Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 23 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Junio de 2013

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país;
Oficio con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 2013; Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2013;
Dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un permiso.





















RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. Rinde protesta de ley.

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Segunda Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar. Rinde protesta de ley.






























































































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:21 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede al pase de lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 24 legisladores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 12 de junio de 2013, correspondiente al segundoreceso del primer año de ejercicio.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 12 de junio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
CINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cinco minutos del miércoles cinco de junio de dos mil trece, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintinueve de mayo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de los niños fallecidos en el incendio de la guardería abc en Hermosillo, Sonora, en junio de 2009.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento en favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, N.Y., E.U.A.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cinco oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.- Se turnó a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al segundo bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.- Se remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Energía, con el que remite, el Primer Informe Trimestral 2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2013, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de abril del año en curso.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2013, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales, junto con la metodología respectiva para el cálculo de los requerimientos financieros, en la que se incluyen de manera integral las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Ingresos para 2013 y el artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, como Presidenta de la Primera Comisión, en sustitución del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso para llevar a cabo Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente de la República Popular China.

 

(RECESO)

(SESION SOLEMNE)

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión de la Comisión Permanente a las trece horas con veintisiete minutos.

(Comunicaciones)

Se recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, oficio con el que notifica sentencia por la que se requiere a la Comisión Permanente convocar a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, Presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, oficio por el que informa que el 13 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Rubén Camarillo Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 324 y  334 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre propio y del Senador Jorge Emilio González Martínez y del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Playas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 34 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Raymundo King De la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo III al Título Decimoctavo y el artículo 287 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 76, la fracción VII del artículo 78 y las fracciones III y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Alfa González Magallanes, Roberto López Suárez, Elena Tapia Fonllem, Valentín Maldonado y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Huelgas de Cananea y Río Blanco".- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 fracción I y 61 Bis de la Ley General de Salud y se adiciona la fracción VI recorriendo el subsecuente del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 72 del Reglamento para la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

(Dictámenes a discusión)

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración a tomar las medidas necesarias para inhibir actos que vulneren los derechos humanos de las personas, así como de prácticas discriminatorias durante la aplicación de protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nayarit para que realicen acciones en favor de la cultura del pueblo wixárika.

3) Que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a investigar posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

4) Que exhorta las autoridades del municipio de Cuernavaca, Morelos, a respetar los derechos humanos y garantías de las personas de origen indígena, así como a evitar cualquier acto de hostigamiento y discriminación hacia las mujeres indígenas.

5) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a girar instrucciones a fin de que sean atendidos los laudos de la autoridad laboral competente, respecto de las demandas por despido injustificado de los trabajadores del Distrito Federal.

6) Que exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar e intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, a efecto de cumplir con el plazo constitucional.

7) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial de su jurisdicción.

8) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a no realizar eventos masivos de carácter cultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando existan riesgos para la salud de la población, derivados de las malas condiciones ambientales.

9) Que exhorta a las instancias federales, estatales y del Distrito Federal encargadas de sus respectivos centros penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población penitenciaria a fin de garantizar un derecho humano fundamental de las personas en situación de reclusión.

10) Que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informe sobre los costos económicos, sociales y a la salud pública de las contingencias ambientales declaradas en los últimos trece años y que se han visto agravadas en los últimos cuatro meses.

11) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar el estado de las finanzas en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

12) Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a aplicar un conteo inter-censal para la comunidad afromexicana.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales a procurar el acceso universal a la educación preescolar, con énfasis de atención pública a la población de infantes de  madres y padres que no cuentan con empleos formales.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a reforzar la estrategia para hacer frente en nuestro país al problema de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas.

3) Por el que la Comisión Permanente reconoce la aportación humanitaria de Amnistía Internacional en sus 52 años de trabajo ininterrumpido en favor de la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos en la historia contemporánea.

4) Que exhorta a la Secretaría de Salud a aplicar la NOM 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos establezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los Acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

6) Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.

7) Que exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las entidades federativas a combatir la ingesta, con miras a la erradicación de la llamada “comida chatarra”.

8) Que exhorta a la Secretaria de Salud a fortalecer o, en su caso, implantar los mecanismos y protocolos de prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y privados, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.

9) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo.

10) Que exhorta a las instituciones de educación superior a revisar y, en su caso, actualizar sus planes y programas de estudio a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en la licenciatura de derecho y carreras afines, conforme a los avances legislativos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11) Que exhorta al Ejecutivo Federal a disponer lo necesario para emprender las consultas, foros y trabajos que hagan posible la revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

12) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre "la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el Convenio 183 sobre “la protección de la maternidad".

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México.

2) Que exhorta al Presidente de la Comisión Federal de Competencia a proporcionar información de los procedimientos de selección de los Comisionados de ese organismo y, en su caso, sobre la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en su momento por la Secretaría de la Función Pública.

3) Que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre las condiciones de seguridad de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, Veracruz.

4) Que exhorta a la SAGARPA a ampliar la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.

5) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en la conformación del Plan Nacional Hídrico, considere el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, y con ello garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua.

6) Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a considerar formular e implementar un plan de emergencia por el que se apoye a los productores cañeros, y así evitar la quiebra de esta rama productiva y estratégica del país.

7) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a apoyar a los productores agrícolas del municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, a través de los diversos programas que opera esa Secretaría.

8) Que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012 y sobre los avances de la investigación de las causas de la explosión de la  Torre B2 del Complejo Administrativo de Pemex.

9) Que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México S.A. de C.V.

10) Por el que se remite al Municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo el expediente del punto de Acuerdo que exhorta al alcalde del mismo a reconsiderar las modificaciones realizadas recientemente en el Bando Municipal, referentes al emplacamiento de bicicletas.

11) Por el que se remite al congreso del estado de Morelos el expediente del  punto de Acuerdo que exhorta a dejar sin efectos el programa paquete vehicular para "circular seguro" e implementar un nuevo mecanismo para este esquema que no afecte la economía de los morelenses.

12) Por el que se remite al gobierno del estado de Chiapas el expediente del punto de Acuerdo que exhorta a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al patronato del seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

El Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo en torno al incendio en la guardería abc de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009.- Fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT, en contra; Senador Gerardo Flores Ramírez del PVEM, en pro; Senadora Ana Gabriela Guevara del PT, en contra; Diputado Luis González Roldán, NA, en pro; Senador Miguel Barbosa Huerta, PRD, en pro; Senador Héctor Larios Córdova, PAN, en pro; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI, en pro; Senador Cristina Díaz Salazar del PRI; Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; y Diputado Lizbeth Rosas Montero del PRD. Fue aprobado en votación económica.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de abril de 2013.- Quedó de enterado.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo relativo a la recalendarización del proceso de transición a la televisión digital terrestre, a fin de que se lleve a cabo el 31 de diciembre de 2015, independientemente de los procesos electorales del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Verónica Juárez Pina, Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva sobre los nuevos indicios del origen del incendio sucedido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y se consigne a quien y/o quienes resulten responsables de estos lamentables acontecimientos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Dip. Ernesto Núñez Aguilar y de los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar campañas de concientización a fin de dar a conocer a la población el gran desperdicio de alimentos que existe en nuestro país, en relación al Día Mundial del Medio Ambiente cuyo tema es "Piensa, Aliméntate y Ahorra".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para asumir el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para tomar las decisiones pertinentes y promover una ley federal de consulta para los pueblos indígenas, armonizar la Constitución con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos a los pueblos indígenas y revisar la legislación sobre los métodos de extracción, tipos de explotación y el uso de los recursos naturales en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, considere la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con el mandato legal y exigencia social de destinar al gasto en educación pública y en los servicios educativos, un porcentaje no menor al ocho por ciento del producto interno bruto del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales y del estado de Aguascalientes, para resolver la problemática de la empresa Ganaderos Industriales de la Leche s.a. de c.v.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Miguel Barbosa Huerta y Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de Tabasco a agilizar las indagatorias respecto de las denuncias presentadas con motivo de las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos públicos de la administración estatal 2007-2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados a las denuncias presentadas por delitos cometidos en contra de periodistas en nuestro país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a garantizar a partidos políticos y a sus candidatos el acceso a radio y televisión en transmisiones de cobertura locales o regionales que favorezcan la más amplia difusión en elecciones locales del 2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a intervenir en la solución del conflicto laboral en la minera “El Coronel” en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal un informe pormenorizado del estado en que recibió los expedientes, así como las acciones llevadas a cabo en materia de derechos humanos, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revertir la reserva que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de pemex.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a realizar las acciones conducentes a fin de responder desde ahora a la demanda de documentación por parte de migrantes mexicanos no autorizados en caso de aprobarse este año una reforma migratoria integral en Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y del estado de Baja California a establecer acciones pertinentes para poder lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención de la enfermedad Rickettsia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Cuautitlán, Izcalli, a detener y retirar las invasiones en el Río Cuautitlán y a continuar la construcción del Parque Ecológico Lineal Río Cuautitlán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas y al titular de la Secretaría de Infraestructura a fin de transparentar el proyecto del Metrobús en dicho estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abraham Montes Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar los procedimientos conducentes a efecto de que a la brevedad se cumpla la resolución de la OCDE que obliga al Gobierno de Estados Unidos a retirar las restricciones de etiquetado de carne que afectan la comercialización de productos nacionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senador Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada, paraestatal y a los organismos públicos autónomos, a informar y publicar en su página electrónica institucional a cuáles sindicatos, federaciones, confederaciones o cualesquier otra organización gremial se le entregan recursos públicos, bajo cuáles conceptos y sus montos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que insta al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a establecer programas permanentes de seguridad y vigilancia en todas las zonas de la ciudad de México reconocidas como de alta afluencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a implementar las medidas necesarias en materia de seguridad para prevenir la desaparición forzada de personas en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Patricia Lugo Barriga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que ejerza su facultad de realizar las medidas pertinentes que le permitan contar con recursos para apoyar a la televisión pública del país en su transición de televisión analógica a televisión digital terrestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a congelar el precio del GAS LP para que se garantice el consumo de las familias de escasos recursos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a considerar otras medidas para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, diferentes a la ampliación del programa Hoy no circula.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar al suicidio como problema de salud pública, así como para crear programas para la prevención y concientización sobre esta problemática.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a restituir a los habitantes, y principalmente a las mujeres, del goce del derecho a la salud y rehabilite el servicio de hospitalización y gineco-obstetricia en el Hospital de Gineco-Obstetricia en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar de manera pormenorizada si el proceso penal que se lleva en contra de Ana María Orozco Castillos fue con apego a derecho.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Raúl Gómez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reforzar de manera periódica y permanente la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de recinto fiscal y se aplique estrictamente conforme a la normatividad el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección automatizada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Pedro Porras Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a elaborar y publicar el Reglamento relativo al Capítulo XVII de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca a realizar acciones encaminadas a erradicar la práctica de la pesca ilegal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar modificaciones a la norma oficial mexicana nom-045-ssa2-2005 para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, que permita un mayor control de rendición de cuentas e inspección a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a hacer una revisión sobre el presunto adeudo con el municipio de Zihuatanejo de Azueta.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la política de fijación de las tarifas aéreas y la atención prestada a los usuarios de la aerolínea Aeroméxico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a intensificar acciones a fin de consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el país, continuar la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal, y ampliar la red de laboratorios de biología molecular de detección.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Trinidad Morales Vargas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República brinden acceso a los documentos relacionados con la "guerra sucia" en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Francisco Domínguez Servién y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la política de precios de los combustibles, a fin de que sea congruente con el bienestar de las familias y la competitividad de la economía mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al IFAI un informe sobre las medidas que se están tomando para prevenir y contener el tráfico de datos personales que actualmente se realiza en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades del Sistema del Transporte Colectivo Metro a establecer protocolos y mecanismos para evitar los suicidios en ese medio de transporte.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a detener la importación y suspender la comercialización de las televisiones analógicas en todo el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en los servicios que presta  el Seguro Popular, se procure y fortalezca el diagnóstico, la prevención oportuna, tratamiento completo y se garantice  la mayor cobertura posible del cáncer en la infancia y la adolescencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Banco de México emitir disposiciones generales para la operación de las cámaras de compensación y a revisar las cuotas de intercambio bancarias y las tasas de descuento en beneficio de los usuarios de servicios financieros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo relativo a la disfuncionalidad del sistema penitenciario en la última década.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar su legislación para que las mujeres accedan al aborto legal bajo las casuales previstas en sus Códigos Penales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre los avances en las investigaciones relativas a las denuncias referentes a la venta ilegal de datos personales presentadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria a abstenerse de enviar requerimientos de pagos intimidatorios a los contribuyentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a comparecer con la finalidad de esclarecer la política de alimentos transgénicos en el territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la SEDESOL a cancelar los Acuerdos de la Cruzada Nacional contra el Hambre con las empresas monopólicas en el sector alimentario.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Banco de México presenten un informe detallado relativo a las causas de la cartera vencida y subutilización de viviendas financiadas en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a diversas dependencias del Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la revisión del cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, en relación con el interés superior de la ciudadanía para ejercer sus derechos a un transporte eficiente, eficaz y accesible económicamente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación una evaluación general sobre el RENAUT, así como los costos derivados de su fallida implementación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la SHCP y la SAGARPA a diseñar y ejecutar un programa estratégico inmediato para la atención del campo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a actualizar los indicadores del Sistema de Información de los ODM.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Claudia Elena Águila Torres y Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobiernos de los estados, así como del Distrito Federal a llevar a cabo una amplia campaña de reforestación en su respectivo ámbito de competencia, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a tener un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Roxana Luna Portillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de México a instalar una mesa de diálogo a fin de resolver el conflicto laboral existente en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal se garantice la accesibilidad con perspectiva de género a combustibles y tecnologías seguras que faciliten la cocción de alimentos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Claudia Pavlovich Arellano y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de Sonora en relación con diversas irregularidades que existen en el sector salud en el estado de Sonora.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a sus 16 demarcaciones territoriales a implementar estrategias de supervisión y vigilancia más efectivas en los bares, antros y discotecas del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Aleida Alavez Ruiz, Jhonatan Jardines Fraire y Javier Orihuela García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar las decisiones sobre las dos líneas del tren suburbano y la posible reubicación del aeropuerto en el marco de un plan de ordenamiento territorial con enfoque de manejo integral de la región hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac para lograr un aprovechamiento sustentable de la cuenca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los Convenios de la OIT 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares; 183 sobre la Protección de la Maternidad y 189 y su Recomendación 2001 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Turismo a que el fondo pyme sirva para fortalecer financieramente al Programa Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan capacitarse a través de prácticas profesionales dentro de la industria turística a nivel nacional e internacional, con el objetivo de constituir en nuestro país un capital humano que proyecte a esta importante actividad y permita generar empleos mejor remunerados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los inmigrantes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ruíz Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a que instruyan a sus directores del registro civil a establecer mecanismos ágiles y prontos para la atención de solicitudes de actas de nacimientos de sus coterráneos en los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Espacial Mexicana a informar sobre las actividades, gestiones y acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de dicha Agencia en cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la misma y a explicar el plan para dotar a la propia Agencia de la infraestructura necesaria para la consecución de sus objetivos en el ejercicio del año 2013.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal emitir la norma oficial mexicana de salud del adolescente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el 5 de junio del año en curso, con el lema “Piensa, Aliméntate y Ahorra- Reduce tu Huella Alimentaria”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del natalicio de Francisco Villa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Gerardo Flores Ramírez y el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride referente al Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados Carlos Reyes Gamiz y Alfa González Magallanes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron efeméride en torno al Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la instalación del Comité Nacional de Productividad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación con los hechos ocurridos en las instalaciones de la Guardería ABC, en el estado de Sonora, en 2009.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las dieciséis horas y citó para la siguiente sesión el día miércoles doce de junio a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobada el Acta.

Antes de pasar al siguiente asunto, tenemos el gusto y el honor de tener entre nosotros a estudiantes y maestros de la Secundaria General Juan N. Alvarez, del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, invitados por el Diputado Añorve.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Pasamos al siguiente asunto.




 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, una INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la cual se acompaña del dictamen de impacto presupuestario.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/705/2013
México, D.F., a 11 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a efecto de que por su amable conducto, sea enviada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.1.-0379 y 312.A.-001941, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional, del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una visita de trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del gobierno de ese país.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/698/2013
México, D.F., a 10 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1003/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país.

Con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del G8, se permitirá reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, conforme a los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Asimismo, el Presidente Enrique Peña Nieto realizará una Visita de Trabajo a Londres, con el fin de impulsar los vínculos económicos entre México y el Reino Unido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/705/2013
México, D.F., a 10 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1004/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia del informe a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Igualmente, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al período enero-marzo 2013.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/703/2013
México, D.F., a 10 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.2013.DGVP.426, el C. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo de enero-marzo de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras del H. Congreso de la Unión

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Así también, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un permiso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/980/2013
México, D.F., a 6 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-06709, el Min. Miguel Malfavón Andrade, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos Vicente SalazarLomelín, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Portuguesa en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del Certificado de Residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Portugal en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El titular de la unidad

Héctor Hugo Olivares V.”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/689/2013
México, D.F., a 7 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0981/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Martín Aguilar Vargas

Oficial de Contratos

Embajada de Canadá en México

Adán Correa Cabrera

Asistente de Inmigración

Embajada de Canadá en México

Karla Ivonne Arriola Romero

Asistente de Inmigración

Embajada de Canadá en México

Aida Jimena Castillo Salinas

Recepcionista

Embajada de Canadá en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación, solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Tania Giorgana Macedo

Asistente de Programa Administrativo y Consular

Embajada de Canadá en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Primera Comisión, las solicitudes de permiso; y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, la solicitud de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió del Instituto Federal Electoral, el Libro Blanco del Proceso Electoral Federal 2011- 2012.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase la documentación correspondiente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, una INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE ADICIONA EL ARTICULO 4o.-C A LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Oficio N° 1827-1/13 II P.O.

Chihuahua, Chin., a 21 de mayo de 2013.

DIP. FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
AV. CONGRESO DE LA UNION NO. 66
COL. EL PARQUE
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F., C.P. 15960

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 694/2013 II P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el H. Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de Decreto, mediante la cual se propone reformar el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; así como adicionar el artículo 40-c a la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la segundad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo No Reelección.

El Presidente del H. Congreso del Estado



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Congreso del Estado de Durango, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL.

“CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
CAMARA DE DIPUTADOS
PALACIO LEGISLATIVO
AV. CONGRESO DE LA UNION No. 66
EDIFICIO “D” PRIMER NIVEL
COL. EL PARQUE DEL. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F. C.P. 15969

En Sesión Ordinaria verificada el día 16 de Abril del presente año, la Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, remitimos a ustedes, iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por los CC. Diputados: Jorge Alejandro Salum del Palacio, Aleonso Palacio Jaquez, Gina Gerardina Campuzano González, Judith Irene Murguía Corral y José Antonio Ochoa Rodríguez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, que contiene reforma a la Fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior para que se otorgue el trámite que corresponde a la facultad precisada en la Fracción III del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Victoria de Durango, Dgo., a 16 de abril de 2013.

“SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN”

Dip. Felipe de Jesús Garza González

Presidente de la Mesa Directiva

De la LXV Legislatura del Estado

Libre y Soberano de Durango”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También del Congreso del Estado de Durango, se recibió un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 77 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

“CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
CAMARA DE DIPUTADOS
PALACIO LEGISLATIVO
AV. CONGRESO DE LA UNION No. 66
EDIFICIO “D” PRIMER NIVEL
COL. EL PARQUE DEL. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F. C.P. 15969

En Sesión Ordinaria verificada el día 2 de abril del presente año, la Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, remitimos a ustedes, iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la C. Diputada Juana Leticia Herrera Ale, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene reforma al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Lo anterior para que se otorgue el trámite que corresponde a la facultad precisada en la Fracción III del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Victoria de Durango, Dgo., a 16 de abril de 2013.

“SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION”

Dip. Felipe de Jesús Garza González

Presidente de la Mesa Directiva

De la LXV Legislatura del Estado

Libre y Soberano de Durango”.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a un Acuerdo suscrito por los legisladores integrantes de la Primera Comisión, en relación a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal:



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: El texto completo de la comunicación que contiene el Acuerdo al que se acaba de dar lectura, está publicado en el monitor de sus escaños.

Esta Asamblea se da por enterada del Acuerdo de la Primera Comisión.

Notifíquese a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, el informe de la gira de trabajo que realizó la Comisión de Pesca del Senado, los días 16 a 18 de mayo del año en curso, en el Alto Golfo de California.

"México, D.F., a 28 de mayo de 2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Estimado Senador Cordero Arroyo:

Me permito enviarle el informe de la gira de trabajo que la Comisión de Pesca realizó los días 16, 17 y 18 de mayo en el Alto Golfo de California, en donde se abordó la problemática de la comunidad indígena del Pueblo Cucapá; los efectos de la aplicación de la NOM 002 del Camarón en esa región, tanto para pescadores ribereños como para los propietarios de embarcaciones de mediana altura; y finalmente se efectuó una visita a instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California donde están reproduciendo la totoaba, especie endémica de la zona, y se acudió a conocer algunos proyectos de maricultura que en el Puerto de Ensenada se tienen.

Agradezco de antemano su apoyo, para que las reuniones de trabajo pudieran llevarse a cabo.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito

Presidente de la Comisión de Pesca".

"INFORME DE LA GIRA DE TRABAJO EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA

Jueves 16 de Mayo de 2013

Reunión de Trabajo con la Comunidad Cucapá

En la reunión que se llevó a cabo en el ejido de El Indiviso, municipio de Mexicali,  tuvo por objetivo conocer la problemática del Pueblo Cucapá, que tiene como principal actividad económica la pesca de curvina golfina. Asistieron el Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca; por parte del Gobierno de Baja California, el Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, así como el Ing. Carlos Aceves, director de Pesca; el Subdelegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Baja California, Ing. José de Jesús Gallo Ramírez; el Director del Área Natural Protegida del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Martín Sau, y finalmente, el representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Baja California, Isidro Pérez.

El poblado El Indiviso es habitado por los indígenas Cucapás, y forma parte de la llamada Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Líderes de la comunidad Cucapá, entre ellas las Señoras Hilda e Inés Hurtado, expusieron la problemática que enfrentan respecto a la pesca de la Curvina, único recurso pesquero que manejan entre los meses de marzo a mayo y que les proporciona el 40% de sus ingresos familiares en un año.

Consideraron injusta la asignación de cuota de captura de dicha especie por parte de la Conapesca, dado a que otras comunidades tanto de Baja California como de Sonora, cuentan con un mayor porcentaje.

Informaron que por excederse de la cuota impuesta, las autoridades de Conapesca les tienen retenidas 3 embarcaciones y dos camiones con un cargamento de aproximadamente 40 toneladas de curvina; a la vez, expusieron que la autoridad no les consultó con anticipación respecto a la asignación de cuotas. Ante ello, solicitaron la intervención inmediata de la Comisión de Pesca para solucionar el problema del producto y embarcaciones decomisados.

Denunciaron la existencia de pesca ilegal en el área en que ellos pescan, así como  corrupción en la explotación de curvina, ya que los operativos de inspección en la zona van sólo sobre la gente Cucapá, por lo cual pidieron se lleven a cabo mesas de trabajo con autoridades para atender su problemática.

Entre los asuntos planteados destaca el que se gestione una zona restringida a la pesca en el área núcleo de la Biósfera y que sea resguardada por ellos; se les reconozca los derechos previstos en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989; la aplicación de las normas y mandato constitucional que protegen los derechos indígenas; proyectos productivos como la engorda de alevines de curvina, en encierros construidos en esta zona, siempre que no se les condicione cambiar su actividad pesquera y que estos, lleguen para todas las familias Cucapás; se mejore la infraestructura pesquera del poblado y con ello, darle calidad al producto y una mayor seguridad a los pescadores.

Entre los compromisos realizados por las autoridades presentes se encuentra: el dar un espacio a la etnia en la reunión del 17 de mayo en Santa Clara, para tratar el tema curvina aprovechando la visita de las demás autoridades federales de la CONAPESCA e INAPESCA; dar seguimiento a los vehículos decomisados y el producto retenido, realizar un análisis de cómo atender los derechos indígenas originales y la aplicación de los reglamentos; así como promover con autoridades el que se construya infraestructura.

Reunión con autoridades pesqueras

En el Golfo de Santa Clara, frente al polígono de protección de la vaquita marina, se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes: el Presidente de la Comisión de Pesca del Senado de la República, Francisco Salvador López Brito; mientras que por parte de CONAPESCA, asistieron el Lic. Carlos Omar Vergara, Secretario Particular del Comisionado, Mario Aguilar Sánchez; el Director General de Inspección y Vigilancia, Lic. Rigoberto García Soto; el eco, Martín Sau Cota del Area Natural Protegida; el Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, así como el Ing. Carlos Aceves, director de Pesca; el Subdelegado de Conapesca en Baja California, Ing. José de Jesús Gallo Ramírez, así como el subdelegado en Sonora, Ing. José Luis Moreno Gómez. De la misma manera, acudió el Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora, Ing. Javier Humberto Vivian Jiménez.

En el encuentro de autoridades, se analizó la problemática planteada anteriormente por la comunidad indígena Cucapá, a lo cual el Director General de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, Lic. Rigoberto García Soto explicó que en el 2013, se les dio a los Cucapás el 20 por ciento de la cuota total de la pesca de curvina del Alto Golfo, pero esta se aumentó, por solicitud de la comunidad Cucapá por no haberse terminado la cuota en la primera marea.

El funcionario reconoció el decomiso de  tres embarcaciones y dos camiones con productos pesqueros, debido a que se encontró que los pescadores realizaban lances en áreas no autorizadas y por pescar producto en el periodo no permitido.

Señaló que el problema que genera la comunidad Cucapá entre los pescadores de la región, es que al pescar de más, abaratan el producto por haber más oferta que demanda.

García Soto mencionó que existe un problema de ilegalidad en la zona cucapá, incitada por ellos mismos, dado a que “invitaron” a pescar, a pescadores que no son de la etnia, al considerar que tendrían más producto y cobrarían más, y a que el producto se facturaría como producto cucapá.

Finalmente, el responsable de inspección y vigilancia de la CONAPESCA conminó a las autoridades presentes a apoyar a esta comunidad tanto con infraestructura para la pesca (embarcadero, pangas y motores), así como para el procesamiento y mejor manejo del producto.

Reunión con pescadores ribereños

En el poblado de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, autoridades pesqueras del ámbito federal, de los Estados de Baja California y Sonora, así como el Presidente de la Comisión de Pesca del Senado de la República, Francisco Salvador López Brito, sostuvieron un encuentro con pescadores ribereños de las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California, así como de Golfo de Santa Clara y Peñasco, en Sonora.

Los líderes pesqueros de la región expusieron las afectaciones que sufrirían si se aprobara la NOM 002 del Camarón, en los términos en que fue sometida a consulta pública, al sustituir el arte de pesca actual, por la red prototipo del INAPESCA, la cual no captura camarón azul, principal pesquería de la zona por su alto valor comercial.

Argumentaron que la Red Prototipo propuesta por el INAPESCA, es ineficiente, difícil de operar, y los volúmenes que captura no hacen redituable la actividad pesquera, debido al elevado costo del combustible, por lo que solicitaron realizar más investigaciones para que se diseñe una red que haga sustentable la actividad pesquera, y no sólo atienda necesidades de conservación del hábitat marino, sino que se tome en cuenta los aspectos sociales y económicos de la actividad.

Viernes 17 de mayo de 2013

Reunión con armadores de Puerto Peñasco, Sonora

En el Golfo de Santa Clara se llevó a cabo una reunión conarmadores de Puerto Peñasco, Sonora, quienes expusieron que el apéndice “C” de la NOM 002 propuesta no define con claridad si se puede o no, utilizar los tipos de redes definidas ahí.

Solicitaron que no se elimine la cadena “espantadora” del arte de pesca, ya que sin ella la actividad pesquera de la flota de mediana altura de la región se vería drásticamente disminuida.

Comentaron que la Competitividad va de la mano con la normatividad del país, y que se está viendo que esta normatividad está mal planteada.

Señalaron que en 6 años, el diesel subió de 5 a 12 pesos el litro, mientras que el kilo de camarón bajó de 8 a 5 dólares.

Por otra parte, expusieron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), les exige anualmente una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); sin embargo, al presentar la solicitud de MIA, la SEMARNAT les responde fuera de tiempo, cuando la temporada de camarón está por terminar.

Comentaron que la SEMARNAT les pide la adquisición de un seguro que cubra los impactos al medio marino que pudieran causar por la pesca del camarón, requisito  que les resulta difícil cumplir ya que las aseguradoras o afianzadoras les han dicho que no pueden asegurar algo intangible como la biodiversidad o sustentabilidad del medio marino, por lo que solicitaron a las autoridades presentes su apoyo para eliminar ese requisito. A ello, el Director de INAPESCA, Raúl Romo Trujillo se comprometió a plantear esa problemática en la reunión del Subcomité de Pesca Responsable para la NOM-002.

En el evento participaron: el Presidente de la Comisión de Pesca del Senado de la República,Francisco Salvador López Brito; el director del INAPESCA, Raúl Adán Romo Trujillo, mientras que por parte de CONAPESCA, estuvieron presentes el Subdelegado de Conapesca en Baja California, Ing. José de Jesús Gallo Ramírez, así como el subdelegado en Sonora, Ing. José Luis Moreno Gómez. Por parte del Gobierno de Baja California, asistió el Secretario de Pesca y Acuacultura, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, así como el Ing. Carlos Aceves, director de Pesca; de la misma manera, acudió el Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora, Ing. Javier Humberto Vivian Jiménez.

Por parte de la Federación de Armadores Unidos de Puerto Peñasco, intervinieron Salvador Cabrales Noriega, Mateo López León y Marco Antonio Ross Guerrero.

Reunión con el sector pesquero del Alto Golfo de California

Con el objetivo de que autoridades de la CONAPESCA, INAPESCA y gobiernos de los Estados expusieran su posición respecto a la modificación de la NOM 002 del Camarón, se llevó a cabo reunión donde estuvieron presentes directivos de 21 federaciones del Alto Golfo de California, así como armadores de Puerto Peñasco.

Por parte del Senado de la República, asistió el Presidente de la Comisión de Pesca, Senador Francisco Salvador López Brito, así como el Senador Ernesto Gándara Camou, integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Mientras que por Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asistió José Enrique Reyna Lizárraga, y el Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Leonardo Guillén.

De la CONAPESCA, asistió el Lic. Carlos Omar Vergara, Secretario Particular del Comisionado, Mario Aguilar Sánchez y el Director General de Inspección y Vigilancia, Lic. Rigoberto García Soto, así como los Subdelegado de Conapesca en Baja California y Sonora, Ing. José de Jesús Gallo Ramírez e Ing. José Luis Moreno Gómez, respectivamente.

Por parte del Área Natural Protegida participó su director, el Eco, Martín Sau Cota; del Gobierno de Baja California, el Secretario de Pesca y Acuacultura, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, así como el Ing. Carlos Aceves, director de Pesca. De la misma manera, acudió el Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora, Ing. Javier Humberto Vivián Jiménez

Al iniciar la reunión, el Presidente de la Comisión de Pesca, Francisco Salvador López Brito, señaló ante más de 300 pescadores que ese órgano legislativo acudía hasta el Golfo de Santa Clara para que junto con las autoridades de CONAPESCA, INAPESCA, Gobierno de Baja California y Sonora, escucharan tanto a los pescadores ribereños como a los dueños de la flota de mediana altura en la región del Alto Golfo de California  y  poder encontrar solución a la problemática que se deriva de la aplicación de la NOM-002-PESC-1993, del camarón, buscando siempre el equilibrio entre el hombre y su entorno.

Mientras que el Senador por Sonora e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Gándara Camou señaló que en las decisiones que tome la autoridad se debe ubicar a las personas del Alto Golfo de California como lo más importante, a la vez que recordó su trabajo en la incorporación del chinchorro de línea en aquella región de manera exitosa.

En su intervención, el Presidente de la Federación Regional de Sociedades cooperativas “Pescadores de la Reserva de la Biósfera”, Carlos Alberto Tirado Pineda señaló que están preocupados porque la NOM 002 pretende sustituir el chinchorro de línea por el chango ecológico o red prototipo, ya que ésta última ha resultado ser improductiva en la captura del camarón, que es el sostén de sus familias durante 7 meses. 

Indicó que los pescadores del Alto Golfo de California solicitan que la autoridad realice más pruebas para determinar la eficacia de la red prototipo, para lo cual ofrecen su apoyo.

Tirado Pineda  recordó que los pescadores del Alto Golfo de California están comprometidos con el medio ambiente, ya que con anterioridad cedieron el 60 por ciento de su zona tradicional de pesca para que se determinara el polígono de protección de la vaquita marina. 

Finalmente, solicitó que a nivel municipal y del Estado de Sonora se debe crear infraestructura que sustente actividades económicas alternativas a la pesca.

En su oportunidad, el Presidente de la Asociación de Pesca Ribereña de San Felipe,  Alonso García Lucero propuso que se incorporen nuevas artes de pesca en la región que ya han comprobado su eficacia, tal como el denominado Pínger (dispositivo de excluidores por ultrasonido aplicado en marsopas y aprobado por la Comisión Ballenera Internacional), que a la vez protegería a la vaquita y mantendría en operación una red que es eficiente y muy selectiva.

Lamentó que por presiones ambientalistas de algunas Ong´s se quiera aprobar en sus términos la NOMS 002, lo cual afectaría a toda la región y  propuso construir soluciones apropiadas para el sector, a través de un foro amplio donde se pueda hablar de tecnologías y manejo.  

El también líder del sector pesquero de San Felipe, Ramón Franco Díaz, expuso que esa comunidad no está en contra de la red prototipo, siempre que la autoridad demuestre que funciona, que no les afecte y que no desaparecerán sus pueblos.  Por otro lado, solicitó a las autoridades presentes a que pusieran atención  y cuidado respecto a los desechos al mar que arroja la mina en San Felipe, misma que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la playa, ya que de nada servirá que se les obligue a usar una red improductiva, si no se atiende la amenaza de los desechos de la mina y el efecto nocivo que puede tener en toda la región. 

Por su parte, Armando Sánchez, destacó la necesidad de que las distintas autoridades de la Reserva de la Biósfera busquen estar más coordinadas respecto a temas regionales, ya que con el establecimiento de cuotas de la Curvina Golfina se ha demostrado que sí se pueden realizar acuerdos efectivos.

Andrés González, señaló que el chinchorro de línea, ha demostrando técnicamente que era mejor que el antiguo chango porque afectaba el fondo y mataba muchas especies y pidió a las autoridades que no se les vuelva a cambiar la red por otra que no sirve.

Respecto al trámite de Manifiesto de Impacto Ambiental(MIA) que se realiza ante SEMARNAT para poder pescar en la zona de amortiguamiento del polígono de protección de la vaquita marina, tanto pescadores ribereños como los armadores coincidieron en señalar que el proceso es lento y costoso, por lo que solicitaron que se agilice el procedimiento de renovación.

Comentaron que a nivel nacional sólo a los pescadores del alto golfo la SEMARNAT les exige contar con una MIA, lo que ellos ven bien para trabajar ordenados y de manera responsable dentro de la reserva, siempre que la autoridad sea diligente y resuelva rápido el trámite.

Se pronunciaron porque la pesca es el principal sustento familiar, educación, casa y comida, por lo que el Gobierno Federal no debe privarles de seguir ejerciendo su actividad económica. El pescador nunca dejará de ser pescador con o sin papeles.

Algunos se dijeron dispuestos a reconvertirse de actividad económica, siempre que se establezca un plan integral de desarrollo de la zona y no proyectos aislados como la construcción de cabañas y hoteles, sin un esquema de promoción al turismo en la zona.

En su intervención, el Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California, Lic. Alberto Faustino Silva Galindo, expuso su oposición a la NOM002, tal cual está planteada actualmente, por lo que solicitó a INAPESCA que se realicen más investigaciones sobre el arte propuesto por ellos, y que atiendan con sensibilidad  la preocupación de los pescadores.

A su vez, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora, Ing. Javier Humberto Vivián Jiménez solicitó que la autoridad reconozca las observaciones realizadas por los pescadores responsables, mayor coordinación entre el gobierno federal y el sector pesquero, y que se realicen nuevas pruebas de la red prototipo y se profundice la investigación para contar con una red que arroje mejores resultados.

Por parte de CONAPESCA intervino el Director General de Inspección y Vigilancia, Lic. Rigoberto García Soto, quien externó que el tema se ha tratado con diferentes autoridades y por lo tanto se ha replanteado la publicación de la NOM 002, de la cual en el proceso de consulta se emitieron más de 700 opiniones en sentido negativo.

Expuso que la SAGARPA, se debe a los pescadores, con quienes está realizando un diálogo participativo, por lo que, si no se pudiera frenar el decreto la CONAPESCA apoyará compensaciones económicas.

Por otra parte, el Director General del INAPESCA, Raúl Adán RomoTrujillo expuso que esa institución ve claramente la incertidumbre de los pescadores, por lo que ya se tienen recursos para hacer un estudio integral co participativo y sólido, acompañado por la red de investigación nacional (CIBNOR, IAES, UABCS, CICIMAR), pescadores, academia y organizaciones, dependiendo del resultado del estudio se hará la toma de decisiones.

Señaló que el INAPESCA tiene la obligación de cuidar a los pescadores y sus medios de sustento, aunque no son irresponsables y se entiende que un ambiente sano es condición necesaria para una buena pesca.

Por su parte, el Diputado Federal, Enrique Reyna Lizárraga felicitó a los pescadores por su ejemplo al cumplir con el estudio de impacto ambiental en su zona de captura.

Expuso que se debe tener un alto cuidado con el medio ambiente y pesquerías rentables en la zona y propuso invertir en sistemas de geolocalización para atender la problemática de la pesca ilegal.

A su vez, el Senador Ernesto Gándara Camou, congratuló a las autoridades presentes por su actitud de equipo, y los conminó a que hay que mejorar las opciones para el sector con innovación a los sectores productivos.

Entre otros temas abordados se encuentra la problemática de la especie conocida como almeja generosa, donde ya está siendo reproducida en un laboratorio para empezar a tener semilla e ir repoblando.  Lázaro Cárdenas, solicitó el apoyo para hacer un certificado de origen de dicha especie, para llegar a tener una trazabilidad, de forma que en Asia mediante un lector puedan saber de que región, de que polígono, quien la produjo y pueda saber que es una almeja sana. Se solicitó el apoyo para que se conforme el sistema producto.

Por otro lado, el Presidente de la Federación de Pescadores Siglo XXI, José Alfonso Chaparro Bojórquez y Octavio Otero de la empresa Dimex, explicaron algunos efectos negativos de la primer veda de jaiba en Sinaloa y Sonora, a lo cual el Director General de INAPESCA, Mtro. Raúl Romo Trujillo, les ofreció una citacon el equipo científico de INAPESCA, para tomar la mejor decisión y no actuar solamente por criterios de mercado.

Sábado 18 de mayo de 2013

Para culminar la gira de trabajo, junto con autoridades pesqueras del Gobierno de Baja California, se efectuó una visita a Ensenada a instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California para conocer la forma en la cual se están reproduciendo en cautiverio especies como la totoaba, especie endémica de la zona, y se acudió a conocer algunos proyectos de maricultura que se tienen en esa ciudad."

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN LOS ARTICULOS 2 Y 3 DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

(Presentada por el C. Diputado José Luis Flores Méndez, a nombre propio y del C. Diputado Javier López Zavala, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre del Diputado federal Javier López Zavala y del mío propio, les presento, compañeras y compañeros legisladores, el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley General de Sanidad Animal.

En días recientes, la prensa nacional ha informado que 54 personas tuvieron que ser atendidas en los centros de salud, como resultado de la contaminación de carne con clembuterol en el estado de Hidalgo. Un hecho que creíamos había sido superado.

Sin embargo, estamos en una situación de contaminación de un producto alimenticio de consumo alimentario prioritario para toda la población, que seguirá presentándose si no tomamos las medidas necesarias para realizar un control más eficiente de los establecimientos.

Es decir, reformar la ley para llevar a cabo la inspección de manera regular y obligatoria del rastro de las entidades federativas y municipales, por parte de las autoridades sanitarias competentes.

En este sentido, es que propongo la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley General de Sanidad Animal, para que en el marco de colaboración de los tres órdenes de gobierno y de respeto a nuestro federalismo, contribuyamos a garantizar la salud de la población del país.

Lo expuesto está sustentado en los datos de los que damos cuenta en el texto de la iniciativa. Aquí sólo mencionaremos algunos de manera resumida.

La ingesta de carne de animales tratados con elevadas cantidades de clembuterol, pueden causar problemas de taquicardia, náuseas, incremento de la presión sanguínea e intoxicación, adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares, lesiones hepáticas, cáncer estomacal y alteraciones de tiroides, disfunciones metabólicas, entre otras enfermedades de difícil tratamiento que constituyen un riesgo para la salud.

El clembuterol cobró autoridad en 2012 en el estado de Jalisco cuando aparecieron más de cien personas enfermas por comer hígado de res. Desde entonces y hasta 2010 se contabilizaron 807 casos.

En Yucatán, en 2012, resultaron afectados 120 personas con carne que contenía esta sustancia anabólica, o en Colima, donde determinaron que la carne contaminada con clembuterol fue causante de la intoxicación por lo menos de 53 personas de la capital del estado.

De los 985 rastros de carne bovina que hay en el país, sólo 65 están certificados bajo las reglas estrictas de calidad en el producto. Los 920 restantes son mataderos municipales que no cumplen con estándares internacionales de calidad e inocuidad.

De acuerdo con cifras del INEGI, el número de cabezas sacrificadas durante 2012 fue de 7.6 millones, generando una producción de carne en canal de 981 mil 600 toneladas, lo cual se distribuyó de la siguiente manera: 66.7 de carne bovina; 32.8 de porcina; 0.3 de ovina y el restante 0.2 de caprina. En el mismo año, los productos de carne y canal decreció 4.3 comparado con el año anterior.

En los rastros municipales se sacrifican anualmente 2.8 millones de cabezas de ganado bovino; 4.4 de porcino; 160 mil de ovinos y 100 mil de caprinos y la autoridad que los inspecciona y verifica la encabeza la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y, en su caso, autoridades sanitarias municipales.

Se estima que aproximadamente el 90 por ciento del total de los sacrificios del ganado en México se llevan a cabo en rastros municipales y en rastros clandestinos.

Según el último dato de 2003 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los rastros clandestinos en México representan el 30 por ciento del total nacional.

Por ejemplo, en el estado de Puebla hay por lo menos cien rastros clandestinos.

Compañeras y compañeros, si reformamos la Ley General de Sanidad Animal en sus artículos 2 y 3, coadyuvaremos a garantizar la salud de los mexicanos y estaremos dando cumplimiento al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de enero de 2013, mediante el cual el gobierno de la República plantea dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes, con un alto contenido de participación social.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros legisladores.

(Aplausos)

Iniciativa

“El Diputado Javier López Zavala, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2° y 3° de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer los métodos y los procedimientos de inspección sanitarios Tipo Inspección Federal en los rastros o establecimientos de los tres niveles de gobierno, con el fin de garantizar que la carne que consume la población no afecte la salud de las familias del país, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

La legislación mexicana vigente aborda desde diferente perspectiva la sanidad; el bienestar de los animales y consecuentemente la salud de las personas.En efecto, la vida de los animales y el sacrificio de los mismos no están aislados de la acción del hombre, más bien es el resultado de su faena en los centros de sacrificio, en donde lo más importante es velar por la salud de la población, quienes consumen la carne que procede de los rastros de los tres niveles de gobierno.

En México, como en el resto del mundo, es imposible concebir el abasto de alimentos de origen animal para consumo humano, sin la existencia de la importante labor que desempeñan los establecimientos dedicados al faenado y al sacrificio de animales mejor conocidos como “rastros”.

Los legisladores en esta materia hemos realizado importantes reformas en el Congreso de la Unión, con la visión de establecer los procedimientos adecuados para la operación de inspección en los rastros tanto federales como de los estados, municipios y del Distrito Federal; como es la publicada en Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud.

Sin embargo, se requiere seguir fortaleciendo el proceso de inspección de los servicios de los rastros federales y locales hasta lograr la cobertura total de todos los espacios en el país, para certificar la inocuidad de la carne destinada al consumo humano, que nunca más se vuelva a utilizar insumos prohibidos para la engorda del ganado, y se garantice que la carne se maneje en condiciones de sanidad adecuados.

En el primer perÍodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, con fecha de 18 de diciembre de 2012, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), certificara los establecimientos o rastros dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de origen animal, aun cuando fueran de competencia Municipal, Estatal o del Distrito Federal, habiendo cumplido el tiempo para su dictaminación, se retiro de la Comisión encargada de su dictamen, por parte del proponente el 2 de abril de 2013.

En la iniciativa mencionada se formulan una serie de planteamientos que considero relevante para ampliar y mejorar la inspección en los rastros del país, permitiendo una mejor producción de la carne sin sustancias prohibidas como el clembuterol y de la sanidad en general.Situación por la que la retomamos el problema de fondo social de garantizar la alimentación adecuada de los mexicanos, de proteger su salud, y deconsiderar mejores procedimientos de calidad que permita una mejor competitividad de todos los rastros del país.

a) Clembuterol y salud

En el país se encontraron varios casos en los que se encotro el uso de sustancias prohibidas para la engorda del ganado; todavía está en nuestras mentes la situación que se presentó en el año de 2007 en el Estado de Aguascalientes, con más de un centenar de personas encamadas por la ingesta de carne con el fármaco agonistas clembuterol, que se distribuia en el mercado de esa entidad, sustancia que es un potente broncodilatador, anabólico y agente lipolítico.Medicamento ilegal para su uso como promotor de la producción en el ganado.Sin embargo, y como consecuencia que se obtienen importantes ganancias en el rendimiento en canal, se sabe de su uso clandestino en el ganado de engorda.

Aún cuando se han tomado las acciones para inspeccionar que el ganado que ingresa a los rastros o establecimientos en el país no se encuentre contaminados, todavía se encuentran cabezas de ganado alimentadas con clembuterol en varias entidades, como en Yucatán, en el 2012 resultaron afectadas ciento veinte personas con carne que contenía esta sustancia anabólica, o en Colima donde determinaron que la carne contaminada con clembuterol, fue causante de la intoxicación de, por lo menos, 53 personas en la capital del Estado.

Las previsiones que se establezcan no son demasiadas, ya que las consecuencias para la salud pública del consumo de clenbuterol en productos de origen animal (POA) se centra mayormente en los riesgos que representa para el consumidor de productos de origen animal contaminados con este fármaco.

Se han documentado los siguientes efectos en el organismo humano derivados de la ingesta de carne de animales tratados con elevadas cantidades de clembuterol puede causar problemas de taquicardia, nauseas, incremento de la presión sanguínea e intoxicación, adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares, lesiones hepáticas, cáncer estomacal, de alteraciones de tiroides, disfunciones metabólicas, entre otras enfermedades de difícil tratamiento, que constituyen un riesgo a la salud.

Para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, el problema de salud pública se ha detectado principalmente en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.El uso de clembuterol en ganado para consumo humano, es "una de las conductas más antisociales que se pueden presentar, que es utilizar una sustancia prohibida para un producto de salud que va a consumir la población."

b) Alimentación Sana

Conforme a lo establecido en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, el Gobierno de la República se plantea dar resultados en el corto plazo para garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes, y transparentes con un alto contenido de participación social, por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento del citado Decreto conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Tal intención esta contemplada en diversas formas en el espíritu de distintas disposiciones de nuestra Constitución Política.El artículo 4° en su párrafo cuarto dice: “Toda persona tiene derecho a la prótéción de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

A la luz de esta disposición, el derecho a la salud que tenemos los mexicanos, sería irrespetado si no se prevén y evitan enfermedades de tipo zoonótico y epizoóticas, que muchas veces se originan en la falta de controles veterinarios sobre diversos especies animales y a la disposición sanitaria de cadáveres animales, sobre todo si en vida se alimentaron con clembuterol.

En México, la NOM-061-ZOO-1999 prohibió su empleo en el mismo año, pero se siguen presentando casos de intoxicaciones en humanos debido a que existe poco control o vigilancia de las autoridades correspondientes, ya que no se cuenta con un programa efectivo debidamente supervisado por veterinarios oficiales, siendo que en nuestra legislación solo está considerado en las Leyes Federal de Sanidad Animal, y General de Salud.

La carne es un componente básico de la alimentación diaria de cualquier persona, que permite un alto valor nutritivo. El 20 por ciento de la carne es pura proteína acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana. En cuanto a su contenido de grasa, en su mayoría saturada, oscila entre un 10 a 20 por ciento del total de la canal, el resto es agua. Esta contiene vitaminas B, sobre todo la B12, excelente para combatir la anemia, y minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el fósforo. Por este motivo, se les considera uno de los pilares fundamentales de la nutrición en muchos de los países desarrollados.La importancia viene dada no sólo por la cantidad de proteínas que contienen, sino también por la alta calidad de éstas.

La raíz del grueso de las enfermedades proviene de una mala alimentación humana, es por eso que este es un problema de salud pública que requiere de una inmediata atención, la matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la matanza clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad.

Regulaciones de este tipo de control, se contemplan en forma especifica en la Ley Federal de Sanidad Animal como en la presente propuesta de decreto que al promover la inspección animal en los rastros del país se promueve la alimentación sana de las personas.

c) Tipos de Rastros

Los rastros se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan, por el equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. En este sentido, existen los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y los rastros Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS).

Rastros TIF

Estos rastros son aquéllos que además de prestar servicios básicos que proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación.

La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados.

Rastros TSS

Estos rastros son los que se conocen comúnmente como rastros municipales. Se caracterizan por el equipamiento y servicios que proporcionan, así como por el tipo de inspección que lleva a cabo la Secretaría de Salud consistente en el control sanitario de la carne.

Como un primer paso sería oportuno que las autoridades municipales promuevan el establecimiento de este tipo de rastros para evitar la matanza clandestina de animales, vigilar su operación y funcionamiento en coordinación con las autoridades sanitarias y asegurar que los habitantes del municipio consuman carne sana a precios bajos.

La administración del rastro municipal comprende una serie de actividades básicas que desarrolla el órgano responsable de la prestación de este servicio público, con objeto de asegurar el consumo de carnes sanas para la población. Son aquellas actividades que se realizan desde que ingresa el ganado al rastro hasta que se entregan los canales para su distribución, como son: la recepción, matanza, inspección y distribución.

La distribución de la carne es un servicio opcional del rastro, en virtud de que no todos los municipios pueden contar con transporte refrigerado para un adecuado manejo de la carne. Sin duda, una buena operación del rastro origina grandes beneficios al municipio, al servir como fuente de ingresos propios y como instrumento para normar y regular el abasto de carne en la localidad, fortaleciendo con ello la imagen institucional del ayuntamiento.

Administración Directa.

Este tipo de administración consiste en la prestación del servicio de rastros de manera directa a través del órgano responsable de la organización, operación y funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Por Colaboración.

Con esta forma de administración, la prestación del servicio de rastro se hace de manera conjunta entre las autoridades municipales y los usuarios a través de una empresa paramunicipal, en donde el socio mayoritario es el ayuntamiento y los minoritarios son los propios usuarios.

Por Concesión.

Esta es una forma de administrar el rastro y consiste en la autorización que hace el ayuntamiento para que los particulares, en su caso, los usuarios, administren y exploten los recursos derivados de la prestación del servicio público de rastros. Esta forma de administración se adopta en aquellos municipios que ante la escasez de recursos se ven imposibilitados para cubrir los costos de operación y mantenimiento del mismo.

Existen rastros que además de contar con la concesión por parte del municipio, están acreditados ante la SAGARPA como establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF), estos establecimientos pueden estar administrados por particulares o bien por asociaciones de productores y que cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Procedimientos Operacionales Estándares de Sanitización (POES), de acuerdo con lo establecido en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

En estos casos, la unión ganadera, interviene en la prestación del servicio público de rastros en colaboración con las autoridades municipales.Asimismo, participan administrativamente nombrando un representante en el rastro y éste interviene en la clasificación de la carne.

