LA UNION. LO DISPUESTO EN ESTE PARRAFO NO SE CONSIDERARA COMO UNA INFRACCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 69 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

LA INFORMACION OBTENIDA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR NO PODRA SER DIFUNDIDA. LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y DE LA CAMARA DE SENADORES ESTARAN OBLIGADAS A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE DICHOS DATOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 69 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, BAJO PENA DE INCURRIR EN RESPONSABILIDAD. EN EL CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACION DEBERAN HACERLA DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION APLICABLE.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 25. Cuando las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, requieran información adicional o aclaratoria, respecto de los datos estadísticos y demás informes a cargo del Servicio de Administración Tributaria, que haya presentado el Ejecutivo Federal, podrán solicitarla directamente al órgano desconcentrado mencionado. Dicha información deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos en los términos que estas Comisiones determinen. Dicha información deberá ser entregada por el Servicio de Administración Tributaria a la Comisión que la solicite en el plazo que se establezca en la propia solicitud, el cual no será inferior a 10 días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud que se haga.

Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, también podrán requerirle al Servicio de Administración Tributaria información sobre contribuyentes, en lo específico relativa a su nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas, así como cualquier otra información que consideren necesaria, con el objeto de realizar la evaluación económica de los ingresos y los egresos federales y de la gestión del SAT, de ejercer las facultades de fiscalización de recursos públicos, y de emprender investigaciones que, dentro de su competencia, correspondan al Congreso de la Unión. Lo dispuesto en este párrafo no se considerará como una infracción a lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

La información obtenida en los términos del párrafo anterior no podrá ser difundida. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores estarán obligadas a guardar absoluta reserva de dichos datos, en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, bajo pena de incurrir en responsabilidad. En el caso de encontrar irregularidades en la información deberán hacerla del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proceda de conformidad a la legislación aplicable.

Artículo 25. Cuando las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, requieran información adicional o aclaratoria, respecto de los datos estadísticos y demás informes a cargo del Servicio de Administración Tributaria, que haya presentado el Ejecutivo Federal, podrán solicitarla directamente al órgano desconcentrado mencionado. Dicha información deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos en los términos que estas Comisiones determinen. Dicha información deberá ser entregada por el Servicio de Administración Tributaria a la Comisión que la solicite en el plazo que se establezca en la propia solicitud, el cual no será inferior a 10 días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud que se haga.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.

1http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/img001-20130425.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el C. Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Diputado Federal Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL, con el objeto de ampliar las posibilidades de interponer juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema de medios de impugnación en materia electoral en México, tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad, así como garantizar la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

El punto de partida de esta propuesta, se constituye precisamente en proponer la actualización de este sistema, en el rubro de la protección de los derechos político-electorales del ciudadano1, como consecuencia de las Reformas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgadas en Junio del 2011, donde se detalla de manera expresa que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y ratificados por el Estado Mexicano, poseen jerarquía constitucional; por lo que se propone actualizar la legislación para armonizarla con dichos tratados; principalmente en el rubro del derecho a participar en los diferentes cargos y comisiones del sector público; y de manera adicional esta propuesta también contempla la armonización de la Ley General del Sistema de medios de impugnación en materia Político Electoral, con la Reforma Política de Agosto del 2012, donde se generó un importante avance en el reconocimiento de los derechos político electorales del ciudadano, lográndose en esa oportunidad, la integración a nuestra carta magna de las figuras de iniciativa y consulta ciudadana, así como la de candidaturas independientes.

Al respecto, se presenta a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, la posibilidad de lograr inclusión de estas nuevas herramientas de participación en el marco normativo respectivo, procurando incrementar las posibilidades de defensa de los derechos político electorales del ciudadano, de manera que en caso de que se vean vulnerados, puedan iniciar por sí mismos o a través de su representante legal,los recursos que la legislación contempla.

INTRODUCCION Y CONCEPTOS RELEVANTES

La democracia, según Juan J. Linz, es un sistema político para gobernar, basado en la libertad legal para formular y proclamar alternativas políticas en una sociedad, con las libertades de asociación, de expresión y otras básicas de la persona que hagan posible una competencia libre y no violenta entre líderes, con una revalidación periódica del derecho para gobernar, con la inclusión con todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y que permita la participación de todos los miembros de la comunidad política, cualquiera que fuesen sus preferencias políticas, siempre que se expresen pacíficamente.2

Dentro de las libertades que menciona el politólogo de referencia, se mencionan las de asociación, de expresión y otras básicas de la persona, que deben direccionarse a que se resuelva una competencia de manera libre; y es precisamente en este rubro donde cabe hacer hincapié en que la democracia reside en los ciudadanos, quienes eventualmente pueden elegir a otros ciudadanos para que los representen, con la intención de llevar a buen puerto el desarrollo sociopolítico de las naciones.

Al respecto de las libertades, y para comprender de manera integral la esencia de la propuesta de referencia, vale la pena recordar los conceptos de derechos humanos y de garantías individuales, estableciendo las diferencias que existen entre ambos.

En este contexto iniciaremos con el concepto de derechos humanos, refiriéndonos a su descripción más básica, en el sentido de que son todos aquellas libertades, facultades, instituciones o reinvidicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su naturaleza o condición humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano.

Por lo que respecta a las garantías individuales, resultará de suma utilidad referir lo comentado por el destacado jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela, mismo que ha acuñado un concepto, integrado varios elementos, a saber:

1.- Una relación jurídica de subordinación entre el gobernado ( sujeto activo )

2.- Un derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado.

3.- La obligación a cargo del Estado y sus autoridades de respetar el derecho y garantizar su seguridad jurídica.

4.- La previsión y su correspondiente regulación por parte de la Ley Fundamental.(fuente).3

Otro estudioso de la Ciencia Jurídica, Francisco Tena Ramírez, menciona que las garantías individuales son “los derechos públicos de la persona”, que constituyen “limitaciones a la autoridad”, erigidas por la parte dogmática de la Constitución.4

De esta forma entendemos, que la garantía es un medio otorgado por la Constitución para preservar o proteger un derecho fundamental, que es anterior a una garantía, puesto que nace desde que el hombre es tal, en tanto que la garantía, surge después de que el estado a través de sus órganos competentes, la consagra en un documento legal.

Por lo tanto, se infiere que en un marco democrático, deben existir las garantías suficientes para que se realicen las actividades político-electorales de manera eficiente y expedita, tal como lo menciona en su preámbulo el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, donde a la letra dice…

“… que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, y reconociendo que con arreglo a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se consideren condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales...”5

En efecto, los derechos de carácter político electoral, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática.

Lo anterior en virtud de que las reglas que rigen la interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica, no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquella esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego,no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político, sean derechos absolutos o ilimitados.6

Por otro lado, tenemos otro importante elemento a mencionar, refiriéndonos a que en la orientación jurisprudencial, históricamente se impidió que el ciudadano que fuera afectado en su esfera de derechos, pudiera acudir al juicio de amparo para reclamar su restitución, esto quiere decir que antes de la reforma de 1996, no existía un mecanismo para reparar las violaciones a tales garantías políticas; por lo que se puede afirmar, que por muchos años tuvimos un sistema de calificación en donde los tribunales no tenían nada que decir, sino que los conflictos electorales eran resueltos por los inconformes, es decir, por los propios partidos y candidatos a través de las instituciones vigentes en la época, como los colegios electorales, y lo que es aún menos afortunado, que los actores políticos que tenían posiciones encontradas, contaban con la posibilidad de dirimirlas a través de la negociación, y de la no muy ortodoxa composición de intereses, que muchas de las veces podrían ser privilegiados aún sobre el marco regulatorio.

Es de esta forma, que paralelamente a la inclusión en la Carta Fundamental de varias modificaciones de carácter político realizadas en 1996; se crea en México la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que está direccionada a tutelar los derechos político electorales de los ciudadanos, que bajo ciertas condiciones anteriores a su implementación, se hubieran visto vulnerados, y donde el ciudadano aparece como la figura central en el escenario de la actividad política, quedando específicamente definido que el sistema de partidos no puede entenderse sin la participación ciudadana7.

Actualmente, y de acuerdo a la legislación de referencia el sistema de medios de impugnación, está integrado por 5 recursos:

1.- El de revisión, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad federal electoral.

2.- El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad federal electoral.

3.- El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las autoridades locales en los procesos electorales de las entidades federativas

4.- Los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores públicos.

5.- El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. - JDC-

Y es precisamente en este último recurso en el que situamos la propuesta que nos ocupa; de esta forma habremos de procurar integrar una definición, que sirva de base para el mayor entendimiento del mismo.

Así tenemos que para Raúl Montoya Zamora, el JDC es el medio de impugnación establecido exclusivamente a favor de los ciudadanos, ya sea que actúen por sí mismos o por conducto de sus representantes, y que tiene como finalidad la protección de los derechos político electorales de: votar, ser votado, de asociación, de filiación partidista, para integrar las actividades electorales de las entidades federativas y cualquier otro derecho de naturaleza político electoral.

Por otra parte, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado en el sentido deque los derechos fundamentales de carácter político electoral, deben interpretarse de forma amplia no restrictiva, de manera precisa su señalamiento se refiere a que interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación político electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos, ni mucho menos suprimidos.

Otro aspecto importante a destacar, tiene que ver con que las reformas de referencia, tuvieron la cualidad de conferirle al propio Tribunal, la atribución de fungir como la autoridad suprema en defensa de los derechos político electorales del ciudadano.

Así tenemos que el JDC, se constituye como una verdadera vía restitutoria para que el ciudadano que estime que han sido vulnerados sus derechos político electorales pueda defenderse, custodiando de esta forma las prácticas viciadas de las autoridades, y de los partidos con respecto de su militancia y de otros candidatos que promueva; primordialmente en los rubros de registro de los candidatos por violaciones a los estatutos, contra expulsiones y otras sanciones a los militantes por ser contrarias a su régimen constitutivo, logrando democratizar de esta forma la vida interna de los partidos políticos, para que funcionen, en la medida de lo posible, de acuerdo con su definición constitucional que establece que son entidades de interés público.

Los efectos de las sentencias pueden consistir en confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados. Esto implica que los efectos no tienen solamente el carácter negativo, consistente en anular el acto o resolución combatidos, sino que también tienen un carácter positivo consistente en que la decisión materia del fallo, sustituye la impugnada.8

En este sentido se confirma la oportunidad, de que en un ordenamiento se prevean ciertos derechos, sino que es importante también que se proporcionen los medios para su protección9.

II.- DERECHOS A INTEGRAR EN EL MARCO NORMATIVO

A) Derecho a votar en consultas populares.

Uno de los más importantes avances de la reforma política publicada en Agosto del 2012, que resultó sumamente polémico, y que parecía en algún momento del intenso debate que finalmente no se lograría10 es el mecanismo de participación ciudadana, denominadoconsulta popular, donde lo que se pretende es, que una vez aprobada la consulta por los órganos facultados para ello, se diseñen distintos escenarios para que se pronuncien los ciudadanos al respecto de algún cuestionamiento, que más allá de los tiempos electorales, contribuya a lograr una cultura de deliberación e intercambio en torno a la discusión de algún asunto en específico, que puede ser el marco jurídico de algún ordenamiento, la implementación depolíticas públicas determinadas, etc.

Este nuevo derecho a favor de la ciudadanía en nuestro país, pretende que exista un pronunciamiento formal que deberá ser aprobado con antelación y que generalmente puede ser contestado mediante un “si” o un “no”.

Una clasificación en esta materia, que es muy común en algunas legislaciones de diferentes naciones; es que la consulta, dependiendo de las características que la originan, puede dividirse en obligatoria y facultativa. En el primer caso, la Constitución o documento rector del país de que se trate, debe ser precisa en el sentido de exigir que se lleve a cabo para la adopción de decisiones de importancia nacional. Como ejemplo de esto, tenemos la adhesión a un determinado tratado o acuerdo internacional, la formación de nuevos estados, la vinculación de nuevos municipios a áreas metropolitanas, etc. Puede ser facultativa u opcional, cuando no se origina de la obligatoriedad o exigencia específica de la Constitución, sino que queda a consideración del gobernante que la convoca la pertinencia de llevarla a cabo.

Dentro de los argumentos a favor de la implementación de este mecanismo, y por lo tanto, de su inclusión como derecho político-electoral con posibilidades de impugnación, tenemos los siguientes:

1.- La consulta popular permite al ciudadano dirimir asuntos políticos más allá de las distintas posiciones que pueden existir entre los partidos políticos. Esto puede ayudar a encontrar soluciones a “Impasses11 legislativos” a los que de otra manera sería muy difícil encontrar la salida, considerando que hay problemas añejos a los que siempre se ha pretendido encontrar una solución que a “ todos convenza “.

2.- También pueden funcionar como un “contrapoder legislativo”, es decir, que la adopción de estas consultas de carácter popular, pueden contribuir a que los legisladores se encuentren más dispuestos a concertar sus decisiones con los demás poderes, brindando los incentivos suficientes para desempeñar su tarea representativa de manera más eficaz, y proporcionando de forma paralela entornos de mayor equilibrio político. De ahí radica parte de la importancia, en el sentido de que el ciudadano pueda interponer el recurso de impugnación, en el caso de que no se respete su derecho a expresarse a través de las consultas.

Esto implica por supuesto, que la toma de decisiones se realice de manera más analítica por parte de los legisladores, en asuntos donde implica un riesgo o un mayor costo político disertar o deliberar abiertamente, así como pronunciarse o inclinarse a favor de un asunto determinado.

3. Otro argumento a favor de este derecho político-electoral, es que permite un acercamiento con la ciudadanía más allá de los tiempos electorales.Esto nos recuerda algunas frases populares como “ los políticos únicamente nos buscan para cuando necesitan el voto y después ni quien se acuerde de que existimos”. Es justo esta posibilidad uno de los argumentos más sensibles e importantes para que el ciudadano común, cuente con un mayor contacto e interés por parte de la clase gobernante.

4.- Un importante elemento adicional, es que las consultas ciudadanas contribuyen a lograr una cultura de deliberación e intercambio ciudadano en torno a la discusión de políticas públicas. Lo que necesitan los ciudadanos, es estar al tanto y conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse de manera consuetudinaria, preguntar, consultar, opinar, equivocarse y volver a intentar crearse un criterio personal y particular, pero informado.

Vale la pena destacar, que es a través de estos mecanismos que se introducen en los grupos sociales, que se pueden obtener importantes beneficios, que pueden transformar la vida de los ciudadanos, por el lado, los funcionarios o representantes populares pueden allegarse de elementos de suma valía para que la toma de sus decisiones, esté cada vez más apegada a la realidad ciudadana12.

De forma adicional a los argumentos a favor de este tipo de instrumentos, podemos integrar lo que ya está ocurriendo en otros países, y que puede abonar en el sentido de aprobar esta propuesta para allegarnos de los beneficios existentes.

Francia

Un referente inusual en este país y especialmente particular, es que su Constitución permite al Presidente de la República, consultar directamente al pueblo, sin la intervención del Parlamento, esto probablemente se generó a partir de una larga tradición de consulta directa, en donde se encuentran antecedentes plebiscitarios desde 1793, ligado a las importantes figuras públicas francesas como el Emperador Napoleón Bonaparteyal polémicomilitar y político francés Charles de Gaulle, quien tuvo que renunciar después de que una propuesta suya de reforma constitucional, fue derrotada en una consulta directa considerada como uno de los más importantes referéndums en el país, dejando el cargo a su fiel colaborador Georges Pompidou. Este hecho es el principal referente de que este tipo de mecanismos de consulta directa, debido a su importancia, pueden también estar ligados al destino de figuras públicas.

Una de las principales utilidades de la consulta directa, radica en que ha servido para consolidar la posición diplomática de Francia e incrementar su prestigio, aunque en los tres periodos gubernamentales recientes en los que se ha considerado que existe “cohabitación entre la derecha y la izquierda”, el Poder Ejecutivo no ha juzgado pertinente utilizar el mecanismo plebiscitario.

Suiza

Se considera que la era moderna de mayor aproximación a la democracia directa a nivel federal y local inició en algunas ciudades de Suiza, desde finales de la edad media, toda vez que desde entonces se han utilizado este tipo de instrumentos de manera recurrente, donde es posible someter las decisiones al veredicto popular.

Ya para el año de 1847, este país incluyó el referéndum estatutario a su Constitución.Actualmente existen dos tipos de referéndums en Suiza: los constitucionales, que forman parte integral del proceso de ratificación legislativa, y los facultativos, que dependen de una petición formulada por un número determinado de ciudadanos dentro de un plazo determinado. Estos últimos no pueden ser convocados por el Parlamento o por el gobierno.

La intensa actividad suiza en la puesta en práctica en este tipo de iniciativas, han demostrado al resto del mundo que cuentan con una experiencia realmente importante, por lo que no puede dejar de reiterarse en este trabajo, que Suiza posee una gran tradición en la utilización de este tipo de derechos ciudadanos. Así, tenemos el caso del “Landgemeinde”, que es una expresión en idioma alemán, que puede traducirse como Asamblea Territorial, donde el pueblo se reúne en la plaza pública de la ciudad o en una pradera una vez al año para aprobar las leyes, el presupuesto, y también las reformas constitucionales. Tiene la característica de Asamblea política, y está investida formalmente del poder supremo, ejerciéndolo de manera efectiva mediante una reunión al año.

Gran Bretaña

Una de las características más importantes de la consulta directa en la Gran Bretaña y en sus modalidades, es la condición de excepcionalidad en que se desenvuelven con parámetros más bien limitados; aunque la noción de consulta directa ha sido abordada en el debate político británico en repetidas ocasiones desde el siglo XIX, la idea de democracia representativa sigue siendo preponderante, en un país donde la institución del parlamento goza de una gran relevancia y tradición.

La sola mención de la realización de un referéndum puede detonar el suspenso en la actividad política normal; durante su desarrollo suelen observarse importantes cambios, sobre todo en las acciones que tienen que ver con alianzas y grupos opositores dentro del propio sistema político. Para el desarrollo de este tipo de mecanismos en la Gran Bretaña, se pueden llegar a crear organizaciones encargadas de coordinar las campañas a favor y en contra de las propuestas, dotadas de subsidios gubernamentales, así como de acceso a tiempo gratuito para difusión en los medios de comunicación electrónica.

En el caso de la figura del plebiscito como tal, no se ha vuelto a utilizar a nivel nacional, aún cuando algunos políticos conservadores estuvieron a favor de su utilización, durante un tiempo. Su uso más alto se da sobre todo en el ámbito local, donde se considera parte de las costumbres británicas desde 1850, también son de suma utilidad para tratar de encontrar soluciones prácticas y concretas a problemas locales, como la apertura de ciertos establecimientos de servicios públicos o privados en determinados días de la semana, etc.

Estados Unidos

Se puede afirmar que la democracia directa se considera como un rasgo permanente en la vida política de este país.Aún cuando el debate permanece abierto, los detractores de este tipo de derechos, utilizan como argumento en contra, que someter a veredicto de la ciudadanía las principales decisiones, da lugar a la adopción de medidas radicales o perjudiciales para las minorías, o que se reducen los temas de mayor trascendencia nacional a simples encuestas de opinión. En contrasentido a estas aseveraciones, los especialistas que están a favor de su puesta en marcha, refieren que lejos de perjudicar a dichas minorías, las consultas se han inclinado más bien a influir sobre los legisladores y a crear un ambiente de consensos más sólidos.

Hay que considerar también de manera obligada, que en Estados Unidos es preciso distinguir que existe una mayor oportunidad de implementación con éxito de estos derechos en las instancias estatales, que en el Sistema Federal, aún cuando en este último, cada nivel administrativo tiene un elevado grado de autonomía y cuando se trata de cuestiones de interés nacional, la cooperación de todos estos niveles se da simultáneamente.

En este contexto, aún cuando no se tienen registros de plebiscitos nacionales, sedistingue que 49 estados de la federación han puesto en marcha alguno de los instrumentos de consulta directa. Las formas más comunes, son las utilizadas para enmendar las constituciones locales, las leyes, y la posibilidad de derogar las leyes. El origen del uso del referéndum en Estados Unidos se remonta al comienzo de su vida política independiente en 1778, época en la que dio inicio una tradición de uso de consulta ciudadana para tratar los asuntos constitucionales de los estados.

Por otro lado se distingue, que para evaluar de manera eficiente su implementación, es necesario diferenciar los temas que son sometidos a la consulta directa, así como las fórmulas empleadas para su puesta en marcha; de esta forma, existe una mayor posibilidad de controlar los efectos negativos al aplicar normas estrictas para aquellos factores que demuestran cierta debilidad o pronóstico negativo.

Canadá

La historia Canadiense, tiene importantes antecedentes en la utilización de la consulta ciudadana; aunque su experiencia práctica en la vida política nacional ha sido acotada.

Como es de suponer y considerando el antecedente de la influencia de la Gran Bretaña en el país, el modelo de representación política ocupa un lugar especial en el gusto canadiense, contando con órganos legislativos de una sola Cámara, que tienen un papel preponderante en la legitimación de las instituciones políticas. En contraposición, las provincias disfrutan de una gran autonomía en relación con el poder federal y poseen la jurisdicción sobre la mayoría de los servicios públicos.

Con respecto al referéndum, es de destacarse que las diez provincias han hecho uso de este derecho, para consultar la aprobación de cambios legislativos, y a nivel local el mecanismo se ha utilizado con más frecuencia.

b) Derecho a ser votado como candidato independiente.

Este tópico, como es de suponerse por la tradición mexicana de canalizar todo tipo de candidaturas a través de los partidos políticos, fue uno de los puntos más álgidos, polémicos e incansablemente abordados por los medios de comunicación a finales del 2011 y principios del 2012 en el contexto de la aprobación de la reforma electoral. Esto es natural, si consideramos que resultó de un gran interés para el público informado, y además plenamente justificado, si consideramos que finalmente se abrió la posibilidad de que se puedan registrar candidatos extra-partido, es decir, de manera independiente y sin necesidad de contar con la venía de algún partido político.

Este derecho político-electoral se aprecia en numerosas legislaciones electorales Iberoamericanas como Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, México, entre otros. En la tendencia democratizadora de la última década, se ha observado de forma reiterada una mayor participación en los procesos electorales de candidatos independientes, o extra-partido, toda vez que se han consolidado en sus legislaciones los cambios necesarios para que puedan llevarse a la práctica.

