Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 30 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Junio de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- De la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite:

• Informe de la delegación de la Cámara de Senadores que participó en el taller parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: promoción de una inscripción universal de los nacimientos en América Latina y El Caribe. Reunión regional en el Congreso de la República del Perú organizada por la Unión Interparlamentaria y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, realizado en Lima, Perú, los días 7 y 8 de junio de 2013.

• Informe de la delegación mexicana del Congreso de la Unión que participó en el Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias "Mujeres en el poder: cambios recientes en la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los días 15 al 17 de mayo de 2013.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






























































































PROPUESTAS

- De la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar el presunto desvío de recursos públicos del ayuntamiento de Mérida, a la campaña de la Coalición "Unidos por Ti" en el estado de Aguascalientes. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Diputado Ricardo Monreal Avila; Diputado Rubén Camarillo Ortega, quien presenta propuesta de adición que no se admite; Senador Gerardo Sánchez García; Diputado Silvano Aureoles Conejo, quien presenta propuesta de modificación que se aprueba; Senador Fernando Herrera Avila; Diputado Tomás Torres Mercado, quien presenta propuesta de adición que se aprueba; Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara; Diputado Luis Antonio González Roldán; Senador José Francisco Yunes Zorrilla y Senadora Graciela Ortiz González. Se aprueba.











































































 

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Señoras y señores legisladores, daré inicio al pase de lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 30 legisladores. En consecuencia, hay quórum.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 26 de junio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles diecinueve de junio de dos mil trece, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles doce de junio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoración que confiere el Gobierno del Líbano y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un permiso.- Se turnó a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud de cancelación.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2013, desagregada por tipo de fondo de Acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al primer trimestre de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 493 aniversario del triunfo mexica sobre las tropas de Hernán Cortés, a realizarse el domingo 30 de junio del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Diputado Víctor Manuel Bautista López.

 

Se recibió del Diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del grupo parlamentario Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de las sustituciones de los Consejeros del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Se sometió a consideración de la Asamblea el punto de Acuerdo correspondiente, el cual fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Federal Electoral.

 

Se recibió del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, informe de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6 y 7 de junio del año en curso, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de junio de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado por 34 votos en pro y 1 en contra. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado por 34 votos en pro y 1 en contra. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.- Intervino el Diputado Carlos Reyes Gámiz del PRD. Fue aprobado por 29 votos en pro, 3 en contra y 5 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.- Fue aprobado por 36 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, oficio por el que devuelve a la Mesa Directiva el expediente formado a partir de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la que se requiere a la Comisión Permanente convocar a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria.- A partir de esa comunicación y a fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral, se consultó a la Asamblea la dispensa de trámites del asunto referido, la cual fue aprobada. En consecuencia, se sometió a consideración del Pleno un proyecto de Decreto para convocar a la Cámara de Diputados a celebrar sesión extraordinaria. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC, en contra; Diputado Miguel Alonso Raya del PRD, en contra; Diputado Luis Alberto Villarreal García del PAN, en contra; Senador Armando Ríos Piter del PRD, en contra; y Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI, en contra. La Asamblea rechazó el proyecto de convocatoria a sesión extraordinaria. Se comunicó dicha resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

Se recibieron de los congresos de los estados  de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, oficios con los que remiten su resolución al proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad religiosa.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Armando Ríos Piter del PRD; y Diputado José González Morfín del PAN.

(Iniciativas)

El Diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre propio y de los Diputados Adriana González Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Vivienda de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2448-d del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción iv del artículo 73 y el Capítulo iii del Título Décimo Primero de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. de la Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 inciso e) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y José Francisco Coronato Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

 

1) Que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a presentar un informe sobre las investigaciones que se realizan ante el posible uso indebido de datos personales.

2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones necesarias y emitir las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida la implementación eficaz de la alerta de violencia de género en las entidades federativas.

3) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a estudiar la viabilidad sobre el cambio de sede de sus oficinas ubicadas en Abraham González No. 48, Col. Juárez.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de la República a fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados a las denuncias presentadas por delitos cometidos en contra de periodistas en nuestro país.

Los cuatro dictámenes fueron aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

 

1) Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que no cuenten con ordenamientos normativos en materia de cambio climático a considerar legislar al respecto, de conformidad con las facultades y atribuciones previstas en la Ley General de Cambio Climático.

2) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre las medidas y acciones que lleva a cabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo.

3) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional.

4) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una verificación administrativa a la empresa de boletaje Ticketmaster.

5) Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud a promover el uso de sillas porta-infantes en los menores de cinco años de edad durante sus traslados vehiculares.

6) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un informe sobre las medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo que se están implementando para erradicar la plaga de la Roya en los cafetales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.

7) Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos, programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, como uno de los criterios de incorporación al Programa y para mantener dicho nombramiento.

8) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar estrategias y acciones en los sectores productivos con el propósito de eliminar el trabajo infantil.

9) Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros, en especial, los del estado de Morelos.

10) Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California Sur, establezcan medidas y acciones que garanticen la protección y preservación del ecosistema marino, en específico, de la fauna marina localizada en el corredor turístico de “Los Cabos”.

11) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a considerar realizar, por lo menos, dos visitas anuales de inspección a los zoológicos registrados ante la autoridad, y en las cuales se verifique el trato, alimentación, manejo, traslado y condiciones del confinamiento en el que habitan los ejemplares de flora y fauna.

12) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre a considerar la posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de pobreza extrema y marginación de los estados de Chihuahua y de Baja California Sur.

13) Que exhorta al gobierno del estado de México a asesorar a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7 de mayo del año en curso, en la autopista México-Pachuca, a la altura de la localidad de Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar de oficio averiguación previa en relación con el señalamiento hecho ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas, por el C. José Carlos Hinojosa, quien compareciendo ante la misma en calidad de testigo, afirmó que como contador de la organización delictiva denominada “Cartel del Golfo” entregó 12 millones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para financiar su campaña como candidato del PRI a gobernador del estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el campo, en cada uno de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión y corrupción, denunciados e imputados al Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a requerir del Director General de Aeronáutica Civil que analice, estudie y resuelva sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con la empresa mexicana de aviación han formulado, con la finalidad de reiniciar las operaciones de esa aerolínea.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el otorgamiento de créditos a estados y municipios con baja calidad crediticia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA prorrogar el ingreso de solicitudes por 30 días más para recibir los apoyos en el marco del programa de agricultura por contrato, en tanto no obtengan su RFC.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo a aplicar los recursos recién aprobados del Fondo para la Atención de Emergencias para cinco municipios de dicho estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a colaborar con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al manejo integral de residuos en ecosistemas costeros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a atender la denuncia de hechos sobre la afectación ecológica al predio “La Joyita” en el municipio de Jalapa, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Angelino Caamal Mena, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Campeche a fortalecer acciones eficaces para la prevención de suicidios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modificar de inmediato la NOM-012-SCT-2-2208.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a otorgarle a las MYPIMES, empresas y patrones en general, un periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a girar instrucciones al Instituto Nacional de Migración para que informe de los hechos ocurridos el día 17 de junio en San José Huehuetoca, respecto a la detención de 20 migrantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar las acciones y programas del Instituto Nacional de Migración a fin de emprender y ajustar los programas y políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos y la plena seguridad de los migrantes que transitan por el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a autoridades de los tres niveles de gobierno que intervienen en la aplicación de la llamada "Alerta  Amber", informen de los avances de su implementación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe en el que se expliquen los criterios técnicos por los cuales se determinó cambiar al fabricante de los 240 mil equipos de cómputo licitados para el programa piloto a implementarse en los estados de Colima, Tabasco y Sonora, para quedar en responsabilidad de la empresa de origen chino “South Holdings Industrial Limited”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Salud efectuar en carácter de prioridad nacional, una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Educación y Cultura del estado de Sonora, al congreso local del estado de sonora; al Director del Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora y al Presidente Estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora a construir Acuerdos para catalizar y activar programas formativos y de procedimientos a tomar contra el acoso violento entre infantes y adolescentes en escuelas y calles del estado de Sonora.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intervenga para revisar la actividad de cobranza que realizan despachos que adquirieron cartera vencida que afecta a cerca de 500 mil deudores en riesgo de perder sus viviendas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas instancias del gobierno del estado de México y del Gobierno Federal tomen medidas ante la fuerte violencia feminicida que se sufre en la entidad y se emita la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que explique, transparente e informe sobre el pago definitivo de impuestos por la venta del Grupo Modelo y no sólo de la retención de alrededor de seis mil millones de pesos y los efectos de devolución de impuestos en caso de que los hubiera, por tratarse de una retención a cuenta de la cifra definitiva del impuesto anual.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir de forma expedita las actualizaciones a la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-02-2008 de la SCT, con la finalidad de disminuir los límites de la carga a los autotransportes de este ramo; así como las medidas de los dobles semirremolques.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la definición del cáncer de ovario en todas sus modalidades como enfermedad que genera gastos catastróficos y, en su caso, sea incluida como intervención cubierta en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a autorizar la modificación a la tarifa eléctrica horario verano en periodo punta para la industria de Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir desastres naturales en el estado de Veracruz; así como, en caso de presentarse una emergencia, se transfieran los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera inmediata.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar la observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante, como lo establece el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Luis Espinoza Cházaro y Alfa González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los institutos electorales de los estados de Baja California y de Quintana Roo a frenar la violencia generada por motivo de actos de campaña.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a revisar la estrategia de implementación del cambio de señal analógica a la digital, con la finalidad de que se eviten o aminoren los efectos negativos de la llamada transición digital en el estado de Baja California y en las demás entidades federativas que adopten esta tecnología.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar el grado de avance en el bloqueo de celulares en las cárceles del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en torno a las inundaciones que han originado la pérdida del patrimonio de miles de familias en Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Morelos y Sabinas, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la COFEPRIS y a la Dirección General de Aduanas a eliminar las restricciones impuestas a la importación y comercialización de los dispositivos electrónicos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mejorar las reglas de operación del Fondo Metropolitano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Muñoz Kapamas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a transferir al Instituto del Deporte del Distrito Federal la administración de algunas de las instalaciones deportivas ubicadas dentro de la demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar acciones tendientes a evitar desastres por causas antropogénicas en las zonas afectadas por el derecho de vía en los que se encuentran instalados ductos subterráneos para la conducción de hidrocarburos o gas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la correcta operación y aplicación de los recursos de las Comisiones Estatales de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo una investigación sobre la inversión de mil 105 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social realizó en 18 municipios de Michoacán, en el mes de mayo del año 2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública rendir a un informe detallado de los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al poder ejecutivo del estado de Puebla y todos sus servidores públicos a conducirse con decoro, responsabilidad y prudencia y al Instituto Electoral del estado a que sean atendidas de manera oportuna las denuncias e impugnaciones que ha presentado la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, derivado de las irregularidades durante el proceso electoral en el estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a tomar las medidas y acciones necesarias en torno al diario: "Por Esto! Dignidad, Identidad y Soberanía" del estado de Yucatán, por la publicación y difusión de fotografías de una persona menor de edad al desnudo; hecho que contraviene diversas disposiciones de orden legal y penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco para que a través de su Comisión de Inspección, instruya a la Auditoría Superior del estado de Jalisco, iniciar una auditoría integral a la administración del ex Gobernador Emilio González Márquez.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación incluya en su análisis de la Cuenta Pública 2012 estudios de los contratos de servicios, así como del desempeño de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a investigar y aclarar la desaparición de 12 personas al salir del bar denominado “Heaven’s After”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Aleida Alavez Ruiz y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás prestadores de servicios de salud que integran al Sistema Nacional de Salud a tomar las medidas urgentes para poner fin a la grave violencia laboral, psicológica y emocional que se practica contra los médicos residentes, en respeto, tanto de sus derechos humanos, como del derecho a la salud de los mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e instrumentar una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en Michoacán, en complemento a las medidas que se han tomado en materia de seguridad, para superar la situación de crisis y emergencia económica, política y social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar campañas de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, en torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la sequía en el país, en relación al "Día Mundial de lucha contra la desertificación y la sequía" con el lema de "No dejemos que se seque nuestro futuro".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la conformación de un grupo plural de trabajo para investigar y esclarecer los presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar el estado que guardan las investigaciones derivadas de la presunta venta ilegal de bases de datos personales protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública y Desarrollo Social a elaborar e instrumentar una estrategia estatal de carácter integral para la prevención y atención de la violencia escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del reporte anual sobre México 2012, que presentó la organización no gubernamental Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del presente año.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el impacto de las estrategias, programas y acciones emprendidas en materia de seguridad pública, en el combate de la inseguridad, el funcionamiento irregular de los establecimientos mercantiles y el narcomenudeo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar una investigación y, en su caso, fincar responsabilidades sobre el presunto desvío de recursos federales transferidos, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se investiguen presuntos hechos constitutivos de delitos cometidos por el C. Raymundo Collins Flores, titular del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera  Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los diferentes órdenes de gobierno y a sus respectivos poderes del estado a fortalecer las acciones a favor de la protección y promoción de los derechos humanos de los periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe detallado de la situación a la que se enfrentan los migrantes detenidos en nuestro país en su paso hacia los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la expedición del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar las acciones conducentes para logar Acuerdos con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos respecto al desarrollo, homologación y aplicación de las normas oficiales en materia de sanidad e inocuidad para la comercialización de melón en ambos países.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Excitativa)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de Acuerdo que solicita al Presidente de la República y al Consejo Rector del Pacto por México adecuar sus propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto y normal desarrollo definido por las Cámaras del Congreso de la Unión.- La Presidencia formuló excitativa a la Primera Comisión.

(Efemérides)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo de los 50 años en que la primera mujer viajó al espacio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial del Refugiado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre el desarrollo de las campañas electorales en varias entidades del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención en materia de telecomunicaciones y competencia económica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con treinta y cinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiséis de junio a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.




 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para desempeñar cargos de Cónsules Honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/743/2013
México, D.F., a 19 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-07191, el Min. Miguel Malfavón Andrade, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando J. García Segovia, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Dinamarca en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la Constancia de Domicilio, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada Real de Dinamarca en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/748/2013
México, D.F., a 19 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-07418, el Min. Miguel Malfavón Andrade, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Raúl Alejandro Padilla Orozco, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Portuguesa en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del Certificado de Residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Portugal en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

Oficio No. SEL/300/736/2013
México, D.F., a 19 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1019/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Jaime Martínez Hernández

Chofer en el Departamento de Construcción de Edificios en el Extranjero

Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en el que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco

Asistente Administrativo

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/769/2013
México, D.F., a 21 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1031/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Andrea Mayagoitia Gutiérrez

Secretaria

Embajada del Estado de Kuwait en México

Tayde Patricia Arauz Castañeda

Empleada Doméstica

Embajada del Estado de Kuwait en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Verónica Sagrario Delgado Rosales

Secretaría Administrativa

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Concepción Valle Barraza

Asistente de Visa de Inmigrante

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnense a la Primera Comisión las solicitudes de permiso; y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

Informo a la Asamblea, que se recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una notificación de un incidente sobre incumplimiento de sentencia. Esta notificación se motiva por la resolución negativa, que emitió el Pleno de la Comisión Permanente en la sesión del pasado día 19 de junio sobre el proyecto de convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, para concluir el proceso de elección de un integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral, misma que, como ustedes saben, fue rechazada unánimemente por esta Asamblea. Solicito a la Secretaría dé lectura al documento.





 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a los resolutivos.

"Primero.- Se declara incumplida la sentencia del 29 de mayo de 2013, pronunciada en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos JDC-896/2013 y acumulados.

Segundo.- Se requiere a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que cumpla con convocar de inmediato a sesión extraordinaria, a efecto de que la Cámara de Diputados culmine el proceso de elección del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Notifíquese personalmente a los actores y al promovente del incidente, por oficio a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y por estrado a los demás interesados".

Es cuanto, señor Presidente.

- El C.Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Huerta Ladrón de Guevara, por favor.

- El C.Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: (Desde su escaño) Buenos días, señor Presidente.

Con la finalidad de poder abordar la tribuna sobre este tema. No sabemos qué tratamiento le vaya usted a dar, pero queremos intervenir sobre el tema.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Le parece, señor Diputado, que primero consultemos a la Asamblea, si se le da el trámite de urgente resolución, y de ser así, por supuesto que tendrá usted el uso de la tribuna.

Gracias, Diputado Rafael Huerta.

Como es de su conocimiento, en la sesión anterior, esta Asamblea discutió y votó un proyecto de Decreto para convocar a la Cámara de Diputados a realizar sesión extraordinaria, mismo resultado que fue rechazado por unanimidad.

Sin embargo, a fin de agotar los extremos y dar cumplimiento a la resolución que, por segunda ocasión, emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del incumplimiento de su sentencia que emitió el 29 de mayo de 2013, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva, se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. Se han registrado para la discusión, hasta este momento, el Diputado Huerta Ladrón de Guevara...

- El C.Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Me registra.

-El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Como no, señor Diputado.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

- El C.Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias, señor Presidente, a ver si no vamos a necesitar una tercera vez, por lo que entiendo, a ver si la tercera es la vencida.

Compañeros y compañeras legisladores y legisladoras, con el mandato del Tribunal Electoral, enfrentamos un asunto de estricto control constitucional.

Todas las autoridades deben sujetarse no sólo a la ley, sino además a la observación y cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución.

El artículo 41 constitucional, establece la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se regula el procedimiento para la designación de sus integrantes, en caso de falta absoluta de uno de ellos.

Como en todo proceso legal, su desarrollo está sujeto, no sólo a cumplir con lo dispuesto en la ley, sino a observar los principios y garantías constitucionales.

La autoridad responsable de vigilar la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme se establece en los artículos 41, párrafo dos, base VI, y 99 de la Constitución General.

En su cálidad de órgano de control constitucionalidad, y a petición de Diputados del PRI, la Sala Superior determinó el pasado 29 de mayo, que se debe concluir la designación del Consejero Electoral en los términos de la convocatoria y procedimiento establecido por la propia Cámara de Diputados.

Esta Comisión Permanente, como ustedes saben, por votación unánime de sus integrantes, determinó rechazar la propuesta de Acuerdo para cumplir con la resolución del Tribunal Electoral, presentada por el Presidente de la Mesa Directiva el pasado 19 de junio.

Y esto, evidentemente, fue lo que me motivó a presentar esta resolución como prueba superveniente en el incidente de inejecución de sentencia que presenté ante este Tribunal.

¿Por qué? Porque el PRI detona la legalidad y el PRI mata la legalidad buscando un acuerdo político al amparo del mal llamado Pacto por México, instrumento que por cierto le ha servido para violentar en reiteradas ocasiones la Constitución al amparo de los acuerdos políticos con los pactistas de cúpula.

Ayer un connotado representante del Revolucionario Institucional, como lo dijeron en la tribuna hace una semana, dicen: “deberíamos de estar de acuerdo”. Ellos mismos detonan el conflicto y después administran la justicia a su antojo, la Constitución a su antojo, buscando un acuerdo político con las fracciones parlamentarias pactistas de cúpula para ver cómo se reparten los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Y hoy me entero que vamos a ver la misma historia de este Acuerdo que lo van ustedes a votar en contra, seguramente, como tenemos conocimiento.

El mandato que ahora se notifica para que esta Comisión Permanente convoque de inmediato a sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, no invade la competencia de la propia Cámara de Diputados y tampoco invade la competencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A esta última le instruyen, por ser el órgano competente, para convocar a sesión extraordinaria, órgano legislativo que se encuentra obligado a colaborar en el cumplimento de las resoluciones del Tribunal Electoral Federal, conforme se dispone en el artículo 2, numerales 1 y 3 del COFIPE; 186, fracción III, inciso c) y 10; 189, fracción 1, inciso e) y 199, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 80 párrafo uno, inciso f) y 83, párrafo uno, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

La resolución se resume en ordenar se concluya el procedimiento de designación para lo cual es necesaria la sesión en Pleno de la Cámara de Diputados, la que en periodo de receso únicamente puede ser convocada por la Comisión Permanente.

Será el Pleno de la Cámara de Diputados quien designe o rechace la propuesta que en su momento presente la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara de Diputados. Con ello no se invade la esfera de la competencia de los poderes constituidos, según algunos analistas.

Y hoy quiero decir también aquí, porque, buenos amigos, yo creo que de buena intención, pero sin duda con mucha ignorancia jurídica, con el debido respeto, se me han acercado y me dicen: “Es que hay que impedir que el TRIFE vaya a decidir”. Y yo les quiero decir a mis compañeros que no tengan cuidado de esto, el IFE no puede decidir en términos legales sobre quién va a ser el consejero. Esa es una atribución de la Cámara de Diputados cuando junte los dos tercios. Y eso es lo que está mandatando la sentencia, a que se le dé celeridad al tratamiento legal y que será el Pleno de la Cámara quien designe o rechace, como algunos pensamos que debe de ocurrir en esa sesión de la Cámara de Diputados.

Yo, inclusive, diría que en términos legales la propia sentencia del Tribunal fue insuficiente porque está reiterando la sentencia que ya dio anteriormente. Inclusive en ésta, nosotros lo que le pedíamos al Tribunal en la petición en el incidente que presentamos en la prueba superveniente era que fijara ya fecha y que le dijera a este órgano cuándo debe ser ese periodo extraordinario.

Cosa que evidentemente el PRI no quiere porque sabe que ahorita no están los acuerdos políticos que tienen en la cúpula con el Partido de Acción Nacional y con el PRD, que son los que les pueden dar los dos tercios. Y eso es lo que no quieren, porque esa cúpula quiere ponerse de acuerdo después cómo se van a repartir los consejeros.

Por otra parte, la legalidad y constitucionalidad de los actos de la Cámara de Diputados no puede estar sujeta a los acuerdos de los partidos mayoritarios, cuando éstos contravienen las propias normas que se han impuesto.

Los grupos parlamentarios deben respetar la dignidad de los ciudadanos que optaron por participar en el proceso de selección, puesto que éstos han participado con las reglas impuestas por la mayoría del Pleno cuando se aprobó la convocatoria.

Durante todo el procedimiento he cuestionado la falta de reglas claras, de métodos de evaluación que atiendan a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, con el propósito de evitar lo que ahora sucede en la designación del consejero electoral.

Queda sujeto a las cuotas partidarias y no ha resultado de una evaluación de profesionalismo que garantice el desempeño imparcial del nuevo consejero.

El fondo de posponer la designación del actual consejero es la partidización de su designación que pretende posponer para aumentar el número de consejeros que sería el presidente y cuatro consejeros, mismos que estarían designados en función de cuotas.

De ello existe precedente en el pasado, las cuotas por partido afectan el desempeño autónomo e imparcial de los consejeros del IFE. A ello me he opuesto y me seguiré oponiendo.

Estamos frente a un acto de estricto derecho que exige su acatamiento. No podemos permitir que el quehacer político sin ética ni reglas predomine sobre el estado de derecho.

Compañeros legisladores, no impulsemos la cultura de la ilegalidad, de la impunidad, del acuerdo trasiego en detrimento de la ley. Por ello, conmino a acatar la resolución del Tribunal Electoral, acabemos con la práctica de que acuerdo político mata la legalidad. Esto es, sobre todo, para los legisladores pactista de cúpula, pero también se lo pido a mis compañeros que pretenden ser oposición verdadera, no den la unanimidad, como decía hoy un priísta, para violentar la Constitución.

Es todo.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores.

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto dos puntos. Primero, se declara incumplida la sentencia del 29 de mayo en un juicio de protección de los derechos político electorales; y segundo, se requiere a la Comisión Permanente del Congreso para que cumpla con convocar de inmediato a una sesión extraordinaria.

¿Cuál es el origen de este asunto que ahora está en el Tribunal y en la opinión pública?

El origen es el nombramiento de uno de los Consejeros Electorales, cuyo titular renunció y que es indispensable nombrar al suplente para que a su vez integre como propietario este órgano electoral.

El argumento y los argumentos expresados por el Diputado Manuel Ladrón de Guevara son atendibles. Me parece que su argumentación es correcta, incluso él fue quien promovió por la vía del incidente de inejecución de sentencia esta acción.

¿Por qué? Porque él exige el cumplimiento de la ejecutoria que ahora a juicio del tribunal no se ha cumplido, está inejecutada la resolución del tribunal.

Este escrito incidental se resolvió por el tribunal, y debo de aclarar, en efecto, que en términos del artículo 41, inciso d), párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la designación; pero esta facultad exclusiva es precisamente porque se erigen en el órgano máximo constitucional autónomo para la decisión y para la consolidación del Estado a través de sus representantes populares elegidos de manera libre en las urnas.

Es decir, la naturaleza de la Cámara es de un órgano de conformación plural por esencia, heterogéneo, de plena deliberación y que es un órgano al que nadie le puede perturbar ni violar sus opiniones que manifiesten en el desempeño del cargo conforme lo describe el artículo 61 de la Constitución.

Es decir, en la heterogeneidad está el fundamento mismo de las posiciones que reúne la designación del consejero que pasa por una designación plural, que la legitimación del mismo proviene de un consenso calificado de un órgano de naturaleza plural, y es precisamente la absoluta libertad de deliberación lo que no permite cumplir, y no una posición arbitraria sin sustento como sería la del tribunal.

Ahora bien, la sentencia no habla del cumplimiento sustituto, la sentencia, que es reiterada en la resolución del incidente planteado por el Diputado Ladrón de Guevara es simple y sencillamente a convocar a un periodo extraordinario.

La sentencia ordena que debe discutirse en un periodo extraordinario y que se culmine el proceso de nombramiento del consejero. De ninguna manera podría el tribunal actuar en detrimento de esta Constitución y de la Cámara, y por eso me parece pertinente.

Yo les pediría silencio, señor Presidente, porque, yo siempre he dicho que a veces este soberano Poder Legislativo se convierte en un soberano desmadre, todo mundo habla, todo mundo platica, todo mundo, nadie pone atención a los oradores, y la gente que viene por primera vez a escucharnos y a vernos se queda decepcionada.

- El Diputado Rubén Camarillo Ortega: (Desde su escaño) Yo sí.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Usted sí, y siempre es de los que pone atención, joven legislador hidrocálido, ahora con problemas en su estado.

Pero, yo le digo, es que, en efecto, la verdad es que el Parlamento, el Senador Barbosa Huerta lo sabe, siempre es así, no me extraña, él y yo hemos sido muchas veces parlamentarios, pero es inútil el llamado a la atención, y siempre hay gente que pone atención, y a ellos, siempre mis respetos.

Concluyo la argumentación, porque es un tema delicado, que no es trivial, por eso no debe de distraerse la atención de los legisladores.

La resolución del tribunal, ahora reiterada en la resolución del incidente debe de acatarse, y la Comisión Permanente sí debe de convocar a un periodo extraordinario.

Yo decía que complementáramos el proceso, no quiere decir que nos obliguen a tener que nombrar un sustituto, simplemente si no se reúne la mayoría calificada, se agota el procedimiento y tendrán que suplirse, iniciarse otro procedimiento de selección de candidato. Pero no podemos rehuir el convocar al periodo extraordinario, y tampoco puede el tribunal usurpar una función de la Cámara de Diputados, no puede sustituir a un órgano autónomo constitucional como la Cámara de Diputados, por eso es un absurdo y es una ignorancia aquellos que dicen que el Tribunal Electoral debería nombrar al sustituto de Sergio García Ramírez, eso no es posible; pero el tribunal sí puede decir, que convóquese a periodo extraordinario y cúmplase, agótese el procedimiento; si no se reúne la mayoría calificada, deséchese el procedimiento, iníciese otro, llámese a otros personajes para que puedan cumplir con las características que la Constitución señala, que es una mayoría calificada por consenso.

Yo, en esta parte en la ocasión pasada voté en contra, hoy me abstendré, porque los argumentos de esta nueva resolución de una vía incidental que promueve el Diputado Ladrón de Guevara, son correctos, no entran al fondo, simplemente convocar a periodo extraordinario para culminar el proceso, sin aceptar que el tribunal pueda ser injerencista o que pueda usurpar funciones o invadir esferas de competencia de la Cámara de Diputados, por tal razón voy a votar en abstención; sé que ya la mayoría decidió o va a decidir, pero los argumentos del Diputado Ladrón de Guevara no deben desestimarse.

Muchas gracias por la atención a todos los que prestaron atención, y los que no, también.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila. En consecuencia, no habiendo más oradores registrados, pediría a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto que va a ser votado.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al proyecto de Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar sesión extraordinaria.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué propósito solicita la palabra?

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Solamente, señor Presidente, para los efectos legales, pedirle que sea una votación nominal.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muy bien, señor Diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba el proyecto de Decreto que acaba de dar usted lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recabar la votación nominal de las y los legisladores, comenzando, por favor, del lado derecho, solicitando se pongan de pie y expresen el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor Presidente, le informo, 29 votos en contra, 2 en pro y 1 abstención.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: No se aprueba el proyecto de convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Comuníquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta resolución que, por segunda ocasión emite el Pleno de la Comisión Permanente en la que reitera su determinación de no convocar a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia, con propuesta de adecuaciones, a partir de las reformas constitucionales en materia de competencia y telecomunicaciones.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2012 al 31 de mayo de 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase este informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase la documentación a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió del Congreso del estado de Colima, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 108 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibieron dos comunicaciones de la Senadora Marcela Guerra con las que se remite el informe de la delegación de la Cámara de Senadores que participó en el taller parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: promoción de una inscripción universal de los nacimientos en América Latina y El Caribe. Reunión regional en el Congreso de la República del Perú organizada por la Unión Interparlamentaria y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, realizado en Lima, Perú, los días 7 y 8 de junio de 2013.

Y el informe de la delegación mexicana del Congreso de la Unión que participó en el Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias "Mujeres en el Poder: cambios recientes en la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los día 15 a 17 de mayo de 2013.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y del Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para regular las sociedades de información crediticia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

(Presentada por el C. Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y del C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

A nombre propio y del Diputado Abel Salgado Peña, se somete a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley de Sociedades de Información Crediticia.

Una iniciativa amable, que atiende como respuesta a las víctimas, digamos, de la voracidad de muchos otorgadores de crédito que no consideran en muchas ocasiones los dichos de quiénes se encuentran en sus manos, teniendo que someterse al juicio que establece el buró de crédito y las sociedades de información.

Reconocemos una ley, como la que proponemos reformar, es necesaria para el sistema económico mexicano, pero su propósito es generar certeza y mayor credibilidad en el sistema operado con créditos.

Sin embargo, en los tiempos que corren, proponemos su actualización, modificar los plazos y tiempos, porque nos parece que los actuales no contribuyen a la reactivación de la economía, toda vez que se imponen hasta seis años en el Buró de Crédito, en cuyo tiempo subsiste el castigo y la desconfianza de los otorgantes de crédito, en la imposición de estos seis años para acceder a un nuevo crédito.

Por ello, consideramos necesario actualizar el marco jurídico que rige las actividades de las sociedades de información.

Una realidad que debemos de reconocer en este aspecto, es el riesgo que se tienen en el empleo, la recurrencia que cada vez con mayor frecuencia tiene un gran segmento de trabajadores que es la posible pérdida del empleo.

Cuando ello sucede, el afectado se queda sin protección. Por ello creemos importante incorporar como un derecho, la figura de suspensión de actividades, esta suspensión operaría en el caso de que el cliente pierda su fuente de empleo o de ingresos.

Como en todo, habría que ponerle límite a esta propuesta, no podrá prorrogarse más de seis meses, en virtud de la consideración que podría ser un banco, al ejercer un seguro de desempleo que toma como máximo dicho tiempo.

Por otra parte, planteamos la antigüedad en las que las sociedades de información puedan inscribir créditos hasta por 6 meses y no por 24.

Creemos que 24 meses es un tiempo por demás dilatorio para que el cliente vuelva a recuperar su credibilidad y confianza ante los otorgantes del crédito.

Por otra parte, proponemos modificar el tiempo para el cual, las sociedades de información están obligadas a conservar los historiales crediticios, de 72 a 24 meses y en ese mismo tiempo es el que facultamos a dichas sociedades, a eliminar el historial crediticio del cliente, cuando se haya cumplido la obligación y cuando se haya incorporado por primera vez dicho registro.

Un aspecto a considerar es que, esta iniciativa agrega la improcedencia en la actualización de compromisos en perjuicio para el cliente. Este perjuicio aplica en cualquier caso, sobre todo para la compraventa de cartera vencida, que en este caso de la cartera vencida hay nuevos propietarios que quisieran o impondrán nuevos requisitos para el pago del crédito.

Un aspecto a considerar es que esta iniciativa agrega la improcedencia en la actualización de compromisos en perjuicio para el cliente, un reporte de crédito especial cada 6 meses y no cada 12 meses como actualmente lo contempla la ley.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para incorporar esta figura, de la que hemos hablado, que es la de suspensión de actividades.

Es cuanto, señor Presidente, le solicito que esta intervención quede registrada en el Diario de los Debates. Gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, Diputados José Luís Flores Méndez y Abel Octavio Salgado Peña, Diputado Federal a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, Apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En muchas ocasiones de manera, muchos de nosotros hemos sido sujetos de la voracidad de los otorgadores de crédito, sin tomar en cuenta nuestros dichos y teniendo que someternos al juicio que establece el Buró de Crédito y las Sociedades de información.

Una Ley, como la que proponemos reformar, es necesaria para el sistema económico mexicano, pero creemos que los tiempos que prescriben, así como las hipótesis de derecho, deben actualizarse.

Es por esta razón que en esta iniciativa, encontraremos propuestas para modificar plazos y tiempos, porque nos parece los actuales no contribuyen a la reactivación de la economía, toda vez que se imponen hasta 6 años de registro en Buró de Crédito, en cuyo ejemplo guarda el castigo y la desconfianza de los otorgantes de crédito, sin que medie causa alguna, justa o injusta, en la imposición de esos 6 años, al que no podrá acceder a crédito alguno.

Creemos importante actualizar el marco jurídico de rige las actividades informativas de las Sociedades de información, en beneficio de los adquirientes de algún crédito, imponiendo candados a la generación de derechos para evitar el abuso.

Así las cosas, y en virtud de los inconstantes vaivenes de la economía al que se sujeta el cliente, ya sea persona física o moral como cliente, creemos importante incorporar como un derecho, la figura de la suspensión de actividades, la cual operaría en el caso en el que el cliente pierda su fuente de empleo o ingresos y en tanto vuelva a obtener alguna, para seguir haciendo frente a sus compromisos económicos.

En derecho fiscal, esta figura es operada por el contribuyente, para suspender temporalmente sus obligaciones fiscales, producto de sus actividades económicas productivas que le generen riqueza y con ello, la obligación de tributar al fisco con la parte proporcional al producto de sus ingresos, y por tanto, si el contribuyente puede solicitar a la autoridad fiscal la suspensión de actividades, creemos que también puede ejercer ese derecho, cuando la economía no le favorezca y con el objeto de que su buen nombre y reputación, no sea tirada por la borda por un imprevisto ajeno a él.

Es menester precisar que como en todo, hay que ponerle un límite al ejercicio de este derecho, el cual no podrá prorrogarse por más de 6 meses, en virtud a la consideración que podría hacer un banco, al ejercer un seguro de desempleo que toma como máximo dicho tiempo.

Por otra parte, hemos actualizado la antigüedad en la que las sociedades de información puedan inscribir créditos hasta por seis meses y no por veinticuatro, y para tal efecto, estaríamos en consideración del criterio señalado en el párrafo anterior.

Creemos que veinticuatro meses es un tiempo por demás dilatorio, para que el cliente vuelva a recupera su credibilidad y confianza ante los otorgantes de crédito.

Además, prevemos que las sociedades de información deban establecer en sus manuales y formatos, el establecimiento del estado de suspensión de información.

Por otra parte, modificamos el tiempo por el cual, las Sociedades de información están obligadas a conservar los historiales crediticios, de 72 meses a 24 meses y este mismo tiempo es el que facultamos a dichas Sociedades, a eliminar el historial crediticio del cliente, cuando se haya cumplido la obligación y cuando se haya incorporado por primera vez dicho registro.

Un aspecto a considerar es que, esta iniciativa agrega la improcedencia en la actualización de compromisos en perjuicio para el cliente. Este precepto aplica en cualquier caso, sobre todo para la compra venta de cartera vencida, cuyo nuevo propietario quiera imponer nuevos requisitos para el pago del crédito.

Además y en concordancia con las políticas antidiscriminatorias del Gobierno Federal, proponemos imponer la improcedencia en la negación del otorgamiento de algún crédito, basado en cualquier forma de discriminación.

Reducimos el tiempo para que el cliente pueda solicitar un Reporte de Crédito Especial, cada 6 meses, y no cada 12 como actualmente lo contempla la Ley.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 20 primer párrafo, se agrega un último párrafo al artículo 21, se reforma el artículo 23 primero, segundo, y tercer párrafo y se agrega un décimo sexto y un décimo séptimo párrafo, se agrega un décimo tercer párrafo al artículo 27 bis, se agrega una fracción cuarta y se recorren las subsecuentes del artículo 36 bis, se agrega un último párrafo del artículo 39y se reforma el primer párrafo del artículo 41, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 6 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.

... .

Artículo 21. ...

Dichas claves de prevención deberán prever, el estado de suspensión de información o de actividades, al que puede sujetarse el cliente.

Artículo 23. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de veinticuatro meses.

Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de veinticuatro meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de veinticuatro meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.

Se implementa el estado de suspensión de actividades del cliente, sin perjuicio para este, ni para el usuario, en el que se suspenderá la información generada por el usuario en poder de las Sociedades y será procedente cuando por causas ajenas a su voluntad, el cliente no posea un trabajo remunerado para hacer frente a los compromisos adquiridos.

El estado de suspensión de actividades podrá decretarlo la Condusef, escuchando las razones que le haga el cliente, sin perjuicio para su historial crediticio y sin que éste pueda extenderse más allá de seis meses.

Artículo 27 Bis.

En ningún caso procede la actualización de compromisos en perjuicio para el cliente.

Artículo 36 Bis.

I.…

II. …

III. …

IV. Suspensión de información o suspensión de actividades del cliente;

V. a VII. …

Artículo 39.

No procederá la negación en el otorgamiento de algún crédito o servicio preponderantemente, con motivo de creencias religiosas o políticas o cualquier otra forma de discriminación, basado en el género, estudios socioeconómicos o cualquier otro análogo.

Artículo 41. Los Clientes tendrán derecho a solicitar a las Sociedades el envío gratuito de su Reporte de Crédito Especial cada vez que transcurran seis meses. Lo anterior, siempre que soliciten que el envío respectivo se lleve a cabo por correo electrónico o que acudan a recogerlo a la unidad especializada de la Sociedad.

Artículo Transitorio.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto,

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Dip. Abel Octavio Salgado Peña.- Dip. José Luis Flores Méndez”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez Garza: Gracias, Diputado Flores Méndez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Informo a esta Asamblea que se encuentran presentes en este salón de sesiones, el Presidente Municipal de Tequixquiapan, Querétaro, Antonio Macías y su cabildo, invitados por parte del grupo parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Unica para la República Mexicana.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICA PARA LA REPUBLICA MEXICANA

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros legisladoras, a partir de 2008 México tomó la decisión trascendente en adaptación de un nuevo sistema de justicia penal, un sistema de corte acusatorio y oral, que ha planteado un rediseño integral a nuestro sistema de justicia.

A partir de entonces, la discusión legislativa en torno a este sistema, fundamentalmente se ha centrado en los aspectos procedimentales desde la investigación inicial hasta la del juicio oral, pasando por los medios de impugnación. Sin embargo, retomando la génesis, el origen de esta reforma tan importante, no debemos olvidar que el último eslabón del sistema acusatorio, justamente es el de la ejecución de sanciones penales y el de la de reinserción social.

No puede hablarse de un sistema acusatorio sin una reforma integral al sistema de ejecución de sanciones y al sistema penitenciario a través de la nueva concepción de la reinserción social, que claramente quedó establecido en nuestra Constitución.

La reforma constitucional a nuestro sistema de justicia penal, tuvo por objeto democratizar la etapa de la ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados, siendo importante tener presente, que el individuo privado de la libertad no deja sus derechos fundamentales en la entrada del establecimiento carcelario, sino que al contrario, por ser inherentes a la persona humana, éstos se encuentran presentes en todo momento, lo que le exige al Estado brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.

La reforma constitucional reconoció en sus partes considerativas un hecho que no podemos evadir. Las prisiones en México no habían sido consideradas un rubro sustantivo o relevante en las agendas legislativas, en las políticas de asignación de recursos ni en la política criminal en general.

La reforma reconoció también que las prisiones son vistas como un gasto que siempre sería deseable poder economizar y que dicha posición ha provocado que las prisiones se convierten en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos.

Reconoció también la reforma que la situación de los internos presenta en gran cantidad de casos, un escenario de inseguridad jurídica, además de existir problemas históricos en la conformación y revisión de los expedientes, limitando el acceso real a los beneficios de la preliberación, lo que provoca frecuentemente corrupción y abuso de autoridad.

Reconoció también que las prisiones han funcionado como espacios totalitarios y excluyentes, lo que permitía presuponer que los sentenciados no lograban, durante su estancia, una verdadera readaptación social, por lo que en su lugar, se tránsito hacia un nuevo objetivo, consistente en procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir.

Se produjo una división de funciones, otorgándole a cada ámbito de poder lo que le corresponde en materia de ejecución de sanciones, esto es: al Poder Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial lo relativo al régimen de modificación y duración de las penas, incluida la vigilancia de la legalidad en la ejecución de las mismas.

Ahora bien, partiendo de que la ejecución de las penas constituye la materialización del ejercicio de una potestad estatal, que debe ser ejercida bajo ciertas condiciones y garantías legales de naturaleza sustantiva, procesal y ejecutiva, un componente fundamental de la reforma ha sido la creación de la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, el cual ha surgido como una necesidad de mantener un control de la legalidad dentro del ámbito de acción de la Administración Penitenciaria.

Así, se ha pretendido romper con la arraigada práctica en donde si bien la autoridad judicial era la encargada de dictar sentencias, a fin de cuentas la autoridad administrativa era la encargada de resolver sobre su modificación, lo cual generaba la posibilidad de manejar el otorgamiento de beneficios como un instrumento de negociación con los sentenciados, ocasionando en algunos casos corrupción, impunidad y una evidente invasión de las facultades de la autoridad jurisdiccional, en la medida que las autoridades administrativas modifican sustancialmente la duración de las penas.

Cabe señalar que la génesis que ha animado la citada reforma constitucional, ha sido congruente con el movimiento garantista, que en varias latitudes han tenido a bien considerar al detenido como una persona sujeta de derechos pese a su situación de privación de libertad.

El Constituyente Permanente estableció que la entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio sería máximo en ocho años, en tanto que la entrada en vigor del sistema de ejecución de sanciones penales sería en un plazo máximo de tres años, y esto ocasionó diversas modalidades normativas en los estados del país.

Primero. Que las entidades federativas que ya cuentan con sistema acusatorio deban de contar ya con una legislación de ejecución apegada a los principios de dicho sistema como tal.

Segundo. Que las entidades federativas que aún no cuentan con sistema acusatorio en vigor, puedan contar con una normatividad de ejecución alineada integralmente a las bases y principios del sistema acusatorio.

Tercero. Que las entidades federativas que aún no cuentan con sistema acusatorio en vigor, cuenten con una normatividad que si bien no se ajuste totalmente a las bases y principios del sistema acusatorio como tal, por lo menos regulen las bases establecidas en el párrafo segundo del artículo 18 y tercero del artículo 21 constitucional.

Al día de hoy, si bien todas las entidades federativas a excepción de un estado han reformado sus leyes de ejecución de sanciones penales incorporando la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, lo cierto es que se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción de una ley de ejecución de sanciones penales única aplicable a todas las entidades federativas.

Por tal razón, el pasado periodo de sesiones ordinarias fue aprobado por el Senado de la República, una reforma al artículo 73 constitucional, que permite el establecimiento de un mecanismo constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir entre otros, una ley de ejecución de sanciones penales única, aplicable a todo el territorio nacional, reforzando la idea de la seguridad jurídica, de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.

Al adoptarse un sistema de sanciones penales único se facilitará el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional, ya que a través de ello se podrán unificar criterios en torno a su aspecto de ejecución, tales como facultades de los jueces de ejecución, procedimientos uniformes para la ejecución de sanciones penales, modelos de inserción, entre otros.

En tal virtud, esta iniciativa pretende crear una Ley de Sanciones Penales, tiene como objetivo establecer el debido ámbito de competencia de la ley al plantearse como una legislación única en materia de ejecución de sanciones penales aplicable para toda la República derivada de las sanciones aplicables por delito del fuero común como del fuero federal.

También tiene como aspecto fundamental, entre otros muchos, regular en concreto el procedimiento de ejecución de cada una de las posibles sanciones penales, tales como la pena privativa de libertad, la multa, la reparación del daño, la amonestación, la suspensión del ejercicio de servicio público y de profesiones.

Se regulan, además, de manera detallada los distintos ejes sobre los que se desarrollará el sistema de reinserción social del sentenciado pasando por la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos.

Hablando del nuevo paradigma del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social, constituye un tema que debe ser tratado desde una óptica integral, sobre la base de los principios que enarbolan el sistema penal acusatorio, motivo por el cual el presente proyecto legislativo, pretende constituirse como un primer intento en la búsqueda de un modelo jurídico adecuado en materia de ejecución de sanciones penales.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"Las que suscriben, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Adriana DAvila Fernández, Senadoras de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICA PARA LA REPUBLICA MEXICANA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS1

Como se ha venido señalando, la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 constituye un parte aguas en la evolución de nuestro sistema de justicia penal, al pasar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, planteado un rediseño integral de nuestro sistema de justicia.

En ese sentido, podemos observar que en la actualidad, la mayor atención así como las discusiones y los análisis en torno al sistema acusatorio, se han centrado en etapas procedimentales muy específicas, particularmente las que abarcan desde la investigación inicial hasta la de juicio oral, pasando por los medios de impugnación, no obstante, retomando la génesis de la propia reforma constitucional, no debemos de olvidar que el último eslabón del engranaje que enmarca el sistema acusatorio, lo es precisamente el sistema de ejecución de sanciones penales y de reinserción social.

En efecto, no se puede concebir la reforma de 2008, sin una reforma integral al sistema de ejecución de sanciones y al sistema penitenciario a través de la nueva concepción de la reinserción social.

La reforma constitucional en comento, tuvo por objeto democratizar la etapa de la ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados, siendo importante tener presente, que el individuo privado de la libertad no deja sus Derechos Fundamentales en la entrada del establecimiento carcelario, sino que al contrario, por ser inherentes a la persona humana, éstos se encuentran presentes en todo momento, lo que le exige al Estado brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.

Bajo esa óptica, la reforma constitucional del 2008, reconoció en su exposición de motivos y partes considerativas que las prisiones en México no habían sido consideradas un rubro sustantivo o relevante en las agendas legislativas, en las políticas de asignación de recursos ni en la política criminal en general.

Reconoció también que las prisiones son vistas como un gasto que siempre sería deseable poder economizar y que dicha posición ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos.

Que la situación de los internos presenta en gran cantidad de casos, un escenario de inseguridad jurídica, además de existir problemas históricos en la conformación y revisión de los expedientes, limitando el acceso real a los beneficios de la preliberación, lo que provoca frecuentemente corrupción y abuso de autoridad.

Además, se reconoció que las prisiones han funcionado como espacios totalitarios y excluyentes, lo que permitía presuponer que los sentenciados, no lograban durante su estancia unaverdadera readaptación social, por lo que en su lugar, se tránsito hacia un nuevo objetivo, consistente en procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir.

De igual forma, se produjo una división de funciones, otorgándole a cada ámbito de poder lo que le corresponde en materia de ejecución de sanciones, esto es: al Poder Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial lo relativo al régimen de modificación y duración de las penas, incluido la vigilancia de la legalidad en la ejecución de las mismas.

Ahora bien, partiendo de que la ejecución de la penas constituye la materialización del ejercicio de una potestad estatal, que debe ser ejercida bajo ciertas condiciones y garantías legales de naturaleza sustantiva, procesal y ejecutiva, un componente fundamental de la reforma ha sido la creación de la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, el cual ha surgido como una necesidad de mantener un control de legalidad dentro del ámbito de acción de la Administración Penitenciaria.

De esta forma, se ha pretendido romper con la arraigada práctica en donde si bien la autoridad judicial era la encargada de dictar sentencias, a fin de cuentas la autoridad administrativa era la encargada de resolver sobre su modificación, lo cual generaba la posibilidad de manejar el otorgamiento de beneficioscomo un instrumento de negociación con los sentenciados, ocasionando en algunos casos corrupción, impunidad y una evidente invasión de las facultades de la autoridad jurisdiccional, en lamedida que las autoridades administrativas modificansustancialmente la duración de las penas.

Ante el objetivo de poder materializar la reorganización total del sistema penitenciario bajo un sistema de pesos y contrapesos que garantizara el adecuado respeto a los derechos inherentes de las personas sujetas a reclusión, se hizo necesario otorgarle una serie de potestades al Juez de Ejecución de Sanciones, a quien le corresponderá observar que se cumpla con la legalidad de la ejecución de la sentencia dictada por el juez competente, resolviendo además sobre el régimen de duración y modificación de las penas.

De esta manera, ha nacido lo que podemos llamar como la judicialización de la ejecución de las sanciones penales, cuya característica fundamental la constituye la tutela a los derechos subjetivos pertenecientes a un individuo sujeto a una sanción penal.

Cabe señalar que la génesis que ha animado la citada reforma constitucional, ha sido congruente con el movimiento garantista, que en varias latitudes han tenido a bien considerar al detenido como una persona sujeta de derechos pese a su situación de privación de libertad y no sólo como un objeto de derecho, filosofía que ha sido acogida e incorporada a los principios orientadores del proceso penal acusatorio que plantea la ya referida reforma constitucional del 2008.

El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional, precisó que el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de su publicación, plazo que fenece el próximo 18 de junio del año en curso.

Derivado de este dispositivo constitucional, diversas Entidades Federativas, particularmente las que ya tienen implementado el sistema acusatorio, ya cuentan con dicha normatividad ajustada a los parámetros constitucionales, sin embargo, para las Entidades Federativas que aun no cuentan con dicha reforma, pueden surgir diversas modalidades normativas en función de su grado de avance en la implementación del sistema de justicia penal, en virtud de que el poder reformador de la constitución diferenció la entrada en vigor del sistema acusatorio así como la entrada en vigor del sistema de ejecución de sanciones penales y de reinserción social.

En efecto, al establecer el constituyente permanente que la entrada en vigor del sistema de justicia acusatorio sería máximo en ocho años, en tanto que la entrada en vigor del sistema de ejecución de sanciones penales sería en un plazo máximo de tres años, ocasionó diversas modalidades normativas que al efecto se pueden presentar:

Primero. Que las Entidades Federativas que ya cuentan con sistema acusatorio deban de contar ya con una legislación de ejecución apegada a los principios de dicho sistema como tal, en virtud de que la declaratoria correspondiente que han emitido, los obliga a contar integralmente con el sistema acusatorio en la fase de ejecución.

Segundo. Que las Entidades Federativas que aún no cuentan con sistema acusatorio en vigor, puedan contar con una normatividad de ejecución alineada integralmente a las bases y principios del sistema acusatorio, aunque aún no cuenten con la declaratoria correspondiente de inicio del sistema.

Tercero. Que las Entidades Federativas que aún no cuentan con sistema acusatorio en vigor, cuenten con una normatividad que si bien no se ajuste totalmente a las bases y principios del sistema acusatorio como tal, por lo menos regulen las bases establecidas en el párrafo segundo del artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 constitucional.

Lo anterior evidentemente ha ocasionado problemas mayúsculos en la construcción de una adecuada política normativa en materia de ejecución de sanciones penales reconociendo que el propio Constituyente al momento de aprobar la referida reforma constitucional estableció tanto para la Federación como para las Entidades Federativas un plazo máximo de ocho años para concretar las acciones necesarias para la adopción del modelo acusatorio, en tanto que para la implementación del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social estableció un plazo de tres años.

Al día de hoy, si bien todas las entidades federativas a excepción de un estado ha reformado sus leyes de ejecución de sanciones penales incorporando la figura del juez de ejecución de sanciones penales, lo cierto es que - sin dejar de reconocer los importantes esfuerzos que algunas entidades federativas han realizado para la creación de su correspondiente legislación -, se hace conveniente y necesario en el ámbito normativo la concreción de una ley de ejecución de sanciones penales única aplicable a todas las entidades federativas y a la federación, con la finalidad de lograr un sistema jurídico uniforme sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social.

En efecto, la existencia de una legislación única en materia de ejecución de sanciones evitaría la presencia de treinta y tres legislaciones en la materia que puedan dar lugar a criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación y regulación de las diversas figuras jurídicas propias del nuevo sistema de ejecución de sanciones penales.

A manera de ejemplo, cabe señalar que una figura respecto de la cual han existido diversos criterios en cuanto a su competencia en las diversas legislaciones de ejecución de sanciones, lo es la figura del juez de ejecución de sanciones penales, concretamente en lo relativo a su ámbito de competencia y el papel que jugará dentro del procedimiento de ejecución de sanciones.

Al igual que esta, existen otras disposiciones procesales que presentan divergencias en cuanto a la interpretación de su contenido y alcance en los diversos cuerpos normativos vigentes, que en muchos de los casos son generadas por cuestiones de naturaleza dogmática penal o, en general, por cuestiones conceptuales.

Tales divergencias y la dispersión normativa han ocasionado dificultades en la unificación y sistematización de criterios y bases respecto de aspectos fundamentales del sistema de ejecución de sanciones, lo que dificulta la definición de un modelo acusatorio uniforme para todo el país.

Por tal razón, el pasado periodo de sesiones ordinarias fue aprobado por el Senado de la República, una reforma al artículo 73 constitucional, que permite el establecimiento de un mecanismo constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir entre otros, una ley de ejecución de sanciones penales única, aplicable a todo el territorio nacional, reforzando la idea de la seguridad jurídica, de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.

Dicha reforma se encuentra actualmente en proceso legislativo para su aprobación por parte de la Cámara de Diputados y de la mayoría de las Legislaturas Locales, y se espera que el próximo periodo ordinario de sesiones la misma sea una realidad, motivo por el cual se propone la presentación de la presente iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única para toda la República Mexicana a efecto de ir avanzado en el análisis y confección de la ley en materia de ejecución que habrá de regir en todo el país.

Al adoptarse un sistema de ejecución de sanciones penales único se facilitaría el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional, ya que a través de ello se podrían unificar criterios en torno a su aspecto de ejecución, tales como facultades de los jueces de ejecución, procedimientos uniformes para la ejecución de las sanciones penales, modelos de reinserción, entre otros.

Adicionalmente, se podrían generar criterios jurisprudenciales más uniformes al tener que analizar una misma normatividad en materia de ejecución de sanciones penales en todo el territorio nacional, con independencia del correspondiente ámbito de competencia, así como se contarían con elementos más homogéneos para la planeación del correspondiente rediseño institucional que requiere la reforma.

A la par de ello, esta reforma otorgaría una mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir a nivel legal reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito de la ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, puede generar la actualización de la norma penal de ejecución en todo el territorio nacional, con independencia en donde se encuentre el sentenciado.

En tal virtud de es que se presenta a esta Soberanía el proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única para la República Mexicana, la cual retoma diversa normatividad vigente en las Entidades Federativas en materia de ejecución de sanciones y reinserción social, así como en lo conducente, la iniciativa presidencial presentada en su momento con relación al Sistema Penitenciario Federal y de Ejecución de Sanciones Penales.

En tal virtud, en términos generales la presente iniciativa pretende:

• Establecer el debido ámbito de competencia de la ley al plantearse como una legislación única en materia de ejecución de sanciones penales aplicable para toda la República derivada de las sanciones aplicables por delitos del fuero común como del fuero federal, conservándose la facultad de las legislaturas locales y de la federación de expedir en complemento las legislaciones orgánicas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta ley.

• Regular las bases constitucionales sobre las que descansará el nuevo sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social de los sentenciados, sobre la base del debido proceso, la judicialización del procedimiento de ejecución y las acciones necesarias tendientes a lograr la reinserción social del sentenciado y procurar que éste no vuelva de delinquir.

• Regular los principios que deben de observarse dentro de un sistema acusatorio, de aplicación concreta en la fase de ejecución de sanciones penales, mismos que deberán tener un efecto transversal en toda la ley, al establecer como fuente de interpretación directa de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en el cuerpo normativo de mérito.

• Establecer los sujetos que intervienen en el proceso de ejecución de sanciones penales, los derechos inherentes al sentenciado, el papel de la autoridad administrativa penitenciaria y su facultades, la intervención del Ministerio Público, el defensor, así como de la víctima u ofendido.

