Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 22 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Junio de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- Del C. Diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, por la que informa de las sustituciones de los Consejeros del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se aprueba el Acuerdo por el que se designa a los Consejeros del Poder Legislativo del grupo parlamentario del PVEM, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral; Del C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, que remite el informe de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6 y 7 de junio del año en curso, en La Habana, Cuba; Del C. Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de junio de 2013. Se aprueba.

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa. Interviene al respecto el C. Diputado Ricardo Monreal Avila. Rinde protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia. Interviene al respecto el C. Diputado Ricardo Monreal Avila. Rinde protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile. Intervienen al respecto los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Roberto Carlos Reyes Gámiz. Rinde protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina. Interviene al respecto el C. Diputado Ricardo Monreal Avila. Rinde protesta de ley.

COMUNICACION

- De la Primera Comisión, en relación con el turno de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que requiere a la Comisión Permanente convocar a sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados. Se considera de urgente resolución. Se pone a discusión el proyecto de Decreto, que propone la Mesa Directiva, por el que la Comisión Permanente convoca a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar sesión extraordinaria. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Diputado Ricardo Monreal Avila, Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Diputado Luis Alberto Villarreal García, Senador Armando Ríos Piter y Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. No se aprueba. Se comunica esta resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

LEGISLATURAS

- Las de los Congresos de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas con los que remiten su resolución al proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad religiosa. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Diputado Ricardo Monreal Avila, Senador Armando Ríos Piter y Diputado José González Morfín.






























































































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:33 horas)Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, señoras legisladoras y legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 29 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 19 de junio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DOCE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintiún minutos del miércoles doce de junio de dos mil trece, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles cinco de junio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 123, Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2013.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un permiso.- Se turnó a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud de cancelación.

 

Se recibió del Instituto Federal Electoral, el Libro Blanco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Se remitió a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se adiciona el artículo 4o-c a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Durango, proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Durango, proyecto de Decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de los integrantes de la Primera Comisión, oficio por el que solicitan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados información para fijar la fecha de apertura de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, que permita el cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.- Quedó de enterado. Se notificó a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, informe de la gira de trabajo que realizó la Comisión de Pesca, los días 16 a 18 de mayo del año en curso, en el Alto Golfo de California.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y del Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º y 3º de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre propio y de la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputados Alfonso Durazo Montaño, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción vii al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 72 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código de Justicia Militar y del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Raudel López López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Gabriel Gómez Michel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 47 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3 Bis, 4, 7, 8, 11 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta y Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Quedaron de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos.- Fue aprobado por 29 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.- Fue aprobado por 25 votos en pro y 1 abstención. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.- Fue aprobado por 26 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede dos permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el Gobierno de la Santa Sede.- Fue aprobado por 26 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que solicita al Secretario de Gobernación presente un informe sobre la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional.

2) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han realizado, para que formulen la iniciativa de ley en materia de participación ciudadana y para que establezcan comisiones legislativas de participación ciudadana, a efecto de avanzar en la creación de un marco jurídico nacional.- Intervino el Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar la posibilidad de constituir un banco de alimentos que funcione a nivel nacional para contribuir a erradicar el hambre en México.

4) Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad pública, urgente y permanente, para toda la Ciudad de México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros.

5) Por el que la Comisión Permanente reconoce el trabajo y trayectoria de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y solicita a las autoridades correspondientes le proporcionen todas las medidas de seguridad que sean suficientes para salvaguardar su vida e integridad.

6) Que exhorta al Gobierno Federal a implementar las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión.

7) Que exhorta al Gobierno Federal a emitir el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

8) Que solicita al Poder Judicial del estado de Hidalgo informar sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el Municipio de Progreso de Obregón, integrantes del "Movimiento por la dignidad de Progreso".

9) Que exhorta al Poder Judicial de los estados y del Distrito Federal a elaborar e implementar protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas y comunidades y pueblos indígenas de sus respectivas jurisdicciones.

10) Que exhorta al Secretario de Gobernación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre los indicadores utilizados para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por entidad federativa.

11) Que exhorta al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero se conduzca con estricto apego al debido proceso, en el juicio de amparo iniciado por la Administración Portuaria integral Acapulco, S.A. de C.V. contra el municipio de Acapulco de Juárez.

12) Que solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe sobre el curso del Programa de Testigos Protegidos.

13) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Fiscalía General de Chihuahua a determinar la carpeta de investigación que integrara actos de discriminación cometidos en contra de Carla Herrera y su familia por parte de miembros del Club Campestre del estado.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el seguimiento dado y los avances que le han sido reportados en el caso de asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el 3 de septiembre de 2012, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

2) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, considerar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los objetivos del Artículo 25 de la Ley General de Educación.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar al suicidio como un problema de salud pública, así como a elaborar programas de prevención y orientación sobre esta problemática.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Alfa González Magallanes del PRD y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

4) Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en los servicios que presta el Seguro Popular se amplíe la cobertura del tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad.

6) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

7) Que exhorta al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar y, en su caso, emitir recomendación respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, en el municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel secundaria.

8) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los inmigrantes.

9) Que exhorta al titular de la Agencia Espacial Mexicana a remitir información sobre las actividades, gestiones y acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de la Agencia.

10) Que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la norma oficial mexicana de salud del adolescente para informar a los jóvenes y darles acceso a los servicios de salud a quien individualmente lo solicite.

11) Que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.

12) Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores.

13) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la campaña de información sobre la situación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos, alertando a la población sobre posibles fraudes que se susciten por desinformación.

14) Que exhorta al Gobierno de la República a implementar las acciones necesarias para responder de manera expedita y oportuna a toda solicitud de documentos de registro civil e identificaciones personales, con especial atención a las realizadas por mexicanos en el exterior o sus familias en territorio nacional.

15) Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a analizar y, en su caso, llevar a cabo las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

16) Que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las secretarías de salud de las entidades federativas a realizar campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.

Los dieciséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover con los concesionarios del transporte público aéreo, terrestre o marítimo, que implementen acciones de inversión, a la brevedad, para mejorar la infraestructura de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para las personas con discapacidad, que les permitan tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos.

2) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo por parte del gabinete económico para revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento económico del país.- Intervinieron los legisladores: Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC y Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD.

3) Que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía un informe del comportamiento del sector minero del año 2000 al 2013.

4) Que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el Programa de Apoyos Programados del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para asignar tiempo de atención a la discusión de los dictámenes inscritos en el Orden del Día.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

(Proposiciones)

La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre de los Senadores y Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a investigar y, en su caso, sancionar a aquellos servidores públicos que han sido denunciados por intervenir de forma ilegal en el proceso electoral que se desarrolla en el estado de Baja California.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Rubén Camarillo Ortega, a nombre propio y del Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a respetar y cumplir el Pacto por México y el adéndum firmado el pasado 7 de mayo, referente a los comicios a celebrarse el próximo 7 de julio de 2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y de las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo con relación a la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo en el estado de Guerrero y que derivó en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal expida, a la brevedad, la Agenda Digital Nacional y la remita al Congreso de la Unión para la construcción de una agenda legislativa concordante.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad a la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre propio y de los legisladores Martín Orozco Sandoval, José Ángel González Serna, Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López López, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert y Rubén Camarillo Ortega, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Aguascalientes a garantizar condiciones equitativas para los comicios que se llevarán a cabo en ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre del Dip. Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y Jhonatan Jardines Fraire, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a evitar el cruce de acciones con fines fiscales y garantizar el pago de impuestos por la operación de la compraventa del Grupo Modelo por la empresa belga Anheuser Bush Inbev.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a entregar de manera inmediata a los gobiernos estatales los recursos de los diferentes programas y fondos públicos federales a fin de garantizar la eficiencia del gasto público y evitar su manipulación para hacer propaganda electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a agilizar los trámites administrativos de pensiones, jubilaciones, y cuentas individuales del imss, infonavit e issste.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el Centro Fox.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de explique la caída de la recaudación federal y de la estimación del producto interno bruto, así como de las posibles consecuencias y repercusiones que puede significar para la economía nacional, los ingresos de las entidades federativas y de las familias mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la delegación La Magdalena Contreras a formular un programa de acciones efectivas a fin de salvaguardar el Río Magdalena y evitar un mayor daño ambiental sobre tan importante zona geográfica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a supervisar y garantizar el cumplimiento del convenio suscrito con empresas operarias concesionadas y los sindicatos de trabajadores portuarios correspondientes, en beneficio de los trabajadores en el Puerto de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, presente una resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68o. período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de salvar al Ártico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los resultados del "Decreto de austeridad y disciplina presupuestal".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a formular un programa de acciones a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a fin de abatir la impunidad que enmarca las agresiones a periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a girar instrucciones al Instituto Nacional de Migración para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos e indique el criterio bajo el que se ha aplicado de manera indebida la legislación referida.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre el incremento de rentas en la vivienda del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Felipe Arturo Camarena García, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la práctica del auto-examen.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a promover la integración de Gobierno y Poderes de la Unión, a través de la convocatoria a las mesas de análisis de las políticas públicas a desarrollar hacia un proyecto integral de la frontera sur y a promover la acción de compartir con éstas el diagnóstico anunciado del estado en que se encuentra la migración en esa frontera.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a resolver a la brevedad el conflicto intermunicipal por límites territoriales entre los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financieros a realizar las acciones conducentes para facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito entre los bancos, vigilando que las instituciones de crédito informen y faciliten los mecanismos para dar por terminados los contratos de adhesión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a que acudan a una mesa de trabajo a fin de informar sobre diversos aspectos relacionados con la situación de seguridad en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar los motivos por los que México no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mónica García de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar el estado que guarda el registro y expedición de la cédula de identidad para menores por edad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre la situación por la que pasan más de dos mil trabajadores con contratos precarios en el estado de Durango.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández y de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo del estado de México a informar sobre las acciones que llevará a cabo respecto del homicidio de una ciudadana, perpetrado por los cuerpos de seguridad del estado en el fraccionamiento Condado de Sayavedra.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Alfa Eliana González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal información sobre el Programa de la Cédula de Identificación Personal para Menores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a percances con hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo para que cesen las actividades de la minera china Gan-Bo en el poblado de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gerardo Licéaga Arteaga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue un apoyo económico a aquellos menores de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un padecimiento oncológico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Raúl Gómez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones correspondientes de las operaciones financieras y económicas de los líderes sindicales de nuestro país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a aplicar de manera urgente los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la atención de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las personas que resultaron afectadas por las lluvias torrenciales ocasionadas por el huracán "Bárbara" en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a supervisar, vigilar y erradicar el trabajo infantil, en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Alfa González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas concluir o actualizar sus programas estatales en materia de cambio climático a más tardar a fines de este año 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la ardua labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en América Latina.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la Estrategia Nacional de Cambio Climático.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal a generar las condiciones para que en la vía de comunicación urbana de peaje, Supervía Poniente, circule el transporte público, ponderando el interés superior de la ciudadanía para ejercer sus derechos de movilidad democráticamente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua a girar instrucciones a las instituciones y dependencias involucradas a garantizar, en todo momento, el cumplimiento del interés superior de la niñez en el caso de la hija de la ciudadana Clara Armendáriz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Energía un informe sobre los 30 millones de dólares provenientes del préstamo y donación del Banco Mundial, destinados al "Proyecto Servicios Integrales de Energía" que dotaría de electricidad a 50 mil viviendas en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe respecto a los 180 trámites de concesiones, permisos, asignaciones, prórrogas y cesiones resueltos el pasado 29 de mayo de 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a revisar la factibilidad de cambiar la sede de esa Secretaría, que se encuentra ubicada en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a ejercer el veto por lo que respecta a la reforma del artículo 345 Bis del Código Penal local aprobada por la LXXIII legislatura del congreso estatal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para que, en el marco del "Día Mundial contra el Trabajo Infantil", el Gobierno Federal tome las medidas para suprimir éste, especialmente tratándose del trabajo doméstico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que remita un diagnóstico sobre los avances del programa de regulación de ambulancias del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Finanzas de los estados, al CONALEP Nacional y de cada entidad federativa a informar por qué no han entregado los recursos correspondientes al proceso de homologación salarial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la sagarpa, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud tomar las medidas preventivas para restringir las importaciones del pez gato o pez basa, dados los posibles efectos dañinos sobre la salud humana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la relación que guardan las personas u organizaciones violentas que participaron en los acontecimientos vandálicos del pasado 10 de junio con las manifestaciones de violencia en la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, el secuestro de la Torre de Rectoría de la UNAM y el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones conducentes hacia el mejoramiento de los libros de texto gratuitos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a establecer un programa permanente de protección civil y seguridad en los centros nocturnos de la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de compatibilizar el proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-034-ssa2-2010 para la prevención y control de los defectos al nacimiento, con las recientes reformas a la Ley General de Salud, para incorporar el tamiz neonatal ampliado en los hospitales del sistema nacional de salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Diputado José Luis Flores Méndez, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se remitió efeméride con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Diputado Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se remitió efeméride en relación con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se remitió intervención en materia de telecomunicaciones y competencia económica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veintinueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles diecinueve de junio a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de Líbano y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un permiso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/721/2013
México, D.F., a 13 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-07129, el Min. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge Alvarez Fuentes, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Líbano.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/722/2013
México, D.F., a 13 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1014/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Roberto Martínez Ortiz

Chofer

Embajada del Japón en México

Alejandro Hernández Rodríguez

Chofer

Embajada de la República de Bulgaria en México

Alejandro Gutiérrez Díaz

Chofer

Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Guillermo González Orozco

Técnico en Audiovisual

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Primera Comisión, las solicitudes de permiso; y a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, la solicitud de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2012.

“SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

102.- B.- 069

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, D. F. a 14 de junio de 2013

C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Subsecretario

Fernando Aportela Rodríguez”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondientes al primer trimestre de 2013.

"IMSS

DIRECCIÓN GENERAL

"2013, 4/Jo De la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

México, D.F. a 31 de mayo de 2013
Oficio; No. 0952170500/0145

SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío a Usted el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al primer trimestre de 2013.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión ordinaria número 569 celebrada el 29 de mayo de 2013

ATENTAMENTE

JOSE ANTONIO GONZALEZ ANAYA
DIRECTOR GENERAL



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase el informe referido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia conmemorativa del 493 aniversario del triunfo Mexica sobre las tropas de Hernán Cortés, a realizarse el domingo 30 de junio del año en curso, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO V CULTURAL

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2013

CPHAC/777/2013

Asunto: Oficio de invitación

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
PASEO DE LA REFORMA 135
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de junio, de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Domingo 30

10:00 Horas

793 Aniversario del Triunfo mexica sobre las tropas de Hernán Cortés

Monumento erigido en memoria de Cuitláhuac, ubicado en Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Comisión Permanente. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Para asistir a dicha ceremonia, en representación de la Comisión Permanente, se designa en comisión al Diputado Víctor Manuel Bautista López.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación del Diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, por la que informa de las sustituciones de los Consejeros del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

“CAMARA DE DIPUTADOS
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

LXI/GPPVEM-CA/117/13

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de junio 2013.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 110 numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito dar cuenta de las sustituciones de los Consejeros del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para quedar como sigue:

Designación anterior

Consejero propietario

Diputado Ricardo Astudillo Suárez

Consejero suplente

Diputada Mónica García de la Fuente

Consejero suplente

Diputada Gabriela Medrano Galindo

   

Designación actual

Consejero propietario

Diputado Ricardo Astudillo Suárez

Consejero suplente

Diputado Arturo Escobar y Vega

Consejero suplente

Diputada Mónica García de la Fuente

Para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Dip. Arturo Escobar y Vega
Coordinador del GPPVEM”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

"UNICO.- En cumplimiento de lo que establece el párrafo cuatro del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión Permanente designa a los siguientes ciudadanos diputados, como Consejeros del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

Diputado Ricardo Astudillo Suárez, como Consejero propietario; diputado Arturo Escobar y Vega, como Consejero suplente, en sustitución de la diputada Mónica García de la Fuente; y diputada Mónica García de la Fuente, como Consejero suplente en sustitución de la diputada Gabriela Medrano Galindo".

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, se designa al Diputado Ricardo Astudillo Suárez, como Consejero propietario; y a los Diputados Arturo Escobar y Vega y Mónica García de la Fuente, como Consejeros suplentes, todos del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizado los días 6 y 7 de junio del año en curso, en la Habana, Cuba.

"DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México, D.F., Junio 12 de 2013

SEN. ERNESTO J. CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de enviarle el Informe correspondiente a la XVIII Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada el 6 y 7 de Junio del presente en la Habana, Cuba. Donde se desarrollaron los temas de "Promoción de la Salud" y "Consentimiento Informado en Salud".

Lo anterior para su publicación correspondiente en la Gaceta del Senado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE"



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación del Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de junio del año en curso.

“Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de junio de 2013.

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión
Presente.

El suscrito, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, en mi carácter de Diputado Federal a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el Distrito VIII del estado de Chiapas, con cabecera en Comitán de Domínguez, por su digno conducto solicito a la Asamblea de ésta Soberanía, se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir del 19 de junio del año en curso.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracciones II y V; y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Me despido agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva otorgar a la presente solicitud. Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Fed. Eduardo Ramírez Aguilar”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- Se concede licencia al Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 19 de junio de 2013.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levanta la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 19 de junio de 2013. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

Informo a la Asamblea, que la Mesa Directiva, acordó modificar el despacho de los asuntos enlistados en la agenda para permitir que la discusión de los dictámenes de la Segunda Comisión que proponen la ratificación de cuatro embajadores, se realice anticipadamente al apartado que le corresponde.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del Oficio No. SEL/300/670/13 de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de Oficio No. CP2R1A.-534, turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Pablo Macedo, nació en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1958, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Del currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que el Embajador Macedo Riba es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano por Concurso Público en 1982 como Agregado Diplomático y fue promovido a rango de Embajador en diciembre de 2001.

En el exterior ha estado adscrito a la Misión Permanente ante la Conferencia de Desarme en Ginebra (1983-1989) y a la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York (1989-1991 y 1993-2002). De 2002 a 2007 fue Representante Permanente Alterno de México ante los Organismos Internacionales con Sede en Ginebra.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado, entre otros cargos, el de Director General para la Organización de las Naciones Unidas de 2007 a 2010, durante la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y el de Director General del Instituto Matías Romero de junio de 2011 a mayo de 2013.

Ha participado como miembro de la delegación de México en numerosas reuniones internacionales, entre las que destacan todos los periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 a 2001, y de 2006 a 2008.

II.La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Pablo Macedo Riba a una comparecencia, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México ante la República Checa.

El programa de trabajo está encaminado a profundizar los nexos políticos, económicos, culturales y sociales, tomando en cuenta el enorme potencial para dinamizar la relación. Entre los principales logros cualitativos a perseguir según el ámbito de acción se encuentran:

Relación Política

• Superar la falta de contactos de alto nivel y promover visitas y encuentros en foros multilaterales.

• Propiciar la relación de nuevos encuentros interparlamentarios en ambos países, aprovechando los Grupos de Amistad existentes.

• Difundir información objetiva sobre el acontecer mexicano, sobre todo notas relacionadas con el inicio del nuevo gobierno y las prioridades de política exterior y de políticas públicas que se vienen delineando, en aras de contrarrestar las imágenes negativas y/o distorsionadas de nuestro país que pudieran propagarse.

Asuntos económicos

• Promover y aprovechar la estrategia comercial del gobierno checo, que incluye a México como uno de sus 12 socios prioritarios, mediante la promoción de misiones comerciales y de un mejor conocimiento del potencial de los mercados recíprocos.

• Seguir fomentando el comercio bilateral, para superar el registro histórico de 800 millones de dólares en 2012.

• Brindar asesoría y orientación a empresarios checos interesados en el mercado mexicano y a empresarios mexicanos interesados en el mercado checo.

• Propiciar nuevas actividades conjuntas con instituciones académicas y de investigación en el área de asuntos económicos globales, regionales y bilaterales.

• Explorar mecanismos de promoción y mercadeo en colaboración con grandes touroperadores checos interesados en ampliar la presencia del turismo de su país en el mercado mexicano. En particular, dar seguimiento a la invitación prevista por el Consejo de Promoción al Turismo de México (CPTM), con sede en Frankfurt, y coordinada por la Embajada de México en la República Checa, para el viaje a la Riviera Maya de algunos representantes de medios influyentes checos en temas turísticos.

• Propiciar nuevas coinversiones entre operadores turísticos y prestadores de servicios.

• Participar en eventos de alto impacto en medios de comunicación para promover a México como socio comercial y destino turístico. Tal será el caso de la participación de la Embajada en la Semana de la Hispanidad en la ciudad de Pilsen, dedicada a México, la organización de exposiciones, sobre todo de artesanía sofisticada (plata y vidrio) y otras presentaciones culturales, así como también, mediante conferencias de promoción ante distintos sectores.

Cooperación educativa, cultural, científica y técnica

• Profundizar la labor de difusión y promoción del arte y la cultura mexicanos en todas sus manifestaciones, en Praga, así como también en las distintas ciudades checas donde la presencia mexicana es cada vez más atractiva.

• Organizar seminarios, conferencias y coloquios en diversos foros sectoriales, e incentivar publicaciones que destaquen la relación histórica entre México y la República Checa.

• Con el fin de asegurar la plena operatividad del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, contribuir a la satisfactoria conclusión de la negociación del Programa de Cooperación en el Ámbito de la Cultura, el Arte, la Educación, la Juventud y el Deporte para el periodo 2012-2014.

• Incentivar el interés empresarial de ambos países por proyectos de inversión en nuevos sectores prioritarios para México, donde la República Checa tiene ventajas comparativas: energía y fuentes alternas; tecnología medioambiental; biotecnología, medicina, equipo hospitalario, farmacéutica; aeronáutica e investigación espacial;maquinaria, materiales avanzados y nanotecnología; y conservación, explotación y regeneración de bosques, entre otros.

Promoción de la imagen de México

• Ampliar contactos con medios informativos, círculos académicos, inversionistas, asociaciones empresariales y público en general de la República Checa y continuar fomentando los vínculos existentes con los representantes de los principales medios del país, tanto los especializados y de cobertura nacional como los de alcance regional y local.

• Apoyar y promover las iniciativas de medios y periodistas con interés en la difusión de reportajes acerca de México; fomentar, en este contexto, las visitas de reporteros a nuestro país. Concretamente, se buscará que el popular programa “Andando de Viaje” de la Televisión Checa, que hizo un programa muy visto sobre Veracruz en 2011 y sobre el Distrito Federal y Oaxaca en 2012, mantenga el interés de los televidentes con programas sobre otros estados de la República.

• Dar seguimiento puntual y permanente a las notas de medios informativos referentes a México.

Marco jurídico

• De manera prioritaria, en 2013 se buscará promover la conclusión satisfactoria de dos instrumentos en proceso de negociación desde hace varios años: el Programa de Cooperación en el Ámbito de la Cultura, el Arte, la Educación, la Juventud y el Deporte a regir en el periodo 2012-2014, y la actualización del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

• Impulsar nuevas acciones de colaboración en materia de combate al crimen organizado, cooperación aduanera, y formación de personal en materia de seguridad pública.

Asuntos consulares y de protección

• Aplicar conscientemente la nueva Ley Migratoria y su Reglamento, que entraron en vigor el 9 de noviembre de 2012, atendiendo con eficiencia la tramitación de solicitudes de las personas migrantes a nuestro país, a quienes la nueva legislación busca otorgar todo tipo de facilidades e igualar su situación con los estándares más avanzados internacionalmente.

• Continuar mejorando la logística de atención al público: difusión informativa sobre requisitos, organización de citas, coordinación con otras áreas de la Embajada, actualización de expedientes, preparación de documentación, etc.

• Mejorar el uso de los mecanismos electrónicos de registro y expedición de trámites consulares y mantener actualizada la sección informativa correspondiente en la página de Internet de la Embajada.

• Ampliar y profundizar las relaciones con los funcionarios operativos de las áreas consular, migratoria y de procuración de justicia de la República Checa, con el fin de contar con un flujo constante de información actualizada sobre disposiciones que incidan en las condiciones migratorias de ciudadanos mexicanos que tienen su residencia o visitan este país, y, al mismo tiempo, contar con elementos que permitan desarrollar esquemas y programas de protección preventiva.

Contactos con la comunidad mexicana

• Conocer la ubicación de los connacionales residentes en la República Checa, a efecto de facilitar la comunicación con ellos y los enlaces, tanto para atender eventuales necesidades de protección o para poner en marcha políticas de protección preventiva, así como para la difusión de información sobre México y de actividades e iniciativas organizadas o transmitidas por la Embajada.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Pablo Macedo Riba reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo.

En vista de no haber oradores, la votación de este dictamen se reserva para hacerla de manera conjunta con los siguientes dictámenes.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador de México en la República de Corea.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del Oficio No. SEL/300/667/13 de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de Oficio No. CP2R1A.-531, turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. José Luis Bernal Rodríguez, nació en Mexicali, Baja California el 20 de marzo de 1956, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae que establece que el Embajador Bernal es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría en Economía del Sector Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha seguido cursos de formación en Relaciones Públicas, Seguridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo.

Se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en octubre de 1979 y es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 1º de mayo de 1980.

Fue nombrado Embajador de México en diciembre de 1995 y con ese rango ha ocupado los cargos siguientes:

- Embajador de México en la República Checa, desde agosto de 2007.

- Embajador de México en Suiza, con concurrencia ante el Principado de Liechtenstein, de enero de 2002 a agosto de 2007. Coordinó los preparativos de la participación mexicana en el Foro Económico Mundial de Davos en cinco ocasiones, de 2003 a 2007.

- Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2001.

- Representante de Alto Nivel del Gobierno de México ante el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 2001.

- Cónsul General de México en Los Ángeles, California, 1999-2001 donde puso en práctica fórmulas innovadoras de protección consular, organización comunitaria, promoción integral y gestión local de políticas públicas.

- Representante Alterno de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, 1996-1999.

- Vicepresidente del Comité de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE, 1999-2000.

- Director General del Servicio Exterior y de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1995-1996.

Aunado a lo anterior, se ha desempeñado como: Director General de Relaciones Económicas Multilaterales y con América del Norte, SRE, 1993-1995;Ministro a cargo de la Coordinación de Relaciones con el Congreso, en la Embajada de México en Washington, D. C., durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1991-1993; Primer Secretario y Consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de México en Washington, D.C., de 1985 a 1990; Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1981-1985; Jefe del Departamento de Asuntos Económicos de la Dirección General para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1979-1981; Analista Financiero en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1979, y Asesor Externo en Políticas de Cooperación Económica Internacional de la Secretaría de Comercio, 1979.

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. José Luis Bernal Rodríguez a una comparecencia, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México ante la República de Corea.

Al tiempo que se definen las prioridades para dinamizar la relación de México con la República de Corea, hay que estar preparados para una eventual contingencia bélica, a la luz de la actitud amenazante de la República Popular Democrática de Corea, que destruiría en poco tiempo el enorme potencial que se ha venido construyendo en Corea en los últimos sesenta años y dislocaría seriamente las capacidades de producción que hoy permiten ver a la región Asia Pacífico como la región más dinámica y de mayor potencial en el mundo.

Las tareas permanentes de observación, información, negociación, promoción, protección, construcción de capacidades y previsión que corresponden a la Embajada de México habrán de orientarse de manera especial en el futuro próximo a atender simultáneamente los escenarios de guerra y de paz, en vista de que ambos son, en este momento, altamente probables de cumplirse.

El plan de trabajo está orientado a atender ambas posibilidades.

• Impulsar el diálogo político al más alto nivel entre los dos nuevos gobierno, para lo que se propone programar una Visita de Estado del Presidente de México a Corea.

• Celebrar la V Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre México y la República de Corea en el segundo semestre de 2013. La reunión anterior se celebró en la Ciudad de México, el 8 de junio de 2009, por lo que corresponde a Corea organizar la siguiente.

• Fomentar nuevos contactos con parlamentarios coreanos y apoyar los intercambios de información y visitas entre los Grupos de Amistad de la Asamblea Nacional de Corea y las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión.

• Promover la cooperación judicial, en materia de seguridad y organización del sistema de justicia.

• Promover visitas ejecutivas de autoridades de los tres órdenes de gobierno de México a Corea, con objeto de impulsar la cooperación económica, científica y técnica, la promoción cultural y los intercambios educativos.

• Propiciar contactos entre autoridades locales y fomentar nuevos hermanamientos de ciudades, así como apoyar las acciones conjuntas de los acuerdos existentes.

• Las tareas permanentes de promoción de la Embajada se orientarán a crear sinergias institucionales entre todos los sectores involucrados y la Embajada aprovechará la presencia de oficinas de ProMéxico y del Consejo de Promoción del Turismo para llevar adelante el concepto de promoción integral bajo el concepto de Techo Único.

• Se organizarán nuevos seminarios sobre las oportunidades de inversión, principalmente en sectores como el eléctrico-electrónico, automotriz-autopartes, energías renovables y eficiencia energética.

• Se promoverá una mayor presencia de exportadores en las ferias especializadas en Corea.

• Se continuará promoviendo y apoyando a empresas mexicanas y surcoreanas que deseen llevar a cabo misiones comerciales, así como a las autoridades sectoriales y gobiernos de los Estados en sus visitas de promoción

• La Embajada fortalecerá la acción permanente de registro de mexicanos residentes en la circunscripción, a fin de facilitar la coordinación con el Programa de Respuesta Rápida, con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y con el Instituto de Mexicanos en el Exterior.

• Se insistirá de manera particular en difundir entre los viajeros y residentes mexicanos la importancia de registrarse a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME), con el propósito de facilitar la comunicación y su eventual localización y apoyo en casos de emergencia en los tres países de la circunscripción.

• Promover información básica y actualizada del plan de contingencia, a fin de contar con un instrumento capaz de orientar y proteger a los connacionales en caso de una eventual evacuación, causada por una conflagración bélica, desastre natural o alteración del orden público. A fin de mejorar la capacidad de respuesta, se intensificarán las gestiones con las autoridades locales y la cooperación con misiones de otros países.

• Se seguirá mejorando las tareas de documentación a mexicanos, actos notariales y de fe pública, así como de registro civil requeridos por los connacionales radicados en la circunscripción.

• Debido al incremento de casos de protección consular dentro del programa de “Apoyo a Mujeres y Niños en situación de maltrato y Violencia Doméstica”, se brindará más información sobre las opciones y asesorías que agencias civiles brindan, particularmente a mujeres extranjeras casadas con coreanos.

• Continuar la difusión de las disposiciones aplicables en la expedición de visas y trámites para extranjeros, con base en las reformas recientemente aprobadas.

• Seguir brindando atención y apoyo a los mexicanos en Corea, paraampliar sus canales de comunicación y acción.

• Trabajar en conjunto con esta Asociación para el apoyo e información a la comunidad radicada en Corea.

• Mantener una permanente y abierta comunicación con la comunidad mexicana a través de los diversos medios electrónicos, sobre todo con aquella población alejada de la capital de la península y aquella radicada en la República de Mongolia.

• Se fomentará y apoyará la participación de México en los foros establecidos en Corea en temas de crecimiento verde y cambio climático, entre ellos el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), organismo internacional con sede en Seúl, al que México se incorporó en octubre de 2012 y de cuyo Consejo forma parte por un año como país miembro no donante. (El Acuerdo para el Establecimiento del GGGI está en proceso de ratificación del Senado mexicano).

• En un escenario de paz y en el plano multilateral, México podría impulsar un programa de cooperación internacional para apoyar al desarrollo de la RPDC para generar confianza en su dirigencia. Tendría que ser un paquete multilateral con observadores internacionales en su ejecución, bajo la coordinación de Naciones Unidas y de Corea.

Los esquemas plurilaterales de cooperación serían dirigidos especificamente al desarrollo de la RPDC en materia de alimentos, maquinaria e inversiones en sectores no armamentistas. Su eventual ejecución supondría la participación de países de distintas regiones (Vietnam, México, Brasil, Rusia, Australia, Unión Europea, por ejemplo, y losmiembros de ASEAN en especial por ser éstos los principales afectados por un eventual conflicto (gasto militar, pérdida de vidas, perdida de producción, contaminación, caída de la confianza en la región).

Hay que propiciar el diálogo directo e indirecto con el Gobierno de la RPDC y aprovechar los contactos con los países que tienen Embajadaen Pyongyang.

En el plano bilateral, México podría proponer a la RPDC un programa específico de cooperación, por ejemplo involucrando a alguna empresa de zapatos, textiles, alimentos o productos farmacéuticos para realizar una coinversión con o en la RPDC.

También se puede proponer al Gobierno de la RPDC compartir experiencias de políticas públicas mexicanas, empezando por las estrategias de cambio estructural, los programas asistenciales, el manejo de deuda, la Cruzada contra el Hambre. Con base en esta experiencia, se podría sugerir en la FAO el diseño de un programa específico para la RPDC.

• En un escenario de guerra, México debe estar preparado para las siguientes acciones:

- Analizar los escenarios de alcance de la conflagración y evaluar la respuesta que darían Estados Unidos, Corea, Japón, Rusia, China y otros países.

- Preparar escenarios alternativos sobre la posición que México adoptará en materia diplomática, de negociacion y de alianza.

- Prever los mecanismos de evacuación de personas, incluyendo las medidas de seguridad para elpersonal diplomático y los miembros de la Comunidad Mexicana en la península (con esquemas de rescate y evacuación, acceso inmediato a transporte internacional, centros de refugio).

- Asimismo, el Gobierno de México debe contar con un seguros internacionales para la protección del personal diplomático y sus familias, en caso de pérdida de vidas (no solo de los titulares) o de su patrimonio por situaciones bélicas.

En las negociaciones bilaterales y multilaterales, es muy importante advertir los grandes riesgos que cualquier accion bélica tendría en la economía global, la economía regional, los efectos para China, Japón, Estados Unidos y toda la región Asia Pacífico; los impactos esperados para México, así como la destrucción el medio ambiente.

Mongolia

• Visita a la capital, Ulan Bator, para Presentar Credenciales y hacer contactos con las autoridades.

• Promover la firma de un acuerdo de hermanamiento entre Ulán Bator y una ciudad mexicana y con ello estrechar mayores intercambios entre ambos países. Impulsar mayor dinamismo y consolidar las oportunidades de negocios involucrando a autoridades locales.

• Promover la diplomacia parlamentaria entre México y Mongolia aprovechando la nueva conformación degobiernos en ambos países.

• Debido a la apertura comercial de Mongolia y la atracción de inversiones, se espera que el desarrollo del sector minero de este país logré en los próximos años triplicar el PIB nacional. Mongolia cuenta con vastos recursos minerales, especialmente en oro, cobre, carbón, fluorita, plata, uranio y tungsteno. En este sentido, se buscaría explorar las oportunidades de negocios entre ambos países en este sector. El sector agroalimentario también tiene posibilidades de intercambios, por lo que se buscará impulsar este sector.

República Popular Democrática de Corea

• Visita Pyongyang para Presentar Credenciales y hacer contactos con las autoridades.

• Proponer nuevos esquemas de cooperación bilateral y multilateral que contribuyan a fomentar la distensión.

• Programar actividades de promoción educativa y cultural e impulsar el conocimiento de nuestro país, incluyendo el fortalecimiento de la imagen de México.

• Organizar actividades culturales que incluyan presentaciones artísticas, literarias y académicas así como intercambios estudiantiles.

• Dar seguimiento a los programas de cooperación con los estados de Puebla, Oaxaca, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Estado de México, en áreas como deporte, medicina tradicional y desarrollo urbano. A nivel federal, en las áreas de salud y de cooperación educativa y cultural.

Visto lo anterior y habiéndose oído a la ciudadano propuesto como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Bernal Rodríguez reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Quería hacer uso de la palabra en este tema, que son dictámenes de la Segunda Comisión, en el que se ratifican quienes, si la mayoría de esta Comisión Permanente aprueba, representarán a nuestro país.

Y quisiera expresarles que queremos razonar nuestro voto. A nadie debe de extrañar que durante todo este tiempo nosotros hemos expresado una crítica razonada a la política exterior mexicana, a la conducción de la política exterior mexicana.

En las últimas décadas la política exterior mexicana se ha caracterizado por ser una política subordinada, mediocre, gris, una política que vela sólo por los intereses del imperio y pone en riesgo la soberanía de nuestro país.

A nadie debe extrañar que nosotros no reconocemos este gobierno que encabeza Peña Nieto, que fue producto de la venta, de la compra más ominosa que haya sufrido la nación.

Respetamos al personal de carrera, al Servicio Civil de Carrera. Pero hoy el gobierno, salvo estos nombramientos, está de nueva cuenta convirtiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en un refugio de políticos fracasados, casi todos del PRI.

Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con este régimen de oprobio, de corrupción, de injusticia, y por eso seguimos luchando.

El propio Secretario de Relaciones Exteriores no tiene autoridad moral para representar a nuestro país, él es producto de una negociación política, vergonzosa, de haber sido tapadera del fraude más escandaloso del proceso electoral de 2012, él sabe muy bien, como ex Secretario de Hacienda, de dónde provenían los recursos del Monexgate, él sabe muy bien que hubo triangulación financiera y probablemente dinero ilícito proveniente de actividades ilícitas, y su silencio fue premiado con el puesto más representativo del país en el exterior, la Cancillería.

Por eso nosotros no podemos de estar de acuerdo en que se apruebe, simple y sencillamente como Oficialía de Partes, este tipo de nombramientos que deberían ser motivo de mayores reflexiones.

Miren ustedes, el pasado fin de semana, el señor Peña Nieto inició la décima gira internacional. En sólo seis meses y medio, lleva 13 viajes, si consideramos los viajes como Presidente electo.

Saben cuántos kilómetros ha recorrido, cerca de 150 mil kilómetros en seis meses. Casi cada 19 días un viaje internacional.

Si hacemos comparativos con los Presidentes más poderosos del mundo, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Japón, de Reino Unido y de Rusia, los dobletea. A pesar de que han sido poco los resultados en política exterior, en acuerdos en beneficio del país.

Más bien, más que giras de trabajo pareciera ser fugas de trabajo. No quieren enfrentar lo que el país está padeciendo: la inseguridad, el abandono del campo, la carestía, el aumento de los precios, la corrupción desmedida que sigue prevaleciente y campante en México y en todas las instituciones públicas.

Por eso nosotros no podemos votar a favor, con el respeto que le tenemos al personal de carrera, nosotros no podemos votar, porque estamos en contra del régimen de oprobio e injusticias y ahí no tenemos contemplación.

Mientras no haya un cambio verdadero en el país, no habremos de cejar nuestro empeño y seguiremos luchando por la transformación de este México que a todos nos interesa que cambie.

Por eso nosotros, señor Presidente, no avalaremos ninguno de los nombramientos que provienen de este régimen de injusticia, de este régimen de corrupción. Y no avalaremos menos simulaciones que en el país cada vez están cayendo por su peso y que están poniendo al descubierto la verdadera intención: beneficiar simple y sencillamente a una oligarquía económica y generar pobreza, corrupción, impunidad en nuestro país cada vez cayéndose a pedazos y el viajero frecuente bien, aprovechando los fines de semana en las compras en aquellos países.

¡Qué triste el panorama de nuestro país!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Diputado Monreal Avila, le formularía una pregunta: ¿Tiene reservas únicamente en este dictamen o en todos?

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: En cada uno, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Bueno. En atención a sus reservas, procederíamos a cambiar el trámite que había sido propuesto por esta Mesa Directiva y votaremos uno por uno los dictámenes.

Si me permiten, terminaríamos con el procedimiento de este dictamen, procederíamos con el dictamen que fue presentado con anterioridad; con el primero, con el señor Embajador a la República Checa y ya continuaríamos con el orden propuesto para evitar confusiones.

Muy bien, ¿y si no hay alguien más que haga uso de la palabra?

En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen que está siendo presentado, del Embajador a la República de Corea.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal, iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(se recoge la votaciónnominal)

Señor Presidente, se emitieron 34 votos en pro y 1 voto en contra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, por lo que solicito a los legisladores Diputado Abraham Montes Alvarado, Diputada Adriana González Carrillo, Senador Armando Ríos Piter, Diputado Ernesto Núñez Aguilar y Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Les pedimos, por favor, ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano José Luis Bernal Rodríguez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. José Luis Bernal Rodríguez: ¡Sí, Protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades señor Embajador!

(aplausos)

Felicidades señor Embajador, y a nombre de la Comisión Permanente le deseamos mucho éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al señor Bernal Rodríguez, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Respetable Asamblea, repito, la modificación al trámite propuesto originalmente por esta Mesa Directiva para evitar cualquier confusión.

Habíamos iniciado la discusión del dictamen para ratificar el nombramiento del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa, fue presentado el dictamen, no se registraron oradores, y había quedado pendiente la votación.

Diputado Monreal Avila, no manifestó usted interés en participar como orador.

Sonido en el escaño del Diputado Monreal Avila.

- El C. Diputado Monreal Avila: (Desde su escaño) Solicito me inscriba, señor Presidente, son varios nombramientos, intentaré en un solo acto fijar la posiciónpara que en los demás ya no intervenga, fijar una posición general para nohablar en los otros temas, y fijar una posición general de nuestra bancada.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila.

- El C. Diputado Monreal Avila: Voy a intentar, está la euforia y, ¿Baja California? Espero que el pueblo de Baja California no permita ninguna negociación.

En nuestro país el titular del Ejecutivo es la instancia encargada casi en su totalidad de la conducción de la política exterior mexicana.

Dicha tendencia a la centralización de esta facultad se ha dado desde la adopción misma de la Constitución del 24, incluso en su artículo 110 determinaba como facultad exclusiva del Presidente la de nombramiento y remoción de enviados diplomáticos y cónsules; además, de la concertación de compromisos internacionales.

Esta facultad, como todos recuerdan, tiene su origen en la fuerte influencia que tuvo el constitucionalismo norteamericano en el diseño institucional del Estado mexicano.

Cuando se configura el modelo republicano, el Constituyente del '24 se inclina por el establecimiento de este régimen presidencial, y en el apartado de Política Exterior se debatió la posibilidad de que el Congreso fuera quien determinara esta posibilidad.

Al final el Senado de la República ha venido constituyendo esta facultad de vigilancia de la política exterior, pero también de la ratificación de enviados, cónsules, diplomáticos y embajadores de México en el mundo.

Por eso es que a nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en el país, la política exterior de Estado se ha venido debilitando, se han perdido los principios de la autodeterminación de los pueblos, se han perdido los principios que regulan la política exterior, la solución pacífica de las controversias, y México se ha querido ubicar en un mero instrumento de la política norteamericana.

Por eso, nosotros estamos, con razones, exponiendo porque no estamos de acuerdo con un acto que debería ser más meditado.

La política exterior mexicana atraviesa por una etapa difícil, muy cuestionada en el mundo, aquellos grandes servicios que le dieron mexicanos a la política exterior se han olvidado, aquella experiencia, profesionalismo y adiestramiento que causó admiración, sobre todo en América, se ha perdido.

Las doctrinas que le dieron un gran carácter a la política exterior ahora están olvidadas y no son practicadas.Desde 1985 todas las negociaciones económicas multilaterales han sido vaciadas de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y por eso ahora hay una gran vacilación en el manejo de la política exterior.

Les decía, pareciera ser que el propósito es que el Presidente de la República se fugue, una gira internacional cada 19 días, con duración promedio de 3.5 días; y hasta ayer las últimas diez giras presidenciales se han traducido en cuatro acuerdos comerciales y cuatro encuentros con grupos empresariales, donde la venta de marca, o atractivo económico, se ha centrado en una condición futura de realización incierta, la reforma energética.

Nos da temor cuando salen los funcionarios del gobierno mexicano a ofrecer, como si fuera venta de desván o de patio, nuestro patrimonio; nos da mucha preocupación cuando salen. Declaran en los periódicos internacionales que la reforma energética está prácticamente concluida, lo que es una mentira porque no vamos a permitir por la vía pacífica que estos vendedores de espejitos ahora se apoderan del petróleo, y no vamos a permitir que estos malos gobernantes puedan hacer, como si fuera su chequera personal, el patrimonio de los mexicanos sea vilipendiado y menos haya saqueo en nuestra nación.

Los mercados internacionales, ciudadanos legisladores, pasaron de la euforia inicial de los primeros días del nuevo gobierno a la cautela financiera. Ingresaron 14 mil millones de dólares en el primer semestre de este gobierno, pero salieron 25 mil millones de dólares, motivados por la incertidumbre, la inseguridad que no cesa, y en ese sentido las giras internacionales no han sido ciertamente benéficas para la economía ni el comercio del país, es más, el nuevo activismo diplomático no alcanzó siquiera para que Herminio Blanco obtuviera la OMC, en cambio las exposiciones y presentaciones personales de Enrique Peña Nieto han tenido un fuerte peso en las giras.

Hablamos de 25 encuentros bilaterales con otros tantos mandatarios, de siete participaciones personales en eventos multinacionales, en dos conferencias magistrales y en 13 conferencias de prensa. Esto nos muestra como las giras están diseñadas realmente para proyectar más la figura personal de un Presidente que para relanzar al país mismo como nuevo polo o destino económico.

Otro indicador que evaluar de la política exterior y de las giras internacionales, es el contraste con los viajes de otros mandatarios de naciones más globalizadas que México. De acuerdo con sus páginas oficiales, Barack Obama, en su primer año de gobierno, 2009, realizó en todo el año 15 giras internacionales; el Presidente español, Mariano Rajoy, reportó 18 viajes en el 2012, mientras la Canciller alemana, Angela Merkel, consigno ocho giras oficiales, solamente ocho giras.

En México, el ex Presidente, de cuyo nombre no quisiera acordarme, realizó seis viajes en su primer semestre; el anterior, que también se anda asociando con los cárteles para vender y traficar, empaquetar marihuana, Vicente Fox, siete giras.

En la era priísta los Presidentes viajeros fueron Luis Echeverría y otro innombrable, con promedio de 11 giras al año, aunque el imaginario colectivo atribuye a Adolfo López Mateos como el Presidente más viajero de nuestra historia.

No es así, por eso nadie postula el provincianismo como divisa de la política exterior de México, pero tampoco la restauración del turismo político como la divisa distintiva de las presidencias viajeras.

La política exterior, señores legisladores, está en grave riesgo, no hay conducción, no hay dirección, no hay firmeza, y por eso nuestro reclamo. Nosotros respetamos a los cancilleres que han pasado por la Secretaría que tiene historia, que han sido dignos; respetamos a los embajadores y a los cónsules que han actuado con amor a la patria, respetamos a quienes provienen del Servicio Exterior, y que cuando acudimos, siempre intentan presentar al país en susmejores contenidos, a todos ellos los respetamos, pero rechazamos el que la política exterior se convierta en refugio de políticos frustrados.

No estamos de acuerdo en que se desplace al personal de carrera, no estamos de acuerdo en que se improvise la diplomacia en nuestro país, en lo que sí estamos de acuerdo, en que se rescaten los valores, la prestancia, el señorío, la dignidad de la política exterior mexicana.

Por eso nosotros votamos en contra, no es en contra de las personas, no es en detrimento de los postulados, es en detrimento de una política con la que coincidimos, una política exterior débil, doblegada, dependiente, precaria, timorata, por eso estamos en contra.

Señor Presidente, por su atención y su tolerancia, muchas gracias, y en este acto concluyo las otras intervenciones sobre la naturaleza de este tema de ratificación de embajadores o representantes de México en el exterior.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Monreal Avila. Voy a dar lectura por segunda ocasión al punto resolutivo de este dictamen.

Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

Una vez agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal.

Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 34 votos en pro y 1 en contra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Pablo Macedo Riba, por lo que solicito a los legisladores Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Les pedimos, de favor, ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano Pablo Macedo Riba: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Pablo Macedo Riba: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre de la Comisión Permanente le deseamos éxito en su encargo.

(Aplausos)

Solicito a la Comisión designada acompañe al señor Macedo Riba cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán, como Embajador de México en Chile.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del Oficio No. SEL/300/668/13 de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de Oficio No. CP2R1A.-532, turnó dicho asunto para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que confirman el expediente respectivo, esta Comisión señala que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el Embajador Granados Roldán, nació el 24 de noviembre de 1956 en Aguascalientes, México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae del Embajador designado, del cual se desprende que es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Maestría en Ciencia Política por el Colegio de México.

El C. Granados Roldán fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Chile de 1999 a 2001 y Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, México de 1992 a 1998.

Fue miembro del Consejo el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras de 1994 a 1998. Se ha desempeñado como Director General de Comunicación Social y de Vocero de la Presidencia de la República de México 1988 a 1992; Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto (1986-1987); Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de México en España (1985-1986); Miembro del Consejo Editorial del Fondo de Cultura Económica, México (1983-1985); Secretario Particular del Secretario de Educación Pública de 1982 a 1985, y Observador Internacional en las elecciones presidenciales de la República Dominicana (2004 y 2012). Desde 2008 es el Director General del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey.

II. La Segunda Comisión citó al ciudadano Otto René Granados Roldán a una reunión, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México en la República de Chile.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en cuenta el potencial de la República de Chile a fin de incrementar y fortalecer la presencia de nuestro país.

El Embajador Granados Roldán se propone desarrollar acciones encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos:

• Diseñar y formular a la Secretaría de Relaciones Exteriores una propuesta de integración de un grupo de trabajo de alto nivel que constituya la Comisión México-Chile Siglo XXI, enfocada a planear un ambicioso programa de trabajo en los aspectos políticos, económicos y comerciales, culturales, de cooperación educativa, científica y tecnológica, así como en asuntos de alcance multilateral que merecen ser abordados de manera bilateral.

• Fortalecer el excelente nivel de diálogo prevaleciente con el Gobierno de Chile para beneficio de la relación bilateral y brindar particular atención a los contactos con los distintos candidatos y partidos políticos contendientes en las elecciones que tendrán lugar el 17 de noviembre del presente año.

• Dar puntual seguimiento a los pendientes de la agenda chilena y al próximo proceso electoral, a fin de informar oportunamente al gobierno mexicano sobre este tema tan relevante.

• Construir condiciones apropiadas para que se produzca oportunamente un encuentro entre el Presidente Peña Nieto y quien resulte electo en las próximas elecciones presidenciales.

• Priorizar los encuentros con la Cancillería chilena para impulsar y agilizar el avance y cumplimiento de los compromisos bilaterales vigentes, enfocando los esfuerzos en asuntos en materia de seguridad social, doble tributación y evasión fiscal, cooperación hacendario-financiera, transporte marítimo y puertos, y cooperación ambiental.

• Dar la más alta prioridad a los avances y negociaciones relacionados con la Alianza del Pacífico. De igual forma se brindará pleno apoyo a los representantes mexicanos en esta crucial negociación.

• En el ámbito multilateral, la meta es fortalecer las coincidencias en renglones tan importantes como el impulso a reformas en diversos organismos internacionales; el apoyo recíproco a candidaturas para cargos internaciones, y las agendas y posiciones comunes de cara a futuras reuniones, específicamente en los casos de CELAC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico, la Cumbre Iberoamericana, las negociaciones de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.

• En lo referente a las relaciones económicas y en el contexto de la incertidumbre financiera internacional y la perspectiva de un bajo crecimiento en las economías extra regionales, fortalecer las relaciones económicas bilaterales es la mejor opción para ambos países.

• Concentrar esfuerzos en: aumentar los niveles del comercio bilateral; la activación de nueva inversión chilena directa hacia México, en particular los 8 proyectos que actualmente está explorando ProMéxico, y la mayor participación del sector privado mexicano en proyectos de infraestructura en Chile.

• Trabajar por la institucionalización de mecanismos conjuntos de diálogo y resolución como la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio México-Chile, el Comité Bilateral de Hombres de Negocios y la Cámara de Integración México-Chile.

• Dar especial atención al apoyo a pequeñas y medianas empresas que tengan potencial exportador para que ingresen al mercado chileno.

• Consolidar los renglones sectoriales que ya han mostrado eficacia indudable. Para los años 2013 y 2014 se han definido como áreas prioritarias las de insumos para la minería, construcción, autopartes, alimentos procesados y bebidas, alimentos frescos, cuero y calzado, y servicios como el turismo.

• Este año se tiene proyectado llevar a cabo el “Pabellón México Exponor 2013”, orientado al sector minero; el seminario “WhyMexico”; la muestra gastronómica y de turismo “México a través de tus sentidos”.

• Reabrir una oficina permanente de SECTUR en Santiago, misma que podría atender otros países como Perú, y para la cual la Embajada tiene espacio físico.

• En relación al diálogo parlamentario, la celebración de distintos encuentros entre legisladores de ambos países ha mostrado ser una vía sumamente enriquecedora de la relación política, pues abre una perspectiva más amplia en el conocimiento del completo abanico de cada nación.

• Se fomentarán los encuentros sectoriales de legisladores en temas específicos para generar información periódica y, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicar al H. Congreso de la Unión sobre las iniciativas más relevantes del cuerpo legislativo chileno.

• Promover intensamente las misiones encabezadas por gobernadores y alcaldes mexicanos, con la finalidad de afinar los campos de intercambio a partir de los sectores en donde cada estado observe una mayor competitividad y complementariedad. En este sentido, será necesario ampliar la relación hacia las regiones chilenas que ya han empezado a abrir contactos con sus contrapartes mexicanas.

• Promover la suscripción de un esquema de colaboración institucional entre el Gobierno de Chile y la Asociación de Municipalidades de Chile con la CONAGO y la FENAMM en diversas materias, en especial en gobierno electrónico, aspecto en el que Chile ha establecido algunas de las prácticas más avanzadas tanto en la región como a nivel hemisférico.

• Convertir a la Embajada en un centro neurálgico de intercambio y diseminación de productos científicos y técnicos generados en ambos países, como muchos de los ya desarrollados a través de los mecanismos de colaboración entre la Fundación Chile o Innova/Corfo y diversas instituciones mexicanas como el Tecnológico de Monterrey en materia de biotecnología y otros sectores complementarios como minería, acuacultura y forestal.

• En materia educativa y cultural, es urgente promover la creación de un Instituto de Cultura de México, a partir del cual se amplíe la presencia cultural de nuestro país y que permita emprender proyectos comunes con el gobierno y los creadores chilenos en áreas como la editorial, las artes plásticas, el programa de becas conjunto y la reflexión amplia sobre problemas comunes en distintas disciplinas. Lo anterior, debido a que hasta ahora México solo cuenta con una pequeña oficina cultural dentro de las instalaciones de la propia Embajada, desde la cual resulta muy complejo fortalecer nuestra presencia cultural, intelectual y académica en Chile.

• Establecer el 2014 como el Año de Octavio Paz, ya que el 31 de marzo se cumple el primer centenario del natalicio del poeta, ensayista y Premio Nobel de Literatura. El proyecto contempla la organización de una serie de eventos, con el respaldo de CONACULTA.

• Fundar la Cátedra de México con la Universidad Diego Portales, que además de su valor intrínseco como mecanismo de reflexión sobre nuestro país, constituya un puente que permita acercar a nuestro país con las nuevas generaciones de jóvenes chilenos.

• Diseñar nuevos canales de comunicación que nos permitan llegar a los principales actores de la opinión pública chilena, en especial a organizaciones no gubernamentales, círculos académicos e intelectuales, medios, organismos empresariales, sindicales y religiosos.

• Dar especial atención a la creciente comunidad mexicana en Chile, brindando la protección y los servicios a que hubiere lugar.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano designado como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los legisladores integrantes de la Segunda Comisión hemos constatado que el C. Otto René Granados reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, a propósito de este nombramiento, quisiéramos hacer una reflexión respetuosa.

¿Dónde estábamos todas y todos los que ahora nos encontramos en 1988? 1988 fue una época fundamental para la vida de la República, fundamental para el México de hoy.