Por ello, los rastros TSS podrán localizarse en poblaciones no menores de 5,000 habitantes y los rastros TIF en poblaciones con más de un millón de habitantes, variando en este caso los siguientes elementos: la superficie construida, el rango de población atendida, la matanza diaria y el promedio generado de kilos de carne para su consumo por día.

Usuarios

En virtud de que el rastro es un servicio público, cualquier persona que lo solicite puede introducir y sacrificar ganado de cualquier especie en sus instalaciones, de acuerdo a las normas que establezca el reglamento de rastros y la propia administración. Para la utilización del rastro, estas personas deben observar la legislación vigente en la entidad y cubrir los derechos establecidos por la utilización del servicio público.

2. Planteamiento del problema

En la iniciativa que propongo a este pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pretende dar certeza a la población sobre los productos que consume, en este caso, de la carne del ganado que se sacrifica en los rastros del país, para asegurar el buen estado de salud, como un medio para eliminar uno de los factores de pobreza multidimensional de la población, porque “más vale prevenir que curar” como lo establece la estrategia la Unión Europea 2013.

En Europa han iniciado una estrategia encaminada a resolver: “Los fragmentarios planteamientos nacionales han sido sustituidos paulatinamente gracias a una armonización progresiva de las medidas de salud animal y los sistemas de vigilancia, diagnóstico y control de enfermedades”.

La salud animal preocupa a todos los ciudadanos europeos.Esa preocupación radica en los aspectos de salud pública y seguridad alimentaria de la salud animal, pero también en los posibles costes económicos de los brotes de enfermedades animales y las consideraciones de bienestar de los animales, incluidas las consecuencias del control de enfermedades.

En México, en años anteriores recientes se presentó un fenómeno de alimentación al ganado con sustancias prohibidas por las normas internacionales, que ocasionaron algunas muertesde mexicanos en varios estados de la República, sobre todo en Aguascalientes, que originó se presentaran algunos puntos de acuerdo en las cámaras del Congreso de la Unión.El clembuterol cobró notoriedad en 2002 en el estado de Jalisco, cuando aparecieron más de 100 personas enfermas por comer hígado de res. Desde entonces y hasta 2010 se contabilizaron 807 casos.Afortunadamente se ha ido modificando el consumo de sustancias en el ganado bovino, pero no se tienen datos exactos sobre su observancia.

a) Problemática general

Se tiene conocimiento de que ganaderos e introductores de ganado, carniceros y hasta vendedores de productos cárnicos, son los principales promotores del uso sin control de sustancias tóxicas prohibidas como el clembuterol. Estados Unidos y Gran Bretaña lo prohibieron para uso humano por sus efectos sobre el corazón y los pulmones.

De ello resulta impostergable que fortalezcamos nuestra legislación para la regulación sanitaria de la reproducción, cría, engorda, movilidad de ganado, de productos y subproductos cárnicos para consumo humano. Para evitar casos como fue el de junio de 2011 cuando deportistas mexicanos, cinco seleccionados nacionales que disputaban la Copa de Oro en los Estados Unidos, dieron positivo por clembuterol en una prueba antidopaje.

De los 985 rastros de carne bovina que hay en el país, sólo 65 están certificados bajo reglas estrictas de calidad en el producto. Los 920 restantes son mataderos municipales que no cumplen con estándares internacionales de calidad e inocuidad como las Plantas de Tipo de Inspección Federal (TIF) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El 100% de la carne que proviene de las reses sacrificadas en los rastros TIF es para exportación, mientras que el producto delos establecimientosque carecen de inspección se destina al consumo nacional.

b) Problemática en el D.F.

El cierre del único rastro que tenía el Distrito Federal, en Milpa Alta, ocasionó la aparición de rastros clandestinos donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; alrededor de 3 mil animales a la semana. Todo ello sucede sin medidas de higiene. “Esos animales se matan en casas, bodegas, terrenos e incluso a bordo de tráileres: en cualquier parte se mata para su venta al público.Vamos a los domicilios a comprar los animales de traspatio para vender la carne, y al no haber dónde matarlos se sacrifican en otro lugar”.

“No hay control de la carne que sale al mercado: es una cosa espantosa, pues los animales pueden estar enfermos, contagiados”, causando algunas enfermedades que pueden contraer las personas que ingieren la carne comoson diarreas y salmonelosis.

Imposible cuantificar los rastros clandestinos, la existencia de estos rastros recorre todo el DF, pero principalmente las delegaciones rurales: Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Milpa Alta.Tan grave es que Enrique Rojas no duda en hacer una comparación: “la calle está completamente libre, igual que el narco, todo se hace afuera y nadie se da cuenta de ello”.

Hay rastros clandestinos en los que se vende carne de ganado engordado con clembuterol, sustancia que se concentra en las vísceras de los animales, y puede ser peligroso para quienes padecen problemas cardiovasculares.

c)La problemática en las entidades

En las entidades y municipios se repite el mismo problema de insalubridad en los rastros, por falta de recursos para hacerlos funcionar y, en otros casos,en donde se invirtieron recursos para contar con toda su tecnología, tampoco no funcionan, y su inspección sanitaria es deficiente, por lo que ahora cada vez más la gente sufre de problemas intestinales por consumir carne en condiciones insalubres.

En el Estado de Puebla hay por lo menos 100 rastros clandestinos que en nada garantizan la sanidad de la carne que consumen los ciudadanos, lo que sin duda ha ocasionado que la actividad en el rastro oficial disminuya 50 por ciento, lo que ocasiona que día con día incrementan los mataderos clandestinos en la región, los cuales carecen de las medidas de seguridad y de salud.

El estado de Puebla es la quinta Entidad Federativa más poblada del país con más de 5 millones de habitantes repartidos en 217 Municipios, 15 municipales, 1 intermunicipales,y hay solo 4 Rastros TIF, que obligan a que se haga crítica la matanza de ganado por fuera de estos lugares y que no cuentan con ningún control.Cabe recordar que fue el pasado 17 de marzo de 2012 cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), suspendió temporalmente la matanza de bovinos en los rastros de Puebla y Texmelucan tras detectar la sustancia tóxica de clenbuterol en la orina de una res.Resulta innecesaria una mayor explicación del rezago que vive nuestro Estado en esta materia.

Por otra parte, durante el mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerraron el rastro municipal de Texmelucan, Tlaxcala, ante la presencia de clembuterol.

El 13 de marzo del 2006 clausuraron el rastro municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por no contar con las medidas de higiene necesarias y por maltratar en demasía a los animales ¿Qué podemos esperar de los que operan en forma ilegal?

En otras entidades se han encontrado situaciones en donde el sistema de Verificación localeshan informado de sitios que no cuentan con las medidas de higiene requeridas, además se maneja el sacrificio de carne de equinos y asnos,que se comercializa a nivel internacional, pero que todavía no existe una certeza de que sea apta para el consumo humano.

Los legisladores debemos actuar sobre esta situación, no dejar pasar más tiempo para adecuar el marco legal que contribuya a mitigar esta problemática, por ello planteo y adelanto que la única forma de resolverla es con la participación de autoridades municipales para elaborar un plan de trabajo para terminar con el clandestinaje de este servicio de matanza, y el establecimiento de la certificación sanitaria en los rastros del que operan en los estados y los municipios del país.

En este sentido sería adecuado buscar impulsarproyectos para construir nuevos rastros regionales que cuente con certificación oficial TIF (Tipo de Inspección Federal) que cumpla con todas las condiciones de sanidad,con lo que se evitaría la proliferación de rastros clandestinos.Además,llevar a cabo la revisión sanitaria de manera permanente y periódica a los rastros, que garantice la salud a todos los mexicanos.

La raíz del grueso de las enfermedades proviene de una mala alimentación, por eso el problema de sanidad en los rastros es un problema de salud pública que requiere de una inmediata atención.La matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la matanza clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad y aunque sea difícil reconocerlo este es un mal necesario, pues si se erradicara habría un desabasto total de productos cárnicos pues los rastros con que contamos serían insuficientes.

d) Datos estadísticos generales

En la actualidad hay 361 establecimientos TIF distribuidos en 26 entidades federativas. Los estados que no cuentan con este tipo de rastros son Baja California Sur, Colima, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo.Sin embargo se tiene noticia de que estas entidades federativas son usuarias de los servicios de los rastros TIF situados en los territorios estatales contiguos. También, existen otros 215 establecimientos que se dedican únicamente al procesamiento de carne de las diferentes especies pecuarias: el corte, deshuese, enlatado, ensamblado de alimentos, clasificadora de intestinos, mantequera, marinado, elaboración de embutidos, deshidratadora, almacenaje, cocción y frigorífico.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 en el país se produjeron 1 millón 25 mil 540 toneladas de carne, tras el sacrificio en los rastros del país de 7.8 millones de cabezas de ganado.De ellas 68.1 por ciento correspondió a carne bovina, 31.3 a porcina, 0.4 a ovina y el restante 0.2 a caprina.

De acuerdo con el sexto informe de trabajo de la Sagarpa, en 2011 sólo fueron certificadas por esta dependencia federal 552 mil 404 cabezas de bovino, y se otorgaron 276 oficios de hato libre que representan 382 mil 979 cabezas de ganado.

Es decir, las 552 mil 404 cabezas de ganado bovino certificado que reporta el sexto informe de la Sagarpa representan apenas 7.08 por ciento de cabezas producidas en el país, sin saber qué pasa con el restante 92.92 de esa cifra oficial.

De los mil 151 rastros que hay en el país, solo hay uno en el DF, pero está clausurado desde el 6 de julio de 2011. El Estado de México cuenta con 41 rastros municipales, 18 privados y tres de los llamados TIF: Toluca, Ayapango y Ecatepec. De estos puntos llega la carne al DF, pero también de los rastros clandestinos, llenos de insalubridad y a pesar de las quejas para que se inspeccionen, las autoridades nunca han hecho caso.

En México existen 934 rastros municipales en los cuales se sacrifican anualmente 2.8 millones de cabezas de ganado bovino, 4.4 de ganado porcino, 160 mil de ovinos y 100 mil de caprinos y la autoridad que los inspecciona y verifica la encabeza la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y, en su caso, autoridades sanitarias municipales.

Se estima que aproximadamente el 90 por ciento del total de los sacrificios del ganado en México se llevan a cabo en rastros municipales y en rastros clandestinos, en lugar de rastros tipo inspección federal

“Ha sido muy difícil erradicar este esteroide por su forma de ingresar al país, que es por medio del contrabando, además se suma la falta de normas en los rastros municipales para ejercer mayor control sobre el ganado que ingresa para su sacrificio, sin contar que existen rastros clandestinos que operan sin ninguna vigilancia y el que México no tiene capacidad para que el sacrificio de los animales se realice exclusivamente en rastros TIF, que garantizaría la limpieza del ganado”.

Según el último dato de 2003 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los rastros clandestinos en México representan 30 por ciento del total nacional. Pero no hayquien los clausure. Dependencias federales o locales, como Sagarpa, Cofepris o la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud del DF, alegan falta de personal para la verificación o que simplemente no es de su competencia.

El 60% de la carne producida en México se comercializa en forma de canal caliente (sin congelar), lo que afecta la calidad e inocuidad para el consumidor. El resto se realiza por otros canales donde la calidad es superior. La distribución de la carne de origen nacional se realiza principalmente por intermediarios que adquieren su mercancía en rastros municipales o clandestinos y en menor proporción, a través de las cadenas de tiendas de autoservicio, que son abastecidas por plantas con certificación de tipo de Inspección Federal.

A pesar de la falta de mecanismos eficientes México aplica un proceso de supervisión y verificación oficial que permitió la exportación, el año pasado, de 225 mil toneladas de carne mexicana a 36 países del mundo. En 2012 se vendieron a Rusia alrededor de 28 mil toneladas de cárnicos, equivalentes al 9.8 por ciento del volumen total.

e)Estadística de rastros municipales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la producción de carne en canal y del sacrificio para cuatro especies de ganado: bovino, porcino, ovino y caprino, el número de cabezas sacrificadas durante 2012 fue de 7.6 millones en México, generando una producción de carne en canal de 981,603 toneladas, la cual se distribuyó de la siguiente manera: 66.7% de carne bovina, 32.8% porcina, 0.3% ovina y el restante 0.2% de caprina. En el mismo año, la producción de carne en canal decreció 4.3 % comparada con el 2011, debido a la disminución en la de carne ovina, caprina y bovina de 12%, 10.1% y 6.3%, respectivamente, mientras que la carne porcina se incrementó 0.3%. En el año 2012, el precio medio por tonelada de carne en canal se situó en los 35,608 pesos, lo que significó un crecimiento anual de 13.1 por ciento.

Durante 2012, se produjeron 654,530 toneladas de carne en canal de ganado bovino, de las cuales Jalisco generó el 19.9%, Michoacán de Ocampo 9.4%, Guanajuato 6.9%, Veracruz de Ignacio de la Llave 6%, Coahuila de Zaragoza 5.6%, Estado de México 5.2%, Chihuahua 4.2%, San Luis Potosí y Chiapas 3.2% cada una y Puebla con 3.1 por ciento. Estas entidades contribuyeron de manera conjunta con el 66.7% de la producción nacional de carne de esta especie, de acuerdo a datos del INEGI.

3. Fundamento legal

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta declaración es parte del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, realizada en Nueva York en Junio de 1946, por los representantes de 61 Estados.

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de Sanidad Animal promueve el concepto de “Una Salud”, que comprende de forma integral e interdependiente a la Sanidad Animal, la Salud Pública y el Medio Ambiente. En este ámbito cabe resaltar la Iniciativa de Una Salud elaborada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria.La misma enfatiza lo siguiente: “Garantizar mejor Educación Sanitaria y Zoosanitaria, con el fin de salvaguardar la Salud Pública, la Sanidad Animal y el Medio Ambiente, pensando en la presente y futuras generaciones”.

En nuestra Constitución Política a partir de los conceptos de sanidad animal, existen fundamentos para hacer de la sanidad animal materia de la actividad legislativa, que si bien, no expresa de manera tacita, sí queda implícita como facultad subyacente en la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos dice que el Congreso tiene facultad “Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de su respectivas competencias.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 115, fracción III, Segundo Párrafo determina que: “Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

De esta manera contiene de forma implícita y subyacente al considerar como objeto de la actividad legislativa, dos ámbitos en los que la protección y preservación de la vida animal es central y sustantiva no solo para la manutención de la calidad de vida de los animales, sino también del hombre mismo. Los alcances de la reforma a la Ley, serán los que resulten de la concurrencia en la materia de los tres órdenes de gobierno en el territorio nacional y el Distrito Federal que cuentan con su propia legislación en la materia.

A la concurrencia, la Suprema Corte de la Nación la explica como una distribución de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno: “En el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una Ley General”.

Del ámbito federal recupera principios de la actual Ley Federal de Sanidad Animal, que señala en su artículo 2° “Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humanos”.

a) Bases Jurídicas del Servicio Público de Rastros

México garantiza la inocuidad de sus productos, el no uso de sustancias restringidas, así como el cumplimiento a los límites establecidos de productos aprobados y regulados para la producción animal, tanto para los consumidores nacionales como para sus mercados de exportación, a través de sus Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF). De esta manera México ratificó la solidez de su sistema de sanidad e inocuidad, pues cumple con los criterios que establecen el Codex Alimentarius (Código de Alimentos) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés). Seguirá exportando carne de res y de caballo a la Federación Rusa, a través de nueve plantas autorizadas que deberán permanecer apegadas en su totalidad a los protocolos acordados bilateralmente por las autoridades sanitarias de nuestro país y Rusia.

Sin embargo queda pendiente la inspección de los rastros locales como un mecanismo que garantice una alimentación sana para la población mexicana.Necesitamos avanzar en este rubro,intercambiando apoyo técnico para homologar los métodos de análisis de sustancias presentes en la carne.

La operación y funcionamiento del servicio público del rastro está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones legales que tienen vigencia en los niveles federal, estatal y municipal.

Nivel Federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.

La Ley General de Salud, en el título decimotercero, capítulo primero, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y exportación de alimentos, bebidas, medicinas, tabaco y productos de perfumería entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria.

Nivel Estatal

Las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito estatal son la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, las cuales en su contenido retoman lo establecido en el artículo 115 constitucional, señalando al servicio público de rastros como una atribución del municipio.

Por otra parte, la Ley de Ganadería regula la actividad ganadera en el estado, y en ella establece las formas para acreditar la propiedad del ganado que se va a sacrificar. Respecto al sacrificio del ganado, esta ley determina que solamente deberá realizarse en los lugares destinados por las autoridades municipales; para tal fin, señala algunas bases que deberán observarse para la operación de los rastros municipales.

La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.

Nivel Municipal

En este ordenamiento se enuncian los servicios públicos a cargo del ayuntamiento, entre ellos el de rastros, reglamentando su organización, funcionamiento, administración, conservación y explotación de los mismos, con el fin de asegurar que su prestación se realice de manera continua, equitativa y general para toda la población del municipio.

El Reglamento de Rastro Municipal regula todo lo relacionado con la operación de este servicio público; en él se norma lo referente a los procedimientos para el sacrificio de ganado; establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del rastro, así como los servicios que se prestan al interior del mismo; determina las sanciones a que serán objeto las personas que infrinjan el reglamento.

4. Propuesta

En este sentido, en el marco de respeto del federalismo, se plantea una verificación Tipo Inspección Federal (TIF), en los rastros del país que aún carecen de este mecanismo, y en la medida de lo posible ir integrándolos con dos propósitos fundamentales; primero, que los derechos humanos de salud de los mexicanos sean respetados con la amplitud que requerimos en el país; segundo, continuar exportando productos mexicanos con la calidad necesaria para fortalecer las empresas en la materia.En el marco de estos dos factores, fortalecer la ganadería en el país, que permita darle sustentabilidad económica a las regiones del país y,mantener el bienestar de la población en las entidades y municipios, que contribuyan al desarrollo de México.

El mejoramiento de la prestación delservicio de inspección en los rastros estatales y municipales permitiría varios beneficios, entre otros, lo siguientes:

• Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.

• Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano.

• Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares.

• Generar más ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales.

Por el tipo de inspección y control sanitario de la carne, el rastro municipal en algunos casos, es TSS (Tipo Inspección de la Secretaría de Salud). La operación de este tipo de rastros se llevan a cabo mediante procedimientos muy simples, porque el equipamiento con el que cuenta para su funcionamiento es muy elemental, teniendo la ventaja de que con pocos recursos y mediante procedimiento sencillos se asegura la prestación del servicio, sin asegurar de manera total que llegue la carne en condiciones favorables a los tablajeros para su venta al público en general, para evitar problemas de Salud Pública.

Los animales de consumo que se sacrifican en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) son supervisados por personal autorizado por el gobierno federal en todo el proceso, por lo cual se conoce de dónde vienen los animales, con qué fueron alimentados, cómo y cuándo se sacrifican, su empaque y a qué mercado se destinan.

Por ello con la presente iniciativa se pretende fortalecer los lineamientos e instrumentos actuales, tanto federales, estatales como municipales para:

1. Establecer en la Ley de manera específica y concreta la definición obligatoria para los rastros de recibir el apoyo de los sistemas de sanidad animal federal, que permita integrar a las zonas rurales y las zonas alejadas en una estructura más amplia de atención sanitaria veterinaria.

2. Situar en los programas y procesos de inspección de sanidad animal Tipo Inspección Federal (TIF) a los rastros municipales en el contexto de la política de sanidad animal nacional y estatal.

3. Aplicar los criterios generales de la inspección sanitariaTIF con los cuales se establezca en los rastros municipalesun sistema nacional de sanidad animal.

4. Realizar actos de inspección en los rastros y cualquier lugar donde se sacrifiquen animales, para verificar el estricto apego a las normas de la materia y en su caso imponer las sanciones que correspondan, con la finalidad de que se cumplan con lo dispuesto en la Ley;

5. Realizar las acciones necesarias para lograr el control y operación y mantenimiento de rastros, evitando la venta clandestina de productos o subproductos pecuarios que garanticen la salud de la población;

6. La Secretaría, en coordinación con los Municipios, deberá realizar un programa de trabajo de inspección, para el cumplimiento de lo establecido en las diversas normas aplicables tanto federales como locales, en lo relativo al establecimiento de rastros o centros de sacrificio de animales, de tal forma que no existan mataderos clandestinos.

Es necesario destacar la importancia que para los estados tienen los rastros municipales; sin embargo, no todos los Municipios cuentan con las condiciones adecuadas de operación lo cual implica serios riesgos para la salud de los ciudadanos, en algunos de los casos el problema es cultural; la gente se arraiga a sus usos y costumbres y se resiste a hacer uso de los rastros autorizados por otra parte la falta de inversión en ellos genera que muchos rastros cierren sus puertas y en ocasiones trabajen de manera irregular.

Más recientemente se ha dado una serie de situaciones en la salud de los mexicanos, que nos hace pensar que no debemos dejar u omitir la reforma a la Ley, para dejar establecido de manera regular y permanente la certificación de sanidad a los rastros del país.En este momento se lleva a cabo la inspección en muchos rastros que no contemplan el procedimiento TIF, y se hace a petición de parte, y no dudamos que, el ganadero más interesado y responsables lo soliciten, y en su caso, eviten la distribución de la misma.

A pesar de ello, sería adecuado, que se realice la inspección a iniciativa propia de la Secretaria, de manera regular y permanentepor parte de las mismas autoridades federales o estatales, quienes acudan a los rastros para certificar la calidad de la carne antes de que se distribuya entre la población del país.

Con ello fortaleceríamos el federalismo económico, y aseguraríamos en el ámbito de facultades de la federación la participación de las dependencias del gobierno federal en coordinación con los responsables estatales y municipales, la realización de la inspección sanitaria tan necesaria para lograr los objetivos nacionales de salud de la población.

a)Beneficios del Sistema TIF

El Sistema TIF es un importante activo del Gobierno federal para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos al mercado interno y un mecanismo de reconocimiento internacional para los empresarios e industriales mexicanos interesados en exportar sus productos.

La Certificación TIF trae consigo una serie de beneficios para el consumidor, quien cuenta con la garantía de calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto; se establece que el alimento que adquiere está libre de contaminantes o sustancias que pudieran dañar la salud humana.

Para las empresas que procesan cárnicos bajo los lineamientos TIF es más fácil movilizar su producción de una zona a otra del país; sus productos son mejor cotizados en el mercado interno, además de que tienen la posibilidad de acceder al mercado internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para exportar productos y subproductos cárnicos mexicanos.

El sistema TIF es el único reconocido por autoridades sanitarias de otros países, porque cumple con estándares internacionales en materia de inspección veterinaria sobre los procesos de obtención y transformación de productos y subproductos derivados de la carne.

Para otorgar la Certificación TIF a un producto, el SENASICA vigila el proceso en su totalidad, desde las instalaciones, la construcción del establecimiento, la maquinaria, equipo, indumentaria y enseres que se utilizan en el proceso.

Los legisladores requerimos fortalecer las normas mexicanas para regular las acciones a nivel general para garantizar una sociedad homogénea, que evite tener mexicanos de primera y de segunda clase, peor aún población pobre y enferma,para ello requerimos ampliar los sistemas creados a nivel federal para apoyar los mecanismos locales, en este caso, la certificación de la sanidad en establecimientos de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal.

Tenemos en este momento un marco de trabajo aprobado por todos los partidos políticos, y sus legisladores, para contribuir con lo que se establece en la Cruzada Contra el Hambre en una de sus estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales.

En este sentido los integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) en este año de 2013, expresaron ya su respaldo al Gobierno de la República y aseguraron que se sumarán a la Cruzada Nacional Contra el Hambre que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria.

Requerimos instrumentar las acciones previas que se irán fortaleciendo en la medida que se sustituyan las instalaciones de los Centros de Sacrificio de administración municipal para que se incorporen al modelo de Tipo Inspección Federal, mediante el apoyo complementario en infraestructura y/o equipamiento, que se vaya contemplando en los presupuestos correspondientes.

b) Denominación del proyecto decreto

Por lo anterior se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° y 3° de la Ley de Sanidad Animal.

c) Ordenamiento a modificar

Artículo 2.- Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humano; así como en los rastros, en las unidades de sacrificio y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de origen animal para consumo humano.

La inspección, verificación y supervisión del debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, se realizará a través de la Secretaría o la Secretaría de Salud, de acuerdo a su ámbito de competencia.

La certificación de establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, se realizará a través de la Secretaría, a petición de los ayuntamientos, de los gobiernos de los estados y del gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la presente ley.

Artículo 3.- La Secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo Inspección Federal, y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal.

d) Texto normativo propuesto

Primero. Se reforma el artículo 2, párrafo último, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

La certificación de establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal y del Distrito Federal o concesionados se realizará a través de la secretaría de manera regular, permanente y coordinada con la secretaría de Salud y, en su caso, a petición de los ayuntamientos, de los gobiernos de los estados y del gobierno del Distrito Federal, con servicios Tipo Inspección Federal, o con plantas y unidades aprobadas y certificadas por la Secretaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la presente ley.

Segundo. Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. La secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo Inspección Federal, y de conformidad en los acuerdos de coordinación respectivos con la Secretaría de Salud, en establecimientos de competencia municipal, estatal y del Distrito Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal implantará las modificaciones reglamentarias necesarias en no más de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto.

Recinto de la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Dip.Javier López Zavala”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Flores Méndez. Túrnese a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

Mikel Arriola, Titular de Cofepris; PGR consigna caso por clembuterol en carne; sigue 19 denuncias. Con Denise Maerker 29 de Abril, 2013

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Economice y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM 539 (2007); Una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013) en la que “más vale prevenir que curar”

Álvaro Ley López, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG). 13 de abril de 2012.

Milenio; Proliferan los rastros clandestinos en el DF, Francisco Mejía; presidente del Consejo de Vigilancia y Administración del Rastro Agropecuario de Milpa Alta, Enrique Rojas Moreno, 23 Marzo 2013.

Ibídem; Roberto Duarte, médico veterinario de la UNAM,

Agencias, México, D.F.- El secretario de Salud; José Ángel Córdova, 13 Junio, 2011.

El Sol de Puebla 2 de octubre de 2012; la administradora del Rastro Municipal, Alma Delia Ramírez.

Acento Veintiuno; 19 marzo, 2013

Dato extraído del Directorio de Establecimientos Tipo Inspección Federal, integrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agropecuaria. Actualizado al 28 de febrero de 2011. URL: http://www.senasica.gob.mx/?id=743

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), abril de 2013.

Francisco Javier Mayorga, Secretario de la SAGARPA, Aguascalientes, Ags., 09 de agosto de 2011.

México: En 2012 se produjo menos carne de canal: INEGI; Mayo de 2013.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal; Asunción, Paraguay, 8-9 de abril de 2013

Registro No. 187982; Localización: Nueva Época; Instancia; Pleno; Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2002; Página: 1042; Tesis: P. /J. 142/2001; Jurisprudencia; Material(s); Constitucional, FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Tiene ahora la palabra el Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre propio y de la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proyecto de Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 49 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre propio y de la C. Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN)

El C. Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, señor Presidente.

A nadie queda duda que un reto urgente y absolutamente relevante para la nación entera, no sólo para su gobierno, es garantizar mayores condiciones de seguridad para todos los ciudadanos.

A pesar de que se registraron avances y el tema fue una prioridad evidente durante el sexenio pasado, falta mucho por hacer.

Diversos indicadores dan cuenta de realidades que son absolutamente inaceptables.

El reporte de RiskMap consultora internacional, da cuenta que México ocupa hoy por hoy el segundo lugar mundial en secuestro.

De conformidad con la Encuesta Nacional Sobre Percepción Ciudadana en México, la más reciente que presenta la casa Mitofsky, el problema de seguridad es la principal preocupación para la opinión pública. Y de acuerdo a reciente información del índice global de PAZ, México ocupa el lugar 133 de 162 países, lo que lo coloca en un nivel que representa ser el peor de América Central.

Sin duda, los esfuerzos de organizaciones civiles, de gobiernos, han contribuido a la tarea como la que, por ejemplo, significó la presentación de la Agenda México 12-18 que presentó a los aspirantes a la Presidencia de la República un diagnóstico sobre el tema de seguridad de justicia en el país.

Diversos estudios, particularmente uno que presentaron la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dio cuenta de un diagnóstico revelador.

Cuando se habla de políticas públicas en materia de seguridad, se cometen muchas confusiones entre los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y seguridad humana, y afecta esta confusión la operación de las instituciones.

La actuación de los cuerpos de seguridad no garantizan el respeto a los derechos humanos y se genera desconfianza en las instituciones.

Los objetivos usualmente se plantean con una visión cortoplacista y muchas veces están indexados a un criterio más político-electoral que de atención al problema de fondo.

Se da la falta de colaboración entre instituciones de seguridad entre los distintos órdenes de gobierno, no se prioriza la prevención y la capacitación.

Además de los altos niveles de corrupción e impunidad que se dan en nuestro país.

Y por otro lado, se privilegia la discusión presupuestaria frente a la metodología en la implementación de las políticas públicas.

Si estudiamos los documentos que presentó el gobierno del Presidente Peña Nieto, tanto en lo que corresponde en materia de seguridad contenida en el Pacto por México como en el Plan Nacional de Desarrollo, puede uno percatarse de que los aspectos que se han enumerado en el diagnóstico que ya se ha señalado, no solamente no están tomados en cuenta, sino que lamentablemente pareciera que la política pública en materia de seguridad no sólo es nula, sino que en términos coloquiales vamos hacia atrás.

Analizando sus seis ejes rectores, con respecto a la planeación para reducir la violencia, no se presentan objetivos claros ni alcances ni mucho menos metodología.

Hablando de prevención, tampoco se establecen los detalles respecto de esta política y se confunde la creación de un fondo para atención de víctimas que nada tiene que ver con materia de prevención, sino en todo caso, con la atención de las consecuencias de los delitos.

En materia de protección y respeto de derechos humanos, se ignora la reforma constitucional del 2011. No hay protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad.

Yo creo que todos tenemos referencias absolutamente lamentables y condenables en este respecto, particularmente un hecho que a todos ha indignado, que en días recientes en el estado de México, policías adscritos a los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México, dispararon ignorando protocolos de uso de fuerza pública, privando de la vida a una persona, argumentando una confusión.

Esto evidentemente da cuenta de la falta de instrumentación de protocolos y de la falta de capacitación de los cuerpos de seguridad.

Respecto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sólo se habla de manera superficial, sin estrategias de corto, mediano y largo plazo.

En el caso de la transformación institucional, nosotros, en el Congreso fuimos anuentes para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir las facultades de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, pero en los hechos pareciera que el cambio sólo obedece a la forma y no al fondo. Se ha planteado también a la creación de una Gendarmería Nacional, centralizando el control de las policías y se reitera la participación de Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Por último, y con respecto a la evaluación y retroalimentación, ni siquiera se establecen plazos para la misma.

En conclusión, ante la indefinición evidente del Poder Ejecutivo respecto a la estrategia a seguir en el tema de seguridad, el Poder Legislativo está obligado a crear leyes que planteen respuestas eficientes para atender este gravísimo problema basadas en análisis y estudios serios.

Es por ello, que a nombre propio y de la Diputada Adriana González Carrillo, proponemos la creación de un Centro de Estudios para la Seguridad, que aportaría información constante sobre investigaciones, análisis o trabajos diversos para que estemos informados sobre los aspectos indispensables a tomar en cuenta para buscar soluciones efectivas.

El proyecto de Decreto buscaría añadir esta disposición al numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben, Adriana González Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley OrgAnica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los retos más relevantes y urgentes que enfrenta nuestro país es garantizar una mayor seguridad para todos sus ciudadanos, es por ello que desde los diferentes ámbitos del gobierno y de la sociedad civil se hacen esfuerzos innumerables para generar políticas y mecanismos que vayan dirigidos a alcanzar este fin, sin embargo, a pesar del trabajo realizado y de la prioridad que a este tema se asignó en el anterior sexenio, aún falta mucho por hacer. Muestra de lo anterior son los altos índices de inseguridad, como el reciente segundo lugar mundial en secuestro, de acuerdo al reporte Risk Map 2013, emitido por Control Risks, consultoría de riesgo global e independiente que se especializa en políticas de integridad y el riesgo para la seguridad. Así mismo la Décima primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, realizada por Mitofsky arroja datos importantes y uno a destacar es el relativo a la percepción de la población sobre el principal problema del país, y en opinión de la ciudadanía la inseguridad y/o delincuencia ocupa el primer lugar, por encima de la economía. Por otro lado se ha dado a conocer en el Diario Reforma que en el índice global de PAZ (IGP) 2013, que México se sitúa en el lugar 133 de 162 países lo que lo coloca entre naciones como Ruanda, Kenia, Turquía, Tailandia y Venezuela, siendo el peor calificado de Centroamérica.

De la misma manera organizaciones de la sociedad civil ha realizado grandes esfuerzos por crear mecanismos que le permitan al gobierno contar con análisis e investigaciones sobre este aspecto, prueba de ello es la Agenda México 12-18 elaborada por alrededor de treinta organizaciones y personajes vinculados a los temas de seguridad. Este trabajo fue presentado a todos los aspirantes a la Presidencia de la República con el objetivo de que conocieran sobre temas urgentes en materia de Seguridad y Justicia y contaran con un diagnostico sobre las necesidades, que desde la sociedad civil, se perciben para mejorar el sistema de seguridad y justicia.

Otro estudio que es importante destacar fue el realizado en el año 2011, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional: “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, el cual fue fruto del trabajo realizado en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: hacia una política de Estado en los albores del Tercer Milenio. Algunos de los resultados del diagnóstico fueron:

• Cuando se habla de políticas públicas en materia de seguridad, frecuentemente se generan confusiones en conceptos como “seguridad nacional”, “seguridad interior”, “seguridad pública” y “seguridad humana”, y esto afecta de manera directa la operación de las instituciones responsables de hacer cumplir la ley y de administrar justicia.

• Las prácticas institucionales de las procuradurías, policías, militares y marinos en ocasiones no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. Esto genera desconfianza en las instituciones.

• Es común encontrar políticas en materia de seguridad pública y justicia que se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan. Y parece que los objetivos son únicamente a corto plazo y de carácter político-electoral.

• Los sectores para la seguridad y la justicia están fragmentados.- no hay colaboración entre las instituciones de seguridad como la policía y la milicia y el poder judicial.

• La prevención se ha desatendido, además de que existen altos niveles de corrupción e impunidad.

• En la discusión de los temas de seguridad pública se privilegia la discusión presupuestaria frente a la metodología de las políticas públicas.

• La capacitación de vanguardia casi no existe.

Ahora bien, si se realiza un estudio de los documentos presentados por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, estos aspectos no han sido tomados en cuenta, es más, la nula política en materia de seguridad pública, no sólo no presenta avances sino que ha generado una regresión tanto en resultados como en las políticas implementadas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual se afirma ya que sus seis ejes rectores, carecen de una fundamentación seria y parece más el producto de la improvisación, como se puede observar:

a) Planeación para reducir la violencia.- sin presentar un diagnóstico, objetivos claros, los alcances, los supuestos, la propuesta, la metodología, la identificación de riesgos, la justificación económica, y sobre todo, los plazos.

b) Prevención.- para lo cual se aduce que se elaborará un programa de prevención, asimismo, que se rescatarán los espacios públicos, pero no se determinanlos objetivos, la forma en que se llevará a cabo este rescate, ni qué órdenes de gobierno la realizarán; y por último, que se solicitará un fondo para las víctimas, lo que no atiende a la prevención, sino a las consecuencias de la inseguridad imperante.

c) Protección y respeto a los derechos humanos.- ignorándose los alcances conceptuales y procedimentales de la reforma constitucional del año 2011, al limitarse por una parte, al planteamiento de medidas administrativas como la creación de un Programa Nacional de Derechos Humanos, el fortalecimiento de las áreas en dependencias federales que den seguimiento a este rubro, protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad, la depuración y reestructuración del Instituto Nacional de Migración; y por la otra, a impulsar una legislación que favorece el aumento de castigos y penas.

d) Coordinación entre los tres órdenes.- federal, local, municipal y Distrito Federal, sin determinar el cómo se llevará a cabo esta coordinación ni las estrategias a corto, mediano y largo plazo, para fortalecer las instancias civiles sobre las militares

e) Transformación institucional.- Se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública, trasladándose sus funciones a la de Gobernación, lo que implica un cambio de estructura, pero no de fondo. Asimismo, se planteó la creación de una Gendarmería Nacional, buscando centralizar el control de las policías, sin analizar cuáles son las implicaciones y dificultades para su implementación en los órdenes federal, local y municipal. Y lo que es de llamar la atención: se reitera la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, así como la aplicación de la reforma del modelo penal acusatorio, ambos propuestos por el Presidente Felipe Calderón.

f) Evaluación y retroalimentación.- Se pretende fortalecer la transparencia en las acciones de gobierno, pero una vez más, no se establecen los mecanismos, ni los plazos para su realización1.

Estos lineamientos fueron abordados parcialmente en el Pacto por México2 y enunciados solamente en el Plan Nacional de Desarrollo3, por lo que ante la indefinición del Poder Ejecutivo respecto a la estrategia a seguir respecto a un tema lacerante para la sociedad mexicana como lo es la inseguridad, el Poder Legislativo, al ser depositario de la representación popular, tiene la obligación de crear leyes que planteen respuestas eficientes a este problema, basadas en análisis y estudios serios.

Este tipo de análisis y estudios son de gran importancia en tanto permiten tener una amplia perspectiva sobre el tema y ayuda en la toma de decisiones; y en el poder legislativo resultaría de gran utilidad contar con esta clase de instrumentos que nos auxilien en el proceso de cumplir con la importante tarea de crear mejores leyes e instrumentos jurídicos que ayuden a generar las condiciones que tengan por objeto reducir los niveles de inseguridad y por consecuencia mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

El artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos la existencia de centros de estudio, sobre distintos temas, que sirvan como auxilio técnico para los legisladores y que coadyuven en la elaboración de mejores instrumentos jurídicos, aportando análisis y estudios en el trabajo diario de la construcción del marco jurídico del país, es por ello que centros de estudios como el de las finanzas públicas o para el adelanto de las mujeres y la equidad de género, entre otros, aportan información constantemente sobre investigaciones, análisis o trabajos diversos que realizan y que permiten que estemos informados sobre aspectos que resultan herramientas importantes en la elaboración o perfeccionamiento de leyes.

La creación de un Centro de Estudios para la Seguridad permitiría contar con un auxiliar técnico en esta materia, que además de ser la mayor preocupación para los mexicanos, es una de las áreas en las que debemos enfocar muchos de nuestros esfuerzos legislativos en la construcción de instrumentos jurídicos que le permitan al Estado enfrentar este grave problema. Las contribuciones estarían a disposición de comisiones, legisladores, grupos parlamentarios, y no solo los integrantes o quienes estamos en el poder legislativo, sino que estarían a disposición de investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía en general interesada en conocer más del tema.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico.Se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 49

1. (..…)

2. (…..)

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria; de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género, y de estudios para la Seguridad.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 12 de junio de 2013.

Dip. Adriana González Carrillo.- Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Rivadeneyra Hernández. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

1Peña Nieto, Enrique, Política de Seguridad y Justicia. Discurso presentado en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y Justicia, 20 de diciembre de 2012.

2Vid.Puntos 1.5 y 3 en Gobierno de la República, Pacto por México. México, Presidencia de la República, 2012, pp. 5, 6, 15.

3Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, Presidencia de la República, 2013, p. 39.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Aleida Alavez Ruiz para presentar, a nombre de los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña; Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto que reforma el Artículo 123 de la Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de los CC. Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Presento en esta tribuna a nombre de mi bancada esta iniciativa de ley con proyecto de Decreto con el objeto de incrementar a 15 años la edad mínima para que las niñas y niños se incorporen al trabajo, siguiendo la esencia normativa contenida en el Convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Es decir, con el fin de apoyar el desarrollo físico, mental, social y moral se propone que la edad en la que las niñas y niños se incorporen al trabajo sea de los 14 a los 15 años, lo que al propio tiempo impactará en beneficio de las familias y la nación toda, cuyo presente, pero ante todo su futuro se representa las condiciones de vida de nuestros menores.

Millones de niñas y niños en el país, algunos cuando apenas comienza a caminar, son sometidos a la explotación laboral; en un momento en que deben recibir todo el apoyo para vivir, crecer, estudiar, jugar y desarrollarse. Si esto no es un crimen, no sabríamos qué otra palabra emplear, pues equivale a que se infringieran lesiones graves o, en ocasiones, se privara de la vida a un ser humano.

Esta infamia social, nos debe preocupar a todos, ya que sus efectos negativos acaban impactando no sólo a estos niños y sus familias, sino a la colectividad en su integridad, con diversas enfermedades sociales, frente a las cuales sólo vemos los efectos, y nos negamos a ver las causas profundas que a todos atañen, en su prevención y solución.

Con mayor razón, cuando la incorporación al mundo del trabajo de las niñas y los niños, no depende tanto de una edad, sino de su condición social, motivo por el cual, mientras los menores pertenecientes a familias de escasos recursos se ven obligados a despedirse de su infancia a muy temprana edad, por el contrario, los que pertenecen a las clases pudientes, retardan cada vez más la sujeción a una relación de trabajo. Esto provoca, la reproducción desigual en sus condiciones de vida en uno y otro caso por regla general.

Luego, en el fondo de la masiva incorporación de los niños al trabajo, existe no sólo un acto de injusticia, sino un acto de discriminación, condenada no sólo por la Constitución Federal y diversos instrumentos internacionales suscritos por México, sino por la Ley Federal del Trabajo, de manera expresa.

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades.

Esto con mayor razón cuando el Convenio 138 señala que la edad mínima fijada en principio no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, en todo caso, a 15 años.

En este sentido, no hay que olvidar, que conforme al artículo 3o., constitucional, la educación obligatoria abarca hasta la educación media superior, a la que los jóvenes llegan alrededor de los 18 años.

Conjuntando ambos preceptos, diremos que será un gran avance legal y humano, que la edad mínima para trabajar se incremente de 14 a 15 años, más ésta en la medida de lo posible, deberá irse incrementándose hasta los 18 años.

Sobre la omisión del gobierno federal de suscribir el Convenio número 138, veamos a algunos países que ya lo han hecho, lo que evidencia la absoluta falta de humanismo de los últimos gobiernos neoliberales: Afganistán, apenas en 2010, no obstante los graves problemas internos por los que atraviesa; Albania, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Belice, Chile, China, Colombia, El Salvador, Filipinas, España, Vietnam, Haití, entre otros.

No se puede alegar como argumento para no ratificar el Convenio número 138 que la Constitución establece la edad mínima a los 14 años, ya que en primera, se ha tenido un tiempo más que largo para reformarla; y segundo, la Constitución sólo señala mínimos, por lo que elevar la edad en el caso no sólo se contradice la Constitución, sino por el contrario, se le fortalece en el camino de la justicia social.

En concreto, planteamos que se reforme la Constitución Federal para incrementar a los 15 años de edad, la edad mínima para prestar servicios a un patrón, sin que ésta sea el último límite, sino se señale expresamente que el Estado mexicano elevará progresivamente la edad mínima a la admisión al trabajo, antes referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de las niñas y los niños.

Esto, sin que dejemos de insistirle al Ejecutivo Federal en la necesidad de que suscriba el Convenio número 138 de la OIT para que actualice este convenio a una mejor tutela de los menores.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los y las suscritas, Diputadas VERONICA BEATRÍZ JUAREZ PIÑA, ALEIDA ALAVEZ RUIZ y DIPUTADOS AGUSTIN MIGUEL ALONSO RAYA y ROBERTO CARLOS REYES GAMIZ integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente:

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

En bien de su desarrollo físico, mental, social y moral, se propone disminuir la edad en la que las niñas y los niños se incorporen al trabajo; lo que al mismo tiempo impactará en beneficio de las familias y la nación, cuyo presente, pero ante todo su futuro, se representa en las condiciones de vida de estos menores.

ARGUMENTOS

Millones de niñas y niños en el país, algunos cuando apenas comienzan a caminar, son sometidos a la explotación laboral; en un momento en que deben recibir todo el apoyo para vivir, crecer, estudiar, jugar, desarrollarse. Si esto no es un crimen, no sabríamos que otra palabra emplear, pues equivale a que se infrinjan lesiones graves o, en ocasiones, se priva de la vida a un ser humano.

Esta infamia social, nos debe preocupar a todos, ya que sus efectos negativos acaban impactando no sólo a estas niñas y niños y sus familias, sino a la colectividad en su conjunto, con diversas enfermedadessociales, frente a las cuales sólo vemos los efectos, y nos negamos a ver las causas profundas que a todos atañen, en su prevención y solución.

Sin embargo, los parámetros para definir conforme a las disposiciones vigentes en nuestro país, la edad mínima para que las y los niños sean contratados por los patrones, deben ser cuestionados, no sólo porque diversos convenios de la OIT, incluido el número 138, propugnan por elevar ésta; sino porque al haber aumentado la esperanza de vida en el país y la complejidad de la vida social, es lógico y justo, que las y los niños, puedan y deban emplear más tiempo para prepararse debidamenteen vista de la consecución de sus fines y para cumplirlas funciones sociales que estarán a su cargo, en vista de su pleno desarrollo.

Con mayor razón, cuandola incorporación al mundo del trabajo de las y los niños, no depende tanto de una edad, sino de su condición social, motivo por la cual, mientras los menores de edad pertenecientes a familias de escasos recursos se ven obligados a despedirse de su infancia a muy temprana edad, por el contrario los que pertenecen a la clase alta, retardan cada vez más la sujeción a una relación de trabajo. Esto provoca, la reproducción desigual de sus condiciones de vida, en uno y otro caso.

Luego, en el fondo de la masiva incorporación de las y los niños al trabajo, existe no sólo un acto de injusticia, sino un acto de discriminación, condenada no sólo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, sino por la Ley Federal del Trabajo, de manera expresa.

El trabajo, cuando se da a la edad y en las condiciones adecuadas, sabemos que es un derecho humano, uno de los mayores bienes de los que el ser humano puede disfrutar como factor de todo bienestar. Pero cuando se impone a deshora, es una aberración.

Pero hay un grado mayor de infamia, cuando las y los niños son encadenados a las peores formas de trabajo infantil. Terreno en el cual México, rinde las peores cuentas, en un verdadero acto de afrenta nacional, pese a haber firmado el Convenio 182 de la OIT, que busca erradicar estas terribles formas de explotación y sometimiento. No se profundiza, en la presente iniciativa sobre si este tipo de oprobios, merecen el calificativo de trabajo, más bien, deberían alejarse de este término, que tiene otra historia y otra esencia.

En respaldo a lo dicho, me permito transcribir unos párrafos de la OIT relativos al trabajo infantil:

“No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.

“El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

“Así pues, se alude al trabajo que:

• Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; e

• Interfiere con su escolarización puesto que:

• Les priva de la posibilidad de asistir a clases;

• Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o

• Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

“En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector…”

Es importante modificar nuestro marco jurídico para homologar la edad mínima de 15 años como lo estipula el Convenio número 138 de la OIT aprobado en el año de 1973, en el pleno de su Asamblea General, el cual en su artículo 1º, señala:

“Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.”

Es decir, la consagración de los 15 años, en lugar de los 14 que establece la legislación mexicana en materia laboral, es un paso hacia adelante. Con mayor razón cuando, el punto3, del artículo 2º de este Convenio, expresa que:

“3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.”

En este sentido, no hay que olvidar, que conforme al artículo 3º. Constitucional, la educación obligatoria abarca hasta la educación media superior, a la que los jóvenes llegan, alrededor de los 18 años.

Conjuntando ambos preceptos, diremos que será un gran avance legal y humano, que la edad mínima para trabajar se incremente de 14 a 15 años, más ésta en la medida de lo posible deberá irse incrementando hasta los 18 años; mientras la edad de 18 años no se modifique conforme a lo planteado.

En armonía con todo lo dicho, nuestra Iniciativa parte de la reforma del Apartado A del artículo 123 Constitucional, para después impactar a la Ley Federal del Trabajo en los cambios necesarios. Esto, sin que dejemos de insistirle al Ejecutivo Federal en la necesidad de que suscriba el Convenio número 138 de la OIT.

Miles de niñas y niños en nuestro país, sufren con especial agudeza las injusticias que se generan en el servicio doméstico, poniéndose en riesgo su salud, su seguridad, su moralidad, en general su desarrollo.En virtud de lo cual se debe prohibir y erradicar con todos los medios sociales, políticos y económicos a nuestro alcance el trabajo doméstico de las niñas y niños.

La prohibición del trabajo doméstico, es congruente con el Convenio de la OIT número 182, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, ya ratificado por México y que por tanto, en relación con el artículo 1º. Constitucional, tiene plena obligatoriedad para el Estado Mexicano. Y bien este Convenio, en su parte conducente señala:

“Artículo 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

“Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca:

“(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños…”

A esto debe sumarse:

a) El convenio de la OIT número 189,relativo al trabajo doméstico, que aunque no ha sido ratificado por México, debe servir de directriz, ya que nuestro país es miembro de la Organización Internacional del Trabajo:

“Artículo 4

“1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general…”

“Artículo 5

“Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.”

La OIT por su parte, señala: “En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto a los ojos del público, ya que estos niños puede que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las historias de abuso de niños involucrados en trabajo doméstico son muy comunes. ..”

Por otra parte, y toda vez que proponemos elevar a 18 años en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prohibición de las labores insalubres o peligrosas, se eleva en la misma proporción la edad para trabajar en el marco de las contingencias sanitarias.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones II y III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO.- Se reforman las fracciones II y III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoveránla creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. …

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciocho años;

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. El Estado mexicanoelevará progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo, antes referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Suscriben

Dip. Verónica Beatríz Juárez Piña.- Dip. Aleida Alavez Ruiz.- Dip. Agustín Miguel Alonso Raya.- Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Aleida Alavez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona los artículos 25 y 73 Constitucionales.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LOS ARTICULOS 25 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, señor Presidente.

Presentamos esta iniciativa donde proponemos la adición de un párrafo noveno en el artículo 25 y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos constitucionales, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados se conviertan en deuda pública y que finamente la sociedad mexicana, con sus impuestos, termine pagando estos pasivos.

Esta iniciativa de reforma a la Constitución, la presentamos en el marco de la discusión que ya se está llevando a cabo de las 13 iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, conocida como reforma financiera.

Nos parece muy delicado que se vayan a discutir y a aprobar cambios en las leyes financieras sin antes establecer una restricción para evitar que haya un nuevo rescate de los bancos por parte del Estado mexicano con recursos de los contribuyentes.

El costo fiscal que representa el FOBAPROA, IPAB ha endeudado a varias generaciones de mexicanos, por lo que es preciso acotar la responsabilidad, la discrecionalidad del gobierno cuando se da un mal manejo por parte de los empresarios privados.

Esta propuesta la hacemos en virtud de que el sistema capitalista no ha logrado superar del todo la crisis a nivel mundial, que viene desde al año 2008, con el problema financiero en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas que dejó en el desahucio a miles de ciudadanos de ese país. Europa ha sido fuertemente golpeada, naciones como Grecia, España y Turquía sufren el colapso económico derivado de la especulación financiera y la deuda pública.

El informe anual del Banco de México, reporta que las economías emergentes sufrieron una caída en el PIB para el año 2009 del 4 por ciento; asimismo el volumen mundial del comercio de bienes y servicio cayó 10 por ciento, en relación al 2008.

El porcentaje de morosidad de las empresas privadas no financieras con la banca comercial se ha mantenido en un nivel de 2 por ciento entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, porcentaje que aunque menor, debe ser signo de preocupación, si la economía mexicana no muestra signos de recuperación previa.

En esta situación similar se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos.

Para octubre de 2012, el número de créditos de nómina que se encuentra con algún tipo de atraso en sus pagos, asciende a 484 mil, de los cuales 128 mil, o sea el 27.5 por ciento, se encuentran en cartera vencida por presentar un atraso de más de 90 días. Ese monto al cierre del 2011 fue de 447 mil.