• En cuanto a los derechos del sentenciado se establece expresamente la posibilidad de que el interno tenga la opción de reclamar aquellas medidas que le afectan a sus más elementales derechos, por lo que se ha previsto una facultad expresa del juez de ejecución, consistente en resolver las peticiones o quejas que los internos le formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos fundamentales.

• Otro aspecto importante lo es la garantía que tiene el sentenciado para hacer uso de su derecho de defensa dentro del propio procedimiento de ejecución, pues debe entenderse que el judicializar el proceso de ejecución no consiste únicamente en generar mecanismos procesales para el control de la pena sino también permitir que el condenado pueda defenderse adecuadamente de la ejecución misma. Por ello se establece la posibilidad del condenado de continuar contando con asistencia técnico-jurídica, de modo que pueda hacer valer sus derechos y el conjunto de garantías que limitan la actividad penitenciaria;

• Regular la figura del juez de ejecución de sanciones penales, sus atribuciones y competencia, la intervención que tendrá este dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales, los principios que deberá de observar en su actuación, así como su participación en el proceso de reinserción del sentenciado.

• Regular concretamente las distintas etapas del procedimiento de ejecución de sanciones penales y de medidas de seguridad, sobre la base del debido proceso y el respeto a los derechos humanos, siendo aplicable en lo conducente los principios que sustentan el sistema acusatorio. Partiendo en todo momento de considerar al sentenciado como una persona sujeta de derechos y obligaciones durante la ejecución de la sanción, y no como un objeto de derecho.

• Dentro del procedimiento que nos ocupa se salvaguarda el principio de contradicción entre las partes ante el Juez de Ejecución, quien a su vez ha de resolver en audiencia pública lo que proceda conforme a la observancia de los principios, derechos y garantías, previstos en la Constitución, así como en la presente ley.

• Regular los sustitutivos penales y los beneficios preliberacionales, su naturaleza, características y consecuencia legales, así como los requisitos de procedibilidad para que el sentenciado pueda acceder. A fin de terminar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa en el otorgamiento de los beneficios preliberaciones, se deja tal responsabilidad al Juez de Ejecución;

• Regular en concreto el procedimiento de ejecución de cada de una de las posibles sanciones penales, tales como lapena privativa de la libertad, la multa, la reparación del daño, la amonestación, la suspensión del ejercicio de servicio público y de profesiones, la disolución de personas morales, suspensión de derechos, entre otras.

• Se regulan los casos y consecuencia de la extinción de las penas, así como el procedimiento de aplicación de medidas de seguridad.

• Se establecen los tipos de recursos que resultan aplicables dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad.

• Se regula de manera detallada los distintos ejes sobre los que se desarrollará el sistema de reinserción social del sentenciado pasando por la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos, como componentes clave de la reinserción social del sentenciado, así como la responsabilidad de las autoridades penitenciarias para dar cumplimiento a este imperativo constitucional, entre otras propuestas.

Hablar del nuevo paradigma del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social constituye un tema que debe ser tratado desde una óptica integral, sobre la base de los principios de enarbolan el sistema penal acusatorio, motivo por el cual el presente proyecto legislativo, pretende constituirse como un primer intento en la búsqueda de un modelo jurídico adecuado en materia de ejecución de sanciones penales, al retomar aspectos de diversas legislaciones vigentes así como de proyectos que se encuentran actualmente en el Congreso de la Unión, con el objeto de ayudar en la compleja tarea de poder confeccionar un modelo normativo ajustado a los requerimientos constitucionales establecidos por la referida reforma constitucional de 2008.

En suma, la presente iniciativa tiene como finalidad propiciar mayores herramientas que permitan consolidar la reforma constitucional al sistema de ejecución de sanciones penales, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, dado que como se ha señalado, el federalismo también implica la instrumentación eficaz del sistema, por lo que la legislación única que se plantea, contribuye de manera directa en hacer eficiente la responsabilidad otorgada a las entidades federativas y a la federación respecto de la implementación del sistema de ejecución de sanciones penales.

Por lo expuesto, es que se presenta ante esta H.Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICA PARA LA REPUBLICA MEXICANA.

Artículo Unico. Se expide la Ley de Ejecución de Sanciones Penales única para la República Mexicana, para quedar como sigue:

LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES UNICA PARA LA REPUBLICA MEXICANA

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO

Ámbito de validez y objeto

Artículo 1.

Ambito de aplicación

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en las entidades federativas, respecto de la ejecución de sanciones por delitos que sean de la competencia de los tribunales comunes y en toda la República, respecto de la ejecución de sanciones por delitos de la competencia los tribunales federales, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en esta Ley.

Artículo 2.

Objeto de la Ley

La presente ley tendrá por objeto establecer las normas que habrán de observarse en la ejecución de las sanciones penales, como consecuencia de la comisión de un delito, ya sea del fuero común o del fuero federal.

Artículo 3.

Glosario

Para los efectos de esta ley, según corresponda, se entenderá por:

I. Autoridad administrativa penitenciaria: La autoridad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas o de la Federación, encargada de administrar el sistema penitenciario, en sus respectivos ámbitos de competencia;

II. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanoso a la Constitución Política de las Entidades Federativas;

III. Defensor Público: al Defensor Público Federal o Defensor Público o de Oficio de las Entidades Federativas;

IV. Entidades Federativas: a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Juez de ejecución: al juez o jueces ejecución de sanciones penales federales o del fuero común;

VI. Ley Orgánica: a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad Federativa;

VII. Ley: Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única para la República Mexicana;

VIII. Ley Penal: al Código Penal Federal,Códigos Penales de las Entidades Federativas o Leyes penales aplicables;

IX. Ministerio Público: al Ministerio Público Federal o al Ministerio Público de las Entidades Federativas;

X. Poder Ejecutivo: al Poder Ejecutivo Federal o al Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas;

XI. Poder Judicial: al Poder Judicial de la Federación o al Poder Judicial de las Entidades Federativas;

XII. Programa de Reinserción: al conjunto de estrategias y acciones diseñadas con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos como medios para procurar la reinserción de sentenciados y preliberados a la sociedad, así como para evitar que no vuelvan a delinquir;

XIII. Sistema Penitenciario: al conjunto de principios, normas e instrumentos vinculados con la vigilancia de la ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad que importan privación de la libertad individual, así como del seguimiento, control y vigilancia de los preliberados, integrado por órganos y autoridades encargadas de la reinserción tanto en el ámbito federal o como el de las Entidades Federativas;

XIV. Tratados Internacionales: Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México, y

XV. Tribunal: al órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común.

TITULO II

PRINCIPIOS Y DERECHOS

CAPITULO I

Principios que rigen la ejecución de sanciones penales

Artículo 3.

Principios generales

El desarrollo del procedimiento de ejecución de sanciones penales y la actuación de los sujetos que intervienen en él, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, se regirán por los principios y garantías procesales establecidas en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en esta Ley.

Artículo 4.

Principio de observancia de los derechos humanos

Durante el procedimiento de ejecución de sanciones penales, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Artículo 5.

Legalidad

El juez de ejecución y la autoridad administrativa penitenciaria, en el ámbito de la ejecución de la sanción penal, deberán de fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los Tratados Internacionales, en esta Ley y en los reglamentos emitidos conforme a esta.

  Artículo 6. Debido proceso  

La ejecución de las sanciones penales se realizará de conformidad con la sentencia dictada por la autoridad judicial, la cual deberá de ajustarse a lo previsto por la Constitución, en los Tratados Internacionales y en esta Ley, para permitir a la persona o personas sujeta a una sanción penal, pueda ejercer debidamente sus derechos ante las instancias que corresponda.

Artículo 7. Igualdad   La ejecución de las sanciones penales deberá respetar los derechos no afectados por la sentencia, sin diferencias de trato por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.   Artículo 8. Dignidad   Toda persona sometida a una sanción penal será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes están prohibidas y constituyen violaciones graves de los derechos humanos.   Artículo 9. Ejercicio de derechos   Toda persona que se encuentre cumpliendo cualquier sanción penal tendrá la potestad de ejercer todos los derechos civiles, económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de cuya titularidad no haya sido privada salvo que fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia. Además, gozará de las garantías que se derivan de su permanencia en los centros de ejecución de la pena de prisión.   Artículo 10. Celeridad y oportunidad   El procedimiento ante el Juez de Ejecución de sanciones penales se hará de manera expedita y sin dilaciones a partir de que se reciba la sentencia ejecutoriada.   Artículo 11. Contradicción Durante el procedimiento de ejecución, el sentenciado tendrá derecho a conocer y controvertir las peticiones o planteamientos que por su naturaleza o trascendencia afecten sus derechos, así como intervenir en la formación, producción o incorporación de pruebas en cualquier incidencia.   Artículo 12. Jurisdiccionalidad Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas se ventilarán en audiencia incidental ante el Juez de Ejecución quien emitirá la resolución correspondiente.   Artículo 13. Especialidad Los Jueces de Ejecución deberán tener como única materia de conocimiento el cumplimiento, modificación y duración de las sanciones penales.   Artículo 14. Inmediación Las audiencias y actos procesales que se desarrollen en el procedimiento de ejecución deberán realizarse en presencia directa del Juez de Ejecución, con la intervención de las partes, sin que aquel pueda delegar en alguna otra persona esa función.   Cuando de acuerdo a las circunstancias del caso, se garantice debidamente la identidad de los deponentes, testigos o sujetos que intervienen en el proceso en los casos de reserva previstos en la Constitución, la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produjeren con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos dentro del procedimiento de ejecución.   Artículo 15. Confidencialidad   El expediente personal del sentenciado tendrá trato confidencial y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, el interno y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso.   Artículo 16. Transparencia En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente del sentenciado, se permitirá el acceso a la información y a las condiciones de vida en reclusión en los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables.   Artículo 17. Gobernabilidad y seguridad institucional

La autoridad administrativa penitenciaria podrá establecer medidas necesarias para garantizar la gobernabilidad y la seguridad institucional de los centros de reclusión así como la seguridad de los propios internos y del personal que labora en dichos centros, de los visitantes, de las víctimas y de las personas que viven próximos a los centros de reclusión, pero en todo caso, dichas medidas se tomarán observando los derechos estipulados por la Constitución y los Tratados Internacionales, siguiendo siempre los preceptos de dignidad, respeto y trato humanos.

Artículo 18. Vigilancia y coordinación interinstitucional

Los poderes judicial y ejecutivo competentes, vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento y aplicación de esta ley, así como la organización y funcionamiento de las instituciones que intervienen en la ejecución de las sanciones, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 19. Control judicial

La ejecución de las sanciones penales en todas sus modalidades, estará sometida a la vigilancia y control judicial y se desarrollará con las garantías y sujeción a lo establecido en la Constitución, los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento.

CAPITULO II.

Derechosy obligaciones de las personas sentenciadas

Artículo 20.

Derechos de las personas sentenciadas

Las personas sentenciadas, durante la ejecución de las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales, siempre y cuando estos no hubieren sido afectados por la sentencia o fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia. Además gozarán de manera enunciativa y no limitativa de los derechos siguientes:

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

II. Tener acceso a los servicios de salud;

III. Recibir alimentación conveniente para el mantenimiento de su salud;

IV. Permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, custodia e intervención;

V. Ser informado de las condiciones de internamiento, su situación jurídica respecto del régimen de ejecución de la sanción correspondiente;

VI. Realizar actividades productivas remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país en los términos de la normatividad aplicable;

VII. Recibir visita íntima con su cónyuge o concubina así como a recibir visita familiar en las modalidades que al efecto establezca el reglamento correspondiente;

VIII. Recibir a su ingreso información sobre el régimen de disciplina al que estarán sujetos;

IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito a la autoridad administrativa penitenciaria;

X. Participar en las actividades que se programen con base en los ejes rectores del sistema de reinserción social correspondiente;

XI. A que el establecimiento donde esté compurgando la pena de prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física;

XII. Tener una defensa adecuada por un licenciado en derecho con cédula profesional durante el procedimiento de ejecución de la sanción penal. Si no quiere o no puede nombrar un defensor después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez de Ejecución le nombrará uno público;

XIII. A no ser objeto de violencia física o moral por parte de funcionarios o personal del centro o establecimiento penitenciario;

XIV. A que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen de internamiento se fundamenten en criterios técnicos y científicos;

XV. A contar con un programa de reinserción personalizado que permita su reinserción a la sociedad, y

XVI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

Los derechos que esta Ley prevé para el sentenciado le serán informados al interesado por el Juez de Ejecución desde el momento en que se inicie el procedimiento de ejecución.

Artículo 21.

Ubicación de los Sentenciados

Los procesados y los sentenciados ocuparán instalaciones distintas. De la misma forma, los hombres y las mujeres estarán internados en establecimientos completamente separados entre sí.

Artículo 22. Derechos de las mujeres sentenciadas

Además de los derechos comunes a cualquier interno, las mujeres internas tendrán derecho a:

I. Recibir asistencia médica especializada preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y género;

II. La maternidad;

III. Recibir trato de personal penitenciario femenino, específicamente en las áreas de dirección, custodia, registro y salud

IV. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

Para los efectos de la fracción II de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de la institución, hasta los seis años.

En caso de que la madre no deseara conservar a sus hijas e hijos, estos serán entregados a quien ejerza la patria potestad y a falta de este, a los familiares que previamente hayan sido designados por la interna de forma escrita, en un término no mayora setenta y dos horas a partir del nacimiento. En caso de no designar o no acudir el familiar designado, el menor será entregado a las instituciones de asistencia social competentes.

En los casos de nacimientos de hijos de internas dentro del complejo o centro penitenciario femenil queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta de nacimiento correspondiente.

La Autoridad Administrativa Penitenciaria deberá garantizar que en los centros de reinserción para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo integral para los hijos de las internas.

  Artículo 23. Obligaciones de las personas sentenciadas privadas de su libertad

Las personas sentenciadas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones:

I. Conocer y acatar la normatividad vigente al interior del Complejo o Centro Penitenciario;

II. Acatar el régimen de disciplina;

III. Respetar a los funcionarios y personal del centro o establecimiento penitenciario en que se encuentre, tanto dentro como fuera de él, con ocasión de traslados o práctica de diligencias;

IV. Respetar la dignidad y derechos de sus compañeros de internamiento, personal penitenciario y demás autoridades;

V. Conservar el orden y aseo de su estancia así como las áreas donde desarrolla sus actividades;

VI. Dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados;

VII. Conservar en buen estado los Complejos, Centros e Instalaciones Penitenciarias, según sea el caso;

VIII. Cumplir con el Programa de Reinserción;

IX. Acatar de manera inmediata las medidas disciplinarias y correctivas que le imponga la autoridad administrativa penitenciaria;

X. Acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas determinadas por el área técnica, y recibir los tratamientos prescritos por el médico tratante, y

XI. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables.

XII. Todas las obligaciones que deben cumplir las personas sentenciadas serán con estricto apego y respeto a su dignidad humana.

Artículo 24.

Prohibición a las personas sentenciadas privadas de su libertad

Además de las obligaciones señaladas, las personas sentenciadas privadas de su libertad, tendrán las prohibiciones siguientes:

I. Desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo administrativo al interior de los centros y establecimientos penitenciarios;

II. Tener consigo o usar armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas, drogas de cualquier tipo, medicamentos prohibidos por el personal médico del centro o establecimiento penitenciario, dinero u objetos de uso personal que atenten contra la seguridad del centro penitenciario, y

III. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO III.

Facultades del Ministerio Público, de la autoridad administrativa penitenciaria

y del Juez de Ejecución

Artículo 25.

Ministerio Público.

La intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución de sanciones, versará primordialmente en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia.

Artículo 26. Organización del sistema penitenciario

La autoridad administrativa penitenciaria organizará administrativamente el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevea esta Ley, ysupervisará las instalaciones penitenciarias para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad del establecimiento, de los internos, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas.

Artículo 27. Juez de Ejecución

Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en sus respectivos nombramientos y se auxiliarán del personal que determine su respectiva ley orgánica y disposiciones administrativas.

La competencia y jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales que se expidan en los términos de la correspondiente Ley Orgánica.

Los Jueces de Ejecución vigilarán conforme a lo que establece la ley, que el sistema penitenciario se organice de conformidad con las bases establecidas por la Constitución, como medios para lograr la reinserción del condenado a la sociedad, procurar que no vuelva a delinquir y propiciar su incorporación al núcleo familiar; para lo cual podrá hacer comparecer ante sí a los sentenciados, a la autoridad administrativa penitenciaria, con fines de vigilancia y control de la ejecución.

Será competencia de los Jueces de Ejecución conocer sobre la sustitución, modificación y duración de las penas impuestas al sentenciado, en los casos y condiciones previstos en esta Ley, a través del procedimiento de ejecución respectivo.

Artículo 28.

Atribuciones del Juez de Ejecución

Para el cumplimiento de las penas impuestas y el respeto de las finalidades constitucionales y legales del sistema penitenciario, los Jueces de Ejecución tendrán las siguientes atribuciones:

I. Garantizar al sentenciado el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley;

II. Garantizar que la sentencia definitiva se ejecute en sus términos, de conformidad con lo establecido en la Ley;

III. Salvaguardar la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la misma legislación permita;

IV. Sustituir, modificar o declarar extintas las penas así como las condiciones de su cumplimiento en los términos de esta Ley y demás aplicables;

V. Vigilar que la ejecución de la pena se realice de conformidad con la sentencia que la impuso, confirmando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al sentenciado durante la ejecución de las mismas;

VI. Resolver sobre las solicitudes de libertad anticipada que impliquen una modificación en las condiciones de cumplimiento de la sentencia;

VII. Resolver sobre la sustitución de la pena de prisión cuando fuere notoriamente innecesario que se compurgue en razón de senilidad o el precario estado de salud del sentenciado; o sea posible realizar ajustes razonables para que el condenado con discapacidad compurgue la pena en condiciones que no afecten sus derechos humanos;

VIII. Resolver, en audiencia oral, en los términos de la presente Ley, todas las peticiones y planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier sustitutivo o beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional;

IX. Resolver en audiencia oral todas las peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;

X. Ordenar el cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad;

XI. Ordenar el cumplimiento de las sanciones quepor sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa o concedan la condena condicional.

XII. Ordenar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas a inimputables;

XIII. Decretar como medidas de seguridad, la custodia del interno que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;

XIV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño;

XV. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución;

XVI. Librar las órdenes de reaprehensión que procedan en ejecución de sentencia;

XVII. Aplicar la ley más favorable a los sentenciados;

XVIII. Solicitar información sobre el Programa de Reinserción aplicado a los sentenciados;

XIX. Declarar la extinción de las sanciones y entregar al sentenciado que lo solicite, su constancia de libertad definitiva;

XX. Resolver y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades federativas;

XXI. Conocer de los incidentes que surjan con motivo de la ejecución de las sanciones penales;

XXII. Rehabilitar los derechos de los sentenciados una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia;

XXIII. Resolver, las peticiones o quejas que los sentenciados formulen en relación con el régimen y el programa penitenciario en cuanto afecten sus derechos fundamentales;

XXIV. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;

XXV. Determinar, cuando se impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas, el cumplimiento sucesivo de las mismas, estableciendo el cálculo correspondiente;

XXVI. Autorizar la excarcelación temporal de sentenciados que estén a su disposición, ello por causas de enfermedad terminal o de fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendente o descendente de primer grado;

XXVII. Recibir y autorizar los informes por parte de la autoridad administrativa penitenciaria de los traslados efectuados;

XXVIII. Visitar los establecimientos penitenciarios cada mes, con el fin de cumplir eficazmente con sus atribuciones, a fin de conocer, en su caso, las quejas de los sentenciados;

XXIX. Resolver las propuestas que formulen la autoridad administrativa penitenciaria o las solicitudes de reconocimiento de beneficios que supongan una modificación en las condiciones del cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad;

XXX. Resolver las peticiones o quejas que los internos le formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos fundamentales, y

XXXI. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Artículo 29.

Obligaciones de los candidatos a obtener un beneficio de libertad anticipada

Los sentenciados que hayan obtenido algún beneficio de libertad anticipada, sustitutivo penal o condena condicional concedido por las autoridades jurisdiccionales, tienen las siguientes obligaciones:

I. Solicitar autorización al Juez de Ejecución en caso de necesitar cambio de residencia, quien resolverá lo conducente, con base en la información que le proporcione el Órgano;

II. Abstenerse de usar y consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas;

III. Cumplir con las obligaciones impuestas por la autoridad jurisdiccional;

IV. Cumplir con las medidas de seguimiento impuestas para su preliberación;

V. Usar, conservar y mantener en óptimas condiciones todas las herramientas tecnológicas y recursos materiales que se le proporcionen para el control y seguimiento de su preliberación;

V. Permitir en todo momento las visitas del personal de las unidades de supervisión, a fin de identificar su entorno social y conocer el proceso de integración a la sociedad;

VII. Exhibir la documentación que le sea requerida por las autoridades jurisdiccional y penitenciaria que resulte necesaria para el cumplimiento de los beneficios penales mencionados;

VIII. No cometer faltas administrativas o delito alguno y conducirse con pleno respeto a las autoridades y a la sociedad, y

IX. Las demás que establezca el Reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 30.

Derechos de los sentenciados que gocen de algún beneficio preliberacional

Los sentenciados que puedan llegar a obtener algún o beneficio preliberacional, gozarán de los siguientes derechos:

I. Ser informado oportunamente y de manera escrita por la autoridad jurisdiccional de la situación técnico-jurídica a la que se encuentra sujeto para gozar del respectivo beneficio preliberacional;

II. A que las normas se apliquen sin discriminación. Las únicas diferencias obedecerán al seguimiento del tratamiento individualizado y a las excepciones previstas en la Constitución;

III. A que se les otorguen los beneficios preliberacionales de conformidad con su situación jurídica, y

IV. Los demás derechos que establezca el Reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

LIBRO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIONDE SANCIONES PENALES

TITULO UNICO.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES

CAPITULO I. Disposiciones Generales del Procedimiento

Artículo 31.

Inicio del procedimiento

La autoridad jurisdiccional remitirá al Juez de Ejecución y a la autoridad administrativa penitenciaria, copias certificadas de la sentencia ejecutoriada para efecto de su cumplimiento.

La ejecución de sanciones comprenderá la aplicación de las presentes normas a sentenciados y preliberados, tanto del fuero común como del fuero federal.

Artículo 32.

Competencia del Juez de Ejecución en el procedimiento

Corresponde al Juez de Ejecución realizar la modificación y revisar la duración de las penas, declarar la extinción de la penas y medidas de seguridad así como procurar la reparación del daño a la víctima u ofendido del delito.

Artículo 33.

Acciones iniciales dentro del procedimiento

Inmediatamente después de que se reciba copia autorizada de la sentencia firme, el Juez de Ejecución iniciará el procedimiento correspondiente establecido en esta Ley, realizará las inscripciones y las notificaciones a que haya lugar.

Para la ejecución de las sanciones penales la autoridad jurisdiccional, deberá:

I. Tratándose de penas privativas de la libertad:

a) Cuando esté sujeto a prisión preventiva, poner a disposición del Juez de Ejecución al sentenciado, remitiéndole el registro donde conste su resolución, a efecto de integrar el expediente respectivo, dando inicio al procedimiento jurisdiccional de ejecución, para el debido cumplimiento de la sanción impuesta, o

b) Si estuviere en libertad el sentenciado, ordenar inmediatamente su detención y, una vez efectuada, proceder de conformidad con el inciso anterior, y

II. Tratándose de penas no privativas de la libertad o alternativas, se remitirá copia de la sentencia al Juez de Ejecución, a efecto de que éste inicie el procedimiento jurisdiccional de ejecución.

Artículo 34.

Defensa Técnica

Durante la ejecución de la sentencia, el sentenciado tendrá derecho a una defensa técnica, por licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional. El sentenciado podrá nombrar un nuevo defensor, o en su defecto, se le nombrará un defensor público.

Artículo 35.

Ministerio Público

El Ministerio Público intervendrá en el procedimiento de ejecución de la pena de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 36.

Cómputo de la pena

El Juez deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, para determinar con precisión la fecha en la que finalizará la condena.

El cómputo podrá ser modificado por el Juez de Ejecución durante el procedimiento jurisdiccional de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

Artículo 37.

Reglas de la audiencia

El Juez de Ejecución, para llevar a cabo la audiencia de ejecución, se sujetará a los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación; conforme a las disposiciones que rigen a las audiencias previstas en el Código de Procedimientos Penales Único y a las siguientes reglas:

I. Si el sentenciado se encontrara detenido, convocará a la audiencia de ejecución de manera inmediata y, en esa misma forma notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima u ofendido. Es imprescindible la presencia del Agente del Ministerio Público, de un representante de la autoridad administrativa penitenciaria que sea designado para tal efecto, el sentenciado y su defensor. La presencia de la víctima u ofendido no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere comparecer, o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello;

II. Si el sentenciado se encontrara en libertad, lo mandará a citar, apercibiéndolo que en caso de no comparecer se hará acreedor a una medida de apremio en términos de lo previsto en el Código de Procedimientos Penales Único; asimismo notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima u ofendido, al menos con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia; será aplicables en lo que resulte la regla a que se refiere la fracción anterior;

III. Si se requiere producción de prueba, la parte oferente deberá anunciarla por escrito con tres días de anticipación a efecto de dar oportunidad a su contraria, para que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de ofrecer prueba de su parte. Si se realiza el ofrecimiento y desahogo de una prueba superveniente a juicio del Juez de Ejecución, dentro de la audiencia, ésta podrá suspenderse y se ordenará su continuación dentro de los tres días siguientes;

IV. El desahogo de la prueba se llevará a cabo conforme a los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Penales Único;

V. Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el Juez de Ejecución podrá retirarse a deliberar su fallo que no podrá exceder de veinticuatro horas;

VI. El Juez de Ejecución valorará los medios de prueba rendidos en la audiencia de manera libre y lógica, conforme a los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica;

VII. De la resolución pronunciada en la audiencia a que se refieren los incisos anteriores, deberá entregarse copia del archivo a la autoridad administrativa penitenciaria para su conocimiento y efectos, y

VIII. En todo lo no previsto en el presente Capítulo, se aplicará, en lo conducente las disposiciones prevista para tal efecto en el Código de Procedimientos Penales Único.

Artículo 38.

Desahogo de la audiencia

El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, el Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes. Verificará las condiciones para que se rinda en su caso la prueba ofrecida. La declarará iniciada e identificará a los intervinientes; dará una breve explicación de los motivos de la audiencia.

Acto seguido, procederá a dar el uso de la palabra a los intervinientes. En primer lugar dará el uso de la palabra al oferente de la petición o solicitud respectiva; si es el defensor, enseguida se dará el uso de la palabra al sentenciado, luego al Agente del Ministerio Público y si está presente en la audiencia a la víctima u ofendido, así como a un representante de la autoridad administrativa penitenciaria. El Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica, cuando le sea solicitado. A continuación, declarará cerrado el debate y dictará la resolución procedente.

Artículo 39.

Impugnación

Las resoluciones emitidas por el Juez de Ejecución serán impugnables ante el Tribunal de Segunda Instancia competente de conformidad lo previsto en esta Ley y dicho recurso se substanciará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales Único en su apartado de recursos.

Las resoluciones que deriven de este medio de impugnación, que tengan como consecuencia la revocación de la sentencia o la modificación de la pena impuesta, serán comunicadas a la autoridad administrativa penitenciaria correspondiente para su ejecución inmediata. Dicha resolución también se comunicará al Juez de Ejecución, y se notificará al sentenciado, a su defensor y al Ministerio Público.

Artículo 40.

Incidentes

Se plantearán incidentalmente las siguientes cuestiones:

I. Las relacionadas con la reparación del daño, por el ministerio púbico o la víctima u ofendido.

II. Las que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado y que no se refieran a la revocación de cualquier beneficio o sustitutivo que se haya concedido por la autoridad judicial competente, sobre beneficios de libertad anticipada o respecto a la libertad definitiva.

En el auto que admita el incidente, el Juez de Ejecución ordenará que se dé vista del planteamiento a las otras partes por el término de tres días comunes y citará a una audiencia a celebrarse dentro de los quince días siguientes.

En la audiencia deberán estar presentes el ministerio público, el sentenciado y su defensor y el funcionario que represente a la autoridad administrativa penitenciaria, y en su caso, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. La presencia de estos últimos no será requisito de validez para la celebración de la audiencia.

Antes y durante la audiencia, el sentenciado tendrá derecho de comunicarse con su defensor para consultar cualquier situación que se relacione con el objeto del incidente.

Si se requiere producción de prueba, la parte oferente deberá anunciarla con tres días de anticipación para que se dé oportunidad a la contraria de tener conocimiento de ella, controvertirla yofrecer prueba de su parte.

Los medios de prueba ofrecidos se recibirán en audiencia en el orden indicado por el oferente o en el orden que indique el Juez de Ejecución si las partes lo hubieren omitido.

El Juez de Ejecución valorará la prueba desahogada en la audiencia de manera líbreme con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia a la luz de la sana crítica.

Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el Juez de Ejecución resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas.

De la resolución pronunciada deberá entregarse copia certificada a la autoridad administrativa penitenciaria para su conocimiento y efectos legales.

CAPITULO II

Sustitutivos Penales y Condena Condicional

Artículo 41.

Derecho al sustitutivo penal o beneficio de condena condicional.

El Juez de la causa penal, al momento de que se lea la sentencia a la persona sentenciada, o el Juez de Ejecución en su caso, le harán saber al sentenciado su derecho a acogerse al sustitutivo penal o al beneficio de la condena condicional que le hubiera otorgado la autoridad jurisdiccional en la sentencia definitiva y el sentenciado deberá expresar verbalmente su decisión.

Artículo 42.

Condiciones de otorgamiento

El Juez de Ejecución ordenará la ejecución de las condiciones dispuestas en la sentencia para el otorgamiento de los sustitutivos penales o para el cumplimiento de la condena condicional en los términos de la Ley Penal aplicable y demás disposiciones conducentes.

Si durante la vigencia de los sustitutivos surge algún motivo justificado para revocarlo, el Juez de Ejecución, con audiencia del sentenciado, procederá a decidir sobre la revocación.

Artículo 43.

Tipos de sustitutivos penales

Son sustitutivos penales para los efectos de esta Ley:

a) El trabajo a favor de la comunidad;

b) La semilibertad;

c) El tratamiento en libertad, y

d) La multa.

Artículo 44.

Extinción de la sanción penal

Se considerará extinguida la sanción si el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, durante un lapso igual al término de la prisión impuesta, contados a partir del día siguiente hábil al que cause ejecutoria la sentencia por la que se concedió la condena condicional o el sustitutivo penal.

En caso de que el sentenciado sea detenido en flagrancia o se emita una orden de aprehensión o comparecencia por un nuevo delito doloso después de concedido el beneficio, se hará efectiva la prisión suspendida.

Artículo 45.

Incumplimiento de las obligaciones

En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones fijadas en la sentencia, el Juez de Ejecución resolverá que se haga efectiva la sanción suspendida, previa solicitud del Ministerio Público.

Artículo 46.

Solicitud ante el Juez de Ejecución

El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena, reunidas las condiciones para su obtención y estando en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá solicitarlo ante el Juez de Ejecución.

CAPITULO III

Ejecución de la pena privativa de libertad

Artículo 47.

Criterios para compurgar las penas privativas de la libertad

Cuando un sentenciado deba compurgar más de una pena privativa de libertad, proveniente de sentencias diversas, deben observarse los siguientes criterios:

I. Cuando un sentenciado está compurgando una pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada y comete otro delito, a la pena impuesta por el nuevo delito debe sumarse el resto de la pena que tenía pendiente por compurgarse, procediendo a la acumulación de penas;

II. Cuando el sentenciado reporte diversas penas por delitos cometidos antes de su detención, se procederá a la acumulación de ellas, tomando en cuenta para la primera pena impuesta por sentencia ejecutoriada, la del delito cometido el día de su detención y por las restantes, de acuerdo con el orden cronológico en que vayan causando ejecutorias las sentencias que le imponen otras penas de prisión, por lo que se estará a lo establecido por la Ley Penal aplicable, y

III. Si el sentenciado estuvo sujeto de forma simultánea a dos o más procesos por la comisión de diversos delitos, fuera de los supuestos de concurso real o ideal, y en tales casos se haya dictado prisión preventiva y luego sentencia condenatoria, el tiempo que se cumplió con dicha medida cautelar se computará para el descuento de cada una de las penas de prisión impuestas.

Artículo 48.

Semilibertad

La semilibertad comprende la alternancia de períodos de privación de la libertad y en libertad, con fines laborales, educativos, de salud o deporte, que conduzcan a la reinserción y podrá consistir en:

I. Externamiento durante la semana laboral o educativa con reclusión de fin de semana;

II. Salida de fin de semana y reclusión durante el resto de ella, y

III. Salida diurna y reclusión nocturna.

Artículo 49.

Programa de preliberación

Previo al otorgamiento de algún beneficio preliberacional, la autoridad administrativa penitenciaria, a petición del sentenciado, elaborará y aplicará el programa de preliberación respectivo, con la finalidad de orientarlos en su transición a la comunidad.

El Programa preliberacional podrá comprender:

I. Información y orientación especiales con el sentenciado y sus familiares en relación con los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

II. Sesiones en grupo, que fomente la socialización del sentenciado, y

III. Las demás actividades tendentes a orientar al sentenciado en la transición a la sociedad.

CAPITULO IV.

Beneficios preliberacionales

Artículo 50.

Libertad anticipada

El beneficio de libertad anticipada se tramitará vía incidental ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado o a propuesta de la autoridad administrativa penitenciaria, notificando al Ministerio Público y a la víctima u ofendido.

Artículo 51.

Beneficios de libertad anticipada

Los beneficios de libertad anticipada son:

I. Libertad preparatoria, y

II. Remisión parcial de la pena.

Artículo 52.

Libertad preparatoria

La libertad preparatoria se podrá otorgar por el Juez de Ejecución a los sentenciados que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Ley Penal les permitan la concesión de este beneficio previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Que hayan cumplido las tres quintas partes de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos;

II. Haber cumplido con las condiciones establecidas en el programa de reinserción establecido al efecto, al día de la solicitud;

III. Que durante el plazo establecido en la resolución del Juez de Ejecución, acredite un medio honesto de vivir;

IV. Que haya reparado el daño causado;

V. Ser primodelincuente;

VI. Que haya participado en las actividades deportivas, educativas, culturales y de trabajo, además de los programas establecidos por la autoridad administrativa penitenciaria, así como haber observado durante su internamiento buena conducta, y

VII. No estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva.

Artículo 53.

Improcedencia de la libertad preparatoria

Además de lo previsto por la Ley Penal, la libertad preparatoria no se concederá al sentenciado por los delitos en los que resulte procedente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Artículo 54.

Resolución

La resolución del Juez de Ejecución que conceda la libertad preparatoria tomará en consideración los informes que sean recabados por la autoridad administrativa penitenciaria, así como los datos que a juicio del Juez de Ejecución demuestren que se encuentra en condiciones de ser reinsertado a la sociedad.

Artículo 55.

Condiciones de Cumplimiento.

El liberado por virtud de la libertad preparatoria deberá cumplir las siguientes condiciones:

I. Señalar domicilio cierto, habitable y comprobable en zona urbana que cuente con la infraestructura adecuada para la instalación y funcionamiento de los medios tecnológicos necesarios que permita el cumplimiento del sustitutivo penal;

II. Otorgar fianza en caso de recibir algún equipo tecnológico;

III. Presentarse en la periodicidad y las modalidades que determine el Juez de Ejecución, y

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 56.

Remisión parcial de la pena

La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por el Juez de Ejecución y consistirá en que por cada dos días de trabajo remunerado se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan previamente los siguientes requisitos:

I. Que el sentenciado haya observado durante su estancia en prisión buena conducta;

II. Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que al interior del centro penitenciario, y

III. Que con base en los resultados de su participación en los programas de reinserción, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción.

Los días laborados que se computen para este beneficio podrán ser acumulados para el porcentaje que se exige en los demás beneficios.

Este beneficio no se concederá al sentenciado por los delitos en los que resulte procedente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Artículo 57.

Remisión por participación en actividades no remuneradas

Los sentenciados que reúnan los requisitos del artículo anterior y que participen en actividades no remuneradas, tendrán derecho a la remisión de un día de prisión por cada día de servicio.

Artículo 58.

Resumen de cumplimiento del programa de reinserción

En el procedimiento de otorgamiento de beneficio de libertad anticipada, la autoridad administrativa penitenciaria presentará con la antelación señalada en el Reglamento, el resumen de evaluación en el cumplimiento del programa de reinserción del sentenciado.

Artículo 59.

Seguimiento

Una vez otorgada la libertad anticipada, en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación aplicable, la autoridad administrativa penitenciaria dará seguimiento al liberado.

De igual forma la autoridad administrativa penitenciaria dará seguimiento al programa de preliberación que se impongan como obligación a los preliberados, así como al seguimiento de las obligaciones que le fueron impuestas a los sentenciados en libertad e informará al Juez de Ejecución en los términos establecidos en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 60.

Modificación de los términos de la sentencia

Cuando del informe que al efecto elabore la autoridad administrativa penitenciaria acredite plenamente que el sentenciado se encuentra imposibilitado para cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, salud o constitución física, el Juez de Ejecución podrá modificar los términos de la sentencia en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 61.

Procedimiento de modificación de sentencia

Recibida la solicitud por el Juez de Ejecución, requerirá a la autoridad administrativa penitenciaria el informe que contenga el resultado del cumplimiento del programa de reinserción, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la misma.

Cuando la autoridad administrativa penitenciaria realice la propuesta deberá anexar el informe a que hace referencia el párrafo anterior.

Recibido el informe, el Juez de Ejecución fijará fecha para que se celebre la audiencia dentro de los cinco días hábiles siguientes, la que se desarrollará en la forma prevista por esta Ley para las audiencias.

Artículo 62.

Impugnación

En caso de resolución que niegue el beneficio, el sentenciado podrá impugnarlo mediante apelación, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución, debiendo formular agravios de los que se notificará al Ministerio Público y a la víctima u ofendido.

Para el caso de que la resolución otorgue el beneficio, el Ministerio Público o la víctima u ofendido podrá impugnarlo mediante apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución.

El recurso de apelación se sustanciará en los términos previstos en el Código de Procedimientos Penales Único.

Artículo 63.

Peticiones improcedentes

Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes serán resueltas dentro de cinco días hábiles siguientes a la solicitud o propuesta y deberá ser notificada a las partes.

CapItulo V.

Extinción de la Pena

Artículo 64.

Cumplimiento de la sentencia

La libertad definitiva se otorgará al sentenciado a pena privativa de libertad que haya cumplido con la sentencia.

Ningún funcionario puede, sin causa justificada, aplazar, demorar u omitir el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de hacerlo, incurrirá en responsabilidad administrativa y penal en los términos de las disposiciones legales aplicables.

La libertad definitiva que se otorgue será comunicada de inmediato al patronato asistencia post-penitenciaria en caso de existir.

Al quedar el sentenciado en libertad definitiva, el Juez de Ejecución le entregará una constancia de la legalidad de su salida. El liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos civiles, políticos, de familia o cualquier otro que haya sido suspendido con motivo del procedimiento penal y la sanción impuesta.

Si la pena impuesta hubiere sido la inhabilitación o suspensión de derechos por un período mayor al impuesto para la pena privativa de libertad, no procederá la rehabilitación por libertad definitiva hasta que la diversa sanción quede cumplida.

La rehabilitación de los derechos será ordenada por el Juez de Ejecución, y dicha resolución la comunicará a las autoridades correspondientes.

Artículo 65.

Indulto

Corresponde al Titular del Ejecutivo competente la facultad de conceder el indulto, en los términos de la Ley Penal aplicable. Sólo se concederá respecto de las sanciones impuestas en sentencia ejecutoriada.

Artículo 66.

Procedimiento

El sentenciado ocurrirá con su petición de indulto ante el Titular del Ejecutivo competente, solicitando que se expidan las constancias respectivas. Previa la investigación que se realice para la verificación de la procedencia del indulto, el Ejecutivo emitirá su resolución fundada y motivada.

Artículo 67.

Publicación

Todas las resoluciones que concedan un indulto se publicarán en el Periódico Oficial correspondiente y se comunicarán a la autoridad judicial que pronunció la sentencia para que haga la anotación correspondiente.

CapItulo VI.

Sanción Pecuniaria

Artículo 68.

Tipos de sanción pecuniaria

La sanción pecuniaria comprende:

I. Multa, y

II. Reparación del daño.

Artículo 69.

Multa

Al imponerse multa al sentenciado, el Juez de Ejecución procederá de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Notificará inmediatamente al sentenciado el plazo para cubrirla, si la autoridad judicial no lo fijó. El Juez de Ejecución podrá conceder plazos para su pago;

II. Si dentro del plazo concedido, el sentenciado demuestra que carece de recursos para cubrirla, el Juez de Ejecución podrá sustituirla total o parcialmente, por trabajo en favor de la comunidad;

III. En el caso de que el sentenciado haya demostrado que puede cubrir solamente una parte de la multa, el Juez de Ejecución también podrá establecer un plazo que no excederá del total de la pena de prisión impuesta, para cubrir la cantidad restante, y

IV. Cada jornada de trabajo en favor de la comunidad saldará dos días multa.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad.

Tratándose de la multa sustitutiva de la sanción privativa de libertad, la equivalencia será a razón de un día multa por dos días de prisión, salvo disposición diversa.

Artículo 70.

Plazo para pago

El Juez de Ejecución podrá conceder plazos para el pago de las sanciones pecuniarias en los casos siguientes:

I. Si no excediere de 50 días multa, se podrá conceder un plazo de hasta tres meses para pagarla, siempre que el deudor compruebe estar imposibilitado de hacerlo en menor tiempo y otorgue garantías suficientes, a juicio del Juez de Ejecución;

II. Si excediere de 50 días multa, se podrá conceder un plazo de hasta dos años para pagarla, en el caso y con las condiciones expresadas en la fracción anterior;

III. Todas las multas impuestas por la autoridad judicial en sentencia definitiva ejecutoriada que no sean pagadas en los plazos fijados, adquirirán el carácter de crédito fiscal para su cobro y se harán efectivas por conducto de la autoridad fiscal competente, en los términos de la legislación aplicable;

IV. Si no alcanzare a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con el producto de su trabajo en la prisión, el sentenciado liberado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que falte o la totalidad, en su caso.

Al haberse indicado la forma de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, se enviará constancia de la sentencia firme al Juez de Ejecución, para llevar a cabo el procedimiento correspondiente, conforme a las previsiones de la Ley Penal aplicable.

CapItulo VII.

Otras sanciones

Artículo 71.

Amonestación

Cuando en la sentencia dictada por la autoridad judicial, se imponga la amonestación, el Juez de Ejecución en una audiencia a la que previamente cite, amonestará al sentenciado, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndolo de las sanciones que se le impondrían en caso de reincidencia. La amonestación se hará en privado o públicamente a juicio del Juez de Ejecución.

Artículo 72.

Suspensión, Privación o Inhabilitación de Derechos Civiles o Políticos

La ejecución de la sanción de suspensión, privación o inhabilitación de los derechos civiles o políticos estará sujeta a las particularidades que el propio órgano judicial dicte en su sentencia, de conformidad con la naturaleza de la sanción impuesta.

Cuando se trate de suspensión o privación del derecho a conducir vehículos de motor el Juez de Ejecución lo notificará a la instancia competente para que suspenda o cancele la licencia, o bien, niegue la expedición durante el plazo correspondiente.

En todos los casos, se remitirán junto con la notificación de la sentencia los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la suspensión, privación o inhabilitación.

Artículo 73.

De la Privación de Derechos de Familia

Cuando se trate de privación de derechos de familia, el Juez de Ejecución notificará a la autoridad del registro civil competente para que haga la anotación en las actas respectivas.

Se remitirán junto con la notificación de la sentencia los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la privación.

Artículo 74.

Suspensión, Destitución o Inhabilitación de Empleos o Cargos Públicos

y Suspensión o Inhabilitación en el Ejercicio de Profesiones

Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación de funciones de un servidor público, el Juez de Ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente, a efecto de que materialmente ejecute la medida.

Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se notificará a la dependencia encargada del registro de profesiones, para los efectos conducentes.

En este caso se remitirán junto con la notificación de la resolución los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la sanción.

Artículo 75.

Suspensión o Disolución de Personas Morales

Decretada la suspensión o la disolución, el Juez de Ejecución notificará a los representantes de la persona moral afectada, para que, en el término prudente que les señale, cumplan la sanción. De igual modo, la suspensión o la disolución será comunicada por el Juez de Ejecución al correspondiente Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para la anotación que corresponda y publicada en periódico oficial correspondiente y en el del domicilio de la sociedad de que se trate.

Durante la suspensión, la persona moral afectada no podrá, válidamente, realizar nuevos trabajos, gestiones o empresas, ni contraer nuevos compromisos, ni adquirir nuevos derechos, conforme a los fines para los que fue constituida. Sin embargo, mientras dure la suspensión deberá cumplir todos los compromisos y obligaciones correspondientes y podrá hacer efectivos los derechos adquiridos anteriormente.

En el caso de la disolución el Juez de Ejecución designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total.

Al imponer la suspensión o disolución a las personas morales, la autoridad judicial tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral sancionada. Estos derechos quedarán a salvo, aun cuando la autoridad judicial no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 76.

Publicación Especial de Sentencia

Si la condena comprende la sanción de publicación especial de la sentencia, el Juez de Ejecución para su cumplimiento girara los oficios correspondientes a los medios de comunicación social para hacer efectiva la sanción.

Los gastos que se originen con tal motivo se harán por cuenta del sentenciado, del ofendido, si éste lo solicitare o de la Federación o Entidad Federativa según sea el caso, si el Juez de Ejecución lo estima necesario.

Para el cobro de los gastos de la publicación al sentenciado se seguirá el procedimiento que prevé esta Ley para hacer efectiva la multa.

CapItulo VIII.

Medidas de Seguridad

Artículo 77.

Vigilancia de la autoridad

La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por la autoridad administrativa que al efecto autorice el Juez de Ejecución, la cual se llevará a cabo a través de personal especializado, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad o las víctimas del delito.

La ejecución de la vigilancia de la autoridad será controlada por el Juez de Ejecución y su duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.

Cuando la autoridad jurisdiccional imponga, conforme a lo previsto por la Ley Penal aplicable, la imposición de una medida de seguridad consistente en la vigilancia personal o monitoreo del sentenciado corresponderá aplicarla a la autoridad administrativa que determine la ley.

Artículo 78.

Tratamiento de inimputables

En caso de inimputabilidad, la autoridad jurisdiccional dispondrá de la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad.

La ejecución del tratamiento de inimputables en internamiento o en libertad, se realizará en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 79.

Procedimiento

El Juez de Ejecución resolverá sobre la modificación o conclusión de la medida, con las pruebas que al efecto se ofrezcan.

El procedimiento jurisdiccional de ejecución, se desarrollará en los términos de lo previsto por esta Ley y el defensor actuará en nombre y representación del sentenciado inimputable.

Para las substanciación de las medidas de seguridad, serán aplicables en lo conducente, las disposiciones previstas por esta Ley para la ejecución de las sanciones penales.

Artículo 80.

Deshabituación o desintoxicación

Cuando la autoridad jurisdiccional imponga como medida de seguridad el tratamiento de deshabituación o desintoxicación, la ejecución de la medida se realizará conforme a los términos previstos en la Ley Penal aplicable.

CapItulo IX.

Localizadores electrónicos

Artículo 81.

Localizadores electrónicos

La aplicación de la medida cautelar de fijación de localizadores electrónicos se regulará por las disposiciones contenidas en el reglamento correspondiente.

CapItulo X.

Recursos

Artículo 82.

Tipos de recursos

En materia de ejecución de sanciones penales procederán los recursos de revocación y apelación los cuales se sujetarán a las reglas previstas en el Código de Procedimientos Penales Único.

Artículo 83.

Revocación

El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapa del desarrollo del procedimiento de ejecución de sanciones penales enlas que intervenga el Juez de Ejecución, en contra de sus resoluciones o determinaciones respecto de las cuales no procede el recurso de apelación. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta en la misma audiencia y dicte de plano la resolución que corresponda.

Artículo 84.

Apelación

El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de segunda instancia revise la legalidad de la resolución impugnada emitida por el Juez de Ejecución.

Artículo 85.

Procedencia del recurso de apelación

El recurso de apelación procederá en contra de las siguientes resoluciones:

I. Las que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas.

II. Las que decidan sobre la revocación de sustitutivos penales, de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, concedidos en la sentencia o beneficios penitenciarios;

III. Las que declaren la extinción de la sanción penal o medida de seguridad;

IV. Las que sustituyan la pena de prisión por una medida de seguridad;

V. Las que determinen todo lo relacionado con la reparación del daño;

VI. Las que concedan o niegan cualquiera de los beneficios penitenciarios previstos en esta Ley, y

VII. Las demás previstas en esta Ley.

Artículo 86.

Efectos de la apelación

La apelación procederá en ambos efectos en contra de las resoluciones que concedan o niegan cualquiera de los beneficios penitenciarios previstos en esta Ley. En los demás casos sólo procederá en efecto devolutivo.

Artículo 87.

Regulación complementaria

La interposición, radicación, tramitación y resolución, de recurso de apelación será en los términos que para dicho recurso prevenga el Código de Procedimientos Penales Único, con excepción del término para su interposición que será en todos los casos de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución correspondiente.

LIBRO TERCERO

REINSERCION SOCIAL

CapItulo Unico

Ejes de la reinserción social

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 88.

Ejes de la reinserción social

Los ejes de la reinserción son los mecanismos utilizados por el Sistema Penitenciario para procurar la reinserción de los sentenciados; siendo éstos: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Los ejes son elementos esenciales del Programa de Reinserción, por lo que para efectos del mismo se atenderá a los conceptos establecidos en el presente Capítulo.

Artículo 89.

Relaciones con el Exterior

Con el objetivo de lograr la reinserción social de los sentenciados, las autoridades penitenciarias fomentarán las relaciones de los sentenciados con personas fuera de las instalaciones del centro penitenciario, en los términos que el Reglamento establezca.

Sección Segunda

Respeto a los derechos humanos

Artículo 90.

Observancia de los derechos humanos

Durante el procedimiento de reinserción social del sentenciado, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De igual forma se deberán de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar al sentenciado de su importancia en la sociedad.

Sección Tercera

Trabajo Penitenciario

Artículo 91.

Finalidad del trabajo penitenciario

La organización de las actividades correspondientes al trabajo penitenciario tendrá como finalidad procurar la reinserción de los internos.

Artículo 92.

Naturaleza del trabajo penitenciario

La naturaleza del trabajo penitenciario que contempla el artículo 18 de la Constitución es considerada como una actividad con fines terapéuticos y ocupacionales, y es un elemento fundamental del sentenciado.

Artículo 93.

Programas de trabajo penitenciario

Los programas y las normas para establecer el trabajo penitenciario serán previstos por la autoridad administrativa penitenciaria y tendrán como propósito planificar, regular, organizar y establecer métodos, horarios y medidas preventivas para su desarrollo.

Artículo 94.

Sectores productivos

El trabajo penitenciario se desarrollará en distintas áreas de los sectores productivos.

Artículo 95.

Bases del trabajo penitenciario

El trabajo penitenciario se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. No tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como medida correctiva;

II. No atentará contra la dignidad del Interno;

III. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivos o terapéuticos, con el fin de preparar al Interno para las condiciones normales del trabajo en libertad, procurando la certificación de oficios;

IV. Se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y calificación profesional o técnica, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los Internos;

V. No creará derechos ni prestaciones adicionales a las determinadas por el programa correspondiente;

VI. Se realizará bajo condiciones de seguridad e higiene, y

VII. Se crearán mecanismos de participación del sector privado para la generación de trabajo que permita lograr los fines de la reinserción y otorgar oportunidades de empleo a los sentenciados reintegrados.

VIII. El trabajo será una fuente efectiva y justa de ingresos para quienes lo desempeñan, distribuyéndose dichos ingresos en los siguientes rubros: reparación del daño; sostenimiento de los dependientes económicos del sentenciado; gastos personales del sentenciado. Si no hubiese sanción a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del sentenciado no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

IX. Se garantizarán las previsiones que en materia de seguridad laboral e indemnización por accidentes en el área de trabajo prevé la Ley Federal del Trabajo.

X. Que fijen las estrategias para erradicar y evitar cualquier concesión para que los sentenciados controlen la compra o venta de bienes y servicios dentro del establecimiento, y el empleo subordinado entre internos.

Artículo 96.

Modalidades del trabajo penitenciario

Las modalidades bajo las cuales se desarrollará el trabajo penitenciario que realicen los sentenciados estarán comprendidas en el Reglamento.

Artículo 97.

Actividades para fines del sistema de reinserción

Para los fines del sistema de reinserción serán consideradas las actividades que los sentenciados desarrollen en los programas productivos, de servicios generales, de mantenimiento, de enseñanza y cualesquiera otras de carácter intelectual, artístico o material.

Artículo 98.

Complementariedad del trabajo penitenciario

La participación de los sentenciados en los programas de trabajo penitenciario será independiente de las actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y de recreación, indispensables y complementarias para su reinserción.

Sección Cuarta

Capacitación para el Trabajo

Artículo 99.

Definición de la capacitación para el trabajo

La capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual los sentenciados internos adquieren los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión, y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad.

Artículo 100.

Bases de la capacitación

Las bases de la capacitación son:

I. El adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad;

II. La vocación del sentenciado por lo que realiza, y

III. El desarrollo de aptitudes y habilidades.

Artículo 101.

Tipos de capacitación

Los tipos de capacitación estarán estipulados en el reglamento respectivo.

Artículo 102.

Horarios y Medidas Preventivas

Para realizar una adecuada capacitación, se planificará, regulará, organizará y establecerán métodos, horarios y medidas preventivas de ingreso y seguridad para la instrucción del trabajo penitenciario.

Artículo 103.

Metodologíade la capacitación

La capacitación para el trabajo de los sentenciados tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de las aptitudes y habilidades propias, la metodología será basada en la participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación.

Sección Quinta

Educación

Artículo 104.

Educación

La educación es el conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a los sentenciados alcanzar niveles de conocimientos para su desarrollo personal.

La educación que se imparta a los sentenciados será laica y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Tratándose de internos indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros que comprendan su lengua.

Artículo 105.

Derechos de los sentenciados

Los sentenciados tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica en forma gratuita. Asimismo, la autoridad administrativa penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior para procurar la reinserción, mediante convenios con instituciones educativas del sector público.

Artículo 106.

Carácter de la educación

Los programas educativos serán conforme a los planes y programas oficiales que autorice la Secretaría de Educación Pública.

La educación que se imparta a los sentenciados será considerada un elemento esencial para la reinserción, por lo que no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, lúdico, artístico, físico, ético y ecológico.

Sección Sexta

Salud

Artículo 107.

Examen médico de ingreso

Todo sentenciado será sometido a un examen psicofísico a su ingreso, observando especialmente si hay señales de que ha sido sometido a malos tratos o tortura, de existir éstos, se deberá hacer del conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 108.

Servicios médicos

Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de los sentenciados desde su ingreso y durante su permanencia, acorde a los términos establecidos en las siguientes fracciones:

I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades;

II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales;

III. Coadyuvar en la elaboración de las dietas nutricionales, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada, y

IV. Suministrar los medicamentos necesarios para la atención médica de los Internos.

Artículo 109.

Características de los servicios de atención médica

Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para el sentenciado, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud.

Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de los sentenciados.

Artículo 110.

Responsable médico

En cada uno de los centros penitenciarios existirá un médico, responsable de cuidar la salud física y mental de los sentenciados y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo.

Artículo 111.

Medidas terapéuticas

Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física del sentenciado, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo el área competente.

Si el sentenciado no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la autoridad administrativa penitenciaria competente determinar lo conducente.

Artículo 112.

Convenios

Se podrán celebrar convenios con instituciones públicas del sector salud, a efecto de atender las urgencias médico quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los centros penitenciarios.

Artículo113.

Autorización servicios médicos privados

La autoridad administrativa penitenciaria podrá autorizar y supervisar la asistencia de servicios médicos privados ajenos a los servicios que otorgue el centro penitenciario, bajo las modalidades que establezca el reglamento respectivo.

Los gastos estarán a cargo de la persona que legalmente represente al sentenciado.

Sección Séptima

Deporte

Artículo 114.

Actividades físicas y deportivas

Como parte de la reinserción social el sentenciado deberá participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a las características de su custodia y su estado físico.

Artículo 115.

Métodos, horarios y medidas deportivas

Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se planificará, organizará y establecerán métodos, horarios y medidas necesarias para la práctica de esas actividades, las cuales estarán reguladas en el reglamento respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La ejecución de sanciones penales iniciadas con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las leyes de la Federación como de las Entidades Federativas vigentes en su momento; pero el sentenciado podrá optar por las disposiciones de la presente Ley.