En 1988 se vivió de manera abierta, frontal, la primera insurgencia ciudadana, que después de haber sido acallada en el 1968 con fuego y sangre, nuevamente retaba y desafiaba el estado de cosas.

En ese año, hace 25 años, por primera ocasión los ciudadanos en este país se pusieron de pie y reclamaron democracia, justicia y libertad.

Ese año fue el marco de la controvertida elección presidencial, donde los actores presidenciales, recordémoslo, no fueron otros sino: Carlos Salinas de Gortari, por el Partido oficial; el ingeniero Clouthier, por Acción Nacional y en un frente amplio y progresista, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En aquella elección, fundamental para las grandes transformaciones, de las cuales hoy en México damos cuenta, en esa elección la izquierda, por primera ocasión, alcanzó la primera victoria electoral en este país.

La historia, desde luego, todos la recordamos. Aquella famosa historia de que el sistema se cayó, cayó.

Varios de los que aquí participaban formaban parte de las filas de defensa de ese fraude escandaloso, pero en esa elección las cosas ya nunca volvieron a ser igual.

México nunca volvió a ese Estado autoritario, a ese Estado monopólico del poder político, a ese Estado que cuartaba las libertades porque ahí se abrió la puerta de una vida nueva a la República.

Pero no podemos olvidar que no fue fácil para la izquierda mexicana que en ese momento se aglutinó en un nuevo proyecto llamado “PRD”, decidimos salir y mantener nuestra lucha a favor de la justicia social en contra de la antidemocracia.

Y en esa gran batalla, en la que nos colocamos y de la que hoy somos producto y esfuerzo, había oscuros personajes, cuyo papel, hoy visto a la luz de la realidad, no es otra cosa sino un papel deleznable; yo diría: actuaron como verdaderos cancerberos del salinismo, no del rostro modernizador, sino del salinismo que asesinaba a la oposición en Guerrero, en Michoacán, en Tabasco y Oaxaca. Nuestro proyecto sufrió cientos de escenas de muertes por ese régimen.

Y aunque no lo necesitaba, porque conociendo la carta personal, académica, profesional del señor Otto René Granados Roldán, pues en ese momento él decidió ser plomero del sistema.

Nosotros no podemos olvidar que desde la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, se esmeró con tal puntualidad a crear un rostro de violentos, un rostro de agresivos al proyecto partidario que nosotros representábamos.

Eso fue a lo que se dedicó en ese periodo Otto René Granados Roldán, a acusarnos de violentos, mientras nuestro proyecto, gente humilde, campesinos de las zonas rurales y compañeros de las zonas urbanas, eran asesinados por luchar por la democracia.

Así, pues, compañeras y compañeros, para nosotros es un agravio histórico que verdaderamente no podemos soslayar; como no podemos soslayar las campañas marcatistas que se enderezaron contra un compañero fundamental, sí, para nuestro partido, sí, para la izquierda, pero también para el país, como fue el ingeniero, como lo es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Otto René Granados Roldán, fue el plomero del salinismo que creó el mito del partido violento y quiso ensuciar, dañar, afectar, rabiosa y enfermizamente, una lucha auténtica, generosa y legítima como la que encabezaba y encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Por eso, y con esto concluyo, a la luz de los hechos, de donde cada quien hoy está colocado; donde nos encontramos parados 25 años después, nosotros seguiremos manteniendo nuestra lucha por la democracia, pero no podremos dejar de señalar a alguien que indebidamente, desde el poder político, hizo uso faccioso, rabioso, enfermo de su desempeño, para desviar un proyecto que tenía derecho de existir.

Ese es el caso de quien hoy se pretende designar como Embajador en la República de Chile, razón por la cual el PRD se abstendrá de apoyar este nombramiento.

Muchas gracias.

-El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Reyez Gámiz.

Una vez agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

-La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal, por lo tanto iniciaremos del lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y emitir su voto.

(Se recoge la votación)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor Presidente, se emitieron 29 votos en pro, 5 abstenciones y 3 en contra.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Chile. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Otto René Granados Roldan, por lo que solicito a los legisladores Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Senador Fernando Herrera Avila, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Diputado Luis Antonio González Roldán, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y que lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Si son tan amables de ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano Otto René Granados Roldán: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Otto René Granados Roldan: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre de la Comisión Permanente, le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada, acompañe al Embajador Granados Roldan cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador de México en la República ArgelinaDemocrática y Popular.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción del Oficio No. SEL/300/669/13 de la Secretaría de Gobernación con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de Oficio No. CP2R1A.-533, turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. González Mijares, nació el 1° de mayo de 1955, en la Ciudad de México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Del currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se desprende que el ciudadano Juan José González es Licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la Maestría en Sociología Política por la Universidad de Cambridge, King’sCollege.

Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano n 1991. Es ministro desde 2006.

En el exterior fungió como Agregado de Prensa en la Embajada de México en Francia (1999-2003); como Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Bélgica (1996-1999), y como Encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Suecia (1992-1996).

Dentro de la Cancillería ha ocupado los siguientes cargos: Asesor en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Director General Adjunto de la Dirección General de Organismos Económicos, Regionales y Multilaterales (2005-2008); Asesor en la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (2003-2005), y Director de Área en la Dirección General para América del Norte (1990-1992).

En el ámbito académico ha sido Profesor de Asignatura en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe (2006); Profesor de Asignatura en la Universidad de las Américas, Ciudad de México (1991-1992); Catedrático Investigador de Tiempo Completo del Programa de Estudios sobre las Relaciones Internacionales de México en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (1985-1989); Profesor de Asignatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1988), y Profesor Asociado de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas de Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (1981-1983).

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Juan José González Mijares a una comparecencia, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México ante la República Argelina Democrática y Popular.

El plan de trabajo incluye las principales metas, propuestas y actividades a desarrollar en el corto y mediano plazos principalmente en los rubros político, económico y de cooperación.

Asuntos Políticos

• Fortalecer el diálogo político diplomático con Argelia a nivel de gobiernos, parlamentos y otros sectores de la sociedad civil tanto en sí mismo como medio para abrir otras oportunidades de promoción y cooperación.

La consolidación del diálogo político con Argelia a nivel bilateral y multilateral será el instrumento de proyección de una diplomacia con sentido de responsabilidad global. El entendimiento político que ya existe entre ambos países deberá fortalecerse a través de un diálogo estructurado en ambos niveles de acuerdo a las prioridades nacionales y los temas que nos interesa posicionar en la agenda internacional.

• Transmitir al Jefe de Estado la voluntad política y la intención del Gobierno de la República de reforzar los lazos de amistad y cooperación, así como la decisión de elevar la relación en los ámbitos político y económico bajo un nuevo enfoque en forma acorde con la respectiva estatura y vocación de países emergentes en la escena internacional.

• Una vez conocido el resultado de las elecciones presidenciales argelinas, que tendrán lugar en abril de 2014, prever la organización de una visita de trabajo a nivel de Cancilleres con los respectivos secretarios de comercio y energía, acompañados de delegaciones parlamentarias y de empresarios.

• Organizar la siguiente reunión del Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Mutuo, cuya última edición tuvo lugar en 2007. Dicho mecanismo, establecido en 2001, representa el espacio más indicado para reposicionar la relación bajo el nuevo impulso de la política internacional de México.

Asuntos económicos

• Ofrecer al gobierno de Argelia apoyo y la experiencia técnica para completar su ingreso a la Organización Mundial de Comercio.

• Revisar el marco jurídico que rige los intercambios comerciales y actualizar los mecanismos de cooperación económica.

• Evaluar el estado que guardan diversos instrumentos como la Carta de Intención para la cooperación en materia energética (evaluación integral de las posibilidades de cooperación y negocios: SENER y PEMEX, Instituto Mexicano del Petróleo e Instituto de Investigaciones Eléctricas), así como el Convenio con la Cámara Argelina de Comercio e Industria.

• Evaluar con las dependencias competentes el interés mostrado por Argelia para suscribir un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), y para Evitar la Doble Imposición, y el establecimiento de un Memorándum de Entendimiento sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia de Asuntos Aduaneros.

• Llevar a cabo promoción comercial a través de ProMéxico, la Cámara Árabe Mexicana de la Industria y Comercio, y otras instancias financieras y de promoción, para la identificación de nichos de mercado. Entre los sectores ya identificados, además de trigo y garbanzo, se encuentran cemento y construcción, equipos para industria petrolera, productos veterinarios, vacunas anti alacranes, electrodomésticos, alimentos y bebidas.

• Explorar la posibilidad de que el Estado Argelino invierta en México a través de los amplios excedentes de su fondo soberano.

Asuntos culturales

• Sensibilizar a las unidades administrativas involucradas sobre la necesidad de aumentar la presencia de la cultura mexicana y el intercambio académico en esta región.Optimizar los recursos y apoyos a manifestaciones culturales provenientes de SRE y CONACULTA principalmente.

• Organizar eventos culturales en Argelia y países concurrentes y/o realizar un proyecto triangular entre artistas de México, Argelia y Francia.

Cooperación técnica, educativacultural

• Celebrar la segunda reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial, Científico, Técnica y Tecnológica. El objetivo principal será actualizar, racionalizar y optimizar los acuerdos y los proyectos de cooperación en marcha, revisar los que están en proceso y ajustar los instrumentos a las nuevas prioridades de cada país.

• En este sentido, habrá que ubicar los nichos en los que la cooperación mexicana represente un valor agregado a los diversos actores y organismos que despliegan programas de cooperación y que tengan la visibilidad e impacto para proyectar la cooperación y solidaridad de México a nivel internacional. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se encuentra elaborando un marco para la definición de proyectos en rubros como infraestructura y otros como derechos humanos y democracia que será la plataforma para evaluar la factibilidad y rentabilidad política de la cooperación con Argelia pero también con Libia, Túnez y Mauritania.

• Explorar con las instituciones académicas competentes ampliar la oferta de becas e intercambios de estancias cortas de diversos especialistas.

Promoción de la imagen de México

• Desplegar una estrategia de información más activa a fin de posicionar la situación del país como parte de su diplomacia pública. En concreto, deberá fortalecerse la relación con los principales medios escritos, agencias de prensa y medios audiovisuales para proveerlos de insumos informativos que destaquen lo más positivo de México, desde sus atractivos históricos y turísticos hasta sus actividades internacionales en foros relevantes como G-20 Y Naciones Unidas pasando por los principales acontecimientos de política pública y el desarrollo nacional.

• Dar mayor difusión e impulso al turismo para incrementar el flujo de visitantes, el objetivo estratégico desde el punto de vista para la protección de los mexicanos en el exterior en su pronta ubicación para cualquier situación de emergencia que pudiera significar su desplazamiento temporal o reubicación.

Países concurrentes

• Actualizar el diagnóstico para detectar oportunidades a través del viaje del titular de la Embajada a dichas concurrencias, la próxima celebración de los mecanismos de diálogo existentes y la futura organización de misiones conjuntas de carácter regional que incluyan los aspectos políticos, económicos y de cooperación.

• Dada la situación de inestabilidad en Libia, la primera función de la Embajada deberá ser informar a la Cancillería de los desarrollos internos con objeto de prever escenarios y anticipar esquemas de cooperación y alianzas en diversos temas de la agenda internacional. Lo anterior debe traducirse no solamente en los análisis de la situación de Libia, Túnez y, en menor medida, Mauritania, sino también en la identificación de grupos políticos y personalidades que puedan en el futuro servir de interlocutores para la promoción de los intereses de México.

• Aprovechar la designación del nuevo embajador y la presentación de cartas credenciales a los gobiernos para actualizar, a través de una próxima reunión sobre consultas de interés mutuo, el estado que guardan y las prioridades a desarrollar.

• Presentar una oferta de cooperación en sectores complementarios a los de otras agencias y países con objeto de respaldar la política de apoyo a iniciativas en los foros multilaterales.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Juan José González Mijares reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo:En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo.

Una vez agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

-La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal.

Iniciaremos por el lado derecho del salón, solicitando a los legisladores manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor, Presidente, se emitieron 36 votos en pro y 1 en contra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del PoderEjecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina. Comuníquese.

En el salón contiguo a esterecinto, se encuentra el ciudadano Juan José González Mijares, por lo que solicito a los legisladores, Diputado José Luis Flores Méndez, Senador Fernando Herrera Avila, Diputada Aleida Alavez Ruiz, Diputado Ernesto Núñez Aguilar y Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, lo inviten a pasar al interior este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Les pedimos atentamente ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ciudadano Juan José González Mijares: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Juan José González Mijares: “¡Sí, protesto!”

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

¡Felicidades, señor Embajador!

A nombre de la Comisión Permanente le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al Embajador González Mijares, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Antes de continuar con el Orden del Día establecido, le pido a la Asamblea, le demos la bienvenida a dos distinguidos visitantes que nos acompañan el día de hoy.

Nos acompañan dos distinguidos Senadores de la República del Paraguay, invitados por la Diputada Adriana González Carrillo.

Nos acompaña el Senador Miguel Abdón Saguier, quien ha sido Presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Paraguayo Nacional en dos ocasiones y también Ministro de Relaciones Exteriores; es acompañado también por el Senador Alberto GrillónConigliario, quien también ha sido Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; los acompaña el Embajador de Paraguay en México, el señor Carlos Riveros.

Señores Senadores, sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Compañeros legisladores, informo a ustedes que recibimos de la Primera Comisión, una comunicación en relación con el turno de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que requiere a la Comisión Permanente convocar a sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación de la Primera Comisión.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura a la comunicación.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea queda debidamente enterada.

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia en relación con un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en la que se requiera a la Comisión Permanente para que convoque de inmediato a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias y bajo la obligación que impone a la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Electoral que lo faculta constitucionalmente para exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones, y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva, se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto que propone la Mesa Directiva.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: A continuación se procede a dar lectura al proyecto de decreto.

"Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar sesión extraordinaria.

Artículo Primero.- Con fundamento en el artículo 78, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, convoca a la Honorable Cámara de Diputados a celebrar sesión extraordinaria.

Artículo Segundo.- La sesión extraordinaria a que se refiere el presente Decreto, deberá celebrarse entre el 15 y el 19 de julio de 2013.

Artículo Tercero.- Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados se ocupará exclusivamente del siguiente asunto:

1.- Designar al Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que ocupará ese cargo hasta el 30 de octubre de 2019.

Artículo Cuarto.- La clausura de la sesión extraordinaria se verificará una vez que la Cámara de Diputados determine agotado el objetivo motivo de la convocatoria, en los términos del Artículo Segundo del presente Decreto.

Artículo Quinto.- De conformidad con el artículo 72, inciso j), párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de junio de 2013.

Mesa Directiva: Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente; Vicepresidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza; Vicepresidente Diputado Ricardo Anaya Cortés; Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez; Secretaria Diputada Cristina González Cruz; Secretario Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz; Secretario Diputado Ernesto Núñez Aguilar".

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

-El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, solicito ahora a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión del proyecto de Decreto se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión el anterior proyecto de Decreto.

¿En qué sentido Diputado Alonso Raya?

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿En qué sentido Senador Ríos Piter?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño)A favor.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿En qué sentido Diputado Monreal Avila?

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) En contra.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, tiene la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, para hablar en contra.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadanos legisladores y legisladoras:

Me he inscrito en contra y votaré en consecuencia porque éste es un tema quizá de los de mayor profundidad en materia jurídico-constitucional. Se trata de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, a completar un procedimiento parlamentario para la designación de uno de los consejeros electorales, cuya ausencia muchos conocemos, del Consejero Sergio García Ramírez.

Creo que la discusión debe centrarse en si está o no validado, capacitado jurídicamente el Tribunal para emitir esta resolución.

He intentado siempre ser congruente en materia jurídica, porque esa es mi formación en la UNAM. Y creo que la resolución emitida, provocada por una queja interpuesta o una demanda interpuesta por Diputados del PRI, es correcta, fue planteada de manera correcta.

Incluso la resolución, que leí con tranquilidad, puede señalarse que es una resolución cuidada, el ponente, el Magistrado Carrasco utilizó precedentes que ya han sucedido en la Cámara de Diputados en el anterior proceso, en un recurso promovido por el Diputado Jaime Cárdenas, y que tuvo más o menos las consecuencias jurídicas que en esta resolución se establece.

Pero el tema de fondo no es la discusión si el Tribunal invade o no facultades de la Cámara de Diputados, tampoco es si está facultado, si no es una resolución injerencista en facultades de la Cámara de Diputados. No, yo creo que el tema que deberíamos de dilucidar con mayor profundidad es si la Cámara en este momento tiene el consenso para elegir y designar a uno de los miembros del Instituto Federal Electoral.

Yo soy de los críticos del actual Consejo General del IFE, no del IFE como institución, pero sí de su Consejo General que han actuado de manera ilegal, arbitraria, abusiva, miope y que han generado una desconfianza en la ciudadanía. Su desempeño deja mucho que desear.

Desde mi punto de vista deberían renunciar todos los miembros del Consejo y dar paso a uno nuevo que pueda rescatar la confianza del ciudadano y generar condiciones de mayor equilibrio en los procesos electorales.

No creo que suceda eso y por eso nosotros a pesar de haber señalado cuál es nuestra posición frente a la resolución, en la Junta de Coordinación Política que integro en la Cámara de Diputados, no se ha tomado una decisión, ni siquiera se ha discutido y creemos que no hay las condiciones para elegir de manera calificada a quien sustituirá al conejero ausente.

Nosotros vamos a votaren contra por principios. No creo que sea conveniente acelerar este proceso, creo que deberíamos de dar una pausa para que en el mes de septiembre, cuando concluyan el encargo otros dos o tres consejeros, pudiera generarse un esfuerzo de consenso. Y por eso me parece que sería absurdo, incluso inútil, el que esta Permanente convoque por mayoría a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, porque finalmente resultará lo que hasta ahora ha resultado, no hay consenso.

Me parece que lo más importante sería lograr el consenso y si se reduce a la selección de los cinco preseleccionados, no va a haber consenso.

Me temo que está ya viciado el procedimiento de origen. Sí puede el Tribunal indicarnos, desde mi punto de vista debimos haber agotado en la Cámara de Diputados el procedimiento.

Una vez que se emitió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales debimos haberlo agotado, calificado y debimos haber emitido un voto, y en el momento en que no se reunía la mayoría calificada, en ese momento se hubiese agotado el procedimiento para la nueva designación o el nuevo procedimiento de selección de aspirantes al puesto de consejeros electorales.

No es cualquier cosa, yo quisiera llamar su atención para decirles, no es cualquier otro nombramiento ni cualquier otro órgano, se trata nada menos que del órgano más importante, el que organiza las elecciones federales en el país para la renovación de poderes públicos de la Unión.

Vean la triste experiencia que estamos padeciendo en los estados del país, los órganos electorales son verdaderos apéndices de los gobernadores, son órganos subordinados a los gobernadores sin libertad, sin independencia, sin autonomía y eso es lo que ha generado la prostitución política. Por eso es importante lograr un amplio consenso en la designación de esos consejeros, aunque después se cambian, le hacen caso al poder, traicionan sus principios y traicionan su voluntad política y democrática, pero de eso no nos podemos dar por sorprendidos, hay muchos casos de traición.

Pero llamo la atención, y ojalá y votemos en contra, logremos un consenso y luego intentemos seleccionar a mexicanos y mexicanas que puedan representar con dignidad esta función pública trascendente para la vida republicana.

Muchas gracias, señor Presidente, por su tolerancia, y a todos también por su tranquilidad y por su armonía en las curules.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra, el Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras, compañeros Diputados, Diputadas; Senadoras, Senadores integrantes de esta Comisión Permanente:

En los parlamentarios del PRD que integramos la Permanente, estamos en contra de este Decreto en función de que debemos hacer una adecuada interpretación del fondo del mandato constitucional.

El Tribunal resuelve pedirle a la Permanente que convoque a la Cámara de Diputados para que realice un extraordinario y nombre un consejero.

Y, en qué momento el Tribunal hizo la consulta y recibió la información respectiva de por qué no se pudo nombrar el consejero en la Cámara, en su momento, porque hicimos, se desahogó el procedimiento, la Comisión de Gobernación hizo audiencias con los que se inscribieron. En la Junta de Coordinación, escuchamos a los últimos cinco consejeros, y el problema fue que no había la mayoría calificada para el nombramiento del consejero.

Es decir, el Tribunal debe, en primer lugar, respetar el proceso en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados deberá convocarse, reunirse para nombrar el consejero en el momento en que tenga la mayoría, que cumpla los requisitos que la Constitución le establece, la obliga.

Pero más aún, aquí el problema es cuando alguno de los magistrados o algúnmagistrado señala que si la Cámara no procede a cumplir con lo que resolvieron, entonces, ellos nombrarán al consejero, y creo que en nuestra opinión se extralimitan, francamente, en sus facultades.

Una cosa es tratar de obligar a la Cámara a que convoque para que cumpla con lo que establece estrictamente la Constitución, y a nadie nos puede obligar a cambiar el sentido de nuestro voto; se nos puede obligar a que se convoque a la Cámara, pero como decía, aquí, hace rato mi compañero el Diputado Monreal Avila, si no hay consenso, si no han construido las dos terceras partes, nadie puede obligar a que decline, a que abdique de sus convicciones y del sentido del voto.

¿Porque, en qué insistimos desde un principio?

En lo que insistimos desde un principio cuando sale la convocatoria para el consejero, fue en que revisáramos el proceso; en que revisáramos los criterios, en que revisáramos los perfiles para efectos de sentar las bases del consenso que debería construir la Cámara de Diputados, y poder por lo tanto fortalecer, enriquecer al Consejo del IFE, darle, de alguna manera, iniciar un proceso de recuperación de autoridad y de confianza como institución, como tal, como parte de un proceso, para el nombramiento de éste y de los que vienen o para discutir incluso el asunto de, si es viable o no la cuestión del Cuarto Poder, del Instituto Nacional de Elecciones.

En ese contexto abordarlo con madurez, con responsabilidad, con seriedad; es decir, no estamos negando, a nadie se le ha negado a nombrar o atender la necesidadde sustituir al consejero García Ramírez, el problema es el proceso que hay que desatar para recuperar al IFE, a la instancia electoral como institución de la República, que recupere confianza, que recupere credibilidad y que le pueda servir a todos los mexicanos y mexicanas. Ese es el asunto de fondo, no el problema de esto. Y, la sugerencia, la amenaza de magistrados de que si no resolvemos nosotros, pueden nombrarlo ellos, parece indiscutiblemente un elemento de coacción, y un elemento de intimidación hacia la Cámara de Diputados, que sí violenta y sí viola y sí se extralimitan las facultades que el Tribunal tiene como tal para poder llamar a esta Permanente en esa dirección.

Si bien eso no está contenido en el resolutivo que le envían a la Comisión Permanente, sí hubo declaraciones en ese sentido, en el marco de la propia resolución que emite el tribunal.

Por ello, nosotros vamos a votar en contra e invitamos a toda la Comisión Permanente a que rechacemos este Decreto, ya que, en todo caso, la Cámara de Diputados en la reunión de Junta de Coordinación que tiene convocatoria el lunes, resuelva lo conveniente atendiendo y acatando la resolución que el tribunal ha planteado.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Para hablar en contra, tiene el uso de la voz el Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado Luis Alberto Villarreal García: Gracias, señor Presidente.

Acción Nacional va a votar en contra de este dictamen, porque nos parece que lo fundamental, y ya se ha dicho aquí, es que las fuerzas políticas de la Cámara correspondiente, en el seno de su órgano de coordinación política, pueda acordar lo conducente, no solamente respecto a una convocatoria que sigue viva y que está abierta para la sustitución del Consejero del Instituto Federal Electoral, sino para dar cumplimiento a una resolución, que nos obliga, del Poder Judicial. Sí nos obliga la resolución a concluir el procedimiento que abrimos, y el procedimiento se puede cerrar o concluir por dos formas: O bien porque hay el consenso para que se nombre por las dos terceras partes a ese consejero que va a ser la sustitución, o bien porque se vote en el Pleno que ninguno de los que participaron alcanzaron ese consenso, y ahí, de acuerdo a la propia convocatoria que se emitió, se concluye el procedimiento.

Este es un tema que tendremos que tratar con responsabilidad en la Junta de Coordinación Política, pero también vale la pena decirlo aquí, y decirlo con claridad, preocupa que el Poder Judicial pretenda legislar lo que no le corresponde.

No es el Poder Judicial un órgano o un Poder Legislativo, las leyes se hacen en este Congreso, y la norma que establece el procedimiento para poder formar el Instituto Federal Electoral, señala con toda claridad, primero, que es la Cámara de Diputados la única Cámara que exclusivamente nombra a los consejeros. Y dos, que para que esto suceda se requiere el consenso, y el consenso se puso como candado precisamente para darle garantías a los ciudadanos de que esos consejeros, con independencia de que después en su actuación lo hagan o no, pero la idea, el espíritu es, precisamente, que esos consejeros le respondieran al ciudadano en sus derechos democráticos y no se supeditaran a ningún partido político; consecuentemente creemos que la resolución del tribunal se extralimita, habremos de acatar la resolución, pero habremos de hacerlo en los términos que están dispuestos por nuestro Congreso para poder desahogar los asuntos de la competencia del Poder Legislativo.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Villareal García.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, también para hablar en contra.

- El C. Senador Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor Presidente.

Me parece que este punto de Acuerdo que está a consideración el día de hoy, nos debe llevar a reflexiona y hacer un poco de historia, y entendiendo que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, me parece que revisar lo que varios de nosotros que fuimos Diputados en la LXI Legislatura y que enfrentamos un problema similar en donde fueron casi 12 meses de una situación crítica, donde la falta de acuerdos políticos entre los grupos parlamentarios que garantizaran dos terceras partes no permitía el nombramiento, en aquel entonces, de tres Consejeros del Instituto Federal Electoral, me parece que hay que poner en consideración ese hecho histórico y del cual creo que es pertinente aprender y recobrar algunas enseñanzas.

De qué serviría, como lo han dicho quienes me antecedieron, ir a un periodo extraordinario si no se tiene consenso y si no se ha logrado en la Junta de Coordinación Política poner el nombre de un hombre o de una mujer que garantice, esperaría yo no solamente las dos terceras partes, sino la unanimidad como lo logramos después de aquellos 13 meses en la LXI Legislatura.

Y me atrevo a ponerlo en contexto porque es parte del trabajo que tiene que hacer la Junta de Coordinación Política, ya lo han expuesto los señores coordinadores, el vicecoordinador y creo yo que no solamente hay que defender al Poder Legislativo frente a un planteamiento que en este caso hace el Poder Judicial, yendo más allá de lo que le faculta la Constitución, porque está muy claro que es el artículo 41 constitucional el que establece que será exclusivamente la Cámara de Diputados quien tenga esta facultad, de tal manera que yo convocaría, de manera particular, a mis compañeros legisladores, Diputados y Diputadas, a que promuevan que en esta reunión de la Junta de Coordinación Políticas primero haya un gran acuerdo en términos de cómo se puede resolver encontrar un nombre de un ciudadano que garantice el consenso.

Yo los convoco, compañeras y compañeros, a que busquemos no solamente las dosterceras partes, estamos hablando del Instituto Federal Electoral, y en la medida en que ese tipo de decisiones garanticen la unanimidad en la definición política, es así como seguiremos protegiendo a las instituciones que nos hemos dado los mexicanos y las mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para hablar en contra.

- El C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de La Garza: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para razonar el por qué los legisladores del grupo parlamentario del PRI vamos a votar en contra este proyecto de Decreto, mismo que obviamente hemos impulsado.

La razón es muy clara, los que me antecedieron en el uso de la palabra han dejado de manera fehaciente su intención de votar en contra del ejercicio iniciado en la Cámara de Diputados hace algunos meses.

Quisiera poner en contexto el primer punto. Tenemos más de cuatro meses con una vacante del Consejo General del IFE, esa es una realidad, no es un discurso para analizar reformas constitucionales o de ley, como legisladores lo que nos rige es el marco de ley.

El artículo 111 del COFIPE precisa de manera muy clara, la obligación de la Cámara de Diputados de cubrir esa vacante, aun más, la propia Constitución así lo señala.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, allá por el mes de febrero, tiene un Acuerdo, por cierto, un Acuerdo aprobado prácticamente por unanimidad, donde se inicia un proceso en el que no escuché las diversas aseveraciones que hace algunos momentos fueron aquí presentadas.

Se llevó a cabo el proceso señalado y que inclusive la propia Comisión de Gobernación, salvo con el voto de un grupo parlamentario que votó en contra, aprobó a cinco ciudadanos y el proceso quedó inconcluso, ante ello, legisladores federales presentaron una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la que nos tiene aquí el día de hoy.

Soy de aquellos que siempre han pensado, y así lo he hecho en el transcurso del ejercicio de mi profesión, que las resoluciones de los órganos judiciales se cumplen, no se discuten, y la resolución es muy clara, proceda de inmediato a designar el Consejero Electoral del Consejo General del IFE, que ocupará el cargo hasta el 30 de octubre de 2019.

No venimos aquí a debatir si se convoca o no a un periodo extraordinario, venimos aquí a debatir que hay que cumplir con una vacante, una vacante que la propia resolución del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación razona en ese sentido y señala la importancia de que el Consejo General del IFE esté total y absolutamente integrado, inclusive señala de manera expresa la importancia de que esté antes del 7 de julio, dado que las atribuciones del propio Instituto Federal Electoral, sobre todo en materia de radio y televisión, no se limitan a la parte federal, ellos regulan precisamente la asignación de tiempos de radio y televisión para campañas tanto locales como federales, y en este momento el Consejo General del IFE está incompleto, y está incompleto porque no ha existido la voluntad de cumplir con una resolución.

Los priístas no vamos a permitir un fraude a la resolución, seguir con este proceso para ir a la Cámara de Diputados, encontrarnos con un voto en contra, es defraudar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y así como en ningún momento pretendimos ser partícipes de defraudar el artículo 111 del COFIPE, de ninguna manera vamos a ser comparsas para lastimar a un órgano judicial del Poder Judicial de la Federación con argucias jurídicas que lleven como consecuencia incumplir con la resolución.

Ese es el motivo por el cual los priístas vamos a votar en contra este proyecto de Decreto.

Insistimos, tenemos que cumplir con la obligación, la obligación nos la marca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y una vez más, este ejercicio queda inconcluso, y el Consejo General del IFE,no obstante los razonamientos del propio tribunal, sigue así y nosotros aquí dilucidando si es o no necesaria una reforma en la materia.

Compañeros legisladores, los exhorto a que cumplamos con la Constitución, a que cumplamos con el compromiso que tenemos, sobre todo en la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias Diputado Gutiérrez de la Garza, Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón.

Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 33 votos en contra y ninguno en pro.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: No se ha reunido la mayoría establecida por el artículo 78 constitucional, por lo tanto, no se aprueba la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Comuníquese esta resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(Aplausos)

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales por las que informan su resolución al proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad religiosa.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora. Asimismo, se recibieron los votos en contra del proyecto de Decreto que emitieron los Congresos de los Estados de: Michoacán, Morelos, Oaxaca y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios y 4 en contra del proyecto de Decreto de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias.

Solicito a los presentes ponerse de pie para hacer la declaratoria de aprobación, incluidas las galerías.

Muchas gracias.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad religiosa. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

Para hablar sobre este asunto, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

No obstante que ha sido declarada formalmente la aprobación de la reforma constitucional al artículo 24, debo de recordar que este artículo ha sido ampliamente debatido desde sus orígenes.

Nosotros sostenemos que fue un acuerdo original del PRI con una parte del sector eclesiástico, que originalmente abarcaba una mayor profundidad esta reforma en detrimento de las creencias y del laicismo.

Por fortuna no fue así, se modificó, pero debo de decirles lo que en el debate afirmé. Que esta modificación al artículo 24 constitucional resultaba un tanto tautológica, es decir, se repetía.

Como ustedes saben, en México tenemos en el artículo 1o. constitucional, que para mí es de los más avanzados de la última parte de legislación, el artículo 1o. constitucional modificado señala la prohibición de discriminar a persona alguna por motivo religioso; pero también, complementando, tenemos el artículo 6o. constitucional sobre la manifestación de ideas, que éstas no pueden ser restringidas.

Tenemos la libertad de expresión en el artículo 7o. constitucional, también la libertad de escribir y publicar escritos, es decir, nosotros consideramos que estas libertades están por encima de cualquier otra decisión del gobierno. Pero particularmente este artículo 24 constitucional está inscrito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que comúnmente conocemos como el Pacto de San José.

En el debate sosteníamos que era tautológico, repetitivo e inútil trasladar la misma disposición de el Pacto de San José a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 24.

Quiero decirles, ciudadanos legisladores y legisladoras, que es idéntico el párrafo y que los mexicanos estamos obligados a respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José.

Luego entonces, si ya existía una legislación internacional sobre libertad de creencia y laicismo, ¿para qué repetirla tautológicamente en el artículo 24 constitucional?, desde entonces nos opusimos, sin embargo, lo que abunda no daña, y finalmente hoy, formalmente está ya declarada la aprobación.

En el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es lo que a nosotros nos interesa, se establece claramente el carácter laico del Estado mexicano, y dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente al régimen interior, pero unidos en una federación establecidas según los principios de esta ley fundamental”.

Y en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, y además mandata expresamente que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

La ley reglamentaria que rige a este artículo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyos artículos 21 y 25 pueden ser invocados para analizar, por cierto, los 2 últimos eventos en los que participaron autoridades del gobierno mexicano:

Uno de ellos, el gobernador de Chihuahua, el gobernador Duarte; y otra persona, la alcaldesa de Monterrey, que precisamente estos personajes violan los principios de laicidad y violan la Constitución.

Ellos se justifican que eran actos privados, y no puede, de ninguna manera, admitirse eso.

Yo creo que violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violaron el Estado laico, y este Congreso debería someterlos a juicio de responsabilidad. No creo que lo haga, y no es en contra de profesar una fe o una religión, todos tenemos el derecho de profesarlo, eso es lo que consagra el artículo 24 constitucional.

De manera personal yo profeso una fe y una religión, pero de ninguna manera la uso con fines políticos, ni con fines propagandísticos porque eso es lo que está prohibido en la Constitución.

Y cuando la presidenta municipal de Monterrey entrega a Cristo la ciudad por su incapacidad para frenar la corrupción y la inseguridad, viola el principio contenido en el artículo 24 constitucional, y el gobernador Duarte hace exactamente lo mismo.

Por eso nosotros creemos que algunos de los políticos se convierten en mercaderes de la religión. Pero a estos fariseos electorales, mercaderes de la religión, hay que recordarles una sentencia bíblica, parafraseando:

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un fariseo de la política pase la prueba de las urnas”. A pesar de que lo usan con fines propagandísticos, todo mundo se queda callado.

Este Congreso tiene una responsabilidad histórica.

Todavía hay liberales y laicos. Si ya no se quiere el principio de la laicidad, discutámoslo; pero si está vigente el principio de laicismo, respetémoslo, y los gobernadores y la presidenta municipal de Monterrey no lo respetan, violan la Constitución de manera flagrante, y este Congreso no es capaz de llamarlos a cuentas, someterlos a juicio político por violación a la Constitución.

Esas son mis reflexiones en torno al artículo 24 constitucional, que concluyo diciendo: es tautológico, si se hubiera aprobado o no esta disposición contenida en el 24 de la Constitución, de cualquier forma México como país suscribiente está obligado a respetar y observar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Les voy a decir cuál es el artículo que transcribe, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, es transcrito íntegramente al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esa es nuestra inconformidad y por eso afirmo que es tautológico, inútil y es un ejercicio retórico.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Damos la bienvenida a 15 personas que nos acompañan del municipio de Ixtapan de la Sal, invitadas por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Sean ustedes bienvenidos a este recinto y a esta sesión de la Comisión Permanente.

(Aplausos)

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para referirse al mismo asunto.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Me parece muy importante, frente a esta modificación constitucional que hoy termina en el proceso de revisión, tanto por Senadores, Diputados y por los congresos locales, recordar el origen de lo que hoy se está aprobando, y especialmente traer a la memoria de todas y de todos, no solamente los legisladores de esta Comisión Permanente, sino de los ciudadanos y ciudadanas del país, qué fue lo que se intentó por parte del PAN y del PRI aquel 15 de diciembre de 2011, y lo traigo a referencia porque, una vez que me ha tocado revisar el Diario de los Debates y recordando que yo estaba al frente de la Junta de Coordinación Política, creo que es pertinente recordar lo que ocurrió en aquella ocasión, para refrescarle la memoria a la gente, de lo que intentaron el PRI y el PAN, que en el momento más caliente del proceso electoral, antes de que se eligiera Presidente de la República, parecía ser que competían por ver quién quedaba mejor frente a la visita del Papa.

Me acuerdo que el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, compañero del PRD, me llamó alarmado porque el PAN y el PRI se habían puesto de acuerdo, y sin cumplir con el proceso legislativo, se había convocado a comisión y se había votado un texto propuesto por el Diputado Rodríguez Pescador, un texto que había estado dormido durante ya varios meses, sino es que años, y que de pronto de buenas a primeras encontró un gran acuerdo político en el PAN y en el PRI, y que buscaba quitar un párrafo importante del texto constitucional, que debo celebrar que hemos rescatado y que hemos evitado que ese intento del PAN y del PRI, de aquel momento, se hiciera un cambio constitucional.

Lo quiero recordar, porque por desinformación o por la intención de quienes quieren que regrese el estado confesional, han intentado frente a la opinión pública mantener esa elucubración de que se modificó a favor de las iglesias, y especialmente de la iglesia católica, el artículo 24 constitucional.

Lo que aquellas Diputadas y Diputados votaron a favor, era quitar el tercer párrafo del artículo 24 constitucional que señala:

“Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebraran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

Desde aquel entonces, seguramente los colegas de la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, lo que querían era generar condiciones para frases como ésta, que fue hecha pública el pasado 10 de junio, que hoy precisamente que estamos terminado el proceso del artículo 24 constitucional tenemos que traer a la palestra.

Dijo Margarita Arellanes Cervantes, y la cito textualmente: “Es por eso que hoy estamos aquí reunidos, y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro señor Jesucristo para que su reino de paz y bendición sea establecido”.

Y no sólo se quedó ahí, perdón, pero merece la lectura y creo que es obligado recordar de lo que se trata esta ratificación del artículo 24 constitucional, la alcaldesa de Monterrey dijo:

“Por tal motivo y con profundo respeto y reverencia, humildemente le pido a Dios, ante esta comunidad como testigo, entre a esta ciudad y la haga su habitación y que el señor habite en los corazones de los regiomontanos.

Señor Jesucristo, bienvenido a Monterrey, la casa que nos has edificado es tu casa, señor Jesús, señor de Monterrey”.

Pareciera que esto está sacado de una novela de esas de las antiguas lecturas jericales previas a la revolución, pues no, eso ocurrió hace unas semanas en Monterrey, y hoy que estamos confirmando el cambio constitucional, reiteramos lo que dijimos en ese debate en la LXI Legislatura y que hoy mantenemos, especialmente de frente a que hemos garantizado en los artículos 40 y 24 constitucional que el Estado mexicano debe de ser laico, y le decimos a aquellos que quisieron en aquella discusión, y reitero que fueron el PRI y el PAN y estaban dispuestos a revisar el artículo 3o. y el artículo 5o. constitucional, que nos vamos a poner enfrente porque el Estado confesional que es la antítesis del Estado democrático, del Estado de libertades y del Estado que hoy es México, no vamos a permitir que esa visión que quisieron poner como bola rápida en ofrenda a la visita del Papa, sea lo que sea para este país.

Vamos a estar atentos a la definición y a la discusión de la ley reglamentaria, especialmente el artículo 40, debemos dejar atrás todo intento de Estado confesional, porque de Estado democrático, el Estado de garantía y el Estado de libertades es el Estado que se merece el presente y el futuro de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Ríos Piter.

Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Diputado José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado José González Morfín: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente.

Me parece que la reforma constitucional que hoy concluye es lo suficientemente importante y trascendente como para centrarnos en ella y no tanto en todo lo que pueda haber alrededor.

Yo sinceramente más que hablar de si un gobernador se consagró o si una alcaldesa entregó su ciudad a Jesucristo o si el Jefe de Estado o el Jefe de Gobierno fueron a la primera misa del nuevo Papa, quisiera centrarme en lo que es en sí la reforma, porque yo creo que es realmente una reforma trascendente.

Y me voy a ir un poco más atrás de quien me antecedió en el uso de la palabra, porque eso no comenzó ese 15 de diciembre.

El tema comenzó muchísimo antes.

En la LX Legislatura, cuando la primer minuta en la trascendental reforma en materia de derechos humanos llegó a la Cámara de Diputados, iba contenido ya el concepto de libertad religiosa, ya lo habíamos aprobado quienes entonces éramos Senadores aquí en la Cámara de Senadores.

Cuando esa LX Legislatura lo retiró y el concepto de libertad religiosa que, por cierto, es un concepto que no nada más está en tratados internacionales, está en muchas de las constituciones de los países del mundo y en muchas de las constituciones incluso que se han dado ahora en el surgimiento de todos estos nuevos países que hay en Europa con la impartición de los antiguos estados europeos, casi todos tienen el concepto del libertad religiosa, es un concepto muy importante.

En aquella ocasión se nos dijo a los Senadores que los Diputados lo habían retirado, pero que había un compromiso de que en una siguiente reforma entraríamos a reformar en materia de Estado laico y en materia de libertad religiosa.

La Cámara de Senadores consideró que era correcto y como la reforma al artículo 1o. constitucional ya contenía el reconocimiento de que los tratados internacionales signados por nuestro país tienen el mismo rango que la Constitución aceptamos que los temas de Estado laico y de libertad religiosa se vieran posteriormente.

Yo creo, compañeras y compañeros legisladores, que hoy concluye un largo y tortuoso proceso, bastaría señalar que el mismo día, en marzo del 2012, fueron aprobadaslas reformas constitucionales en materia de Estado laico al artículo 40 y en materia de libertad religiosa al artículo 24 en el Senado de la República, y que el Estado laico ha sido promulgado desde hace un año. Esa transitó por las legislaturas de los estados de maneramuy rápida, y ésta sufrió un proceso tortuoso.

Sin embargo, afortunadamente hoy concluye, porque yo creo que esta reforma viene a redondear un trabajo que se hizo en las pasadas legislaturas y en esta en materia de reconocimiento a los derechos fundamentales de los mexicanos.

Creo que reformas como la ya mencionada de derechos humanos, la reforma en materia de amparo que reconoce el efecto erga omnes de esa institución tan bonita del derecho mexicano, la reforma constitucional en materia de acciones colectivas, por ejemplo, han venido a formar un paquete que, creo, ha ampliado verdaderamente en gran medida los derechos de los mexicanos, y creo que también para eso estamos aquí los legisladores.

Por eso, yo creo que es importante que hoy concluya el proceso.

Y yo lo que quisiera pensar es que de aquí para adelante, en lugar de estar discutiendo si estos temas son o no de la Constitución o deben o no de estar, yo creo que como dijo el Diputado Monreal, aunque ya estaba contenido en tratados internacionales, no sobra que esté en la Constitución, me parece que es importante que esté, porque yo creo que es muy importante que todos los mexicanos podamos profesar la religión que queramos sin ninguna cortapisa, y yo creo que también es muy importante que el Estado sea laico, porque si el Estado es laico así nos vamos a sentir representados todos los mexicanos, sólo así, con un Estado laico, podemos estar todos o sentirnos todos representados por el Estado mexicano.

¿Qué es lo que falta?, yo creo que si tenemos el concepto de libertad de religión, si tenemos también en la Constitución el concepto de Estado laico, si hay leyes secundarias vigentes y si algunas las tenemos que revisar porque se han desactualizado con la marcha del tiempo, yo creo que lo que necesitamos es que haya autoridades que vigilen el cumplimiento de las leyes, la Ley Suprema y las leyes secundarias, y que apliquen las sanciones cuando así corresponda.

Pero yo hoy como legislador me siento muy completo de que hayamos concluido con el proceso de reforma constitucional en materia de libertad religiosa, estoy seguro que esto es algo que piensan la mayoría de los mexicanos y también voté a favor y me sentí también feliz de que hubiéramos aprobado la reforma constitucional del Estado laico, porque me parece que esto es lo que nos hace mejores como mexicanos y lo que hace más fuerte la Estado mexicano.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado José González.

En otro apartado de nuestro Orden del Día, tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Alberto Villarreal García, para presentar a nombre propio y de los Diputados Adriana González Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional y los artículos 3o. y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 3o. Y 42 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por el C. Diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre propio y de los CC. Diputados Adriana González Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Diputado Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias, señor Presidente.

El día de hoy presentamos una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3o. y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de establecer un sistema de financiamiento para la educación a nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior para los trabajadores y sus familias.

Para mi partido existe la clara convicción de que un país educado es un país que entiende su presente y que puede apostarcon certeza hacia el futuro.

La iniciativa que presentamos responde a la inquietud de muchos mexicanos que buscan alternativas para apoyar a sus familias en la búsqueda de más y mejores oportunidades en educación tecnológica y superior.

Esto permitirá que al finalizar sus estudios, los graduados puedan encontrar un empleo bien pagado y con seguridad social.

Este esfuerzo no es nuevo para el PAN. Desde hace algunos años hemos venido trabajando en ello, iniciamos con la deducibilidad de las colegiaturas de escuela de paga; también logramos que a través de Nacional Financiera se creara el sistema de becas crédito para estudiantes de educación superior, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, debemos de reconocer que ampliar las posibilidades de financiamiento en materia educativa todavía es un tema pendiente.

Por ello, para nosotros los legisladores del PAN, en ambas Cámaras, poder ofrecer un esquema innovador, lleno de bondades, que sirva de apoyo decidido a los trabajadores en sus aspiraciones educativas, es una convicción que hoy estamos haciendo realidad.

La reforma que presentamos es el reflejo de los anhelos y de las aspiraciones de muchos, de millones de mexicanos; representan la posibilidad de mejora en muchos sectores productivos y es una reforma con la que podemos lograr mejores indicadores de desarrollo humano.

Nosotros le decimos sí a apostar al capital humano, sí a una sociedad mejor y más educada, sí a una sociedad más sólida que pueda enfrentar los desafíos que este país tiene para el futuro.

La realidad de México demanda nuestro mayor talento para favorecer el sector educativo; es inevitable el análisis de datos duros, fríos y nada halagadores.

Actualmente y con información del año 2012, sólo el 33 por ciento de los jóvenes, entre 19 y 23 años, están matriculados en una institución de educación superior, es decir, que solo el 33 por ciento de los jóvenes en México tendrán estudios de normal, de técnicos universitarios, de licenciatura, de maestría o de doctorado.

La Encuesta Nacional de Juventud de 2012, señala que la edad promedio en la que los jóvenes dejan de estudiar está cercana a los 17 años, y que la mayoría de ellos se reportan en la deserción escolar, argumentando motivos económicos. Quienes hoy cuentan con estudios de educación superior pertenecen a aquellos segmentos privilegiados de la sociedad que lograron un espacio universitario.

Actualmente entre las escuelas públicas y privadas, sólo existen tres millones y medio de estudiantes, y eso, por supuesto, no es suficiente para la inmensa demanda que tiene nuestro país.

No estamos cubriendo la necesidad de los ciudadanos.No somos competitivos en comparación de otros países de la OCDE.

Ante tal escenario, los legisladores del PAN revisamos cuál era la mejor manera de apoyar a las familias mexicanas y encontramos una gran área de oportunidad en el ahorro y en los créditos del INFONAVIT, generados después de adquirir una primera vivienda, hasta hoy, dichos créditos sólo pueden ser utilizados en remodelaciones o en la compra de una segunda casa.

Con esta reforma, los trabajadores tendrán la alternativa de utilizar el sistema de crédito INFONAVIT para pagar la educación superior de sus hijos o de sus familiares.

Es que en lugar de que tengamos el dinero del INFONAVIT en fondos bursátiles o financieros, los pongamos en fondos de capital humano que nos ayude a construir una mejor sociedad para México y una sociedad que nos permita, en el futuro, enfrentar los desafíos con éxito que este país tiene para sí.

Este país está absolutamente convencido de que va ir al frente y que va a convertirse en un país líder, y para poder enfrentar ese reto que nos hemos puesto todos los mexicanos, se requiere invertir en lo más valioso que tiene el país, y ese es el capital humano, y no hay mejor inversión en este rubro que no sea el de la educación.

Ante la reducción de la demanda por créditos hipotecarios del INFONAVIT, proyectado en el plan financiero 2013-2017, y sostenido por datos duros y ante el escenario de que el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tendrá para el año 2017 un sobrante de liquidez, equivalente a 200 mil créditos hipotecarios, es necesario decidir en qué deberá el Estado mexicano redimensionar estos recursos de los trabajadores.

El esfuerzo no es menor, ya que la aplicación de esta reforma implica el manejo adecuado de 80 mil millones de pesos para fines educativos, en nuestras manos se encuentra la decisión de que los trabajadores puedan acceder a este dinero y que lo inviertan en la mejor herencia que puede darle un padre a sus hijos, que es precisamente la educación.

Está comprobado que el crecimiento en educación es directamente proporcional a las oportunidades laborales. Por ello, la iniciativa contempla el espectro de acceso a educación media y superior.

Y en el PAN creemos en la fuerza y la voluntad de acero de los trabajadores y sus deseos de superación.

La reforma que hoy presentamos da esperanza a miles de personas que han visto truncados sus deseos de tener una mejor calidad de vida por no haber podido continuar con sus estudios.

En el mediano plazo, debemos aspirar a tener una población más capacitada y una fuerza laboral más profesional y más próspera.

Adicionalmente, y con esto termino, señor Presidente, esta reforma se encuentra en perfecta sintonía con la reforma educativa que aprobamos hace unos meses en esta legislatura.

Este es el momento adecuado para lograr que todas las instituciones sumen esfuerzos y que promuevan la nueva cultura educativa que deseamos para México.

Hoy tenemos la oportunidad de hacer que el sueño de los mexicanos se cumpla en casa y en familia.

La educación es la mejor herencia que puede legar un padre y la mejor oportunidad de éxito que puede tener un ciudadano.

Actuemos con generosidad y por el bien de México.

Premiemos el esfuerzo de aquellos que quieren un país mejor y que trabajan diariamente para que así sea. Sigamos moviendo a México en la dirección adecuada.

¡Va por México!

¡Va por la gente!

¡Va por los jóvenes!

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscriben, Adriana González Carillo, Luis Alberto Villarreal García y Alfredo Rivadeneyra Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. y 42 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con información del Módulo de Educación, Capacitación y Empleo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), llevada a cabo por el INEGI en 2009, en México, sólo el 18.8% de la población económicamente activa tiene educación superior, es decir, estudios de normal, técnicos universitarios, licenciatura, maestría o doctorado.

Esta encuesta también señala que el promedio de edad en que las personas dejan de estudiar es a los 18 años, edad en la que tradicionalmente se realizan los estudios de educación superior. De las personas que no continuaron sus estudios 50.46% reportan que la razón principal del abandono de los estudios fueron motivos económicos.

Varios estudios académicos han mostrado que el rendimiento de la educación superior medido en los ingresos de los individuos es alto1, la ENOE confirma esta situación ya que la mayoría de la población (57.4%) con ingresos mayores a 5 salarios mínimos tiene estudios de licenciatura o posgrado.

De acuerdo con las proyecciones de población y vivienda del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010 – 2050, que se encuentran disponibles en su página de internet, se observa que el mayor número de población entre 18 y 23 años se tendrá entre 2015 y 2020 (13 millones), posteriormente decrecerá a niveles similares a los de 2010 (12.5 millones).Esta situación se debe a la dinámica de envejecimiento de la población en México, por lo que esos jóvenes serán los que engrosen las cifras de adultos mayores en el futuro.Por esta razón resulta relevante asegurar a este grupo poblacional el acceso a trabajos bien remunerados que les permitan generar un ahorro para su retiro adecuado.

La OCDE estima que en promedio, los países miembros tienen una tasa de graduación de educación superior de 39%.Destacan Australia, Dinamarca, Islandia, Polonia y Reino Unido con tasas superiores al 50%, mientras que México, Arabia Saudita y Turquía son los que tienen coberturas menores a 25%2.Según información de la SEP la cobertura de educación superior en México pasó de2.5 millones de alumnos en el 2000 a más de 3 millones en 2011.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES) ha mencionado una meta de 48% para 2020, con una matrícula de más de 5 millones de estudiantes, lo cual implicaría el doble de estudiantes a nivel superior y por tanto una necesidad de financiamiento mayor.

Tradicionalmente el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a través de universidades públicas.Sin embargo también existen esfuerzos recientes que contribuyen a cubrir los costos de la educación superior a través de becas, como son el Programa de Financiamiento a la Educación Superior de Nacional Financiera y las becas PRONABES de la Secretaría de Educación Pública.En el primer caso se tienen fondos para financiar hasta 12 mil estudiantes y en el segundo se entrega un promedio anual de 260 mil becas anuales para la población de bajos ingresos.Estos esfuerzos han sido insuficientes a la luz de la necesidad de acceso y permanencia en laeducación superior de los jóvenes mexicanos. Por ello, resulta imprescindible analizar otras fuentes de financiamiento.

A partir del año 2001 en INFONAVIT se inició una reestructuración financiera que permitió elevar sustancialmente el número de créditos hipotecarios otorgados en México. Se fortalecieron los procesos de crédito, se diversificaron las fuentes de ingreso del Instituto y se rediseñó un modelo de cobranza. Se crearon alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y potenciar el monto de los financiamientos. Por otra parte, se impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado que logró ofrecer soluciones habitacionales a bajo precio.

En la primera etapa de este proceso, que puede enmarcarse en el período 2001-2006, el INFONAVIT alcanzó la meta de 2 millones de créditos, igualando lo realizado en los primeros 28 años de su operación. El 27.1% de estos créditos se destinaron a la compra de Vivienda Económica. Asimismo, a través de una originación de créditos más efectiva y una mejor cobranza se logró asegurar la viabilidad financiera del Instituto y con ello pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores, para el 2006 se logró el objetivo de retribuir con un 4% real3.

En una segunda etapa (2007‐2012) el INFONAVIT se plantea el reto de trascender de simplemente otorgar un crédito, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la ortodoxia crediticia y la disciplina financiera. De esta forma, se adecua la estructura organizacional para atender tres líneas estratégicas: Vivienda, Entorno y Comunidad.Durante este sexenio se otorgaron aún más créditos que el anterior, alcanzando un total de casi 3 millones de créditos, de los cuales el 34.3% están asociados a una vivienda sustentable.

El éxito financiero del INFONAVIT también se tradujo en una reducción importante del rezago de vivienda de sus derechohabientes, con lo cual los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de créditos que se necesitarán otorgar durante los próximos años. Si bien enlos últimos seis años el INFONAVIT otorgó un promedio de aproximadamente 500 mil créditos anuales, este número empezará a disminuir a partir de 2017.

De acuerdo al Plan Financiero 2013-2017 del INFONAVIT se espera que en 2013 y hasta 2016, el nivel de créditos solicitados ascienda a 580 mil créditos. Una vez abatido el rezago, a partir de 2017, podría reducirse a un promedio de 380 mil créditos por año, de los cuales 26% correspondería a usos secundarios. Con esto, la demanda de crédito será menor que la capacidad de otorgamiento, con lo cual se comenzarán a acumular excedentes de liquidez4.

A partir de 2017 el INFONAVIT tendrá aproximadamente un sobrante de liquidez equivalente a 200 mil créditos hipotecarios (alrededor de 60,000 millones de pesos anuales) que deberían ser destinados a otra actividad. Lo anterior hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera a favor de los mexicanos.