El propio Banco de México señala que a marzo de 2012, la cartera vencida llegó a un nivel más alto desde el mes de noviembre de 2009.

Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1º de septiembre de 1982, el entonces Presidente José López Portillo nacionalizó la banca.

En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación por más de 140 mil millones de dólares y la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el 13 de diciembre de ese año para administrar esas triquiñuelas con cargo al erario federal.

Aquí quiero recordarles, compañeros Diputados, que ese año en 1998 un grupo de legisladores, tanto Diputados como Senadores fuimos a una Interparlamentaria a Chile y pedimos hablar con el Titular del Banco Central de Chile, que es el equivalente al del Banco de México, al señor Cartens, para que nos explicara cómo había sido. . .

Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: No, adelante, Diputado, era nada más para solicitarle respetuosamente a los compañeros legisladores atendiésemos al orador.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, señor Presidente.

Porque nos había explicado aquí el Presidente Zedillo, que teníamos que recurrir a un rescate bancario como él nos lo estaba proponiendo, porque el rescate en Chile había salido muy costoso, sin embargo, nos explicó el titular del Banco Central de Chile que ellos ya estaban por cumplir 10 años del rescate y donde los banqueros se habían comprometido a pagar con un porcentaje de sus utilidades el apoyo del gobierno y ya estaban a más del 90 por ciento del pago del rescate que el gobierno les había dado para que salieran de la crisis.

Eso fue en tiempos de Pinochet, en cambio, si vemos cuál es la situación en México, a más de 25 años del rescate bancario, solamente hemos estado pagando los intereses a la banca, no hemos pagado capital, es un endeudamiento que ha permitido dar estabilidad a la banca, pero a costa del subsidio que se ha dado con nuestros impuestos a los banqueros, y vemos cómo de esta manera se privilegia el apoyo al sector financiero en México sobre otros sectores de la economía real como industriales, agricultores, comerciantes, dejando en total libertad a los banqueros para que especulen con el ahorro de todos los mexicanos.

Ahora que estamos aprobando o que se están discutiendo estas reformas financieras es para darles más seguridades a los bancos sobre los créditos, sobre a quienes prestan, es más apoyo al sector financiero, al sector banquero, pero no ponemos restricciones constitucionales y tenemos que seguir los buenos ejemplos que nos dan otros gobiernos de la región, como es el caso de Ecuador, que en su última Asamblea Constitutiva aprobaron precisamente esta restricción después de haber sufrido, al igual que nosotros, un quebranto financiero, la prohibición constitucional para que las deudas privadas se conviertan en deudas públicas, y en México tal parece que no nos interesa defender el interés de la sociedad mexicana, de evitar que se vuelva a dar un atraco tan descomunal como se dio con el del FOBAPROA en 1988 y que lo estamos sufriendo hasta la fecha después de 25 años, pagando los intereses de esa gran deuda, protegiendo, desde la Constitución, que ya no se vuelvan a usar recursos públicos para que las deudas privadas las pague el pueblo de México.

Termino, señor Presidente.

Por eso hago hincapié, compañeros legisladores, para que le demos la importancia que tiene esta iniciativa y que no solamente le regalemos mayores regulaciones a la banca en su servicio y su utilidad sin antes poner las restricciones para que no vuelvan a suceder otros FOBAPROAS.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Diputado Federal a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 25 y 73 y reforma el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa en la que se propone la adición de un párrafo noveno al artículo 25 Constitucional y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de nuestra norma fundamental, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados, se conviertan en deuda pública y que finalmente la sociedad mexicana, con sus impuestos, termine pagando estos pasivos.

Esta iniciativa de reforma a la Constitución, la presentamos en el marco de la discusión que ya se está llevando a cabo de las 13 iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, conocida como “reforma financiera”.

Nos parece muy delicado que se vayan a discutir y aprobar cambios en las leyes financieras, sin antes establecer una restricción para evitar que haya un nuevo rescate de los bancos por parte del Estado mexicano con recursos de los contribuyentes.

El costo fiscal que representa el FOBAPROA-IPAB ha endeudado a varias generaciones de mexicanos, por lo que es preciso acotar la responsabilidad del gobierno cuando se da un mal manejo por parte de los empresarios privados.

En concreto, proponemos que se ponga un "hasta aquí", a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos, realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas.

Esta propuesta la hacemos en virtud de que el sistema capitalista no ha logrado superar del todo la crisis a nivel mundial, que viene desde el año 2008, con el problema financiero en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas que dejo en el desahucio a miles de ciudadanos de ese país. Europa ha sido fuertemente golpeada, naciones como Grecia, España y Turquía sufren el colapso económico derivado de la especulación financiera.

El informe anual del Banco de México, reporta que las economías emergentes tuvieron una caída en el PIB para el año de 2009 del 4 por ciento; asimismo el volumen mundial de comercio mundial de bienes y servicios cayó 10 por ciento, en relación con el 2008.

México fue duramente golpeado en el 2008, varias empresas tuvieron que cerrar e inclusolos monopolios y oligopolios mostraron signos preocupantes de incapacidad de pago.

Ese problema de liquidez no fue causado exclusivamente por la borrachera de inversiones que realizaron al amparo de la buena marcha de los negocios y el consecuente endeudamiento que asumieron, sino también por haber especulado con los futuros de los precios del petróleo, del tipo de cambio y de otros instrumentos derivados.

El porcentaje de morosidad de las empresas privadas no financieras con la banca comercial se ha mantenido en un nivel del 2 por ciento entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, porcentaje que aunque menor, debe ser signo de preocupación, si la economía mexicana no muestra signos de recuperación pronto.

En una situación similar se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. De acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diciembre de de 2012, se habían emitido 24 millones de tarjetas de crédito.

El Boletín No. 025 de la Comisión Nacional de Usuarios de los Servicios Financieros, da a conocer que el número de créditos de nómina que tienen atraso en sus pagos es mayor en el 2012, con relaciónal año previo, 2011.

Para octubre de 2012, el número de créditos de nómina que se encuentra con algún tipo de atraso en sus pagos, asciende a 464 mil, de los cuáles 128 mil (27.5%) se encuentran en cartera vencida por presentar un retraso de más de 90 días. Ese monto al cierre de 2011 fue de 447 mil.

El propio Banco de México señala que a marzo de 2012, la cartera vencida legó a su nivel más alto desde el mes de noviembre de 2009. Estamos hablando de un monto de 29 mil 156 millones de pesos, un monto superior en 44 por ciento con respecto al febrero de 2012. Este indicador incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina.

Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1 de septiembre de 1982, el entonces Presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Asimismo, cuando se rescató a los grandes corporativos a través del Programa de Cobertura de Riesgo Cambiario para que transformaran los créditos contratados en dólares antes del 20 de diciembre de 1982 a pesos.

Posteriormente este programa fue popularmente conocido como el FICORCA, creado por un acuerdo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, designando como fiduciario al Banco de México.

El FICORCA empezó a operar a principios de mayo de 1983 y a través de él las empresas transformaron sus deudas en dólares a pesos, a un tipo de cambio subsidiado por el gobierno federal.

En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación por más de 140 mil millones de dólares y la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario el 13 de diciembre de ese año para administrar estas triquiñuelas con cargo al erario federal.

No debemos olvidar que esta Cámara de Diputados ordenó la realización de una auditoría de las operaciones financieras de los bancos, para verificar la legalidad de los créditos otorgados por ellos y que serían asumidos como pasivos con garantía del gobierno federal.

Tampoco podemos olvidar que los bancos beneficiados se negaron, a pesar de que tenía obligación de hacerlo, a proporcionar la información que les requirió el auditor canadiense Michael Mackey, motivo por el cual nunca pudimos saber cuál fue la verdadera magnitud de los créditos irregulares, que incluían autopréstamos y otras operaciones también irregulares, que terminaron en la panza del FOBAPROA-IPAB.

Conviene recordar que el monto de los bienes que garantizaban los pasivos que asumió el FOBAPRA-IPAB no eran más del 20 por ciento del pasivo total de los pagarés que administraría el organismo. En estos activos representados por bienes inmuebles y muebles han sido malbaratados a los Bribiesca, hijos de Martha Sahagún y otra parte fueron transferidos como pago de factura a quienes financiaron la campaña de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Por otra parte, los problemas de sobreendeudamiento exterior del sector público, llevaron al gobierno del entonces Presidente Ernesto Zedillo en marzo de 1995, a utilizar como garantía prendaria frente a los acreedores del extranjero, los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de PEMEX.

En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y del saqueo del esfuerzo productivo nacional, para que nunca más, ahora sí nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico en nuestra nación y descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano.

Compañeras y compañeros diputados: en el derecho constitucional comparado contamos el referente inmediato de que la hermana República de Ecuador, en su nueva constitución política, aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del año en curso y en vigor a partir de su publicación, en el registro oficial el pasado 20 de octubre de este año, se establecen principios similares a los que son materia de la presente iniciativa.

Para consagrar lo anterior, estamos proponiendo hacer adiciones a los artículos 25 y 73 de nuestra constitución, porque, como se sabe, el actual artículo 25 constitucional, reformado en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, establece el concepto de la rectoría del desarrollo económico nacional. De igual forma se establece en el tercer párrafo de dicho artículo, la concurrencia de los sectores público, social y privado al desarrollo económico de la nación.

Sin embargo, es claro el carácter de clase del Estado mexicano y los intereses a los cuales sirve y que no siempre son el de las grandes mayorías que no cuentan ni con empleo ni con los mínimos satisfactores para proveer a sus necesidades.

Nuestro país cuenta en la actualidad con más de cuarenta millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema. Además, el actual entorno económico nacional y mundial no prevé que se generen condiciones óptimas para crear más empleos.

Incluso, el actual entorno económico nos muestra que los agentes económicos privados en lugar de generar riqueza a partir de la producción invierten en el mercado financiero con la volatilidad que esto implica, poniendo además a nuestra moneda en una situación de vulnerabilidad, ponen en riesgo los pocos empleos que tenemos y hacen inviable la generación de nuevos empleos.

Proponemos, también, la adición de un párrafo segundo a la fracción VIII, del artículo 73 constitucional.

En el texto original de la Constitución de 1917 esta fracción VIII facultaba al Congreso de la Unión "para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional".

Esta fracción VIII se ha reformado en múltiples ocasiones para dotar al Congreso de mayores facultades en materia de autorización, del manejo y pago de la deuda.

En la actualidad es el Congreso de la Unión quien faculta en la Ley de Ingresos de la Federación al presidente de la República para contratar deuda pública, así como lo que se dispone en la Ley General de Deuda Pública.

Proponemos la eliminación en la parte final del párrafo primero del punto y coma para ser sustituida por un punto y aparte que permita la adición del nuevo segundo párrafo que se propone, para este artículo.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto de adición a los artículos 25 y 73 y de reforma al primer párrafo de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo noveno al Artículo 25; y se adiciona un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

En ningún caso el Estado mexicano emitirá leyes, decretos, acuerdos, contratos o disposiciones de carácter general mediante los cuales se convierta en pública la deuda de agentes económicos privados.

Artículo 73....

I. a VII. …

VIII. ...El jefe del Gobierno del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la Cuenta Pública.

En ningún caso el Congreso de la Unión emitirá leyes o decretos, mediante los cuales se conviertan deudas de agentes económicos privados en deuda pública.

IX. a la XXX. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir del inicio de vigencia del presente decreto, realizará las adecuaciones que correspondan a la legislación secundaria en la materia, para ponerlas en concordancia con el contenido de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario

del Partido del Trabajo”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Cantú Garza.

Está solicitando el uso de la palabra el Diputado Durazo Montaño, ¿para qué efectos?

- El C. Diputado Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño): Muy brevemente, señor Presidente, sólo para solicitar al Diputado Cantú Garza, si me permite suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Cantú Garza, ¿acepta?

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: (Desde su escaño) Claro que sí.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Acepta.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados adicionada esta iniciativa con el apoyo del Diputado Alfonso Durazo.

Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por el C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias compañeras y compañeros legisladores:

Efectivamente, someto a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El artículo 1o., constitucional, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género y otras categorías.

Además, nuestro país ha adquirido numerosos compromisos a favor de la igualdad al ratificar diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Desde que nuestro país suscribió estos acuerdos el 17 de julio de 1980 y 9 de junio de 1994, respectivamente, el Estado mexicano se ha comprometido a asumir el principio de igualdad como eje rector de sus planes y acciones, así como a establecer los mecanismos institucionales necesarios para la atención de los temas de género en el ámbito de su competencia.

Avanzar hacia la plena igualdad de género requiere cambios, modificaciones y ajustes en ámbitos diversos tanto en la legislación, la educación, como en la cultura, es decir, favorecer el cambio de mentalidades para contribuir en la lucha contra la discriminación de oportunidades.

En este contexto, la utilización de un lenguaje no sexista brota como una medida excepcional para abonar mayor credibilidad a las relaciones de igualdad entre los integrantes de la sociedad, así como una oportunidad para ir reduciendo espacios de desigualdad e incorporando una perspectiva de género.

El lenguaje que usamos no es inocente, ya que por medio de éste es que ordenamos el mundo, lo que quiere decir, que con nuestra forma de hablar o de escribir estamos contribuyendo, probablemente sin saberlo o sin ser nuestra intención, a mantener diversas formas de discriminación hacia las mujeres. Hecho que muy probablemente se deriva de una visión androcentrista, fomentada históricamente.

El androcentrismo lingüístico se manifiesta fundamentalmente en el plano léxico, a través del uso del masculino como genérico, es decir, tomando como sujeto principal al hombre.

Al considerarse al varón como imagen de lo humano general introducimos una valoración de género: el varón y lo masculino, representaría al ser humano universal, completo, es decir, el paradigma, el modelo. Esto significa presentar a la mujer y a lo femenino como particular, imperfecta, incompleta o como inferior al hombre.

Con el término sexismo nos referimos generalmente a la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Así, el sexismo lingüístico es una forma de invisibilizar o violentar a las mujeres; es necesario que se elimine por tanto este uso del lenguaje en la redacción de cualquier normatividad.

Para poder eliminar el uso sexista del lenguaje es necesario que se lleve a cabo un proceso de concientización sobre la forma en que los estereotipos y formas androcéntricas heredadas, se encuentran presentes en nuestro lenguaje cotidiano.

Por todo lo anterior, es que surge la necesidad de incorporar en la legislación aplicable en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con objeto de implementar las acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal y a introducir el papel de la mujer en el discurso, para que refleje la realidad.

La finalidad de esta nueva disposición será conseguir la utilización de un lenguaje incluyente y eficaz que inserte a las mujeres y las haga visibles. Lo anterior, para evitar ambigüedades o confusiones, y de esta manera que el reconocimiento de sus derechos o de las restricciones a las que se encuentran sujetas sea efectivo.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción VII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, quedando de la siguiente manera:

VII.- Promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Muchas gracias por su atención y su eventual apoyo.

Gracias a todos.

Iniciativa

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país existe un gran problema de discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos: familiar, laboral y en general para el acceso a oportunidades, conductas que sin duda alguna constituyen algún tipo de violencia de género.

Los estereotipos de género se ocupan de la construcción social que cada cultura elabora, en torno al sexo biológico y establecen diferencias entre hombres y mujeres referidas a conductas, comportamientos, roles, funciones y expectativas de vida.

Es entonces, a través de los roles de género que se pretenden establecer obligaciones, comportamientos y responsabilidades que deben cumplir las personas ya sea por medio de la implementación de normas jurídicas, morales o sociales.

Lo cierto es que el desarrollo de las sociedades ha llevado aparejado un proceso de transformación de la división sexual del trabajo, abriendo un espacio cada vez más amplio para las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, las viejas y las actuales generaciones no han cambiado demasiado en lo que se refiere a cuestiones de género y rol social de los hombres y las mujeres.

Circunstancia a todas luces contradictoria, ya que de conformidad con lo que establece el artículo 1° Constitucional:

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estadio civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(Enfasis propio)

Aunado al hecho de que México ha adquirido numerosos compromisos en pro de la igualdad al ratificar diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, desde que nuestro país se suscribió a estos en fecha 17 de julio de 1980 y 9 de junio de 1994 respectivamente, el Estado mexicano a través de los diferentes órdenes de gobierno se ha comprometido a asumir el principio de igualdad como eje rector de sus planes y acciones, así como, a establecer los mecanismos institucionales necesarios para la atención de los temas de género en el ámbito de sus competencias.

En este sentido el Gobierno se ha comprometido a asumir el principio de igualdad como la base en sus planes y acciones, así como crear e implementar los mecanismos necesarios en atención a los temas de género.

Sin embargo, de marzo de 1981, han pasado poco más de treinta años, y de junio de 1994, casi 20 años, desde que México signo referidos documentos internacionales y todavía no podemos decir que nuestras costumbres y cultura han cambiado, y peor aún que en nuestras leyes haya tenido un impacto significativo el contenido de ambos acuerdos, para darle vigencia real y material a la obligación a cargo del Estado de regular y garantizar la igualdad entre hombre y mujeres.

Avanzar hacia la plena igualdad de género requiere cambios modificaciones y ajustes en ámbitos diversos tanto en la legislación, la educación y la cultura, es decir favorecer al cambio de mentalidades, para contribuir en la lucha contra la discriminación de oportunidades.

El uso de un lenguaje incluyente se vislumbra como un paso importante para avanzar hacia la igualdad de género, pues este no es una cuestión menor, dado que la utilización de un lenguaje incluyente, sin dunda alguna busca garantizar que la comunicación se refiera en la misma medida, pero considerando necesidades específicas, a mujeres y hombres, esto es emplear formas o modos de comunicación que permitan establecer sinergias para lograr la paridad.

La utilización de un lenguaje no sexista brota como una medida excepcional para abonar mayor credibilidad a las relaciones de igualdad entre los integrantes de la sociedad, así como, una oportunidad para ir reduciendo espacios de desigualdad, e incorporando una perspectiva de género.

El lenguaje que usamos no es inocente, ya que por medio de este es que ordenamos el mundo, lo que quiere decir, que con nuestra forma de hablar o de escribir estamos contribuyendo, probablemente sin saberlo o sin ser nuestra intención, a mantener diversas formas de discriminación hacia las mujeres.

Hecho que muy probablemente se deriva de una visión androcentrista, fomentada históricamente de la realidad, que aún hoy continua imponiéndose, a pesar de los avances igualitarios, teniendo como referente las mejores prácticas internacionales, en legislación, costumbres y del cambio social protagonizado por las mujeres.

El androcentrismo lingüístico se manifiesta fundamentalmente en el plano léxico, a través del uso del masculino como genérico, es decir, tomando como sujeto principal al hombre.

Al considerarse al varón como imagen de lo humano general introducimos una valoración de género: el varón y lo masculino, representaría al ser humano universal, completo, el paradigma, el modelo. Esto significa presentar a la mujer y a lo femenino como particular, imperfecta, incompleta, es decir, como inferior al hombre.

Con el término sexismo nos referimos generalmente a la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Así el sexismo lingüístico es una forma de invisibilizar o violentar a las mujeres; es necesario que se elimine este uso del lenguaje en la redacción de cualquier normatividad.

En una sociedad como la nuestra donde es un compromiso eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres, el lenguaje no sólo debe reflejar esta demanda, sino además debe contribuir a la construcción de la igualdad.

Para poder eliminar el uso sexista del lenguaje es necesario que se lleve a cabo un proceso de concientización sobre la forma en que los estereotipos y formas androcéntricas heredadas, se encuentran presentes en nuestro lenguaje cotidiano, pues la utilización del masculino genérico es uno de los fenómenos que más contribuye a la invisibilización de las mujeres y, por tanto, al sexismo lingüístico, toda vez que pareciera que el hombre es el actor de todos los hechos o circunstancias que se pretenden comunicar, que es el único referente y esto genera sobrevaloración para la identidad masculina.

Por todo lo anterior, es que surge la necesidad de incorporar en la legislación aplicable en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con objeto de implementar las acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal y a introducir el papel de la mujer en el discurso, para que refleje la realidad.

La finalidad de esta nueva disposición será conseguir la utilización de un lenguaje incluyente y eficaz que inserte a las mujeres y las haga visibles. Lo anterior, para evitar ambigüedades o confusiones, y de esta manera que el reconocimiento de sus derechos o de las restricciones a las que se encuentran sujetas sea efectivo.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción VII al artículo 17de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

UNICO. Se adiciona la fracción VII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para quedar como sigue:

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos:

[…]

[…]

VII. Promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios de electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Texto actual

Modificaciones sugeridas

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

No existe.

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, y

VII. Promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. Ricardo Mejia Berdeja.- Dip. Alfonso Durazo Montaño”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Durazo Montaño. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Informo a todos ustedes que las demás iniciativas que fueron presentadas, conforme a la agenda del día de hoy, serán turnadas a las comisiones que fueron acordadas por la Mesa Directiva. Los turnos serán publicados en la Gaceta correspondiente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 72 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 72 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento en la comisión de delitos con violencia en México no tienen fin, el incremento de la inseguridad en el país ha sido rebasada por estos, por ejemplo: el secuestro tanto el extorsivo como el exprés; ambos con el único propósito de recibir dinero.

Las consecuencias que este delito implican son: laprivación de la libertad y tranquilidad, generando una serie de experiencias devastadoras que son consecuencias de diversos traumas, uno de ellosse le denomina: “Estrés postraumático”. Se trata de un conjunto de síntomas caracterizados por revivir la experiencia traumática repetitivamente, ya sea con pesadillas o “flashbacks”. 1

Temores, preocupaciones, pesadillas, trastornos del sueño o dificultades para comer, son sólo algunos síntomas comunes de traumas, son consecuencia de vivir y sufrir algún delito como: robo, asalto, violación, secuestro, entre otros.

A consecuencia de esta violencia la vida diaria se vuelve intimidante y extraña, cargada de una amplia gama de emociones tales como ansiedad, aislamiento, desamparo, desesperación y horror, por lo tanto las personas expuestas a este tipo de emociones pueden padecer alguna enfermedad desencadenado algunas secuelas o traumatismos.

Los traumatismos pueden presentarse de manera inmediata o en ocasiones tardan varios meses o años en hacerlo, muchas veces sin estar preparados física o emocionalmente para superarlos. Los traumas son imprevistos que dejan de ser vistos como parte de una patología para ser reconocidos como una situación que genera una serie lesiones, y alteraciones en el funcionamiento psicosocial de las personas, por lo tanto se requiere de ayuda eficaz y oportuna de salud mental para enfrentar los problemas derivados del delito o delitos cometidos.

En el caso de niños que han sufrido un secuestro este episodio les ocasiona una grave descompensación en su desarrollo normal y dependiendo de la edad, pueden sufrir severos traumatismos de tipo psicológico. Pasado el cautiverio los niños pueden presentar desde pequeños cambios en el estado de ánimo, períodos oscilantes entre alegría y tristeza, regresiones significativas en su comportamiento tales como volver a chupar dedo, hablar a media lengua, etc., y pérdida del control de esfínteres.

De igual manera los adultos en ocasiones han presentado o desencadenado el “Síndromede Estocolmo”, este se refiere a un grupo de síntomas psicológicos que seproducen en algunas personas en cautiverio o situación de los rehenes. El término toma su nombre de un atraco a un banco en Estocolmo, Suecia, en agosto de 1973. El Síndrome de Estocolmo es también conocido como Síndrome de Supervivencia de identificación.

El Síndrome de Estocolmo se considera una reacción compleja y alarmante, con rasgos característicos o factores que hacen que algunas personas sean más susceptibles que otras a su desarrollo. Se cree que el síndrome, ayuda a explicar ciertos comportamientos de los sobrevivientes de los campos de concentración de la segunda guerra, miembros de cultos religiosos, mujeres maltratadas, víctimas de incesto, y físicamente o emocionalmente los niños maltratados, así como a las personas tomadas como rehenes por criminales o terroristas.

El Síndrome de Estocolmo, tiene tres características centrales:

• Los rehenes tienen sentimientos negativos acerca de la policía u otras autoridades.

• Los rehenes tienen sentimientos positivos hacia su captor.

• Los captores desarrollan sentimientos positivos hacia los rehenes.

El Síndrome es un término descriptivo para un patrón de hacer frente a una situación traumática en lugar de una categoría diagnostica. La mayoría de los psiquiatras utilizan los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático en la evaluación de una persona con síndrome de Estocolmo.

ARGUMENTACION

Prevención y tratamiento de síndromes, traumas o trastornos deben estar contempladas en la legislación en materia, para generar un mayor desarrollo de habilidades de intervención en crisis, así como una visión integral en la aplicación de las estrategias para prevenir el secuestro, robo, violación o toma de rehenes, requieren de una prevención a nivel individualmecanismos específicos psicológicos implicados en cualquier padecimiento por cualquier acontecimiento con lujo de violencia, para evitar que las personas tengan secuelas como regresiones (volver a los patrones infantiles de pensamiento o acción), parálisis emocional (miedo congelado) o la identificación con el agresor.

Se deben de tratar los aspectos emocionales y psicológicos que afectan a las víctimas antes de que sus problemas o daños sean irreversibles, es necesario contemplar dentro de la Ley General de Salud los tratamientos de lesiones, enfermedades y traumas emocionales como consecuencia de factores externos perpetuados a causa de un delito.

Cabe recalcar que el delito quiebra o fractura la vida de una persona que padeció violencia, se produce un cambio existencial en la víctima relacionada a sus costumbres y hábitos afectando su confianza, y su seguridad en su entorno inmediato.

El delito perpetuado genera alto estrés que perturba a las víctimas que sufren una conducta violenta cualquiera que sea el tipo penal y las circunstancias delictivas. Estas situaciones suelen agravarse por el estado de vulnerabilidad de la víctima, por el grado de conocimiento autor-víctima (relación familiar), y en las circunstancias de impunidad del delincuente.

Por lo tanto, es necesaria la rehabilitación e integración de las víctimas que han padecido daños emocionales y mentales por la creciente inseguridad en México.

La impunidad agrava el conflicto social y cultural, fractura la estructura de una sociedad. La impunidad se vuelve un nuevo factor traumático que hace imposible la justicia y por ende una pérdida de seguridad y confianza en las víctimas violentando sus derechos humanos.

El impacto que la espiral de violencia ocasiona en las víctimas repercute de manera significativa en sus familias, desencadenando efectos psicológicos, emocionales y sociales; ejemplo de ello es cuando la víctima es privada de su libertad, la familia al enterarse de dicho suceso entra en estado de “shock”, en consecuencia viven en cautiverio.

Lamentablemente, la salud mental en México es deficiente y costosa, lo cual excluye y limita a un gran sector de la población. Por otro lado, la atención psicológica que requieren las personas que han sufrido o se han visto violentadas en el contexto de inseguridad requieren de personal capacitado que cuente con experiencia adecuada para atender acontecimientos con un alto grado de violencia y criminalidad.

Los trastornos mentales no sólo afectan de manera directa a la víctima y a sus familiares, sino que merman de manera importante la funcionalidad de la sociedad y del país en general. Es impostergable contemplar dentro de la Ley General de Salud la atención integral médica, psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica de las personas que han sido violentadas en el contexto que vive actualmente nuestro país.

Aunado a diseñar e implementar una política pública que permita acceder a los servicios de salud mental de manera integral, acorde al paradigma de la atención en materia que predomina en nuestro país; reflejo de un verdadero Estado de Derecho garante de los derechos humanos y con valores de equidad y de justicia social.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 72 BISDE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 72 Bis de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente.

Artículo 72 BIS. Tratándose de lesiones, enfermedades y traumas emocionales como consecuencia de delitos vinculados a la delincuencia organizada, se garantizará la asistencia y atención médica psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, 12 de junio de 2013.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.- Dip. Ricardo Monreal Avila".

1Carlson, Neil. Fisiología de la Conducta. Universidad de Massachussets. Editorial Pearson 2009, 8ª edición.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA POLICIA FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

(Presentada por el C. Diputado Raudel López López, del grupo parlamentario del PAN)

“El suscrito, Diputado Federal Raudel López López integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV, y la actual pasa a ser la XVI, del artículo 5, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La política agropecuaria en México, es y seguirá siendo un área particularmente trascendente, la importancia social, económica y política que guarda este sector, hace quesea objeto y uno de los ejes rectores en la economía nacional.

En los países en desarrollo, la política agrícola, pecuaria y pesquera toma una dimensión mayor si consideramos que sus efectos tienen una enorme trascendencia en las condiciones de empleo, ingreso, superación de pobreza y equidad social de importantes capas de la población. Todo esto, sin dejar de reconocer su importancia decisiva en la alimentación y de forma más reciente en la preservación del medio ambiente.

En México una política agropecuaria es el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el estado en materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico del campo. Esta política se puede dividir en política agrícola, ganadera, silvícola y pesquera. 

La ganadería es una actividad o rama económica del sector agropecuario que consiste en la cría del ganado para su venta o para su explotación de productos derivados de él. 

Cada una de las políticas aplica determinadas medidas con el objeto de fomentar la actividad a la que se dirige, de tal suerte que el conjunto de instrumentos y medidas aplicadas desde el estado hacia el sector ganadero coadyuva a la política económica general de la que es una parte a lograr el desarrollo socioeconómico del país.

Es por eso que las políticas públicas enfocadas a este sector tienen importantes retos sobre todo en lo que se refiere al desarrollo rural. Es decir, todos los apoyos que salgan del estado hacia el sector ganadero, son enfocadas a el avance de los enfoques tradicionales, para afrontar por lo menos la provisión no sólo de alimentos sino también de una gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos alimenticios, los espacios para la organización de los sistemas de organización y los aportes de cada uno de sus asociados, este es el reto que enfrentan todo apoyo gubernamental . 

En México como en cualquier país, el estado debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable, mediante el uso adecuado de instrumentos jurídico que den una certeza de mayor equidad y compromiso por parte del estado.

Los apoyos básicos en programas del estado en el ámbito económico son asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable.

En este sentido, la intervención que el poder legislativo debe de tener en las organizaciones de los sistemas ganaderos, debe de ser con fines progresistas y equitativos, pero ante el avance de la actividad económica y los diversos factores de índole climatológicos que la afectan, también debe ser promotor y vigilante del perfil del desarrollo económico por la vía de marcos normativos.

Para eso se tiene la Ley de Organizaciones Ganaderas, misma que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.

Es por eso que debemos retomar y fortalecer la responsabilidad que tienen las organizaciones ganaderas para conducir el desarrollo de sus asociados, mediante la planeación, promoción, coordinación, orientación y acercamiento a todos los programas de apoyo.

Las organizaciones tienen como fin coadyuvar la fuerza de sus agremiados mediante el impulso de todos sus integrantes, es por eso que es de vital importancia legislar para que una de sus obligaciones de las organizaciones ganaderas sea el acercamiento y difusión a todos y cada uno de sus integrantes, tal y como lo marca como su misión, la página de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

A partir del 5 de noviembre de 1936 y, al otorgarse por imperio de la Ley de Asociaciones Ganaderas, personalidad jurídica en los términos de Derecho Civil, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas,asumió la representación de los ganaderos organizados de México como el Organismo Nacional puesto a su servicio y sin fines de lucro, asumiendo desde ese momento las responsabilidades que conlleva,cuya misión entre otras son: Definir las líneas estratégicas del desarrollo del sector pecuario, unificar y sistematizar las acciones, intereses y esfuerzos internacionales, nacionales y locales y representarlos ante las diversas instancias gubernamentales y privadas, así como proporcionar asesoría y soporte técnico, administrativo y jurídico a todos los organismos ganaderos filiales en el País, así como elaborar diagnósticos de la situación pecuaria nacional e internacional, mantener actualizados a sus miembros sobre los principales indicadores del sector, identificar posibilidades de negocios dar seguimiento a su desarrollo, promover líneas generales de política ante las autoridades y representantes oficiales.

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Organizaciones Ganaderas y su Reglamento para el mejor aprovechamiento de su estructura y para el cumplimiento cabal de su función promotora del desarrollo de las actividades pecuarias, se establece como el instrumento que facilite la consecución de los objetivos señalados en la propia Ley y los que se deriven de nuestros propios Estatutos, pero hay que facultarlos en la Ley de Organizaciones Ganaderas, para que sea una obligación la difusión de los programas institucionales tendientes al mismo fin.1

Tales programas son el Programa de Fomento Ganadero, el Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura, el Programa de Activos Productivos, entre otros.

Aun a pesar que en el Artículo 5º, fracción XII, de la propia ley de organizaciones ganaderas, contempla la coadyuvación con la SAGARPA, cuando ésta lo solicite, en la elaboración, implementación y ejecución de programas de integración tanto horizontal como vertical en las actividades ganaderas, la presente iniciativa va mas allá al establecer que estos programas permeen a todos los integrantes de dichas organizaciones.

La intención de esta iniciativa es que se tenga la certeza jurídica de que a todos los integrantes de las asociaciones, conozcan los beneficios de dichos programas, esto es para que tengan la libre elección estando informados de su participación o declinación de los mismos.

El que cada ganadero tenga la oportunidad de conocer por medio de su organización todos los apoyos gubernamentales encaminados a este sector, representa para nuestro país desde el punto de vista social, productivo y económico, una certeza de igualdad de oportunidades, y esto conllevara un mejor nivel de desarrollo rural sustentable.

Mismo desarrollo, está contemplado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el Artículo 143, en su fracción primera vislumbra la habilitación de organizaciones de la sociedad rural para la difusión de programas oficiales y otros instrumentos de política para el campo.

Este objetivo sólo puede lograrse mediante la conducción y promoción directa de las organizaciones a sus asociados, en coordinación con todos sus integrantes.

Por ello necesitamos que las asociaciones estén enteradas de los programas y planes de apoyo a fin de que sean aprovechables y sepan las técnicas y financieramente viables, pero también los programas de apoyo por parte del gobierno y estas se permeen entre todos los integrantes de todos los niveles.

Los programas institucionales coadyuvan al cumplimiento de objetivos nacionales en la búsqueda del desarrollo integral y sustentable del país.

Por lo anterior, consideramos pertinente que se modifique el Art. 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas a fin que se dote de información necesaria para conocer los programas gubernamentales deapoyo entre todos los integrantes de las asociaciones y en consecuencia sus impactos sean lo más equitativos y distributivo, lo anterior para el aprovechamiento y el crecimiento del sector ganadero entre los grandes, medianos y pequeños empresarios del ramo, ya que el único fin, es y será el incremento del nivel de vida de nuestros productores nacionales que cada día salen a dar la cara por México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción XV, y la actual pasa a ser la XVI del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Artículo 5.Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto:

I. a XIV…

XV. Difundir entre todos sus asociados, los programas de apoyos gubernamentales encaminados hacia su sector; y

XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que señalen otros ordenamientos legales.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Dip. Raudel López López”.

1http://www.cnog.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5344&Itemid=125





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO CUARTO AL ARTICULO 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Diputado Gabriel Gómez Michel, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Diputado Gabriel Gómez Michel, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad constitucional que me otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 5, 6 numeral 1, fracción I,77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 47de la Ley General de Educación, con base en la siguiente:

CONSIDERACIONES

Los desequilibrios ambientales generados por el cambio climático en el planeta son uno de los grandes retos que enfrentamos las naciones en estos tiempos; la humanidad tiene frente a ella una coyuntura crítica que debe atender, a favor del medio ambiente. El deterioro ambiental de las últimas décadas, está provocando la degradación en la calidad de vida de la población.

La Organización de las Naciones Unidas, señala que el cambio climático1 es el resultado de una afectación del clima, atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, como ejemplo: el aumento/disminución de las lluvias, las sequías, el incremento/disminución de las temperaturas, la pérdida de las tierras costeras e intrusión del agua salada en los acuíferos.

Alteraciones que representan una enorme carga para el gasto público, de acuerdo a lo señalado por el presidente del banco mundial, Jim Young Kim: en los últimos treinta años los desastres naturales a nivel mundial generaron costos por 1.2 trillones de dólares…; y afirmó, que como consecuencia del cambio climático y las altas temperaturas, los gastos tendrán un mayor incremento en menos tiempo. Recomendando a los países de medianos y bajos ingresos tomar medidas que mitiguen el riesgo que representan los desastres naturales.2

Es por ello que el medio ambiente ha sido uno de los temas que más ha preocupado a las naciones, basta recordar que desde el 5 de junio 1973 se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de ese momento, varios han sido los instrumentos internaciones que se han firmado. No obstante, pocos han sido los avances que se han alcanzado.

En México no obstante se estableció desde hace más de una década en el artículo 4, párrafo sexto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho al Medio Ambiente, también lo es que, hasta hace un año, se promulgó que el Estado deberá garantizar el respeto a este Derecho, tal y como se observa a continuación: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho3 Por lo que es nuestro trabajo como legisladores establecer los mecanismos legales que permita a toda a la sociedad mexicana el respeto a este derecho.

Para alcanzar este fin, no existe otro mejor aliado que la Educación, en ese orden de ideas, esta iniciativa que presento el día de hoy, tiene por fin adicionar un párrafo cuartoal artículo 47 de la Ley General de Educación.

Disposición que no ha influido en la conciencia social, en virtud de que seguimos observando altos niveles de contaminación en el aire, el agua yel suelo que influyen de manera directa en la destrucción al medio ambiente.

Para sustentar mí propuesta basta con mencionar algunos datos estadísticos que nos permitirán ilustrar la problemática a la que nos enfrentarnos.

México, contribuye al deterioro ambiental mundial con el 1.6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ubicándose en la posición 13 de los países generadores.Con una deforestación anual entre el 1.0 y el 2.5 por ciento del territorio nacional, lo que de seguir a ese ritmo, para el año 2050 se habrá perdido entre el 40 y 50 por ciento de la superficie manglar del país. Asimismo, con una generación anual de basurapor habitante de casi 380 kilogramos4.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se recolectan cada día en promedio, 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos urbanos generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos. De los cuales solo el 11% de estos residuos son separados desde su origen.5

Respecto al saneamiento de aguas contaminadas en México que se recolecta a través del alcantarillado, solo el 35% recibe tratamiento, lo que significa que el porcentaje restante se vierte a los ríos, lagos ylagunas, impactando directa y severamente en la calidad del agua, provocando daños al ecosistema. Basta mencionar que de acuerdo a este estudio las aguas marinas más dañadas del mundo se encuentran en nuestro país, lo anterior de acuerdo a un estudio publicado por el INEGI “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente”.6

La Organización Mundial de la Salud, señala que enMéxico mueren cada año más de 14 mil personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aíre, lo que representa un costo de 4.4 % del Producto Interno Bruto Nacional lo que equivale a 520 mil 300 millones de pesos.7

Debemos apostarle a la necesidad de crear a partir de la educación una conciencia ambiental global en el presente, que no comprometa el futuro de los recursos naturales para las nuevas generaciones. Los especialistas en educación señalan, que es en los primeros grados de la educación, es en donde se establecen las bases para el desarrollo de la formación de las personas.

Es por ello, que convencido de que en la educación básica, es el espacio para la formación de los próximos ciudadanos, a donde debemos incidir en la comprensión de los problemas y retos que tenemos en la educación ambiental.

Compañeros legisladores, es nuestro deber contribuir para cuidar y preservar el mundo en que vivimos, redefiniendo nuestros valores y forma de vida,reduciendo el impacto que generamos en los ecosistemas,ycreando una sociedad cociente y comprometida con la preservación de nuestro planeta, a través de la consolidación de una educación ambiental sustentable, entendida esta no como un tipo de educación, sino como acciones permanentes, mediante la cual los actores que participan en la educación (profesores, alumnos y padres de familia) buscan alcanzar una conciencia social de la realidad, así como de la relación que existe entre el hombre y el medio ambiente.8

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

Artículo Unico. Se adiciona un párrafo cuarto alartículo 47de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los programas de estudios deberán establecerse los principios de la educación ambiental sustentable, que permitan desarrollar capacidades, competencias, actitudes y valores para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y el medio ambiente.

TRANSITORIOS

UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Dip. Gabriel Gómez Michel".

1 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

2 http://lasemanaahora.com.mx/?p=639

3http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, p. 7.

4www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../ambiente0.doc, estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente - INEGI

5www.inegi.gob.mx, Boletín de Prensa No. 121/13 del 9 de abril de 2013, p. 2.

6http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2007/ambiente07.pdf, p. 7.

7 http://eurocontaminacion.blogspot.mx/2012/06/contaminacion-en-mexico-2012-una.html

8http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/ediciones/2008_mayo_agosto/05%20educacion%20ambiental.pdfAvances de la aplicación del modelo de educación ambiental y desarrollo sustentable en comunidades rurales de Tabasco.- Eduardo Puente Pardo, mayo 2008.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 3 BIS, 4, 7, 8, 11 Y 15 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3 Bis, 4, 7, 8, 11 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género, de conformidadcon la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Un objetivo mundial fuerte puede llevar a nuestras sociedades al punto de inflexión
de rechazar la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas,
y desplegar el potencial de la mitad de la población,
para que podamos tener un mundo más pacífico,
justo y generoso y un planeta sostenible.”

Lakshmi Puri, Jefa interina de ONU Mujeres y
Subsecretaria General de las Naciones Unidas

De acuerdo a los datos de Censo General de Población Vivienda 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), concluye que México es un país de jóvenes, más de la mitad de la población del país tiene 26 año o menos. Con la información obtenida en dicha década, la institución finaliza en lo siguiente:1

a) La población entre estas edades es de 29 706 560, cifra superior al año 2000, en el que el censo contabilizó en el territorio nacional un total de 27 221 012 jóvenes;

b) El número de mujeres es mayor que el de los hombres, 15 167 260 y 14 539 300 respectivamente. Lo cual significa que hay 96 hombres por cada 100 mujeres entre los 15 y 29 años de edad;

c) Los jóvenes, que tienen entre 15 y 29 años de edad, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico de un país;

d) Si la sociedad brinda orientación adecuada y apropiada, además de oportunidades de desarrollo en áreas como educación, salud, empleo y recreación, los jóvenes podrán transitar a la edad adulta y contribuir significativamente en el desarrollo de sus sociedades.

Sin menoscabo del impacto cualitativo de las mujeres en el desarrollo nacional, vale la pena destacar la importancia cuantitativa que tienen en la población mexicana. Son más que los varones. Su cooperación en el progreso nacional es ineludible, por lo que su participación en las distintas esferas vida, política, social, cultural y económica tiene una gran potencial.

En ese orden de ideas, es imprescindible el impulso a la igualdad de género. Es un principio elemental de toda sociedad democrática que para hacerla efectiva, se necesita de la participación de hombres y mujeres en la vida pública del país y en los distintos sectores de la sociedad. De ahí la importancia de un equilibrio de las mujeres y los varones en las instancias sociales y gubernamentales

“La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales deben contribuir.”2

La inclusión de la participación política de las mujeres ha sido parte un proceso evolutivo. Desde principios del Siglo XX se presentaron diversos momentos a favor de sus derechos. El 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron en el orden nacional el reconocimiento de su derecho a votar y ser votadas, seis años después de que en 1947 lo alcanzaran a nivel municipal.

En pleno Siglo XXI, la consolidación de la perspectiva de género constituye una asignatura pendiente, las mujeres son notablemente discriminadas y la igualdad en el ámbito gubernamental y social constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se debe promover la igualdad entre hombres y mujeres.

De ahí que resulte indispensable garantizar la eficacia de la igualdad sustantiva en las leyes secundarias mexicanas para posibilitar el acceso de las mujeres a los espacios públicos y en la toma de decisiones, con la finalidad de lograr consolidar gradualmente el reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos políticos fundamentales en las mismas condiciones que el varón.

Al respecto, es pertinente realizar las reformas y adiciones al marco jurídico, a fin de garantizar el pleno acceso a los espacios de decisión, como las dirigencias partidistas y de las organizaciones de la sociedad civil organizada, así como en los órganos consultivos de las instituciones del Estado, en igualdad y paridad entre mujeres y varones

En el ámbito internacional, el avance comenzó formalmente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Algunos de los principales instrumentos que han servido para su desarrollo, fomento de la igualdad de género y que han promovido su empoderamiento, son los siguientes:

• Declaración Internacional de Derechos Humanos,

• Carta Democrática Interamericana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

• Convención Americana de Derechos Humanos,

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer,

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de las Naciones Unidas,

• Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y

• Declaración y Programa de Acción de Viena y Declaración y Plataforma de Beijing.

Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ocupa un importante lugar por incorporar a las mujeres a la esfera de los derechos humanos en diversos ámbitos. Define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, establece una declaración de derechos y un programa de acción para los Estados que la integran.

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se ha priorizado el interés por los derechos fundamentales, en especial, los derechos políticos. Se busca garantizar el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a ejercer funciones públicas y la igualdad de derechos y oportunidades.3

Otro de los avances se encuentra en la primera Cumbre Europea, “Mujeres en el Poder”, en la que se adoptó la Declaración de Atenas (1992) y se acuño el término de democracia paritaria. Se señala la paridad como la total integración de las mujeres y los hombres en igualdad sustantiva, en las sociedades democráticas.

En dicha Declaración se reconoce a la paridad como un principio y a la vez como una estrategia para afianzar la democracia, bajo las siguientes consideraciones:4

a) La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.

b) Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.

c) Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.

d) Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres.

El principal aporte de la Declaración de Atenas es poner en la esfera internacional los derechos ciudadanos bajo el modelo un paritario entre hombres y mujereslo que implica un reconocimiento formal de igualdad entre todas las ciudadanas y ciudadanos. Se pretende con ello superar la desigualdad estructural, cultural e histórica que subyace actualmente.

En ese orden de ideas, es importante destacar los datos del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial, en el que afirma que cuando las naciones inhiben el potencial laboral de las mujeres, se ocasionan pérdidas económicas. Estiman que cuando los mercados de trabajo tienen un acceso igualitario, la productividad aumenta hasta 25%.

En México, los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, han pasado por diversas generaciones de estudiosos, juristas, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores.

El artículo 4º en su primer reforma publicada en fecha 31 de diciembre de 1974, establece por primera vez que: el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamientos de sus hijos.

A partir del 14 de agosto de 2001, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo 1º, dispone por primera vez: la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas por el género. Al respecto, tuvieron que transcurrir ochenta y cuatro años para que se estableciera en el marco jurídico constitucional un concepto fundamental de los derechos de la personas.

En la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se prohíbe toda discriminación y se amplíala universo de sectores o gruposcito:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”5

No obstante de la agenda pendiente en materia de igualdad de género, los avances en México, tienen reconocimiento por instituciones del sistema universal de los derechos humanos, incluso han sido tema para el acuerdo e implementación de programas conjuntos con organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un entramado institucional y programático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido complementados con normas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en 2006 y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007 y las modificaciones al Artículo 1º Constitucional en donde se obliga a cumplir con los tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia”6

En el contexto internacional se deja un precedente importante en la lucha por le respeto y promoción de los derechos humanos de las personas. Se finca un nuevo momento y un reto en la armonización legislativa y la aplicación de los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

México ha suscrito instrumentos que le exigen incentivar la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 7 de la CEDAW obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a (…) participar en la formulación de políticas (…)”.7

No obstante, al proceso evolutivo de los derechos humanos de la mujer en el régimen político y democrático mexicano y a la lucha de diversos actores que han confluido en el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenamientos, persisten normas y conductas institucionales que no permiten el desarrollo pleno de estos.

Sin embargo, el avance progresivo hacia la paridad de género ha sido muy importante en México, se ha incluido al menos en 10 entidades federativas.8 Sólo por poner un ejemplo, en el Estado de Sonora por ejemplo, se establece para la integración del órgano estatal local, en el que por mandato del último párrafo del artículo 22 de dicho ordenamiento fundamental, se dispone lo siguiente:

“En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.”9

Es importante destacar que un organismo electoral que promueve los principios y las libertades democráticas, es ejemplar que en su composición se establezca la paridad y alternancia de género como un principio de su integración. Por ello, es fundamental que en lo órganos consultivo de las diferentes instituciones del Estado se aplique esos principios.

La paridad y alternancia de género es un concepto relativamente nuevo, tiene sus antecedentes en el Siglo pasado en Europa principalmente, y se ha promovido en distintas instancias internacionales que luchan por la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

“La demanda de paridad en los espacios de toma de decisión fue iniciada por las mujeres europeas en la década de 1980, en respuesta a la baja representación política de femenina en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. "

“El concepto de paridad fue propuesto por el Consejo de las Comunidades Europeas en 1989 y en noviembre de 1992, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas, tuvo lugar en Atenas la primera Cumbre Europea `Mujeres en el Poder´. En la reunión se congregó a ministras y ex ministras, que concluyeron que la democracia imponía la paridad en la representación y administración de las naciones.”10

Es también considerado como principio de participación política por género y uno de los países en América, que lo ha impulsado desde el siglo pasado e incluido en los nuevos textos electorales, a partir de 2009,es Costa Rica, quien define el concepto de paridad y alternancia de género con las categorías propias de su sistema electoral.

La igualdad, la paridad y alternancia de género es una demanda legítima de los de las mujeres que durante el proceso evolutivo de sus derechos cobra nueva significancia en el Estado constitucional, en queMéxico tiene la gran deuda con la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción de la igualdad sustantiva, sólida, material o de hecho, como se ha considerado en diversos instrumentos en los que México ha formalizado su adhesión.

Dicha demanda se hizo patente, en el Senado de la República el 6 de junio del presente año durante el evento conmemorativo de los derechos políticos de las mujeres intitulado: Iniciativa 6X60, hacia una agenda para la igualdad política, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores que tengo el gran honor de presidir, acto realizado conjuntamente con el National Democratic Institute, el Instituto Federal Electoral; el Instituto Nacional de las Mujeres; Mujeres al Poder, Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de la Mujeres; la Cámara de Diputados LVII Legislatura del Congreso de la Unión; y, ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Por lo anterior mente expuesto, con el objeto de reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a fin de garantizar la igualdad, paridad y alternancia de género en los principios, atribuciones e integración del Imjuve y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona los artIculos 3 Bis, 4, 7, 8, 11 y 15 bis de la ley del instituto mexicano de la juventud, en materia de igualdad, paridad y alternancia de gEnero.

ARTICULO UNICO.-Se reforma el numeral III del artículo 3 Bis, el numeral XIII del artículo 4; se adiciona un párrafo al artículo 7; se reforma el segundo párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 11 y el primer párrafo del artículo 15 Bis, todos ellos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. (…)

II. (…)

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de igualdad entre mujeres y varones, sin menoscabo de cualquier preferencia sexual.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. (…)a VII. (…)

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. (…) a XII. (…)

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, igualdad, paridad y alternancia de género, respeto a la diversidad sexual, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. (…) a XVI. (…)

Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. Junta Directiva;

II. Dirección General, y

III. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

En lo concerniente a los numerales II y III, los órganos de administración del Institutito se integraran bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I.(…)

II. Siete miembros más que serán:

a) Los representantes de tres entidades federativas, designados por los titulares de los Ejecutivos correspondientes;

b) Dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del Secretario de Educación Pública, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico y bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.

(…)

(…)

Artículo 11. El Director General del Instituto será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá recaer en una persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en base al principio de alternancia de género.

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera paritaria en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.

(…)

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las adecuaciones reglamentarias concordantes deberán realizarse 90 días naturales después de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, salón de Pleno del Senado de la República, a 12 de junio de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

ANEXO

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. (…)

II. (…)

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. (…)aVII. (…)

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. (…)

II. (…)

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de igualdad entre mujeres y varones, sin menoscabo de cualquier preferencia sexual.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. (…)aVII. (…)

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. (…) a XII. (…)

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. (…) a XVI. (…)

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. (…) a XII. (…)

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, igualdad, paridad y alternancia de género, respeto a la diversidad sexual, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. (…) a XVI. (…)

Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. Junta Directiva;

II. Dirección General, y

III. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. Junta Directiva;

II. Dirección General, y

III. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

En lo concerniente a los numerales II y III, los órganos de administración del Institutito se integraran bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I.(…)

II. Siete miembros más que serán:

a) Los representantes de tres entidades federativas, designados por los titulares de los Ejecutivos correspondientes;

b) Dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del Secretario de Educación Pública, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico.