TERCERO.- Dentro de un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación como las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia, deberán de expedir las disposiciones legales y reglamentarias respectivas así como realizar los cambios necesarios para la adecuación orgánica correspondiente y celebrar los convenios que fueren necesarios.

CUARTO.- La Federación como las Entidades Federativas deberán de realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente decreto.

SEXTO.- A la entrada en vigor del presente decreto, se abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados así como las disposiciones legales encargadas de regular la ejecución de sanciones penales en las Entidades Federativas.

SEPTIMO.- Las menciones que en otros ordenamientos legales se haga a la readaptación social, se entenderán referidas a la reinserción social en términos de la presente Ley.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Adriana Dávila Fernández".

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de La Garza: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

En seguida tiene el uso de la palabra el Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

1 A) Consideraciones retomadas de la Conferencia Impartida por el Dr. Rodrigo Ozuna S. denominada “Lineamientos para la Constitución de la Ley de Ejecución de Sanciones” en el Sexto Foro de Capacitación 2011 “La Ejecución de Sanciones Penales en el Sistema Acusatorio: Jurisdicción Penitenciaria y Reinserción Social”, organizado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

B) Asimismose agradece la importante colaboración y aportaciones del Magistrado Roberto Durán Donlucas en la elaboración de la presente iniciativa.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros de la Comisión Permanente:

Vengo a presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional.

Es deber del Estado mexicano, desde su fundación, pero primordialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, establecer las condiciones indispensables para que los habitantes del territorio mexicano, así como quienes por él transitan, gocen a plenitud de sus derechos.

En esta reforma se mandata al Congreso, entre otras cosas, para emitir una ley reglamentaria del artículo 29, conforme a todos los parámetros internacionales de respeto y protección de los derechos humanos acompañado de mecanismos de control institucional que garanticen la vigencia del Estado democrático, dado que el acto mismo de suspender y restringir el ejercicio de algunas garantías constitucionales constituye el acto de autoridad de mayor envergadura que un Estado puede ejecutar y que únicamente puede tener como objetivo el de la protección del bien jurídico fundamental de un ser humano: la vida.

Debemos decir que, desde un principio, dudamos y así lo expresamos en su oportunidad, de la efectividad y viabilidad, de la incompleta y poco seria estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal que ataca las redes humanas pero no las financieras y políticas de las organizaciones criminales, razón por la cual la sustitución de los elementos violentamente eliminados o legalmente capturados, es prácticamente inmediata, teniendo un nulo impacto en la estructura criminal.

Esta situación nos ha llevado a una condición sumamente grave, que presupone la violación consuetudinaria de las garantías individuales. Lo hemos afirmado con anterioridad, la realidad ha superado el discurso: nos encontramos ante un problema de seguridad nacional que compromete la viabilidad misma de las instituciones del Estado.

La crisis de seguridad nos ha colocado en una encrucijada. Corroborar el discurso oficial y seguir negando que existen territorios sin gobierno en nuestro país, o superar nuestras propias limitaciones dogmáticas reconociendo que en algunas regiones nos encontramos al borde del colapso del Estado y, por tanto, se hace necesario implementar las acciones correspondientes para salvaguardar el futuro de nuestro pacto social, y consecuentemente el de la patria misma, con la única finalidad de resguardar la integridad de nuestros conciudadanos.

Es menester señalar que, dentro de las diferentes teorías constitucionales, la suspensión de garantías es el acto de mayor contundencia por parte de las autoridades que puede ser ejercido en contra del ciudadano. Es por ello que debe ser plenamente justificado, autorizado y fiscalizado por los Poderes Legislativo y Judicial. Resulta conveniente señalar que, en el ámbito internacional, este mecanismo está considerado en casi todos los pactos fundamentales, únicamente en el supuesto de que exista la posibilidad del rompimiento del propio orden constitucional.

La suspensión de garantías no es un mecanismo autoritario en sí mismo, aunque puede derivar en él. El problema fundamental es, ¿cómo establecer mecanismos de control sobre el ejercicio de estas facultades extraordinarias?

Es por lo anterior que el día de hoy, presentamos a su consideración una iniciativa que retoma todos los elementos de protección a los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los Principios de Siracusa, que de ellos derivan, estableciendo un mecanismo democrático fuertemente controlado por los propios Poderes de la Unión, que en uso de las facultades que se atribuyen a cada uno de ellos, garantizan que las medidas que se tomen no deriven en instrumentos autoritarios de control social y político.

Estamos plenamente convencidos de que únicamente la regulación legal de las facultades atribuidas a cada uno de los poderes del Estado puede contribuir a superar la grave crisis que ha puesto en entredicho la gobernabilidad y la viabilidad de algunas regiones de nuestro país y, lo que resulta aún más grave, ha provocado la pérdida de innumerables vidas.

Por ello presentamos a su consideración esta iniciativa para reglamentar el artículo 29, y solicitamos a esta Soberanía, atentamente, inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Fernando ZArate Salgado, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México vive tiempos en que la violencia generada por la confrontación entre el crimen organizado y las instituciones del Estado, ponen en grave riesgo el libre disfrute y la garantía del ejercicio de los derechos humanos de la población, en muchos lugares de la República. Es deber del Estado Mexicano, desde su fundación, pero primordialmente a partir de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de fecha 10 de junio de 2011, establecer las condiciones indispensables para que todas y todos los habitantes del territorio mexicano así como quienes por él transitan, gocen a plenitud de sus derechos.

En esta reforma se mandata al Congreso, entre otras cosas, para emitir una ley reglamentaria del artículo 29, conforme a todos los parámetros internacionales de respeto y protección de los derechos humanos acompañado de mecanismos de control institucional que garanticen la vigencia del Estado Democrático, dado que el acto mismo de suspender y restringir el ejercicio de algunas garantías constitucionales constituye el acto de autoridad de mayor envergadura que un Estado puede ejecutar y únicamente puede tener, como objetivo, el de la protección del bien jurídico fundamental de un ser humano: la vida.

ARGUMENTACION

El 10 de junio de 2010, el titular del Poder Ejecutivo de la Unión publicó, en el Diario Oficial de la Federación, por mandato del Poder Constituyente Permanente, la reforma constitucional que pretende situar a los derechos humanos como el eje fundamental del Pacto fundacional del Estado Mexicano. En su Artículo Cuarto Transitorio, se ordena al Congreso de la Unión la emisión de una Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, en materia de suspensión o restricción de garantías. Aún y cuando esta reforma clarifica los requisitos para el procedimiento por el cual el Ejecutivo federal puede suspender o restringir las garantías del ejercicio de los derechos humanos, no trastoca el espíritu fundamental del propio artículo, previsto desde la Constitución de 1857. Señalaban los constituyentes del 57 que el único objetivo que tenía la redacción del artículo 29 era, no el establecimiento de una tiranía que afectara a las garantías individuales, sino la delineación del mecanismo por el cual el Estado podría garantizar la vida de los habitantes de una región, en una situación de grave emergencia, como la que vivimos el día de hoy. Debemos señalar, también, que si bien el Congreso no tiene facultades expresas para emitir una ley reglamentaria de este tipo, éstas derivan de los transitorios de la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Carta Magna que, genéricamente, atribuye al Congreso la facultad de legislar para hacer efectivas las facultades que se conceden a los Poderes de la Unión.

En los últimos tres años, hemos sido testigos de cómo, desde el gobierno federal, se ha declarado una “guerra sin cuartel” al crimen organizado. Hemos visto el despliegue de fuerzas federales –incluyendo efectivos militares y policíacos— en Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y, en fechas recientes, en Morelos, Coahuila, Veracruz y Tamaulipas, entre muchos otros sitios. Los funestos resultados son tales que la violencia ha llegado a un increíble grado que ya no asombra a nuestros conciudadanos encontrar, en sitios sumamente concurridos, cabezas con el tiro de gracia, cuerpos descuartizados y visiblemente torturados, hombres colgados en las vías principales de comunicación y cuerpos desechos en ácido, entre otras aberraciones criminales. Es menester indicar que esta guerra, ha cobrado víctimas colaterales entre las cuales podemos contar al menos veinte jóvenes estudiantes, quienes han sufrido no sólo la dolorosa muerte, sino la estigmatización de funcionarios del propio gobierno quienes, de frente a su incapacidad, culpan a la propia ciudadanía a la que deben proteger.

Debemos decir que, desde un principio, dudamos y así lo expresamos en su oportunidad, de la efectividad de esta incompleta estrategia que ataca las redes humanas pero no las financieras y políticas de estas organizaciones, razón por la cual, la sustitución de los elementos violentamente eliminados o legalmente capturados, es prácticamente inmediata, teniendo un nulo impacto en su estructura. Sin embargo, y pese a los múltiples llamados de actores políticos y sociales, nacionales y extranjeros para rediseñar esta estrategia, el gobierno federal, en la pasada administración, insistía en que “aunque no lo parezca” vamos ganando la guerra al narcotráfico, según las palabras pronunciadas el 29 de mayo de 2008, por el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza.

Esta situación ha conllevado una condición sumamente grave, que presupone la violación consuetudinaria de las garantías individuales. Lo hemos afirmado anteriormente, la realidad ha superado el discurso: nos encontramos ante un problema de seguridad nacional que compromete la viabilidad misma de las instituciones estatales. La realidad nos ha colocado en una encrucijada. Corroborar el discurso oficial y seguir negando que existen territorios sin gobierno en nuestro país, o superar nuestras propias limitaciones dogmáticas, reconociendo que nos encontramos al borde del colapso del Estado e implementando las acciones correspondientes para salvaguardar el futuro de nuestro pacto social, y consecuentemente el de la Patria, con la única finalidad de resguardar la integridad de nuestros conciudadanos. El doble discurso oficial nos ha llevado, inmanentemente, a un Estado de Excepción de facto, cuya corroboración la proporcionan las palabras de Leandro Despouy, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los Estados de Excepción, que señala

El criterio jurídico empleado por el relator especial para determinar si una medida concreta reviste o no el carácter de “excepcional” ha consistido en verificar si la misma supera las restricciones permitidas en situaciones ordinarias. Si este fuese el caso, estaríamos ante una medida de naturaleza excepcional, sólo susceptible de entrar en aplicación en un contexto de estado de excepción oficialmente declarado. Como fue señalado anteriormente con relación al principio de amenaza excepcional, el derecho internacional –al igual que el derecho interno de los Estados—admite ciertas restricciones al ejercicio de algunos derechos humanos en situaciones de normalidad, siempre y cuando ello sea necesario para el mantenimiento del orden público, la moral y la salud pública, el derecho de los demás, etcétera. En consecuencia todas aquellas medidas que impliquen restricciones que superen las limitaciones autorizadas en períodos ordinarios son, aunque no lo confiesen, de naturaleza excepcional1.

Debemos establecer, en consecuencia, que las condiciones actuales que viven ciertas regiones en nuestro País, presentan una ausencia total del Estado de tal forma que la infiltración del crimen organizado se produce de manera vertical –en los tres órdenes de gobierno—y de manera horizontal –en los tres poderes que conforman el Estado—, por lo cual se conforma plenamente la tipología de un grave problema de seguridad nacional que, como hemos observado, no puede ser resuelto de manera pacífica. En este tenor, el Poder Ejecutivo federal debe reconocer que el aumento de la violencia únicamente refleja la incapacidad de controlar a la delincuencia, esto es, se encuentra ante una situación de ingobernabilidad y debe actuar en consecuencia.

En el caso específico de muchos territorios de nuestra República, las condiciones en que viven sus habitantes constituyen, de facto, un estado de Excepción sin ningún tipo de control parlamentario o judicial: la presencia del Ejército y Policías federales en las calles, la decisión ciudadana de no salir de sus casas, la falta de seguridad para realizar reuniones pacíficas, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas, todo ello conforma este estado excepcional. Es en este tenor que, para el resguardo de las garantías individuales de nuestros conciudadanos y evitar, en consecuencia, excesos y discrecionalidades por parte de las autoridades federales, es necesario que sea aplicado lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, que contempla mecanismos de control legislativo de las acciones implementadas como consecuencia de la emisión del decreto de suspensión de garantías. Hacerlo de otra manera, implica la convalidación de la violación de garantías de nuestros conciudadanos por parte del gobierno federal, en una situación de guerra no declarada.

Es menester señalar que, dentro de las diferentes teorías constitucionales, la suspensión de garantías –como derechos que deben ser tutelados por el Estado—o declaración de estado de Excepción, es el acto de mayor contundencia por parte de las autoridades que puede ser ejercido en contra del ciudadano. Es por ello que debe ser plenamente justificado, autorizado y fiscalizado por los Poderes de la Unión–Legislativo y Judicial—ya que es el Ejecutivo quien toma, autorizado por el Congreso, facultades extraordinarias para el control de una situación que pone en riesgo la gobernabilidad misma. Resulta conveniente señalar que, en el ámbito internacional, este mecanismo está considerado en casi todos los pactos fundamentales únicamente en el supuesto de que exista la posibilidad del rompimiento del propio orden constitucional.

Debemos insistir: la suspensión de garantías no es un mecanismo autoritario en sí mismo aunque puede derivar en él –no soslayamos el hecho de que, en algunos Estados, “los estados de excepción se [han] transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía legalizar los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”2–, el problema fundamental es cómo establecer mecanismos de control legislativo y judiciario sobre el ejercicio de estas facultades extraordinarias. Señala Despouy que:

…resulta decisivo ubicar a esta institución dentro del campo del derecho y desterrar así erróneas situaciones que emparentan al estado de excepción con la potestad discrecional de ejercer el poder en situaciones de crisis. Lejos de ello, por tratarse de una institución jurídica, su aplicación no sólo está condicionada a una emergencia grave que afecte al conjunto de la población sino que, además, debe cumplir con determinados requisitos específicos… [que], además de imponer limitaciones concretas al ejercicio de facultades extraordinarias o de los llamados “poderes de crisis”, obran, en la práctica, a la manera de garantías jurídicas, explícitas o implícitas para preservar la vigencia de los derechos humanos en dichas circunstancias…3

Lo que sí resulta del todo autoritario e irresponsable es, exactamente, perpetuar y convalidar las deplorables condiciones de vida impuestas fácticamente en múltiples ciudades del territorio nacional, ya que el Ejército desenvuelve funciones que sólo tendría que ejercer en un estado de Excepción –porque no coadyuva sino que sustituye de facto a las autoridades civiles a las que debiera estar sujeto—, las garantías individuales se encuentran suspendidas en los hechos, ninguno de los poderes municipales, estatales y hasta los federales funciona con normalidad y, encima de todo, por intereses meramente mediáticos se permite el desarrollo de procesos electorales en los que no se puede garantizar ni la legalidad ni la equidad, principios fundamentales de cualquier elección, debido a la crisis de seguridad.

Es por lo anterior que el día de hoy, presentamos a su consideración una iniciativa que retoma todos los elementos de protección a los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los Principios de Siracusa, que de ellos derivan, estableciendo un mecanismo democrático fuertemente controlado por los propios tres Poderes de la Unión que, en uso de las facultades que se atribuyen a cada uno de ellos, garantizan que las medidas que se tomen no deriven en instrumentos autoritarios de control social y político. Consideramos pertinente señalar que, en la elaboración de esta Iniciativa se incluyeron conceptos e ideas que, en su momento, se discutieron.

Estamos plenamente convencidos de que únicamente la regulación legal de las facultades atribuidas al Estado puede contribuir a superar la grave crisis que ha puesto en entredicho la gobernabilidad y la viabilidad de nuestro país y, lo que resulta aún más grave, ha provocado la pérdida incalculable de innumerables vidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometido con el Estado de Derecho y la democracia, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, para quedar como sigue:

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 29 CONSTITUCIONAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto establecer el mecanismo por el cual el Presidente de la República podrá promulgar un decreto del Congreso de la Unión para restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de determinados derechos humanos y sus garantías, que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

La suspensión o restricción temporal y territorialmente delimitada de garantías de algunos de los derechos humanos de las y los ciudadanos tiene por objeto la facilitación, para el Estado, del control de una situación de peligro real e inminente en que se encuentre la población, para protección de un bien jurídico superior.

Artículo 2.- El Presidente de la República en acuerdo con las y los Secretarios de Estado y el o la titular de la Procuraduría General de la República someterán a la aprobación del Congreso de la Unión, un proyecto de Decreto que establezca:

I. Fundamento y motivación del proyecto de Decreto.

II. Delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de garantías.

III. Tiempo por el que se aplicará la restricción o suspensión de garantías.

IV. Prevenciones generales relativas a la suspensión o restricción de garantías.

V. Garantías que se verán restringidas o suspendidas.

VI. Atribuciones extraordinarias que solicita el Presidente de la República.

VII. Autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

VIII. Convocatoria a los sectores privado y social para colaborar con las acciones derivadas de la ejecución del Decreto.

El proyecto de decreto deberá ser enviado al Congreso de la Unión para su aprobación expedita. En caso de no encontrarse reunido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo recibirá y dará trámite inmediato.

Una vez aprobado el Decreto de suspensión o restricción de garantías por el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá notificarlo inmediatamente a la Organización de las Naciones Unidas, por conducto de su Secretario General, en términos de lo previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consejo: El Consejo de Seguridad Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional;

II. Defensa Exterior: Las acciones por las que el Estado Mexicano, en legítima defensa, enfrenta aquellas amenazas y actos a la independencia, integridad territorial o soberanía nacional, respecto de otros Estados, sujetos de derecho internacional o agentes criminales transnacionales;

III. Fuerza Armada Permanente: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos;

IV. Instancias: Dependencias de la Administración Pública Federal reconocidas en la Ley de la materia;

V. Peligro real e inminente: Aquellas situaciones que, por su naturaleza, afecten la integridad física de toda la población y a todo el territorio mexicano, o parte de él, amenacen la independencia política, la integridad territorial del Estado o la existencia o el funcionamiento básico de las instituciones indispensables para asegurar y proteger los derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Seguridad Interior: La obligación del Estado Mexicano para garantizar el orden constitucional, la paz, la estabilidad interna y la permanencia de la Federación;

VII. Seguridad Nacional: La condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y del proyecto nacional, en términos de la Ley en la materia;

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, el orden público se define como el conjunto normativo que asegura el funcionamiento de nuestra sociedad y los principios en que se basa. El respeto de los derechos humanos es parte del orden público.

Artículo 5.- La salud pública puede invocarse como motivo para suspender o restringir garantías, en términos de lo establecido en esta Ley, a fin de permitir al Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados.

Artículo 6.- Solamente se puede invocar la seguridad nacional para justificar la suspensión o restricción de garantías cuando estas medidas se adopten para proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o su independencia política contra la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza.

No se podrá invocar la seguridad nacional como motivo para imponer limitaciones o impedir amenazas puramente locales o relativamente aisladas contra el orden público ni tampoco se podrá utilizar la seguridad nacional como pretexto para imponer limitaciones vagas o arbitrarias.

Artículo 7.- En los casos en que la urgencia del hecho resulte de tal gravedad que el Presidente de la República se vea obligado a tomar medidas extremas inmediatas para garantizar la vigencia del orden constitucional, deberá informar del hecho, dentro de las siguientes 24 horas, al Congreso de la Unión o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez superada la emergencia, deberá enviar al Congreso de la Unión, para su evaluación, un informe pormenorizado de las acciones implementadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá revisar la constitucionalidad y validez de estas acciones.

CAPITULO II

PREVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 8.- Para los efectos de este Capítulo, además de la actualización de los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV de la Ley de Seguridad Nacional, representan peligros reales e inminentes para la seguridad interior:

I. La sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la Constitución;

II. Agresiones directas a las instancias del Consejo;

III. Actos que pongan en peligro el orden y la paz pública de un municipio, entidad federativa o región, cuando la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones de seguridad pública sea insuficiente o ineficaz y constituyan por ese hecho una amenaza a la estabilidad del Estado Mexicano;

IV. Cualquier otra situación que, por su naturaleza delictiva y que, de no atenderse de inmediato, derive en una perturbación grave del orden o de la paz pública y ponga a la Federación en grave peligro o conflicto.

Artículo 9.- Para declarar la restricción o suspensión de garantías, con fundamento en razones que atañen a la seguridad interior, se observará el procedimiento siguiente:

I. La autoridad estatal o municipal competente, en términos de lo establecido en el artículo 119 constitucional, que considere que se actualizan los supuestos consignados en las fracciones I y III del artículo 8 de esta Ley, presentará por escrito una solicitud de restricción o suspensión de garantías al titular de la Secretaría de Gobernación, quien la presentará al pleno del Consejo. En el caso de lo establecido en las fracciones II y IV del artículo 8 de esta Ley, las instancias del Consejo podrán presentar su solicitud directamente a ese pleno;

II. El titular de la Secretaría de Gobernación procederá a integrar un expediente con la información recibida. En caso de que se requiera información adicional, podrá solicitarla y requerirla a la autoridad, personas físicas o morales que considere pertinente, las que deberán proporcionarla de manera suficiente y oportuna. Las solicitudes notoriamente improcedentes serán desechadas;

III. Integrado el expediente por el titular de la Secretaría de Gobernación, éste lo someterá para su análisis y evaluación al Pleno del Consejo en su siguiente sesión;

IV. El Consejo analizará y evaluará la solicitud y, en caso de considerarla pertinente, procederá a la elaboración del proyecto de decreto que será presentado al Presidente de la República;

V. El Presidente de la República citará a la totalidad de las y los secretarios de Estado y a la o el Titular de la Procuraduría General de la República para emitir el acuerdo por el que se enviará el proyecto de decreto al Congreso de la Unión o, en sus recesos, a la Comisión Permanente. De estas deliberaciones y acuerdos, deberá elaborarse acta circunstanciada, misma que deberá anexarse al proyecto de decreto.

VI. Una vez aprobado el proyecto de decreto, éste se enviará al Congreso de la Unión. En caso de encontrarse en período de receso, la Comisión Permanente recibirá el proyecto de Decreto y resolverá, en un plazo no mayor de 48 horas. En ambos casos, la sesión en donde se trate este proyecto, el único punto a discusión será este.

La Presidencia del Congreso o de la Comisión Permanente dará turno, para su dictamen, a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, misma que deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas. La Comisión Bicameral podrá solicitar al Consejo, toda la información que requiera.

Una vez emitido el dictamen correspondiente, la Presidencia del Congreso citará a sesión de Congreso General, en donde deberá discutirse y votarse el dictamen.

La Comisión Permanente seguirá este procedimiento en lo que corresponda.

VII. Una vez aprobado el decreto, éste se enviará de manera inmediata al Presidente de la República, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, deberá publicarse en por lo menos un diario de circulación nacional y en tres periódicos de la región afectada, así como en los medios electrónicos que se considere conveniente, a través de los tiempos y espacios oficiales.

VIII. El Presidente de la República informará del Decreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos públicos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, para que ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Con el fin de fomentar la participación y colaboración de la ciudadanía, la convocatoria a los sectores social y privado, en términos de lo dispuesto en esta ley, deberá ser sujeta a difusión pública en el cuerpo del propio decreto.

Artículo 10.- La vigencia del decreto, previa aprobación del Congreso, podrá prorrogarse mientras subsistan las causas que le dieron origen o modificarse conforme lo requieran las circunstancias. En todo caso, deberá seguirse el procedimiento anterior, para su prórroga. En el caso de que el Congreso de la Unión considere que la situación que motivó el decreto de suspensión o restricción de garantías ha sido superada, podrá negarse la solicitud de prórroga, sin que para el efecto, el Presidente de la República pueda hacer observación alguna.

Artículo 11.- En todas las acciones que deriven de un decreto para la suspensión o restricción de garantías, con fundamento en razones que atañen a la seguridad interior, participarán las autoridades federales competentes según las atribuciones que les correspondan, de conformidad con la Constitución y las leyes. Las directrices, acciones y medidas derivadas del decreto deberán determinar las autoridades federales responsables de la coordinación y la coadyuvancia de las autoridades estatales y municipales.

Artículo 12.- Dependiendo de la naturaleza del peligro real o inminente, la Fuerza Armada Permanente podrá participar en la atención de la misma, como Institución coordinadora, en los términos que se establezcan en el decreto respectivo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 13.- Alcanzada la normalidad de la situación que motivó el decreto de suspensión o restricción de garantías, el Presidente de la República hará del conocimiento de la sociedad la conclusión de la misma, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y enviará al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de las acciones implementadas y sus resultados, para su aprobación. Este acuerdo deberá ser difundido en los medios de comunicación, a través de los tiempos y espacios oficiales.

El informe deberá ser enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la constitucionalidad y validez de las acciones.

CAPITULO III

DE LA DEFENSA EXTERIOR DE LA FEDERACION

Artículo 14.- Para los efectos de este Título, son ataques a la independencia, integridad territorial o soberanía nacional:

I. La invasión violenta del territorio nacional por un Estado o sujeto de derecho internacional;

II. Actos que vulneren la independencia, el honor, los derechos e intereses de la Patria, cometidos de manera violenta por gobiernos extranjeros, sujetos de derecho internacional o agentes criminales transnacionales y que deban ser enfrentados de inmediato; y

III. La declaración formal de guerra por un Estado extranjero.

Siempre que sea posible, las autoridades correspondientes deberán agotar los mecanismos diplomáticos de solución pacífica de controversias, antes del uso de la fuerza armada permanente de la Federación, en su defensa.

En el momento en que se presente un ataque a la Independencia, la integridad territorial o la soberanía nacional, el Consejo se declarará en sesión permanente y, con los datos proporcionados por las Instancias, deberá acordar la implementación de los planes estratégicos que se deberán seguir.

Artículo 15.- La invasión violenta del territorio nacional, se actualiza en el caso de la entrada ilegal, con violencia o sin ella, de fuerzas armadas extranjeras al territorio continental, insular o al espacio aéreo nacionales, sin que medie declaración formal de guerra. En este caso, el Presidente de la República ordenará la movilización inmediata de cuerpos de la Fuerza Armada Permanente, para hacer frente a la agresión. El uso de la Fuerza Armada Permanente deberá contemplar mecanismos disuasivos y, en caso de que éstos no detengan la agresión, la fuerza efectiva, de acuerdo a los planes estratégicos diseñados por el Consejo.

Enseguida, el Presidente de la República procederá, conforme a lo establecido en los artículos 9 a 13 de esta Ley en lo conducente, para decretar la suspensión o restricción de garantías por razones de defensa exterior, con el fin último de proteger a la población en peligro real e inminente.

Asimismo, ordenará a las autoridades consulares y de la cancillería, informar a los organismos internacionales respecto a los acontecimientos y activar los mecanismos de resolución diplomática de controversias internacionales.

Artículo 16.- Para efectos de este Capítulo, son actos violentos que vulneran la independencia, el honor, los derechos e intereses de la Patria, los siguientes, siempre y cuando sean cometidos por gobiernos extranjeros, sujetos de derecho internacional o agentes criminales transnacionales:

I. Actos que atenten en contra de la vida e integridad de las y los ciudadanos mexicanos, cometidos con la finalidad de afectar nuestra seguridad nacional;

II. Actos que atenten contra las instalaciones estratégicas de nuestro país, dentro o fuera del territorio nacional.

En estos casos, el Presidente de la República procederá, conforme a lo establecido en los artículos 9 a 13 de esta Ley en lo conducente, para decretar la restricción o suspensión de garantías por razones de defensa exterior, con el fin último de proteger a la población en peligro real e inminente.

El Presidente de la República podrá hacer uso de la Fuerza Armada Permanente, conforme a los planes estratégicos acordados por el Consejo, privilegiando siempre la acción disuasiva sobre la efectiva.

El Presidente de la República deberá ordenar la activación inmediata de los mecanismos internacionales de resolución pacífica de controversias o, en su caso, solicitar el apoyo de organismos internacionales y gobiernos extranjeros no involucrados, para la detención y enjuiciamiento de los agentes criminales transnacionales.

Artículo 17.- Para responder a la declaración formal de guerra realizada por un Estado extranjero, el Presidente de la República enviará un proyecto de Ley al Congreso de la Unión. En el caso de que el Congreso no se encontrase reunido, la Comisión Permanente recibirá el proyecto y deberá convocar a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en donde el Presidente de la República deberá comparecer para explicar las razones de la declaratoria, la situación actual y las acciones que debieran implementarse.

El Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a las 48 horas, para resolver sobre la aprobación de la ley por la cual autoriza al Presidente de la República a responder a la declaración de guerra, en nombre de los Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, el Presidente de la República únicamente está autorizado para utilizar la Fuerza Armada Permanente de la Federación, en acciones disuasivas.

Artículo 18.- La Ley por la que se declara la guerra deberá comunicarse al Estado Extranjero por los canales diplomáticos conducentes, a la Organización de las Naciones Unidas y se publicará en el Diario Oficial de la Federación para darle la difusión pública indispensable a través de los tiempos oficiales en los medios de comunicación.

El Presidente de la República procederá, conforme a lo establecido en los artículos 9 a 13 de esta Ley en lo conducente, para restringir o suspender el goce de garantías individuales de las y los ciudadanos afectados, con el fin último de proteger a la población en peligro real e inminente.

Artículo 19.- Una vez publicada la Ley por la que se declara la guerra, el Consejo de Seguridad Nacional, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia, deberán declararse en sesión permanente.

Artículo 20.- Alcanzada la normalidad de la situación que motivó el decreto de suspensión o restricción de garantías, el Presidente de la República hará del conocimiento de la sociedad la conclusión de la misma, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y enviará al Congreso de la Unión un informe pormenorizado de las acciones implementadas y sus resultados, para su aprobación. Este acuerdo deberá ser difundido en los medios de comunicación, a través de los tiempos y espacios oficiales.

El informe deberá ser enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la constitucionalidad y validez de las acciones.

Artículo 21.-En cuanto se normalicen las relaciones diplomáticas con el Estado extranjero al que se había declarado la guerra, el Presidente de la República procederá a la abrogación que dio origen a esta declaratoria e informará al Congreso de la Unión respecto a las acciones emprendidas.

Este informe deberá remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la constitucionalidad y validez de las acciones.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,a 26 de junio de 2013.

Suscribe

Dip. Fernando Zárate Salgado”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Alonso Raya. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

En seguida tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1Despouy, Leandro, Derechos Humanos y Estados de Excepción, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, pp. 57-58.

2Despouy, Leandro, op.cit., p. 2.

3Ídem, p. 24.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, muchas gracias, señor Presidente.

Pediríamos que se inserte en el Diario de los Debates la iniciativa que presentamos, junto con la Diputada Loreta Ortiz Ahlf.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Así se hará, Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Adelante, señor Diputado.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Es menester y es importante para los que nos escuchan el día de hoy recordar que en esta Cámara de Diputados y de Senadores tenemos todavía, algunos legisladores, como un servidor, que pretendemos mantenernos como una auténtica y verdadera oposición, que por desgracia se ve cada día menos en este país, para luchar contra un régimen político de opresión, de corrupción, de privilegios a costa, sobre todo, del empobrecimiento del pueblo de México.

Este proyecto, obviamente, lo estamos plasmando en el Movimiento Regeneración Nacional, y algunos Diputados y Senadores en esta legislatura, ustedes saben, no tenemos todavía registro partidario, pero hacemos uso de nuestros derechos políticos, en el caso particular, al PT, y evidentemente mantenemos este objetivo como central, culminando la idea de que este régimen de opresión, de corrupción, de privilegios que priva en el país, pues, lo vamos a lograr a través de la vía pacífica, a raíz de que la vía electoral funcione.

Como lo hemos estado intentando algunos mexicanos desde hace más de 30 años, fundamentalmente, yo diría en el auge de la lucha por la transición a la democracia, que muchos mexicanos, inclusive, dieron la vida para que pudiéramos tener una sociedad con plenos derechos y democrática, para lo cual habría que lograr hacer que el voto cuente bien, se cuente bien; cosa que hoy vemos que sigue siendo una demanda, no tan solo de este movimiento democrático, sino inclusive una de las demandas de la Revolución Mexicana, que exista una auténtica división de poderes, que evidentemente, día con día vemos que no existe, a pesar de eventos, como el que tuvimos al inicio de este día de sesiones en la Permanente.

Y, obviamente, la alternancia en el poder, que también hemos argumentado, no ha ocurrido en el país. La simulación del prian, como modelo político que se ha instaurado en los últimos 30 años, no es muestra de la alternancia en el poder.

Y evidentemente la composición del régimen de partido de Estado, que le daba vida a este régimen, hace 30 años, mantenía otra característica, un régimen clientelar y corporativo, que el priato jurasico tuvo a bien endosar a otras causas políticas, y otros partidos tomaron estas prácticas clientelares y corporativas, para el manejo electoral de los ciudadanos.

Es importante que toda esta reflexión la estemos haciendo y, sobre todo, para analizar como el régimen actualmente sólo tiene dos instrumentos para mantener el control de la sociedad.

El primero, obviamente, es el empobrecimiento del pueblo, que lo cubren a cabal conciencia, por eso yo creo que ponen a Peña Nieto en la Presidencia de la República; es al día de hoy, ya ni hablar de los anteriores, Fox y Calderón, Zedillo, Salinas, lo mismo, o sea 30 años de empobrecimiento del pueblo, para ponerlo de rodillas y poder propiciar la compra y la coacción del voto que es lo que aprendieron a hacer muy bien.

Y el otro mecanismo, evidentemente, que utilizan, como se ha demostrado históricamente, es la administración de la ignorancia.

Obviamente, se han basado en el control de los medios masivos de comunicación para poder administrar la ignorancia y poder manipular los procesos electorales.

Es por eso que nosotros estamos promoviendo una iniciativa, donde pretendemos que se den reformas al artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitan un mayor conocimiento público de las propuestas y proyectos políticos de los candidatos a la Presidencia, y planteamos la realización de cuatro debates, en lugar de dos, y la obligación del IFE de garantizar que el debate se transmita en el cien por ciento del territorio nacional; algo que evidentemente no se hizo en el 2012, así como la facultad de sancionar a los concesionarios que se nieguen a transmitir los debates presidenciales.

Obviamente, en el proceso electoral 2011-12, se presentaron verdaderos atentados en contra de la democracia del país, cuando los concesionarios de televisión decidieron impedirle a los ciudadanos conocer ampliamente el contenido del primer debate presidencial, que se realizó el 6 de mayo del 2011, esta actitud atenta contra los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, y no puede pasar inadvertida ante los representantes populares.

Culmino.

Encargado de velar por los intereses de la población mexicana. Ante la grave situación de concentración de los medios de comunicación, en prácticamente dos empresas que constituyen un oligopolio informativo en México, la democracia y pluralismo están en juego, y el IFE debe garantizar que los ciudadanos no estén sometidos únicamente a la información que dicho oligopolio considere conveniente difundir.

Y es por eso que estamos proponiendo en la parte sustantiva, que estos debates se realicen; el primer debate en la primera semana de mayo, el segundo en la tercera semana de mayo, el cuarto en la primera de junio y en la última, en la cuarta semana de junio, de este año y, sobre todo, que el Instituto garantice la transmisión en todo el territorio nacional, y ya dijimos que se sancione a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión que no transmitan el debate correspondiente.

Esto es el fondo de la iniciativa, y lo que estamos pretendiendo para cambiar este régimen de corrupción, opresión y privilegios, al cual está sometido el pueblo de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“LORETTA ORTIZ AHLF, DIPUTADA FEDERAL DE LA LXII LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71, FRACCION II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EN LOS ARTICULOS 6, NUMERAL 1, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La publicidad de los argumentos y los proyectos resulta necesaria para permitir una decisión ciudadana informada, al momento de emitir el voto. Es por ello que los debates durante el periodo de campaña electoral y su transmisión masiva resultan indispensables para considerar que existe realmente un proceso democrático de toma de decisiones.

Lamentablemente en el proceso electoral de 2011-2012 se presentaron verdaderos atentados en contra de la democracia del país, cuando los concesionarios de televisión decidieron impedirle a los ciudadanos conocer ampliamente el contenido del primer debate presidencial (que tuvo verificativo el 6 de mayo de 2012). Esta actitud que atenta contra los derechos político electorales de los ciudadanos no puede pasar inadvertida para los representantes populares encargados de velar por los intereses de la población mexicana.

Es clave recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido contundentemente que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre:

“[l]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”1

La Corte Interamericana entiende que:

“Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas “por cualquier... procedimiento”, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las probabilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”2

Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta evidentemente aplicable al grave problema que nos ocupa. La decisión de algunos concesionarios, que lamentablemente controlan gran parte de los canales de televisión y radio en México, significaron en el primer debate una restricción a las probabilidades de divulgación de las ideas que se presentaron en el debate presidencial, lo que significa una limitante en la misma medida al derecho de expresarse y buscar información libremente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente ha alertado que la existencia de oligopolios como los presentes en México pueden impedir la circulación de las ideas y opiniones:

“[...] la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica “medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.3

Por su parte la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha señalado que el pluralismo corre peligro debido a los altos niveles de concentración que pueden presentarse en los medios de comunicación:

“la concentración eleva las barreras de entrada de nuevas empresas en el mercado, y por lo tanto, desalienta la competencia. La interdependencia entre la política y los medios de comunicación tiende a bloquear todo esfuerzo para regular este fenómeno […] la concentración es así un claro peligro para el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación”.4

Ante la grave situación de concentración de los medios de comunicación en prácticamente dos empresas que constituyen un oligopolio informativo en México, la democracia y el pluralismo están en juego y el Instituto Federal Electoral debe garantizar que los ciudadanos no estén sometidos únicamente a la información que dicho oligopolio considere conveniente difundir.

Es por ello que la iniciativa propone una serie de reformas al artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que permitirán un mayor conocimiento público de las propuestas y proyectos de los candidatos a la Presidencia de la República, pues plantea la realización de 4 debates en lugar de 2, la obligación del Instituto Federal Electoral de garantizar que el debate se transmita en el 100% del territorio nacional -algo de lo que fue incapaz en 2012- así como la facultad de sancionar a los concesionarios que se nieguen a transmitir los debates presidenciales.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

UNICO. Se reforman los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo 70

1. Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de cuatro debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine el Consejo General.

2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo; el segundo la tercera semana de mayo; el tercero durante la primera semana de junio y el último en la cuarta semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.

3. Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto garantizará la transmisión de los debates en todo el territorio nacional, en el mayor número posible de estaciones y canales. Para ello hará uso de la facultad que le otorga, el apartado B, de la base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sancionará a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión cuando no transmitan el debate correspondiente, conforme a la fracción IV, inciso f, párrafo 1, del artículo 354 de este Código.

4. […]

5. […]

6. […]

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Loretta Ortiz Ahlf”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse, conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva.

Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, par. 70.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, Cons. 31.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, par. 56.

4 OSCE, Representative on Freedom of the Media. The Impact of Media Concentration on Professional Journalism (2003), p. 30.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, a nombre propio y del C. Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM)

"COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

Los que suscriben, diputada Rosa Elba PErez HernAndez y diputado Tomás Torres Mercado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Planteamiento del problema

El establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación emana de la voluntad de los propietarios de preservar la riqueza biológica de predios de propiedad privada. No obstante, la certificación voluntaria de predios no tiene otra motivación que el sentimiento de buena voluntad, dejando de lado la obtención de beneficios económicos por cuidar los recursos naturales.

Esta iniciativa aprovecha el modelo del proyecto EFICINE 226 y crea un estímulo fiscal para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Exposición de Motivos

Los ecosistemas mexicanos son una gran riqueza biológica y uno de los mecanismos más importantes para lograr su preservación y conservación es el establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

En términos del artículo 77 bis a de la LGEEPA, la certificación voluntaria de predios permite a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, públicas y privadas, y demás personas interesadas, solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente un reconocimiento en el que conste que sus predios serán destinados a acciones de preservación de ecosistemas y su biodiversidad y serán reconocidas como Áreas Naturales Protegidas (ANP). Entre los requisitos, se señala que el promovente deberá definir la estrategia de manejo – asesorado técnicamente por la Secretaría- por un plazo no menor de quince años.

Esta reciente adición a la LGEEPA ha logrado un buen efecto pues por un lado ha demostrado ser muy eficaz para la autoridad -ya que su constitución no representa una erogación económica significativa- y por otro, hace a la ciudadanía partícipe de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas dando impulso alos lazos de cooperación entre el estado y la sociedad mediante la coordinación de las acciones de preservación y en su caso de restauración del equilibrio ecológico.

Además prevé que si en el área se realiza un aprovechamiento sustentable de los recursos que allí se ubican, la Secretaría expedirá un sello de sustentabilidad que dará un valor agregado a los productos resultado de dichos aprovechamientos, como sucede por ejemplo con las maderas certificadas.

En particular, la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es aún incipiente: CONANP reporta 342 áreas certificadas con un total de 378,091.31 hectáreas1.

PRIVADO (Personas Físicas)

86

52,485.04

PRIVADO (Personas Morales):

   

Asociaciones

2

2,409.49

Cooperativas

   

Sociedades

11

67,684.45

PUBLICO-CENTRALIZADO:

   

Federal

   

Estatal

   

Municipal

1

804.17

PÚBLICO-PARAESTATAL

   

Fideicomisos

   

Organismos Decentralizados

   

Empresas de Participación Estatal

2

2,064.73

SOCIAL-COMUNIDADES

42

155,125.06

SOCIAL-EJIDOS

   

Tierras de Uso Común

56

95,029.76

Parcelas

142

2,488.61

 

342

378,091.31

En ese mismo sentido, a pesar del esfuerzo realizado por el Ejecutivo Federal, hasta la fecha han resultado insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector medio ambiente por medio de la CONANP para dar viabilidad económica a la implementación de las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, toda vez que el acceso a diferentes instrumentos económicos, todavía presenta muchas deficiencias.

Hasta ahora no ha sido posible que las áreas certificadas que se destinan a la conservación tengan otra motivación que “… el sentimiento de buena voluntad, el interés por conservar los ecosistemas y dejando de lado la obtención de beneficios económicos por realizar una labor loable y noble como es la de cuidar y mantener los recursos naturales, ya que CONANP no ofrece incentivos económicos ….”2

Con esta iniciativa se pretende valorar el potencial de estas áreas antelas significativas oportunidades de actuar ahora para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al año 2030 a través de políticas que tomen en cuenta los derechos de propiedad de las comunidades donde se localizan las zonas con mayor potencial de mitigación.

De acuerdo con el Informe Stern3 las políticas de adaptación son cruciales para atender los inevitables impactos por el cambio climático y sugiere que la apuesta debe ser a que las personas reaccionen a los cambios en el mercado de los servicios ambientales. En este caso, los gobiernostienen el rol de proveer un marco normativo que guíe la adaptación efectiva de individuos y empresas en el mediano plazo y que contribuya en el largo plazo a la protecciónde bienes públicos, recursos naturales y costas.

La necesidad de actuar ahora es inminente, por lo que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer un estímulo fiscal para promover la inversión de personas físicas o morales en las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación a través de un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. De esta manera, los contribuyentes podrán apoyar directamente a la conservación del área de su elección destinando el 10% de su ISR.

Con esta iniciativa, los propietarios u otros actores que propongan la certificación de un área con características de biodiversidad, podrán no sólo participar en la conservación de bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre, sino que podrán recibir ayuda económica directa para la realización de las acciones previstas en la estrategia de manejo.

Uno de los principales beneficios de este modelo de inversión- supervisado y evaluado por un comité interinstitucional - será que el contribuyente tendrácerteza del destino de su aportación y verá en el mediano plazo los resultados. Si este tipo de cooperación logra una amplia participación, los nuevos beneficios de los servicios ambientales serán para todos los ciudadanos y en consecuencia se estará creando el valor de la protección de esos servicios ambientales. Este modelo dará paso a la acción colectiva de los contribuyentes, con el objetivo de proteger y conservar bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre que son bienes privados pero que al mismo tiempo son bienes públicos.

No debemos olvidar que las personas actúan con base en valores; en la actualidad, el cambio climático nos está poniendo ante el dilema de cooperar para que el futuro sea mejor o dejar la responsabilidad en manos del gobierno, que requiere de largas y complicadas negociaciones para la aplicación de sus programas, con un costo administrativo mucho más elevado. El modelo propuesto en esta iniciativa innovará en el sentido de simplificar el procedimiento de acceso a recursos para la implementación de un programa diseñado por la SEMARNAT y creará el valor de la cooperación para la protección de los recursos naturales.

Otra de las fortalezas de la propuesta, es que dado su carácter urgente en el contexto de los efectos del cambio climático, todos los interesados podrán tomar parte en acciones de mitigación para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones: los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de jóvenes, podrán promover ante SEMARNAT el establecimiento de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en terrenos de su propiedad o mediante convenio con terceros, que con la ayuda económica de los contribuyentes y la asistencia técnica de SEMARNAT, se podrá establecer la estrategia de manejo y su implementación en un plazo de quince años.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil registradas en el INDESOL que tienen como fin la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario4 tendrán la ocasión de impulsar proyectos desde sus comunidades para el rescate de áreas que tienen características físicas y biológicas que merecen ser reconocidaspor sus servicios ambientales. Es preciso reconocer que dichas organizaciones tienen muchas dificultades para lograr ser donatarias autorizadas y sus acciones son principalmente financiadas por las cuotas de sus integrantes. El Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2011, reporta que de 13,343estímulos otorgados, SEMARNAT promovió 310.

Esta propuesta resulta viable si tomamos como antecedente el decreto por el que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005 por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y morales con independencia de la actividad que desempeñen, que lleven a cabo proyectos de inversión en la producción de películas nacionales, conocido como Proyecto Eficine 226, que ha dado resultados tangibles y visibles en la producción cinematográfica nacional.

El éxito de Eficine 226 se debe a la buena reglamentación y constante operación del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional. En correspondencia, esta iniciativa prevé la creación de un Comité Interinstitucional formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad para la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión y la autorizaciónde los montos a los contribuyentes aportantes que no podrán exceder los 20 MDP. El criterio aplicado para determinar dicha cantidad se basa en que el costo estimado anual para el diseño e implementación de un programa de manejo de un área de valor ambiental de aproximadamente 200 hectáreas en una zona urbana es de alrededor de 50 MDP. Si consideramos que áreas de esas dimensiones estarán incluidas en los programas institucionales de la CONANP, concluimos que áreas menores a cien hectáreas podría ser un criterio directriz para las reglas que el comité determine.

ElInforme Stern refiere en sus conclusiones que el costo de estabilizar el clima es significativo pero manejable; posponerlo podría ser peligroso y mucho más costoso. En el rango de opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el actuar para reducir la deforestación es un elemento clave, ya que la pérdida de bosques naturales alrededor del mundo contribuye más a las emisiones globales por año que el 14% que genera el sector transporte. El establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una estrategia que dará viabilidad a la preservación de áreas de bosque natural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el Decreto por el que se adiciona al título VII, “De los Estímulos Fiscales”, un capítulo IX denominado “Del Fomento de las Áreas Naturales destinadas voluntariamente a la Conservación”, que comprende el artículo 239, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el artículo 55 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero. Se adiciona al título VII, “De los Estímulos Fiscales”, el capítulo IX que se denomina “Del Fomento de las Áreas Naturales destinadas voluntariamente a la Conservación”, y que comprende el artículo 239 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la forma siguiente:

Título VII

De los Estímulos Fiscales

Capítulo IX

Del Fomento de las Áreas Naturales destinadas voluntariamente a la conservación

Artículo 239.Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las inversiones en territorio nacional destinadas específicamente a la ejecución de las estrategias de manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, a través de un proceso en el que se conjugan la elaboración de los proyectos, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su ejecución.

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Artículo segundo.- Se reforma el artículo 55 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 55 BIS.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 al 55 de la presente Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta Ley. Se podrán otorgar a dichas áreas los estímulos fiscales previstos en la fracción III delartículo 64 BIS de esta Ley y en términos del artículo 239 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para tal efecto, la Secretaría emitirá un certificado, en los términos de lo previsto por la Sección V del presente Capítulo.

Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.

El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se sujetará a lo previsto en la Sección V del presente Capítulo.

Transitorios

Primero.En un plazo no mayor a tres meses el Ejecutivo federal deberá expedir las disposiciones de carácter federal que sean necesarias para la aplicación de lo previsto en el artículo 239 de esta ley.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación

Diputado Tomás Torres
Mercado

Diputada Rosa Elba Pérez
Hernández

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes dejunio de 2013".

1http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/listado_areas.php al 4 de junio de 2013

2http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_certi.php al 4 de junio de 2013.

3 STERN REVIEW. Economics of Climate Change. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm treasury.gov.uk/stern_review_report.htm

4 Artículo 5 fracción XII Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

"RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de todos los mexicanos a poseer armas de fuego en su domicilio. Sin embargo, este mismo artículo, no define precisamente lo que debemos entender por domicilio, ni tampoco los requisitos que deben reunirse para el efecto de que los gobernados puedan ejercer el derecho de poseer armas para su defensa.

Por lo anterior el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde en los artículos 15 y 16 se establece como concepto de domicilio: el lugar donde las personas físicas tienen su lugar de residencia permanente para sí y sus familiares, es decir, el lugar donde se habita. Una negociación mercantil no queda comprendida dentro de la acepción domicilio a la que alude la norma constitucional de referencia.

En este contexto, y el motivo por el que presentamos la siguiente iniciativa es porque consideramos que el derecho constitucionalmente protegido sobre la posesión de armas de fuego está siendo desconocido en la legislación secundaria.

De hecho algunos expertos en el tema como el Ministro José Ramón cosío Díaz el cual citamos en el presente documento, se han manifestado al respecto, en algunos documentos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) con la intención de proteger los derechos fundamentales de todos y cada uno de los mexicanos.1

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace una mala interpretación de este derecho fundamental, lo que ha permitido encarcelar a personas inocentes que lo único que han hecho es defender su seguridad y la de su familia, dentro de sus negocios mercantiles, los cuales son susceptibles de robos y atracos por haber en su interior dinero u otros objetos de valor que generan algún tipo de tentación.

Así, el contenido esencial de un derecho puede quedar rebasado cuando queda sometido a limitaciones que lo hacen imposible de ejercer, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.

De esta manera, lo que debemos determinar es cuál es el contenido del derecho de los habitantes del país a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.

El interés protegido del mismo, de conformidad con lo dicho en el párrafo precedente, es la posibilidad material de que los ciudadanos pueden velar, mediante determinadas armas de fuego, por su seguridad y legítima defensa.

El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice a la letra:

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

El precepto que consagra el derecho fundamental en cuestión establece que los habitantes del país pueden poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Sin embargo, el constituyente quiso referirse a un espacio, o una clase de espacios, en los cuales los habitantes del país tienen derecho de velar por su seguridad y legítima defensa mediante el uso de armas de fuego.

No pasa inadvertido que el propio artículo 10 constitucional hace alusión a las modalidades del derecho en cuanto al tipo de armas, casos, condiciones y lugares en el que aquel puede ser ejercido dejando su regulación a la ley secundaria. Sin embargo, la cláusula no da al legislador ordinario carta blanca o manos libres para que desarrolle de manera ilimitada el concepto de domicilio, como parte del núcleo esencial del derecho. Incluso en el texto constitucional se utiliza en plural “lugares” para indicar las circunstancias espaciales del ejercicio del derecho.

¿A qué lugares debemos referir las previsiones del artículo 10? Consideramos que la delimitación del concepto de domicilio en términos del artículo 10 constitucional se encuentra a mitad de camino entre dos concepciones jurídicas de domicilio, a saber, el concepto de domicilio comúnmente utilizado por la dogmática civil y el concepto de domicilio constitucional relativo a la inviolabilidad del mismo por autoridades.

Un primer enfoque lo encontramos en la dogmática civil donde el domicilio se identifica con un abanico más o menos variado de lugares que pueden identificarse con él; cada variedad responde a cada una de las finalidades del mismo, por ejemplo, determinar el lugar para recibir todo tipo de notificaciones y emplazamientos (artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles); precisar el lugar donde debe cumplir sus obligaciones (artículo 34 y 2028 del Código Civil Federal; fijar la competencia del juez (artículo 156 fracciones de la V a la XII del Código de Procedimientos Civiles; establecer el lugar donde deben realizarse determinados actos del estado civil, y realizar la centralización de los bienes en caso de juicios universales, quiebra, concurso, herencia (artículos 157 y 739 del Código de Procedimientos Civiles).

Se distingue asimismo, entre los siguientes tipos de domicilio: real (aquel en el que radica una persona con el propósito de establecerse en él); legal (donde la ley señala como lugar para el ejercicio de sus derechosy el cumplimiento de sus obligaciones aunque de hecho no se encuentre allí presente); voluntario, (aquel que surge cuando una persona, a pesar de residir en un lugar por más de seis meses, desea conservar su domicilio anterior, para ello debe hacer la declaración correspondiente dentro del término de 15 días, tanto a la autoridad municipal de su residencia anterior como a la de la nueva); convencional, (es el lugar que una persona señala para el cumplimiento de determinadas obligaciones; de origen, que se refiere al lugar en donde se ha nacido); conyugal, (lugar donde conviven los cónyuges) y familiar, (uno de los elementos objeto del patrimonio de familia).

Por otro lado, tenemos el concepto de domicilio relativo a la inviolabilidad en términos del artículo 16 constitucional. Consideramos que la delimitación constitucional del domicilio como algo que merece ser inviolable, a menos que se trate de actuaciones públicas realizadas bajo condiciones muy estrictas (previa orden de cateo que cumpla con las condiciones que apunta el párrafo octavo del artículo 16), debe oscilar en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las personas.

Para la delimitación de este concepto de domicilio se toman en cuenta tanto elementos objetivos como subjetivos. Los primeros están relacionados con características físicas del lugar, en tanto que los segundos con el tipo de uso que los individuos le den al mismo.

Así, el domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino también la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que él mismo representa.

El concepto de domicilio del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ubicarse ni en el extremo de la dogmática civil (en el que los lugares que se consideran domicilios abarcan desde la casa de residencia de las personas hasta las oficinas, negocios y otro tipo de lugares), ni tampoco en el concepto de “domicilio inviolable” en términos del artículo 16 de la misma Constitución (en donde puede considerarse domicilio cualquier lugar donde se ejerce la libertad más íntima y desarrolla su vida privada y personalidad).

Para definir el domicilio en este contexto, debemos poner énfasis en los otros conceptos que constituyen los bienes e intereses tutelados en el referido artículo 10: la seguridad y la legítima defensa.

Ahora bien, el concepto de domicilio contenido en la Ley Federal de Armas y Explosivos y su reglamento es tan reducido que desconoce el núcleo esencial del derecho.

Los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Armas y Explosivos señalan a la letra:

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro.

Por cada arma se extenderá constancia de su registro.

Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares.

Por otro lado, los artículos 9 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señalan:

Artículo 9.- El domicilio de residencia permanente que declaren las personas físicas para los efectos de posesión de armas fines de seguridad y legítima defensa, será en el que se habite. La falsedad, del informe, implica posesión injustificada de armas.

Artículo 21.- Si se manifiestan más de dos armas para seguridad y legítima defensa de los moradores de un solo domicilio, los interesados deberán justificar esa necesidad

La problemática que se ve en la definición de la legislación tiene que ver con la vaguedad extensional del concepto “domicilio”, es decir, con la cantidad mayor o menor de entes que caben dentro del concepto. No nos referimos a la vaguedad de las características inherentes al concepto, pues evidentemente, en cuanto a ese aspecto encontramos acertada la definición dada.

La zona de penumbra del concepto no permite determinar si ciertos lugares como los establecimientos mercantiles u otros lugares en donde se pueda ejercer válidamente el derecho de autoprotección y autodefensa.

Por lo tanto, ¿existen otros lugares en los que tenga sentido constitucional ejercer la autoprotección y autodefensa?

En el otro extremo, es decir, en los lugares donde es evidente que no es posible ejercer el derecho, encontramos sitios donde la seguridad pública del Estado está a cargo, como espacios públicos, oficinas públicas, museos, baños públicos, aeropuertos, terminales de autobuses, puertos, universidades, escuelas, centros deportivos, culturales o religiosos, etc.

El factor común de todos estos lugares, para efecto de nuestra propuesta, es que en ninguno de ellos se podría ejercer válidamente la autoprotección y la autodefensa, pues se iría en contra de valores e intereses sociales distintos, para cuya defensa existen otras y mejores alternativas.

En una tercera categoría encontramos aquellos lugares homologables al lugar de residencia habitual en la que cobra verdadero sentido el ejercicio del derecho de autoprotección y autodefensa.

Se tratará de espacios en los que el individuo pueda llegar a estar alejado o fuera del alcance de la seguridad pública y, además, en donde no ponga en riesgo otros valores sociales; se tratará, asimismo, de espacios en los que la seguridad del individuo sea susceptible de ser violentada (lugares en donde, de manera acentuada, se corra algún tipo de riesgo). En este aspecto cobra sentido el elemento subjetivo (el uso que se da al domicilio), ya que no es lo mismo un lugar en donde, por existir ciertos bienes que pueden causar tentación, existe un riesgo mayor de atraco o robo, con respecto a otros lugares en los que el riesgo es mínimo.