Los candidatos independientes son por lo general personajes públicos muy reconocidos, no afiliados a partidos políticos, con características especiales de liderazgo, en donde se da el fenómeno de que los ciudadanos “los siguen” o comienzan a integrarse a su alrededor, buscando nuevas respuestas ante los malestares habituales de la vida pública. Estas personalidades rechazan por lo general las formas tradicionales de hacer política, buscando introducir novedosas reglas al juego democrático, aunque de hecho tienen que participar dentro del marco jurídico vigente. Generalmente se declaran como líderes con características de anti-corrupción, haciendo eco a la gran dispersión ciudadana que busca expresarse y canalizarse a través de una persona que les convenza y encabece sus inquietudes.

Del mismo modo, es de utilidad resaltar las declaraciones mediáticas de las autoridades, en el sentido de que existen muchas solicitudes de registros para candidatos independientes a diferentes cargos de elección popular, y que es a través del área de prerrogativas y partidos políticos del propio Instituto Federal Electoral, que se ha explicado que existe la obligación de estudiar y dictaminar con sumo cuidado cada uno de los expedientes y la documentación de la cual se hacen acompañar.

Argumentos a favor para adicionar a la legislación con el derecho de impugnar con respecto a las candidaturas independientes

1.- Con este recurso, se hace realidad el derecho de ser votado consagrado en la Constitución. Existen intensos debates en torno a definir con claridad si los ciudadanos actualmente están en posibilidad de hacer valer su derecho a ser votados como se establece en la carta magna. Al respecto encontramos antecedentes de negativas de las autoridades electorales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versan en torno a la discusión de los tiempos plasmados en las disposiciones transitorias para que se realicen las adecuaciones a la legislación secundaria, para que sea considerado como definitivo ese derecho.

Adicionalmente se dirime si esto constituye una limitación derivada de las calidades o condiciones que los ciudadanos deben satisfacer para ejercer el derecho a ser votados.

En este sentido hay quienes, hasta antes de la aprobación de la Reforma Política del 2012,intentaron llevar a cabo su registro como candidatos independientes y finalmente y ante los resultados negativos, se han decidido a impugnar las resoluciones electorales o han impugnado el ordenamiento jurídico, que según su criterio les impide contender como candidatos independientes.

En este contexto, encontramos casos muy conocidos, como el de Jorge Castañeda Gutman13, quien se postuló como candidato Independiente para Presidente de la República, dando como principal resultado que el IFE rechazara su registro por no formar parte de los candidatos impulsados por ningún partido político, un año después la corte atrajo el juicio de amparo que promovió el ex canciller contra la decisión del IFE, para posteriormente determinar que no podía ser candidato ciudadano, hecho que impulsó finalmente a Castañeda a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Ciudad de Washington, D.C. donde interpuso una denuncia, por lo que a su parecer constituía una violación a sus derechos humanos.

En el Seminario de Análisis de la Reforma Política organizado por el Senado, se invitó a Jorge Castañeda a disertar sobre el tema de “Candidatos Independientes: experiencia internacional”, donde el ponente de referencia concluyó que si países como Chile, Colombia y Francia tienen candidaturas independientes y han resuelto los problemas que efectivamente se presentan con regulaciones bastantes sensatas, habría que ver cuales debieran ser las adecuaciones legislativas mejores para México, no creando obstáculos insuperables donde no los hay14.

Otro caso, es del Ing. Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, quien solicitó ante el IFE su registro como Candidato Independiente para Presidente de la República en los Comicios Federales del 2012, obteniendo como respuesta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declaración de improcedencia de su solicitud confirmando la decisión del IFE. De entre los argumentos que fueron puestos en la mesa, se encontró el de la necesidad de revisar el sistema de partidos.15

Se tienen también algunos otros casos análogos en algunos estados de la República como en Baja california Norte y Michoacán en donde fueron rechazadas candidaturas para Gobernador Constitucional de la República.

2.- Alternancia política real. Al contar con opciones diversificadas de contendientes, se puede evitar el monopolio de algunos partidos políticos. Con esta posibilidad, ya no será necesario hacer “la antefila” para convencer a los grupos en el poder de los partidos políticos, de que se cuenta con las características necesarias para jugarse una candidatura con éxito.

En este sentido, la aprobación en nuestra carta magna de la figura de las candidaturas independientes, traen como consecuencia una mayor capacidad de generar una oferta política atractivapara los Ciudadanos, y por ende se hace necesaria su inclusión en la ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para darle la fuerza necesaria a este nuevo ordenamiento.

3.- Necesidad de realizar alianzas. Una de las deficiencias más importantes del sistema político mexicano, es que no se logran en la medida necesaria, las alianzas, los acuerdos ylos consensos que permitan encontrar las soluciones óptimas a los problemas que aquejan a la población. Al existir mayor competencia electoral, los partidos políticos tendrán que buscar mayores niveles de eficiencia sobre todo en sus propuestas, sus plataformas políticas y desde luego en la selección de candidatos, que deberán contar con perfiles más atractivos para el electorado, que muy probablemente incluirán personalidades de diferentes estratos socioculturales y con mayor vinculación con la población.

4.- Renovado discurso político.Cuando los aspirantes a ocupar puestos de elección popular provienen de la sociedad civil, de académicos, de colegios de profesionistas, etc. sus discursos son totalmente distintos a la rebuscada y muchas veces acartonada propuesta de los candidatos de los partidos políticos. Los compromisos de antaño, fácilmente elaborados con propuestas no muy bien cimentadas y muchas veces desechables, pueden convertirse con la apertura de las candidaturas ciudadanas, en verdaderas propuestas que tendrán que ser meticulosamente revisadas para que resulten viables y que de manera paralela existan los mecanismos necesarios para que los electores puedan dar un seguimiento a lo prometido y verificar su cumplimiento.

Otro factor a verificar en el caso de este derecho, es el de la equidad en materia de financiamiento y acceso a medios de comunicación para participar en la contienda electoral, en su aspiración a ocupar un cargo de elección popular o de representación, donde eventualmente el acceso a los recursos públicos puede dificultarse, sobre todo al no contar con el respaldo monetario de algún partido político, que sí cuenta con el subsidio gubernamental. Es de destacar que generalmente un candidato extra-partido, utilizará en gran medida recursos propios.

Referencias de otros países

La legislación de República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, pero sobre toda la chilena, son las que le han dado una mayor importancia a las candidaturas de esta naturaleza. En este último país es donde se le da una gran fuerza a la igualdad de oportunidades que deben tener las candidaturas independientes frente a los partidos políticos, considerando que ya cuentan con una norma a nivel constitucional que garantiza la plena igualdad entre los candidatos ciudadanos y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en procesos electorales y plebiscitarios.

Reglamentación

Al respecto, coincidimos con María del Carmen Alanís Figueroa16 en su aseveración de que para reglamentar la forma de participación de los candidatos independientes en los comicios, es fundamental partir del principio de equidad en la contienda, garantizando que efectivamente compitan en condiciones equiparables a las de los partidos políticos, así como que cuenten con todas las garantías17.

ARGUMENTO CONCLUSIVO

La implementación de la posibilidad de impugnar los derechos político electorales a favor del ciudadano, ha sido un gran avance en la legislación mexicana, sin embargo resulta imperativo lograr sus actualización de acuerdo a las últimas reformas a la Ley fundamental, que incluyan los nuevos mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, y las candidaturas independientes.

Es por todo lo anterior, que se presenta a continuación, la propuesta de referencia, pretendiendo que sea el pleno de la H. Cámara de Diputados, el amable conducto para el procesamiento legislativo respectivo.

Decreto que reforma y adiciona La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para quedar como sigue:

Artículo Unico. Se reforma y adiciona el artículo 79 y 80 de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

Artículo 79

1.- El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de:

a) Votar en las elecciones populares y en los procesos de consultas populares sobre temas de trascendencia nacional;

b) Ser votado en las elecciones populares solicitando su registro por algún partido político o de manera independiente.

c) De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos;

d) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,

Todo esto de acuerdo con los términos que establezca la Constitución y la ley y siempre que cumpla con los requisitos, condiciones y calidades señalados.En el supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada.

2. Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.

Artículo 80

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;

b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

c) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político o de manera independiente, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

e) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y

g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.

2 y 3…

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los Estados, contarán con un plazo de ciento ochenta días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las modificaciones a sus legislaciones respectivas.

Tercero: El Congreso de la Unión, contará con un plazo análogo para adecuar la legislación secundariaa estos nuevos ordenamientos.

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. Fed. Carlos Fernando Angulo Parra”.

1El juicio para la protección de los derechos político electorales, es un medio de impugnación, a través del cual el ciudadano puede solicitar la protección de sus derechos políticos-electorales. Se relaciona con otros derechos fundamentales vinculados con los de carácter político electoral como los de petición, de información de reunión y la libertad de expresión y difusión de ideas.

2Linz, Juan, Teoría de la democracia, los problemas de las democracias y la diversidad de democracias. UAM, Madrid. España, 1992,p. 225

3Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, Porrúa, México, 2002, p. 187

4Tena, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 1995, p. 512.

5Consultable de manera electrónica en la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

6Revista Judicial Electoral, 2003, suplemento 6, pp. 27 y 28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002, así como la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, pp. 97-99

7Corzo C. Noe, Los derechos Político Electorales del ciudadano en el contexto del sistema mexicano de partidos: evolución, retos y perspectivas desde el punto de vista judicial. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.

8Ojesto, José Fernando, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Partidos Políticos, Democracia interna y Financiamiento de Precampañas: ponencia “Juicio para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2013.

9Ferrer M, Eduardo, Derecho Procesal Constitucional, Flores Editor, México, p. 177

10Esta fue la única propuesta que fue aceptada finalmente por la cámara revisora en la segunda vuelta ( de manera adicional a los 7 temas ya consensuados por el Congreso de la Unión ) para poder integrarse al dictamen aprobatorio de ambas cámaras.

11Impasse: Voz francesa que se refiere a alguna situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución.

12Cabe destacar de manera muy importante, que en la segunda vuelta legislativa de la Reforma Política del 2012, cuando se elaboró el dictamen que contiene el acuerdo para que las legislaturas de los Estados consideraran la propuesta en los términos del artículo 135 Constitucional, se incluyó de nueva cuenta la adición de una fracción octava al artículo 35, por lo que finalmente se lograron los consensos necesarios para que esta propuesta continuara allanando los filtros parlamentarios, pretendiendo que en su caso, pudiera ser sancionada por el Ejecutivo, con el resto de los artículos.

13Jorge Castañeda Gutman. Político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores en el primer trienio del sexenio de Vicente Fox Quezada. Realizó estudios de Licenciatura en la Universidad de Princeton y el Doctorado en Historia Económica en la Sorbona de parís.

14Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez (México) (2010) Reforma Política, Seminario de Análisis, intervención de Jorge Castañeda Gutman. En: Candidatos Independientes. Experiencia internacional. Op. Cit. Pag. 59.

15 Para entonces aún no había sido aprobada la Reforma Política, que posibilitó este tipo de candidaturas.

16María del Carmen Alanís Figueroa, es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics.Es Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que presidió por 4 años. Ha ocupado diversos cargos en el IFE, incluyendo el de Secretaria Ejecutiva.

17Después de las deliberaciones respectivas en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y con la opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, fue presentado el nuevo dictamen ante el pleno de la H. Cámara de Diputados y aprobado por 279 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. Este proceso también incluye la aceptación de la Cámara Revisora de la fracción VIII al artículo 35, donde se adicionan a los Derechos del Ciudadano, el de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional con la inclusión de las características con que se deben generar dichas consultas, pasando todo el paquete de lo aprobado por ambas Cámaras a las legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales y finalmente al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción, misma que se llevó a cabo en Agosto del 2012.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 40 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Fernando Zárate Salgado, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artIculo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores PUblicos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, garantizados en nuestra Carta Magna, constituyen derechos humanos que, en nuestra legislación, han sido protegidos por diversos instrumentos que, sin embargo, no han logrado un adecuado equilibrio en la ponderación de cada uno de ellos cuando del ejercicio público se trata. La transparencia y el ejercicio público deben constituir un binomio inseparable que prevenga actos de corrupción pero que, sin embargo, no ponga en riesgo la seguridad y la integridad personales del propio servidor público.

ARGUMENTACION

Con fechas 17, 18 y 20 de junio pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el amparo en revisión número 599/2012, en contra de diversas resoluciones del Congreso de la Unión, en las cuales se negaba al quejoso el acceso a las declaraciones de situación patrimonial de los 500 diputados de la Cámara, con fundamento en el artículo 40 párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que estipula que únicamente el servidor público puede autorizar a hacer pública su declaración patrimonial.

Las discusiones en nuestro Supremo Tribunal giraron en torno al examen entre la ponderación del derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales de los funcionarios públicos.

El derecho al acceso a la información y el ejercicio transparente de las funciones públicas constituye una importante herramienta para la sociedad y las entidades fiscalizadoras gubernamentales que permiten evitar y castigar, en su caso, el uso de recursos públicos para fines personales, a través del análisis, evaluación y seguimiento de la evolución patrimonial, consignada en la declaración de situación patrimonial de cada uno de los servidores públicos. Adicionalmente, debemos señalar que ésta es una obligación adquirida por el Estado Mexicano cuando signó y ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, desde 1997, en donde se establecen mecanismos precisos para combatir este grave mal, entre los que se encuentran, precisamente, la publicidad de las declaraciones patrimoniales.

No obstante, en un Estado democrático y, particularmente en las circunstancias de violencia que actualmente vive nuestro país, no podemos negar que el derecho a la protección de datos personales debe respetarse para garantizar la seguridad y la integridad de los propios funcionarios públicos, de su familia y de terceros. Señalaba, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Franco González Salas que

“…no hay prevalencia del derecho al acceso a la información pública sobre el derecho a la protección de datos personales, aun en el caso de servidores públicos… se tiene que hacer un ejercicio de ponderación en los casos concretos para determinar cuál debe prevalecer… en el caso del derecho a la protección de datos personales, la Constitución determinó tasadamente que solamente se pueden establecer excepciones a ese derecho por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger derechos de terceros, y que estas excepciones deben tener base constitucional -según la visión del Constituyente- y estar consignados en la ley…”1

Sin embargo, más adelante en la misma discusión se precisó que, si bien la Constitución establece estas limitaciones para el acceso a la información pública, partiendo del principio de máxima publicidad, la información contenida en los archivos gubernamentales es pública y, con posterioridad y con base en las excepcionalidades legales, se establece su confidencialidad a partir de que contengan datos personales, constitucionalmente resguardados. En el caso de la difusión de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, se actúa justamente en sentido contrario. Dice el Ministro Cossío Díaz:

“… en este caso concreto que estamos analizando, determina que todo lo que está en ese archivo [la declaración de situación patrimonial] es una información confidencial; creo que esta condición de la manifestación absoluta a la imposibilidad de entregar la información por razón de confidencialidad es lo que termina haciendo imposible, o prácticamente diluye la condición de la confidencialidad misma… No es que la información primero se determine como confidencial en razón de datos personales, y después se me permita a mí que determine si se da o no a conocer y qué cosa sí y qué cosa no es esa información, sino que de entrada se me permite a mí decir todo lo que está en ese archivo, todo absolutamente tiene el carácter de confidencial, y por ende, no puede ser dado a conocer. Creo que en esta condición es donde opera la situación, -a mi parecer- del artículo 40…”2

Es por ello que, proponemos la reforma del párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el objetivo de establecer un perfecto equilibrio entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales de tal manera que éstos sean resguardados pero, a la vez, sea formulada una versión pública de la declaración de situación patrimonial que permita a la sociedad y a las instancias gubernamentales legalmente facultadas para ello, el análisis y evaluación de la evolución patrimonial de cada uno de los servidores públicos obligados a presentar esta declaración, para evitar actos de corrupción.

Debemos señalar que, entre los datos personales del servidor público, de su cónyuge, dependientes económicos y terceros afectados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió resguardar, se encuentran el Registro Federal de Causantes, la Clave Única del Registro de Población, el sexo, el estado civil,el domicilio, los teléfonos particulares, números de cuentas bancarias, los datos de ubicación de bienes muebles e inmuebles y datos sobre las respectivas compraventas.

Es por ello que debemos remitirnos a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que indica, en su artículo 3 que, por datos personales, se entenderá

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;

Y, habiendo establecido que éstos constituyen información confidencial resguardada, debemos entonces señalar que es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, como entidad encargada del resguardo de la información en su poder, la emisión de una versión pública de estas declaraciones que permitan a la sociedad ejercer su derecho al acceso a la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometido con el Estado de Derecho y la democracia, someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 40.

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, no contendrá datos personales del servidor público, de su cónyuge, dependientes económicos o terceros, para lo cual la Secretaría realizará una versión pública de este registro.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de la Función Pública contará con 45 días a partir de la publicación del presente, para modificar las normas de operación del Registro a que se refiere este Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3de julio de 2013.

Suscribe

Dip. Fernando Zárate Salgado”.

1Versión Taquigráfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 18 de junio de 2013, p. 10, en www.scjn.gob.mx.

2VersiónTaquigráfica de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 20 de junio de 2013, pp. 7-8, en www.scjn.gob.mx.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 28 INCISO K) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 185 FRACCION I DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

RICARDO MEJIA BERDEJA, RICARDO MONREAL AVILA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 28 INCISO K) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y EL 185 FRACCION l DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Exposición de Motivos

Considerado como un problema social y de salud pública, el alcoholismo se manifiesta sin tomar en cuenta género, edad, posición social y económica. Es una enfermedad incurable al no existir una medicina que la controle.

Dependiendo de cada cultura, tomar alcohol puede ser símbolo de inclusión y/o exclusión a un grupo social, un símbolo de celebración, no obstante en la actualidad el consumo de alcohol se ha convertido es una droga activa legal ampliamente consumida por los adolescentes en nuestro país.

Se entiende como una sustancia psicoactiva que produce efectos sobre el sistema nervioso central con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o comportamiento.

En el caso de las y los adolescentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), identifica al consumo excesivo de alcohol como una de las problemáticas de mayor importancia en la calidad de salud de ellos, además recomienda la abstinencia completa de alcohol en menores de 18 años, debido al riesgo de dependencia en la edad adulta, puede disminuir cuanto más tarde sea la incorporación del joven al consumo de bebidas alcohólicas.

En México cerca de tres millones de adolescentes tienen problemas de alcoholismo o de abuso en el consumo de alcohol, unos 320,000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol.

Los y las adolescentes beben esencialmente, porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan elusiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre los verdadero y lo falso, entre la realidad y la fantasía. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y de bienestar que les produce inmediatamente ingerir alcohol, que ven a otros tomar en exceso. Después de sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas del estado de embriaguez, emergiendo de ésta llenos de remordimiento y con la firme resolución de no volver a beber.

En la actualidad, se han producido cambios en la modalidad de consumo de alcohol que se manifiesta en la disminución de la edad de inicio, con mayor índice de consumo en los fines de semana. Asimismo ha habido un aumento considerable por intoxicación alcohólica aguda, además de algunas complicaciones relacionadas con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la violencia, el descuido, maltrato de menores y el absentismo laboral.

La toma de conciencia sobre el conjunto de prácticas sociales como los juegos entre los niños, niñas y adolescentes tienen como objetivo el entretenimiento y sana diversión, sin embargo hoy en día éstos tiene otras formas de entretenimiento que atenta contra sus propias vidas.

Actualmente se han detectado entre las y los adolescentes nuevas y peligrosas modalidades de ingerir alcohol a través de los ojos, se trata de la práctica conocida como eyeballing.

¿Qué es el eyeballing?

Se trata de una nueva moda que se da entre adolescentes, consiste en beber alcohol (principalmente vodka) por los ojos, bajo la idea de alcanzar nuevas sensaciones, así como un popular “subidón inmediato” Inglaterra.

El eyeballing tiene auge en países como Estado Unidos e Inglaterra, sin embargo, por el alcance de internet muchos adolescentes están implementándola en México.

Los problemas de salud que desencadenan llevar a cabo esta práctica pueden ser catastróficos; el baño ocular con alcohol puede generar, alteraciones en los ojos, desde conjuntivitis e inflamación, queratitis severa, perforaciones en la córnea hasta la ceguera. Por lo general, la bebida alcohólica que utilizan los adolescentes es el vodka, que a través del daño ocular pasa directamente a la sangre por la mucosa, de esta forma, la bebida no hace el proceso hepático y llega directamente al torrente sanguíneo y al cerebro de una manera más rápida.

Los oftalmólogos explican que: “aunque cuando introducimos un líquido en el ojo éste llega por el conducto del lagrimal a la sangre, la cantidad es mínima y por tanto es imposible emborracharse”.

Los juegos tienen como objetivo el entretenimiento y sana diversión, sin embargo hoy en día los niños, niñas y adolescentes tienen otras formas de entretenimiento peligrosas que atenta contra sus propias vidas como ingerir alcohol a través de los ojos, a través del aparato reproductor femenino y el recto. Se trata de prácticas conocidas como eyeballing, tampodka.

ARGUMENTACION

Se deben mejorar los programas, la atención y cuidado de las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo brindar herramientas adecuadas para la prevención de adicciones.

Esta iniciativa está orientada a la comprensión de esta problemática y a la promoción de prácticas de cuidados de la salud por parte del adolescente y de su entorno.

La legislación vigente debe preservar el interés superiorde los niños, niñas y adolescentes, aplicando ordenamientos y acciones orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones; trabajando en conjunto actores sociales, sistema de salud, maestros y padres de familia estimulando modalidades participativas, generando conciencia sobre los riesgos y consecuencias derivadas de abuso de alcohol.

El sector salud en todo momento debe asistir al enfermo adicto, sin ningún tipo de menoscabo o discriminación, prioritariamente para con los niños, niñas y adolescentes.

Hoy la figura llamada eyeballing aparece como una de las diferentes modalidades que pueden resultar perjudiciales para niñas, niños y adolescentes en el exceso consumo de alcohol.

En México se carece de un marco jurídico idóneo para responder a la complejidad de un fenómeno de esta naturaleza; es menester prevenir y combatir el eyeballing.