(…)

(…)

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I.(…)

II. Siete miembros más que serán:

a) Los representantes de tres entidades federativas, designados por los titulares de los Ejecutivos correspondientes;

b) Dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del Secretario de Educación Pública, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico y bajo los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.

(…)

(…)

Artículo 11. El Director General del Instituto será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 11. El Director General del Instituto será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento deberá recaer en una persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en base al principio de alternancia de género.

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.

(…)

(…)

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera paritaria en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.

(…)

(…)

 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las adecuaciones reglamentarias concordantes deberán realizarse 90 días naturales después de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

1 “México, un país de jóvenes” serie Informativo oportuno, conociéndo…nos todos, Volumen 1, Número 1, marzo 21, México, Censo de Población y Vivienda 2010, México, Instituto Nacional de Geografía (INEGI), documento [en línea], dirección URL: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociodemograficas/mexico-jovenes.pdf [consulta: 9 de junio de 2013].

2 “La igualdad de género”, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), [en línea], dirección URL: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/gender-equality/ [consulta: 9 de junio de 2013].

3 Artículo 8. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

4 Declaración de Atenas, adoptada en la Primer Cumbre Internacional: “Mujeres en el Poder”, celebrada en Atenas en fecha 3 de noviembre de 1992, documento en PDF, [en línea], dirección URL:

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Atenas_de_1992 [consulta: 9 de junio de 2012].

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, documento en PDF, [en línea], dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 9 de junio de 2013].

6 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres, PNUD, documento en PDF, [en línea], dirección URL, http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/58024_Prodoc-2.pdf [consulta: 9 de junio de 2013], p. 2.

7 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

8 Ana Güezmes García, Foro: Iniciativa 6x60, hacia una agenda para la igualdad política, México Senado de la República, 6 de junio de 2013,

9 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, documento en PDF, [en línea], dirección URL,

http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_7.pdf, [consulta: 9 de junio de 2013], p. 9.

10 Mujeres al poder, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Boletín del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, diciembre de 2010, [en línea], dirección URL: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/41851/P41851.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt, [consulta: 9 de junio de 2013].





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

“La Senadora ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ y los Senadores LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA y LUIS SANCHEZ JIMENEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día mundial contra el trabajo infantil, el 12 de junio del 2002, como una forma de poner de relieve la gravísima situación que viven las niñas y niños que se encuentran trabajando alrededor del mundo.

De acuerdo con la OIT, este día tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo1.

Desafortunadamente, nuestro país hasta el momento sigue sin ratificar ninguno de los dos convenios mencionados; además que, como Estado Parte de la Convención de los Derechos de la Niñez, México sigue incumpliendo las recomendaciones del Comité, que específicamente estableció lo siguiente:

“El Comité exhorta al Estado Parte a que intensifique sus medidas de lucha contra el trabajo infantil. Recomienda que el Estado Parte:

a) Elabore, de manera participatoria, una estrategia y un plan de acción para reducir el trabajo infantil y salvaguardar los derechos de [las niñas y] los niños que trabajan (el encorchetado es propio);

b) Fortalezca la Inspección del Trabajo a fin de asegurar la aplicación eficaz de las leyes relativas al trabajo infantil, en particular la prohibición del empleo de [niñas y] niños que no han alcanzado la edad mínima para trabajar (el encorchetado es propio);

c) Ratifique el Convenio de la OIT No 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973);

d) Solicite la asistencia de la OIT/IPEC a este respecto2.”

Este año, el Día mundial contra el trabajo infantil estará dedicado a la difícil situación de las niñas y niños que realizan trabajo doméstico infantil (TDI). Tema sobre el que, el Comité también manifestó su preocupación debido al gran número de niñas y niños que realizan trabajos domésticos y son vulnerables a los abusos en nuestro país.

De acuerdo con la OIT, las niñas y niños que trabajan en el servicio doméstico son más vulnerables y explotables; y por ende, hay más dificultades para protegerles ya que en su mayoría se encuentran invisibles, en la clandestinidad y el olvido3. Aunque existen muchas causas del trabajo doméstico infantil, en términos generalesse puede diferenciar entre los factores de inducción y los de atracción4:

• Inducción. En estos factores se encuentran la pobreza y su feminización; la exclusión social; la falta de educación, la discriminación étnica y de género; la violencia de la cual son víctima las niñas y los niños en sus hogares; los desplazamientos; la migración desde las zonas rurales a las urbanas, y la pérdida de las madres y padres a causa de conflictos y/o enfermedades.

• Atracción. En estos factores se pueden incluir el incremento de las desigualdades económicas; la servidumbre por deudas; la percepción de que la persona empleadora simplemente forma parte de la familia ampliada y por lo tanto ofrece un ambiente protegido a la niña o niño; la creciente necesidad de las mujeres de tener un “sustituto” en el hogar que permite a un número cada vez mayor de mujeres ingresar al mercado laboral, y la ilusión de que el servicio doméstico ofrece a las niñas y niños trabajadores una oportunidad de instrucción.

Por lo que respecta a la situación del trabajo infantil en México, en el año 2011, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó los resultados respeto del Modulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), destacando los siguientes resultados5:

En el año 2011, se observa que en el país hay 3 millones de niñas y niños ocupados: el 39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niñas y niños; de los cuales 72. 3% son niños y 27. 7% niñas.

• En el periodo 2009-2011, la participación en las actividadeseconómicas de las niñas y niños que no asistían a la escuela creció ligeramente, de 44.8 a 46%.

• Las actividades agropecuarias, el comercio y los servicios son los sectores económicos en los que más participan las niñas y niños.

• Las jornadas semanales menores de 15 horas y de 35 horas y más son las que concentran más niñas y niños ocupados.

• Destacan las niñas y niños que no reciben ingresos, con prácticamente 1 de cada 2, así como quienes que ganan como máximo un salario mínimo, con 1 de cada 4.

• Dos terceras partes de las niñas y niños ocupados no aportan ingresos al hogar, debido a que prácticamente 1 de cada 2 no recibe ingreso por su trabajo.

• La necesidad de trabajo del hogar y los gastos escolares y personales destacan como las principales razones del trabajo infantil.

• Los familiares son las personas con las que preponderantemente trabajan las niñas y los niños.

• De total de niñas y niños ocupados, el 4%sufrió alguna enfermedad o accidente de trabajo que requirió atención médica; el porcentaje, equivalente a 122 mil niñas y niños. De ellos, el 84.6% son niños y 15.4% niñas.

• Del total de niñas y niños ocupados el 5.5% laboraba en no apropiados; porcentaje, equivalente a 168 mil niños y niñas. De ellos, el 66.9% son niños y 33.1% niñas.

• De total de niñas y niños ocupados el 28% están expuestos a riesgos en su trabajo; porcentaje, equivalente a 850 mil niños y niñas. De ellos, el 79.3% son niños y 20.7% niñas.

Por lo que respecta al análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes realizando trabajo domestico, en el Modulo del Trabajo Infantil del ENOE 20116, se destacan los siguientes resultados:

• 7 de cada 10 niñas y niños participan en actividades domésticas no remuneradas en sus propios hogares, proporción que aumenta con la edad.

• La participación de las niñas y los niños en las actividades domésticas en sus propios hogares es elevada, pero es más alta entre quienes no asisten a la escuela.

• De los 20.2 millones de niñas y niños que realizan quehaceres domésticos, el 9.5% no asiste a la escuela, porcentaje equivalente a 1.9 millones de niñas y niños; de este número el 59.2% son niñas.

• En 2011, el 11.6% de las niñas y niños que realizaron quehaceresdomésticos, le destinaron 15 horas o más a la semana; situación que puede interferir con su desarrollo escolar. Dicho porcentaje, equivale a un total de 2.4 millones de niñas y niñas.

El 30 de noviembre de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se trata de un proceso legislativo derivado de una iniciativa de carácter preferente remitida por el titular del Ejecutivo Federal el 1º de septiembre de 2012 al Congreso de la Unión, en el cual luego de setenta y un días de debates entre los distintos grupos parlamentarios dicha reforma puede resumirse en lo siguiente:

• Se establece la trasparencia y la rendición de cuentas de los Sindicatos para que cada seis meses informen a sus agremiados sobre la administración del patrimonio sindical.

• Se crean nuevas condiciones en los contratos colectivos de trabajo. Así cuando un Sindicato celebre uno, sus agremiados puedan oponerse a tal celebración.

• Se prevén nuevas modalidades de contratación laboral con la finalidad de hacer más extenso el mercado del trabajo.

• Se reglamenta la subcontratación que de manera irregular venía aplicándose, ahora con reglas claras.

• Se prohíben las condiciones laborales que impliquen cualquier tipo de discriminación.

• Se establecen los derechos de paternidad y se tipifican conductas de hostigamiento y acoso sexual.

• Se le da una temporalidad de doce meses a los juicios laborales

No obstante la importancia de la reforma laboral, uno de los temas que no contenía la iniciativa preferente y que quedó pendiente para su discusión es el relativo a erradicar el trabajo infantil e implementar las políticas que garanticen la abolición del trabajo de niñas y niños y elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo.

Por tanto la iniciativa que ponemos a su consideración, tiene como finalidad el garantizar que niñas y niños gocen plenamente de sus derechos y sean protegidos de asumir responsabilidades que afectan su salud física, psicológica así como el libre desarrollo de su personalidad. Asimismo proponemos ratificar en la Ley Laboral sus derechos fundamentales a la educación, la recreación, el juego, la cultura las artes y el deporte sin discriminación por ninguna condición.

Por tanto esta propuesta plantea establecer un marco de protección congruente con los derechos consignados a nivel internacional para erradicar el trabajo infantil, en la firme convicción de que la niñez es un periodo de vida en el cual no debería dedicarse a realizar responsabilidades que afectan el libre desarrollo de la personalidad y su proyecto de vida.

Por ello resulta fundamental que nuestro país ratifique a la brevedad el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

La ratificación de éste instrumento internacional es de suma importancia, toda vez que, dada la situación actual, son precisamente las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años quienes se encuentran en el mayor riesgo de abandonar la escuela e incorporarse al mercado ilegal de trabajo. Cabe señalar que en América Latina, México es el único país de la región que falta por ratificar este Convenio, y es uno de los tres países que no cuentan con un organismo intersecretarial para atender este problema.

Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció la creación de una Comisión Nacional para prevenir el trabajo infantil, e impulsarála ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha Comisión tendrá como metas que en el 2016 se haya erradicado en nuestro país las peores formas de explotación de las personas menores de 18 años y que en el 2020 se haya suprimido toda forma de empleo de niñas y niños7.

Si bien se trata de un esfuerzo encomiable, lo cierto es que la legislación laboral requiere de una modificación sustancial con la finalidad que ésta sea compatible con lo previsto en los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, donde el Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar todo derecho humano reconocido por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, generando obligaciones para las autoridades mexicanas, independientemente del nivel de gobierno que se trate.En este aspecto, es necesario tomar en consideración la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En virtud de lo anterior, se proponenlas siguientes reformas:

Reformas al artículo 2.

En virtud del mandato establecido en el artículo 4º constitucional, toda la regulación normativa, las decisiones judiciales, administrativas o de cualquier otraíndole, las políticas públicas y las actuaciones de las autoridades que tengan que ver con el trabajo desarrollado por personas mayores de 14 años y menores de 18 años, deberán velar por el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez. En este sentido, se propone agregar un último párrafo al artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo para incluir dicho principio.

Reformas al artículo 22 bis.

Esta reforma busca modificar la redacción que mantiene la Ley Federal del Trabajo en algunas inconsistencias que se deben atender, en los siguientes términos:

• En primer lugar, proponemos eliminar el concepto ambiguo de “círculo familiar” como la referencia a los parientes de la persona menor de edad, por consanguinidad, ascendientes o colaterales, hasta el segundo grado. De subsistir dicha redacción dejaría fuera a niñas y niños que convivan en otros entornos, en virtud de la evolución que los procesos y estructuras familiares han venido desarrollando de acuerdo a las realidades sociológicas de nuestro tiempo. Actualmente es una realidad inocultable que existen familias de parejas estables sin matrimonio, familias monoparentales, familias integradas por parejas del mismo sexo, familias que conviven en varios hogares e incluso en varias ciudades, entre otras múltiple y muy variadas formas de convivencia familiar.

Además, que dicha relación permite el trabajo infantil de personas menores de 14 años en los “círculos familiares”, los compromisos internacionales obligan a nuestro país a erradicar el trabajo infantil, incluyendo el que se realiza en las familias, perjudicando su asistencia escolar y su sano desarrollo. Si bien no se debe sancionar a las madres, padres y otros familiares que por extrema pobreza recurren al trabajo de las hijas e hijos, se deben de generar programas permanentes de apoyos económicos, educativos y formativos a fin de garantizar que ninguna persona menor de 14 años de edad sea utilizada en actividades laborales remuneradas o no.

• En segundo lugar, se propone que las autoridades del trabajo deberán verificar una serie de requisitos y circunstancias para autorizar el trabajo de una persona mayor de 14 años.

• Finalmente, de manera propositiva se señala que como personas trabajadoras, las personas que son mayores de 14 años y menores de 18 años tienen las mismas consideraciones respecto a derechos que el resto de las personas trabajadoras, pero todas las actuaciones y consideraciones relativas a su trabajo, tantolas autoridades como las personas empleadoras se encuentran obligadas a brindar prioridad de atención y protección por ser personas en permanente proceso de formación, en virtud del principio constitucional del Interés Superior de la Niñez.

Reforma al Capítulo Quinto Bis

Se propone cambiar la actual denominación del Capítulo Quinto Bis, del Título Cuarto, a fin de adecuarlo a una terminología más inclusiva y acorde a los derechos humanos de las personas menores de edad. La actual denominación “Trabajo de los menores” deriva de la concepción tradicional de las personas adultas, y de muchas de las Instituciones del Estado, sobre las personas menores de edad al no considerarlas sujetas de derechos; por el contrario; la analogía de la inercia legal al equiparar “menores” con “incapaces”, en donde en la mayoría de las legislaciones se les ubica como objetos y no como personas sujetas de derechos. De ahí, que se propone que dicho capítulo se denomine “Trabajo de las Personas Menores de Edad”.

Reforma al artículo 173.

La Convención de los Derechos de la Niñez señala en su artículo 32 señala que los Estados Parte reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes de estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; y por lo tanto se comprometen a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar efectividad en la protección.

Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, señala esta Convención que se debe fijar la edad mínima para trabajar y una reglamentación apropiada de horario y condiciones de trabajo.

Por su parte el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo es otro de los instrumentos internacionales encaminados a erradicar el trabajo infantil. Este instrumento internacional exige a los Estados que así lo ratifiquen, a establecer de manera gradual y progresiva las políticas públicas relativas a la edad mínima de admisión al trabajo que garanticen el pleno desarrollo físico y mental de las personas menores de 15 años.

El objetivo fundamental de este Convenio es garantizar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niñas y niños y se eleve progresivamente la edad mínima de admisión a actividades laborales. Tiene como objeto garantizar que gocen de sus derechos y que los protejan de asumir responsabilidades que afectan su salud física, psicológica y el desarrollo de su personalidad. Requerimos reafirmar sus derechos fundamentales a la educación, la recreación, el juego, la cultura las artes y el deporte sin discriminación por ninguna condición.

En el caso de nuestro país, datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan que las entidades federativas del país con mayor incidencia de niñas y niños que trabajan son Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz, en donde la tasa de trabajo infantil oscila entre el 29 y 22.4% de la población entre 6 y 14 años. En contraste, en Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal, Baja California y Coahuila las tasas son de entre 8.3 y 6.7%. No se menciona el trabajo que realizan niñas y niñosque acompañan a sus madres ypadres en la pizca en granjas agrícolas.

Para la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos doce años nuestro país registró un aumento del 12% en la población de niñas, niños y adolescentes que trabajan. Tan sólo en el primer trimestre del 2012 se reportaron 3 millones 270 mil casos de niñas y niños entre 5 y 12 años que trabajan, de los cuales 3 millones 125 mil menores son niños y 1 millón 144 mil son niñas, que se desempeñan en mayoría en el trabajo doméstico infantil, considerada como una forma de trata por servidumbre humana.

Reforma que adiciona el artículo 173 Bis.

Se propone establecer obligaciones a las autoridades del trabajo, tanto a nivel federal como estatal, en coordinación con otras autoridades e instancias, para:

• Identificar y erradicar el trabajo infantil, a través de establecimiento de programas. Tratándose del trabajo que realizan las niñas y niños menores de 14 años en los ámbitos familiares, con o sin remuneración se propone la imperiosa necesidad de coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social a fin de proporcionar apoyos económicos, educativos y formativos a madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia.

• Desarrollar programas permanentes para prevenir, detectar y erradicar las peores formas del trabajo infantil, incluyendo el Trabajo Doméstico Infantil con fines de trata de personas. Estos programas deberán incluir mecanismos de denuncia y la coordinación con los Sistemas Integrales de Protección a la Familia, Nacional y estatales, para buscar la atención y reintegración de las niñas y niños que sean rescatados.

• Finalmente, tratándose del trabajo doméstico realizado por personas mayores de 14 años pero menores de 18 que tengan una situación migratoria irregular, a fin de no ser presas de trata de personas, deberá buscarse la coordinación con el Instituto Nacional de Migración pararegular su situación.

Reforma al artículo 174.

La propuesta de reformar el artículo 174 consiste en que las personas mayores de 14 años y menores de 16 años,independientemente de contar con la autorización de la Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún persona empleadora podrá utilizar sus servicios. Sin embargo, dicha disposición debe señalar expresamente la gratuidad para obtener dicho certificado en cualquier institución pública de salud que acredite la aptitud para el trabajo, y una vez que adquieran la condición de persona trabajadora, deberán someterse a los exámenes periódicos que ordene la autoridad correspondiente.

Reforma al artículo 175.

De igual manera, la Convención de los Derechos del Niñez señala en su artículo 34 que los Estados Parte se comprometen a proteger a niñas y niños contra todas las formas de explotación y abuso sexual, para lo cual deben de tomar las medidas para impedir la incitación o la coacción para que una niña o un niño se dediquen a cualquier actividad ilegal.

En estos términos, conviene tomar en consideración dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

• el 138, relativo a la Edad Mínima sobre la Admisión al Empleo y

• el 182, relativo a la Prohibición de las Peores Formas del Trabajo Infantil y las Acciones Inmediatas para su Eliminación.

El primero de estos convenios establece las modalidades de edad para el empleo, pero establece como regla general que no deberá ser inferior a la edad que cesa la obligación escolar.

En tanto, el segundo, establece las peores formas del trabajo infantil que se pretenden combatir como son:

• todas aquellas prácticasanálogas a la esclavitud,

• la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la prostitución,

• su utilización en actividades ilícitaso,

• el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o sus normas desarrollo.

Po tanto, congruente con estos instrumentos, proponemos adecuar la redacción del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo para hacerla congruente con los convenios antes señalados. Dicha propuesta va encaminada a impedir la ocupación de niñas y niños en las peores formas de trabajo infantil como son los establecimientos o negocios en el que puedan ser expuestos al delito de trata de personas; el trabajo en maquila, en la construcción o que impliquen esfuerzos o peligro, trabajos de maniobra, labores insalubres o tóxicas, actividades que supongan el porte, uso o manipulación de armas blancas, de fuego o explosivos, trabajos en el que se deba operar maquinaria peligrosa, entre otras.

Reformas al artículo 175 bis.

Diariamente podemos observar en programas televisivos, anuncios, películas, espectáculos ambulantes, circos, revistas, eventos deportivos entre otros a personas menores de edad que desarrollan sus capacidades y talentos deportivos, culturales o artísticos. Se trata de niñas y niños que en muchas ocasiones son explotados por sus madres, padres, tutores o por quienes ejercen la patria potestad, en una etapa en la que las niñas, niños y adolescentes pierden una etapa importante de su vida.

Sin menospreciar sus talentos, ni la buena intención de las madres y padres, se trata no sólo de una explotación sino que además los aleja del goce y disfrute de las etapas de la infancia en la que deben realizar actividades propias de su edad.

En la mayor de los casos, las personas empresarias, sobre todo los televisivos, obligan a cumplir a las personas menores de edad, horarios de trabajo y tareas que exceden lo permitido, negándoles de esta manera la irrecuperable etapa que deberían utilizar para atender a sus estudios, a su recreación, a su descanso.

Por tanto, ni el Estado, ni las personas tutoras pueden renunciar a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre los que se encuentran el de asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Por todo lo anterior expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 22 bis, la denominación del Capitulo Quinto Bis, del Título Cuarto, para denominarse “Trabajo de las Personas Menores de Edad”, el primer párrafo del artículo 173, el artículo 174, las fracciones II y III del artículo 175; se adiciona un último párrafo al artículo 2, un segundo párrafo y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 22 bis, las fracciones I, II y III del artículo 173, el artículo 173 bis; se deroga el tercer párrafo del artículo 22 bis y el último párrafo del artículo 173; todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 2. …

La regulación del trabajo de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a una persona menor de 14 años, ordenarán que de inmediato cese en sus labores. Deberán dar vista de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de que reciba la atención adecuada.A la persona empleadora que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

Las autoridades del trabajo deberán verificar, previamente, para autorizar la realización de actividades laborales por parte de las personas menores de 18 años y mayores de 14 años los siguientes requisitos:

I. La autorización de la madre, padre, persona tutora o quien ejerza la patria potestad;

II. La constancia de la terminación de la educación obligatoria; o en su caso, verificar que las actividades laborales no perjudiquen la asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben;

III. Las actividades que realicen serán aquellas que no sean susceptibles de perjudicar su salud o el libre desarrollo de la personalidad; así como, las actividades de esparcimiento y recreación;

IV. La jornada de trabajo no podrá ser mayor a las seis horas de trabajo; y,

V. Se garantice el salario en condiciones de igualdad; así como, el pago por vacaciones anuales, días de descanso, festivos, y aguinaldo, conforme a lo que estipula la Ley.

Las personas trabajadoras menores de 18 años y mayores de 14 podrán ejercitar las acciones que les correspondan en los casosque en no estuviere devengando el mismo salario que perciba una persona trabajadoraadulta que preste los mismos servicios.En estos casos la persona empleadoradeberá resarcirle las diferencias.

Se entenderáse deroga.

TITULO QUINTO BIS

Trabajo de las Personas Menores de Edad

Artículo 173.- El trabajo de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales,a efectos de que:

I. En todas las decisiones y actuaciones de las autoridades del trabajo se cumpla con el principio del interés superior de la niñez;

II. Se garanticen sus derechos a la salud y el libre desarrollo de la personalidad; así como, las actividades de esparcimiento y recreación; y

III. Las actividades laborales no sean incompatibles con su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.

La Secretaría del Trabajo... se deroga.

Artículo 173 Bis.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas permanentes que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. Dichos programas deberán contemplar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, apoyos económicos, educativos y formativos a madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, a fin de garantizar que ninguna persona menor de 14 años de edad sea utilizada en actividades laborales remuneradas o no.

También se desarrollaránprogramas permanentes para prevenir, detectar y erradicar las peores formas del trabajo infantil, incluyendo el Trabajo Doméstico Infantil con fines de trata de personas. Estos programas deberán incluir mecanismos de denuncia oficiosa para los casos de la comisión de hechos delictivos. Así como, coordinarse con el Sistema Nacional a el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal a fin de brindar alternativas para las niñas, niños y adolescentes que hayan sido detectadas y rescatadas con el objetivo de garantizar su reintegración plena y ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación.

Tratándose de trabajo doméstico realizado por personas migrantes mayores de 14 años y menores de 18 años, los programas deberán contemplar la regularización de la calidad migratoria en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

Artículo 174.- Las personas mayores de 14 años y menores de 18 años,independientemente de contar con la autorización de las autoridades del trabajo, deberán obtener en cualquier institución pública de salud un certificado médico gratuito que acredite su aptitud para el trabajo y una vez que adquieran la condición de persona trabajara, deberán someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ninguna persona empleadora podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años:

I. …

II. En establecimientos o negocios que pongan en riesgo su seguridad, integridad y el desarrollo de la libre personalidad o cualquier otro en el que se expongan al peligro de la trata de personas o la comisión de delitos;

III. Trabajos en maquila, en la construcción que impliquen un esfuerzo no acorde con su edad, de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, labores insalubres, tóxicas sujetas a temperaturas extremas, en buques actividades que supongan el porte, uso o manipulación de armas blancas, de fuego o explosivos y todo aquel que impliquen condiciones especialmente difíciles, con horarios prolongados o en días de descanso obligatorio, domingos y tiempo extraordinario; y

IV …

Artículo 175 Bis.- Para los efectos de este capítulo, las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de las madres, padres, tutores o de quien ejerza la patria potestad, realicen las personas menoresde 14 años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, deberán sujetarse a las siguientes reglas:

a) La relación establecida con la persona solicitante deberá contar con autorización de un permiso especial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual deberáconstar por escrito y contendrá:

i. El consentimiento expreso que en nombre de la persona menor de 14 años manifiesten madres, padres, tutores o quien ejerce la patria potestad;

ii. La incorporación del compromiso que asuman las personas solicitantes o la persona empleadora de respetar a favor de la persona menor de 14 años los derechos que en su favor reconocen la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales y locales; y,

iii. El compromiso expreso de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de realizar visitas e inspecciones al lugar donde la persona menor de 14 años desempeña estas actividades a efecto de supervisar el cumplimiento del permiso especial.

b) a c) …

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 12 de junio de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

1Véase. Disponible en Internet: http://www.ilo.org

2 Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al III Informe de México sobre Niñez, CRC/C/MEX/CO/3, 8 junio de 2006. Disponible en Internet:

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_crc_mexico.pdf

3Véase. Organización Internacional del Trabajo,El trabajo doméstico infantil, S/D. Disponible en Internet: http://www.ilo.org

4Véase. Organización Internacional del Trabajo, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio de 2013, No al trabajo infantil en el trabajo doméstico. Preguntas y respuestas, 2013, Disponible en Internet: http://www.ilo.org

5 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Modulo de Trabajo Infantil, 2011. Disponible en Internet: http://www.inegi.org.mx

6 Ídem.

7 La Jornada. Viernes 22 de marzo de 2013. “Creará el gobierno federal una comisión para prevenir el trabajo infantil: STPS” nota de Patricia Muñoz Ríos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL SOBRE EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Fernando Zárate Salgado, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los fundamentos del Estado Moderno es el monopolio en el uso de la violencia legítima, tanto para la defensa de los derechos de sus ciudadanos como para la preservación misma de sus instituciones. Es por lo anterior que, en una democracia como la nuestra, el uso de la fuerza debe ser regulado, privilegiando el respeto a los derechos humanos, la preservación de la vida humana y la salvaguarda del orden público, como base para la construcción de una ciudadanía activa. Los abusos cometidos por la fuerza pública que han derivado de la falta de reglamentación, han puesto en riesgo la legalidad y, en consecuencia, puesto en entredicho la viabilidad del Estado desde sus fundamentos.

ARGUMENTACION

Una de las principales características del Estado de Derecho es, precisamente, el uso legítimo de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Su control ha sido uno de las preocupaciones tanto de los organismos públicos de derechos humanos, en nuestro país, como de instancias internacionales que, para el efecto, han emitido diversas reglamentaciones.

Es por ello que, desde el 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y, posteriormente, el 7 de septiembre de 1990, los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. En ellos, además de establecer que las funciones de estos funcionarios debe regularse para garantizar la vida de los ciudadanos de frente a cualquier actuación arbitraria, se contemplan medidas para mejorar su actividad ética y, principalmente, su vida.

Resulta importante señalar que la necesidad derivada de la reforma constitucional en materia de seguridad y procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 2008, así como de la relativa en materia de derechos humanos de fecha 10 de junio de 2011, es ingente la emisión de una ley que regule el uso de la fuerza por los funcionarios federales, específicamente en la situación de violencia que hoy vive nuestro país.

Asimismo, esta preocupación ha sido expresada en diversas ocasiones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por diversas entidades de la Administración Pública federal, como la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional que han emitido sus propias directivas sin que haya un cobijo legal que les de marco o las unifique. En este mismo sentido es que indicamos que, ya desde la LX Legislatura, nuestro Grupo Parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ha elaborado diversos esfuerzos para la regulación del uso de la fuerza, de los cuales hemos tomado algunos elementos.

Por todo ello, proponemos a esta H. Asamblea la emisión de una Ley que contemple las clasificaciones básicas del armamento, según sus funciones, así como también un mecanismo genérico de actuación para todos los funcionarios, al momento de realizar detenciones, operativos o cualquier acción que contemple, en sí misma, el uso de la fuerza; los parámetros por los cuales se ha de guiar este funcionario para garantizar la protección de la vida de la persona involucrada, tercero ajenos y la suya propia, siempre con apego irrestricto a los derechos humanos y a la legalidad así como las acciones que el Estado debe emprender una vez que ha sido utilizada la fuerza, para el funcionario, la víctima y terceros afectados; los términos en que la capacitación para el uso legítimo de la fuerza debe impartirse y las reglas básicas para la planeación de los operativos en los cuales se prevea el uso de la fuerza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometido con el Estado de Derecho y los derechos humanos, someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Federal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL SOBRE EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA POR LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, en cumplimiento de sus funciones.

Estas disposiciones se aplicarán también cuando los integrantes de las instituciones militares actúen en coadyuvancia o coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por

I. Agente: los integrantes de las instituciones policiales y ministeriales, del orden federal, reguladas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;

III. Armas incapacitantes no letales: las que son utilizadas para detener a un individuo, inmovilizándolo y sin causarle la muerte;

IV. Armas letales: las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte;

V. Detención: la restricción de la libertad de una persona por los agentes de las instituciones federales de seguridad pública con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una orden de aprehensión, de arresto, de presentación o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes aplicables. Debe registrarse conforme a las disposiciones legales en la materia;

VI. Policía: a quien se le atribuya ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, que sea parte de los cuerpos de seguridad pública y que desempeñe funciones de carácter estrictamente policial vinculadas operativamente a la seguridad pública;

VII. Ley: la Ley Federal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Reglamento, al Reglamento de esta Ley;

IX. Resistencia pasiva: cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el Policía, quien previamente se ha identificado como tal;

X. Resistencia activa: cuando el sujeto realiza acciones con el propósito de dañarse, dañar a un tercero, al Policía o a bienes propios o ajenos;

XI. Resistencia violenta: cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a sí mismo, a un tercero o al Policía o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido;

XII. Resistencia violenta agravada: cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual, inminente e ilegal a la vida propia, de terceros o del Policía, a efecto de impedir que sea detenido;

XIII. Resistencia agresiva: cuando el sujeto realiza movimientos corporales que ponen en riesgo la integridad física del mismo sujeto, de terceros o del propio Agente, a efecto de impedir que sea detenido;

XIV. Resistencia agresiva agravada: cuando las acciones del sujeto representan una agresión real, actual o inminente, que ponga en peligro la vida de terceros o la del agente, a efecto de impedir que sea detenido;

XV. Sometimiento: la contención que el Policía ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de asegurarla; y

XVI. Uso legítimo de la fuerza: la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las personas de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Capítulo II

Principios generales sobre el uso legítimo de la fuerza

Artículo 3. Solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas, los bienes muebles e inmuebles de las instituciones o el orden público, se podrá utilizar la fuerza por los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública. Los principios rectores para el uso legítimo de la fuerza son legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad:

I. Legal, cuando el uso legítimo de la fuerza está autorizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal, la presente ley, el Código Penal o demás disposiciones jurídicas vigentes;

II. Racional, cuando es el producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como del Policía. Cuando sea estrictamente necesario. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza. Cuando se usen los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

III. Proporcional, cuando se aplica en el nivel necesario para lograr el control del sujeto de la forma en que menos le perjudique y corresponda al nivel de resistencia o agresión que tenga contra terceros, el Policía o la sociedad como un todo;

IV. Congruente, cuando es utilizada únicamente para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública;

V. Oportuna, cuando se aplica en el momento en que se requiere para lograr el resultado que se desea o evitar el daño a la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades, el orden público.

El tipo de delito o de orden a cumplir no justifican por sí mismos el uso de fuerza letal, incluido el uso de armas de fuego, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos, durante la intervención de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública.

Artículo 4. Son circunstancias que permiten el uso legítimo de la fuerza a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública federal, las siguientes:

I. Legítima defensa: cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende;

II. Cumplimiento de un deber: la acción o la omisión que realiza el Agente en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden público y prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales, siempre que se cumpla con las disposiciones establecidas en la presente ley; 

III. Estado de necesidad, cuando se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el Agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

IV. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento;

V. Prevenir la comisión de conductas ilícitas; y 

VI. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública no emplearán armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o por impedir su fuga, y sólo en el caso de que se hayan agotado todos los recursos disponibles para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Para efectos del presente artículo se entiende por agresión real cuando la conducta del sujeto se despliega físicamente en acciones concretas que ponen en peligro los bienes jurídicos.

La agresión es actual, cuando la conducta física del sujeto, durante todo el tiempo en que el sujeto la despliega, pone en peligro los bienes jurídicos.

La agresión es inminente, cuando los signos externos del agresor muestran la decisión de llevarla a cabo de inmediato.

Artículo 5. Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad pública respecto del uso legítimo de la fuerza por sus integrantes:

I. Establecer y desarrollar una administración del uso de la fuerza a fin de que éste sea el resultado de infraestructura técnica y material, planeación y de principios especializados de administración y operación con la finalidad de preservar y desarrollar la seguridad pública.

II. Establecer y supervisar el cumplimiento de normas y reglamentaciones que contengan las directrices institucionales para el cumplimiento en la práctica de lo establecido en la presente ley, para lo que desarrollarán procedimientos, manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados, tanto respecto del personal como de las operaciones, examinados a la luz de casos concretos y con la finalidad de que el uso de la fuerza se produzca conforme a lo establecido en la presente ley.

III. Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los agentes respondan de las armas de fuego o municiones que les hayan entregado.

IV. Establecer los mecanismos para proteger la vida e integridad física de sus integrantes, el respeto a su dignidad como personas, por parte de sus superiores y de la ciudadanía, a salarios dignos y prestaciones de seguridad social, así como revisar y mejorar las condiciones de trabajo.

V. Fortalecer los procedimientos relativos al servicio civil de carrera para que éste sea el soporte del uso legítimo de la fuerza por sus integrantes.

VI. Establecer ejes y acciones para la adecuada prevención del trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza por sus integrantes, así como de la tortura.

VII. Establecer la obligación de identificación del Agente así como los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, en caso de encontrarse obligado a hacer uso de un arma de fuego o letal.

VIII. Establecer un sistema de presentación de informes cuando se emplee la fuerza y, en particular cuando se emplee arma de fuego y/o letal.

IX. Investigar técnica y científicamente los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes.

X. Establecer los mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan a los responsables de las instituciones modificar las prácticas ilegítimas a fin de mejorar la eficacia de la actuación de sus integrantes, a la vez que se sometan sus acciones al escrutinio público y a procedimientos disciplinarios o penales imparciales y efectivos.

XI. Evaluar la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos, así como de su control.

XII. Dotar a sus integrantes de armamento y equipo adecuado para el cumplimiento de las normas legales, así como de las reglas administrativas y operativas.

XIII. Proporcionar orientación a sus integrantes que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego o letales para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.

XIV. Adoptar las medidas necesarias, para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

XV. Adoptar las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra sus integrantes que, en cumplimiento del Código de Ética y de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley y en otras leyes relativas, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.

XVI. Establecer y aplicar los mecanismos de evaluación y sus consecuencias en cada caso de uso de la fuerza por sus integrantes.

XVII. Propiciar el desarrollo de investigaciones respecto de los casos en los que se haya hecho uso de la fuerza por sus integrantes, así como colaborar con tales investigaciones.

XVIII. Atender oportunamente a las solicitudes de información de las autoridades, organismos competentes y, en su caso, a la ciudadanía respecto del uso de la fuerza por sus integrantes, privilegiando el principio de máxima publicidad.

XIX. Establecer los procedimientos de operación y de supervisión para preservar los indicios en el caso de uso de fuerza. Emitir directrices con objeto de que en los casos de detenidos que sean asegurados, retenidos o internados en centros preventivos y de readaptación social, se impida la alteración, destrucción o desaparición de las evidencias, cualquiera que sea su naturaleza.

XX. Responsabilizarse y responder por los actos de sus integrantes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación de la ley en lo que se refiere al uso de la fuerza.

XXI. Establecer el resarcimiento, la indemnización, la asistencia y los apoyos materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios a las personas afectadas por el uso ilegítimo de la fuerza.

Artículo 6. El policía podrá hacer uso de la fuerza únicamente en las siguientes circunstancias:

I. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento;

II. Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes;

III. Prevenir la comisión de conductas ilícitas;

IV. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o

V. Por legítima defensa.

Artículo 7. Los distintos niveles en el uso de la fuerza son:

I. Persuasión o disuasión verbal: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que permitan al agente cumplir con sus funciones;

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que el agente cumpla sus funciones;

III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona; y

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona.

Artículo 8. El Policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:

I. No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y

II. Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes.

Artículo 9. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública al usar la fuerza, las siguientes:

I. Usar la fuerza, respetando los principios y las obligaciones señalados en la presente ley, cuando exista resistencia, bien sea pasiva, activa, agresiva o agresiva agravada de una persona que está infringiendo o acaba de infringir alguna disposición jurídica u orden de autoridad competente.

II. Con el propósito de neutralizar la resistencia o agresión de una persona que está infringiendo o acaba de infringir alguna disposición jurídica; para cumplir las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes, así como para prevenir la comisión de delitos e infracciones y proteger o defender bienes jurídicos, podrá en primera instancia dar órdenes verbales directas y en caso de que no sea obedecido, hará uso de la fuerza de la siguiente manera:

a) Sin utilizar armas, cuando para vencer la resistencia pasiva de las personas realice acciones necesarias para tal propósito;

b) Armas intermedias, cuando para neutralizar la resistencia activa o activa agresiva de una persona haga uso del equipo e instrumentos que tiene autorizados a portar con excepción de las armas de fuego; y

c) Armas de fuego, cuando se presente el caso de una resistencia agresiva agravada, en los términos del artículo 12 de la presente ley.

III. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se considerará como trato cruel, inhumano o degradante, cuando la persona detenida se encuentre controlada o asegurada y se continúe golpeando; las intimidaciones; las injurias; el uso de la fuerza con la intención de castigo, así como la exigencia de simular o llevar a cabo actos sexuales.

Se considerará como tortura, la inferencia a los sujetos del uso de la fuerza de sufrimientos físicos, consistentes en recibir golpes; ser arrojados al piso, colocación de uno sobre otro sin distinciones de sexo, edad, condición de salud y física; amenaza de privar de la vida o de causar otro tipo de daños, así como hacerlo permanecer en la misma posición.

IV. Aplicar la técnica adecuada tanto para uso de manos libres como de equipo, con la finalidad de lograr el efecto debido, sin causar mayor daño.

V. Utilizar el equipo y la munición adecuados a cada caso en particular.

VI. Reducir al mínimo los daños y lesiones con respeto y protección a la vida humana.

VII. Otorgar un tratamiento humano y con respeto a la dignidad del destinatario.

VIII. No emplear de armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de tener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en el caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

IX. Asegurar la plena protección de la salud e integridad física de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.

Artículo 10. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública después de usar la fuerza, las siguientes:

I. Proteger al destinatario del uso de fuerza. 

II. Procurar la asistencia y servicios médicos a personas heridas o afectadas, lo antes posible.

III. Informar inmediatamente a los superiores, en especial cuando el uso de fuerza haya producido lesiones o muerte.

IV. Presentar a las personas detenidas ante la autoridad competente lo más pronto posible.

V. Asistir a los procedimientos de escrutinio de los casos en que haya participado. 

VI. Asistir a los tratamientos especializados que resuelva la institución, tales como sicológicos y médicos.

Capítulo III 

Reglas para el Uso de la Fuerza en Detenciones

Artículo 11. El Policía para realizar la detención de una persona deberá observar las siguientes reglas:

I. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;

II. Comunicar de inmediato las razones por las cuales la persona será detenida;

III. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que la acompañen para su puesta a disposición;

IV. Situar a la persona detenida a disposición de la autoridad competente.

V. Realizar los registros inmediato y administrativo de la detención, en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 12. Antes de realizar la detención de una persona el integrante de la institución de seguridad pública, cuando sea posible, deberá analizar las circunstancias para lograr la aplicación al caso concreto de los principios del uso de la fuerza mencionados en la presente ley, y además:

I. Se identificará y señalará de manera inmediata las razones por las cuales se está deteniendo a la persona;

II. Solicitará a la persona de que se trate que le acompañe de manera voluntaria para ser presentado ante la autoridad administrativa o ministerial; y

III. Si la persona no ofrece resistencia, no podrá utilizar la fuerza, debiendo tratarla con toda dignidad.

Artículo 13. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la fuerza, de ser posible, se hará la siguiente manera:

I. Se preferirán medios no violentos sobre métodos que involucren el uso de la fuerza, tales como, la negociación o convencimiento para que depongan su actitud y se entreguen a la autoridad;

II. Se preferirá la utilización de técnicas de mano abierta sobre técnicas de utilización de armas;

III. Las técnicas deberán procurar controlar al sujeto con el mínimo daño posible y con el mayor respeto a su persona; y

IV. Se preferirá el uso de armas intermedias, cuando esto sea posible, respecto de armas de fuego.

Artículo 14. El agente registrará al sujeto asegurado con el fin de verificar que no tiene ningún objeto que pueda ser utilizado como arma y las pertenencias del mismo serán debidamente custodiadas y entregadas a la autoridad a quien se hace la remisión, incluyendo una relación pormenorizada de las mismas.

Artículo 15. Cuando se utilicen técnicas especiales para controlar, en caso de detenciones, a personas que opongan resistencia, se realizarán bajo los siguientes criterios:

I. Se usará la técnica que produzca el menor daño y riesgo a la persona a detener, así como a terceros; y

II. Después de haberlo controlado procurará que la persona asegurada no represente un peligro para él mismo, un tercero o el Agente, para lo cual deberá hacer uso del equipo de inmovilización proporcionado por la Institución a la que pertenezca.

Artículo 16. Si el sujeto que opone resistencia se encuentra armado, de ser posible se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El integrante de la institución de seguridad pública se identificará con la siguiente frase ritual: "Alto Policía, arroje su Arma";

II. De ser posible se le conminará a que abandone la actitud agresiva y que se rinda entregando el arma; y

III. Si no es posible realizar lo anterior, porque la persona que va a ser detenida opone resistencia agresiva agravada, se deberán usar las reglas de la legítima defensa, garantizando en todo momento el menor daño posible a la persona, pero también a la seguridad de terceros y del integrante de la institución de seguridad pública.

Artículo 17. Una vez que se haya asegurado a la persona, el Agente que le haya detenido le informará el motivo de la detención, que tiene derecho a permanecer callado durante su traslado; a que se le informe el lugar a dónde será trasladado, lo cual también se informara, de ser posible, a los familiares o conocidos que se encuentren presentes al momento de la detención, o en caso contrario , que en cuanto se presente ante la autoridad correspondiente podrá realizar una llamada telefónica para informar sobre su paradero y a ser asistido por un abogado o persona de su confianza.

Capítulo IV

Del Uso de la Fuerza en Instituciones de Prevención y Readaptación Social

Artículo 19. Las disposiciones de la presente ley son aplicables también dentro de las instalaciones de instituciones federales de prevención y readaptación social, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios se encuentren dentro de las mismas.

Capítulo V

Reglas para el Uso de la Fuerza en Caso de Desastres

Artículo 20. En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes, o cualquier otro desastre, en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida de las personas, las instituciones federales de seguridad pública se coordinarán con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar o impedir el paso a personas, se seguirán las siguientes reglas:

I. Las identificará y tratará de convencerlas para que abandonen los lugares en peligro o para que no ingresen a los mismos;

II. Si las personas se negaren a cumplir las instrucciones a que se refiere la fracción anterior, se utilizarán los principios del uso de la fuerza para la resistencia pasiva; y

III. Sólo en caso de que la resistencia activa agresiva y el peligro para la persona que se intenta evacuar sea inminente, se usara la fuerza de conformidad con lo establecido para la resistencia agresiva.

Capítulo VI

De las Armas y Equipo de Apoyo que pueden ser usadas por los Funcionarios

y por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública

Artículo 21. Las instituciones federales de seguridad pública asignarán armas solamente a los policías que hubieren aprobado la capacitación y hayan sido debidamente certificados, los cuales a su vez únicamente sólo podrán usar las armas que le hayan sido asignadas. En ningún caso, podrán asignarse armas a aquellos integrantes de estas instituciones que tengan antecedentes de violencia familiar o de género.

Artículo 22. Las instituciones federales de seguridad pública deberán hacer del conocimiento del Registro Nacional de Armamento y Equipo, entre otros, las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes.

Artículo 23. Son armas intermedias, los instrumentos y equipo que sirven para el apoyo en la función policial para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión, por parte de una persona.

Artículo 24. Las instituciones federales de seguridad pública tendrán un registro detallado de estos equipos y los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública serán capacitados y certificados en su utilización con técnicas específicas, que causen el menor daño posible a los sujetos contra quienes se utilicen.

Artículo 25. De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente deberá llevarse un registro de cada arma de fuego, así como del número de municiones que cada arma dispara.

Artículo 26. Será obligación de las instituciones federal de seguridad pública mantener la licencia colectiva de las armas de fuego otorgadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública podrán portar las armas cortas que les hayan sido autorizadas por la Licencia Colectiva durante todo el tiempo que estén de servicio.

Excepcionalmente, el jefe responsable de la unidad podrá autorizar por escrito su portación fuera del horario de servicio.

Las armas largas serán portadas en operativos especiales bajo la responsabilidad del Agente que las tiene autorizada.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá autorizar la portación de armas que no sean las de cargo.

Capítulo VII

Planeación de Operativos en los que se presuma la Necesidad de usar la Fuerza

Artículo 27. Cuando se presuma que, para lograr la detención de una persona se deberá utilizar la fuerza, si las circunstancias lo permiten, se hará la planeación de la acción de la siguiente manera:

I. Se preferirá el uso de medios no violentos, tales como la negociación o convencimiento para que los sujetos depongan su actitud y se entreguen a la autoridad, a métodos violentos;

II. Se procurará el desarrollo del operativo en las circunstancia en que deba utilizarse el menor nivel de fuerza, para producir el menor daño al sujeto a detener y para respetar su dignidad; y

III. De ser posible en la planeación del operativo se tomarán en cuenta las circunstancias de personas y de armas generando un operativo con suficientes elementos que permitan disuadir del uso de la fuerza de manera clara a la persona que se va a detener.

Artículo 28. En el apartado de análisis de la situación correspondiente al plan de acción se deben considerar hechos concretos y no suposiciones de posibles reacciones ante la presencia de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública.

En la planeación de los operativos deberán considerarse los antecedentes de confrontaciones previas.

Capítulo VIII

Del Cuidado de las Personas después de que se ha usado la Fuerza en su contra

y de la Información a Familiares

Artículo 29. Es obligación de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública procurar los cuidados necesarios a las personas sobre las cuales se ha ejercido la fuerza, en estos casos deberán actuar conforme a sus capacidades y circunstancias del caso, así como requerir el auxilio necesario para los primeros auxilios y atención médica inmediatos.

Cuando sea posible, se deberá informar a los familiares que el sujeto señale. Si esto no es posible por considerarse que se pone en peligro al sujeto o a los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, se informará en el momento en que sea trasladado al lugar en donde será atendido.

En caso de que por cualquier operativo se causen lesiones a los detenidos presentados o a terceros en ejercicio de las funciones policiales, se deberá prestar inmediatamente el auxilio, llamando a las unidades médicas de emergencia, con objeto de que den los primeros auxilios y trasladen a los lesionados a los hospitales correspondientes.

Cuando las unidades médicas de emergencia no sean suficientes para el traslado de las personas a los hospitales, y se trate de estricta emergencia, el traslado podrá ser hecho en las propias unidades policiales.

Capítulo IX

De los Informes del Uso de la Fuerza y de la Utilización de Armas de Fuego

Artículo 31. Siempre que se utilice la fuerza por los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública en el cumplimiento de sus atribuciones, éstos deberán rendir un informe a su superior en el que constarán los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza. El informe será remitido para el análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su evaluación.

Artículo 32. Siempre que se haga uso de un arma de fuego o que se desenfunde con la intención de mostrarla para incrementar la presencia del agente y provocar el respeto por presencia, deberá prepararse un informe que contenga los siguientes elementos:

I. Nombre y cargo del agente;

II. Circunstancias y hechos que generaron la acción que requirió usar o desenfundar el arma de fuego;

III. Razones y justificación de la utilización del arma de fuego; y

IV. Si el arma se disparó, numero de disparos y en su caso vidas humanas perdidas, lesiones y daños causados.

Dicho informe deberá ser entregado al jefe inmediato del agente que lo rinda, quien dispondrá su remisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su evaluación.

Capítulo IX

De la Capacitación y Certificación para el Uso de la Fuerza a los Integrantes

de las Instituciones Federales de Seguridad Pública

Artículo 33. Las instituciones federales de seguridad pública capacitarán y certificarán a sus integrantes sobre los principios de actuación con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos, aún bajo los estados de excepción, respecto del uso de la fuerza y en particular de armas. De manera específica, los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública deberán recibir capacitación en materia de violencia de género.

Esta capacitación y certificación debe estar dirigida para hacer conocer y practicar las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y la técnica adecuada para hacerlo, así como para que los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública tengan la capacidad para argumentar y decidir acerca del uso de la fuerza.

La capacitación y certificación a la que se refiere el presente artículo debe ser continua y completa.

Lo dispuesto en este artículo aplica también para los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuando actúen en coadyuvancia o coordinación con las fuerzas policiales de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 34. En la currícula de capacitación de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública, existirá un módulo que explicará con profundidad la utilización del uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 35. En los procesos de capacitación y certificación los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública se desarrollarán talleres prácticos que deberán incluir ejercicios y análisis de casos reales y concretos en los que se apliquen las disposiciones contenidas en la presente ley.

También los cursos de capacitación y certificación desarrollarán las técnicas operativas y administrativas especializadas para lograr causar los menores daños y lesiones a las personas y objetos.

Artículo 36. En la capacitación y certificación de los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública se prestará especial atención a:

I. Ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación.

II. Medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación.

III. Medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego.

IV. Servicio pericial. 

V. Autodefensa. 

VI. Primeros auxilios.

VII. Técnicas de detención, control, revisión, aseguramiento, conducción y presentación ante autoridad competente.

VIII. Manejo de estrés.

IX. Nociones de derecho penal, derecho administrativo y derechos humanos.

Artículo 37. El reglamento de esta ley determinará las prácticas anuales que deberán hacer los policías para estar capacitados y certificados en la utilización racional del uso de la fuerza, así como del entrenamiento en la utilización de las armas intermedias y de fuego.

Artículo 38. En la capacitación se incluirán técnicas específicas de solución pacífica de conflictos, negociación y mediación, así como de comportamiento de multitudes y medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza.

También se les deberá capacitar en primeros auxilios y manejo de estrés en situaciones de riesgo.

Artículo 39. Las instituciones federales de seguridad pública establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso de la fuerza.

Artículo 40. Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública que deban portar armas de fuego deberán estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación y certificación especializada y actualizada en su empleo.

Capítulo XI

De la Atención a los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública

resultante del Uso de la Fuerza

Artículo 41. Todos los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública tienen el derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como seres humanos y representantes de la autoridad, por parte de sus superiores y de la población, por lo que será obligación de las instituciones federales de seguridad pública proporcionales la atención médica y psicológica necesaria cuando hagan uso de la fuerza para apoyarles a sobrellevar las tensiones propias de estas situaciones.

Capítulo XII

De la Indemnización en Caso de que se declare la Existencia de Uso Ilícito

de la Fuerza por parte de las Instituciones Federales de Seguridad Pública

Artículo 42. Las instituciones federales de seguridad pública deberán establecer los mecanismos para que las personas afectadas por el empleo de la fuerza por sus integrantes o sus representantes legales sean informadas del derecho que tienen al inicio de un proceso independiente, incluido un proceso judicial para determinar las responsabilidades resultantes.