En suma, en este tercer tipo de casos el concepto de domicilio es vago y de textura abierta; pueden surgir casos en los que existan parte, pero no todos los elementos objetivos y subjetivos a que nos hemos referido, y casos en los que, por la presencia de otros no inicialmente previstos, también se tendrán dudas acerca de si estamos o no en presencia de un domicilio en el que se puedan tener armas de fuego para la autoprotección y autodefensa. En estos casos serán necesarias concreciones justificadas y argumentados por parte del juez de constitucionalidad.

Ejemplo de ello fue el 6 de abril del 2006, donde fue encontrada un arma en el domicilio 507 de la avenida convención, en la ciudad de Aguascalientes, en donde el quejoso tiene un negocio mercantil. El arma de fuego era una pistola tipo escuadra, marca llama, calibre .9 mm (380), con número de matrícula 227021 que, había sacado un ciudadano para defenderse de un robo.

El Juez Primero de Distrito en Aguascalientes dictó sentencia condenatoria contra el quejoso por haberlo encontrado penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto en el artículo 81 de la Ley Federal del Armas de Fuego y Explosivos. Fue condenado a dos años de prisión, multa y amonestación.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano considera que en efecto, los negocios mercantiles no son en principio lugares en donde las personas residan o habiten de manera permanente. Tampoco son lugares públicos en los que es clara la potestad de las autoridades policiacas o de seguridad pública para mantener el orden, ni son lugares en los que la posesión de armas no tenga ningún sentido.

Se trata, más bien, de espacios destinados a cierta interacción social, el comercio, donde las personas intercambian bienes e interactúan mediante el lenguaje; pero se trata de lugares donde existe dinero en efectivo y otros bienes que son susceptibles de ser robados.

No se puede negar que son lugares, donde si bien no se habita de manera permanente, sí suponen un espacio en el que se permanece cotidianamente y, a la vista, se maneja dinero y otro tipo de bienes que pueden llegar a ser objeto de apropiación ilícita.

De este modo, consideramos que en el caso concreto de aquellas personas que tienen un arma de fuego en su negocio, y que se trata de un arma que perfectamente habría podido tener en su casa, esto es, en el domicilio donde reside de manera permanente, sí queda incluido dentro del ámbito del derecho fundamental de auto protección y autodefensa, reconocido en el artículo 10 constitucional.

Las razones que justifican dicha posesión son, como ya lo mencioné; 1) Que el domicilio forma parte del núcleo esencial del referido derecho; y 2) que en un negocio mercantil se justifica el ejercicio del derecho porque ahí cobra sentido la autoprotección y la autodefensa que están en el núcleo de bienes e intereses protegidos por el derecho fundamental.

En cuanto a la segunda razón, todavía puede precisarse que el patrimonio de las personas, en ese tipo de lugares, corre un riesgo acentuado: hay dinero a la vista, la actividad comercial se desarrolla de manera cotidiana, los eventuales delincuentes pueden estudiar y calcular los movimientos de las personas que ahí operan, etc.

Con una interpretación como la que se hace en la sentencia de la mayoría, no sólo se anula o desnaturaliza el derecho fundamental, sino que podría llegarse al extremo de afirmar, como en el caso concreto, que una persona que utiliza en su defensa un arma de fuego permitida en la casa donde reside, está haciendo valer un derecho constitucionalmente protegido, pero si, en cambio, ejerce ese mismo derecho de defensa en su negocio, con la misma arma permitida, entonces se trata de un delincuente que ha puesto en peligro a la sociedad.

Derivado de lo anterior, pongo a consideración de la H. Asamblea la siguiente:

Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

UNICO.- Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue

Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, los domicilios de residencia permanente para sí y sus familiares.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares.

Artículo 16.- Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar, los domicilios de residencia permanente para sí y sus familiares.

Comisión Permanente del congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013".

1 http://www.juridicas.unam.mx/publica/cccons/cont/18/cj10.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el C. Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del PRI)

"El que suscribe, Diputado Federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, de conformidad con los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 123, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La política social es la vertiente de la acción gubernamental que busca dotar de protección social a los grupos vulnerables frente a los efectos de la inequitativa distribución de la riqueza, ladesigualdad y los desequilibrios sociales. Busca poner en marcha programas, proyectos y acciones que solucionen esos problemas sociales generados en los sectores sociales con menos oportunidades de tener un progreso social por sí solos, considerando sus necesidades enalimentación, salud y servicios sanitarios, educación, vivienda, seguridad y sostenibilidad medioambiental, entre otros.

En nuestro país, la política social ha tenido diversos matices, pero tiene su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del derecho a la educación del artículo 3º, del derecho a la vivienda y a la salud del artículo 4º, del derecho a la propiedad de la tierra en su artículo 27 y el derecho al trabajo y a la seguridad social en su artículo 123.

Frente a la realidad que vive un gran número de mexicanos al no poder alcanzar el goce de estos derechos, el Estado mexicano ha debido entablar una serie de estrategias y políticas para intervenir y apuntalar la obtención de una mejor calidad de vida para este grupo.

Con datos del año 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL-2011) 11.7 millones de personas en el país están en pobreza extrema y 40.3 millones de mexicanos con algún nivel de pobreza, en total, 52 millones de mexicanos no tienen un bienestar asegurado.

En la actualidad existen al menos 2 mil 500 programas sociales, tanto federales como estatales, de acuerdo con este mismo organismo. De 273 programas y acciones federales registrados por CONEVAL, 5 están enfocados al tema alimentario, 57 al bienestar económico (ingreso), 91 a la educación, 27 al medio ambiente sano, 16 a la no discriminación, 42 a la salud, 7 a la seguridad social, 19 al trabajo y 9 a la vivienda.

De acuerdo con datos de la CONEVAL, del total de programas federales, el 94% tiene reglas de operación y el92% tienen padrones formales.

Sin embargo, de manera adicional existe un sector más, que hace numerosos esfuerzos para contribuir a atender población vulnerable, con rezago social en diversos rubros, esto es, me refiero al trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil o tercer sector.

Según el Instituto de Desarrollo Social INDESOL, se tienen registradas 11 mil 609 organizaciones, pero se estima que pueden existir entre 20 mil y 30 mil.

En este sentido, existe la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que promueve las actividades de las mismas y mediante programas como el de fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en 2012 las organizaciones recibieron 390 millones de pesos y mediante el Programa de Coinversión Social 1 mil 995.6 millones de pesos, para el apoyo a proyectos, actividades y fortalecimiento institucional.

De conformidad con la citada Ley, las organizaciones de la sociedad civil que son objeto de fomento, realizan actividades en materia de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, promoción de la equidad de género, atención a grupos sociales con discapacidad, promoción del deporte, atención de la salud y cuestiones sanitarias, fomento de acciones para mejorar la economía popular, entre otras.

De ahí que el propósito de esta iniciativa es adecuar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para incluir como una obligación de dichas organizaciones que reciben financiamiento público, integrar de manera formal, bajo criterios técnicos y observando la normativa en materia de transparencia y protección de datos, un padrón de beneficiarios de las acciones que realizan con recursos públicos.

Lo anterior, a efecto de que estos padrones sean remitidos a la Secretaría de Desarrollo Social y sean parte del acervo de padrones de beneficiarios, como parte de la directriz de la política social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno el presente

DECRETO

Artículo Unico. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 9 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las organizaciones de la sociedad civil que con los fines de fomento que esta ley establece, reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como integrar un padrón de beneficiarios de las acciones que realicen en el ámbito de sus actividades, el cual deberá ser entregado a la dependencia o entidades del gobierno federal de donde hayan emanado los recursos en los plazos y términos que la misma determine.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

"C.C. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
PRESENTES.

La que suscribe,Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de laRepública, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 14, párrafo primero y fracción II del artículo 42, fracción VI del artículo 45, párrafo primero del artículo 46; y se adicionan las fracciones XIV y XV del artículo 10º, párrafo cuarto de artículo 13, fracción III del artículo 14, fracción XVIII del artículo 45, párrafo segundo del artículo 46; todos de la Ley de la Economía Social y Solidaria; se adiciona la fracción XVI del artículorecorriéndose en su orden natural las subsecuentes; y los artículos 115 A, 115 B; Y 115 C, del capítulo XX Bis, todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; se reforma la fracción primera y se adiciona la fracción IV del artículo , recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; todos de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; se reforma la fracción II del artículo 82, las fracciones I, II y III del artículo 110; y se adiciona la fracción VI del artículo ; todos de la Ley General De Cambio Climático; se reforma la fracción II del artículo 21, párrafo primero del artículo 38, párrafo primero del artículo 109 bis, fracción V del artículo 158 y se adiciona la fracción VIII del artículo 15, párrafo segundo del artículo 38 y párrafo segundo del artículo 109 bis, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adicionan las fracciones IV y VI del artículo recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; se reforma la fracción IV del artículo y fracción XXXIV, del artículo ; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; se reforma la fracción II, del artículo 13 y la fracción III del artículo 117 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; se reforma la fracción VII del artículo 11, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para México los antecedentes en materia de responsabilidad social ha sido resultado de largos procesos culturales autónomos. Como ejemplos tenemos los planteamientos de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), pioneros en el tema.

En un panorama internacional México no ha dejado de permanecer ajeno a las tendencias, la responsabilidad social en las empresas ha sido fundamental y bien recibido por empresarios de nuestro país, tanto dependencias del sector público como organismos del sector privado han emprendido diversas acciones, entre las que se ha destacan la creación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza (Aliarse) por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

En este tenor Cemefi como Aliarse han logrado la definición tangible de la responsabilidad social empresarial en México sin llegar a considerarla como una política o estrategia central del negocio, ni aludiendo a su carácter voluntario u obligatorio.

En 1996 se constituyó formalmente la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), encargada de operar los recursos provenientes de un gravamen adicional al impuesto sobre nómina propuesto por los empresarios del estado para obras sociales. Para septiembre de 2005 el Consejo Coordinador Empresarial lanzó la Fundación del Empresariado en México (Fundemex) con el objeto de lograr una participación “más estructurada” de los empresarios en el entorno externo y de combate la pobreza. En los últimos años ha aumentado el número de fundaciones empresariales o de programas sociales corporativos institucionales.

La competitividad se debe mantener para que las empresas puedan subsistir y la responsabilidad social es una estrategia de negocios desde dos aspectos – la competitividad y la sustentabilidad – son clave para el éxito, de ahí que el uso eficiente de los recursos naturales, económicos y sociales, así como la adaptación de la compañía a las preferencias de los individuos que demandan bienes y servicios sustentables se vuelven imperativos, hay que considerarlos no como restricciones, sino como oportunidades estratégicas para generar valor en las empresas.

La actual situación de sustentabilidad y responsabilidad social de las empresas pareciera ser un esfuerzo dirigido exclusivamente a empresas grandes, a las que cotizan en bolsa o simplemente a las que reconoce la población en general. Sin embargo, de cada 100 empresas en México 99 son pequeñas o medianas, PYMES. Estas empresas, si bien sólo concentran 35% de la producción bruta total, emplean a 73% del personal ocupado (INEGI 2010). No es poca la importancia que tienen las PYMES en la economía, la sociedad y el medio ambiente; por esta razón, es necesario que generen un sentido de responsabilidad social en proporción a su tamaño y, en la medida de lo posible, su impacto.

El principal objetivo de la sustentabilidad es generar valor económico, social y ambiental para perdurar. Consiste en pasar de ver a la empresa como generadora de valor monetario a verla como una empresa capaz de generar valor dentro y fuera de su entorno económico, social y ambiental, generando un Porter “valor creado” (Porter y Kramer 2011). En el único estudio empírico que aproxima la idea de competitividad a la de sustentabilidad en México, se encontró que en compañías de más de 500 empleados, seis de cada diez empresas considera que las acciones de sustentabilidad que han implantado les han generado beneficios económicos (Aigner y Lloret 2011).

La responsabilidad social en las empresas genera mayores beneficios económicos o, simplemente, que la búsqueda de la sustentabilidad en la empresa puede llevar a eficiencias operativas.

Actualmente México enfrenta un cambio en su configuración social, existe un vacío en el proceso de formación de nuestra sociedad que a su vez es reemplazado por diferentes medios como los de comunicación los cuales pretenden enseñar las tareas que la familia y la comunidad ya no cubre; las organizaciones de diferentes sectores son excelentes trasmisores de estos valores.

Según datos oficiales de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarialen nuestro país solo existen 36 mil organizaciones de la sociedad civil para aproximadamente 113 millones de mexicanos, mientras que en otros países estos números son mayores y tienen como buena consecuencia una gran participación de los ciudadanos, lo cual fortalece a estos países.

Con base en estos datos han existido diferentes propuestas para incentivar desde diversos puntos la responsabilidad social en empresas y la inclusión de sociedades civiles en la ciudadanía. A continuación exponemos algunos de estos:

Desde la perspectiva fiscal, actualmente para las empresas resulta muy atractivo la deducibilidad de impuestos, cuando estas hacen donaciones sin fines de lucro existe una posibilidad de triangular recursos, aunque el único fin debe ser cumplir con su objeto social, así esto tiene como consecuencia la buena imagen de la empresa en materia de responsabilidad social y del beneficio común de la sociedad.

Desde el punto de vista de certificados, el Cemefi es el encargado de otorgar diversos distintivos empresariales, el más importante es el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR)el cual se entrega a diversas empresas que cumpliendo con cuatro criterios establecidos por este órgano se elige al mejor calificado según la institución.

En materia de transparencia, debe existir el medio eficaz para el control en la transparencia de los recursos que ejercen las empresas y sociedades en sus actividades, lo cual es trascendente para ver el objetivo y cumplimiento de su objeto social.

Desde el punto de vista social, la creación de nuevos espacios laborales y la consolidación de los existentes es reto de las empresas y sociedades.

El Centro Mexicano para la Filantropía define a la responsabilidad social como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

La adecuada alineación de la estrategia de la empresa con los componentes de la responsabilidad social parte de una visión en la cual es posible vincular la competitividad de la empresa con la sustentabilidad. De hecho, siendo estrictos no se podría ver una separada de la otra, ya que tendríamos el riesgo de que la empresa no sobreviva en el largo plazo. La virtud de pensar en la empresa como un ente generador de sustentabilidad es posible siempre y cuando sea consciente de que su permanencia depende ampliamente de factores económicos, ambientales y sociales.

En este tenor y una vez definido el concepto de responsabilidad social es oportuno exponer los principios generales o rectores que habíamos planteado en párrafos anteriores.

El primero es el desarrollo económico en las empresas por su riqueza legítima, empleos y los ingresos que pueden ofrecer para el bienestar que demanda la sociedad, así como las oportunidades que exige la superación de la pobreza. El desarrollo sustentable puede realizarse si existe un contexto jerarquizado de políticas ambientales, donde el orden de preferencia vaya de las iniciativas voluntarias y acuerdos negociados entre empresas y autoridades, a instrumentos económicos y a regulaciones equitativas y eficientes.

Segundo, el desarrollo ambiental es una gran oportunidad para que las empresas hagan su mayor aportación al desarrollo sustentable, los gobiernos deben construir un marco legislativo estable, efectivo y económicamente eficiente.

Es deseable que de manera autónoma las empresas participen con iniciativas de mejoramiento en el desempeño ambiental a través de las cadenas de cliente-proveedor, de igual forma encontrar soluciones costo-efectivas a problemas ambientales.

Tercer principio general es el desarrollo social como pilar del desarrollo sustentable, el sector privado tiene la oportunidad de emprender proyectos que promuevan el desarrollo de las comunidades de su entorno en una relación de negocios, para ello es necesario un cambio cultural en las organizaciones empresariales para la integración de la sociedad como parte de esa responsabilidad corporativa.

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México está por debajo en los índices en educación y salud, 3.3 millones de niños trabajan, existe un alto índice de corrupción, impunidad, baja credibilidad en el gobierno, carencia de infraestructura legal para la responsabilidad social de las empresas y una enorme desigualdad social, es por eso la importancia de creación de estímulos sociales, económicos y ambientales que beneficie una mejor calidad de ambiente empresarial en el país. Este es el contexto en el que nació y se desarrolló la responsabilidad social, tal y como lo conocemos hoy, sin embargo, sus raíces culturales provienen de muchos años atrás.

La buena imagen de las empresas en México se da por la percepción y el compromiso con su comunidad, buscar la sinergia entre diferentes sectores que permite multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales comunes a todos debe ser uno de los objetivos de las empresas. En esta dimensión se detectó que 12 empresas (54%) no mencionan nada al respecto, o canalizan su responsabilidad social en sus mismas fundaciones, 6 empresas (27%) si dicen mucho sobre los programas que destinan a la educación, salud y cultura, según informó el Centro Mexicano para la Filantropía.

La presente propuesta de reforma a diversas leyes de nuestro marco legal es crucial para un mejor desarrollo social y económico, garantizando el crecimiento integral de organizaciones empresariales y sociales que contribuyen al bien común del país.

La Ley de la Economía Social y Solidaria, dispone el establecimiento de mecanismos que facilitan la organización de la actividad económica del sector social de la economía, aportando reglas de organización, fomento y fortalecimiento de ese sector, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo social y económico del país.

Esta iniciativa propone crear un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social que promueva las acciones estratégicas de diferenciación que puede utilizar una empresa desde una perspectiva que está vinculada principalmente a una buena imagen de la firma y sus marcas, al diseño sustentable de productos con menor impacto ecológico y al aumento en la disponibilidad de pago de los consumidores por un bien con atributos sustentables, producto de la innovación y de la adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores actuales.

Mientras que desde la perspectiva de las estrategias de costos se encuentran la eficiencia en la producción, el aumento en la productividad de los empleados, la disminución del costo de capital por reducir contingencias ambientales con el regulador y, desde luego, la innovación con tecnología más limpia y eficiente.

El destino principal del programa debe ser el fomento económico que las empresas necesitan para dar el paso a lo expresado en la presente exposición de motivos.

Por otro lado la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece.

Se propone crear el premio nacional a la responsabilidad social, reconociendo al sector de las empresas el esfuerzo por cumplir con los ejes y aportar al bien común del país, se adiciona un capítulo para establecer las bases de operación en este premio.

En conjunto con la Ley de Sociedades de Solidaridad Social se busca el aumento de empleos formales benéficos para la sociedad, el cuidado racional de los recursos naturales y el aumento de la economía local de estas sociedades solidarias.

Por otro lado está la Ley General de Cambio Climático la cual debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación y regulación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante esta ley se debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la preservación, la restauración, el mejoramiento del ambiente y el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, dichas leyes tienen un objeto en común, la preservación y procuración del medio ambiente. Particularmente estas leyes son una invitación al derecho a un medio ambiente sano, donde cada vez más difícilsu sustentabilidad por el cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

El fomentar la educación, investigación y desarrollo en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, tanto como la prevención y el control de contaminación del aire, agua y suelo, garantiza la participación corresponsable de las personas aplicando valores como la responsabilidad compartida y manejo integral de residuos.

De acuerdo con esta Ley la sustentabilidad se entiende como la permanencia de recursos naturales a lo largo del tiempo con el fin de que las generaciones futuras también los utilicen. Aunque esta noción no está restringida a la permanencia de recursos naturales, también abarca el uso adecuado y responsable de recursos humanos, capitales y financieros, entre otros.

Uno de los principios de la responsabilidad social, en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; por medio de estas reformas haremos cumplir el objeto.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fomentan la solidaridad en la sociedad, teniendo como ejes rectores principios tales como la subsidiariedad y el bien común. El fomento y ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas representa una reactivación económica importante para el país, tal como lo es la inclusión de personas al sector laboral, permitiéndoles una calidad de vida digna de cada persona.

Por otro lado, se reconoce la necesidad de modificar la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la cual ha tenido diversas reformas con el fin derogar o modificar algunas disposiciones para establecer un límite fiscal de deducibilidad en las donaciones a favor de las empresas.

En este tenor sería adecuado analizar la posibilidad de elevar el umbral de 7% a 9% del monto total de los donativos para fines de utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectué la deducción, lo que impulsaría el apoyo a las asociaciones civiles sin fines de lucro, sin embargo esta propuesta debería ser analizada por la Cámara Diputados en su momento.

En esa tesitura, cabe reiterar, que esta iniciativa legislativa que impulsa la responsabilidad social considera lo siguiente:

1. La creación de un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social, cuyo objeto será atender con recursos suficientes las acciones productivas del Sector mediante el apoyo de proyectos que beneficien particularmente a la sociedad, la economía y el medio ambiente a fin de contribuir al bien común del país.

2. La inserción de un premio nacional a la Responsabilidad Social, incentivando al sector privado a la participación responsable.

3. Reconocimiento a las empresas con una calidad de transparencia ejemplar para la sociedad, lográndolo a través de rendición de cuentas.

4. La sanción y el resarcimiento de daños por abusos al medio ambiente y la implementación de auditorías, ya sea por autorregulación y oficiales para prevenirlos.

5. Armonizar la corresponsabilidad integrando al sector empresarial en este principio.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se reforman: la fracción XIII del artículo 14, el párrafo primero y la fracción II del artículo 42, la fracción VI del artículo 45, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 46, y se adicionan: las fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 10; el tercer párrafo al artículo 13, la fracción IV Bis al artículo 14, una fracción XVIII al artículo 45, pasando la actual a ser IX, el párrafo segundo del artículo 46, recorriéndose los subsecuentes. Todos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

I aXI…

XII. Confianza;

XIII. Autogestión;

XIV. Responsabilidad Social, y

XV. Sustentabilidad.

Artículo 13.

El Instituto deberá implementar acciones necesarias para el cumplimiento de la responsabilidad social en el sector, contribuyendo al desarrollo social, ambiental y económico del país.

Artículo 14.

I. a IV…

IV Bis. Formular e instrumentar un Programa de Fomento a la Responsabilidad Social del Sector;

V. a XII …

XIII. Difundir y actuar conforme a los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás que se establezcan en el acuerdo que emita el secretario de Economía;

XIV. a XVIII …

Artículo 42. Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad económica que desarrollen su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar de manera responsable las siguientes actividades económicas:

I …

II.Explotación racional de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;

III. a V…

Artículo 45. …

I. a V …

VI.Proporcionar en tiempo y forma la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. a XVII…

XVIII. Contribuir al cumplimiento de la responsabilidad social del Sector; y

XIX .…

Artículo 46. La secretaría creará el Programa de Fomento a la Responsabilidad Social y el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa de Fomento a la Responsabilidad Social, tendrá como objeto promover y llevar a cabo acciones de capacitación, sensibilización y fomento a la responsabilidad social en el sector.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los Programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan: la fracción XVI del artículo 6ºrecorriéndose en su orden natural las subsecuentes; el capitulo XX bis denominado Premio Nacional de Responsabilidad Social, y los artículos 115-A, 115-B y 115-C; todo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

I.- a XV.- …

XVI.- De Responsabilidad Social.

XVII.- De Seguridad Pública.

XVIII.- Premio Nacional de la Cerámica.

Capítulo XX Bis

Premio Nacional de Responsabilidad Social

Artículo 115 A.- El Premio Nacional de Responsabilidad Social es el reconocimiento que el Gobierno Federal otorga a quienes hayan destacado por su trabajo, empeño y dedicación en favor de la responsabilidad social empresarial, comunitaria y en general del bien común y desarrollo integral de la sociedad.

El Premio Nacional de Responsabilidad Social se entregará anualmente y consistirá en diploma, y numerario.

Artículo 115 B.- El Premio Nacional de Responsabilidad Social se entregará anualmente conforme a las categorías que defina el Consejo de Premiación.

Artículo 115 C .- Para la entrega del Premio Nacional de Responsabilidad Social, el Consejo de Premiación se integrará por un representante de la Secretaría de Desarrollo Social quien lo presidirá, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un representante de la Secretaría de Economía, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean integrantes de las Comisiones competentes y los representantes de las organizaciones empresariales, y de la sociedad a las que se les invite.

ARTICULO TERCERO: Se reforma: la fracción I del artículo 2º; y se adiciona: la fracción IV del artículo 2º, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes. Todos de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto:

I.- La creación de fuentes de trabajo digno.

II.- a III …

IV.- La promoción de la responsabilidad social, así como el servicio que fomente la educación y valores sociales que eleven la calidad de vida de la sociedad en general;

V.- La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios.

VI.- La educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social, la afirmación de los valores cívicos nacionales, la defensa de la independencia política, cultural y económica del país y el fomento de las medidas que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.

ARTICULO CUARTO: Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 110 de la Ley General De Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 110. Para dar cumplimiento al artículo anterior la Comisión deberá:

I.Convocar anualmente a las organizaciones de los sectores social y privado a que manifiesten sus opiniones y propuestas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

II…

III.Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar la explotación irracional de los recursos naturales y los efectos adversos del cambio climático; y,

IV. ...

ARTICULO QUINTO: Se reforman: el párrafo primero del artículo 38; el párrafo primero del artículo 109 bis; la fracción V del artículo 158; y se adiciona: el párrafo cuarto del artículo 109 bis. Todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales deberán desarrollar procesos internos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

Artículo 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal, las Delegaciones del Distrito Federal y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de Delegaciones del Distrito Federal o Municipios.

En caso de incumplir con alguna de estas previsiones se sancionará de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal y las demás leyes aplicables a la materia.

Artículo 158.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:

I.- a IV. …

V.-Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con las organizaciones privadas y en general con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los Estados y Municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y,

VI.-…

ARTICULO SEXTO: Se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes del artículo 8º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 8. El Consejo, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:

I. a IV. …

V. Promover las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las personas con discapacidad en los sectores social y privado; y

VI.…

ARTICULO SEPTIMO: Se reforma la fracción XXXIV del artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXXIII …

XXXIV.Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de empresas, productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

XXXV a XLV. …

ARTICULO OCTAVO: Se reforman la fracción II del artículo 13 y la fracción III del artículo 117 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 13. Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere, en términos de la presente Ley:

I.…

II.Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos, tratándose de recursos naturales se establecerán los criterios para la explotación racional de los mismos; y

III. …

Artículo 117. Durante la vigencia original de un proyecto de asociación público-privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando las mismas tengan por objeto:

I. a II …

III.Atender aspectos relacionados con la protección a la sociedad, así como del medio ambiente, y la preservación y conservación de los recursos naturales;

IV. a V. …

ARTICULO NOVENO: Se adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. a VI…

VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las MIPYMES;

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable; y,

IX. Promoción y apego a una cultura de responsabilidad social empresarial.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F a 26 de junio de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD

(Presentada por el C. Diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo parlamentario del PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 390 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

"Los proponentes RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CODIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los niveles de criminalidad que azotan a nuestro país se hacen más visibles a causa de las diferentes modalidades en las que se hace presente el crimen organizado, cuyohilo conductor es la intimidación y altos grados de violencia.

Paralelamente a la sensación social de inseguridad e incertidumbre, los grupos delictivos utilizan los adelantos científicos y nuevas tecnologías para aplicarlos a sus operaciones delictivasobteniendo así mayores índices de precisión en los mecanismos de actuación con un incremento efectivo de resultados.

A estas alturas no hay duda que la violencia asociada al narcotráfico se ha incrementado en México y de modo particular en Tamaulipas, Michoacán, y Guerrero. Aunado a una serie de reclamos de la sociedad que ha atestiguado y sufrido ésta violencia sin acciones efectivas.

Las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal para desarticular a las organizaciones criminales que pelean el control del mercado y acceso a nuevas formas y modalidades de delitos como: asesinatos, robos, secuestros y extorsiones entre otros delitos, han sido un total fracaso, ya que carecen de los instrumentos mínimos de medición e identificación para reconocer que existen diversos grupos delictivos organizados.

Una de las prácticas de estos grupos delictivos se encuentratipificada en el Código Penal Federal, el delito de extorsión el cual se define como: un hecho punible, que consiste en obligar a una persona, a través de la intimidación o violencia, a realizar un acto con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

Hasta el surgimiento de nuevos y numerosos grupos delictivos, es que se hace una práctica común de estos, a pesar de que ya existir este delito era ejercido por pocos. La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, tanto para otros carteles, como para sus extorsionados con nuevas modalidades, por vía telefónica donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero, por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado “cobro de derecho de piso”, “cobro de protección”, que va desde cinco mil pesos a 50 mil pesos al mes.

Estas peligrosas bandas criminales actúan donde saben que tienen la protección de las autoridades, por lo que cuentan con zonas delimitadas para sus operaciones.

Este delito ha lastimando de manera significativa la actividad comercial; con mayor incidencia en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa,Durango y Guerrero, con un mayor número de denuncias por tal práctica delincuencial.

De 2006 a 2011 se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, aunque esa cifra, es poco representativa ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero y febrero de 2013se denunciaron 263 mil 359 delitos en total ante las 32 Procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal, un 3.2% menos que los 272 mil 94 reportados en el mismo periodo de 2012.

Con 960 denuncias, la incidencia del delito de extorsión también aumentó un 13% respecto al año pasado, cuando hubo 849, según las estadísticas del SNSP.

Sólo Colima, Nayarit, Tlaxcala y el Estado de México no reportaron al SNSP haber recibido denuncias por el ilícito, el cual tuvo una mayor cifra de casos en el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Puebla.

¿Cómo opera el delito de extorsión?

Mediante amenazas directas a las víctimas y sus familiares, como consecuencia de tal hecho si estas no pagan y cumplen con la respectiva cuota de protección o derecho de piso, serán acreedores a una represaría más fuerte como: levantones, golpizas, secuestros, y muertes.

Las víctimas de este delito pueden ser desde comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e incluso los delincuentes piden cobro a casas o zonas habitacionales.

Este delito va acompañado de un sin número de corruptelas donde se encuentran involucrados de forma directa o indirecta policías municipales estatales y federales, por lo tanto se encuentra vulnerado el Estado de derecho.

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad, creando nuevos delitos o nuevas modalidades de estos. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno y el involucramiento de las corporaciones policiacas, las cuales han sido penetradas por la delincuencia organizada, la inoperancia del estado mexicano de ejercer control territorial.

Es una lucha despiadada por parte de las bandas criminales, atemorizando y saqueando a la ciudadanía en general, a través del delito antes mencionado y de otros más. El objetivo de esta iniciativa es hacer notar que conforme avanza la delincuencia se crean más delitos, por tanto se debe ampliar la tipificación del delito de extorsión aplicando penas más severas y sin distinción alguna.

ARGUMENTACION

Derivado de lo anterior se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal en su artículo 390, para fortalecer el estado de derecho y subsanar lagunas legales en dicho ordenamiento legal, con el fin de consignar y sentenciar a los delincuentes que cometen dicho delito.

El delito de extorsión es un delito considerado de alto impacto, que se perpetra bajo diversas modalidades donde lleva implícita la amenaza por parte de grupos del crimen organizado de llevar a cabo la quema de comercios o negocios si no se paga la cantidad que exigen, “derecho de piso”, o por “cobro de seguridad”, o “cobro por protección”; como sucedió en 2011 con el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con las denuncias presentadas por civiles ante procuradurías por el delito de extorsión en diversas modalidades, el Estado de Morelos ocupa el primer lugar en ilícitos al presentarse 34 acusaciones por cada 100 mil habitantes.

En ese mismo orden de ideas,la organización delictiva que lleva acabo extorsiones y ha quemado más negocios por incumplimiento en el pago de cuotas es los Zetas. Le sigue el cártel del golfo y en tercer lugar se ubica la línea y bandas que operan para el Cártel de Juárez.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de extorsión, contemplando las diversas modalidades para cometerlo.

Debe de haber mano dura en la persecución y sanción de delito, ya que, las víctimas son obligadas a actuar de determinada forma, con base en el miedo a que algo les suceda a ellas o a su familia, afectándose no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, ya que la psicosis generada las obliga a cambiar de hábitos, de trabajo o incluso de residencia. Siendo además muy común que el extorsionador vuelva a buscarlos.

De esta manera, el delito de extorsión es uno de los delitos que más daña a la persona y a su entorno, y de los que más se duele la sociedad.

Es imprescindible combatir y erradicar este delito con medios legales más eficaces y severos, a fin de lograr su disminución y, con ello, el aumento de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible revictimización.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII DEL CODIGO PENAL FEDERAL, AL TENOR DEL SIGUIENTE:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 390 y adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Código Penal Federal.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial omoral, se le aplicarán de cuatro a quince años de prisión y de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de multa.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito:

I.- Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos que puedan poner en peligro la vida;

II. Se emplee violencia;

III. El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada, en los términos de la ley de la materia;

IV. El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

V. Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.

VI. Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal;

VII. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años;

VIII. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de manera definitiva para desempeñar cargos o comisión públicos.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 26 de junio de 2013.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.-Dip. Ricardo Monreal Avila".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS A LA FRACCION II DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

"El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los principales retos que enfrenta el turismo nacional, con miras a ubicar a México como destino y potencia turística de clase mundial, consiste en aumentar sin lugar a dudas la conectividad y facilitar el flujo de turistas hacia nuestro país.

Esta es una asignatura que debe ser atendida con suma responsabilidad, no solo por el gobierno federal sino también por todos los actores públicos, sociales y privados que intervienen en una actividad tan relevante como lo es el turismo, que para México es componente esencial y detonante de su desarrollo económico y social.

Serios son los problemas que seguimos teniendo con nuestros procesos y sistemas de internación, particularmente de carácter migratorio, que nos obliga a mejorar los trámites para la obtención de visas, como también contar con infraestructuray tecnología de vanguardia en nuestras estaciones migratorias y centros de recepción, control y salida de nacionales y turistas extranjeros, que mitigaría importantemente esta problemática.

Para fortalecer la llegada de más aviones internacionales, cruceros marítimos y vehículos por vía terrestre, requerimos ofertar una mayor apertura, flexibilidad, eficiencia y facilidades para la expedición de visados a nacionales de países potencialmente turísticos para México, con el principal objetivo de incrementar la afluencia de los paseantes.

La Ley de Migración1 vino a ordenar en mejor medida el desplazamiento de personas hacia y desde nuestro país, como una respuesta estratégica para hacer frente a los desafíos que los grandes movimientos migratorios imponen. Fue objetivo principal de este nuevo ordenamiento legal, mejorar los procesos migratorios y establecer para las autoridades en la materiareglas claras y precisas que otorguen seguridad jurídica a los extranjeros en México y garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes.

El título cuarto de la Ley, denominado “Del movimiento internacional de personas y la estancia de extranjeros en territorio nacional”, dispone los requisitos que habrán de cumplir los extranjeros para internarse al país, para permanecer en él de manera temporal o permanente, así como para abandonarlo, estableciendo nuevas características migratorias o condiciones de estancia que pueden obtener los nacionales de otros países de manera regular en México, como son: a) visitante sin permiso para actividades remuneradas; b) visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; c) visitante para realizar trámite de adopción; d) residente temporal, e) residente temporal estudiante; y, f) residente permanente.

La calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas,2 es aquella que se autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada. Esta condición migratoria, es la que correspondía a la calidad de No Inmigrante prevista en el abrogado artículo 41 de la Ley General de Población,3 que de conformidad a lo que disponía el artículo 42 de la misma ley, también abrogado,4 podía derivarse en la característica de turista, que era aquella que se otorgaba con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.

La actual Ley de Migración dispone que para poder ingresar al país, los extranjeros, además de contar con pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente,5 deben presentar en el filtro de revisión migratoria, cuando así se requiera,6 visa válidamente expedida y en vigor en los términos que establece el artículo 40 de la propia Ley de Migración,7 cuyos criterios para su emisión serán establecidos en el Reglamento de la Ley y los lineamientos correspondientes serán determinados en conjunto por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, debiéndose privilegiar una gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos migratorios ordenados y regulares, pero siempre privilegiando la dignidad de los migrantes.

Precisamente, el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Migración8 señala los requisitos y procedimientos que habrán de cumplir las personas extranjeras solicitantes de visa, debiendo presentarse a la entrevista consular, dentro de los que se encuentran entregar: 1) Solicitud de trámite; 2) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea vigente y válido conforme al derecho internacional; 3) Aquella información y datos personales que sean requeridos para su debida identificación, excepto en los casos previstos en los lineamientos que emitan en conjunto la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Ese artículo en particular señala que en el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentren sujetas a tutela jurídica conforme a la legislación civil, deberán presentar la solicitud de visa firmada por madre y padre o por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, disponiendo también que cuando acudan solos o con un tercero mayor de edad, deberán presentar documento otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad para ello en el que conste la autorización de ambos padres o de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela.

Asimismo, esta disposición normativa señala que los extranjeros solicitantes de obtención de una visa deberán presentar aquellos documentos necesarios para el tipo de visa que requieran, o bien, aquellos que se prevean para la expedición de una visa por autorización del Instituto Nacional de Migración, que serán determinados de manera conjunta por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en los lineamientos que se emitan para tal efecto, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso de la expedición de visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas, que es materia de la presente iniciativa, los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores,9 en su artículo DECIMO CUARTO, fracción I, inciso a), dispone que en el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentren sujetas a tutela jurídica conforme a la legislación civil, el formato de solicitud de visa ante la oficina consular deberá ser firmado porambos padres o por quien ejerza la patria potestad o tutela, en presencia del funcionario o empleado consular.

Dispone que si el padre o madre no se presentan físicamente a la oficina consular para obtener la visa para su menor hijo,deberá presentar la autorización notarial del otro progenitor en donde se haga constar su consentimiento para obtener visa mexicana y previene además que cuando acudan solos o con un tercero mayor de edad, deben presentar documento otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad para ello en el que conste la autorización de ambos padres o de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, para que le sea tramitada una visa mexicana y, en su caso, expedírsela.

Por su parte, los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios,10 también fijan los requisitos de ingreso, permanencia y salida para las personas extranjeras; además de fijar los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las condiciones de estancia, así como el establecimiento y supresión de los requisitos de ingreso al territorio nacional, en los que además de señalar el cumplimiento de obligaciones para el trámite de internación al territorio nacional de personas extranjeras que requieren de visa, dispone también aquellos que habrán de cumplir los extranjeros que desean internarse al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas y son nacionales de países con los que México tiene acuerdo de supresión de visa, o que no se les requiere visado en virtud de una decisión unilateral o compromiso asumido por el Estado mexicano.

Como podemos advertir, los requisitos establecidos tanto en el Reglamento de la Ley de Migración como en los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, contienen elementos sólidos para la protección de los menores -niñas, niños y adolescentes- que pretendan internarse solos al territorio nacional o acompañados de un tercero mayor de edad, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de menores y preservar la unidad de la familia, en plena concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que en materia de protección de los derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes ha suscrito México.

Sucede, sin embargo, que el artículo 49, fracción II, de la Ley de Migración establece una disposición que resulta un problema que no puede obviarse y que ha obstaculizado en cierta medida el flujo de turistas hacía México. Me refiero a la disposición que señala que la niña, niño y adolescente o la persona bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, sean mexicanos o extranjeros, para salir del país deberán, además del pasaporte correspondiente, presentar el documento en que conste autorización de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, cuando viajen solos o vayan acompañados por un tercero mayor de edad, otorgada siempre ante fedatario público o por las autoridades que tengan facultades para ello.

Esta restricción se reitera en los artículos 25, numeral 4, y 26, numeral 5, de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, que establecen además que cuando el documento en el que conste la autorización a que nos referimos, se haya otorgado en el extranjero deberá ser legalizado o apostillado según sea el caso, con su traducción respectiva cuando se trate de idioma distinto al español, debiendo ser obligación de las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo o aéreo, conforme lo dispone el artículo 69, fracción II, de los citados Lineamientos, abstenerse de transportar fuera del territorio nacional menores de edad que pretendan salir del país, sin que previamente comprueben que cuentan con pasaporte o documento de identidad y viaje, o que tienen el documento en el que conste la autorización de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, ante fedatario público o por las autoridades competentes.

Esta medida, en nuestra consideración, es de suma restrictiva, habida cuenta que no facilita de ninguna manera la entrada y salida al país de menores extranjeros, primordialmente los denominados spring breakers, que viajan al país en calidad de turistas en la modalidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Por el contrario, obstaculiza el libre flujo de paseantes hacia México, con las consecuentes molestias y costos a los turistas, que ha trascendido en perjuicio de la industria turística nacional.

Recordemos solamente, a manera de ejemplo, que si bien el Colegio de Notarios del Distrito Federal anunció un descuente de hasta un 65% en el costo de la carta notariada para hacer constar la autorización para que un menor pueda salir de territorio nacional sin la compañía de sus padres o tutores, a 1 200 y a 800 pesos, proporcionalmente, su costo sigue siendo elevado y su trámite engorroso y reiterativo, al preverse que el fedatario público requerirá identificación oficial de los padres o tutores y el acta de nacimiento la niña, niño y adolescente, o resolución judicial para el caso de tutela, documentos comprobatorios que deberán ser exhibidos de cuenta nueva ante la autoridad migratoria.

Ello además genera un problema mayor, pues en el casode que el documento en que se haga constar la autorización haya sido otorgado en el extranjero, deberá de ser legalizado o apostillado, según sea el caso, con su correspondiente traducción al español cuando se trate de idioma distinto, lo que desde luego genera un costo adicional para los padres o tutores de menores extranjeros que desean visitar el país.

Todo esto hace que México pierda competitividad como destino turístico, habida cuenta que el tránsito pronto y eficiente de turistas son hoy en día condiciones fundamentales para que nuestro país fortalezca su industria turística, que demanda de incentivos y procesos administrativos migratorios ágiles y flexibles.

Baste también decir que el mercado de los paseantes denominados spring breakers,11estudiantes norteamericanos de universidad y preparatoria, de entre 16 y 25 años de edad, que principalmente visitan destinos de sol y playa de nuestro país durante el periodo vacacional de primavera, es de importancia relevante para el turismo nacional, ya que aún cuando no se cuenta con información precisa sobre el número de paseantes y la derrama económica que genera este segmento turístico año con año, para Cancún, por ejemplo, significó para la temporada de 2013 la captación de 40 mil estudiantes, que ayudó a que la ocupación hotelera registrara niveles del 95%, un incremento de un 20% en este segmento,12 incremento relevante aún cuando que en sus años de mayor auge representaba un flujo de hasta 60 mil estudiantes.

Luego entonces, ante la intensa y creciente movilidad internacional de personas, agilizar los mecanismos de facilitación migratoria en el campo del turismo y de los negocios deber ser tarea permanente de nuestro trabajo legislativo, de ahí que estemos proponiendo reformar y adicionar dos párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración, a fin de establecer que para salir del territorio nacional no se requerirá la autorización de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela, otorgada ante fedatario público o antelas autoridades que tengan facultades para ello, cuando se trate de menores extranjeros o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, que hayan ingresado al país sin compañía de sus padres o tutores y con visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, o en los casos en que no se requiera por virtud de los acuerdos de supresión de visas suscritos por el gobierno de México, pero siempre y cuando la salida tenga por objeto regresar a su país de origen o residencia.

Con esta modificación no estamos planteando una medida de facilitación migratoria irresponsable, ya que la niña, niño o adolescente, o la persona bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, ya sea mexicano o extranjero que resida en el país, estarán siempre obligados a comprobar que tienen autorización de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela para salir de territorio nacional, en el caso de que viaje solo o vaya acompañado por un tercero mayor de edad, permiso que desde luego habrá de hacerse constar en documento otorgado ante fedatario público o ante las autoridades que tengan facultades para ello.

La propuesta de exentar de esta obligación, está dirigida tan solo a los visitantes extranjeros menores de edad que viajen solos o con un tercero mayor de edad y que se internen en el país en calidad de turistas con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, y que para efectos de lo dispuesto en la Ley de Migración se les denomina visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, ya sea hayan ingresado por virtud de visa válidamente expedida, ya en los casos en que no se requiera por virtud de los acuerdos suscritos de supresión de visas, atento a lo cual la autoridad migratoria habrá de requerir la autorización a que se refiere actualmente el artículo 49, fracción II, de la Ley de Migración, cuando la salida del territorio nacional tenga como destino un país distinto al de su origen o procedencia.

Precisamente, en ese ánimo de buscar evitar una sustracción ilegal del territorio nacional de un menor extranjero o de persona bajo tutela jurídica, estamos proponiendo también que para el caso de que hayan ingresado al país acompañados por alguna de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, pero tengan que salir del país sin éstos, requerirán necesariamente de la autorización otorgada ante fedatario público o ante las autoridades que tengan facultades para ello.

Siendo un problema muy serio para México y para la comunidad internacional el tráfico y explotación de menores de edad, no pretendemos flexibilizar normas migratorias que traigan consecuencias desfavorables para los menores extranjeros que se internen al país en calidad de turistas y que viajen solos o en compañía de un tercero mayor de edad que no sea su padre o madre o ejerza sobre ellos la tutela, en la modalidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, pues lo que buscamos es atender una problemática real que afecta a la industria turística nacional en su conjunto, con la finalidad de facilitar el flujo de turistas y generar, por virtud de ello, más empleos y bienestar para los mexicanos.

Consideramos con toda seriedad que nuestra propuesta no va de ninguna manera en perjuicio de los derechos de las niñas,niños y adolescentes, pues la Ley de Migración, su Reglamento y los Lineamientos que en materia de requisitos y procedimientos migratorios que se han emitido, como lo son los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, establecen medidas suficientes y aspectos fundamentales que privilegian la protección, integridad y respeto de los derechos humanos de los menores.

En efecto, estas normas legales incorporan el interés superior del niño en diversos escenarios migratorios, como todo caso son: 1) presentación de pasaporte o documento de identidad y viaje vigente y válido; 2) presentación de información y datos personales para su debida identificación; 3) suscripción de solicitud de visa por madre y padre o por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, según sea el caso; 4) presentación de fotografía con el rostro visible; 5) toma de fotografía e impresión de huellas, a través de medios electrónicos, entre otros.

Además de ello, la autoridad migratoria podrá en todo momento corroborar los siguientes requisitos a fin de autorizar la internación de personas extranjeras, solicitando se informe: 1) motivo del viaje; 2) lugar de residencia habitual o de procedencia, 3) domicilio o tiempo de estancia en el territorio nacional; 4) en su caso, nombre de la persona que lo invita; 5) Actividades a las que se dedica en su país de procedencia y las que realizará en el territorio nacional; 6) los medios de subsistencia durante su estancia en el país; y, 7) el transporte que utilizará para efectuar su salida.

Creemos que la medida temporal como la tomada por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Turismo, para extender hasta el próximo 24 de enero de 201413 el plazo que facilitar la entrada y salida del país a niños y adolescentes que viajen solos o con un tercero mayor de edad, sin una carta notarial en la que conste la autorización para viajar de ambos padres o de quien ejerza la patria potestad, es el mejor ejemplo de que este mecanismo y disposición legal genera molestias y costos a los turistas, tanto que es la segunda vez que se prorroga.

Esta medida de excepción requiere ser definitiva en la ley, pues como actualmente está dispuesta no permite facilidades migratorias a los turistas extranjeros, especialmente a los denominados spring breakers como ya apuntamos, por lo que la propuesta que sometemos a la consideración del Senado de la República coadyuvaría a una política de transversalidad para solucionar los problemas del sector, tratando de ir en la misma dirección con lo expresado por el Presidente de la República de “abrir a México al mundo y que el mundo venga a México”, lo que desde luego se enmarca en el eje estratégico innovación y competitividad de la Política Nacional Turística recientemente anunciada, que busca fortalecer la actividad turística nacional y convertir a México como destino de clase mundial.

Nuestra propuesta va en el sentido de la sugerencia de que los países apliquen medidas migratorias que faciliten los viajes y el turismo, que se expresa en un estudio elaborado por Oxford Economics para la Organización Mundial del Turismo, y que señala que la actividad turística permitiría generar hasta 112 millones adicionales de viajeros internacionales para 2015, aumentar las divisas en 206 mil millones de dólares y crear 5.1 millones de empleos adicionales en las economías del Grupo de los 20,14 siempre y cuando se apliquen este tipo de facilidades para la obtención de visas.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 49. La salida del país de niñas, niños y adolescentes o de personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, sean mexicanos o extranjeros, se sujetará además a las siguientes reglas:

I. …..

II. En el caso de que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, se deberá presentar el pasaporte y el documento en el que conste la autorización de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela, otorgada ante fedatario público o ante las autoridades que tengan facultades para ello.

Cuando se trate de menores extranjeros o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, que hayan en la misma condición ingresado al país con visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, o en los casos en que no se requiera por virtud de los acuerdos suscritos de supresión de visas, no será exigida esta autorización, siempre y cuando la salida del territorio nacional tenga por objeto regresar a su país de origen o residencia.

En el caso de que hayan ingresado al país acompañados por alguna de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, para salir del territorio nacional sin éstos requerirán de laautorización otorgada ante fedatario público o ante las autoridades que tengan facultades para ello.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de este decreto, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realizará las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de Migración.

Tercero.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación del presente decreto, en lo que toque a sus respectivas atribuciones y facultades, realizarán las modificaciones que correspondan a los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y a los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, así como a otros Lineamientos y disposiciones generales administrativas que al caso correspondan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Sen. René Juárez Cisneros".

1 La Ley de Migración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. Tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

2Artículo 40, fracción I, de la Ley de Migración.

3 El artículo 41 de la Ley General de Población establecía que los extranjeros podrían internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades: a).- No Inmigrante; y, b).- Inmigrante.

4 El artículo 42 de la Ley General de Población disponía que No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las características de: a) Turista; b) Transmigrante;c) Visitante; d) Consejero;e) Asilado político;f) Estudiante;g) Visitante distinguido;h) Visitantes locales; e, i) Visitante provisional.

5Artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley de Migración.

6 El artículo 37, fracción III, de la Ley de Migración dispone que no necesitarán visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México.

7 El artículo 40 de la Ley de Migración señala los tipos de visa que deben presentar los extranjeros que pretendan ingresar en el país, verbigracia: I. Visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas; II. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; III. Visa de visitante para realizar trámite de adopción; IV. Visa de residencia temporal, V. Visa de residente temporal estudiante; y, VI. Visa de residente permanente.

8 El Reglamento de la Ley de Migración fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012.

9 Los Lineamientos para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.

10 Los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.

11Spring break (Vacaciones de primavera en castellano), es también conocido como March break (vacaciones de marzo) o Reading week en algunas zonas de Canadá, es una fiesta de una semana de estudiantes que da comienzo en los primeros días de primavera, lo celebran varios estudiantes de universidades y colegios de Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Taiwan, Corea del sur, China entre otros países mas. http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones_de_primavera

12 http://eleconomista.com.mx/estados/2013/04/10/spring-breakers-cumplen-expectativas-cancun

13 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_de_prensa_14.

14http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/05/20/mexico-fortalecido-tras-reunion-t20





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE ADICIONA EL ARTICULO 5 BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, Diputado de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo al artículo 73, en su fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad general de legislar en materia bancaria y por ende en servicios financieros; esto con la finalidad de que los legisladoresregulen y vigilen el buen funcionamiento de los mismos y de este modo asegurar que las instituciones bancarias otorguen un servicio eficiente y en beneficio de los usuarios, para así proteger el patrimonio económico de los mismos. En virtud de lo anterior es que es creada la Ley de Instituciones de Crédito que tiene como objetivo primordial regular a las instituciones de crédito desde su organización, funcionamiento, operaciones y el servicio de banca y crédito, que las mismas otorgan a los usuarios, manteniendo un sano desarrollo, protegiendo siempre los intereses del público y manteniéndose bajo los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano; a través de sus diferentes cuerpos legales como lo es laLey para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que básicamente tiene por objeto regular las comisiones y cuotas de intercambio que afectaran directamente los intereses del usuario.

En el caso que nos ocupa, nos enfocamos en el servicio que brindan las instituciones de crédito a través de sus cajeros automáticos, los cuales simplifican al usuario, el alcance a servicios bancarios que se utilizan con mayor frecuencia las 24 horas del día, todo los días del año sin excepción, lo anterior creando un beneficio para el usuario y así mismo a las instituciones mencionadas, a través de las comisiones y del IVA (impuesto al valor agregado) que generan el uso de estos servicios cuando el usuario no es tarjetahabiente del banco titular del cajero, o bien cuando existe un operador de por medio, quienes en conjunto de manera estratégica distribuyen redes de cajeros para que los usuarios puedan utilizar sus servicios cuando les sea necesario, sobre todo el retiro de efectivo.

Los usuario que creen en el sistema bancario, prefieren por cuestión de seguridad mantener su dinero dentro de sus cuentas bancarias trayendo como consecuencia que aumente la necesidad de utilizar los cajeros automáticos, siendo éstos los medios más comunes para la obtención de dinero en efectivo, lo anterior deteriorando la economía del usuario al tener que cubrir comisiones e impuestos cada vez que utilizan el servicio de retiro de efectivo.

El monto de las comisiones e impuestos que se les cobra a los usuarios que deciden retirar efectivo de sus cuentas bancarias a través del uso de cajeros automáticos, es fijada por el criterio del banco operador del cajero automático, en base a su ubicación y al giro comercial del establecimiento donde se ubica, variando desde los $8.62 pesos hasta $40.00 pesos; y no proporcional a la cantidad que se retira cuando se dispone de efectivo, por lo que le es más conveniente al usuario retirar cantidades mayores de efectivo que en ocasiones no necesita, o bien, cuando no tiene opción, pagar en comisiones un porcentaje importante de sus ingresos. Hay que tomar en cuenta que existen muchos usuarios que manejan saldos sumamente pequeños, pero por la ubicación de sus fuentes de trabajo y la falta de cajeros cerca de sus viviendas, se ven obligados a utilizar cajeros ubicados en lugares donde la comisión es sumamente alta. Causando en el primer caso la alteración de la función del sistema bancario, ya que mantiene fuera las instituciones de crédito el flujo de efectivo máximo que pudieran manejar, y en el segundo que se afecte directa y deliberadamente el patrimonio del usuario.

El Banco de México, es hoy, quien tiene conferidas las atribuciones para regular las comisiones bancarias, y desde entonces, se han realizado diversas regulaciones sobre las comisiones que se cobran por el servicio de uso de los cajeros automáticos, la mayoría, positivas para los usuarios. Actualmente, es obligatorio para las instituciones bancarias, solicitarles autorización previa al cobro de las comisiones, informado en la pantalla cual es el monto del cobro, no se genera comisión alguna si el usuario es cuentahabiente del banco operador, y en caso contrario únicamente el banco operador puede cobrar una comisión. Todo lo anterior con la finalidad de facilitarles el acceso a los usuarios a los servicios bancarios y de esta manera fomentarlos, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, los cajeros automáticos representan el principal medio de pago dentro del sistema de pagos de bajo valor en México con alrededor de 36% de todas las operaciones realizadas por este medio cuando se mide por número de operaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) calcula que el 31.4% de la población adulta tiene cuentas de cheques, 55.3% tiene tarjeta de débito y 20.6% tiene tarjeta de crédito. Según el reporte del Sistema Financiero 2009 de la CNBV, países como, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y España tienen más de 2,000 cuentas de depósito por cada 1,000 adultos, mientras que México tiene 934.

En México existen 25 bancos que operan cajeros automáticos pero los 5 bancos más grandes tienen 77% del total. Estos números agregados pueden además ocultar especializaciones regionales, principalmente en localidades donde operan muy pocos bancos, lo que podría generar un significativo poder de mercado local.

Por lo anterior, es importante llevar a cabo todas las reformas necesarias para impulsar el crecimiento bancario en el país, y poder así ofrecerle al usuario todos los servicios que la Banca Mexicana.

Cabe mencionar, que el 13 de Marzo del 2012, el Diputado de la LXI Legislatura, Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribió una iniciativa registrada dentro de la Gaceta Parlamentaria, bajo el número 3470/V, mediante la cual proponía modificar el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 5 y la fracción II del artículo 17 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, proponiendo que se disminuyera la comisión que las Instituciones Bancarias cobran por disposición de efectivo de tarjetas de débito, en Cajeros Automáticos de Bancos distintos al emisor de su cuenta bancaria, al 0.6 por ciento del monto que se dispone en efectivo en cada operación, por lo que al existir este antecedente es clara la inquietud de desahogar la presente iniciativa.

Por lo anterior, se propone a través de la presente iniciativa, que se establezca un porcentaje máximo del 0.8 por ciento sobre el total del monto a retirar, para el cobro de comisiones por el uso de servicio de disposición de efectivo por medio de tarjetas de débito en cajeros automáticos del banco distinto al emisor de su cuenta bancaria.

De esta manera se unificaría el cobro de comisiones protegiendo así el desarrollo económico del usuario, y fomentando que la totalidad de la población haga uso de los servicios financieros, reduciendo su vulnerabilidad ante desequilibrios financieros, permitiéndoles administrar mejor el gasto, reforzar el poder adquisitivo cuando los gastos son variables o protegerse ante emergencias.