Por otra parte, el Censo de Población y Vivienda 2010 dio evidencia de que en México existen casi 5 millones de viviendas deshabitadas, de las cuales 3 millones se encuentran en zonas urbanas.Una de las razones que se considera que han provocado esta situación es el aprovechamiento de los créditos hipotecarios mientras se tiene trabajo formal, con lo cual algunas personas han adquirido viviendas que no necesitaban para vivir. Cabe señalar que muchas de estos acreditados continúan pagando su crédito a pesar de que no habiten la vivienda.

Por un lado, existirán recursos disponibles para financiamiento y, por otro, un mayor número de personas en edad educativa necesitará financiamiento, resulta una oportunidad que debe ser aprovechada permitiendo que el INFONAVIT otorgue préstamos para la educación de los familiares de los derechohabientes.

A nivel internacional existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamientos de seguridad social como vivienda, salud, educación superior y retiro. Este es el caso del “Central Provident Fund” de Singapur que es reconocido por el fuerte impulso al financiamiento hipotecario en ese país como por la promoción del ahorro individual de la población.En dicho país el Fondo está basado en créditosa los que accede la población de acuerdo a su propio nivel de ahorro y es prácticamente la única fuente recursos para seguridad social. Adicionalmente, este esquema permite otorgar condiciones preferenciales a las personas de menores recursos económicos.

Desde su creación el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha tenido el único objetivo de proveer vivienda a los trabajadores, por lo cual la Ley que lo crea está basada en este concepto.La destacada reestructura financiera de los últimos 10 años lo ha constituido como el detonador de financiamiento a nivel nacional tanto por los créditos otorgados por el instituto como por las alianzas con las entidades financieras privadas. De esta manera, ha contribuido sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien, siempre se necesitará financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que a partir de 2017 el INFONAVIT tendrá un sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie demandará.

De acuerdo con datos recientes del INEGI, en México sólo el 31.8% de las personas tienen acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría de los cuales cotiza también al INFONAVIT.Dentro de esta población sólo se encuentra el 13 % de los jóvenes entre 15 y 18 años que no estudian y no han encontrado un trabajo, es una población que aún puede mejorar el nivel de estudios promedio. El 65% de las personas con seguridad social tienen un nivel de escolaridad de secundaria y otro 18% bachillerato.

Aprovechando la solidez financiera del Instituto la propuesta de reforma a la Ley del INFONAVIT se basa en dar un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.

La reforma tiene principalmente dos aspectos:

• Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su propia educación o la de sus familiares.

• Dadas la baja calificación que han obtenido las instituciones de educación superior se considera indispensable que estos créditos se otorguen únicamente para los programas reconocidos como de alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, medida especialmente en términos de absorción del mercado laboral.

Si bien todas las personas con acceso a INFONAVIT serían beneficiados por la reforma, se estima que se enfocaría principalmente a hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda, que principalmente son hogares con ingresos mayores a 14 salarios mínimos. Sin embargo, esto permitiría liberar los recursos disponibles de otros financiamientos como el de NAFIN o becas de la SEP para alumnos con menores ingresos o que no estén afiliados a la seguridad social.

La disponibilidad de recursos del INFONAVIT ha generado reformas legales anteriores que han dado pie a jurisprudencia derivada de controversias constitucionales. En 1997 se agrega un transitorio a esta ley para que los fondos de los trabajadores que se beneficiaran del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 pasaran a formar parte de los fondos del IMSS para cubrir las pensiones vigentes. Lo cual implicaba que los trabajadores que no hubieran ejercido su crédito no recibirían el ahorro de su subcuenta de vivienda. Después de varios juicios de inconstitucionalidad, derivados del concepto explícito de que los fondos son para vivienda, la Suprema Corte de Justicia Nacional emitió las Jurisprudencias 92/2011 y 93/2011, mediante las cuales se establece la posibilidad para los trabajadores que se pensionaron o decidan pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, de exigir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“INFONAVIT”), que el ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997, se les entregue en una sola exhibición. Esto derivó en la modificación de dicho transitorio en 2012.

Tomando lo anterior en consideración, en este caso, la reforma busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen para financiar la educación de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que tienen sobre su subcuenta.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 3o. y 42 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 123de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 123. TODA PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE UTIL; AL EFECTO, SE PROMOVERAN LA CREACION DE EMPLEOS Y LA ORGANIZACION SOCIAL PARA EL TRABAJO, CONFORME A LA LEY.

….

XII.- TODA EMPRESA AGRICOLA, INDUSTRIAL, MINERA O DE CUALQUIER OTRA CLASE DE TRABAJO, ESTARA OBLIGADA, SEGUN LO DETERMINEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS, A PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES HABITACIONES COMODAS E HIGIENICAS. ESTA OBLIGACION SE CUMPLIRA MEDIANTE LAS APORTACIONES QUE LAS EMPRESAS HAGAN A UN FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA A FIN DE CONSTITUIR DEPOSITOS EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES Y ESTABLECER UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA OTORGAR A ESTOS CREDITO BARATO Y SUFICIENTE PARA QUE ADQUIERAN EN PROPIEDAD TALES HABITACIONES.

SE CONSIDERA DE UTILIDAD SOCIAL LA EXPEDICION DE UNA LEY PARA LA CREACION DE UN ORGANISMO INTEGRADO POR REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES, QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA. DICHA LEY REGULARA LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES LOS TRABAJADORES PODRAN ADQUIRIR EN PROPIEDAD LAS HABITACIONES ANTES MENCIONADAS O UTILIZAR SUS FONDOS PARA ACCEDER A FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ELLOS O SUS FAMILIARES.

Artículo Segundo: Se reforman los artículos 3o. y 42 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, adicionándole una fracción a cada uno, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto:

I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;

II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,

b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y

IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece.

V.Establecer un sistema de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior para los trabajadores o sus familias.

Artículo 42.- Los recursos del Instituto se destinarán:

I.- En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto….

….

II.- Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto:

a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones;

b) En línea tres a la construcción de vivienda;

c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y

d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.

….

III.- Al pago de capital e intereses de las subcuentas de vivienda de los trabajadores en los términos de ley;

IV.- A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto;

V.- A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas, y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.

VI.- A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

….

VII. Al financiamiento de educación a nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior de los derechohabientes o sus familiares en programas calificados por la Secretaría de Educación Pública como de alta absorción laboral.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Dip. Adriana González Carrillo. Dip. Luis Alberto Villarreal García. Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Villarreal García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Vivienda de la Cámara de Diputados.

1Liliana Meza González, Cambios en la estructura salarial de México en el período 1988-1993 y el aumento en el rendimiento de la educación superior, El Trimestre Económico, Vol. 66, No. 262 (2), abril – junio de 1999, pp. 189-226, Fondo de Cultura Económica.

2Fuente: “Indicator A3 How many studentss are expected to finish tertiary education?”, in Education at a Glance 2012, OECD Indicators.

3Fuente: Avances y Perspectivas, INFONAVI, octubre 2012

4 Plan Financiero 2013-2017, INFONAVIT, pag 62

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa y solicitando el respaldo y el apoyo de todos ustedes.

Esta iniciativa tiene un proyecto de Decreto que busca reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y tiene el propósito de buscar crear un registro de beneficiarios, de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero que sea contratado por las personas en las instituciones financieras del país, para que busquemos con esta reforma proteger el patrimonio de miles y miles de personas que hacen estas contrataciones con las instituciones financieras.

Todos conocemos la importancia que tiene para el desarrollo económico del país, para el crecimiento, por supuesto, del mismo, el sistema financiero.

Yo estoy convencida de que los sistemas financieros fomentan la inversión productiva de las empresas, y del propio gobierno, y contribuyen directa e indirectamente a la generación de empleos y, por supuesto, al progreso del país.

En el grupo parlamentario del PRI, tenemos la absoluta convicción de que coadyuvar con la legislación es respectiva, que fortalezca la cadena del sistema financiero y, por supuesto, las propias políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal, como es el caso de la reforma financiera que envió el Poder Ejecutivo Federal al Congreso, son sustantivas.

La propuesta ya anunciada en materia financiera, estoy absolutamente segura que habrá que impulsar a las instituciones bancarias para que otorguen más y mejores créditos y esto tendrá como consecuencia, por supuesto, mayores beneficios en la economía del país y buscará también incentivar a diversas actividades de la economía para incorporarse al sector formal.

Esta iniciativa representa también la oportunidad de que los mexicanos cuenten con más opciones para ahorrar y, en algunos casos, contar incluso con opciones de crédito para quienes por diversos motivos hoy en día no son susceptibles o no son sujetos de crédito.

Ahora bien, estamos conscientes de que esta iniciativa que reforma diversos ordenamientos en materia financiera, va a provocar mayores retos para el sistema financiero y para la propia normatividad del sector, por lo que el Congreso debe, a mi juicio, actuar de manera proactiva y adelantarse, adecuando la legislación a estas nuevas condiciones que van a surgir en la interacción entre usuarios y las instituciones financieras que habrán de ser tocadas por esa reforma.

En este sentido, se pretenden fortalecer, con esta iniciativa que estoy presentando, las facultades para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de CONDUSEF, para que ante el fallecimiento del titular de una cuenta, título, valor, seguro o cualquier otro instrumento financiero contratado en las instituciones financieras, pueda auxiliarse de manera directa y expedita a los beneficiarios para la recuperación de los importes de las cuentas o el cobro de seguros.

No tenemos estadística específica para conocer del total de contrataciones que se hacen en estos rubros de servicios financieros, cuántos no son reclamados y pagados a quienes son determinados como beneficiarios por los contratantes de las cuentas. Pero asumimos, solamente por unos datos que ahorita les voy a dar, que el número es mayor y que el propósito de quien contrata para beneficiar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, etcétera, no se cumple siempre por falta de información, y en este sentido va esta iniciativa.

Actualmente en la CONDUSEF existe ya un sistema de información sobre asegurados y beneficiarios de seguros de vida, que se llama “SIAB Vida”. Mediante este sistema los beneficiarios de un contrato de seguro de vida pueden conocer el proceso para recuperar los beneficios que están contratados.

Este sistema, establecido a partir de 2006, y las cifras más recientes de este sistema, precisan que a través de su operación el organismo ha recibido un total de 873 consultas de 2006 a la fecha, de las cuales en 467 casos no existe ningún seguro contratado y en 365 sí procedió a partir de la consulta.

De los casos afirmativos, en 128 el beneficiario del seguro coincidió con la persona que solicitó la información, mientras que en los 237 restantes no hubo coincidencia.

Lo que estamos proponiendo en síntesis, en esta iniciativa, es fortalecer los derechos de los usuarios de los servicios financieros a través de métodos más expeditos.

Pretendemos crear un registro de beneficiarios similar al que ya existe en la CONDUSEF, pero que obtenga la participación de todas las instituciones financieras del país a fin de que ante el fallecimiento del titular de cualquier cuenta, de cualquier título, valor o seguro, el presunto beneficiario pueda de una manera pronta, con una simple consulta, verificar si lo es o no. Y en caso de que así sea, realizar el cobro ante la institución correspondiente.

En este tenor se pretende fortalecer este proceso para que las instituciones financieras tengan la obligación de solicitar al titular de la cuenta el designar al beneficiario o beneficiarios en el caso de su fallecimiento, cosa que ya se hace, pero que éstos datos sean ratificados y actualizados periódicamente para que, de darse el deceso, exista la manera de localizar a los beneficiarios.

Compañeras y compañeros legisladores, a mí me parece que de aprobarse esta reforma, el Poder Legislativo una vez más dará muestra de que actuamos y trabajamos del lado que importa, del lado de la gente, que trabajamos también con sentido social al apoyar a los usuarios directos o indirectos de los servicios financieros que en algún momento requieran recuperar los importes de la cuenta del título, del valor, del seguro o cualquier otro instrumento financiero contratado por quienes lo designó en tal calidad.

Yo estoy absolutamente segura de que habrá cientos, miles de familias en el país que habrán de beneficiarse de ser considerada por ustedes esta propuesta para ser aprobada en el momento legislativo oportuno.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para crear el registro de beneficiarios de cuentas, tItulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones FinancieraS, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema financiero es esencial para el desarrollo y crecimiento de los países, en razón de que éste permite hacer la asignación de los recursos de un país entre los oferentes (ahorradores) y demandantes (deudores) de dinero. Esto es, que canaliza los recursos excedentes de un sector de la población hacia otro donde hay escasez, fomentando la inversión productiva de las empresas y del propio gobierno, con la consecuente generación de empleos y el progreso para el país.

Bajo este contexto, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen una responsabilidad compartida en la elaboración de políticas públicas que impulsen el sistema financiero del país, a efecto de eficientar este mercado a partir alcanzar los mayores beneficios para con la población. Ante lo anterior, como ustedes saben, el Ejecutivo federal ha presentado recientemente un conjunto de Iniciativas relativas a la “Reforma Financiera”, reforma que por su trascendencia y calado para el sector financiero, permitirá, entre otros beneficios, brindar un mayor grado de acceso al crédito con menores tasas de interés.

Asimismo, se espera que con la “Reforma Financiera” se eleve la participación de más personas en el sistema financiero formal del país. Esto es importante, ya que en el pasado mes de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV), presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera1, que señala que solamente el 56 por ciento de la población adulta del país, es decir, 39.4 millones de personas entre 18 y 70 años, tiene contratado al menos un producto en el sistema financiero, ya sea a través de una cuenta de ahorro, crédito, de retiro o seguro.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos ciertos que la inclusión de más personas al sistema financiero traerá enormes beneficios a la economía del país, además, promoverá la formalización en varios sectores de la economía; aumentará la disponibilidad de recursos al sistema provenientes de nuevos ahorradores; brindará acceso al crédito a personas que antes estaban marginadas, entre otros beneficios no menos importantes. Sin embargo, también estamos conscientes que esto provocará mayores retos para el sistema financiero y para la propia normatividad del sector, por lo que debemos ir adecuando la legislación a las nuevas condiciones de la realidad imperante.

Es por ello, que ante el incremento esperado de más usuarios en las Instituciones Financieras, con motivo de la Reforma Financiera del Ejecutivo, que seguramente este Congreso habrá de aprobar en los meses próximos, se hace necesario establecer las disposiciones legales que faciliten la interacción entre los usuarios y las Instituciones Financieras. Para lo cual, es importante reconocer y reforzar la labor social que ha venido realizando la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, a favor de la población, organismo público que tiene como finalidad, precisamente, promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de los servicios financieros.

La presente Iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía, tiene como objeto fortalecer las facultades de la CONDUSEF, para que ante el fallecimiento del titular de una cuenta, título, valor, seguro o cualquier otro instrumento financiero que se encuentre contratado en las Instituciones Financieras, pueda auxiliar y asesorar de manera directa y expedita a los beneficiarios o deudos para la recuperación de los importes de las cuentas o el cobro de los seguros, ya que es muy común que estos tengan desconocimiento de tales instrumentos y, por ende, nunca procedan a recuperarlos con oportunidad.

Actualmente, la CONDUSEF con la participación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C., AMIS, cuenta con el Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-Vida)2, para que cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida, puede acudir a esa Comisión a solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, ya sean individuales o colectivos, incluyendo aquellos que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros, lo anterior, de acuerdo con el actual artículo 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Esto surgió, precisamente, a consecuencia del elevado número de seguros de vida que no eran cobrados por los beneficiarios, en gran medida, porque la gran mayoría no tenía conocimiento que contaba con un seguro a su favor. Cabe destacar que este sistema se implementó a través de un convenio de colaboración, suscrito en febrero de 2006, entre la CONDUSEF y la AMIS; más tarde, en mayo de 2009, este Congreso mediante acto legislativo elevó a rango de Ley este sistema, mediante el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros3.

Ahora bien, lo que se propone es crear un sistema similar pero con la participación de todas las Instituciones Financieras del país, esto con la finalidad de que ante el fallecimiento del titular de cualquier cuenta, título, valor o seguro que se encuentre en alguna Institución Financiera, con una llana consulta, el beneficiario tenga toda la información del sistema financiero, para que proceda ante cada Institución, en su caso, a recuperar el importe correspondiente, ya sea de una cuenta de ahorro o para el retiro, un seguro de vida colectivo o individual, o cualquier otro instrumento financiero.

En tal virtud, se proponen una serie de enmiendas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En primer lugar, se propone la adición del Artículo 52 Bis, para establecer el registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras, a cargo de la CONDUSEF, a fin de que cualquier persona que presuma que es beneficiaria de alguna cuenta o seguro radicado en una Institución Financiera, podrá consultar este registro que le permita saber si es beneficiaria y, en su caso, proceder conforme a las disposiciones aplicables a recuperar el importe de la cuenta o a cobrar el seguro correspondiente.

De igual manera, se propone la adición de un Artículo 52 Bis 1, para establecer la obligación a cargo de las Instituciones Financieras, de solicitar al titular de la cuenta, título, valor, seguro o cualquier otro instrumento financiero, a que designe beneficiario o beneficiarios, en el caso de su fallecimiento, mismos que tendrán que ser ratificados o actualizados de manera periódica.

Asimismo, se faculta a la CONDUSEF para que determine, mediante reglas de carácter general, los lineamientos para la implementación y funcionamiento de este registro. Entre los cuales, deberá establecer los datos idóneos para la identificación y ubicación del beneficiario, tales como: RFC, CURP, dirección, teléfono, entre otros, que permitan la identificación oportuna y plena del beneficiario y, con ello, facilitar el traslado del importe de la cuenta o el pago del seguro correspondiente.

Por otro lado, la CONDUSEF deberá señalar a las Instituciones Financieras la forma y los términos a través de los cuales deberán proporcionar los datos de los beneficiarios, de tal suerte, que se encuentren disponibles y actualizados en todo momento.

Finalmente, en el entendido de que el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas que se materializa a través de un instrumento financiero con valor monetario, y que fue potestad del titular del mismo, designar en vida a un beneficiario para que le fuera entregado en tiempo y forma, se hace por demás necesario que las Instituciones Financieras brinden esta información a la CONDUSEF de manera oportuna para este objeto, por lo cual, se propone modificar el Artículo 94, fracción II, para que cuando una Institución Financiera no proporcione la información para el registro de beneficiarios, la Comisión le pueda imponer una multa de 200 a 1000 días de salario.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos seguros que estas reformas contiene un gran sentido social ya que buscan fortalecer la seguridad jurídica de los usuarios o beneficiarios que requieren recuperar o agilizar los importes de las cuentas de ahorro o del pago correspondiente en la aplicación de seguros, o de cualquier otro instrumento financiero.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para crear el registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras.

Artículo Unico. Se Reforman los Artículos 52 y 94, fracción II; y se Adicionan los Artículos 52 Bis y 52 Bis 1, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 52.- A efecto de cumplir con el objetivo señalado en el artículo anterior, la Comisión Nacional podrá solicitar a las Instituciones Financieras, la información referente a las características generales de los distintos productos, tasas de interés y, en general, sobre los servicios que se ofrecen a los Usuarios.

Artículo 52 Bis. La Comisión Nacional contará con el registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras, a fin de que cualquier persona pueda consultar este registro para saber si fue designada como beneficiaria de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero que se encuentren contratados en una Institución Financiera y, en su caso, proceda conforme a las disposiciones aplicables a recuperar el importe o seguro que corresponda.

La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará el procedimiento de consulta y asesoría para la recuperación de los importes o seguros, contratados en las Instituciones de Financieras, a favor de los beneficiarios.

Artículo 52 Bis 1. Las Instituciones Financieras deberán solicitar al titular de la cuenta, título, valor, seguro o cualquier otro instrumento financiero contratado, a que designe beneficiario o beneficiarios, en el caso de su fallecimiento, con los datos idóneos para su identificación y ubicación, mismos que tendrán que ser ratificados o actualizados de manera periódica.

La Comisión Nacional determinará la forma y los términos a través de los cuales las Instituciones Financieras deberán proporcionar de manera periódica los datos de los beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratado.

La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, establecerá las disposiciones conducentes para el funcionamiento y actualización del registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras.

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:

I. …

II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 52 bis 1, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta Ley;

III. a la XIII. …

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Comisión Nacional deberá expedir las reglas de carácter general para la implementación y funcionamiento del registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras, en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero. El registro de beneficiarios de cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento financiero contratados en las Instituciones Financieras, a cargo de la Comisión Nacional, deberá entrar en funciones en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general que se expidan para tal efecto.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 19 de junio de 2013.

Sen. Graciela Ortiz González”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.


1 CNBV. Estudios sobre Inclusión Financiera. http://www.cnbv.gob.mx/Prensa/Paginas/Inclusion.aspx

2CONDUSEF. Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-Vida).

http://www.condusef.gob.mx/index.php/siab-vida-guia-seguros-de-vida

3DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpdusf/LPDUSF_ref06_06may09.pdf

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Efectivamente vengo a esta tribuna a presentar una serie de propuestas de reformas a diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al tenor del siguiente contexto.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros, México cuenta con una gran variedad de instituciones bancarias, sin embargo, esta oferta se concentra en zonas urbanas, mientras que en el sector rural está prácticamente abandonada. Hecho que evidentemente ha marginado a millones de los habitantes a lo largo de nuestro país, obligados a buscar salidas alternativas para resolver sus necesidades financieras básicas, como lo son el ahorro y el préstamo.

Esto ha facilitado la proliferación de sociedades cooperativas, permitiendo la creación de las llamadas cajas populares o de ahorro.

Si bien muchas de estas organizaciones son exitosas y gozan de la confianza de sus socios, últimamente, como también todos lo sabemos, se han producido diversos problemas derivados de las actividades fraudulentas por parte de personas que, aprovechando los vacíos legales, establecen cajas de ahorro de aparente legalidad para cometer millonarios fraudes.

De 850 entidades que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 aparecen como autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Otro problema en este contexto es la multiplicación de las cajas de ahorro al amparo de lo que se conoce como prórroga condicionada, que es el plazo que tienen para tramitar precisamente su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De conformidad con el artículo 8o. de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, establece que deberán solicitar su inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo dentro de los 180 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Este plazo, compañeras y compañeros, de seis meses, representa en los hechos una gran oportunidad para aquellas cooperativas fraudulentas que utilizan el tiempo para aparentar que están legalmente constituidas cuando oficialmente aún no están inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dándoles, como ya lo expliqué, medio año para operar al margen de la ley y defraudar a la gente mediante artificios legales.

Por ello la serie de iniciativas que vengo a presentarles a ustedes, aquí proponemos la reducción del plazo a 30 días naturales para obtener el registro, pues nada impide que estas cooperativas realicen a la brevedad los trámites para poder obtener el mencionado registro.

En su artículo 15, vale la pena comentarlo, establece que las sociedades cooperativas de operación básica deberán presentar los estados financieros de manera trimestral, y para aquellas con menos de 2,000 socios será de manera semestral, dejándolas operar hasta por un plazo de entre 9 y 12 meses entre la prórroga condicionada y la presentación de sus estados financieros, lo que en la práctica resulta en miles de personas despojadas de los ahorros de toda su vida.

Asimismo, y quiero llamar la atención de ustedes, es imperante establecer límites en cuanto a los préstamos que realizan las sociedades cooperativas, ya que la ley no ordena procedimiento para establecer un monto máximo, por ello, la institución puede entregar el total de los ahorros de los socios a una sola persona.

En este rubro, compañeras y compañeros legisladores, se propone fijar en nuestra propuesta de reforma un límite del 30 por ciento del capital contable con que se cuenta en el momento de solicitar el préstamo.

La presente iniciativa, lo reitero, busca perfeccionar el marco jurídico existente, proteger a los ahorradores y ocupar la atención de esta Honorable Asamblea con una doble perspectiva.

En primer lugar, una acción de justicia reivindicativa para resolver el pasado, y una acción de impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demanda vigorizarse en el marco de una mayor protección.

Es lo que he venido a plantearles, y por supuesto solicito a mis compañeras y compañeros Senadores, a donde habrá de remitirse esta propuesta, su apoyo, y por supuesto a las compañeras y compañeros Diputados, cuando haya sido aprobado, como lo espero, también que llegue a la Cámara de los Diputados y que ahí también sea aprobada.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa.

“Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo
C. Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
Presente.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y PrEstamo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema financiero representa un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía de cualquier país. Está integrado principalmente por distintos intermediarios y mercados financieros con la finalidad de establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en la negociación, fijar los precios de los productos financieros en función de su oferta y demanda, reducir los costos de intermediación y administrar los flujos de liquidez de los productos.

Mediante un sistema financiero estable, eficiente y competitivo, es posible elevar el crecimiento económico y el bienestar de la población. Para lograr dichos objetivos, es indispensable contar con un marco institucional sólido y una regulación y supervisión financiera adecuada. La consolidación de estos propósitos permite salvaguardar la integridad del sistema y proteger los intereses de la población.

El Sistema Financiero Mexicano debe orientarse a través de sus organismos e instituciones para captar, administrar y canalizar la inversión dentro del marco legal, movilizando el ahorro hacia sus usos más productivos.

Resulta evidente que aunque se cuente con un gran número y variedad de instituciones bancarias, estas se han olvidado de cubrir el potencial mercado que existe en comunidades rurales, hecho que desde hace muchos años ha marginado a un sinnúmero de habitantes de cientos de municipios a lo largo del país, mismos que se han visto obligados a buscar salidas alternativas para resolver sus necesidades financieras básicas, como lo son el ahorro y el préstamo.

Lo anterior, dio como resultado la creación y proliferación de sociedades cooperativas que operaban al margen de la ley. En nuestro país, el término "caja popular" o "caja de ahorro" abarca un amplio rango de intermediarios financieros, similares a las cooperativas financieras que se encuentran en toda Europa, Estados Unidos, Canadá y gran parte de los países en vías de desarrollo. Con contadas excepciones, estas cooperativas financieras se capitalizan con las contribuciones de los integrantes, de quienes aceptan depósitos y a quienes hacen préstamos.1

En México, la figura de las cajas populares o cajas de ahorro se remonta a finales del siglo XIX, cuando durante el Porfiriato hubieron algunos intentos para fundar cooperativas de ahorro y crédito, sin embargo, los altibajos financieros de la época impidieron su desarrollo. Fue hasta el año de 1951, cuando en el norte de nuestro país apareció la primera caja de ahorro popular, emprendida por el sacerdote Pedro Velásquez Hernández, inspirado por el auge de las Cajas Populares en Canadá y las Uniones de Crédito en Estados Unidos.2

Derivado del éxito inmediato, las Cajas Populares se extendieron en nuestro país rápidamente. Para el año de 1954, existían alrededor de 20 instituciones similares.  Si bien dichas empresas avanzaban con prosperidad, sus dirigentes y participantes se dieron cuenta de que necesitaban asesoramiento y directrices, por lo que ese mismo año decidieron celebrar el Primer Congreso Nacional de Cajas Populares. Diez años después, en 1964, se creó la Confederación Mexicana de Cajas Populares, lo que sentaría las bases de un movimiento nacional integrado por federaciones y confederaciones de cajas de ahorro y crédito popular. Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), señalan que para ese entonces había en todo el país alrededor de 500 Cajas de Ahorro, con más de 300 mil asociados.13

El desarrollo de las Cajas de Ahorro Popular se mantuvo por mucho tiempo sin el reconocimiento de la Ley, al margen de la participación del gobierno para fomentarlas y regularlas. Esta tendencia cambió en 1991, cuando la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito fue modificada, para incluir a las Sociedades de Ahorro y Préstamo como intermediarios financieros regulados.

En 1994, la Ley General de Sociedades Cooperativas se modificó para incluir a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, lo que originó cambios para el Sector de Ahorro y Crédito Popular. Este Sector ofrecía grandes oportunidades para desarrollarse, formalizarse, crecer y contribuir al desarrollo nacional. Pudo convertirse incluso en el principal vehículo de financiamiento de las micro y pequeñas empresas, tal como sucede en países que tienen Sistemas de Ahorro y Crédito Popular exitosos. Asimismo, el Sector debía proveer de servicios financieros a las regiones que carecían de ellos, incorporándolos a la economía formal y a las principales corrientes de actividad económica, buscando promover así un desarrollo compartido.

Si bien durante el desarrollo y regulación del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, y en particular de las Sociedades Cooperativas, se buscó reconocer el importante papel del cooperativismo como factor económico y social, también se luchó al mismo tiempo por desterrar la marginación o exclusión a sectores de población, en especial de comunidades rurales.

Este intento de regulación por parte del estado dio como origen leyes que desvirtuaron la verdadera naturaleza social de las cooperativas, ya que su origen se estableció en leyes del sector que imponían un tratamiento mercantil y bancario, como lo fueron la Ley General de Sociedades Mercantiles, o su ley especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Derivado de lo anterior, en el año de 2009, se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de otorgarle su naturaleza eminentemente social, dándole al sistema financiero, en particular de este sector, un sentido integral, subsanando diversas lagunas o inconsistencias en los textos de los ordenamientos legales, que resultaban auténticos obstáculos estructurales al desarrollo del cooperativismo mexicano.

Con base a los instrumentos jurídicos antes mencionados, las cajas populares son instituciones financieras denominadas jurídicamente Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que requieren autorización para operar y responden a las necesidades de un amplio sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional. Es Cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, son aportadores y gestores de la empresa, creada para producir o distribuir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Si bien muchas de estas organizaciones son exitosas y gozan de la confianza de sus clientes y ahorradores, en la última década se han producido algunos problemas para el sistema financiero, derivados de las actividades fraudulentas por parte de personas que, aprovechando los vacios legales, establecieron cajas de ahorro que aparentan legalidad, con el propósito de engañar a los ahorradores, empresas que incluso cumplen con requerimientos legales, imposibilitando a los usuarios a tener certeza de sus intenciones.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), ha señalado que la mayor parte de los problemas de las cajas de ahorro se centra en las que operan de manera irregular o al margen de la Ley. De las 850 entidades, sociales y privadas, que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), y el resto está en proceso o carecen de registro.4

Respecto a la Ley para Regular las Actividades de la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cabe destacar en primera instancia la clasificación que realiza de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, siendo de acuerdo a su operación, del nivel básico y de los niveles de I a IV, estas últimas perfectamente reguladas y reconocidas por la Ley, estableciendo en el marco legal mecanismosque dieran certeza a la actividad financiera de las instituciones. Norma jurídica que pasó por alto la actividad financiera de las Sociedades Cooperativas de operación básica, dejando a un lado su supervisión, y estableciendo pocos o nulos elementos para establecer una verdadera regulación que diera seguridad y certeza en el rubro de ahorro y préstamo que estas operan.

En la actualidad, aunado a la problemática que encierra la defraudación de miles de ahorradores, está la multiplicación de las cajas de ahorro al amparo de lo que se conoce como “prorroga condicionada”, que es el plazo que tienen para tramitar su regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior está establecido en el párrafo primero, artículo 8°, de la Ley para Regular las Actividades de la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que establece que deberán solicitar su inscripción en el registro deSociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dentro de los 180 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio, por lo que actuando u operando bajo esta figura, dichas instituciones no están fuera de la Ley.

Este plazo establecido en la Ley especial, resulta un nicho de oportunidad para aquellas instituciones que con ánimo de defraudar a los ahorradores, utilizan este tiempo únicamente para aparentar legalidad, pues el plazo de 180 días resulta excesivo. En lo particular, se busca la modificación del plazo a 30 días naturales para obtener el registro, ya que nada impide que realicen los trámites a la brevedad para obtenerlo. Es importante señalar que se considera que la operación de estas sociedades cooperativas no debe comenzar en tanto no obtengan su registro, lo anterior con la finalidad de que no estén en condiciones de realizar actividades financieras sin la supervisión y verificación de los estados financieros, ya que la Ley no los limita de ninguna forma a operar en tanto no obtengan su registro.

Esto obtiene mayor relevancia, ya que una vez obtenido el registro, la propia Ley establece en su párrafo segundo, artículo 15, que para el caso de Sociedades Cooperativas de operación básica, deberán presentar los estados financieros de manera trimestral, y para el caso de Sociedades Cooperativas de nivel básico con menos de 2 mil socios, será semestralmente. Dejando operar hasta por un término de entre nueve a doce meses, entre la “prorroga condicionada” y la presentación de los estados financieros, lo que la práctica puede resultar en miles de personas defraudadas.

Asimismo el que la Ley amplié el término a seis meses por el hecho de tener menos de 2 mil socios, no se considera adecuado, ya que no se reflexionó en que dichos informes resultan imprescindibles para establecer la legalidad en que dichas sociedades cooperativas operan, y que lo importante no es exigir o reportar menos, sino supervisarlas independientemente de los socios o montos que manejen, reconociendo el impacto que se causa al defraudar a comunidades rurales,ya que literalmente se llevan todo lo que poseen, dejando a comunidades enteras en una parálisis financiera al romper con los ciclos económicos con que cuentan para sobrevivir, esto cobra aun mayor importancia ya que de acuerdo con datos del CONEVAL, dos de cada tres mexicanos del medio rural viven en pobreza, y uno de cada tres tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que es lo suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica.5 Por lo que se propone establecer como regla general el envío de los estados financieros de manera trimestral por todas las Sociedades Cooperativas de operación básica.

Cabe destacar que resulta imperante establecer límites en cuanto los prestamos que se realizan dentro de la Sociedades Cooperativas, ya que la Ley no ordena procedimiento o límite para establecer un monto máximo, lo que da lugar a que la institución pueda entregar el total de los ahorros de los socios a una sola persona, poniendo en riesgo los intereses del resto de los ahorradores. Por ello se propone fijar un límite de 30% del capital contable con que se cuente al momento de solicitar el préstamo, previa autorización del Consejo de Administración. De igual forma es relevante que los consejeros y funcionarios se excusen en los casos donde haya un interés directo o conflicto de interés.

Otro problema grave en la Ley para Regular las Actividades de la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, es el referente a la supervisión de las Sociedades Cooperativas de operaciónbásica, cuyo objeto principal debería ser la prevención de cualquier tipo de insolvencia o riesgo de operatividad. Pero lamentablemente la Ley es omisa al respecto y solo contempla el envío de estados financieros, sin que se establezca ninguna obligación de la autoridad que supervisa con respecto a la información que recibe. La Ley expone en el párrafo primero, artículo 15, que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico deberán presentar al Comité de Supervisión Auxiliar sus estados financieros básicos, lo anterior se concatena, con lo establecido en la fracción XI, artículo 52, que establece como función del Comité de Supervisión Auxiliar, reportar irregularidades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, lo que deja fuera toda posibilidad de que dicho Comité, reporte alguna irregularidad detectada para las Sociedades Cooperativas de operación básica, y por consecuencia al no haber alguna disposición que obligue al Comité a reportar irregularidades, la valoración a los estados financieros no se realiza y de deja de lado la valiosa oportunidad de actuar en protección de los ahorradores en un tiempo oportuno.

El Estado a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene encomendada la función de supervisar el sistema monetario internacional y hacer un seguimiento de las políticas económicas y financieras de sus 188 países miembros. Esta actividad se conoce como supervisión. Como parte de este proceso, que se realiza tanto a escala mundial como en cada uno de los países, el FMI destaca los riesgos que pueden comprometer la estabilidad y brinda asesoramiento sobre los ajustes de política económica necesarios. De esta manera, el FMI contribuye a que el sistema monetario internacional cumpla su propósito esencial de facilitar el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países, respaldando así un crecimiento económico sólido.

El Estado tiene como obligación supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Es necesario, a través de una regulación adecuada, mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de la Sociedades Cooperativas, en protección de los intereses del público. Los orígenes de la problemática del ahorro popular son diversos. Incluso sus manifestaciones no están necesariamente asociadas con las más graves expresiones de crisis económicas. Sus problemas actuales se identifican más con fallas de supervisión y abuso de los administradores, por ello la presente iniciativa busca consolidar y perfeccionar el marco jurídico existente y ocupar la atención del Congreso con una doble perspectiva: una acción de justicia reivindicativa que mira a resolver el pasado y una acción de impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demandavigorizarse en un marco de mayor protección.

En virtud de lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

DECRETO

Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8; se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 14; se reforma el penúltimo párrafo del artículo 8; 9 párrafo segundo; 15 párrafo segundo y 52 fracción XI de la Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 8.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán solicitar su inscripción en el registro a que se refiere el Artículo 7 anterior, dentro de los 30 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, no podrán realizar operaciones en tanto no cuenten con su inscripción en el registro a cargo del Fondo de Protección del Comité de Supervisión Auxiliar.

El Comité de Supervisión Auxiliar deberá informar a la Comisión y a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo haber efectuado la inscripción en el registro, en la forma y términos que al efecto establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 9.-En el folio electrónico del registro a que se refiere el Artículo 7 anterior, correspondiente a cada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, se anotarán los asientos registrales siguientes:

I a X…

El Comité de Supervisión Auxiliar deberá actualizar la información del citado registro de manera trimestral, con base en la información que les proporcionen las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en términos de lo dispuesto por los Artículos 15 y 34 de la presente Ley.

Artículo 14.-Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I a VI…

Los prestamos que otorguen a sus socios las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, no podrá exceder del 30 por ciento del capital contable, y requerirán para obtener cualquier otro crédito de la aprobación del Consejo de Administración, quienes deberán hacer del conocimiento y poner a disposición toda la información relativa a las citadas operaciones a la Asamblea General de Socios.

Los consejeros y funcionarios deberán excusarse de participar en las discusiones y abstenerse de votar en los casos en que tengan un interés directo o un conflicto de interés.

Artículo 15.-…

Los estados financieros citados aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente, deberán presentarse de manera trimestral dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero de cada ejercicio social, con cifras a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, según corresponda.

Artículo 52.-El Comité de Supervisión Auxiliar y las oficinas regionales del Fondo de Protección, de manera indistinta, ejercerán las funciones siguientes:

I a X…

XI.- Reportar las irregularidades detectadas en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV y de Operación Básica, a la Comisión y a la autoridad local competente, respectivamente, en el desempeño de sus actividades de supervisión auxiliar.

Las oficinas regionales adicionalmente deberán informar al propio Comité de Supervisión Auxiliar, respecto de las irregularidades a que se refiere el párrafo anterior.

XII.-…

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

1Catherine Manssel Carstens. “Las Cajas Populares en México: Otra alternativa del Financiamiento.”

2Ramón Imperial Zúñiga. Consolidación y transformación de la caja popular mexicana. SAGARPA. México. 2010.

3Padrón de Entidades Financieras Supervisadas. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

4 El Economista. Detecta CONDUSEF riesgos de fraude en cajas de ahorro. marzo 1 de 2011.

5 CONEVAL. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2010.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, para presentar, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2448-D del Código Civil Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2448-D DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

En los últimos meses en nuestro país, el poder adquisitivo de los ciudadanos ha decrecido a niveles alarmantes.

La ineficacia del gobierno en la implementación de políticas redistributivas ha ocasionado que la brecha de desigualdad en México se incremente a niveles inauditos.

Mientras el hombre más rico del mundo es mexicano y 270 mil familias, es decir, 0.17 por ciento de la población poseen el 40 por ciento del PIB, el país cuenta con 52 millones de pobres y el salario mínimo asciende apenas a 63.07 pesos. Como consecuencia, en una misma nación cohabitan dos realidades sumamente opuestas, una pequeña oligarquía vive en el primer mundo, mientras millones de personas son más pobres que los habitantes de los países menos desarrollados.

Cabe mencionar que en el primer semestre de la administración del Presidente Peña Nieto, el crecimiento del PIB solo obtuvo una tasa de incremento del 0.8 por ciento, con una tendencia actual ajustada de 3.1 por ciento.

El porcentaje de inflación previsto como máximo para este año se ubica en 4 por ciento; sin embargo, ha permanecido durante cinco quincenas consecutivas por encima de este parámetro, llegando a finales de mayo en 4.72 por ciento

En cuanto al sector laboral, existe una pérdida de 219 mil empleos en el primer trimestre, es decir, 37 por ciento menos plazas que en el mismo periodo durante el 2012, ocasionando el menor crecimiento en los últimos tres años.

La tasa de desempleo en los primeros tres meses del año se traduce en 2.5 millones de personas, haciendo que 5 por ciento de la Población Económicamente Activa se encuentre sin trabajo, lo cual significa un aumento de 400 mil mexicanos.

También podríamos decir lo mismo en vivienda.

En la encuesta "Ahorro y futuro", revela que el 50 por ciento de los mexicanos ahorra, siendo la principal meta de esta acción el comprar o construir una residencia, departamento o una casa modesta.

Lamentablemente, lo anterior resulta para la mayoría de ellos un sueño inaccesible debido a los bajos ingresos que perciben y a los altos costos de los hogares de las viviendas.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, al primer trimestre del 2013, el índice de precios de la vivienda presentó una apreciación nominal; en forma detallada se observa que durante 2012 el monto establecido para casas creció 3.51 por ciento, en el caso de condominios y departamentos ascendió a 3.39 por ciento y los costos de vivienda usada aumentaron en 3.94 por ciento

Con base a las cifras reportadas por Homex, GEO, ARA, URBI y SARE, el costo promedio de bienes con fines habitacionales en el 2012 se ubicó en 403,000 pesos por vivienda, lo cual significa un incremento de 27,541 pesos con respecto al 2011.

Como consecuencia de estos altos precios, el sector de vivienda ha venido a tener problemas severos de restricción.

Según estudios, los hogares que tienen ingresos mensuales de 6,000 pesos, el 17 por ciento renta vivienda; el 17 por ciento habita en un hogar prestado y el 4 por ciento están pagando una casa propia.

El financiamiento para la construcción de un patrimonio proviene en 80 por ciento de los casos de recursos propios, el 8 por ciento proviene de INFONAVIT, FOVISSSTE o FONAPO, el 5 por ciento de una donación o herencia y sólo el 1.6 por ciento de un crédito bancario o de una caja de ahorro.

Por eso, esta iniciativa que estoy presentando es muy importante, ciudadanos legisladores, está atendiendo a un sector que se tiene olvidado, los llamados arrendadores o aquellos que rentan casas habitación en distintas ciudades del país.

Vale la pena decir que el Código Civil Federal en su artículo 2448, establece que la renta deberá estipularse en moneda nacional.

La gente más pobre, aquellos, incluso de clase media, recién casados o jóvenes recién egresados de la universidad o de carreras técnicas, su principal sueño es tener una casa propia, un departamento propio; es imposible con las restricciones que existen, entonces, este sector de jóvenes de clase media en ascenso tiene que rentar departamento y casa, pero se enfrentan a la codicia, se enfrentan al abuso de los renteros, y no hay ninguna ley que los proteja, porque los arrendamientos les son aumentados incluso cada 4, 5 o 6 meses y les aumentan por encima de la inflación, por encima de los precios al consumidor.

¿Qué estoy proponiendo?

Estoy proponiendo una modificación al Código Civil Federal en donde se establecen tres cosas.

Primero, que la renta deberá ser en moneda nacional y sólo podrá ser aumentada anualmente, es decir, cada año se revisará la renta de estas personas en todo el país.

Y en aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de 150 salarios mínimos generales vigentes, el incremento no podrá ser más del 8 por ciento de la cantidad pactada como renta mensual.

Ejemplo, los 150 salarios mínimos son hasta 9,000 pesos, cada año se revisará y no podrá aumentar más del 8 por ciento, que serían entre 700 y 800 pesos.

Pero además se establece otra de las medidas necesarias para evitar los abusos de los renteros.

El arrendador podrá incrementar la renta hasta en una proporción que no sea superior al 100 por ciento del incremento que haya tenido el Indice de Precios al Consumidor en el año calendario inmediatamente anterior.

¿Qué quiere decir esto?, que el rentero no podrá cobrar más del porcentaje de precios al consumidor.

Este año pasado fue entre el 5 y el 6 por ciento, el rentero no podría cobrar más del 6 por ciento sobre lo pactado mensualmente, si la cantidad es de 9 ó 10 mil pesos, no podrá exceder de 500 ó 600 pesos mensuales firmados anualmente. Este sector está totalmente desprotegido por los legisladores, a la mayoría de legisladores les interesa quedar bien con la oligarquía económica, con Slim, con todos los ricos de este país que no necesitan lambiscones, por eso, este sector de jóvenes y de adultos, que son todos los días producto del abuso de renteros, necesitan la protección del Poder Legislativo, y por eso estoy planteando esta modificación.

Espero que no como las iniciativas que he presentado, por ser de la oposición, sean rechazadas, ojalá se analice con seriedad este tema que es de justicia social para millones de jóvenes y personas que padecen y sufren diariamente el abuso de los renteros o los dueños de casa habitación que arrendan en este país.

Por su atención, muchas gracias.

Señor Presidente, le pediría que plasme íntegro este documento porque en él también analizo Derecho Internacional, Derecho Comparado, donde la mayor parte de países los arrendatarios reciben protección del Estado y reciben protección del Poder Legislativo, en este país sólo reciben atención los grandes ricos, pero algún día vamos a cambiar, se los aseguro.

Iniciativa

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2448-D DEL CODIGO CIVIL FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos meses, en nuestro país el poder adquisitivo de los ciudadanos ha decrecido a niveles alarmantes. La ineficacia del gobierno en la implementación de políticas redistributivas ha ocasionado que la brecha de desigualdad en México se incremente a niveles inauditos.

Mientras el hombre más rico del mundo es mexicano y 270,000 familias, es decir, el 0.17% de la población, poseen el 40% del PIB; el país cuenta con 52 millones de pobres y el salario mínimo asciende a apenas $63.07 pesos. Como consecuencia, en una misma nación cohabitan dos realidades sumamente opuestas, una pequeña oligarquía vive en el primer mundo, mientras millones de personas son más pobres que los habitantes de los países menos desarrollados.

Cabe mencionar que en el primer semestre de la administración de Enrique Peña Nieto, el crecimiento del PIB sólo obtuvo una tasa de incremento de 0.8%, con una tendencia anual ajustada de 3.1%.

El porcentaje de inflación previsto como máximo para este año se ubicaba en 4%; sin embargo, ha permanecido durante cinco quincenas consecutivas por encima de este parámetro, llegando a finales de mayo a 4.72%.

En cuanto al sector laboral, existe una pérdida de 219 mil empleos en el primer trimestre, es decir 37% menos plazas que en el mismo período durante el 2012, ocasionando el menor crecimiento en los últimos tres años.

La tasa de desempleo en los primeros tres meses del año se traduce en 2.5 millones de personas, haciendo que 5.01% de la Población Económicamente Activa se encuentre sin trabajo, lo cual significa un aumento de 400 mil mexicanos.

Entre los rubros que merecen especial atención se encuentra el sector de la vivienda. El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, exhibe que, de un total de 110 millones 610 mil 075 hogares, 103 millones 359 mil 676 corresponden a casa independiente; 4 millones 670 mil 157 a departamento en edificio; 1 millón 810 mil 853 a vivienda en vecindad; 50 mil 924 a cuartos de azotea; 28 mil 814 a residencia móvil, 27 mil 231 a locales no construidos para habitación y 6 mil 446 a refugios.

En cuanto a los servicios básicos, 9 millones 500 mil 066 casas no cuentan con agua entubada; 1 millón 952 mil 008 con energía eléctrica; 10 millones 781 mil 557 con drenaje y 4 millones 635 mil 061 con excusado.

Asimismo, la encuesta Ahorro y Futuro ¿Cómo piensan los Mexicanos? revela que 57% de los mexicanos ahorra, siendo la principal meta de esta acción el comprar o construir una residencia o departamento, con 30%.

Lamentablemente, lo anterior resulta para la mayoría un sueño inaccesible debido a los bajos ingresos que perciben y a los altos costos de los hogares; de acuerdo con información de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al primer trimestre de 2013, el Índice SHF de Precios de la Vivienda presentó una apreciación nominal de 2.92%.

De forma detallada, se observa que durante 2012, el monto establecido para casas creció 3.51% y en el caso de condominios y departamentos ascendió 3.39%. Aunado a esto, los costos de vivienda usada aumentaron 3.94%, mientras que el mercado de casas nuevas presentó una variación nominal anual de 3.11%.

Con base en las cifras reportadas por Homex, Geo, Ara, Urbi y Sare, el costo promedio de bienes con fines habitacionales en el 2012 se ubicó en 403,277 pesos, lo cual significó un incremento de 27,541 pesos, ya que en el 2011 el monto oscilaba en un promedio de 375,826 pesos.

Los Estados donde se registra mayor volatilidad en los precios de vivienda son Campeche, con 5.51%; el Distrito Federal, 5.35%; Hidalgo, 5.07%, y San Luis Potosí, con 4.98%. Análogamente, las Entidades donde los costos registraron incrementos inferiores al promedio nacional fueron Coahuila, con 3.24%; Aguascalientes, 3.20%, y Morelos, con 3.09%.

Por su parte, el grupo financiero BBVA Bancomer informa que el precio de los bienes destinados a la habitación en México aumentó 20 por ciento en los últimos cuatro años.

Como consecuencia de los altos precios en este sector, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH, revela que, de los hogares con ingresos mensuales de alrededor de seis mil pesos, el 17% rentan vivienda, el 17% habitan en un hogar prestado y el 4% están pagando una casa propia.

El financiamiento para la construcción de un patrimonio proviene en 80% de los casos de recursos propios; en 8% del INFONAVIT, FOVISSTE o FONHAPO; en 5% de una donación o herencia y sólo en 1.6% de un crédito bancario o de una caja de ahorro.

Vale la pena mencionar que en el Código Civil Federal, el artículo 2448-D tan sólo establece que la renta deberá estipularse en moneda nacional, a diferencia de lo contemplado en otros países latinoamericanos, como Colombia, donde se prevé que el monto no exceda el uno por ciento del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo.1

Del mismo modo, en dicha nación se determina que:

Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior”.

Por su parte, en Chile2 la Ley expone que:

La renta anual máxima no podrá exceder del 11% del avalúo vigente para el pago del impuesto territorial.

El subarrendador sólo podrá cobrar al o a los subarrendatarios la renta proporcional a la renta máxima legal correspondiente a todo el inmueble, aumentada hasta en un 10%.

En la legislación local de nuestro país también existen documentos que buscan proteger con más instrumentos al arrendatario. En el caso particular del Código Civil del Distrito Federal, el artículo 2448-D establece que:

“La renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente.

En aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de ciento cincuenta salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.”3

Por lo previamente argumentado, resulta claro que obtener una vivienda propia en nuestro país se traduce para la mayoría de la población en una meta inalcanzable. Es por lo anterior, que consideramos menester la vigilancia del gobierno en el incremento de precios en el arrendamiento de bienes destinados a la habitación, los cuales deben corresponder de manera justa a los movimientos del salario mínimo y la inflación, evitando así problemáticas como el abandono o el endeudamiento insostenible.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2448-DDEL CODIGO CIVIL FEDERAL

UNICO.-Se reforma el artículo 2448-Ddel Código Civil Federal.

Artículo 2448-D.- Para los efectos de este Capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional Y SOLO PODRA SER AUMENTADA ANUALMENTE.

EN AQUELLOS CONTRATOS EN QUE EL IMPORTE DE LA RENTA MENSUAL NO EXCEDA DE CIENTO CINCUENTA SALARIOS MINIMOS GENERALES VIGENTES, EL INCREMENTO NO PODRA EXCEDER DEL 10% DE LA CANTIDAD PACTADA COMO RENTA MENSUAL.

EL ARRENDADOR PODRA INCREMENTAR LA RENTA HASTA EN UNA PROPORCION QUE NO SEA SUPERIOR AL CIEN POR CIENTO DEL INCREMENTO QUE HAYA TENIDO EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL AÑO CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 2448-D.- Para los efectos de este Capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional.

Artículo 2448-D.- Para los efectos de este Capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional y sólo podrá ser aumentada anualmente.

En aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de ciento cincuenta salarios mínimos generales vigentes, el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.

El arrendador podrá incrementar la renta hasta en una proporción que no sea superior al cien por ciento del incremento que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor en el año calendario inmediatamente anterior.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013”.

- El C. Diputado Presidente Anaya Cortés: Así será, Diputado Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda, sean ustedes bienvenidos a la sede de esta Comisión Permanente.

(Aplausos)

1 Ley 820 de 2003 de Colombia

2Ley 18.101 que “Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos”

3.http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr01/01Leyes/CodigoCivilDF_20120723.pdf

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse, conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 73 Y EL CAPITULO III DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 73 Y EL CAPITULO III DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, a más de una década del siglo XXI, las adicciones como tema de salud pública se reconocen en la Ley General de Salud en el Titulo Décimo Primero, bajo la denominación de “Programas contra las Adicciones”, así como en los artículos 184 Bis al 193 Bis, que contemplan el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, el tabaquismo y la farmacodependencia.

Asimismo, la NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención y tratamiento de adicciones”, que tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones, define a la adicción o dependencia como: el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 -promovida por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC)- reveló el porcentaje de uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas (particularmente dos legales, como son el tabaco y el alcohol, y otras identificadas como ilegales, entre ellas la mariguana, cocaína, derivados del opio, anfetaminas y metanfetaminas, inhalables, alucinógenos y medicamentos consumidos sin prescripción médica, especialmente ansiolíticos, tranquilizantes y estimulantes), logrando así la identificación de los factores que concurren en el complejo fenómeno de las adicciones, desde la disponibilidad y el acceso a las sustancias, hasta las opciones de tratamiento y rehabilitación para quienes las padecen, pasando por la identificación de aquellos factores que las favorecen o las dificultan.

Si bien en ese campo de las adicciones ya existe legislación y políticas públicas enfocadas a su prevención y tratamiento, existen nuevas fenómenos adictivos en función de los avances tecnológicos, que hacen necesario su análisis y la emisión de medidas preventivas, entre las que se encuentran las legislativas en el aspecto normativo.

Por ejemplo, analizando el Informe “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares 2011” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encontramos el intenso crecimiento y disponibilidad de la mayoría de las tecnologías en los hogares mexicanos: para el año 2011, el 94.7% de los hogares cuentan con un televisor, un 44.1% poseen telefonía fija, el 30.4% de los hogares cuentan con televisión de paga, 30.0% tienen una computadora, pero solo el 23.3 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con red de Internet.

De manera complementaria a estos datos debemos considerar el hecho de que el 64.6% de los usuarios de Internet en México oscila entre los 12 y los 34 años de edad. Grupo de edad que en el 2009, según datos de la Encuesta Nacional sobre uso del tiempo, dedicaba 13 horas en promedio a la semana en la utilización de medios de comunicación masiva como la televisión o el Internet y menos de 4.6 horas las destinaba a deportes y ejercicio físico. Una tendencia cada vez creciente, que sin duda, debe invitarnos a generar medidas preventivas ante un futuro problema de salud pública.

Al analizar el uso de los medios electrónicos en los hogares, el crecimiento experimentado desde hace por lo menos 10 años ha hecho que la mayor parte de la población posea alguno de estos dispositivos electrónicos y al analizar el tiempo de dedicación, se observa que el tiempo de uso de los mismos se vaya tornando excesivo, formando así una alta dependencia.

En cuanto al uso y consumo de la telefonía celular, es tal la importancia que ha cobrado como prioridad de consumo, que ya se ha incorporado en la canasta básica de bienes y servicios; desde el año 2010, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIEG) incorpora el concepto de telefonía celular como un objeto de gasto en los hogares, como lo es el frijol o la leche, y a partir de la primera quincena de abril del 2013, se calcula el Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC) con los nuevos ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010, incluyendo éste gasto.

Sin embargo, el acceso, uso, consumo o apropiación de esta tecnología no se da de manera homogénea. Se considera como una práctica regular llamar o mensajear, pero también se deben considerar, dado el avance tecnológico y de acceso a estos dispositivos, la posibilidades que tiene el usuario para realizar otras prácticas, de acuerdo al acceso a Internet, a los recursos tecnológicos de que dispone y a las valoraciones que otorga al medio.