El Estado y las instituciones federales de seguridad pública, deben asumir la debida responsabilidad cuando el personal a su cargo recurra al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y no adopten las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

Artículo 43. Los particulares que hayan sufrido un daño con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución federal de seguridad pública, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización por concepto de daños y perjuicios, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia. La institución federal de seguridad pública será subsidiariamente responsable de la indemnización correspondiente.

Artículo 44. La indemnización a que se refiere el artículo anterior comprenderá tanto lo relativo al daño material como al inmaterial. Este último puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. Podrá establecer compensación económica o prestación de bienes o servicios o, la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.

Así también, esta indemnización podrá comprender el tratamiento adecuado que requieran las víctimas y sus familiares, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución federal de seguridad pública de que se trate, de su responsabilidad por los hechos por el uso excesivo de la fuerza, así como la emisión de una disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida, en su caso, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de tales personas.

En todo caso, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en la Ley General de Víctimas.

Artículo 45. Las instituciones federales de seguridad pública tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro, de conformidad con las leyes de la materia, que cubra los daños ocasionados por sus integrantes a personas, bienes muebles o inmuebles públicos o privados, cuando se declare por las autoridades competentes el uso ilícito de la fuerza.

Artículo 46. Los integrantes de las instituciones federales de seguridad pública estarán obligados a pagar las indemnizaciones correspondientes en caso de que exista resolución de la autoridad competente que declare que los mismos hicieron uso ilícito de la fuerza, de manera directa al particular afectado o bien al Cuerpo de Seguridad, en el caso de que se haya cubierto la indemnización con base en el contrato de seguro a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo XIII

De la Coordinación entre las Instituciones de Seguridad Pública Estatales, Municipales

y Federales para el Uso de la Fuerza

Artículo 47. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas entre la federación, los estados y los municipios, los mandos de las instituciones de seguridad pública, sujetándose a las disposiciones de esta ley, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las demás disposiciones aplicables y siempre que sea posible procurarán que en la planeación de los operativos se establezca:

I. El funcionario que coordinará las acciones de las instituciones de seguridad pública;

II. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública o mandos a cargo de cada una de las fuerzas que participan así como de sus compañías y secciones;

III. La acción que se intenta repeler y en su caso la orden u órdenes que se van a cumplir;

IV. Los antecedentes de la persona o personas que se van a detener; y

V. El Funcionario que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente.

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables para cada uno de ellos.

Capítulo XIV

De la Participación Comunitaria respecto del Uso de la Fuerza

Artículo 48. Las instituciones federales de seguridad pública establecerán los mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación, supervisión y evaluación del uso de la fuerza para la seguridad pública.

Artículo 49.La participación de la sociedad en la planeación y supervisión del uso de la fuerza por la seguridad pública se referirá a

I. Conocer y opinar sobre políticas y procedimientos. 

II. Sugerir medidas específicas y concretas para mejorar este aspecto.

III. Realizar labores de seguimiento.

IV. Realizar labores de escrutinio para los casos prácticos de uso de fuerza.

V. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades y dar seguimiento a su atención. 

VI. Auxiliar a las autoridades competentes para el debido cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

Artículo 50.Las instituciones federales de seguridad pública establecerán un área administrativa para hacer efectivos los mecanismos previstos en el presente capítulo.

Capítulo XX

Del Uso de la Fuerza por Servicios Privados de Seguridad

Artículo 51. Los particulares que se dediquen a la prestación de servicios de seguridad privada que cuenten con licencia federal, así como el personal que utilicen, observarán, en lo conducente, las normas que establece esta ley y las demás aplicables para las instituciones federales de seguridad pública en lo relativo al uso de la fuerza por sus integrantes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo federal, dentro de un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá emitir el Reglamento de la Ley Federal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Suscribe

Dip. Fernando Zárate Salgado”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 38 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 38de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estatuir como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, adeudar pensiones alimenticias,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a alimentos entre parientes es una garantía fundamental que encuentra sustento en el mismo derecho a la vida.

El artículo 4° de la Constitución General de la República, previene como principios jurídicos fundamentales: que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Asimismo, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.

Sin embargo, cada vez son más frecuentes y numerosos los casos de mujeres, niñas y niños que en su calidad de acreedores alimentarios, no han encontrado respuesta efectiva y expedita para obtener el pago y aseguramiento de la pensión alimenticia a que tienen derecho.

Se generaliza así la violencia económica como un irracional abuso de poder de un agente contra su pareja para humillarla y desvalorizarla. La violencia económica es una forma de agresión doméstica, donde el abusador controla todo el caudal que ingresa sin importarle quién lo haya ganado, manipula el dinero, dirige, y se comporta como dueño absoluto de todos los bienes muebles e inmuebles. Trastocando de esta manera la relación conyugal de una forma de cooperación para que como familia o pareja se lograran objetivos comunes, en un contexto de abusos, chantajes y violencia. Sobre todo, hombres usan el poder de un sueldo para dominar a su pareja.

La violencia económica tiene graves consecuencias sobre la autoestima y desarrollo futuro de la pareja e hijos, haciéndolos más vulnerables a ser víctimas de otros tipos de violencia. Si además de la violencia económica, la mujer es víctima de violencia sexual o de pareja para ella puede ser más difícil tomar la decisión de denunciar, alejarse o abandonar a su cónyuge.

Las personas agresoras utilizan el dinero producto de sus ingresos durante su vida conyugal como medio para transgredir los derechos de sus parejas e hijos. A pesar de los esfuerzos realizados tendientes a difundir y promover ideas de igualdad y en contra de la discriminación, podemos comprobar que los estereotipos sobre el manejo, control y adquisición de los recursos económicos, siguen existiendo y son respaldados por amplios sectores de la población, para fomentar la dependencia principalmente de mujeres, niñas y niños.

Caso paradigmático lo constituye el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, Genaro David Góngora Pimentel. Tráfico de influencias; abuso de poder; discriminación contra sus propios hijos; denuncia de hechos falsos en contra de Ana María Orozco por la presunta comisión del delito de fraude genérico por la adquisición de una casa para los menores, todo con el único objetivo de impedir el cumplimiento de su obligación alimentaria como venganza contra su pareja por asumir una posición de independencia.

Si son absolutamente reprobables los actos de individuos particulares que rehúsan cumplir con sus deberes familiares, la gravedad es superlativa cuando se trata de representantes populares y funcionarios públicos, como el Ministro Genaro Góngora Pimentel, que valiéndose de su posición incumplen con la obligación de ministrar alimentos a sus deudores como una forma de ejercer violencia sobre ellos, con el consecuente descrédito social de las instituciones de la República.

La democracia es también un acto de fe en el ser humano. Se rige por normas escritas, pero fundamentalmente por el nivel de confianza entre los ciudadanos. Uno de los aspectos esenciales que debe abordar la construcción de un estado democrático es, naturalmente, la implantación de una moralidad pública y la lucha permanente contra la desviación en las conductas de los servidores públicos, abuso de poder, tráfico de influencias y la corrupción gubernamental en los órganos del Estado.

La erosión de la confianza y el deterioro de la credibilidad ciudadana en representantes populares y funcionarios que incumplen con la obligación de proporcionar alimentos, significan una clara manifestación de los estragos ocasionados por la corrupción e impone al Estado la obligatoriedad de evitar su alto costo social.

Con esta visión, el proyecto de decreto que someto a consideración de esta Soberanía, propone adicionar una fracción VII al artículo 38de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, adeudar pensiones alimenticias.

El espíritu de la iniciativa radica en adoptar una disposición normativa en nuestra Carta Magna que coadyuve a garantizar los recursos materiales necesarios para asegurar una vida digna y el máximo estado de supervivencia y desarrollo para la mujer y la niñez, en su entorno familiar.

El objetivo específico consiste en reforzar el sistema jurídico de protección para la mujer y la niñez en contra del abandono y el incumplimiento de obligaciones alimenticias.

Abandonar o incumplir con las obligaciones alimenticias que se tienen hacia la familia, es una clara forma de violación grave a sus derechos fundamentales. El abandono e incumplimiento de la pensión alimenticia, no sólo afecta la primera etapa de la vida de niñas y niños, sino también afecta su vida futura como adultos.

El Estado mexicano ha contraído compromisos de carácter internacional, relativos a evitar y eliminar cualquier forma de discriminación y maltrato en contra de las mujeres y la niñez y garantizar el derecho a alimentos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 y 11, respectivamente, reconocen al derecho a alimentos como un derecho fundamental.

El artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia establece el principio del interés superior de la niñez como el eje sobre el que se desarrollarán las medidas en torno a niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del Niño previene que los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

A su vez, con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, México se comprometió a instrumentar en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar a éstas, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, el Estado mexicano asumió el compromiso de establecer mecanismos para instaurar acciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condición alguna que impida o menoscabe los derechos humanos de las personas, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos y Tratados en la materia.

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), nuestro país condenó todas las formas de violencia contra la mujer, entendiendo por ésta, “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, convenimos también, en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en septiembre de 1995, reconocimos que el adelanto de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social que no deben encararse aisladamente como un problema de la mujer.

Una de las cuestiones más relevantes de la reforma constitucional concretada el 10 de junio de 2011, es la incorporación explícita del principio pro persona en el texto constitucional, como un criterio hermenéutico que informa todo el estatuto de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

El hecho de que el texto constitucional contemple expresamente el principio pro persona es de una relevancia inusitada pues da la pauta para ejercer el control de convencionalidad y conlleva el mandato de su aplicación, no sólo para quienes imparten justicia, sino para quienes participan del proceso legislativo y de política pública.

A partir de la reforma se introduce, explícitamente, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como fuentes del Derecho. Por tanto, para el caso de normas de derechos humanos, la interpretación debe hacerse, según el propio artículo 1°, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Como consecuencia, la firma de esos tratados internacionales conlleva el reconocimiento del Estado Mexicano de que niñas, niños y mujeres tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todaslas medidas que se adopten deban atender a su interés superior.

Asimismo, la obligación del Estado Mexicano de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de la niñez y de asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar para que, con este fin se tomen todas la medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y por tanto, la realización y adopción de todo tipo de medidas, incluidas las de carácter legislativo, la definición de políticas, planes y programas tendentes a promover y proteger sus derechos.

El contenido social y de orden público de los alimentos deriva del interés que la sociedad tiene por la subsistencia de los integrantes del núcleo familiar; su contenido moral, porque al analizar la relación puede apreciarse la obligación que se establece entre personas que se encuentran unidas por lazos de consanguinidad o afecto, con el consiguiente deber de velar por quienes requieran asistencia. Mientras que la calidad jurídica de los alimentos les viene de la utilización de la fuerza o coerción para hacerlos efectivos.

Por ello, en forma paralela a armonizar la legislación vigente en todas las entidades federativas, con relación a los procedimientos para hacer efectivas las pensiones alimenticias, realizando la revisión normativa necesaria, con el objeto de detectar contenidos dilatorios y discriminatorios, que nieguen o afecten el derecho de la niñez y las mujeres, a recibir una pensión alimenticia digna y suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas; es impostergable, mediante el establecimiento de sanciones drásticas contra la infracción de la obligación alimentaria, crear una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos, que evite que sigan existiendo mujeres, niños y niñas víctimas del abandono o incumplimiento de la obligación alimenticia, que ponen en riesgo su integridad física y desarrollo personal.

En este sentido, la presente iniciativa de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 38de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estatuir como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, adeudar pensiones alimenticias, resulta pertinente y adecuada para impulsar un cambio en los patrones culturales de la población, a través del fomento de una cultura de respeto a los Derechos Humanos, así como de responsabilidad del ejercicio de la sexualidad y el cumplimiento de las obligaciones económicas respecto a los miembros de la familia, evitando así incurrir en conductas que puedan constituirse como causas de pérdida, suspensión o limitación de los Derechos de Familia.

El artículo 35 de la Constitución reconoce como prerrogativas del ciudadano: votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Se trata de verdaderas prerrogativas, no sólo de derechos u obligaciones, porque atribuyen los privilegios que están mencionados en cada una de las fracciones de dicho precepto constitucional, privilegios reservados exclusivamente a los ciudadanos en ejercicio de sus derechos.

Por tanto, de aprobarse la reforma constitucional que se propone, el individuo infractor de su obligación alimentaria, quedaría suspendido en sus derechos:

• Al ejercicio del “voto activo”, como expresión de la voluntad del ciudadano en las elecciones populares para la designación de los titulares de los órganos del Estado.

• Al “voto pasivo”, para poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

• A ocupar otros cargos públicos.

• De asociación y reunión, que están reconocidos en el artículo 9° de la propia Constitución.

• A tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones.

• A ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Establecer como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano a votar y ser votado, a ocupar otros cargos públicos y a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, por adeudar pensiones alimenticias, es perfectamente proporcional a la gravedad de la violación a un derecho humano fundamental, en agravio de mujeres, niños y niñas.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de Decreto que adiciona una fracción VII al artículo 38de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estatuir como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, adeudar pensiones alimenticias.

Unico: Se adiciona una fracción VII al artículo 38de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III.- Durante la extinción de una pena corporal;

IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal;

VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión; y

VII. Por adeudar pensiones alimenticias.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Transitorios.

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 12 de junio de 2013.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

(Presentada por el C. Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa, con proyecto de Decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) es la contribución más polémica de los últimos años, debido a diversos cuestionamientos e inquietudes por parte de los contribuyentes, expertos y autoridades fiscales, mismos que van desde calificar su constitucionalidad, hasta el hecho de que ciertos tipos de gastos sean no deducibles, tales como los intereses pagados, las regalías pagadas a las partes relacionadas tanto nacionales como extranjeras, los sueldos y salarios, por mencionar algunos.

Su objetivo fue fungir como un impuesto mínimo y de control respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), a fin de coadyuvar a incrementar la recaudación para el gobierno federal, en especial por considerar la autoridad al régimen del ISR como “poroso”, sustituyendo al Impuesto al Activo (IMPAC).

Es decir, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, tuvo como objetivo elevar la recaudación tributaria en nuestro país, tales fines son de carácter extra fiscal, como:

a) Sustituir los ingresos petroleros.

b) Lograr una mejor distribución de la riqueza.

c) Contribuir al desarrollo sostenido del país.

Lamentablemente no se ha podido comprobar que el IETU cumplió su fin extra fiscal.

Como antecedentes es importante indicar que la globalización financiera ha facilitado la propagación de una recesión a nivel mundial, ante la cual un gran número de países ha mostrado contracción de su producto interno bruto. Por ejemplo, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía americana registró un avance de 1.1 por ciento el año pasado. Por su parte, China, la economía de mayor crecimiento económico en el mundo, también se ha visto afectada con un avance de 9 por ciento, comparado con el 13 por ciento en el año 2007, y México tuvo un 2 por ciento de crecimiento en el mismo año.

Las pérdidas acumuladas en 2008 suman entre 30 y 60 trillones de dólares. Ante estas circunstancias los gobiernos y sus respectivos bancos centrales han intervenido en los mercados para reducir las tasas de interés y así aumentar la liquidez. Pese a estos esfuerzos, no han logrado reanudar los créditos. La política monetaria ya no tiene margen de maniobra, de aquí que "los esfuerzos se desplacen a la política fiscal para reducir los impuestos, estimular la demanda agregada y sobre todo generar fuentes de empleo".1

Nuestro país necesita urgentemente una política fiscal con una visión nueva en el desarrollo socioeconómico, emprendiendo estrictamente la reducción de gastos médicos, prestaciones, bonos, servicio de celular, vehículos, viajes internacionales para funcionarios de mandos medios y superiores; debemos revertir el gasto desmedido que ha tenido el gasto burocrático de los años recientes.

Debemos generar ahorros para ser utilizados de manera más eficiente en programas sociales e inversiones que la economía necesita para generar mayor empleo y bienestar; implantar un nuevo modelo de gestión pública; no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, ni el gobierno puede ser la vía para que los empleados lleguen a ser ricos y a escalar hacia los estratos de ingreso más altos. La meta de reducción de gastos burocráticos por 100 mil millones de pesos en el primer año se fundamenta en nuestros análisis de excesiva burocracia, excesivas categorías salariales que han permitido la incorporación de más puestos altos en estructuras que ya son pesadas, y estructuras redundantes. Éstas últimas van desde subsecretarías de estado, que resultan redundantes en su totalidad, y cuya eliminación vamos a proponer oportunamente, así como unidades, direcciones generales y direcciones que han proliferado innecesariamente en las últimas tres administraciones. No deberían existir percepciones extraordinarias ni gastos de representación. Los servidores públicos recibirán únicamente los ingresos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Si ponemos en práctica el programa de austeridad anteriormente referido, eliminar partidas secretas, desaparecer pensiones vitalicias a ex Presidente de la República Mexicana, si se invirtiera en el turismoy se aplicara una seria y concientizada Política Racional de Ejecución del Gasto Público,la abrogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) será posible sin menoscabo alguno, y acabará con la práctica discrecional de la entrega en bonos de salarios adicionales; gastos como los de alimentación y tarjetas de presentación no se harán a cuenta del erario. Sólo tendrán escolta los servidores públicos vinculados a la procuración de justicia, seguridad pública, aduanas y migración. Es decir, los servidores públicos que estén expuestos a riesgo por la función que tengan encomendada. Se fomentará el esquema de adquisiciones consolidadas por sector hasta donde esto sea factible y eficiente en función de las necesidades de cada dependencia; por ejemplo, en el abasto de materiales y útiles de oficina, contratación de telefonía celular, suministro de combustible, y en algún grado en la adquisición de vestuario y calzado para áreas operativas afines, para garantizar las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad que beneficien la administración pública. Se transparentarán al interior de toda la administración los precios de compra de materiales y otros bienes como medida preventiva para identificar con prontitud cualquier desvío. En este sentido, se elaborarán fichas técnicas de bienes y artículos de uso generalizado para evitar despilfarros y gastos superfluos. Sólo se autorizarían, por año, dos viajes al extranjero por dependencia. Se exceptuarán de esta medida el servicio exterior y aquellas áreas que por sus atribuciones requieran tener presencia en foros y organismos internacionales; en cuyos casos no habrá derroche ni promoción del turismo político.3

Desafortunadamente, México no se ha conducido con una política fiscal adecuada, no se tiene clara la manera de redistribuir los recursos en las distintas zonas, desde las inversiones en infraestructura a las destinadas al desarrollo industrial y agrícola; estamos dirigiendo erróneamente al país con impuestos cuya efectividad no ha sido viable y generan desempleo y deficiencias en la recaudación.

Nuestro país crea el IETU, un nuevo impuesto aprobado por esta soberanía el jueves 13 de septiembre de año 2007, con 306 votos a favor, 128 en contra y cuatro abstenciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, creando a Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, como parte del paquete de reforma fiscal propuesto por el Ejecutivo, y entró en vigor el 1 de enero de 2008.

La idea principal de la contribución obedecía a la necesidad de cubrir con los requerimientos del gasto público creciente permitiendo un efecto recaudatorio para quienes actualmente no contribuyen en el impuesto sobre la renta.

Los sujetos obligados al pago de dicho impuesto son las personas físicas con actividad empresarial o régimen intermedio y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:

• Enajenación de bienes.

• Prestación de servicios independientes.

• Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios

• Por la expedición de recibos de honorarios.

• Por el arrendamiento financiero.

• Liquidación de cuentas incobrables.

La iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo Federal el lunes 2 de julio del año 2007, en la Cámara de Diputados, sobre la contribución Empresarial a Tasa Única, contenida en la propuesta hacendaria de reforma fiscal, no contemplaba excepciones a ningún sector productivo. El efecto que ocasionaba la interacción del impuesto sobre la renta con la contribución empresarial a tasa única garantizaba la eliminación de los diversos beneficios fiscales otorgados a diversos sectores de la economía. Hasta antes de la iniciativa, los beneficios fiscales otorgados al sector primario establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta eran:

La exención de 40 SMG anuales para personas físicas y de 20 SMG anuales por socio, si son personas morales.

La deducción de 18 por ciento de sus ingresos sin comprobantes por mano de obra de trabajadores eventuales.

La disminución del 32.14 por ciento del impuesto sobre la renta causado.

Los estímulos fiscales otorgados mediante Ley de Ingresos.

El IETU, conocido antes como contribución empresarial a tasa única (CETU) en la propuesta del Ejecutivo federal, se gravaba con el impuesto especial sobre producción y servicios, a los juegos con apuestas y sorteos y a las pinturas con aerosol.

El CETU es de tipo directo, es decir pagable por la empresa, y equivale a gravar con una tasa uniforme de 19 por ciento los ingresos de la empresa provenientes de la enajenación de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

La contribución actuaría como un impuesto de control para el impuesto sobre la renta, comparándose con el impuesto sobre la renta propio y el retenido a terceros y pagando el gravamen que resulte mayor. Por tanto, el CETU sustituiría al impuesto al activo.

La ley del IETU ha sufrido reformas, sin embargo, no fueron suficientes para combatir los efectos negativos en la industria maquiladora, por lo que el 5 de noviembre del 2007, el Ejecutivo Federal emitió un Decreto con Beneficios Fiscales que para la industria maquiladora siempre que determinen sus ingresos con base en el artículo 216-Bis, de la Ley del impuesto sobre la renta; el beneficio consiste en determinar el crédito en IETU, considerando como base para el cálculo del IETU la misma utilidad fiscal determinada para el impuesto sobre la renta.

Tratándose del IETU se calcula multiplicando la utilidad fiscal determinada para el impuesto sobre la renta a la tasa del IETU.

Por tanto, la tasa efectiva máxima, considerando el pago total de impuesto sobre la renta y el IETU, para operaciones de maquila fue del 17 por ciento para el 2009.

Cabe señalar que estos estímulos fiscales son aplicables en los ejercicios de 2008 al año 2011; es decir, el tiempo que tiene de vigencia el decreto en comento.

Pero no sólo el sector de maquila se vio afectado, la productividad de pequeños empresarios, los prestadores de servicios profesionales, la micro y mediana empresa, el impuesto les ha generado problemas por el flujo de efectivo en las empresas, el impuesto hizo más complejo y costoso el cálculo de las tributaciones, al no simplificarse o ampliarse el padrón de contribuyentes.

La citada ley empezó a operar con una tasa del 16.5 por ciento, se especulaba que el primer año de su instrumentación daría al fisco 100 mil millones de pesos, sin embargo no fue así, no cumplió con su objetivo, ya queobtuvo una recaudación del 32.8 por ciento menor a lo esperado.

El impuesto es discrecional y tiene diferentes criterios de aplicación en todos y cada uno de las entidades federativas, se debe seguir el criterio de que, siendo leyes federales deben aplicarse con criterios únicos en todo el País; sin embargo, esto no sucede así, se ejecuta con 32 interpretaciones diferentes, se regula con 32 leyes distintas y se sujeta a la interpretación discrecional de 32 secretarios de finanzas.

No es posible que unos Estados tributen más que otros, vulnera el principio de proporcionalidad y equidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En concreto, me permito señalar un caso específico, donde se traslada la aplicación de las leyes fiscales correspondientes, sólo señalando los cálculos específicos y particulares que se deriven:

“Un comerciante inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como causante en el Régimen de Pequeños Contribuyentes trabaja una miscelánea en Puebla y obtiene ingresos brutos al bimestre de 29 mil 479.89, con una utilidad del 12 por ciento. ¿Cuánto pagará de impuestos a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Puebla si toma para ello la opción de la tabla de cuota fija integrada? Después de hacer unos cálculos sencillos, obtenemos:

• Venta sin ganancia

Diario: 432.91 pesos

Mensual: 13 mil 160.66 pesos

Bimestral: 26 mil 321.33 pesos

• Ganancia del 12 por ciento

Diario: 51.95 pesos

Mensual: mil 579.27 pesos

Bimestral: 3 mil 158.55 pesos

• Ingresos brutos

Diario: 484.86 pesos

Mensual: 14 mil 739.94 pesos

Bimestral: 29 mil 479.89 pesos

Por tanto, la respuesta será que este comerciante pagará impuestos al estado de Puebla por la cantidad de mil 90 pesos por cada bimestre, pero hay que hacer algunas observaciones:

1. Al 12 por ciento de utilidad, el comerciante mencionado gana 3 mil 158.55 pesos al bimestre, ó 1 mil 579.27 pesos al mes, lo que significa 51.95 pesos cada día (para este cálculo aplicamos el criterio del Servicio de Administración Tributaria que considera que el mes se integra con 30.4 días).

2. La ganancia diaria de 51.95 pesos es justamente igual al salario mínimo general de la zona económica C (monto que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó para el año 2009), lo que refleja que: "si un comerciante quiere conservar al final del día esa misma cantidad para sus gastos, debe vender en ese lapso 484.86 pesos, o calculado para un periodo mayor, deberá lograr ventas brutas al bimestre de 29 mil 321.33 pesos.

Con un ingreso bruto bimestral de 29 mil 321.33 el pequeño contribuyente pagará cada bimestrela cantidad de mil 90 pesos por el concepto de cuota fija integrada lo que da un total al año de 6 mil 540 pesos, contra 0.00 pesos del asalariado con una percepción mínima. Peor aún, como hay que descontar impuestos en realidad al pequeño contribuyente le quedan 2 mil 68.56 pesos, pues el fisco le quitó el 34.51 por ciento de sus ganancias. De este modo vemos que el pequeño contribuyente paga el impuesto aunque no venda nada y, por tanto, no gane nada. Esquemáticamente se ilustra:

• Salario o ingreso bruto

Trabajador zona económica C: 3 mil 158.55 pesos

Repeco (comerciante): 29 mil 321.33

• Salario o utilidad

Trabajador zona económica C: 3 mil 158.55 pesos

Repeco (comerciante): 3 mil 158.55

• Pago de impuestos

Trabajador zona económica C: 0.00 pesos

Repeco (comerciante): mil 90.00

• Seis pagos de impuestos

Trabajador zona económica C: 0.00 pesos

Repeco (comerciante): 6 mil 540.00

• Salario menos impuesto o utilidad menos impuestos

Trabajador zona económica C: 3 mil 158.55 pesos

Repeco (comerciante): 2 mil 68.56

• Seis percepciones

Trabajador zona económica C: 18 mil 951.30 pesos

Repeco (comerciante): 12 mil 411.36

La cuota fija cada bimestre es modificada a la alza por los estados y el pequeño contribuyente pagará diferentes cuotas, si instalara su miscelánea en otras entidades, aunque tuviera los mismos ingresos brutos, con la diferencias que existen, su ganancia sería mucho más baja, debido a que en otras localidades el salario mínimo general es mayor, considerando que la zona económica A representa 54.80 pesos, la zona económica B 53.26 pesos, dando un salario mínimo general bimestral de 3 mil 331.84 y 3 mil 238.20 pesos respectivamente.

Al respecto, muchos ciudadanos se han acercado con el suscrito señalando que la falta de aplicar un criterio unificador en la determinación de la cuota fija, las autoridades incurren en posibles arbitrariedades contra el 95 por ciento del empresariado nacional, por citar algunos ejemplos:

• Repeco con ingreso bruto bimestral de 29 mil 321.33 pesos y una utilidad del 12 por ciento.

Puebla

Pago de cuota fija en pesos: mil 90

Relación del pago con respecto a la utilidad: 34.51 por ciento

Tlaxcala

Pago de cuota fija en pesos: mil 96

Relación del pago con respecto a la utilidad: 34.70 por ciento

Distrito Federal

Pago de cuota fija en pesos: mil

Relación del pago con respecto a la utilidad: 31.66 por ciento

Estado de México

Pago de cuota fija en pesos: 750

Relación del pago con respecto a la utilidad: 23.75 por ciento

Michoacán

Pago de cuota fija en pesos: 557

Relación del pago con respecto a la utilidad: 17.64 por ciento

Guanajuato

Pago de cuota fija en pesos: 581

Relación del pago con respecto a la utilidad: 18.40 por ciento

Jalisco

Pago de cuota fija en pesos: 540

Relación del pago con respecto a la utilidad: 17.10 por ciento

Yucatán

Pago de cuota fija en pesos: 760

Relación del pago con respecto a la utilidad: 24.06 por ciento

Veracruz

Pago de cuota fija en pesos: 680

Relación del pago con respecto a la utilidad: 21.53 por ciento

El pequeño contribuyente y empresario tienen severas desventajas con el criterio de aplicación a la cuota fija, generando inequidad en el cobro de dicho impuesto.

Los pagos son muy elevados y la Ley del IETU no los previó, específicamente son los artículos 1, tercer párrafo; 19, párrafo 2, cuarto transitorio, primer párrafo, y decimonoveno transitorio, y a continuación se ejemplifican4:

• Repeco con ingreso bruto bimestral de 29 mil 321.33 pesos y una utilidad del 12 por ciento.

2008

Tasa de aplicación directa: 8.91 por ciento

Monto del pago: 2 mil 626.66 pesos

2009

Tasa de aplicación directa: 9.18 por ciento

Monto del pago 2 mil 706.25 pesos

2010

Tasa de aplicación directa: 9.45 por ciento

Monto del pago: 2 mil 785.85 pesos

Otro ejemplo, tomando en cuenta el año 2007; el:

 

REPECO

       

Cálculo realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)al 7.5% de utilidad

 

Ventas Diarias

548.00

411.00

274.00

 

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Ingresos Estimados Anual

200,000.00

150,000.00

100,000.00

Menos

     

Deducciones Estimadas Anual

185,000.00

141,000.00

97,000.00

Igual

     

Diferencia

15,000.00

9,000.00

3,000.00

Por

     

Tasa

0.165

0.165

1.165

Igual

     

Resultado

2,475.00

1,485.00

495.00

Entre

     

Doce

12

12

12

Igual

     

IETU Estimado Mensual

206.25

123.75

41.25

Menos

     

ISR Estimado Mensual (se pagaría el mayor)

210.36

127.01

43.68

Menos

     

Créditos aplicables

0.00

0.00

0.00

Igual

     

IETU Estimado a Cargo Mensual

0.00

0.00

0.00

       
       

Estimación de Deducciones Anual

185,000.00

141,000.00

97,000.00

       

Inventario de mercancías

35,000.00

25,000.00

15,000.00

Maquinaria y Equipo

60,000.00

50,000.00

35,000.00

Renta de Establecimiento

45,000.00

35,000.00

20,000.00

Energía Eléctrica

15,000.00

10,000.00

10,000.00

Teléfonos

12,000.00

7,000.00

6,000.00

Demás Servicios

9,000.00

7,000.00

6,000.00

Renta de Bienes P/Act. Emp.

9,000.00

7,000.00

5,000.00

       
       

ASÍ ES COMO SE CALCULA ACTUALMENTE EL ISR

       

ISR ESTIMADO MENSUAL

     

Ventas Diarias

548.00

411.00

274.00

Ingresos mensuales estimados

16,666.67

12,500.00

8,333.33

Por

     

2

2.00

2.00

2.00

Igual

     

Ingresos Estimados Bimestrales

33,333.33

25,000.00

16,666.67

Menos

     

Disminución (50.57) x 4 =202.28 x (30.4 x 2)=12,298.62

12,298.62

12,298.62

12,298.62

Igual

     

Base de impuesto

21,034.00

12,701.38

4,368.05

Por

     

Tasa del 2%

0.02

0.02

0.02

Igual

     

ISR Bimestre a cargo

420.69

254.03

87.36

Entre

     

2

2

2

2

Igual

     

ISR Estimado Mensuala Cargo

210.35

127.01

43.68

       

*Cálculo realizado por el “Movimiento Nacional del Contribuyente Social17 de Marzo”

Es por ello que, la sociedad y movimientos como el “Movimiento Nacional del Contribuyente Social17 de Marzo”, nos ha manifestadoque: no se debe de aplicar el IETU a los REPECOS:

Por carecer del elemento básico de todo impuesto, proporcionalidad.

Por no existir base sustentable para la determinación del ingreso y egreso, toda vez que no  factura ni se le factura al REPECO.

Las bases para determinar el ISR y el IETU son encontradas, toda vez que el ISR se determina mediante ingreso neto sin ninguna deducción, excepto la de los cuatro salarios mínimos, y el IETU es determinado mediante el porcentaje de la utilidad.

Al momento de determinar la utilidad como parte del IETU, es presumible que esta será mínima, sin embargo por pequeña que sea, representa un ingreso para el comerciante mismo que en un margen del 16.5% le será sustraído, lo cual representa cuatro salarios de ingreso familiar, los cuales sirven no para vivir, sino para subsistir. Además para los efectos del impuesto establecido en la Ley del IETU, se deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales por las compras de bienes a que se refiera la fracción III del artículo 139 de la ley del ISR.

Las medidas resultan por demás demagógicas toda vez que sabemos que se trata de un régimen que sí bien tiene “beneficios fiscales” y se pretende dar simplificación administrativa, bajo este sistema, al REPECO le resultará por demás  complicado el determinar ambos impuestos y como pagarlos aún más, el día de hoy; no se percibe ISR por parte de REPECOS en las tributarias, esto despierta inquietudes en la ciudadanía respecto a lo recaudado por la autoridad federal y local.

Reitero, jurídicamente el IETU es un impuesto inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, en virtud de que el legislador señaló en la exposición de motivos de la Ley del IETU, tiene un fin extra fiscal y ya no tiene que cumplir forzosamente con los citados principios de proporcionalidad, equidad y legalidad; eso es una falacia, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias donde los fines extra fiscales "no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". La existencia de un fin extra fiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio, que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación de los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.5

Y a continuación se transcribe la jurisprudencia:

“Contribuciones. Los fines extra fiscales no pueden justificar la violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La existencia de un fin extra fiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio, que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la ley fundamental. Los fines extra fiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto". Semanario Judicial de la Federación y su gaceta No. 45/2005. Mayo de 2005.

Posteriormente se generaron Tesis Jurisprudenciales contradictorias que justificaron la existencia del IETU, pero no es suficiente.

Ahora bien, las cooperativas en su producción también son afectadas por el IETU en una época de crisis, donde se afectó el empleo, el ingreso, el bienestar y el crecimiento económico y social.

Otro factor eminentemente inconstitucional es la duplicidad en el impuesto, ya que el IETU se ha duplicado con otros impuestos como el impuesto sobre la renta; aún cuando se planteó que las empresas podían optar por pagar uno u otro, lo que no se ha respetado.

Las consecuencias de una competencia desleal y la falta de medidas del gobierno federal para combatirlas, perjudican al mercado tradicional.

Hemos analizado y observado que el IETU sólo complementa la deficiente recaudación que no ha mejorado el Sistema de Administración Tributaria, la salida para una eficiente recaudación no es crear más impuestos, debe actuarse con profesionalismo y exigir su efectiva tributación, el sistema recaudatorio no ha funcionado como se esperaba, no se ha simplificado y no es claro; aplicamos un sistema impositivo que trae como consecuencia perdidas exorbitantes para los mercados públicos, profesionistas, trabajadores independientes, micro y medianos empresarios.

El IETU no ha cumplido con su objetivo de recaudar mayores ingresos para la federación y ampliar la base tributaria, su efecto fue contrario, porque sólo provocó pérdida de empleos y no fomento el crecimiento económico del país.

De acuerdo al cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas y la Deuda 2008, la recaudación quedó en 69 mil 687 millones de pesos; es decir, 22 mil 893 millones de pesos (32.8 por ciento) por debajo de la meta.

La desaceleración económica está afectando a muchas empresas y el panorama a mediano plazo se complicará, por lo que una disminución temporal en la carga fiscal, eliminando el cobro por IETU, impulsaría a que las empresas generen capital de trabajo.

Es inminente que el gobierno mexicano "debe modernizar la política económica nacional y la política fiscal eliminando el IETU".

Es importante mencionar que diversos grupos parlamentarios se han pronunciado a favor de abrogar el IETU,como el hoy Diputado Manlio Fabio Beltrones, cuando fue presidente del Senado; el 27 de junio del año 2011, en la Crónica se destaca lo siguiente:

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, exigió al Gobierno Federal la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), al calificarlo como ineficiente y de baja recaudación y le advirtió que de no modificar la política fiscal en el país “las consecuencias pueden ser menor crecimiento económico, menos empleo y más violencia, porque probablemente habría más delincuencia”.

Así como diversos diputados y senadores de diferentes partidos, han coincidido en eliminar el multicitado impuesto.

Es importante mencionar la reiterada violación a los derechos humanos y sus garantías, como son:

Violación a los derechos humanos y su garantía de Equidad Tributaria al permitirse la deducción de intereses que formen parte del precio.

Violación a los derechos humanos y su garantía de proporcionalidad al no permitir la deducción de intereses derivados de deudas anteriores a la entrada en vigor al IETU.

Violación a los derechos humanos y su garantía de legalidad y seguridad jurídica, así como de justicia tributarias, respecto de los intereses pagados a intermediarios financieros.

Violación a los derechos humanos y su garantía de igualdad y equidad tributaria al no permitir la deducción de los pagos de regalías efectuadas entre partes relacionadas, y sí de otro tipo de erogaciones necesarias para la obtención de ingresos gravados.

Los artículos 2°, 3°, 5° y 6° de la Ley del LIETU resultan violatorios a los derechoshumanos y su garantía de proporcionalidad tributaria, porque, al no considerar objeto el impuestoa los pagos realizados por concepto de intereses, lo que se traduce en que los contribuyentesque los paga queden gravados justamente derivado de no poder deducirlo y, por otro, al gravar nuevamente dichos intereses cuando son percibidos por intermediarios financieros. Ello, envirtud de que se desatiende la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos, en la medida que su aplicación origina una duplicidad o multiplicidad en el pago del gravamen sobre el mismo objeto. 6

El trabajo de nosotros como legisladores es dar solución a este problema social y económico que enfrentamos; y por todos los argumentos anteriormente expresados, se propone abrogar el Impuesto Empresarial a Tasa Única, competerá al Gobierno Federal y a los Estados unificar una cuota fija y añadir un punto de exención, ya que las ganancias igualan a los gastos y no existe utilidad alguna.

Compañeras y compañeros legisladores, quiero llamar de manera muy especial su atención sobre el tema que nos ocupa, para que la comisión responsable y esta soberanía puedan proceder en lo conducente para abrogar esta ley, dado que nos encontramos en el momento oportuno para realizarlo, y garantizar que surta sus efectos el primero de enero de del año 2014, respetando el principio de anualidad que señala el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; en virtud del cual, presento ante ustedes las consideraciones objetivas a modo de fundamento:

Primero. El impuesto Empresarial a Tasa Única no ha cumplido su objetivo de recaudación, así lo demuestran los informes trimestrales de las finanzas públicas, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, la realidad actual es diferente, y lo que ha generado este impuesto, son problemas de flujo de efectivo en las empresas.

Segundo. El IETU duplica su objetivo con el impuesto sobre la renta, su aplicación es diferente en todas las entidades federativas, es inconstitucional y vulnera lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercer. Otra de las desventajas por el pago que se realice por concepto de IETU, cuando éste es mayor que el ISR, es que dicho pago se considera definitivo, es decir, no se tiene derecho a su recuperación aun cuando el ISR en algún ejercicio posterior sea mayor al IETU, situación que sí se permitía anteriormente en la Ley del IMPAC.

CUARTO.- Ley del IETU, no obstante que pretendidamente se paga como un impuesto mínimo a la renta, no contempla ningún procedimiento relacionado al pago de dividendos equivalente o similar al que señala la ley de ISR, por ello el pago que se realiza de IETU sobre el excedente del ISR no generaría o incrementaría la Cufin, trayendo como consecuencia que las compañías que causen IETU y que repartan dividendos, dado que no tendrían una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (Cufin) correlativa al IETU causado, tendrían que pagar adicionalmente un ISR por la distribución de dichos dividendos, lo cual resultaría en un pago de impuestos sobre las utilidades a una tasa efectiva del 47.5% (que se compone de 17.5% de IETU más 30% de ISR al momento de pagar el dividendo).

QUINTO.- La Ley del IETU sólo permite el acreditamiento del ISR de dividendos en el año de pago de los mismos, lo cual crea un claro desequilibrio pues en los dos ejercicios posteriores necesariamente se pagará IETU ya que no habrá ISR pagado acreditable (por haberse aplicado el ISR de dividendos), agravándose el efecto de estar pagando un impuesto que teóricamente es a las utilidades, pero que no genera Cufin y provocando por ende un círculo vicioso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica

Unico. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 12 de junio de 2013.

Suscribe

Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa”.

Notas

1. Comentarios del maestro Hilario Cervantes Sánchez, licenciado en economía con maestría en administración y finanzas, catedrático del Instituto Técnico y Bancario San Carlos.

2. Ídem

3.Programa de Austeridad en la Práctica, Andrés Manuel López Obrador, militante del Partido de la Revolución Democrática.

4. Caso práctico ejemplificado por Luis N. Alcántara, representante de la Alianza Nacional de Contribuyentes, AC de Puebla.

5. Comentario de la licenciada Clara Elena Valladares Sánchez, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana; en el foro Todos contra el IETU, realizado el 23 de marzo de 2009 en la Cámara de Diputados.

6. “Análisis del IETU Controversia y Debate, Academia Estudios Fiscales, Temis.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictámenes de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran a su disposición en el monitor de sus escaños, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dos dictámenes de permisos de la Primera Comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Quedan de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con Sede en Nueva York, Estados Unidos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MEXICO ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, CON SEDE EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción de un oficio del Ejecutivo Federal con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicho asunto se turnara para su análisis y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez, nació en el Distrito Federal, México, el 16 de agosto de 1945, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Del currículum vitae enviado por la Secretaría de Gobernación a esta Soberanía se desprende que el Embajador Montaño es Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la Maestría y el Doctorado en Ciencia Política en la London School of Economics.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó el cargo de Director General de Organismos Especializados Naciones Unidas en el periodo comprendido entre 1979 y 1982.De 1982 a 1988 fue Director en Jefe de Asuntos Multilaterales.

Ha sido miembro y Jefe de la Delegación de México en múltiples conferencias del Sistema de las Naciones Unidas así como de Organismos Interamericanos Naciones Unidas. Se desempeñó como representante de México en la Comisión de Derechos Humanos (1983-1988) así como en las Reuniones Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en las mismas fechas.

Fue Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas de 1989 a 1992, período en el que presidió el grupo de alto nivel creado por el Secretario General de las Naciones Unidas para la reforma de los organismos vinculados a la lucha contra las drogas. Así mismo de 2001 a 2004 fue representante de México en Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Organización de los Estados Americanos.

En el exterior ha sido Embajador de México en los Estados Unidos (1993 a 1995).

Desde 2010 es uno de los 13 miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes elegido por Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

II. La Segunda Comisión citó al Embajador Jorge Montaño a una comparecencia, llevada a cabo el 11 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y, especialmente, la importancia de la participación de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El programa de trabajo busca impulsar las iniciativas más importantes de política exterior y promover los intereses nacionales en materia de paz y seguridad,combate a la delincuencia organizada transnacional, el desarme y control de armamentos, el desarrollo económico y social, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la codificación progresiva del derecho internacional y la solución a los conflictos que ponen en riesgo la paz mundial.

Asuntos Políticos:

Dar seguimiento puntual a las repercusiones en materia de derechos humanos, preservación de la paz y la seguridad internacionales derivada de los recientes acontecimientos en Siria, Malí y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), así como en Haití, Palestina, Irán y la República Centroafricana.

• Conflicto palestino-israelí.

- Promover una solución integral para alcanzar la paz en la región de Medio Oriente, misma que sólo podrá lograrse mediante el diálogo y un proceso de negociación entre las partes involucradas.

- Continuar pugnando por un proceso de negociación palestino-israelí en donde se reconozca el derecho de existencia del Estado de Israel, así como de un Estado palestino, política y económicamente viable, que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, con base en el derecho internacional y en los términos de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

• Siria.

- Dar seguimiento puntual a los desarrollos en toda la región, principalmente por la grave crisis que atraviesa Siria y que se ha prolongado ya por más de dos años, tiene el potencial de disgregarse a otros países y desestabilizar la región entera. Las cuestiones más delicadas de esta situación incluyen a cuatro millones de personas desplazadas al interior de Siria, un millón de refugiados y más de cuatro millones de personas que requieren de asistencia internacional.

• Malí.

- Es una de las regiones más convulsas del planeta es África. Durante los últimos doce meses se han registrado tres golpes de estado en ese continente: Guinea-Bissau; Malí y la República Centroafricana, lo cual ha trascendido con la intervención militar de Francia, a petición del gobierno de transición, y la autorización por parte del Consejo de Seguridad de desplegar una fuerza regional de estabilización, que en primera instancia sustituiría a las fuerzas francesas, como una operación de mantenimiento de la paz.

• Corea del Norte.

- Continuar atendiendo al desarrollo de los eventos en la península coreana, enfatizando la importancia de lograr la reanudación de las pláticas de paz y la desnuclearización de la península coreana.

• Consejo de Seguridad.

- Aprovechar la amplia capacidad desarrollada por nuestro país en materia de protección civil y asistencia electoral para brindar apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en dichos rubros, áreas en las que se ha prestado asistencia internacional por la vía bilateral.

• Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Continuar fomentando el diálogo con los miembros del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC) y abrir canales de comunicación con países amigos, a fin de contribuir a acercar las diferentes posturas y lograr el acuerdo general.

- Seguir impulsando la posición intermedia del MUC, a través de la actualización de su propuesta y la búsqueda de mayores apoyos al interior de la Organización.

• Componente civil de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

- Aprovechar la amplia capacidad desarrollada por nuestro país en materia de protección civil y asistencia electoral para brindar apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en dichos rubros, áreas en las que se ha prestado asistencia internacional por la vía bilateral.

• Misiones Políticas Especiales.

- Dar seguimiento cuidadoso a la eficiencia de dichas Misiones.

• Cooperación Internacional Contra el Terrorismo.

- Mantener la posición de México basada en la más amplia cooperación, el liderazgo de las Naciones Unidas, su convicción de la adopción de medidas multilaterales sobre las unilaterales y la importancia de promover la protección de los derechos humanos, así como el tratamiento de las causas subyacentes a este problema mundial.

• Responsabilidad de Proteger (R2P).

- Redoblar esfuerzos, en particular en el seno del Grupo de Amigos, para fortalecer el entendimiento y aplicación de los pilares tendientes a hacer efectiva la responsabilidad de proteger.

Asuntos Económicos, Sociales y Humanitarios:

• Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

- Reiterar el firme rechazo de México a la aplicación de leyes o medidas unilaterales de bloqueo económico, comercial o de otra índole, contra cualquier país, así como a la utilización de medidas coercitivas que no tengan respaldo legal en la Carta de las Naciones Unidas.

- Apoyar la incorporación de Cuba a todos los organismos regionales de integración a fin de favorecer los intercambios económicos y comerciales, la cooperación y el desarrollo.

• México buscaráque la nueva Agenda de Desarrollo:

- Se centre en la persona e incluya a los derechos humanos;

- Incorpore a la equidad como principio y objetivo;

- Considere a la sostenibilidad como elemento transversal;

- Asegure la convergencia de los nuevos Objetivos Globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Rio+20);

- Incluya a la sociedad civil, el sector académico y el sector privado como socios fundamentales en la definición y en el desarrollo de la agenda post-2015;

- Incluya temas de género de forma transversal;

- Incorpore acciones y desarrolle programas específicos destinados a los jóvenes;

- Considere programas que fomenten el ahorro y la contratación de seguros de modo que se genere una cultura de seguridad financiera, y

- Sea una oportunidad de plantear un nuevo pacto global en beneficio de todos, cooperantes y recipientes, desarrollados y en desarrollo.

• Dar continuidad a la promoción del proceso de Reforma del ECOSOC en el seno de la ONU y sus órganos principales, a fin de que se cumpla efectivamente con su papel de coordinador con el Sistema de las Naciones Unidas al más alto nivel.

• Continuar trabajando en la formulación de iniciativas y creación de mecanismos en el ámbito internacional para hacer más efectivos los esfuerzos de cooperación destinados a erradicar la hambruna y mitigar los efectos del cambio climático.

• Mantener una activa participación en los diferentes foros ambientales multilaterales, en particular los que se ocupan de los sectores que son prioritarios para la política ambiental nacional.

• En materia de delincuencia organizada trasnacional, se continuará trabajando por una región más segura y estable con base en la cooperación, el fortalecimiento de las instituciones nacionales, con toda la fuerza del Estado.

• México buscará reiniciar las negociaciones en materia de desarme nuclear, insistiendo en la necesidad impostergable de alcanzar la prohibición y total eliminación de las armas de destrucción en masa.

Una vez que fue oído al ciudadano propuesto como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la representación.

III. Los legisladores que integramos la Segunda Comisión hemos constatado que el ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Compañeros legisladores, está a discusión el punto de Acuerdo.

No teniendo oradores inscritos sobre el particular, procédase por parte de la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se va a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón, se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 29 votos en pro y cero votos en contra.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez, por lo que solicito a los legisladores Diputada María de las Nieves García Fernández, Senador Fernando Herrera Avila, Senadora Dolores Padierna Luna, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ciudadano Jorge Mario Montaño y Martínez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Jorge Mario Montaño y Martínez: ¡Sí protesto!

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

¡Felicidades señor Embajador!

(Aplausos)

A nombre de la Comisión Permanente le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada, acompañe a Montaño y Martínez cuando desee retirarse del salón.

¡Enhorabuena!

(La comisión cumple)

Compañeros legisladores, continuando con la sesión, tenemos enseguida la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía y, de manera concurrente, ante Georgia, y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción de un oficio del Ejecutivo Federal con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor de la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía y, de manera concurrente, ante Georgia, y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicho asunto se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la C. Martha Bárcena Coqui, nació en Veracruz, México, el 2 de marzo de 1957, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Del currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se establece que la Embajadora Bárcena es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Cuenta con Maestría en Filosofía especializada en Filosofía Política por la Universidad Iberoamericana.

Ha realizado estudios de postgrado en Sistema Interamericano, Política Exterior de Estados Unidos, Derecho Internacional, Relaciones Cívico-Militares y Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la Universidad de Delaware con una beca Fullbright. Así mismo, estudió la cultura asiática y el idioma chino en la Universidad de Hong Kong, y en el Centro Lester Pearson, Canadá, estudió Operaciones para el mantenimiento de la paz.

Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1979, y ha sido Embajadora ante el Reino de Dinamarca desde diciembre de 2004, concurrente con el Reino de Noruega y la República de Islandia. En el periodo comprendido entre 1989 y 1991 fue Cónsul en Barcelona, España.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Secretaria Técnica de la III Cumbre UE-ALC (2003-2004); Asesora del Subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas (2000-2003), especializada en cuestiones de seguridad internacional y operaciones de mantenimiento de la paz.

De igual forma, ha fungido como Directora Adjunta de la Dirección de Planificación y Prospectiva (1998-2000) y Asesora del Director Ejecutivo del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, así como del Director en jefe de Asuntos Militares, y de los Directores Generales de Asuntos Culturales y Acervo Histórico Diplomático (1986-1989).

II.La Segunda Comisión, que suscribe, citó a la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui a una comparecencia, llevada a cabo el 11 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México ante la República de Turquía.

El programa de trabajo presentado busca dar continuidad al cumplimiento de los compromisos contraídos y fortalecer los vínculos en temas económicos, comerciales, culturales, de cooperación educativa y de promoción de la imagen de México.

El plan de trabajo establece las siguientes líneas de acción:

República de Turquía

• Establecer una relación de cooperación multidimensional que refleje la importancia de la relación entre México y Turquía y sus coincidencias en diferentes ámbitos.

• Impulsar visitas, encuentros y diálogo político de alto nivel.

• Mantener la realización periódica de los mecanismos institucionalizados de diálogo político, multilateral y económico.

• Concluir las negociaciones de diversos convenios en materia económica, de cooperación y de seguridad.

• Establecer un diálogo privilegiado con Turquía en el marco del G-20, del que será sede en el año 2015.

• Cooperar con Turquía en el marco de las Naciones Unidas, en particular en lo que respecta a la reforma de la Organización y el Consejo de Seguridad.