Para los Diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia analizar e implantar las medidas necesarias para la protección del los usuarios de los servicios financieros.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 5 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrito por el Diputado Humberto Armando Prieto Herrera del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 5BIS.- Las Entidades que operen cajeros automáticos cobrarán el 0.8 por ciento del total del monto que se retire en efectivo de tarjetas de débito, en Cajeros Automáticos de Banco distinto al emisor de su cuenta bancaria.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Dip. Humberto Armando Prieto Herrera”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO LA FRASE "MUJERES SUFRAGISTAS SS. XIX Y XX"

(Presentada por la C. Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD)

"La Diputada MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA, y demás Diputadas y Diputados de los diferentes grupos parlamentarios de esta LXII Legislatura, quienes suscriben la presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 78, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “Mujeres Sufragistas SS. XIX y XX”,bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al grito de “¡Que lo repita! ¡Que lo repita!”, más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México el 6 de abril de 1952, demandaban el compromiso al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines para que cumpliera con su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.

Adolfo Ruiz Cortines repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, y un año después de ese histórico mitin, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines -ya como presidente- cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto a las mujeres en el ámbito federal.

Con este acto se cumplía el sueño de muchas mujeres que nos antecedieron, se consumaba una lucha, pero también comenzaba otra que todavía no llega a su conclusión: la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos internacionales y locales a favor de los derechos de las mujeres, en específico del derecho al sufragio femenino.

CONQUISTA HISTORICA

El logro de 1953 fue precedido por una intensa lucha femenina a lo largo de todo el país.

Uno de los primeros antecedentes de esa conquista se da en la ciudad de Zacatecas en 1853, cuando las mujeres zacatecanas piden al gobierno ser reconocidas como ciudadanas y aunque su demanda que no fructificó entonces, las mujeres de México no cesaron en su lucha.

En 1884 Laureana Wright, periodista nacida en Taxco, Guerrero, demanda en las páginas de la revista Violetas de Anáhuac la igualdad de oportunidades para las mujeres y el derecho a votar.

En julio de 1916, el estado de Yucatán reduce por decreto la mayoría de edad para las mujeres de 30 a 21 años de edad, tres años después en 1919, en el puerto de Veracruz se lleva a cabo un congreso magisterial en el que Hermila Galindo de Topete, secretaria particular de Venustiano Carranza, se pronuncia a favor de los derechos políticos femeninos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya promulgación el cinco de febrero de 1917 prácticamente puso fin a la Revolución Mexicana que derrocó al gobierno de Porfirio Díaz, no otorgó a las mujeres la ciudadanía en forma expresa, aunque tampoco se las negó.

El artículo 34 original establecía que son ciudadanos "los mexicanos. El constituyente ni siquiera discutió el voto femenino y la indefinición fue interpretada como una negación.

En un intento por corregir el error, el 12 de abril del mismo año fue aprobada la Ley de Relaciones Familiares, según la cual la mujer y el hombre tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.

La mujer quedó entonces en condiciones de ejercer la patria potestad sobre los hijos, contribuir al sostenimiento de la familia, administrar los bienes comunes y los suyos propios, así como contraer obligaciones.

Son la mujeres yucatecas quienes bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto logran acceder primero al derecho a votar en 1922.

En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió. Más tarde cambió su residencia a San Luis Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.

Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se les permitía ejercer el voto siempre que supieran leer y escribir y no pertenecieran a ninguna asociación religiosa, con la limitación adicional de que no podían aspirar a ningún otro cargo de representación popular más que al de Presidenta Municipal.

Pero este avance fue efímero por considerarlo excesivo y esos derechos fueron derogados en 1926; un año antes, en 1925, las mujeres en Chiapas alcanzarían la igualdad de derechos jurídicos frente al varón.

Durante el tercer Congreso Nacional de obreras y campesinas en 1934 las mujeres se unen para exigir el reconocimiento de los derechos políticos femeninos, un año después junto con las mujeres del Partido Nacional Revolucionario forman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que demanda el derecho a votar.

El primer logro de este Frente es en Puebla donde se autoriza el ejercicio ciudadano de las mujeres en 1936.

En septiembre de 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para otorgar el sufragio femenino, y aunque la Cámara de Senadores lo aprueba, la Cámara de Diputados lo rechaza.

Durante el gobierno del Presidente Miguel Alemán, éste envía una iniciativa para establecer el derecho al voto de las mujeres en las elecciones municipales. La Alianza Nacional Femenina y el Grupo Leona Vicario participan en protestas solicitando se de curso a esta iniciativa. El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la adición al artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. En ella se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

Tendrían que pasar 7 años para que, dando cumplimiento al compromiso adquirido durante su campaña proselitista, el presidente Adolfo Ruíz Cortines promulgara en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional, que establece: "Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir".

Con esta modificación, hace casi 60 años las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto.

MEXICO DE HOY

En 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos; sin embargo, esta conquista no se vio materializada sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.

Muchas mujeres sufrían un severo nivel de represión familiar que les impedía acudir a las urnas, y otras simplemente reproducían los designios que los “hombres” de la casa les sugerían que debían manifestar. Se considera que es hasta los años setenta cuando en realidad las mujeres empezaron a ejercer su derecho ya que en el mundo se daba una revolución ideológica y política.

Las mujeres desde los espacios públicos han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como contar con una participación política en condiciones de igualdad.

En este sentido destacan  las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998) y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001). Además de esto también sobresalen en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas que se han hecho en materia electoral para establecer las cuotas de género, que aunque muy lentamente han sido replicadas en los estados de la República.

Pese estos avances, las mujeres se enfrentan a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho al voto. A este respecto, la investigadora Margarita Dalton señala: “las mujeres que buscan cargos políticos deben ser valientes porque las dificultades son muchas, y los golpes físicos y morales también. El proceso de democratización de la sociedad implica la mayor participación de las mujeres en los cargos políticos, pero la práctica de este proceso ha significado desgaste y riesgos para algunas de las mujeres líderes”.

La posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular.

En los hechos las mujeres no pueden representar a sus comunidades. Todo ello en contraste con el hecho de que son más mujeres que hombres las registradas en el padrón electoral, en las listas nominales y quienes tienen en general un mayor promedio de participación electoral.

La situación de desigualdad y discriminación en México resulta evidente al considerar que actualmente no hay alguna mujer gobernadora o jefa de gobierno del DF. La tendencia que en 1979 inició Griselda Álvarez se volvió a interrumpir, de manera que hoy los 32 titulares de algún Ejecutivo local son hombres. 

En las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro diputados locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla donde la representación femenina no llega ni a 15%. 

En los municipios la situación empeora. Siete de cada 100 alcaldes son mujeres.

La debilidad de la representación política de mujeres demuestra el bajo desempeño de los instrumentos diseñados para incentivarla. Las cuotas de género estatales van de 30% a 50% y no existe entidad que alcance esas proporciones en sus legislaturas. 

Es en este contexto que no es casual que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer declarara en su Informe sobre México recomendó eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres.

LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE IGUALDAD, ES UN DERECHO FUNDAMENTAL

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales a nivel internacional. Específicamente, el artículo 4 inciso j de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, señala que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que comprenden el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos también han consagrado el derecho de las mujeres a participar, en igualdad de condiciones, en la vida política de su nación. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona “a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos1 y al “acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país2

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de forma similar estos derechos. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que: “No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”3

La relevancia de igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido reconocida por la comunidad internacional en el pasado, como lo demuestra la ratificación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer que afirma el derecho de las mujeres a ser ”elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna4 y “a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna5

Por su parte, el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “CEDAW”) señala que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país."

De acuerdo con lo anterior, la igualdad en la participación política involucra no solamente el derecho de votar de las mujeres, sino también el derecho a ser elegidas para cargos públicos y de participar plenamente en los asuntos y el servicio público de su país.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, señala que para que las mujeres alcancen una amplia representación en la vida pública, deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del poder político y económico; y participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional6.

El involucramiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política es una condición necesaria para garantizar una sociedad más igualitaria y consolidar la democracia representativa, misma que también puede tener un efecto multiplicador en la protección de sus derechos humanos en varias esferas más allá de la política.

La inclusión de las mujeres en la arena política fortalece la democracia ya que promueve la inclusión de las voces y demandas de las mujeres. Asimismo, la representación femenina en los cargos públicos fomenta la rendición de cuentas hacia las mujeres y el aliento de una mayor participación política de las mismas en general.

RECONOCER A QUIENES ABRIERON BRECHA

El sueño hoy es lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Esta lucha iniciada después de conquistar el derecho al voto continúa.

A 60 años de esta conquista, es necesario y justo no olvidar a quienes alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos, y en específico a participar plenamente en la vida pública. Hemos de recordarlas y dignificar su memoria.

Por lo expuesto, dada su importancia para la construcción de la democracia en México y en virtud de que en octubre de 2013 se conmemora el 60 aniversario del sufragio femenino, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se inscriben con Letras de Oro en el muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Mujeres sufragistas SS. XIX y XX”.

Artículo Primero. Inscríbanse con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “Mujeres sufragistas SS. XIX y XX”.

Artículo Segundo.- Celébrese una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a ésta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género,señalarán la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este Decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Comisión permanente del Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Dip. Martha Lucía Mícher Camarena.- Dip. Aida Fabiola Valencia Ramírez.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado.- Dip. Lourdes Eulalia Quiñones Canales.- Dip. Erika Funes Velázquez.- Dip. Ma. Esther Garza Moreno.- Dip. Delfina E. Guzmán Díaz.- Dip. Julisa Mejía Guardado.- Dip. Ma. Celia Urciel Castañeda.- Dip. Rosalba de la Cruz Requena.- Dip. Dora Ma. TalamanteLemas.- Dip. Leticia Mendoza Curiel.- Dip. Rocío García Olmedo.- Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena.- Dip. María Guadalupe Moctezuma Oviedo.- Dip. María Guadalupe Sánchez Santiago".

1 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21.1, 10 de diciembre de 1948.

2 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21.2, 10 de diciembre de 1948.

3 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25 ‐ La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57º período de sesiones, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párr. 3.

4 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 640 (VII), 20 de diciembre de 1952 (entrada en vigor 7 de julio de 1954), Artículo II.

5 Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 640 (VII), 20 de diciembre de 1952 (entrada en vigor 7 de julio de 1954), Artículo III.

6 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 23, vida política y pública, 1997. Disponible en:





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del PT)

“El suscrito, José Arturo López Cándido, Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación a los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo y protesta social, para quedar como sigue:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La libertad de expresión, es considerada un derecho fundamental así esta expresado en nuestra Carta Magna, al mismo tiempo que es considerada de poseer una alta jerarquía dentro de los derechos fundamentales.

La libertad de expresión se ha constituido en una condición fundamental para la existencia de un Estado Constitucional Democrático, retomándola como un derecho más amplio, que es el de la libertad de conciencia, de ahí que la esencia de ese derecho consista en ser una voz del pensamiento humano,dando a explicar que la libertad de expresión se materialice, a través de medios como un escrito, una pintura,una duda filosófica sin afectar a terceros.

Si bien las manifestaciones son un mecanismo para hacer valer nuestros derechos, los gobiernos -federal y estatal-deben cumplir con su obligación de responder a las demandas sociales entendiéndose como su obligación y ante todo darle a la ciudadanía el respeto que merece.

De los instrumentos internacionales de derechos humanos, se puede observar que el derecho a la libertad de expresión sólo encuentra, para su ejercicio, varias acotaciones: el respeto a los derechos y/o la reputación de los terceros,la protección a asuntos de seguridad nacional, orden público, la salud y la moral públicas. Con ellos, se trata de evitar el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en múltiples ocasiones estos “límites” a la libertad de expresión, se utilizan artificiosamente para inhibir el ejercicio pleno de éste derecho.

La afectación o vulneración a los derechos de la personalidad, es el argumento más recurrente en las demandas que se interponen ante tribunales, cuando se alega un supuesto ejercicio indebido del derecho a la libertad de expresión.

Los disturbios de San Salvador Atenco en el 2006, fueron una serie de enfrentamientos violentos entre la Policía Federal Preventiva de México, la policía municipal, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierray otros adherentes a diferentes organizaciones que dejó como resultado el fallecimiento de dos personas, la detención de 207 personas -entre ellasmenores de edad-, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por violaciones sexuales a 26 mujeres.[] La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos mencionó la violación grave a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; declaró.

]

Al igual, en el mes de marzo a la denuncia a la liberación de un miembro de la Unión Popular Revolucionaría Emiliano Zapata; donde se declaró a la prensa que el gobierno federal está utilizando la criminalización para detener la protesta social, “método de la dictadura militar y no de la democracia representativa”.

Para el mes de abril del presente año sucede una vez más, que con una gran cantidad de elementos policiales de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal que manifestantes, en la marcha en apoyo a los maestros de Guerrero que se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Zócalo, Granaderos con escudos y cascos, motocicletas al inicio del contingente, camiones y patrullas al final del mismo, encapsularon a todo el contingente, durante toda la marcha, como si fueran criminales a quienes no debían dejar salir del cerco.

A lo largo del recorrido, el contingente estuvo rodeado de granaderos, a pesar de que era una marcha claramente pacífica. Ésta cobertura policial exagerada provocó varios connatos de violencia en diferentes puntos de la manifestación. Al llegar a la plancha del Zócalo de la Ciudad, el operativo policial se retiró y la marcha siguió su rumbo con toda tranquilidad. Lo anterior sugiere que la presencia de un operativo de seguridad exagerado y como se reportó en una manifestación en contra de la criminalización de la protesta social, provoca enfrentamientos con las y los ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta.

Tal es el caso de diversas Instituciones Internacionales como: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Center for Justice and International Law (CEJIL), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) en un evento llevado a cabo en Perú en abril de este año se han pronunciado en contra de la criminalización, señalando que un número de políticas Estatales que resultaban en violencia y supresión de las protestas sociales en Perú, cargos que son fuertemente contrarrestados por la afirmación del Estado que tiene de responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, no sólo a los que protestan, sino aquellos a quienes no les gustan las decisiones que a menudo recurren los reclamantes de violaciones a derechos humanos.

Así también como es el caso de Chile en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara contraria a los estándares sobre derechos humanos la criminalización de la protesta social.

La criminalización es una estrategia del Estado en contra de los defensores de los derechos humanos y los luchadores sociales, no debemos dejar que las Instituciones Internacionales Defensores de los Derechos Humanos en todos sus ámbitos nos incluyan a la lista de países que reprimen la protesta social.

Un factor importante es la judicialización -la acusación judicial que realiza cualquier autoridad contra un defensor de derechos humanos o luchador social-, antes de este proceso existe la etapa de señalamiento; la cual consiste utilizar a los medios masivos de comunicación y ETIQUETAR a través de una acusación a la persona o movimiento social que protesta de ser violentos, transgresores de la Ley, de estar coludidos con la delincuencia organizada o con el terrorismo.

Haciendo de reconocimiento que los defensores de los derechos humanos que denuncian la violación de estos derechos, los manifestantes son etiquetados de transgresores de la Ley y/o defensores de los delincuentes.

Se deben respetar los Estándares Internacionales de los Derechos Humanos en donde reconocen que en el caso de América del Sur se han estado dando movimientos de protesta socialen donde los Estados están obligados a garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mantener el orden público, en particular para prevenir la pérdida de vidas u otros daños personales o materiales.

Asimismo, los Estados deben asegurar el respeto de los derechos de los ciudadanos que pacíficamente plantean reclamos sociales. La respuesta –normativa y policial- de los Estados frente a dichos movimientos debe adecuarse a los estándares internacionales de los derechos humanos, de forma que se garantice en todo momento el debido ejercicio de estos derechos, particularmente el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de opinión y expresión. Como el respeto al artículo, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también respetar el artículo 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Con la intención de adecuar la legislación nacional con lo establecido en los marcos normativos Internacionales, sometemos a su consideración la presente iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 139 ter y 148 bis del Código Penal Federal y el artículo 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 139 Ter y el artículo 148 bis fracciones II y III del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139, siempre respetando los preceptos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Artículo 148 Bis…

I)…

II) Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer actos terroristas internacionales, o en apoyo de personas u organizaciones terroristas que operen en el extranjero para cometer actos terroristas internacionales o nacionales, en apoyo de personas u organizaciones.

III) Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero al ser comprobada su participación.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 3° a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados respetando los principios que establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su procedimiento; y conforme a las disposiciones de esta Ley cuando este compruebe el dolo de la participación.

Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Atentamente.

Dip. José Arturo López Cándido".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

"C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objetivo modificar el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro con el propósito de salvaguardar el ahorro de los trabajadores, mismo que es manejado por las Administradoras de Fondos para el Retiro.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que se desprende de su Boletín de Prensa No. 12/2013 de fecha 6 de junio de 2013, al cierre de mayo de 2013, los ahorradores en el SAR acumulaban 1 billón 994 mil 998 millones de pesos a precio de mercado, cifra que representa una dramática pérdida de 80 mil 412 millones de pesos respecto del mes anterior, ya que en el Boletín de Prensa No. 11/2013 de fecha 6 de mayo de 2013, se informaba que al cierre de abril de 2013 las AFORES administraban recursos para el retiro por 2 billones 75 mil 410 millones de pesos de acuerdo a la valuación de los instrumentos que componen el portafolio de inversión a precios de mercado.

Es tan importante la pérdida que se ha obtenido en tan solo un mes, que la misma CONSAR quiso disimular el impacto del daño causado al ahorro de los trabajadores omitiendo la leyenda que tradicionalmente coloca en sus informes, de esta manera, para el mes de mayo no señaló que el monto total de lo administrado por las AFORES era la suma de la “valuación de los instrumentos que componen el portafolio de inversión a precios de mercado”, sino que simplemente se remitió a señalar que el monto total administrado era a “precios de mercado”.

Perder en tan solo un mes 80 mil 412 millones de pesos de las cuentas de ahorro de los trabajadores significa un saqueo diario de 2 mil 593 millones 940 mil pesos, lo que significa que cada hora durante el pasado mes se estuvieron “volatilizando” 108 millones 80 mil pesos.

La afectación generada al ahorro de los trabajadores revela lo siguiente:

a. La falta de capacidad de la CONSAR para aplicar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las atribuciones y obligaciones que ahí se marcan; por ejemplo, la correcta y ética operación del Comité de Análisis de Riesgos que debió haber previsto y evitado las composiciones de cartera de inversión que han provocado semejantes pérdidas.

b. Asimismo, se pone en evidencia la posible complicidad de la CONSAR con las Administradoras de Fondos para el Retiro, toda vez que las pérdidas evidencian que en los hechos reales están violando completamente lo marcado por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro al invertirse en carteras de alto riesgo.

c. Se evidencia que no existe dentro de la Ley de los Sistemas de Ahorro un mecanismo sancionador lo suficientemente disuasivo, fuerte y claro, que evite que las Administradoras de Fondos para el Retiro inviertan los recursos en los mercados financieros de valores y de deuda. La legislación actual no prohíbe expresamente especular con los ahorros de los trabajadores y hagan su trabajo de una forma responsable mediante inversiones seguras.

Si la CONSAR aplicara de forma estricta la Ley de los Sistemas de Ahorro se pudo haber disminuido el impacto en la pérdida del ahorro. De acuerdo con el Artículo 18 de la citada Ley, se debe trabajar con el principio de que las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran, así como administrar sociedades de inversión y, de igual forma, las administradoras deben efectuar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren. En cumplimiento de sus funciones, deberían atender exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurar que todas las operaciones que efectúan para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realizan con ese objetivo.

Las pérdidas registradas indican claramente que las Administradoras de Fondos para el Retiro obviamente no han trabajado de forma profesional al olvidarse de operar las inversiones bajo principios de rentabilidad y seguridad sin importarle elinterés de los trabajadores, es decir, han violado sistemáticamente los artículos 18 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro, los cuales señalan que el régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores y dicho régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, deben canalizarse las inversiones preponderantemente, a través de la colocación en valores, a fomentar:

a) La actividad productiva nacional;

b) La mayor generación de empleo;

c) La construcción de vivienda;

d) El desarrollo de infraestructura estratégica del país; y,

e) El desarrollo regional.

Situación que no acontece en la actualidad, toda vez que,los casi 2 billones de pesos de los recursos de los trabajadores no son utilizados por completo en inversiones seguras que impulsen estos 5 ejes básicos para el país.

Ahora bien, el mencionado artículo 43señalaque las sociedades de inversión deben operar con valores, documentos, efectivo y demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de carácter general establezca la CONSAR, previa opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de Vigilancia.

Dicho artículo señala que la CONSAR, previa opinión que emita el Comité de Análisis de Riesgos puede prohibir la adquisición de valores cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión. Asimismo, puede emitir reglas para recomponer la cartera de las sociedades de inversión, cuando se incumpla el régimen de inversión y fijará el plazo en que las sociedades de inversión deben recomponer su cartera de valores.

Por su parte, el artículo 45 de la misma Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala que el Comité de Análisis de Riesgos tiene por objeto el establecimiento de criterios y lineamientos para la selección de los riesgos crediticios permisibles de los valores que integren la cartera de las sociedades de inversión y que el Comité se integra por tres representantes de la CONSAR, uno de los cuales a designación de ésta, lo debe presidir, dos representante deben ser de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos del Banco de México, dos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

En este contexto, resulta prudente cuestionar si la CONSAR se ha apoyado en el Comité de Análisis de Riesgos o si este órgano ha sido también omiso de la Ley.

Dada la afectación reportada por más de 80 mil millones de pesos, como aquí se ha manifestado, resulta imperativo detener esta situación, por lo tanto, es de exigirse el cumplimiento integro de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que obliga a las administradoras a constituir y mantener una reserva especial invertida en las acciones de cada una de las sociedades de inversión que administren. De igual forma, el Artículo 35 señala que las administradoras deberán responder directamente de todos los actos, omisiones y operaciones que realicen las sociedades de inversión que operen, con motivo de su participación en los sistemas de ahorro para el retiro, y también, de acuerdo con el Artículo 36, las administradoras deberán responder directamente de los actos realizados tanto por sus consejeros, directivos y empleados, como por los realizados por sus consejeros y directivos de las sociedades de inversión que administren en el cumplimiento de sus funciones relativas a los sistemas de ahorro para el retiro y la operación de la administradora y sociedades de inversión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente.

En el mismo sentido, el párrafo segundo del artículo 36 señala que las administradoras que hayan cometido actos dolosos contrarios a esta Ley, que como consecuencia directa produzcan una afectación patrimonial a los trabajadores estarán obligadas a reparar el daño causado.

Es decir, la legislación actual si señala tanto el concepto de afectación patrimonial a los trabajadores como el de reparación del daño, sin embargo no contempla como daño patrimonial las disminuciones de los recursos por no apegarse a lo establecido en la Ley, como lo sucedido el pasado mes de mayo.

En resumen, considerando que las Administradoras de Fondos para el Retiro mes con mes reciben un flujo continuo de recursos por parte de los trabajadores y que de acuerdo con los artículos 18, 28, 35, 36, 43 y 45 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro son instituciones conocedoras de los mercados de valores y de deuda, cuyo objetivo es proteger el patrimonio de los trabajadores mediante inversiones seguras -principalmente productivas- y que deben responder por cualquier afectación que generen al patrimonio de los trabajadores, y toda vez que al no existir la suficiente claridad dentro de la legislación actual sobre como debe responderse ante una afectación patrimonial, se vuelve indispensable la reforma al artículo 36 para acotar cualquier intento de las Administradores de invertir en mercados de riesgo, lo que a su vez debe obligar a la CONSAR a actuar con mayor responsabilidad en los mecanismos de supervisión y valuación de riesgos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

UNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

“Artículo 36.- …

Las administradoras que hayan cometido actos dolosos contrarios a esta Ley, que como consecuencia directa produzcan una afectación patrimonial a los trabajadores, estarán obligadas a reparar el daño causado. Cualquier disminución mensual reportada por la CONSAR en la suma global del patrimonio de los trabajadores superior a los 500 millones de pesos será considerada como violatoria de los principios de seguridad y rentabilidad, por lo que deberá ser restablecida de inmediato por las administradoras de sus reservas especiales constituidas en los términos previstos en esta ley, y en caso de que éstas resulten insuficientes, lo deberá hacer con cargo a sus respectivos capitales sociales.

…”

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 41 Y 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por la C. Diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del PT)

"LA SUSCRITA, MA. DEL CARMEN MARTINEZ SANTILLAN, DIPUTADA FEDERAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, ASI COMO POR LOS ARTICULOS 6 NUMERAL 1, FRACCION I,77 NUMERAL 1 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOMETE A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 41 Y 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ELLO AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el contexto de las prioridades nacionales, el tema de la vivienda ha sido uno de lostemas fundamentales de diversas administraciones federales, debido a su complejaproblemática que reviste diversas aristas, desde la falta de vivienda, las complejidades de su adquisición hasta su abandono por falta de ingresos para cubrir los créditos.

Si bien es cierto que por mandato constitucional, específicamente en el artículo cuarto, se estableció el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, menos verdadero, ha sido el hecho de que, la problemática social en materia de vivienda ha hecho imposible el cumplimiento de la norma constitucional.

Entre los elementos que han dado lugar al problema de vivienda en el país, encontramos los siguientes:

A). Crecimiento demográfico desmedido.

B). Sistema financiero ineficaz.

C). Legislación inadecuada.

D). Migración descontrolada.

E). Sistema administrativo deficiente.

En ese orden de ideas, a efecto de hacer frente a la problemática de la vivienda en sus diferentes caminos, se han instrumentado las acciones pertinentes para hace frente a la situación, verbigracia, la creación de organismos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) o la Ley de Vivienda.

La mayoría de las acciones tomadas por los gobiernos federales se han centrado en el problema de la falta de vivienda, por lo que han incentivado los programas de construcción o adquisición de la misma, dejando a un lado el problema de la vivienda abandonada.

Sin que exista un censo institucional sobre el abandono de la vivienda, pero se cree, de acuerdo a datos de organizaciones civiles, que en el país existen alrededor de cinco millones de viviendas abandonadas ha derivado en conflictos sociales y económicos, pues ha propiciado que cientos de miles de familias hayan perdido su patrimonio y ha causado afectaciones financieras a organismos públicos de vivienda y constructoras.

Las razones que han llevado a las familias a abandonar las viviendas van desde fallas estructurales en la edificación, hasta problemas por créditos hipotecarios impagables, asentamientos realizados en zonas de alto riesgo ambiental, mala planificación de obras, falta de servicios, así como inseguridad, sobre todo en algunas regiones del país.

Ante esta situación el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ya empezó a negociar convenios con gobiernos estatales para el rescate de las viviendas abandonadas; por su parte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) anunció que se preparan nuevas reglas para los desarrolladores de vivienda, que tienen por finalidad que éstos accedan a créditos y estímulos, siempre y cuando las viviendas que construyan tengan servicios.

Respecto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el abandono se sus viviendas ha sido originado por los créditos impagables, ya que de conformidad con la Ley de la materia, los créditos se firman en salarios mínimos y por un período de hasta por treinta años.

El problema de contratar en salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (SMV), radica en que cada año el salario mínimo aumenta, por que consecuentemente hace que el crédito haya a la alza, motivo por el cual al trabajador se le dificulta pagar su crédito debido al incremento del mismo, así como a lo prolongado, pues no siempre tiene la estabilidad de tener treinta años en el mismo empleo, o bien, con un trabajo formal.

En ese contexto, y de acuerdo con el último informe del INFONAVIT existen más de 180 mil casas con crédito vencido, siendo el Estado de México, Baja California, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Quintana Roo y Guanajuato, las entidades donde se concentran la mayor parte de estas viviendas; el porcentaje que representan éstas, del total de los créditos entregados, es del 6.1% (cifra a octubre de 2012), lo cualrepresenta que monetariamente el instituto debe de recuperar alrededor de 51,983 millones de pesos.

Estos datos representan a grandes rasgos la situación del INFONAVIT respecto a los saldos vencidos de beneficiarios, que por alguna razón han dejado de realizar sus pagos en los créditos otorgados; si se ve en un histórico, la cartera vencida se haincrementada respecto a años anteriores por el orden del 0.5 puntos porcentuales, lo cual se debe a tres principales factores, la pérdida del empleo, la disminución del ingreso familiar y la incapacidad temporal del trabajador.

Si analizamos más de fondo la problemática de la morosidad de los trabajadores encontraremos también que gran parte del problema no es como pagan sino que les cobran, es decir, las deudas adquiridas se tornan impagables por varios factores el primero es que al trabajador no se le presta dinero sino salarios mínimos los cuales se ajustan al momento de incrementarse los mismos, tomando como base el salario percibido en el Distrito Federal, lo cual ocasiona un reajuste cada año de la deuda; unsegundo factor radica en la inestabilidad laboral lo que causa una fluctuación constante del ingreso; y el tercer factor la tasa de interés que se les establece al acreditado al momento del crédito, la cual se aumenta según el salario.

Verbigracia, para un trabajador que gana en promedio 5 salarios mínimos y contrata un crédito en 2012, por $260,000.00 pesos,lo que equivale aproximadamente a 137.21 SMV, el trabajador podrá aportar por año un promedio de 12 SMV, el problema es que al final del año y principios del 2013, su deuda de 125.21 SMV, se recalculara respecto al nuevo salario mínimo, arrojando una cantidad de $246,500.92 pesos, en ese sentido durante el año 2012, el acreditado aportó la cantidad de $22,737.96 pesos, o su equivalente de 12 SMV, sin embargo, para 2013, solo el 59 por ciento de lo pagado en el año anterior se verá reflejado al capital, lo que genera que a la larga el crédito se haga impagable debido a este esquema de pago.

Estos reajustes, sumados a la tasa de interés normal y moratorio, el seguro de la deuda y los gastos administrativos,al pasar por lo menos 8 años, la deuda ya esta saldada inclusive en algunas ocasiones ya se pagó el doble o el triple del valor del inmueble, no obstante el INFONAVIT no libera al acreditado de su deuda, por el contrario, lo mantiene cautivo por los treinta años que marca la ley, lo que ha provocado créditos incobrables o casas abandonadas.

Por lo que, el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de contemplar, en primer lugar, que cuando el acreditado haya realizado el pago de dos veces el valor de la vivienda, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas. Para tal efecto se procederá a hacer un avalúo, designando de común acuerdo un valuador, y en caso de no haber consenso, se procederá a dar vista al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a efecto de que proceda a realizar el avalúo correspondiente.

Y en segundo lugar, para disminuir el plazo de los créditos que otorga, de treinta a veinte años o hasta el pago de dos veces el valor de la vivienda, lo que suceda primero, por lo que una vez transcurridos los veinte años, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Artículo Primero.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 41, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 41.…

En caso de que el trabajador haya pagado dos veces el valor de la vivienda, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas. Para tal efecto se procederá a hacer un avalúo, designando de común acuerdo un valuador, y en caso de no haber consenso, se procederá a dar vista al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a efecto de que proceda a realizar el avalúo correspondiente.

Artículo Segundo.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 44, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 44.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 20 años o hasta el pago de dos veces el valor de la vivienda, lo que suceda primero, una vez transcurridos los 20 años, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de junio de 2013.

Atentamente.

Dip. María del Carmen Martínez Santillán".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTICULOS 669, 670 Y 705 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del PAN)

"El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, Diputado de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los legisladores tienen como misión principal, mantener un gobierno democrático que amparando los más altos valores éticos, se brinden servicios de calidad en un marco de legalidad y justicia, manteniéndose así cercano a la comunidad y con sentido humano, garantizando un estado de derecho, que les permita asegurar la integridad y el patrimonio de las personas, para que a través del desarrollo integral se logre la paz social y la justicia.

Por lo anterior, el gobierno debe promover las condiciones para el desarrollo integral de la población, logrando su objetivo a través del uso del Derecho como instrumento para regular las conductas de la sociedad, por lo que el análisis de las leyes mexicanas debe ser dinámico y en entero conocimiento de los cambios sociales y económicos que abaten al territorio nacional día con día, de lo contrario pueden volverse obsoletas y alejarse de las necesidades cotidianas de los ciudadanos, siendo entonces indispensable la modernización del marco jurídico.

Es importante señalar el impacto que los integrantes de la delincuencia organizada generan hoy en día en la comunidad, pues los mismos con la finalidad de controlar territorios y mercados, realizan acciones delictivas como lo son el secuestro o la desaparición de personas rivales, ciudadanos y funcionarios encargados de labores de seguridad pública, procuración y administración de justicia o ejecución de sanciones penales, lo anterior produciendo de manera dramática un incremento en el número de personas desparecidas, y por ende la necesaria reforma de las leyes que tienen a fin proteger los bienes familiares de los mismos, y evitar que las personasrelacionadas consanguínea y/o políticamente con los desaparecidos, sean afectados gravemente en su situación económica y social, violentando así por consecuencia los derechos del ausente.

El término ausencia implica la falta de presencia de un sujeto en un lugar; jurídicamente, es el estado de una persona que desaparece del lugar de su domicilio, sin que se tenga noticia de su paradero y cuya existencia, llega a ser incierta.

De acuerdo a nuestro cuerpo legal, el Código Civil Federal, es quien regula los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas y sus bienes; en su TITULO UNDECIMO específicamente trata de los Ausentes e Ignorados; las medidas provisionales en caso de ausencia, la declaración de ausencia, los efectos de declaración de ausencia, la administración de bienes del ausente casado, la presunción de muerte del ausente y de los efectos de la ausencia respecto de los derechos eventuales del ausente.

Con respecto a la declaración judicial de ausencia, el Código Civil Federal, en su artículo 669, establece en principio que pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia. Sin embargo el tiempo que dilata el procedimiento para el nombramiento de un representante es de tres a seis meses, mas los tiempos que toman las diligencias necesarias para lograr los requisitos legales, tiempo en que los bienes deben mantenerse en el estado en que se encuentran bajo la vigilancia de un depositario. Así como también, en su artículo 670, adicionalmente, prevé que en caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá́ pedirse la declaración de ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este período no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas.

Es decir, si una persona desaparece, sus familiares y representantes no podrán disponer de sus bienes sino hasta después de 2 años y medio como mínimo, y en el caso en que alguna persona dejara nombrado a un apoderado previniendo el desamparo de su familia o bien facilitándoles el acceso a los bienes en caso de algún imprevisto que ocasionará su ausencia o muerte, será hasta 3 años como mínimo, considerando lo anterior, excesivo e innecesario.

En muchas ocasiones, el acceso a los bienes de una persona ausente puede facilitar su encuentro, las víctimas de los secuestros en la mayoría de los casos pueden lograr su liberación a través del pago de un rescate, si privamos por términos prolongados que los familiares tengan acceso a sus bienes, podría peligrar la vida del ausente, o bien que sus familiares sufran crisis económicas que los lleven a bancarrotas innecesarias.

Ahora bien, el código mencionado, en su artículo 705 declara lo siguiente:

• “Cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte….

• Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición……

• Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses…”

La presunción de muerte, se conceptualiza como aquella situación que permite al juzgador deducir que a partir de la declaración de ausencia y en virtud del cumplimiento del término establecido por la Ley, se puede considerar que al sujeto le ha sobrevenido la muerte, y tiene como efectos, entre otros, el cumplimiento de obligaciones, la disolución de la sociedad conyugal, así́ como la adjudicación los bienes del sujeto que se presume fallecido.

Considerando de igual manera excesivos los tiempos que se manejan, tener que esperarse 6 años para que se pueda determinar el estado jurídico de una persona desaparecida para que sus familiares puedan entonces adjudicarse lo que les corresponde, puede causarles daños económicos irreparables.

En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada el 31 de octubre de 2011, se llego a un acuerdo sobre la necesidad de elaborar iniciativas de reformas, tanto a las leyes federal como a las estatales con la finalidad de reducir y homologar los plazos para simplificar los procedimientos de declaración de ausencia y de presunción de muerte, lo anterior enbeneficio de los familiares de personas no localizadas o presuntamente muertas.

El 9 de Abril de 2002, el Senado de la República ratificóla Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en la cual se pacta que los Estados Parte deberán tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.

Esto es, no sólo es suficiente enfocarnos en reformar la sanción penal que se pueda imponer por la comisión delos delitos de secuestro, sino que el sistema jurídico mexicano debe atender y velar por la seguridad jurídica de los terceros que se ven afectados en sus derechos por la ausencia o presunción de muerte de los sujetos con los que se encuentran jurídicamente vinculados.

Por lo que es importante garantizar que independientemente de la política criminal con la que la Nación está confrontando a estos delincuentes, es oportuno evitar la revictimización de los terceros relacionados con aquellas personas que han sufrido actos delincuenciales y de las cuales se desconoce su paradero.

Al día de hoy, los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco; Tamaulipas,Tlaxcala y Zacatecas que ya han reformado o presentado iniciativas para disminuir los términos de declaración de ausencia y presunción de muerte, hay otros que se encuentran ya con incitativas pero que todavía están pendientes de ser aprobadas, esto únicamente comprueba el interés que tienen los legisladores de diferentes entidades federativas para facilitar y modernizar los procedimientos legales a las necesidades de sus habitantes. Por lo que es importante unirnos como federación a la misma causa y reformar las leyes federales en el mismo sentido.

Para los diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia unirnos a la causa y analizar e implantar las medidas necesarias para la protección del los derechos de terceroscuando se encuentran ante una declaración de ausencia o una presunción de muerte.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos 669, 670 y 705 del Código Civil Federal suscritos por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

CODIGO CIVIL FEDERAL

Artículo 669.- Pasado Un año desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá́ acción para pedir la declaración de ausencia.

Artículo 670.- En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá́ pedirse la declaración de ausencia sino pasados dos años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este periodo no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas.

Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido 3 años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas por el capítulo I de este Título.

Tratándose de personas no localizadas por actos presumibles de la delincuencia organizada, en los casos de secuestro y desaparición forzada, o bien cuando se trate de servidores públicos de procuración y administración de justicia, de seguridad pública o de ejecución de sanciones penales, no localizados por hechos acontecidos durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el Capitulo I de este Título. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá́ de treinta días.

Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público determinará de acuerdo a las investigaciones, cuando deben considerarse actos presumibles de la delincuencia organizada y podrá́ promover ante la autoridad judicial competente el inicio del procedimiento que corresponda.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá́ de treinta días.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Dip.Humberto Armando Prieto Herrera".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN LIBRO OCTAVO AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

"C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Colectivo #ReformaPolíticaYA, agrupado por ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, interesados en lograr una auténtica participación ciudadana en nuestro país, ha venido impulsando y monitoreando la aprobación de ciertos mecanismosque permitirán a los ciudadanos involucrarse en la vida política de manera directa.

Tal es el caso de las Candidaturas Independientes que desde Agosto de 2012 se encuentran reconocidas en nuestra Constitución como un derecho político. Sin embargo, el reconocimiento de un simple derecho político a nivel constitucional, no garantiza el ejercicio del mismo, pues se requieren de especificaciones más profundas donde se establezcan los tiempos, requisitos, condiciones, procedimientos, autoridades competentes y demás criterios para organizar las candidaturas independientes. Dichas especificaciones son conocidas como Ley reglamentaria, que deben regularse –en congruencia con el decreto aprobado por el Congreso de la Unión– antes del 9 de Agosto del presente año.

Es por ello que este Colectivo, consciente de la corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos hacia con el Congreso de la Unión, se ha dado a la tarea de elaborar una propuesta que contenga los criterios mínimos para que las Candidaturas Independientes pueden operar y no ser un simple instrumento de participación inalcanzable. Cabe aclarar que para nosotros, las candidaturas independientes no se contraponen con el actual régimen de partidos, sino todo lo contrario, creemos con firme convicción que esta figura de participación ciudadana coadyuvará de forma paralela y complementaria, con la constante evolución de nuestra democracia.

Consideramos que en primera instancia, la regulación de esta figura puede quedar asentada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), pues estamos conscientes que es un proyecto de gran envergadura y responsabilidad política para el futuro del país, pero también consideramos que la sociedad está más participativa y exige resultados tangibles a corto plazo; por ello, creemos que nuestra propuesta para regular las candidaturas independientes podría asentarse en una Ley General de Participación Ciudadana que englobe y unifique todos los criterios para que dicha figura opere en los tres niveles de gobierno.

Finalmente, este Colectivo es respetuoso de la competencia de nuestro Poder Legislativo Federal y deja a consideración de los Diputados y Senadores de la presente Legislatura, el trabajo entre ciudadanos, Organizaciones de la Sociedad Civil y académicos de diversas instituciones para lograr una adecuada regulación para las Candidaturas Independientes.

No sólo en el ámbito social se ha afirmado que la participación de los ciudadanos es primordial para el fortalecimiento y mejora de la calidad de nuestra democracia, sino que en el marco de nuestra legislación, tal aseveración se ha reflejado en cambios normativos para abrirles la puerta a los ciudadanos para poder participar cada vez más de las decisiones que nos atañen a todos los mexicanos.

En esa tesitura fue que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que, entre otras reformas constitucionales, incluyó a las candidaturas independientes para abrir una nueva vía a los ciudadanos para convertirse en representantes de cargos populares y amplió las opciones de los ciudadanos para sufragar por personas que no necesariamente estén vinculadas con partidos políticos.

Las candidaturas independientes constituyen la figura legal de representación mediante la cual los ciudadanos tienen el derecho de postularse a cargos de elección popular sin la obligación de contar con el apoyo de algún partido político o estar afiliados a él. En ese sentido, varios expertos han afirmado que las candidaturas independientes forman parte de los derechos políticos y por ende de los derechos humanos; por lo tanto, el derecho de ser votado no debe estar restringido por el hecho de pertenecer a un partido político.

Así pues, de acuerdo al análisis de Mariana Sánchez Olmos presentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las candidaturas independientes pueden concebirse desde dos dimensiones: la primera como una prerrogativa de los derechos políticos de los ciudadanos circunscritos a los derechos humanos y; la segunda, como una condición necesaria de la representación política que promueve la pluralidad en el sistema electoral.

Nuestra Constitución, a penas desde el año pasado prevé el derecho de ser votado a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente. No obstante, las candidaturas independientes no han sido ajenas en nuestro país, ya que en el siglo XIX, ante la debilidad del sistema de partidos mexicano, fueron un componente importante en el sistema electoral y hasta el año de 1946 se dejó de reconocer esa figura.

En un principio en los años posteriores a la Independencia y hasta la publicación de la Ley Electoral el 19 de diciembre de 1911 las candidaturas independientes no se encontraban reglamentadas. Ulterior a ello, se reconoció a los candidatos sin partido y se les denominó por primera vez “candidatos independientes”, la Ley fue evolucionando al paso de los años y se estableció la igualdad de facultades de los candidatos partidistas e independientes. Hasta que en 1946 la Ley Electoral puso fin a las candidaturas independientes al considerar que era exclusiva de los partidos políticos la posibilidad de registrar candidatos. Lo cual, aún se refleja en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en el artículo 218, numeral I, que a la letra dice:

“1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”.

Finalmente, en contraste con lo que señala el Cofipe, como se sabe, nuestra Carta Magna ha vuelto a integrar las candidaturas independientes como una figura vigente que se espera comience a funcionar a partir de las próximas elecciones del año 2015 en donde se pronostica que la expresión democrática de los ciudadanos que aspiren a participar en una candidatura ciudadana se refleje en la vida pública nacional por medio de una vía institucional.

OBJETIVOS

En ese orden de ideas, el objetivo de la presente iniciativa con proyecto de decreto pretende normar el funcionamiento de las candidaturas independientes para lograr que en éste primer ejercicio que será llevado a cabo en 2015, los ciudadanos participantes sean parte de nuestras contiendas electorales bajo un panorama de transparencia, viabilidad y pertinencia en el que no estén obligados a ser parte de un partido político y puedan ejercer de forma más libre su derecho de participación política. Aunado a ello, se busca que por medio de la legislación secundaria se disipen y acallen las críticas y las reticencias que se tienen en contra del futuro funcionamiento de las candidaturas independientes en nuestro país.

A la luz de lo anterior, si bien la reforma que englobó una serie de cambios constitucionales en un esfuerzo por realizar una reforma política integral, incluyó a las candidaturas independientes como uno de sus pilares en el artículo 35, fracción II, de la Carta Magna, no determinó como operarían. Por lo tanto, es impostergable atender lo que señala dicho artículo que a la letra dice:

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;”

Derivado de lo anterior, la misma Ley Suprema fijó que las condiciones y términos serán determinados en la legislación sin hacer alusión a la misma Constitución por lo que, es necesario que a través de una ley secundaria sea reglamentada esta importante figura de participación ciudadana.

Por ende, consideramos que el camino idóneo para establecer las bases normativas sobre los procedimientos que los ciudadanos deben seguir para participar como candidatos independientes debe ser una reforma en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debido a que tal como señala en su artículo segundo, el Código reglamenta las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones político—electorales de los ciudadanos y, precisamente, el hecho de poder ser votado constituye un derecho ciudadano como ya se ha mencionado.

Al respecto, existen posiciones que han planteado que el procedimiento de la reforma se plasme en una Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, al no existir una Ley especial para los Partidos Políticos la opción se vuelve difícil de operar y, en contrapunto, el establecer un libro completo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que contenga la normatividad para que las candidaturas ciudadanas funcionen a cabalidad, es la mejor opción para su pronto y expedito funcionamiento.

Así, la ley secundaria debe asegurar la representatividad y autenticidad de los candidatos independientes sobreponiéndose a las críticas y rompiendo los perjuicios que se han formulado en torno a esta nueva figura de participación ciudadana. Las críticas más importantes que sobrepasan las normas que se proponen son las siguientes:

• Que en el supuesto que existan un gran número de candidatos independientes, el voto se pueda fragmentar en niveles no deseados y deslegitimar a su vez al candidato que consiga el triunfo. Lo cual, a pesar de plantearse como una posibilidad, en realidad, no ocurrirá debido a que para que un ciudadano pueda registrarse como candidato independiente y cumplir los requisitos legales, debe contar con un respaldo ciudadano considerable, el cual, deberá conseguir por sus propios medios.

• Uno de los principales prejuicios a los que se han enfrentado las candidaturas independientes versa sobre la fiscalización de los recursos de que se allegan los candidatos, principalmente cuando son de fuentes privadas, en tanto la licitud de su naturaleza. Se dice muy a la ligera que un candidato independiente podrá ser financiado o bien, ser parte de las organizaciones criminales para conseguir un cargo de la Administración Pública en diferentes niveles.

Empero, para evitar que existan dudas sobre la fuente de los recursos y la manera en cómo se gastan la fiscalización para los candidatos independientes será, de acuerdo a la propuesta que se presenta, más estricta para ubicar de la manera más exacta, por un lado, la fuente de los recursos de los candidatos y; por otro, la forma en que éstos son gastados. Así también se evitará que los candidatos independientes busquen asegurar su candidatura a una posición de representación popular únicamente para allegarse de recursos públicos o privados. Mismos que en el caso público deberán regresarse en el caso de no ser utilizados.

En el plano internacional, el sistema paraguayo es similar a lo que se pretende ya que se lleva un estricto control de gasto por un contador que deberá estar autorizado ante el tribunal electoral y todo el financiamiento público y privado deberá ser depositado en una sola cuenta.

• Existe otro prejuicio sobre las candidaturas independientes que señala que servirán de una suerte de escape para los candidatos de los partidos que no consigan una candidatura de manera interna. Lo cual, claramente, debe preverse para ser evitado; debido a ello, se ha considerado, al menos para esta primera experiencia, que aquel candidato independiente que desee ser registrado, deberá estar separado de cualquier partido político por lo menos 24 meses antes de la elección. Es decir, que si en el año 2015 algún ciudadano pretende contender de manera independiente, no deberá estar afiliado a ningún partido político desde mediados de 2013.

Este plazo legal lo vemos plasmado en la legislación paraguaya, misma que señala que para haber poder ser candidato independiente, un ciudadano no debe haber sido postulado por un partido político o haber integrado un cargo directivo de un partido al menos dos años antes de la elección.

• Por otro lado, decir que las candidaturas independientes atentan contra el sistema de partidos es falso, debido a que abre la posibilidad de colocar a los mismos partidos políticos en un escenario de competencia en el que tendrán mejores pruebas para demostrar su capacidad frente a los retos que demanda la ciudadanía, al tiempo que sus candidatos gozarán de una mayor legitimidad al contender con candidatos ciudadanos que no pertenecen a sus filas.

• Un último prejuicio que se tiene acerca de esta forma de representación es que promoverá candidatos que no cuenten con la experiencia suficiente, cuando son comparados con políticos provenientes de los partidos políticos para desempeñar a cabalidad un cargo público. No obstante, las candidaturas independientes no excluyen a ningún ciudadano, inclusive a aquéllos que ya han militado en las filas de algún partido. Por lo tanto, esperar que un individuo tenga que, necesariamente, tener experiencia política es erróneo ya que el principio de representatividad no se circunscribe a miembros conocidos de la llamada clase política, sino a los ciudadanos en general, esos que se preocupan por incidir de manera satisfactoria con las exigencias de sus representados.

En suma, esta iniciativa con propuesta de decreto para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evitará que las candidaturas independientes sean una vía de promoción de intereses personales que amenacen nuestra democracia, al sistema electoral o a los partidos políticos y por el contrario, reglamentará de la mejor manera la operación de las candidaturas para las elecciones que serán celebradas en 2015.

En vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN LIBRO OCTAVO AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (COFIPE).

Artículo único.- Se adiciona un Libro Octavo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para quedar como sigue:

Libro octavo.

De las Candidaturas Independientes

Título primero.

Disposiciones generales

Capítulo primero

Generalidades

Artículo 395. Se establecen los procedimientos para los ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular para presidente de la República, senadores y diputados federales.

Artículo 396. Los actos anticipados de campaña para esta figura de participación ciudadana, son todas aquellas actividades cuyo objetivo sea promover las imágenes, ideas y propuestas de los candidatos independientes con el fin de obtener el voto para cargos de elección popular, fuera del periodo de búsqueda del respaldo ciudadano, de la campaña electoral, o que se realicen con anterioridad a los plazos ya establecidos en el presente código.

Artículo 397. En lo relativo al presente libro, se entenderán por:

a) Aspirante: Al ciudadano que entregue su aviso de intención y que obtenga su constancia de aviso, por el consejo correspondiente.

b) Constancia de aviso: Documento que expedirá el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que un ciudadano cumple con los criterios de elegibilidad para obtener una candidatura independiente.

c) Búsqueda del respaldo ciudadano: Al periodo de tiempo en el cual los aspirantes deberán recabar las firmas de apoyo para lograr la obtención de la candidatura.

d) Constancia de respaldo ciudadano: Al documento que expedirá el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que el aspirante logró el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano para obtener la candidatura.

e) Candidato Independiente: Al aspirante que cumplió con todos los requisitos y condiciones, así como el registro en los plazos y condiciones estipulados por el Instituto, para obtener la candidatura.

Título segundo.

Del proceso de Obtención de la Candidatura Independiente.

Capítulo primero.

Del aviso de aspiración.

Artículo 398. Los procedimientos contenidos en el presente Capítulo no constituyen actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 399. Los ciudadanos que pretendan participar en una contienda electoral de manera independiente, deberán entregar el aviso de aspiración oficialmente al Instituto, durante el mes de Julio del año previo al día de la jornada electoral.

Artículo 400. El aviso que presenten los aspirantes al consejo correspondiente del Instituto deberá contener la siguiente información:

I. Nombre completo del aspirante a candidato independiente, anexando copia fotostática de su credencial de elector;

II. Cargo para el que se pretenda postular, especificando;

a. Candidato para ocupar el cargo de presidente de la República;

b. Lista con dos fórmulas para ocupar el cargo de senador, ó

c. Fórmula para ocupar el cargo de diputado federal.

III. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en cualquier régimen.

IV. Carta donde se manifieste la no militancia o, en su caso, la renuncia a un partido político, dirigida al consejo correspondiente del Instituto, con copia al Partido Político sólo en el caso de haber sido militante, por lo menos veinticuatro meses antes del día de la jornada electoral.

V. Cuenta bancaria de cualquier institución nacional que tenga un tiempo máximo de apertura de quince días anteriores a la entrega del presente aviso de aspiración. El aspirante deberá entregar copia del contrato de apertura para que el consejo correspondiente verifique el cumplimiento de dicho plazo, así como designar un tesorero.

VI. Carta firmada bajo protesta de decir verdad que refiera el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para acceder a los cargos de presidente de la República, diputado federal y senador, según sea el caso, y

VII. Nombre completo del representante general, así como del representante sustituto ante el consejo correspondiente del Instituto.

El Instituto verificará la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes, a través de las instancias correspondientes.

Artículo 401. En la revisión del aviso de los aspirantes a candidatos independientes, el Instituto, a través de los consejos correspondientes, procederá de la manera siguiente:

I. Verificará, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presentación del aviso, el cumplimiento de los requisitos señalados en este capítulo;

II. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, dentro de los cinco días siguientes notificará al candidato independiente, para que dentro de los diez días naturales, posteriores al de la notificación, subsane el o los requisitos omitidos, y

III. Dentro de los quince días siguientes al vencimiento de los plazos referidos en las fracciones anteriores, el consejo respectivo celebrará una sesión para determinar que se han satisfecho los requisitos y así expedir la constancia de aviso previo.

Concluido el proceso de aviso y obtenida la constancia del aviso, los aspirantes deberán sujetarse estrictamente a los tiempos estipulados en el presente libro para la búsqueda del respaldo ciudadano.

Capítulo segundo

De los requisitos del respaldo ciudadano

Artículo 402. Periodo de obtención de firmas. Durante el periodo destinado para las precampañas, previsto en este código, los aspirantes a una candidatura independiente buscarán el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:

I. Para el cargo a presidente de la República, una lista de ciudadanos que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica si no pudiere firmar y copia simple de la credencial de elector, de cuando menos una cantidad del cero punto trece por ciento (0.13%) de los que hubieren sufragado en la elección presidencial anterior, distribuidos en por lo menos ciento cincuenta distritos electorales de forma igualitaria;

II. Para el cargo a senador, la lista de fórmulas presentarán una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar y copia de la credencial de elector de cuando menos una cantidad de ciudadanos equivalente al cero punto trece por ciento (0.13%) de los que hubieren sufragado en la última elección federal para senadores en la entidad federativa, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y

III. Para el cargo a diputados federales una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar y copia de la credencial de elector de cuando menos una cantidad de ciudadanos equivalente al cero punto trece por ciento (0.13%) de los que hubieren sufragado en la última elección en el distrito electoral federal, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de las secciones distritales de forma igualitaria.

El día siguiente al de la conclusión del término de recopilación de firmas, los candidatos independientes deberán entregar las lista de respaldo ciudadano al consejo correspondiente del Instituto para su validación contra el listado nominal de electores. Si el aspirante logra la obtención de las firmas, en los porcentajes y con los requisitos previstos en el presente artículo antes del plazo máximo, podrán entregar sus listas de forma anticipada en el consejo correspondiente del Instituto.

Artículo 403. Restricción del respaldo a candidaturas. Queda prohibido que los aspirantes a candidatos independientes utilicen la coacción para obtener de los ciudadanos el respaldo a sus candidaturas. Los aspirantes a candidatos independientes procurarán que el ciudadano del cual obtienen el respaldo no haya apoyado a otro aspirante. Ningún aspirante a candidato independiente podrá presentar las mismas firmas de respaldo que también apoyen a otro aspirante para el mismo cargo de elección popular, pues no se permitirá la duplicidad del respaldo ciudadano en ningún porcentaje.

Artículo 404. El consejo correspondiente del Instituto deberá, dentro de los quince días naturales siguientes al de la entrega de la lista de respaldo ciudadano, solicitar la compulsa con la lista nominal de electores al Registro Federal de Electores, a efecto de verificar que cumple con los requisitos previstos por el artículo 402 de este código, según la elección de que se trate, que no tenga firmas iguales al de otro aspirante y que estén distribuidas geográficamente como lo estipula el artículo 402 de este código.

Artículo 405. Si de la compulsa a que se refiere el artículo anterior se determina que un aspirante no satisface los requisitos, el Instituto le requerirá para que dentro de los diez días naturales siguientes subsane las omisiones.

Artículo 406. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior el consejo correspondiente del Instituto deberá emitir un acuerdo para expedir la constancia de respaldo ciudadano que acredite al aspirante la representatividad correspondiente.

Capítulo tercero

Del Registro

Artículo 407. Requisitos del registro. El registro se presentará en el periodo previsto por este código y deberá acompañarse de:

I. Constancia de aviso previo emitida por el consejo correspondiente del Instituto;

II. Constancia de respaldo ciudadano emitida por el consejo correspondiente del Instituto;

III. Informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda del respaldo ciudadano,

IV. La cuenta bancaria que se utilizó para recibir los recursos económicos para la búsqueda del respaldo ciudadano.

V. El color o combinación de colores con los que se pretende contender, los que no podrán ser iguales a los de los partidos políticos y coaliciones con registro ante el Instituto, así como el logotipo y/o seudónimo con el que competirá el día de la jornada electoraly que se imprimirá en la boleta electoral, si se obtiene el registro.

Artículo 408. Comunicación de registro al Consejo General. Los Consejos electorales distritales y locales deberán elaborar el registro de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de diputados y senadores del distrito o estado en cuestión y comunicarán al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas independientes que hubieren realizado, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la sesión en que realicen los registros.