De lo anterior surge la urgente necesidad de reformar el artículo 185 fracción l de la Ley General de Salud y el artículo 28 inciso k) de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

Ante el auge de esta modalidad aunado a la falta de información de los menores y los padres, sobre las implicaciones y alternativas que existen para prevenir esta conducta, se recomienda aprobar esta reforma, para dar a conocer que este tipo de práctica puede llegar a provocar alteraciones en la conjuntiva y hasta provocar perforaciones en la córnea y ceguera, si no se erradica a tiempo.

Son modas temporales, que van y vienen y están ligadas a lugares de ocio? Los padres deben de estar más atentos de los hijos. Tener una comunicación temprana con ellos sobre todas las adicciones incluyendo todo tipo de sustancias ingeridas, estupefacientes y psicotrópicos legales e ilegales, sobre todo, explicar sus consecuencias. Debemos de informar a los padres acerca de estas prácticas, de la realidad que viven hoy en día los adolescentes y erradicar temas que son tabú.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 28 INCISO K) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y EL 185 FRACCION l DE LA LEY GENERAL DE SALUD AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO. Se reforma y adiciona el artículo 28 inciso k) de la Ley Para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y el artículo 185 fracción l de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente.

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A-J

(…)

K. Fomentar estrategias, programas y acciones de orientación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, elaborándolas a partir de las formas de uso y patrones de consumo, como el eyeballing y tampodka.

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinaran para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención, orientación, prevención, tratamiento y en su caso la rehabilitación de los alcohólicos, a partir de la forma de uso y patrones de consumo.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 3 de junio de 2013”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Marcos Aguilar Vega, en mi calidad de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Presidente de la República, como responsable de la administración pública del País, está obligado, por este hecho, a rendir cuentas e informar a la nación sobre el estado que guarda.

Este acto no debe ser considerado como un mero acto protocolario como en antaño ocurría, que más que un informe era considerado incluso, como el día del presidente, en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal era objeto de toda clase de pleitesías.

La intensión de esta iniciativa es que el informe presidencial tenga por objeto, que este acto sea un verdadero ejercicio republicano y democrático, donde los ciudadanos, cuya representación fue delegada en los integrantes del Poder Legislativo puedan cuestionar el trabajo realizado e incluso, proponer mecanismos para mejorar el desempeño para alcanzar los objetivos del gobierno en los diversos rubros que aquejan al pueblo.

El informe presidencial debe transitar hacia una comparecencia del Presidente de la República, dirigida tanto a los integrantes del Congreso de la Unión como a los habitantes de la Nación, aunque esta no debe ser exclusivamente como el simplemente el hecho de presentarse y exponer o de entregar por escrito el informe que consigna el estado que guarda la administración pública, sin que esto se convierta necesariamente en un acto abierto a debate o incluso al intercambio de posiciones.

Si bien, el informe presidencial tiene carácter informativo, no existe un formato debidamente establecido o lineamientos específicos sobre el contenido que debe atender, es decir, no establece los elementos mínimos que deben ser incluidos en el mismo; por lo tanto, el informe es un acto de control del gobierno y de rendición de cuentas por parte del Poder Legislativo, el cual, como un rasgo adicional debe ser analizado y discutido en el seno del Congreso de la Unión, posterior a su presentación, este formato implica un análisis del mismo por materia: política interior, política económica, política social y política exterior.

Realizado el análisis, los legisladores despliegan otros mecanismos para hacer efectiva su actividad de control, pudiendo inclusive, exigir la responsabilidad política de los servidores públicos que no cumplan con sus funciones atendiendo a los principios que rigen el servicio público.

El informe presidencial puede originar una responsabilidad política de facto, por parte de quienes confiaron a través del sufragio, es decir, que las acciones que realicen los gobernantes acarrean consecuencias que pueden desencadenar incluso una manifestación de inconformidad reflejado en las urnas en los comicios, convirtiéndose en un acto de control político y social.

El control que despliega el Congreso respecto del contenido del informe presidencial es posterior a su presentación, para ello se debe considerar que la presentación debe acarrear un verdadero sentido de responsabilidad, por ello es que resulta inconcebible que se considere suficiente la presentación por escrito del informe, sin dar a conocer su contenido exponiéndolo públicamente, por parte del Presidente de la República, de frente al Poder Legislativo y sobre todo ante los habitantes de la Nación.

El Poder Legislativo tiene entre sus competencias la de control del Poder Ejecutivo, por ello es que debe ser considerado y respetado como lo que es, un verdadero Poder, fuerte, responsable, confiable y sobre todo un ente de representación popular con competencia fiscalizadora.

La iniciativa tiene por objeto que el Poder Legislativo deje de ser una ventanilla de trámites u oficialía de partes en donde se reciban los asuntos del Poder Ejecutivo a mero trámite, en muchos casos, denostado e incluso dándole un trato indigno.

Los tiempos actuales y el momento histórico exige cada vez una mayor transparencia, y una mejor rendición de cuentas. Esto implica la responsabilidad de todos los representantes populares y de los servidores públicos, por ello es menester de la iniciativa responder a esta exigencia de la sociedad respecto de los informes que rinden los responsables del gobierno, generando acciones tendientes al fortalecimiento de nuestra democracia.

Por lo expuesto, es necesario que en el seno del Congreso de la Unión se analice y se discuta la pertinencia de reformar el marco constitucional y que la tradición política recobre los principios que dieron forma a nuestro estado democrático, volviendo a los orígenes pero con el ánimo renovado, atendiendo a las exigencias de una verdadera rendición de cuentas que tenga por objeto dar publicidad a los actos de todos los órdenes de gobierno y que se conozcan las actividades realizadas para beneficio de todos los habitantes de esta Nación.

Esta iniciativa no tiene como propósito entorpecer el desarrollo y las funciones de la administración pública, por el contrario, la pretensión es que este acto del presidente de a conocer púbicamente el estado que guarda la administración pública de frente al pueblo.

Cabe mencionar que esta ambición no es nueva, puesto que en la propia Constitución de 1824, ya se contemplaba esta obligación del presidente de acudir a la apertura del periodo de sesiones quien pronunciaba un discurso y el presidente del Congreso daba contestación al mismo en términos generales.

Como puede observarse, no existía la obligación de la entrega de un informe por escrito, sino se constreñía a un mensaje de carácter político a los miembros del Congreso de la Unión. Tampoco se pretende volver a ese esquema, por el contrario, atendiendo al principio de progresividad es que debe encontrarse el mecanismo idóneo que permita satisfacer las demandas de la sociedad mexicana, por ello es que se propone la presente iniciativa.

Es en la Constitución de 1857, donde se obliga al presidente a la presentación de un informe en donde manifieste el estado que guarda el país, aunado a la obligación de pronunciar un discurso al respecto.

El constituyente de Querétaro instituyó la práctica implementada por Porfirio Díaz, aunque transformó el discurso en informe ante el Congreso de la Unión, en los siguientes términos: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el primer caso, del estado general que guarda la administración pública del país, y en el segundo para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”

El informe del Presidente debe transitar, como ya se mencionó a explicar y dar a conocer de manera puntual, cual han sido los avances y reconocer los errores que ha tenido la administración pública federal, proporcionando datos reales sobre la situación que se vivimos.

Las razones para eliminar esta obligación del Presidente de asistir al inicio del periodo de sesiones tuvo su origen en razones de índole política que más que abonar a una verdadera práctica de rendición de cuentas e informe se convirtió en una oportunidad para que los grupos parlamentarios opositores al partido del gobernante en turno obstaculizaran esta práctica. Sin embargo, este acto debe ser asumido con gran responsabilidad y madurez política de los integrantes del Poder Legislativo en aras de desempeñar adecuadamente sus facultades de control del Poder Ejecutivo.

Por ello es que esta iniciativa propone recobrar el espíritu del Constituyente de 1917, en donde el presidente asista y rinda un informe, pero incorporando la obligación de estar presente desde el inicio de la sesión para escuchar los posicionamientos de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión, y se establezca incluso, la potestad de formular preguntas por parte de alguno de los legisladores en representación de sus grupos parlamentarios, evitando que se regrese de nueva cuenta a ser sólo un día de fiesta y lucimiento para el Presidente, puesto que éste debe ser entendido como un día de triunfo de la democracia mexicana.

Para contar con mayores elementos y una claridad sobre el contenido de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo en el que se puede apreciar claramente la reforma planteada:

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá a la sesión de instalación y entregará un informe por escrito al Presidente del Congreso de la Unión, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Posteriormente dirigirá un discurso en el que expondrá el contenido del informe, así como los logros, retos y obstáculos que ha tenido la administración que conduce.

En presencia del Presidente de la República los grupos parlamentarios, en voz de uno de sus legisladores, formularán sus posicionamientos sobre el estado que guarda la Nación.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Es por todo lo anterior, que someto a consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los siguientes términos:

DECRETO

UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá a la sesión de instalación y entregará un informe por escrito al Presidente del Congreso de la Unión, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Posteriormente dirigirá un discurso en el que expondrá el contenido del informe, así como los logros, retos y obstáculos que ha tenido la administración que conduce.

En presencia del Presidente de la República los grupos parlamentarios, en voz de uno de sus legisladores, formularán sus posicionamientos sobre el estado que guarda la Nación.

...

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 3 de julio de 2013.

Dip. Marcos Aguilar Vega”.





PROPUESTAS

De la C. Diputada Flor Ayala Robles Linares, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las acciones para la protección y divulgación de la lengua seri. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS A FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA PROTECCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA SERI

“Los suscritos, FLOR AYALA ROBLES LINARES y RICARDO FIDEL PACHECO RODRIGUEZ, Diputados Federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mundo existe una enorme diversidad de lenguas maternas, las cuales han perdurado a pesar de los cambios existentes en la sociedad. Tan sólo en el caso de nuestro país contamos con 364 variantes de lenguas maternas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas.

Lamentablemente, muchas de estas lenguas se han perdiendo o están en riesgo de perderse y un claro ejemplo de esto es la lengua Seri, hablada en el Estado de Sonora, misma que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), es hablada por menos de 595 personas, lo que nos refleja que esta por extinguirse sino se llevan a cabo acciones que contrarresten este fenómeno.

La comunidad Seri se esfuerza por no dejar que se extinga la lengua que sus antepasados hablaban y de la cual se sienten orgullosos, pero esta es una lucha que no pueden enfrentar solos, debido a que muchos jóvenes pertenecientes a estas comunidades tienen que emigrar a otros Estados o incluso a los Estados Unidos, esto con la finalidad de conseguir dinero para su subsistencia.

La extinción de una lengua materna en cualquier parte del mundo significa que se pierde una parte de la cultura e historia, misma que es irremplazable y el lenguaje no es más que una parte de la identidad del lugar en donde se hablan.

Con base a esto, no podemos olvidar que México se caracteriza por ser un país con una amplia diversidad lingüística, por lo que no podemos permitir que este patrimonio cultural se pierda irremisiblemente.

El INALI, es el encargado de la preservación de este tipo de lenguas, un claro ejemplo de esto fue la creación del “Programa de Revitalización, fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012”; sin embargo, existe un grupo de lenguas que requieren de una atención especial, ya que están a punto de desaparecer, y entre estas se encuentra precisamente la lengua Seri.

Con base a lo anterior, estimamos que se deben fortalecer las acciones destinadas a salvar de la extinción a la lengua Seri, misma que cada vez se pierde mayor terreno con el castellano. No permitamos que se pierda esta parte fundamental de la cultura de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Flor Ayala Robles Linares.- Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez”.






De los CC. Diputados Carlos Augusto Morales López y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría financiera y de desempeño para determinar si los contratos asignados por el gobierno de Chiapas a las constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio, Moraza Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril, cumplieron con la normativa vigente, se concluyeron en tiempo y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REALICE UNA AUDITORIA FINANCIERA Y DE DESEMPEÑO PARA DETERMINAR SI LOS CONTRATOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS A LAS CONSTRUCTORAS: DEL SURESTE, GOLI, ALZURIO Y MORAZA CREY CONSTRUCCIONES Y CORPORATIVO INGENIERIL, CUMPLIERON CON LA NORMATIVA VIGENTE, SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

El Diputado Carlos Augusto Morales López y el Diputado Carlos Reyes Gámiz Diputados Federales integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Gobierno de Juan Sabines (2006-2012), se caracterizó por irregularidades y anomalías en su administración, cifras que reflejan datos graves de corrupción, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas, de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos así como en el cumplimiento de objetivos se encontraron en las revisiones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En la correspondientes a la Cuenta Pública 2010,

Al Gobierno de Chiapas se le detectó, que de los recursos destinados a Infraestructura correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), existió un subejercicio de 213 millones 745 mil 600 pesos, cifra que representó el 38.0% de los recursos asignados. Nueve meses después del cierre de este ejercicio (septiembre de 2011) sólo se había aplicado el 73.3% de los mismos. Existe en esta partida posibles quebrantos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 52 millones 594 mil 500 pesos. Ello porque destinó recursos para “gastos indirectos” que rebasan el porcentaje establecido y por pagos de obra no ejecutados.

Otra irregularidad fue, que la Secretaría de Infraestructura adjudicó obras en la modalidad de invitación a cuando menos tres o más personas exceptuándolas de la licitación pública y no justifica mediante dictamen técnico los motivos por los cuales se exceptuó dicha modalidad.

En la auditoría financiera y de cumplimiento a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se encontró que una de cada tres obras construidas con estos recursos opera con insuficiencia. Hay posibles quebrantos por 87 millones 093 mil 900 pesos.

El dictamen general de esta auditoría fue negativo. Se considera que el Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables.

(http://sinambages-columnas.blogspot.mx/2012/07/resultado-la-auditoria-superior-de-la.html#!/).

En el ejercicio 2011, algunos resultados presentados en el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública para el caso del Estado de Chiapas son:

Fondo para la Infraestructura Social Estatal

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-07000-02-0834 ese presentó

Dictamen: negativo

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: cuatro obras inconclusas sin operar por 7,417.7 miles de pesos; no exhibió documentación comprobatoria y justificativa por 222.2 miles de pesos, y pagó volúmenes de obra no ejecutados en una obrapor 66.8 miles de pesos.

Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-D-07101-02-0952

Dictamen: negativo

El Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no exhibió documentación original comprobatoria de las erogaciones en 10 obras por 4,007.5 miles de pesos; ejerció recursos en dos obras que no contribuyeron a disminuir la marginación, el rezago social y la pobreza extrema por 3,375.5 miles de pesos; presentó deficiencias técnicas en la construcción de 15 obras por2,386.5 miles de pesos,y pagó conceptos y volúmenes de 16 obras no ejecutados por 472.5 miles de pesos.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-07000-02-1008

Para el caso de los recursos utilizados en obra pública los resultados presentados por la ASF son los siguientes:

Obra Pública

17. La SI contrató dos obras por adjudicación directa, sin presentar los dictámenes con la justificación y autorización para exceptuarlas de la licitación pública, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el estado.

18. En la obra “Sobre elevación de bordo con material mejorado de alta calidad”, la SI realizó un convenio modificatorio en el plazo de la ejecución de los trabajos por 109 días, justificado por la entrega extemporánea del anticipo; sin embargo, el pago del anticipo se realizó sólo 23 días después de lo establecido en el contrato, y no los 109 días autorizados para el diferimiento de los trabajos. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos

19. La SH ministró recursos a la SI para la ejecución de cuatro obras, las cuales, se verificaron físicamente y se encontraron concluidas; sin embargo, a la fecha de la auditoría no se formalizaron los finiquitos, ni el cierre administrativo y financiero.

El Gobierno del estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones referentes a una obra; e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos

20. En la obra “Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar (construcción)”, se autorizaron recursos del fondo para el ejercicio fiscal 2011, por 61,536.2 miles de pesos, de los cuales al 30 de junio de 2012 se ejercieron 44,484.5 miles de pesos destinados para el pago de estimaciones por trabajos ejecutados en el ejercicio 2010. Al revisar el expediente de obra se observó lo siguiente:

La fecha de término de los trabajos era el 30 de mayo de 2010; sin embargo, a la fecha de la auditoría, la obra se encontró inconclusa y suspendida sin la rescisión del contrato, ni la aplicación de penalizaciones. Además, está pendiente de amortizar 7,012.8 miles de pesos, correspondientes al anticipo pagado con otra fuente de financiamiento. Asimismo, en la visita de inspección física a la obra, ésta se encontraba en abandono, y en algunos casos con destrucción y robo de bienes de los siguientes espacios: seis tiendas súper Chiapas, los corredores comerciales, la comandancia de policía, dos módulos de vigilancia, el albergue para maestros, cinco paraderos de transporte público, alumbrado público y la agencia de correos; asimismo, no se contó con un acta de entrega-recepción de los trabajos, ni un acta de suspensión o sanciones por atraso de obra.

En resumen, los resultados de estas Auditorias son elementos que muestran el desorden administrativo que existe, la opacidad y desvío de recursos que han repercutido de manera negativa en los programas para abatir los índices de marginación y pobreza en Chiapas que es uno de los estados más pobres del país.

SEGUNDO.- En días pasados el abogado Horacio Culebro Borrayas presentó una demandaante la Procuraduría General de la República en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por “orquestar un fraude de más de mil 800 millones de pesos”, al haber contratado a cuatro empresas constructoras para realizar obra pública que no concluyeron. Además, las obras por las que pagó el Gobierno de Chiapas podrían estar vinculadas con el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán“, y José Murat ex gobernador de Oaxaca, denunció Culebro.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, Culebro Borrayas informó quela denuncia ante la Procuraduría General de la República es para que investigue los contratos otorgados a cuatro empresas constructoras, durante la administración de Sabines en Chiapas. Las empresas constructoras son: Del Sureste, Goli, Alzurio y Moraza. Culebro presentó como prueba 123 contratos por obras, por un monto total de 1,829 millones, 235 pesos. Afirmó que de estos 123 contratos, las obras en Chiapas están “en malas condiciones o se entregaron incompletas”.

(http://aristeguinoticias.com/2706/mexico/abogado-denunciara-a-tres-ex-gobernadores-por-fraude/)

Estas cuatro empresas constructoras, también fueron contratistas del Gobierno de Veracruz, cuando Fidel Herrera encabezaba el gobierno estatal. El jurista chiapaneco reveló que las cuatro empresas estarían vinculadas con ex gobernadores del PRI: Muraza y Alzurio, presuntamente están ligadas al ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab; por su parte, Constructora del Sureste y Goli, estarían ligadas al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. La documentación que Culebro entregó a la PGR consiste en estados de cuenta y facturas con relación a todas las obras inconclusas para que se investigue a las cuatro empresas, cómo se constituyeron y castigue a los responsables del presunto fraude.

TERCERO.- Una investigación de Noticias MVS, presentada este viernes 28 de junio, revela que son 6 y no 4 las empresas vinculadas entre sí por una red de constructoras contratistas, coludidas en licitaciones y contratos por adjudicación directa, a través de nombres, cuentas bancarias y domicilios fiscales, que operan en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, y que obtuvieron contratos para realizar obra

pública por un monto de hasta 1,800 millones de pesos con los gobiernos estatales de Chiapas y Veracruz, que encabezaron los gobernadores Juan Sabines y Fidel Herrera y que presentan varias irregularidades.

Las otras dos empresas, con otros domicilios, pero que intercambian representantes legales con las anteriores, son Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril.

La investigación de MVS confirmó, que las seis empresas detectadas han participado de forma independiente en procesos de asignación directa, y en licitaciones públicas “simuladas”, para obtener contratos de obra pública en Veracruz, Chiapas y también en Oaxaca, a pesar de que las administraciones estatales tenían documentos para verificar los nexos entre estas empresas.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el tema de la corrupción en México no se puede tomar a la ligera, ya que, el costo de la corrupción para el país es más que económico pues implica la distorsión de las decisiones de gobierno, ya que se busca lo que conviene al que decide, no a los ciudadanos con lo cual se cambia el futuro del bien común por el de uno o unos cuantos. En este sentido la corrupción desmoraliza a la sociedad, vuelve la ley negociable, envenena la convivencia y abre la opción a la ley del más fuerte.

SEGUNDO.- Que han sido numerosos los casos de políticos corruptos que han salido a la luz en las últimos años y que, en su mayoría no han sido castigados, basta con mencionar a Humberto Moreira quien fue acusado como presunto responsable de endeudar a Coahuila por 34 mil millones de pesos durante su administración, o el último caso conocido del ex gobernador de Tabasco quien a sido acusado por el desfalco de 1900 millones de las cuentas públicas del estado.

TERCERO.- Que la ciudadanía tiene la esperanza de contar con un gobierno donde la justicia, la democracia y la transparencia existan, los ciudadanos esperan que las palabras de los políticos no sólo sean promesas de campaña sino que se materialicen en obras públicas para su comunidad realizadas con honestidad y que el gasto eficientereactive la economía y se refleje en los bolsillos de los mexicanos y no que sean el boleto de entrada hacia los privilegios y el enriquecimiento.

Por todo lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

UNICO.-La Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice una auditoría financiera y de desempeño, con la cual determine si los contratos asignados a las empresas Del Sureste, Goli, Alzurio y MOrazaCrey Construcciones y Corporativo Ingenieril fueron asignados de acuerdo a la normativa vigente, si las obras contratadas fueron concluidas en los tiempos y con las especificaciones y calidad establecidos o se encuentran inconclusas y con fallas técnicas.

Asimismo, se solicita se revise en el programa de Auditoría correspondiente al ejercicio 2012, si estas constructoras cuentan con contratos en otras entidades del país y de ser así se compruebe que hayan sido otorgados de acuerdo a la normatividad y que hayan cumplido con lo establecido en el contrato.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 3 de junio de 2013

Dip. Carlos Augusto Morales López.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.






De la C. Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área de refugio o hábitat crítico para la protección de la tortuga caguama. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS A REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS QUE PERMITAN EVALUAR SI LA ZONA DEL GOLFO DE ULLOA PUEDE ESTABLECERSE COMO AREA DE REFUGIO O HABITAT CRITICO PARA LA PROTECCION DE LA TORTUGA CAGUAMA

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Lourdes Adriana López Moreno, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo de URGENTE Y OBVIA resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área de refugio o hábitat crítico, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de la tortuga caguama (Carettacaretta), con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las tortugas marinas cuentan con gran importancia desde diversos puntos de vista: cultural, por su papel fundamental en los hábitats en donde se encuentran, económico y por sus características biológicas.