Un ejemplo de esto y de lo adictivo que puede llegar a ser, consiste en que su uso es cada vez más generalizado e intensivo: cuatro de cada cinco mexicanos tienen uno, mientras que tres de cada cinco lo llevan incluso al baño y casi el 15% de éstos son teléfonos inteligentes o Smartphones, de acuerdo con el Informe del INEGI.

La venta de servicios de valor agregados a partir de contenidos ha sido una estrategia de mercado que ha dado rendimientos a la telefonía fija y, en los últimos años, también a la telefonía móvil. Sorprende cómo el portal www.esmas.com reporta haber vendido en 2009, sólo en México, contenidos a 12 millones de celulares. “Los juegos, los servicios interactivos con programas de televisión y loterías representan 40 por ciento de la demanda, seguido de la música con 20 por ciento, y fotos, chistes, horóscopos, alertas y wallpaperscon otro 20 por ciento”.

Los productos que más se consumen son videos, contenidos de televisión y música; las plataformas interactivas que más se visitan son las de concursos y loterías. En algunos portales se ofrecen aplicaciones gratis como los tonos personalizados, nombre, frases, sonidos, etcétera, que una vez colocados en el mercado y en la preferencia de los usuarios, se ofrecen otros productos más atractivos pero ya con un costo.

Los usuarios parecen estar dispuestos a gastar en contenidos; por ello, las expectativas de la industria de las aplicaciones son grandes en la medida en que se sustituyan los teléfonos de segunda generación por los teléfonos inteligentes de tercera o cuarta generación.

Por ejemplo, durante el primer semestre de 2010 “se descargaron 3 mil 800 millones de Apps (aplicaciones) para smartphones en todo el mundo. Esto se materializa en ventas por 2 mil 200 millones de dólares y se espera que para 2013 se obtengan 15 mil millones de dólares por la venta de Apps en todo el mundo”. 1

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en su estudio Hábitos de los usuarios de internet en México 2013, señala que en el último año se duplicó el número de smartphones, que se usan para conectarse a Internet, llegando al 58%.

Dicho organismo añade que el tiempo promedio diario de conexión entre los usuarios mexicanos es de cinco horas y 10 minutos, cantidad equivalente a un incremento de 61 minutos más contra lo observado en el 2012.

En un segmento que todavía es pequeño, pero creciente, el teléfono celular se ha convertido en medio de pago, pantalla de video, plataforma para recibir correo, lector de libros, cámara fotográfica y de video; procesador de textos, GPS, radio, grabadora de audio, aunado a todo lo que ofrezcan las siguientes generaciones de equipos disponibles en el mercado.

Así, el 40% de los profesionistas posicionan a su teléfono inteligente como algo tan importante para ellos como su pareja emocional. La creciente sustitución de telefonía fija por la móvil y la creciente penetración de Smartphones en el mundo, son hechos que ejemplifican la manera en que la tecnología se va incrustando en nuestra forma de vida. Por lo tanto, esta transformación también se observa en nuestros hábitos de sueño.

El 95% de las personas usan algún aparato electrónico, como la televisión, el teléfono celular, o la computadora en la última hora antes de acostarse; por su parte, cerca del 60% de los jóvenes que tienen un teléfono celular lo utilizan antes de dormir, además de que casi todas las personas que cuentan con un teléfono móvil, de todas las edades, lo mantienen cerca mientras duermen.

Los usuarios celulares de equipos de 3ª y 4ª generación, los “Smartphones”, casi siempre están conectados y accesibles para las personas con las que interactúan, además que el contenido en línea está siempre disponible para ellos.

El uso excesivo rutinario y sistemático que actualmente se le da a los Smartphones envuelve todas las actividades del usuario en el dinamismo de la tecnología hasta lograr alterar la paciencia del usuario durante el tiempo que transcurre entre mandar un mensaje, recibirlo, y contestarlo, especialmente cuando el mismo dispositivo anuncia que el mensaje ya fue recibido por la otra persona.

En este marco, no podemos dejar de mencionar que la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENAJU) revela que el 12.9% de las personas jóvenes en sus tiempos libres ven la televisión, el 4.0% de navegan en Internet y el 3.7% juegan videojuegos. Hoy en día, el 80% de los adolescentes entre 14 y 21 años utilizan Internet para chatear o jugar y los casos de ciberludopatas aumentan en forma vertiginosa.

En este contexto, se ha demostrado que el Estado mexicano, aún con los datos y cifras reveladas, no reconoce como un problema de dependencia o adicción el tiempo excesivo en el uso de los dispositivos electrónicos, en el mismo sentido tampoco lo hacen entidades como el INEGI y el IMJUVE.

Ante este panorama y la necesidad de coadyuvar en la prevención de una problemática social, para las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, conocer los límites y consecuencias de una navegación no controlada, ubicar el ordenador en los hogares, promover pláticas o la posibilidad real de control por parte de padres, madres y tutores de familia de los dispositivos electrónicos es un imperativo ante el avance tecnológico.

Por ello, se considera necesario hoy más que nunca que la discusión y debate acerca de las adicciones o dependencias propias del siglo XXI, inicie en la Cámara de Diputados, a través de su incorporación en la Ley General de Salud.

ARGUMENTACION

En los últimos treinta años el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud y seguridad pública en el mundo, lo que se presenta como un reto de gran importancia por superar, sobre todo en cuanto a los recursos e infraestructura que se requieren para su atención.

El Estado mexicano ha reconocido que el problema de las adicciones afecta directamente la salud pública de los mexicanos, y con el propósito de prevenir los males sociales que acarrea esta problemática, desde su promulgación en 1984, en la Ley General Salud se incluyó la regulación de un programa específico a efecto de implementar las políticas públicas adecuadas para atender, tanto el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.

Sin embargo, la norma debe atender, adecuarse e inclusive, anticiparse a la problemática social que busca subsanar y/o regular. Por ello, sensibles y receptivos a las manifestaciones que comprende la problemática sobre el uso y abuso del tabaco, la LX Legislatura federal en 2008 reformó la Ley General de Salud y emitió la Ley General para el Control del Tabaco, fortaleciendo con medidas preventivas su abuso y adicción.

Las políticas públicas implementadas, emanadas de normas preventivas sobre la acción al tabaco y el alcohol han arrojado resultados alentadores, basta con analizar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

En ella, se observa una alentadora tendencia entre los adolescentes, que si bien se trata de un grupo de edad relativamente saludable, las decisiones tomadas en esta etapa son determinantes para su futuro, pues es cuando establecen patrones de comportamiento para la vida.

En este sentido, los resultados dados a conocer en el mes de noviembre de 2012 indican que, entre los años 2000 a 2012, los adolescentes hombres disminuyeron sensiblemente su consumo de un 14.5% en el año 2000 a un 12.3% en 2012, una diferencia estadísticamente significativa, con un ligero incremento en entre las adolescentes mujeres, pasando de un 5.0% en el 2000, a un 6.0% en 2012.

Otros datos significativos de esta encuesta nacional indican que la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre los adolescentes de 4.8% en 2000 a 2.6% en 2012; en cuanto al promedio de cigarros diarios que consumen los adolescentes fumadores, este disminuyó de 4.8 cigarros/día en 2000 a 3.7 cigarros/día en 2012.

En cuanto a la percepción de los adolescentes fumadores frente a la implementación de las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarros, un47% refiere que esta publicidad y mensajes les hacen pensar entre mucho y bastante.

En cuanto a la población adulta, misma que en el 2000 formaba parte del universo de adolescentes fumadores, entre los años 2000 y 2012 se observa una ligera reducción en el porcentaje total de adultos que reportaron consumir tabaco de un 22.3% a un 19.9%, respectivamente, diferencia que es estadísticamente relevante.

Al igual que entre los adolescentes hombres, en la población fumadora masculina se observa una reducción de un 35.8% en el año 2000, a un 31% en 2012, diferencia estadísticamente significativa si se considera que buena parte de la publicidad en el consumo del tabaco se destinó por mucho tiempo a este sector, mientras que en las mujeres adultas, la prevalencia se mantuvo estable al presentar en el año 2000 una incidencia del 10.2% y un 9.9% en el 2012.

El promedio de cigarros consumidos por los fumadores diarios adultos disminuyó de 8.2 cigarros/día en 2000 a 6.3 cigarros/día en 2012, nuevamente una diferencia estadísticamente significativa.

El 69.3% de los adultos reaccionan favorablemente a la implementación de las nuevas advertencias sanitarias en los empaques de tabaco, contra el 30.7% que pocas veces y nunca dejaría de fumar, en función de las advertencias de las cajetillas de cigarro.

Como se observa, la prevención de la adicción al tabaco a lo largo de los últimos 12 años ha mostrado resultados importantes, con tendencias que son en mucho alentadoras.

Sin embargo, la importancia que ha adquirido en nuestro país el uso y consumo de los teléfonos celulares, particularmente los llamados inteligentes o “smartphones”, ha sido significativa, por lo cual, como legisladores debemos estar receptivos y sensibles a lo que han hecho otras economías para estudiar y, particularmente, prevenir la adicción en el uso de estos dispositivos.

Es innegable que la aplicación y progresivo auge de estos mecanismos ha aumentado el surgimiento de una nueva expresión de un viejo fenómeno: la adicción a la telefonía móvil, videojuegos, ordenador, internet, chats, etc.

Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el del común de la tecnología.

Los ya mencionados son parte de los dispositivos electrónicos que más se utilizan a nivel mundial, desde los teléfonos celulares, las tablets y las laptops, cuyos patrones de uso pueden ocasionar una adicción y necesidad a los usuarios en niveles incontrolables.

Al igual que ocurre con otras adicciones o dependencias, el sujeto acabará efectuando dicha conducta ya no tanto por la búsqueda de gratificación, sino por reducir el nivel de ansiedad que les produce el hecho de no realizarla. Esto encuadra en la conducta típica de una adicción en toda regla, la diferencia es que no estamos frente a una adicción química (opiáceos, nicotina, alcohol, etc.), sino ante una de carácter psicológico, pero ambas se manifiestan de forma conjunta en la mayoría de las personas afectadas.

Un sinnúmero de expertos coinciden en señalar que los dispositivos electrónicos generan por sí mismos adicción, aduciendo que la principal causa es el tiempo ilimitado en su uso y los problemas emocionales que caracterizan a las personas que más recurren a éstos.

En este tenor, las personas jóvenes que se encuentran en situación de riesgo son aquellos que han crecido en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo o falto de un adecuado nivel comunicativo, suelen poseer una baja autoestima y tienden a huir de un mundo adulto que les resulta hostil, refugiándose en las nuevas tecnologías.

A ello se unen los casos de adolescentes, quienes al encontrarse en un periodo de cambios tanto físicos como emocionales, la no aceptación corporal, la baja autoestima, la inseguridad y otros factores, pueden hacer de los dispositivos electrónicos un refugio ideal para que los adolescentes proyecten ante los otros una imagen "más ideal" o incluso "irreal" de sí mismos para hacerla más atractiva según los vigentes cánones sociales.

En Estados Unidos, expertos de la Universidad de Pittsburg, consideran que el 8.8% de internautas sufre síntomas de un uso problemático y abusivo, estando psiquiátricamente tan “enganchado” como un narco adicto, necesitando modificar esta conducta e incluso iniciar tratamiento con un especialista.

Un equipo psiquiátrico español concluyó que el 30% de los usuarios de Internet tienen tendencia a desarrollar una “compulsión virtual” con mecanismos como el chat, correo, blog y juegos. Las personas tratadas que se pasaban más de 10 horas navegando no soportaban no estar conectados y padecían un síndrome de abstinencia cuando estaban fuera de la Red mostrando sudoración, palpitaciones e irritabilidad. Según los psiquiatras, el abuso de Internet provoca sedentarismo, dilapida las relaciones familiares, afecta las laborales y provoca fracasos académicos.

En Gran Bretaña, la Universidad de Leeds, acaba de dar a conocer un estudio sobre la adicción a Internet que publica la revista Psycopathology, en el que se vincula esta adicción con la depresión.

En un campo de 1,319 personas entre los 16 y los 51 años, un 1.2% del total fue clasificado como “ciberdependientes”; de entre ellos, eran los jóvenes con una media de 21 años los más afectados por la dependencia frente a los de más edad. La investigación concluye que se trata de individuos que reemplazan la interacción social con la navegación compulsiva por chats o video chats, correo electrónico, redes sociales o juegos online, sujetos que no tienen control sobre sus propias vidas porque todo su tiempo lo invierten conectados a Internet con el ordenador o el móvil. Tras la adicción a Internet, llega el “desenganche”, el síndrome de abstinencia y la depresión, la ansiedad o la fatiga como trastornos secundarios.

Otro estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, sobre menores y nuevas tecnologías en las áreas urbanas2 cifra en un 12 % el riesgo de éstos a caer en la ciberadicción y vincula el consumismo con el uso abusivo de las nuevas tecnologías.

Los gastos de los hogares hoy en teléfonos móviles, conexiones a Internet, ordenadores, consolas, televisiones de plasma, videojuegos reemplazan a las compras en libros, cine o música. Las nuevas tecnologías han creado “una transformación social del nivel de la revolución industrial”, según señala la investigación sobre Psicología Clínica de la universidad compostelana.

En Amsterdam Holanda, se encuentra la primera clínica para tratar a las personas adictas a los videojuegos, que fue inaugurada en enero de 2007.

En China por ejemplo, uno de cada siete internautas es hoy adicto a la red, el doble de la media del año 2005, según un estudio de la Asociación de la Juventud China para el desarrollo de la Red (CYAND). En el gigante asiático hay 384 millones de usuarios de internet y un crecimiento anual del 30%. Un 15.6% de los jóvenes entre 18 y 23 años se considera adicto, aunque en la investigación se han encontrado ya conductas de dependencia en niños de 6 a 12 años.

Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que el Estado como primer responsable del futuro de las generaciones jóvenes, debe reconocer la adicción o dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos como un problema de salud pública.

Este reconocimiento y acción de política pública debe estar establecido mediante la incorporación de un Capítulo V denominado Programa contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos al Título Décimo Primero Programas Contra las Adicciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer acciones concretas sobre la importancia de la prevención y educación de los efectos adversos que provoca el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática así como otros susceptibles de producir dependencia, y sus consecuencias en las relaciones familiares y sociales.

En materia de prevención, se pugna por el diseño de un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento de calidad de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos.

En el mismo sentido, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán elaborar un programa nacional para la prevención y tratamiento de la dependencia por el uso de uno o varios dispositivos electrónicos, derivado del exceso de tiempo en su uso en forma rutinaria y sistemática, así como la ejecución de éste en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal.

En esta tesitura, las y los legisladores de Nueva Alianza consideramos indispensable que la dependencia rectora lleve a cabo investigaciones en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos.

De la misma forma, tanto la Secretaría de Salud como el Consejo de Salubridad General, deberán proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se demuestre mediante diversas investigaciones y estudios, que derivado de sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad de excederse en el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria o sistemática, entre otras atribuciones.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se reconocen los avances tecnológicos como elementos necesarios que contribuyen al desarrollo nacional, siempre y cuando el tiempo invertido en su uso no represente un riesgo para la el sano desarrollo de nuestros habitantes.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de DiputadoFederal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV AL ARTICULO 73 Y EL CAPITULO III DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

PRIMERO. Se reforma la fracción IV del artículo 73 de la Ley General de Salud,para quedar como sigue:

ARTICULO 73.

I. a III.

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; asimismo la realización de campañas y programas para la prevención y control de la dependencia por el tiempo excesivo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos;

V. a VIII. …”

SEGUNDO.- Se reforma el Capítulo III del Título Décimo Primero; Programas Contra las Adicciones de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Capítulo III

Programa contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos

ARTICULO 188.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, a través de las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos y, en su caso, la rehabilitación de las personas dependientes;

II. La educación sobre los efectos del exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos y otros susceptibles de producir dependencia así como sus consecuencias en las relaciones sociales y;

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer el tiempo excesivo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento.

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos y alertar de manera clara sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos.

ARTICULO 189.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la dependencia por el uso de uno o varios dispositivos electrónicos, derivado del exceso de tiempo en su uso y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos relacionados con el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de la dependencia al uso de uno o variosdispositivos electrónicos, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos; y

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas usen uno o varios dispositivos electrónicos por exceso de tiempo de forma rutinaria o sistemática.

ARTICULO 190.- Para los efectos del programa nacional se entiende por:

I. Dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos: Toda persona que hace uso de uno o varios dispositivos electrónicos como la televisión, el teléfono móvil, la computadora, tabletas electrónicas, los juegos de video u otros, por tiempo excesivo de forma rutinaria o sistemática;

II. Exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos: cuando el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos se prolonga de forma ilimitada;

III. Usuario: Toda persona que de forma rutinaria y sistemática no excede el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos;

V. Dependiente a los dispositivos electrónicos en recuperación: Toda persona que está en tratamiento para dejar de usar por tiempo excesivo de forma rutinaria o sistemática uno o varios dispositivos electrónicos;

V. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan a la persona dependiente, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud;

VI. Detección temprana: Corresponde a una estrategia de prevención secundaria que tiene como propósito identificar en una fase inicial el tiempo excedido en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática con la finalidad de aplicar medidas terapéuticas de carácter médico, psicológico y social lo más temprano posible;

VII. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a reducir el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática, disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados derivados del excesivo en el tiempo de uso;

VIII. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la reducción del tiempo de uso de dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática así como los daños derivados del exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria o sistemática e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de éste como de su familia;

IX.Investigación en materia de adicción a dispositivos electrónicos: Tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de dependencia; garantizando los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad y

X. Suspensión de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos en forma rutinaria o sistemática: Proceso mediante el cual la persona dependiente al uso de uno o varios dispositivos electrónicos participa en la superación de su dependencia con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que provocaron el exceso de tiempo en el uso de forma rutinaria o sistemática ya sea de la televisión, el teléfono móvil, la computadora, los juegos de video u otros.

ARTICULO 190 BIS.- En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento de calidad de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, el programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva del problema para:

I. Desarrollar campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos de la dependencia a uno o varios dispositivos electrónicos, especialmente dirigirá sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, a través de centros de educación básica;

II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y social, las acciones para prevenir la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, con base en la información y en el desarrollo de habilidades para proteger, promover, restaurar, cuidar la salud individual, familiar, laboral, escolar y colectiva;

III. Proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se ha demostrado, a través de diversas investigaciones y estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad de excederse en el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria o sistemática, y

IV. Realizar las acciones de prevención necesarias con base en la percepción de riesgo de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos; las características de las personas; los patrones de dependencia; los problemas asociados al exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática.

ARTICULO 190 TER.- Para el tratamiento de las personas dependientes del uso de uno o varios dispositivos electrónicos, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del dependiente de uno o varios dispositivos electrónicos.

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

ARTICULO 190 QUATER.- La Secretaría de Salud realizará procesos de investigación en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos para:

I. Determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo;

II. Contar con una base científica que permita diseñar e instrumentar políticas públicas eficaces en la materia;

III. Evaluar el impacto de los programas preventivos, así como de tratamiento y rehabilitación, estableciendo el nivel de costo-efectividad de las acciones;

IV. Identificar grupos y factores de riesgo y orientar la toma de decisiones;

V. Desarrollar estrategias de investigación y monitoreo que permitan conocer suficientemente las características de la demanda de atención para problemas derivados de la dependencia al uso deuno o varios dispositivos electrónicos, la disponibilidad de recursos para su atención y la manera como éstos se organizan, así como los resultados que se obtienen de las intervenciones;

VI. Realizar convenios de colaboración a nivel internacional que permita fortalecer el intercambio de experiencias novedosas y efectivas en la prevención y tratamiento, así como el conocimiento y avances sobre la materia, y

VII. En toda investigación en que una persona sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el respeto a sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el diseño y desarrollo de este tipo de investigaciones se debe obtener el consentimiento informado y por escrito de la persona y, en su caso, del familiar más cercano en vínculo, o representante legal, según sea el caso, a quienes deberán proporcionárseles todos los elementos para decidir su participación.

ARTICULO 190 QUINTUS.- El proceso de superación de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos debe:

I. Fomentar la participación comunitaria y familiar en la prevención y tratamiento, en coordinación con las autoridades locales, y las instituciones públicas o privadas, involucradas en los mismos, para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones;

II. Fortalecer la responsabilidad social, la autogestión y el auto cuidado de la salud, fomentando la conformación de estilos de vida y entornos saludables que permitan desarrollar el potencial de cada persona, propiciando condiciones que eleven la calidad de vida de las familias y de las comunidades;

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la rehabilitación de las personas dependientes del uso de uno o varios dispositivos electrónicos, en la que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a través del apoyo mutuo, y

IV. Reconocer la importancia de los diversos grupos de ayuda mutua, que ofrecen servicios gratuitos en apoyo a las personas dependientes del uso de uno o varios dispositivos electrónicos en recuperación, con base en experiencias vivenciales compartidas entre los miembros del grupo, para reducir el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos.

ARTICULO 190 SEXTUS.- Los profesionales de la salud, al prescribir medicamentos que contengan substancias que puedan producir dependencia, se atendrán a lo previsto en los Capítulos V y VI del Título Decimosegundo de esta Ley, en lo relativo a prescripción de estupefacientes y substancias psicotrópicas.

ARTICULO 190 SEPTIMUS.- Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 de esta Ley, las autoridades de salud deberán citar a la persona dependiente del uso de uno o varios dispositivos electrónicos, a efecto de proporcionarle orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la dependencia a dispositivos electrónicos o en aquellos preventivos de la misma.

Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del dependiente del uso de uno o varios dispositivos electrónicos será obligatorio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.

1 Uso, consumo y apropiación del teléfono celular en un contexto urbano (Distrito Federal), Verónica Almanza Beltrán* e Ignacio Rodríguez Ramírez*. Artículo publicado en la revista Derecho a Comunicar, Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Número 3, Septiembre – Diciembre de 2011, pp. 85-87.

2 El nuevo delito de acceso a niños con fines sexuales a través de las TIC. María Marta González Tascón. Estudio que forma parte del proyecto de investigación “Determinación y fórmulas de control de la conducta antisocial y delictiva relacionada con la infancia y adolescencia como consecuencia de la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. Universidad de Santiago de Compostela, España, 2011.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 16 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Diputada Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma, el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

EXPOSICION DE MOTIVOS

A finales del siglo XX se consolidó la concepción del niño como sujeto de derecho por sí mismo como individuo de plenos derechos con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el siglo XXI se ha emprendido una lucha global por el respeto a los derechos humanos en un plano incluyente. Estos cambios están generando el reconocimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, situación que implica que el niño no sólo es destinatario de derechos ligados a la supervivencia y a la protección, sino al disfrute por tener una mejor calidad de vida.

La Convención sobre los Derechos del Niño estableció un documento base para que todas las naciones firmantes tengan el compromiso jurídico-político de atender a la niñez en cada uno de estos países.

La Convención recoge los derechos que asisten a todos los niños y jóvenes menores de 18 años de todos los países que suscribieron la Convención e incluye cuatro principios básicos en que deben sustentar cualquier consideración al tomar una decisión o bien, al iniciar una acción que afecte a los menores de 18 años:

Principio de no discriminación. Los derechos recogidos en la Convención conciernen de igual forma a todos los niños, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento, la discapacidad y/o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (Artículo 2).

Principio del Derecho al desarrollo del niño. Los Estados Parte tienen la obligación de garantizar, en la mejor medida posible, la supervivencia y desarrollo del niño (Artículo 6).

Principio del interés superior del niño. Cuando los adultos o las organizaciones tomen decisiones que afecten a los niños, en todas las medidas concernientes a los mismos que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, la consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño (Artículo 3).

Principio del punto de vista del niño. Los niños tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello que les afecte. Lo que digan ha de ser escuchado con atención. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio; el derecho a expresar su opinión libremente en todos los aspectos que lo afecten, teniéndose en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.

(Artículo 12).

En el documento-base, también se toman en consideración a los niños que tienen alguna discapacidad. Baste citar el artículo 23 de la Convención quese refiere específicamente a los niños con discapacidad:

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. … que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios, con el objeto de que logre tanto su integración social como su desarrollo individual, incluidos el cultural y el espiritual, en la mayor medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información, a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

El niño con discapacidad tiene, además de todos los derechos que recoge la Convención sobre los Derechos del niño, algunos derechos más para que pueda desarrollarse en condiciones óptimas.

No solo la Convención ofrece la protección a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, nuestra Constituciónen su artículo 1 especifica que: ”En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

La Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, sobre los Derechos Humanos, trajo como consecuencia la reforma al artículo 4º. Constitucional realizada el 8 de febrero del 2012, en donde se privilegia elInterés Superior la Niñez en el marco jurídico.

Artículo 4o… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La legislación actual está en constante cambio, cuestión que debe servir para que quienes tengan alguna discapacidad puedan tener una vida plena.

El artículo 16de la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, se refiere solo a las Niñas, Niños y Adolescentes que tienen discapacidades físicas. Cabe aclarar que la Discapacidad Física, se refiere a la limitación para desarrollar determinadas tareas, no una limitación para la ejecución de las mismas o de otras. Es así que vemos discapacitados físicos que pueden jugar basquetbol, futbol, participar en carreras de competición, pintar con la boca, los pies, escribir por medio de la voz -caso de parapléjicos-, en otros tipos de discapacidades físicas, estudiar, trabajar y hasta realizar trabajos de alta precisión, para lo que cuentan con habilidades especiales en algunos casos.

Por su parte, la Discapacidad Mental, consiste en una disminución en las habilidades intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental.

Por su parte, la Discapacidad intelectual, caracterizada por las limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia), como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y practican las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación comunitaria y estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes de los que se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial.

Ahora se habla también de la Discapacidad psicosocial, que se define como la restricción causada por el entorno social y está centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique debido a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de pánico con estrés post-traumático, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastornos alimentarios (anorexia y bulimia),etc.

Razón por la que la Iniciativa que se presenta, modifica el artículo 16de la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizarles a todas y todos las Niñas, Niños y Adolescentes con discapacidades sus derechos, y no solo a los que tienen discapacidades físicas, porque resultaría discriminatorio para quienes tienen una discapacidad mental, intelectual o psicosocial.

La reforma que se propone es la siguiente:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas.

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, (ELIMINAR EL CALIFICATIVO ”FISICA”), circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 junio de 2013.

Dip. María de la Paloma Villaseñor Vargas”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 fracción II, 56, 57 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con información derivada de estudios realizados por los Centros de Análisis del Congreso, diversos criminólogos precisan que el lavado de dinero se caracteriza por ser un conjunto de operaciones materiales e inmateriales, numerosas, complejas y estructurales entre sí, efectuadas por la delincuencia organizada existente al interior de un grupo de poder fuerte, mediante las cuales los recursos ilícitos provenientes u obtenidos son transformados en lícitos. Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), define el lavado de dinero como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.

Cifras de 2012 en materia de lavado, con información del Fondo Monetario Internacional, refieren que: “la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra, añadiendo que en México, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa, aproximadamente, el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país1”.

El marco normativo en nuestro país

Uno de los primeros antecedentes sobre la materia, aprobado en 1996, se ubica en el Código Penal Federal que establece, en su Título Vigésimo Tercero, artículo 400 bis, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las sanciones que establece van de penas de “cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.

Paralelamente, en este incipiente esfuerzo institucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue dotada de atribuciones “para emitir disposiciones de carácter general en la materia de prevención, detección, y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito deoperaciones con recursos de procedencia ilícita2”.

Por otro lado y como resultado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 26 de agosto de 2010, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de octubre de 2012. En la exposición de motivos los legisladores reconocimos la necesidad de “proveer al Estado con las mejores herramientas jurídicas para prevenir en México la Comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, por lo que, en efecto, la responsabilidad de las autoridades para combatir la delincuencia en el país, cuyos resultados aún distan de alcanzar niveles deseados, se debe también canalizar en forma segura y confiable la participación activa de la sociedad en la consecución de este fin3”.

Los legisladores consideramos “que es necesario ampliar su objeto para establecer que no sólo se trata de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, sino que también se requiere establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero4”.

Los instrumentos internacionales

En este contexto existen diversos mecanismos internacionales entre los que se destaca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional mejor conocida como Convención de Palermo. En su artículo 6, sobre la Penalización del blanqueo del producto del delito, se establece que “cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente”. Paralelamente en el artículo 7 se establece que cada Estado “establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero…”.

Contexto actual

Si bien la parte central de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita queda clara en el artículo 2 al establecer que fue expedida con el objeto de “proteger el sistema financiero y la Economía nacional, por medio del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional”, queda también claro que las Leyes en materia de lavado de dinero en nuestro país son relativamente nuevas y, en comparación con las existentes en otros países, pudieran parecer incluso laxas.

En este contexto es innegable el avance que la delincuencia organizada ha observado a lo largo de estos años en gran medida, hay que reconocerlo, por su lícita capacidad económica que sólo es posible con la complicidad de un entramado institucional que lo hace permisible. Cabe destacar que, en este orden de ideas, el ex procurador fiscal Gabriel Reyes Orona, en entrevista con un prestigiado medio nacional, en el marco de la Convención Nacional Bancaria realizada el pasado 25 de abril, reconoce que la existencia del llamado “blanqueo” en los bancos sigue latente, afirmando que: “las sentencias de lavado de dinero prácticamente no existen en la administración de Calderón, siendo que México se convirtió en la capital del lavado de dinero5”.

Y los ejemplos están a la vista, basta recordar el reconocimiento del Banco HSBC en Estados Unidos de permitir el lavado de dinero en sucursales de nuestro país ante lo cual, en el caso de México, sólo se plantearon sanciones administrativas. Para darnos una idea de la cantidad de recursos que se manejan en los bancos de México, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el periodo enero – abril de este año su utilidad neta ascendió a poco más de 34 mil millones de pesos. Sólo en abril pasado, los resultados por intermediación ascendieron a 10,000 millones de pesos, lo que significó 50% de lo reportado al cierre de 2012, y un aumento de 73% respecto a los 6,000 millones de pesos observados al cuarto mes del año pasado6.

Es por ello que, como una nueva generación de reformas, es necesario fortalecer no sólo las sanciones en contra de los delincuentes sino también de aquellos que presuntamente les facilitan la disponibilidad lícita de sus recursos ilícitos. En este sentido es necesario que los empleados, funcionarios y organizaciones bancarias que incurran en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita enfrenten penas y multas más severas.

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa que se propone plantea elevar las multas a las entidades reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito cuando incurran en el delito que precisa el artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Paralelamente se propone elevar las penas en contra de aquellos que siendo empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión del delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tal virtud, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal.

Primero.- Se reforma el décimo párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 115.-

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente ley, con multa equivalente del 25% al 100% de la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 500,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Segundo.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 400 bis.-

Las penas previstas en este artículo aumentarán hasta en una mitad para los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

4 IBID.

6Notimex. “Banca pule ganancias en México” El Economista. 3 de junio 2013. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/06/03/banca-pule-ganancias-mexico





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio ydel C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El panorama social de nuestro país es desolador en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, el ambiente que persiste lleva una connotación de sentimientos de frustración, miedo, resentimiento e intolerancia entre los mexicanos.

Se hace evidente el fenómeno de polarización social en nuestro país, producida por la falta de oportunidades y alternativas, y que se agrava con el constante escenario de violencia que lacera la calidad de vida de los mexicanos.

Hoy en día las cifras oficiales nos hablan de miles de muertos como consecuencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado, que a su paso va dejando una estela de sangre, daños colaterales y miles de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional, empero sobre sale un grupo que ha sido fuertemente golpeado y vulnerado: los niños que han perdido a sus padres, tutores o a quienes se hacían cargo de ello.

Para Julio de 2011, solamente en el estado de Chihuahua se tienen una cifra cercana a 12 mil infantes que perdieron a sus padres quedando en situación de orfandad como consecuencia de la violencia en el país. Por tanto el gobierno del estado creó un fideicomiso en el cual sin discriminación, todos los niños, niñas y adolescentes serían incluidos hayan sido hijos de delincuentes o no, para recibir ayuda en asesoría psicológica, alimentos y educación.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calcula que 50 mil niños han quedado huérfanos entre 2006 y 2011. Muchos menores han presenciado los asesinatos de sus familias, las balaceras entre grupos delincuenciales y las autoridades, así como tiroteos en las escuelas. Por lo tanto son muy pocos los niños que reciben apoyo por ser víctimas de la violencia, ya que son insuficientes los recursos y los programas.

Las niñas, niños y adolescentes que sufren la ausencia de sus padres o tutores, son una de las caras más amargas y devastadoras de la ola de violencia en la que seguimos sumergidos, es menester visibilizar y sensibilizar ésta problemática al contemplar que son legiones de niños los que han pasado por una situación similar a ésta, con esto abonaremos a fin de contemplarlos como víctimas del narcotráficobrindando y garantizando las condiciones que les permitan readaptarse a la esfera social implementando las acciones necesarias que les permita un desarrollo integral.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de niños, niñas y adolescentes víctimas en situación de violencia, ya que a pesar de contar con un marco jurídico y con instrumentos Internacionales a favor del pleno desarrollo y reconocimiento de los derechos de la infancia, realmente no contamos con una política en consonancia con el interés superior de la niñez mexicana, el ejemplo lacónico y representativo son los niños y niñas huérfanos del narcotráfico que en algunas situaciones han tenido o tienen un lazo sanguíneo con algún integrante de la delincuencia organizada o que han estado vinculados con alguno o algunos de ellos; mismos que son fuertemente señalados y vulnerables a discriminación, exclusión, abandono y abusos por parte de la sociedad.

Los “huérfanos del narcotráfico” son una realidad latente que se está incrementando ante la omisión de éste Gobierno; romper con la estigmatización hacia este grupo permitirá romper con el ciclo de violencia que acecha a nuestro país.

Es latente que el engrose en las filas del narcotráfico se correlaciona con la pobreza, desigualdad económica, desempleo, por decir algunos, en este sentido consideramos a las niñas, niños y adolescentes huérfanos como consecuencia del narcotráfico son más vulnerables a ataques por parte de la sociedad y menos proclives a insertarse en la esfera pública.

La descomposición del tejido social en México ha originado que niños, niñas y adolescentes se vean enfrascados en un una espiral de rechazo, apatía y desencanto por la vida, sin embargo la percepción de la sociedad es de gran impacto para éste sector de la población dado que la constante estigmatización y discriminación que sufren, son un detonante para abandonar las aulas de las escuelas y el asidero perfecto para convertirse en carne de cañón para la delincuencia organizada. La violencia a los menores tiene como resultado violencia de mayores.

Es menester como legisladores contar con un marco jurídico idóneo que asegure las condiciones de bienestar y pleno desarrollo para los niños, niñas y adolescentes

El narcotráfico tiene un fuerte impacto psicosocial en los niños, niñas y adolescentes que desean formar parte y/o ser líderes de un grupo criminal, exaltan los actos de los narcos de la droga y quieren emularlos.

El Estado está obligado a proteger y garantizar la vida y la integridadfísica y psicológica de los niños, niñas y adolescentes; pretender y en su caso reforzar actos y conductas estigmatizantes o criminalizar a los niños, niñas y adolescentes por el hecho de haber estado vinculados con miembros de la delincuencia organizada, puede agravar de sobre manera la situación de menoscabo, olvido y desprecio por la sociedad y el Estado.

Sensibilizar y visibilizar éste fenómeno permitirán contar con una legislación más sensible y acorde a la realidad que aqueja a la infancia con el fin de garantizar un desarrollopleno con igualdad y respeto de la niñez mexicana.

ARGUMENTACION

Por lo anterior urge la imperiosa necesidad de crear las condiciones a fin de readaptarlos a la sociedad con el fin de evitar que al encontrarse bajo un constante estigma, rechazo y señalamiento por parte de la sociedad, a la par de lafalta de oportunidades puedan desarrollar sentimientos de odio yconductas violentas que generen una falta de identidad y los conviertan en futuros y potenciales criminales.

El rompimiento de la célula familiar conlleva problemas mayores de los que no llegamos a visualizar, los niños se vuelven agresivos con deseos de venganza hacia los asesinos de sus padres, se ven enfrascados en sentimientos de odio, resentimiento social, desamparo y profunda tristeza, éstos niños se encuentran en proceso de formación que precisa de cuidados, educación, afectos yseguridad.

Es necesario velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos recuperar los espacios públicos y con esto a nuestra niñez de las garras de las adicciones, reclutamiento y de la criminalidad, las autoridades están obligadas a proteger la infancia, no debemos criminalizar un problema meramente social, se deben entender las causas, proporcionar las mismas oportunidades y prevenir antes de combatir los efectos.

Los tres niveles de gobierno son los principales responsables de velar, proteger y garantizar por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Fortalecer a la sociedad y a las instituciones relacionadas con los derechos de la niñez en el cumplimiento de los derechos universales y crear acciones de política pública propicias para la restitución de estos.

La presente reforma tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles calidad de vida después de haber sido víctimas del narcotráfico y la violencia.

Los tres poderes del estado no muestran ser responsables por acción u omisiónen las investigaciones que dan cuenta de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes huérfanos del narco.

Se deben de diseñar programas y apoyos oficiales concretos de prevención y asistencia para que la niñez víctima de la delincuencia organizada sea readaptada socialmente sin sufrir ningún tipo de discriminación por ser hijos de personas vinculas al narcotráfico como sicarios, halcones, panteras, narcos, secuestradores, extorsionadores, etc.

Esta iniciativa busca proteger a las y los menores huérfanos del narcotráfico, evitando que sean juzgados con calificativos, o discriminarlos por su edad, condición y/o ascendencia.

Debemos atenderlos y cuidarlos de igual manera sean o no hijos, o tengan algún vinculo a integrantes de la delincuencia, porque son víctimas inocentes de eventos desencadenados por la violencia persistente en nuestro país.

¿Qué clase de país es México?, ¿hacia dónde va nuestra niñez? porque lo único evidente y constante es un futuro incierto para cada uno de nuestros niños que no tienen ni han tenido en toda su vida más modelos que la violencia, la muerte, el dolor, la orfandad y el desamparo.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero.Se reforma el artículo 3 inciso E al tenor de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tenor de la siguiente.

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. – D

E. El de tener una vida libre de violencia, evitando que sean estigmatizados y criminalizados, por sus vínculos familiares con presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

F.- G

TRANSITORIO

UNICO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, Angélica del Rosario Araujo Lara, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del artículo 8 y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde los tiempos más remotos el tener una vivienda es una condición indispensable para poder sobrevivir y desarrollarse como individuo en términos de seguridad, autonomía e independencia.

A pesar de la importancia que reviste el tema, han sido escasos los esfuerzos realizados para reflexionar sobre la vivienda en el espacio jurídico. Se encuentra poco análisis de ello desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Para algunos, esto se debe a que ha sido relegado al mundo de las aspiraciones éticas con escasa importancia jurídica.

Tradicionalmente, este derecho ha sido abordado desde la particularidad del derecho administrativo, enfocándose más bien al derecho urbanístico con visión a los planes de uso del suelo, a la distribución de las competencias entre los niveles de gobierno y al régimen de la industria de la construcción.

De igual manera, su evolución se ha dado desde la perspectiva del derecho laboral, considerándolo como un derecho inherente al individuo en su condición de trabajador, concebido como una prestación adicional al salario.

Actualmente nuestra Constitución reconoce el disfrute de este derecho a las familias, remitiendo a la ley la obligatoriedad de establecer los mecanismos y apoyos necesarios para lograrlo.

El derecho internacional establece el derecho a una vivienda adecuada como un Derecho Humano, consignándolo en distintos instrumentos de los que México forma parte y estableciendo parámetros mínimos para su ejercicio.

La presente exposición de motivos contiene algunas reflexiones con respecto al derecho a la vivienda en México, hechas con el fin de abonar a la discusión sobre las condiciones idóneas que permitan hacer realidad el pleno ejercicio de este derecho por todos los mexicanos y describa las razones que impulsan presentar para su análisis, discusión y eventual aprobación, esta iniciativa de reforma constitucional, que tiene por objetivo el establecimiento del derecho de toda persona a una vivienda adecuada, como un Derecho Fundamental, garantizado por el Estado.

En consecuencia a lo mencionado en el párrafo que antecede, se hará un repaso acerca de la naturaleza del derecho a la vivienda, su objeto, y sujetos; se abordará su evolución legislativa en el orden jurídico mexicano; haciendo también una descripción de las condiciones actuales en las que se encuentra; enunciando la concepción que se tiene desde la óptica internacional de los Derechos Humanos; concluyendo con las perspectivas orientadas hacia su perfeccionamiento.

Derecho a la Vivienda

El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Ha sido calificado como un derecho inalienable al individuo. Es concebido también, como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo.1

Algunos estudiosos del tema, consideran el ejercicio del derecho a la vivienda como elemento esencial para la posible materialización de otros derechos. Dicho en otras palabras, se trata de un derecho compuesto, cuyo fin no se agota con un espacio para dormir o estar, sino por el contrario su vulneración, incide en la violación de otros Derechos Humanos.2

En este sentido, se puede observar que la violación del derecho a la vivienda, el cual goza cualquier ser humano, amenaza a su vez, su derecho a la integridad física y mental, como cuando se vive ante la imposibilidad de cubrir la renta de un alquiler; vulnera también su derecho al trabajo; pone en riesgo su derecho a la salud, a la educación y al libre desarrollo de las personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios hacinados sin condiciones mínimas de habitabilidad.

Del mismo modo, deja en incapacidad de ejercer el derecho a elegir residencia, al de la privacidad, al de la vida familiar; afectando incluso los derechos de participación política de las personas, entre otros.3

Por otro parte, el disfrutar de una vivienda como derecho, no se satisface con el mero acto de contar con un cobijo para protegerse de los elementos naturales que puedan convertirse en una amenaza. Sino que debe considerar mínimosde bienestar que le permitan a las personas su desarrollo.

Es en este orden de ideas que en la estrategia Mundial de la Vivienda, preparada por la ONU, se define la vivienda adecuada, como “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966.4

En concordancia con lo anterior, para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo siete criterios ,tales como el de seguridad de su tenencia, es decir que sus ocupantes cuenten con la protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; el de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, o bien que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos; el de asequibilidad, en el entendido que permita el disfrute otros Derechos Humanos; el de habitabilidad, o dicho de otro modo, que garantice la seguridad física, proporcione espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales; el de accesibilidad, o más bien considere las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados; el de ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y no esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y por último, el criterio de adecuación cultural, pues debe respetar la expresión de la identidad cultural.

Es indispensable cubrir como mínimo los criterios antes descritospara que pueda ser catalogada como una vivienda adecuada según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.5

Este Comité ha subrayado también, que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

Las características del derecho a una vivienda adecuada están contenidas en la Observación General No. 4 del Comité expedida en 1991 sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación General No. 7 del mismo Comité generada en 1997, sobre desalojos forzosos.6

La protección contra los desalojos forzosos es una parte muy importante del derecho a una vivienda adecuada y se vincula de manera firme a la seguridad de la tenencia. Entendido éste, como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles su acceso a ellos.”7

Evolución Legislativa del Derecho a la Vivienda en México

El derecho a la vivienda en el orden jurídico mexicano aparece, en una primera instancia, como una prestación otorgada a los trabajadores, en donde el patrón estaba obligado a proporcionar alojamiento, en ciertas condiciones, a sus empleados.

La prestación es entendida en el derecho mexicano, como el conjunto de percepciones económicas o en especie que forman parte del salario y que en consecuencia se otorgan al trabajador en virtud de la relación de trabajo existente; percepción que consiste en el pago ordinario y permanente de cantidades en dinero o entregas de igual índole de productos alimenticios, ropa, artículos varios, equipo adicional de servicio, o casa habitación en los casos que éstas estén incluidas en el contrato de trabajo.

Para algunos autores, las prestaciones comprenden el salario en efectivo y los bienes, prestaciones en especie, que obtiene un trabajador como producto de una actividad sujeta a una relación de trabajo.8

Así pues, se puede encontrar el antecedente más remoto del derecho ala vivienda en nuestro país en el siglo XIX, en el Decreto de 1865, cuyo reglamento concede facilidades a la inmigración extranjera y consiga la obligación de los patrones de proporcionar alojamiento a sus trabajadores. En él, Maximiliano ordenó el servicio habitacional, dentro de las haciendas, a los trabajadores del campo.9

Posteriormente, si bien no es parte de la legislación mexicana, es en el Programa del Partido Liberal Mexicano del primero de julio de 1906, en su capítulo 26, en lo referente al capital y el trabajo, donde Ricardo Flores Magón, plasma el objetivo a alcanzar de “obligar a los patrones o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos patrones o propietarios”.

Ahora si, dentro del marco jurídico del país, en el estado de Chihuahua, siempre en el año de 1906, se expidió la Ley de Casas de Obreros y Empleados Públicos, en donde se establecía la obligación patronal de dar casa a los trabajadores.

Años después, como fruto del triunfo de la lucha armada que dio lugar al derrocamiento de Porfirio Díaz y al surgimiento de un nuevo sistema político, se lleva a cabo el Congreso Constituyente de 1917, con la encomienda de hacer una nueva Constitución que le diera viabilidad a las aspiraciones del pueblo mexicano, entonces es que se establece en la fracción XII del artículo 123 de la nueva Carta Magna, que en toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estaban obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas o higiénicas, por las que podrían cobrar rentas mensuales, que no excedieran del medio por ciento del valor catastral de las fincas. Igualmente, deberían establecer escuelas, enfermerías, y demás servicios para la comunidad. Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones, y ocuparan un número mayor de cien trabajadores tendrían la primera de las obligaciones mencionadas.

Este artículo otorgaba a las entidades federativas la facultad de legislar en materia de trabajo, al ser poco productiva esta facultad, se revoca en 1929, otorgándosela entonces al Congreso de la Unión.

Como producto de lo anterior, surge en 1931 la Ley Federal del Trabajo, que se limitó a establecer, en materia de vivienda, lo mismo que se encontraba plasmado en la fracción XII del artículo 123 constitucional.

Es hasta la Ley Federal del Trabajo de 1971, donde se reglamenta de manera específica lo relativo a la vivienda de los trabajadores.

Ante la falta de eficacia de lo establecido originalmente en el artículo 123 constitucional, en 1971sufre una reforma para señalar que el deber de proporcionar habitaciones cómodas, se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de vivienda a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Dando lugar de esta forma, al surgimiento del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, por sus siglas.

Se puede afirmar que la evolución del derecho a la vivienda, fuera de la concepción de prestación laboral, se da en la reforma constitucional al artículo 27 de fecha 6 de febrero de 1976, donde se establecieron la bases para legislar en materia de asentamientos humanos.

En su párrafo tercero se incorporó, junto con la ordenación del suelo en materia agraria, la relativa a la tierra urbana, al preverlas medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las tierras, aguas y bosques, a efectos de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.10

De esa reforma surge, de manera reglamentaria, la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976, en donde ya se menciona el derecho a la vivienda de cualquier individuo. En la fracción XXI de su artículo 2º, establecía que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos tenderá a procurar que todos los habitantes del país puedan contar con una vivienda digna.

La inclusión como derecho constitucional se da en 1983, cuando se adiciona un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asentando que “toda familia tiene el derecho a disfrutar de una vivienda diga y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

En consecuencia a esta reforma, se expide su ley reglamentaria denominada Ley Federal de Vivienda en 1984; ésta se convierte en el principal instrumento normativo de promoción de la vivienda, la cual se complementaba con Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Bienes Nacionales y las leyes correspondientes de las entidades federativas.

En ella se establecían las características, los elementos, lineamientos y acciones del Sistema Nacional de Vivienda. Si bien se abordaba aspectos relacionados con las zonas urbanas, también establecía disposiciones específicas en materia de vivienda rural.

En lo referente al suelo, se declaró como utilidad pública la adquisición de terrenos para la producción de vivienda. En esta ley se hicieron modificaciones en cuanto a los criterios para la asignación de créditos, privilegiando a las personas de menores ingresos, superando de esa forma, los criterios de antigüedad laboral anteriores.

Mencionaba en sus disposiciones, las acciones para motivar la construcción de vivienda popular a través del cooperativismo. Igualmente, contemplaba las estrategias para la concertación entre los sectores público, privado y social; entre otros aspectos.

Como consecuencia de la reforma constitucional de 1983, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, ya considera un derecho social de todos los mexicanos el derecho ala vivienda.

El Plan contemplaba que “la vivienda es una unidad básica cuya satisfacción condiciona a la alimentación, la salud y la educación. Es un elemento clave del desarrollo social y por tanto se ratificará explícitamente su carácter de derecho social de todos los mexicanos”.

Habla ya del derecho a la vivienda como un derecho compuesto. Y señala que “se concibe a la vivienda no sólo en cuanto a su uso inmueble, sino también en su dimensión como elemento generador del desarrollo del grupo social en su relación con las actividades económicas, políticas, culturales y recreativas.”

Actualidad y Perspectivas

El principal instrumento con el que se cuenta actualmente para establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, es la Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, que abroga a la Ley Federal de Vivienda del 7 de febrero de 1984, yque fue reformada por última ocasión el 16 de junio de 2011.

A grandes rasgos se puede comentar que la Ley de Vivienda establece las Disposiciones Generales en la materia; consigna la Política Nacional de Vivienda, señalando sus lineamientos y programación; el Sistema Nacional de Vivienda, describiendo su objeto e integración, las competencias de los distintos niveles de gobierno, crea igualmente, a la Comisión Nacional de Vivienda, a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, establece por igual, la forma de coordinación y concertación con los sectores social y privado, y el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda; de igual manera, fija las bases del Financiamiento de la Vivienda, puntualizando en sus disposiciones generales, en el crédito para la vivienda, el ahorro para la vivienda y los subsidios; determina condiciones sobre el Suelo; la Calidad y Sustentabilidad de la Vivienda; la Producción Social de la Vivienda, especificando sus instrumentos y programas, así como en las sociedades cooperativas de vivienda; finalizando con los lineamientos de la Denuncia Popular ylas Responsabilidades.

En ella se asienta que se considerará vivienda digna y decorosa:

La que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Incorpora los principios de la no discriminación, el mejoramiento de vivienda y, particularmente, los de producción y productor social de vivienda.

Establece que, para efectos del diseño y ejecución de políticas públicas, se deberán considerar todos los tipos y modalidades de producción de vivienda: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; rehabilitación de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de suelo y vivienda.

Considera que en la Política Nacional de Vivienda confluyan los aspectos relacionados con la planificación y el desarrollo urbano de las ciudades, incluyendo el abasto y habilitación oportuna del suelo necesario, así como la previsión de los elementos de la infraestructura, el equipamiento y los servicios necesarios, entre otros temas.

Determina como concurrentes las facultades de la federación, los estados y los municipios en materia de vivienda. En este sentido, no solo refiriere la necesidad de coordinación de la federación con los mismos, sino que especifica y detalla los contenidos y elementos que permitan establecer una efectiva participación y corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la solución de los problemas habitacionales.

Establece que el Gobierno Federal promueva que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde se reconozca su responsabilidad y compromiso en la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades.

Añade criterios para asegurar el destino de los subsidios para la vivienda, reconociendo los principios de atender a la población en situación de pobreza y en apoyo de la producción social de vivienda, así como que los montos de los mismos deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando preferencia a las familias con los más bajos ingresos.

Recoge diversos aspectos para asegurar el diseño y ejecución de una política integral en materia de suelo.

Establece lineamientos para que el desarrollo de las acciones de vivienda y los recursos y servicios asociados a la ocupación, funcionalidad y habitabilidad de la misma, se sujeten a criterios de sustentabilidad, seguridad física, salubridad, higiene, calidad, diseño y tecnología de la construcción, a fin de ofrecer calidad de vida a sus habitantes.

Dispone también, que las acciones de vivienda deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y adecuarse a los planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado.

Uno de los aspectos que se consideran más transcendentes y que recoge la Ley de Vivienda, es el reconocimiento de los procesos de producción social de vivienda, entendida como aquella que se realiza bajo el control de autoproductores, autoconstructores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluyendo aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones.

Dispone asimismo, que las políticas y programas habitacionales reconozcan las características culturales y respeten las formas de asentamiento territorial, favoreciendo sistemas constructivos acordes con el entorno bioclimático y de conformidad con sus modos de producción de vivienda.

Pretende que los programas gubernamentales se focalicen o dirijan, preferentemente a la mujer sostén de la familia, otorgándoles el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito y el subsidio, así como reconocer las distintas formas legales de propiedad y posesión de la tierra, adecuando los diversos instrumentos y productos financieros al efecto; entre sus principales características.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en lo referente al derecho a la vivienda, plantea dar impulso a soluciones de vivienda digna, así como al mejoramiento de espacios públicos.

En específico, la Política Nacional de Vivienda consiste en un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural.

Esta Política implica, según el propio Plan:

• Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional;

• Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente;

• Reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y

• Procurar una vivienda digna para los mexicanos.

Por tanto, plantea impulsar acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, y se propone orientar los créditos y subsidios del Gobierno de la República hacia proyectos que fomenten el crecimiento urbano ordenado.11

Para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, que procure vivienda digna para los mexicanos, propone fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda; establece inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; de la misma manera señala promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo y zonificación; considera revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten; igualmente consigna, mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales; adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente; fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado; propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas.12

Con el objetivo de reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva, El Plan Nacional de Desarrollo, prevé desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias.

Desarrollar también, un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para distintos segmentos de la población, y la atención a la población no cubierta por la seguridad social, incentivando su inserción a la economía formal.

Del igual modo, fortalecer el mercado secundario de vivienda, incentivando el mercado de renta, que eleve la plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a una oferta más diversa y flexible.

Se plantea incentivar la oferta y demanda de vivienda en renta adecuada a las necesidades personales y familiares, así como fortalecer el papel de la banca privada, la banca de desarrollo, las instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y ejecutores sociales de vivienda, en el otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda.

Pretende a su vez, desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien.

Se impone el reto de fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales; así como dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación.

Considera también, establecer políticas de reubicación de población en zonas de riesgo, y apoyar esquemas de Suelo Servido.13

Y por último, para lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda, se propone consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia.

Fortaleciendo de igual manera, las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda; y del mismo modo, promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos de la Nueva Política de Vivienda.14

El Derecho a la Vivienda desde la Perspectiva de los Derechos Humanos

Por Derechos Humanos se identifica al “conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social, y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente”.15

Se han definido también, los Derechos Humanos, como el conjunto de atributos y prerrogativas que tiene todo integrante del género humano, considerando tales derechos como anteriores y superiores a la sociedad, así como a cualquier forma de organización y ejercicio del poder público.

En consecuencia, se consigna, los Derechos Humanos no son producto ni creación de las instituciones estatales; éstas se limitan a reconocer, garantizar y hacer que se observen para su cabal cumplimiento.16

La clasificación tradicional de los Derechos Humanos permite ubicarlos por el momento histórico de su surgimiento. Así, se ha hablado siempre de Derechos Humanos de primera, segunda y de tercera generación.

Los de primera generación son producto de la Revolución Francesa y del liberalismo burgués, cuyo ejercicio dan lugar al surgimiento del Estado de Derecho. En éste se ubica un Estado que respeta el individualismo y solamente interviene cuando lo individuos se extra limitan en sus libertades.

Los derechos de primera generación, están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y tienen que ver con la libertad individual, el principio de legalidad, el derecho a la vida privada y a la seguridad, entre otros. Representan pues, restricciones de la actividad del Estado frente al individuo.

La segunda generación de Derechos Humanos aparece con la crisis del Estado Liberal burgués y con el advenimiento de las revoluciones industriales que acompañaron el surgimiento del proletariado como clase opuesta a la burguesía, la cual basaba su poder en la propiedad, mientras aquella basaba el suyo en su número.

Son derechos de contenido social, económico y cultural, representando una actividad positiva del Estado, es decir, para su satisfacción se requiere de acción del Estado y su ejercicio da paso a la creación del Estado Social de Derecho.