Artículo 409. Limitaciones a las candidaturas independientes. Las limitaciones para las candidaturas independientes son las siguientes:

I. No se podrá realizar la sustitución de candidatos independientes registrados por ninguna causa;

II. Los partidos políticos o coaliciones no podrán registrar como candidatos a los ciudadanos que hayan solicitado el registro como candidatos independientes para los cargos que establece el presente código, y

III. Queda prohibida la intervención de entes públicos, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones gremiales y personas morales con actividad mercantil en los procesos de aviso, búsqueda del respaldo ciudadano, registro y de campañas para los candidatos independientes. (Redacción).

Artículo 410. Constancia de registro de candidatura independiente. Una vez cubiertos los requisitos que señala el artículo 407 del presente código, el consejo correspondiente del Instituto aprobará el registro del aspirante como candidato independiente y emitirá la constancia correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión en que aprueben el registro.

Capítulo cuarto

De la Organización de los Candidatos Independientes en el proceso electoral

Artículo 411. Responsables de campaña. El candidato independiente deberá nombrar al momento del registro, a un responsable de finanzas y a un representante general ante el consejo correspondiente, así como un responsable sustituto, e indicar sus nombres, domicilios y teléfonos donde puedan localizarse.

Artículo 412. Representantes de casilla. Los candidatos independientes, podrán nombrar, por sí mismos o de común acuerdo, representantes ante las mesas directivas de casilla. El Instituto será responsable de proveer los materiales y herramientas para capacitar a los representantes de casillas. (Pasar este asunto a

Artículo 413. Medios de comunicación. Durante los procesos electorales en que participen, los candidatos independientes tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social, conforme a lo siguiente:

I. Durante todo el proceso electoral, el Instituto deberá destinar el veinticinco por ciento del tiempo oficial del que disponga, para la promoción de las candidaturas independientes, con el objetivo de promover dicha figura de participación ciudadana.

II. Los aspirantes y candidatos independientes en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Título tercero

De los Recursos Económicos utilizados en las Campañas Electorales

Capítulo primero

De los Ingresos

Artículo 414. Para el desarrollo del aviso previo, así como para la búsqueda del respaldo ciudadano, los aspirantes podrán adquirir financiamiento privado para llevar a cabo las actividades y gestiones inherentes para lograr el registro como candidatos independientes. El financiamiento privado tendrá los mismos topes de gastos estipulados para los precandidatos de los partidos políticos.

Artículo 415. El financiamiento de campañas. Para el desarrollo de las campañas electorales, los candidatos independientes contarán con financiamiento público y privado, el financiamiento público no será inferior al cincuenta y un por ciento del tope de gastos de campaña definido para cada tipo de elección, para cada candidato.El porcentaje restante podrá ser privado.

Artículo 416. Limitación a las aportaciones. No podrán realizar aportaciones a los candidatos independientes, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, y en ninguna circunstancia los siguientes:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, los organismos autónomos y los ayuntamientos, salvo los establecidos en este código;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizados, paraestatales o cualquier otra que maneje o administre recursos públicos;

c) Los partidos políticos;

d) Sindicatos;

e) Extranjeros;

f) Las personas físicas y morales mexicanas o extranjeras con actividades mercantiles, y

g) Los ministros, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier culto o denominación religiosa.

Capítulo segundo

De los egresos

Artículo 418. Disposiciones aplicables. En todo lo relativo a los recursos económicos utilizados en las campañas electorales por los candidatos independientes, serán aplicables en lo conducente a las disposiciones de este código y del Instituto.

Artículo 419. Egresos no ejercidos. Límite de egresos. Están obligados los candidatos independientes, a devolver al Instituto, el financiamiento público no ejercido.

Artículo 420. Reporte de egresos. Los egresos que durante el desarrollo de las campañas electorales realicen los candidatos independientes deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre del candidato independiente, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha documentación, deberá cubrir los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que el candidato independiente será considerado como consumidor final. Asimismo, deberá cumplirse lo siguiente:

I. Todos los gastos deberán informarse utilizando los formatos que al efecto establezca el Instituto, los cuales deberán detallar la fecha, el lugar, el monto, el concepto específico del gasto, nombre o razón social y domicilio de la persona a quien se efectuó el pago del bien o servicio, y

II. Se deberán adjuntar los comprobantes originales y las facturas de las erogaciones realizadas.

Artículo 421. Gastos menores. Se permitirá a los candidatos independientes reportar por medio de una bitácora gastosen los rubros de alimentos, viáticos, transporte y otros gastos menores, siempre y cuando éstos no rebasen en total una cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) de los gastos máximos de campaña aprobados por el Consejo General para la elección respectiva.

Artículo 422. Marco legal aplicable. Los gastos que realicen los candidatos independientes en la propaganda electoral y las actividades de campaña se sujetarán a lo dispuesto por este código.

Capítulo tercero

De los informes de gastos

Artículo 423. Control y vigilancia. El Instituto emitirá los reglamentos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos erogados por los candidatos independientes durante el proceso electoral y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 424. Presentación de informe. Los candidatos independientes deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto, un informe semanal del origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados desde la entrega del aviso de aspiración, la búsqueda del respaldo ciudadano, así como de la campaña electoral, en los formatos que establezca el Instituto.

Artículo 425. Procedimiento de fiscalización. El procedimiento para la revisión, fiscalización y dictamen de los informes de gastos de campaña de los candidatos independientes, se ajustará a lo siguiente:

I. La Unidad de Fiscalización, con la Dirección Ejecutiva de Revisión y Fiscalización, revisará los informes presentados por los candidatos independientes en un plazo de treinta días, contados a partir de su recepción;

II. Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones, notificará al candidato independiente que hubiere incurrido en ellos para que en un plazo de quince días, contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

III. Al vencimiento del plazo señalado en la fracción I del presente artículo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de diez días para elaborar un dictamen consolidado y un proyecto de resolución que deberá presentar al Consejo correspondiente dentro de los tres díassiguientes a su conclusión, y

IV. El dictamen deberá contener por lo menos:

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de los candidatos independientes;

b) Los errores u omisiones, así como las irregularidades encontradas en los mismos, en su caso;

c) El contenido de las aclaraciones o rectificaciones que, en su caso, hayan presentado los candidatos independientes, y

d) El proyecto de resolución que se presentará ante el Consejo General, para que proceda a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. El dictamen elaborado en términos de la presente fracción deberá ser notificado dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo otorgado para su elaboración, a todos los integrantes del Consejo para los efectos legales a que haya lugar.

Capítulo cuarto

De las sanciones

Artículo 426. Constituyen infracciones al presente código para los candidatos independientes:

I. Por violar lo estipulado en el artículo 403 del presente código;

II. Por violar lo dispuesto en la fracción III, del artículo 409 del presente código;

III. Por incumplir los estipulado en la fracción II, del artículo 413 del presente código;

IV. Rebasar el tope de gastos para el aviso de aspiración y la búsqueda del respaldo ciudadano estipulado en el artículo 414 del presente código;

V. Rebasar el porcentaje de financiamiento privado estipulado en el artículo 415 del presente código;

VI. Obtener recursos en contravención del artículo 416 del presente código;

VII. Por violar lo previsto en el artículo 417 del presente código;

VIII. Por incumplir lo dispuesto en el artículo 419 del presente código;

IX. Por incumplir con lo establecido en el artículo 420 del presente código;

X. Por rebasar el porcentaje establecido para gastos menores en el artículo 421, y

XI. Por incumplir lo previsto en el artículo 424.

Artículo 427. Se sancionará con la imposibilidad de registrarse como candidato independiente, por la violación de las fracciones I, II, III, y IV del artículo anterior.

Artículo 428. Se sancionará con multa la violación a las fracciones IX, X y XI previstas en el artículo 426 del presente código, de la siguiente forma:

I. Para los candidatos independientes al cargo de presidente de la República, de 50 mil a 90 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal;

II. Para los candidatos independientes al cargo de Senador, de 5 mil a 20 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, y

III. Para los candidatos independientes al cargo de Diputado Federal, de 1000 a 3000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Artículo 429. Se sancionará con la pérdida de la candidatura y en su caso, la invalidez de la elección, las violaciones a las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 426 del presente código.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Instituto tendrá 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los reglamentos y formatos inherentes a sus facultades, para garantizar la operación de las candidaturas independientes en las próximas elecciones federales del año dos mil quince (2015).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXI BIS AL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Alberto Coronado Quintanilla, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Alberto Coronado Quintanilla, Diputado en la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada (dependencias).

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal (entidades).

Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección, mesa, otras unidades de nivel administrativo equivalente y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

En la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado, que se realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como coordinadora del sector respectivo. Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes.

En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, así como de losorganismos descentralizados, que tengan a su cargo función de servicios públicos, divide a los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base.

Si bien, clasifica las funciones que desempeñan los trabajadores de confianza en la Presidencia de la República, en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio y excluye específicamente a los trabajadores de confianza.

La Ley y las Condiciones Generales de Trabajo respectivas, que norman y regulan los derechos y obligaciones de los trabajadores de base, no aplican a los trabajadores de confianza.

En las Condiciones Generales de Trabajo respectivas, en cada una de las dependencias o entidades, se establecen diversos modelos, forma y términos, para el registro de asistencia de los trabajadores de base, generalmente no aplicados por norma al personal de confianza.

Derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013, por lo que se refiere a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y transferencia de diversas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que dispone el artículo 31, a ésta le corresponde entre otras, la de coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa; llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables; así como, coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño.

Conforme a lo previsto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto, las disposiciones de referencia entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Con el objeto de corregir la irregularidad y omisión de normatividad que implemente y controle el registro de asistencia del personal de confianza de la administración pública federal, la reforma que se presenta, propone otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la responsabilidad de coordinar y establecer las normas e indicadores de control interno que aplicarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para llevar, administrar y transparentar el registro de asistencia laboral en sus oficinas a través de la utilización de datos biométricos, del personal de base y confianza adscritos orgánicamente a las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo.

Ello, con la finalidad de apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos, el procedimiento administrativo, la transparencia, el acceso a la información, el combate a la corrupción y otras afines a la materia.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XXI bis al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XX.

XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;

XXI Bis. Coordinar y establecer las normas e indicadores de control interno que aplicarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para llevar, administrar y transparentar el registro de asistencia laboral en sus oficinas a través de la utilización de datos biométricos, del personal de base y confianza adscritos orgánicamente a las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo.

XXII. a XXXIV.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Para los efectos de mantener el control interno en materia de lo previsto en el presente Decreto para la fracción XXI Bis del artículo 31 de esta Ley, aplicará lo dispuesto por el artículo 44 de esta Ley.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica, en términos de lo establecido por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de de junio de 2013.

Dip. Alberto Coronado Quintanilla”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 58 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

"El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador de la República por el estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al Artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio de 2012, representó un gran esfuerzo del Poder Legislativo para atender las situaciones de riesgo, catástrofe y protección de personas y bienes, en los casos en que dichas situaciones se produzcan.

Para México, los peores desastres naturales comienzan a registrarse con eventos sísmicos y climáticos. En 1985, la Ciudad de México vivió, con el terremoto, una de las peores catástrofes que marcó la historia del país.

En 1988 el Huracán Gilberto, uno de los ciclones tropicales más intensos y devastadores registrados en el Océano Atlántico, azotó las costas del Golfo de México ocasionando estragos importantes en la Península de Yucatán y Tamaulipas, así como devastadoras inundaciones en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En 1995 el Huracán Henriette tocó tierra en Cabo San Lucas y Sinaloa, mientras que el Huracán Ismael tocó tierra en Topolobampo en el Estado de Sinaloa. Asimismo, en el mes de octubre de ese mismo año, el país vivió un sismo que repercutió en las costas de Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

En septiembre de 1997, las costas de Oaxaca y Guerrero sintieron el embate del Huracán Paulina.

Por su parte, el huracán Wilma en el año 2005 tocó territorio mexicano afectando principalmente la costa de Quintana Roo, la zona turística de Cancún, además de cuantiosos daños materiales.

Asimismo, durante el mes de octubre de 2005, el huracán Stan dejó decenas demuertos y más de 100 mil damnificados, además de graves daños materiales en el Estado de Chiapas.

A finales de octubre de 2007, la ciudad de Villahermosa, Tabasco, sufrió las peores inundaciones de su historia por el desbordamiento del río Grijalva, debido a las lluvias atípicas registradas en las zonas altas del Estado de Chiapas.

En el año 2011, fuimos testigos de los más graves incendios de los últimos años en Coahuila y Durango según la Comisión Nacional Forestal (Conafor),lo que causó graves afectaciones a los ecosistemas forestales de la región.

Asimismo, la actividad industrial y los derrames petroleros en nuestro país ocasionan graves daños de alto impacto ecológico en playas, costas, sistemas lagunares, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos, con consecuencias catastróficas para la salud y calidad de vida de los pobladores. Tal es el caso decomunidades donde existe actividad petrolera como en Tabasco, Campeche y Chiapas.

Recientemente, varias regiones del país han sufrido los efectos del cambio climático, mismo que se ha visto reflejado en sequías, inundaciones y el registro de una mayor cantidad de huracanes tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico.

El cambio climático es una verdad indiscutible de nuestro tiempo. Una realidad que representa el reto más importante para la humanidad en el presente siglo.

Como se ha advertido, el cambio climático amenaza con paralizar el desarrollo de la humanidad y acabar con el equilibrio y la maravillosa biodiversidad de nuestro planeta, en el que México, es un exponente superior.

Los desastres naturales, o aquellos provocados por la actividad humana eindustrial, nos han enseñado de una manera dolorosa a lo largo de estos años, la necesidad de tomar todas las precauciones debidas en materia de protección civil. Afortunadamente, como país hemos avanzado sustancialmente en este propósito, aunque aún falta mucho por hacer.

Lamentablemente, los fenómenos climatológicos y las actividades industrialestraen aparejados daños de alto valor ecológico y socioeconómico en los ecosistemas, que repercuten notablemente en el desarrollo de las distintas regiones de nuestro país.

La nueva Ley General de Protección Civil aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Ejecutivo Federal en el año 2012, representa una respuesta institucional del Estado mexicano para crear el marco legal y actualizar los mecanismos para orientar las políticas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el objetivo de atender las demandas en materia de protección civil.

La legislación en la materia define también la inclusión de los sectores social y privado para su participación.

Este marco legal establece con precisión que los tres órdenes de gobierno tratarán en todo momento, que las estrategias y los programas dirigidos al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil, se sustenten en un enfoque de Gestión Integral del Riesgo.

Ahora, las políticas públicas en materia de protección civil se ciñen al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, con lo cual se dará una mayor claridad a la participación de las instituciones ante posibles contingencias.

La Ley establece que al Ejecutivo Federal le corresponde asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, así como coordinar las labores en beneficio de la población.

En la nueva Ley General de Protección Civil se incorporó la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, conjuntando un Atlas Nacional de Riesgos como un sistema que será permanentemente actualizado y consultado por las autoridades encargadas de autorizar cualquier tipo de construcción, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

Ahora, con las nuevas disposiciones legales en materia de protección civil en nuestro país se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos, que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se destinen recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos.

Por otro lado, y conforme al mandato establecido en el artículo noveno transitorio de la nueva Ley General de Protección Civil, publicada el pasado 6 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal rindió un informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y se determinó que estos pasaran a formar parte de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, conforme a las disposiciones administrativas determinadas de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales seguirá cumpliendo con los compromisos derivados de los instrumentos de transferencia de riesgos que contrató conforme a las disposiciones aplicables antes de la entrada en vigor de esta Ley, asimismo podrá contratar instrumentos de la misma naturaleza y conforme a esas disposiciones, en tanto se emiten las disposiciones administrativas a que se refiere el artículo 63 de Ley General de Protección Civil.

De esta manera, el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales solo podrá ser liquidado y dar por terminado, hasta que se cumplan todas las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los instrumentos contratados, en los términos de las disposiciones aplicables, antes de la entrada en vigor de esta Ley.

Como vemos, se trata de una Ley que en lo general es rica en diagnóstico y prospectiva, en análisis de experiencias a nivel mundial y nacional, así como propositiva en lo que se refiere a la necesidad de enfrentar las consecuencias del cambio climático que representa una amenaza para la seguridad nacional en el ámbito ambiental.

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que nuestro territorio ha empezado a resentir las sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos cada vez más intensos en ambos litorales, lo que acrecentará las desigualdades sociales que hoy se presentan en diversos sectores de la población. Es por ello, que debemos comprender el fenómeno y trabajar de manera muy coordinada en políticas y acciones de mitigación y adaptación para lograr los menores costos posibles para los sectores social y económico.

A pesar de los avances antes mencionados, creemos que la Ley General de Protección Civil no contempló un mecanismo específico para enfrentarlos daños causados por un desastre natural o por actividades propias del ser humano a bosques o selvas, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de ríos o lagunas, cuando el equilibrio ecológico se vea afectado de forma sustantiva, y éste daño rebase el presupuesto del municipio y de la entidad federativa, así como el de las dependencias y entidades federales para llevar a cabo dicha restitución.

Para resolver este supuesto consideramos importante otorgarle facultades a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, para poder presentar una solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que previo análisis de estas dependencias, puedan obtener recursos con cargo a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, con el objeto de restituir total o parcialmente los daños causados por el desastre, mediante acciones de reforestación, desazolve y limpieza.

Las dependencias federales mencionadas en el párrafo anterior, tienen la capacidad técnica y financiera suficiente para evaluar la magnitud del impacto ambiental generado después de un desastre natural o cuando el daño ecológico es provocado por actividades propias del ser humano. En este sentido, pueden determinar y conocer las afectaciones a los ecosistemas, así como sus repercusiones a las actividades humanas tales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, entre otras.

Es por ello, que consideramos importante adicionar una fracción IV al Artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, incluido en el Capítulo XII denominado “De los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos”, para que los Estados, el Distrito Federal y los municipios, puedan acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en caso de que el daño causado por un desastre natural o por actividades propias del ser humano, afecte de forma sustantiva el equilibrio ecológico, y este daño rebase la capacidad económica del municipio, la entidad federativa y de las dependencias federales para llevar a cabo dicha restitución, conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 58 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL.

Artículo único.- Se adiciona una fracción IV al Artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue

Artículo 58. …

De I a III. …

IV. Presentar solicitud firmada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa afectada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que previo análisis de esta dependencia, se puedan obtener recursos con cargo a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en caso de que el daño causado por un desastre natural o por el ser humano a bosques o selvas, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de ríos o lagunas, afecte de forma sustantiva el equilibrio ecológico, con el objeto de restituir total o parcialmente el ecosistema, mediante acciones de reforestación, desazolve y limpieza.

Los apoyos a los que se refiere el párrafo anterior, se otorgarán sólo cuando las afectaciones rebasen la capacidad económica del municipio, la entidad federativa y de las dependencias federales en su conjunto, para llevar a cabo dicha restitución.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de junio de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros".

Tenemos, ahora, la primera lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América; para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar cargo de Cónsul Honorario.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION, PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

(Dictámenes de primera lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los cuatro dictámenes de permisos de la Primera Comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Quedan de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictámenes de segunda lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, están a discusión.

No teniendo oradores inscritos para este efecto, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los dictámenes.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se va a recoger la votación nominal.

Iniciáremos por el lado derecho del salón, se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge votación nominal)

Señor Presidente, se emitieron 22 votos a favor, 2 abstenciones y cero votos en contra.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Pasan al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la discusión de 66 dictámenes, con punto de Acuerdo, sobre los que no se tienen reservas para su discusión, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a fortalecer las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, a fin de evitar incidentes que atenten contra la inseguridad y la vida de los ciudadanos.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a autoridades del gobierno del Distrito Federal a revisar el cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, Supervía Poniente.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar los mecanismos de prevención de suicidios en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal a impulsar estrategias integrales para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el estado que guarda el registro y expedición de la cédula de identidad para menores de edad.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a analizar la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Morelos.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a desarrollar acciones que refuercen y garanticen el interés superior de la niñez.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han implementado en el marco del proyecto "Rescate Integral de los Ríos Eslava y Magdalena".





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en los casos que resulte procedente, sean aplicados los recursos del FONDEN para la atención de las necesidades de las personas que resultaron afectadas por las lluvias ocasionadas por el huracán "Bárbara".





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a informar sobre el estado de la incidencia delictiva durante el último año.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal información sobre el estado que guarda el programa de regulación de ambulancias.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Hidalgo a resolver el conflicto intermunicipal por límites territoriales entre los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los mecanismos de vinculación y colaboración interinstitucional entre poderes en el proceso de diagnóstico y definición de las políticas públicas relacionadas con el proyecto integral de la frontera sur.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea del Distrito Federal a revisar el marco legal vigente en materia de operación de establecimientos mercantiles.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a la Procuraduría General de la República a formular un programa de acciones a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a fin de abatir la impunidad que enmarca las agresiones a periodistas.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Doy lectura a dictámenes de la Segunda Comisión los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar actividades de conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, por el que esta Soberanía exhorta al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las Entidades Federativas, al Distrito Federal, a la Academia y a las ocho Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República a conmemorar los diversos aniversarios de la adopción de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos regionales y universales a efecto de promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en México.

Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente:

METODOLOGIA

La Segunda Comisión a la cual se le turnó el presente punto de Acuerdo, trabajó conforme al siguiente procedimiento:

I.- En el apartado “ANTECEDENTES” se expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación, turno y dictamen por parte de la Comisión.

II.- En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPOSICION” se reproduce textualmente el resolutivo presentado a efectos de conocer con precisión la propuesta.

III.- En el apartado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración y razones que motivan el presente dictamen.

IV.- Finalmente, en el apartado “PUNTO DE ACUERDO”, la Comisión emite su decisión respecto a las propuestas analizadas.

I.- ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de mayo de 2013, las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña Pérez presentaron a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo en comento.

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente instruyó el turno de la propuesta a esta Segunda Comisión para su estudio y dictamen.

3.- Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública procedimos al análisis y elaboración del presente dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proyecto en estudio propuesto por el legislador se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y un punto resolutivo.

En el apartado de consideraciones, las legisladoras señalan que una parte importante de la protección de los derechos humanos es aquella que sugiere la difusión y el reconocimiento de los diversos instrumentos y mecanismos que los tutelan, así como los ordenamientos jurídicos internacionales tendientes a preservar la dignidad humana.

Las proponentes recuerdan que este año se conmemora la adopción o aprobación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tales como:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, hace ya 65 años.

- La Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre de 1969, hace ya 44 años.

- La Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, en 1948, hace ya 65 años.

- El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, y que entró en vigor en 1953, hace ya 60 años.

- La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, proclamada por la Organización para la Unidad Africana (OUA, hoy Unión Africana) en 1981, hace ya 32 años.

Las senadoras consideran que la aparición de estos instrumentos internacionales demuestra la importancia de los derechos humanos en la actualidad, y reafirma la importancia de que éstos sean respetados mediante la cooperación internacional y las relaciones entre las Naciones para bridar la paz y justicia al mundo. En este sentido, afirman que la promoción, difusión, sensibilización, capacitación y educación de los derechos humanos, así como la conmemoración de fechas tan relevantes, se encuentran ligadas con el artículo primero constitucional.

Las proponentes subrayan que la aparición de estos instrumentos internacionales surge a raíz de acontecimientos históricos en el que las personas entraron en periodos de intolerancia y conflictos sociales nacionales y mundiales, y colocan como ejemplos la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial.

Aunado a lo anterior, las legisladoras hacen notar que en las últimas décadas se han construido y vivido una nueva forma de participación ciudadana global mediante la integración de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Organismos No Gubernamentales (ONG) internacionales dedicados a la defensa, investigación, denuncia, educación y promoción de los derechos humanos. Estas organizaciones, apuntan, han cubierto las diversas necesidades que el trabajo de los derechos humanos demanda, y han influido en la agenda internacional al contribuir en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, siendo a la vez componentes constitutivos del mismo.

Las proponentes señalan que las ONGs se han dado a la tarea de examinar las violaciones a los derechos humanos que puedan ser atribuidas al Estado, y a reforzar la coordinación de sus actividades tomando como base el derecho internacional de los derechos humanos. Estos entes también acuden ante la opinión pública internacional para informarla y sensibilizarla respecto a violaciones de derechos humanos cometidas en determinados Estados.

Las senadoras sostienen que estos organismos sociales operan en el marco de la ONU y la OEA para crear mecanismos de interacción, cooperación y vinculación directa entre Estados, y Estados y ciudadanía, fungiendo como representantes de las necesidades e intereses de ésta última. Asimismo destacan que a la agenda internacional sobre derechos humanos se han sumado instituciones educativas y académicas que realizan una investigación profunda sobre las condiciones que guardan los mecanismos de protección de los derechos humanos, siendo también una parte trascendental por la cual la ciudadanía incide en la consolidación de las políticas públicas.

Las proponentes mencionan que el 12 de junio de 1993, en la ciudad de Viena, Austria, 171 Estados (incluido México) votaron a favor de la adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena, mismo que establece que en los programas de estudio de todas las instituciones de enseñanza académica y no académica (sic) debe incluirse el tema de los derechos humanos, siendo acorde al párrafo segundo del artículo 3° constitucional, mismo que establece que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Finalmente, las senadoras destacan las facultades del Senado de la República en materia de política exterior y afirman que, en cumplimiento con la agenda internacional, es necesario “que en el marco de la conmemoración de la adopción de los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se promuevan, impulsen, difundan y protejan los derechos humanos, en coadyuvancia con las ONGs el papel fundamental que estas representan”.

Con base a lo expuesto, las legisladoras proponen el siguiente resolutivo:

UNICO.-Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las Entidades Federativas, al Distrito Federal, a la Academia y a las ocho Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República en el ámbito de su competencia, a conmemorar los diversos aniversarios de la adopción de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos regionales y universales. Asimismo, promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación de los derechos humanos tanto al interior de cada institución como en sus funciones y atribuciones.

III.- CONSIDERACIONES

Las legisladoras y legisladores que integramos la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconocemos la importancia fundamental que hoy guardan los derechos humanos para nuestro sistema normativo, y reafirmamos la obligación que tienen las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los dispuesto en el artículo 1° de la Carta Magna. Asimismo hacemos un especial reconocimiento al trabajo incansable que realizan diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil al involucrarse activamente en la promoción y la defensa de los derechos humanos, tanto en México como en el resto del mundo.

Por ello, esta Segunda Comisión considera importante recordar la obligación establecida en el artículo 1° constitucional para que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, depromuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, destacamos el apartado de “consideraciones” diseñado por las proponentes, toda vez que se refieren a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, como instrumentos jurídicos de derechos humanos que, dada su importancia, merecen ser conmemorados.

Sin embargo, estimamos que dicha lista es enunciativa y no limitativa para efectos del punto de acuerdo, lo que nos impedirá incurrir en una omisión que dificulte su adecuada interpretación dado el hecho insoslayable de que las propias Naciones Unidas han afirmado que los instrumentos básicos de derechos humanos también abarcan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás protocolos relacionados que sin duda conforman el núcleo del sistema internacional de los derechos humanos.

En este sentido, esta Comisión dictaminadora desea hacer notar que las Naciones Unidas ya cuenta con un calendario de días internacionales, semanas, años y decenios, mismo que tiene como objetivo contribuir, en todo el mundo, “al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre”. Como lo afirma la propia Organización, tales días representan oportunidades “para promover acciones nacionales e internacionales” a favor de los derechos humanos.

Estas celebraciones han sido en su mayoría decididas por la Asamblea General a través de resoluciones, aunque otras han sido creadas por instituciones especializadas del sistema para atraer la atención del público sobre temas específicos.

En virtud de lo expuesto, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente:

IV. PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los titulares de los Poder Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos de los Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las Universidades Públicas y a todas las instituciones educativas del país, a realizar actividades de conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos instrumentos internacionales y días mundiales en materia de derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección del Virus de Papiloma Humano.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a intensificar acciones a fin de consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el país, continuar la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal, y ampliar la red de laboratorios de biología molecular de detección.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la comisión permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Sin duda alguna en el siglo XX, se registró uno de los avances más significativos en materia de salud pública en nuestro País, en enero de 1991 por decreto presidencia se creó el Consejo Nacional de Vacunación, cuyo objeto principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles lo cual se ha logrado a través de la implementación del Programa de Vacunación Universal dirigido principalmente a la protección de la salud de la niñez y de la población más vulnerable.

Actualmente México posee uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, lo que ha permitido modificar el panorama epidemiológico de una nación, es así que gracias a las Semanas Nacionales de Vacunación y otras estrategias se ha logrado controlar y erradicar enfermedades que hasta hace algunos años representaban un verdadero problema de salud.

El éxito del mencionado programa es resultado de la participación no solo del Sistema Nacional de Salud, sino de brigadas y voluntarios así como de la decisión y al alto grado de responsabilidad colectiva en todo el País, asegurando que todos El Cáncer Cérvico Uterino es la segunda causa de muerte por Cáncer en la mujer solo después del Cáncer de mama. Cada año se registran más de 7,480 nuevos casos en nuestro país, los cuales pudieron ser evitados, ya que este es una neoplasia que puede ser prevenida mediante Vacunación o detección y tratamiento de lesiones precursoras.

Acorde a cifras preliminares, en 2011 fallecieron por Cáncer de mama 3,944 mujeres de 25 años y más, con una tasa de 12.8 defunciones por cada 100,000 mujeres de este grupo de edad.

La detección temprana se ha realizado fundamentalmente con citología (Papanicolaou) que tiene una sensibilidad cercana al 60%, pero actualmente existen pruebas de biología molecular con una mayor sensibilidad (>90%) basadas en la detección de virus de papiloma humano de alto riesgo.

A partir de 2008 se inició la vacunación contra el virus de papiloma humano de alto riesgo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, considerado la causa necesaria (pero no suficiente) de este padecimiento. En 2011 la Secretaría de Salud contó con presupuesto para vacunar a todas las niñas de 9 años, lo cual realizó con éxito.

La vacuna contra VPH sólo es efectiva cuando no hay infección, y debido a que la infección por VPH es tan común que afecta hasta el 80% de hombres y mujeres en algún momento de la vida, se recomienda su aplicación antes del inicio de la vida sexual (9-13 años) o en un esquema de vacunación de rescate (14-26 años) a mujeres que quizá ya hayan iniciado vida sexual, pero que podrían beneficiarse de la aplicación de la vacuna.

El Cáncer Cérvico Uterino, ha mantenido tasas elevadas de mortalidad desde los años 90’s, si bien la tendencia en los últimos años es al descenso gradual y sostenido, sigue siendo un problema prioritario de salud pública en nuestro país, en especial en entidades federativas con menor desarrollo económico y social.

Durante la tercera Semana Nacional de Salud de 2012, el Consejo Nacional de Vacunación acordó su aplicación en todas las niñas que cursan el quinto grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, con lo que se completa el proceso de universalización en las menores que se encuentran en el rango de edad entre 9 y 11 años.

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano tiene la posibilidad de prevenir los casos por Cáncer de cuello Uterino hasta en un 70%. Es justo reconocer el compromiso del Gobierno Federal y de los gobiernos de los Estados con las tareas por lograr la disminución significativa del Cáncer Cérvico Uterino y con el fortalecimiento de la calidad y capacidad de los Servicios de Salud mediante la distribución de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en todo el Sector Salud.

Sin duda, el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud con las Instituciones del Sector Salud, ha permitido la introducción de la vacuna contra el Virus del papiloma Humano en nuestro país, esta política de salud permitirá el mejoramiento de la calidad de la atención y la disminución en la incidencia y mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino en las mujeres mexicanas que aún no han iniciado la vida sexual activa. No obstante resulta indispensable continuar con las acciones de prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos del resto de las mujeres.

En los últimos seis años se han obtenido logros importantes y dignos de mención. Se disminuyó en 15% la tasa de mortalidad al pasar de 15.0 a 12.8. Hoy, las mujeres diagnosticadas con Cáncer Cérvico Uterino cuentan con acceso a tratamiento gratuito en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

En el sexenio 2006-2012 se implementó la red de laboratorios de biología molecular para la detección del virus de papiloma humano, que al terminar el 2012 llegó a 19 laboratorios para procesar las pruebas.

Se han aplicado millones de pruebas de detección de VPH para mujeres de 35 a 64 años, con lo que se espera mejorar el impacto del programa y acelerar la disminución de la mortalidad por este padecimiento. Asimismo y como ya se ha mencionado, se ha logrado la Implementación y universalización de la vacunación contra VPH en las menores de 9 a 11 años.

Actualmente se han aplicado 1.2 millones de dosis de la vacuna para prevenir el Cáncer Cérvico Uterino. las segundas dosis, fue aplicadas en el marco de la inauguración oficial de la Segunda Semana Nacional de Salud 2013 “Cuídalos mucho, Quiérelos más, Vacúnalos”, que se llevó a cabo del 11 al 17 de mayo, la Secretaria de Salud señaló que el eje principal era la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano a niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas, para prevenir el Cáncer Cérvico Uterino, dentro de las vacunasque se aplicaron, destaca la vacuna contra el virus de papiloma humano.

Sin embargo, es necesario que el Sistema Nacional de Salud continúe la lucha coordinada contra el Cáncer Cérvico Uterino, a fin de que todas las mujeres de nuestro país cuenten con acceso a la prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos que en cada caso se requieran, con respeto a su dignidad, así como, a su integridad moral y física.

De igual manera resulta indispensable que los servicios de salud cuenten con las condiciones de infraestructura y con el personal idóneo para garantizar a todas las mujeres el acompañamiento emocional y clínico que le permitan enfrentar esta enfermedad a nivel personal.

Se deben realizar acciones efectivas para erradicar la discriminación de hombres y mujeres que padecen la infección por el VPH, ya que genera un impacto negativo en la participación de las mujeres principalmente, en la detección de dicho virus y genera violencia de género por falta de información y mensajes erróneos en medios.

Es preciso mencionar que se considera indispensable, en virtud de las alarmantes tasas de incidencia y de prevalencia, que los servicios de salud de carácter público adquieran la capacidad para mantener la vacunación universal en niñas de 9 a 11 años e implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor índice de desarrollo humano”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se exhorta al titular de Ejecutivo Federal y a los Gobiernos Estatales a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección de virus de papiloma humano (VPH) en todo el territorio Nacional, asegurando el seguimiento de la atención médica de las mujeres con resultados anormales y de las que constituyan casos confirmados de infección, así como instrumentar una campaña de difusión masiva deinformación en los diversos medios, en materia de prevención y atención del VPH, a fin de combatir el estigma y la discriminación de mujeres y hombres que padecen infección por ese virus, en el ámbito de sus respectivas competencias.

SEGUNDO. Se exhorta al titular de Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud Federal, en el ámbito de su competencia, a implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor Índice de Desarrollo Humano, a fin de continuar la lucha contra el VPH y el Cáncer Cérvico Uterino; así mismo seguir realizando, las acciones pertinentes para la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal en niñas de 9 a 11 años de edad.

TERCERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia, a fin de ampliar la Red de Laboratorios de Biología Molecular para la detección oportuna del virus de papiloma humano, en grado suficiente para hacer frente a dicho problema de salud pública.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la necesidad de realizar acciones con respecto a la enfermedad de Virus del Papiloma Humano, entre ellas; implementar estrategias de detección del virus del papiloma humano, darle seguimiento a la atención médica de las mujeres con resultados anormales, instrumentar una campaña de difusión masiva deinformación para evitar discriminación, implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años, aplicación universal de la vacuna a niñas entre 9 y 11 años y ampliarla Red de Laboratorios de Biología Molecular para la detección oportuna del VPH.

II. El derecho a la Salud está reconocido en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalándose que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Así mismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, “para la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino”, señala la importancia de la prevención del cáncer uterino, la vacunación, información para una detección oportuna y acciones encaminadas a disminuir los factores de riesgo.

El padecimiento del Papiloma Humano, deriva de un grupo de más de 150 tipos de virus, de los cuales más de 40 pueden transmitirse sexualmente. Algunos de los VPH que se transmiten sexualmente son llamados VPH de alto riesgo u oncogénicos y pueden causar cáncer cervical. Las infecciones son muy comunes y el riego es que no presentan síntomas, de ahí la importancia de la prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado.

El cáncer cérvico uterino es una de las principales causas de muerte en mujeres alrededor del mundo, cobra aproximadamente 290,000 vidas al año. Tan sólo en América Latina, se estiman 30,000 muertes anuales y en México se registraron 4,270 defunciones en 2005. En el 2009, el Distrito Federal presentó 322 decesos, siendo 23% mujeres en edad reproductiva1.

Se requiere principalmente, que las acciones de prevención reduzcan la incidencia de la enfermedad a través de educación para la salud y promoción de la participación social, orientados a tomar conciencia y auto responsabilidad en individuos, familias y grupos sociales, con el propósito de que proporcionen facilidades y participen activamente en las acciones de promoción de la salud, cuidados y control de estas enfermedades.2

Es necesario implementar estrategias para la prevención y detección oportuna, por medio de información masiva, ya que estas estrategias reducen en un 70% la probabilidad de contraer cáncer.

En los últimos tres años nuestro país ha logrado una disminución de 10.6% por cáncer cérvico uterino, esta cifra es resultado del fortalecimiento de los programas preventivos, que se traduce en la realización de más de siete millones de estudios del papanicolaou y pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano. Así lo informó la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Olga Georgina Martínez Montañez.

En 2012 en México la Vacuna contra el VPH se incorporó a la Cartilla Nacional de Vacunación. Es fundamental seguir con la aplicación de la vacuna aniñas de 9 a 11 años de edad y la de rescate en mujeres de hasta 26 años, es importante dar cumplir con la cobertura en poblados que cuentan menores Índices de Desarrollo Humano.

Sin duda es necesario mejorar la cobertura y la calidad en los servicios pero de igual manera, no se puede dejar sin atención a la población diagnosticada con el virus, hoy en día, por falta de información, se dan muchos casos de exclusión a las personas infectadas ya que se relaciona con promiscuidad e infidelidad. Un estudio realizado en España con mujeres que contrajeron la infección, demostró que el 87% de las mujeres estudiadas sufrieron de alteraciones psicológicas como depresión y aislamiento social, por lo menosdurante dos meses; cuando se les informó del contagio. Por ello es fundamental hacer campañas de información para eliminar la discriminación.

Coincidimos también con instrumentar las acciones pertinentes para ampliar la Red de Laboratorios de Biología Molecular ya que permite ganar tiempo en el diagnóstico y definir tratamientos más oportunos.

Lo anterior representa un conjunto de acciones necesarias para hacer frente a este problema de salud pública que perjudica hasta el 80% de hombres y mujeres en algún momento de la vida y las consecuencias son graves ya que el Cáncer Cérvico Uterino es la segunda causa de muerte por Cáncer en la mujer solo después del Cáncer de mama.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar la consolidación de estrategias por parte del Ejecutivo y los Gobiernos Estatales para la detección del VPH en todo el país, continuar con la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal y ampliar la red de laboratorios de biología molecular de detección.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular de Ejecutivo Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas; así como a los Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que intensifiquen en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones para consolidar la estrategia de detección de Virus de Papiloma Humano (VPH) en todo el territorio Nacional, asegurando el seguimiento de la atención médica de las mujeres con resultados anormales y de las que constituyan casos confirmados de infección, así como instrumentar una campaña de difusión masiva deinformación en los diversos medios, en materia de prevención y atención del VPH, a fin de combatir el estigma y la discriminación de mujeres y hombres que padecen infección por ese virus.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaria de Salud Federal, a intensificar la vacunación en mujeres que cumplan con los criterios internacionales de vacunación del VPH en localidades con menor Índice de Desarrollo Humano, a fin de continuar la lucha contra este virus y el Cáncer Cérvico Uterino; así mismo seguir realizando, las acciones pertinentes para la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal en niñas de 9 a 11 años de edad.

TERCERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas a instrumentar las acciones pertinentes a fin de ampliar la Red de Laboratorios de Biología Molecular para la detección oportuna del Virus de Papiloma Humano, en grado suficiente para hacer frente a dicho problema de salud pública.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a presentar un informe sobre los procedimientos administrativos relativos a expeditez, en relación a pensiones y jubilaciones.

1 Datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello del útero y de la mama en la atención primaria.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDACOMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorte respetuosamente, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto que se agilicen los trámites administrativos de pensiones y jubilaciones, asimismo las cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, el Diputado Jaime Bonilla Valdez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente de la Honorable Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con losiguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“1.- En México las pensiones se consideran como el pago a un empleado jubilado o inválido o al cónyuge y descendientes de un empleado fallecido. La pensión creada por el empleador a beneficio de un empleado se conoce como plan de jubilación. Los sindicatos, gobiernos y otras organizaciones también pueden ofrecer pensiones. Los fisiólogos han supuesto que el periodo activo del hombre que trabaja oscila entre 30 y 40 años de su vida y que la edad máxima a la cual debe tener lugar su retiro es entre los 60 y los 65 años de su vida.

Hacerlo después no debe aceptarse como obligación, sino por el deseo de aprovechar el tiempo libre de que se disponga y a manera de entretenimiento un escape vital o de distracción creativa.

2.- En nuestro país el Constituyente de 1917 no incluyó en las previsiones del artículo 123 el pago de pensiones jubilatorias, ni de invalidez para el trabajo, por considerar primordial fijar, con la mayor amplitud posible, la protección del salario, las condiciones de la relación laboral y su estabilidad, al igual que los beneficios de la asociación profesional y la educación obrera. Pero pocos años después, en 1926, se creó la Dirección general de Pensiones de Retiro con 3 objetivos fundamentales:

Otorgar préstamos pequeños, a corto tiempo, a todos los empleados federales a fin de que éstos pudieran atender necesidades urgentes de bajo costo;

Otorgarles préstamos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas en colonias que cambiaron de modo radical la fisonomía urbana de varias ciudades de la República;

Otorgar a aquéllos trabajadores que hubieren cumplido cierto número de años de servicios continuos y hubieren llegado a determinada edad (55 años como mínimo); disfrutar de una pensión ajustada al promedio de sueldos obtenidos durante los últimos 5 años de servicio.

3.- La doctrina jurídica considera al régimen de pensiones como una prestación laboral, un derecho ya adquirido por los trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral realizado por un determinado número de años o debido a una incapacidad total y permanente para el trabajo, resultando de un riesgo profesional o de circunstancias similares sobrevenidas en el desempeño del empleo.

El primer objetivo constituye la invalidez que puede sobrevenir al asalariado debido a las contingencias derivadas del trabajo desempeñado o a circunstancias ligadas a él, como un fenómeno natural o un ataque personal imprevisto.

4.- La autoridad debe fijar cuál debe ser la protección máxima a otorgar al trabajador por parte del empresario o patrono individual y obligarlo al uso permanente de los artículos que requiera durante la realización de cualquier ocupación peligrosa o susceptible de riesgo.

De presentarse el riesgo, pese a todas las precauciones adoptadas para impedirlo, previo al otorgamiento de cualquier pensión, lo constituye la atención médica y quirúrgica inmediata a fin que sea posible recapacitarlo para el trabajo, trátese del mismo o de otro empleo compatible con la incapacidad resultante.

La atención a la invalidez resultante, de ser total y permanente, de manera que impida al trabajador la realización de cualquier actividad productiva, independientemente de otorgarle la indemnización, se le asignará una pensión para toda la vida que restituya, al menos en parte la falta de recursos económicos que deja de percibir y que le permita hacer frente a sus exigencias personales y obligaciones familiares.

Otro objetivo se refiere al régimen de pensiones por vejez, en el cual el requisito legal para su otorgamiento es la edad del trabajador, mediante un conveniente periodo de anticipación a la fecha en que nazca el derecho a disfrutar de una pensión, la forma de pago será en efectivo y en moneda del curso legal, señalándose los períodos y en la forma en que hayan de cubrirse las pensiones.

5.- El 1o. de Julio de 1997, entró en vigor la Nueva Ley del IMSS conocida ampliamente como NLSS, cuando el sistema de pensiones por jubilación de los trabajadores afiliados al Instituto, sufre un cambio drástico que hubieran tenido este tipo de prestaciones en nuestro país, el cual retira todos los fondos de pensiones del IMSS, deshabilitándolo del manejo administrativo que tenía sobre los mismos, dichos fondos fueron entregados a las empresas privadas: AFORES, SIEFORES y Aseguradoras; e introducidos al mercado de valores; a pesar que ya pasaron 13 años de estas modificaciones, la mayor parte de los trabajadores, no tienen aún el conocimiento básico que les permita, llegado el momento, hacer uso de esta importante prestación.

Antes de la reforma oficial de la Ley del Seguro Social, todos aquellos que fueran empleados tenían el dinero de su pensión y cuenta individual en la cuenta concentradora que el Banco de México había abierto a nombre del IMSS, que representó en su momento que su dinero recibía una actualización e intereses reales seguros del 2% anual sin tener que pagar comisiones por su manejo. Sin embargo, después de la entrada de la nueva Ley del Seguro Social, ahora son las AFORES las que tienen un control administrativo sobre las cuentas individuales de los trabajadores.

Sin embargo, antes del aviso oficial por parte del gobierno de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, las AFORES ya tenían cierto control sobre las cuentas de los trabajadores cobrando comisiones del 1.5% mensual sobre el salario de cotización que correspondiera y estuviera vigente para cada uno de los mismos, sin haber dado ningún previo aviso a pesar de que oficialmente en el país aún se pensaba que las cuentas individuales estaban bajo responsabilidad y control del Banco de México.

Dichos acontecimientos, llevan a suponer que el gobierno nunca consideró la Ley y mucho menos la voluntad de los trabajadores, ya que en primera instancia bajo el propósito de preparar el Nuevo Sistema de Pensiones, el gobierno actuó sin considerar las leyes de ese entonces para poder establecerlo; así también permitió que se cobrara a los trabajadores comisiones sin informarles previamente sobre ello.

6.- Desafortunadamente, a pesar de las reformas y el esfuerzo por parte del Gobierno Federal, no se ha erradicado el problema de las pensiones y jubilaciones en México; por el contrario día a día se suman más personas a este sistema, sin poder recibido el pago que corresponde a lo establecido por la misma ley teniendo que sufrir de un retardo a la respuesta que debiera ser inmediata, en ocasiones toma más de seis meses la respuesta por otro lado el monto es muchas ocasiones paupérrimo, situación que se repite en forma reiterada.

Elfideicomisose creó para esta prestación. Según datos del IMSS, en noviembre de 2010 se registraban un total de 14.736,752 empleos formales, mismos que participan actualmente del sistema de ahorro para el retiro.

Como legisladores coincidimos en que es apremiante resolver esta situación, pues varios de los quejosos no cuentan con el pago que les corresponde por concepto de prestaciones de INFONAVIT, pensiones o jubilaciones; a pesar de cubrir con los requisitos que enmarca la ley.

Es por ello, que hago un atento llamado al Gobierno Federal para que en uso de sus facultades, exhorte a los Titulares de las Dependencias del IMSS e ISSSTE encargadas de cubrir con las prestaciones antes mencionadas.

Conforme a sus atribuciones que agilicen el pago a las personas mayores, que en muchos de los casos, sin estas aportaciones quedan desamparadas y en estado de incertidumbre.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito del Diputado Jaime Bonilla Valdez establece el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto que se agilicen los trámites administrativos de pensiones y jubilaciones, asimismo las cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE.

CONSIDERACIONES

I. La jubilación o pensión es uno de los derechos laborales básicos que garantizan una gratificación económica por la continuada y desgastante actividad física y mental que lleva a cabo el trabajador y para ayudarle a combatir un deterioro inminente de su salud en el transcurso de los años posteriores al término de sus labores.

Sin importar el tipo de actos o funciones que desarrolle la persona, a cierta edad estas comenzarán a afectarle en sus capacidades motrices, lo que significará un desgaste fisiológico aunado al aumento de su edad,por lo mismo, diversos expertos han señalado que el retiro no solamente provee la entrega dinero, sino que además representa para el trabajador una mayor disposición del tiempo libre para aprovecharlo como mejor le convenga.

Al respecto diversos expertos han señalado que el periodo activo del trabajador oscila entre treinta y cuarenta años, por lo que la edad máxima en la que debe tener lugar su retiro es entre los sesenta y los sesenta y cinco años de su vida. Lo anterior corresponde a una obligación del patrón, para permitir a su trabajador aprovechar el tiempo libre de que disponga y a manera de entretenimiento, un escape vital o de distracción creativa.

Este derecho, toma en cuenta entonces tanto la edad, como la posible incapacidad para ejercer una actividad segura, en el cual se dispuso en las leyes que una vez que quedara inhabilitado el trabajador por vejez, se compensara con una pensión jubilatoria

En efecto, este derecho está protegido en diversas leyes, tanto en nuestro país como en el resto del mundo y son esas normas las que comprenden la relación de los trabajadores con sus patrones, las condiciones de la relación laboral y su estabilidad, así como los requisitos para cubrir y para obtener la jubilación, como el pago de una cotización mensual ajustada.

Cabe mencionar además, que la misma naturaleza de este derecho ha llevado a suponerlo no como una prestación laboral, sino como un derecho fundamental del trabajador, ya adquirido de compensatoria, como fruto de su esfuerzo o de manera resarcitoria, ante una incapacidad permanente para el trabajo.

Siendo así, es obligatorio para el patrón que una vez alcanzada cierta edad, disponer, según las reglas prescritas por la autoridad del trabajo, las cantidades necesarias para proteger al asalariado y para el mismo, cumplir rigurosamente con el monto de las cotizaciones que deben pagar.

En nuestro país dichas cuotas se calculan conforme a una tabla de salarios incluida en un reglamento especial de la Ley del Seguro Social, conforme a grupos y categorías salariales y con base en un porcentaje proporcional a cada uno de aquellos.

A su vez, estas normas para recibir el derecho a la pensión, jubilación o cualquier beneficio similar a los anteriores encuentran sustento y son reconocidas a nivel constitucional, como lo dispone el artículo 127 de nuestra Carta Magna.

El precepto invocado establece en su fracción cuarta, el derecho a la pensión o jubilación mandatando que estén sustentadas en las leyes secundarias y se respalden dentro de los contratos de trabajo -sean individuales o colectivos, en tal virtud, leyes como la del Seguro Social establecen lo correspondiente al derecho a la pensión en cesantía por edad avanzada, dictando:

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.

El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.”

De acuerdo con el artículo, el trabajador afiliado al IMSS que llegue a una edad de sesenta años y se dé baja de la empresa en la que laboro, será acreedor a pensión siempre que haya cotizado las semanas señaladas.

Otro ejemplo, es que el artículo 18 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrante del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores establece que el financiamiento del susodicho régimen se constituye con el 3% (tres por ciento) de las aportaciones que hacen los trabajadores sobre los conceptos ahí precisados y un mismo porcentaje del fondo de ahorro en forma anual; que el instituto está obligado a cubrir.

Al igual el trabajador y el IMSS tienen una relación donde éste último tiene una responsabilidad que es la de proporcionarle una serie de beneficios al trabajador en edad de pensionarse que le otorga el artículo 155 de la misma ley y dicta:

Artículo 155. La contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada, obliga al Instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes:

I. Pensión;

II. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título;

III. Asignaciones familiares, y

IV. Ayuda asistencial.”

Como se menciona en el artículo el IMSS tiene una obligación de prestarle los servicios de forma obligatoria, pues el trabajador los ha ganado por sus años de afiliación y las aportaciones hechas por el patrón y por el mismo trabajador.

No solamente la ley del Seguro Social establece el derecho a la pensión por parte de la institución, sino que también la Ley del ISSSTE establece esos derechos a sus trabajadores bajo la modalidad de jubilación y lo dicta en los siguientes artículos.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XIX. Pensión Garantizada, aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor;”

Dicho artículo en su fracción diecinueve establece la pensión garantizada, bajo la condición de estar en cesantía en edad de avanzada o vejez, además dicta la retribución mensual y sujeto a cambio bajo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin embargo al igual que la anterior ley establece ciertos requerimientos administrativos para que el trabajador pueda hacer uso y disfrute de dicha gratificación.

El ISSSTE al igual que el IMSS tiene una responsabilidad hacía el trabajador como es el otorgarle un servicio médico así como otros derechos como son el obtener una cuenta individual a la que serán destinadas las aportaciones efectuadas por el patrón y el trabajador, así como también el trabajador tiene derecho a subcuentas, siendo una de las más importantes la de vivienda.

Ahora bien, de la interpretación de dichos preceptos se concluye que el financiamiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones forma parte del pacto colectivo que rige las relaciones entre los Institutos y sus trabajadores.

II. El Estado, por su parte, debe contribuir al sostenimiento institucional, ya que esto forma parte de sus deberes, es decir, a la subsistencia del trabajador y ocuparse de que el financiamiento para el ramo del cual nos ocupamos haya dejado de representar el propósito perseguido o bien no pueda seguir sosteniéndose.

Sin embargo, esta es una de las dificultades de la gestión de la pensión de los trabajadores actualmente, que recae en el tiempo para otorgar la prestación, con una demora significativa y con la condición de cumplir los requisitos que establecen las leyes.

Incluso la OIT ha señalado que lo que debería significar la jubilación, es decir cosechar la recompensa de toda una vida de trabajo, significa para la mayoría de la gente una terrible sorpresa al final de su carrera.

Cabe señalar que parte de la demora en el pago de la pensión se atribuye al proceso de la búsqueda del afiliado y el corroborar que no exista un homónimo, dicho de otra forma, que dentro de la base de datos del SAR el trabajador no esté doblemente afiliado o exista una persona con sus mismos generales, ya que esto atrasa enormemente la aprobación de la pensión del solicitante.

Además, las demoras son en parte una causalidad de las modificaciones efectuadas en el año de 1996 a la Ley del Seguro Social y aprobadas el primero de julio de 1997, ya que como lo menciona el legislador en su exposición de motivos es la desvinculación del IMSS y el Banco de México con las nuevas instituciones bancarias que ahora son las responsables de las cuentas individuales de los trabajadores.

Esto quiere decir que al IMSS ya no le corresponde de cierta forma la vigilancia de las cuentas de los trabajadores, sino la única corresponsabilidad con el afiliado es en el proporcionarle las atenciones médicas que requiere y solamente el IMSS funciona como un mediador entre el trabajador y las llamadas AFORES.

Otra de las dificultades que se encuentran para la aportación de la pensión es por parte de las empresas que no registran adecuadamente a sus trabajadores las semanas de cotización que establece la leyo bien simplemente no la cumplen teniendo por consecuencia un atraso en la aprobación.

Por lo tanto el atraso de la gestión y el pago de la pensión es una corresponsabilidad entre el IMSS, ISSSTE e INFONAVIT, con las AFORES y con las empresas donde laboran los afiliados.

III. Los legisladores que integramos la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública del Honorable Congreso de la Unión coincidimos con el legislador Jaime Bonilla Valdez en exhortar a los titulares del IMSS, ISSSTE e INFONAVIT a agilizar el trámite administrativo de pensiones.

Como se ha expuesto, la pensión o jubilación es un derecho que se ha ganado el trabajador durante toda su vida laboral y es a la vez una asistencia para el aseguramiento de su vejez.

El derecho al goce de la pensión de cesantía comienza desde el día que el trabajador cumple con los requisitos señalados en la Ley. De este modo el trabajador que satisfaga las condiciones de ley, podrá disponer de su cuenta individual y tiene todo el derecho disfrutar de dicha pensión de cesantía sin interrupción.

La propia Ley señala que una pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos de cesantía o vejez, siendo su monto mensual, por lo que la cantidad a la que ha sido beneficiario, debe ser pagada en su totalidad y a tiempo.

En ese orden de ideas se la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que presenten un informe sobre los procedimientos administrativos relativos a la expeditez en relación a pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE. Así mismo se exhorta respetuosamente a la CONSAR a agilizar dentro de sus facultades la entrega de los recursos a los trabajadores.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoqueexhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la práctica del auto-examen.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio 2013, el DiputadoFelipe Arturo Camarena García, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El cáncer es una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que del año 2007 hasta el 2030, aumentará en un 45% el número de pacientes con esta enfermedad.

En el año 2011, según el INEGI, los tumores malignos ocuparon el tercer lugar en la lista de causas de defunción en México.

En lo particular, los tumores malignos en células germinales masculinas (testículos), ocuparon el sexto lugar de la morbilidad hospitalaria durante el año 2009, lo cual se traduce en el 5.6% de todos los cánceres en los hombres en México.

Aunque este padecimiento no discrimina, la incidencia es mucho mayor en jóvenes de entre los 15 y 19 años, siendo que de cada cien mil pacientes que ingresan a un hospital a causa de un tumor maligno, diez son por cáncer testicular.

Hay muy pocos tratamientos para éste tipo de cáncer, el más común es la orquiectomía radical, la cual puede ser parcial, ello significa que se extirpa el testículo sin el epidídimo ni el cordón testicular; el otro remedio, el total, consiste en retirar el conjunto de los tres elementos anteriores. Posterior a la cirugía es común la aplicación de algún tipo de quimioterapia para asegurar el no resurgimiento de la endemia.