De acuerdo con los científicos, las tortugas son un grupo de organismos cuya aparición en el planeta ocurrió hace por lo menos 230 millones de años, cuando las condiciones ambientales eran muy diferentes a las actuales, así también la apariencia y las características de las tortugas han cambiado sustancialmente desde entonces a través de una serie de modificaciones que les han permitido adaptarse y mantenerse presentes en los distintos ecosistemas que hoy habitan.1

En nuestro país, debido a la excesiva explotación de estos organismos con fines comerciales se observó un gran daño a todas las poblaciones de tortugas lo que colocó a las siete especies de tortugas marinas que se encuentran en nuestro territorio en el estatus de en peligro de extinción, los factores que han colocado a las tortugas en esta situación son el saqueo de nidos en las playas de anidación, comercio ilegal de huevos de tortuga para consumo humano, captura de tortugas por embarcaciones, para extracción de huevos de vientre y carne, tráfico del caparazón de la tortuga de carey para elaboración de artesanías y demás productos que se comercializan en las zonas urbanas, tráfico de piel para la elaboración botas, bolsas y cinturones, captura incidental en algunas pesquerías y contaminación y modificación de su hábitat2.

Una de las especies que podemos encontrar en nuestro territorio es la tortuga caguama o cabezona (Carettacaretta), la población de esta especie está considerada “En Peligro” de acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la población también ha sido identificada como una de las especies en riesgo a nivel global por un panel de expertos internacionales de la UICN quienes concluyen que se ha incrementado el riesgo de extinción de esta población severamente.3

La estación reproductiva de la tortuga caguama del Atlántico es de mayo a septiembre y su ciclo reproductivo va de dos a cuatro años, con rango de dos a cinco desoves por año. Sus principales sitios de anidación en el Atlántico mexicano se encuentran en el estado de Quintana Roo y en la costa del Pacífico de la Península de Baja California, específicamente en el Golfo de Ulloa se localiza la principal zona de desarrollo de la población que anida en Japón, encontrando juveniles y subadultos, es importante mencionar que a esta población se le considera altamente migratoria por los movimientos transoceánicos que se han verificado4.

En febrero de 2012, el Grupo Tortuguero de las Californias con financiamiento de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) elaboró un documento denominado “Propuesta integral para la conservación y protección de la tortuga caguama del Pacífico (Carettacaretta) dentro de su hábitat crítico de alimentación y desarrollo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur” en él se detallan los siguientes puntos:

• El grupo Tortuguero de las Californias A.C inició en 2002 el Proyecto Caguama (ProCaguama) con el fin de generar y difundir conocimiento sobre la especie.

• En mayo de 2006, con base en la información generada y la orientación de funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se sometió un estudio justificativo y una solicitud para establecer como área de refugio de la tortuga caguama su área de agregación en el Golfo de Ulloa con base a lo que establece la Ley General de Vida Silvestre.

• En septiembre de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) promovió la conformación de un grupo interinstitucional, coordinado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Subsecretaría para la protección Ambiental, con la participación de todas las dependencias involucras de los tres órdenes de gobierno, para analizar la propuesta y establecer medidas tendientes a la protección de la especie.

• En julio de 2009, la iniciativa de establecimiento del área de refugio se suspendió de manera indefinida bajo el argumento de que con el mismo propósito de dar protección a la tortuga sería elaborado un Plan de Manejo Pesquero (PMP) para la escama de Puerto Adolfo López Mateos, siendo esto una opción técnica, administrativa y legalmente más viable y expedita.

• A finales del 2010, la CONANP financió la elaboración de un estudio diagnóstico socio-económico del Golfo de Ulloa cuya elaboración estuvo a cargo del Centro de Investigación y Conservación Marina- Instituto Politécnico Nacional de la Paz, éste documento se consideraría como un insumo de información para la elaboración del PMP.

• A finales de 2008 y principios del 2009, la CONANP promovió la elaboración del Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, que serviría como un instrumento rector de las acciones a realizar, entre ellas la creación de un área de refugio.

• En julio 2011, se informó que la elaboración del PMP estaba suspendido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en virtud a que la zona no estaba definida dentro de los sitios prioritarios para esa dependencia.

El estudio concluye estableciendo que “Independientemente de los logros y avances en cuanto a dar una solución a la problemática planteada desde la perspectiva pesquera a través del ordenamiento de la actividad, reforzamiento de la vigilancia o la elaboración de planes de manejo pesquero, existen las bases científicas y legales para reconocer y establecer legalmente un hábitat crítico o en su caso un área de refugio para la vida silvestre para la tortuga amarilla (Carettacaretta) en el Golfo de Ulloa de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.

Derivado de lo anterior, es preocupante que a principios de este año en un reporte para el Congreso de los Estado Unidos de Norteamérica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), identificara a México, como la única nación que captura especies protegidas, refiriéndose a la captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur5.

El gobierno estadounidense indica en el reporte que, el gobierno mexicano señala una cifra reportada de 438 tortugas encontradas muertas en playa San Lázaro Baja California Sur sólo en julio y agosto 2012,y subraya que esto es un indicador de que la mortandad es mucho mayor, por lo que concluye que nuestro país viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.

Es preocupante que siendo nuestra nación un país catalogado como “megadiverso”, sea señalado como un país que permite la captura de especies protegidas.

Preocupa que la administración pasada sea señalada por diversas ONG’s por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a las tortugas marinas, específicamente a la tortuga caguama y que al contrario se haya aumentado considerablemente el índice de mortandad de éstas.

Es inminente que la SEMARNAT retome el tema de la protección de la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, y se tomen acciones al respecto para establecer un área de refugio o un hábitat crítico.

Es importante recordar que, la responsabilidad de ser un país megadiverso implica diversas acciones destinadas a la conservación de especies, no podemos permitir que en nuestro país se reporten altos índices de mortandad de ninguna especie en categoría de riesgo, no podemos permitir que la pérdida de especies en categoría de riesgo se vuelva una constante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área de refugio o hábitat crítico, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de la tortuga caguama (Carettacaretta).

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca trabajar coordinadamente a efecto de establecer un Plan de Manejo Pesquero, de la zona del Golfo de Ulloa, cuyo objeto sea minimizar la captura de tortugas y en el que se pueda considerar mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los habitantes locales los costos asociados a la conservación de la tortuga caguama (Carettacaretta).

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilar y aseguren el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación vigente, en la Zona del Golfo de Ulloa, e informar a esta Soberanía si existe algún expediente abierto respecto a la muerte de 438 tortugas en Playa San Lázaro Baja California Sur en julio y agosto de 2012.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente Senado de la República a 2 de julio de 2013.

Dip. Lourdes Adriana López Moreno”.






Del C. Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de intervenir e interferir en la vida política del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana o de sus agremiados. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ABSTENERSE DE INTERVENIR E INTERFERIR EN LA VIDA POLITICA DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA O DE SUS AGREMIADOS

“CON LA VENIA DE LA RESIDENCIA

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES.

El suscrito, Ricardo Cantu Garza, Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno de esta Soberanía, una proposición de punto de Acuerdo, referente a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a que cese en sus intentos de presionar a los integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, --SUTERM--, para noapoyar como candidato a la alcaldía del municipio de Cosamaloapan en elestado de Veracruz, a una persona de la oposición debida y legalmente instituida, afiliada en este caso a nuestro partido, el del Trabajo y que el apoyo de la central sindical sea para una persona del Partido Revolucionario Institucional, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro compañero Alberto Jiménez Rivera, es dirigente sindical seccional del SUTERM y esta contendiendo por la alcaldía del municipio de Cosamalopan, Veracruz en los comicios que se celebrarán el próximo 7 de julio, bajo los auspicios del Partido del Trabajo.

El ciudadano Jiménez Rivera se basa en el derecho que le confiere el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo séptimo que menciona lo siguiente:

Cito: “El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles”. Fin de la cita.

La paraestatal está presionando al SUTERM para que de manera general, los candidatos que emerjan de sus filas para contender a puestos de elección popular, sean únicamente de filiación priísta; que no sean de oposición al PRI.

A efecto de presentar en su orden los planteamientos jurídicos inherentes al problema que nos atañe, a continuación haremos mención a los que tienen pertinencia:

Debemos mencionar que la disposición constitucional que más contundentemente trata el problema, es el artículo 41, numeral I, párrafo segundo, que en la parte conducente señala:

Cito: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos, hacer posibleel acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. Fin de la cita.

Como puede observarse, el caso que nos ocupa constituye una flagrante intervención de la empresa en la vida del sindicato y sobre todo en la actividad de los empleados de aquella, porque se intenta una afiliación corporativa, considerada rotundamente inconstitucional.

Por su parte, el Contrato Colectivo de Trabajo Único-CFE-SUTERM, menciona en la Cláusula 38, lo siguiente:

Cito: “CLÁSULA 38. INGRESO DE PERSONAL.

Se establecen como requisitos de ingreso al trabajo en la CFE los siguientes:

1.- Ser miembro activo del SUTERM.

2.- a 6.-…

Las designaciones…el SUTERM como miembros”. Fin de la cita.

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en el capítulo de Principios, ensu párrafo séptimo señala:

Cito: “El SUTERM enfatiza su identificación con la Confederación de Trabajadores de México y con la Revolución Mexicana. Por lo anterior, es una Organización proveniente de la realidad histórica nacional e integrado al Partido Político, que representa a aquella, concebido para mantener el poder en la corriente revolucionaria y en la lucha permanente para la edificación de la nueva sociedad, dentro de la libertad y la democracia social. Por su militancia,comparte y acata sus Principios, Programas y Táctica de Lucha, y contribuye a su permanente actualización, considerando que la revolución, por su naturaleza, debe ser dinámica para constituir la sociedad a la que aspira, libre, justa e independiente. En consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional es el de los trabajadores puesto que está unido en la consecución de sus objetivos”. Fin de la cita.

El artículo 102 de los Estatutos señala que:

Cito: “Capítulo XIII. FALTAS Y SANCIONES. Artículo 102. Son consideradas como faltas de orden sindical:

a)…

b) El sostener y propagar ideas contrarias a la (sic) que sustenta la propia organización.

c) a v)…”. Fin de la cita.

Y el problema va más allá, porquede la lectura de lo anterior se puede inferir que con esa determinación de la empresa, solo pueden trabajar en la CFE, las personas que sean priístas y por ello también se viola la Carta Magna.

Debe manifestarse que ningún contrato, convenio o documento similar, puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en los dos casos, estatutos y contrato colectivo, se está conculcando lo mandatado por nuestra Carta Magna.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Ricardo Cantú Garza, propone al Pleno de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, se abstenga de intervenir y de cualquier manera interferir en la vida política del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana-SUTERM-o de sus agremiados.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de julio del año dos mil trece, surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. Ricardo Cantú Garza”.






Del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Educación Pública, a fin de que explique las irregularidades y la probable comisión de delitos en el proceso de implementación del programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, A FIN DE QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES Y LA PROBABLE COMISION DE DELITOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA ADQUISICION DE 240 MIL EQUIPOS DE COMPUTO

RICARDO MONREAL AVILA integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La necesidad de estar acorde con los cambios educativos en la actualidad, compromete a que el Gobierno Federal modernice las herramientas para ofrecer educación de Calidad y de Vanguardia a los estudiantes Mexicanos.

Es por ello que el 26 de Marzo del año en curso, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una licitación que estableció un Programa Piloto para la compra de 240 mil equipos de cómputo; los cuales se entregarían al mes de Septiembre del año en curso en los Estados de Sonora, Colima y Tabasco a alumnos de quinto y sexto de primaria. Para ello designó a Transparencia Mexicana como testigo social (Ver diagrama de flujo).



Colima

Sonora

Tabasco


La Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgó a un conglomerado de tres empresas -Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca- el contrato de referencia. Dichas Empresas subcontrataron a la Empresa Haier, para la adquisición de los equipos de cómputo.

Seguidamente se dan sucesos que denotan actos de corrupción al interior de la SEP. Para la compresión de fechas y motivos se establece el siguiente cuadro comparativo.

FECHA

MOTIVO

11 al 27 marzo 2013

Disponible la pre convocatoria para la compra de computadoras, en la páginawww.compranet.gob.mx

31 mayo 2013

La SEP dio a conocer que el licitante integrado por Grupo Mercantil TePrestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca, resultó ganador de la licitación, quiénes a su vez subcontratarían a HAIER

6 de junio 2013

Se difiere la firma de los contratos, con el propósito de modificar a la empresa fabricante de los equipo de cómputo, que seríala empresa de origen chino SOUTH HOLDINGS INDUSTRIAL LTD

13 junio 2013

La SEP y el proveedor, firmaron los contratos para la adquisición de 240 mil computadoras

24 junio 2013

Venció el plazo legal para que el licitante ganador entregara las fianzas de garantía de cumplimiento

27 junio 2013

Se notificará al proveedor Grupo Mercantil Te Prestamos, S.A de C.V e integrados, sobre el inicio del procedimiento administrativo para rescindir el contrato correspondiente por la causa de incumplimiento

Cabe señalar que el contrato asciende a la cantidad de 765.6 millones de pesos, el cual una vez firmado generó mayores confusiones, ya que el Licitante Adjudicado, informó que dejaba a un lado a la Empresa Haier y en su lugar entraría South Holdings Industrial LTD con sede en China, quien haría la manufactura de las 240 mil Laptops, sin precisar porque las Tres Empresas ganadoras no podían entregar los equipos de cómputo y porque habían subcontratado a una empresa y después suplirla por otra.

La Secretaría de Educación Pública, en referencia a las subcontrataciones comentó en los medios de comunicación “que independientemente del fabricante, el equipo ofrecido “sigue cumpliendo con las características mínimas establecidas en la licitación”. Además, en un comunicado aseguró que se mantienen los compromisos de entrega en tiempo, cantidad y calidad. La SEP agregó que el licitante ganador puede subcontratar, “siempre y cuando respete lo establecido en la Ley de Adquisiciones”. Lo anterior, subrayó no modifica el hecho de que el único obligado ante la SEP es el licitante adjudicado.

Queda claro que las Tres Empresas, Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca no cuentan con el respaldo económico y tecnológico para prestar el servicio objeto del contrato y con ello están sacando ventaja frente al resto de las Empresas que concursaron.

Debe conocerse, el grado de responsabilidad y en su caso la probable comisión de delitos que c cometieron las autoridades de la SEP, al permitir que se presentará el fraude a la SEP y con ellos a la Sociedad.

Resalta más que con fecha 26 de junio, la Secretaría de Educación Pública emite el comunicado 086 donde inicia procedimiento administrativo para rescindir la adquisición de Laptops, debido a que el Licitante Ganador no entregó las fianzas de Garantía de cumplimiento, lo que enturbia aún más el proceso de licitación en comento.

Dicho Proceso es confuso y ha estado viciado, por parte de la SEP y del Licitante Ganador (Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo ARCA) ya que no hay certidumbre de plazos; costos; tecnología incorporada en cada uno de los equipos a entregarse; mecanismo de entrega de las laptops; impacto educativo, y si los Maestros estarán capacitados para interactuar con los alumnos y aprovechar al máximo los equipo de cómputo

Los Legisladores federales debemos apoyar las nuevas tecnologías de información y tener claridad al ampliar los recursos para este programa federal; sin embargo lo visto en los últimos días genera preguntas en la implementación de este programa Piloto. Toda vez de las múltiples irregularidades mencionada, es que debe comparecer el Secretario de Educación.

Debe precisarse, que derivado del escándalo público por la contratación, la Empresa Beneficiada ya no entregó la fianza, y eso genero la rescisión, sin embargo, aun cuando el titular de la SEP diga que no fue error o responsabilidad de su dependencia, lo cierto es que todo el proceso de contratación fueirregular, y la rescisión se da, derivada del escándalo público, por lo que resulta indispensable la comparecencia del secretario Chuayffet, para conocer el involucramiento de esa dependencia en las irregularidades ya reseñadas en el presente acuerdo. Es evidente que el Contratista Beneficiado al verse descubierto no entrego la fianza, y es evidente que hubo funcionarios coludidos, por lo que suponer que queda sin materia, por la mera rescisión, sería tanto encubrir las irregularidades que quedaron al descubierto.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, con carácter de URGENTE U OBVIA RESOLUCION, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA LA COMPRACENCIA ANTE ESTA SOBERANIA, DEL LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, CON EL FIN DE QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES Y LA PROBABLE COMISION DE DELITOS, EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA ADQUISICION DE 240 MIL EQUIPOS DE COMPUTO.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






Del C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a implementar acciones inmediatas con la finalidad de detener el consumo de drogas y alcohol en adolescentes y para rediseñar la política de prevención que se está llevando a cabo en la materia. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS CON LA FINALIDAD DE DETENER EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DE ADOLESCENTES Y PARA REDISEÑAR LA POLITICA DE PREVENCION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA MATERIA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Salud local se implementen acciones inmediatas con la finalidad de detener el consumo de drogas y alcohol de adolescentes y para que rediseñe la política de prevención que se está llevando a cabo en la materia, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado lunes 24 de junio se presentaron los resultados de la “Encuesta de consumo de drogas en estudiantes de la Ciudad de México 2012”, realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) del Distrito Federal. Este informe se realiza cada tres años desde 1976 y se aplica en las 16 demarcaciones del Distrito Federal.

El estudio se realizó a 26 mil 503 estudiantes de secundaria y preparatoria en el Distrito Federal, destacando que la delegación Azcapotzalco es la demarcación en donde se presenta la mayorproblemática en el consumo de drogas, con un 25.9% en el consumo de mariguana, cocaína y crack, un 11.3% en consumo de inhalables y 16.9% en consumo de alcohol; a esta le siguen las delegaciones Cuauhtémoc, con un porcentaje de 24.3 y Álvaro Obregón, con un 20.6 por ciento.

De entre las 16 unidades político-administrativas de la Capital de la República, la Delegación Tláhuac destaca por el consumo de crack o cocaína, ya que en el periodo que abarca los años de 2009 a 2012 el consumo de ésta creció 0.8 por ciento al pasar de 1.7 a 2.5 puntos porcentuales.

Las cifras de la presente encuesta son alarmantes. No podemos dejar de señalarlas y mencionar datos como que al 29% de los estudiantes les han ofrecido alguna droga “gratuitamente” y solo al 11% de los escolares se las han intentado vender. Estas cifras nos muestran que la primera etapa de adicción es el enganche, ya que los narcotraficantesy narcomenudistas al ofrecerla de manera gratuita la primera vez, están garantizando la próxima compra de probables nuevos clientes.

Los resultados de la citada encuesta indican que en el último año el consumo de drogas ilegales aumentó cuatro puntos porcentuales, ya que paso de 8.2% a 12.2%. Dentro de estas cifras cabe mencionar que el segmento que usó cocaína en el último año se incrementó de 1.7 a 2.5% respecto al 2009, y en lo referente al consumo de mariguana creció de 8.2% en 2009 a 12.2% en 2012.

Otro de los grandes problemas es el consumo de inhalables entre la población estudiantil de secundaria y bachillerato, pues aunque se registró una disminución en 2012 con respecto al 2009 esta cifra no es muy significativa ni alentadora ya que pasó de 10.4 a 10 por ciento.

Un dato alarmante en el presente informe es el relativo a que el 11.4% de los estudiantes de nivel medio superior requiere tratamiento por el consumo de este tipo de sustancias, razón por la cual es de suma importancia que las autoridades encargadas de generar y aplicar las políticas de salud públicas de la capital consideren con seriedad y urgencia la grave problemática que nos muestra este informe, ya que no es asunto menor que los adolescentes de la Ciudad de México tengan tan fácil acceso y los induzcan a consumir drogas y alcohol desde temprana edad.

La preferencia por tipo de drogas ha cambiado en los últimos tres años, de tal manera que en los hombres el primer lugar lo ocupa la mariguana (18.8%), le siguen los inhalables (9.7%) y en tercer lugar está la cocaína (6.0%). Para el caso de las mujeres, la mariguana también ocupa el primer lugar de preferencia (12.9%), seguida de los inhalables (10.3%) y en tercer lugar de preferencia esta los tranquilizantes (5.6%).

En cifras generales el consumo de los hombres es más elevado que el de las mujeres; los primeros cuentan con una cifra de 25.7% y las segundas con 23.1% de consumidores.

Ante este alarmante escenario, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos particularmente preocupados por estas escandalosas cifras. Por ello, consideramos urgente que la Secretaría de Salud del Distrito Federal implemente acciones tendientes a la disminución del consumo de las drogas entre las y los estudiantes de la capital del país.

Por otro lado el consumo de las drogas no es la única dificultad que aqueja a los adolescentes de la Ciudad, ya que el alcohol es otra de las grandes problemáticas que aparecen en cifras dentro de la Encuesta de Consumo de Drogas entre estudiantes de la Ciudad de México 2012.

El 24% de los estudiantes varones de secundaria y bachillerato manifiestan ser consumidores frecuentes de alcohol, con cinco o más copas por ocasión al mes, y en el caso de las mujeres el promedio es de 21%, esto a pesar de que el consumo y venta de alcohol está prohibido a menores de edad. Un dato que es de llamar la atención de manera importante es el que nos señala que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol se mantiene entre los 12.6 años.

En este rubro las demarcaciones políticas de la capital con mayor consumo por parte de los estudiantes son la Delegación Cuauhtémoc con el 63.9%, Azcapotzalco con 63.2%, Miguel Hidalgo con 58.9% y Coyoacán con 58.3%.

La bebida más recurrente entre los alumnos de secundaria y preparatoria es la cerveza, con un 53 por ciento, seguida de los destilados, las preparadas en lata, los cocteles, el pulque y hasta el alcohol puro, con un 15.2 por ciento.

Es importante señalar que desde 1984 el consumo de alcohol y tabaco es ilegal entre los menores de edad; sin embargo en la actualidad el acceso a estas drogas legales es sumamente sencillo, los adolescentes los pueden encontrar a la venta incluso afuera de los centros educativos.

La misma encuesta señala que la ingesta de alcohol está asociada a otras conductas de riesgo, ya que el 32 por ciento de los hombres y 18 por ciento de las mujeres reportan haber tenido relaciones sexuales bajo sus efectos, lo cual genera, entre otras, condiciones proclives al contagio de enfermedades de transmisión sexual y hasta embarazos no deseados.