Para algunos estudiosos, en estos derechos se conjugan la igualdad y la libertad. En esta clasificación se ubica, entre otros, el derecho a la vivienda.

En la tercera generación de Derechos Humanos, aún en formación, se encuentran los derechos que se relacionan con las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de la primera y segunda generación, tales como el derecho a la paz, a la solidaridad internacional, al desarrollo, entre otros.17

Como se mencionó en párrafos anteriores, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho reconocido en las disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado.

El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a este derecho: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

Otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos también se han referido alderecho a una vivienda adecuada. Algunos de ellos son de aplicación general, en tanto que otros abarcan los Derechos Humanos de determinados grupos, como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, los trabajadores migrantes y sus familias, o las personas con discapacidad.

Entre los instrumentos antes mencionados podemos citar a:

• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 en su art. 21.

• El Convenio No 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre política social, en el referente a su artículo 52.

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, en sus artículos 14 y 15.

• El Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, artículos 16 y 27.

• El Convenio No. 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en sus artículos 14, 16 y 17.

• La Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990, artículo 43.

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, artículos 9 y 28.18

Basado en lo expuesto con anterioridad, se puede observar que el derecho a la vivienda en nuestro país tuvo ciertamente su origen incluso antes de que éste se configurara como una nación independiente.

Es de apreciarse que su evolución inicia como un derecho reconocido a los trabajadores, posteriormente se va generando cierta autonomía, cuando es considerado desde la óptica del desarrollo urbano y la regulación de los asentamientos humanos.

También se puede ver, que a partir del esfuerzo del Estado mexicano por cumplir con la prestación social a los trabajadores, es que se van transformando de un derecho reconocido para el trabajador hacia un derecho reconocido para las familias.

Es hasta la tercera parte del siglo XX, cuando se trata ya como un derecho para todos los mexicanos, en los planes de gobierno y en las leyes secundarias, más no en la Constitución.

Lo señalado en los párrafos que anteceden, abonan a la conclusión que si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho a las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y remite a ley secundaria establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo, no menos cierto es que nuestra legislación adolece de diversas inconsistencias que impiden calificar el derecho a la vivienda en México como un Derecho Humano y mucho menos, se puede afirmar que es un derecho fundamental para todos los mexicanos.

En primer término, el texto constitucional se refiere a familias y no a los individuos; en segundo lugar no se establece la obligatoriedad del Estado de garantizar este derecho, como se señala refiriéndose a otros derechos dentro del mismo artículo, tales como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano o al agua; y en tercer orden no se refiere en ningún momento a los mecanismos de defensa de este derecho que garanticen su exigibilidad.

En robustecimiento a esta aseveración la doctrina de los Derechos Humanos, considera que un derecho para que sea considerado como tal, debe encontrarse claramente establecidos en él, cuando menos los siguientes elementos:

• El titular del derecho,

• El obligado a satisfacerlo,

• El contenido del derecho y

• El mecanismo de defensa del derecho.

En este mismo orden de ideas y para abonar mayores elementos de análisis, algunos tratadistas consideran que los Derechos Fundamentales son los Derechos Humanos constitucionalizados.19

Tomando como instrumento de reflexión las nociones antes citadas, se puede concluir que el párrafo séptimo del artículo cuarto constitucional, se refiere a las familias y no a los individuos, por ende el titular del derecho es la familia y no las personas; limitando a aquellas personas que por cuestiones de exclusión social, marginación, circunstancias ajenas a su voluntad o deseo propio, no tienen o forman parte de una familia, luego entonces no pueden ser titulares de este derecho al no encontrarse contemplados en la Constitución.

En segundo lugar, el Estado no se encuentra obligado a garantizarlo. En los orígenes del derecho a la vivienda el sujeto obligado a cumplirlo eran los patrones con respecto a sus trabajadores, si bien permanece esta obligación en el ámbito laboral, no existe sujeto obligado a satisfacerlo para quien no se encuentra en una relación de trabajo.

En la iniciativa original de inclusión del derecho a la vivienda en el texto constitucional de 1981, se establecía que el Estado garantizará el ejercicio de este derecho, sin embargo fue sustituido sin mayor abundamiento por el legislador de ese entonces, por el de la “ley establecerá los instrumentos y apoyos a fin de alcanzar tal objetivo”.

Esto se puede suponer, sin mayores elementos para saberlo a ciencia cierta, puesto que el dictamen correspondiente no aborda las razones de la sustitución, se debió a que el legislador suponía la imposibilidad para el Estado de proveer habitación a todos los mexicanos, y establecerlo de esa forma crearía un caos al momento de que los ciudadanos reclamen este derecho.

A ello, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido criterios en los cuales no se debe confundir entre garantizar el Derecho a la Vivienda con el de construir y entregarle viviendas a todos, que sería imposible.

El Comité cita textualmente al respecto:

El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Una de las ideas erróneas más frecuentes vinculadas al derecho a una vivienda adecuada es que requiere que el Estado construya viviendas para toda la población, y que las personas que carecen de vivienda puedan pedirla automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los gobiernos participan en cierta medida en la construcción de viviendas, el derecho a una vivienda adecuada evidentemente no obliga al gobierno a construir el parque de viviendas para toda la nación.

Y continua en su argumentación diciendo que en su lugar, el derecho a una vivienda adecuada“ comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad detenencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada”.

Clarificando que estas medidas pudieran requerir la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo, de políticas o de prioridades de gastos. Pueden aplicarse mediante un criterio propicio a la vivienda en el que el gobierno, en lugar de desempeñar el papel de proveedor de viviendas, se convierte en facilitador de las actividades de todos los participantes en la producción y mejora de la vivienda. 20

Por lo consiguiente, si bien es justo reconocer que en materia de vivienda se han hecho esfuerzos muy grandes en el país y que el marco jurídico contempla elementos que en el ámbito de los Derechos Humanos se reconocen, no menos justo es reconocer que se está muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad para todos los mexicanos por igual.

Así lo demuestra que en 2010, la carencia de servicios básicos en la vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas, mientras que en zonas rurales se presenta en 50.4%. En el mismo sentido, existen grupos de la población particularmente desatendidos: la necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73% de la necesidad nacional y solamente recibe el 30% del financiamiento total destinado a vivienda, según datos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

De esa misma fuente, se obtiene que actualmente existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación. Asimismo, para atender el crecimiento de la población se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares.

Por todo lo anterior, es que se hace necesario una profunda reforma en materia de vivienda partiendo de su concepción como Derecho Fundamental de todos los mexicanos, ya que, si bien es cierto que en la ley se establecen los mecanismos e instrumentos para hacerlo posible, su redacción en el texto constitucional pareciera reducirlo a normas jurídicas enunciativas de ideales sociales o, en el mejor de los casos, a normas meramente programáticas, pero muy lejos de considerarse reconocido como un Derecho Humano.

La teoría constitucional contemporánea sostiene que la legitimidad estatal proviene de los Derechos Fundamentales de las personas.

Sostiene que la legitimidad del Estado reside en el reconocimiento de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos al poder político; y a su vez incluye, que la legitimación de las políticas públicas, depende de que estás ofrezcan garantía efectiva a esos bienes jurídicos fundamentales.

Los Derechos Fundamentales, entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de libertades, potestades políticas y exigencias sociales.

Un Estado Constitucional y Democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, justamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y por su garantía práctica.21

De igual manera, se ha demostrado la posibilidad real de poder asumir el reto de que el Estado puede establecerse como garante de este derecho, tal como lo es de otros derechos, y poder cumplir con la condición de exigibilidad del mismo.

El artículo primero de la Constitución ya establece la obligatoriedad al Estado de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales firmados por México. En el caso del derecho a la vivienda, corresponde clarificar el texto constitucional para evitar cualquier duda al respecto, facilitar su comprensión y sirva de sustento a las acciones necesarias para su materialización.

Se deben encaminar los esfuerzos para que a partir del reconocimiento como Derecho Fundamental, se replanteen los instrumentos, mecanismos y apoyos que le garanticen a todos los mexicanos el Derecho Humano a una vivienda adecuada.

A través de una reforma constitucional, que establezca que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda adecuada y que el Estado garantizará su ejercicio, dotando, a través de la Ley, de mecanismos y apoyos que garanticen su disfrute y exigibilidad, armonizándolo a los criterios internacionalmente aceptados, es posible construir un nuevo modelo de política pública que haga realidad que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda adecuada.

En el siglo XX, México sorprendió al mundo al ser el primer país en establecer los Derechos Humanos de segunda generación; corresponde en el siglo XXI, demostrar que es posible garantizar, por parte del Estado, a todo individuo el disfrute de este Derecho Fundamental.

En razón a lo antes expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. El Estado garantizará este derecho, dotando a través de la Ley, de mecanismos y apoyos que garanticen su disfrute y exigibilidad.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 19 de junio de 2013.

Atentamente

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara”.

1 Velásquez de la Parra, Manuel, “El derecho a la vivienda”, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.-Dic. de 1991.

2Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, UNAM, Porrúa, CNDH, 2004, p. 920.

3 Ídem.

4 Ferrer, Mac Gregor y Carbonell, Miguel, Compendio de derechos humanos, 3ª. Ed., México, Porrúa, 2012, pp. 501-545.

5ACNUDH, ONU Hábitat, El derecho a una vivienda adecuada, Ginebra, ONU, 2010, p. 4.

6 Ídem.

7Observación general No 7, que más adelante señala que “Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los pactos internacionales de derechos humanos” (párr. 4).

8 Ramírez Reynoso, Braulio, “Prestaciones”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, IIJ, Porrúa, 2011, p. 2986.

9 Barajas, Montes de Oca, Santiago, “La Vivienda como Prestación Social, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.-dic de1991, p. 342.

10 Andrade Sánchez, Eduardo, “Origen y Sentido del Derecho a la Vivienda como Garantía Constitucional”, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.-dic de1991, pp. 332-333.

11 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 20 de Mayo de 2013, p.30.

12 ibídem. p. 74.

13 ibídem. p. 75.

14 ídem.

15 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, “Derechos Humanos”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, IIJ, Porrúa, 2011, p. 1268.

16 Olivos Campos, José René, Los derechos humanos y sus garantías, 3ª. Ed., México, Porrúa, 2013, p. 3.

17 Martínez Bullé Goyri, Víctor M. “El derecho a la vivienda digna”, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.-Dic de1991, pp. 412-414.

18 Óp. cit., nota 5, pp. 12-13.

19 Óp. cit.,Nota 2, p. 9.

20 Óp. cit., Nota 5, p. 7.

21 Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, IIJ, 2011, p. vii.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO TRANSITORIO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN)

“C. Presidente de la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados.

El suscrito, Diputado Federal Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa que adiciona un artIculo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de promover y garantizar la continuidad de las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, conforme a lasiguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Planteamiento del Problema

La necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente, proporcionando certidumbre jurídica e incentivos a la permanencia y a la eficiente operación de las empresas de capital nacional y extranjero, que operan un programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación “IMMEX”, bajo la modalidad “de albergue”, conocidas también como “shelters”.

Introducción y antecedentes

En las dos últimas décadas, ha existido un gran retopara las empresas debido a la intensa competencia derivada de las acciones de facilitación comercial. Esto se ha convertido en un tema estratégico en las agendas de los diversos foros mundiales de desarrollo económico.

La apertura en los intercambios comerciales es uno de los factores que afectan o benefician el clima de negocios dentro de la economía de un país, ya que de acuerdo a su dimensión y características, se definen algunos otros factores como la conveniente atracción de la inversión nacional y extranjera en los mercados de exportación, que genera múltiples empleos, permitiendo proveer a los ciudadanos de mejores índices de prosperidad.

De esta forma, se desprende que la constante mejora regulatoria que nos conduzca a la simplificación administrativa, y la actualización y modernización del marco jurídico, dando certeza de estabilidad regulatoria a las empresas, son elementos determinantes que inciden en que un país sea más atractivo para las inversiones que generan nuevas empresas y expanden las operaciones de las existentes. Ahora bien, si tomamos en cuenta que estos elementos repercuten de manera directa en la disminución de costos y riesgos, situación muy conveniente para que los inversionistas puedan decidirse por opciones cada vez más competitivas y mejor posicionadas en la escala mundial.

En este contexto, encontramos que efectivamente algunos países se encuentran mejor clasificados que otros, y así lo muestra de manera contundente el informe 2011-2012 del Foro Económico Mundial, que integra metodológicamente información relevante de 142 naciones, en un índice que mide la habilidadpara proveer de altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos, relacionándolo de forma proporcional con la productividad con la que utiliza sus recursos disponibles.

En este listado de gran interés comercial para los posibles inversionistas, encontramos en los primeros cinco lugares a Suiza, Singapur, Suecia, Finlandia y los Estados Unidos. Canadá, que es un socio potencialmente estratégico por su ubicación, se encuentra en el lugar número doce, precedido de Japón y Reino Unido respectivamente.

Si revisamos los países de América Latina, encontramos que México se encuentra en la quinta posición de la lista, que viene encabezada por Chile, Puerto Rico, Panamá y Brasil. Habiendo avanzado dos posiciones con respecto del año anterior, donde se vio rebasado por Uruguay y Costa Rica1.

En el análisis del informe de referencia, se detalla que estos índices se producen como resultado de la medición de 12 pilares o rubros que componen este rankig mundial.

En el caso de esta propuesta legislativa, resulta interesante destacar la importancia que tiene para un país como México, el encontrar las estrategias que le permitan avanzar en los segmentos “básicos” para mejorar la percepción que del manejo de la macroeconomía tienen los socios potenciales, procurando en todo momento contar con su aceptación y confianza para depositar sus capitales en empresas mexicanas.

Dichos segmentos, tienen que ver principalmente con la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la eficiencia, y desarrollo en los mercados de bienes y el laboral, la tecnología, el tamaño y la sofisticación empresarial, así como la innovación, toda vez que todos estos factores se pueden elevar con la promoción de empresas manufactureras.

Por otro lado, vale la pena hacer hincapié dentro de esta argumentación, que de acuerdo con los resultados del informe de referencia, se desprende de manera importante, que de las posiciones que ha conquistado nuestro país, el organismo compilador pondera los esfuerzos mexicanos por impulsar la competencia, así como las mejoras regulatorias que facilitan el dinamismo empresarial, aunado esto a la implementación de sólidas políticas macroeconómicas y a los fuertes niveles de adopción de tecnología que nos han llevado afortunadamente a disminuir la brecha de competitividad.

Sin embargo, aún estos importantes avances resultan insuficientes si nos ubicamos en el contexto completo de las naciones con las que nos enfrentamos día a día, frente a imponentes competidores como China en el caso de la cuenca Asiática, o con respecto a Chile, o Brasil en la región latinoamericana, que vienen avanzando decididamente en sus niveles de competitividad, trabajando sin tregua en cada uno de los pilares que integran su oferta, frente a los grandes socios comunes como lo son Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.

Generalidades de las empresas nacionales que operan un programa IMMEX- bajo la modalidad de albergue o shelters.

En este gran esfuerzo por incrementar los niveles de competitividad en el país, mejorando la tecnología existente y el mercado e inversión nacional e internacional, encontramos como una muy buena área de oportunidad, el impulso, promoción y permanencia de las empresas que operan un programa de maquila bajo la modalidad de albergue, que se refiere básicamente a las personas morales residentes en el territorio nacional, que habiéndoles aprobado un programa de operación de maquila, contratan con empresas extranjeras, mismas que les facilitan la tecnología, el material productivo y la maquinaria y equipo, mientras las empresas que operan el programa de maquila, con la modalidad de albergue, proporcionan la estructura corporativa, para realizar operaciones industriales o de servicio en México, suministrando la mano de obra, la administración jurídica, contable, fiscal y administrativa, así como las instalaciones necesarias, con todos los servicios de adecuación y mantenimiento de las mismas.

Con estos elementos, la empresa que lleva a cabo el albergue, importa y exporta las materias primas y componentes, las transporta a sus instalaciones, en donde se desarrollan las actividades industriales, y exporta el producto terminado o semi-elaborado, llevando a cabo todas las labores logísticas y obteniendo todos los permisos y registros para su operación.

Así, entendemos por operar un programa de este tipo, a la autorización que otorga la Secretaría de economía a una persona moral para realizar operaciones de manufactura o de servicios, en cualquiera de sus modalidades, así como se entiende por operación de manufactura o maquila, al proceso industrial o de servicios, destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación.

Actualmente se tienen registradas como participantes, alrededor de 250 empresas con inversiones inmobiliarias importantes, que generan empleos industriales, administrativos, de ingeniería, de logística, contabilidad, mantenimiento y de otras especialidades, para apoyar a empresas extranjeras que no quieren tener una presencia directa en México, pero se albergan en nuestro país a través de estos esquemas. Esto resulta en un nicho muy importante, que genera la oportunidad para insertar a las empresas de capital nacional en la economía globalizada, por lo que es necesario su impulso y atención para despuntar hacia niveles verdaderamente interesantes. Estas empresas tienen un impacto directo para aumentar los niveles de competitividad en México.

Las empresas extranjeras que contratan los servicios de shelter, encuentran en estas empresas a una parte confiable con experiencia en el manejo local de los negocios con las autoridades administrativas y laborales, que cuentan con la experiencia en el manejo del capital humano, necesario para el desarrollo de las actividades industriales y de servicio, que por un lapso determinado apoyan a las empresas extranjeras para facilitarles el movimiento de bienes y servicios, reduciendo los riesgos y los costos de operaciones, contando de esta forma con la oportunidad de probar el “hacer negocios en México”, con miras a independizarse con una presencia corporativa de empresa mexicana y en, la mayoría de los casos expandirse en sus actividades, generando mayor empleo y valor agregado, transfiriendo tecnología que ayuda a la competitividad del país.

Este tipo de negocios, es altamente recomendable para cualquier empresa extranjera de cualquier país, que tienda a realizar procesos de manufactura básica o intermedia o preste servicios de exportación, como los llamados “back room” o los “call centers”, que son servicios administrativos o contables, para las actividades financieras, de promoción de negocios, de penetración de mercado y apoyo a los consumidores.

Resulta pues, una forma muy conveniente de “aprender” a invertir en México en un proceso seguro de aclimatación, que les exime de la responsabilidad de asumir de manera directa la operación total, manteniendo de manera paralela el control de su producción o servicios, con la presencia, si así lo desea, de su personal técnico o de dirección.

Los clientes extranjeros que usan estos servicios de albergue, en su mayoría,son empresas estadounidenses, canadienses y europeas, que han optado por invertir en México bajo esta modalidad y que están enfocadas hacia sectores diversos, como el aeroespacial, el médico, el automotriz, el metalmecánico, así como el de la electrónica o de los servicios de exportación antes descritos.

Estos centros manufactureros o de servicios, estratégicos, actualmente se encuentran instalados en varios estados de la frontera norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Baja California y Tamaulipas, y algunos operan en la región centro, en el Bajío, donde seubican principalmente en Querétaro.

Con la puesta en marcha de esta propuesta, se pretende que este tipo de empresas, puedan extenderse hacia otras zonas geográficas del país, con el consecuente desarrollo regional que urgentemente se requiere en algunas zonas de alta marginación en México.

Beneficios para los contratantes

Siendo pues una plataforma directa de desarrollo manufacturero, hay inversionistas extranjeros que quieren “probar” la industria nacional. Un importante atractivo es el hecho de que no es necesario que se instalen legalmente en México, toda vez que precisamente la función del operador shelter, es la de extender su ayuda, brindando asesoría y servicio en todos los rubros que se pacten en la definición de operaciones a realizar, resultando factible incluso el seleccionar el sitio de instalación de la empresa, así como realizando toda clase de trámites para obtener los permisos correspondientes, eliminando de esta forma la complejidad que implica para una compañía extranjera el hacer negocios en un país que no conoce.

Otro aliciente, es el de que se transfieren las responsabilidades como patrón a su proveedor shelter, permitiéndoles este hecho concentrarse en sus procesos estratégicos de negocios.

De esta forma, el cliente puede desarrollar operaciones, estableciéndose rápidamente en el país, disminuyendo los costos de logística, conbajos riesgos, y con una conveniente y disminuida curva de aprendizaje que le hará ahorrar tiempo y dinero.

Una ventaja adicional, radica en que se puede utilizar esta modalidad para un corto periodo, existiendo siempre las posibilidades de desligarse de manera posterior del operador shelter, para instalarse de manera definitiva bajo una empresa filial o subsidiaria, contando ya con las ventajas del conocimiento adquirido, incluso para operar con manufacturas más avanzadas que estén a un paso de transitar a la investigación, el diseño o el desarrollo, donde el proceso de calidad puede resultar más riesgoso.

En esta posibilidad radica, una de las grandes bondades de esta propuesta, y es precisamente la de conceptualizar a la operación de empresas de maquila en modalidad de albergue, como una “puerta de entrada” a la inversión extranjera de mayores proporciones.

Antecedentes históricos

Con estas características, encontramos en México los primeros e incipientes esfuerzos de esta forma de hacer negocios, hacia finales de los años sesenta, avanzando lentamente y a un nivel más bien mesurado, hasta que se convirtió en el año de 1985 como una parte determinante de las políticas públicas del sector, detonándose finalmente como una de las estrategias para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, hacia el año de 1994, aparejada con la firma del tratado de libre comercio de América del Norte.

En la parte normativa, encontramos importantes antecedentes del funcionamiento de este tipo de empresas, en diversos Decretos emanados del Poder Ejecutivo Federal, hasta llegar al Decreto publicado el 1º. De Noviembre del 2006, conocido como IMMEX, que tiene como objetivo principal el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, fortaleciendo la competitividad del sector exportador mexicano, otorgando certidumbre, trasparencia y continuidad a las operaciones de empresas precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos, permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuyendo sus costos logísticos y administrativos; modernizando, agilizando y reduciendo los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país.

Es precisamente en esta herramienta, donde se logra la integración de los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), representando estas empresas en su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de México.

Por otro lado, es de mencionarse que la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) han contribuido a fortalecer la balanza comercial del país a través de una mayor aportación neta de divisas, abonando puntos hacia una mayor integración inter industrial.

Cifras

Para comprender de manera esquemática la importancia que representa para el país este sector, es oportuno conocer las estadísticas que trae aparejada; así podemos mencionar que al 31 de diciembre de 2011, el número de personas ocupadas en los establecimientos manufactureros del programa IMMEX ascendió a 2,122,502 trabajadores. Dicho personal laboró en 5,079 establecimientos manufactureros y 1,115 de servicios a nivel nacional inscritos en este programa.

Cifra importante representa, el que al cierre del 2011, las exportaciones de la IMMEX se cuantificaron en un monto de 178,738 millones de dólares de los EEUU, mientras que sus importaciones tuvieron como resultado un monto de 155,970millones de dólares, lo que representa un superávit de 22,768 millones de dólares en las operaciones de comercio exterior de las empresas con programa IMMEX.

Sin embargo, aún con lo alentador de los indicadores de la IMMEX, empresas del sector exportador, han manifestado su preocupación por la incertidumbre jurídica que atañe al tema fiscal, en particular, al Impuesto sobre la Renta.

Detalle de las reformas y modificaciones propuestas

Realizando un ejercicio retrospectivo al ordenamiento de referencia, encontramos que a partir del año 2002, mediante las disposiciones transitorias de la Ley del ISR, se señaló que los residentes en el extranjero que contratan estos servicios, por ese hecho, no se constituyen en “establecimiento permanente” en el país, que pudiera derivarse de los activos que proporcionan a las empresas nacionales que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue.

Desafortunadamente, y aún en la actualidad, la propia redacción de las disposiciones al respecto no son del todo acertadas y objetivas, ya que la exención de establecimiento permanente solo se ha otorgado e interpretado únicamente por periodos determinados, siendo el último ejercicio en cobertura el de 2011.

Ahora bien, la redacción de las disposiciones vigentes es confusa, ya que señalan que no genera establecimiento permanente la empresa maquiladora, en lugar de aludir al residente en el extranjero, que opera bajo el amparo de un programa de alberque.

Aunado a esto, se estableció como condicionante para evitar el incurrir en un establecimiento permanente, que la empresa maquiladora cumpliera con la obligación de informar en el mes de febrero de cada año, el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su “parte relacionada”, residente en el extranjero, lo cual no siempre es posible, ya que en muchas ocasiones, la empresa de albergue no tiene a una parte relacionada en el extranjero.

Asimismo, la Regla I.3.19.7, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, define de manera incompleta lo que debe considerarse como empresa maquiladora bajo el programa de albergue, ya que solo incluye el caso en el que ésta contrate directamente con un tercero residente en el extranjero y deja fuera a las empresas que están estructuradas con una parte relacionada, residente en el extranjero.

Las empresas maquiladoras que operan bajo un programa de albergue no son menos importantes que las empresas que operan un programa IMMEX, bajo cualquiera de las otras modalidades contenidas en el Decreto IMMEX. En muchos de los casos, y como quedó ampliamente explicado en la argumentación precedente, estas empresas son una relevante puerta de entrada de la inversión extranjera que primero explora el mercado nacional para después instalarse como empresa independiente bajo una empresa filial o subsidiaria Mexicana.

Es por todo lo anterior, que resulta necesario y urgente otorgar certidumbre jurídica desde la raíz, a los inversionistas extranjeros que proporcionan activos y que contraten los servicios de manufactura con empresas maquiladoras residentes en el país que operan un programa IMMEX de albergue.

Por ello, debe confirmarse de manera definitiva mediante modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no se constituirá establecimiento permanente cuando se contrate con una maquiladora que opere con un programa de albergue, aprobado por la Secretaría de Economía.

Con esta propuesta, se pretende garantizar la continuidad de las empresas de albergue y por consiguiente la promoción de nuestro país en los mercados extranjeros. Por ello es necesario eliminar los plazos para los beneficios de no estar expuesto a incurrir en un del establecimiento permanente que la autoridad ha venido otorgando.

También es necesario aclarar varias situaciones. A saber (1) que quien no tiene establecimiento permanente es elextranjero y no la maquiladora. (2) Señalar que los activos deben ser proporcionados por el extranjero y no necesariamente de su propiedad, ya que puede haber casos en donde los equipos sean arrendados u otras formas indirectas. (3) Cubrir a los dos esquemas de albergue, tanto a los que contratan directamente con el cliente como a los que lo hacen a través de una parte relacionada. (3) Establecer obligaciones en el sentido de presentar los informes y declaraciones correspondientes, contemplando sanción en el caso de incumplimiento. Y, finalmente, (4) concentrar las disposiciones en un sólo artículo, en lugar de tener las disposiciones dispersas en diferentes ordenamientos.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de impulsar mejoras en el marco jurídico, que incidan de manera positiva en el funcionamiento de los empresas con programa de maquila que operan bajo la modalidad de albergue, solicito se privilegie la presentación de esta Iniciativa ante esta Honorable Asamblea, de manera que este Poder Legislativo, sea el conducto del fortalecimiento de la misma. 

Decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos siguientes:

No se considerará que los residentes en el extranjero tienen establecimiento permanente en el país, únicamente por las operaciones de maquila que contraten directa o indirectamente con empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, autorizado por la Secretaría de Economía, cuando para dichas operaciones se utilicen materias primas, maquinaria o equipo proporcionados directa o indirectamente por el residente en el extranjero, siempre que dichos residentes en el extranjero no sean partes relacionadas de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue de que se trate, ni de una parte relacionada de dicha empresa.

Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable siempre que las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, presenten anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de octubre de cada año posterior al cierre del ejercicio, la información que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a las operaciones realizadas a través de la empresa maquiladora en la modalidad de albergue o de sus partes relacionadas.

La información a que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar desglosada por cada uno de los residentes en el extranjero que realizan actividades de maquila a través de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue.

A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que apliquen lo dispuesto en este numeral, en ningún caso les aplicará lo dispuesto por los artículos 2o., penúltimo párrafo y 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas en este numeral y en las disposiciones fiscales y aduaneras, con lo siguiente:

a. Observar lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, únicamente respecto de las fracciones I, II y III del citado precepto legal.

b. Presentar dictamen de sus estados financieros en los términos del Código Fiscal de la Federación, cuando se encuentren obligadas a ello o cuando hubieran optado por no presentar dicho dictamen, conforme a las facilidades administrativas que publique el ejecutivo federal, y presenten la información en los plazos y medios que, mediante reglas de carácter general, establezca el Servicio de Administración Tributaria en términos del citado artículo.

c. Presentar las siguientes declaraciones en los términos y condiciones establecidas en las disposiciones fiscales:

i. Anuales y mensuales definitivas de los impuestos federales a que estén obligados, con independencia de que en las mismas resulte o no cantidad a pagar.

ii. Informativa de operaciones con terceros (DIOT).

iii. Módulo correspondiente a sus operaciones de comercio exterior de la Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE). La declaración a que se refiere este subinciso deberá presentarse a partir de la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, señale que se encuentra disponible y puede ser llenada y enviada por los contribuyentes a través de su página de Internet.

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, incumpla con alguna de las obligaciones previstas en los incisos anteriores, el Servicio de Administración Tributaria requerirá a dicha empresa para que en un plazo que no exceda de 60 días naturales, aclare lo que a su derecho convenga sobre el incumplimiento. En caso de que no se subsane el incumplimiento en el plazo citado, se procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Comisión Permanente, a 19 de junio del 2013.

Dip. Fed. Carlos Fernando Angulo Parra”.

1 Estas cifras se desprenden del Informe Anual de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. COMISION PERMANENTE
PRESENTE.

La suscrita, Senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2o DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal y seguridad pública. Entre otras disposiciones, se modificó sustancialmente el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

Cabe señalar que la intención del legislador al reformar dicha disposición quedó establecida en los considerandos del dictamen respectivo al dejar establecido que:

“Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.”

“Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que éstas son expresión del estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución1.”

Por su parte, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece que: “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanenteo reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos señalados por el mismo artículo, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuenciaorganizada”.

En la lista de los delitos señalados se encuentran el terrorismo, el terrorismo internacional, los delitos contra la salud, la falsificación o alteración de moneda; las operaciones con recursos de procedencia ilícita; el acopio y tráfico de armas; el tráfico de indocumentados y el tráfico de órganos; la corrupción de menores, la pornografía, el turismo sexual, el lenocinio, el secuestro, el tráfico de menores y la trata de personas.

Sin embargo, y pese a las consideraciones del legislador plasmadas en el texto del dictamen aprobado, esta concepción de la delincuencia organizada ha generado numerosas críticas de la comunidad internacional a nuestro país y ha derivado en recomendaciones específicas de distintos organismos especializados.

De manera particular, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el contexto de la evaluación del Primer Informe de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), ha hecho notar al gobierno mexicano su preocupación por la ambigüedad de la definición de delincuencia organizada contenida en nuestra legislación (recomendación 94-Nº1).

En la opinión del organismo internacional, la definición de delincuencia organizada contenida en nuestra legislación es ambigua y posibilita que los miembros de movimientos sociales o políticos sean acusados de pertenecer a grupos criminales organizados; por lo tanto, ha recomendado expresamente a México promulgar una definición de delincuencia organizada compatible con la definición establecida en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también conocida como Convención de Palermo, ratificada por nuestro país el 04 de marzo de 2003.

La definición de “grupo delictivo organizado”, establecida en el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, establece que:

“Para los fines de la presente Convención, por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;”.

De igual forma, la Convención de Palermo establece en su artículo 5, como obligación para los Estados Partes, la penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, enfatizando que deberán adoptarse lasmedidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

En este contexto, resulta claro el mandato derivado de la participación de México en el Mecanismo de Examen Periódico Universal, al igual que el compromiso internacional adquirido por nuestro país al suscribir y ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y, desde nuestra perspectiva, no existe razón ni argumento alguno para no ajustar la definición de delincuencia organizada contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de noviembre de 1996.

En materia de delincuencia organizada, al igual que en lo relativo a las recomendaciones en materia de arraigo y fuero militar, la respuesta del Estado mexicano ha sido omisa ante las recomendaciones de los organismos internacionales a los que de manera voluntaria hemos aceptado someternos.

Finalmente, no está por demás señalar que en unas cuantas semanas más tendrá lugar la presentación del Segundo Informe de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y que frente a la ausencia de respuesta de nuestro país ante recomendaciones específicas vinculadas a temas tan sustanciales para la defensa de los derechos humanos como son el arraigo, el fuero militar y el combate a la delincuencia organizada, la aprobación de la presente iniciativa ayudaría a clarificar en nuestra legislación la definición de delincuencia organizada, reafirmaría la voluntad del Estado mexicano y ayudaría a ajustar el derecho interno a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque estoy convencida de que la lucha contra el crimen y contra la delincuencia organizada que asolan a nuestra sociedad puede ser compatible con la defensa de los derechos humanos, pongo a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 2º.- Cuando tres o más personas se organicen y actúen concertadamente para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como propósito o resultado cometer alguno o algunos de los delitos señalados a continuación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material para sí o para un tercero, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuenciaorganizada.

I-VII …

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2450-IV, jueves 21 de febrero de 2008.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Diputada Luisa María Alcalde Luján, a nombre propio y del C. Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

LUISA MARIA ALCALDE LUJAN y JOSE FRANCISCO CORONATO RODRIGUEZ, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Introducción

En México, es una práctica común que los empleadores o sus representantes soliciten a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. La existencia de antecedentes penales o la negativa a presentar una constancia que los descarte, provoca que los empleadores nieguen el acceso al empleo, o incluso la permanencia en el mismo.

Basada en el prejuicio y la costumbre, la práctica es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos laborales y del derecho a la no discriminación en sí mismo, constituyendo en la mayoría de las ocasiones una contradicción con el principio de reinserción social que persigue el sistema punitivo nacional, marginando a las personas que han compurgado penas y castigándoles no solo desde el ámbito de la justicia penal, sino también desde la esfera de lo social a través del estigma yla discriminación.

A continuación se desarrollan una serie de antecedentes, instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, fundamentos y argumentos que motivaron la presentación de esta iniciativa, que tiene la finalidad de prohibir a los patrones condicionar el acceso y permanencia en un empleo a la presentación de un certificado de no antecedentes penales.

II. Desarrollo

1. Derecho internacional

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 6 que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y comprende la obligación de los Estados de tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales1 ha emitido en su Observación General número 18 (mismo que interpreta el contenido del artículo 6 del Pacto) que el derecho al trabajo en todas sus formas y a todos los niveles implica necesariamente la accesibilidad al empleo:

En virtud del párrafo 2 del artículo 2, así como del artículo 3, el Pacto proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra Índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluso en caso de infección por el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad, o hacerlo imposible. Según el artículo 2 del Convenio Nº 111 de la OIT, los Estados Partes deben "formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.

Esta Observación también destaca la trascendencia de la no discriminación laboral como derecho humano, por lo que exige de los Estados el cumplimiento efectivo de determinadas obligaciones, tales como adoptar medidas que protejan a los trabajadores de la interferencia de terceros en el disfrute del derecho al empleo, así como adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo adecuadas para velar por su plena realización.

El derecho a la no discriminación laboral se robustece con la cláusula antidiscriminatoria general contenida en artículo 2, párrafo segundo, del Pacto:

Artículo 2

(…)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para efectos de derivar el significado preciso del término “discriminación”, el Comité ha emitido una Observación General (número 20) para la interpretación del artículo 2, en donde se señala quepor discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto”.

Los artículos que contienen tanto la cláusula antidiscriminatoria como el que contiene el reconocimiento del derecho al trabajo, incluidos sus respectivas interpretaciones, deben ser leídos e interpretados en conjunto.

Adicionalmente, la comunidad internacional aprobó en 1958 el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación en el empleo, el cual ha sido identificado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo como uno de los ocho convenios fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo, con independencia del nivel de desarrollo de los Estados Miembros. Estos derechos son condición previa para el desarrollo de los demás, por cuanto proporcionan el marco necesario para mejorar las condiciones de trabajo individuales y colectivas.

El Convenio, ratificado por México el 11 de septiembre de 1961, establece los alcances terminológicos de “discriminación” y señala que comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”, disponiendo asimismo que los Estados deben “formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”. Este Convenio 111 también obliga a los Estados a modificar o derogar las prácticas y disposiciones administrativas discriminatorias, y a promulgar leyes tendientes a combatir la discriminación laboral.

2. Derecho interno

a) Constitución

En el ámbito nacional, México también ha reconocido la importancia de estos dos derechos fundamentales El artículo 1° constitucional establece que:

Artículo 1.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe en su artículo 13:

Artículo 13.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

(…)

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

Por su parte, el derecho al trabajo se encuentra reconocido en el artículo 123 constitucional:

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 133, prohíbe a los patrones discriminar trabajadores potenciales o formales “por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio”. Los patrones, por tanto, no pueden negarse a aceptar trabajadores por el hecho de que tengan antecedentes sin incurrir en un acto discriminatorio.

b) Jurisprudencia

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que argumenta con contundencia en la tesis con carácter de jurisprudencia número 20/2002 que la existencia de antecedentes penales no acredita, por sí sola, la carencia de probidad de un modo honesto de vivir. Por la importancia que reviste esta jurisprudencia, así como por la indiscutible calidad en su contenido, estimamos necesario trascribirla íntegramente:

ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SI SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO DE VIVIR.- El hecho de haber cometido un delito intencional puede llegar a constituir un factor que demuestre la falta de probidad o de honestidad en la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero no resulta determinante, por sí solo, para tener por acreditada la carencia de esas cualidades. El que una persona goce de las cualidades de probidad y honestidad se presume, por lo que cuando se sostiene su carencia, se debe acreditar que dicha persona llevó a cabo actos u omisiones concretos, no acordes con los fines y principios perseguidos con los mencionados valores.

En el caso de quien ha cometido un delito y ha sido condenado por ello, cabe la posibilidad de que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de ilícitos, se pudiera contribuir de manera importante para desvirtuar esa presunción; sin embargo, cuando las penas impuestas ya se han compurgado o extinguido y ha transcurrido un tiempo considerable a la fecha de la condena, se reduce en gran medida el indicio que tiende a desvirtuar la presunción apuntada, porque la falta cometida por un individuo en algún tiempo de su vida, no lo define ni lo marca para siempre, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida.

Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que en el moderno estado democrático de derecho, la finalidad de las penas es preponderantemente preventiva, para evitar en lo sucesivo la transgresión del orden jurídico, al constituir una intimidación disuasoria en la comisión de ilícitos y como fuerza integradora, al afirmar, a la vez, las convicciones de la conciencia colectiva, función que es congruente con el fin del estado democrático de derecho, que se basa en el respeto de la persona humana.

Así, el valor del ser humano impone una limitación fundamental a la pena, que se manifiesta en la eliminación de las penas infamantes y la posibilidad de readaptación y reinserción social del infractor, principios que se encuentran recogidos en el ámbito constitucional, en los artículos 18 y 22, de los que se advierte la tendencia del sistema punitivo mexicano, hacia la readaptación del infractor y, a su vez, la prohibición de la marca que, en términos generales, constituye la impresión de un signo exterior para señalar a una persona, y con esto, hacer referencia a una determinada situación de ella.

Con esto, la marca define o fija en una persona una determinada calidad que, a la vista de todos los demás, lleva implícita una carga discriminatoria o que se le excluya de su entorno social, en contra de su dignidad y la igualdad que debe existir entre todos los individuos en un estado democrático de derecho. Por ende, si una persona comete un ilícito, no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social.

En esa virtud, las penas que son impuestas a quien comete un ilícito no pueden tener como función la de marcarlo o señalarlo como un transgresor de la ley ni, por tanto, como una persona carente de probidad y modo honesto de vivir; en todo caso, la falta de probidad y honestidad pudo haberse actualizado en el momento en que los ilícitos fueron cometidos; pero si éstos han sido sancionados legalmente, no podría considerarse que esas cualidades desaparecieron para siempre de esa persona, sino que ésta se encuentra en aptitud de reintegrarse socialmente y actuar conforme a los valores imperantes de la sociedad en la que habita.

c) Certificado de antecedentes penales

Es necesario señalar que la constancia de no antecedentes penales no tiene un fundamento preciso en la legislación. La única referencia disponible al respecto es una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, misma que define los antecedentes penales como “aquellos registros que efectúa la autoridad administrativa o judicial, con el fin de llevar un control de los procesos que pudieran estar instruyéndose en contra de una persona, o bien de las condenas recaídas a dicha persona a fin de conocer si ha cometido algún delito anterior y ha sido condenada por alguno de ellos2. En este sentido, la constancia de no antecedentes penales se deriva de la identificación administrativa que hacen las autoridades de aquellas personas que fueron o están siendo sujetas a un proceso penal, información que se asienta en una tarjeta denominada “ficha signalética”. En dicha tarjeta, además de los datos particulares o generales del individuo, media filiación y delito por el que se instauró la causa, es costumbre registrar las huellas dactilares y fotografías del indiciado, tanto de frente como de perfil.

De conformidad con el artículo 193 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales, la información que contenga la ficha signalética se considerará como datos personales confidenciales y reservados a los que “sólo pueden tener acceso: I. Las autoridades competentes en materia de investigación de los delitos, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y; II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal”. Esta información no se podrá proporcionar por ninguna circunstancia a terceros, y los servidores públicos que quebranten “la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda”.

Por lo anterior, es posible argumentar que el registro de antecedentes penales, al tratarse de datos personales, deben ser protegidos ya que pueden vulnerar la dignidad de las personas que son sometidas a un procedimiento penal y “marcarlas” de por vida por su presunta o comprobada implicación en un hecho delictivo.

La ficha signalética puede ser útil para que el juez individualice la pena del indiciado una vez que éste es declarado culpable, o bien, para el ejercicio del derecho de defensa del detenido. Este registro también cumple fines estadísticos y de prevención del delito, e incluso ha demostrado ser eficaz para combatir la suplantación de identidad en los centros penitenciarios. Por desgracia, la ficha signalética también ha servido como referente obligado para la elaboración de certificados de no antecedentes penales, un documento que puede ser exigible por los patrones a sus trabajadores o a los candidatos a ocupar un empleo como requisito para ser considerado o para permanecer en el empleo.

Cabe señalar que existen ciertas actividades para las cuales el requisito de la carta de no antecedentes penales resultaría justificable, como las relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia. En consecuencia, la obligación de presentar un certificado de no antecedentes penales al momento de solicitar empleo sólo está justificada en los casos que las leyes específicamente prevén para ocupar determinados cargos públicos que, en atención a la investidura de que se trate, se exija probada honorabilidad, probidad y buena reputación (v.g., secretarios de despacho, ministros de la Suprema Corte, Procurador General de Justicia, comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc.). Esta condición no implica afirmar que quienes hayan sido sujetos a un proceso penal no posean dichas cualidades, sino que en ese tipo de cargos no se puede generar la menor duda por parte de los ciudadanos destinatarios del servicio público.

En razón de que la ley contempla explícitamente los casos por los que es legal exigir un certificado de no antecedentes penales, debe entenderse que esta obligación no es extensiva a empleos o actividades que no se encuentren claramente previstas en la ley.

El párrafo segundo del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales a la letra señala que:

Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.

Podría alegarse que el ejercicio “del derecho legalmente previsto” en esta disposición se refiere precisamente al derecho al trabajo. Sin embargo, los derechos fundamentales no pueden ser condicionados o menoscabados por el Estado que los reconoce, como tampoco pueden ser interpretado en un sentido que restringa las libertades de las personas (conforme al principio pro persona), ni mucho menos que permita un acto de discriminación por su involucramiento en procesos jurisdiccionales penales, o bien, en razón de la comisión de delitos por los que ya se han compurgado las penas correspondientes. Esta argumentación se ve reafirmada por el párrafo cuarto del artículo 193 Quintus del citado Código, mismo que señala abiertamente que “el registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna”.

El empleo de la información que obra en la ficha signalética para fines distintos a los precisados en el Código Federal de Procedimientos Penales es violatorio de derechos humanos, sobre todo si dicha información tiende a limitar, menoscabar o condicionar derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo, a la igualdad jurídica y a la intimidad.

3. Derecho comparado

La Corte Constitucional de Colombia ha sostenido un criterio ejemplar sobre el derecho a la no discriminación laboral por razón de antecedentes penales, señalando que el trabajo es un derecho constitucional fundamental de los ciudadanos, por lo que “El ciudadano tiene, pues, derecho a aspirar razonablemente -en la medida en que las condiciones estructurales de la organización económica lo vayan permitiendo- a un libre acceso al mercado del trabajo y a la consiguiente obtención de un empleo sin que constituya óbice para ello el simple hecho de figurar en una reseña elaborada para diversos fines por las autoridades competentes, en desarrollo de las normas arriba mencionadas. Con respecto a discriminación laboral por razón de antecedentes penales, la Corte afirmó que “En aquellos casos en que no existan antecedentes penales en los claros términos del artículo 248 de la carta, la simple reseña -ficha signalética- no puede constituir impedimento válido para la obtención de un empleo...3.

Con respecto al derecho a la intimidad, el máximo tribunal colombiano resolvió este caso en favor de una persona cuyos datos habían sido almacenados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como consecuencia de un proceso penal en el cual se vio involucrado, señalando que el titular del derecho a la intimidad puede“reaccionar contra todas aquellas divulgaciones de hechos propios de la vida privada o familiar... Igualmente se halla facultado para tomar por sí las decisiones concernientes a la esfera de su vida privada”. En este sentido, la solicitud de constancias de no antecedentes penales vulnera el “derecho de habeas data como el de escoger trabajo, profesión u oficio”. Es por ello que, cumplida la pena, los antecedentes penales “no podrán ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal... ese antecedente no puede convertirse en una marca permanente”.

La Corte Constitucional colombiana remachó su argumentación sosteniendo que, cuando la pena se declara extinguida por la autoridad judicial, el registro de antecedentes “comporta una grave discriminación frente al sujeto que pretende reincorporarse a la sociedad una vez que cumplió con la sanción penal impuesta mediante sentencia” cuando su certificación tiene fines meramente particulares, “pues ante esa inscripción se convierte en blanco, esencialmente en el ámbito laboral, de distinción, estigmatización y exclusión ante el resto de la sociedad...4.

En razón de lo expuesto, debe concluirse que los antecedentes penales no son más que un registro administrativo informativo que tiene por objeto aportar datos para la individualización de la pena, derivar estadísticas, facilitar la investigación de delitos y ayudar a un inculpado en su defensa, por lo que de ningún modo implican la inocencia o culpabilidad de una persona, ni mucho menos sugieren su predisposición a la comisión de ilícitos y conductas delictivas en el futuro. Esta información, en función de su naturaleza y sensibilidad, se equipara a datos personales, por lo que no deben ser proporcionados a terceros ni ser exigibles por éstos como condicionante para el desempeño de un empleo o actividad lícita, o el ejercicio de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

III. Conclusión

A ningún ciudadano se le puede negar el derecho de trabajar en la profesión u oficio de su elección, mientras éste sea lícito. Las únicas causas para conculcar esta libertad están claramente delimitadas en el artículo 5° de la Constitución, y son: determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa.

Así es cómo en términos generales se determina la libertad y el derecho al trabajo digno, a hacer con libertad lo que nos aporte crecimiento espiritual, ético, creativo y económico.

Es un derecho de los patrones y de las empresas determinar el proceso de reclutamiento y selección de trabajadores y trabajadoras; desde exámenes y pruebas prácticas para demostrar experiencia y conocimiento, hasta exámenes psicométricos. La evaluación de las habilidades para el trabajo así como las características emocionales de un solicitante, a pesar de versar sobre datos sensibles y privados, resulta necesaria para realizar un diagnóstico del aspirante en relación con el puesto pretendido. Es por ello que todas aquellas capacidades que tengan relación directa con el puesto que se ofrece deben ser evaluadas integralmente y en libertad, puesto que constituyen la base de crecimientoy desarrollo de las actividades productivas que cada empresa, gobierno o patrón persona física se plantee.

Sin embargo, a pesar de que los patrones tienen la libertad de elegir sus modelos de contratación, queda vedado de su esfera de competencia incluir esquemas de contratación que resulten discriminatorios, por no constituir la forma idónea de calificar las capacidades en relación con el puesto sino simplemente por tener sustento en el prejuicio y la suposición, como lo es el caso de la no contratación por contar con antecedentes penales, lo que, como ya se explicó, es sumamente ambiguo.

No es objetivo presuponer la futura comisión de una conducta delictiva con base en la conducta pasada, además de que constituye una pena adicional a la que corresponda por materia penal, que a menudo es más grave que la propia sanción impuesta por el Estado, y que consecuentemente orilla a la marginación y a la incapacidad de la reinserción social, que es la esencia de todo el sistema punitivo democrático.

Negar el acceso al empleo con base en la existencia de antecedente penales, o si quiera solicitar la entrega de cualquier tipo de certificado que acredite que no se cuenta con antecedentes penales, resulta discriminatorio por estar basado exclusivamente en un prejuicio, y violatorio de las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha adquirido el Estado mexicano en los convenios anteriormente citados, y atenta directamente contra el derecho al trabajo en su dimensión de accesibilidad que se encuentra además revestido por la cláusula antidiscriminatoria.

Los costos sociales del delito se extienden en una cadena de indefinida extensión y alcance que como se ha expuesto en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tiene sustento alguno.

Al extinguirse la causa penal y haber concluido la pena de privación de la libertad, no existe motivo que sustente la exclusión laboral o la posesión de datos sobre antecedentes penales en manos de particulares que forman parte de la vida privada de cualquier ciudadano; datos personales sensibles.

Es importante señalar que, tan sólo en 2012, fueron concedidos un total de 43,345 beneficios de libertad anticipada y absoluta. No cabe duda de que la reinserción social de las personas liberadas dependerá, en buena medida, de la capacidad que tenga el Estado para ofrecerles oportunidades laborales igualitarias y dignas, y prevenir aquellas prácticas discriminatorias que menoscaben este derecho fundamental.

En virtud de lo anterior, y en aras de proscribir una práctica generalizada utilizada por los empleadores para rechazar en forma discriminatoria y prejuiciosa a aspirantes a puestos laborales, perjudicando no sólo a las personas que pretenden acceder a un empleo y desempeñarlo en forma digna y honrosa, sino todo el sistema punitivo y su finalidad de reinserción social, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, antecedentes penales o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.

No se podrá solicitar información relacionada con los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo o a trabajadores, salvo en los casos específicos en los que la ley lo establezca.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013”.

1Órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes, y realiza interpretaciones oficiales sobre el contenido, esencia y alcances de los artículos del Pacto.

2 Registro 205294, XV.1o.1 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995, Pág. 122

3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-008-93

4 Ver auto del 10 de abril de 2008 de la Sala de Casación Penal, Colombia. radicado 29472





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 211 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

"La que suscribe, Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto queadiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La facultad reglamentaria en el orden constitucional y legal mexicano, es sabido, no es un concepto que por modo absoluto y sin excepciones le corresponda al Presidente de la República y a los gobernadores de los Estados o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se trata de una atribución que se ha otorgado a poderes de distinta naturaleza, clase y jerarquía; inclusive a los ayuntamientos.

Nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan, ciertamente, hacen que participen en el ejercicio de esa facultad, de una u otra forma, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, las legislaturas de los Estados, el Pleno de los tribunales superiores o supremos de justicia de las entidades federativas, los ayuntamientos y, hasta los órganos constitucionales autónomos, como los tribunales agrarios, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Así pues, a cada instancia de poder se le confía la facultad y la responsabilidad de reglamentar su ley orgánica, partiendo del principio de que nadie puede conocer mejor sus necesidades y requerimientos que el propio órgano que los experimenta. Esa delegación de facultades se justifica, en consecuencia, en el interés de excluir la injerencia de otro poder que pudiera repercutir en sometimiento, inoperatividad e intervenciones indebidas o inoportunas. Se trata de excepciones a la regla general que se consagra en la fracción I del artículo 89 de la Constitución; y son atendibles a pesar de obrar implícitas en leyes de naturaleza secundaria, en virtud de que se han creado con el propósito de hacer operante el principio de división de poderes inmerso en el artículo 49 de nuestra propia Ley fundamental.

Haciendo alusión a la iniciativa que se presenta, si bien del desarrollo de una interpretación armónica y sistemática que explica, en la especie, el sentido de los artículos 3o., párrafo 1, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 162, 163 y 211 del Reglamento del Senado de la República, la Cámara de Senadores —como colegisladora del Congreso de la Unión— tendrá la organización y funcionamiento que establezcan la Constitución Federal y el reglamento y acuerdos que expida sin la intervención de la Cámara de Diputados. Por lo que su normativa interna que opera de manera autónoma a la de su colegisladora, deberá contemplar los procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de sus comisiones y los asuntos que por su naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ella misma.

Entre los diversos procedimientos que prevé el vigente y aplicable Reglamento del Senado, y que se fundamentan en diversas disposiciones constitucionales y legales, se encuentran los concernientes a la presentación, estudio y discusión de las iniciativas de ley o decretos que se someten al interior del Senado de la República en su papel de Cámara de origen; o en su caso,correspondan a éste como Cámara revisora tratándose de las Minutas enviadas por la Cámara de Diputados.

Ahora bien, en cuanto a la dictaminación de iniciativas o proyectos de decreto que deberá observarse para cada caso en lo particular, el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, nos define que: “Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente.” Asimismo, establece que al emitirse un dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos.

En este sentido, y acotando el propósito de esta legisladora de acuerdo al objeto de la presente iniciativa, cabe señalar que el conducente artículo 211 del mismo ordenamiento del Senado, prescribe sobre la imposibilidad de modificar los dictámenes legislativos aprobados por el Pleno de la Cámara, salvo para hacer las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos, modificaciones que son ordenadas por la Mesa y en las que dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones dictaminadoras, para que, una vez corregido el texto, se notificará para su revisión al Presidente de la Mesa Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y se continuará con el trámite que proceda.

De lo anterior se desprende que, de tales preceptos, no es dable interpretar o definir - en su exacta dimensión- una facultad que asista a las comisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se adviertan en el contexto de los proyectos de ley o decretos que son analizados y discutidos al interior de esta colegisladora en su fase de revisión, lo anterior, con el fin de evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas que comprendan.

Por consiguiente, con el objeto de fortalecer la certeza jurídica respecto al proceso legislativo al interior del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con el propósito de establecer expresamente en el Reglamento, la facultad de lascomisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se presenten y adviertan en el contexto de los proyectos de ley o decretos en su fase de revisión. Lo anterior, repito, responde a la necesidad de subsanar la ausencia de un precepto legal que determine la posibilidad de corregir tales errores, y así evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas que comprendan.

Ante este planteamiento que pretende contribuir de manera oportuna a la práctica parlamentaria, así como al principio de economía procesal, en aras de poder corregir los errores de forma que se manifiesten en los proyectos de ley o decreto, sin la necesidad de movilizar todo lo que implica la enorme maquinaria legislativa para devolverlos a la Cámara de su origen, con la encomienda de que sean aclarados o sometidos a su deferencia, es menester de esta legisladora someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

proyecto de Decreto que ADICIONA DOS pArrafoS Al artIculo 211 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO ÚNICO. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República,para quedar como sigue:

ARTICULO 211.

Cuando se manifiesten errores de forma en los proyectos de ley o decreto que se reciban en la Cámara de Senadores, para ser analizados y discutidos en su fase de revisión, sin que afecten en modo alguno el fondo o el sentido y alcance de las disposiciones normativas que en aquéllos se comprendan, las comisiones dictaminadoras podrán corregirlos sin necesidad de establecer su devolución a la Cámara de su origen, previo acuerdo o fe de erratas firmados por el Presidente y uno de los secretarios de esa colegisladora.

Los proyectos de ley o decreto que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo que antecede, si fueren aprobados hechas las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos, se remitirán de inmediato al Ejecutivo Federal para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 19 de junio de 2013.