• Mantener y ampliar las relaciones interparlamentarias existentes.

• Incrementar y diversificar los intercambios de comercio, mediante la identificación de sectores prioritarios.

• Fomentar la cooperación científica y técnica, así como la educativa y cultural.

• Promover la apertura de un Consulado en Estambul y de una oficina de ProMéxico para ampliar los vínculos comerciales y económicos con Turquía y los países de concurrencia.

Concurrencias: Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.

• Fomentar las relaciones interparlamentarias existentes con Azerbaiyán y Georgia y evaluar su desarrollo con Kazajstán.

• Concretar la firma de diversos acuerdos y memoranda que se han venido negociando con Kazajstán, Azerbaiyán y Georgia en los últimos años.

• Identificar y negociar otros convenios y acuerdos en sectores de interés con los países de la concurrencia.

• Dar seguimiento a las políticas públicas y decisiones que se adopten en todos los países de la circunscripción en materia de energía, tanto en lo relativo a exploración y producción, como a transporte y evolución de precios.

• Fomentar la cooperación científico-técnica y académica.

• Incrementar la presencia cultural y culinaria de México en todos los países.

Aunado a lo anterior, existen temas transversales a todos los países, los cuales son fundamentales para la realización de actividades y el logro de objetivos establecidos:

• Protección a los mexicanos en el exterior y fortalecimiento de los vínculos con la comunidad mexicana:

- Brindar atención permanente y proteger los intereses de los mexicanos en Turquía y países de concurrencia.

- Desarrollar un contacto cercano y personal con la comunidad de mexicanos en Turquía y los países de concurrencia.

- Mantener informada a la comunidad sobre las actividades de la Representación y los servicios que ofrecen la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias del Gobierno Federal, a fin de propiciar su participación en actividades culturales organizadas por la Embajada.

• Servicios consulares:

- Proporcionar servicios de protección y documentación a mexicanos presentes en Turquía y países concurrentes.

- Facilitar, de acuerdo a la normatividad vigente, la documentación migratoria de nacionales turcos y de otros países en apoyo a la intensificación de las corrientes turísticas y económicas.

• Promoción de la imagen de México:

- Dar continuidad a la labor realizada por su predecesor, manteniendo una relación cercana con diversos sectores de la sociedad turca que respaldan la promoción activa de la imagen de México.

Visto lo anterior y habiéndose oído a la ciudadana propuesta como Embajadora, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo. No habiendo oradores inscritos sobre el particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal.

Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 25 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. Comuníquense.

En el salón contiguo de este recinto se encuentra la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, por lo que solicito a los legisladores Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, para que la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante su acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Favor ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán, mirando en todo por el bien la prosperidad de la Unión?

- La C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Embajadora!

(Aplausos)

A nombre de toda la Comisión Permanente le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a la Embajadora Bárcena Coqui, cuando desee retirarse de este salón.

(La comisión cumple)

Compañeros legisladores, tenemos a discusión otro dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Rogelio GranguillhomeMorfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comunicó al Pleno la recepción de un oficio del Ejecutivo Federal con el que remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Rogelio Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicho asunto se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que confirman el expediente respectivo, esta Comisión señala que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el Embajador Rogelio Granguillhome Morfín, nació el 4 de enero de 1958 en Veracruz, México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se desprende que el Embajador es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Economía.

Dentro de la cancillería mexicana ha ocupado los cargos de Director de Relaciones Económicas con América Latina y el Caribe (1991-1995); Titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (2009-2011), y Primer Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

En el exterior se ha desempeñado como Embajador de México en India de 2004 a 2009; Embajador de México en Corea de 1999 a 2004; Embajador de México en Uruguay y Representante Permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y Embajador de México en Singapur en 2013.

II. La Segunda Comisión citó al ciudadano Rogelio GranguillhomeMorfín a una reunión, llevada a cabo el 11 de junio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción de la Embajada de México la República de Singapur, así como de las concurrencias ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en cuenta el potencial de la República Singapur a fin de incrementar y fortalecer la presencia de nuestro país.

El plan de trabajo destaca las áreas de oportunidad con potencial para consolidar los avances alcanzados y definir aquellos mecanismos que permitan afianzar, fortalecer e incrementar la relación a nivel gubernamental, parlamentario y de los sectores privados.

El Embajador Granguillhome se propone desarrollar acciones encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos:

República de Singapur

• Contribuira fortalecer el diálogo político a fin dehabilitar una concertación más fluida y constante.

• Reafirmar y fortalecer la presencia de México a través de la intensificación de contactos con los medios gubernamentales, los sectores políticos y económicos, así como con los círculos intelectuales, académicos y culturales.

• Promover los intereses de México impulsando una mayor participación de la iniciativa privada en todos los sectores delmercado singapurense.

• Intensificar la difusión y proyección de México a través de proyectos que den a conocer con mayor amplitud y precisión las distintas expresiones de la cultura, el arte, la música y la gastronomía.

• Fortalecer los programas de cooperación científica, tecnológica y técnica aprovechando los avances y la innovación en estas materias de ambos países.

• Aprovechar la presencia de los dos países en APEC y TPP en beneficio del fortalecimiento del diálogo político, del comercio y lainversión bilateral.

• Brindar una atención más eficiente a nuestros connacionales, así como a turistas e inversionistas singapurenses.

• Posicionarla presencia de México en los medios de información escritos y electrónicos.

Relaciones Políticas:

• Promover el establecimiento de una Comisión Binacional Permanente bilateral que contribuya al fortalecimiento institucional de la relación.

• Buscar concretar una visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto en 2013 ó2014. De igual forma se impulsará una visita del Primer Ministro Lee HsieLoong a México en 2014 y se fomentarán visitas recíprocas de Cancilleres y otros altos funcionarios.

• Previa consulta con el H. Congreso de la Unión, promover el establecimiento de un mecanismo de concertación parlamentaria entre México y Singapur a fin de profundizar el diálogo y los vínculos entre los legisladores de los dos países.

• Trabajará por la apertura de la Embajada de Singapur en México.

Relaciones Económicas:

• Contribuir al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales, en particular al crecimiento de las exportaciones mexicanas al mercado singapurense. Se fijará como objetivo contribuir a duplicar el comercio bilateral en 4 años.

• Promover una mayor corriente de inversión a México en sectores específicos como infraestructura, comunicaciones, tecnologías de la información, servicios y hotelería. Organizar dos seminarios anuales de inversión con la participación de altos funcionarios mexicanos.

• Fomentar el establecimiento de un mecanismo de diálogo informal en temas económicos y comerciales.

• Apoyar el establecimiento de un mecanismo institucionalizado de consulta y cooperación entre los sectores privados de los dos países.

• Promover la suscripción de los acuerdos necesarios en materia fito y zoosanitaria que posibiliten exportaciones mexicanas al mercado singapurense.

• Buscar el establecimiento de un mecanismo de cooperación y concertación entre PROMEXICO y IES.

• Apoyar el flujo de inversión mexicana en Singapur.

• Promover un mecanismo de cooperación en materia de energía, en especial en el ámbito del petróleo y petroquímica.

• Fomentar un mecanismo de cooperación en materia de pequeñas y medianas empresas.

• Impulsar un acuerdo de cooperación en materia de turismo.

• Favorecer el establecimiento de marco jurídico moderno y eficiente en materia de aviación civil que permita vuelos de pasaje y carga de Singapur Airlines.

Cooperación científica y tecnológica:

• Promover el establecimiento de un mecanismo de consulta en materia de cooperación científica y tecnológica. La primera reunión habría de celebrase en el segundo semestre de 2013 con objeto de valorar el estado actual de la cooperación y definir un programa fortalecido para 2013-2015.

• Fomentar contactos directos entre las comunidades científicas de los dos países que contribuyan a la identificación de proyectos de cooperación conjuntos.

• Trabajar por el establecimiento de un fondo conjunto para el financiamiento de proyectos de cooperación.

• Fortalecer los planes y programas de cooperación en materia de genoma.

• Proponer un programa de cooperación bilateral en materia de agua en beneficio del desarrollo del sector en México.

• Proponer un programa de cooperación en materia de salud y administración hospitalaria.

• Promover avanzar en la construcción de proyectos de cooperación en materia de “ciudades tecnológicas” en beneficio de entidades locales mexicanas, beneficiándose de la enorme experiencia singapurense en este tema.

• Promover vínculos directos entre universidades y tecnológicos mexicanos con contrapartes adecuadas.

Cooperación cultural y educativa.

• Reforzar las relaciones en artes visuales, escénicas y literatura, tomando como base el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Cultural y Artística que firmaron en 2007 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y el Consejo Nacional de las Artes de Singapur.

• Impulsar la suscripción de un Memorándum de Entendimiento en Educación e Investigación, que establezca las bases para una cooperación educativa dinámica, que favorezca la movilidad académica y estudiantil, la realización de reuniones de expertos y el intercambio de material documental y bibliográfico.

• Promover un mecanismo de consulta gubernamental en materia de cooperación cultural y educativa que estimule un mayor intercambio entre los dos países.

• Apoyar el establecimiento de un centro cultural mexicano en Singapur que concentre proyectos de intercambio y difusión, a fin de fortalecer las actividades de promoción de la cultura mexicana en Singapur procurando la presentación de todo tipo de muestras artísticas en los espacios más prestigiosos del país.

• Fomentar reuniones y encuentros de rectores y altos representantes de universidades e institutos tecnológicos que motiven a mayores flujos de intercambio académico y de estudiantes y realización de proyectos conjuntos.

• Promover y apoyar la enseñanza del español en universidades e institutos de educación media y básica.

Brunei

• Mantener comunicación constante con las autoridades de Brunei para identificar áreas de cooperación y oportunidades de negocios.

• Propiciar un mayor acercamiento entre autoridades de México y de Brunei en el marco de foros y organismos internacionales.

• Promover activamente las candidaturasmexicanas a foros y organismos multilaterales.

• Mantener contacto directo con el Cónsul Honorario de México en Brunei para organizar posibles misiones de negocios y actividades artísticas que promuevan el conocimiento de México en el Sultanato.

• Dar seguimiento a la política interna y exterior del país.

Myanmar

• Dar seguimiento a la política interna y exterior del país para orientar la política mexicana a seguir tanto a nivel bilateral como en los organismos internacionales.

• Explorar las posibilidades de diálogo con los distintos sectores de la sociedad para establecer puentes de comunicación y diálogo constructivo.

Una vez oído el ciudadano designado como Embajador, esta Comisión dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión.

III. Los integrantes de la Segunda Comisión hemos constatado que el C. Rogelio Granguillhome Morfín reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión el punto de Acuerdo.

No habiendo oradores inscritos sobre el particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recoge la votación nominal. Empezamos por el lado derecho.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 26 votos en pro y 0 votos en contra.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín, por lo que solicito a los legisladores Senadora Graciela Ortiz González, Diputada Adriana González Carrillo, Diputado Fernando Cuéllar Reyes, Diputado Ernesto Núñez Aguilar, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Rogelio Granguillhome Morfín: “¡Sí protesto!

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

¡Felicidades, señor Embajador!

(Aplausos)

A nombre de la Comisión Permanente, le deseamos el mayor de los éxitos en su encargo.

Solicito a la comisión designada, acompañe al señor Granguillhome Morfín, cuando desee retirarse de este salón.

¡Enhorabuena!

(La comisión cumple)

Compañeros legisladores, continuando con la sesión, tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede dos permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno de la Santa Sede.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen.

No habiendo oradores registrados sobre el particular, le solicito a la Secretaría recoger la votación nominal del presente dictamen.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se va a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón, se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Se recoge la votación)

Señor Presidente, se emitieron 26 votos en pro, cero abstenciones y cero votos en contra.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Decreto que concededos permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno de la Santa Sede. Pasan al Ejecutivo de la Unión, para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora, a la discusión de 29 dictámenes con puntos de Acuerdo, sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, presente uninforme sobre la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar la posibilidad de constituir un banco de alimentos que funcione a nivel nacional, para contribuir a erradicar el hambre en México.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad pública para la ciudad.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo y trayectoria de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a implementar las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a emitir el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de Hidalgo informar sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de los estados y del Distrito Federal, a elaborar e implementar protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas y comunidades y pueblos indígenas de sus respectivas jurisdicciones.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre los indicadores utilizados para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por entidad federativa.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero, se conduzca con estricto apego al debido proceso, en el juicio de amparo iniciado por la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V. contra del municipio de Acapulco de Juárez.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe sobre el curso del Programa de Testigos Protegidos.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Fiscalía General de Chihuahua a determinar la carpeta de investigación que integra por los actos de discriminación cometidos en contra de Carla Herrera.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: De la Segunda Comisión los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el seguimiento dado y los avances que le han sido reportados en el caso de asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que la LXII Legislatura manifiesta su beneplácito ante la discusión y pronta aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las gestiones que ha hecho para garantizar la plena implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención de la violencia fronteriza;así como la diversaque exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de difusión y concientización sobre la actual situación del proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos, evitando que la población en general sea víctima de fraudes derivados de la desinformación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de mayo de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la primera de las proposiciones señaladas en el proemio del presente dictamen.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3. Con fecha 15 de mayo de 2013, el propio Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la segunda de las proposiciones de mérito.

4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la primera de las proposiciones que se dictaminan, el legislador proponente, establece expresamente como antecedentes y consideraciones:

“La visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el pasado 2 y 3 de mayo, es sin duda un hecho positivo que fortalece nuestra relación con el país vecino del norte.

Y es que en los últimos años la agenda bilateral con Estados Unidos ha sido regida por un solo criterio guía, el del combate al narcotráfico, desdeñando aspectos fundamentales como son la relación comercial y, sobre todo, el problema de la migración.

Es alentador que en las reuniones que tuvo el mandatario estadounidense con el Presidente Enrique Peña Nieto se hayan tratado temas indispensables en una agenda bilateral tan robusta como la que nuestros países están destinados a mantener.

Por supuesto que hay que celebrar que en materia de educación se haya firmado un acuerdo de cooperación. Por lo que se sabe, dicho acuerdo consistirá en la creación de un foro bilateral para la educación, innovación e investigación, con el objetivo de "expandir las oportunidades económicas para los ciudadanos" de los dos países, según detalló la Casa Blanca en un comunicado.

A través de este foro, los dos Gobiernos impulsarán "un mayor acceso a la educación post-secundaria" para grupos demográficos tradicionalmente desatendidos, en particular en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También se buscará incrementar los intercambios educativos entre ambos países.

En materia de justicia, es igualmente alentador que el presidente Obama reiterara el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de México para un sistema de justicia acusatorio transparente, efectivo y eficiente. Se enfatizó además que se conjuntaran esfuerzos contra los usos financieros ilegales y el tráfico de armas, así como medidas para consumir el consumo de drogas y sus consecuencias.

En lo que a intercambio comercial respecta, el jefe del Ejecutivo tiene razón al destacar que la relación económica con Estados Unidos “es de la mayor relevancia”, ya que el contenido de las exportaciones que tiene México hacía Estados Unidos tiene 40 por ciento de insumos norteamericanos. Es por lo anterior que establecer un diálogo económico de alto nivel, para reforzar la relación comercial que en 2012 fue de 500 mil millones de dólares, resulta de la mayor relevancia.

Es vista de lo expresado por el mandatario estadounidense y el Presidente de México los pasados días 2 y 3 de mayo, y en mérito de los temas que se trataron, esta reunión se podría calificar como exitosa. Su análisis dependerá, finalmente, de los resultados que se logren concretar, sin embargo, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, una vez más el tema de la migración fue tratado tangencialmente, de manera superficial. De igual manera el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México.

La tan mencionada reforma migratoria que está por aprobarse en el congreso estadounidense, vista con tan buenos ojos por todos nosotros, como lo expresamos con sendos puntos de acuerdo y felicitaciones al legislativo de nuestro país vecino, es de mayúscula importancia. Por eso es que llama la atención que a dicho tema no se le haya otorgado preeminencia, buscando patentizar cuáles son las principales preocupaciones del gobierno Mexicano en la defensa de nuestros paisanos que viven en aquel país.

Su servidor ha terminado una gira de trabajo en las ciudad de Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de reunirme con diferentes organizaciones, así como con el Cónsul general de México en Los Ángeles, David Figueroa Ortega, pude recabar el sentir de nuestros paisanos que allá residen.

Es nuestra labor como legisladores defender en todo momento, en la medida de nuestras posibilidades, los intereses de los ciudadanos mexicanos, tanto aquí como en otros países. Por lo anterior resulta imperativo hacer uso de todo mecanismo internacional a la mano, así como recurrir a una correcta negociación política, al más alto nivel, para poder responder a las necesidades de la población migrante, garantizando que puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos y puedan hacer uso de sus derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo digno. De igual manera es importante pedir que la reforma migratoria parta del reconocimiento de la gran aportación a la economía que han dado los migrantes de ambas naciones.

Otro aspecto que no fue tratado a cabalidad durante la visita de Barack Obama fue el concerniente a la administración de la frontera que compartimos entre los dos países, la más grande del mundo.

Han sido ya varios los sucesos que nos han agraviado como sociedad, como nación, y que lamentablemente no fueron abordados. Me refiero al asesinato de ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Es indispensable que se sienten, y que sobre todo se respeten, las bases para el uso de fuerza letal en la frontera. En este sentido se han presentado ya varios puntos de acuerdo, sobre todo después del cobarde asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza, el 3 de septiembre de 2012.

Es claro que existe un alevoso patrón de conducta por parte de esta agencia estadounidense. Una prepotencia e impunidad que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en la frontera, que lesiona la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países. Sin embargo, al Gobierno de Estados Unidos esto no parece preocuparle.

Ante esto resulta imperativo exigirle al Gobierno de Estados Unidos, nuevamente, el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza”.

Por lo que toca a la segunda de las proposiciones, el autor señala textualmente:

“A nadie le es ajeno que el Proyecto de Reforma Migratoria anunciado en Estados Unidos ha levantado mucha expectativa. De este lado de la frontera no se han hecho esperar los aplausos y manifestaciones de encomio, incluso en esta Soberanía, donde se han presentado varios Puntos de Acuerdo al respecto.

Y es que la reforma en comento significa un hito, un auténtico parte aguas en la historia de nuestro país vecino del norte. La intención, por parte del gobierno estadounidense de enfrentar el fenómeno migratorio, responde particularmente a la relevancia que ha venido teniendo la población migrante en la economía de ese país; su contribución al PIB, de 1994 a 2010, se cuadruplicó. En 2010 tal aporte ascendió a $586 mil millones de dólares, cifra equivalente al 4% del PIB de Estados Unidos y 38% del PIB mexicano, así como 76% de la inversión extranjera directa captada en México. Más significativo aún resulta el hecho de que, entre 1994 y 2010, el PIB de Estados Unidos creció en términos reales $4,219 mmdd (a precios de 2010); a este incremento los mexicanos aportaron 358 mmdd, lo que corresponde al 8% de ese crecimiento.

Esta reforma significa también un gran avance en materia de regularización de la población migrante. En este sentido, actualmente se analiza la posibilidad de otorgar a los inmigrantes indocumentados, que se registren ante el gobierno federal, un estatus provisional de residencia y empleo. Para ello los inmigrantes deberán someter sus datos biométricos, demostrar que no tienen antecedentes penales y pagar una multa y el costo del proceso para poder ser elegibles al estatus provisional.

Como parte del proceso para conseguir la residencia permanente, el gobierno de Estados Unidos pretende que los solicitantes paguen impuestos, se sometan a un escrutinio nacional para garantizar que no tienen antecedentes penales, se registren para ofrecer servicios selectivos, paguen otras cuotas y multas, y finalmente la obligación de hablar inglés.

Cabe mencionar que, en este punto, nuestra principal preocupación como Grupo Parlamentario, y que hemos patentizado ya públicamente, es lograr garantizar que los migrantes puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos, adquiriendo cabal ejercicio de sus derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo digno. De igual manera, es importante recalcar que la reforma migratoria parta del reconocimiento de la gran aportación a la economía que han dado los migrantes de ambas naciones.

La discusión de este Proyecto de Reforma Migratoria en Estados Unidos ha alentado la esperanza de millones de migrantes mexicanos. Las consecuencias positivas, que la entrada en vigor de esta reforma significaría, son ya ávidamente esperadas por nuestros connacionales. Lamentablemente, esto todavía no es una realidad. Hay que estar conscientes de ellos, sobre todo en vista de que ahora empiezan a surgir grupos de individuos sin escrúpulos que buscan lucrar con la ilusión de nuestros paisanos.

A raíz del anuncio de la posible legalización de migrantes, que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, han surgido supuestos gestores que ofrecen, en las comunidades rurales y sectores marginados, trabajo y los beneficios que traerá la reforma migratoria, lo cual es inviable y totalmente falso.

Para nadie es desconocida la gran necesidad de empleo que existe en nuestro país, origen de la migración hacia los Estados Unidos. De esa necesidad están abusando defraudadores para ofrecer empleo y legalización en el vecino país, llegando incluso al extremo de anunciarse en la radio y en los diarios locales para ofrecer sus servicios, aunque recurren principalmente al contacto directo en lugares de amplia concentración de desempleados como son terminales de autobuses, mercados de abasto y colonias populares.

El pasado fin de semana, durante una gira en la región Mixteca Oaxaqueña, la más pobre y principal expulsora de migrantes en el Estado de Oaxaca, pude escuchar el interés de las familias por la reforma migratoria, atestiguando también, de primera mano, los ofrecimientos de empleo y legalización que hacen supuestos gestores para enganchar a jóvenes, principalmente, a cambio de grandes cantidades de dinero.

Lamentablemente, lo mismo está sucediendo en otras partes del país, e incluso en Estados Unidos, donde a migrantes se les asegura que hay una lista de espera para legalizarse, pidiéndoles dinero para efectuar determinados trámites. Hasta el momento se tiene conocimiento de 8 fraudes en el condado de Yuma, Arizona, y dos en San Luis Río Colorado, donde gente ha entregado dinero hasta 2 mil 500 dólares ante la promesa de que les arreglarán documentos de migración para que estén legalmente en ese país, lo cual es falso pues todavía no se aprueba la mencionada reforma migratoria

Es realmente urgente ponerle un alto a estos fraudes. Para lo anterior resulta indispensable que el Gobierno federal instrumente una campaña de difusión sobre el estado actual de la Reforma Migratoria, toda vez que la gente está siendo víctima de estos ilícitos por desconocimiento del tema.

Se debe hacer hincapié en que ésta no es todavía una ley, sino una propuesta que está siendo discutida en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América, por lo cual aún no hay aplicaciones para la reforma migratoria.

De igual manera, es imperativo clarificarle a la población que el actual texto que se está analizando en el legislativo estadounidense contempla que, para obtener la ciudadanía americana, los residentes permanentes tendrán que esperar cinco años, siendo los inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que han estado por lo menos dos años en la universidad, o en las fuerzas armadas, quienes podrán obtener la residencia permanente con mayor facilidad”.

CONSIDERACIONES

I.- Esta dictaminadora coincide con el proponente en que uno de los rubros de mayor interés en la agenda bilateral es el relativo a la administración de la frontera, no solamente en lo relativo al flujo migratorio, sino también en el efectivo acceso a la justicia en los casos de asesinatos de mexicanos, presuntamente a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana.

En ese sentido, como es del conocimiento público, el 3 de septiembre de 2012 fue asesinado a balazos el C. Guillermo Arévalo Pedraza, quien en ese momento se encontraba en un convivio familiar en el paraje conocido como El Patinadero, a un costado del Río Bravo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Unos días después, el 6 de septiembre, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos reconoció en un comunicado que los autores de los disparos fueron agentes de dicha corporación, quienes los realizaron desde el lado norteamericano bajo el argumento de que fueron atacados a pedradas desde el lado mexicano.

II.- Ante tales hechos, la Patrulla Fronteriza señaló en el mismo comunicado que los hechos eran ya investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), al tiempo que el Gobierno mexicano emitió una protesta diplomática y solicitó al gobierno norteamericano una investigación a fondo y castigo a los responsables.

De igual manera es necesario señalar que en su momento, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión condenaron enérgicamente estos hechos y exigieron su pronto esclarecimiento.

Según dieron cuenta diversos medios de comunicación, el 10 de septiembre de 2012, la señora Nora Isabel Lam Gallegos, esposa del fallecido, presentó una demanda ante autoridades estadunidenses por el asesinato de su esposo, con la asistencia del Consulado General de México en Laredo, Texas.

III.- A partir de entonces es poca la información que se ha difundido con relación a los avances en la investigación y esclarecimiento del asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza, por lo que esta Comisión dictaminadora considera pertinente emitir una solicitud de información sobre dichos avances, tomando en consideración el impacto e interés público que se suscitó a partir de estos lamentables hechos y que merecieron tanto un reclamo diplomático por parte del Gobierno de México, como diversas condenas provenientes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

IV.- En relación con lo anterior, vale la pena subrayar que en el mes de diciembre de 2010, los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, en la que manifiestan su compromiso de garantizar el flujo seguro de personas a través de la frontera y su preocupación por diversos acontecimientos que culminaron con la pérdida de vidas humanas, ante lo cual reconocen la urgencia de llevar a cabo acciones tendientes a evitar nuevos casos.

Derivado de dicha declaración se acordó profundizar la colaboración entre ambas naciones en algunas áreas, entre las que destacan las siguientes:

• Compartir prácticas de procuración de justicia y procedimientos sobre el uso oficial de la fuerza letal;

• Fortalecer a nivel interno el entrenamiento, la coordinación y todas las políticas necesarias para prevenir la descarga de armas letales y menos que letales de un lado a otro de la frontera;

• Mejorar la forma en la que los gobiernos de México y Estados Unidos comparten información sobre la investigación de incidentes y los resultados de dichas investigaciones;

• Respuestas de procuración de justicia proactivas, coordinadas y de alcance global en toda la frontera, incluyendo una mejor comunicación transfronteriza y asistencia entre autoridades investigadoras.

En el anterior orden de ideas, los integrantes de la Segunda Comisión estiman pertinente solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe relativo a las gestiones que ha llevado a cabo para garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a esta Soberanía sobre el seguimiento dado y los avances que le ha sido reportado en el caso de asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el 3 de septiembre de 2012, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a esta Soberanía sobre las gestiones que ha hecho para garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, considerar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los objetivos del artículo 25 de la Ley General de Educación.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se considere la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con el Artículo 25 de la Ley General de Educación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de junio de 2013, el Diputado Luis Antonio Gónzalez Roldán, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza presentó ante el Pleno de la ComisiónPermanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El ritmo de cambio y transformación que estamos viviendo en la segunda década del Siglo XXI, así como las exigencias a nuestras futuras generaciones obligan al Estado Mexicano a asumir decisiones de mayor reto y a construir políticas públicas que impulsen a la sociedad mexicana a mejores estadios de bienestar social, fortaleciendo nuestra economía con una destacada posición competitiva a nivel nacional e internacional.

Este nuevo rumbo que demanda nuestra sociedad, únicamente se logrará tomando decisiones innovadoras y de impacto transversal, siendo la inversión en el sector educativo un factor sustancial y directamente relacionado con el desarrollo y el crecimiento económico.

Alejandro Faya, reconocido académico de la Universidad de Oxford ha señalado que la educación de la población es también un fuerte condicionante para el desempeño económico y prosperidad; la calidad de la fuerza de trabajo determina el nivel de competitividad y productividad de un país, la capacidad de innovación, el valor de sus procesos productivos y tecnológicos, los niveles generales de remuneración, la participación en las cadenas globales de valor y el desarrollo de industrias estratégicas.

La economía mundial presenta signos de recuperación; sin embargo, la divergencia entre los países y las regiones refleja el progreso desigual realizado hacia la recuperación desde la crisis económica, según el último Panorama Económico de la OCDE.

En dicho estudio, se prevé que el Producto Interno Bruto mundial (PIB) aumente en un 3.1% este año y 4% en 2014; en los países de la OCDE, el PIB aumentará un 1.2% este año y 2.3% en 2014, mientras que el crecimiento de los países no pertenecientes a la OCDE crecerán 5.5% este año y 6.2% en 2014 [1]. En cuanto a la situación nacional, según estimaciones de la OCDE, el PIB crecerá 3.4% en 2013 y un 3.7% en el siguiente año, mientras que el desempleo rondará, en un 4.9% en 2013 y en 4.8% en 2014.

Ante estas perspectivas, el citado organismo internacional ha recomendado que las políticas de los gobiernos deben centrarse en medidas que estimulen el crecimiento, que las finanzas públicas sean más sostenibles y favorables al desarrollo económico y social, así como aplicar reformas estructurales para impulsar la inversión y la creación de empleos.

Frente a este panorama y a la luz de las necesidades sociales actuales y del entorno global, caracterizado por el auge de la competitividad, ya no son suficientes la cobertura casi universal en educación primaria, el crecimiento de la cobertura en educación secundaria, o la federalización educativa; es un imperativo desarrollar nuestra economía y sustentarla en el conocimiento a efecto de ser competitivos a la luz de los estándares internacionales

Claro ejemplo de lo anterior se presenta en el Anuario de Competitividad Mundial 2013 (WorldCompetitivenessYearbook) del Internacional Institutefor Management Development (IMD), dado a conocer en el mes de mayo del año en curso, el cual reporta que nuestro país ocupó el lugar número 37 del ranking mundial, muy por debajo de los países con los que se tienen acuerdos de libre comercio como Estados Unidos (2), Canadá (6), los países de la Unión Europea (16), Japón (27) o Chile (28), aunque superior a España (39), Italia (40) o Brasil (46). Este resultado es por demás significativo, pues México no ha alcanzado el lugar número 33 que ocupó en el año 2000 en el mismo indicador internacional.

A pesar de que en la última edición del citado anuario se señala que México mejoró una posición en el resultado general del Índice Mundial de Competitividad, nos hace falta avanzar de manera más rápida y efectiva, pues hay economías como la de Chile que se colocó en la posición 28 del índice, retrocediendo tres posiciones, en comparación con el índice 2012.

Si queremos avanzar de manera más rápida y efectiva en la competitividad, es necesario que México avance en los impulsores de la eficiencia y de la innovación. En este sentido la Educación es un detonante natural del desarrollo competitivo de las naciones.

Mejorar el nivel educativo del país resulta vital para que los actuales y futuros ciudadanos obtengan las habilidades y competencias necesarias para poder desarrollarse económica y laboralmente de acuerdo a los nuevos cánones de competitividad global, contribuyendo en la creación de cadenas de valor dentro de procesos cada vez más tecnológicos y complejos.

Un cruce directo de la posición competitiva de los 20 países mejor ubicados en este ranking internacional nos permite observar que en promedio, estas naciones destinan el 5.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación, destacando lasnaciones nórdicas cuyo destino educativo va del 6.8% en el caso de Finlandia, al 8.7% para el caso de Dinamarca [2].

De entre los países o economías con más bajos porcentajes del PIB en educación se encuentran Hong Kong, número 1 en el citado anuario, con el 3.42%, Singapur con el 3.3%, ubicado en el lugar número 4 de competitividad internacional, Luxemburgo con el 3.8% y Qatar con el 2.5%.

No obstante, al referenciar las tasas de desocupación de las mismas economías, se observan disparidades que refuerzan la concepción de que es necesario vincular el desarrollo y fortalecimiento del sector educativo con la innovación, el desarrollo tecnológico y el sector industrial y empresarial. Si bien en la mayoría de las economías posicionadas en los veinte primeros lugares, sus tasas de desocupación para el año 2012 son de un dígito, no son ajenas a las presiones y la desaceleración económica producida por la recurrente crisis mundial.

De esta manera, al igual que encontramos tasas inferiores al 2.0% como en Singapur, o de un 3.1% como es el caso de Noruega, también se encuentran tasas superiores a las nacionales, como son los casos de Australia, con un 5.2%, Finlandia con un 7.3%, o casos más extremos como el de los Estados Unidos de América, con un 8.2% e Irlanda que presenta un 14.6% de desocupación.

A efecto de dotarle del impulso necesario en competitividad a las actuales y futuras generaciones de mexicanos, sirvan los siguientes párrafos para contextualizar la dimensión de la tarea educativa que debe atender el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Para el Ciclo Escolar 2011-2012, la matrícula total del SEN escolarizado se conformó por 34.8 millones de alumnos, equivalente al 31.9 % de la población total del país. El alto porcentaje de participación se explica, en parte, por estructura de la pirámide poblacional, donde el 22.6 % tiene de 4 a 15 años de edad.

El 74.0 % de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior representa el 12.5 % de la matrícula y constituye el tipo educativo que experimentará el mayor crecimiento como resultado de la gran expansión de la educación básica en los últimos años.

La educación superior, con 3.2 millones de alumnos, abarca el 9.1% de la matrícula total y los servicios de capacitación para el trabajo cubren el restante 4.4%.

En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, el 87% de los alumnos asiste a las escuelas con sostenimiento público (federal 10.4%, estatal 71.5% y autónomas, básicamente universidades, el 5.1%). La educación particular atiende el 13% de los alumnos.

Los legisladores mexicanos han sido sensibles a la demanda social por una mejor educación, con más recursos y un mejor destino del gasto.

En la LIX Legislatura federal, con la decidida intención de que el Sistema Educativo Nacional contase con los recursos suficientes para su funcionamiento, en enero de 2005 se discutió y aprobó una reforma a la Ley General de Educación, en la que se establecía que el monto anual que los gobiernos federal, estatal y municipal debían destinar al gasto educativo no sería menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y que dicho incremento en el gasto educativo sería gradual, hasta alcanzar el nivel indicado en el ejercicio presupuestal 2006.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), “para el ejercicio fiscal 2006 la función educación presentó un crecimiento real de 2.6 por ciento al pasar de 332 mil 602 millones de pesos en 2005 a 353 mil 020 millones de pesos en 2006” [3]; lo anterior significó que el monto aprobado equivalía al 5.07% del PIB en educación, no alcanzándose por primera ocasión el porcentaje establecido en los términos previstos por la reforma educativa del 2005.

El gasto nacional en educación como porcentaje del PIB creció un 1.3% entre 2006 y 2012, al pasar de 5.07% [4] a 6.4% [5], ubicándose el gasto educativo 1.6 puntos por debajo del 8% mandatado en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

En la Nota del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Breve análisis del desempeño educativo en el sexenio 20072012”, refieren que en el periodo analizado, el gasto en educación superó los 975,000 millones de pesos, de los cuales 78.3% correspondió a gasto público y 21.7% a gasto del sector privado.

En lo que refiere al gasto público, mientras la Federación incrementó el gasto a una tasa promedio anual de 2.4%, los estados lo hicieron a una tasa de 1.8% y los municipios sólo 0.8%.

Descomponiendo el gasto federal por nivel educativo atendido, destaca que el presupuesto destinado a la educación básica tuvo un incremento muy moderado (0.6% anual); en tanto, los niveles medio superior y superior recibieron incrementos de presupuesto de 5.9 y 5.7% anual, respectivamente.

Analizando los datos, es relevante el impulso presupuestal que se le dio entre los años 2006 a 2012 a la educación media y superior, situación que afectó en gran medida a la educación básica, esquema que podría repetirse en función de las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dando cumplimiento al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la SHCP envío al Congreso de la Unión los principales objetivos para la Ley de Ingresos y Presupuesto del año 2014, considerando diversos escenarios que impactan las principales variables económicas, e incluye estimaciones sobre el monto total de presupuesto, los programas prioritarios y montos.

En este sentido, en la programación de los rubros sectorizados en la Secretaría de Educación Pública, fueron presentados 19 programas prioritarios, considerando solo un incremento inercial por impacto inflacionario. [6]

De éstos, solo 5 son del ámbito de la educación básica. Cobra particular importancia el proyecto de presupuesto estimado para las Escuelas de Tiempo Completo (6,316.60 millones de pesos deseables para 2014), sin embargo no se consideran programas presupuestarios que han servido para atender a población escolar del nivel básico bajo condiciones de vulnerabilidad, así como los destinados a la educación inicial, a la integración educativa o al desarrollo y fortalecimiento de habilidades lectoras, todos ellos no presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

De igual forma llama la atención que frente a una reforma constitucional en materia educativa en la que se ha colocado a la evaluación como un componente central en la calidad educativa, no se consideren programas tendientes a brindar las herramientas tanto para alumnos como maestros para hacer frente a los retos de la citada reforma. Caso especial merece el asunto de la formación continua de maestros cuyos programas están orientados a la profesionalización y mejora continua de las y los maestros quienes serán evaluados en su desempeño docente. Por ejemplo, el Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), principal instrumento para la formación continua en la última década.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza en su tarea legislativa ha procurado contribuir a la mejora de la calidad educativa, mediante el impulso de mejoras al marco normativo que impacte la labor educativa en el aula, en el centro escolar y en el núcleo familiar.

Asimismo, promueve la igualdad de oportunidades para todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional, con un énfasis particular en aquellos niveles y modalidades educativas que deban recibir de todo el apoyo necesario para alcanzar los niveles de logro y desempeño que demanda la sociedad mexicana.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se considere la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con el Artículo 25 de la Ley General de Educación y Exigencia Social de destinar al gasto en Educación Publicación y en los Servicios Educativos, un porcentaje no menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país.

CONSIDERACIONES

I. Los integrantes de la Segunda Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenemos la fuerte convicción de que en México, hemos mantenido una extensa vigilancia y renovación del derecho por la educación. Hacemos notar en este respecto que hemos plasmado esta garantía desde nuestraConstitución, como obligación del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en nuestros artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos establecido un derecho fuerte para que la población reciba una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres.

Por otra parte, México ha signado diversos tratados internacionales que consagran como interés supremo del menor, el derecho a recibir su educación, sin otro requisito que el haber realizado los trámites necesarios de inscripción.

Además, nuestras leyes secundarias impulsan de igual manera la prevalencia del derecho fundamental del menor y la vigilancia porque se lleve a cabo de manera que desarrolle de manera digna los valores de la persona, explotar sus potencialidades y permitirle reconocer y defender sus derechos.

Por ejemplo, el análisis jurídico del artículo 32 de la Ley General de Educación lleva a suponer que debe permitirse el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, lo que advierte buscar un ejercicio más amplio del derecho y garantizar el más alto nivel de pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho.

Es decir que debe otorgarse con la mayor equidad educativa y la garantía efectiva en igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Lo anterior, junto con el trabajo diario y profesionalde personal educativo, en las instituciones de educación pública se han logrado formar destacadas personalidades y profesionales que han puesto en alto el nombre de México a nivel internacional, actualmente muchos científicos y humanistas se encuentran trabajando en investigaciones de suma relevancia en otros países y mantenemos universidades que se encuentran entre las mejores del mundo, recibiendo a cientos de estudiantes de otros países.

Por estas razones la Secretaría de Educación Pública elaboró el Programa Sectorial de Educación, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sometiéndolo a consideración del Ejecutivo Federal.

II. Acorde con lo que mandata el artículo 26, apartado A, de la Constitución, el Estado tiene la obligación para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación.

Por lo tanto, el mismo precepto constitucional establece que habrá un plan nacional de desarrollo, al que deberán de sujetarse obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Siendo así, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración.

Dentro de dicho Plan, se estableció como parte fundamental del desarrollo integral del país, la promoción del desarrollo humano sustentable y orienta la actuación gubernamental en torno a un México con Educación de Calidad.

Siendo así, la Ley de Planeación señala que el futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestra niñez y juventud. Por tanto, se propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos.

Entonces, debido a que los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan nacional de desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal, se creó el Programa Sectorial de Educación.

Dicho Programa busca garantizar una mejor calidad de la educación, que involucra la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y métodos de enseñanza y recursos didácticos. Se propone también la evaluación como un instrumento fundamental en el análisis de la calidad, así como la vigilancia en el diseño y la operación de las políticas públicas en materia de educación.

Su elaboración, como y hemos mencionado,se apega a los lineamientos de la Ley de Planeación y forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país, por lo que las metas que allí se plantean, como el proceso presupuestal o los servicios educativos de calidad, contribuyen a un mejor cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional.

Por lo tanto, los instrumentos que garanticen su correcta aplicación resultan fundamentales no solamente por el propio Programa Sectorial, sino para una mejor aplicación del Plan Nacional.

Es decir, que velar por garantizar los objetivos del Programa Sectorial será esencial para la transformación del desarrollo del país, con una mejor actividad económica, social, política, cultural y protección al derecho de la educación, lo que hace evidente la íntima relación de ambas materias.

La planeación nacional de desarrollo es por lo tanto, la ordenación racional y sistemática de acciones que con base en la garantía del ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal.

Por lo tanto, en lo que se refiere al Programa Sectorial y a la materia de desarrollo social, hay que señalar que estas se encuentra definida de manera directa con el presupuesto asignado. El monto presupuestal es fundamental para la preparación, formulación, ejecución, instrumentación y evaluación del Programa y el éxito del Desarrollo Nacional.

III. Quienes signamos el presente dictamen concluimos, al igual que el proponente, que en esta materia es importante que se garantice, para la consecución de estos objetivos, un Presupuesto acorde a las distintas necesidades.

Consideramos, que en efecto, el artículo 25 de la Ley General de Educación resulta fundamental para poder mejorar la educación, al establecer que el Producto Interno Bruto nacional dirigido a la educación debe ser del 8% mínimo, cantidad que hasta el día de hoy no se ha garantizado, ya que solamente se le destinado el 6.4% del PIB nacional.

Está por demás decir que el Presupuesto es alto, pero es insuficiente para que los estudiantes mejoren sus objetivos y para que las Instituciones mejoren la calidad de la educación. De hecho, en el documento “Un Breve análisis del desempeño educativo en el sexenio 2007-2012” elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) establece que en términos reales, el gasto público en ninguno de los niveles educativos mostró un crecimiento promedio anual superior a uno por ciento.

Las cifras se tradujeron en una falla para poder alcanzar la cobertura universal en la educación básica por ejemplo, en el nivel prescolar se ubicó en 84.6% de la población, mientras que para los niveles medio superiorfue de 68% y superior a un bajísimo 30%.

Entonces podemos afirmar que el gasto público a la educación básica no solamente no se cumple cabalmente respecto a lo que mandata el artículo 25 de la Ley General de Educación, sino que se ha traducido en un obstáculo para proveer el servicio de la educación general a la población nacional.

Incluso la propia OCDE ha realizado recomendaciones al estado mexicano para que destine el presupuesto adecuado para elevar la calidad de la educación mexicana conforme a su cuaderno “Acuerdo de cooperación México-OCDE”

Dicho documento establece que el país tiene ciertos retos a superar como son la falta de capacidad de las autoridades educativas, falta de distribución de las responsabilidades de las áreas educativas, entre otros factores.

Uno de los objetivos que debe desarrollar el país es planificar una estrategia educativa a largo plazo con el objetivo de habilidades y conocimiento de alto nivel y con ello mejorara sus niveles económicos y las condiciones de vida de los mexicanos.

A pesar de ello el estado mexicano ha cumplido con ciertos compromisos educativos como el cubrir a los estudiantes con becas como ejemplo es que en el 2012 3 de cada 10 estudiantes fueron beneficiados con este apoyo.

O en su caso el cubrir con 5 mil escuelas con el programa de escuelas de tiempo completo o el haber obtenido 435 punto en la prueba PISA de matemáticas y de comprensión de lectura.

Sin embargo debemos seguir señalando que aún no hemos solucionado el bajo presupuesto otorgado a la educación del PIB nacional, por lo que para poder cumplir con los acuerdo entre la OCDE y la Ley de nuestro país debe primeramente cumplir cabalmente con la obligación contenida caso el Artículo 25 de la Ley General de Educación.

IV. Siendo así, y el hecho de que los países que tienen mayor rendimiento en educación, destinan un mayor presupuesto de su PIB y puedan tener mejor niveles de competitividad a nivel laboral como en lo económico, convenimos con el legislador proponente en destinarle una mayor parte del Producto Interno Bruto al sector educativo.

Otro efecto de destinar parte del PIB a la educación básica y superior es que se podrá contar con niveles óptimos en educación, como lo es Canadá ya que el 51% de su población entre 34 a 64 años cuentan estudios superiores.

Una buena inversión en la educación básica y superior da hacia las personas un mejor acceso a niveles óptimos de vida de acceso a un mejor empleo, salario entre otros.

El invertir un mayor presupuesto del PIB tiene como efecto que las instituciones de educación puedan desarrollar nuevos planes de educación y de investigación científica y tecnológica, con ello se beneficia a la sociedad a que se creen nuevas tecnologías que brinden mejor comodidad y bienestar como ejemplo el desarrollar nuevas nuevos medicamentos que combatan eficazmente a las enfermedades.

De acuerdo con el Banco Mundial explica que una buena inversión en la educación hace que se reduzca la pobreza en los países, además de que se fomentan nuevas habilidades en la educación en sus diversos niveles.

Los beneficios de contar con una educación de calidad establecen que las personas que les permite razonar, leer y discernir adecuadamente, además de mejorar la productividad a nivel individual como en colectivamente y esto se ve proporcionalmente en el ingreso de las personas.

Además de que el contar con una educación produce un efecto en que se reduzcan las enfermedades, ya que por medio de la educación se fomenta la información sobre los cuidados en la salud y en cierta medida reducir ciertos padecimientos, enfermedades crónicas, epidemiológicas y de transmisión.

Ante el orden de ideas anteriormente descritas, los que signamos esta dictaminadora de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública del Honorable Congreso de la Unión coincidimos con el legislador en considerar los recursos presupuestales con tal de cumplir el Artículo 25 de la Ley General de Educación.

Ante lo anterior, se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se considere la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los objetivos del Artículo 25 de la Ley General de Educación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha cinco de junio de 2013, la Senadora Dolores Padierna Lunaintegrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Año con año la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo celebran el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco, un día dedicado a difundir los riesgos para la salud asociados al consumo del tabaco y sus derivados. El tema del Día Mundial sin Tabaco para 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, medidas que de cumplirse por completo reducirían el número de personas que fuman y padecen los estragos de éste hábito. Es por ello que celebramos éste día y nos sumamos a la lucha contra el comercio ilícito de productos derivados del tabaco mediante las siguientes medidas:

Comercio Ilícito

En respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró el Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT). El Convenio reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda logar a través de una reducción en la demanda y de ciertas cuestiones relativas al suministro de productos relacionados con el tabaco. El Convenio entró en vigor el 27 de febrero de 2005, 90 días después de ser aprobado por cuarenta estados, entre ellos México. Su objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.

De acuerdo con el artículo primero del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el comercio ilícito se define como toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad. En el artículo quince se establece que las formas de comercio ilícito de productos de tabaco con el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación de marcas.

Es lamentable que en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) los actos de comercio ilícito como el contrabando y la falsificación de marcas no estén tipificados. Solo en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 103 establece las consideraciones para presumir que se ha cometido el delito de contrabando y la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 223, fracciones II y III establece que es delito la falsificación en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas protegidas por esta Ley, asimismo su almacenamiento, transportación, distribución y venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas.

Datos a 2012 de la Confederación de Cámara Industriales (CONCAMIN) aseguran que 16.6% de los cigarros vendidos en el país tiene su origen en el contrabando, ya que existen alrededor de 102 marcas que se comercializan sin consentimiento de las autoridades. Estas cajetillas entran en forma ilegal al país provenientes de China, Estados Unidos y Paraguay, de manera que nueve de cada diez cigarros son vendidos en el comercio no organizado. En mayo de 2013 la organización Alianza contra los Productos Ilegales aseguró, mediante un comunicado, que la venta ilegal de cigarros en el país con relación al mercado formal aumentó 2% en 2011 a 17% en 2013, ello debido a la mayor carga tributaria aplicada al tabaco. Tan solo en Chetumal la PGR aseguró casi 15 millones de cigarros que ingresaron al país de manera ilegal. [2].

Por ello el Convenio establece las acciones que debe realizar el Estado para fiscalizar la producción, distribución y venta de productos derivados del tabaco son exigir que todos los paquetes y envases de productos de tabaco para uso al detalle y al por mayor que se vendan en su mercado interno lleven la declaración: venta autorizada únicamente en: México, y establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que otorgue más garantías al sistema de distribución y que ayude en la investigación del comercio ilícito.La ausencia de estas prácticas en nuestro país y la deficiencia de nuestra legislación así como la débil implementación de una política pública para el control de tabaco en territorio nacional son causas de la prevalencia del comercio ilícito.

Venta de Tabaco a Menores

En nuestro país dos ejemplos que no se han regulado de manera efectiva y que constituyen un riesgo inminente a la salud pública son la venta de cigarros a menores y la venta por unidad, los cuales también son considerados por la CMCT como comercio ilícito. De acuerdo al Convenio se debe exigir a todos los vendedores de productos de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado en el interior de su establecimiento, la prohibición de la venta de éstos a los menores. También prohíbe que los productos de tabaco y las máquinas expendedoras no sean accesibles al menor (Artículo 16).

En México el consumo de tabaco y sus derivados ocasiona más de 60,000 muertes al año [3], impacta negativamente en la economía familiar y ocasiona una pérdida de la productividad laboral además de elevados costos para el sector salud. El consumo de tabaco en los adolescentes para los años 2000, 2006 y 2012 fue de 9.7%, 7.6% y 9.2% respectivamente. En los hombres se observa un ligero descenso de 14.5% en 2000 a 12.3% en 2012, y en las mujeres ha permanecido estable al pasar de 5% en 2000 a 6% en 2012. La prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre adolescentes de 3.6% en 2006 a 2.6% en 2012. [4] La venta de cigarros a menores de edad radica de manera prevaleciente debido a la insuficiente vigilancia y sanciones por parte de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Por ello es necesario que en cada estado se cuente con inspectores capacitados en temas de vigilancia y aplicación de sanciones.

En nuestro país se tienen 400 mil puntos de venta de cigarros sueltos que de manera ilícita venden tabacos a menores de edad. El Director General de Epidemiología de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud asegura que en estos puntos venden en promedio el número de cigarros que corresponde a dos cajetillas, es decir, se comercializan 800 mil cajetillas diarias. Es importante señalar que el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), ratificado por México desde 2004, con el fin de prohibir la venta de productos de tabaco a menores de edad, recomienda impedir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos productos a los menores de edad. Por lo anterior, la COFREPRIS debe implementar nuevos mecanismos, y reforzar los ya existentes, con la finalidad de detener la venta de cigarros por unidad y la venta de éstos a menores.

Comercialización de productos similares al tabaco

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud informó que la importación, distribución, comercialización y venta del denominado cigarrillo electrónico está prohibido por la Ley General para el Control del Tabaco. En su artículo16,fracción VI prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

En la actualidad no existe evidencia científica de que el cigarrillo electrónico sea una alternativa efectiva para dejar de fumar. Se recomienda no comprarlo debido a que no existen pruebas de la eficacia y seguridad del producto, además el consumo de nicotina ocasiona enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares que pueden culminar en la muerte del fumador.Además estos productos no cuentan con un registro sanitario como los medicamentos, por lo que su contenido y sus propiedades de tratamiento para dejar de fumar no han sido comprobadas”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito que la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios tiene un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sobre las acciones realizadas en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco, debido a que el consumo de estos productos tiene un impacto extremadamentenegativo sobre la salud mundial.

Coincidimos con la legisladora proponente, dado que es importante eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, para lo cual es necesario obligara nuestras autoridades competentes a tomar medidas con vistas a lograr un control efectivo de la cadena de suministro de los productos de tabaco.

El comercio ilícito contribuye al consumo de tabaco y con ello a tasas altas de enfermedades y defunciones por causas relacionadas con el tabaquismo al ofrecer los productos de tabaco a precios menores, atrayendo particularmente a la gente joven. Asimismo, esta práctica evade las políticas públicas para reducir el consumo de tabaco, particularmente las políticas de carga fiscal altas.

De esta manera, el comercio ilícito de productos de tabaco no permite que los gobiernos perciban miles de millones de dólares por ingresos fiscales al año, lo cual pone en riesgo la ley y el orden, lo mismo que la seguridad internacional.

Según datos de la OMS en todo el mundo muerenanualmente 5.4 millones de personas a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco entre ellas cáncer y enfermedades cardiacas y respiratorias. Asimismo se estima que para la década del 2020 o 2030, el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse alcanzará los diez millones de muertes al año.