Incluso los problemas sexuales no son los únicos a los que se encuentran vulnerables los estudiantes que consumen alcohol, pues también encontramos otros como los suicidios, que en la mayoría de los casos se dan en menores de edad y en personas que previamente consumieron alcohol.

Por lo anterior, las y los Diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos manifestamos para que el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Salud local, implemente acciones urgentes para contrarrestar el consumo tan elevado de estas sustancias nocivas entre las y los estudiantes de secundaria y preparatoria del Distrito Federal.

De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL SE IMPLEMENTEN ACCIONES INMEDIATAS CON LA FINALIDAD DE DETENER EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DE ADOLESCENTES Y PARA QUE REDISEÑE LA POLITICA DE PREVENCION QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA MATERIA.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar políticas y programas que fortalezcan y reivindiquen a los cuerpos de bomberos. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACION A IMPULSAR POLITICAS Y PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN Y REIVINDIQUEN A LOS CUERPOS DE BOMBEROS

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 2°, fracción V de la Ley General de Protección Civil vigente para los Estados Unidos Mexicanos, señala que por la palabra Auxilio se debe entender como: la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables;

Con relación al artículo anterior de la Ley en cita, la fracción XXII, dispone que el Fenómeno Geológico es el Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría también pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos;

La fracción XXIII de la Ley y artículo en cita establece que el Fenómeno Hidrometeorológico es el Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados;

La fracción XXIV de la Ley y artículo en cita, establece que el Fenómeno Químico-Tecnológico es un Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende Fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames;

La fracción XXV de la Ley y artículo en comento, dicta que el Fenómeno Sanitario-Ecológico es el Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;

La fracción XXVI de la Ley y artículo en comento, refiere a el Fenómeno Socio-Organizativo como el Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica;

En el artículo 14 de la Ley en cita, se estipula que el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil;

Por su parte el artículo 15 de la Ley en comento, menciona que el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población;

El artículo 16 de la Ley en cita, estipula que el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos;

El artículo 19, fracción III de la Ley en comento, establece que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de Gobernación por conducto de la Coordinación Nacional, y tiene la atribución en materia de protección civil de proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil;

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley en cita, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, en los términos de la normatividad aplicable, o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de coordinación, con pleno respeto de la autonomía de las entidades federativas y de los municipios;

Con fundamento en el artículo 27, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone que a la Secretaría de Gobernación le corresponde conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo.

ANTECEDENTES

Los H.H. Cuerpos de Bomberos resultan indispensables para una adecuada protección Civil. Desde la creación del primer Cuerpo de Bomberos, el 22 de agosto de 1873, en el puerto de Veracruz1, y como es del conocimiento general, los H.H. Cuerpos de Bomberos son una Institución de servicio a la ciudadanía, indispensable para la protección de la vida y coopera para el desarrollo normal de la vida cotidiana de nuestro país.

La corporación es frecuentemente reconocida y siempre respetada por toda la sociedad; empero, es necesario mencionar que ha sido el producto del arduo trabajo que a lo largo de más de 100 años de sacrificio y entrega en el servicio, lo que ha hecho que los H.H. Cuerpos de Bomberos y sus integrantes gocen del aprecio por parte de la sociedad.

Los H.H. Cuerpos de Bomberos, como todos los de su tipo alrededor del mundo, se encarga de la protección de la comunidad; es el producto lógico del desarrollo de los pueblos. Es así como en las postrimerías del siglo XIX, bajo el esquema del progreso y la modernidad, nuestra nación empezó a contar con los servicios de los Cuerpos de Bomberos organizados2.

Son los queridos Bomberos, los que enfrenta siniestros relacionados con: fuego, agua y aire, retiro y captura de fauna, derrumbes, accidentes, búsqueda y rescate de víctimas, entre otros.

A pesar de que los H.H. Cuerpos de Bomberos son una institución que brinda seguridad y es respetada por todos nosotros; también es una institución que ha padecido la falta de presupuesto, equipo actualizado, labores mal remuneradas y escasas prestaciones.

A consecuencia de lo anterior, el pasado 25 de junio del presente año, el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, realizó una movilización hacia las oficinas del Gobierno Capitalino, la cual se conformó por alrededor de 800 bomberos en demanda de equipamiento y mejores condiciones laborales. Estas exigencias fueron escuchadas y el Secretario General del Sindicato de Bomberos del Distrito Federal, el C. Ismael Figueroa, afirmó que a través de la Oficialía Mayor, el Gobierno del Distrito Federal se comprometió a adquirir equipo para los mil 400 elementos de la institución; el acuerdo incluye también la adquisición de herramientas y una visita a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para convenir la realización de labores de mantenimiento3.

Por otra parte, en el mes de noviembre del año 2012, el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Rio, Querétaro, expuso que uno de los principales problemas, es la falta de personal ya que se cuenta con siete elementos asalariados, treinta voluntarios y 17 que se encuentran en academia4.

Estos ejemplos, ilustran las graves carencias que padecen estos cuerpos, estamos a tiempo de refrendar la esencia y el espíritu de los H.H. Cuerpos de Bomberos que existen en nuestro país; reconocemos la valentía y el heroísmo de las personas que pertenecen a esta digna institución, ya que gracias a ellos, nos sentimos protegidos y sabemos que con una llamada de auxilio, acudirán sin temor alguno a salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a impulsar políticas y programas que fortalezcan y reivindiquen a los H.H. Cuerpos de Bomberos; en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de las entidades federativas a evitar cualquier intromisión en la vida interna de los sindicatos. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EVITAR CUALQUIER INTROMISION EN LA VIDA INTERNA DE LOS SINDICATOS.

"La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El viernes 28 de junio, los maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez para celebrar su 26º Congreso Extraordinario Seccional para elegir un nuevo Secretario General. La madrugada del sábado 29, el Grupo “La Alianza”, afín a la ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo, solicitó un receso el cual fue bloqueado por el llamado “Bloque Democrático”, opositor al Comité Ejecutivo Nacional de dicho Sindicato. Este grupo alegó que “La Alianza” o “Charros” se encontraba en desventaja en el proceso para elegir un nuevo líder sindical y buscaba aprovechar el receso para comprar votos, pues de las 14 regiones participantes, nueve eran afines a ellos, en tanto que cinco, a “Los Charros”, es decir 430 delegados para el Bloque y 364, para la Alianza.1

Los retenidos de “La Alianza” se quejaron de “secuestro” y exigieron la intervención del gobierno chiapaneco para ser “rescatados”.Por esta razón, el Gobierno de Manuel Velasco dispuso a mil 500 policías estatalescon toletes y escudos antimotines para sacar a los retenidos, golpeando a maestros del Bloque. En el suceso se usaron gases lacrimógenos para dispersar a las maestras y maestros, provocando que la trifulca se extendiera a un centro comercial y a una zona residencial. Cabe señalar que en el operativo participaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la de Seguridad Pública Municipal, de la Procuraduría General de la República, socorristas de la Cruz Roja Mexicana y del Consejo Estatal de los Derechos Humanos.2

La versión oficial del gobierno de Chiapas fue que los maestros del Bloque Democrático agredieron con piedras y palos a los elementos de seguridad y causaron daños a vehículos y comercios de la zona. Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que la policía del Estado, apoyada por otros cuerpos de seguridad, “arremetieron con golpes y gases lacrimógenos en contra de los delegados al Congreso de la Sección 7 de Chiapas que participan en el Congreso Seccional para la renovación de la dirigencia sindical en donde el grupo de los democráticos son amplia mayoría superándolos con más de 65 delegados.”3

De estos hechos es evidente que el “charrismo sindical” encabezado por Juan Díaz de la Torre, al verse incapaz de ganar en la contienda sindical, utiliza la fuerza policiaca para quedarse con la mitad de la representación sindical y la Secretaría General de la Sección 7, hecho que es inadmisible. El entorno del sindicalismo magisterial se ha deteriorado en el marco de la detención por parte del gobierno de Peña Nieto de Elba Esther Gordillo y por la contrarreforma educativa aprobada en el marco del Pacto por México, que hoy tiene en pie de lucha al magisterio democrático en defensa de la educación pública y sus derechos laborales. Es claro que no se ha buscado mejorar las condiciones de las y los maestros, ni mucho menos de la educación con los actos espectaculares, como la detención de Elba Esther Gordillo, mismo que pareciera un ajuste de cuentas entre la mafia del poder, y una acción para legitimar a PeñaNieto y no un acto de justicia.

Juan Díaz emula a su tocayo y fuente de inspiración: Juan Díaz de León, el "charro", quien en 1948 actuó con el apoyo y la cobertura del gobierno priísta de ese entonces para reprimir y actuar en contra de Valentín Campa y Demetrio Vallejo en el sindicato de ferrocarrileros. El charrismo ha sido desde entonces una forma de control corporativo y autoritario hacia la clase trabajadora y el sindicalismo democrático e independiente. Control y represión a cambio de prebendas e impunidad ha sido el pacto y la práctica del Estado mexicano con los seudo líderes charros. Lo cual tiene que ser totalmente rechazado por un gobierno democrático.

Finalmente, es de mencionar que durante el fin de semana, unas 500 personas marcharon hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez solicitando la libertad de las personas detenidas. Asimismo, el 1 de julio, Alberto Mirón Vázquez, de la dirección política del Bloque Democrático, informó que la noche del 30 de junio fueron liberados 29 maestrosporque “no se justificaba tenerlos en la cárcel”, luego de la negociación del subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava con el gobierno chiapaneco.4

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba enérgicamente la violencia y la represión institucional que existió en los hechos acontecidos el pasado 29 de junio del presente año a participantes del Congreso de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas, en especial, al Gobernador del Estado de Chiapas, a evitar cualquier intromisión en la vida interna de los sindicatos, en particular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente en lo que toca a los procesos de elección de sus dirigentes, que solo le compete a las y los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a sus representantes.

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas, a dar garantías para que se desarrolle con condiciones de legalidad y democracia la vida interna de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eliminando cualquier obstáculo que lo impida, en particular la celebración del Congreso Extraordinario para la elección de sus autoridades.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus atribuciones, a que se tomen las medidas suficientes para que los elementos de seguridad pública cumplan con los protocolos existentes en uso de la fuerza y respeto de derechos humanos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, 3 de julio de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".






Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a iniciar de oficio una investigación sobre la venta de drogas en el barrio de Tepito y su distribución en el Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.








De los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Avila y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO A GARANTIZAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA ELIMINAR Y ATENDER CUALQUIER ACTO DE DISCRIMINACION LABORAL Y DESPIDOS POR CAUSAS DE EMBARAZO

RICARDO MEJÍA BERDEJA, RICARDO MONREAL AVILA y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de Acuerdo de URGENTE U OBVIA RESOLUCION al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México muchas mujeres en estado de gravidez ven violados sus derechos humanos al serles negados por su empleadores los mínimos permisos para realizarse chequeos pre y post natales, aunado a esto, el salario que a menudo reciben es menor que sus pares masculinos.

Muchas veces las mujeres embarazadas son condicionadas a realizar trabajos nocturnos que no deben hacer, es una problema que se torna a violar constantemente los derechos laborales además de la falta de políticas programas y proyectos sobre materia salarial que engloben a la categoría del salario yque promueva la satisfacciónde las necesidades mínimas de las trabajadoras.

En México las mujeres representan un factor importante para el sector económico, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 70 por ciento de las mujeres mayores de quince años ha tenido al menos un hijo nacido vivo y el 27 por ciento no ha tenido.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo es de 44.1 por ciento, de las cuales, 97.9 por ciento combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos; mientras que para 2013, INEGI dio a conocer que el 69 por ciento de las mexicanas que tiene una ocupación laboral son madres.

De esta manera, debe considerarse que el 96.3 por ciento de las madres que trabajan se dedican a la producción de bienes y servicios, el cual se divide de la siguiente manera: 35 por ciento se desarrolla en el sector informal, 33.5 por ciento en empresas y 17.4 por ciento en instituciones; por tipo de ocupación, la mayoría son comerciantes (27.8 por ciento) o trabajadoras en servicios personales (24.6 por ciento).

En contraste, la mayoría de las mujeres que no son madres trabaja en empresas (48.1 por ciento) y en instituciones (20.4 por ciento), mientras que sólo una de cada cinco (20.9 por ciento) labora en el sector informal.

Cabe señalar que en nuestro país, los derechos humanos laborales se encuentran establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en diversas disposiciones secundarias; de esta forma los derechos de las trabajadoras y su relación con la maternidad se encuentran regulados a nivel constitucional en el Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social y en el Título Quinto Trabajo de las Mujeres de la Ley Federal del Trabajo.

A nivel internacional, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su Artículo 11 establece “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos”, así como diversas medidas “a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar”.

De esta manera se prohíbe el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, considerándolo como un acto discriminatorio en contra de las mujeres.

Desafortunadamente en México, existe gran cantidad de casos en donde las mujeres son víctimas de hostigamiento laboral e incluso son despedidas injustificadamente por causas relacionadas con la maternidad, en fechas recientes -y gracias al impacto de las redes sociales- se han visibilizado varias situaciones de este tipo, aunadas a la falta de mecanismos que garanticen el pleno acceso al sistema de seguridad social y de las facilidades que por ley deben otorgarse.

Por ejemplo Nora Beltrán, quien laboraba para una filial de la empresa del restaurante Fishers, denunció a través de las redes sociales su despido por esa razón.Aunque la mayoría de los casos permanecen sin ser denunciados.

Sin embargo, este escenario no es reciente, datos del Reporte sobre la discriminación en México 2012 Trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), concluye que de 2004 a 2012, se registraron 266 quejas (contra particulares) y 75 reclamaciones (contra servidores públicos) referentes a la discriminación por laboral por causas de embarazo, dando un total de 341 casos.

Es una realidad, que a pesar de las determinaciones legales que prohíben se despida de los trabajos a mujeres por embarazo, se siguen dando de manera frecuente, y aún son pocos los casos que se denuncian y conocen, pues se debe reconocer que no hay mecanismos institucionales, ni una política pública definida para prevenir y atender esta situación.

Tales denuncias no sólo están relacionadas con despidos injustificados, aún faltan los mecanismos necesarios que permitan que los derechos humanos laborales relacionados con la maternidad -y paternidad- se desarrollen y de esta forma dar asegurar su ejercicio. Es por lo antes expuesto que presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo.

Dado en el Senado de la República, a 3de julio de 2013”.






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Turismo a supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en este próximo periodo vacacional. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y DE LA SECRETARIA DE TURISMO A SUPERVISAR DE MANERA CONSTANTE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURISTICOS OFERTADOS PARA LOS VACACIONISTAS EN ESTE PROXIMO PERIODO VACACIONAL

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente el turismo en México, representa una de las principales actividades económicas para el país, lo anterior, se debe a la gran variedad de destinos que México posee, destinos divididos en centros de playa, turismo de aventura, social, de negocios, entre otras áreas que visitantes nacionales y extranjeros disfrutan como turistas en el país.

México, es un destino potencialmente turístico, y de suma importancia para el desarrollo y crecimiento del país, además de ser el primer destino turístico de los vacacionistas estadounidenses.1

Asimismo, México, tiene una riqueza cultural y turística al contar con 37 sitios considerados Patrimonio de la Humanidad, 174 áreas naturales protegidas entre las que se encuentran 31 reservas de la biósfera, entre otras de sus principales características. 2

Ante este favorable panorama, y en vísperas del próximo periodo vacacional escolar, que abarcará del próximo ocho de julio al 19 de agosto, se prevé una afluencia turística de grandes dimensiones y de gran esparcimiento, en donde turistas nacionales e internacionales asistirán con sus familias y amigos a visitar diferentes destinos turísticos del país, con el único fin de divertirse e incrementar la convivencia e integración familiar.

Para tal objetivo, el turista nacional e internacional, invierte gran parte de sus recursos en estas vacaciones, sin embargo el turista no demanda sólo un producto sino un servicio de calidad, considerando que el servicioes uno de los aspectos más importantes en la satisfacción de los clientes del turismo, por lo que la apuesta más grande de los proveedores del turismo en México se debe ganar porla vía de la calidad y no por la vía de los precios, buscando siempre la satisfacción de los visitantes.

Para lograr este objetivo se considera importante que el personal que ofrece el servicio turístico, se encuentre lo suficientemente capacitado para brindar este servicio, de igual forma, que brinde un trato de amabilidad, profesionalismo y disposición, procurando cubrir las expectativas del turista.

Para ello, se requiere de una constante formación de recursos humanos, creando un entorno turístico agradable y único que permita seguir impulsando la imagen de calidad y servicio que el sector turismo en México necesita.

Recordemos que un vacacionista nacional o internacional satisfecho con el servicio que se le brindó, será la mejor recomendación.

Asimismo se considera importante, que las instalaciones de los centros hoteleros se encuentren en óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de limpieza y seguridad.

Otro punto a considerar y que es de suma importancia, es el que se refiere a la situación de las playas, mismas que deben mantenerse en un estado idóneo de sanidad supervisadas por las instituciones correspondientes.

Es en este contexto que los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos a favor de que las instituciones responsables, generen condiciones favorables para el turismo mexicano e internacional en este próximo periodo vacacional, en el que se incluyan la promoción de los destinos turísticos en México, así como la suficiente información de los mismos. Todo ello en un entorno de calidad en el servicio para los vacacionistas.

Lo anterior nos permitirá como país seguir potencializando los grandes destinos turísticos que el país tiene y así revertir la caída en el ranking internacional como destino turístico según los datos del Barómetro 2012 de la Organización Mundial de Turismo (OMT) e incrementar los ingresos que México recibe por concepto de turismo, considerando que la actividad turística, representa la tercera fuente generadora de divisas en el país. 3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Turismo (SECTUR) a supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en este próximo periodo vacacional.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






De la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez y de la C. Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TIPIFICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LOS INSTRUMENTOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES EXISTENTES EN LA MATERIA O, EN SU CASO, REALICEN LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TIPOS PENALES VIGENTES.

"Las suscrita, Senadoras Maria del Pilar Ortega MartInez y la Diputada Adriana GonzAlez Carrillo, del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometoa la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE TIPIFIQUEN EL DELITO DE FEMINICIDIO ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LOS INSTRUMENTOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES EXISTENTES EN LA MATERIA O, EN SU CASO, REALICEN LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TIPOS PENALES VIGENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, los delitos por homicidio registrados en el Ministerio Público del fuero común en los años 2010 y 2011, ascendieron a la cantidad de 25,757 y 27,213 respectivamente, de los cuales en 2010, la cantidad de 23,285 eran hombres y 2,418 mujeres, siendo que 54 no se encontraban especificados. Por su parte en el año 2011, la cantidad de 24, 257 eran hombres y 2,693 era mujeres y el resto 263 no especificado.

Por su parte, el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factoresque Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)2, señala que en el contexto nacional la información por homicidio en mujeres es la siguiente:

• La tasa estandarizada por homicidios en mujeres en 2010 fue más del doble (4.37/100000 mil mujeres) que la registrada en 2007 (2.3/100000 mil mujeres)

• Mueren por homicidio más mujeres jóvenes y mayores (de 60 años de edad), que hombres.

• Casi el 12 por ciento de las mujeres que acudieron a las procuradurías de justicia a interponer una demanda por violencia, fueron objeto de violencia institucional, en tanto que sus demandas fueron menospreciadas, no tomadas en cuenta o ignoradas.

• Desde la óptica institucional existe una tendencia a asociar algunos feminicidios con el crimen organizado, la delincuencia común o incluso con la prostitución, argumentos de entrada que niegan la violencia cotidiana contra las mujeres y asumen, incluso, que el enganche de éstas al crimen organizado se deba a que muchas convivían en ambientes donde es mayor la propensión al crimen y las drogas. El mensaje parece ser que si morían muchas mujeres, era porque buscaban ese riesgo.

De igual forma, de acuerdo al estudio denominado el feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-20093, entre 1985 y 2009 el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana fue de 34,176.

Asimismo de conformidad con dicho estudio, el año 2007 representa un punto de inflexión muy importante en la tendencia de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, toda vez que después de que en ese año la tasa se había reducido a la mitad respecto a los valores observados en 1985, en los dos últimos años se observó un repunte de 68%; es decir, entre 2008 y 2009 se perdió el avance que se había observado en los 23 años anteriores.

Esta preocupante situación respecto de los homicidios en mujeres, hace necesario establecer medidas y acciones tendientes a prevenir, y en su caso, sancionar con mayor eficacia, la comisión de estos deplorables ilícitos.

De conformidad con el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factoresque Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)4, desde el ángulo institucional, y dentro de los estados que ya han tipificado el feminicidio, se ha denunciado un desconocimiento de las agencias del ministerio público por tratar de identificar los feminicidios y la violencia de género como tales, lo que demuestra que entre los funcionarios y el personal dedicado a la atención a la víctima aún persiste la falta de sensibilidad y capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

De igual forma una preocupación latente en el ámbito nacional, lo es la dispersión normativa que se ha venido generando en el país, derivado del proceso de tipificación del delito de feminicidio, por falta de parámetros estandarizados respecto al correspondiente tipo penal, lo que hace posible la existencia de hasta 33 tipos penales distintos y distinguibles entre sí.

En efecto, si bien, el mencionado Estudio Nacional señala que de acuerdo a la información presentada por el Estado Mexicano ante el Comité de la CEDAW5 , al mes de diciembre de 2011, un tipo penal que poco a poco han ido aprobando diferentes entidades federativas es el feminicidio (tal es el caso de las entidades federativas como Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, entre otras); lo cierto es que el contenido de los mismos varía en función de cada entidad federativa, particularmente en los elementos que integran la descripción típica así como en el caso de las penalidades, las cuales van hasta los 70 años de prisión.

A manera de ejemplo, habrá que señalar mientras que en materia federal de tipo penal prevé una sanción de 40 a 60 años de prisión, en el Distrito Federal el tipo penal básico de feminicidio se contempla con una pena de prisión que va de 20 a 50 años de prisión, en entidades como Colima se prevé de 35 a 60 años de prisión, en tanto que entidades como Morelos de 30 a 70 años de prisión; Guerrero y Tamaulipas se sanciona de 30 a 50 años de prisión; Estado de México y Veracruz de 40 a 70 años de prisión; San Luis Potosí de 16 a 41 años de prisión; en tanto que en el Estado de Guanajuato se sanciona con pena de prisión de 25 a 35 años.