Rúbrica

Sen. Graciela Ortiz González".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; SE ADICIONA UNA FRACCION XII AL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SE ADICIONA UN INCISO H) AL ARTICULO 108 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, con carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la presente administración, así como desde el Congreso, hemos venido manifestando el interés por combatir y erradicar el abuso excesivo del poder de los servidores públicos, por los cuales, obtienen recursos mayores a los establecidos en la ley, lo cual implica que este excedente entre en una fase de ser de una procedencia ilícita.

Lo anterior da como resultado, que en este año 2013, se hayan presentado casos de líderes sindicales con grandes fortunas injustificadas que no son congruentes con el salario que perciben, o de ex secretarios de finanzas o ex gobernadores, los cuales son objeto de críticas derivado precisamente del estilo de vida tan ostentoso que despliegan y que, de igual manera, no encuentran ningún sustento ni congruencia con los salarios percibidos durante su gestión.

Los casos de líderes sindicales, de personas que fueron servidores públicos, como ex secretarios de finanzas o ex gobernadores, tienen gran relevancia toda vez que se presume, estas grandes fortunas son el resultado de un indebido manejo de los recursos asignados a los gobiernos estatales, dejando en desventaja a las entidades o en escasez de bienes y servicios públicos al enriquecerse ellos mismos, así como del mal manejo de los recursos que les son descontados a los miembros de un sindicato, por los cuales los líderes se hacen de fortunas sin traer beneficio alguno para los sindicalizados, todos estos recursos provienen de los impuestos y en su caso de ingresos ganados con su esfuerzo la base trabajadora.

En el caso de los recursos asignados a las entidades federativas, son recursos que provienen de los impuestos que la Federación recauda a todos los ciudadanos, es decir es dinero público, y generan un daño a la población que los ha elegido. Por el lado del sindicato, son recursos que provienen de los ingresos de los sindicalizados, y por los cuales se hacen de grandes fortunas que antes no tenían y sus miembros no ven reflejado beneficio alguno.

Cabe recordar, que en el periodo pasado respecto de las reformas laborales, en el interior del Congreso algunos grupos no quisieron aprobar la transparencia en el uso de los recursos de los sindicatos, medida con la cual se buscaba que sus miembros, tuvieran una mejor rendición de cuentas de sus líderes.

Es el caso, que queda en evidencia la necesidad de que esta Soberanía tome cartas en el asunto y establezca a través de las normas jurídicas las herramientas jurídicas necesarias para que estos episodios no sigan ocurriendo y se impida el mal uso de los recursos del Estado, ya sea federales, estatales o municipales.

No menos importante, resulta el hecho de que la presente iniciativa fue presentada anteriormente con fecha23 de octubre de 2012, siendo turnada a las comisiones unidas de TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, las cuales recurrieron a la lamentable práctica de omitir la elaboración del dictamen correspondiente dentro del plazo legal comprendido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, lo cual además de resultar violatorio de dicho ordenamiento legal, da como resultado que dicha iniciativa se tenga como desechada, por el simple paso del tiempo sin que existan argumentos sólidos que sustenten y justifiquen tal desechamiento y más grave aún, dejando de aprobar reformas y adiciones que consideramos de la más alta relevancia.

Debemos confiar en los objetivos y promesas que en este Congreso queremos llevar a cabo en cuanto a tener un mejor control de las finanzas públicas de los gobiernos estatales, pero en qué medida esas reformas fiscales tendrán un buen impacto, sino se realiza la limpieza en las diversas autoridades de los diversos niveles, y más donde queda el estado de derecho, no podemos tratar o simular controlar las finanzas públicas locales, sino ponemos orden al fin último de los recursos y de los posibles desvíos que se presenten.

En efecto, la fracción IV del artículo 31 de nuestra norma fundamental establece como una obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En el ámbito federal, con el transcurso del tiempo, las autoridades fiscales han realizado grandes esfuerzos para generar en los ciudadanos que se ubiquen en los supuestos legales de declarar sus impuestos, una actitud responsable en el cumplimiento de dicha obligación de manera oportuna y voluntaria, y son también los servidores públicos quienes deben poner el ejemplo.

De esta manera, se considera importante que el Sistema de Administración Tributaria, continúe con su labor de generar y reforzar la cultura fiscal a través de acciones educativas y formativas en valores, que se manifiesten en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.

Estamos ciertos que para que el ciudadano pueda cumplir con dicha obligación, y que la misma se vea reflejada en la mejora de los servicios públicos en los que se debe de aplicar dichos recursos en atención al principio de gasto público que rige a la facultad recaudatoria del estado, éstos impuestos deben de atender además a los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, además de que el contribuyente cuenta con los derechos que a su favor se prevén en el Código Fiscal Federal, así como en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

Así mismo, es importante mencionar lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone a la letra lo siguiente:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Como legisladores y representantes populares, debemos cuidar y proteger que los impuestos que han sido pagados por los ciudadanos sean gastados y administrados en estricto cumplimiento a los principios contenidos en el numeral en cita. Ahora bien, si bien es cierto que el gobierno debe en todo momento considerar la implementación de una política que considere una más efectiva recaudación de impuestos vía la inclusión de más agentes económicos al sistema tributario y de exigir que aquellos que no han cumplido con sus obligaciones lo hagan, ya que en función de ello, el Estado se encontrará en posibilidad de brindar los servicios públicos a que se encuentra obligado, no menos cierto es que, si por el contrario, estos recursos son utilizados de forma opaca y sin transparencia, se envía una señal perjudicial a la sociedad, ya que no sólo no se brindan los servicios de forma adecuada, sino que los recursos son destinados a cubrir intereses y fines particulares, en perjuicio directo de la sociedad en su conjunto.

De lo anterior debemos pensar, que si no se castiga a aquellos que han violado la ley, sin importan si se trata de funcionarios públicos, ex funcionarios o gobernados y no se hace valer el Estado de Derecho, de nada valdrá que las leyes sean más estrictas, si la confianza de la sociedad sobre las acciones del Estado cada vez serán más criticadas y carecen de legitimidad, debido a que se envía un mensaje de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país por tanto años, realidad que debe desaparecer definitivamente y hacer cumplir la ley sin distingos ni privilegios de ninguna índole.

Por otra parte, podemos reforzar la prevención, vigilancia y sanción de aquellos actos de los ciudadanos, que sean contrarios a la normativa fiscal y que puedan comprobar la comisión de actividades delictivas, y más aún, de aquellos que cuentan con el carácter de servidores públicos, revisando el marco legal que rige las infracciones y delitos en que puedan incurrir al omitir sus obligaciones fiscales como consecuencia de actos de corrupción derivados de su función.

Es precisamente en este punto en el que se enfoca la presente iniciativa. Con la finalidad de fortalecer la legislación vigente aplicable a la comprobación e investigación del fraude fiscal, a cargo de las autoridades fiscales mexicanas, se considera que la figura de “signos externos de riqueza” podría coadyuvar significativamente a alcanzar tal propósito, especialmente cuando se trata de servidores públicos, quienes representan el interés público de la Nación y tienen el manejo de los recursos públicos.

La figura de “signos externos de riqueza” consiste en todos aquellos bienes muebles e inmuebles que usa y disfruta una persona, y cuyo valor excede a los ingresos que declara percibir. Derivado de ello, las autoridades fiscales pueden realizar acciones de control que permitan verificar la existencia de ingresos que no hayan sido declarados y en el caso de los servidores públicos, bienes que omita en su declaración patrimonial que obligatoriamente tiene que presentar en la instancia correspondiente de gobierno.

Es decir, la presente propuesta va encaminada a ayudar a que la autoridad fiscal pueda comprobar la existencia de ingresos no declarados, mediante la existencia de signos de riqueza ostentados por un contribuyente y acreditar, además, que la titularidad de bienes de alto valor realmente son propiedad de las personas físicas que los utilizan.

Lo anterior, reforzará los marcos legales en materia de corrupción y complementará el referente a la transparencia, dado que como puede observarse, en los últimos meses se han presentado casos donde líderes sindicales, es funcionarios ya sean secretarios de finanzas e incluso involucrados ex gobernadores, quienes ostentan lujos o posesiones que están por encima de sus percepciones salariales y que por el momento no se encuentran justificaciones algunas para haber alcanzado los mismos.

Es así que en concordancia con lo que se plantea en la presente iniciativa, el Plan Nacional de Desarrollo, establece lo siguiente:

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes”.

Por ello, a efecto de contribuir en la vertiente de prevención del fraude fiscal, se propone reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para establecer la obligación de que ésta elabore y haga público de manera anual un programa de mejora continua que establezca metas específicas para recabar información sobre actividades de los contribuyentes que ponga de relieve ingresos no declarados o signos externos de riqueza que no se correspondan con lo declarado.

En el caso específico de servidores públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece la obligación de que éstos realicen declaraciones de situación patrimonial y faculta a la Secretaría de la Función Pública a realizar auditorías cuando existan elementos o datos que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, sin embargo, no hace referencia a que éstos ingresos lícitos deben ser declarados, ni tampoco clarifica lo que debe entenderse por elementos o datos suficientes, con lo cual, se desvirtúa la posibilidad de que un servidor público pueda hacer frente a un proceso de fraude fiscal.

Por tanto, consideramos que sería un gran avance el establecer claramente en el texto de la mencionada Ley la figura de signos externos de riqueza para complementar la referencia actual de “datos” de que habla el texto vigente, de manera que sea esta figura uno más de los elementos que servirían de referencia a la Secretaría para realizar una auditoría.

Cabe señalar que éste término no es nuevo, ya que algunos estados como Zacatecas, prevé en su Ley de Responsabilidades Administrativas la realización de auditorías por ostentación de riqueza, cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público.

“Artículo 53

“Auditorías por Ostentación de Riqueza

“1. Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Auditoría Superior o la Contraloría podrán ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, se tramitarán las solicitudes correspondientes.

“2. Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquéllos consten, para que exponga lo que en derecho le convenga.”

De igual manera, se pretende reforzar el marco aplicable al fraude fiscal, proponiendo en el Código Fiscal de la Federación, como una causal más para que sea grave la defraudación fiscal, el acto de manifestar datos falsos respecto de los ingresos obtenidos cuando esto sea determinado con signos externos de riqueza.

Estamos seguros que con la utilización de éste tipo de figuras contribuimos enormemente a prevenir, investigar y sancionar el fraude fiscal, además de que también puede ayudar a detectar y sancionar la realización de otras actividades que podrían ser constitutivas de algún delito.

Es por todo lo anterior, que someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación

Primero. Se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Articulo 41. Cuando existan signos externos de riqueza o datos que aporten indicios claros y suficientes que el patrimonio de un servidor público es superior a los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría, deberá iniciar investigaciones y auditorías con el auxilio del citado órgano tributario para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, citándolo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

Para tal efecto, la Secretaría podrá realizar investigaciones con el auxilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes muebles o inmuebles del servidor público implicado o de los que disfrute, cuya propiedad sea atribuida a un pariente consanguíneo o testaferro cuya principal fuente de riqueza provenga de actividades relacionadas con el citado servidor público, y/o de recursos que no pueda acreditar su origen licito.

Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

XII. La obtención de los siguientes tipos de información:

a) Información sobre actividades empresariales que permita descubrir ingresos ocultos y garantizar un adecuado control sobre las rentas de los sujetos intervinientes en las operaciones económicas.

b) Información sobre actividades de los contribuyentes que ponga de relieve ingresos no declarados o signos externos de riqueza que no se correspondan con lo declarado.

c) Información sobre operaciones financieras para identificar titulares de activos que no declaran los ingresos o no adecuan la renta a las inversiones.

d) Información sobre rentas o patrimonios deslocalizadas en otros países.

...

Tercero. Se adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 108...

...

...

...

...

...

...

a) a g)...

h) Manifestar datos falsos respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal que corresponda, cuya falsedad se acreditará con los signos externos de riqueza que no correspondan con la declaración de ingresos realizada ante el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

...

En el caso del inciso h), la pena impuesta se aumentará al doble tratándose de servidores públicos en funciones y hasta seis años de la separación del cargo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Ramón Antonio Sampayo Ortiz”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7o. Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Marcos Aguilar Vega, con carácter de Diputado Federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7o. Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el año 1948, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoció, de manera expresa, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Dicho derecho implica que ningún individuo puede ser molestado a causa de sus opiniones, que podrá investigar y recibir informaciones y opiniones de todo tipo, y que podrá difundirlas, sin ningún límite, por cualquier medio de expresión.

Por lo tanto, es nuestro deber exigir la reforma de las disposiciones normativas que permitan dar plena vigencia al derecho fundamental consistente en la libertad de escribir y publicar documentos sobre cualquier tema, conforme al artículo 7º de la Constitución.

Es lamentable presenciar los múltiples atentados contra periodistas por parte de los agentes estatales y el crimen organizado. Esas agresiones no solamente afectan el derecho fundamental de los individuos que ejercen el periodismo, sino el de todos los individuos a recibir información que le permita incidir plenamente en una sociedad democrática. Por tanto, el papel social que desempeñan los periodistas es esencial, pues la libertad de expresión es también un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.

El Instituto Internacional de la Prensa ha calificado a México como uno de los países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, entre Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil. Es necesario poner el ejemplo contrario, mediante las modificaciones normativas que resultan necesarias para que México sea un país que no solamente reconozca el derecho humano a la libertad de expresión y de prensa, sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico, sin el riesgo de que la integridad física, libertad, seguridad y vida de los periodistas pueden verse amenazadas.

Las reformas propuestas se consideran de suma importancia, dado el grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto a las agresiones contra periodistas y, además, atendiendo a la serie de recomendaciones a nivel e internacional sobre la materia que México debe de cumplir.

En el Pacto por México el país se comprometió a avanzar en la solución de mayor alcance a las estrategias actuales sobre los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los derechos humanos y de periodistas (compromiso 29). Además, dentro del objetivo 1.5 del Plan Nacional de Desarrollo para la presente administración se establece el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.

No obstante lo anterior y los demás esfuerzos para combatir el problema en cuestión, el último informe de Amnistía Internacional, publicado el día 23 de mayo, estableció lo siguiente sobre los ataques y amenazas contra los periodistas en México:

Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo. Al menos seis periodistas fueron asesinados. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados. También seguían pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos.

En el comunicado de prensa que la misma organización le envió al gobierno mexicano se informó que se han documentado graves violaciones a los derechos humanos de los periodistas en México durante el último año. Además de los periodistas asesinados, también han documentado casos de detenciones arbitrarias e intimidaciones por parte de la policía y otras autoridades contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Lo anterior es una advertencia de que faltan medidas legislativas que ayuden a prevenir y solucionar el problema que aqueja a tantos periodistas del país, para impulsar y asegurar el cumplimiento de los compromisos y objetivos asumidos por el Estado Mexicano en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo, y así lograr mayor efectividad en las medidas de seguridad desarrolladas y aplicadas por el gobierno.

La presente iniciativa pretende responder a las necesidades sociales que han surgido debido a las constantes agresiones en contra de los periodistas y de los derechos de los individuos de toda la sociedad en su conjunto, e impedir un mayor debilitamiento de las estructuras garantistas que debe de mantener todo Estado de Derecho.

Por tanto, esta iniciativa propone reformar el artículo 7o constitucional, en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, quedando en los siguientes términos:

DICE

DEBE DECIR

Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Es derecho de todos los mexicanos informar, asimismo, recibir información veraz, ecuánime, responsable y oportuna. Este derecho estará limitado por el derecho al honor, a la reputación, a la intimidad y a la presunción de inocencia.

Toda persona tiene derecho de generar, procesar o difundir información, así como a utilizar cualquier medio o instrumento lícito para tales efectos.

La libertad de expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de las ideas, pensamiento y de las opiniones, serán garantizados por el Estado. Por lo tanto, esta actividad tendrá como único límite lo previsto en esta Constitución.

Queda prohibido para los gobiernos o empresa alguna, restringir, limitar, condicionar o prohibir la actividad periodística por razones de intereses económicos o contractuales. Ninguna persona que intervenga en el proceso de comunicación de la información podrá ser reprimida, despedida, cesada o silenciada por la libre manifestación de sus ideas o pensamientos.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Así mismo, se debe de reformar el artículo 134 constitucional, para establecer el tope o límite a los gastos en propaganda gubernamental, institucional u oficial, considerando los porcentajes del gasto gubernamental actual y en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

DICE

DEBE DECIR

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

El gasto en propaganda gubernamental no podrá exceder del equivalente al 1% del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal correspondiente a la autoridad que ordene, ejerza o ejecute el recurso público destinado para tal fin.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Es por todo lo anterior, que someto a consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7 Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los siguientes términos:

DECRETO

UNICO. Se reforman los artículos 7 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 7º. Es inviolable...

Es derecho de todos los mexicanos informar, asimismo, recibir información veraz, ecuánime, responsable y oportuna. Este derecho estará limitado por el derecho al honor, a la reputación, a la intimidad y a la presunción de inocencia.

Toda persona tiene derecho de generar, procesar o difundir información, así como a utilizar cualquier medio o instrumento lícito para tales efectos.

La libertad de expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de las ideas, pensamiento y de las opiniones, serán garantizados por el Estado. Por lo tanto, esta actividad tendrá como único límite lo previsto en esta Constitución.

Queda prohibido para los gobiernos o empresa alguna, restringir, limitar, condicionar o prohibir la actividad periodística por razones de intereses económicos o contractuales. Ninguna persona que intervenga en el proceso de comunicación de la información podrá ser reprimida, despedida, cesada o silenciada por la libre manifestación de sus ideas o pensamientos.

Artículo 134. Los recursos económicos...

...

...

...

El gasto en propaganda gubernamental no podrá exceder del equivalente al 1% del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal correspondiente a la autoridad que ordene, ejerza o ejecute el recurso público destinado para tal fin.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Dip. Marcos Aguilar Vega”.

Pasamos a la discusión de 17 dictámenes con puntos de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión. Solicito la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura los dictámenes que se presentarán a su consideración.

Cuatro de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a presentar un informe sobre las investigaciones que se realizan ante el posible uso indebido de datos personales.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones necesarias y emitir las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a estudiar la viabilidad sobre el cambio de sede de sus oficinas ubicadas en Abraham González número 48, colonia Juárez.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se desecha la proposición que exhorta a la Procuraduría General de la República a fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que no cuenten con ordenamientos normativos en materia de cambio climático, a considerar legislar al respecto.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a armonizar las políticas públicas de la agenda nacional respecto a las implicaciones sobre el Cambio Climático, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo sobre el Cambio Climático.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DELA PROPOSICION

El Senador Robles Montoya argumenta que el cambio climático se debe de entender como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial; se considera uno de los factores más determinantes para el desarrollo humano.

Que a nivel mundial, los gases de efecto invernadero provocados por el cambio climático hacen que las temperaturas promedio se eleven afectando la salud de la población.

Asimismo indica que, se estima que para el año 2020, las muertes relacionadas por el calor podrían incrementarse cerca del 20% respecto a lo sucedido en la década de 1980 que correspondió a 369 fallecimientos aproximadamente. Para el año 2050, el cambio climático estará relacionado con un incremento de hasta el 49% en las muertes provocadas por el calor.

Que México por su localización geográfica es particularmente vulnerable a fenómenos hidrometereológicos extremos cuyos efectos ponen en peligro la seguridad de la población y la conservación de los ecosistemas. Aunado a lo anterior, se genera una problemática ambiental, social y económica derivada de los impactos climáticos históricos y el comportamiento socio–ecológico y socio–económico ligado a la urbanización y al uso de recursos; acontecimientos que se verán agravados si justamente ahora no se prevén políticas y estrategias de adaptación.

A este problema, el proponente agrega la variable de la pobreza, ya que esta afecta a 52 millones de mexicanos, pero de estos los más afectados se encuentran en el sur-sureste del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz) ya que del total de la población del país en esta región se encuentra el 28.27% más de 31 millones de habitantes según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2011, quienes padecen un significativo factor de vulnerabilidad al cambio climático y de la capacidad de adaptación de los grupos en condiciones de pobreza.

Que México es el doceavo país con más emisiones de GEI (1.4 por ciento de las emisiones globales). De seguir con el modelo de desarrollo actual, el aumento en la temperatura del planeta provocaría daños irreversibles al sistema climático.

Finalmente expresa, que es lamentable que, de los treinta y dos Estados de la República Mexicana solo seis: Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz cuentan con alguna Ley sobre el cambio climático; tres de ellos de la región Sur-Sureste de México.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, que en carácter de prioridad nacional, armonice las políticas públicas de la agenda nacional respecto a las implicaciones del Cambio Climático, combinando el crecimiento económico con la protección y uso eficiente de los recursos naturales con el fin de mitigar en sectores estratégicos las emisiones de gases de efecto invernadero.

SEGUNDO.-Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Gobierno Federal a instrumentar políticas nacionales y estrategias para la adaptación, combate y reducción de los efectos de cambio climático a corto plazo con oportunidad y eficacia que permita contar con una economía de bajas emisiones de Carbono.

TERCERO.-Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Estados de la República que no cuentan en su legislación con una Ley sobre Cambio Climático a que en el ámbito de sus respectivas funciones a adecuar la Ley General de Cambio Climático con la finalidad de inducir políticas públicas estatales encaminadas a un desarrollo sustentable de las actividades humanas y productivas con base en mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la preocupación del proponente respecto del cambio climático. La evidencia científica ha demostrado el calentamiento de la Tierra, situación que se ha intensificado en los últimos años. Esto a consecuencia, en gran medida, por las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Estos cambios en la temperatura del planeta han provocado fenómenos meteorológicos más severos, tales como; huracanes, ciclones, lluvias abundantes, sequías e incendios forestales, generan un costo para el país de 75 mil millones de pesos al año.

Derivado de lo anterior, este Congreso, reconociendo el efecto del cambio climático en el medio ambiente, que insoslayablemente afecta a la población y el desarrollo y crecimiento del país, aprobó recientemente la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la política nacional de cambio climático e incorpora acciones de adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integral.

En el artículo 7 de la Ley, se establecen las facultades del Ejecutivo Federal, de manera no limitativa, en esta materia:

“Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de cambio climático;

II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos por esta Ley;

III. Formular, conducir y publicar, con la participación de la sociedad, la Estrategia Nacional y el Programa, así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación…”

Atendiendo a las atribuciones anteriores, el Ejecutivo expidió la Estrategia Nacional de Cambio Climático1, que es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Este documento contiene 6 Pilares para la construcción de la política nacional de cambio climático, así como los ejes estratégicos y las líneas de acción a seguir, para así orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno:

1. Contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes.

2. Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático.

3. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales.

4. Promover el desarrollo de una cultura climática.

5. Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación.

6. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional.

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora reconoce que las políticas económicas son una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, por ello, las principales fuerzas políticas del país han suscrito el Pacto por México2, documento que contiene una serie de compromisos, siendo que algunos deberán ser formalizados mediante actos legislativos.

En materia de Desarrollo Sustentable, el Pacto señala que se realizarán las siguientes acciones:

• Transitar hacia una economía baja en carbono.

Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica. (Compromiso 49)

• Mejorar la gestión de residuos.

Se creará un programa para aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos en todo el país. (Compromiso 53)

• PEMEX como eje de la lucha contra el cambio climático.

Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía. (Compromiso 60)

De igual manera, es relevante señalar que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20183, documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

El Plan incluye dentro de su objetivo 4.4, la estrategia 4.4.3 sobre fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Las líneas de acción son las siguientes, entre otras:

• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio Climático.

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte.

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.

• Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente.

• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas de información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio climático.

• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles.

Finalmente, el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, ha anunciado que elaborará el Programa Especial de Cambio Climático. Este Programa establecerá los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional.

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley, dispone sobre la concurrencia y la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, en materia de cambio climático:

“Artículo 5o. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.”

Asimismo, es importante invocar el artículo 11 de la Ley, que señala lo siguiente:

“Artículo 11. Las Entidades Federativas y los Municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta ley.”

Finalmente, el artículo tercero transitorio de la Ley, establece los plazos para que las Entidades implementen acciones, de acuerdo a sus competencias, respecto a la Mitigación y Adaptación:

“Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos:

I. Adaptación:

a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deberán establecer un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático:

b) Antes del 30 de noviembre de 2015 los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en coordinación con las Entidades Federativas y el gobierno federal, deberán contar con un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático;

c) Las Entidades Federativas deberán elaborar y publicar los programas locales para enfrentar al cambio climático antes de que finalice el año 2013;

d) …

II. Mitigación:

a) …

b) Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades Federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano…”

En tal virtud, esta Dictaminadora considera que los resolutivos primero y segundo de la Proposición con Punto de Acuerdo están atendidos y superados, en razón de la expedición de parte del Ejecutivo de una serie de políticas públicas en materia de cambio climático, misma que han sido articuladas y armonizadas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

En cuanto al resolutivo tercero, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse la petición del promovente, con modificaciones, para que este Congreso, con pleno respeto a la autonomía de los Estados, haga un respetuoso llamado a los Congresos Estatales a legislar para la mitigación y adaptación al cambio climático, en virtud de que, hasta esta fecha, solamente 6 Estados cuentan con un ordenamiento en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía de los Estados, exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas, que no cuenten con ordenamientos normativos en materia de Cambio Climático, a que consideren legislar al respecto, de conformidad con las facultades y atribuciones previstas en la Ley General de Cambio Climático, esto con la finalidad de inducir políticas públicas encaminadas al desarrollo sustentable de las actividades humanas y productivas, a través de mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.


1Estrategia Nacional de Cambio Climático. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013

2 Pacto por México. http://pactopormexico.org/acuerdos/#crecimiento-economico-y-competitividad

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre las medidas y acciones que lleva acabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer valer los principios de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y su justa pretensión a la revisión de su contrato colectivo y que el conflicto colectivo de naturaleza económica no sea utilizado para promover una política laboral precaria y de tendencia de disminución de los salarios, presentada por la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a los derechos de los trabajadores y a la política laboral del país.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DELA PROPOSICION

La Senadora Barrales Magdaleno indica que actualmente nuestro mercado laboral está inmerso en una situación crítica de completo deterioro, donde los trabajadores lejos de ver un beneficio se encuentran cada vez más empobrecidos. Es de señalarse que la política vigente en el país está permitiendo que ciertos sectores productivos busquen impunemente asegurar su ganancia económica a costa del trabajador.

Que a medio año de la publicación de las modificaciones a la legislación laboral, hasta el momento no se han observado realmente las condiciones que se dijo asegurarían el crecimiento y la generación de empleos de calidad, que nos harían arribar a un crecimiento del empleo formal bajo el presupuesto de la protección a los derechos, la mejora en los niveles de ingreso y el bienestar de los trabajadores en el país, asegurando así la productividad y la competitividad.

Menciona que los trabajadores de México son los que menos ganan a pesar de que son los que más horas invierten en trabajo, del total de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), promediando diez horas diarias, lo que implica un total de dos mil doscientas cincuenta horas al año, sin que esto implique un nivel salarial y de vida mejor.

Que a finales del mes de abril del presente año, la empresa Aeroméxico promovió un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con la intención de modificar el Contrato Colectivo únicamente de los sobrecargos, buscando reducir los salarios, prestaciones laborales y prestaciones, bajo el pretexto de que otras empresas como Volaris e Internet pagan menos a sus trabajadores. En consecuencia proponen una igualación a la baja.

Que es importante señalar que no es la primera vez que los trabajadores de esta empresa se enfrentan a un proceso para reducir sus condiciones, pues en 2008, Aeroméxico de manera unilateral decidió reducir las condiciones laborales de los sobrecargos modificando sus condiciones y prestaciones establecidas en su Contrato Colectivo, interponiendo un procedimiento similar ante la JFCA; cabe decir que en su momento los trabajadores decidieron aceptar las condiciones de la empresa, sacrificando la reducción de sus prestaciones, pues se les dijo que con ello se aseguraría el futuro económico no solo de la empresa sino también de los trabajadores.

Que es injustificada la pretensión de la empresa Aeroméxico de utilizar a la autoridad laboral para que ordene la disminución de los salarios de los trabajadores con el argumento de que hay otros trabajadores de la industria que ganan menos. Esto sería contrario al espíritu de nuestra Constitución y del carácter social de nuestra legislación laboral, además de una violación a los derechos humanos. En alguna medida podría afectar la propia seguridad de las operaciones aéreas, al intensificar la labor de una profesión de por si agotadora.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a que en el marco de sus atribuciones hagan valer los principios de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y su justa pretensión a la revisión de su contrato colectivo y que el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica no sea utilizado para promover una política laboral precaria y de tendencia de disminución de los salarios.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que en términos de lo señalado en nuestra Carta Magna se respete el derecho de huelga, como un medio para lograr el equilibrio entre los factores de la producción.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión reconocen que existe la lógica de reducir los costos de las empresas, a partir del sacrificio de los trabajadores, y que ha sido una fórmula tradicional para intentar ser más competitivas.

Ante lo anterior, este Congreso recientemente aprobó sendas reformas a la Ley Federal del Trabajo, que establecieron elementos para dignificar el empleo, tanto en lo personal como en los centros laborales. El trabajo digno fue establecido como el eje de los esfuerzos institucionales para lograr el respeto a la dignidad humana de los trabajadores, la no discriminación, el acceso a la seguridad social independientemente de la forma de contratación, salario remunerador, capacitación continua para incrementar la productividad con beneficios compartidos, y condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos de trabajo. Se debe contemplar siempre el respeto absoluto no sólo a los derechos individuales de los trabajadores, sino también a los colectivos, como la libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga y contratación colectiva, elementos que han sido reconocidos constitucionalmente como derechos humanos.

Asimismo, también derivado de la Reforma Laboral de 2012, el 27 de mayo pasado, el Ejecutivo Federal instaló el Comité Nacional de Productividad, para detonar la productividad laboral1, con la participación de los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas, en la lógica que ante un aumento en la productividad, también aumentan los salarios reales.

De igual manera, es relevante señalar que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182, documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Este documento indica que la productividad es “factor fundamental y condición indispensable para el crecimiento económico, la ampliación y mejoramiento de las oportunidades de empleo y con ello, de modificación favorable de las condiciones de vida de la población en general, vía salarial”. Lo anterior, atendiendo a que existe una relación directa entre las condiciones laborales de los trabajadores y los resultados que una empresa o institución obtiene.

El Plan en su Objetivo 4.3, refiere sobre las líneas de acción que habrán de llevarse a cabo para promover el empleo de calidad, tales como:

• Privilegiar la conciliación para evitar conflictos laborales.

• Mejorar la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.

• Garantizar certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones laborales.

• Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social.

• Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de la productividad.

• Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados.

• Tutelar los derechos laborales individuales y colectivos, así como promover las negociaciones contractuales entre los factores de la producción.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal ha sentado las bases de lo que será su política en materia laboral para promover la calidad del empleo. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración ha anunciado que elaborará los siguientes programas:

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social.

• Programa Especial para Democratizar la Productividad.

Esta Dictaminadora reconoce que las políticas públicas para fortalecer la justicia laboral y elevar la calidad del empleo, son acertadas y van en el camino correcto, sin embargo, es fundamental que la política laboral tienda a mejorar las condiciones salariales de todos los mexicanos, no estableciéndolos en un régimen de igualdad, y mucho menos partiendo de un salario menor, esto generaría un grave precedente en perjuicio de todos los trabajadores mexicanos.

Por las razones anteriores, los integrantes de la Tercera Comisión consideran que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, a fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones que lleva a cabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a remitir a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que lleva a cabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

1Convoca El Presidente EPN a todos los sectores para elevar y democratizar la productividad y así mejorar el ingreso de las familias mexicanas.http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/convoca-el-presidente-epn-a-todos-los-sectores-para-elevar-y-democratizar-la-productividad-y-asi-mejorar-el-ingreso-de-las-familias-mexicanas/

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Por el que se que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que en el programa sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a partir del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, se derive una norma oficial mexicana en materia de construcción de vivienda popular, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, presentóante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en materia de vivienda popular.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El Senador Juárez Cisneros señala que el nuevo Programa Nacional de Prevención del Delito del Gobierno Federal contempla la coordinación de esfuerzos por parte de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal, para corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia. Para ello se contempla el rescate de casas abandonadas y la recuperación de los espacios de convivencia para combatir el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar y de género, el abuso infantil y el pandillerismo, a través de un componente nacional y territorial para atender las causas sociales de la inseguridad.

En tal sentido, propone que integrar de manera formal al programa nacional para el rescate de viviendas abandonadas en todo el país, a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y al Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE).

De igual manera, propone que del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se derive una Norma Oficial Mexicana en materia de construcción de vivienda popular, en donde se ponga especial énfasis para que los nuevos desarrollos habitacionales sean dignos, estén cerca de los centros urbanos y promuevan aspectos para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos, entre los que se contemplen vialidades y servicios del transporte público que permitan mejorar su movilidad.

Con todo ello se podrán homologar diversas normatividades no armonizadas que han repercutido en la seguridad de las edificaciones, la falta de urbanización y el abandono de las viviendas, con el consecuente impacto negativo en la calidad de vida de las familias, el deterioro del medio ambiente y el crecimiento desordenado de la mancha urbana en las diferentes zonas urbanas de nuestro país.

Finalmente, propone se implemente en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano el mecanismo de declaratoria por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como una herramienta efectiva de política pública para el control del crecimiento de las manchas urbanas en las 50 mil hectáreas de reserva para la construcción de viviendas en 102 ciudades de la República Mexicana.

Por lo anterior, el proponente resuelve lo siguiente:

Primero.-La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, se derive una Norma Oficial Mexicana en materia de construcción de vivienda popular, en donde se ponga especial énfasis para que los nuevos desarrollos habitacionales estén cerca de los centros urbanos y promuevan aspectos para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos, entre los que se contemplen aspectos como el desarrollo urbano, equipamiento e ingeniería urbana, accesibilidad y otros parámetros técnicos relativos a la funcionalidad, a la seguridad, a la habitabilidad y a la sustentabilidad.

Segundo.-La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para integrar en el programa nacional de rescate de viviendas abandonadas en el país, a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y al Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), a efecto de contar con una visión integral que atienda cuestiones técnicas de ordenamiento territorial y urbano, además de contar con elementos de análisis financiero y crediticio, con el propósito de fortalecer las acciones que emprenderá la Secretaría de Gobernación para la recuperación de espacios habitacionales en abandono.

Tercero.-La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que se implemente el mecanismo de declaratoria en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano por parte de la SEDATU, como medida para el control del crecimiento de las manchas urbanas en las 50 mil hectáreas de reserva para la construcción de viviendas en 102 ciudades de la República Mexicana.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Dictaminadora advierte que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es la dependencia federal encargada de encabezar las políticas en materia de vivienday ordenamiento territorial y urbano, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala lo siguiente:

“Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) …

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda…”

Asimismo, es relevante señalar que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181, documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Este documento incluye dentro de su objetivo 2.5., estrategias y líneas de acción en materia de vivienda y ordenamiento territorial y urbano, tales como:

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda.

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten.

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales.

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente.

• Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias.

• Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien.

• Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales.

• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación.

• Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia.

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda.

• Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos de la Nueva Política de Vivienda.

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal ha sentado las bases de lo que será su política en materia de vivienda y ordenamiento territorial y urbano. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración ha anunciado que elaborará los siguientes programas:

• Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

• Programa Nacional de Vivienda.

En tal virtud, esta Dictaminadora encuentra que las propuestas del proponente son congruentes con las políticas en la materia, pero se estima necesario hacer algunas adecuaciones a los resolutivos para precisar su alcance.

En cuanto al primer resolutivo, relativo a los nuevos desarrollos habitacionales, lo idóneo es que estos lineamientos generales se incorporen en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de Vivienda, ya que serán los documentos rectores en materia de ordenamiento territorial y urbano. Además, no se puede omitir que las Normas Oficiales Mexicanas son más bien relativas a procesos de generación, edificación, comercialización y mantenimiento de la vivienda, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Respecto al segundo resolutivo, esta Comisión comparte la misma preocupación del proponente, en la necesidad de recuperar aquellas viviendas que han sido abandonadas, por diversas razones, entre ellas, por el crecimiento desordenado y la ausencia de urbanización, así como por problemas derivados de la delincuencia y la falta de seguridad pública. Por lo que se propone que se incorporen estrategias y líneas de acción para la recuperación de viviendas abandonadas, precisamente, en el Programa Nacional de Vivienda, que será el documento rector que contenga las políticas relativas a la vivienda.

Finalmente, respecto al tercer resolutivo, esta Dictaminadora conviene oportuno solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en congruencia con las políticas de fomentar ciudades más compactas e inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas, que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se implemente una política para el control del crecimiento desordenado e irregular de las manchas urbanas.

De esta manera, los integrantes de la Tercera Comisión consideran que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, en virtud de que se requieren políticas de Estado sólidas y congruentes, en materia de vivienda digna y desarrollo territorial y urbano.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente ala Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional, considerando factores como ubicación, accesibilidad, equipamiento e ingeniería urbana, servicios públicos comunes a los centros urbanos y, en general, todos los elementos técnicos y básicos que garanticen la funcionalidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad de las mismas.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el Programa Nacional de Vivienda, se incorporen estrategias y líneas de acción para el “Recuperación de Viviendas Abandonadas” en el país, con la participación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y al Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE).

TERCERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se implemente una política para el control del crecimiento desordenado e irregular de las manchas urbanas.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una verificación administrativa a la empresa de boletaje Tickemaster.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo una verificación administrativa a la compañía de boletaje Ticketmaster, con la finalidad de resguardar el objeto de proteger los derechos de los consumidores, suscrita por los Diputados del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, los Diputados del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a la empresa de boletaje Ticketmaster.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

Los Diputados del PRD refieren que Ticketmaster ofrece una serie de servicios como los denominados ticketfast, ticket2ride o bien centro móvil, y que dentro de su política de compra no se hace responsable de los eventos en términos de los horarios ni de su contenido. Además de que cuenta con una Cláusula de Exención de Responsabilidades, donde se libera de errores por el uso del sitio o por cualquier contenido, así como de garantizar daños directos, indirectos, incidentales, punitivos y consecuenciales; de igual forma no garantiza ningún resultado especifico del uso del sitio o el uso de los servicios, ni se hace responsable por los productos, servicios, acciones o falta de acción de cualquier lugar, artista, promotor o cualquier tercero en conexión con el sitio.

Aunado a ello, los proponentes señalan que la compañía no ha garantizado el servicio de boletaje a sus consumidores, ya que el boletaje se agota en un lapso de cinco a diez minutos, con la consecuencia de la venta de boletaje exacerbada en los precios.

Por ello somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO: Exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. Alfredo Castillo Cervantes a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo una verificación administrativa a la compañía de boletaje Ticketmaster con la finalidad de resguardar el objeto de proteger los derechos de los consumidores, y en su caso se apliquen las medidas y sanciones correspondientes a que haya lugar por el incumplimiento de otorgar equidad, certeza y seguridad jurídica a sus consumidores”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden con la preocupación expuesta por los proponentes, en el sentido de proteger a los consumidores ante prácticas abusivas de parte de los proveedores, y más cuando solo hay un solo distribuidor, como es el caso de la empresa aludida.

En tal virtud, esta Dictaminadora con fundamento en la Ley de Federal de Protección al Consumidor, estima procedente solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la autoridad responsable de proteger los derechos e intereses de los consumidores, a que refuerce las medidas y acciones para prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo; y propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por los proveedores.

Para tal efecto, es procedente invocar el artículo 10 de la Ley en comento, que refiere lo siguiente de manera puntal:

“Artículo 10. …

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios…”

De manera concatenada, y atendiendo a las atribuciones de la Procuraduría, el artículo 13 de la Ley dispone lo siguiente:

“Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación…”

En tal virtud, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, para que la Procuraduría, en uso de sus atribuciones, relativas a la protección de los derechos del consumidor y la aplicación de las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, realice una visita de verificación a la empresa de boletaje Ticketmaster (Venta de boletos por computadora, S.A. DE C.V.).

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a llevar a cabo una verificación administrativa a la empresa de boletaje Ticketmaster (Venta de boletos por computadora, S.A. DE C.V.), con la finalidad de resguardar el objeto de proteger los derechos de los consumidores y, en su caso, se apliquen las medidas y sanciones correspondientes a que haya lugar, por el presunto incumplimiento de otorgar equidad, certeza y seguridad jurídica a sus consumidores.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud, a promover el uso de sillas portainfantes en los menores de cinco años de edad durante sus traslados vehiculares.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a procurar el uso de sillas porta-infantes en los menores de 5 años, durante su traslado vehicular, presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a procurar el uso de sillas porta-infantes en los menores de 5 años, durante su traslado vehicular.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada Proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DELA PROPOSICION

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define accidente como un “acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana, provocada por una fuerza externa que actúa rápidamente y se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales”. Una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial son los accidentes de tráfico en vehículos automotores, ya sean en el lugar en que se suscita un accidente o de manera posterior por la gravedad de las lesiones ocasionadas en éste. Según la OMS, 25 por ciento de las muertes debidas a lesiones es resultado de las lesiones causadas en accidentes de tránsito. Según la propia OMS, tan sólo en 2000 poco más de 1.2 millones de niños, mujeres y hombres perdieron la vida en accidentes de tránsito en todo el mundo. La estadística se agrava si consideramos a los que no perdieron la vida, pero que fueron víctimas de lesiones que los dejaron marcados por vida.

Que entre los diferentes tipos de accidentes también son de llamar la atención las estadísticas de la Secretaría de Salud, las cuales indican que en los accidentes vehiculares cada día fallecen 15 niños por lesiones y la mitad de éstos fallecieron por no ir sujetos en una silla porta infantes, por atropellamiento o por adolescentes que conducen alcoholizados.

Que en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 se establece la necesidad de trabajar en la retención para niños, lo cual es importantísima, la responsabilidad que tenemos como adultos de proteger a los niños de manera correcta, colocando en los vehículos las sillas de retención de infantes. Basado en datos probatorios es imprescindible el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención para niños, con el fin de reducir los traumatismos ocasionados por los accidentes. Y hacer conciencia de que los niños no deben nunca ir en los asientos delanteros del automóvil, deben ir atrás y con el cinturón de seguridad puesto, dependiendo las edades, ya que si son menores de cinco años la forma de protegerlos es con las sillas porta infantes o de retención.

Finalmente, menciona que las estadísticas del INEGI 2011 señalan que las lesiones en niños mayores de un año son la primera causa general de muerte. Y tienen consecuencias importantes: hay una caída importante en los ingresos familiares, desintegración familiar y pobreza, además de pérdidas económicas para el sistema de salud. Todo lo expuesto nos indica que los accidentes son un problema de salud pública poco atendido, con graves consecuencias en términos de mortalidad, morbilidad, calidad de vida y costos sociales y económicos.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Seguridad Pública, de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud, establezcan y promuevan el uso de sillas porta infantes en los menores de cinco años de edad durante sus traslados vehiculares.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La Comisión Dictaminadora coincide con la preocupación de la proponente, en el sentido de que es urgente que se ponga en práctica la ejecución de acciones encaminadas a disminuir la tasa de mortalidad infantil que se reporta al respecto.

Es importante mencionar, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2011 en México, la población total fue de 113 millones 724 mil 226 de personas; en donde 28.2 por ciento, es decir, 32 millones 110 mil 156 es la población que va de 0 a 14 años de edad. La tasa de mortalidad en los pacientes de 0 a 5 años principalmente se da por tres razones: infecciones en general, malformaciones congénitas cardíacas y accidentes por vehículo motor.

Durante 2010, en México murieron mil 341 niños por accidentes viales y/o por accidentes por vehículo motor. Según estadísticas elaboradas por la Unidad de Análisis Estadístico del secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), los auto-asientos infantiles (sillitas para niños) previenen entre 50 y 90 por ciento de todas las lesiones infantiles graves y mortales.

Asimismo, esta Comisión no omite invocar el Artículo 163, fracción II, de la Ley General de Salud, que establece que la acción en materia de prevención y control de accidentes comprende la adopción de medidas para prevenir accidentes, de lo cual se debe inferir que dicha disposición otorga la facultad a las autoridades competentes para que adopten las alternativas pertinentes para prevenir accidentes de este tipo, de acuerdo con su entorno social.

De igual manera, es relevante señalar que actualmente en estados como Yucatán, Estado de México, Distrito Federal y Monterrey, ya cuentan con una regulación sobre el traslado de niños en los vehículos, en donde se destaca que Yucatán es el único que establece el uso de las sillas porta infantes.

Por tales razones, esta Dictaminadora resuelve que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con la finalidad de promover el uso de las sillas porta infantes en los vehículos, generando una adecuada cultura y conciencia de los beneficios en la prevención de accidentes para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la calidad de vida de los mexicanos desde la infancia.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Salud, a que cada una atendiendo a su competencia, promuevan el uso de sillas porta infantes en los menores de cinco años de edad durante sus traslados vehiculares.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a la SAGARPA a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se están implementando para erradicar la plaga de la roya.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya Naranja, presentada por los Senadores Zoé Robledo Aburto, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Gil Zuarth y Mónica Tzasna Arriola Gordillo.

2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las acciones que se piensan implementar a corto, mediano y largo plazo para contener la plaga de la Roya, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, los Senadores Zoé Robledo Aburto, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Gil Zuarth y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que relativa a la plaga del hongo de la Roya Naranja.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que relativa a la plaga del hongo de la Roya Naranja.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas Proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la misma materia.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas:

Los Senadores Zoé Robledo Aburto, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Gil Zuarth y Mónica Tzasna Arriola Gordillo,señalan que la situación del sector cafetalero es grave, debido a las afectaciones que han sufrido, particularmente este año, por la plaga del hongo de la roya naranja (Hemileiavastatrix). Por ese motivo, diversos productores de café del estado de Chiapas han solicitado se intervenga para promover una solución al conflicto agrario que padecen de tiempo atrás.

Que esta plaga se ha convertido en un problema regional a nivel nacional e internacional, del cual México forma parte y que debe atender de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la cual es signatario. En tal sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en los estados afectados y en peligro. Asimismo, esa Secretaría deberá facilitar los insumos para instar a los productores a corregir este problema en definitiva a través de la siembra de nuevas variedades de café resistentes al hongo de la roya naranja.

Por lo que proponen la siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al menos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, afectados por la plaga del hongo de la roya naranja.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar el operativo y las medidas de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en los cafetales de Chiapas, a las que se comprometió el Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de dicha Secretaría.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a convenir la creación de los fondos de contingencia necesarios para afrontar inmediatamente la emergencia fitosanitaria derivada de la Plaga de la Roya.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos de coordinación y colaboración regional con los países Centroamericanos afectados por la plaga de la Roya Naranja.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en la región Sur-Sureste de México.

SEXTO.- Se exhorta respetuosamente a que las dependencias señaladas informen a las Cámaras del congreso de la Unión, acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos.

SÉPTIMO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República para atender los dos exhortos al Ejecutivo presentados el 30 de enero y el 25 de febrero (este último turnado el 5 de mayo) con el fin de que se atienda el problema de la roya naranja.

OCTAVO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Chiapas a implementar las medidas necesarias y facilitar la operación de los programas emergentes, para

NOVENO.- Se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a que considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

En cuanto a la proposición del Senador Robles Montoya, expone que la producción de café en México se ha visto deteriorada por múltiples factores, principalmente por la plaga de la roya, afectando el sustento y calidad de vida de miles de mexicanos. Actualmente, se prevé que esta plaga pueda reducir la producción, en el próximo ciclo, en un millón de sacos, es decir, una cuarta parte del total nacional. Siendo la región del Sur-Sureste la más afectada por esta situación.

Que la roya es el principal problema fitosanitario de alto impacto en la caficultora; un hongo altamente nocivo que afecta a la planta de café mediante la caída prematura de las hojas infectadas, lo cual puede reducir su rendimiento en un 50%.

Asimismo, se advierte que el avance de la roya se da por descuido de los productores, toda vez que no atienden los cafetales de una forma correcta. Los productores y organizaciones de las regiones cafetaleras, señalan en cambio, que es el gobierno, a través de las instituciones dedicadas al desarrollo y fomento de la actividad agropecuaria, quienes tienen la responsabilidad, ya que no han proporcionado los elementos esenciales para mantener estabilidad dentro del cultivo y producción de esta materia prima, además de permitir la entrada de grandes empresas compradoras de café al país que pagan precios bajos por el café, por lo que se tienen menos ingresos y menores posibilidades de atención a las regiones cafetaleras.

Que actualmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), busca soluciones a la plaga de la roya a partir de recorridos de exploración para determinar el grado de afectación de las plantas, la severidad del problema y así identificar los factores de desarrollo de la enfermedad que permitan implementar de forma adecuada la solución química requerida, sin tener que afectar a las plantas de café que no se encuentran deterioradas por el hongo y tratar de no hacer más fuerte a este virus.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a informar a esta soberanía sobre las acciones a corto, mediano y largo plazo que se piensan implementar dentro del sector para contener la plaga de la roya.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con la preocupación delos proponentes, ya que desde junio del año pasado, varios productores han encontrado la presencia de la plaga conocida como Roya en Chiapas, la cual amenaza con disminuir hasta en 40 por ciento la producción de café en algunas zonas del Estado.

La Roya es producida por un hongo de nombre Hemileiavastatrix, el cual infecta las hojas del cafeto generando un color amarillo en las mismas, y posteriormente su caída, afectando la productividad de la planta. El efecto de la Roya es aún mayor cuando se conjuga con la presencia de insectos o estrés en la planta por falta o desbalance de nutrientes.

Esta plaga, que probablemente entró al país por Guatemala, ha afectado mayormente a las variedades borbón y árabe. En la región costa y fronteriza, los cultivos localizados sobre los 800 metros sobre el nivel del mar reportan ya pérdidas de hasta un 40 por ciento; aunque el panorama se agrava si se contabiliza a las 13 regiones cafetaleras de Chiapas, que con 88 Municipios conforman el 75 por ciento de los dedicados a la producción.

Actualmente existen formas de tratamiento contra la Roya por medio de fungicidas, los cuales se aplican en temporadas de primavera y verano, y se deben acompañar del mejoramiento de las condiciones de cultivo y nutrición de la planta. Considerando la gran población que depende directa e indirectamente del cultivo y la cadena productiva del café en Chiapas y, en general, en el sureste del país, resulta indispensable atacar de fondo y de forma expedita el problema.

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora resuelve aprobar las proposiciones con punto de Acuerdo, con modificaciones, en razón de que el campo mexicano es prioritario para el desarrollo socioeconómico del país, y la producción de café, en especial, es una opción que genera ingresos importantes a quienes cultivan y procesan este producto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a remitir a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo que se están implementando para erradicar la plaga de la Roya en los cafetales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos, programa municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo, a incluir los programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en las reglas de operación del programa Pueblos Mágicos, presentada por la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del grupo parlamentario del PVEM.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del grupo parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo sobre la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el programa Pueblos Mágicos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DELA PROPOSICION

La Diputada Pérez Hernández señala que el Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a algunas poblaciones del país que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes que derivan en manifestaciones socio-culturales que en su conjunto representan alternativas diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros y una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.

Indica que los Pueblos Mágicos reciben recursos a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, que firma SECTUR con los gobiernos de los estados para el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura turística; este año habrá un presupuesto total de mil 180 millones de pesos, similar a los autorizados en el PEF 2012.

Recientemente, SECTUR consideró que Pueblos Mágicos es una iniciativa exitosa, por lo cual se mantendrá durante la presente administración federal, pero sus reglas de operación serán sometidas a una extensa revisión toda vez que el número de certificados se duplicó de 2009 a 2012, de 36 a 83.

Señala que los objetivos del Programa rebasan la idea de mejorar la imagen urbana y soportan la necesidad de conjuntar esfuerzos para detonar la economía local y regional, preocupa que no se ponga en valor la limpieza de esos Pueblos Mágicos y que sus reglas de operación no contemplen los Programas Municipales para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, como un punto clave para la integración del expediente y como un instrumento fundamental para la planeación y la regulación del municipio postulante.

Expone que según el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012, Compendio de Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental de la SEMARNAT la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha incrementado notablemente en los últimos años; tan sólo entre 2003 y 2011 creció 25%, como resultado principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de consumo.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a incluir los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en las reglas de operación del “Programa Pueblos Mágicos” como uno de los instrumentos de planeación requeridos para presentar una solicitud de incorporación al Programa Pueblos Mágicos y como criterio para mantener el nombramiento como Pueblo Mágico.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos constituye uno de los principales retos en materia ambiental para muchas entidades federativas y municipios del país, no sólo porque la cantidad que se genera año con año aumenta a un ritmo constante, sino porque las capacidades humanas y tecnológicas no son óptimas, por falta de recursos monetarios que permitan adquirir el equipo necesario y capacitar al personal encargado del servicio de limpia.

Por otra parte, el turismo nacional e internacional que busca destinos alternativos, con mayores contenidos culturales y de identidad, debe ser fortalecido con acciones de impulso al sector, tal y como las que dispone el Programa de Pueblos Mágicos. En tal sentido, existe la necesidad de orientar y reforzar al turismo que se ofrece con características más enfocadas a la identidad cultural de los pueblos, como una alternativa viable para los turistas nacionales y extranjeros, que permite además generar una derrama económica fundamental, tanto para las localidades beneficiarias como para toda la región.

Asimismo, aunque el espíritu primordial del Programa de Pueblos Mágicos consiste en fomentar el turismo, no se puede dejar de lado el aspecto ambiental, ya que el no incluir esta característica dentro de las Reglas de Operación podría resultar contraproducente para el propio municipio, en razón de la degradación ambiental que pudiera causar el manejo inadecuado de los residuos sólidos.

Por las razones expuestas, esta Dictaminadora resuelve que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, para que la Secretaría de Turismo considere incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos aspectos relativos a la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a que considere incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos, programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, como uno de los criterios de incorporación al Programa y para mantener dicho nombramiento.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar estrategias y acciones en los sectores productivos con el propósito de eliminar el trabajo infantil.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición punto de Acuerdo que se exhorta al titular de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, implemente los programas y acciones en los sectores productivos, a fin de eliminar el trabajo infantil; y a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a que en el ámbito de su competencia implemente programas o mecanismo con el fin de erradicar la explotación que se da a través del trabajo infantil, presentada por los Senadores del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa para erradicar el trabajo infantil.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada Proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Senadores del PRI expresan que el 17 de junio de 1999 en Ginebra Suiza, por medio de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, se protocolizo el Convenio Internacional del Trabajo No. 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, dicho Convenio fue ratificado por México el 30 de junio de 2000, entrando en vigor el 30 de junio de 2001.

Señalan que en México, según datos proporcionados por el INEGI, a través del Módulo e Trabajo Infantil 2011, señalan quela población infantil de 5 a 17 años entre 2009 y 2011, pasó de 29.3 a 28.9millones, disminuyendo aproximadamente un 1%, el porcentaje de niños y niñas que recibieron becas para estudiar aumentó del 19.9% en 2009 al 24% en 2011, la tasa de inasistencia escolar descendió de 9.6 a 8.9 por ciento, así mismo también reporto que las razones de no asistencia escolar fueron las siguientes: La falta de interés 45.1% y recursos económicos 27%, estos dos aspectos sobresalen como las principales razones de la inasistencia escolar.

Indican que la población infantil ocupada en 2009fue de 3.2 millones y en 2011 fueron 3 millones, donde se sabe que los menores provienen principalmente de hogares de bajos ingresos; el 80% de los hogares tenían ingresos de salarios mínimos; de los menores, 883 mil estaban en el grupo de 5 a 13 años y 2.15 millones entre 14 y 17 años; 61% de las niñas y niños ocupados también estudiaban. Sin embargo, la deserción escolar es alarmante, ya que a partir de los 12 años se da el fenómeno de la deserción escolar.