Además, el informe de la OMS recuerda que el 70% de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando espectacularmente.

A pesar de la regulación existente, la industria tabacalera no quita el dedo del renglón para generar adicción al tabaco entre niños y jóvenes, ya que esta actividad ilícita aumentó significativamente entre 2008 y 2011 tanto en los establecimientos como en los puestos de calle, pasando de 4 a 28 por ciento y de 42 a 91 por ciento respectivamente.

II.-Esta Dictaminadora considera al comercio ilícito de productos de tabaco como un problema internacional serio que requiere una solución para reducir el consumo de tabaco y salvar vidas, combatir el crimen organizado y recuperar elingreso público perdido. Es por eso, que coincidimos en que es necesario informar sobre el tema y tomar las medidas necesarias para lograr un control efectivo del mismo.

El consumo de tabaco representa un importante problema de salud pública, no sólo por su magnitud, sino también por las consecuencias sanitarias que conlleva, así como por sus elevados costes sociales.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso para vigilar el consumo de tabaco y sus medidas de prevención; proteger a la población del humo de tabaco; advertir de los peligros del tabaco; y finalmente, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en los servicios que presta el Seguro Popular se amplíe la cobertura del tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, en los servicios que presta el Seguro Popular, se procure y fortalezca el diagnóstico, la prevención oportuna,el tratamiento completo y se garanticela mayor cobertura posible del Cáncer en la infancia y la adolescencia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Senadora Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El cáncer, es la principal causa de muerte a escala mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en México es la primera causa de mortalidad entre 5 los y 14 años de edad y de 15 a 19 años la tercera en todo el sector salud de acuerdo Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia (CENSIAS).

De acuerdo (OMS) en el año 2012 se detectaron cerca de 160 mil nuevos casos de cáncer infantil en el mundo de los cuales casi 90 mil pacientes fallecieron. El mismo organismo reveló que 4 de cada 5 niños con cáncer no tiene acceso a medicinas en el mundo, lo que dificulta su tratamiento y curación, además de que aproximadamente unos 100 mil niños enfermos de cáncer, que viven en países en desarrollo, mueren cada año por falta de tratamiento médico.

Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), que ha realizado importantes apoyos al tema de referencia:

a) El cáncer infantil en México se ha convertido en la segunda causa de muerte en la población de 1 a 19 años de edad,

b) Cada año se presentan 7 mil nuevos casos de cáncer en menores de 20 años; de los cuales 2 mil 500 son atendidos en instituciones de seguridad social, 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y el resto (2 mil 500) no tienen acceso aún a una atención médica especializada,

c) El índice de sobrevivencia se encuentra entre el 30 y 50 por ciento de los casos, por detección y atención tardía y una legislación deficiente, mientras que en países como Estados Unidos han sobrevivido el 90 por ciento de los casos detectados,

Entre los principales padecimientos del Cáncer Infantil en México se encuentran las cinco patologías más comunes como las leucemias agudas que ocupan el primer lugar, seguidas de los linfomas, los tumores germinales, osteorsarcoma y los tumores del Sistema Nervioso Central, así mismo, es importante destacar que el cáncer infantil afecta rápidamente a pacientes en edad pediátrica, afectando distintas partes del cuerpo, que pueden llegar a tener diversos tratamientos y formas de curación.

A diferencia del cáncer que padecen los adultos, ocasionado en la mayor parte de los casos por agentes productores como el tabaco, la dieta, el sol y agentes químicos, entre otros, las causas del cáncer infantil, en su mayoría, se desconocen.

En el ámbito nacional, los Estados con mayor incidencia de cáncer infantil son Chiapas, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, siendo el Estado de Chiapas el que presenta el índice más alto, al respecto es importante destacar que:

a) En todo el territorial nacional existen 135 oncólogos pediatras, cuatro veces menos del número necesario para atender y detectar el cáncer en las niñas, niñas y adolescentes.

b) En estados como Campeche no cuentan con oncólogos y pediatras por lo que pequeños con este padecimiento tienen que ser trasladados a Yucatán para ser atendidos.

c) En el Distrito Federal, según la Secretaria de Salud se atiende aproximadamente alrededor de mil 600 casos nuevos cada año.

Según instituciones especializadas, se concluye que un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, podrían salvar la vida de más del 70% de losmenores de 20 años que tienen esta en enfermedad, por lo que es menester la imperante necesidad de que en nuestro país se amplié la cobertura en el apego al tratamiento, el desarrollo humano y la reinserción social se vuelva inmediata.

En ese orden de ideas el Estado mexicano debe garantizar a los pacientes la atención médicaoportuna y adecuada para el padecimiento, así como la implementación de políticas públicas necesarias que coadyuven a la mayor cobertura posible de la detección temprana de la enfermedad en la infancia de este país fundado principalmente en lo siguiente:

En el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no obstante de tutelar el derecho a la salud, también dispone, a partir del 12 de octubre de 2011, la constitucionalización del principio del interés superior de la niñez, que ha sido calificado como un gran logro en el proceso evolutivo y armonización internacional de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

En las disposiciones primera y vigésima cuarta, principalmente, que se encuentran establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, que a la letra dicen:

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y post-natal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia y de sus atribuciones, en los servicios que presta el Seguro Popular, se instituya lo siguiente:

a) Ampliar la cobertura del tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad, y considerar las posibles recaídas y neoplasias subsecuentes como consecuencia del primer diagnóstico de cáncer, con la finalidad de garantizar la cobertura de los nuevos tratamientos sin importar la edad.

b) Ampliar la atención médica integral a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer detectado hasta los 18 años, garantizando la ampliación del tratamiento hasta su culminación, no obstante que el tratamiento se concrete después de este rango de edad.

c) Fortalezca la promoción de la salud para la prevención, diagnóstico oportuno, atención y tratamiento de cáncer de niñas, niños y adolescentes, a través de campañas de información que orienten y alerten a la población sobre el inicio de esta enfermedad; asimismo, la cobertura gratuita de estudios para la confirmación de un diagnóstico de cáncer.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en que el Poder Legislativo Federal tiene un compromiso para que se procure, se fortalezca el diagnóstico y se tenga un tratamiento completo con la mayor cobertura posible, del cáncer en la infancia y la adolescencia.

Cada año se reportan entre 5 mil y 7 mil nuevos casos de cáncer en la población infantil, la mayor parte de los cuales son causados por factores hereditarios, y predominan los de riñón y la leucemia.

De los casos en México, 45% son atendidos mediante seguridad social, 45% por la Secretaría de Salud (SSA) y 10% por el Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE

Específicamente, con el Seguro Popular cada año alrededor de 3 mil menores de 18 años reciben tratamiento integral para cualquier cáncer que padezcan.

Asimismo, en el país hay alrededor de 150 oncólogos pediátricos; actualmente este número es suficiente, pero siempre habrá necesidad de más para tenerlos distribuidos en todo el país y que puedan atender de manera oportuna y no tengan todos los pacientes que ser referidos. Agregó que hay unos 50 hospitales en el país con capacidad para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado.

En México, el impacto social y económico que provoca actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa que, del 65 al 90% de las familias sin seguridad social, no cuente con recursos económicos para su atención y tengan que enfrentarse a gastos catastróficos (gastos excesivos por razones de salud que exponen a los hogares a la pérdida de sus ahorros, al endeudamiento, al sacrificio del consumo de otros bienes básicos, como la educación, la vivienda, o incluso a la pérdida del patrimonio familiar)o al abandono del tratamiento por falta de recursos.

Esta problemática, requiere se le enfrente, con el esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a efecto de instrumentar las acciones preventivas necesarias, garantizar el diagnóstico oportuno y la atención integral de los menores de 18 años que padecen la enfermedad, con el propósito de disminuir sustancialmente el número de muertes por esta causa, así como elimpacto social y económico que ocasiona a las familias

II.- Esta Dictaminadoraconsidera que es importante brindar a los niños y adolescentes un diagnóstico temprano y un tratamiento multidisciplinario, oportuno y de calidad contra el cáncer, otorgado por expertos; en centros hospitalarios acreditados para la atención de cáncer en menores de 18 años; contribuyendo así, a disminuir la mortalidad por esta enfermedad.

Consideramos necesario el acceso universal a un apoyo y a una atención de calidad, combinado con una firme determinación de asignar los recursos necesarios para la educación en salud a este respecto. De la misma manera es necesaria una estrategia coordinada que combine los últimos adelantos de la ciencia con unas políticas públicas adecuadas.

Finalmente, es una necesidad humanitaria, mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de aquellos en fase terminal. El número de personas a las que se les diagnostica cáncer y necesitan que se les prodiguen cuidados aumenta. En esos casos el mejor tratamiento lo constituyen los cuidados paliativos, que incluyen el apoyo físico, psicosocial y espiritual con el fin de mejorar considerablemente su calidad de vida y la de sus familias, evitando sufrimientos innecesarios.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por mejorar los servicios de salud en atención a la enfermedad del cáncer, siendo ésta la segunda causa de mortalidad en menores de 18 años.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia y de sus atribuciones, en los servicios que presta el Seguro Popular, se instituya lo siguiente:

a) Ampliar la cobertura del tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad, y considerar las posibles recaídas y neoplasias subsecuentes como consecuencia del primer diagnóstico de cáncer, con la finalidad de garantizar la cobertura de los nuevos tratamientos sin importar la edad.

b) Ampliar la atención médica integral a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer detectado hasta los 18 años, garantizando la ampliación del tratamiento hasta su culminación, no obstante que el tratamiento se concrete después de este rango de edad.

c) Fortalezca la promoción de la salud para la prevención, diagnóstico oportuno, atención y tratamiento de cáncer de niñas, niños y adolescentes, a través de campañas de información

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 6 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a tener un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

La sentencia de muerte de connacionales mexicanos en el exterior, es un asunto que debemos seguir puntualmente, ya que es un deber de esta Soberanía, como representantes que somos, el velar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de carácter internacional que garantizan a los detenidos un debido proceso a través de la protección consular, con el fin de evitar atropellos y violaciones a los derechos humanos.

El pasado 3 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales, sentenciados a la pena capital, en los Estados Unidos de América y para que se informe sobre las medidas que se están implementando para auxiliarlos legalmente.

En el documento remitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que hay 61 mexicanos sentenciados a la pena capital y que otras 70 personas están enfrentando procesos penales, los cuales podrían concluir en la imposición de esa misma sanción. Estos 61 connacionales, representan el 42.36 por ciento del total de 144 extranjeros que están en esa condición. Lo que coloca a México en el primer lugar de sentenciados a la pena capital en Estados Unidos de América.

De acuerdo con Amnistía Internacional en 2012, Estados Unidos seguía siendo el único país que llevaba a cabo ejecuciones en una región en la que la pena de muerte está disminuyendo. Sólo cuatro países impusieron condenas a muerte en América, e incluso dentro de Estados Unidos el apoyo a la pena capital se está desvaneciendo. Aunque el número de ejecuciones en Estados Unidos siguió siendo el mismo que en 2011 (43), sólo nueve estados llevaron a cabo ejecuciones en 2012 frente a los 13 de 2011. La cifra total de nuevas condenas a muerte (77) fue la segunda más baja desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó en 1976 la revisión de las leyes sobre la pena capital; estas condenas se impusieron en 18 de los 33 estados que mantienen la pena.

Según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año de 2011, un total de 58 mexicanos se encontraban en condena de pena de muerte en Estados Unidos de América, de ellos 39 forman parte de la demanda conocida como “Caso Avena”, donde el gobierno de México acudió ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para argumentar que los sentenciados no recibieron apoyo consular, como lo señala la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmado el 24 de abril de 1963, y que en su artículo 36, inciso b) menciona que:

“b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.”

El denominado caso Avena referido en párrafos anteriores, es relativo a 52 nacionales mexicanos sujetos a proceso. En ninguno de estos casos el Estado mexicano recibió aviso de Estados Unidos sobre tales procesos, comunicación necesaria y consagrada en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para poder prestar asistencia legal y asegurar un debido proceso, en virtud de que existe una desventaja entre extranjeros y nacionales ya que los primeros no conocen la ley del país en que se encuentran.

En tal virtud, México el 9 de enero de 2003 demanda a Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, específicamente en los artículo 5 y 36 y exige una “restitutio in integrum” consistente en reestablecer el “status quo ante” que implica anular los procesos y sentencias de los 52 mexicanos, si estos no fueran anulados Estados Unidos de América debe proveer a su elección los medios para revisar y reconsiderar las sentencias sin recurrir a mecanismos de clemencia.

La Corte Internacional de Justicia dictó su fallo el 31 de marzo de 2004. Este fallo confirmó la vigencia y la plena obligatoriedad del derecho de toda persona detenida a ser informada, sin dilación, sobre su derecho a la asistencia consular, y determinó que hubo una violación por parte de Estados Unidos de América a sus obligaciones internacionales respecto de dichos derechos, en los casos de los mexicanos condenados a muerte. Asimismo, ordenó al país vecino llevar a cabo una revisión por la vía jurisdiccional, tanto del veredicto de culpabilidad como de la imposición de la pena, tomando en cuenta el peso que tuvo la falta de notificación consular, en la decisión final de las cortes estatales.

El fallo de la Corte constituye una herramienta jurídica única para la defensa de los nacionales en el extranjero para todos los países que han suscrito la Convención de Viena. Para México, la decisión de la Corte Internacional de Justicia fija un camino a seguir en la defensa de los connacionales que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos.

Así, tenemos que el Caso Avena, se fundó en un tratado internacional que faculta a las partes para someterse a la Corte Internacional de Justicia con competencia para decidir, y fundó su petición en un quebranto por parte de Estados Unidos a lo estipulado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

“UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que a través de los canales diplomáticos establecidos, inste al gobierno de Estados Unidos de América atener un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, principalmente los contenidos del artículo 36 que exigen la notificación consular de la detención de todo extranjero, a manera de que se garantice la integridad y el debido proceso de los connacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América”.

CONSIDERACIONES

I.-Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación de los legisladores proponentes respecto a que el Estado Mexicano se reconoce como defensor activo de los Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional y considera el derecho a la vida como uno de ellos.

La vida es el bien supremo por antonomasia para el hombre y la sociedad, es el “derecho fundamental” básico. La muerte es el mal absoluto, por lo que es inmoral ignorar conscientemente la misma o provocarla para obtener de ella un provecho. Por los tanto el estado fue creado para proteger la vida e intereses comunes de los hombres, y no tiene derecho a quitarla.

La pena de muerte se define como la pena máxima que refleja la supervivencia en el mundo de la Ley del Talión. En la que no existe justificación ética, moral, jurídica, y política que pueda sustentarla, porque esencialmente es incompatible con los Derechos humanos.

Los reproches morales hacia la pena de muerte son por motivos humanitarios, ningún Estado debería tener el derecho a disponer por medio de esta pena de la vida de sus ciudadanos. Por el contrario, la primacía de la absoluta protección de la vida exige a una comunidad basada en el Derecho, precisamente a través de la renuncia a la pena de muerte, que se refuerce la intangibilidad de la vida humana como valor supremo. Por lo demás parece ineludible exigir que se nos defienda por anticipado del peligro de la mala utilización de la pena capital confirmando su inadmisibilidad sin excepciones.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) afirmó en 1982 que el derecho a la vida es supremo y no se permite supresión alguna ni siquiera en momentos excepcionales que pudiesen poner en peligro una nación, desde entonces algunas de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se desprenden varios esfuerzospor suspender a nivel mundial las ejecuciones recordando a los Estados miembros su compromiso de trabajar por la abolición de la pena de muerte, constituyendo así un importante trabajo para persuadir a los países retencionistas de que reconsideren su empleo de la pena de muerte, expresando su profunda preocupación por que se siga utilizando la pena de muerte, también exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que, observen las normas internacionales que establecen salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte y, en particular limiten progresivamente la aplicación de la pena capital y reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer esa pena.

II.- Seconsidera que no es posible volver al “ojo por ojo, y diente por diente”, ni aun el simple deseo de venganza, pues se negaría la esencia misma del derecho. El Derecho es armonía y fruto de la razón y se trata de no utilizar la violencia en las relaciones humanas, para el disfrute de la vida misma.

Cuando se mata como castigo penal no queda alternativa posible. Solo muerte a secas. Se desecha para siempre la posibilidad de una rehabilitación o de una evolución psíquica y/o moral, una conversión, un ajuste interno, cuando se mata, como única salida, se niegan muchas cosas al sentenciado y a la propia sociedad.

Cuando se trata del error judicial y de la subsiguiente muerte de inocentes. El error judicial no implica únicamente, que el sentenciado o el ejecutado no haya sido el autor material del delito del que se le está culpando. También ocurre cuando no se ha estudiado de modo fehaciente el hecho de que la legítima defensa, estado de necesidad o de la emoción violenta que pudo haber embargado al condenado, o cuando se trata de un enfermo mental que desconoce la criminalidad de sus actos y causa muerte a su víctima.

El error judicial, es inherente a la naturaleza humana, supone la inocencia. En ese orden procesal, cabe pensar también en una defensa frágil, que pierde pruebas importantes o que no conceptúa correctamente el curso del inter criminis o la discriminación que induce a los jueces del origen racial. Son múltiples los motivos que pueden inducir a una sentencia equivoca.

México se opone a la pena de muerte como una cuestión de principio, el objetivo de nuestro país es desarrollar su tarea de asesoría en materia de pena de muerte a sus connacionales y no el interferir con el sistema judicial estadounidense, sino asegurar que los connacionales reciban la protección consular a que tienen derecho bajo la legislación estadounidense y el derechointernacional buscando accionesamplias en aras de alcanzar el objetivo final de frenar las ejecuciones y reponer los procedimientos penales de los mexicanos sentenciados a muerte sin el debido proceso.

Uno de los planteamientos de mayor importancia para México es el observar las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte y cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, en particular las contraídas en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, y especialmente el derecho a recibir información sobre la asistencia consular en el contexto de un procedimiento jurídico

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar a resaltar la importancia de las Garantías Judiciales mínimas y el debido proceso en el marco de la pena de muerte, impuesta judicialmente a connacionales, ya que la protección consular que puede brindar nuestro país se puede ver limitada sin una notificación pertinente del arresto de los nacionales en el extranjero.

En este contexto internacional, tanto el Estado que envía que en este caso es México, como el Estado receptor, Estados Unidos de América, son partes en la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares; Ambos son miembros de la Organización de los Estados americanos (OEA), y suscribieron la declaración americana de Derechos Deberes del Hombre, y aunque el estado receptor no ha ratificado la Convención Americana, si ha ratificado el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

Como punto central de esta relación es el derecho de los detenidos extranjeros a la comunicación con funcionarios consulares del Estado que envía es concebido como un derecho del detenido en las más recientes manifestaciones del derecho penal internacional. Por lo tanto el funcionario consular y el nacional del Estado que envía tienen el derecho a comunicarse entre sí, en todo momento, con el propósito de que el funcionario pueda ejercer debidamente sus funciones, denominadas en el artículo 5, apartados a, e, i,de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, que consisten en proteger en el Estado receptor los interés del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, tomando las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor.

De la convención de Viena sobre Relaciones Consulares se reconoce, como una función primordial del funcionario consular, el otorgamiento de asistencia al nacional del estado que envía en la defensa de sus derechos ante las autoridades del estado receptor.

En el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones Consularesse refiere a la asistencia consular en una situación particular,que es la privación de la libertad, consagrando entre otros, el derecho del extranjero privado de la libertad a ser informado, “sin dilación”, de que tiene por una parte el derecho a solicitar y obtener de las autoridades competentes del Estado receptor que informen a la oficina consular competente sobre su arresto, detención o puesta en prisión preventiva, y por otra el derecho a dirigir a la oficina consular competente cualquier comunicación, para que esta sea transmitida “sin demora”. Estos derechos han sido reconocidos por la comunidad internacional en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y tienen la característica de que su titular es el individuo.

Como se desprende del texto del artículo 36 apartado C, el ejercicio de estos derechos solo está limitado por la voluntad del individuo, que puede oponerse “expresamente” a cualquier intervención del funcionario consular en su auxilio. El cumplimiento inmediato de los deberes del Estado receptor responde al objeto mismo de la notificación consular, la cual atiende al propósito de alertar al Estado que envía sobre una situación de la cual, en principio, éste no tiene conocimiento.

En esta comisión realizamos una interpretación del el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares considerando que dicho tratado no se limita a establecer derechos y obligaciones para los Estados partes, sino que también protege derechos y obligaciones individuales, ya que con el acceso a la protección consular se puede tener acceso a las garantías de legalidad que debe tener un indiciado. Es decir no es un mero ejercicio exegético, sino que busca su justa dimensión en la armonía y los fines del texto de la convención de Viena sobre las Relaciones Consulares que a su veztiene relacióndirecta con los fines del sistema de protección de los Derechos Humanos en el ámbito internacional.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que a través de los canales diplomáticos establecidos, inste al gobierno de Estados Unidos de América a observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, principalmente los contenidos del artículo 36 que exigen la notificación consular de la detención de todo extranjero, a manera de que se garantice la integridad y el debido proceso de los connacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América”.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas a investigar respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, intervenga para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria. Asimismo, para que, investigue y en su caso emita recomendación a las autoridades del municipio en comento, por presuntos actos discriminatorios.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Los derechos civiles, políticos, sociales y humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han transitado por un extenso camino para reconocer y hacer efectivos derechos irrenunciables como la educación, la no discriminación así como la igualdad ante la Ley del varón y la mujer.

Sin embargo, en materia de respeto a los derechos humanos el nombre de nuestra nación en los últimos años ha sido empañado por una infértil afrenta violenta en contra del crimen organizado; de ahí que el Poder Legislativo en uso de su función como contrapeso de los otros poderes de la Unión, aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.

Con esa reforma se registraron avances trascendentales como señalar a los derechos humanos no como una prerrogativa que “se otorga, o se dota” sino, que “se reconocen”; además de incorporar el principio internacional de interpretación “pro personae”, cuyo fin es aplicar la lectura que mayormente proteja al titular de los derechos humanos en un determinado caso.

Ahora bien, la misma reforma de 2011 impulsó incorporar en el artículo tercero constitucional la obligación del Estado de impartir educación para fomentar el respeto de los derechos humanos, es decir, hemos dado cabal cumplimiento a la progresividad en el ramo, lo cual debería generar un reflejo y un efecto dominó en las legislaturas estatales así como en los gobiernos.

Lamentablemente no es así, abanderar el respeto a la igualdad de género y la no discriminación, continúa librando batallas y no podemos declarar ganada la guerra en términos de civilidad política y avance sociocultural.

Recientemente tuvimos noticia que en la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, sesenta y siete mujeres locales hicieron pública su molestia ante la actitud del presidente del Patronato de Agua Potable, Domingo Gómez Díaz, por haberse opuesto el pasado 26 de mayo a que celebrarán su ceremonia de graduación, bajo la siguiente expresión: “Da vergüenza que mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en el campo”.

Las mujeres de la etnia tzotzil hicieron del conocimiento del gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello, que el día citado, el señor Gómez Díaz empezó a alborotar a una decena de personas, para manifestarse en contra de la graduación de las mujeres en comento.

Las afectadas tienen el único objetivo de graduarse del grado escolar de secundaria el próximo 10 de septiembre en una ceremonia, con motivo de la conclusión de sus estudios en el Instituto de Educación para Adultos. Igual de ofensivo resultó la presunta amenaza del servidor público, Gómez Díaz, al expresar que no permitirá bajo ninguna circunstancia llevar a cabo dicha ceremonia de graduación.

Las mujeres afectadas, expresaron en la denuncia entregada por escrito en las oficinas del gobernador que: “Debe de existir un trato igualitario hacia las mujeres, ya que aparte de ser madres trabajadoras y ocuparnos de nuestros hogares, decidimos estudiar por nuestro propia cuenta porque ya no queremos ser ignorantes y analfabetas, sino que deseamos de todo corazón poder brindar un futuro mejor a nuestros hijos” [1].

Al respecto, es oportuno recordar que el Senado de la República en marzo pasado aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de incorporar el concepto de “violencia política” reconocido como las acciones y conductas agresivas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de las mujeres o de sus familias para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la Ley en el ejercicio de la representación política.

Es decir, por una parte avanzamos ampliando las sanciones para acciones y hechos concretos que laceran las actividades cotidianas delas mujeres mientras que en otras latitudes de la República, imponen no sólo un freno al avance de los derechos de las mujeres sino que oprimen el pedal de la reversa, como es el caso del señor Gómez Díaz. Afortunadamente los medios de comunicación, las redes sociales y sobretodo las autoridades comprometidas han hecho este caso visible que debe ser emblemático y ejemplar para el resto de las entidades.

En este sentido, no podemos permitir que la violencia, entendida como “… una gran variedad de condiciones que inhiben el desarrollo de las oportunidades vitales de los individuos… así como toda barrera que impide la realización de un potencial, una barrera que es social, y no natural…” [2]fluya como si no existieran autoridades que hagan valer los derechos fundamentales de toda mexicana y todo mexicano, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, intervenga para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria. Asimismo, para que, investigue y en su caso emita recomendación a las autoridades del municipio en comento, por presuntos actos discriminatorios.

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición para que se respeten los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula. Que se investigue, y en su caso se emita la recomendación necesaria a las autoridades por los actos discriminatorios cometidos, mismos que impidieron que las mujeres pudieran ejercer su derecho a la educación.

II.- El derecho a la educación está reconocido en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “El Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

En México actualmente hay más de 5.4 millones de personas analfabetas. Agregando a los casi 3.4 millones (también mayores de 15 años) que sólo cursaron los dos primeros años de la instrucción primaria, suma a un total de 8.8 millones de mexicanos en el analfabetismo. Bajo los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que consideran como personas no alfabetizadas a las que tienen 5 años o menos de educación formal, 10 millones de mexicanos mayores de 15 años no concluyeron sus estudios de educación primaria.

En particular, Chiapas es de los Estados más desfavorecidos en el ámbito educativo, el 17.8 por ciento de las personas reportan analfabetismo. El 55.9 por ciento del total impacta en las personas de 75 años y más; el 47.5 en las de 60 a 74; el 28.8 en las de 45 a 59; el 15.3 en las de 30 a 44; y el 6.9 por ciento entre los de 15 a 29 años. En particular las mujeres son más vulnerables, aproximadamente el 64% de las personas analfabetas son mujeres.

La demanda potencial de servicios de educación para jóvenes y adultos está constituida por población que por sus “condiciones de supervivencia y trabajo forma parte casi en su totalidad de grupos marginados y en situación de pobreza” afectados por factores socioeconómicos y culturales que impiden la educación de las personas o limitan la prioridad que se le otorga.

“Los estudios coinciden en que el analfabetismo (y/o el rezago educativo) resulta de la interacción de una serie de factores que actúan simultáneamente. Entre éstos destacan: la pobreza, la desnutrición, los problemas de salud, el trabajo infantil, la migración y la falta de acceso a entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua (UNESCO-CEPAL, 2010; UNESCO-COFINTEA, 2012).”

En la Ley General de Educación, en el artículo 39 reconoce que la educación para adultos queda comprendida dentro del sistema educativo nacional, que podrán impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. Asimismo, en su artículo 43 señala que la educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria, y se presta a través de los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo.

El Instituto Nacional para Educación de los Adultos es una institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su Programa Educativo.

En el Estado de Chiapas, el Instituto de Educación para Adultos tiene la misión de proporcionar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años o más y adultos en condiciones de rezago educativo inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor, así como aumentar su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.

Por lo anterior, no hay motivo alguno para impedir que las mujeres del municipio de San Juan Chamula se gradúen del grado escolar de secundaria.

Sin embargo, hoy en día, en específico en Chiapas hay mujeres discriminadas por ser su género, por ser indígena, por ser analfabeta, por discapacidad o por estar embarazadas; y esto ha provocado la segregación de mujeres indígenas en el ámbito educativo.

Las mujeres tzotziles emitieron una denuncia ante las declaraciones el impedimento para graduarse de sus estudios. El Consejo Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas es la institución encargada de vigilar, promover y defenderel cumplimiento de los derechos humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas; por ello se le exhorta a su titular para que intervenga y se haga respetar los derechos de dichas mujeres y se investigue el caso para, de ser necesario, se emita una recomendación a las autoridades correspondientes.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula, y que se les permita graduarse de la secundaria sin discriminación por género, etnia o edad.

También coincidimos con la necesidad de que se investigue los sucesos ocurridos para en su caso realizar una recomendación a las autoridades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, investigue y en su caso emita recomendación respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel secundaria.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 12 de junio del 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Agencia Espacial Mexicana a remitir información sobre las actividades de la Junta de Gobierno de la Agencia.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la Norma Oficial Mexicana de Salud del Adolescente.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición conPunto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal emitir la Norma Oficial Mexicana de salud del adolescente.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Los y las adolescentes en México, definidos por la Organización Mundial de la Salud, como la población de 10 a 19 años de edad, aumentaron en la segunda mitad del siglo XX de 5 a 21 millones con una contribución relativa de alrededor de 22%. Según el Consejo Nacional de Población, su tasa de crecimiento se ubicó por encima de 4% anual en la década de los 60, para posteriormente descender progresivamente. Por otra parte, su contribución a la mortalidad nacional no presenta modificaciones; desde los años 60 se ha mantenido estable el número absoluto, alrededor de 12 mil, aunque la tasa ha descendido de 2.4 a 0.5 por 1 000 jóvenes. Es indudable que se trata del grupo de población más sano, el que utiliza menos servicios de salud y es uno de los grupos de edad en el que se presentan menos defunciones. Sin embargo, es en el que se inician exposiciones a factores de riesgo como sexo inseguro, consumo de alcohol, tabaco y drogas, consumo inadecuado de alimentos y sedentarismo que determinan problemas en su edad y la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas del adulto, que afectan a las personas con el paso del tiempo.

A continuación se presenta un conjunto de cuadros con estadísticas provenientes de varias fuentes de información, que dan cuenta de diversos aspectos de la salud de adolescentes en México. Se incluyen tabulados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), en la que se capta su percepción respecto a su estado de salud, el conocimiento de métodos anticonceptivos, el consumo de alcohol y tabaco, y los niveles de sobrepeso.

Por otra parte, se presentan tabulados sobre las principales causas de utilización de los hospitales de la Secretaría de Salud y, finalmente, cuadros con las principales causas de muerte de adolescentes en México. Conviene destacar que en la mayoría de los cuadros la información se desglosa por sexo y, cuando es posible, se les divide en dos grupos de edad, de 10 a 14 y de 15 a 19 años.

En México a la población adolescente en general se percibe como sana, aunque 2% de ella considera que su salud es mala. La exposición a tabaco, medida en haber fumado 100 cigarrillos en su vida, es de 9% aunque sólo 42% de jóvenes nunca había fumado. La prevalencia aumenta conforme se incrementa la edad, llegando a 25% en jóvenes de 19 años. Situación similar se observa con la exposición al alcohol; en promedio, jóvenes de 10 a 19 años presentan una prevalencia de 11%, la cual se modifica con la edad. Llama la atención que desde los 15 años 10% de jóvenes consumen alcohol, y que a los 19 años la prevalencia asciende a 31%.

Otro problema serio en esta población es la prevalencia de sobrepeso y obesidad. La ENSA 2000 muestra que el problema es más frecuente en las jóvenes. De hecho, desde los 16 años un tercio de las jóvenes en México presentan exceso de peso.

El principal problema de salud que se registra en jóvenes son los accidentes y las violencias, que se expresa en los niveles más elevados de utilización de servicios. Los traumatismos y las fracturas representan un alto porcentaje dentro de los motivos de egreso hospitalario.

Finalmente, respecto de la mortalidad, jóvenes en México mueren principalmente por causas externas. Llama la atención que en los hombres de 15 a 19 años de edad sean los homicidios la principal causa y que en las mujeres de esa edad las causas maternas aparecen entre los principales motivos de defunción.

La muerte entre adolescentes (10 a 19 años) durante el año 2000 se presentó con una tasa general de 51.4 por 100 000. La mortalidad no es constante durante esta etapa de la vida y se observa que para el grupo de 10 a 14 años es de 33.5 por 100 000, mientras que para el grupo de 15 a 19 años es de 70.3 por 100 000. La tasa de mortalidad, expresada por 100 000 habitantes, también difiere por sexo siendo de 66.7 para los hombres y 34.7 para las mujeres. Al comparar esta mortalidad con la observada para otros grupos de edad encontramos que entre adolescentes el fenómeno es poco frecuente, y sólo en el grupo de 5 a 9 años la mortalidad es menor. No obstante, su estudio permite destacar algunos problemas de salud característicos de esta etapa de la vida.

Es necesario señalar que las causas externas de mortalidad son las primeras entre adolescentes de uno u otro sexo, aunque existen diferencias en su frecuencia y su distribución para cada grupo de edad y sexo. Al considerar la intencionalidad de las causas externas notamos que los eventos no intencionales son los más frecuentes, seguidos por los homicidios y los suicidios. Al observar el listado de 20 causas más frecuentes de muerte destacan los eventos de tráfico de vehículo de motor como la causa externa que con mayor frecuencia la producen entre adolescentes. Entre las causas externas no accidentales, que aparece en todas las edades, el suicidio es proporcionalmente más frecuente en mujeres y el homicidio en los hombres. Después de éstas, aparecen causas que difieren según grupo de edad y sexo. Otro fenómeno destacado es la aparición de causas ligadas al embarazo, parto y puerperio en mujeres de 15 a 19 años de edad.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

“UNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal,  para que la Secretaría de Salud emita la Norma Oficial Mexicana de Salud del Adolescente para informar a los jóvenes y darles acceso a los servicios de salud, a quien individualmente lo solicite.”

CONSIDERACIONES

I. Quienes signamos el presente dictamen, coincidimos en la necesidad que versa sobre la obligación del Estado para impulsar, como parte de las acciones de gobierno y sociedad, la asistencia médica integral, principalmente para aquellos núcleos de la población en cualquier estado de vulnerabilidad que les impidan alcanzar mejores niveles de vida.

Podemos afirmar que el derecho a la protección de la salud resulta fundamental para el desarrollo de las potencialidades de los individuos, en cualquier área, y es necesario propiciar las condiciones que ayuden a mejorar el aprovechamiento de los servicios y el acceso equitativo a los mismos.

Siendo así, quienes signamos el presente dictamen, consideramos que es fundamental abordar estos determinantes de la salud que requieren de nuevos mecanismos y reforzar aquellos que ya tenemos, con acciones de promoción de la salud para todos los sectores de la sociedad, incluyendo principalmente a los jóvenes y adultos mayores.

Dicha obligación, se desprende directamente de la interpretación del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos que toda persona tenga derecho a la protección de la salud.

Además, cabe mencionar que la propia Ley General de Salud establece la obligación del mismo, para crear, conservar y mejorar todas las condiciones deseables de salud para toda la población, y propiciar no solo conductas adecuadas para motivar su participación, sino mejorar su desarrollo.

Así mismo, nuestro Programa Sectorial de Salud ha contemplado fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades; incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables.

Este Programa tiene como propósito también promover políticas públicas sanas; crear ambientes saludables; favorecer los entornos en donde la población se desenvuelve; desarrollar las capacidades de los individuos; y reorientar los servicios de salud, para proporcionar a la población los medios necesarios para mantener su salud.

También consideramos afortunada laResolución CD47/16, emitida en septiembre 2006, por la Organización Panamericana de la Salud, en la que obliga a los Estados miembros a apoyar e impulsar el desarrollo y cooperación en intervenciones de promoción de la salud, incluyendo el análisis de determinantes y la evaluación de su efectividad.

Así mismo, podemos mencionar que en la carta de Bangkok de la sexta conferencia internacional para la promoción de la salud realizada en agosto del 2005, también se establecen los compromisos para abordar los determinantes de la salud, empoderar a los individuos y comunidades partiendo de la identificación de los determinantes de la salud y partir de éstos para mejorar y conservar la salud.

II. Es importante destacar también que el hecho de que las acciones tendientes a la protección física, mental y social de personas sean un instrumento fundamental para que alcancen un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, lo es en mayor medida para los grupos sociales más desprotegidos como son las personas adultas y adultas mayores o menores de edad.

El servicio de salud en nuestro país se ha destacado por tener un objetivo de solidaridad humana que se manifiesta en acciones que mejoren las circunstancias de carácter social, impulsando el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad.

Por lo tanto, en el marco de la salud en México, los integrantes de esta segunda comisión permanente coincidimos con la legisladora proponente sobre la necesidad de la emisión una Norma Nacional Mexicanacon el objeto de atender la demanda social de los menores de edad en materia de salud pública.

En México, si existen programas y normas que buscan brindar mejores servicios para la población vulnerable, persiste una ausencia de normatividad específica para determinar los mecanismos que lleven a preservar la salud durante esta etapa del desarrollo humano y con ello a establecer hábitos y estilos de vida que conlleven a una vida adulta lo más saludable posible.

Atender este problema ahora nos puede significar un avance impresionante en la batalla para erradicar diversas enfermedades y en la capacidad del Estado para hacerles frente a otras como la propia Influenza. Distintos padecimientos ven sus inicios y complicaciones en una edad temprana y todas pueden ser prevenibles.

Cabe mencionar que en países en desarrollo uno de cada cinco menores de edad mueren antes cumplir los cinco años y aquellos que la superan enfrentan en su vida adulta complicaciones que serán difíciles de tratar o erradicar y supondrán para muchos otros gastos excesivos, problemas en salud mayores y la muerte.

Un ejemplo de ello es la diabetes cuya enfermedad se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina e inicia en una edad temprana, con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, es un problema para los ojos, riñones, nervios, los decesos por Diabetes crecen un 14.5% anual.

A este respecto, cabe mencionar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 70 por ciento de las muertes prematuras en adultos se deben a conductas iniciadas en la adolescencia, de ahí la importancia de prevenirlas a tiempo con programas y acciones específicas.

Es por estas razones que consideramos de suma importancia realizar una serie de medidas preventivas integrales, con la finalidad de diagnosticar síntomas que pudieran significar la aparición de una enfermedad de alta peligrosidad y de continuo brote entre la población con menores de edad.

Dicha medida por lo tanto, estaría dirigida a atacar las enfermedades más recurrentes en el país, de atención médica preventiva y constante vigilancia de los menores de edad. Por lo tanto es una medida asistencial que como hemos mencionado, significará la reducción efectiva y acelerada de enfermedades que actualmente afectan a la población en sus niveles de mortalidad.

III. Ahora bien, la prestación de servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, se lleva a cabo por las dependencias del ejecutivo federal competentes, cada una en el ámbito de sus atribuciones, así como por las entidades de la administración pública federal, por lo que recae principalmente en ellos la tarea de modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo.

Es su responsabilidad en primera instancia, pero también la de las demás autoridades, emprender medidas asistenciales para las personas que por sus condiciones físicas requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, entre ellos, preferentemente todos los niños, niñas y adolescentes.

Específicamente, el artículo 116 de la Ley General de Salud señala que las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las medidas y realizarán las actividades a que se refiere dicha ley tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente.

Siendo así, la Secretaría de Salud creó una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM 047-SSA2-2010), la cual está destinada a fortalecer la atención de 10 a 19 años de edad desde la perspectiva de la salud pública, a través de una atención médica integral e interdisciplinaria, en la que los padres o tutores y los sectores público, social y privado juegan un papel destacado en el Sistema Nacional de Salud.

La NOM pretende cubrir las necesidades de un grupo que aparece perdido entre la infancia y la adultez, sin un lugar específico que permita incluirlos y hacerlos partícipes de su salud. También reconoce que entre los 10 a 19 años los jóvenes están expuestos a situaciones de riesgo, así como a adquirir costumbres nocivas con consecuencias en la edad adulta en padecimientos crónicos degenerativos.

El proyecto ya recibió autorización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y a finales del año 2012 se encontraba en afinación de los aspectos jurídicos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta el momento no ha sido publicada.

Incluso podemos afirmar, que dicha NOM no se contrapone, afecta o presenta duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo.

De hecho, este tipo de medidas responden de manera efectiva a las necesidades del cuidado de la salud pensada en un largo plazo, con nuevas formas de mirar el servicio a la salud, mucho más preventivo y no reactivo.

Por lo mismo, creemos que las distintas propuestas, como esta, se dirigen a un mayor número de atención y a una mejor calidad en la cobertura y el acceso, de no tomarse a tiempo corremos el riesgo de perder muchos más pacientes y crear un problema de salud pública como el que ahora padecemos.

Este tipo de temas es una prioridad para el Estado, debemos garantizar que se tengan acceso a una cobertura de salud integral a los menores para evitar gastos y muertes en su vida adulta.

Esta dictaminadora considera de suma importancia la inclusión de los y las adolescentes en el Sistema Nacional de Salud mediante la promoción de los servicios de salud, ya que las condiciones en las que toman las decisiones sobre su sexualidad, y cuestiones de salud, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, tienen un importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas.

En este sentido la emisión de la NOM 047-SSA2-2010 es sustancial pues se enmarca en un enfoque de desarrollo que plantea trabajar por la salud del y la adolescente tanto en la prevención de los problemas como la promoción del desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Salud emita la Norma Oficial Mexicana de Salud del Adolescente para informar a los jóvenes y darles acceso a los servicios de salud, a quien individualmente lo solicite.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de revisar el estatus migratorio laboral de extranjeros en México que laboran ahí, así como detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de mayo de 2013, la Diputada Martha Berenice Alvarez Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de revisar el estatus migratorio laboral de extranjeros en México que laboran ahí, así como detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones en el que se señala expresamente:

“ANTECEDENTES

1. A lo largo de la historia, México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección de las víctimas de los delitos, entre los que se encuentra la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, así como el “Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, que establece que cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la Trata de Personas, mediante el suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información, en particular en relación con sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la Trata de Personas puedan comprender; asistencia médica y psicológica; así como la posibilidad de adoptar medidas apropiadas que permitan a las víctimas de Trata de Personas permanecer en su territorio temporal o permanente, cuando proceda.

2. El 17 de febrero de 2009, se suscribió el Convenio Marco, cuyo objeto es establecer las bases de actuación coordinada e intercambio de información a fin de fortalecer y consolidar las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En su suscripción participaron las siguientes Dependencias Federales: Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República.

3. El referido Convenio establece que de conformidad con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 y aprobada por México, se entiende por víctimas a: “las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. También se considera víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima”.

4. El artículo 20 Constitucional, Apartado C), establece los derechos de la víctima o del ofendido del delito, entre ellos, recibir asesoría jurídica; ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso; recibir atención médica y psicológica de urgencia; al resguardo de su identidad y otros datos personales salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

5. De acuerdo con el artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de implementar en coordinación con las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Población, las medidas necesarias para garantizar la estancia de las víctimas del delito de Trata de Personas en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de origen o de residencia permanente.

6. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la Secretaría de Gobernación.

7. De acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene entre otras funciones la de realizar visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley y su Reglamento.

Asimismo establece los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación y son los siguientes:

I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;

II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y

III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.

La facultad para realizar visitas de verificación se ejercita de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.

8. El Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo operativos en los establecimientos de entretenimiento para adultos, mediante su Programa contra “giros negros”, en diversas Ciudades del país, a través de las oficinas regionales de dicho Instituto, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, para identificar personas extranjeras víctimas de delito. La siguiente tabla contiene el número de operativos que se han realizado en la República Mexicana por parte del Instituto Nacional de Migración, en coordinación de Autoridades Federales y Estatales1:

1 http://www.inm.gob.mx/static/transparencia/resoluciones/2011/Agosto/0411100037411.pdf, pag. 5.

9. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración realiza sus funciones conforme a la Circular por la que se instruye el procedimiento que deberá seguir en la detención, identificación y atención de personas extranjeras víctimas del delito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2011.

10. Con fecha 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que tiene por objeto regular la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención y asistencia a los refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

11. El 14 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, cuyo objeto es establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de Trata de Personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; establecer los tipos penales en materia de Trata de Personas y sus sanciones; determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de la Ley; establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de la Ley; y reparar el daño a las víctimas de Trata de Personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

12. La Ley anteriormente referida, tipifica el delito de Trata de Personas, en su artículo 10 que establece que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Asimismo, establece que se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud;

II. La condición de siervo;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual;

IV. La explotación laboral;

V. El trabajo o servicios forzados;

VI. La mendicidad forzosa;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años;

IX. El matrimonio forzoso o servil;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

13. Esta regulación normativa en la legislación mexicana, es congruente con la definición del tipo penal del Protocolo de Palermo, en el artículo 3, inciso a): “Se entenderá por Trata de Personas la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación”. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

14. La trata de personas supone trasladar de un lugar a otro a un ser humano, en contra de su voluntad o bien, por medio de engaños, entre los cuales, los más comunes son: promesas de trabajo, vivienda y estudios, y las personas engañadas son luego obligadas a ejercer trabajos en contra de su voluntad. Cabe mencionar que bajo tal entendimiento nos estaríamos enfrentando al problema de la migración ilegal.

Podemos entender por el delito de tráfico humano, básicamente, la adquisición de personas por medio de la fuerza, fraude o engaño con el objeto de explotación -con lo que queda de manifiesto la cantidad de bienes jurídicos que son violados, al dejar la palabra “explotación” sumamente abierta.

15. El Informe Anual sobre la Trata de Personas 2012 2 (Página Web de la Embajada de Estados Unidos en México. http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temasbilaterales/democracia/informe-trata-de-personas-2012.html), presentado por la Embajada de Estados Unidos en México, detalla entre otras cosas, que hombres, mujeres y niños son víctimas de explotación sexual y trabajos forzosos. Que en México los grupos más vulnerables a la Trata de Personas son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales y los migrantes indocumentados. Asimismo, los mexicanos que ingresan sin una condición migratoria legítima a Estados Unidos, atraídos por promesas falsas de empleo o relaciones amorosas, son obligados a trabajos forzosos en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, a mendigar en las calles y muchas veces a la prostitución. En México, la mayoría de las personas obligadas a la servidumbre sexual, provienen de Centroamérica y Sudamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; aunque también se han encontrado víctimas procedentes del Caribe, Europa Occidental, Asia y Africa. El turismo con fines de explotación sexual de menores, persiste especialmente en las zonas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Aunado a lo anterior, existen grupos delictivos organizados que obligan a menores y migrantes a prostituirse y a trabajar como sicarios, vigilantes y contrabandistas de drogas.

16. Entre las recomendaciones que hace la Embajada de Estados Unidos en México, en el Informe Anual sobre la Trata de Personas 2012, se encuentran las siguientes:

- Seguir investigando y enjuiciando los delitos de Trata de Personas, condenando y sancionando a los delincuentes a nivel federal y estatal, incluidos los delitos de trabajos forzosos.

- Aumentar los empeños por enjuiciar y condenar a los funcionarios públicos cómplices de la Trata de Personas.

- Aumentar el financiamiento destinado a los servicios especializados de asistencia a las víctimas y los refugios, y comprobar que las víctimas de todas las formas de trata reciban protección suficiente.

- Considerar adecuaciones de las leyes vigentes para fortalecer el marco jurídico.

- Aumentar la colaboración con las ONG para prestar asistencia a las víctimas.

- Mejorar los procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, como las personas dedicadas a la prostitución y los migrantes indocumentados.

- Mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

- Garantizar la protección eficaz de los testigos y las víctimas que declaran contra los tratantes.

- Mejorar la capacitación sobre la Trata de Personas, la identificación y el trato de las víctimas, que se imparte a agentes de policía, agentes de inmigración, inspectores del trabajo, fiscales, jueces, asistentes sociales y demás empleados de gobierno; entre otras.3

17. El pasado 30 de enero del año en curso, en la Ciudad de México, la Comisión Unidos contra la Trata y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal firmaron un Convenio mediante el cual se crea un Call Center para denunciar la Trata de Personas, teniendo como testigo de calidad al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera. La firma de este Convenio refleja con hechos el esfuerzo y compromiso de la sociedad civil, que en coordinación con las autoridades pretenden la erradicación de este delito a través de la denuncia ciudadana, dar atención especializada a las víctimas, así como recabar pruebas y testimonios suficientes que permitan castigar a quienes se dedican a esta actividad delictiva.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en enero de 2013, la Organización de los Estados Americanos señaló que México se había convertido en uno de los principales destinos de emigración latinoamericana, en 2010 arribaron a nuestro país alrededor de 65 mil inmigrantes legales, y calculaba que para 2012 esa cifra aumentó en un 45 por ciento, e indicaba que una de las principales razones de su llegada era la búsqueda de trabajo.

SEGUNDO. Que en 2009, el Instituto Nacional de Migración en el documento “Extranjeros Residentes en México”, revelaba que el 33.3 por ciento de los extranjeros residentes en México de 16 años o más, tenían como actividad principal el trabajo, sin embargo el 40.2 por ciento no especificaba el motivo de su estancia en el país, además de que en ninguna parte del documento se menciona el estatus de los extranjeros menores de 16 años.

TERCERO. Que la Trata de Personas es un delito, así como una forma de esclavitud, que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas, para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Actualmente, el problema de la trata de personas se presenta como uno de los retos a resolver en el ámbito internacional, tanto por su afectación a derechos fundamentales de reconocimiento universal, como por la caracterización de estas figuras como delitos transfronterizos.

CUARTO. Que en absoluta armonía con las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales suscritos por México, prevén garantías para mujeres víctimas de delito.

Así, en el artículo 4º, inciso g) de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, suscrita en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 1993, el Estado Mexicano se obligó a esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará” prevé que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacan los derechos a que se respete su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad personales; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y, a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. En los párrafos 4, 6 inciso d) y 14 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1985, consagra para las víctimas de los delitos, los siguientes derechos:

a) A ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad;

b) Al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido;

c) A que se minimicen las molestias causadas a las víctimas, que se proteja su intimidad, en caso necesario, se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; y

d) A recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

En el artículo 6º del Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar las Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, se establece la obligación, en este caso para México, de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la Trata de Personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicho ilícito así como a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la Trata de Personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil. Una de las principales motivaciones de estas disposiciones tienen directa relación con la obligación de proteger a las víctimas de Trata de Personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización, establecida en el artículo 9º, párrafo 1, inciso b) del mismo Protocolo Adicional.

QUINTO. La Trata de Personas es el tercer negocio ilícito en el mundo, después del narcotráfico y del tráfico de armas. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presentó en febrero de 2009 el documento: “Trafficking in Persons, Global Patterns”, en el que refiere que, aun cuando a nivel internacional se ha incrementado el número de consignaciones por el delito de Trata de Personas, éstas no corresponden proporcionalmente con el incremento del delito que se registra a nivel mundial. Que resulta significativo que el 40 por ciento de los países incluidos en este reporte no han notificado una sola consignación por este delito, en el período 2007-2008. Sin embargo, la ONUDD reporta que, a nivel global, la Trata de Personas con fines de explotación sexual sigue siendo la modalidad de este crimen que más se conoce y en torno a la cual se han generado la mayor cantidad de estadísticas. Así, de los casos identificados de Trata de Personas, 79 por ciento corresponden a casos de explotación sexual, y 18 por ciento, a casos de explotación laboral.

En México, específicamente en el Distrito Federal se ven reflejados los esfuerzos legislativos y de las autoridades de procuración e impartición de justicia del Distrito Federal, a partir de que entro en vigor la Ley General de Trata de Personas y que se perfeccionó el tipo delictivo, los siguientes datos son muestra de ello:

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal registró que el número de consignaciones por el delito de Trata de Personas fueron: 49 consignaciones en total, 32 de éstas con detenido y 17 sin detenido; 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias. Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reportó 27 consignados por Trata de Personas en el mismo período. Además en 2011 se realizaron 90 operativos dirigidos a atacar dicho delito.

Según la misma Procuraduría, no hay información sobre el destino de las mujeres rescatadas, lo cual revela la ausencia de políticas de seguimiento, apoyo y restitución del daño a las mujeres víctima de Trata. Asimismo que el total de las víctimas fueron mujeres, siendo los presuntos responsables en su mayoría hombres.