Sin entrar al tema de los contenidos de los tipos penales, la situación vertida con anterioridad muestra la disparidad que existe sólo en el tratamiento de la sanción penal de los delitos de feminicidio establecidos al efecto por la federación y por las entidades federativas señaladas.

Ahora bien, dado el contenido de los distintos tipos penales de feminicidio existentes en el país, se estima que éstos no reflejan una adecuada armonización y uniformidad unos con otros, presentado una notable dispersión normativa y variación considerable en cuanto al alcance de cada uno de los referidos delitos en función de cada entidad federativa, lo cual genera falta de certeza y seguridad jurídica así como un tratamiento diferenciado de una misma conducta, en función de la entidad federativa en que se encuentre la persona, lo cual a todas luces no contribuye a un principio de igualdad respecto de la ley penal que debe de observarse en todo estado democrático de derecho y lo que es más, puede generar condiciones de impunidad.

A manera de ejemplo, se puede señalar que el tipo penal de feminicidio vertido en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, presenta notables diferencias y áreas de oportunidad, en función de los tipos penales establecidos por otras Entidades Federativas e incluso por el establecido por la propia Federación, toda vez que prevé de manera por demás limitada, actos que implican razones de género, tipificando sólo cinco casos, consistentes en que la mujer víctima del homicidio hubiese sido incomunicada, violentada sexualmente, vejada, mutilada o haya sufrido violencia intrafamiliar, omitiendo a su vez tipificar otros casos que propiamente llevan inmersos razones de género como se prevén en otras regulaciones, particularmente en materia federal, como son las siguientes.

• La existencia de antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia no sólo en el ámbito familiar, sino en el laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

• La existencia previa entre el activo y la víctima de una relación sentimental, afectiva o de confianza;

• La existencia de datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

• El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Por su parte, en el contexto general se observa que en el caso del Estado de México, su Código Penal contempla otras causas adicionales de violencia de género como la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo.

Por otro lado, el Distrito Federal, contempla en su Código Penal como otras razones de género, la existencia de amenazas o acoso del sujeto activo en contra de la víctima.

A diferencia de la mayoría de las entidades, el Distrito Federal prevé una agravante específica en el caso de la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral entre el sujeto activo y la víctima, imponiendo una sanción de 30 a sesenta años de prisión.

De igual forma se observa que existen tipos penales de feminicidio que omiten sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, en el caso de este tipo de delito, tal y como lo prevé la regulación federal existente.

También existen varias legislaciones que son omisas en establecer como una sanción adicional para el sujeto activo del delito de feminicidio, la pérdida de todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, como sí lo establece la legislación federal.

Inclusive, se observa del contenido de tipos penales de feminicidio de algunas legislaciones estatales, que los mismos, no parecerían plantearse como un delito autónomo e independiente del delito de homicidio, sino una derivación del mismo, lo cual se estima incorrecto.

A mayor abundamiento el referido Comité de la CEDAW, el 27 de julio del 2012, manifestó su preocupación por las deficiencias y diferencias en las definiciones del delito de feminicidio en los códigos penales estatales, instando al Estado mexicano a tomar las medidas necesarias para asegurar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada implementación; así como, acelerar la tipificación del delito en las entidades federativas pendientes. Asimismo, llamo al Estado mexicano a estandarizar los protocolos de investigación del delito de feminicidio a lo largo del país6.

Esta situación hace necesario establecer dentro del ámbito de competencia de esta Soberanía, acciones y medidas tendientes a lograr una adecuada alineación y armonización de los tipos penales de feminicidio existentes en las diversas entidades federativas, a efecto de que sus tipos penales se ajusten a las diversas convenciones e instrumentos internacionales que proscriben toda conducta que implique violencia contra la mujer, particularmente el delito de feminicidio, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración y Objetivos del Milenio, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará, entre otros.

En tal virtud, la presente proposición con punto de acuerdo plantea en términos generales lo siguiente:

• Exhortar a las Entidades Federativas que aún no tipifican el delito de feminicidio, a que procedan a realizar los correspondientes ajustes a su legislación penal para incorporar el tipo penal de feminicidio.

• Exhortar las Entidades Federativas que ya cuentan con el tipo penal de feminicidio a que procedan, en su caso, a la revisión del mismo a efecto de verificar si se encuentra ajustado a los estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, plantear los ajustes legislativos necesarios.

• Exhortar a las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia intensifiquen las acciones de sensibilización y capacitación de los servidores públicos y personal dedicado a la atención a las mujeres víctimas de violencia, en materia de igualdad de género, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de lograr mejores condiciones para prevenir y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres en el país, las suscritas legisladoras, sometemos a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas que aún no han tipificando en su legislación penal el delito de feminicidio, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a realizar las acciones legislativas correspondientes para tipificar el delito de feminicidio, ajustándolo debidamente a los instrumentos y estándares internacionales existentes para tal efecto.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados que ya cuentan en su legislación con el tipo penal de feminicidio, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que procedan a la revisión del contenido de los mismos, a fin de verificar si se encuentran ajustados a los estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, realicen los ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva armonización legal del mismo.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia intensifiquen las acciones de sensibilización y capacitación de los servidores públicos y demás personal dedicado a la atención a las mujeres víctimas de violencia, en materia de igualdad de género, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.

Dado en el Senado de la República, a 3 de julio de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Dip. Adriana González Carrillo".






De los CC. Diputados integrantes de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables y de la C. Senadora Martha Elena García Gómez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a organizar el 9º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2013. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A ORGANIZAR EL NOVENO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO 2013

“Las y los suscritos Diputados VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, LUCILA GARFIAS GUTIERREZ, CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA, CINTHYA NOEMIVALLADARES COUOH, MARIA DEL ROSARIO MERLIN GARCIA, MIRNA VELAZQUEZ LOPEZ y GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN, integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y las y los suscritos Diputados ADRIANA HERNANDEZ IÑIGUEZ, LETICIA CALDERON RAMIREZ, ELVIA MARIA PEREZ ESCALANTE, MARIA DE LA PALOMA VILLASEÑOR VARGAS, MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y GENARO CARREÑO MURO, integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para organizar el Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

México ha realizado aportaciones importantes en materia de defensa de los derechos humanos de las Niñas y los Niños. Esto refleja que nuestro país ha reconocido plenamente el derecho que tienen los niños y niñas a sobrevivir y desarrollarse; a vivir libres de violencia, abuso y explotación; al derecho a la educación; a contar con una identidad; a no ser discriminados; a que sus puntos de vista sean respetados; y a que se implementen medidas y acciones que observen plenamente sus intereses. Respetar los derechos de los niños y niñas es fundamental para su desarrollo y su bienestar.

Sabemos que la primera declaración de los derechos del niño, fue la Declaración de Ginebra de 1924, la cual fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. Posteriormente, las Naciones Unidas sancionaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño. Más adelante en Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, fue adoptada en la ciudad de Nueva York, N. Y., la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se reconoce, como el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia.

Como es sabido el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, de manera que, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de ese momento todas sus disposiciones se incorporaron al orden jurídico mexicano.

En este sentido, en el año 2000, se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como fin el contribuir a que en toda la República Mexicana se cumpla la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, así como posibilita que las entidades federativas emitan sus propias leyes en la materia; actualmente los 32 estados y el Distrito Federal tienen un ordenamiento jurídico el cual cumple con este objetivo.

No fue sino hasta el año 2011 con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoció a las niñas y niños como titulares de derechos, precisándose que en todas las decisiones y actuaciones el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Gran significancia y relevancia cobra para nuestro país que hoy contemos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011.Dicha reforma significó un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1º, se determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas que se encuentren dentro de nuestra nación, gozaran de los derechos humanos y las garantías para su protección que estén contenidos en la misma, así como lo estipulado en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, es así que los derechos de la niñez están previstos en la Ley Suprema de la Unión, por lo que sujetos al imperio de las leyes, los encargados del poder ejecutivo, legislativo y judicial, deben tener como objetivo consolidar el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia y teniendo como principio rectorel Interés Superior de la Niñez, dicho principio, se encuentra expreso en nuestra Norma Fundamental, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pese a la existencia de diversos instrumentos internacionales signados y ratificados por México, reconocemos que los resultados no son satisfactorios, ya que aún, sigue presente en nuestra sociedad la ausencia del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, la falta de respeto yla discriminación a diversos sectores de la población, entre los que se encuentran las niñas y los niños.

Por ello, es importante que las niñas y los niños sean considerados como sujetos de derecho, principalmente que se vele por el interés superior de la infancia, que gocen plenamente de sus derechos, lograr una convivencia en una sociedad sin discriminación alguna, sin violencia, abuso o maltrato de ningún tipo, a vivir en familia para su crecimiento, protección y asistencia, así como garantizar el pleno derecho a la salud, educación, identidad, alimentación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión, así como participación, entre otros.

Por lo anterior, bajo estas consideraciones y conscientes de la necesidad urgente de cumplir con el compromiso en favor de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, con fecha 25 de octubre de 2012, fue instalada la Comisión Ordinaria de Derechos de la Niñez, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura, aprobado por el pleno de la H. Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2012, la cual tiene como objeto, entre otros: coadyuvar en la incorporación de los derechos de la infancia a la legislación federal, la promoción de éstos y servir de enlace con los tres poderes en sus diferentes órdenes de Gobierno y la sociedad civil, así como con especialistas en la materia.

En este sentido, las y los legisladores integrantes de las Comisiones que suscriben el presente acuerdo, tenemos la tarea de realizar actos dirigidos a la participación de las niñas y niños en el ánimo de promover su participación por la vía del desahogo de sus opiniones para que, con ellas se generen políticas públicas que se aboquen a construir la sociedad que ellos y ellas requieren, siendodemocrática, justa e igualitaria y que se incluya el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez, en reunión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 2012, aprobó el plan de trabajo donde se señala que una de sus funciones es participar activamente en el Parlamento Infantil, el cual se organiza en conjunto con diferentes dependencias de la Administración Pública y órganos desconcentrados.

Al respecto, se tiene como antecedente que desde 2003 hasta 2011 se han llevado a cabo ocho Parlamentos Infantiles en el Congreso de la Unión, a cargo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en los cuales, en ejercicio de sus derechos, en particular su derecho a la participaciónlas niñas y los niños de México han expuesto, analizado, opinado, discutido y deliberado en un ámbito de pluralidad, respeto e igualdad, los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social, económico y cultural, y reconociendo que parte esencial de la orientación de este evento, es la oportunidad de escucharlos, reflexionar y actuar para que,a través de sus propuestas, el Interés Superior de la Infancia se incluya de manera transversal y con visión de infancia en la construcción de una sociedad más justa para la consecución del bien común.

En este sentido, con fecha 30 de abril del 2002, la honorable Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo en el que se establece la realización anual del “Parlamento de las Niñas y Niños de México”, en coordinación con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF, estableciendo la anualidad y alternancia iniciando en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2003.

Por otro lado, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 05 de diciembre de 2006, ratificó el punto de Acuerdo y establecieron la anualidad y alternancia para la realización del Parlamento Infantil; en este Quinto Parlamento se incluyó la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Más adelante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, convocaron al Séptimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2009, que se celebró del 29 de marzo al 4 de abril de 2009 en la ciudad de México, en la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, convocaron al Octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, que se celebró del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2011, en la ciudad de México, en la Cámara de Diputados.

En virtud de que se ha llevado a cabo el Parlamento por ocho ocasiones y que la participación de las niñas y los niños para la construcción de una mejor sociedad, sus propuestas deben ser respetadas y valoradas para contribuir e incidir en diferentes maneras, de tal suerte que sus iniciativas e ideas se vean reflejadas en la toma de decisiones y el fomento desde la niñez a las prácticas y valores democráticos, considerando la relevancia del objetivo de trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, proponemos que se lleve a cabo el ensayo legislativo en la primera semana del mes de diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados, en coordinación con las instituciones de la Administración Pública Federal, a través de un proceso de elección de una o un representante por escuela o curso comunitario para, posteriormente, por voto directo y secreto en convenciones distritales convocadas por las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral (IFE), se elija a 300 legisladores infantiles, que recibirán de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la constancia de mayoría y validez de la elección.

Es importante señalar que las especificaciones de la convocatoria y desarrollo del Parlamento para las Niñas y los Niños de México 2013, se realizará en el periodo de preparación y ejecución del mismo.

Dada la relevancia del evento que implica la oportunidad del ejercicio de los derechos de las niñas y niños, así como el ejercicio a su incipiente ciudadanía, se solicita la aprobación y colaboración para organizar el Noveno Parlamento de las Niñas y Niños de México 2013, en el mes de diciembre del año en curso.

Con fundamento en el artículo 58 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que instruya a la Comisión de Derechos de la Niñez y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a organizar, en coordinación con el Senado de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Federal Electoral, el Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013, con sede en la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para la realización del Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2013, durante el mes de diciembre del presente año.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de julio de 2013”.






Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones propias o gestiones ante terceros, tendientes a modernizar la normativa que regula los mercados públicos. Se turna a la Primera Comisión.








De los CC. Diputados Merilyn Gómez Pozos y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México a supervisar y tomar las acciones correspondientes para detener las redadas y matanza de perros, cometida por el gobierno municipal de Toluca de Lerdo y solicite a la alcaldía que retome la campaña de esterilización y trato digno a los animales, así como impulsar un programa de adopción para mascotas. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MEXICO A SUPERVISAR Y TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA DETENER LAS REDADAS Y LA MATANZA DE PERROS, COMETIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA DE LERDO Y SOLICITE A LA ALCALDIA QUE RETOME LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES, ASI COMO IMPULSAR UN PROGRAMA DE ADOPCION PARA MASCOTAS

“MERYLIN GOMEZ POZOS Y RICARDO MONREAL AVILA integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos días de junio, una decena de organizaciones defensoras de los animales denunciaron que el gobierno municipal de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, realiza una “sistemática cacería” de perros en las colonias rurales y de la periferia de la ciudad.

Los activistas denunciaron en una conferencia de prensa, realizada el 25 de junio, que por día reciben entre 40 y 50 quejas de personas sobre la captura de sus mascotas, pero especialmente denunciaron que los animales son sacrificados inmediatamente apenas son llevados al Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal.

Esta situación es una grave falta cometida por el gobierno municipal, ya que el sacrificio inmediato de los perros capturados está prohibido en el Artículo 53 de la Ley Protectora de Animales del Estado de México, que a la letra establece:

“Artículo 53.

Los animales capturados podrán ser reclamados por sus dueños dentro de las setenta y dos horas siguientes, en caso contrario podrán ser sacrificados con alguno de los métodos que se señalan en esta Ley, quedando estrictamente prohibido el empleo de golpes, ahorcamiento, ácidos corrosivos, estricnina, morfina, cianuro, arsénico y otras substancias similares”.

Medios informativos del estado de México revelaron entrevistas con empleados del Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal, en las cuales denuncian que la presidenta municipal Martha Hilda González Calderón ordenó sacrificar 60 animales por día, por lo que instruyó las redadas sistematizadas.

Las organizaciones defensoras de animales informaron que la misma alcaldesa suspendió el programa de esterilización, el cual tenía seis años de instrumentarse constantemente.

Cabe destacar que mientras la presidenta municipal de Toluca se ahorra el gasto del municipio para el programa de esterilización de animales, la alcaldesa eroga $572,282,000 pesos al mes en salario de asesores, con sueldos de hasta $63,606 pesos al asesor de la Secretaría Particular.

La “sistemática cacería” de perros ordenada por la alcaldesa Martha Hilda González Calderón y su negativa a que organizaciones civiles supervise el Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal, contravienen las disposiciones y estrategias establecidas por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien de acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, declaró al Estado de México una “Entidad amiga de los animales”, razón por la cual creó la Subprocuraduría de Protección a la Fauna, dependiente de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, instancia descentralizada de la Secretaría del Medio Ambiente que atenderá las denuncias relativas al maltrato animal.

La Subprocuraduría de Protección a la Fauna creada por el gobernador mexiquense, tiene como objetivo aplicar “el marco jurídico previsto en el Código para la Biodiversidad del Estado de México, que protege a la fauna doméstica y garantiza su bienestar, como un primer paso del Gobierno Estatal para establecer los canales de comunicación que permitan la interacción con el sector social dedicado a la protección y al bienestar animal”, lo que sin duda no practica la presidenta municipal de Toluca.

Asimismo, el gobernador del Estado de México ordenó la creación del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal del Estado de México, que fungirá como un canal permanente de comunicación entre las organizaciones protectoras de animales y el Gobierno Estatal, mecanismo de participación social que propiciará la protección y el bienestar de las especies sujetas al dominio, posesión, control, uso y aprovechamiento del ser humano a fin de garantizar su cuidado, bienestar y la preservación de sus especies y fungirá como órgano deliberativo de opinión en materia de protección y bienestar animal del Ejecutivo Estatal y emitirá recomendaciones al estado y municipales en la materia.

Por las diversas anomalías cometidas por el gobierno municipal de Toluca de Lerdo en el control de los perros, presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO, ERUVIEL AVILA VILLEGAS, A QUE POR MEDIO DE SU INTERVENCION SE CUMPLAN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA DE LERMA, ESTADO DE MEXICO.

SEGUNDO.SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MEXICO SUPERVISE Y TOME LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA DETENER LAS REDADAS Y LA MATANZA DE PERROS COMETIDA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA DE LERDO, QUE CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR LA LEY PROTECTORA DE ANIMALES DEL ESTADO DE MEXICO.

TERCERO. SEEXHORTA A LA ALCALDIA DE TOLUCA DE LERDO RETOMAR LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION Y TRATO DIGNO A LOS ANIMALES, ASI COMO IMPULSAR UN PROGRAMA DE ADOPCION PARA MASCOTAS, EN CONCORDANCIA CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO.

CUARTO. QUE SE INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS DERIVADAS DE ESTE PUNTO DE ACUERDO.

Dado en salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






Del C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; y de Economía, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a contemplar al cyberbullying como una de las principales conductas antisociales, de violencia y de delincuencia. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION, DE EDUCACION PUBLICA, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE SALUD, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ECONOMIA, ASI COMO A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CONTEMPLAR AL CYBERBULLYING COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES, DE VIOLENCIA Y DE DELINCUENCIA

El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, Diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las Secretarias de: Gobernación, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Salud, Comunicaciones y Transportes y Economía, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que dentro de las acciones transversales para reducir y erradicar los factores de riesgo que generan violencia entre niños, niñas y adolescentes, contemplen al Cyberbullying como una de las principales conductas antisociales, de violencia y de delincuencia, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La prevención del delito y la violencia no es una tarea fácil, ya que en la práctica, las tipologías y recomendaciones que se señalan en la literatura especializada siguen siendo materia de debate, y en este momento tenemos la tecnología ya también como medio para la violencia. Se trata de un nuevo paradigma de la búsqueda del bienestar social. Es necesaria la participación de los tres ámbitos de gobierno; de las instituciones de seguridad pública; de instancias gubernamentales de los sectores: educación, salud, desarrollo social, Comisión Nacional de Deporte, la iniciativa privada y de organizaciones de la sociedad civil que tienen como elemento común el interés de trabajar para erradicar este mal social que es el Bullying y ahora también el ciberbullying.

Investigaciones recientes indican que aunque determinados factores biológicos y otros elementos individuales explican parte de la predisposición a la agresión, más a menudo son factores familiares, comunitarios, culturales y el avance tecnológico que va sobrepasando muchas veces las líneas de control que crean ambientes que favorecen el surgimiento de la violencia.

¿Qué es el bullying?

El bullying (acoso entre pares) es una forma de violencia entre personas de edades similares (pares). Existe cuando un niño, niña o adolescente es molestado, agredido, golpeado o humillado de manera constante por uno o más compañeros.

La víctima del bullying no logra defenderse y piensa que pasará pronto el acoso. Los acosadores, también llamados bullys, molestan y maltratan con la intención de lastimar. El daño que causa esta agresión puede ser física, social o emocional.

El bullying incluye conductas de acoso, intimidación, hostigamiento y maltrato, pero siempre es entre personas de edades similares. Generalmente los agresores pertenecen al mismo grupo escolar que las víctimas o son de grupos superiores.

¿Cómo se reconoce el bullying?

El bullying tiene características especiales que permiten distinguirlo de otras formas de violencia entre escolares, como los pleitos ocasionales o los juegos rudos.

Si es bullying:

• Se repite, la agresión es constante.

• Las agresiones se presentan durante un largo período.

• Es intencional. El agresor suele planear la agresión para provocar daño.

• Se realiza lejos de la vista de los adultos o en lugares de poca vigilancia.

• El agresor o el grupo de agresores tienen más fuerza o poder que sus víctimas.

• Aunque todos se rían, la víctima se siente humillada, ofendida, con miedo.

El bullying no es una broma.

No es bullying:

• El maltrato, la discriminación o cualquier otra forma de violencia de un adulto hacia los alumnos.

• Un pleito ocasional entre compañeros.

• Una broma o un juego en el que todos se divierten.

Conductas relacionadas con el bullying:

• Golpes, puñetazos, patadas y otras agresiones físicas.

• Diversos tipos de amenazas, algunas acompañadas con pequeños golpes o usando armaspara infundir más miedo.

• Bromas pesadas, poner apodos y ridiculizar a compañeros.

• Burlarse de características físicas, de preferencias sexuales, raza, capacidades, religión oposición social. Convirtiéndose el bullying en discriminación.

• Aislar, dejarlo solo, robarle;

• Excluir del grupo a la víctima, lo que aumenta el riesgo de sufrir violencia.

• Correr rumores o calumnias, de forma oral o escrita, como mensajes ofensivos escritos en baños o en redes sociales.

• Es más frecuente en mujeres. Ciberbullying: difundir imágenes reales o modificadas de la víctima, a través de correos masivos, mensajes instantáneos o en redes sociales.

¿Qué es el Cyberbullying?

El cyberbullying es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir un delito.