Destacan que de la población infantil ocupada, el 59.7% laboró para un familiar, mientras que el 40.3% lo hizo con un no familiar o por su cuenta, 39% de los infantes ocupados recibió una beca o apoyo gubernamental. Asimismo indican que, las entidades federativas con mayor tasa de ocupación infantil son: Guerrero (20.9%), Colima (16.1%), Michoacán (15.5%), Oaxaca (15.0%), Nayarit (14.8%), Puebla (14.7), Guanajuato (13.3%) y Zacatecas (13.2%).

En este sentido, los legisladores proponen implementar una política donde se cuente con la cooperación de todas las voluntades para constituir mecanismos y esfuerzos de los sectores privados, las cámaras empresariales, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales y efectivos contra el trabajo infantil, que tengan como objetivo el retirar del trabajo a niñas y niños entre 5 y 13 años de edad, que procure garantizar los derechos laborales para niñas y niños de 14 a 17 años ocupados.

Por lo que proponen lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, implemente los programas y acciones en los sectores productivos, a fin de eliminar el trabajo infantil.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta respetuosamente exhorta a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a que en el ámbito de su competencia implemente programas o mecanismo con el fin de erradicar la explotación que se da a través del trabajo infantil.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la preocupación y los planteamientos de los proponentes, en el sentido de que la protección social es crucial para el trabajo infantil; y de que deben existir medidas vitales como la protección social para su salud.

Actualmente, nuestro país, enfrenta serias deficiencias para resolver un problema socioeconómico tan fuerte como lo es el trabajo infantil, el cual afecta a por lo menos 3 millones de niños en el país; en donde se encuentran jornadas laborales largas, nulas remuneraciones, empleos informales y maltrato son una constante en ese sector de la población.

Consideramos relevante señalar quela Organización Internacional del Trabajo define al trabajo infantil como “toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar puedan ser considerados una actividad económica –como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela.”

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia define el trabajo infantil como “aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley.”

Cifras oficiales disponibles indican que unos 870,000 niños y niñas de 6 a 13 años, esto es 5.0% del total de infantes en este grupo de edad, participan en algún tipo de actividad laboral. Como en México la edad mínima para trabajar es de 14 años, todos esos niños se encontraron involucrados en trabajo infantil prohibido por la ley mexicana. La participación de niños y niñas en el trabajo aumenta con la edad, mientras que la asistencia escolar disminuye, lo cual obedece a que la productividad de los infantes se eleva a medida que crecen y son más susceptibles de ser ocupados.

Se calcula que 2 de cada 3 niños y niñas de seis a 13 años de los que trabajan, lo hacen en empleos no remunerados tanto dentro como fuera de la familia, mientras que el resto uno de cada tres niños lo hizo como empleado remunerado. La carga de trabajar fuera del hogar no es la única para muchos infantes, pues también tienen que ayudar a las tareas domésticas al tiempo que asisten a la escuela. En esta condición se encuentra alrededor de 3.5% de la población infantil.

Asimismo, no se puede omitir, que esta Comisión Permanente, en sesión celebrada el 22 de mayo, aprobó el acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las autoridades responsables en materia del Trabajo, y en coordinación con las instancias locales correspondientes, refuercen de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas; así como también a efecto de que fortalezcan la vigilancia e inspección de los centros de trabajo, con el fin de que la labor realizada por menores de edad se apegue estrictamente a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo1.

Esta Dictaminadora concuerda con los proponentes en el sentido, hoy más que nunca, de que se requiere la concertación de todos los órdenes y esferas de gobierno para garantizar “una infancia segura” para aquellos niños que trabajan, sea solamente por razón de gusto y no de necesidad o lucro; asimismo, coincidimos en la necesidad de reforzar la vigilancia en los centros de trabajo y que esta se apeguen a los marcos jurídicos en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a que implementen estrategias y acciones en los sectores productivos con el propósito de eliminar el trabajo infantil.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión con pleno respecto a la autonomía local, exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas y al Distrito Federal, a que, en el ámbito de sus competencias, implementen programas o planes tendientes a erradicar la explotación del trabajo infantil.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

1Dictamen aprobado el 22 de mayo de 2013.http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41257

Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, particularmente los ubicados en el territorio del estado de Morelos, suscrita por los Diputados Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo y Maricela Velázquez Sánchez, el 29de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, los Diputados Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo y Maricela Velázquez Sánchez, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, particularmente, los ubicados en el territorio del estado de Morelos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina refiere que 27 ingenios azucareros fueron desincorporados por el Ejecutivo Federal, mediante decretos emitidos el 3 y 10 de septiembre de 2001, por causa de utilidad pública a favor de la Nación, estableciendo la intención del gobierno federal de revender estos ingenios dentro de un año y medio, plazo que ya se cumplió.

Los proponentes mencionan que el 23 de septiembre de 2012, el Ejecutivo Federal, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, desincorporó 9 ingenios de los 27 expropiados por el Ejecutivo Federal, ubicados en Morelos, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

Señalan que la Ley General de Bienes Nacionalesindica que cuando un bien público es sustraído del patrimonio de la nación, los gobiernos estatales tiene derecho a participar en este proceso, por lo que el Congreso del Estado de Morelos de la Quincuagésima Segunda Legislatura aprobó un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en la desincorporación de los 27 ingenios azucareros del país, se reconozca el derecho de los gobiernos estatales que manifiesten su interés por adquirir y administrar estos ingenios azucareros.

De acuerdo con los promoventes, dicha solicitud crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene esta rama de actividad económica para Morelos como una actividad económica que integra regionalmente a la entidad, a la sociedad y que incide en varias cadenas de producción relacionadas con el producto.

Por ello someten a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que reconsidere el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, particularmente los ubicados en el territorio del Estado de Morelos y de manera preferente el interés legítimo del gobierno del Estado para la enajenación a título gratuito u oneroso y usufructo de dichos ingenios, a cargo de los Diputados del Estado de Morelos del PRD y del PRI”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con los proponentes en el sentido de que los ingenios azucareros y la agroindustria azucarera representan una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crean en el campo mexicano; que el azúcar como producto generado por ella, es un artículo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, son de interés público, tal y como lo establece el decreto presidencial del 3 de septiembre de 2003,por el que se expropian por causa de utilidad pública 27 ingenios azucareros.

Para esta Comisión es importante destacar los considerandos del gobierno federal para decretar dicha expropiación, principalmente el concerniente a que los propietarios de las empresas “llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del Gobierno Federal, poniendo con ello en riesgo además del patrimonio de los trabajadores del campo, el de todos los mexicanos”.

Es importante mencionar que en el marco de la expropiación de los ingenios azucareros por parte del gobierno federal, se explicó que en vísperas del inicio de la zafra 2001-2002:

“…había altas probabilidades de que en cierto número de ingenios con un fuerte porcentaje de participación en la producción del país, no se cuente con los recursos necesarios para la reparación de las fábricas que garanticen el eficaz y oportuno procesamiento de más de 20 millones de toneladas de caña que se encuentran en el campo mexicano”; que la inviabilidad financiera “genera incapacidad de operar con eficiencia y de cumplir sus compromisos, pone en peligro el empleo de los trabajadores de los ingenios, de los prestadores de servicios conexos y la actividad económica de amplias regiones en los estados donde se ubican”; y que los cañicultores manifestaron, por distintos medios, su decisión de no llevar al cabo los procesos de zafra con las empresas, mientras se encuentren dirigidas por los actuales propietarios.”

Aunado a ello, en su momento, el gobierno federal consideró que la expropiación “asume el control de las empresas, adquiere diversos activos que podrá destinar al fomento y conservación de la actividad productiva azucarera, con el objeto de contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado y a garantizar la conservación de estas empresas, los empleos que generan y, en general, el cumplimiento de sus demás obligaciones para el beneficio de la colectividad”.

Respecto al resolutivo único del punto de acuerdo, para pedir al Ejecutivo reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, particularmente los ubicados en el territorio del Estado de Morelos y, de manera preferente, el interés legítimo del gobierno del Estado para la enajenación a título gratuito u oneroso y usufructo de dichos ingenios, esta Comisión manifiesta que tiene conocimiento que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mediante oficio número 100.-1368 de fecha 15 de junio de 2012, solicitó al titular de la Secretaría de la Función Pública, desincorporar del régimen de dominio público de la Federación nueve de los ingenios azucareros, así como autorizar su venta en licitación pública a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Para esta dictaminadora es importante destacar que la Ley General de Bienes Nacionales considera a los gobiernos estatales como “instituciones públicas”, de acuerdo con el artículo 2º, numeral V que a la letra dice que se entenderá:

“Instituciones públicas: los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados; las dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, del Gobierno del Distrito Federal, estatales y municipales; la Procuraduría General de la República; las unidades administrativas de la Presidencia de la República, y las instituciones de carácter federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las Constituciones de los Estados”.

Asimismo, que el artículo 15 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que “losparticulares y las instituciones públicas sólo podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, los derechos regulados en esta Ley y en las demás que dicte el Congreso de la Unión”, entre los que se encuentran los ingenios azucareros.

Cabe destacar que de acuerdo al “Informe de rendición de cuentas de la APF 2006-2012”, del Servicio de Administración y Enajenación, asume que la desincorporación de los ingenios aún no ha sido concretada debido a diversos recursos legales interpuestos, no obstante, durante el período enero–junio 2012,señala que se ha avanzado en la preparación de los bienes de las unidades industriales que conformaban el Grupo Azucarero Escorpión (CAZE), lo anterior, a lo dispuesto por la propia autoridad en la materia que al respecto señala que:

“En función de los Acuerdos de Desincorporación de los Bienes Inmuebles y los Bienes Muebles que conformaban las 9 unidades industriales que integraban el Grupo CAZE, emitidos respectivamente el 23 de julio de 2012,por la Secretaría de la Función Pública y el 24 de julio de 2012, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se dio inicio formal al proceso para la enajenación de los últimos ingenios azucareros en poder del Gobierno Federal.

“A partir de lo anterior se ha trabajado colegiadamente en la preparación de la licitación pública de dichos bienes, la cual se prevé que sea desarrollada dentro del presente ejercicio fiscal”.

En consecuencia, esta Comisión considera necesario que para poder resolver la proposición presentada y en vías de tener mayores elementos de juicio para poder emitir un exhorto, es necesario solicitar a la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus facultades subsistentes, a presentar la información disponible sobre el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a presentar un informe sobre el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros, en especial, los del Estado de Morelos, en apego a lo dispuesto a la Ley General de Bienes Nacionales, así como en el “ACUERDO por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, diversos inmuebles que forman parte de nueve unidades industriales denominadas ingenios azucareros, ubicados en los estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se autoriza su enajenación a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de julio de 2012.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 11 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a establecer medidas y acciones que garanticen la protección y preservación del ecosistema marino, en específico de la fauna marina, localizada en el corredor turístico de Los Cabos.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Baja California Sur establecer lineamientos para el debido uso de vehículos acuáticos motorizados con el fin de preservar la fauna marina que se encuentra en el corredor turístico de Los Cabos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Diputada Adriana Hernández Íñiguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

En su argumentación la proponente señala que en México se cuenta con una gran diversidad de fauna marina, la que sin duda trae aparejada la presencia de un elevado número de turistas, sobre todo, en algunas de las playas y zonas costeras del país.

Continua exponiendo que junto con la belleza que encontramos en la diversidad marina, nuestro país es característico por la extensa variedad de actividades que se pueden llevar a cabo en las diversas playas.

Asimismo, señala que en las playas de Baja California Sur, siendo más específicos en el corredor turístico conocido como “Los Cabos”, el cual, cuenta con una extensión de 33 kilómetros, desde San José del Cabo, hasta Cabo San Lucas, es sin lugar a duda uno de los lugares más hermosos que podemos encontrar en nuestro país.

Expresa que en dicho corredor turístico es considerado como uno de los principales puntos de destino turístico, tanto para nacionales como extranjeros, no sólo por la diversidad de deportes acuáticos motorizados que se pueden practicar como son, las motos acuáticas, el parasailing (parachute), y el esquí acuático, sino también por la diversidad marina que podemos observar en sus alrededores.

Indica que en “Los Cabos”, uno de los escenarios turísticos que mayor popularidad tiene, es el denominado “Arco del Fin del Mundo”, el cual, es una formación natural de piedra en la que podemos encontrar colonias de lobos marinos y focas, sin embargo, y a pesar de que la mayor parte del tiempo tanto las focas como los lobos marinos se encuentran cerca del “Arco del Fin del Mundo”, en ocasiones llegan a alejarse de este sitio acercándose a las playas, por tal motivo, corren peligro tanto las personas que se encuentran practicando alguna clase de deporte acuático en vehiculas motorizados, como los mismos animales.

La proponente afirma lo anterior, toda vez que es frecuente que cuando alguna persona utiliza una moto acuática, ésta se encuentra con un león marino o un ave que se acercó a las playas, por lo que esto puede generar un posible choque entre la embarcación y el animal, acontecimiento que generaría que el león marino salga lastimado, sin olvidar que la persona que conduce la moto acuática pueda sufrir algún tipo de lesión.

Por lo que la legisladora propone lo siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del Estado de Baja California Sur, a que establezcan lineamientos para el debido uso de vehículos acuáticos motorizados con el fin de preservar la fauna marina que se encuentra en el corredor turístico de “Los Cabos”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión quiere señalar que el corredor turístico los Cabos es uno de los espacios turísticos más dinámicos de México. En torno a él se generan intensos flujos de población, turistas, mercancías e información que, aunque tienen distintos alcances territoriales, predominan aquellos que vinculan el extremo sur de la península de Baja California con el suroeste de Estados Unidos de América.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), estima que alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente las Áreas Protegidas Federales (APF) de todo el país, y éstos dejan una derrama económica por la prestación directa del servicio turístico, calculada en 3 mil millones de pesos anuales. Este segmento del turismo dentro de estas áreas debe verse como una gran oportunidad para el desarrollo de México.

Sin embargo, esta Comisión expresa que el desarrollo turístico generalmente ocasiona fuertes presiones ambientales a los ecosistemas costeros, los cuales son considerados frágiles (manglares, arrecifes, duna costera, marismas, etcétera), principalmente por la falta de una adecuada planeación y la inobservancia de la normatividad ambiental por parte de lugareños e inversionistas, ya que desarrollan sus proyectos turísticos sin contar con las autorizaciones federales ambientales (autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal) y patrimoniales (concesión, permiso o autorización), es aquí donde la proposición de la proponente tiene alcance y materia ya que dentro del desarrollo turístico, entran las actividades de recreación acuática.

Según la ONU, el aumento de la contaminación acústica marítima está poniendo en peligro a los cetáceos, ya que de acuerdo con el reporte de fecha 7 de diciembre del 2012, emitido por Antonio Figueroa y que puede ser consultado a través de internet (en la página electrónica www.madrimasd.org),ha concluido que "el ruido submarino hecho por el hombre, ha provocado una especie de niebla acústica y una cacofonía de sonido en muchas partes de los mares y océanos del mundo", lo que trae como consecuencia eventos violentos en los cetáceos, como desorientación, sordera e inclusive el suicidio.

En el caso específico que nos ocupa, es de todos conocido que las motos acuáticas por ser fabricadas en función de motores de combustión, emiten ruidosy vibraciones por lo que generan contaminación acústica, siendo razonable que estas alteran el comportamiento de la flora y fauna local a corto y largo plazo, e incumplen con la normativa legal en relación a, contaminacióny especies en peligro y ecosistemas frágiles como corales y manglares.

Además, cabe señalar que el transporte turístico náutico se encuentra regulado en la vigente y aplicable Ley de Navegación y Comercio Marítimos y su correspondiente Reglamento, en relación con la Ley Federal del Mar y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ordenamientos legales en donde establecen diversas disposiciones en materia de supervisión, inspección, seguridad y vigilancia en la navegación y de la vida humana en el mar, así como de la prevención y control de la contaminación marina por embarcaciones, sin omitir las sanciones en caso de faltas o incumplimiento a la normatividad en la materia.

En este sentido, el presente Dictamen y sus puntos resolutivos encuentran su fundamento y alcances, con base en las atribuciones y competencias que poseen tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportesasí como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para intervenir

En este sentido y derivado de la problemática en las zonas costeras, tanto ambiental como patrimonial, esta Comisión quiere expresar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y las Delegaciones Estatales, lleva a cabo acciones de vigilancia sistemática, operativos especiales e instrumentación de mecanismos de promoción para el cumplimiento de la normatividad ambiental y patrimonial que permiten promover el cumplimiento de la legislación aplicable en el Estado de Baja California Sur.

Desde esta perspectiva, es necesario contar con políticas y lineamientos en el plano institucional para abordar las necesidades y aprovechar las oportunidades específicas del corredor turístico conocido comúnmente como “Los Cabos”, así como establecer un hilo conductor que induzca a los diferentes actores a nivel federal y local, a generar sinergias a fin de lograr objetivos comunes hacia un desarrollo integral sustentable del turismo en esta región.

Finalmente, consideramos que estas áreas llenas de vida y de recursos naturales son importantes para México y las comunidades locales, desde el punto de vista económico y turístico, es por ello que nos tenemos que comprometer para aprobar este tipo de propuestas que contrarresten los efectos negativos producidos por el hombre al ambiente, en todas las reservas naturales del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno del Estado de Baja California Sur, establezcan medidas y acciones que garanticen la protección y preservación del ecosistema marino, en específico, de la fauna marina localizada en el corredor turístico de “Los Cabos”, del Estado de Baja California Sur, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en materia de navegación marítima, de la Ley Federal del Mar y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a la SEMARNAT a realizar dos visitas anuales de inspección a los zoológicos registrados ante la autoridad.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo relativa al manejo de ejemplares de vida silvestre en zoológicos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma, realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

En su argumentación el proponente expresa que la gran diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido impactos negativos en los ecosistemas, de los cuales, se pueden diferenciar dos tipos: 1) indirectos: destrucción y modificación del hábitat, por ejemplo, el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; sobreexplotación de recursos; la contaminación del suelo, aire y agua; y 2) directos: sobreexplotación de vida silvestre, es decir, las prácticas cinegéticas irresponsables; y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres. Por último, un impacto de ambos tipos es la introducción de especies exóticas.

Siguiendo esa lógica, es que muchas especies de vida silvestre se ven afectadas en sus poblaciones y/o en su variabilidad genética, o bien, se encuentran bajo alguna categoría de riesgo (probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial; o, en el peor de los escenarios extintas) de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 PROTECCION AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MEXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-CATEGORIAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSION, EXCLUSION O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO.

El proponente expresa que los zoológicos se han convertido en una herramienta para conservar la diversidad biológica ex situ, la preservación, estudio, reproducción e incluso reintroducción-repoblación de especies de vida silvestre, particularmente de aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Asimismo, promueven la educación y sensibilizan al público que los visita.

Por dicha razón, el legislador indica que los zoológicos deben estar registrados y sus datos deben estar actualizados en el Padrón que para tal efecto la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) disponga; asimismo, deberán contar con un Plan de Manejo que, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) a h) del Artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre, y que dispone que deberán contener: objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; indicadores de éxito; la descripción física y biológica del área y su infraestructura; los métodos de muestreo; el calendario de actividades; las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares; las medidas de contingencia; los mecanismos de vigilancia y, en su caso, los medios y formas de aprovechamiento así como el sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable.

En ese mismo sentido, el proponente asume que los zoológicos son herramientas para conservar la diversidad biológica de especies de vida silvestre, en especial, las que se encuentran en alguna categoría de riesgo, como lo es el tigre de bengala, pues solo quedan en el planeta menos de 2,500 ejemplares, razón por la cual, se encuentra según la NOM-059-SEMARNAT-2010 en peligro de extinción; y según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también considera a los ejemplares de tigre de bengala, antílope ñu y perro salvaje africano entre las especies de peligro de extinción.

Por lo que la Proposición con Punto de Acuerdo que se Dictamina, propone lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice al menos dos visitas anuales de inspección a los Zoológicos registrados, en las cuales se verifique el trato, alimentación, manejo, traslado y condiciones de confinamiento, en la que habitan los ejemplares de flora y fauna; tanto de las especies que ahí radican de manera permanente como de las que están sujetas a intercambio, donación, estancia por concepto de reproducción y otros. Informando a esta Soberanía los resultados obtenidos, y publicándolos en el portal de Internet de la página oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que remita a esta Soberanía y publique la siguiente información y la mantenga actualizada en el portal de Internet de su página oficial:

1. El padrón de los zoológicos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría.

2. El inventario de ejemplares de especies silvestres que manejan los zoológicos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría.

3. Informe sobre las medidas de seguridad adoptadas por la Secretaría en aquellos casos en donde exista el traslado de ejemplares de flora y fauna silvestre.

El estado actual del proceso de sanción por incumplimiento a lo previsto en la Ley General de Vida Silvestre con relación al mal manejo de ejemplares de vida silvestre en los zoológicos.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice una visita de inspección en el Zoológico de Chapultepec, en la cual se verifique el cabal cumplimiento de la Ley, tanto para acreditar la legal procedencia como para determinar el trato digno y respetuoso de las especies en confinamiento.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de Distrito Federal a suspender el acceso al público en general, hasta que se garantice el trato digno y respetuoso, se realicen acciones de saneamiento de los espacios en los que se encuentran confinados los animales. En virtud de las constantes bajas registradas en su colección, los maltratos denunciados hacia los ejemplares y deficiente atención en sus necesidades básicas, además de las irregularidades en los manejos administrativos.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión desea mencionar que mediante un ciclo continuo de inspecciones, se puede comprobarel cumplimiento de las medidas de conservación de especies de flora y fauna de vida silvestre, todo lo anterior, a efecto de exactitud estadística, indicando que deben mantener los datos de sus registros, en especial facilitando los relativos a las colecciones de animales mantenidas en los parques.

Consideramos que el manejo adecuado de los ejemplares no solo debe de verse desde la perspectiva de las condiciones de seguridad y supervivencia de los animales, sino que además, debe considerarse de tal manera que éstos conserven indemnes todas las características que hacen catalogarlos como especies representativas, sin taras ni defectos físicos.

En este sentido, es conveniente mencionar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(PROFEPA), con el objeto de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al manejo de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, en el año 2010, implementó el Subprograma Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo principal fue verificar mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al manejo y aprovechamiento de ejemplares de vida silvestre confinados en los zoológicos del país, incluyendo su legal procedencia, y verificando que no se llevaran a cabo actos de crueldad en contra de la fauna silvestre que atentara contra su trato digno y de respeto.

De los datos emitidos por el Subprograma anteriormente mencionado, a partir del año 2010al mes de marzo del 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado un total de 120 inspecciones a 84 zoológicos entre las 31 entidades federativas, y ha reportado el aseguramiento precautorio de 4,297ejemplares de vida silvestre.

Esta Comisión quiere señalar que con la aplicación de este Subprograma, se ha elevado el nivel de cumplimiento de la legislación en la materia, garantizando el bienestar de los ejemplares confinados. Sin embargo, a decir del proponente, aún falta mejorar el proceso de inspecciones, sobretodo, en cuanto a la actualización de los registros y padrones de los zoológicos.

Es por esta razón, que los legisladores integrantes de la Tercera Comisión, comparten la preocupación del legislador proponente en el sentido de verificar, de manera oportuna, el trato que se les otorga a las distintas especies que habitan en los lugares señalados.

No obstante lo anterior, esta Comisión dictaminadora hace del conocimiento sobre la necesidad de modificar el punto resolutivo cuarto de la Proposición original, en virtud de que esta Soberanía se encuentra materialmente imposibilitada para solicitar o exhortar a un gobierno local, a suspender un servicio en lo particular, sin que previamente hayan sido analizados y valorados los resultados de las últimas inspecciones así como las correspondientes determinaciones emitidas por la propia autoridad competente, ya que de hacerlo, estaría equívocamente prejuzgando un hecho que puede sustentarse solo en presunciones sin fundamento.

Por lo que consideramos conveniente exhortar al Gobierno de Distrito Federal, a que formule e implemente mecanismos y acciones que garanticen el trato digno y respetuoso de los animales que se encuentran confinados en el Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México, Distrito Federal, así como el saneamiento de los espacios en los que se encuentran.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, considere realizar, por lo menos, dos visitas anuales de inspección a los zoológicos registrados ante la autoridad, y en las cuales se verifique el trato, alimentación, manejo, traslado y condiciones del confinamiento en el que habitan los ejemplares de flora y fauna; tanto de las especies que ahí radican de manera permanente como de las que están sujetas a intercambio, donación, estancia por concepto de reproducción y otros. Asimismo, a que del resultado obtenido por las inspecciones anteriormente aludidas, la dependencia informe a esta Soberanía en tiempo y forma.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que remita a esta Soberanía y publique en el portal de Internet de su página oficial, la siguiente información:

1. El padrón de los zoológicos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría;

2. El inventario de ejemplares de especies silvestres que manejan los zoológicos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría;

3. Informe sobre las medidas de seguridad adoptadas por la Secretaría en aquellos casos en donde exista el traslado de ejemplares de flora y fauna silvestre; y

4. Informe sobre el estado actual del proceso de sanción por incumplimiento a lo previsto en la Ley General de Vida Silvestre, con relación al mal manejo de ejemplares de vida silvestre en los zoológicos.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que considere realizar una visita de inspección, de manera oportuna y excepcional, al Zoológico de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, y en la cual, verifique el cabal cumplimiento de la normativa aplicable respecto a la procedencia, trato digno y de respeto a las especies en confinamiento. Asimismo, que de los resultados obtenidos de las acciones que correspondan, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de Distrito Federal, a que formule e implemente mecanismos y acciones que garanticen el trato digno y respetuoso de los animales que se encuentran confinados en el Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México, Distrito Federal, así como el saneamiento de los espacios en los que se encuentran.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Que exhorta a considerar la posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de pobreza extrema y marginación de los estados de Chihuahua y de Baja California Sur, en la Cruzada Nacional contra el Hambre.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a extender dicho programa a trece de los municipios más pobres del Estado de Chihuahua, presentada por la Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del PRD.

2) Que exhorta al Ejecutivo para que se incluyan más comunidades del Estado de Baja California Sur en la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada por el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1) En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para incorporar a trece de los municipios más pobres del Estado de Chihuahua en la Cruzada contra el Hambre.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2) En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para que se incluyan más comunidades del Estado de Baja California Sur en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citada Proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONSIDERACIONES DELAS PROPOSICIONES

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la misma materia.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas:

La Diputada Tovar Aragón señala que el Ejecutivo Federal, publicó el 22 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos que establecen el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que es una estrategia de inclusión y bienestar social, con la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales.

Asimismo, señala que el Decreto determina que la Cruzada contra el Hambre se implementará en una primera etapa, en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición, y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial.

Es por ello que propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que dicho programa se amplíe hacia los municipios de Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi, por tratarse de municipios que tienen al menos, el 64% de su población en situación pobreza; el 13% como mínimo de su población en pobreza extrema; en el mejor de los casos con tan solo el 40% de su población con acceso a la alimentación; y con el menos el 35.8% de su población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.-La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que se incluyan en dicho programa, a trece de los municipios de Chihuahua con mayores índices de pobreza, pobreza extrema, escaso acceso a la alimentación y con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, como son: Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi.

El Senador González Cuevas, por su parte, señala que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 12%de la población del Estado de Baja California Sur, tiene un alto grado de marginación, alrededor de 258 localidades, y 61 localidades tienen muy alto grado de marginación, lo que equivale al 4% de la población de la entidad.

Asimismo, conforme a datos del CONEVAL, a nivel nacional, 28 millones de personas tienen carencia en el acceso a la alimentación, de las cuales 167 mil se encuentran en el estado de Baja California Sur.

Por lo que propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que se incluya a más comunidades que tienen altos índices de marginación de Baja California Sur, en la cobertura del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que se amplié el Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre para que sean consideradas las comunidades con mayor índice de marginación del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta al Ejecutivo Federal a que instruya al Consejo Nacional contra la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se estudie y analice qué comunidades del Estado de Baja California Sur, deban ser integrados con mayor prioridad a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Es del conocimiento de los integrantes de esta Comisión Dictaminadora que el 22 de enero de 2013, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre1, en el Diario Oficial de la Federación. Este programa tiene los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

En cuanto al Estado de Chihuahua, la Cruzada incluyó a los municipios de Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Juárez y Morelos, localidades que presentan altos índices de marginación, pero lamentablemente, este problema se extiende a más municipios de ese Estado.

Datos del CONEVAL2 advierten que los municipios de Batopilas (91.1%), Morelos (90.4%), Guadalupe y Calvo (89.8%), Uruachi (89.7%) y Maguarichi (89.0%), presentan los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema. Es decir, en estos municipios más del 89% de la población se encontraba en situación de pobreza.

Ahora bien, en términos absolutos, los municipios que concentraron mayor número de personas en pobreza fueron: Juárez, 494,726 personas, (37.7%); Chihuahua, 220,480 personas, (27.0%); Cuauhtémoc, 73,869 personas, (43.0%); Guadalupe y Calvo, 43,474 personas, (89.8%);e Hidalgo del Parral, 33,853 personas, (31.0%). En estos municipios se concentró el 64.7% del total de la población en pobreza en el estado.

Respecto al Estado de Baja California Sur, solamente fue incluido el municipio de Los Cabos en la primera etapa de la Cruzada, sin embargo, de la revisión de los datos del CONEVAL3, en efecto, existen más municipios con altos índices de población en pobreza extrema, tales como: Loreto con 10.2% y Comondú con el 6.5%, esto representó el 22.9% del total de la población en esta situación de esa Entidad. Mientras que Los Cabos y La Paz concentraron el mayor número de personas en pobreza extrema con 12,152 personas (5.6%) y 7,900 personas (2.8%), respectivamente.

Por tales razones, los integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente aprobar las Proposiciones con Punto de Acuerdo, con modificaciones, a efecto de que la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, considere, en una siguiente etapa del programa, la posibilidad de incluir a más municipios de los Estados de Chihuahua y de Baja California Sur, con altos índices de pobreza extrema y marginación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a considerar la posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de pobreza extrema y marginación del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a considerar la posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de pobreza extrema y marginación del Estado de Baja California Sur.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a que en los lineamientos que se establezcan de operación, se preserve el correcto uso de los componentes del programa a favor de los más desprotegidos.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

1 DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013

2Informe de pobreza y evaluación en el estado de Chihuahua 2012.

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Documents/Chihuahua/principal/08informe2012.pdf

3 Informe de pobreza y evaluación en el estado de Baja California Sur 2012.

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Documents/Baja_California_Sur/principal/03informe2012.pdf

Que exhorta al gobierno del Estado de México a asesorar a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7 de mayo del año en curso en la autopista México-Pachuca.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Industria y Comercio a que obligue a la empresa Termogas, responsable del accidente y explosión en la autopista México-Pachuca el día 7 de mayo del corriente año, a responder de los daños y perjuicios originados a los afectados por tal evento, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que revise y modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, que regula el auto transporte de camiones con doble semirremolque, presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del PT.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del PT, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a la explosión ocurrida en Xalostoc, Estado de México, el 7 de mayo.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DELA PROPOSICION

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez menciona que en la madrugada del día 7 de mayo del año en curso, el chofer de un tracto camión de doble semirremolque de la Empresa Termogas, cargado con ochenta mil litros de gas, aproximadamente, perdió el control del vehículo por conducir a exceso de velocidad, en el kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca, estrellándose contra el muro de contención se incendió, explotó provocando un incendio de gran magnitud en múltiples casas aledañas, a esa carretera.

Indica que las autoridades deben exigir a la Empresa que responda de estos daños que no se pueden calcular, el fallecimiento de quienes habitaban esos inmuebles además de ser irreparable, provoca que sus familiares en condiciones de pobreza sean impotentes para responder de los gastos originados, como se van a reponer las casas dañadas que han quedado inservibles, los gastos de la curación y tratamiento de los heridos, su rehabilitación, la reposición de los vehículos que dado a que sus propietarios son de condición en su gran mayoría humildes no contaban con un seguro de daños.

Que debe exigirse el cumplimiento de esta disposición, así como revisar y actualizar la Norma NOM-012-SCT-2-2008 emitida por el Comité Consultivo de Normalización de Transporte Terrestre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, para que reduzcan el peso máximo de carga a 45.5 toneladas, sin carga adicional por ejes y sin artículos transitorios que permitan que se aumente este volumen.

Finalmente señala que es indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte realice un estudio serio y detallado en cuanto al volumen y dimensiones de la carga que se transporta en estos vehículos, ya que no es la primera vez que se han presentado accidentes motivados tanto por su exceso de velocidad, como por el peso de la carga, aun cuando las empresas transportistas se rehúsen, la Norma debe proteger a la sociedad a los inocentes que no tienen por qué sufrir las consecuencias de su negligencia.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Industria y Comercio a que obligue a la empresa Termogas responsable del accidente y explosión en la autopista México-Pachuca el día 7 de mayo del corriente año, a responder de los daños y perjuicios originados a los afectados por tal evento.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2008 que regula el auto transporte de tracto camiones con doble semirremolque, para que reduzca el peso y dimensiones máximas de carga con los que pueden circular en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión acompañan la preocupación de la proponente y lamentan nuevamente profundamente este accidente.

Ante lo sucedido, esta Comisión Permanente ya se pronunció al respecto, a través del punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal; entre otros, a que implementen o, en su caso, continúen con las acciones de asistencia médica, de prevención y de reparación, a raíz del siniestro ocurrido el 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México1, aprobado el pasado 29 de mayo.

Esta Dictaminadora tiene conocimiento que el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de México han entregado un total de 14 millones 249 mil pesos a los afectados por la explosión en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec2, con lo que se cubrieron gastos funerarios, rehabilitaron sus viviendas, adquirieron enseres domésticos, entre otros beneficios.

Es importante señalar, que esta cantidad entregada de parte de los Gobiernos Federal y Estatal, es independiente de las indemnizaciones que deberá entregar la empresa responsable del accidente. Efrén Rojas, secretario de Gobierno del Estado de México, ha dicho que ese gobierno está haciendo todo a su alcance para que la empresa responda por los daños causados. Aseguró que la empresa deberá realizar el pago de indemnizaciones a todos los damnificados conforme a lo que estipula la ley.

En cuanto a la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, esta Comisión reconoce que Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha emprendido los trabajos para revisar esta Norma3, relativa a los límites de dimensión y peso para el transporte de vehículos de carga que circula por las carreteras, a través de un panel de expertos que emitirán una opinión técnica e imparcial, lo que permitirá adecuar la Norma para garantizar la seguridad del autotransporte federal y de los ciudadanos, así como la viabilidad económica de las empresas transportistas.

No obstante lo anterior, los integrantes de la Tercera Comisión consideran que la proposición con punto de Acuerdo, debe ser reorientada a efecto de exhortar al Gobierno del Estado de México, para que, a través del Instituto de la Defensoría Pública, asesore a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7 de mayo del corriente año, en la autopista México-Pachuca a la altura de la localidad de Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México.

Lo anterior fue aprobado en sus términos, por unanimidad de los integrantes de la Comisión, en virtud, de la propuesta que hiciera la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD durante la sesión del día 12 de los presentes. En ese sentido, esta Tercera Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de México, para que, a través del Instituto de la Defensoría Pública, asesore a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7 de mayo del corriente año, en la autopista México-Pachuca a la altura de la localidad de Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, solicito ahora a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que sí han sido reservados.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se procede a informar que tenemos la reserva de los siguientes dictámenes.

Siete de la Primera Comisión, que contiene puntos de Acuerdo:

Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a fortalecer las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal.

Que exhorta a las autoridades del gobierno del Distrito Federal a revisar el cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, Súper Vía Poniente.

Que solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre las condiciones actuales del sistema penitenciario en el país.

Que exhorta a reforzar los mecanismos de prevención de suicidiosen las instalaciones de dicho sistema.

Que exhorta al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a establecer las medidas necesarias para revisar el proceso penal en contra de Ana María Orozco Castillo.

Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal a impulsar estrategias integrales para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.

Por el que se remite al gobierno y al Congreso del Estado de Jalisco la proposición relativa a reforzar las medidas necesarias para prevenir la desaparición de personas en la entidad.

Tres, de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a la Secretaria de Compras y Obras de la Administración Pública Federal, a las sociedades cooperativas y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía.

Que exhorta a implementar una campaña nacional sobre el procedimiento para el desecho y destino final de los focos ahorradores.

Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la política de fijación de las tarifas aéreas de la aerolínea AeroMéxico.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Consulto si alguien desea reservar otro dictamen para su discusión. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy para conocimiento de ustedes.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para su discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no se reservaron para su discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.

1Dictamen aprobado el 29 de mayo de 2013.http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41397

2Entregan Gobierno Federal y Estatal más de 14 millones de pesos a damnificados de San Pedro Xalostoc.

http://www.gem.gob.mx/medios/w2comp.asp?Folio_=25596

3Comunicado No. 090 de la SCT. Con la NOM 012 nueva fórmula de consolidar acuerdos: Gerardo Ruiz Esparza.

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-090-2013.pdf

Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.





 

PROPUESTAS

De los CC. Diputados Silvano Aureoles Conejo y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el campo, en cada uno de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON EL CALENDARIO DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL CAMPO, EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

“Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

Al menos, cinco aspectos estratégicos fundamentales para México dependen del campo:

1) La alimentación de los mexicanos;

2)Superar el hambre y la pobreza del medio rural;

3) Las materias primas para reactivarla industria nacional;

4) La biodiversidad y la sustentabilidad; y,

5) La soberanía y la seguridad alimentaria del país.

Por ello, en mi partido, en el PRD, sostenemos que descuidar el campo hoy, es fallarle a los campesinos y fallarle a México.

Y no podemos llamarlede otra manera al hecho de que, a estas alturas del ciclo agrícola, aún no se hayan entregado a plenitud los apoyos programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para el primer trimestre del año.

Como es del conocimiento de todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, los subejercicios en el gasto público en lo que va de la actual administración, han sido motivo de comentarios críticos por diversos especialistas en el tema de las finanzas públicas, así como por sectores económicos y políticos del país; incluyendo los cometarios delPresidente Peña, quien hubo de sacar la cara por la ineficiencia de su gabinete.

Peroespecialmente es motivo de señalamiento, el subejercicioen el sector agropecuario, en donde de 16,645.3 millones de pesos programados en el gasto del primer trimestre del año, solo se ejercieron 11,484.7 millones; es decir, hubo un subejercicio de 5,160.6 millones, que representa el 31% del total del gasto programado.

Efectivamente, segúnel análisis que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, al informe trimestral de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la “Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cierre del primer trimestre de 2013, el ramo 08 (SAGARPA), incurrió en un subejercicio que asciende a 5 mil 160.6 millones de pesos, monto que equivale a31% del presupuesto autorizado al período.”

Lo crítico de la situaciónpara los productores del campo, es que los programas que presentan el mayor subejercicio sonjustamentelos programas más importantes para el productor, son losapoyos determinantes en la producción agropecuaria, como son: PROCAMPO Productivo; programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. No son los únicos programas del sector que presentan subejercicios; pero son los más relevantes y los que presentan el mayor subejercicio.

En el PEF se autorizaron para el PROCAMPO, arriba de 14 mil millones de pesos; son los recursos orientados a capitalizar las unidades de producción del medio rural y a la adquisición de insumos para la agricultura. Para el primer trimestre de 2013, para el ciclo primavera-verano, se calendarizaron recursos por 2,072 millones 300 mil pesos; de los cuales quedaron sin ejercer 666 millones 600 mil pesos; o sea, un 32%.

En el Programa de Apoyo para Equipamiento e Infraestructura, orientado a fortalecer activos y la mecanización del medio rural, se calendarizaron para el primer trimestre, 800 millones de pesos; se han ejercido 124.4 millones; o sea, hay un subejercicio del 84.5%.

En el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se programó un ejercicio de 5,040 millones; se ejercieron 3,192millones, lo cual haceun subejercicio de 36.7%.

En el Programa Desarrollo de Capacidades, focalizado a brindar acompañamiento técnico y el servicio de extensionismo rural a los productores, se programaron 1,602.4 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 666.8 millones; es decir, tenemos un subejercicio de 58.4% con relación a lo programado para el trimestre.

En verdad cabe preguntarnos cómo podemos combatir el hambre y la pobreza en el medio rural, incrementar la producción y generar empleos, con estas ineficiencias e irresponsabilidades de las áreas operativas del Ejecutivo Federal. Y hasta debemos preguntarnos si en el incremento incontrolado de los precios de los productos del campo, no están influyendo los subejercicios en el sector, pues cuando fallan los estímulos para el agricultor, para el ganadero o el empresario, no solo afectamos a él y sus familias, estamos afectando a la economía de los mexicanos, aumentando la escasez y provocando el encarecimiento de los productos básicos y estratégicos en el mercado nacional.

Para que los recursos fiscales cumplan con el objetivo de incentivar la producción, generar alimentos, empleos y bienestar en el medio rural, es muy necesario que lleguen al productor de manera oportuna; solo así se conviertenen parte del círculo virtuoso de la producción agrícola, al adquirir a tiempo los insumos y el equipamientoque permiten la utilización óptima en el inicio del ciclo agrícola. Debemos recordar que el calendario del sector agropecuario, no lo determinan las dependencias burocráticas del sector. Las lluviasno saben de cambios de administración ni de la curva de aprendizaje de los novatos.

Los recursos entregados a destiempo, pierden la efectividad y el propósito para lo cual se autorizaron, impactan negativamente en la productividad, elevan los costos de producción y muestran finalmente el desinterés y burocratismo del servidor público, que no entiende la importancia de la oportunidad en el manejo de los recursos en los ciclos agrícolas.

Es aún más inexplicable el subejercicio en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. En el PEF, se etiquetaron para este programa un poco mas de 18, 441 millones de pesos; es decir, es el programa que cuenta con más recursos dentro de la vertiente de competitividad del PEC, incluso con más recursos que PROCAMPO Productivo; lo cual se explica por la cantidad de subprogramas y componentes que contiene.

Centralmente, Los recursos de este Programatienen como objetivo el apoyo de los productores afectados por contingencias climatológicas, compensaciones al ingreso objetivo y comercialización, cobertura de precios ante la incertidumbre en los mercadosy apoyos para pago de primas en seguros de riesgo.

Es inexplicable que tengamos un subejercicio en este programa de 36.7%, es decir, de más de 666 millones de pesos, cuando con motivo de la heladas de enero–febrero del año en curso,se afectaron miles de hectáreas con diversos cultivos en varios Estados de la República; asimismo, cuando los Estados del Centro-Norte, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa y Sonora, entre otros, pasan desde hace varios mesespor unade las peoressequías de los últimos años, por lo cual ha disminuido drásticamente el ato ganadero en algunas regiones del país y se han puesto en riesgo las cosechas en los Estados más afectados.

Asimismo, las plantaciones de los productores de café, de cítricos, de la caña, etc., están pasando por diferentes contingencias fitosanitarias, sin que se les brinde la atención debida por las dependencias competentes del sector.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a quese cumpla puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el campo, en cada uno de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; con especial énfasis en los programas que tengan como finalidad el desarrollo económico del campo, como sonPROCAMPO, Productivo; Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

SEGUNDO: Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda citar a comparecer al titular de Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que informe sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos para el campo, así como de la atención brindada a las demandas de apoyo de diferentes sectores del sector agropecuario.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.





 

Del C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión y corrupción, denunciados e imputados al Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a requerir del Director General de Aeronáutica Civil que analice, estudie y resuelva sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con la empresa Mexicana de Aviación han formulado, con la finalidad de reiniciar las operaciones de esa aerolínea. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REQUERIR DEL DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL QUE ANALICE, ESTUDIE Y RESUELVA SOBRE LAS DIVERSAS PROPOSICIONES QUE LAS AGRUPACIONES SINDICALES RELACIONADAS CON LA EMPRESA MEXICANA DE AVIACION HAN FORMULADO, CON LA FINALIDAD DE REINICIAR LAS OPERACIONES DE ESA AEROLINEA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROLLO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DELCONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 276 Numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, solicitando sea de urgente resolución.

CONSIDERACIONES

Los trabajadores de Mexicana de Aviación han estado en pie de lucha tendientes a proteger su fuente de trabajo y a través de los representantes de sus agrupaciones como son: la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares y de la Asociación de Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano A:C: han acudido a este Senado solicitandose exhorte a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para queestudie y analice las diversas propuestas que por conducto delDirector General de Aeronáutica Civil han formulado con la finalidad de preservar su fuente de trabajo, que beneficiaa miles de familias mexicanas, así como a miles de usuarios de ese servicio de transporte aéreo.

Además del deseo legítimo de proteger su fuente de trabajo que es indispensable para la subsistencia de sus familias y deser un transporte necesario como fuente de divisas o ingresos por la cantidad de turistas y pasajeros que lo usan para venir a nuestro país, han presentado diversas propuestas para la continuación de las operaciones de dicha aerolínea, sin que a la fecha les hayan escuchado a analizado su posible procedencia o la factibilidad de las mismas.

Este Senado como representante de la población de los estados de la República esta obligado a escuchar las solicitudes de nuestros conciudadanos y prestar el apoyo que se requiera a fin de procurar resolver sus demandas, sobre todo cuando estas sean justas.

Por dichas razones se presenta esta propuesta de punto de Acuerdo, solicitando se considere de Urgente resolución.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, para que requiera del Director General de Aeronáutica Civil para que analice, estudie y resuelva sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con la Empresa Mexicana de Aviación han formulado, con la finalidad de reiniciar las operaciones de esa aerolínea, le informe del avance de las negociaciones y lo haga del conocimiento de esta Comisión Permanente.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Atentamente”.





 

De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo sobre el otorgamiento de créditos a estados y municipios con baja calidad crediticia. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS CON BAJA CALIDAD CREDITICIA

RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Los Estados y Municipios en su conjunto no tienen un nivel de endeudamiento que ponga en riesgo ni a las finanzas federales, mucho menos a la economía nacional”. Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, jueves 7 de febrero del 2013. 1

Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto quedó claro que uno de los problemas que debían ser atendidos con urgencia se refería a la deuda subnacional; sin embargo, a casi un año de su administración la gravedad del asunto no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado.

En los últimos años, México ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.9%, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 86.1%, en relación con las participaciones federales.

De 2008 a 2012 el saldo total de la deuda de las Entidades Federativas y los Municipios pasó de 203 mil 070.2 millones de pesos a 434 mil 761 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de Estados y Municipios de más de 200,000 millones de pesos en tan sólo 4 años.

Como consecuencia, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y 900 por ciento.

Vale la pena mencionar que, aun cuando el equipo del titular del Ejecutivo ha tratado de minimizar la gravedad de la situación, ésta ha llegado a niveles en los que actualmente, los pasivos estatales y municipales equivalen al 14.7% de la deuda externa total, son 3.5 veces mayores al monto asignado a educación en el 2012 y 4.7 veces lo destinado a desarrollo social.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha revelado que en el 2012, la deuda total de los 32 Estados ascendió a 434 mil 761 millones de pesos al cuarto trimestre, aumentado 11 por ciento con respecto al cierre del año anterior.

De manera desglosada, el porcentaje respecto a los ingresos totales garantizables al finales del 2012 es de 65.1%, 4 puntos mayor que en el 2011, mientras que la proporción en relación a las participaciones es 86.1%, 7 puntos por encima del año anterior. Por su parte los pasivos en comparación al Producto Interno Bruto Estatal, se ubican en 2.9%, lo que se traduce en un incremento de 1 punto porcentual.

La composición de los 434 mil 761 millones de pesos por fuente de financiamiento son: 266 mil 901 millones por banca comercial; 89 mil 467 millones por banca de desarrollo; 65 mil 350 millones por emisiones bursátiles; 8 mil 005 millones por fideicomisos y 5 mil 038 millones por otros.

El costo promedio ponderado a tasa de interés nominal anual es de 6.5%, siendo los Estados con un nivel mayor: Coahuila, con 7.7%; Sonora, Tamaulipas y Quintana Roo, con 7.6%, y Chihuahua, con 7.2%.

Las Entidades Federativas más endeudadas al cierre del 2012 son: el Distrito Federal, con 58 mil 773.8 millones; Nuevo León, con 46 mil 952.9 millones; Veracruz, con 40 mil 028.9 millones; Estado de México, con 39 mil 929.3 millones; Coahuila, con 36 mil 421.7 millones, y Jalisco, con 26 mil 015.3 millones.

Aunado a lo anterior, las que más aumentaron empréstitos en comparación con el 2011 son: Tabasco, con un incremento de 66.32%; Zacatecas, con 43.5%; Veracruz, con 43.2%; Sinaloa, con 40.7%, y Chihuahua, con 34.4%.

A nivel municipal, existen 96 Ayuntamientos que presentan niveles de endeudamiento que rebasan su presupuesto anual asignado, de los cuales 25 concentran más del 50 por ciento de la deuda.

Ante lo previamente expuesto, el gabinete de Peña Nieto ha respondido que “cuando comparamos la suma de la deuda de todos los Estados y Municipios, con aquella por ejemplo que hay en Argentina o Brasil, incluso en Estados Unidos, es un porcentaje mucho menor el que tenemos en México”.2

Lo que el gobierno ha decidido omitir deliberadamente es que nuestro país, a diferencia de esas naciones, presenta una constante falta de monitoreo, la carencia de leyes efectivas, la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales y una presidencia débil.

Aunado a lo preliminar, vale la pena mencionar que en México, los Estados están obligados a reportar a Hacienda únicamente la deuda que pasa por sus Congresos Estatales, es decir, aquélla a largo plazo; lo anterior, se convierte en un problema al observar que existen otros mecanismos de financiamiento como el endeudamiento directo con los bancos, pasivos emitidos en el sector bursátil a través de certificados bursátiles fiduciarios, préstamos contraídos con proveedores y pagos a los Institutos de Seguridad Social y paraestatales, que no están contemplados e incrementan la deuda subnacional a niveles alarmantes.

Como consecuencia, los empréstitos otorgados a Entidades y Ayuntamientos se efectúan con completa discrecionalidad y sin responder a la solvencia de sus finanzas; prueba de lo anterior es que, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aquellos Estados y Municipios que cuentan con calificaciones A o B, debido a la solidez de su economía, tuvieron condiciones menos favorables para la obtención de un préstamo de la banca comercial y de desarrollo, que los calificados con una nota C.

Los sujetos de crédito A1 recibieron empréstitos de la banca a una tasa promedio de 7.53%, mientras que los C1 lo hicieron por 6.91% y los C2 por 6.62%. ¿A qué responde lo anterior, en realidad se utiliza como criterio el historial crediticio, o los préstamos responden a intereses políticos dependiendo el partido que gobierne la Entidad?

Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que crea incentivos perversos para que los organismos subnacionales se comporten con irresponsabilidad en el cumplimiento de sus pagos, sabiendo que aun cuando sean clasificados con grado especulativo y denominados como candidatos a “bonos basura”, recibirán las mejores condiciones por parte de la banca de desarrollo.

Es hora de terminar con la corrupción e impunidad que han permeado en la vida diaria de los mexicanos, es necesario combatir la arbitrariedad y la satisfacción de intereses particulares a expensas de necesidades comunes.

La ciudadanía del país nos exige que las instituciones se comporten con objetividad y responsabilidad, mientras esto no suceda el rezago, la crisis y la recesión serán factores inevitables.

Con base en lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a Jaques Rogozinski, Director General de Nacional Financiera; Enrique de la Madrid Cordero, Director General de BANCOMEXT; Alfredo del Mazo Maza, Director General de BANOBRAS; Jesús Alberto Cano Vélez, Director de la Sociedad Hipotecaria Federal; Carlos Alberto Treviño Medina, Director de Financiera Rural, y Jorge Estefan Chidiac, Director General de BANSEFI, a hacer públicos los criterios utilizados en el otorgamiento de créditos a Estados y Municipios.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013”.





 

Del C. Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA prorrogar el ingreso de solicitudes por 30 días más para recibir los apoyos en el marco del programa de agricultura por contrato, en tanto no obtengan su RFC. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del C. Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo a aplicar los recursos recién aprobados del Fondo para la Atención de Emergencias para cinco municipios de dicho estado. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A APLICAR LOS RECURSOS RECIEN APROBADOS DEL FONDO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA CINCO MUNICIPIOS DE DICHO ESTADO

"El que suscribe, Alfredo Rivadeneyra Hernández diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fechas 3, 4 y 5 de junio del presente año, debido al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013 en nuestro país, se presentaron lluvias torrenciales en el Estado de Quintana Roo, por esta razón en algunos municipios de dicha Entidad Federativa el fenómeno hidrometeorológico afectó de manera temporal infraestructura pública y privada.

No obstante que la situación de riesgo desapareció de manera natural y no se observan daños significativos a la infraestructura pública ni emergencias generalizadas, el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, solicitó a laSecretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional deProtección Civilla emisión de la Declaratoria de Emergencia paralos municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad de dicha EntidadFederativa, con elpropósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

Por lo anterior, en fecha 6 de junio de 2013 se emitió el Boletín de Prensa número 126/13 por el cual se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil declara en emergencia a los municipios referidos, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN; y a partir de la fecha de emisión del referido Boletín donde se emite dicha declaratoria, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

La declaratoria de emergencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación en fecha 14 de Junio de 2013.

Conforme al artículo 8 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN1, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012, la declaratoria de emergencia, es el acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno natural perturbador, que puede propiciar un riesgo excesivo a la seguridad e integridad o, en su caso, causar un daño a la sociedad.

De acuerdo a la página de la propia Secretaría de Gobernación, los recursos autorizados por este concepto ascienden a $45,748,740.89.2

Como es conocido los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN son recursos extraordinarios autorizados por la Federación a fin de que autoridades estatales y municipales pueda atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional es solidario con las poblaciones damnificadas y reconoce que a consecuencia de las lluvias torrenciales de los días 3, 4 y 5 de junio en cinco municipios de Quintana Roo, se generaronnecesidadesque ameritan atención prioritaria e inmediata para salvaguardar la vida y la salud de las familias y comunidades que habitan en ellos.

Sin embargo dados los antecedentes del uso de programas sociales y recursos públicos con fines electorales por parte de los gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, existe una preocupación fundada de que los recursos extraordinarios recién aprobados sean condicionados a los civiles a cambio de apoyos electorales.

Por mencionar algunos de estos antecedentes:

• A mediados de abril, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social realizaban labores de desvío de recursos y coacción del voto a favor de candidatos del PRI; el dirigente presentó videos, audios y documentos sobre el tema. El escándalo incluía a la Secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, y al gobernador de la entidad, Javier Duarte, por el presunto uso indebido de recursos públicos y el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto en las elecciones locales.

• El 22 de abril el PAN presentó 17 nuevas quejas contra el PRI por presuntas irregularidades electorales en, al menos, nueve entidades, entre ellas, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, Sinaloa y Durango.

• En Coahuila, la dirigencia estatal panista presentó denuncia ante la PGJE por presunto peculado en el que incurrió la delegación de la SEDESOL, a cargo de Nicolás Billizia Aboaf, ex compañero de curul del actual gobernador, Rubén Moreira,

• En fecha 21 de mayo el Partido Acción Nacionaldenunció ante el pleno de la Comisión Plural la utilización de recursos públicos de programas sociales en favor del candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas.

• A principios de este mes los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Acción Nacional, en Zacatecasinformaron que solicitarán a la Legislatura local que ordene a la Auditoría Superior del Estado realice una revisión integral a las finanzas del gobierno del estado y del ayuntamiento de la capital porque existen evidencias de que están utilizando recursos públicos para intentar comprar el voto de los ciudadanos en el ayuntamiento de la capital, así como otros municipios gobernados por el PRI, como Jerez, Jalpa y Ojocaliente a favor de los candidatos priistas

• En Hidalgo, el 12 de junio, el PRD denunció que el PRI compraba votos y presionaba a la población, a través de programas de la SEDESOL.