Como el tumor se presenta primordialmente en jóvenes cuya edad no excede los 20 años, el daño psicológico posterior a una orquiectomía puede ser de grandes magnitudes.

El estigma psicológico, y en algunos casos social, con el que el adolescente tendrá que vivir, es grande, por lo que, conjunto a las medidas de prevención, debe hacerse lo posible por disminuir las secuelas en el aspecto emocional de los pacientes, concientizando a los niños y niñas que es un problema relativamente común el cual no hace menos a quién lo padece.

Definitivamente, el daño psicológico es sólo accesorio, en realidad es pequeño contra lo que se puede ganar al practicar el tratamiento, esto es la vida del paciente.

Actualmente, poco se sabe de las causas de esta enfermedad, pero sí conocemos varios de los factores de riesgo, por ejemplo:

• La criptorquidia, que es comúnmente conocida como el no descenso de uno o ambos testículos;

• Herencia;

• Raza y;

• Cáncer en el otro testículo, entre otros.

Desafortunadamente, los primeros síntomas del cáncer testicular son, en su mayoría, indoloros y puede ocurrir que el afectado no note su padecimiento sino hasta etapas avanzadas de la enfermedad.

Los bultos en los testículos o el agrandamiento de los mismos; así como una sensación de pesadez en el vientre son síntomas relacionados directamente con esta afección.

En muchas ocasiones, al ser molestias mínimas las presentadas en la primera etapa, se ocasiona que el paciente posponga la revisión médica dando una ventana de oportunidad al trastorno para desarrollarse aún más, disminuyendo así las probabilidades de una cura y en su caso, de la supervivencia del paciente.

Cabe mencionar que aproximadamente el 90% de los casos son curables, si son detectados de manera oportuna.

Es enorme la importancia de hacer llegar información de calidad a los más jóvenes.  En este sentido, respecto del tema general de la enfermedad del cáncer, podemos ver que los libros de texto gratuito ya utilizados para el sexto año de primaria, contienen un apartado especial para promover la autoexploración en las mujeres para prevenir el desarrollo del cáncer de mama.

Sin embargo, el género masculino no cuenta con la orientación debida sobre uno de los males a los cuales son más propensos, por ello, consideramos  que se debe proveer la misma oportunidad de cuidarse como se hace ahora con las mujeres, es por ello de la conveniencia de garantizar la información aludida  lo cual puede traducirse en salvar vidas.

Es labor de todos lograr que el pudor no sea un obstáculo para la medicina. La información no puede ser vista como un tabú, debe circular libremente para llegar a todos y salvar vidas.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la práctica del auto-examen.”

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al Titular de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la Dependencia, para que en uso de sus facultades incluya en los libros de texto gratuitos de sexto año de primaria, un apartado en el cual se trate el tema del cáncer testicular y de la importancia y la manera de cómo practicarse un auto examen.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la necesidad de prevenir, eliminar o reducir al mínimo la exposición a las causas de cáncer y minimizar la vulnerabilidad individual a los efectos de dichas causas. En el plano de la salud pública es más rentable a largo plazo la aplicación de medidas de prevención que el tratamiento de enfermedades; en el plano familiar la prevención es simplemente una medida que puede ahorrar sufrimientos.

El conocimiento y el control de las enfermedades representan muchas facetas en las que se requieren datos científicos y empíricos que van de la complejidad de la regulación molecular intracelular a los distintos estilos de vida, por lo que la educación preventiva, la planificación, la aplicación yla evaluación de estrategias de controldel cáncer figuran entre los retos científicos y de salud pública más importantes en la época actual.

Para abordar el problema del cáncer testicular se deben tener en cuenta diversos factores, pero debe señalarse que es una enfermedad que ha pasado de ser extremadamente rara a principios del siglo XX, al tipo de tumor maligno más común entre los varones jóvenes en la actualidad.

Cáncer, la simple palabra ha inspirado miedo por ser ese silencioso asesino que nos invade y evoca una desesperación tal que se ha convertido en una metáfora de sufrimiento ydolor, un golpe que pone a prueba nuestros recursos intelectuales y emocionales. A nivel mundial las cifras indican que todos nos veremos afectados por algún tipo de cáncer, ya sea como pacientes, como familiares o como amigos de algún enfermo de cáncer.

En México como país en desarrollo es grande la labor que podemos hacer para prevenir, curar y aliviar el sufrimiento del cáncer. Con los conocimientos actuales es posible prevenir la mayoría de los casos de esta enfermedad detectando oportunamente.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera que debiera ser un objetivo de las políticas públicas de salud, ladifusión de esta enfermedad para lograr reducir la morbilidad y la mortalidad de cáncer testicular en la población nacional, mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos como de sus familias, que permita reducir la incidencia de la enfermedad, promover la formu­lación de directrices terapéuticas e insistir tanto en la prevención como en la detección precoz, que posibilita la curación en un muy alto porcentaje.

Gracias a importantes progresos científicos, los tratamientos del cáncer son cada vez más eficaces, pese a lo cual el acceso a ellos es insuficiente, ya que la demora en la búsqueda de atención médica contribuye en gran medida a reducir las tasas de detección oportuna para no causar sufrimientos mayores. El conocimiento de los signos y síntomas de cáncer testicular son importantes para facilitar la detección precoz de la enfermedad. Al disponer de esta información se permite revelar la presencia de cáncer en fases iniciales o precursoras, cuando el tratamiento puede ser más eficaz.

Por lo general, la mayor parte de los casos de cáncer se diagnostica cuando la enfermedad se encuentra en una fase avanzada porque se desconoce la importancia de actuar con rapidez cuando se detecta un síntoma o un signo, por lo que debe existir un programa de detección precoz destinado al diagnóstico y al tratamiento.

La adopción de medidas que garanticen la información más pertinente para detectar por medio de un auto examen será un componente esencial de la lucha contra el cáncer testicular.

Este es un problema de salud pública, por su frecuencia que va en aumento, por los daños que ocasiona en hombres al causar muertes y discapacidades y porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos o detectados y tratados tempranamente. El propósito de este exhorto es sostener una campaña coherente y sistemática desde la promoción de la salud y la prevención del cáncer testicular.

En este contexto la intervención de la educación en la salud tiende a lograr cambios en las actitudes y comportamientos de la población, motivando comportamientos preventivos para asegurar el bienestar de la familia y la comunidad, a través de la información que se puede brindar en los libros de texto gratuitos de la Secretaria de Educación Pública.

Para tan delicado problema, es necesario adoptar las medidas necesarias que eviten el incremento de los casos de cáncer testicular, no solo por la exposición a los factores de riesgo, sino considerando la adquisición de hábitos saludables en las diferentes etapas de la vida.

La promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato son las estrategias fundamentales para el control del cáncer a nivel nacional. La promoción a través de la educación para la salud y el fomento de estilos de vida saludables, incide sobre los factores determinantes de la salud anticipándose a la aparición de riesgos en la población a fin de evitar el incremento de estas enfermedades.

Dentro del espíritu de igualdad que se fomenta, se requiere dirigir la atención de los varones rumbo a una vida saludable al igual que se hace con las mujeres. Las pruebas de detección actuales pueden diagnosticar cáncer temprano, en etapas en las que la enfermedad puede ser tratada exitosamente e incluso evitar la progresión de algunos tumores mediante la identificación y extirpación de lesiones pre-malignas. Se puede mejorar en gran medida las probabilidades de curación, extender la vida, reducir la duración del tratamiento necesario, y así mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar a Informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas de autocuidado para prevenir el cáncer testicular.

Es necesario hacer un llamado para desarrollar acciones destinadas a generar una demanda informada y satisfecha en la prevención del cáncer y a garantizar el derecho de recibir un mensaje veraz, oportuno y adecuado a través de actividades de información, educación y comunicación.

Así mismo, consideramos menester incorporar la participación de la comunidad organizada, a fin de generar un compromiso solidario y una responsabilidad compartida en el cuidado de la Salud de los mexicanos.

Finalmente, creemos indispensable informar y educar sobre las ventajas de mantener estilos de vida saludables como aumento de la actividad física, hábitos alimenticios más saludables, entre otros para prevenir el cáncer; pero resulta particularmente destacable en el caso que nos ocupa, la importancia de realizarse chequeos periódicos para detectar a tiempo cualquier probabilidad de cáncer.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la práctica del auto-examen.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que en uso de sus facultades se incluya en los libros de texto gratuitos de sexto año de primaria, un apartado en el cual se trate el tema del cáncer testicular, señalando la importancia y la manera de practicarse un auto examen.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones conducentes para el mejoramiento y corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones conducentes hacia el mejoramiento de los libros de texto gratuitos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En su proposición, la legisladora proponente, establece expresamente como consideraciones:

“En septiembre de 2011, durante la administración del ex presidente de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció oficialmente la existencia de errores en  los libros de texto gratuitos que se entregan año con año a estudiantes del nivel básico.

En aquel entonces se cuantificaba en 129 millones 636 mil 800 los libros que se distribuyeron en todo el país para el caso de la primaria en las condiciones descritas sin ser corregidos. De entre los “errores” destacan principalmente los siguientes:

a. Fallas de tipo ortográfico, de sintaxis, en gráficos y asignación de títulos a fotografías, hasta llegar a los yerros científicos;

b. Se convierte a la subsecretaría de Educación Básica en “Secretaría de Educación Básica”;

c. Se utilizan expresiones seudocientíficas y persisten fallas conceptuales y didácticas de años anteriores, y;

d. El currículo actual se refleja un retraso en comparación con el estándar internacional, entre otros.

Tal situación, tuvo impacto en varios sectores de la sociedad mexicana, sobre todo en los relacionados a la investigación y estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria, señalándose la existencia de más 177 errores, en los que se establecen observaciones y comentarios a información equivocada o contradictoria.

Lo anterior, a pesar de que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, estableciera las bases de las políticas públicas en materia educativa, en el  Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado el día 19 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente aparecido en los medios electrónicos.

Dicho documento fue realizado, con el propósito de que las educadoras, las maestras y los maestros de educación primaria y secundaria, directivos, supervisores, jefes de sector, apoyos técnicos pedagógicos, autoridades estatales, estudiantes y maestros normalistas, padres de familia, académicos, investigadores, especialistas y la sociedad en general conocieran los fundamentos pedagógicos y la política pública educativa que sustenta el Plan de Estudios 2011, como se establece en su publicación.

Vale la pena destacar que los errores en los libros de texto, encontrados en 2011, por al Secretaría de Educación Pública, por investigadores y otras instancias internacionales como la Universidad de Nueva York, que fue consultada por las propias autoridades educativas mexicanas, ponen en entredicho, los fundamentos del Acuerdo en referencia, principalmente en:

a. Los estándares pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios;

b. La competencia para la vida;

c. El perfil de egreso de la educación básica;

d. El mapa curricular de la educación básica;

e. Los estándares curriculares y aprendizajes esperados; y 

f. Los campos para la formación de la educación básica, entre otros.

Una afectación importante en los estándares curriculares y aprendizajes que se destaca en el inciso “e”, es la que tiene que ver con el impacto objetivo en el denominado Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), el cual es un marco de referencia internacional que permite conocer el nivel de desempeño de los alumnos que concluyen la Educación Básica, y evalúa algunos de los conocimientos y habilidades necesarios que deben tener para desarrollarse de forma competente en la sociedad del conocimiento.

‘La prueba PISA se ha convertido en un consenso mundial educativo que perfila las sociedades contemporáneas a partir de tres campos de desarrollo en la persona: la lectura como habilidad superior, el pensamiento abstracto como base del pensamiento complejo, y el conocimiento objetivo del entorno como sustento de la interpretación de la realidad científica y social.’

El conjunto del currículo debe establecer en su visión hacia el 2021 generalizar, como promedio en la sociedad mexicana, las competencias que en la actualidad muestra el nivel 3 de PISA; eliminar la brecha de los niños mexicanos ubicados hoy debajo del nivel 2, y apoyar de manera decidida a quienes están en el nivel 2 y por arriba de éste. La razón de esta política debe comprenderse a partir de la necesidad de impulsar con determinación, desde el sector educativo, al país hacia la sociedad del conocimiento.’

No obstante, a los esfuerzos enfocados para corregir los errores, por parte de las autoridades en 2011 durante el sexenio que concluyó, en el año 2013, hace unos cuantos días, el jueves 6 de junio de 2013, la SEP reconoció ante los medios masivos de comunicación “que existen errores de contenido y ortográficos entre los 238 millones de libros de texto gratuito que se entregarán a los niños de educación básica el próximo ciclo escolar porque no pudieron ser corregidos” Tales textos corresponden a la educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena y textos en braille para educación especial.

De la misma manera, las autoridades educativas aclararon que tal hecho se debió a que antes de la actual administración no había coordinación entre distintas áreas y que para realizar la corrección de tantos millones de ejemplares se necesitaba mucho más tiempo de antelación que el que tuvieron a partir del inicio de la administración que encabeza actualmente el Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin duda el problema es complejo por tratarse de tantas unidades, sin embargo es imprescindible impulsar los esfuerzos para que se realice lo conducente, con la finalidad de resarcir la situación y lograr la corrección de los libros de texto gratuito en referencia, de acuerdo a los principios y objetivos de los planes y programas de estudio, a las observaciones de la comunidad científica nacional e internacional en la materia y del sector educativo y social, entre otros

En ese orden de ideas el Estado mexicano debe garantizar a las niñas y niños una educación de calidad con la implementación de políticas públicas necesarias que coadyuven a ese objetivo, fundado en principalmente en lo siguiente:

• En el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra establece:

‘Artículo 3o. (…)

(…)

(…)

I.(…)

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

(…)

a) (…) d) (…)

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. (…)

IV. (…) IX. (…)’

• En el artículo 4º de la CPEUM, que no obstante de tutelar la obligación de Estado en la educación, también dispone, a partir del 12 de octubre de 2011, la constitucionalización del principio del interés superior de la niñez, que ha sido calificado como un gran logro en el proceso evolutivo y armonización internacional de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

‘Artículo 4o.

(…)

(…)

(…).

(…)

(…)

(…)

(…)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.’

• En la disposición vigésima octava, principalmente, que se encuentran establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, que a la letra establece:

‘Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

• (…)

• (…)

• (…)

• Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

d. (…)

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3 (…)’

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus competencias fortalezca las acciones conducentes para el mejoramiento y corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica.

CONSIDERACIONES

I.-Los integrantes de la Segunda Comisión comparten la preocupación de la proponente con respecto a los errores que presentan los libros de texto gratuitos que habrán de ser entregados a alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2013-2014, así como las repercusiones que dichas deficiencias pudieren implicar para la calidad de la educación.

Tal y como señala el texto de la proposición, según dieron cuenta diversos medios de comunicación, el pasado 6 de junio la Secretaría de Educación Pública, en voz de su Director General de Materiales e Informática Educativa, Ignacio Villagordoa Mesa, reconoció la existencia de errores ortográficos y de contenido en los 238 millones de libros de texto gratuitos correspondientes a educación preescolar, primaria, secundaria, así como telesecundaria, educación indígena y textos en Braille para educación especial.

El funcionario indicó que no fue posible corregirlos ya que dichas modificaciones deben realizarse con la suficiente antelación, debido a la gran cantidad de ejemplares que se deben producir, aclarando asimismo que se trabajará en la revisión y corrección de los libros para emitir lo que denominó una nueva generación de libros para el ciclo escolar 2014-2015.

Otro de los aspectos que más llaman la atención en las declaraciones del funcionario de la Secretaría de Educación Pública, fue su aseveración de que dicha dependencia “operaba como un archipiélago”, asegurando que las áreas internas no se comunicaban de manera adecuada y que incluso no llevaban una buena relación, propiciando así la disparidad entre el plan y programa de estudios y el contenido de los libros de texto gratuitos.

II.- En el anterior orden de ideas, esta Comisión dictaminadora externa su preocupación y considera absolutamente inaceptable que los libros de texto gratuitos, que constituyen un material de toral relevancia en el sistema educativo nacional, contengan errores descomunales tanto de forma como de fondo y más aún que una de las causas de tan inadmisibles imprecisiones sean presuntos conflictos internos entre áreas de la dependencia encargada de la educación en toda la República Mexicana.

En ese sentido resulta oportuno recordar que el artículo 3° de nuestra Ley Fundamental consagra en su párrafo tercero la obligación del Estado de garantizar“la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

De igual manera la fracción III del mismo precepto constitucional establece la facultad del Ejecutivo Federal de determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República,

Por su parte, la Ley General de Educación dispone en la fracción III de su artículo 12 la atribución exclusiva de la autoridad educativa federal de Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;”.

Así también el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública señala en la fracción I de su artículo 30 que corresponde a la Dirección General de Materiales e Informática Educativa Elaborar los contenidos, mantener actualizados y editar los libros de texto gratuitos, a partir del plan y programas de estudio de educación básica y tomando en cuenta los contenidos propuestos por la Dirección General de Desarrollo Curricular, así como autorizar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la versión final para su impresión y distribución;”.

De lo anterior se concluye que, de ser ciertas las aseveraciones sobre conflictos internos entre áreas de la SEP, tales diferendos resultaríaninexcusables, más aun perteneciendo a una misma dependencia en la que cuentan con un Titular en común, pues dichos diferendos habrían tenido como consecuencia el incumplimiento de las anteriores disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias por parte de la SEP, generando además un grave perjuicio para los alumnos de educación básica de todo el país.

III.-Esta dictaminadora es plenamente consciente de la importancia que la educación reviste para nuestro país, y en general del papel que desempeña en el desarrollo de cualquier nación.

Desafortunadamente en México el panorama de la educación en México es desalentadoren términos de nivel y de cobertura, según lo muestran distintos estudios e indicadores.

Según la más reciente Evaluación Internacional de Alumnos elaborada por la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) correspondiente a 2009, México ocupa el lugar 48 de 65 países evaluados.

Asimismo en noviembre de 2012, el Índice de Progreso Educativo, desarrollado por el Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, dio a México una calificación de 6.8 en una escala del 1 al 10, lo que significa que el nivel educativo nacional se encuentra apenas por encima del mínimo para un país de bajo desarrollo, pero muy lejos de las principales economías del mundo.

Por su parte UNICEF México señala en su portal de internet que La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes”.

De igual forma elReporte de competitividad global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial, señala que la calidad de la educación básica en México ocupa el lugar 118 de 144 países evaluados.

También vale la pena señalar que según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de cada 100 niños que ingresan a primaria, solamente 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma.

IV.-Con estas cifras en mente resulta de mayor preocupación la existencia de errores en el contenido de los libros de texto gratuitos, toda vez que tales deficiencias no pueden sino abonar al deterioro de la calidad de la educación, por lo que su revisión y corrección son indudablemente urgentesen aras de contribuir al incremento del nivel educativo de nuestro país, y a la formación de los 25.9 millones de alumnos de los niveles de educación básica qua atiende el Sistema Educativo Nacional, según cifras del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Tal es la lógica en la que se sustenta la proposición de mérito, en la que se exhorta al Titular del Ejecutivo a impulsar acciones tendientes al mejoramiento y corrección de los libros de texto de educación básica.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora estima pertinente aprobar en sus términos la proposición, toda vez que, como ya se ha señalado, en términos del artículo 3° constitucional es obligación del Estado garantizar“la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

En adición a lo anterior vale la pena recordar que la Secretaría de Educación Pública es una dependencia que pertenece al ámbito dela administración pública centralizada, por lo que sin perjuicio de las responsabilidades del Secretario de Educación, el Presidente de la República es el responsable de la educación en el país, lo que se corrobora tanto con el artículo 3°constitucional que le faculta para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal para toda la República, como con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en una interpretación armónica de sus artículos 38 y 2° nos muestra que la educación es un ramo de orden administrativo encomendado al Poder Ejecutivo de la Unión, para cuyo despacho su Titular cuenta con una Secretaría de Estado.

Queda claro, pues, que el titular del Ejecutivo Federal es el máximo responsable del ramo de la educación en nuestro país. Es por esa razón y por la relevancia del tema que esta dictaminadora estima pertinente dirigirle el exhorto propuesto, tomando en cuenta además que la existencia de errores ortográficos y de contenido en los libros de texto gratuitos no es un asunto que deba ser soslayado, sino por el contrario, debido a sus implicaciones y consecuencias, es un asunto que debe ser atendido y corregido de manera inmediata si aspiramos a mejorar la calidad de la educación, que es y debe ser un potenciador del desarrollo económico, social y democrático de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus competencias fortalezca las acciones conducentes para el mejoramiento y corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de juniode 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a establecer programas consistentes en el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoa fin de que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue un apoyo económico a aquellos menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12de junio de 2013, el Diputado Gerardo Licéaga Arteaga, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Muchos menores de edad que padecen algún tipo de enfermedad oncológica y que son atendidos en los centros de salud pública, además de sufrir el padecimiento, de tener que ser sometidos a tratamientos de quimioterapia o inclusive a intervenciones quirúrgicas, en muchas ocasiones se tienen que enfrentar a otra situación realmente preocupante, la falta de recursos económicos para afrontar la enfermedad.

En los centros hospitalarios del sector salud, es usual encontrar a padres angustiados por no tener dinero para adquirir medicamentos que llegan a escasear en los nosocomios en los que son atendidos sus hijos; les llega a hacer falta dinero para transporte, hospedaje, alimentación o cualquier otro tipo de gasto indispensable y en ocasiones apremiante.

Cuántas veces no hemos podido constatar que algunos padres de familia y los propios menores no han probado alimento alguno derivado de los largos trayectos que tienen que realizar para llegar al lugar donde será impartido el tratamiento médico y que desesperadamente buscan el apoyo de familiares y amigos para poderse hospedar por no tener lo suficiente para pagar una habitación.

Si ya de por sí tener en el hogar a un menor con una enfermedad de cáncer es emocionalmente complejo para quien la padece y su familia, tener preocupaciones económicas lo hace aún más angustiante.

Es por ello que considero necesario, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para el efecto de que destine recursos económicos para apoyar a los menores que sufran esta enfermedad.

Así como se apoya a las madres trabajadoras, a los adultos mayores, a los migrantes, y a otros grupos vulnerables de nuestra sociedad, es indispensable que el gobierno federal respalde a los menores enfermos de este padecimiento con recursos económicos que los ayuden a solventar cualquier gasto que requieran.

Por supuesto que mi propuesta conlleva el ánimo de que la ayuda económica se otorgue por la SEDESOL con sujeción a determinadas reglas de operación que establezca la Dependencia, que se fijen determinados criterios y requisitos para ser beneficiario, pero como diputados federales considero no podemos dejar de ser sensibles a esta necesidad que debe ser afrontada a la brevedad.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a establecer programas consistentes en el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico bajo las condiciones y modalidades que la Secretaría estime procedentes.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la necesidad implementar medidas que permitan de reducir la vulnerabilidad de aquellos menores que padezcan algún tipo de cáncer.

Este órgano colegiado se ha pronunciado ya en diversas ocasiones a favor de todos los esfuerzos que permitan prevenir, combatir y en la erradicar el cáncer, que bajo sus diversas manifestaciones azota a la nuestra sociedad de manera cada vez más alarmante, basta señalar que según estimaciones de la Secretaría de Salud, en los próximos 30 años se van a presentar más del doble de casos de cáncer, y que uno de cada 3 mexicanos, padecerá algún tipo de ellos.

En el caso de los menores, encontramos que La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que a nivel global, cada año se detectan cerca de 160 mil nuevos casos de este conjunto de enfermedades, que encuentra resultados fatales en cerca de 90 mil casos. En México, la tasa anual de incidencia de esta enfermedad llega a tres mil ochocientos casos; si bien no se cuenta con una estadística que señale el número de fallecimientos al año por dicha causa, expertos en la materia consideran que es proporcionalmente similar a la media mundial, es decir, casi el sesenta por ciento de los niños que reciben un diagnóstico de cáncer, serán derrotados por esta enfermedad.

Lo anterior, resulta alarmante considerando que de acuerdo con la Alianza Anticáncer Infantil, 70% de los niños que viven con esta enfermedad pueden curarse si se les detecta a tiempo y recibe su tratamiento adecuado. Lamentablemente, hay diversas brechas que impiden alcanzar esta tasa de sobrevivencia, desde la falta de visitas rutinarias al médico, hasta la carencia de recursos económicos una vez iniciado el tratamiento.

El que las familias de los menores cuenten con un apoyo económico que les permita destinarlo directa o indirectamente al tratamiento del menor, se presenta no solo como una noble propuesta, sino como una necesidad. Hemos de señalar que las familias que son afectadas por la incidencia de cáncer en un menor, tienen que distraer tiempo y recursos para su atención, afectando sus actividades económicas.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera que los esfuerzos para que el menor reciba una atención especializada deben ser solidariamente apoyados por el Estado, no solo a través de la atención gratuita, que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, medicamentos, atención psicológica, apoyo nutricional, recreativo y asistencia social.

Considerando que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en menores de 18 años, solo superada por los accidentes, y que por tipo de cáncer, la leucemia es la de mayor incidencia, con alrededor de 600 casos nuevos cada año y los tumores del sistema nervioso central, seguido de diferentes tipos de linfomas, constituyen la segunda; y que siendo para las familias, el costo mínimo anual de combate a esta enfermedad, de diez mil dólares, según la asociación Médicos sin fronteras; mientras que el ingreso medio por familia en México, según la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los Hogares media los 12,900 pesos al mes, encontramos que las familias ven dramáticamente disminuida la posibilidad de dar una adecuada atención al menor enfermo.

Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión creemos conveniente reforzar las medidas de prevención, pues además del dato de posible salvación en caso de una detección oportuna, encontramos otros que hablan por sí mismos, por ejemplo, los casos de niños con leucemia son más frecuentes si las madres fumaron, ingirieron bebidas alcohólicas o consumieron drogas durante el embarazo; lo anterior indica la necesidad de que se implemente una campaña de concientización, específica para el caso de menores.

III.- Por todo lo anterior, la Segunda Comisión coincide con la propuesta y las consideraciones del Diputado Gerardo Licéaga Arteaga en el sentido de exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a establecer programas de apoyo económico a las familias de los menores de edad con cáncer, considerando pertinente además, extender dicho exhorto a la titular de la secretaría de salud, para que se implementen campañas de prevención de estos padecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud, para que de manera coordinada establezcan programas consistentes en el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico bajo las condiciones y modalidades que la Secretaría estime procedentes e implementen campañas permanentes de prevención y cuidado ante este conjunto de enfermedades.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se reconoce la labor de los especialistas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la ardua labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, el Diputado Leobardo Alcalá Padilla, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

El Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, abrió sus puertas el día 11 de mayo de 1961 como Hospital de Neumología y Cirugía de Tórax. Al paso de los años y en respuesta a la transición epidemiológica y a la demanda de atención de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha pasado por diversas transformaciones hasta su estado actual, como un centro de alta especialidad dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de los padecimientos cardiovasculares, cuenta además con una variedad de espacios educativos dirigidos a todos los niveles educativos, tanto de pregrado y posgrado.

A nivel pregrado se forma a los próximos médicos de diversas universidades, dentro las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, La Salle, la Universidad Anáhuac, y la Universidad West-Hill, que asisten a las rotaciones parciales para recibir formación en las áreas de cardiología, neumología y anatomía patológica.

Por otra parte, el Centro Médico Nacional Siglo XXI es un bastión formador de especialistas en cardiología, cirugía cardiotorácica y patología clínica, avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al hospital acuden para completar su formación alumnos de especialidades de anestesiología, cirugía general, medicina interna, urgencias medico quirúrgicas y pediatría de otras instituciones, como la Secretaría de Salud, el Hospital Juárez de México, Petróleos Mexicanos, y de todas las entidades federativas de nuestro país.

Simultáneamente, se ofrecen permanentemente también cursos técnicos y postécnicos para la formación de personal en área como aparatos de diagnóstico, enfermería en cuidados intensivos, laboratorio clínico y medicina nuclear, entre otros.

Como parte de las actividades de educación continua para el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrece cursos de adiestramiento en servicio, cursos monográficos, diplomados, cuyo objetivo es mantener al personal de salud a la vanguardia para prestar servicios de calidad al derechohabiente.

El Centro Médico Nacional Siglo XXI se ha caracterizado por proporcionar atención médica especializada de calidad, con la oportunidad y eficiencia que los  derechohabientes con padecimientos cardiotorácicos requieren, aunado a la investigación, capacitación y formación de recursos humanos de excelencia.

Es menester reconocer al Centro como a sus médicos como una Unidad Médica de Clase Mundial, con fundamento en la calidad de la atención, la innovación e investigación en Cardiología, Cirugía Cardiotorácica y todas las especialidades que se le relacionen.

Es necesario rendir todos los honores a los médicos del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social que pusieron muy en alto a nuestro Sistema de Salud y a nuestras instituciones hospitalarias implantando exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina a un paciente de 68 años de edad, muestra clara de innovación, compromiso, capacidad y profesionalismo.

El corazón fue implantado en un mexicano, hombre de familia, casado, padre y abuelo, ingeniero civil y originario del Distrito Federal, José Salvador Pérez Yáñez quien fuera diagnosticado hace 15 años con cardiomiopatía isquémica, lo que le provocaba una irrigación sanguínea disminuida, la cual fue seguida de un infarto que obligó a colocarle un bypass.

Tres años después fue necesario someterlo  a un nuevo método médico mediante la aplicación de células madre al corazón. Sin embargo, su salud se deterioró cuatro años después, sin embargo la tecnología médica de avanzada aplicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social le dio otra oportunidad a José Salvador.

Hace seis meses le fue implantado un dispositivo de asistencia ventricular, lo que consiste en un corazón artificial que le permite al miocardio bombear la sangre de forma adecuada.

El trascendente y admirable caso de éxito médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue presentado por el director general del Hospital de Cardiología, Moisés Calderón Abbo y un equipo de especialistas, explicando la proeza pues este corazón artificial quedará implantado de por vida en el cuerpo del paciente como sustituto del corazón humano.

El dispositivo de asistencia ventricular o corazón artificial es el sistema más innovador; no late, es similar a una turbina de avión, de propulsión eléctrica que se encarga de bombear la sangre que el cuerpo requiere. Es un sistema de pequeñas proporciones que le permite quedarse dentro del cuerpo y ser tan eficiente como el corazón de un atleta.

Las patologías cardiacas representan en nuestro país la primera causa de muerte en adultos, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo diversas acciones especialmente preventivas para evitar los fallecimientos por esta causa. Es necesario reconocer la ardua labor emprendida, así como los resultados que nos ponen a la vanguardia en la atención de afecciones cardiacas.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión congratula y reconoce la ardua labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina.”

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta comisión coincidimos con el legislador proponenteen reconocer la ardua labor emprendida de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina, así como los resultados que nos ponen a la vanguardia en la atención de afecciones cardiacas.

A lo largo del tiempo el Centro Médico Nacional Siglo XXI ha sido estandarte del IMSS. Es un conjunto de hospitales, centro cultural, de educación e investigación, lleno de tradición e historia; que refleja no sólo una forma diferente de pensar, sino de actuar también.

El Centro Médico Nacional Siglo XXI cuenta con distintas Unidades Médicas de Alta Especialidad como el Hospital de Cardiología, el Hospital de Pediatría, Oncología, Especialidades, el Banco Central de Sangre y el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud.

II.- En el mismo contexto al que el legislador proponente se refiere, en México las patologías cardiacas junto con la diabetes representan la primera causa de muerte entre los adultos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente mueren 17.5 millones de personas por este tipo de padecimiento; mientas que en México existen 80 mil casos de pacientes con insuficiencia cardiaca al año. En este sentido el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo diversas acciones especialmente preventivas para evitar los fallecimientos por esta causa.

El 14 de noviembre del año pasado, los especialistas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en la Ciudad de México, hicieron el implante permanente de un corazón artificial a José Salvador Pérez Yáñez de 68 años de edad, ingeniero civil de profesión, quien luego de sufrir un infarto del lado derecho del corazón fue diagnosticado con cardiomiopatía isquémica es decir, disminución de irrigación sanguínea.

De acuerdo con las fuentes del Hospital de Cardiología del IMSS, el trabajo de intervención fue ejercido en alrededor de tres horas, la cual requirió la participación de 30 especialistas entre anestesiólogos, técnicos del sistema ventricular, enfermeras, cirujanos, intensivistas y cardiólogos, entre otros.

Si bien en México desde 1993 se realizan implantes de dispositivos de soporte cardiaco, es importante mencionar que este es el primer implante de su tipo en Latinoamérica porque va por dentro del paciente y es permanente, ya que en su caso el receptor no era candidato a un trasplante de un corazón cadavérico.

Hoy en día en el mundo se llevan a cabo 500 trasplantes de este tipo, siendo Estados Unidos y Europa donde se llevan a cabo el 90 por ciento. Por lo que el hecho de que se implemente este tipo de tecnologías en nuestro país, nos permite elevar los estándares de salud de México.

La tecnología desarrollada recibe el nombre técnico de Dispositivo de Soporte Uniobiventricular Paracorpóreo de Propulsión Neumática Universal de segunda generación, y se conecta al mismo corazón dañado del enfermo sin prescindir de él.Esta tecnología, que salva la vida a pacientes con enfermedad cardiaca y sustituye la función del corazón de manera temporal o definitiva, requirió más de 20 años de investigación por un grupo de médicos mexicanos del IMSS.

El implante del sistema de corazón artificial beneficia a los derechohabientes que requieren de un trasplante de miocardio y mediante esta técnica se mantienen en condiciones óptimas en tanto recibe un corazón nuevo.

El soporte ventricular es un método utilizado en pacientes con infarto masivo; evita un trasplante al colocar el soporte a un costado del corazón y permanece de por vida en el paciente, y se utiliza después de cirugías de alto riesgo para que ayude al corazón a funcionar adecuadamente.

III.- De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha logrado implantar con éxito el corazón artificial de fabricación nacional, un proyecto en el que se trabajó durante 20 años.

Por eso mismo, esta dictaminadora considera de absoluta importancia el reconocimiento a todos los especialistas involucrados en el ejercicio llevado a cabo para el cumplimiento de la implantación, así como también el éxito de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión congratula y reconoce la ardua labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina, lo que paralelamente es un reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social que ha hecho posible este logro.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre el estado del proceso de homologación salarial aprobado por la Cámara de Diputados en los decretos de Presupuesto de Egresos para los ejercicios 2011 y 2012.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Finanzas de los estados, al CONALEP Nacional y de cada entidad federativa a informar por qué no han entregado los recursos correspondientes al proceso de homologación salarial.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de junio de 2013, la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se estableció un compromiso por parte de la autoridad hacendaria, representante del gobierno federal entrante. A saber, “será un presupuesto inercial”, todos los “compromisos multianuales” serán contemplados. No huelga decir, que ante la premura de la discusión y la confianza en la palabra empeñada, el pleno de la Cámara aprobó el PEF 2013 el día 20 de diciembre de 2012.

Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, advertimos la ausencia de un tema delicado y fundamental para el sector magisterial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la tercera etapa del proceso de homologación docente.

Antecedentes:

En el PEF 2011 Anexo 29 Ampliaciones a Educación, se asignó la cantidad de 200 millones de pesos bajo el siguiente concepto:

“Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (programa de incorporación 1er etapa)”

En el PEF 2012, En Ampliaciones a Educación, en la parte correspondiente a Educación Media superior, se etiquetaron bajo el concepto:

“Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (programa de incorporación 2da etapa)” $30, 716,007 vía Ramo 11 y $169, 283,993 por Ramo 25 lo que da un total de 200 millones de pesos.

En el PEF 2013 en el apartado de Ampliaciones a Educación, Anexo 35, desaparece el concepto de Conalep.

Esta situación en principio muestra la falta del compromiso y cumplimiento de la palabra empeñada del ejecutivo federal con los profesores del Conalep. Es muy preocupante la tranquilidad con que los funcionarios de hacienda se deslindan de este grave problema.

Como consecuencia de este hecho, se llevaron a cabo reuniones con el Sub- secretario de Egresos, la Directora General de Programación y Presupuesto, el Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Educación, El Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y representantes de las delegaciones sindicales docentes del CONALEP de los estados de Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua.

Estas reuniones derivaron en compromisos de todas las dependencias, generando certeza en la ubicación de recursos de los años 2011 y 2012 que habían detenido los emplazamientos de estallidos de huelga en varias entidades.

Los acuerdos alcanzados en esta mesa de negociación son los siguientes:

1.- Se identificaron 170 mdp y 169 mdp en los ejercicios 2011 y 2012 para el proceso de homologación de Conalep regularizados vía Ramo 33 por FAETA.

2.- Se comprometió la Secretaría de Educación a emitir los oficios correspondientes para acreditar la ministración de los montos y que por tanto, fueran ejercidos de inmediato.

Sin embargo, además de no haberse entregado la totalidad de los oficios por parte de la Secretaría de Educación y aquellos que fueron emitidos, no son consecuentes a las asignaciones previas de ejercicios fiscales anteriores, las secretarías de finanzas de los estados no los reconocen.

Este es un hecho muy grave, pues son recursos que se aprobaron en el presupuesto de egresos, entregados a la SHCP, laSEP y a los estados de la república respectivamente.

Desafortunadamente hasta el día de hoy, no existe certeza por parte de ninguna autoridad que se comprometa a rastrear el curso del dinero ya entregado a los estados de la república y la secretaría de hacienda, no ha sido capaz de convocar o entregar documentación suficiente que acredite la ministración recibida de cada entidad federativa. Los docentes de Conalep están a punto de estallar una Huelga que podría afectar gravemente a los alumnos de este sistema educativo por la falta de información y compromiso de funcionarios responsables para garantizar que lo aprobado por el Congreso se respete.

Pedimos de igual forma el deslinde de responsabilidades administrativas por la falta de entrega de estos recursos. La educación es un derecho y la Cámara de Diputados ordenó que los montos etiquetados en el PEF fueran para los docentes y alguien incumplió este ordenamiento.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, las Secretarías de Finanzas de los estados, a CONALEP Nacional y de cada entidad federativa, informen por qué razón legal no han entregado los recursos correspondientes al proceso de homologación salarial, que esta soberanía aprobó en el ejercicio 2011 y 2012; De igual forma, se solicita al titular de la SEP, Emilio ChuayffetChemor, instruya a Candita Victoria Gil Jiménez, titular de CONALEP, a una reunión de trabajo con la representación laboral de la federación de trabajadores docentes del Colegio.

CONSIDERACIONES

I. Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocemos la relevancia que reviste la educación media superior para el desarrollo de nuestro país, reconocimiento que se ha expresado con creces por el Legislador Federal, al incluir en el artículo 3º de nuestra Constitución Política el nivel medio superior como parte de la educación obligatoria en México. Entendemos, en ese sentido, que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) juega un papel sustancial entre las diversas instituciones que se han implantado en nuestro país para dar cobertura a ese nivel educativo.

El Colegio fue creado por decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El 8 de diciembre de 1993 fue publicado en el mismo medio oficial un decreto de reforma que establece como objeto del CONALEP el de contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de técnicos profesionales calificados, conforme a los requerimientos y necesidades que demanda el sistema productivo del país.

El 4 de agosto de 2011, la publicación de un nuevo Decreto de reformas modificó el objeto y las funciones del CONALEP, las atribuciones de la Junta Directiva, las facultades y atribuciones del Director General, así como la integración de su patrimonio, a fin de permitir al organismo consolidar la formación del profesional técnico bachiller, fomentar su vinculación con la sociedad y fortalecer su liderazgo como institución rectora de la educación profesional técnica. A partir de entonces, el CONALEP opera con 33 planteles no federalizados (27 en el Distrito Federal y 6 en el estado de Oaxaca) y actúa como Órgano Rector de los planteles descentralizados a los 30 estados de la República restantes.

Pues bien, tal como lo expresa la proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, como una de las medidas que el Estado mexicano ha dirigido para su fortalecimiento, durante el proceso de presupuestación para el ejercicio 2011, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asignó 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación como recursos extraordinarios destinados a mejorar las condiciones laborales de los docentes que laboran en los Colegios Estatales del Sistema CONALEP.

El incremento fue dispuesto específicamente en el Anexo 29, Ampliaciones a Educación, en el rubro de Educación Media Superior y haciendo especial referencia al Programa de Incorporación 1era Etapa. Así mismo, en el artículo Trigésimo Séptimo Transitorio del Decreto se ordenó que dichas erogaciones se sujetaran para su ejercicio a reglas de operación, mismas que fueron emitidas en el documento “Criterios Generales para la aplicación de los recursos extraordinarios asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para el mejoramiento de las condiciones de los docentes y Prestadores de servicios profesionales del Sistema CONALEP”, aprobados por la Junta Directiva de ese Colegio en su sesión del 29 de marzo de 2011.

El proceso de aplicación de los recursos comenzó y el destino de los recursos fueron los colegios de las entidades federativas mediante las reglas establecidas por los Criterios, que entre otras se considera su aplicación conforme a las Reglas de Operación que apliquen a la transferencia de recursos vía Ramos 11, 25 y Ramo 33. Sin embargo, según establece la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio 2011 (apertura de ejercicio funcional programático económico del gasto programable en flujo de efectivo) de los 200 millones adicionales aprobados por la Cámara de Diputados, sólo se ejerció un presupuesto modificado por el monto de 29 millones 115 mil pesos, equivalente a un 14.6% del original.

Posteriormente, para el ejercicio presupuestal de 2012, la Cámara de Diputados asignó nuevamente un monto adicional de 200 millones de pesos como presupuesto extraordinario destinados a mejorar las condiciones laborales de los docentes que laboran en los Colegios Estatales del Sistema CONALEP. Esta vez, el monto está contenido en el Anexo 32, Ampliaciones a Educación, en el rubro de Educación Media Superior y hace especial referencia al Programa de Incorporación 2ª Etapa, repartiendo el monto total en dos partidas: una de 169,283,993 pesos, correspondiente al Ramo 25, y otra por 30,716,007 pesos, correspondiente al Ramo 11.

El artículo Trigésimo Séptimo Transitorio del Decreto reitera la sujeción del ejercicio del gasto antes señalado a la emisión de reglas de operación. Para tales efectos, también fue emitido por la Junta Directiva del CONALEP, en su sesión del 5 de enero de 2012, los “Criterios Generales para la Aplicación de los Recursos Extraordinarios Asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 para la Atención de Prestaciones de los Docentes del Sistema CONALEP”.

Al respecto, es importante advertir que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, en la apertura respectiva a la Información Consolidada del Sector Público Presupuestario, Ramo 25, programa I005, se reporta un ejercicio de 0.0, respecto de los recursos aprobados por 169 millones 284 mil pesos para el Programa de Incorporación. Mientras que en lo respectivo a los 30,716,007 pesos, correspondientes al Ramo 11, los datos del ejercicio no son identificables en dicha apertura.

En el mismo sentido, esta dictaminadora destaca que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, el anexo 35 Ampliaciones a Educación, no están contenido recurso alguno cuya identificación permita considerar que tienen por destino el Programa de Incorporación a que nos hemos venido refiriendo.

Frente a todo lo expuesto, los integrantes de esta Segunda Comisión de Trabajo creemos indispensable que esta Soberanía cuente con la información suficiente respecto del destino que tuvieron los recursos extraordinarios aprobados por el Legislador federal, en los procesos de presupuestación correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2012, para el fortalecimiento de las prestaciones de los docentes del CONALEP.

Sin embargo, tratándose por lo pronto del requerimiento de información sobre el aparente subejercicio de recursos federales por dependencias de dicho orden de gobierno, esta Comisión considera que el procedimiento adecuado para solventarlo es la solicitud de información a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, así como a la Dirección del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, así como a la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que informen a esta Soberanía el estatus actual del proceso de homologación salarial aprobado por la Cámara de Diputados en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que instruya a la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que gestione una reunión de trabajo con la representación laboral de la Federación de Trabajadores Docentes del Colegio a efecto de atender la problemática expuesta.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, así como a los gobiernos de los nueve estados y de los municipios correspondientes donde los últimos días se ha presentado la transmisión más intensa, que se efectúe una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud efectuar en carácter de prioridad nacional, una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, el SenadorAngel Benjamín RoblesMontoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a inicios del presente año que el dengue representa una “amenaza global”, ya que está presente en 150 países de todas las regiones del planeta, incluyendo casi todos los de América Latina y el sureste asiático.

En las últimas décadas ha aumentado la incidencia de dengue en el mundo. Más de 2500 millones de personas, es decir el 40% de la población mundial están en riesgo de contraer el dengue. La OMS calcula que cada año se producen entre 50 millones y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo.

En 2008, en las regiones de América, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se registraron en conjunto más de 1.2 millones de casos, y en 2010, más de 2.3 millones (según datos oficiales presentados por los países miembros a la OMS). En fecha reciente el número de casos notificados ha seguido aumentando.

En 2010, se notificaron 1.6 millones de casos tan solo en la Región de las Américas; 49,000 de ellos fueron de dengue grave.

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública.

El dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones.

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave. Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga a nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter explosivo.

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que actualmente Nicaragua presenta un brote de dengue que afecta a 2,350 personas en lo que va del año, tan solo en ese país se registraron 6 mil casos en el 2012. En Costa Rica hay más de 12,000 mil casos de dengue en lo que va del año; cuatro veces más que en el año 2012 lo que se ha convertido ya, en una epidemia de gran magnitud.

En México entre 2006 y 2007 se presentó la incidencia más alta de casos de transmisión del dengue, al contabilizarse 60 mil casos. En el 2012 el total de incidencias fue de 50,368.

La incidencia de casos de Dengue a nivel nacional al concluir la semana epidemiológica número 23 (actualizada al 10 de junio de 2013), asciende a 7 mil 987 casos, de los cuales 5641 corresponden a dengue clásico denominado fiebre por dengue y 2,346 corresponden al tipo hemorrágico; en periodo similar pero del año pasado, se contabilizaban 4378 incidencias, lo que representa un incremento del 59.00 por ciento.

Con base en la tabla nacional de casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica, Tabasco se sitúa en el primer lugar con 1541 casos, seguido de Guerrero (862), Veracruz (794), Quintana Roo (601), Chiapas (591), Yucatán (345), Oaxaca (293), Campeche (109) y Morelos (90).

Oaxaca se sitúa en el séptimo lugar de la tabla nacional por el número de casos; al término de la semana 23 se tienen 293 casos de dengue, 91 de ellos del tipo hemorrágico y el resto 202 de fiebre por dengue; un dato alarmante es que de Marzo a Mayo se ha incrementado la incidencia de casos en un 29.5 por ciento; todo esto cuando apenas esta iniciando la temporada de lluvias.

Las regiones más afectadas por dengue son, el Istmo con 111 casos, seguido de la Costa con 86, Tuxtepec con 40, Valles Centrales con 30, la Mixteca con 14, y la Sierra con 4 casos.

Se pronostica que para los próximos meses en México haya una muy alta incidencia de casos de dengue cuando la temporada de lluvias y Huracanes se presente en territorio Nacional.

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CENACEVE) efectué, en carácter de prioridad nacional, una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el Dengue, en coordinación con los Municipios de los nueve Estados de la República donde en los últimos días se ha presentado la transmisión más intensa, con el fin de evitar pérdidas humanas y reducir el riego de transmisión que pudiera generar una epidemia en esta temporada de lluvias.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece lo siguiente punto resolutivo:

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación del Legislador Proponente respecto a La necesidad de considerar el control y combate contra el dengue, como una política urgente y prioritaria.

La importancia para la salud pública radica en su magnitud y trascendencia, considerando áreas que reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de marginacióny pobreza de la población afectada, que favorecen su transmisión.

Como lo refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas(O.N.U). El 10 de diciembre de 1948, En su artículo 25 Fracción I, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional proporciona mandatos y obligaciones amplias y nuevas, tanto como para los países participantes dentro del reglamento Internacional. Como para la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger de esa propagación, controlarla y darle respuesta de salud pública de manera proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional.

De acuerdo a diferentes Organismos Internacionales, como lo son la Organización Mundial de la Salud (OMS) nosotros tenemos una responsabilidad como nación, en generar campañas de prevención y atención, para que por medio del control se revierta el incremento que ha venido presentando el dengue en las diferentes entidades del país.

Nuestra Carta Magna en su artículo 4°, estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,lo cual en concordancia con el Art. 73 Constitucional Fracción XVI establece que en caso de epidemias de carácter graveo peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaria de Saludtendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.

Las enfermedades como el dengue se transmiten a través de la picadura de un mosquito de la especie Aedes infectado por alguno de los cuatro virus del dengue. La enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y subtropicales Los síntomas varían, desde una fiebre moderada hasta una fiebre alta incapacitante con cefaleas intensas, dolor retroobitario, dolor muscular y articular, y exantema. No existen fármacos antivíricos específicos contra el dengue.

El dengue hemorrágico (fiebre, dolor abdominal, vómitos, hemorragia) es una complicación potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños. El diagnóstico temprano y una buena atención clínica a cargo de médicos y enfermeras con experiencia aumentan la supervivencia de los pacientes.

II.-En México, el problema del dengue no es reciente, la primera vez que se erradico fue durante el programa de erradicación de la fiebre

Amarilla en 1963, sin embargo para 1965 se reintrodujo el vector por la frontera norte.

A finales de 1978 el serotipo DEN-1 llego al sureste de México y desde entonces es considerado endémico por un brote detectado en Tapachula, Chiapas. Desde este momento el dengue ha permanecido presente en el territorio nacional y se han producido distintos tipos de brotes de los distintos serotipos del dengue como el DEN-2, DEN-3 Y DEN-4 Por casi todo el territorio nacional especialmente en el sureste de la República Mexicana.

Como se menciona en el punto de acuerdo “En México entre 2006 y 2007 se presentó la incidencia más alta de casos de transmisión del dengue, al contabilizarse 60 mil casos. En el 2012 el total de incidencias fue de 50,368.”

La incidencia de casos de dengue a nivel nacional al concluir la semana epidemiológica número 24 (actualizada al 17 de junio de 2013), asciende a 8,628 casos, de los cuales 6111 corresponden a dengue clásico denominado fiebre por dengue y 2,517 corresponden al tipo hemorrágico; en un periodo similar pero del año pasado, se contabilizaban 5,174 incidencias, lo que representa un incremento de 66.8% por ciento entre 2012 y 2013.

Con base en la tabla nacional de casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica, Tabasco se sitúa en el primer lugar con 1661 casos, seguido de Guerrero 898, Veracruz 870, Chiapas 657, Quintana Roo 627, Yucatán 371, Oaxaca 309, Morelos 153 y Campeche 114.

El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE) reporta que hasta el momento en el país no se registran defunciones a consecuencia dela fiebre hemorrágica, lo que contrasta con 2012, cuando a esta fecha había 13 fallecidos por esta enfermedad.

En los próximos meses en México se pronostica una muy alta incidencia de casos de dengue cuando la temporada de lluvias y huracanes se presente en territorio Nacional.

III.-La importancia de la proposición de mérito radica en que, el problema que está presentando la enfermedad del Dengue puede ser un grave problema de salud pública para el estado de no controlarse, debido a su tasa de crecimiento que incluso podría llegar a ser exponencial debido a las condiciones climáticas que se están presentando para esta temporada en nuestro país, y que como podemos comprobar mediante a los datos del último corte de la semana epidemiológica el crecimiento de este mal, es más que notable.

La salud, es un campo que se compone de distintos elementos que pueden ser: las condiciones sociales, estilos de vida, las actitudes sociales o individuales. Teniendo en consideración que el tema de la salud es multifactorial, se debe tener claro que la manera de atacar males como el dengue, deben ser mediante campañas de prevención y atención incluyentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Conforme a este principio se solicita de la manera más respetuosa, a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal,para que a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CENACEVE) efectué, en carácter de prioridad nacional, una Campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el Dengue.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a los Gobiernos de los nueve Estados y de los Municipios correspondientes donde los últimos días se ha presentado la transmisión más intensa, para que a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica efectúe, en carácter de prioridad nacional, una campaña de acciones estratégicas de prevención, control y combate contra el Dengue, con el fin de evitar pérdidas humanas y reducir el riesgo de transmisión que pudiera generar una epidemia en esta temporada de lluvias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad en materia de salubridad general, y en ejercicio de su facultad de organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República, a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha primero de junio de 2013, el Diputado Javier Orozco Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), seleccionó como tema para el 2013 “la hipertensión”, con el objetivo de reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares en la población. A nivel mundial, la OMS estima que la hipertensión arterial causa la muerte de 7.5 millones de personas y representan 12.8% del total de las muertes; además, señala que uno de cada tres adultos tiene la presión alta.

En México, la prevalencia de presión arterial alta, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT, 2012) -tomando en cuenta los criterios establecidos para la población de 20 años y más-, es de 33.3 en hombres y 30.8 en mujeres de cada 100 personas de este grupo de edad y sexo. Y de acuerdo con datos del INEGI, del 2006 al 2011, se incrementó la tasa de mortalidad observada por enfermedades hipertensivas en población de 15 años y más (pasó de 17.67 por cada 100 mil personas a 23.06). Todos estos datos van orientados hacia la población adulta, sin embargo este mal que aquejaba básicamente a la población madura, se está presentando cada vez con mayor intensidad en los niños.

La hipertensión arterial primaria (conocida como HTA), es una de las principales causas demorbi-mortalidad en muchos países y se asocia ahistoria familiar de HTA, bajo peso al nacer y al exceso de peso. Se pensaba que este problema erapoco frecuente en niños, sin embargo estudios recientes en una variedad de grupos étnicos y raciales han mostrado un aumento en su prevalencia, la cual se asocia con elincremento notable de los índices de sobrepeso y obesidad infantil en las últimas dos décadas. Actualmente, a nivel mundial, se estima que entre el 1 y el 5% de los niños padecen este problema y esta cifra va en aumento.

Al respecto, el especialista Alfredo Nájar Estrella ha señalado que la hipertensión en niños es una realidad especialmente asociada a la insuficiencia renal en el 80% de los casos, aunque se ha observado que la obesidad es un importante precursor de la misma. Señaló que, a su vez, la insuficiencia renal en niños se origina principalmente por problemas congénitos del sistema génito-urinario, así como por el uso indiscriminado de antibióticos o por infecciones; y que al presentarse alguno de estos problemas se dispara la producción la enzima llamada “renina”, responsable del incremento en la presión arterial.

Los niños entre 6 y 14 años son a los que afecta más la hipertensión originada por problemas renales, sin embargo, la obesidad infantil se está traduciendo cada vez con mayor frecuencia en hipertensión. La hipertensión infantil mal controlada puede producir hemorragia cerebral y el potencial riesgo de daño permanente e incluso la muerte.

Datos recientes muestran que uno de cada tres niños en México tiene obesidad y 22% de ellos padece hipertensión, lo que significa que presentan mayor riesgo de sufrir un ataque cerebro vascular; además, de acuerdo con el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado” cinco ciudades a nivel nacional concentran la mayor población de niños con obesidad: Distrito Federal, Toluca, Querétaro, Tijuana y Hermosillo, en donde el 50% de los niños que ahí habitan presentan dicho problema de salud.

Al respecto, Felipe Vadillo, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición arroja datos que demuestran que la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos años y la suma de sobrepeso y obesidad ha aumentado hasta rebasar 35% (en 1999 había 18.8% y en 2006, 26%) de la población total de niños en nuestro país.

La OMS asegura que detectar la hipertensión arterial es el primer paso para prevenirla y controlarla. Y para el caso de los menores se han señalado medidas preventivas tales como la toma de la presión arterial en las revisiones pediátricas de forma rutinaria a partir de los 3 años, sobretodo en el caso de niños con sobrepeso u obesidad; y para disminuir la presión arterial en niños diagnosticados como hipertensos, la Sociedad Europea de Hipertensión ofrece una serie de recomendaciones generales:

- Realizar 40 minutos de actividad física aeróbica de 3 a 5 días por semana.

- Evitar el consumo en exceso de azúcar, refrescos, grasas saturadas y sal. Se recomienda la ingesta de fruta, verdura y cereales.

- Involucrar a la familia en los cambios conductuales que tenga que hacer el menor, implicándose con él o ella.

- Marcarse objetivos realistas que no frustren al menor y proporcionar apoyo y materiales educativos para tal fin.

- Desarrollar un sistema de recompensa que fomenten los hábitos saludables.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley General de Salud, la protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general, es por ello que el presente Punto de Acuerdo va orientado a hacer que a través de las autoridades federales y locales competentes en materia de salud, en coordinación con aquellas competentes en materia de educación pública, se informe a los padres y a la sociedad en general sobre esta alarmante situación, pues la hipertensión de nuestros niños puede llegar al extremo de terminar con su vida.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad en materia de salubridad general, y en ejercicio de su facultad de organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República, a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a difundir en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas por ella, las campañas a las que se hace referencia en el Punto de Acuerdo anterior.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública de los Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno Federal, para llevar a cabo las campañas de información, prevención y detección de hipertensión infantil.