Otros términos para cyberbullying o ciberacoso son “acoso electrónico”, “e-acoso”, “acoso sms”, “networkmobbing”, “acoso móvil”, “acoso en línea”, “acoso digital”, “acoso por internet”, “acoso en internet” o “internet acoso”.

El Dr. Miguel Carbonell señala que el cyber-bullyng se lleva a cabo utilizando medios socio-digitales, como computadoras, celulares, asistentes personales (PDAS), ipods, ipads, consolas de videojuegos, etc, a través de servicios como el correo electrónico, la mensajería instantánea, sitios de redes sociales, mensajes cortos de celular, publicaciones digitales de textos (Blogs) o videos, etc.

¿Cómo se reconoce el cyberbullying?

El cyberbullying también debe reunir las características del Bullying:

• Violencia

• Reiteración

• Desbalance de fuerza o poder.

No es cyberbullying

• Si una persona escribe de pronto un comentario negativo.

• Publica una foto de repente que de alguna forma nos moleste,

• Solo se consideraría si lo hace de manera repetitiva.

Las encuestas del programa CENETIC de A.S.I. en escuelas privadas del Distrito Federal revelan que:

• El 98% de los alumnos cuentan con computadora en casa.

• El 99% en edad secundaria cuentan con teléfono celular.

• El 42% tiene celular con plan de acceso limitado a internet.

Es por esto que es importante concientizar sobre este tipo de agresión y violencia tecnológica ya que los niveles de penetración, es claro que un agresor hará uso de ellos para atacar a sus víctimas.

Es importante destacar que en generaciones del pasado, no se encontraba este tipo de violencia y por lo tanto para muchos padres es difícil detectar este tipo de acoso cibernético.

Actualmente en México:

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a través del estudio Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, 2007, 2 de cada 10 alumnos de primaria y 1 de cada 10 de secundaria aceptó participar en peleas.

• El46.4 por ciento de los alumnos de primaria y 43.6 por ciento de secundaria han sido víctimas de robo;

• Más de 24 por ciento ha sufrido burlas y

• Uno de cada cinco ha tenido lesiones físicas y ha sufrido amenazas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), señala que 10 entidades sufren niveles elevados de violencia escolar:

• Distrito Federal,

• Chihuahua,

• Estado de México,

• Quintana Roo,

• Tabasco,

• Jalisco,

• Michoacán,

• Durango,

• Baja California, y

• Baja California Sur.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala lo siguiente:

México es el país con el ambiente escolar más violento de 24 países estudiados –específicamente en las escuelas secundarias. El organismo internacional destaca que 6 de cada 10 alumnos sufre intimidación, abusos y agresiones verbales. El 51 por ciento usa o tiene posesión de drogas o alcohol.

Programas o Instituciones que actualmente existen para erradicar el Bullying:

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

• La Secretaría de Educación del Estado de México, en 2012 crea la Red Interinstitucional a Favor de la Convivencia Escolar sin Violencia, para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas de educación básica y media superior.

• En la actualidad la Secretaría de Educación Pública (SEP), trabaja en un nuevo proyecto que sustituirá para el ciclo escolar 2013-2014 al Programa Nacional Escuela Segura.

• En el actual gobierno se ha formalizado la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, integrada por los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanismo (SEDATU), a efecto de instrumentar acciones transversales para reducir los factores de riesgo que generan violencia, conductas antisociales y la delincuencia.

Es importante destacar que en el programa de la SEP no se menciona el Cyberbullying:

• En el marco del Programa corresponden a la SEP las siguientes atribuciones: 1. Reducir la violencia en el entorno escolar ofreciendo a docentes, directivos, alumnos y padres de familia información, capacitación y mecanismos para la resolución pacífica de conflictos; 2. Ofrecer talleres que aborden factores de riesgo asociados a la violencia; 3. Establecer procesos para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia entre los alumnos; 4. Proponer manuales de acción y protocolos para la atención de la violencia en las escuelas de educación básica a nivel nacional.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARIAS DE: GOBERNACION, EDUCACION PUBLICA, HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SALUD, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y ECONOMIA, ASI COMO A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUE DENTRO DE LAS ACCIONES TRANSVERSALES PARA REDUCIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN VIOLENCIA ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CONTEMPLEN AL CYIBERBULLYING COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONDUCTAS ANTISOCIALES, DE VIOLENCIA Y DE DELINCUENCIA, DE ESTOS TIEMPOS.

Comisión Permanente, a 3 de julio de 2013.

Dr. Leobardo Alcalá Padilla

Diputado Federal”.






De la C. Diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a informar las acciones realizadas por su gobierno en relación al robo de infantes en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO A INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU GOBIERNO EN RELACIÓN AL ROBO DE INFANTES EN LA ENTIDAD

“La Diputada Federal Carmen Lucía Pérez Camarena del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 171, 175, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La sustracción y robo de menores de edad en nuestro país va en aumento, delito que deja a las familias devastadas. El robo de niñas, niños y adolescentes se da en todas partes de México y en muchos países del mundo, y en esta acción delincuencial concurren diversos factores, en donde destacan las redes de la delincuencia organizada, la cual opera en nuestro país y a nivel internacional.

Esta situación obliga a los gobiernos, de todos los órdenes, a llevar a cabo acciones de manera coordinada entre ellos y con la sociedad, con el objetivo de impedir que siga ocurriendo este delito.

Desafortunadamente el robo de niñas, niños y adolescentes es un tema que lacera a familias enteras. El crecimiento desmedido de la delincuencia y la falta de políticas públicas contundentes y eficaces por parte de las autoridades, han hecho que este ilícito no sea atendido con prontitud.

De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Consulta Interactiva de Datos Estadísticas Judiciales en Materia Penal, tan sólo en el 2006 en el dato presuntos-delitos por tipo delito y año (fuero común), 1997-2008, se tienen 303 casos reportados de sustracción de menores e incapaces, 19 denominados robo de infante. Para el 2002 existían 1791 averiguaciones.

Y es que las cifras son alarmantes, por ejemplo, Amnistía Internacional estima que en México, en los últimos seis años se han registrado 27 mil desaparecidos, en su mayoría clasificados como casos de desaparición forzada, y una proporción importante de estos casos corresponden a mujeres y niñas, presuntamente víctimas de trata de personas y explotación sexual.

De acuerdo al Estado Mundial de la Infancia 2005, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), existen alrededor de 2 millones de niños y niñas que están siendo explotados sexualmente en el mundo y al menos en México, las últimas estimaciones han situado aproximadamente a 20 mil víctimas.

La mayoría de los gobiernos de los estados de la República no han asumido su responsabilidad para crear protocolos de atención para el robo, secuestro o sustracción de menor, tampoco un seguimiento puntual de los casos.

Hoy en día existen organizaciones de la sociedad civil con amplio conocimiento en la materia, con personal altamente capacitado para actuar en estos casos, que trabajan sin ningún apoyo económico ni institucional.

La Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos A.C., que se dedica desde 1997, a la recuperación de niñas y niños, realiza una serie de medidas de prevención para evitar la desaparición de personas, las cuales en su mayoría muchas familias no toman en cuenta, como lo es conservar en un papel sus huellas digitales, fotografías recientes, así también que en los centros recreativos no pierda de vista a sus hijos y no deje a sus hijos solos en el coche, entre otras medidas.

Delitos como la trata y la explotación sexual impiden el pleno goce de sus derechos a los infantes, por lo que las autoridades, tanto locales como nacionales, deben pugnar por erradicar fenómenos de este tipo. Pero lo más importante, sin duda alguna, es que los padres de familia debemos estar más pendientes de nuestros hijos.

Quienes somos madres y padres no quisiéramos estar en la situación de no tener conocimiento de donde están nuestras hijas e hijos, menos en pasar por un dolor tan grande y desgarrador como lo es el robo de un menor de edad o de cualquier persona. Si no actuamos somos parte del problema al ser omisos.

Por ello, estaremos pendientes de los informes de la autoridad competente y trabajaremos para que este ilícito sea castigado de manera ejemplar, debidamente tipificado y sancionado por las leyes penales. Debe ser obligatorio contar con más cámaras de seguridad en lugares públicos y en plazas comerciales y mecanismos de denuncia fácil y rápida, con protocolos de atención.

Es una realidad que nadie sabe con precisión a cuánto asciende el robo de infantes, ni el destino de miles de niñas, niños y adolescentes que no han sido recuperados. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad lacerante, todos los días vemos en las centrales de autobuses, en las agencias del Ministerio Público, y centros comerciales, hojas oficiales de bebés y adolescentes desaparecidos y el número de ellos va en aumento.

En estos días nos hemos enterado de la desaparición en Guadalajara de una bebé de nombre Nancy y de dos jóvenes de 15 años de edad de nombre Andrés Barba Olivas y Luis Antonio Ortiz Guerra, la primera, comentan, fue arrebatada de los brazos de sumadreel día 22 de junio y los otros dos jóvenes fueron vistos por última vez en una plaza comercial el día 21 de junio, sin tener indicio de su paradero hasta el momento. La indolencia del gobierno estatal ha sido enorme y contrastante con el dolor delas familias de los niños y de la sociedad jalisciense.

Ante esta situación nacional de gran emergencia, las y los integrantes en reunión de Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables celebrada el día 25 de junio del presente año, reflexionamos sobre el tema y acordamos pronunciarnos a favor de solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) información completa referente al robo de infantes a nivel nacional, y exigir el apresuramiento de las investigaciones y aumentar la eficiencia y la calidad de las políticas en esta materia para evitar el secuestro de infantes.

Consideramos que ante este y otros casos las familias mexicanas deben ser escuchadas, y este Congreso no debe ser insensible frente al dolor que están pasando las madres y los padres de estos menores de edad.

Poner un alto a esta situación mucho depende de la información que proveamos a nuestras niñas y niños sobre estar alertas, pero además, es importante contar con una armonización legislativa en los congresos locales que contribuya a que las sanciones a los delincuentes sean mayores y se evite que estas mafias que operan en todo el territorio nacional, sigan cometiendo estos ilícitos.

Debemos trabajar de manera decidida para crear mejores mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de los menores de edad. Sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, asumir el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros, sumar miles de ojos y oídos para ver, atender y apoyar desde el lugar que estemos es tarea de todos.

El Estado debe garantizar que la niñez mexicana disfrute a plenitud de sus derechos y debe de proveer espacios adecuados para que estos puedan ejercer su derecho al esparcimiento y recreación.

Nuestros niños y niñas son lo más preciado que tenemos como sociedad, por tantonos correspondemos garantízales una vida sin miedo, con seguridad y por ello atender el fenómeno del robo de infantes debe ser una de las tareas primordiales de las autoridades locales, estatales y federales.

Cuando un hijo es secuestrado, robado o se extravió, la vida de una familia nunca vuelve a ser la misma, su vida ha sido mutilada. Como sociedad en su conjunto debemos unirnos, las televisoras, la radio y los empresarios tenemos que unir esfuerzos en estos casos. No esperes que te pase a ti para actuar.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente exhorta al Lic. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del estado de Jalisco a que de manera expedita, puntual y respetuosa informe las acciones realizadas por su gobierno en relación al robo de infantes en la entidad y de manera particular y precisa sobre la desaparición de dos menores de edad de nombre Andrés Barba Olivas y Luis Antonio Ortiz Guerra, y una bebé de nombre Nancy.

Segundo.-La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República, a que informe públicamente a la sociedad mexicana sobre las acciones que se realizan en contra del robo de infantes.

Dado ante la Comisión Permanente ,a 3 de julio de 2013.

Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena”.






De la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar incluir o reforzar los mecanismos tendientes a asegurar el pleno cumplimiento del derecho de alimentos, consagrado en la Constitución Federal y en tratados internacionales. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONSIDERAR INCLUIR O REFORZAR LOS MECANISMOS TENDIENTES A ASEGURAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ALIMENTOS, CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION FEDERAL Y EN TRATADOS INTERNACIONALES

"Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión.
Presente.

La que suscribe, Senadora MarIa Alejandra Barrales Magdaleno integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 fracción II, 108, 109, 110 y 276del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU FACULTADES CONSIDEREN INCLUIR O REFORZAR LOS MECANISMOS TENDENTES A ASEGURAR EL PLENOCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ALIMENTOS CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION FEDERAL Y EN TRATADOS INTERNACIONALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La satisfacción efectiva del derecho de alimentos resulta una condición indispensable, y por demás necesaria, para el sano desarrollo de la persona.

En su sentido amplio el derecho a recibir alimentos implica contar con comida, vestido, vivienda, educación, salud, esparcimiento, etcétera, en síntesis con los elementos necesarios para el desarrollo efectivo de todas las capacidades del individuo, de su condición como persona y su atributo humano.

Socialmente se asume que el proporcionarlos parte de un deber moral; sin embargo, su trascendencia es tal que se ha integrado en instituciones legales con la finalidad de darle un carácter coactivo, al grado de ser irrenunciables en dos aspectos, es decir, como derecho y como obligación.

A nivel internacional se reconoce como un derecho humano. Así por ejemplo, lo encontramos plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;1el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales;2 la Convención sobre los Derechos del Niño;3 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;4 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;5 y la Convención Americana de Derechos Humanos6.

Es a partir de ésta confirmación que surge una obligación para los Estados signantes de estos tratados, como es el caso de nuestro país, a fin llevar a cabo por todas las vías aquellas acciones que aseguren el debido cumplimiento de recibir alimentos para todas y todos.

Tal idea ha sido retomada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,7 mencionando las obligaciones que se deben seguir para el cumplimiento efectivo de este derecho:

a) Respetar el acceso a una alimentación adecuada, es decir, que no se adopten medidas que tengan por resultado impedir dicho acceso.

b) Proteger mediante la adopción de medidas para velar que los particulares no priven a las personas del acceso a este derecho.

c) Realizar acciones con la finalidad de proteger, facilitar y hacer efectivo el acceso a ese derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1, que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ese ordenamiento superior y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el entendido que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esas prerrogativas fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Bajo esta idea, nuestra Constitución Federal en su artículo 4º reconoce como fundamental el derecho a un nivel de vida adecuado por medio de la satisfacción de insumos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud y el esparcimiento.

Sin embargo, estos derechos cobran mayor importancia en el momento que se encuentran frente a sectores que materialmente están en desventaja o en condiciones de vulnerabilidad, tales como las mujeres, las y los niños, las personas con algún tipo de discapacidad y los adultos mayores.

El sector infantil, por sus circunstancias y necesidades particulares, tiene una mención específica en materia de alimentos. Así el Código Supremo establece “la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo”, al tiempo de la obligación por parte de sus ascendientes, tutores y custodios “a preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos”. Este principio reconocido como “interés superior del menor”,8 se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a los alimentos, tal como se vincula con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que también reconoce esta prevalencia en materia alimentaria9.

Cabe señalar que estos dispositivos no quedan en el plano enunciativo, sino que generan imperativos Estatales para su accionar. En consonancia, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone la intervención de los Estados para asegurar su bienestar “teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin se tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas

Nuestro sistema jurídico lo considera a partir del surgimiento de un vínculo o parentesco familiar, generándose la adquisición de un derecho y una obligación que por ser irrenunciable, tanto para el que debe recibirlos como del que debe proveerlos, les otorga una cualidad exigible.10Grosso modo las legislaciones civiles disponen que para asegurar este deber se puede constituir hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente, a juicio del juez.

Por su parte, las normativas penales prevén la advertencia punitiva ante el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Al grado de contemplar la privación de la libertad y, en el mayor de los casos, condicionar el perdón de parte ofendida al previo pago de todos los adeudos por este concepto.

Cabe decir que en esta materia, no todas las legislaciones locales contemplan los mismos supuestos hipotéticos del delito, lo cual también resulta atendible si es que se pretende contemplar las causas más recurrentes que se dan en el incumplimiento; éstas son:

a) Cuando el obligado a ministrar alimentos deja de cumplir.

b) La persona que omite proporcionar información sobre los ingresos de los deudores alimentistas.

c)Cuando el deudor alimentario se coloca dolosamente en estado de insolvencia.

Pese a la claridad de estas hipótesis civiles y penales, el problema de incumplimiento de la obligación alimentaria subsiste en altos porcentajes a nivel nacional. Se estima que aproximadamente 67.3% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia, esto a pesar de que es determinado por un juez.

Otro dato preocupante es que en la mayoría de los divorcios, la pensión alimenticia se decreta a favor de los hijos menores, así el 91% de los casos los acreedores son los hijos, en 8.1% resulta ser la esposa y los hijos, y en 0.9% son los hijos y el esposo. 11

Estos datos revelan que en la actualidad la obligación alimentaria a favor de ex cónyuges; particularmente, mujeres, así como hijos e hijas, presenta un alto nivel de incumplimiento.

Ante este panorama y en el entendido que ninguno de los mecanismos establecidos en las legislaciones civiles o penales han garantizado por sí mismos la eficacia y efectividad de la obligación alimentaria, el pasado 30 de abril presenté ante el Senado de la República una iniciativa para constituir el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, como medida complementaria o concurrente al esquema previsto en las legislaciones referidas.

El registro representa un mecanismo persuasivo para el deudor alimentario, que involucra presión social y civil. Sin embargo, esta pensado de manera que pueda ser usado para su consulta para determinar la situación jurídica de la persona, de igual forma que como se hace a través del buró de crédito. Por ende, puede contribuir a disminuir los niveles de incumplimiento de este deber jurídico y sus calamitosas consecuencias.

La propuesta referida fue turnada a las Comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, por lo que actualmente se encuentra en fase de análisis y dictamen. Confío que con las aportaciones de las Senadoras y los Senadores en breve será acordada de manera favorable y adquirirá el carácter de Ley.

Consideramos necesario seguir sumando esfuerzos que consoliden este derecho fundamental, por lo que proponemos exhortar a las entidades federativas, con total respeto a su soberanía, para que cuenten, respectivamente, con su Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Lo anterior vendría a significar una herramienta institucional no sólo a nivel local para el debido cumplimiento de esta obligación, sino incluso posibilitando la cooperación entre todas las entidades a través de bases de datos que faciliten la exigibilidad y al mismo tiempo la satisfacción de este derecho para las y los acreedores.

No pasa desapercibido que la regulación de la materia alimentaria y la resolución de conflictos en torno a su cumplimiento, es una materia preeminentemente local. Actualmente, sólo algunos Estados y el Distrito Federal contemplan en sus respectivos sistemas legales, la existencia de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, como el propuesto para su implementación a nivel federal.

Consideramos importante que las entidades federativas cuenten con una base de datos sólida, confiable, actualizada y coordinada, al mismo tiempo que sirva para que el obligado no pueda eludir su cumplimiento, independientemente de la entidad federativa en la que se encuentre, donde incluso pueda ser oponible a terceros que pudieran ser afectados por el desconocimiento de la condición jurídica del obligado alimentista.

Ante esta situación es deseable que todas las legislaciones locales se uniformen en ese sentido, para contar con mayores mecanismos tendientes a garantizar la pensión alimentaria a favor de ex cónyuges e hijos, sobre todo cuando son menores; pero también cuando se trata de adultos mayores o de personas con alguna discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, de urgente y obvia resolución el siguiente:

1Artículo 25

2 Artículo 11

3Artículos 24 y 27

4Articulo 12

5Artículo 25 y 28

6artículo 12

7http://www.cetim.ch/es/documents/Br-alim-A4-esp.pdf

8 Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3.

1.En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3.Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de cada una de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades revisen su legislación, a efecto de incluir o reforzar los mecanismos tendentes a asegurar el plenocumplimiento del derecho de alimentos consagrado en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales. Entre otros aspectos, consideren incluir sanciones civiles o penales a quienes incumplan el deber jurídico de ministrar alimentos, a quienes deliberadamente se coloquen en estado de insolvencia para evadirlo y a aquéllos que omitan proporcionar información respecto de los ingresos de los deudores alimentistas cuando le sea requerida, con la finalidad de castigar efectivamente el incumplimiento de ese deber jurídico.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a aquellas entidades federativas que aún no cuentan con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para que consideren la posibilidad de incluir su conformación en sus respectivas legislaciones, a efecto de contar con un mecanismo adicional que contribuya al cumplimiento de la obligación alimentaria y, en su oportunidad, facilite la integración de una base de datos a nivel nacional.

Comisión Permanente, a 3 de julio de 2013.

Suscribe

Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno".






Del C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases de los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LA PERDIDA DE CLASES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES POR PAROS, PLANTONES O HUELGAS MAGISTERIALES.

"El Suscrito, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA A QUE EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES, BUSQUEN MECANISMOS EFICACES QUE CONTRARRESTEN LOS EFECTOS DE LA PERDIDA DE CLASES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES POR PAROS, PLANTONES O HUELGAS MAGISTERIALES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es un tema que siempre ha generado polémica en todas las esferas sociales y políticas del país. Los múltiples actores que intervienen en el proceso educativo, los que aportan en el mejoramiento de la misma, desde padres de familia, alumnos, gobierno, maestros e instituciones educativas tienen la gran responsabilidad de una educación con calidad.

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho a la educación y con la reciente reforma publicada el 26 de febrero de 2013, ésta necesariamente deberá ser de calidad, para así garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

En este sentido, el primer paso para cumplir con este mandato constitucional es permitir que los alumnos reciban las clases que, en el caso del nivel básico, deben ser de acuerdo al tiempo estipulado en el calendario escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública, el cual consta de 200 días de clases efectivas y la obligación de completar los planes y programas de estudio reglamentarios, de conformidad a lo que señala el Acuerdo Secretarial 638 (para el año escolar 2012-2013); a saber:

“El calendario escolar 2012-2013 contempla:

• El curso básico de formación continua para la semana del 13 al 17 de agosto.

• El inicio del ciclo escolar para el día 20 de agosto.

• El periodo vacacional de invierno iniciará el jueves 20 de diciembre de 2012 y concluirá el domingo 6 de enero de 2013.

• El periodo de preinscripciones a educación preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria a nivel nacional, será del 1 al 15 de febrero de 2013.

• El periodo vacacional de primavera será del lunes 25 de marzo al viernes 5 de abril, es decir se reanudan las clases el lunes 8 de abril del 2013.

• La Semana Nacional de Evaluación está programada del 3 al 7 de junio de 2013.