• En Puebla, se denunció quela Cruzada Nacional contra el Hambre —puntal del gobierno contra la pobreza—, está siendo utilizada por la coordinadora de Oportunidades, Nancy de la Sierra Arámburo, que al parecer condiciona dicho programa con fines partidistas.

• Enmisma 12 de junio en esta misma Comisión Permanente el Partido Acción Nacional denunció que el Gobierno de Aguascalientes no ha suspendido la aplicación de programas sociales, por lo que esta violentando directamente la Constitución General de la República y afectando la equidad del proceso electoral, además este fin de semana fue captado el candidato a Síndico Municipal del PRI Francisco Guel con un camión lleno de despensas.

En consecuencia toda vez que actualmente se desarrolla un proceso electoral en dicha Entidad Federativa y que el gobierno federal ha autorizado recursos extraordinarios es que preocupa que los mismos no sean aplicados de manera correcta y legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al c. Roberto Borge Ángulo, Gobernador del Estado de Quintana Roo, a que aplique de manera legal y con estricto apego a los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN los recursos extraordinarios que le fueron autorizados a dicha entidad debido a las lluvias ocurridas en fecha 3, 4 y 5 de junio del presente año.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicitarespetuosamente al Gobernador del Estado de Quintana Roo rinda un informe pormenorizado sobre el uso de los recursos de FONDEN recién aprobados, en el que contenga las acciones concretas sobre aplicación de los mismos, incluyendo montos, municipios y localidades en las que fueron aplicados.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortaal Titular de la Secretaría de Gobernación para que por conducto de su Coordinador Nacional de Protección Civil, verifique la aplicación de los recursos aprobados e informe puntualmente a esta representación popular de su debida entrega a población damnificada.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortarespetuosamente al Gobernador del Estado de Quintana Roo, así comolos demás titulares de los Ejecutivos Locales se abstengan de utilizar recursos públicos con fines proselitistaso realizar cualquier acción que ponga en riesgo la equidad de los procesos electorales de 2013e instruyan a sus subordinados a actuar en consecuencia.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández".





 

De los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a colaborar con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A COLABORAR CON EL MECANISMO DE PROTECCION PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

“Quienes suscriben, Senadora Angélica de la Peña Gómez y Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSDIERACIONES

El 25 de junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Para coadyuvar con el cumplimiento de dicho objetivo, la Ley de referencia crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante el Mecanismo), a efecto de que el Estado mexicano atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

De igual forma, y toda vez que el sistema de protección establecido en la ley es un sistema que demanda la participación y la colaboración estrecha entre la Federación y las Entidades Federativas, se requiere la suscripción de Convenios de Cooperación para que las autoridades federales y las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan efectivas las medidas dictadas por el Mecanismo Federal para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

De conformidad con lo establecido en la ley, los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para facilitar y garantizar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:

I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley;

II. El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;

III. El seguimiento puntual a las medidas previstas en esta Ley en sus respectivas entidades;

IV. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección;

V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y

VI. Las demás que las partes convengan.

En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, define con claridad los principios y los procedimientos que deben dar sustento a la coordinación del Mecanismo con las autoridades federales y otras entidades.

De manera particular, el reglamento resalta que las resoluciones que emita la Junta de Gobierno del Mecanismo serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección, en términos del artículo 4 de la Ley y con base en las facultades, atribuciones y capacidades institucionales.

En los casos donde surja duda sobre la competencia que le corresponde a cada una de las autoridades federales dentro del Mecanismo, se procederá en términos del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En caso necesario, para facilitar la coordinación de las autoridades del Mecanismo con las autoridades federales, con entidades o dependencias gubernamentales, con órganos constitucionales autónomos, con organizaciones internacionales, sociales e instituciones académicas, la Junta de Gobierno, a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional, celebrará convenios que se regirán por criterios de transparencia y pluralidad en los cuales se establecerán los parámetros de actuación de cada una de las autoridades, a fin de lograr el cumplimiento y los objetivos del Mecanismo.

En los convenios, las partes deberán designar enlaces con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos.

En cuanto a la coordinación del Mecanismo con las Entidades Federativas, el Reglamento establece que los convenios de cooperación celebrados con las entidades federativas, tienen como objeto la operación eficaz y eficiente del Mecanismo. La Junta de Gobierno, a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional, celebrará los convenios de cooperación con las entidades federativas.

Para la celebración de los convenios, se procurará establecer, además de las obligaciones señaladas en la Ley, las siguientes obligaciones por parte de las autoridades de las entidades federativas:

I. Ejecutar e implementar las Medidas Preventivas, de Prevención, de Protección y Urgentes de Protección que les sean solicitadas por la Coordinación Ejecutiva Nacional, y

II. Realizar el seguimiento puntual de las medidas que hayan sido implementadas en la entidad en cuya implementación tenga participación.

Para la adecuada implementación de las medidas decretadas por las entidades federativas, la Junta de Gobierno podrá solicitar, en su caso, el auxilio de la Federación en aquellos asuntos en que por su naturaleza determine deficiencias en su funcionamiento.

Una vez descrito el mandato de ley, conviene recordar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaria de Gobernación, ha venido operando desde su instalación el 17 de junio de 2012, con una escasa participación y corresponsabilidad por parte de las autoridades de las entidades federativas.

Después de cinco reuniones ordinarias y cuatro reuniones extraordinarias, en las que se han analizado las solicitudes de incorporación de 78 personas (31 periodistas y 46 defensoras de derechos humanos), y se han dictado medidas de protección para 22 de ellas, la federación ha tenido que asumir la parte más importante de la responsabilidad y el costo de la instrumentación de las medidas de protección para personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos en sus respectivas entidades de origen.

Lo anterior, pese a que diversas entidades federativas, algunas de las cuales concentran un número importante de denuncias de agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, han evadido su responsabilidad y han incumplido con el mandato de ley al no adherirse a los convenios de cooperación que están obligados a suscribir con el Mecanismo.

En efecto, son 7 los Estados que no han firmado Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Distrito Federal.

Convenios de cooperaciOn que suscribieron las Entidades Federativas con el mecanismo

No

ENTIDAD FEDERATIVA

CONVENIOS DE COOPERACIÓN

1

AGUASCALIENTES

FIRMADO

2

BAJA CALIFORNIA

X

3

BAJA CALIFORNIA SUR

X

4

CAMPECHE

FIRMADO

5

COAHUILA

FIRMADO

6

COLIMA

FIRMADO

7

CHIAPAS

FIRMADO

8

CHIHUAHUA

FIRMADO

9

DURANGO

FIRMADO

10

GUANAJUATO

FIRMADO

11

GUERRERO

FIRMADO

12

HIDALGO

FIRMADO

13

JALISCO

FIRMADO

14

EDO. DE MÉXICO

FIRMADO

15

MICHOACÁN

FIRMADO

16

MORELOS

FIRMADO

17

NAYARIT

FIRMADO

18

NUEVO LEÓN

X

19

OAXACA

FIRMADO

20

PUEBLA

FIRMADO

21

QUERÉTARO

FIRMADO

22

QUINTANA ROO

X

23

SAN LUIS POTOSÍ

FIRMADO

24

SINALOA

FIRMADO

25

SONORA

X

26

TABASCO

FIRMADO

27

TAMAULIPAS

FIRMADO

28

TLAXCALA

X

29

VERACRUZ

FIRMADO

30

YUCATÁN

FIRMADO

31

ZACATECAS

FIRMADO

32

DISTRITO FEDERAL

X

Según el informe 2012 de la Organización Artículo 19, durante ese año tuvieron lugar 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; los estados con mayor número de agresiones son: Veracruz 28, Distrito Federal 28, Oaxaca con 23 y Baja California con 17. Lo que significa que entre estos 4 estados se cometieron el 41.54% de las agresiones del 2012.

Finalmente, resulta necesario señalar que el informe de la Organización Artículo 19, tambiénrevela que durante el 2012, 43.96% de las agresiones contra la prensa provinieron de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, “siendo los gobiernos estatales y municipales los principales agresores”.

En cuanto a personas defensoras de derechos humanos, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas presentan una situación crítica en temas relacionados con los indígenas, la defensa de la tierra, proyectos eólicos, presas, etc.). Veracruz, Tabasco, Coahuila y el Estado de México en temas relacionados con migrantes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la poca o nula participación de las autoridades en la protección de personas en tránsito por su territorio (así como de quienes los defienden); y Baja California y Chihuahua en temas relacionados con la militarización, seguridad pública y desapariciones forzadas.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta el alto nivel de desconfianza de las víctimas hacia las policías locales y municipales, y el gran escepticismo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hacia los sistemas de seguridad y de procuración de justicia en las entidades federativas.

Esta coexistencia de factores ha derivado en una carga de trabajo excesiva e insostenible para la policía federal, particularmente en casos concretos y situaciones donde la competencia y la jurisdicción son claramente locales. De ahí la importancia y la urgencia de fortalecer la cooperación entre los estados, autoridades, instituciones y el Mecanismo, a fin de robustecer la protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Mención aparte merecen entidades federales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la cual no ha presentado avances en la mayoría de los casos de las agresiones contra periodistas. De igual forma, siguen pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos humanos por parte de la PGR y de las procuradurías de justicia estatales.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque la protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos es una responsabilidad que no puede atenderse sin la efectiva coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, y sin la labor de investigación y sanción por parte de las autoridades correspondientes, ponemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Entidades de la Federación que aún no han suscrito un Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que den cumplimiento a la brevedad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Entidades Federativas a que asuman su responsabilidad e instrumenten las medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a efecto de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de dichas personas.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, que remitana esta soberanía en un lapso no mayor a 15 días, un informe por escrito y detallado acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración y/o a la instrumentación de medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Suscriben

Sen. Angélica De la Peña Gómez.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.





 

Del C. Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo relativo al manejo integral de residuos en ecosistemas costeros. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN ECOSISTEMAS COSTEROS

“El suscrito Senador GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN ECOSISTEMAS COSTEROS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con aproximadamente 11,122.5 kilómetros de litoral, de los cuales casi el 70% corresponde a la zona costera federal, de las vertientes del Océano Pacífico, Golfo de California y Mar de Cortés; mientras que poco más del 30% corresponde al Golfo de México y Mar Caribe. En suma, cuenta con una plataforma continental de 500,000 Km2, con una superficie de lagunas costeras de 12,500 Km2 y una superficie estuarina de 16,000 Km2, distribuida en 167 municipios de los 17 estados costeros, a saber: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Entre estas entidades federativas, ocho (Jalisco, Colima, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Baja California, Sonora y Tamaulipas) han incrementado exponencialmente la generación de residuos sólidos urbanos durante 2011.

De acuerdo al Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2012, Compendio de Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental de la SEMARNAT, la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha incrementado notablemente en los últimos años; tan sólo entre 2003 y 2011 creció 25% principalmente debido al crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de consumo.

En 2011 la generación total de RSU en el país se distribuyó de la siguiente manera:

• 51% en la región Centro que comprende los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos, Guerrero, Michoacán.

• 16% en la región Frontera Norte, es decir, Baja California y la parte norte de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

• 12% en el Distrito Federal.

Esta situación es alarmante si se considera que la mayoría de los tiraderos de basura no cumplen con los requisitos de la NOM-083-SEMARNAT-2003,que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Siguiendo esta lógica, merece mención especial el humedal costero que alberga una especie única de la mayor relevancia para la sociedad y el medio ambiente: el manglar, que se concentraúnicamente en Australia, Brasil, Indonesia, México y Nigeria.

En México se encuentran seis especies de manglar que abarcan una superficie de 770,057 hectáreas: mangle negro y a bicolor (Avicenniagerminans), manglar botoncillo (Conocarpuserectus), mangle blanco (Lagunculariaracemosa), mangle rojo (Rhizophora mangle y R. harrisonii).

Estos manglares están presentes en los 17 estados mencionados y que cuentan con litoral; así, la Región Península de Yucatán contiene el 55% (423,751 ha) de la extensión de manglares en México, seguida por la región Pacífico Norte con 24.5% (188,900 ha), las regiones Golfo de México y Pacífico Sur contienen 11% (84,442 ha) y 8.6% (66,374 ha), respectivamente; la región Pacífico Centro es la que menor extensión de manglar contiene con un 0.9% (6,590 ha).

De ahí que su protección se encuentra vigente en la Ley General de Vida Silvestre, que seprohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Este ecosistema, como muchos otros en el país, se encuentra amenazado entre otras razones, por el depósito clandestino de residuos sólidos.

A fin de ejemplificar la gravedad de esta situación, se enlistan algunos sitios donde es palpable la contaminación por la inadecuada disposición de residuos:

ESTADO

UBICACION

PROBLEMATICA

Guerrero

Playa de Tecpan

Existencia de basureros clandestinos en la zona de la playa y la Laguna del 20, cerca de la localidad de Tecpan. Los tiraderos son principalmente de residuos orgánicos, botellas de plástico, latas de aluminio, objetos de plástico, cartón y papel, así como colchones y aparatos de cocina como estufas, lavadoras y refrigeradores viejos.

Veracruz

Boca del Río

En el municipio no se tiene el relleno sanitario cerca de la población, por lo cual la gente dedicada a limpiar o recoger basura no tiene la capacidad para ir hasta el relleno y lo tiran en el manglar.

Yucatán

Chuburná

Restauranteros y comerciantes tiran su basura a la ciénaga. Lo más grave del caso es que tiran la basura en el manglar, cerca del estero, y esa contaminación afecta la reproducción de especies marinas.

Michoacán

Playa Jardín

Sin contar con los permisos necesarios para ser un relleno sanitario, un predio en la zona de manglar de Playa Jardín se encuentra funcionando como tiradero de basura clandestino, contaminando parte del entorno ecológico. El predio de una hectárea ubicado frente al Manglito, sobre el camino vecinal entre el viejo y el nuevo acceso al boulevard costero, funge como basurero clandestino y tiene ya varias toneladas de basura.

Tabasco

Jalpa

La gran irresponsabilidad de la gente de tirar basura sobre los afluentes de agua, a la orilla de los manglares, hace que esta zona netamente turística se convierta en un gran basurero a cielo abierto, en una área de agua salada y dulce en la que crecen diversas especies acuáticas como el cangrejo azul.

Tal es la gravedad identificada, que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad señala que en el período de 1980-2000 la pérdida mundial de cobertura de manglar fue de un 23%, al pasar de 19.8 millones de hectáreas a 15.2 millones. De continuar con esta tendencia se destruiría uno de los ecosistemas más representativos de la biodiversidad del planeta.

Aunado a lo anterior la NOM-022-SEMARNAT-2003 prevé las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

De conformidad con la referida Norma, un humedal costero se basa en la integridad del ecosistema, incluyendo así la unidad fisiográfica inundable y de transición de aguas continentales, marinas y la comunidad vegetal que se ubica en ellas, así como las regiones marinas de no más de 6 metros de profundidad en relación del nivel medio de la marea más baja y considera humedal costero a la unidad hidrológica que contiene comunidades vegetales de manglar. De tal manera que, a efecto de preservar los humedales, establece las siguientes prohibiciones:

• Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, excepto en los casos en los que las obras descritas sean diseñadas para restaurar la circulación y así promover la regeneración del humedal costero;

• El establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad hidrológica en zonas de manglar, excepto cuando tenga por objeto el mantenimiento o restauración de ésta;

• El relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación de humedal costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios, asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida de vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de utilización de terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en su caso, el estudio de impacto ambiental; y

• La disposición de residuos sólidos en humedales costeros.

Así, aun cuando son explicitas las prohibiciones, se trasgrede incidentemente la normatividad vigente en materia de residuos, protección ambiental y normas oficiales mexicanas de observancia obligatoria.

Por ende, a pesar de las herramientas jurídicas vigentes en materia de protección a ecosistemas de manglar como es el caso de la NOM-022-SEMARNAT-2003y de la NOM-083-SEMARNAT-2003, la tasa de pérdida y afectación no ha disminuido, debido a que, entre otras cosas, persisten prácticas ilegales de contaminación como los tiraderos clandestinos, aunado a la nula observancia por parte de las autoridades competentes para evitar la destrucción de estos humedales costeros, pese a que existe toda una maquinaria jurídica y procedimental a fin de evitar el deterioro e impacto ambiental tanto por el manejo inadecuado de los residuos como de la destrucción del manglar.

En este punto, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que las funciones de manejo integral de los residuos urbanos (recolección, traslado, tratamiento, y disposición final) recaen en los municipios conforme a lo que prevean los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, que deben contener al menos:

• El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;

• La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

• La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

• Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;

• Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear sinergias, y

• La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Por lo anterior, se considera pertinente el exhorto a las autoridades competentes para que se lleven a cabo acciones de inspección continua, con la finalidad de evitar, entre otras irregularidades, la instalación de rellenos sanitarios o tiraderos de residuos al aire libre cerca de estos humedales, para evitar que con sus flujos contaminen estas zonas importantes para conservar nuestra biodiversidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realicen acciones de inspección y vigilancia periódicas y constantes, en los humedales costeros y zonas de manglares cercanos a rellenos sanitarios o depósitos de residuos sólidos, para evitar su contaminación o la de sus afluentes y se cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que inciden en la protección de estos lugares.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de las autoridades competentes eviten o prevengan cualquier actividad humana que afecte o contamine los humedales costeros y zonas de manglares de nuestro país, y de ser el caso, se presenten las querellas a que haya lugar y se impongan las sanciones correspondientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 19 de junio de 2013.

Sen. Gerardo Flores Ramírez”.





 

Del C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a atender la denuncia de hechos sobre la afectación ecológica al predio “La Joyita” en el municipio de Jalapa, Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A ATENDER LA DENUNCIA DE HECHOS SOBRE LA AFECTACION ECOLOGICA AL PREDIO “LA JOYITA” EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, VERACRUZ

“Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a autoridades federales, estatales y municipales para atender la denuncia de hechos sobre la afectación ecológica al predio “La Joyita” en el Municipio de Jalapa, Veracruz, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El predio “La Joyita”, en Jalapa, Veracruz, forma parte de un corredor ambiental junto con la reserva Garnica y el parque Natura. El predio se integra con más de 30 hectáreas de bosque mesófilo-ecosistema rico en flora y fauna- en plena capital del estado, constituyendo una de conservación ambiental y esparcimiento familiar; sin embargo, la desarrolladora México Retail Properties plantea construir una plaza comercial, con un Walmart como tienda ancla, 20 locales comerciales y 850 cajones de estacionamiento.

2.- La empresa que promueve en la página www.mrp.com.mx este proyecto,pretende edificar una plaza comercial en el terreno donde se encuentra la casa hogar Mier y Pesado, en Orizaba, edificio catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes como de interés artístico para el país. Esta obra también ha provocado protestas. José Antonio Ochoa Acosta, Director de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal deJalapa, ha confirmado que no existe autorización para la construcción de las obras señaladas. Igualmente la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado, confirmo que no hay autorización ambiental para el Centro Comercial. Sin embargo, en el predio “La joyita” se han derribado árboles, se han hecho excavaciones y se han abierto vialidades, lo que despierta suspicacia. No obstante, no supo precisar si estos trabajos tienen que ver con la plaza comercial o con un conjunto habitacional que se pretende edificar allí desde 2006.

3.- Se sabe que la Coordinación de Medio Ambiente del Estadodio una autorización condicionada, así mismo queel ayuntamiento de Jalapa otorgó un permiso parcial de lotificación, que prohibía quitar tierra y cortar árboles cuyo tronco midiera más de 30 centímetros de diámetro, permiso parcial de obra otorgado en mayo del 2010, por el ex alcalde y ahora candidato a Diputado Local David Velasco Chedraui, en 27 hectáreas en el predio de“La Joyita”.

4.- El Comité Ciudadano en Defensa de la Joyita y el Medio Ambiente A.C., solicitó a la Dirección de Patrimonio de Gobierno del Estado de Veracruz, la expropiación del predio. A la fecha no existe una respuesta de las autoridades municipales y estatales que atienda el problema y cumplan conel compromiso legal de preservación y sustentabilidad del bosque de La Joyita. La Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología de Jalapa –cuyos investigadores han estudiado la riqueza ambiental del predio “La Joyita”– destacan la presencia de árboles de ocozote, ixpepe, madroño, higuera, marangola, nogal, haya y nogal cimarrón (Juglanspyriformis), protegido por la norma oficial mexicana 59. Hipólito Rodríguez Herrero, especialista en sustentabilidad, género y desarrollo en Veracruz, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Golfo da cuenta que en el bosque mesófilo de “La Joyita”, como una de las áreas verdes de mayor tamaño del centro de la ciudad, crece una cantidad importante de ejemplares de fauna silvestre. Hay armadillos, tuzas y gran cantidad de aves que utilizan esta isla de árboles para refugiarse durante sus periodos de migración.

5.- Las acciones implementadas por los miembros del Comité Ciudadano en Defensa de La Joyita y el Medio Ambiente, A.C. han generado una reacción negativa de quienes se ostentan como propietarios iniciando acciones legales en contra sus integrantes, por lo que es necesario la intervención de las autoridades en materia de ecología y medio ambiente para salvaguardar el interés general de la población a través de acciones que protejan y garanticen el ecosistema existente en el predio “La Joyita”. Autoridades que están obligadas a preservar el ecosistema como patrimonio común de la sociedad, asumiendola responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; de igual forma los particulares están obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique.

6.- Atendiendo a los compromisos del Estado Mexicano que en materia de medio ambiente ha suscrito en tratados internacionalesy a lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho fundamental a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estando obligado el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a respetar este derecho, por lo que el daño y el deterioro ambiental generaran responsabilidad para quien lo provoque en los términos dispuestos por la ley.

7.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2; 3, fracciones IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXXV y XXXIX; 4; 5, fracciones VII, X y XI; 6; 23; 29, 30, 31, 32, 34, 35, 46, 145, 159, 159 Bis 3, 160, 161, 170 y demás relativos y aplicables, todos de laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una inspección en el predio y supervise el estado que guarda el predio “La Joyita” en la Ciudad de Jalapa Veracruz, con el objeto de que garantice la preservación de dicho ecosistema y se garantice la normatividad aplicable para su salvaguarda.

8.- Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1; 5, fracciones II, VII y VIII; 7 fracciones I y II; 15; 17; 18; 19; 27; 28; 37; 53; 54; 55; 57; 58; 59 de la Ley General de Vivienda, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Poder Ejecutivo Federal revisar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y protección del medio ambiente en el crecimiento de centros de población y el desarrollo sustentable de los mismos.

9.- De acuerdo con los artículos 1, 7, 23, 28, 55, 35, 46, 145, 159, 159 Bis 3, 160, 161, 170 todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Gobierno del Estado de Veracruz tiene competencia para aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales; la formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la participación del municipio de Jalapa; la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII del artículo 7 de la Ley General de la materia; la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 del ordenamiento ambiental citado; laemisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; así como la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo que en acatamiento de su responsabilidad administrativa deberá de inmediato tomar las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación del bosque que existe en el predio “La Joyita” en el Municipio de Jalapa, Veracruz.

10.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º , 4º, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de Control de Convencionalidad que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, es responsabilidad del Congreso de la Unión y de esta Comisión Permanente contribuir en la prevención de la violación de los derechos humanos, en el caso particular el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

Por lo expuesto, se presenta a está H. Comisión Permanentela siguiente proposición con punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes:

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal para que realice una inspección y supervise el estado que guarda el predio “La Joyita” en el municipio de Jalapa, Veracruz, y realice una evaluación del impacto ambiental de las actividades de urbanización que se denuncian en el predio e informe a esta Comisión Permanente las medidas preventivas o cautelares para preservar dicho ecosistema.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanodel Poder Ejecutivo Federal,para que supervise el estado que guarda el uso de suelo del predio denominado “La Joyita” en el municipio de Jalapa, Veracruz, e informe a esta Comisión Permanente de las medidas adoptadas para salvaguardar el uso de suelo originario garantizando la preservación ecológica del predio.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno del Municipio de Jalapa de la misma Entidad, para que conforme a su competencia concurrente en materia de medio ambiente garanticen la legalidad en la preservación del predio “La Joyita” como unidad ecológica de interés público para los ciudadanos y salvaguarden la integridad del mismo.

Dado en la sede de la Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso de la LXII Legislatura, a 19 de junio de 2013.

Dip. Manuel Huerta Ladrón De Guevara”.





 

De los CC. Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SOMETER AL SENADO DE LA REPUBLICA EL CONVENIO 98 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PARA SU APROBACION

LUISA MARIA ALCALDE LUJAN Y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. La libertad sindical es el derecho humano que tienen los trabajadores de organizarse en forma autónoma de los patrones y los gobiernos, y de negociar colectivamente las condiciones que rijan sus relaciones laborales.

Este legado, tiene sus raíces en la lucha que libraron los obreros europeos contra el modelo de explotación que caracterizó a la Revolución Industrial durante los siglos XVIII y XIX, mismo que fue avalado por un Estado liberal burgués que reprimió movimientos sociales y aplicó leyes que prohibían las asociaciones de trabajadores y penalizaba severamente la coalición obrera bajo la justificación de que éstas entorpecían el desarrollo industrial y comercial de las naciones.

Las luchas durante esta época fueron abriendo paso, de forma lenta y gradual, a un cambio en la orientación del Estado hacia los movimientos obreros, mostrándose primero tolerantes y, más tarde, reconociendo formalmente la existencia de derechos laborales elementales. A inicios del siglo XX, la legislación penal de la mayoría de los países había desterrado para siempre los delitos de coalición y huelga. Esto, sin embargo, no sucedió en México, pues el Código Penal de Martínez de Castro de 1872 había tipificado la coalición y la huelga como delitos contra la industria y el comercio. Este modelo económico-laboral caracterizó al régimen Porfirista, y sirvió como catalizador del levantamiento armado que siguió a las históricas rebeliones de Río Blanco y Cananea. No sorprende entonces que la Revolución Mexicana haya incorporado estas importantes demandas obreras en sus fundamentos ideológicos, y que el Constituyente de 1917 las haya retomado para su reconocimiento pleno y su regulación jurídica efectiva.

Durante algún tiempo

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de reunión y asociación en su Artículo 9:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad…”.

Este derecho fundamental, universalmente aceptado y reconocido como derecho humano, debe ser leído en consonancia con las fracciones XVI y X, apartados A y B respectivamente, del Artículo 123 constitucional:

“XVI (A). Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.

X (B). Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes…”.

A continuación nos referimos a aquellas declaraciones e instrumentos internacionales de los que México es parte en donde se reafirma el derecho a la sindicación, haciendo hincapié en que éstos no sólo forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión conforme al Artículo 133 constitucional sino que, al incluir disposiciones relativas a los derechos humanos, complementan nuestro sistema normativo en materia laboral y determinan su adecuada interpretación convencional1 de conformidad con el Artículo 1° de la Carta Magna:

Instrumento

Artículo

Contenido

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

20 (1)(2)

23.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

22

Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

8 (1)

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

16 (1)

16.1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación Número 87 de la OIT (1948)

Completo

(Síntesis). Este Convenio contiene los siguientes derechos para los trabajadores:

Derecho de sindicación.

Derecho de sindicatos de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

Derecho a crear federaciones y confederaciones.

Derecho a no sufrir actos de injerencia.

Derecho a no ser disueltas o suspendidas vía administrativa.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva Número 98 de la OIT (1949) *

Completo

(Síntesis). Este Convenio contiene las siguientes obligaciones para los Estados:

Deber de proteger a los trabajadores contra actos de discriminación que menoscaben la libertad sindical.

Deber de proteger a los trabajadores del rechazo de su contratación por su afiliación sindical, o el despido por su participación en actividades sindicales.

Deber de proteger a los sindicatos contra actos de injerencia.

Deber de determinar los alcances de las garantías de este Convenio en su derecho interno.

Deber de estimular y proteger la negociación colectiva.

* Pese a que México no ha ratificado este Convenio, su naturaleza jurídica genera obligaciones para el Estado Mexicano de respetar, promover y hacer realidad sus disposiciones en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), misma que considera que la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, son derechos laborales fundamentales.

III. El principio de la libertad sindical desde la fundación de la OIT ha sido considerado un derecho fundamental. En 1998, en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, fueron incluidos cuatro derechos obligatorios para los estados miembros con independencia de que los hayan o no ratificado, a saber:libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98); eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio (Convenios 29 y 105), abolición efectiva del trabajo infantil (Convenio 182) y eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la profesión (Convenios 100 y 111).

El Convenio sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación número 87 de la OIT reconoce el derecho que tienen los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes (artículo 2), con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y de formular su programa de acción. Asimismo obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho (artículo 3). La Parte II del Convenio, relativa a la protección del derecho de sindicación, obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (artículo 11).

Por otro lado, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98 de la OIT, que es complementario del Convenio 87, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato (artículo 1), gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo (Artículo 1.1), y garantiza la no injerencia entre organizaciones sindicales (artículo 2). Además, obliga a los Estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de sindicación (artículo 3), así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores al fijar las condiciones de empleo en los contratos colectivos de trabajo (artículo 4).

Pese a que se ratificó desde 1950 el Convenio 87 sobre libertad sindical, la estructura corporativista que a la fecha persiste en nuestro régimen político ha impedido que suceda lo mismo con el Convenio 98, mismo que cuenta con la ratificación de 163 Estados, incluyendo todos los países de América Latina. Particular reticencia ocasiona en México la obligación del Estado de proteger a los sindicatos de actos de injerencia, y de garantizar el derecho a la negociación colectiva.

IV. El motivo que había invocado nuestro país para excusarse de la ratificación del Convenio número 98 es que sus disposiciones colisionaban con el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que reconocía la inclusión de “cláusulas de exclusión por separación” en los contratos colectivos de trabajo. En abril de 2001, La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que contenían disposiciones relativas a las cláusulas de exclusión, eran contrarios a los artículos 5°, 9° y 123 (fracción XVI, apartado A) constitucionales en razón de que la afiliación sindical que tenga un trabajador (o que por voluntad propia desee no tener) no es motivo para determinar su admisión, permanencia o remoción de un empleo determinado.

En congruencia con la jurisprudencia mexicana y con el derecho internacional de los derechos humanos, la reforma laboral de diciembre de 2012 tuvo a bien derogar el párrafo segundo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, ya no existe impedimento alguno para que el Convenio 98 de la OIT pueda incorporarse efectivamente y sin contradicciones a nuestro ordenamiento jurídico.

V. Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo hacemos notar que en el año 2002, el Senado de la República decidió aprobar parcialmente el Convenio 98, alegando que aún debían hacerse “adecuaciones legales” internas que permitieran su implementación efectiva. Es indudable que tales adecuaciones legales se referían a las cláusulas de exclusión. En consecuencia, los legisladores aprobaron el dictamen correspondiente, pero hicieron reservas al inciso b), apartado 2, del artículo 1 del Convenio, mismo que señala:

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección (...)

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

(a) (...)

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Es sabido que la Constitución de la OIT no admite que los Estados emitan reservas a sus convenios, razón por la cual nuestro país se vio imposibilitado de ratificar el Convenio 98.

VI. La aprobación por el Senado de la República del Convenio 98 de la OIT constituye una exigencia necesaria para que nuestro país sea reconocido internacionalmente como respetuoso de los derechos humanos laborales. Ello responde a una exigencia no sólo de las organizaciones internacionales, incluyendo a la propia OIT, sino también a reclamos al interior del país que reconocen en la contratación colectiva un elemento clave para la modernización del mundo del trabajo, ya que consideran que es una vía privilegiada para el diálogo responsable entre los factores de la producción en beneficio de la productividad y la mejora de las condiciones de trabajo, así como una condición para fortalecer el diálogo social que permita vincular los temas del trabajo a las políticas públicas en beneficio de la población en general, condición necesaria para transitar hacia una auténtica ciudadanía laboral y el logro de los principios más elementales de la democracia

La aprobación del convenio 98 resulta esencial para recuperar la vigencia de la contratación colectiva legítima en nuestro país que ha sido afectada por los contratoscolectivos de protección patronal, reconocidos por el propio gobierno en la pasada reforma laboral, mediante el cual los patrones deciden cual es el sindicato que debe aparentar la representación de los trabajadores. Este acto de simulación afecta a la mayoría de los centros de trabajo en nuestro país, es fuente de corrupción y de violencia laboral y presiona a la baja salarial y a la precariedad en la condiciones de trabajo. La perversión de la contratación colectiva ha motivo múltiples quejas y denuncias destacando entre ellas la 2694 presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por diversas organizaciones mexicanas y por organizaciones altamente representativas a nivel internacional.

En este sentido, la aprobación del Convenio 98 constituye una asignatura pendiente que es congruente con nuestro marco constitucional y que fortalece el ámbito de los derechos humanos laborales, por lo que no existe excusa alguna para demorar la inclusión de este convenio fundamental en nuestro marco normativo.

En virtud de lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo para su aprobación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013”.





 

Del C. Diputado José Angelino Caamal Mena, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche a fortalecer acciones eficaces para la prevención de suicidios. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De las CC. Senadoras Martha Elena García Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor el 18 de enero de 2002.

Para enero de 2012, la Asamblea General aprobó el tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, el cual se abrió a firma en febrero de 2012. Durante la ceremonia de la firma, 20 países suscribieron el Protocolo (Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas).

Este protocolo adquiere una especial relevancia en el sentido de que no sólo fortalece el reconocimiento y la representación de los derechos de la niñez y la adolescencia, también establece la oportunidad de que las niñas, niños y adolescentes de manera individual presenten directamente denuncias sobre violaciones de sus derechos ante el Comité de los Derechos del Niño, reforzando y complementando los mecanismos nacionales al permitir a los niños denunciar la violación a sus derechos.

De esta manera con el referido Protocolo se reafirma que las niñas, los niños y los adolescentes son titulares de derechos, dándoles la oportunidad de denunciar en el supuesto de que se vean vulnerados dichos derechos. Con este protocolo dispondrán de un mecanismo internacional en el caso que no existan soluciones nacionales o estás resulten insuficientes o ineficaces.

Es así, que se establece un proceso mediante el cual serán desahogadas estas denuncias, dicho proceso adaptado a la situación de cada niño.

El Protocolo establece:

• Que se velara por el interés superior del niño, en especial, se escuchará la opinión de los mismos según su edad y grado de madurez.

• El Estado parte se asegurará de tomar todas las medidas de protección para con los niños o niñas que utilicen el mecanismo.

• Habrá un Procedimiento de Comunicaciones las cuales podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte (La Convención y sus dos protocolos facultativos).

• Se realizará un Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o sistemáticas cometidas por un Estado parte.

Por otro lado, el Estado mexicano suscribió y ratificó la Convención y sus dos Protocolos obligándose a su observación y cumplimiento.

Ambos Protocolos establecen la obligación de los Estados parte de presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño con información sobre las medidas que han tomado para cumplir con las disposiciones de los Protocolos. El informe inicial se debe presentar a los dos años siguientes a la entrada en vigor de cada Protocolo para cada Estado y después cada cinco años.

México presentó sus informes iniciales sobre los Protocolos Facultativos en el 2008. Posteriormente, el 31 de enero 2011 el Gobierno de México sustentó dichos informes ante el Comité de los Derechos del Niño, en Ginebra, Suiza1.

Con relación al tercer Protocolo de la Convención referente a un procedimiento de comunicaciones, éste aún no ha sido suscrito por México.

Al respecto, es de suma importancia la firma del tercer Protocolo, pues con este instrumento se confirma la titularidad de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Cabe señalar que en lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

En virtud de lo anterior, se desprende que es imperante reforzar el ejercicio de titularidad de derechos de la niñez, atendiendo lo señalado en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que establece el principio pro personae, en el sentido de que se debe de observar la norma que brinde mayor protección, tanto del marco legal nacional como la normatividad del derecho internacional, relativa a la protección de los derechos humanos.

Un aspecto que es importante no perder de vista, es que la reforma en materia de derechos humanos requiere de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto, la firma del Protocolo de referencia ampliará la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

La reforma a la Constitución Política en materia de derechos humanos por sí misma no representa el respeto absoluto a los derechos humanos, es importante considerar que la niñez y la adolescencia mexicana es un tema prioritario para el Estado y en ese sentido se debe brindar los mayores mecanismos para garantizar sus derechos.

Es así, que la firma del Protocolo de la Convención en materia de comunicaciones constituye una necesidad apremiante para dar cumplimiento a lo establecido en la multicitada reforma constitucional, que marca un nuevo paradigma en lo referente a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas.

En este marco resulta adecuado, mencionar que la situación de la niñez y la adolescencia en México, que lejos de gozar de un estado de derecho y protección de los derechos que se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que vulnera sus derechos fundamentales.

Lo anterior da pié a que el Estado mexicano suscriba este Protocolo el cual contempla la posibilidad de que las niñas, los niños y los adolescentes tengan la oportunidad de recurrir a los mecanismos internacionales para denunciar violaciones a sus derechos, en el caso de que el Estado parte no brinde los mecanismos eficientes y eficaces para ello.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, los diferentes actores involucrados debemos impulsar una agenda en materia de la niñez, es por ello, que hoy exhorto respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a la firma de este Protocolo que marca un avance fundamental para el ejercicio pleno de derechos por parte de las niñas, los niños y los adolescentes.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de ésta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de junio de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.





 

De los CC. Diputados Silvano Aureoles Conejo y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modificar de inmediato la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A MODIFICAR DE INMEDIATO LA NOM-012-SCT-2-2208

“Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

CONSIDERACIONES

El pasado13 de junio, a escasas semanas de la tragedia de Xalostoc, Estado de México, nuestro país se volvió a vestir de luto por la muerte de 8 profesores y más de una decena de heridos, 5 de ellos de gravedad, a consecuencia del accidente que sufrió un tractocamión de doble semirremolque que circulaba por la autopista siglo XXI y transportando chapopote, mismo que se quedó sin frenos en San Angel Zurumucapio, Estado de Michoacán, unidad propiedad de la empresa Transportes, Servicios SPN SA de CV, con domicilio en el Estado de Nuevo León.

Ante la repetición de este tipo de tragedias, ya no es posible que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, escude su inactividad, en los resultados futuros que se obtengan como resultado de los trabajos de un panel de expertos que está revisando la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208. Pues finalmente este Panel es sólo una comisión de carácter técnico, cuyas opiniones quedarán sujetas a la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo por otra parte, que la exigencia de la opinión pública nacional de que se prohíba la circulación de las unidades de doble semirremolque está plenamente fundada en los más de cinco mil accidentes anuales que provocan estos caminos con víctimas fatales.

Es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de las facultades que legalmente le corresponden, debe iniciar el procedimiento paramodificar a la NOM-012-SCT-2-2208, sin esperar los resultados del panel de cita, pues los hechos han probado plenamente la urgencia de esta reforma.

Literalmente cada día que estos camiones continúan circulando por las carreteras del país, representan una amenaza para la vida y salud de los mexicanos; por lo que en los hechos los accidentes de estas unidades son causa de un grave problema de salud pública.

Al margen de posiciones ideológicas o políticas partidistas, no se puede soslayar el hecho de la pérdida de la vida de 8 personas del magisterio michoacano y un número determinado de heridos, víctimas que requieren toda la solidaridad y el apoyo de la representación popular federal, al efecto de que se les brinden las condiciones morales y materiales para superar tan difícil trance.

Los intereses del pulpo camionero, que obtiene pingües ganancias con estas unidades, no pueden estar por encima de los derechos humanos de las personas que pueden verse afectados por las mismas en cualquier momento; ni tampoco la NOM- 012-SCT-2-2208 antes referida, puede prevalecer sobre la Constitución Federal que ordena que toda autoridad debe respetar y promover los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida.

Finalmente, no se puede ocultar, que los conductores de estas unidades, que finalmente y de manera parcial se pretende mostrar como los culpables, son una víctima más, de estás voraces empresas que los sobreexplotan de manera inhumana, por lo que consideramos necesario que la intervención de la autoridad que investigue los hechos proceda con la mayor amplitud en el marco del respeto a los derechos humanos de las personas, para establecer la presente responsabilidad y el derecho de las víctimas a la reparación del daño.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETEMOS A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente, expresa sus más sentidas condolencias a las familias de los ocho profesores que perdieron la vida a consecuencia del accidente sufrido por un tractocamión que transportaba chapopote a la altura de San Angel Zurumucapio, Estado de Michoacán. Unidad que era propiedad de la empresa Transportes, Servicios SPN SA de CV.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que de inmediato inicie el procedimiento para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208, a fin de prohibir la circulación de las unidades de carga de doble semirremolque, sin esperar las conclusiones del panel de expertos que revisa esta NOM.

TERCERO. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que de oficio inicie una investigación sobre esta tragedia, y en general las que ocurren a consecuencia de las unidades de doble semirremolque; y que en el caso particular de lo ocurrido en Michoacán, determine responsabilidad de las autoridades por los hechos de acción u omisión en perjuicio de la preservación de la integridad de las personas en vías de comunicación de jurisdicción federal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2013.

Suscriben

Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Carlos Reyes Gamiz”.





 

Del C. Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a otorgarle a las MIPYMES, empresas y patrones en general, un periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A OTORGARLE A LAS MYPIMES, EMPRESAS Y PATRONES EN GENERAL, UN PERIODO DE GRACIA EN LAS INSPECCIONES PARA APLICAR SANCIONES

"C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H.ONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTES.

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo al tenor de los siguientes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Congreso hubo diversos intentos de modificar nuestra legislación laboral, pero ninguno avanzó hasta las reformas aprobada en la presente legislatura en noviembre de 2012. Bajo este contexto, deseamos contribuir a fin de generar la modernización de nuestra legislación laboral, pero sobretodo recuperar el equilibrio en las relaciones entre trabajo y capital. La Reforma Laboral significó un gran avance después de 40 años sin modificaciones.

Sin embargo, en las últimas semanas se han venido suscitando una serie de denuncias presentadas por representantes y empresarios de cientos de empresas establecidas en Baja California y en otros estados de la República Mexicana, que han sido afectadas por emplazamientos derivados de las visitas de inspección que se vienen realizando con multas que ascienden hasta el millón y medio de pesos ($1’500,000.00 pesos), principalmente a MIPYMES. Derivado de ello, se ha visto la total disposición y apertura de la STPS y los Delegados Federales de la dependencia en las entidades, de coadyuvar en las acciones necesarias para orientarlos y dar una solución viable. Ha sido necesario recoger las anomalías e inquietudes de posibles fallas o limitaciones que existen en las Leyes o Reglamentos, por ejemplo los 5 días de plazo que marca la Normatividad (Art. 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo) para solventar los puntos observados que es un tiempo exageradamente corto, y les afecta tanto en su productividad como en la parte económica al tener que estar contratando despachos de asesoría externa para reunir la información, aunado a dictámenes de tipo técnico (iluminación, incendios, etc.) que pueden durar hasta semanas.

Si bien es cierto que la Reforma Laboral trae consigo grandes beneficios y uno de sus propósitos son las oportunidades y creación de empleos, consideramos que medidas como éstas merman en la competitividad y productividad de las MYPIMES, obligándolas y orillándolas en muchos de los casos al cierre definitivo de sus labores. Aunque el desconocimiento de la ley no las exime del cumplimiento, muchas empresas están dispuestas a regularizarse y apegarse a la normatividad. En muchos de los casos las empresas contaban con una Certificación de Seguridad e Higiene por parte de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, que no se encuentra facultada para otorgarla y estaban confiadas que cumplían con las regulaciones.

La STPS reconoce que existe falta de información y asesoría de los beneficios que trae consigo la Reforma Laboral, y de las nuevas sanciones a las que se puede incurrir en dado caso que haya omisiones por parte del patrón.

Una solución efectiva sería conceder un periodo de gracia a todas las empresas, a fin de que puedan regularizar su situación, y en el que la STPS pueda generar información suficiente, mediante la organización de foros con los organismos empresariales, visitas de asesoría y orientación, en los cuales se explique de los beneficios de la afiliación al Programa de Autorregulación mediante el cual las empresas podrán cargar la información al portal, y se realizará el monitoreo y visitas periódicas con el objetivo de llevarlos de la mano a la Certificación como Empresa Segura.

Como se ha expuesto, el Partido Verde es un Partido Político preocupado por garantizar que las acciones que implementa el gobierno a favor de los empleados y patrones en materia laboral, impulsen la competitividad y productividad de las empresas, por lo cual de conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con el fin de otorgarle a las MYPIMES, empresas y patrones en general, un periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones, en el cual se privilegie la corresponsabilidad que existe de parte de la STPS de informar, realizar foros con los organismos empresariales, visitas de asesoría y orientación, con los cuales se dé a conocer las modificaciones a la Reforma Laboral y se les invite a afiliarse a su Programa de Autorregulación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Suscribe

Dip. David Pérez Tejada Padilla".





 

De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a girar instrucciones al Instituto Nacional de Migración para que informe de los hechos ocurridos el día 17 de junio en San José Huehuetoca, respecto a la detención de 20 migrantes. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A GIRAR INSTRUCCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA QUE INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 17 DE JUNIO EN SAN JOSE HUEHUETOCA, RESPECTO A LA DETENCION DE 20 MIGRANTES

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUE SE EXHORTE AL SECRETARIO DE GOBERNACION, PARA QUE POR SU CONDUCTO GIRE INSTRUCCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA QUE INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 17 DE JUNIO EN SAN JOSE HUEHUETOCA RESPECTO A LA DETENCION DE 20 MIGRANTES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-El día 17 de junio de 2013, en San José Huehuetoca, Estado de México, tuvo lugar un operativo en el refugio San José, en el cual retiraron a la fuerza a 2 migrantes dentro del comedor y persiguieron a otros tantos que se encontraban en las vías ferroviarias afuera del comedor, uno de ellos fue agredido al levantarlo por su cabello, ambos fueron golpeados con toletes y los subieron a las patrullas de la policía municipal.

2.- A todas las personas migrantes detenidas, los llevaron al palacio municipal de Huehuetoca, detrás del inmueble estaban estacionados los camiones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) para trasladarlos a la Estación Migratoria.

3.- Si es ya de por si escandaloso la manera en que se detuvo a los migrantes, el matiz se agrava al haber irrumpido al comedor de San José Huehuetoca, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Migración, que impide al INAMI a realizar visitas de verificación migratoria en los lugares en donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas, que realicenactos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

4.- Resulta importante conocer las razones que motivaron al INAMI, a adoptar una postura que violentó en todo momento los derechos humanos de los migrantes detenidos y trastoca la ley de la materia en razón de la visita de verificación migratoria.

Por todo lo anterior, el siguiente punto de Acuerdo que sometemos a la consideración de esta Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION, PARA QUE POR SU CONDUCTO GIRE INSTRUCCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA QUE INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 17 DE JUNIO EN SAN JOSE HUEHUETOCA RESPECTO A LA DETENCION DE 20 MIGRANTES.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2013.

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

De los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar las acciones y programas del Instituto Nacional de Migración a fin de emprender y ajustar los programas y políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos y la plena seguridad de los migrantes que transitan por el país. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A REVISAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A FIN DE EMPRENDER Y AJUSTAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PLENA SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL PAIS

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las principales problemáticas que enfrentan las personas migrantes es la falta de seguridad en su, ya de por sí, peligroso recorridorumbo al sueño americano; ante ello resulta evidente la creciente ola de violencia en contra de las personas migrantes en su paso por México.

Existe innumerable cantidad de historias que relatan la situación de las personas migrantes que transitan a bordo del tren conocido como “La bestia”, hace algunas semanas dos mujeres centroamericanas fueron baleadas, entre la estación Pakal-Nah y Salto de Agua en el estado de Chiapas, por negarse a pagar la cuota que se les exigía por parte de un comando armado que controla esa región,otro ejemplo fuelo ocurrido con un grupo de centroamericanos en Cosoleacaque, Veracruz, que se vieron forzados a saltar hacia las vías ante el temor de ser asesinados por un grupo armado que tomó por asalto el tren.

Para dar algunos ejemplos, en marzo pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron rescatadas 104 personas migrantes de origen centroamericano. En días recientes la Secretaría de Gobernación dio a conocer que, tras una denuncia anónima, fueron rescatadas 165 personas que estaban retenidas, en una casa de seguridad en el municipio Díaz Ordaz en el estado de Tamaulipas, donde se les encontró atadas y en un completo estado de insalubridad.

Entre ellas, 77 eran de origen salvadoreño, 50 guatemalteco, 23 provenientes de Honduras, una de la India y 14 connacionales; de las cuales 22 eran menores de edad y 2 mujeres embarazadas; quienesintentaban llegar a Estados Unidos.

Si bien es cierto que nuestro país cuenta con una Ley de Migración, así como con lineamientos y programas que buscan mejorar las condiciones de las personas migrantes en el país; está documentado que existen abusos y malos tratos por parte de las autoridades migratorias; lo cual desemboca en la violación permanente de los derechos humanos tanto de extranjeros como de connacionales.

En este sentido, cabe destacar que el Instituto Nacional de Migración ha dado a conocer mediante un comunicado de prensa, que se reforzaría el Programa Paisano, en colaboración con los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, lo cual pretende ser “una estrategia integral de protección a los mexicanos que retornan a nuestro país”, también existe una preocupación latente para quienes provienen de otros países y transitan por México ya que deben de que resistir todo tipo de adversidades vinculadas con el crimen organizado incluyendo trata de personas, violencia sexual principalmente en mujeres y niñas, además deextorsiones; entre otros delitos, que hacen de su paso un tormentoso camino plagado de violaciones a los derechos humanos.

Recordemos el lamentable caso que se presentó en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010 y sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas; revelando así la gravedad de la situación de las personas migrantes en el país, aunado al número de personas plagiadas ya que tan sólo en el estado se han rescatado a 696 migrantes en los últimos tres años, y en donde según información de la Procuraduría General de la República (PGR), se contabilizó de 2001 a 2006, se tienen contabilizadas 687 averiguaciones por el delito de secuestro a migrantes, de las cuales 392 corresponden al estado de Tamaulipas.

Datos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) señalan que, junto con Tamaulipas, los estados que presentan el mayor número de secuestros a personas migrantes son Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Durango y Coahuila.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, expresa que “las personas migrantes, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.

México al ser país de origen, tránsito y destino presenta una problemática que repercute en agravio de los migrantes, quienes son objeto de las conductas delictivas de más alto impacto que se presentan en una sociedad.

Dentro de las propuestas que hace la CNDH, se encuentran:

a. COORDINACION. Implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en coordinación con los interlocutores sociales y la sociedad civil para una adecuada gestión de las migraciones.

b. COOPERACION. Fortalecer mecanismos de cooperación internacional partiendo del principio de responsabilidad compartida, a fin de fomentar la migración legal, segura y ordenada, y poder reducir la migración irregular.

c. PROTECCION. Implementar programas de prevención y atención específica a las personas migrantes víctimas del delito, para evitar el secuestro y otros delitos conexos.

Con base en lo expresado por Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la CNDH, “De acuerdo a las quejas que la CNDH ha recibido de los migrantes, los principales derechos vulnerados son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.”

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido una serie de recomendaciones derivadas de la visita de personal del organismo a México, ante la situación migrante en el país; entre ellas se encuentran: garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes; facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan con condiciones mínimas de seguridad; garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes; establecer protocolos, en consulta con la sociedad civil, en relación con el manejo y la identificación de los cadáveres y cuerpos sin vida hallados; entre otras relacionadas a garantizar el pleno disfrute de derechos y seguridad humana bajo los criterios señalados en los estándares internacionales.

De esta manera, resulta urgente llevar a cabo una política bajo la dirección del Instituto Nacional de Migración que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, garantice la seguridad de las personas migrantes que transitan en el país, sobre todo ante la situación de violencia que ha golpeado a México; no podemos reclamar un trato digno a nuestros paisanos, mientras aquí se cometen abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se internan en nuestro país, en dicho tenor, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A REVISAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONA FIN DE EMPRENDER Y AJUSTAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PLENA SEGURIDAD DE LOS YLAS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL PAIS.

Dado en el Senado de la República, a 19 de junio de 2013”.





 

De la C. Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a autoridades de los tres niveles de gobierno que intervienen en la aplicación de la llamada "Alerta Amber", informen de los avances de su implementación. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO QUE INTERVIENEN EN LA APLICACION DE LA LLAMADA “ALERTA AMBER”, INFORMEN DE LOS AVANCES DE SU IMPLEMENTACION

“La que suscribe, CRISTINA DIAZ SALAZAR, senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8º, numeral 1º, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES, DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, QUE TIENEN A SU CARGO LA APLICACION DE LA LLAMADA “ALERTA AMBAR” INFORME A ESTA SOBERANIA DE LOS AVANCES EN SU APLICACION, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los ilícitos de mayor impacto en la sociedad es aquel que implica a un menor de edad. El abuso, la desaparición, la explotación sexual y laboral de menores a la sociedad le lastima en una gran medida. Por ello en el mundo se han creado legislaciones y protocolos que buscan erradicar todas las conductas que atenten contra el desarrollo de la infancia.

En nuestro país en el año 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; este ordenamiento tuvo eco a nivel estatal. Sin embargo ha sido necesario que se establezcan, de manera homogénea, protocolos para la atención de conductas que atenten contra los menores mexicanos.

Derivado de lo anterior, el 8 de noviembre de 2012, se suscribió el Protocolo Nacional de Alerta Amber en donde intervinieron autoridades federales y estatales encargadas de la procuración de justicia y otras que atienden circunstancias variadas sobre los menores.

En dicho Protocolo se reconoce que a fin de brindar la protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobierno de diversos países han llevado a cabo el fortalecimiento en la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos delitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.

Con independencia de la suscripción de tratados internacionales por parte de nuestro país, así como la emisión de leyes encargadas de regular la actuación y combate a ilícitos en contra de menores de edad, es necesario llevar a cabo la implementación de experiencias de otros países en este sentido. Así, el Programa Nacional de Alerta Amber tiene su sustento en el Programa Alerta AMBER, desarrollado en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América en el año de 1996. Fue nombrado así el programa por Amber Renee Hagerman (25 de noviembre de 1986 a 15 de enero de 1996) la cuál fue víctima de secuestro y asesinato. Su madre Donna Norris, realizó acciones ante el Congreso de los Estados Unidos para exigir leyes más severas en contra de delincuentes sexuales, teniendo eco su petición a través del congresista Martin Frost, quien impulsó la Ley de protección denominada “Amber Hagerman”.

Como antecedente en la implementación de la Alerta Amber se menciona que fue realizada en 1996 a través de la estación de radio KRLD Radio Studio en el parque de baseball de Arlington, Texas.

En nuestro país, el 2 de mayo de 2012, el Gobierno Federal, llevó a cabo la implementación el Programa Nacional Alerta AMBER México, para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

De dicho Programa surge, para su implementación, el Protocolo Nacionalde Alerta Amber a fin de establecer con claridad y precisión, los mecanismos de implementación y funcionamiento del Programa a nivel nacional y estatal; las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad y las autoridades de los tres niveles de gobierno; se definen los criterios y procedimientos de activación, actualización y desactivación de la alerta.

Con la implementación del Protocolo, nuestro país sería el primero en América Latina en adoptar el programa en su totalidad. En el mundo existen naciones que han implementado este programa, estas son: Estados Unidos de América (2002), Canadá (2002), Australia (2005), Francia (2006), Reino Unido (2006), Grecia (2007), Malasia (2007), Holanda (2008), Irlanda (2009) y Alemania (2009).

El Protocolo señala como objetivo general que busca establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Así los objetivos específicos del Protocolo son:

• Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos;

• Establecer la colaboración entre los tres niveles de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha del Programa;

• Potenciar la coordinación de acciones intra e inter institucionales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes;

• Generar la metodología para la implementación del Programa Nacional Alerta AMBER México;

• Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas;

• Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran conocimiento y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Como se puede