CONSIDERACIONES

I. Los integrantes de la Segunda Comisión del Honorable Congreso de la Unión, coincidimos con la preocupación del legislador proponente en el tema de la Hipertensión infantil, bajo el siguiente orden de ideas.

La hipertensión Arterial (HTA) es un padecimiento definido como el aumento de la presión sistólica (movimiento de contracción del corazón y las arterias que producen la circulación de la sangre), aumenta y rebasa los límites permitidos.

Lo anterior quiere decir que cuando el corazón bombea sangre al resto de los tejidos del organismo genera una ola de presión en las paredes de las arterias.

La OMS establece diversos grados de hipertensión según la elevación de los valores tensionales como es la hipertensión de grado 1 o leve, cuando la presión sistólica se sitúa entre 140 y 159 mm/Hg y la diastólica, entre 90 y 99 mm/Hg, e hipertensión de grado 3 o severa, cuando la sistólica es igual o superior a 180 mm/Hg y la diastólica es igual o superior a 110 mm/Hg.

Este padecimiento es producidopor una multifactorialidad de padecimientos como enfermedades crónicas, por malos hábitos alimenticios y cuidado de la salud a esto lo refieren la comunidad médica, además no presenta síntomas hasta su detección en la revisión con el médico.

Las causas que producen que una persona padezca hipertensión arterial es resultante de otras enfermedades como la obesidad, la diabetes, entre otros padecimientos que tengan que ver con enfermedades cardiovasculares.

Otra de las causas que han determinado los médicos es una falta de hábitos saludables, los malos hábitos son el consumo desmedido de sal, una dieta inadecuada, el sedentarismo, falta de ejercicio físico, el consumo de tabaco, alcohol y hasta el estrés.

A nivel mundial este padecimiento de una de las principales causas de mortalidad teniendo una cifra de 7.5 millones de personas que fallecen a causa de la enfermedad arterial traducidos a porcentaje corresponde al 12.8% de la población.

La hipertensión es conocida como la muerte silenciosa por sus efectos perjudiciales sobre todos los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, especialmente los que afectan a los llamados órganos diana de la hipertensión, como son el cerebro, el corazón y el riñón.

El rango de la población mundial que es víctima de dicha afección es de una edad entre los 40 a los 65 años y se recrudece la cifra en un 50% en la población que su edad es más de los 65 años. Las consecuencias a este padecimiento son derrames cerebrales, problemas renales, cardiovasculares y hasta la muerte.

Ahora bien, para hacer frente a este padecimiento que cobra millones de víctimas a nivel mundial las organizaciones de salud a nivel internacional han promovido el cuidado de la salud, por medio de las revisiones cotidianas con el médico, así como también el cambiar los hábitos alimenticios y de actividad física.

II. Así pues ante lo anteriormente expuesto sobre la definición de la hipertensión, las causas del padecimiento y sus consecuencias, ahora es menester describir la problemática que se desarrolla en México a causa de la Hipertensión infantil que es el problema que esta a discusión.

Actualmente en México la hipertensión es un problema de salud, como ya se dijo es un padecimiento a causa de un desprendimiento de enfermedades crónicas, malos hábitos de actividades cotidianas, malos hábitos alimenticios, añadiéndole las adicciones legales al alcohol y al tabaco.

La población adulta mexicana con el padecimiento de hipertensión arterial ha ido incrementando al grado de que en el lapso de 2000 y 2006 la hipertensión arterial tiene un porcentaje de aumento del 19.7% y afecta a 1 de cada 3 personas adultas.

De las personas que padecen la hipertensión, solamente el 73.6% de adultos diagnosticados reciben un tratamiento farmacológico y menos de la mitad del porcentaje no cuenta con un tratamiento médico y farmacológico.

Cabe hacer mención que en nuestro país el 73% por ciento de las muertes se atribuyen a la diabetes, problemas cardio-vasculares y hasta el cáncer y el porcentaje de muertes se concentra en las personas mayores de 60 años y la distribución corresponde a 60% en mujeres y 40% en los hombres.

Los pacientes con este trastorno tienen un riesgo cuatro veces mayor que los normotensos de sufrir un infarto de miocardio y doce veces mayor de sufrir un derrame cerebral.

No es frecuente encontrar como hallazgo hipertensión arterial en la consulta externa de Pediatría, sin embargo, existen numerosas causas de hipertensión arterial en niños, susceptibles de ser diagnosticadas oportunamente.

En la población infantil mexicana es preocupante la cifra de niñas y niños con obesidad, ya que se ocupa el primer lugar de obesidad infantil y el 4.1 millones de infantes que sufren esta enfermedad. Estas cifras y el padecimiento son de preocupación ya que estos problemas eran exclusivos de adultos.

El que la población infantil padezca obesidad es consecuencia de una mala alimentación dentro de los hogares, un sedentarismo, falta de actividad física y esto repercute en la vida de los infantes

Los rangos de edad donde se concentra la obesidad infantil son entre los 5 y 19 años, esto quiere decir que la calidad de vida de los infantes se ve disminuida ya que la obesidad y todas sus enfermedades que se derivan merman con la calidad de vida del paciente, provocando el acortamiento de los años de vida y además la esperanza de la misma.

Se define hipertensión arterial en la infancia a la elevación de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas a cifras iguales o mayores al percentil 95 para la edad y sexo por lo menos en tres determinaciones.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal en su Plan de Salud 2007-2012, las estimaciones de la esperanza de vida hasta el 2010 eran de 79 años y para el 2025 esperan un aumento mayor a los 80 años

Ahora bien la hipertensión infantil es de preocupación por las consecuencias que trae consigo como son problemas renales, cerebro vascular, cardiacos y hasta la muerte de la población infantil que padece la enfermedad.

De acuerdo con las investigaciones de los académicos de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en ciertos artículos explica que la hipertensión infantil es uno de los nuevos padecimientos que tiene que ser atendida lo más pronto posible, además de realizar los diagnósticos adecuados para detectar el padecimiento en la población infantil.

III. Ante las exposiciones descritas anteriormente, cabe señalar que la hipertensión infantil es un padecimiento que ahora afecta o comienza a afectar a nuestra población infantil mexicana y que se considera un padecimiento exclusivo de las población adulta, pero las enfermedades no respetan edad ni mucho menos género.

El ritmo de vida tan apresurado que llevan las familias actuales de México, por consecuencia hacen que se pierdan ciertos hábitos alimenticios y actividades físicas tanto de los adultos y de los niños, estos últimos no deben perder los hábitos porque la población infantil está en pleno crecimiento, desarrollo intelectual y físicamente.

Ahora, el ritmo de vida hace que, en la pérdida de los hábitos alimenticios se consuman alimentos carentes de un valor nutricional yel consumo de productos ricos en grasas saturadas, de carbohidratos, azucares, entre otros productos, provoca que se desarrolle la obesidad y paralelamente el desarrollo de la hipertensión.

Hay que añadir a esta carencia de hábitos va igualmente relacionado a la ausencia de actividades físicas, esto es justificado por diversas causas una de las principales son los avances tecnológicos como los videojuegos, la televisión, el celular y otras tecnologías.

Hay que agregar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración expone en su diagnostico, que el gasto en salud en estas enfermedades fue de 67 millones de pesos durante el 2008, y estiman que si no se previene la obesidad y sus enfermedades derivadas el costo será mayor. En consecuencia quedan imposibilitadoslos tres órdenes de gobierno a que no se les destine el presupuesto adecuado a la atención a estos padecimientos.

Hay que agregar quela imposibilidad a nivel legal a que se tenga el pleno derecho al acceso a la salud de acuerdo al artículo 4º constitucional y en su efecto al artículo 63 de la Ley General de Salud, correspondiente a la salud de la población infantil y donde la corresponsabilidad recae entre los sectores gubernamentales y los padres de familia que deben procurar la estabilidad de la salud de la población infantil.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad en materia de salubridad general, y en ejercicio de su facultad de organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República, a coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, prevención y detección de la hipertensión infantil.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a difundir en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas por ella, las campañas a las que se hace referencia en el Punto resolutivo anterior.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública de los Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno Federal, para coadyuvar en el diseño, la implementación y la difusión de las campañas de información, prevención y detección de hipertensión infantil.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita revisar las condiciones de importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la COFEPRIS y a la Dirección General de Aduanas a eliminar las restricciones impuestas a la importación y comercialización de los dispositivos electrónicos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19de junio de 2013, EL Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Durante la administración del Lic. Miguel Ángel Toscano Velasco como Comisionado Nacional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dicho organismo, extralimitándose en el ejercicio de sus facultades, impuso una prohibición a la importación, comercialización y distribución de los dispositivos electrónicos comúnmente conocidos como cigarros electrónicos o vaporizadores personales (que resulta un término más correcto), argumentando primordialmente la aplicación de una restricción contenida en la Ley General para el control del Tabaco, lo que trajo como consecuencia el retiro del mercado de dichos productos. Dicha proscripción fue expresada y dada a conocer mediante un boletín de prensa emitido el 28 de noviembre de 2008, en el que sustancialmente se señala:

1.Que la importación, distribución, comercialización y venta del denominado cigarrillo electrónico está prohibido por la Ley General para el Control del Tabaco (artículo 16, fracción VI);

2.Que la autoridad sanitaria federal no ha emitido autorización alguna para importar o comercializar este producto en México;

3.Que no hay evidencia científica de que el cigarrillo electrónico sea una efectiva alternativa médica para dejar de fumar, puesto que no existen pruebas de la eficacia y seguridad del producto, por lo que se recomienda no comprarlo;

4.Que el consumo de nicotina ocasiona enfermedades respiratorias, neoplasias, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, las cuales pueden causar la muerte del fumador; y

5.Que no se considera conveniente el introducir en nuestro mercado dispositivos que puedan promover el hábito al consumo de cigarros, representando un riesgo a la salud.

Pese al cambio del titular de ese organismo, se ha mantenido vigente dicha restricción, sin variar la argumentación originalmente dada, e incluso reiterándola prácticamente en sus términos con la emisión del boletín de prensa fechado el 24 de octubre de 2011, abundando solamente en uno de los argumentos, al señalar que “Estos productos no cuentan con registro sanitario como medicamentos o dispositivos médicos, por lo que ni su contenido ni sus propiedades de tratamiento para supuestamente dejar de fumar han sido comprobadas ante la COFEPRIS”.

Es entontes conveniente revisar la argumentación del órgano desconcentrado de la secretaría de Salud, para justificar la aseveración que al inicio del presente documento se hace, advirtiendo una extralimitación de facultades.

1. Respecto de la presunta prohibición por ministerio de Ley.

El artículo 16 de la Ley General para el control del Tabaco prohíbe, en su fracción IV “Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”.

En este contexto, aun admitiendo que los cigarros electrónicos no son productos de tabaco, la COFEPRIS justifica su prohibición al considerar que:

a. Contiene algún elemento de la marca, o

b. Un diseño o señales auditivas que lo identifican con productos de tabaco.

Luego entonces, debemos ver qué nos dice la ley al respecto:

El artículo 6 del ordenamiento invocado, define en su fracción VII el término elemento de la marca como “El uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, rúbricas o cualquier tipo de señalización visual o auditiva, que identifique a los productos del tabaco”.

Claramente, esta disposición se refiere a la explotación indebida de marcas comerciales con que son vendidos los productos de tabaco, sin embargo, los vaporizadores personales hacen uso de razones sociales propias y no se aprovechan del nombre comercial, la marca, los emblemas o rubricas de aquellos, ni contienen señalizaciones visuales o auditivas relativas a cualquier marca de productos de tabaco.

Ahora bien, tampoco se justificaría la prohibición respecto del diseño para la totalidad de los dispositivos en comento, pues si bien es cierto que algunos de ellos emulan un cigarrillo, no menos cierto es que dentro de la amplia gama de vaporizadores personales, la mayoría han evitado caer en denominaciones genéricas, por lo que ni su nombre ni su descripción señalan ser cigarros o productos de tabaco, sino vapeadores o vaporizadores y tienen un diseño propio que en nada se parece a los cigarros. La prohibición de COFEPRIS fue sin embargo absoluta, aun para aquellos dispositivos que no se describen o denominan como cigarros electrónicos y no son visual ni auditivamente identificados con los productos de tabaco, lo que a todas luces representa una restricción desmedida e injustificada.

Ahora bien, es conveniente advertir además una gran discrecionalidad y una aplicación selectiva de la disposición en estudio, pues actualmente se encuentran en el comercio diversos bienes identificados con productos del tabaco, tales como pipas, narguiles o pipas de agua, ceniceros, cigarreras, cortapuros, humidores. Ante ello, cabe preguntarnos ¿hasta dónde llega la facultad de la COFEPRIS para afectar el comercio? ¿ésta facultad puede ser usada de manera selectiva o para librar batallas particulares?

2. Respecto de la falta de autorización para importar o comercializar ese producto en México.

Al no ser un producto del tabaco, un dispositivo médico ni un tratamiento para dejar de fumar, la COFEPRIS no puede exigir conforme a sus facultades autorización alguna para la importación y comercio de los vaporizadores personales. De hecho, resulta contradictorio que el mismo organismo advierta que no reconoce como tratamiento para dejar de fumar a los cigarros electrónicos, señalando a la vez que no cuentan con autorización. Si no los reconoce, no requieren dicha autorización.

Ahora bien, al señalar que “Estos productos no cuentan con registro sanitario como medicamentos o dispositivos médicos, por lo que ni su contenido ni sus propiedades de tratamiento para supuestamente dejar de fumar han sido comprobadas ante la COFEPRIS”, la misma Comisión asume o más bien prejuzga que esa es su utilidad, aun cuando en el plano comparado, los países en donde se vende los reconocen como dispositivos de esparcimiento.

Cabe señalar al respecto que en 2009, la Administradora de Comidas y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) fue demandada por dos de las compañías fabricantes de vaporizadores personales, en virtud de que dicha dependencia determinó embargar dichos productos al haberlos clasificado como dispositivos médicos para dejar de fumar. Los fabricantes demostraron a cabalidad que no los promocionan como tal y que es decisión del usuario final, en la que no interviene el fabricante, dejar o no de fumar si es que lo hace y ganaron la demanda. A la fecha, dichos productos son vendidos en los Estados Unidos sin mayor restricción que demostrar la mayoría de edad.

3. Respecto de la supuesta ausencia de evidencia científica de que sea una efectiva alternativa médica para dejar de fumar.

Abundando a las consideraciones anteriores, hemos de señalar que pese al prejuicio de la COFEPRIS, instituciones del más alto prestigio han recomendado la desregulación de los cigarros electrónicos, de entre los que podemos mencionar un estudio hecho por la Escuela de Salud Pública de Boston, cuyos resultados publicaron en el “American Journal of Preventive Medicine”, señalando que 31% de los individuos fumadores observados a quienes se les proporcionó un vaporizador personal, tuvieron un periodo de abstinencia mayor a seis meses, mientras que 66.8% reportaron haber disminuido su consumo a más de la mitad en el mismo periodo, concluyendo que los cigarrillos electrónicos son mucho más seguros que los cigarrillos reales y prometedores en la lucha contra las enfermedades relacionadas con el tabaco; encontramos además un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard muestra comparativamente como los cigarrillos electrónicos son una excelente forma de “Reducción de Riesgo”. Así mismo, consideramos que la COFEPRIS en uso de sus facultades, debió realizar estudios técnicos y científicos para justificar la prohibición.

4. Respecto a la aseveración de que el consumo de nicotina ocasiona enfermedades respiratorias, neoplasias, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, las cuales pueden causar la muerte del fumador.

La aseveración es errónea y pretende sesgar a los lectores del boletín. El elemento químico conocido como nicotina no produce ni favorece el aparecimiento de cáncer, ni los demás males señalados por la COFEPRIS, son principalmente los alquitranes, hidrocarbonos aromáticos policíclicos, nitrosaminas específicas del tabaco, aldehídos, acroleína, butadieno, benceno, aminas aromáticas y el monóxido de carbono los responsables de la aparición de cánceres y otras enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, muchos de ellos devienen de la combustión del tabaco, aunque otros tantos están pueden absorberse incluso mascando dicha planta.

No obstante, es un hecho científicamente probado que la nicotina no es la causante de dichas enfermedades. Sí es y debe decirse, una sustancia adictiva y de ser consumida de manera pura y en una cantidad significante, resulta venenosa; debe decirse también, que el usuario de los cigarros electrónicos puede elegir la concentración de nicotina que vapeará o puede incluso prescindir de dicho elemento en sus líquidos.

Al respecto, señala uno de los estudiosos del tema, el Doctor en Ciencia Política Octavio Rodríguez Araujo, que los líquidos para vaporizar “no tienen las más de 4 mil sustancias que la OMS dice que son dañinas, entre éstas 60 supuestamente cancerígenas, pues el contenido de un cigarro electrónico es propilenglicol y/o glicerina vegetal, saborizantes y, si el usuario lo desea, nicotina (en menor o igual proporción que los Nicorett). La nicotina, dicho sea de paso, no sólo se puede extraer del tabaco, sino también de la coliflor, papa, berenjena, tomates verdes, tomates maduros, puré de tomates, pimientos verdes y té negro. El propilenglicol (que se usa en alimentos) no debe confundirse con el etilenglicol (anticongelante de motores y disolvente de pintura y plásticos) ni con el dietilenglicol (éter de glicol). Estos dos últimos compuestos son tóxicos”.

5. Respecto de la manifestación de la COFEPRIS considerando inconveniente introducir en nuestro mercado dispositivos que puedan promover el hábito al consumo de cigarros.

Nuevamente, el prejuicio de la COFEPRIS nos es presentado como razón y fundamento para justificar una prohibición al comercio; prejuicio, que debe decirse resulta contradictorio con la reiterada consideración de que los cigarros electrónicos son dispositivos terapéuticos para dejar de fumar que no han recibido autorización. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿de dónde proviene la facultad de la Comisión para “considerar” qué productos conviene introducir en nuestro mercado? ¿es por ello que permite la venta de productos directamente destinados al consumo del tabaco, pero no de los dispositivos en comento?

Resulta paradójico que la lucha de COFEPRIS contra el tabaquismo se centre en la prohibición de dispositivos que aun conteniendo nicotina (cuando el usuario así lo decide) no contienen los cientos de sustancias tóxicas del tabaco y resultan incluso menos dañinos que los tratamientos para dejar de fumar.

Como ha sido demostrado, la justificación de la restricción que pretende mantener la COFEPRIS, es insostenible. Debe señalarse también, que ha tenido el indeseado efecto de proteger a la industria tabacalera, pues en los países en que se vende este producto, las tabacaleras han sufrido importantes mermas en sus ventas.

La estrategia hasta ahora seguida al respecto, ha sido equivocada, esperamos que la COFEPRIS, tenga la sensibilidad de rectificarla.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

Primero. El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, Maestro Mikel Arriola Peñalosa, eliminar la prohibición a la importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, por no contener ni constituir estos productos un derivado del tabaco, no encontrar restricción específica de carácter legal, ni contravenir por tanto lo dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco.

Segundo. El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, Maestro Mikel Arriola Peñalosa, remita a esta soberanía copia de los estudios técnicos y científicos que en uso de sus facultades la Comisión a su cargo debió realizar para justificar la prohibición a la importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, señalando específicamente el riesgo sanitario supuestamente identificado, si este riesgo es mayor que en otros productos que actualmente se encuentran en el comercio, particularmente el cigarro y otros derivados del tabaco; o en caso de no existir estudios que avalen dicha prohibición, justifique las razones por las que ha mantenido vigente tal restricción.

Tercero. El Senado de la República exhorta la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, para que en uso de sus facultades, elabore y emita una Norma Oficial Mexicana relativa a la fabricación, componentes autorizados, características técnicas, científicas y de calidad que deben cumplir los líquidos para vaporizar, incluyendo su presentación con nicotina y sin tal componente.

Cuarto. El Senado de la República insta a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, a no asumir a los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, como tratamiento médico para dejar de fumar, sino como dispositivos de recreación personal, tal como son comercializados en otros países como los Estados Unidos de América.

Quinto. El Senado de la República solicita a la Dirección General de Aduanas levantar la restricción a la importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, por no contener ni constituir estos productos un derivado del tabaco, no encontrar restricción específica de carácter legal, ni contravenir por tanto lo dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la conveniencia de eliminar la prohibición impuesta por la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios al comercio de los dispositivos tecnológicos conocidos popularmente como cigarros electrónicos, aunque denominados por varios de los fabricantes como vapeadores o vaporizadores personales.

Se tiene presente que la restricción que hasta ahora se viene aplicando, se refiere al comercio más no a la posesión o consumo de dichos electrónicos y que ésta deriva de una interpretación de la Ley General para el Control del Tabaco, que sin embargo no es extensiva para productos de similar naturaleza, es decir, que sin contener tabaco son asociados con productos que sí lo contienen –por ejemplo pipas, narguiles o ceniceros-. En el caso del cigarro electrónico, es precisamente el hecho de que la denominación popular les ha dado una palabra estigmatizante, convirtiéndolos en una especie de marca genérica, tal como ocurre en el caso del ácido acetilsalicílico y la aspirina.

Tenemos presente además, que si bien estos dispositivos no están destinados a dejar de fumar, ni están reconocidos en ninguna parte del mundo como un tratamiento para hacerlo, es cierto también que han sido reconocidos por diversos estudios científicos como una alternativa de reducción de riesgo segura, baste citar como ejemplos que en 2006, el Consejo Americano de Ciencias y Salud (American Council onScience and Health) señaló que según estudios epidemiológicos, el uso de fuentes más seguras de nicotina y el consumo de tabaco no quemado, resulta hasta un 98% menos dañino que el fumar, que el uso de tabaco no fumado no parece un factor de riesgo o un puente de entrada para fumar, y que los fumadores estadunidenses están desinformados respecto de las bases científicas y médicas de los procesos de reducción de riesgos. Así mismo, el Dr. Michael Siegel, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Bostón, ha publicado diversos ensayos en los que reitera que la evidencia sugiere que el cigarro electrónico es mucho más seguro que los cigarros reales y resulta un aliado prometedor en la lucha contra las enfermedades y las muertes relacionadas con el tabaco.

En este sentido y considerando que a nivel mundial cada año mueren aproximadamente 6 millones de personas a consecuencia del tabaco y que en México las enfermedades isquémicas del corazón (relacionadas con el tabaquismo) son la principal causa de mortalidad; consideramos viable y oportuno que la COFEPRIS revise y revierta la prohibición al comercio de estos dispositivos.

Así mismo, consideramos, como lo hace también el proponente, que los cigarros electrónicos no caben en la restricción contenida en la fracción IV del artículo 16 de la Ley General para el control del Tabaco, que prohíbe:

“Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”.

Hemos de señalar quesegún la misma ley, se entiende por elemento de la marca al “uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, rúbricas o cualquier tipo de señalización visual o auditiva, que identifique a los productos del tabaco”,cuestión que no se actualiza, pues los dispositivos que están en el comercio en otros países no obtienen un aprovechamiento indebido de las marcas registradas por cualquier tabacalera.

Así mismo consideramos que el diseño e incluso los empaques de la mayoría de los dispositivos ofertados, se ha alejado ya de emular al del cigarrillo; ciertamente las primeras generaciones de estos aparatos parecían un cigarrillo de tabaco, pero éstos son sólo un segmento del universo en oferta.

II.-El cigarro o vaporizador electrónico encuentra diferencias fundamentales frente al cigarro de tabaco, de entre las que destacamos las siguientes:

a) El cigarro basa su funcionamiento en la combustión del tabaco, mientras que el vaporizador electrónico convierte en vapor el líquido que le es agregado;

b) El producto de la combustión del cigarro es humo que es aspirado por el fumador; el del vaporizador electrónico es vapor.

c) Los estudios de cromatografía de gases hechos en los cigarros, han detectado aproximadamente cuatro mil elementos, de los cuales cientos de ellos resultantóxicos, irritantes, cancerígenos y carcinógenos, destacando la presencia de los siguientes:

a. Precursores del Cancer:

• Hidrocarbonos Aromáticos Polinucleares (Benzopirenos).

• Nitrosaminas

• Aminas aromáticas

• Aminas N-heterocíclicas

• Aldehídos

• Arsénico

• Cromo

• Polonio 210 (emisor de partículas radioactivas alfa)

• Benceno

• Vinil clorhídrico

• Acrifamida.

b. Causantes de adicción:

• Nicotina

c. Precursores de enfermedades cardiovasculares:

• Monóxido de Carbono

• Óxido de Nitrogeno

• Benzopireno

• Hidrógeno de cianuro

• N-Nitrosaminas

• Aminas Aromáticas

• Cadmio

d. Precursores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

• Hidrogeno de Cianuro

• Óxido de Nitrógeno

• Aldehídos Volátiles

• Monóxido de carbono

• N-Nitrosaminas

• Aminas Aromáticas

d) Según un estudio de cromatografía de gases y de espectometria de masas realizado por la Administradora de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América, a tres modelos de cigarros electrónicos, se encontró lo siguiente:

a. Presencia de nicotina, elemento causante de adicción, incluso en líquidos que señalaban no contener ese elemento.

b. Presencia de nitrosaminas en una concentración similar o incluso menor a lo encontrado en parches o chicles de nicotina (0.008 microgramos por kilogramo).

c. No se encontraron otras sustancias tóxicas o adictivas.

De lo anterior, podemos concluir lo siguiente:

1. Es necesario imponer un mayor control de calidad en los líquidos para vaporizar, especialmente en lo tocante al contenido de nicotina y su concentración.

2. Si bien es cierto que se encontraron nitrosaminas en el vapor de los cigarros electrónicos, también es cierto que la concentración fue mínima. Hemos de recordar que un cigarro tiene entre 3365 y 11190 microgramos de nitrosaminas por kilogramo y que para productos de consumo humano, internacionalmente se acepta una cantidad máxima de 4 microgramos de nitrosaminas por kilogramo, como una cantidad “segura”. El líquido que utilizan los cigarrillos electrónicos contiene 0,008 microgramos de 8 nitrosaminas provenientes del tabaco, es decir está 250 veces por debajo de los niveles aceptados como “seguros”.

Las Nitrosaminas son sustancias que se encuentran comúnmente de forma natural en muchos productos o que se causan por la forma de preparación de los mismos. Es así que encontramos nitrosaminas en el cerdo, el pescado, las carnes frías jamones, chorizos, salchichón, etc), la cerveza, los biberones de los bebes, y muchísimos otros productos de uso cotidiano.

Uno de los argumentos dados por funcionarios de la COFEPRIS para argumentar la inconveniencia de permitir la venta de cigarros electrónicos en México, estriba en que se desconoce el contenido del líquido para vaporizar, sin embargo lo cierto es que se conoce mucho más de la composición del vapor de los cigarrillos electrónicos que del humo del cigarro. Así mismo, se considera facultad de la COFEPRIS la realización de dichos estudios, o en su caso, como ocurre con muchos otros productos, el aval de lo señalado por la FDA de los Estados Unidos.

Por lo que toca al contenido de nicotina, dicho elemento no ha sido ocultado al consumidor. Cabe señalar además que en Gran Bretaña, el Royal College of Physicians ha denunciado lo que nombra las “irracionales e inmorales” regulaciones que inhiben la introducción de alternativas más seguras de dispositivos de suministro de nicotina, advirtiendo que “La nicotina en sí no es especialmente peligrosa”, y que “Si la nicotina pudiera ser proporcionada de forma que sea aceptable y eficaz como un sustituto del cigarrillo, millones de vidas podrían ser salvadas.”

III.- Esta Dictaminadoraconsidera que mantener vigente la prohibición del cigarro electrónico para su comercio favorece la dominancia del cigarro y otros productos de tabaco; efecto que ninguno de los organismos del Estado desea. Considera también que no es necesario establecer políticas paternalistas que de manera subjetiva decidan que producto puede o no adquirir un consumidor. No hay evidencia de que los cigarrillos electrónicos alguna vez hayan hecho daño a nadie, o que los jóvenes o los no fumadores hayan comenzado a utilizar los productos.

Por lo anterior, los integrantes de la Segunda Comisión hacemos propia la solicitud del Senador proponente, en el sentido de:

1. Requerir a la COFEPRIS y a la Dirección General de Aduanas, eliminar la restricción al comercio de los cigarros o vapeadores electrónicos.

2. Solicitar información sobre los estudios realizados por la COFEPRIS para justificar la imposición de una restricción al comercio de un producto específico.

3. La elaboración de una Norma Oficial Mexicana relativa a la fabricación, componentes autorizados, características técnicas, científicas y de calidad que deben cumplir los líquidos para vaporizar.

4. La consideración de los Cigarrillos o Vaporizadores electrónicos como dispositivos de recreación personal.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, así como a la Dirección de Aduanas a revisar las condiciones de importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, con el fin de determinar si es posible autorizar su importación, comercialización y distribución, toda vez que estos productos no son derivados del tabaco y no contravienen lo dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, remita a esta Soberanía copia de los estudios técnicos y científicos que justifican la prohibición a la importación, comercialización y distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, señalando específicamente el riesgo sanitario supuestamente identificado o si así lo considera proceda a la realización de dichos estudios.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, para que en uso de sus facultades, considere la actualización del marco normativo relativo a la fabricación, componentes autorizados, características técnicas, científicas y de calidad que deben cumplir los líquidos para vaporizar, incluyendo su presentación con nicotina y sin tal componente.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, a valorar el uso de los dispositivos conocidos como vaporizadores personales o cigarros electrónicos en el tratamiento médico para dejar de fumar y eventualmente se les pueda considerar como dispositivos de recreación personal, tal como son comercializados en otros países como los Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre los resultados en los años en que se ha aplicado la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, entre los años 2006 al 2013.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdopor el que se solicita a la secretaría de educación pública a rendir a un informe detallado de los resultados de la evaluación nacional de logro académico en centros escolares (enlace).

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19de junio de 2013, el Senador Mario Delgado Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

La educación, además de ser un derecho fundamental, es una exigencia ciudadana para contar con un país mejor en lo individual y en lo colectivo.

Nuestra apuesta, la de todos los mexicanos y mexicanas, tiene que ser por la educación.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley General de Educación, la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), elaborada por la SEP, es una política pública que en sus seis años de implementación, representa una herramienta de consulta para la sociedad; además, permite precisar la aplicación de planes y programas educativos.

Su objetivo es conocer en qué medida los estudiantes de educación media superior son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias disciplinarias básicas de los campos de Comunicación y Matemáticas adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar.

El 10 de junio de 2013, el Secretario de Educación Pública, Emilio ChuayffetChemor, aseguró que el futuro de la Evaluación ENLACE está por definirse con el inicio de la Reforma Educativa, lo que significa que podría eventualmente desaparecer.

Asimismo señaló que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), será el órgano autónomo que decida el tipo de evaluación que se hará a alumnos y personal docente.

A partir de las declaraciones del Secretario de Educación Pública, resulta necesario analizar la posible desaparición de la prueba ENLACE, y las acciones que se van a tomar para la implementación de una nueva prueba.

Por lo anterior, resulta indispensable establecer criterios de medición fehacientes, que derivado de los resultados de la prueba definan si es necesario a partir de ellos, hacer modificaciones a los contenidos de los programas educativos, con el fin de mejorar la calidad de la educación, la transparencia y mejora con la toma de decisiones de las autoridades educativas.

Por otra parte, es importante tener en cuenta la contextualización social y cultural de los sujetos de evaluación.

A su vez, es necesario plantear los beneficios que traería consigo la implementación de una nueva prueba, así como la manera en la que se medirán los resultados,con el fin de identificar las necesidades de infraestructura, materiales, y servicios educativos, desarrollo profesional e incentivos para una mejor educación.

En este sentido, se propone que la evaluación sea un proceso constante, que tenga en cuenta todos los elementos que influyen en la educación, con una medición eficiente que aporte mejoras al sistema educativo

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a rendir a un informe detallado de los resultados en los años en que se ha aplicado la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), que incluya un apartado de cuáles han sido las medidas que se han tomado, derivadas de los resultados de la prueba, con el fin de aportar mejoras al Sistema Educativo Nacional.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública informe si se prevé algún mecanismo para sustituir la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), aplicada a los planteles públicos y privados del país.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito debido a que, es importante para la evaluación de la educación en nuestro país, la aplicación de la prueba ENLACE, ya que permite reunir información muy valiosa para identificar los aprendizajes que las alumnas y alumnos han construido con el apoyo de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que se les dificultan. Asimismo esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del centro escolar y el de las áreas educativas. Gracias a la información que aporta ENLACE es posible seguir consolidando la educación de calidad que requiere México.

La prueba ENLACE es un examen que el Sistema Educativo Nacional aplica en planteles públicos y privados de todo el país a alumnos de diferentes grados de educación.

El examen, dirigido a la educación básica, se realiza a alumnos de tercero y sexto grado de primaria, y de primero, segundo y tercer año de secundaria.

La prueba ENLACE no es utilizada como método de evaluación de los alumnos; sólo sirve como indicador sobre el dominio de los temas que se exploran para enfocar políticas públicas de acuerdo con los resultados.

Los resultados de las pruebas muéstrales proveen información útil a las autoridades, investigadores, tomadores de decisiones de política pública, pero para los docentes, alumnos y padres de familia, estos resultados sólo tienen un valor estadístico, especifica un manual de explicación de la SEP sobre el examen.

II.- Esta Dictaminadora considera que los procesos que respaldan la política educativa son de suma importancia; la prueba ENLACE es un instrumento que constituye una serie de procesos tanto de evaluación de resultados como de calidad educativa y por lo tanto, la transparencia de los procedimientos que se llevan a cabo en estos procesos, deben ser custodiados por la sociedad para su efectividad y cumplimiento de objetivos. 

Creemos necesario plantear los beneficios que traería consigo la implementación de una nueva prueba, así como la manera en la que se medirán los resultados, con el fin de identificar las necesidades de infraestructura, materiales, y servicios educativos, desarrollo profesional e incentivos para una mejor educación.

Como sabemos, ENLACE es el instrumento censal de diagnóstico más importante que existe en nuestro país, se aplica en educación básica para evaluar las asignaturas de español y matemáticas y una tercera materia rotativa. En educación media superior se aplica para evaluar en qué medida los jóvenes que egresan de educación básica son capaces de hacer transferencia y aplicación de conocimientos y habilidades a la vida cotidiana.

Como legisladores, comprometidos con la calidad de la educación en México, consideramos a la Prueba ENLACE a nivel nacional una ayuda al análisis de datos y estadísticas educativas para diagnosticar qué es lo que se necesita reforzar a nivel nacional, estatal y municipal. Además, es un valioso instrumento que mide el conocimiento en resultados de aprendizaje y de esta manera evaluar también el desempeño docente.

La educación únicamente puede aumentar su calidad si es evaluada y diagnosticada, y no sólo de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa también. Es importante finalmente, establecer objetivos a partir de las evaluaciones para que éstos sean únicamente de mejora en indicadores clave de aprendizaje escolar.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso en la mejora de la calidad educativa. Reiterando la importancia de la evaluación como uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, deben ser más conscientes de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a rendir a un informe detallado de los resultados en los años en que se ha aplicado la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), entre los años 2006 al 2013, que incluya un apartado de cuáles han sido las medidas que se han tomado, derivadas de los resultados de la prueba, con el fin de aportar mejoras al Sistema Educativo Nacional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública informe si se prevé algún mecanismo para sustituir la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), aplicada a los planteles públicos y privados del país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas necesarias para prevenir y en su caso sancionar los casos de violencia laboral y psicológica de que pudieron ser objeto los médicos residentes adscritos a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás prestadores de servicios de salud que integran al Sistema Nacional de Salud a tomar las medidas urgentes para poner fin a la grave violencia laboral, psicológica y emocional que se practica contra los médicos residentes, en respeto, tanto de sus derechos humanos, como del derecho a la salud de los mexicanos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, la Diputada AleidaAlavez Ruiz y el Diputado Carlos Reyes Gámiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“La salud es un derecho humano previsto en el artículo 4º. Constitucional, a cuya realización coadyuvan los médicos como elemento sustancial.

La Ley Federal del Trabajo, establece que los médicos residentes son trabajadores, y consagra un capítulo especial en su tutela, concretamente señala que, el médico residente, es un profesional de la medicina con Título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora.

Quise comenzar así este punto de acuerdo, ya que mientras la legislación laboral les reconoce su dignidad y derechos, en la práctica, se les da a los residentes un trato de semi esclavos.

A contracorriente de la cultura de los derechos humanos que en nuestro país cobra cada vez más fuerza, el trabajo de los residentes médicos ha quedado a la zaga, pues éstos reciben tratos crueles e inhumanos y sufren una explotación laboral que quizás no tenga parangón, lo que es inadmisible ya que en las residencias médicas se forman los futuros especialistas que tendrán en sus manos la vida y salud de todos los mexicano Pero además, por una mal entendida e ilegal tradición, los médicos se protegen unos a otros sin importar la gravedad de los hechos que se les imputen a alguno de ellos, razón por la que ha tardado en salir a la luz esta espeluznante situación. Si no se remedia esto, sólo irá en demérito de la credibilidad social sobre la profesión médica.

En las instituciones hospitalarias, que deberían ser ejemplo de humanismo, las y los médicos titulados, que acceden a una residencia en su afán de superarse profesionalmente en bien propio y de nuestro país, estudiando una especialidad, reciben, por una costumbre añeja, una violencia constante, que se traduce en una explotación laboral inconcebible, insultos, humillaciones, amenazas, incluso hasta golpes y, por encima de toda una misoginia que resulta intolerable y alarmante; en contradicción, con una profesión que teóricamente debería tutelar los más altos valores humanos, comenzando por los propios médicos.

A los residentes, se les niegan los descansos, muchas veces se les tienen parados todo el día, no se le permite ingerir sus alimentos, se les impide dormir, y hasta satisfacer sus necesidades fisiológicas, entre otros tormentos. Esto a cambio de míseros salarios.

Violencia, que no sólo es ejercida por los médicos sino por los residentes de mayor antigüedad, con la complicidad de éstos. La frase, que usan para arrinconar a estos jóvenes médicos, es “si no sirves, vete”. Con las mujeres usan adicionalmente otras, “estás fea”, “ya estás vieja”; sumado al hostigamiento, no sólo laboral, sino sexual, como norma permanente. Lo que ocasiona que pocas mujeres concluyan sus estudios de especialidad. En concreto, las mujeres, son objeto de humillaciones y obstáculos por su sola calidad de mujeres.

Al respecto los residentes, han referido que los médicos “con mayor experiencia”, les dicen, que este innombrable trato es normal, y que el aceptarlo es parte de su capacitación para ejercer la medicina, “que les forma carácter”. Esto es una burla a la lógica y a los más elementales principios del humanismo, y de la eficiencia en los servicios médicos.

Este maltrato afecta la salud física y psicológica de los residentes, y además lleva, a que muchos de estos jóvenes, que serían de enorme valor para impulsar una salud de calidad entre nuestro pueblo, deserten. Algunos señalan, que esto es uno de los propósitos de fondo, pues los médicos ya experimentados, de esta manera se quitan competidores en el ejercicio de la profesión, también coadyuva a que las empresas farmacéuticas encuentren unos médicos dóciles, y finalmente a que el Estado y los empresarios de la salud obtengan los dividendos de esta explotación sin nombre.

En todo hospital público o privado esto no debe tolerarse, pues aparte de lo dicho, se afecta la dignidad de las personas, esencia de sus derechos humanos. Pero sobre todo en las instituciones públicas, no se debe permitir que los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, del pueblo de México, sean usados para realizar estos verdaderos delitos.

Por otra parte, los maltratos crueles, las descalificaciones, comienzan desde las facultades de medicina. Siendo evidente, que esta violencia inhumana, es causa suficiente para despedir justificadamente, a estos médicos y residentes.

En general, los hechos que denunciamos en este punto de acuerdo, no sólo se deben evitar a futuro, sino que las instancias competentes deben llevar a cabo las investigaciones necesarias para el deslinde de responsabilidades, incluidas las de carácter penal, contra las autoridades, los médicos y residentes implicados.

El derecho a la salud de todos los mexicanos, exige hacer realidad el derecho de las y los médicos residentes a un ambiente libre de hostigamiento sexual y en general de violencia. Pues los doctores, como el resto de mexicanos está tutelado al estado de derecho y deben ser respetados; los médicos residentes son trabajadores y deben acceder a los mínimos derechos humanos laborales.

Finalmente, tomemos en cuenta, que esta deleznable situación, puede ocurrirle a cualquier ser querido que opte por la carrera de medicina.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente, exhorta a los titulares de las secretarías de salud, federal y de las entidades federativas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, demás prestadores de servicios de salud que integran al Sistema Nacional de Salud, a que tomen las medidas urgentes para poner fin a la grave violencia laboral, psicológica y emocional que se practica contra los médicos residentes, en respeto, tanto de los derechos humanos de éstos, incluidos los de carácter laboral, como del derecho a la salud de los mexicanos. Igualmente, en su caso, inicien las investigaciones que procedan para el deslinde de responsabilidades.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a todas las instituciones de educación superior del país, para que en respeto a su autonomía, tomen las medidas necesarias para evitar igualmente estos maltratos en contra de las y los estudiantes de la carrera de medicina, preservando en todo momento sus derechos humanos.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que inicie una investigación de oficio sobre la violencia a sus derechos humanos que sufren en el país los médicos residentes”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito al considerar que toda violación a los derechos humanos y laborales, así como todo menoscabo a la dignidad de las personas es inaceptable y debe ser sancionado conforme lo establece nuestra legislación nacional.

Fue precisamente ésa lógica la que dio origen a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que supuso un nuevo paradigma en la tutela y protección de los derechos humanos en nuestro país.

El artículo 1º de nuestra Ley Fundamental establece, incluso desde antes de la reforma de 2011, que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

II.- La proposición que se analiza plantea como problema de fondo un fenómeno reiterado de conductas de violencia laboral, psicológica y emocional de que han sido víctimas médicos residentes adscritos a las instituciones de salud que integran el Sistema Nacional de Salud, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las secretarías de salud federal y de las entidades federativas, por parte de médicos de superior rango jerárquico, así como de otros residentes de mayor antigüedad.

Tales actos de violencia, según señala la proposición, consisten en abusos que van desde maltratos laborales tales como negarles descansos, impedirles consumir alimentos, dormir o satisfacer necesidades fisiológicas, hasta humillaciones, amenazas, acoso sexual, e incluso violencia física.

A juicio de esta comisión, tales conductas, de resultar ciertas, encuadrarían en la descripción de hostigamiento contenida en el artículo 3° Bis de la Ley Federal del Trabajo, que en su inciso a) lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”.

En ese sentido vale la pena agregar que, tal y como lo señala la proposición, la propia Ley Federal del Trabajo contempla un capítulo específico relativo a los médicos residentes, a saber, el Capítulo XVI denominado “Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad”, contenido en el Título Sexto “Trabajos Especiales”.

Dentro de dicho capítulo destaca -en lo que interesa para la materia de la proposición-el artículo 353-E que establece textualmente:Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos”.

Es decir, la Ley Federal del Trabajo reconoce a los médicos residentes como trabajadores, es decir, como una de las partes de la relación laboral en términos del contrato respectivo, por lo que son sujetos de los derechos y obligaciones que establece dicho ordenamiento.

III.- En el anterior orden de ideas, es necesario recordar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1° constitucional, que a la letra establece: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Conforme a la anterior disposición, queda clara la obligación de las autoridades aludidas en la proposición, -IMSS, ISSSTE, así como las instancias responsables del ramo de la salud en el ámbito federal y local- de llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a investigar cualquier vulneración a los derechos humanos y laborales cometida en contra de los médicos residentes que prestan sus servicios en dichas instituciones, así como de sancionarlas en caso de que sean acreditadas.

En tal sentido, esta Segunda Comisión comparte la preocupación de los proponentes por la probable comisión de este tipo de conductas al seno de las instituciones que prestan servicios de salud, máxime tratándose de instituciones públicas que por la naturaleza misma de sus funciones y fines debieran ser, como bien señalan los proponentes, ejemplos de humanismo.

IV. Ahora bien, esta comisión dictaminadora considera que a pesar de la importancia del tema, la proposición en estudio realiza una denuncia de un fenómeno generalizado pero sin referirse a caso específico alguno, por lo que resulta complicado dar por cierta la existencia de tales eventos y más aún la aseveración de que se trata de un fenómeno generalizado en las instituciones de salud, sin más elementos de convicción que los dichos de los proponentes.

Por tal motivo, la Segunda Comisión considera que de aprobarse en sus términos la proposición, la Comisión Permanente emitiría un juicio de valor sin los elementos suficientes para sustentarlo. No obstante, también es criterio de esta Comisión que al no contar con suficientes elementos de convicción, tampoco es posible afirmar la inexistencia de los hechos denunciados, por lo que de resultar ciertos, la Comisión Permanente incurriría en omisión sobre un asunto del que tuvo noticia.

Así pues, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente modificar los resolutivos con el fin de no soslayar un asunto de la relevancia del que nos ocupa, sin que con ello se emitan juicios de valor que eventualmente puedan resultar infundados.

Cabe señalar además que conforme lo establece el artículo 7° de la Ley General de Salud, la coordinación del Sistema Nacional de Salud está a cargo de la Secretaría de Salud, y en tal carácter una de sus atribuciones –establecida en la fracción XI de dicho numeral- es la de “Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud”, por lo que esta Comisión considera adecuado emitir el exhorto correspondiente a dicha dependencia, con el objetivo de que las acciones de prevención y en su caso sanción, sean llevadas a cabo por las instituciones de salud de manera coordinada en el marco del Sistema Nacional de Salud, en lugar de emitir un exhorto por separado a cada una de ellas, en cuyo llevarían a cabo dichas acciones de manera independiente.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, adopte las medidas necesarias para prevenir y en su caso sancionar los casos de violencia laboral y psicológica de que pudieren ser objeto los médicos residentes adscritos a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de los derechos humanos, para que inicien una investigación de oficio sobre la violencia a los derechos humanos que sufren en el país los médicos residentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del reporte anual sobre México 2012 que presentó Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del presente año.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del reporte anual sobre México 2012, que presentó la organización no gubernamental Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del presente año.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de junio de 2013, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El pasado mes de mayo del año en curso, la organización no gubernamental Amnistía Internacional presentó su Reporte Anual sobre México 2012 [1], en el cual se señala que durante el sexenio pasado se hizo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos de manera generalizada, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad.

El reporte en comento, menciona que el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en diciembre del año pasado de la administración anterior, según Amnistía Internacional, un país con más de 60,000 personas muertas y que 150,000 se convirtieron en desplazadas a causa de la violencia asociada con la delincuencia organizada, y por lo menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas que se desconoce su paradero [2].

Asimismo, se menciona que los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en contubernio con funcionarios públicos; aunado a este tema se destaca que el sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias, y por lo tanto el 98% de los delitos quedaban impunes, también se subraya que la población indígena tenía el riesgo de ser sometida a procedimientos penales injustos [3].

También se hace referencia al tema de los migrantes, los cuales fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de personas [4]. En cuanto a los periodistas, el año pasado al menos nueve murieron de manera violenta y decenas más sufrieron ataques e intimidación [5], a este respecto debemos recordar que se estableció por ley un mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

El informe en comento, menciona que la violencia contra mujeres y niñas era generalizada, y a consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar [6].

En materia de seguridad pública el reporte de Amnistía Internacional destaca que miembros del ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas, a este respecto, el gobierno del sexenio pasado, se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales.

El Reporte acentúa que la impunidad era generalizada, por lo que el resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso o inexistente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- recibió 1,921 denuncias contra las fuerzas armadas y 802 contra la Policía Federal; a lo largo del año 2012 se formularon 21 recomendaciones al ejército y la armada y 9 a la Policía Federal; el informe también señala que no se disponía de información pública sobre los policías procesados y condenados por violaciones de derechos humanos [7].

Respecto a la detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, Amnistía Internacional menciona que se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios, al respecto la CNDH informó que recibió 1,662 denuncias de tortura y malos tratos durante el año 2012, y que no se impusieron condenas por tortura durante el año en cita [8].

Según Amnistía Internacional menciona que los agentes federales y estatales del ministerio público recurrieron de forma habitual a la detención preventiva sin cargos conocida como arraigo para recluir a sospechosos hasta 80 días mientras se llevaba a cabo la investigación. El arraigo socavaba seriamente los derechos de las personas detenidas, al suponer una notable restricción de su acceso a abogados, familia y atención médica y crear así una situación en la que eran habituales las denuncias de tortura y malos tratos. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió la eliminación del arraigo. Sin embargo, sólo se eliminó en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán [9].

Por otra parte y aunado a lo anterior, resulta importante destacar que en el Pacto por México [10], que suscribieran el Presidente de la República junto con los partidos políticos Partido Acción Nacional -PAN-, Partido Revolucionario Institucional -PRI-, Partido de la Revolución Democrática -PRD- y el Partido Verde Ecologista de México -PVEM-, se estipula que los derechos humanos se consolidarán como una política de Estado, a través de un Programa de Derechos Humanos, cuya plataforma se basará en la reciente reforma constitucional, en los tratados que México ha registrado y en las necesidades apremiantes que demanda la población.

De esta forma y con base en el Reporte Anual sobre México, que presentó Amnistía Internacional, los Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, nos pronunciamos a favor de una cultura de los derechos humanos, en la cual todos los mexicanos y mexicanas, estemos protegidos, sin temor alguno, ya que sabremos de antemano que nuestros derechos humanos, son normas eficientes y respetables y que nadie ni nada las pueda quebrantar.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-, a emitir una opinión acerca del Reporte Anual sobre México 2012, que presentó Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del presente año”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente tenemos pleno conocimiento de que el día 23 de mayo de 2012, se presentó el “Informe anual 2012. El estado de los derechos humanos en el mundo” de Amnistía Internacional, comprendido entre enero y diciembre de 2011.

Dicho informe analiza el asesinato y secuestro de ciudadanos a mano de los cárteles de la droga y como secuela de la actuación de la Policía y fuerzas de seguridad. Señala que se ha hecho caso omiso de reportes que hablan sobre violaciones graves a los derechos humanos en México como torturas o desapariciones forzadas, por parte del ejército.

En ese mismo informe se reportan 1.695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina.

Junto a ello, señala avances lentos para la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales y se su posible colusión con organizaciones delictivas, incluso en casos como homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales.

También se menciona abusos graves hacia los migrantes irregulares que atravesaban México tales como secuestro, violación y homicidio. Amnistía Internacional afirma que no se han adoptado medidas efectivas para prevenir o investigar estas violaciones graves.

En un apartado del informe menciona “Las autoridades no recabaron datos suficientes sobre los abusos para facilitar las investigaciones que llevaban a cabo los familiares de los migrantes desaparecidos. Las familias de migrantes centroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el país para exigir que se adoptasen medidas destinadas a localizar a sus familiares y para poner de relieve la suerte que habían corrido muchos migrantes”.

Advierte que como consecuencia de diversos ataques e intimidación contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la delincuencia y la seguridad pública es escasa o prácticamente inexistente.

Por lo mismo el Estado Mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad en pleno goce de la libertad de expresión y opinión que se ha visto fuertemente comprometido en este contexto.

Por otra parte, Amnistía Internacional menciona que más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011, además de que las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir ese año.

Actualmente se presentan diversas y graves las denuncias que se señalan en análisis de la CNDH que reportan los asesinatos de al menos veintisiete defensores de derechos humanos entre enero de 2005 y mayo de 2011.

La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos estados y los responsables siguieron eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos, aun y cuando cualquier forma de violencia debe ser prevenida, en su caso reprimida y punible, haciéndolo un asunto de interés público, ya que el Estado debe ponderar la integridad física y todo lo que esto conlleva.

En resumen, Amnistía Internacional informa que se han incumplido o adoptado medidas insuficientes para garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas.

II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron el informe en análisis con base en que garantizar un Estado de Derecho y principalmente la seguridad de la población como obligación ineludible del Estado de conformidad con la Constitución Política consignado en el artículo 21.

Hoy más que nunca, resulta imprescindible garantizar los derechos constitucionales en materia de Derechos Humanos, en especial aquellos referentes a la protección de la ciudadanía a través del uso legítimo de la fuerza.

Por lo mismo, no debemos de detener los instrumentos que expongan al escrutinio público la Seguridad Pública y en caso de duda razonable difundir e investigar ampliamente las acciones llevadas a cabo.

Quienes signamos el presente dictamen, creemos firmemente que dichas acciones policiales nos conducen a solicitar en todo momento que se especifiquen los métodos bajo los cuales debe actuar el agente o la corporación policial.

Estimamos conveniente que en relación a las enormes facultades de la actuación policial se mencione cuáles son los resultados del desempeño de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad pública.

Los que signamos este dictamen creemos firmemente en que el grado de dificultad de la actividad referida, pero no se encuentra exenta de protocolos de actuación que permitan protección de la población y de ejercicios legales.

Vale la pena recordar que la Suprema Corte ya ha reconocido el análisis de la legitimidad del uso de la fuerza pública, verificar la legitimidad de la acción de fuerza.

Es oportuno para cualquier Estado verificar la regularidad de la intervención de la policía y al analizar las acciones tomadas luego de haber intervenido con fuerza; podremos afirmar que fueron en atención a los deberes positivos que imponen al Estado los derechos humanos.

III.- Desafortunadamente, en el tema de los migrantes existe un bajo índice de denuncia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11,333 víctimas.

La violencia creciente contra migrantes tiene ejemplos sumamente trágicos como lo sucedido en agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, a 160 km de la frontera y sobre la costa del Golfo de México, en el que un grupo de 72 migrantes fueron asesinados en una masacre atribuida a la delincuencia organizada.

Asimismo, el caso de los 183 cadáveres en 40 fosas clandestinas que se presumen viajeros que iban rumbo a ciudades fronterizas con Estados.

Creemos que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de violencia en perjuicio de la población migrante, lo que podría desembocar en un incremento de violaciones a los derechos humanos.

Quienes signamos el presente dictamen, nos pronunciamos para que exista un mayor compromiso por parte de las autoridades encargadas para proteger y vigilar que no sucedan delitos como el secuestro, trata y tráfico de personas quienes se desplazan hacia Estados Unidos.

Es oportuna cualquier denuncia o solicitud a la autoridad migratoria a que atienden con prontitud cualquier denuncia por presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de la delincuencia organizada o por abusos de autoridad.

Cabe mencionar que diversas instancias como el Banco Mundial reconoce como el mayor corredor migratorio del mundo la frontera México-Estados Unidos, con más de medio de millón de cruces al año.

De acuerdo al CONAPO, del 85% de los migrantes repatriados indico que su destino era los Estados Unidos de América, y de acuerdo a la SRE, el número de eventos de cruce a territorio nacional en la frontera sur es de 150 mil al año.

El fenómeno de la migración es un tema de prioridad para el Estado mexicano y es junto a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos indocumentados, así como de aquellos que tienen que transitar por nuestro país.

Es nuestra obligación permanecer vigilantes de la situación de los migrantes en vulnerabilidad ante los ataques indiscriminados de la delincuencia organizada. En diversas conferencias la CNDH ya ha advertido que en materia de secuestros deaumentó la cifra de estos actos delictivos.

Creemos urgente que se investiguen y se atiendan las diversas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes que han ocurrido en el país y que se explique la metodología por la que se reciben las quejas y cómo se canalizan a diversas autoridades.

IV. No nos es indiferente el hecho de que en México nos hemos enfrentadoa una situación crítica de violencia e inseguridad que ha comprometido la integridad de los periodistas y en contra de quienes difunden información, ideas y opiniones.

Es nuestra obligación garantizar que en primer lugar los agentes de seguridad no cometan actos de violencia contra periodistas, sino que también se prevengan las agresiones provenientes de particulares o delincuentes.

Tenemos además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia.

Compartimos las preocupaciones vertidas por los proponentes respecto al clima de violencia contra los medios de comunicación y los periodistas en México. El periodismo ha sido un pilar importante en el desarrollo social del país y una figura relevante dentro de la comunidad internacional.

Creemos que se ha realizado muy poco para responder de manera cabal a las denuncias presentadas por actos violentos contra los periodistas y es importante fortalecer la seguridad ante los constantes abusos que comienzan a solicitar el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas en México.

V. Tenemos conocimiento además, que se han presentaron ante la CNDH y otros organismos no jurisdiccionales más de 523 denuncias por amenazas, hostigamiento y ataques contra los activistas que trabajan en México, de las cuales solo 103 llegaron a instancias judiciales, el 19,7% del total.

Tenemos la plena seguridad de que dichas cifras representan una vulnerabilidad al sistema de protección a los derechos humanos por existir violencia en contra de una parte fundamental de la consolidación de un correcto Estado de Derecho.

Los defensores de los Derechos Humanos actúan en favor de distintos tipos de derechos como el de la alimentación, agua y el nivel más alto posible de salud, entre sus obligaciones destacan la defensa por los derechos de grupos específicos de personas como, por ejemplo, los derechos de la mujer, la niñez o los indígenas.

Sabemos que su intensa participación en la lucha a favor de los derechos humanos, los ha expuesto en di