• El Fin de cursos será el día 5 de julio de 2013.”1

El perder clases contribuye a generar bajo rendimiento educativo, desafortunadamente los maestros han generado un patrón de protesta, con paros, marchas y plantones que terminan por perjudicar a los alumnos en todo el proceso de formación académica, debido a que se realizan dentro de los días del calendario escolar.

Este año, por ejemplo, diversas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los estados de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca han ejecutado distintos movimientos como:

• Paro indefinido en Oaxaca que comenzó el 23 de marzo de 2013 y perjudicó a un millón 300 mil alumnos de educación básica de un total de 13 mil 800 escuelas diseminadas en 570 municipios, lo cual implica una pérdida de 365 horas clase por alumno que repercutirá en el aprendizaje de todos que se encuentren en esta circunstancia.

• Paro en Guerrero iniciado el 25 de febrero al 7 de mayo de 2013, que implicó dos meses y 11 días de paro laboral con diversas acciones por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG):

Con el inicio del paro laboral, la CETEG emprendió acciones que iniciaron con la toma de las instalaciones del Palacio de Gobierno y el Congreso local en Chilpancingo, capital de Guerrero, acciones que continuaron con tomas y bloqueos de la Autopista del Sol. Se estima que una de ellas dejó una pérdida económica superior a los 30 millones de pesos, según informó la Cámara Nacional de Comercio.

Los hechos más graves ocurrieron el 24 de abril, cuando el movimiento magisterial disidente destruyó e incendió cuatro sedes estatales de partidos políticos, y una oficina del gobierno del estado. Se calculó que los daños ascendían a más de 10 millones de pesos.

• El paro en Chiapas comenzó el 15 de mayo de 2013, afectando a 10 mil niños y niñas de un universo de casi dos millones, alrededor de mil 500 docentes y administrativos dejaron de laborar.

• El paro en Michoacán iniciado el 22 de abril de 2013, afectando 800 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, en los meses de abril y mayo de 2013,se realizaron tres marchas importantes en el Distrito Federal (10 de abril, 15 y 29 de mayo) con manifestantes de diferentes estados del país, lo que ha provocado la insuficiencia de tiempo escolar.

Una de las grandes aspiraciones de la educación es que la población tenga la preparación deseada y sea capaz de desarrollarse en el mundo laboral con las mejores condiciones posibles, lo que acarrea beneficios sociales y económicos. Los paros y huelgas por parte del magisterio tienen una finalidad legítima que consiste en mejorar las condiciones laborales de los mismos; sin embargo, también se provoca que los planes de estudio no se cumplan de manera cabal, frenando así el ideal para la población estudiantil en su formación académica, por lo que es necesario que el Estado, a través de las autoridades educativas correspondientes encuentre los mecanismos eficaces que permitan a los alumnos recibir los ciclos educativos completos, con lo que se ayudará al aprovechamiento de los conocimientos impartidos y por consiguiente a garantizar una educación de calidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que México tiene un rezago educativo importante en comparación con países de economías similares; de tal manera que para abatirlo, la participación social, familiar y gubernamental es trascendental para que los estudiantes tengan los días efectivos de clases; de la misma forma, los docentes son corresponsables de cumplir la normatividad establecida para los calendarios escolares.

Hay que recordar que de acuerdo a datos de PISA2, en capacidad educativa –aquello que los estudiantes pueden llegar a comprender durante las clases- México ocupa el lugar 383, lo que quiere decir que las competencias básicas que los estudiantes manejan para la vida en la sociedad actual deja mucho que desear.

En este tenor, es justo decir que el aprendizaje durante la vida es un eje rector de la sociedad del conocimiento y está claro que no se ha avanzado a la velocidad requerida, en prácticas y resultados. En el ritmo actual de trabajo, nos llevaría cerca de 50 años alcanzar el promedio de las naciones de la OCDE en matemáticas y más de 150 en comprensión lectora. Sin contar que el promedio mundial se mantenga en el mismo nivel.4Esto pone a los estudiantes y al país en una situación de profunda desventaja frente al mundo, aunado a los paros y plantones de maestros, se deben buscar los mecanismos adecuados para que el tiempo perdido pueda ser recuperado, y dependiendo de las características sociales, geográficas, históricas y culturales, se adecuen los dispositivos para llegar a la meta deseada.

Tomando en cuenta que México no ha alcanzado niveles educativos satisfactorios es necesario e imperativo que se encuentren los mecanismos para que los estudiantes dejen de perder clases por movimientos magisteriales, y cuando esto suceda será primordial que se puedan recuperar las mismas, con acciones como más tiempo en el colegio, asesorías, y esfuerzos conjuntos por parte de las autoridades, maestros, padres de familia y alumnos.

De esta manera, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos hemos comprometido a impulsar la educación de calidad en nuestro país para que las futuras generaciones puedan contribuir a la creación de un México mejor.

En atención a lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública a que en coordinación conlas autoridades educativas locales, busquen mecanismos eficaces para contrarrestar los efectos de la pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 3 de julio de 2013.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez".






De los CC. Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de Estados Unidos explicaciones con respecto a las presuntas actividades de espionaje sobre ciudadanos, funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EXPLICACIONES CON RESPECTO A LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES DE ESPIONAJE SOBRE CIUDADANOS, FUNCIONARIOS Y REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS MEXICANAS

LUISA MARIA ALCALDE LUJAN Y RICARDO MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión permanente el presente punto de Acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las filtraciones de información que el técnico estadounidense Edward Snowden hizo a la prensa internacional sobre el masivo programa secreto de vigilancia y espionaje internacional de Estados Unidos, son sólo la punta del iceberg. Hoy sabemos que nuestro vecino del norte, en nombre de la seguridad nacional, capta, registra y discrimina gigantescos volúmenes de información privada a través de sistemas como PRISM, y que tal espionaje no se limita a los ciudadanos sino que trasciende a funcionarios públicos, periodistas y agencias de noticias (como AssociatedPress, AP) por considerarse objetivos prioritarios. A esto se suma el reciente descubrimiento de que nueve importantes compañías de Internet (Google, Facebook, Dropbox, Yahoo, Skype, Microsoft, Paltalk, AOL y Apple) aceptaron desde 2007 la intromisión de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISC, por sus siglas en inglés) en sus bases de datos con el fin de recabar, almacenar y examinar comunicaciones y actividades de miles de millones de cibernautas.

Lo más delicado del asunto, empero, son las revelaciones hechas en días pasados por la prensa británica y alemana (The Guardian y Der Spiegel) en el sentido de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) no sólo intervino diariamente unas 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en internet, sino que al menos 38 embajadas o misiones extranjeras en Washington fueron sometidas a espionaje permanente. De acuerdo con The Guardian1, entre las misiones intervenidas están las oficinas de la Comisión Europea en Washington y de la representación de la Unión Europea en las Naciones Unidas, y las embajadas de aliados tradicionales estadounidenses como Francia, Italia, Grecia, Japón, India, Corea del Sur, Turquía y México.

De acuerdo con el rotativo británico, uno de los métodos de espionaje, conocido con el nombre de Dropmire, consistió en el implante de un artefacto interceptor de comunicaciones en la máquina para enviar faxes cifrados en las oficinas de las representaciones diplomáticas en Washington. También se recurrió al “pinchado” de cables, o al uso de poderosas antenas para interceptar las comunicaciones a distancia. Pese a que los documentos filtrados provienen de la NSA, aún no se conoce si en dichas actividades de espionaje intervinieron otras agencias de seguridad e inteligencia, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Desde una perspectiva legal, el programa de vigilancia y espionaje contraviene el derecho internacional, infringe el derecho humano a la intimidad, viola numerosos instrumentos internacionales relativos a la protección de datos personales y vulnera derechos reconocidos en nuestra Constitución (Artículos 1°y 16). La Declaración Universal de los Derechos Humanos también consagra estos derechos en su artículo 12 al señalar que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie “puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”, y obliga a los Estados a garantizar este derecho fundamental de injerencias o ataques. En el ámbito regional, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, por lo que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

Ante este alud de revelaciones, la representante de la diplomacia europea, Catherine Ashton (Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), expresó al Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, la profunda indignación de muchos países de la Unión Europea por el alcance del escándalo, aunque evitó hacer mayores declaraciones en tanto tuviera mayor información al respecto.

Ante el reclamo de su homóloga, el funcionario estadounidense afirmó que intentaría descubrir qué había pasado y prometió comunicarle oportunamente sus conclusiones. No obstante, Kerry advirtió a modo de excusa que "todos los países que tienen un interés en las relaciones internacionales efectúan numerosas actividades con el fin de proteger su seguridad nacional, entre ellas, obtener toda clase de información que pueda contribuir a defenderla"2, posicionamiento por demás inadmisible para todo país que ostente respetar el principio de no intervención. Además, un extrañamiento de este tipo sugiere que el gobierno Estadounidense está bien enterado del asunto y que, ante la imposibilidad de cubrir el escándalo, ha preferido admitirloy a la vez subestimar su importancia.

Pese a la discreta sanción que Ashton propinó a nombre de la Comisión Europea, otras voces no fueron tan circunspectas. Alemania y Francia son ejemplos de gobiernos que, de frente a un incidente ilegal que involucra la privacidad y la protección de datos de sus ciudadanos, manifestaron sin tapujos su absoluto rechazo al programa de espionaje estadounidense, advirtiendo de posibles consecuencias en caso de que Washington no ofrezca una respuesta satisfactoria.

La canciller alemana, Angela Merkel, reprochó al gobierno estadounidense que diera a naciones amigas el trato de enemigas y advirtió que tales conductas, propias de la Guerra Fría, eran completamente inadmisibles. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán convocó al embajador de Estados Unidos en Berlín para pedir explicaciones. Por su parte, el presidente francés, François Hollande, señaló que no toleraría esta clase de comportamiento entre socios y aliados, y pidió con firmeza que cesara el programa de espionaje estadounidense. El líder galo subrayó que no habría negociaciones o transacciones sobre cualquier tema sin antes haber obtenido tales garantías, en clara alusión a las negociaciones del acuerdo de libre comercio que Bruselas y Washington deben iniciar el próximo 8 de julio.

Estas posturas ejemplares y por demás justificadas, consistentes con una política exterior digna y congruente que exige el trato igualitario entre naciones y el respeto absoluto a su soberanía, recibieron una pronta respuesta del gobierno de Estados Unidos. El lunes 1° de julio, el presidente Barack Obama se comprometió finalmente a entregar a sus socios europeos toda la información que desearan sobre el espionaje que la NSA supuestamente ha llevado a cabo en dependencias de la Unión Europea y de varios países miembros.

Hasta ahora, la Cancillería mexicana se ha limitado a declarar que “está consciente sobre las presuntas filtraciones reportadas por los medios”, y señaló que ha establecido comunicación con el gobierno estadounidense “con la seriedad que el tema merece”. Asimismo puntualizó que el presidente Obama había anunciado su disposición de proporcionar la información necesaria para aclarar estos hechos, aunque en realidad ese gesto se limitó a los países europeos que tuvieron la sensatez de manifestar su disgusto y exigir un alto al siniestro programa de espionaje masivo que hoy se revela ante la opinión pública internacional.

Es verdad que las filtraciones de Snowden únicamente corroboraron lo que todo mundo sabía a voces. Aunque esta información no sorprende a nadie, su filtración pone en descubierto una práctica sistemática deleznable y ofrece una oportunidad para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de información privada y datos personales, tanto por empresas privadas como gobiernos.

No debemos olvidar que, en el caso de México, el unilateralismo estadounidense dentro del marco de su estrategia internacional de seguridad nacional ha resultado particularmente perjudicial para las relaciones bilaterales. Como consecuencia de una política permisiva, débil y entreguista, se extendieron peligrosas concesiones a las agencias de seguridad estadounidense para que operaran en nuestro territorio y recabaran información de ciudadanos mexicanos con la anuencia de las autoridades nacionales.El espionaje oficial, la desconfianza recíproca, la falta de información y la intervención encubierta pronto resquebrajaron nuestra posición de igualdad frente al Estado vecino, debilitando la capacidad de nuestro gobierno de reafirmar y defender la Soberanía nacional frente a la intrusiva estrategia antiterrorista y antinarcótica de Estados Unidos.

México no sólo tiene el derecho, sino el deber, de exigir al gobierno estadounidense explicaciones precisas sobre las actividades de espionaje que presuntamente realiza sobre nuestros ciudadanos y representaciones diplomáticas. Asimismo, tiene la obligación ineludible ante sus ciudadanos de garantizar el pleno disfrute del derecho humano a la intimidad, y a la protección efectiva de los datos personales de su población, sobre todo ante injerencias ilegales atribuibles a gobiernos claramente identificados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunciaenérgicamente en contra de los actos imputables a gobiernos extranjeros que vulneren la intimidad, los datos personales o la seguridad de la población mexicana, y expresa su disgusto por las recientes revelaciones relativas al presunto espionaje sobre representaciones diplomáticas mexicanas por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América explicaciones precisas y urgentes con respecto a las presuntas actividades de espionaje sobre funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas, así como a informar a esta Soberanía las acciones que ha tomado para impedir el uso de datos personales de ciudadanos mexicanos por agencias de seguridad extranjeras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados a garantizar la seguridad de los destinos turísticos con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS CON MAS AFLUENCIA EN EL PAIS EN ESTE PROXIMO PERIODO VACACIONAL

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo establecido en el Calendario Escolar que publica la Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes cinco de julio concluye el ciclo escolar 2012-2013, cuando alrededor de casi 35 millones de alumnos desde preescolar hasta educación superior, y un millón 700 mil maestros y sus familias, disfrutarán del periodo vacacional de verano para regresar a las aulas el próximo 19 de agosto.

Con lo anterior, se prevé que en este periodo los destinos turísticos en México inicien una de sus altas afluencias de vacacionistas, teniendo como destino para los turistas nacionales y extranjeros, las playas y centros turísticos denominados como de naturaleza y cultura.

Cabe señalar que en este contexto, durante los primeros siete meses del 2012, los ingresos que recibió México por concepto de turismo alcanzaron los 7,723 millones de dólares. 1 Lo que significa que el turismo en México, sigue siendo una de las actividades económicas del país que le representa ingresos importantes generados a través de los vacacionistas.

En esta época vacacional, los turistas, van en búsqueda de esparcimiento con la familia y/o con amigos, buscan destinos de playa en donde las bondades del lugar elegido sean lo más favorable en cuanto a servicio y precios. Sin embargo, hay algo más que le ocupa al turista ya sea nacional o internacional y es el tema de su seguridad, por lo tanto es conveniente reflexionar sobre el papel que está desempeñando la seguridad en la actividad turística, siendo este un factor decisivo para que el vacacionista elija el destino deseado.

La inseguridad en el país es un tema que no sólo afecta al turismo, pero en este sector, las consecuencias se sienten con mayor intensidad. Los actos de delincuencia afectan directamente la opinión de los turistas y diluyen toda intención de visitar nuevamente un lugar inseguro en donde el robo, secuestro, extorsión, o cualquier delito represente algún riesgo. 2

La situación desfavorable en materia de seguridad también se reflejó en los datos en los que México según la Organización Mundial de Turismo, salió de la lista de los 10 mejores destinos turísticos del mundo, lista en la que llegó a ocupar el séptimo sitio y en la que ahora se sitúa en el lugar número 13. 3

Sin embargo, se sabe que el Gobierno Federal, está trabajando para que los turistas se sientan con mayor seguridad al viajar a México, lo anterior en congruencia con los objetivos en materia turística establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se propone aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, a través del diseño de una estrategia integral de promoción turística internacional para proyectar una imagen confiable y de modernidad. 4

En este sentido queremos que el turista nacional y extranjero, perciba que México es un país seguro para viajar, en donde puede disfrutar de las bellezas naturales y los atractivos que el país le puede ofrecer.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sabemos que el tema de la seguridad en el país en un asunto delicado, pero sin lugar a dudas es algo que debemos atender y mejorar por el bien de los mexicanos y del turismo en general.

Por lo tanto, en estas próximas vacaciones de verano, consideramos necesario que los destinos turísticos con más afluencia en el país sean resguardados con operativos eficientes que garanticen la seguridad plena del turista nacional e internacional que en próximos días vacacionarán en el país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a los Gobiernos de los Estados a garantizar la seguridad de los destinos turísticos con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 3 de julio de 2013”.






Del C. Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a proporcionar mayores recursos al estado de Baja California en materia de salud mental. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PROPORCIONAR MAYORES RECURSOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE SALUD MENTAL

El suscrito, Diputado Federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud mental como el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Está determinado por múltiples factores como lo son: el sociales, ambiental, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.

La salud mental es un elemento de la salud integral de los individuos, por lo que los desórdenes mentales han sido considerados problemas emergentes de salud, que aun cuando no son causantes de gran mortalidad, sí implican la pérdida de un número de años de vida saludable, alteraciones en la dinámica familiar, y una carga económica considerable, con las consecuencias sociales que de ahí se derivan.

2.- En la mayoría de los países, sobre todo en los de ingresos bajos y medios, los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos. La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental. En lugar de proporcionar atención en grandes hospitales psiquiátricos, los países deberían integrar la salud mental en la asistencia primaria, ofrecer atención de salud mental en los hospitales generales y crear servicios comunitarios de salud mental. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el 2001 se enumeraron una serie de factores que determinan la generación y mantenimiento de patologías mentales, siendo las socio-económicas como la pobreza, la edad, el género, la situación política y económica del país, desastres socio naturales y enfermedades físicas entre otras, que inciden en la población. Por ejemplo, se ha revelado que por cada rico que sufra un trastorno, existen al menos 2 pobres. También hay una diferencia en la recuperación de los pacientes en países desarrollados; en el caso de la esquizofrenia, el 63% de los pacientes se recuperan al cabo de 2 años, mientras que los países en desarrollo se recupera el 37%.

4.- Históricamente a la salud mental se le ha prestado poca importancia, las personas que las padecen son discriminadas y segregadas, razón por la que se ha dado poca importancia en el tema y otorgado poco presupuesto. Considerando que en el mundo por lo menos 450 millones de personas presentan algún trastorno de este tipo y en particular en nuestro país según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica realizada en el 2000, prácticamente una tercera parte de la población adulta ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental; este trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; el 50% de los adultos que informaron, haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años; del mismo modo se estima que un 7% de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio.

5.- En México, el trastorno depresivo ocupa el primer lugar en cuanto a la pérdida de años de vida saludables (el 6.4% de población lo padece), los trastornos relacionados por el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el décimo (2.1%); en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del 2000, muestran que los trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3%), seguidos por los de abuso de sustancias (9.2%) los afectivos (9.1%); el suicidio también es uno de los problemas más preocupantes en nuestro país ya que su incidencia ha ido en crecimiento en los últimos años en los adolescentes y adultos jóvenes. Los estudios con población rural son más escasos, sin embrago permiten tener una idea sobre la dimensión del problema dentro de estas comunidades, de los 38,610 entrevistados el 4.8% presentó un trastorno depresivo y el 0.4% esquizofrenia.

La depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres en todas las entidades federativas. Los estados que reportaron mayores prevalencias entre la población masculina son Jalisco, Veracruz, Tabasco, Colima y Sinaloa. En el caso de las mujeres, resaltan los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas.

6.- De acuerdo con datos arrojados en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud mental de nuestro país cuenta con aproximadamente 0.66 camas por cada 10 mil habitantes. Existen 0.51 camas por cada 10 mil habitantes en los hospitales psiquiátricos, mientras que en los hospitales generales solo hay 0.051 camas disponibles para esa misma tasa de población. En cuanto a los recursos humanos, se estima que por cada 100 mil habitantes hay 2.8 psiquiatras, 44 psicólogos, 0.12 enfermeras psiquiátricas, 1.5 neurocirujanos, 1.2 neurólogos y 0.20 trabajadores sociales especializados en psiquiatría. Del total de médicos psiquiatras, el 33% trabaja en instituciones públicas. Lo anterior refleja una importante deficiencia de recursos al compararlo con otros países del continente que cuentan con sistemas de salud más adecuados.

7.-Se ha considerado a Baja California dentro de los estados de la República Mexicana con mayor índice de problemas de salud mental, representando el 11.5% a nivel nacional, datos señalados por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California. Los principales problemas son, migración frustrada, afectaciones por drogas, trastornos afectivos, desempleo, cuestiones congénitas, entre otros. Se considera que ha tenido avances significativos; reincorporando a los pacientes lo mejor y más pronto posible, para que ya no sean, como antes se conocía a los manicomios, lugares de depósito de personas, sin tratamientos de rehabilitación; sin embargo, lo ideal sería contar con un centro de atención en cada municipio lo cual resulta difícil por la insuficiencia en presupuesto que se otorga a este rubro; además, de no existir suficientes psiquiatras en el Estado para atenderlos.

Los hospitales encargados de los trastornos mentales en el Estado cuentan con poco personal especializado en psiquiatría, a pesar de ello existe una gran deficiencia y capacidad en la atención por falta de personal médico especializado y tratamientos médicos, que muchas ocasiones son de alto costo, dejando también a los familiares y enfermos en estado de incertidumbre y desprotección. Se considera, que la mitad de las personas atendidas son niños, de los cuales un 20% son hospitalizados tras vivir en situaciones de violencia.

¡Compañeras y Compañeros!

Como Representantes de la Nación es menester, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, mediante acciones y programas de salud pública; lo cual involucra un cambio integral en la atención de las personas con estos padecimientos, actuando en los niveles de atención, prevención, tratamiento y reintegración social de cada uno de ellos, con finalidad que lleguen a un restablecimiento pleno de la salud mental y física. Todo lo anterior se puede lograr proporcionando mayores recursos al rubro de Salud mental, para que los usuarios reciban una atención médico-psiquiátrica de calidad y con calidez, a través de acciones de promoción, prevención, que posibiliten a un mejor nivel de vida, así como de su reintegración al medio en el que se desarrolla.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se otorguen mayores recursos al Estado de Baja California en materia de Salud Mental.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 3 de julio de 2013.

Dip. Juan Manuel Gastélum Buenrostro”.






Del C. Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a investigar y sancionar a las autoridades de los estados y de los municipios en los cuales se haya trasgredido el principio de laicidad del estado. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE HAYA TRASGREDIDO EL PRINCIPIO DE LA LAICIDAD DEL ESTADO

“El suscrito, Diputado Federal Andrés Eloy Martínez Rojas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los