SEXTO. A pesar de esfuerzos realizados, no han sido suficientes para prevenir, erradicar y sancionar este grave delito, ya que de acuerdo con la ONUDD, México está catalogado como fuente, tránsito, y destino para la Trata de Personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados de diferentes nacionalidades. Todos ellos son enormemente vulnerables, debido a que viajan en medios de transporte de alto riesgo, utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen zonas por las que pasan; evitan contacto con autoridades, desconocen sus derechos, o bien, prefieren no ejercerlos, si ello implica volverse visibles; se encuentran lejos de los entornos de protección, no saben a quién acudir en caso de necesidad y desconocen las leyes del país.

SEPTIMO. De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF Sur), es posible afirmar que anualmente la frontera sur Guatemala-México, en promedio, es atravesada por 401 mil 364 personas con la finalidad de llegar, en la mayoría de los casos, a los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, es importante señalar que, con base en la información ofrecida por el Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades migratorias mexicanas aseguran y repatrian anualmente a 60 mil 248 personas migrantes, esto quiere decir que únicamente 1.5 personas migrantes de cada 10 son aseguradas y deportadas. Asimismo, del total de personas aseguradas anualmente por el Instituto, el 90 por ciento proceden de países centroamericanos (en orden de mayor a menor presencia: Guatemala, Honduras, el Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice). Esto equivale a que 9 de cada 10 personas migrantes aseguradas provienen de esta región.

Finalmente, del 100 por ciento de migrantes que cruzan la frontera México–Guatemala el 16.42 por ciento tienen como destino México, mientras que el 83.57 por ciento restante tienen como meta llegar a Estados Unidos. Este último dato es importante pues dimensiona de qué tamaño y tipo es la migración extranjera en nuestro país.

OCTAVO. La situación de indocumentados los hace presa fácil de delincuentes. Su intención de cruzar a Estados Unidos, los hace vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino. Con frecuencia, son víctimas del crimen organizado. Las mujeres migrantes, ven acentuada su condición de vulnerabilidad al ser víctimas de los secuestradores, aunado a abusos sexuales y violaciones. En otras ocasiones, las mujeres migrantes están expuestas a la amenaza de ser prostituidas o vendidas con fines sexuales a los tratantes de personas, riesgos que al convertirse en realidad, constituyen actos reprobables de victimización múltiple y continuada que hay que prevenir y castigar. La prostitución es la piedra angular del delito de trata, casi siempre anárquico. Este contexto social y cultural propicia que las víctimas sean una mercancía para la explotación, sufriendo horribles abusos, que son cerca de cuatro veces más graves y más frecuentes en mujeres extranjeras que en mujeres prostitutas locales.

NOVENO. Aunque en general, la Trata de Personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento, a nivel global, la trata con fines de explotación sexual continúa siendo la modalidad más visible. De los casos identificados, 79 por ciento corresponden a explotación sexual y 18 por ciento, a explotación laboral.

La corrupción permite que el proceso de trata continúe protegido, eludiendo la acción de la justicia, y propiciando la victimización de personas inocentes. Hablar de corrupción nos sitúa ante comportamientos que tienen una amplia repercusión social por su dimensión colectiva, y en el caso de la trata de personas, es una clara manifestación de cómo este fenómeno afecta el orden socioeconómico de un Estado, de tal manera que convierte a los sectores más vulnerables que la población en víctimas potenciales; es decir, podemos ver que este fenómeno es una de las consecuencias más graves y nocivas que existen sobre un país, ya que afecta directamente a los seres humanos en su libertad y en el desarrollo de su sexualidad.

DECIMO. Con base en el Convenio Marco suscrito por diversas Dependencias Federales a que hace referencia el Antecedente 6 del presente Punto de Acuerdo, los esfuerzos de las autoridades mexicanas, de los tres niveles de gobierno, deben dirigirse en un sólido frente coordinado hacia dos objetivos: el primero de ellos, a la detección, identificación y atención de personas de nacionalidad extranjera víctimas del delito de Trata de Personas, con absoluto respeto a sus garantías contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados suscritos y ratificados por el gobierno mexicano. El segundo objetivo, a prevenir y castigar las ocho modalidades del delito de Trata de Personas, que actualmente contiene la legislación penal mexicana.

DECIMO PRIMERO. Los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes, o similares, son espacios que facilitan que mujeres de origen extranjero, sean sujetas a explotación sexual comercial, o laboral, por lo que a efecto de proteger sus derechos e identificar a quienes son autores de estos ilícitos, deben continuarse e intensificarse los operativos del Programa Permanente contra “giros negros”, en las diversas Entidades Federativas, a través de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades Estatales y Municipales. Así como continuar con el procedimiento que debe aplicar el propio Instituto Nacional de Migración, en la detección, identificación y atención de personas de nacionalidad extranjera víctimas del delito, conforme al Oficio No. INM/334/2010, de 3 de septiembre de 2010.

Que de acuerdo lo que establece el Artículo 96 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración puede colaborar con las autoridades para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria, por lo que se propone que en el ámbito de esta atribución, que dicho Instituto se coordine con las autoridades competentes para que se realicen dichas verificaciones.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO. Se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de revisar el estatus migratorio laboral de extranjeros en México que laboran ahí, así como detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.”

CONSIDERACIONES

I. Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, procedimos al estudio de los postulados de las proposiciones de mérito, encontrándose que su contenido y los resolutivos propuestos resultan viables y oportunos.

Compartimos la preocupación de la legisladora al expresar que México es fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, con propósito de explotación sexual comercial y de trabajo forzado, tal como ha sido identificado por la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito: así mismo, el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América señala que cada año más de 20.000 niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata, especialmente en zonas fronterizas y turísticas.

Refiere la proponente, sustentando su dicho en diversas fuentes oficiales, agencias supranacionales y organizaciones no gubernamentales, que la mayoría de las víctimas tratadas en el país son extranjeras y sufren explotación sexual comercial. Al respecto señala la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito que son provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador; la mayoría para tránsito, en el camino a los Estados Unidos y, en un grado inferior, a Canadá y a Europa occidental.

Reconocemos que esas actividades criminales hacen vulnerables a miles de personas en nuestro territorio, sobre todo mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y consideramos encomiable que con el objetivo de reforzar las capacidades tanto del gobierno como de la sociedad civil para hacer frente a los retos asociados a este delito, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos hayan diseñado y se encuentren implementando la iniciativa conjunta “Trata de mujeres, niños y niñas en México”.

Así mismo, consideramos necesario apoyar los esfuerzos de divulgación respecto del impacto, las consecuencias de la trata de personas, así como los mecanismos de protección y asistencia a las víctimas de este ilícito.

II. Respecto de la caracterización de este delito, como transfronterizo, íntimamente ligado al fenómeno migratorio, los integrantes de esta comisión consideramos que es necesaria una mayor y más eficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno a efecto de dar a las acciones de combate en la materia un enfoque multidimensional que promueva la participación activa de instituciones federales, estatales y municipales junto con las entidades de la sociedad civil y los órganos de protección de los derechos humanos federal y estatales.

Reconocemos, como bien señala la proponente, que México cuenta con un amplio marco de instrumentos legales e internacionales destinados a la atención de las víctimas y la erradicación de este delito y que México ha sido parte activa en la definición y tipificación internacional de la trata de personas.

En este tenor, cabe hacer una breve reseña del proceso internacional que ha influido al actual marco jurídico, señalando que en la conferencia de derechos humanos de 1993, celebrada en la ciudad de Viena, Austria, se determinó que la Trata de Personas es una violación a los derechos fundamentales; en 1995, durante la cuarta conferencia internacional de la mujer, acaecida en Beijing, China, se presentan los primeros casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, particularmente de mujeres de Colombia, Benin y los Balcanes. Como resultado, se incluye el tema de la trata de personas en dos artículos de la declaración de Beijing; en 1996, por iniciativa de la Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Radica Coomasasway, se realiza el primer diagnóstico mundial sobre el tema de la Trata, recopilando información de los diferentes estados y autoridades, organizaciones internacionales y ONGs sobre casos y víctimas. Los resultados de esta investigación convencieron a muchos gobiernos de la necesidad de combatir el problema mediante la elaboración de instrumentos internacionales específicos; lo anterior da lugar a que entre 1997 y 2000, representantes de aproximadamente cien Estados inicien trabajos en Viena para la elaboración de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo contra la Trata; a la vez, en 2000, en el marco de una Conferencia Mundial convocada por la ONU, en Palermo, Italia 147 países firman la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos Protocolos Complementarios, siendo uno de ellos contra la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños, y un segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, dicha convención, ratificada ya por más de 120 Estados, incluyendo a México, entró en vigor en septiembre de 2003. Por primera vez un instrumento internacional define la Trata e insta a los Estados a crear mecanismos para su prevención, legislar internamente para combatirla y capacitar a sus funcionarios para aplicar dicha legislación. Así mismo, cabe señalar que el marco jurídico interno, ha sido adaptado tanto en las legislaciones penales federal y estatales, como en diversas leyes especiales.

No obstante el sólido marco jurídico internacional e interno, se calcula que México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas, calculándose que cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas deexplotación sexual, 85 mil son usados en actos de pornografía y en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, de conformidad con lo apuntado en el informedel departamento de estado de los Estados Unidos de América sobre trata de personas del año 2008, cifras que coinciden con las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo Internacional para laInfancia y la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres, quienes ubicana México en el quinto lugar mundial y que señalan que al menos 250 mil niños yadolescentes están inmersos en el comercio sexual.

III.- Reconocemos, como acertadamente apunta la proponente que los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes, o similares, son espacios que facilitan que mujeres de origen extranjero, sean sujetas a explotación sexual comercial, o laboral, por lo que a efecto de proteger sus derechos e identificar a quienes son autores de estos ilícitos, deben continuarse e intensificarse los operativos del Programa Permanente contra “giros negros”, en las diversas Entidades Federativas, a través de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades Estatales y Municipales.

Así mismo vemos con preocupación que aunque muchas de las víctimas de trata son explotadas en lugares abiertos y tienen contacto con la sociedad; no solicitan ayuda o escapan a sus captores, por diversas causas entre las que sobresale:

• Uso de la violencia o amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. Muchas veces, niños, niñas y mujeres jóvenes son golpeadas o violadas por sus explotadores como forma de mantenerlas sometidas. En el caso de violencia física se lastima a la persona en lugares no visibles, como el vientre o los muslos.

• Amenaza de ser enviadas a prisión o ser deportadas cuando son extranjeras en situación irregular, incluso a veces destacando las reales o supuestas relaciones de los tratantes con autoridades.

• Amenaza de represalias directas o a sus seres queridos. Muchas veces los tratantes investigan mínimos detalles de la vida familiar de la víctima, por lo que amenazan con lastimar a sus familiares en sus comunidades de origen.

• Decomiso o retención de documentos de viaje o identidad.

• Presión o chantaje por deudas o supuestas deudas contraídas son otros factores importantes para crear miedo, dependencia y vencer barreras psicológicas.

• Aislamiento social y lingüístico cuando se trata de extranjeras que no conocen el país o la localidad donde se encuentran (a veces no saben ni dónde están) y peor aún si no hablan el mismo idioma. Muchas veces las únicas personas con las que se tiene relación es con otras víctimas o los tratantes. Además, generalmente, se les niega cualquier tipo de asistencia médica.

• El suministro de alcohol o drogas es un método cada vez más utilizado.

• Exposición y estigmatización. La estigmatización infringida por el entorno social, al dificultar la reintegración, a menudo se considera la principal causa de la reincidencia entre las víctimas de la trata. Las mujeres víctimas frecuentemente son rechazadas por su familia o comunidad por haber sido obligadas a trabajar como prostitutas, por haber sido abusadas sexualmente, por no regresar con el dinero prometido o por dejar alguna deuda sin pagar.

Cabe señalar que aunque las causales antes referidas han sido identificadas por el Instituto Nacional de migración, quien las expone en el manual sobre atención a la trata de personas, publicado desde 2006 y vigente hasta la fecha, las instituciones encuentran graves dificultades para identificar a las víctimas y auxiliarlas. En este sentido, consideramos viable y necesario atender las la solicitud de la proponente a fin de que a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.”

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha quince de mayo de 2013, los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Acción Nacional presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“1. En días pasados, en un periódico de circulación nacional se dio a conocer el caso de la señora Tapia Jiménez, quien mediante una carta dirigida al Presidente de la República solicito se revisara la actuación de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el procedimientos que se está llevando a cabo para que su hija sea restituida a Bélgica.

En el año 2003, la señora Tapia Jiménez contrajo matrimonio civil en Estados Unidos con un señor de nacionalidad belga. El matrimonio estableció su domicilio conyugal en florida pero tiempo después se fueron a vivir a Bruselas, donde nació su hija en abril de 2006.

Estando en aquel país, el esposo las abandonó, promovió el divorcio y dejo de proveerles recursos económicos. Ante esa situación, y gracias a la ayuda de sus familiares, la señora Tapia pudo regresar a México junto con su hija el 26 de enero de 2012, esperando encontrar posibilidades de desarrollo para ambas.

2. A más de una año de la llegada de la señora Tapia a México, el 15 de abril de 2013, agentes de la Organización Policial Internacional (INTERPOL, por sus siglas en inglés) se presentaron en la escuela de la niña. En ese momento se hizo del conocimiento de la señora Tapia del procedimiento de restitución de su hija a la ciudad de Bruselas en Bélgica.

Una vez en el Juzgado 8°de lo Familiar del distrito familiar, se le notifico que existía un procedimiento fundado en el convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Ahí se le hizo saber a ella y a sus abogados patronos que la cancillería había participado desde el inicio mismo del procedimiento.

Unos días después, el 7 de mayo, el Juez de la causa ordeno la restitución inmediata de la menor. Y para dar cumplimiento a esta resolución se contó con el acompañamiento y apoyo del personal de la Cancillería. Sin embargo, dicha situación se evitó por la orden de un Juez Federal que concedió la suspensión del acto.

3. Es de señalarse que el convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que tiene como fin específico garantizar el retorno inmediato de los niños y no el de pronunciarse sobre la validez legal del derecho de custodia de los progenitores, prevé que los Estados contratantes designen a una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el Convenio. En nuestro país, la Secretaria de Relaciones Exteriores es la autoridad que tiene designada esa función.

Al respecto, el artículo 7 de la Convención establece que las Autoridades Centrales deben adoptar las medidas apropiadas que permitan, entre otras cosas: a) localizar al menor trasladado; b) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable; c) incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo con el objeto de conseguir la restitución del menor; y d) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado.

Sin embargo, a estas facultades se suma la obligación de velar por el interés superior del niño en todas las decisiones que la Secretaria de Relaciones Exteriores debe tomar a las sustracciones internacionales de menores de edad.

Ante el hecho innegable de que es el niño el que más sufre en este tipo de procedimientos, el Convenio aboga por que las Autoridades Centrales respeten la opinión del niño, según su grado de madurezy desarrollo, así como a resolver cada situación interpretando el verdadero interés del niño: “En algunas ocasiones esa decisión de parte de la Autoridad Central puede incluso favorecer al sustractor en cuyo caso negaría los postulados del Convenio mismo. Para ello el Convenio admite excepciones al retorno, las cuales se inspiran en esteprincipio a favor de los interés del menor de edad”.

En específico, la propia Convención señala que, si así lo determina la autoridad judicial competente, se puede negar la restitución de los menores en los casos siguientes:

a) Si se demuestra que la persona que se hubiere hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención;

b) Si existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psicológico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable;

c) Si el menor ya se encuentra habituado al lugar en el que se encuentra; y

d) si se comprueba que el menor se opone a la restitución, cuando haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.

En consonancia con lo anterior, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil ha señalado que el artículo 13 del multicitado Convenio exige el desahogo de todas y cada una de las etapas que constituyen un procedimiento en sede jurisdiccional si existe oposición cuando se den los supuestos arriba señalados.

Y es en este contexto que la Cancillería debe realizar las actuaciones que le impone el citado Convenio Internacional.

Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de un asunto de orden Público e interés social, desde esta soberanía debemos exhortar a la Secretaria de Relaciones Exteriores a apegar su actuación a lo que manda el convenio sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Ni a más, ni menos.

De igual manera, es necesario que la Cancillería haga de conocimiento de esta Asamblea la normatividad interna o las guías con base en las cuales desempeña sus funciones y obligaciones en situaciones relacionadas con la restitución de menores trasladados o retenidos ilícitamente en el territorio nacional.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a que se instruyaa los servidores públicos de la dependencia a su cargo para que, en los casos de restitución de menores trasladados o retenidos ilícitamente en el territorio nacional, apeguen su actuación estrictamente a lo que establece el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.”

“SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en uso de sus atribuciones, revise la actuación de los servidores públicos adscritos a la Secretaria de Relaciones Exteriores que han tenido alguna participación en el caso de la señora Tapia Jiménez y su hija.”

“TERCERO.- Se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores para que proporcione al Senado de la República las guías o los criterios que ha adoptado la dependencia a su cargo, como Autoridad Central para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación de los legisladores proponentes respecto a que la Restitución internacional de menores es un tema de orden público e interés social ya que la globalización ha modificado los escenarios sociales, culturales, políticos y económicos de movilidad de las personas, pese a lo cual, la familia continua siendo un factor fundamental para el desarrollo de todo niño, al ser responsable de protegerlo y proporcionarle un ambiente de afecto, cuidado y bienestar.

Dado el fenómeno social de la sustracción de menores, a nivel mundial,miles de niños han sido, y siguen siendo sustraídos de sus hogares por alguno de sus progenitores o alguna otra persona, con distintas causas entre ellas la disputa que existe entre padre y madre por sus hijos.

La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores se aplica en nuestro territorio de conformidad con los Principios de Derecho Internacional relacionados con la protección de los derechos fundamentales del menor y el pleno Respeto a las Garantías de Audiencia y Defensa previstas en los artículos 14 y 16 de nuestraCarta Magna. Siendo México el estado en el que se encuentran los niños sustraídos, deberá garantizar el interés superior de los menores, en todas y cada una de sus actuaciones.

II.- Realizando una interpretación sistemática del contenido del Convenio citado, se desprende que el procedimiento de restitución de los menores sustraídos ilegalmente, tiene por objeto que el menor sea devuelto al lugar de residencia habitual, sin embargo, esa restitución debe ser lo menos impactante para el menor de que se trate. Existe una posibilidad de negar dicha restitución, cuando se acredite alguno de los supuestos contenidos en los artículos 12 y 13 del Convenio señalado, que limitativamente son las únicas causas a favor del niño por las que pudiera negarse la restitución.

Lo anterior, principalmente por la obligación que tiene cualquier autoridad de que, al resolver una cuestión concerniente a un menor, se observe primordialmente el interés superior del niño, lo cual no esotra cosa más que realizar lo necesario para que se le proteja de todos los peligros físicos o psicológicos, que pudieran suscitarse en el caso específico.

En este sentido el compromiso de los Estados signatarios del convenio sobre los Aspectos civiles de las Sustracción Internacional de Menores, trata fundamentalmente de garantizarun retorno al status quo y decidir de esa forma cualquier desavenencia entre las partes en el Estado de residencia habitual del menor de edad, sin ventajas para uno u otro.

III.- Esta comisión dictaminadora considera que la propuesta de mérito en relación al caso específico de la menor citada en el punto de acuerdo, no puede ser abordada por esta comisión toda vez que en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 14 fracción 4, se considera como información reservada la relacionada con los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado. Como es el caso de la menor que menciona el punto de acuerdo, el cual en este momento se encuentra en sustanciación jurisdiccional, por lo que la información se clasifica como reservada, de tal modo que esta soberanía está impedida a pronunciarse del caso en concreto.

En ejercicio de sus facultades la segunda comisión solicito a la Ministra, Reyna Torres Mendívil, Directora General de Protección a los Mexicanos en el Exterior, acudir a una reunión de trabajo para mejor proveer la comprensión del tema de sustracción y restitución de menores en términos generales y la situación del caso concreto referido a la menor citada.

Por lo tanto se tiene por cumplimentado el requerimiento de información contenido en el punto de acuerdo en el que se solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores, durante la reunión de trabajo realizada el día 4 de junio de 2013, ya que la información proporcionada por la Ministra Reyna Torres Mendívil,a consideración del pleno de la segunda comisión fue suficiente para comprender el fenómenoy la actuación de las autoridades en la sustracción y restitución internacional de menores.

A lo largo de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Segunda Comisión de Trabajo ha tratado diversos temas respecto a la situación que guarda la política exterior mexicana, en este caso debe considerarse con gran importancia tratándose de la integridad y seguridad jurídica de los menores a los cuales hay que garantizar el pleno desarrollo, físico, intelectual, familiary social que se necesita para brindar una formación adecuadaa quienes serán los ciudadanos del futuro.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se tiene por atendida la petición de los proponentes del punto de Acuerdo que origina este dictamen, mediante la visita de la Ministra, Reyna Torres Mendívil, Directora General de Protección a los Mexicanos en el Exterior.

SEGUNDO.- Esta comisión permanente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción 4, de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, encuentra impedimento legal para pronunciarse sobre el caso específico señalado en las consideraciones de la proposición de mérito.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la campaña de información sobre la situación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que la LXII Legislatura manifiesta su beneplácito ante la discusión y pronta aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las gestiones que ha hecho para garantizar la plena implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención de la violencia fronteriza; así como la diversa que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de difusión y concientización sobre la actual situación del proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos, evitando que la población en general sea víctima de fraudes derivados de la desinformación

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de mayo de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la primera de las proposiciones señaladas en el proemio del presente dictamen.

2.En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3.Con fecha 15 de mayo de 2013, el propio Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la segunda de las proposiciones de mérito.

4.En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la primera de las proposiciones que se dictaminan, el legislador proponente, establece expresamente como antecedentes y consideraciones:

“La visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el pasado 2 y 3 de mayo, es sin duda un hecho positivo que fortalece nuestra relación con el país vecino del norte.

Y es que en los últimos años la agenda bilateral con Estados Unidos ha sido regida por un solo criterio guía, el del combate al narcotráfico, desdeñando aspectos fundamentales como son la relación comercial y, sobre todo, el problema de la migración.

Es alentador que en las reuniones que tuvo el mandatario estadounidense con el Presidente Enrique Peña Nieto se hayan tratado temas indispensables en una agenda bilateral tan robusta como la que nuestros países están destinados a mantener.

Por supuesto que hay que celebrar que en materia de educación se haya firmado un acuerdo de cooperación. Por lo que se sabe, dicho acuerdo consistirá en la creación de un foro bilateral para la educación, innovación e investigación, con el objetivo de “expandir las oportunidades económicas para los ciudadanos” de los dos países, según detalló la Casa Blanca en un comunicado.

A través de este foro, los dos Gobiernos impulsarán “un mayor acceso a la educación post-secundaria” para grupos demográficos tradicionalmente desatendidos, en particular en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También se buscará incrementar los intercambios educativos entre ambos países.

En materia de justicia, es igualmente alentador queel presidente Obama reiterara el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de México para un sistema de justicia acusatorio transparente, efectivo y eficiente. Se enfatizó además que se conjuntaran esfuerzos contra los usos financieros ilegales y el tráfico de armas, así como medidas para consumir el consumo de drogas y sus consecuencias.

En lo que a intercambiocomercial respecta, el jefe del Ejecutivo tiene razón al destacar que la relación económica con Estados Unidos “es de la mayor relevancia”, ya que el contenido de las exportaciones que tiene México hacía Estados Unidos tiene 40 por ciento de insumos norteamericanos. Es por lo anterior que establecer un diálogo económico de alto nivel, para reforzar la relación comercial que en 2012 fue de 500 mil millones de dólares, resulta de la mayor relevancia.

Es vista de lo expresado por el mandatario estadounidense y el Presidente de México los pasados días 2 y 3 de mayo, y en mérito de los temas que se trataron, esta reunión se podría calificar como exitosa. Su análisis dependerá, finalmente, de los resultados que se logren concretar, sin embargo, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, una vez más el tema de la migración fue tratado tangencialmente, de manera superficial. De igual manera el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México.

La tan mencionada reforma migratoria que está por aprobarse en el congreso estadounidense, vista con tan buenos ojos por todos nosotros, como lo expresamos con sendos puntos de acuerdo y felicitaciones al legislativo de nuestro país vecino, es de mayúscula importancia. Por eso es que llama la atención que a dicho tema no se le haya otorgado preeminencia, buscando patentizar cuáles son las principales preocupaciones del gobierno Mexicano en la defensa de nuestros paisanos que viven en aquel país.

Su servidor ha terminado una gira de trabajo en las ciudad de Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de reunirme con diferentes organizaciones, así como con el Cónsul general de México en Los Ángeles, David Figueroa Ortega, pude recabar el sentir de nuestros paisanos que allá residen.

Es nuestra labor como legisladores defender en todo momento, en la medida de nuestras posibilidades, los intereses de los ciudadanos mexicanos, tanto aquí como en otros países. Por lo anterior resulta imperativo hacer uso de todo mecanismo internacional a la mano, así como recurrir a una correcta negociación política, al más alto nivel, para poderresponder a las necesidades de la población migrante, garantizando que puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos y puedan hacer uso de sus derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo digno. De igual manera es importante pedir que la reforma migratoria parta del reconocimiento de la gran aportación a la economía que han dado los migrantes de ambas naciones.

Otro aspecto que no fue tratado a cabalidad durante la visita de Barack Obama fue el concerniente a la administración de la frontera que compartimos entre los dos países, la más grande del mundo.

Han sido ya varios los sucesos que nos han agraviado como sociedad, como nación, y que lamentablemente no fueron abordados. Me refiero al asesinato de ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Es indispensable que se sienten, y que sobre todo se respeten, las bases para el uso de fuerza letal en la frontera. En este sentido se han presentado ya varios puntos de acuerdo, sobre todo después del cobarde asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza, el 3 de septiembre de 2012.

Es claro que existe un alevoso patrón de conducta por parte de esta agencia estadounidense. Una prepotencia e impunidad que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en la frontera, que lesiona la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países. Sin embargo, al Gobierno de Estados Unidos esto no parece preocuparle.

Ante esto resulta imperativo exigirle al Gobierno de Estados Unidos, nuevamente, el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza”.

Por lo que toca a la segunda de las proposiciones, el autor señala textualmente:

“A nadie le es ajeno que el Proyecto de Reforma Migratoria anunciado en Estados Unidos ha levantado mucha expectativa. De este lado de la frontera no se han hecho esperar los aplausos y manifestaciones de encomio, incluso en esta Soberanía, donde se han presentado varios Puntos de Acuerdo al respecto.

Y es que la reforma en comento significa un hito, un auténtico parte aguas en la historia de nuestro país vecino del norte. La intención, por parte del gobierno estadounidense de enfrentar el fenómeno migratorio, responde particularmente a la relevancia que ha venido teniendo la población migrante en la economía de ese país; su contribución al PIB, de 1994 a 2010, se cuadruplicó. En 2010 tal aporte ascendió a $586 mil millones de dólares, cifra equivalente al 4% del PIB de Estados Unidos y 38% del PIB mexicano, así como 76% de la inversión extranjera directa captada en México. Más significativo aún resulta el hecho de que, entre 1994 y 2010, el PIB de Estados Unidos creció en términos reales $4,219 mmdd (a precios de 2010); a este incremento los mexicanos aportaron 358 mmdd, lo que corresponde al 8% de ese crecimiento.

Esta reforma significa también un gran avance en materia de regularización de la población migrante. En este sentido, actualmente se analiza la posibilidad de otorgar a los inmigrantes indocumentados, que se registren ante el gobierno federal, un estatus provisional de residencia y empleo. Para ello los inmigrantes deberán someter sus datos biométricos, demostrar que no tienen antecedentes penales y pagar una multa y el costo del proceso para poder ser elegibles al estatus provisional.

Como parte del proceso para conseguir la residencia permanente, el gobierno de Estados Unidos pretende que los solicitantes paguen impuestos, se sometan a un escrutinio nacional para garantizar que no tienen antecedentes penales, se registren para ofrecer servicios selectivos, paguen otras cuotas y multas, y finalmente  la obligación de hablar inglés.

Cabe mencionar que, en este punto, nuestra principal preocupación como Grupo Parlamentario, y que hemos patentizado ya públicamente, es lograr garantizar que los migrantes puedan regularizar su estancia en los Estados Unidos, adquiriendo cabal ejercicio de sus derechos universales a la alimentación, la salud, la educación y el trabajo digno. De igual manera, es importante recalcar que la reforma migratoria parta del reconocimiento de la gran aportación a la economía que han dado los migrantes de ambas naciones.

La discusión de este Proyecto de Reforma Migratoria en Estados Unidos ha alentado la esperanza de millones de migrantes mexicanos. Las consecuencias positivas, que la entrada en vigor de esta reforma significaría, son ya ávidamente esperadas por nuestros connacionales. Lamentablemente, esto todavía no es una realidad. Hay que estar conscientes de ellos, sobre todo en vista de que ahora  empiezan a surgir grupos de individuos sin escrúpulos que buscan lucrar con la ilusión de nuestros paisanos.

A raíz del anuncio de la posible legalización de migrantes, que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, han surgido supuestos gestores que ofrecen, en las comunidades rurales y sectores marginados, trabajo y los beneficios que traerá la reforma migratoria, lo cual es inviable y totalmente falso.

Para nadie es desconocida la gran necesidad de empleo que existe en nuestro país, origen de la migración hacia los Estados Unidos. De esa necesidad están abusando defraudadores para ofrecer empleo y legalización en el vecino país, llegando incluso al extremo de anunciarse en la radio y en los diarios locales para ofrecer sus servicios, aunque recurren principalmente al contacto directo en lugares de amplia concentración de desempleados como son terminales de autobuses, mercados de abasto y colonias populares.

El pasado fin de semana, durante una gira en la región Mixteca Oaxaqueña, la más pobre y principal expulsora de migrantes en el Estado de Oaxaca, pude escuchar el interés de las familias por la reforma migratoria, atestiguando también, de primera mano, los ofrecimientos de empleo y legalización que hacen supuestos gestores para enganchar a jóvenes, principalmente, a cambio de grandes cantidades de dinero.

Lamentablemente, lo mismo está sucediendo en otras partes del país, e incluso en Estados Unidos, donde a migrantes se les asegura que hay una lista de espera para legalizarse, pidiéndoles dinero para efectuar determinados trámites. Hasta el momento se tiene conocimiento de 8 fraudes en el condado de Yuma, Arizona, y dos en San Luis Río Colorado, donde gente ha entregado dinero hasta 2 mil 500 dólares ante la promesa de que les arreglarán documentos de migración para que estén legalmente en ese país, lo cual es falso pues todavía no se aprueba la mencionada reforma migratoria

Es realmente urgente ponerle un alto a estos fraudes. Para lo anterior resulta indispensable que el Gobierno federal instrumente una campaña de difusión sobre el estado actual de la Reforma Migratoria, toda vez que la gente está siendo víctima de estos ilícitos por desconocimiento del tema.

Se debe hacer hincapié en que ésta no es todavía una ley, sino una propuesta que está siendo discutida en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América, por lo cual aún no hay aplicaciones para la reforma migratoria.

De igual manera, es imperativo clarificarle a la población que el actual texto que se está analizando en el legislativo estadounidense contempla que, para obtener la ciudadanía americana, los residentes permanentes tendrán que esperar cinco años, siendo los inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que han estado por lo menos dos años en la universidad, o en las fuerzas armadas, quienes podrán obtener la residencia permanente con mayor facilidad”.

CONSIDERACIONES

I.- Como es del conocimiento público, actualmente el Congreso norteamericano se encuentra en el proceso de discusión de una importante reforma migratoria, para lo cual se han celebrado una serie de audiencias públicas y, según dan cuenta diversos medios de comunicación, entre otras cosas se han rechazado una serie de enmiendas encaminadas a desvirtuar el proyecto de ley.

Más aún, el pasado 21 de mayo, el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de reforma con 13 votos a favor y 5 en contra, por lo que la siguiente etapa consistirá en su discusión en el pleno de la Cámara Alta y, en su caso, eventualmente será enviada a la Cámara de Representantes.

II.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos el punto de vista del legislador proponente respecto a la relevancia que la discusión y eventual aprobación de la reforma migratoria en los Estados Unidos de América implica para México, y de manera particular para los migrantes mexicanos que se encuentran en el vecino país.

A este respecto vale la pena recordar que según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI y dada a conocer en el mes de diciembre de 2012, México ocupa el primer lugar entre las diez naciones que más población expulsan, por delante deIndia, Rusia, China, Ucrania, Bangladesh, Pakistán, Reino Unido, Filipinas y Turquía. Asimismo señala que el 28.2% de los migrantes radicados en los Estados Unidos son mexicanos.

Por otro lado, el Anuario de Migración y Remesas 2013 elaborado en colaboración por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y BBVA Research, señala que los migrantes mexicanos en Estados Unidos contribuyen con una generación de riqueza de 8% del PIB de esa nación, del cual únicamente los que se encuentran en situación irregular aportan el 4%. Asimismo se calcula que los migrantes mexicanos pagan al fisco norteamericano alrededor de 50 mil millones de dólares de impuestos anuales.

III.-En virtud de lo anterior, tal y como lo señala el proponente, de ser aprobada la reforma migratoria constituiría un reconocimiento a la contribución de la población migrante a la economía de ese país, pero significaría también la posibilidad de regularizar su situación migratoria bajo determinados requisitos, tales como un tiempo mínimo de residencia, la acreditación de no antecedentes penales y el pago de un multa.

En ese orden de ideas esta Comisión dictaminadora comparte y hace suyo el beneplácito externado en la primera de las proposiciones de mérito, ante la discusión de un tema que desde hace años resultaba necesario y urgente para garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los migrantes que buscan en el vecino de país mejores oportunidades de empleo y desarrollo, urgencia que se incrementó durante las últimas dos décadas a partir de la Propuesta 187 en el Estado de California y muchas otras hasta llegar a la Ley SB1070 en Arizona en 2010.

IV.- Ante tal panorama, los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten plenamente la preocupación que plantea el proponente, derivada del surgimiento de individuos que buscan lucrar con el tema, abusando del desconocimiento, la falta de información y la buena fe tanto de migrantes mexicanos en territorio norteamericano como de potenciales migrantes en territorio nacional, defraudándolos con ofrecimientos de empleo y regularizacióna cambio de considerables cantidades de dinero, bajo el amparo de una reforma migratoria que en realidad aún no ha sido aprobada, sino que, como ya se señaló, se encuentra en etapa de discusión y análisis en el Senado estadunidense.

En ese sentido esta dictaminadora considera de suma relevancia realizar un pronunciamiento a fin de que las instancias correspondientes lleven a cabo las acciones necesarias tendientes a prevenir y evitar la consumación de este tipo de fraudes en contra de nuestros connacionales, toda vez que resulta inaceptable despojarles de los recursos que con tanto trabajo, sacrificios e incluso riesgos han logrado obtener.

Por tal motivo esta Segunda Comisión considera pertinente la instrumentación de una campaña de difusión de información sobre la situación del proyecto de reforma migratoria, dirigida de manera particular a la población migrante, con el fin de prevenir la posible comisión de fraudes en su contra.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de nuestra red consular, se refuerce la campaña de información sobre la situación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos, alertando a la población sobre posibles fraudes que se susciten por desinformación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República a implementar las acciones necesarias para responder de manera expedita y oportuna a toda solicitud de documentos de registro civil e identificaciones personales, con especial atención a las realizadas por mexicanos en el exterior o sus familias en territorio nacional.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las proposiciones con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo a realizar las acciones conducentes a fin de responder desde ahora a la demanda de documentación por parte de migrantes mexicanos no autorizados en caso de aprobarse este año una reforma migratoria integral en Estados Unidos, y por la que se exhorta a los gobiernos de los estados a que instruyan a sus directores del registro civil a establecer mecanismos ágiles y prontos para la atención de solicitudes de actas de nacimientos de sus coterráneos en los Estados Unidos de Norteamérica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha cinco de junio de 2013, el Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a realizar las acciones conducentes a fin de responder desde ahora a la demanda de documentación por parte de migrantes mexicanos no autorizados en caso de aprobarse este año una reforma migratoria integral en Estados Unidos.

2. Con fecha cinco de junio de 2013, la Diputado Cristina Ruíz Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a que instruyan a sus directores del registro civil a establecer mecanismos ágiles y prontos para la atención de solicitudes de actas de nacimientos de sus coterráneos en los Estados Unidos de Norteamérica.

3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los proyectos en estudio se encuentran debidamente fundados y motivados, componiéndose cada uno de un capítulo de consideraciones y uno de resolutivos

La proposición del Diputado Miguel Alonso Raya señala expresamente:

“En Estados Unidos trabajan alrededor de seis y medio millones de migrantes mexicanos no autorizados que podrían calificar a la legalización en caso de que el Congreso estadounidense apruebe una reforma migratoria integral.

Legalizar su condición migratoria, y de ser el caso, la de cónyuges e hijos, representaría para esos millones de mexicanos un beneficio de singular importancia para su dignidad, derechos y esperanza de mejor futuro. Por otra parte, la regularización migratoria de millones de ciudadanas y ciudadanos inauguraría una promisoria relación del Estado con las comunidades mexicanas en el exterior, abriría nuevos caminos al desarrollo de México, y daría una sólida base a la relación con Estados Unidos.

Sin embargo, para lograr la legalización, nuestros migrantes necesitarían, entre otras cosas, tener documentos que acrediten, por ejemplo, ciudadanía, estado civil, y paternidad o maternidad.

La demanda de documentos como los anteriores ya comenzó, y registrará un aumento sin precedente en la medida que siga avanzando el proceso legislativo para aprobar la reforma migratoria, y que los medios de comunicación alienten la expectativa de legalización.

Incluso, puede suponerse que aun los migrantes que poseen documentos como el acta de nacimiento volverán a solicitarlos sea en México o en los Consulados, con el propósito de estar más seguros y tener papeles de reserva para cualquier eventualidad.

Hoy por hoy, como ya lo han manifestado públicamente funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se cuenta siquiera con planes de coordinación de los distintos niveles de gobierno en México, y de éstos con la red consular en Estados Unidos, para responder de manera expedita a la demanda de documentos por parte de nuestros migrantes.

Así mismo, no existe una estimación fundamentada sobre presupuesto y recursos humanos,  materiales y tecnológicos que necesitarán, por ejemplo, los Consulados y Municipios para responder a la demanda de documentos. Más aún, se ignora el número de migrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos que no fueron registrados al nacer, y en consecuencia, carecen de acta de nacimiento y de cualquier otro documento que acredite su nacionalidad e identidad.

Por todo lo anterior, es de interés nacional hacer cuanto se requiera para que todas y todos los migrantes mexicanos que califiquen a la legalización, en caso de que el Congreso estadounidense apruebe una reforma migratoria, efectivamente la adquieran.

De igual manera es un deber prioritario del Estado garantizar que quienes han nacido en México, y aquí estudiaron, contrajeron matrimonio o procrearon hijos, cuenten con los documentos que lo acrediten, haya o no reforma migratoria en Estados Unidos.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que en apego a sus  atribuciones y responsabilidades, y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos municipales, lleve a cabo las acciones conducentes a fin de responder, en su momento, a la demanda sin precedente de documentos que originaría la aprobación de una reforma migratoria integral en Estados Unidos.

SEGUNDO. Con independencia de la aprobación de dicha reforma migratoria, la Comisión Permanente exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que realice un programa para que los migrantes en Estados Unidos tengan acceso a la documentación que acredite su nacionalidad, identidad y estado civil.

Por su parte, la Diputada Cristina Ruíz Sandoval refiere lo siguiente:

“No podemos dejar de reconocer la realidad migratoria de nuestro país, somos nación de partida, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. La movilidad humana es un signo que marca nuestra identidad como nación y como tal debemos de asimilar este fenómeno a partir de un proceso que adecúe nuestras legislaciones, propuestas y acciones a las principales demandas de todos aquellos connacionales  que representamos aún más allá de nuestras fronteras.

Cifras oficiales vaticinan que el número de mexicanos que emigran a Estados Unidos podría ubicarse entre 230 mil y 330 mil al año para el periodo 2011-2017, una cifra similar al promedio entre 2000 y 2007, pero menor al record histórico, revela un reciente estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI), el cual también menciona que el aumento de la migración neta de mexicanos a Estados Unidos podría reflejar una nueva mezcla del tipo de migrantes e incluir a más trabajadores especializados.

Este escenario tiene un matiz particular, estamos viendo que Estados Unidos se encuentra inmerso en un debate intenso sobre lo que tiene que hacer con la comunidad hispana que ya constituye la primera minoría en ese país.

Hoy México vive también un escenario especial respecto a los connacionales que viven en el exterior, particularmente con aquellos que por diferentes razones se encuentran en Estados Unidos y que constituyen la absoluta mayoría en comparación con nuestra presencia en cualquier otra nación del mundo.

Esto ha generado una situación por demás difícil de parte de algunos estados o actores políticos de la unión americana que aprovechándose de la vulnerabilidad con la que se encuentran nuestros connacionales así como inmigrantes de otros países -principalmente de origen hispano- están impulsando legislaciones que rayan en la xenofobia y el racismo. Esto no puede ni debe de pasar desapercibido para esta soberanía y para nuestro país. Ante esta oleada que en 2012 generó en diversas entidades de los Estados Unidos de América  cerca de mil legislaciones antiinmigrantes, hemos encontrado la luz de acuerdos y resoluciones que han permitido a nuestros connacionales en el exterior acceder a servicios elementales en las comunidades de destino.

Desde esta soberanía hemos aprobado puntos de acuerdo que han expresado su beneplácito por la legislación que impulsó el estado de Illinois en la que se ha permitido que los inmigrantes sin importar su condición migratoria accedan a la obtención de una licencia de conducir, recientemente vemos también con alentadora alegría que el 30 de mayo de 2013 el Senado de Connecticut en una apretada votación de 19 contra 16 aprobó una legislación que permitirá que miles de personas sin importar su status migratorio puedan acceder a licencias de conducir en ese estado. Este documento y estas acciones podría parecernos no tan relevante en contraposición a las aspiraciones de millones de connacionales en la nación americana, sin embargo si consideramos que con ello los inmigrantes mexicanos pueden acceder a servicios, a identificarse y en algunos casos las instituciones bancarias y/o financieras les permiten el manejo de cuentas, no se debe tomar esta acción como asunto menor.

Actualmente, cuatro estados -Nuevo México, Utah, Washington e Illinois- ofrecen licencias de manejar a indocumentados. Hace apenas unos años, 18 de los 50 estados que conforman los Estados Unidos concedían licencias de manejar a indocumentados. En 2012, la Cámara de Representantes de Illinois, aprobó iniciativa para otorgar licencia de manejo estatal con duración de tres años, para inmigrantes irregulares. Entre los requisitos  que se solicitan para la obtención de la licencia se cuentan dos documentos que confirmen la identidad del solicitante.

Es de todos sabido que para que cualquier ciudadano de nuestro país ya sea en México o en el exterior para poder obtener el pasaporte y/o la matrícula consular debe presentar su acta de nacimiento.

Otras Iniciativas legislativas

Tanto en el estado de Washington como en Nuevo México hay diversas iniciativas legislativas que aspiran a poner fin al hecho de que esos dos estados conceden licencias de manejar a inmigrantes indocumentados. En concreto en Nuevo México su gobernadora, la republicana Susana Martínez, pone gran énfasis en acabar con esta excepción que ya sólo pervive en estados. De hecho en la más reciente que ha sido la de Connecticut vemos no solo lo apretado de la votación refiere la necesidad de congratularnos de estos logros, sino que además se mezclan otros argumentos ajenos al propósito central de un logro tan significativo como este. Cabe mencionar que la medida fue apoyada por el gobernador de Connecticut, DannelMalloy y entrará en vigor a partir de enero de 2015.

En el lado opuesto a Nuevo México, el estado de Washington y Utah se ubica Alaska, que es el único estado que exige explícitamente que para obtener la licencia de manejar es necesario probar que se es ciudadano estadounidense, o canadiense o que se está legalmente residiendo en Estados Unidos.

En marzo de 2013, el representante estatal demócrata Roberto Alonzo que representa al distrito 104 en la Cámara de Representantes, comprendido en Dallas, presentó un proyecto, HB3206, que pretende revertir una ley estatal aprobada en 2011 según la cual es obligatorio demostrar un estado inmigratorio legal para poder solicitar una licencia de conducir o para renovarla. De aprobarse dicha iniciativa, se permitiría que en Texas, se les otorgara licencias de manejo a inmigrantes indocumentados.

A inicios del mes de abril de este 2013, La Cámara de Delegados de Maryland aprobó un proyecto de ley que permitirá otorgar licencias a inmigrantes indocumentados en la entidad, luego que la iniciativa fue avalada la semana pasada en el Senado estatal. La legislación, que se espera sea promulgada próximamente por el gobernador Martin O Malley, permitirá otorgar una licencia de conducir especial a las personas que lo soliciten y que carezcan de un número de Seguro Social o de alguna prueba sobre su estatus migratorio.

Sin embargo, los solicitantes, tendrán que aprobar los exámenes escritos y orales, como el resto de los conductores. Los inmigrantes deberán mostrar una prueba de identificación, como un Acta de nacimiento o un pasaporte, así como dos años de declaración de impuestos en Maryland.

La aprobación del Senado de Connecticut nos da elementos para que actuemos también en lo posible y en lo necesario en México, ya que al aprobar la concesión de permisos para conducir a inmigrantes, sin importar su situación legal nos alerta sobre la necesidad de que nuestros connacionales tengan facilidades en sus documentos de relevancia tales como las actas de nacimiento las cuales tardan mucho en ser entregadas en los consulados mexicanos.

Ante ello, vemos que lo que ya ha acontecido en Consulados como el de Chicago en donde ante esta favorable acción de otorgar licencias, gran cantidad de connacionales se han volcado a esta instancia diplomática para solicitar sus Actas de nacimiento, pasaporte o matrícula consular. Tan solo el área circunscrita al Consulado General en Chicago Illinois se estima que abarca a cerca de tres y medio millones de personas de origen mexicano.

De sobra reconocemos que a pesar de tener una de las redes consulares más grandes del mundo en Estados Unidos, resulta insuficiente para nuestros representantes el poder dar atención pronta y efectiva a todos los conciudadanos que demandan su documentación tales como actas de nacimiento, pasaportes y matriculas consulares entre otros importantes instrumentos legales de identidad mexicana; sobre ello, el tema de las actas de nacimiento involucra directamente a los gobiernos estatales ya que son los directores del registro civil de cada entidad los responsables de implementar y dar cumplimiento a las solicitudes que se tienen de este documento por parte de los diversos consulados de México en la Unión Americana.

Por ello, el propósito del presente exhorto es hacer un llamado urgente a los gobiernos estatales a que se dé una especial atención a este tema ante lo que está aconteciendo en Estados Unidos, donde ya varios estados se están abriendo a la posibilidad de otorgar licencias de conducir a inmigrantes irregulares y por ello, es fundamental que desde el estado mexicano podamos incentivar mecanismos y favorecer los medios posibles para que los mexicanos que habitan en Estados Unidos cuenten  con la documentación debida en tiempo y forma y no sea este un impedimento para poder acceder a este beneficio.

Recientemente en el Pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos un encuentro con el Embajador de Estados Unidos Anthony Wayne e integrantes de su equipo de trabajo, en donde en mi calidad de Secretaria propuse fortalecer a través de la Comisión la posibilidad de intercambiar información sobre este tema ya que este asunto también afecta a esa nación con respecto a los connacionales que son ciudadanos que nacieron ahí o bien que tienen estudios o documentos oficiales emitidos por autoridades estadounidenses. Específicamente el tema de las apostillas para toda esta documentación.

Ante ese escenario, y en atención a la conformación del “Grupo de Trabajo para Mejorar la Asistencia y Protección Consular” conformado en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta H. Cámara de Diputados estableceremos una agenda común pronta que permita impulsar exhortos y legislaciones que coadyuven a garantizar los derechos civiles de los compatriotas y ciudadanos de nuestro país.

Por ello, debemos actuar en concordancia con esta realidad y acceder a mejores condiciones en cuanto a la posibilidad de coadyuvar en este proceso y que nuestros connacionales se encuentren preparados para enfrentar una necesidad de que los paisanos tengan sus documentos disponibles para poder ingresar a este beneficio legal que ya se está dando en varias entidades de la Unión Americana.

Para solicitar el acta de nacimiento es necesario llenar un formulario disponible en los consulados o embajadas de México ya sea de cualquier entidad federativa o del Registro Civil del D.F.

Una vez recibida su solicitud, se hace una búsqueda en la oficina del Registro Civil de la Ciudad de México o bien de la población en cualquier entidad de la República donde fue registrada la persona para verificar que su documento se encuentra registrado. Este proceso se lleva a cabo al menos de tres a cuatro semanas y si consideramos la demanda que se está teniendo ya de actas de nacimiento, resulta importante que los estados de la Republica implementen estrategias que conlleven a agilizar la búsqueda y trámites de este documento.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

Primero - Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados, a que instruyan a sus directores del Registro Civil a establecer mecanismos ágiles y prontos para la atención de solicitudes de actas de nacimientos de sus coterráneos en los Estados Unidos. Especialmente de aquellas entidades federativas que tienen mayor presencia de oriundos de su estado en ciudades de los Estados Unidos. De igual manera se extiende este exhorto a aquellos estados que han establecido oficinas de atención a sus paisanos en diversos sitios de la Unión Americana.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa su beneplácito a la Asamblea estatal de Representantes,  Senado y gobierno de Connecticut por la legislación que permite que los inmigrantes sin importar su situación migratoria puedan acceder a la obtención de una licencia de conducir.

CONSIDERACIONES

I. Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, procedimos al estudio de los postulados de las proposiciones de mérito, encontrándose que su contenido y los resolutivos propuestos resultan viables y oportunos.

Compartimos la preocupación de la legisladora y el legislador proponentes respecto de la necesidad de que el Estado mexicano esté preparado para responder a la demanda de documentos de sus connacionales en el exterior, más aun considerando que la gran mayoría de aquellos tomaron la determinación de salir de nuestro país por no encontrar aquí iguales oportunidades para superar la pobreza y proveer de estabilidad económica y seguridad a sus familias.

Mientras el flujo migratorio continúe respondiendo más a la necesidad y a las carestías de nuestra gente y menos a una decisión personal libre de presiones, nuestro Estado continuará en deuda con aquellos que tuvieron que partir y con los familiares que dejan aquí. Reconocemos que las actuales dimensiones del fenómeno migratorio se deben fundamentalmente a una inadecuada distribución de la riqueza y consideramos que en tanto este problema no encuentre solución de fondo, las demandas razonables de nuestra diáspora deben ser consideradas de atención prioritaria, máxime teniendo en cuenta que el vínculo de dichos mexicanos con su país no está roto, ni en la esfera de lo jurídico, ni en lo moral.

Hemos de recordar que Federación, entidades federativas y municipios mantienen la obligación de atender las solicitudes que como mexicanos les haga cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia; resulta además conveniente apuntar que nuestra diáspora contribuye de manera determinante a la economía nacional, pues pese al ligero declive del envío de remesas durante 2012, éstas continúan siendo la fuente más importante de ingresos no petroleros para nuestro país. Cabe señalar que si bien las remesas disminuyeron en 1.5 puntos porcentuales entre 2011 y 2012, situándose en este último año en 22 mil 445 millones de dólares, este monto fue ligeramente mayor en pesos, por efecto del tipo de cambio.

Coincidimos a la vez con la Diputada Cristina Ruiz Sandoval cuando señala que el acceso a esta documentación resulta de gran ayuda a nuestro connacionales para tramitar en los Estados Unidos documentos de identificación que les permitan acceder a servicios, identificarse de manera oficial y aperturar cuentas bancarias, lo que redunda en mayor seguridad durante su estancia en territorio extranjero, sobre todo en los casos de mexicanos con estancia irregular.

II. Respecto de la posible reforma migratoria en los Estados Unidos, esta comisión señala que aunque son encomiables los esfuerzos de legisladores, activistas, sociedad civil y líderes de opinión; lo que hemos atestiguado hasta el momento es el inicio de un proceso que deberá sujetarse a las instancias legales establecidas por el país vecino y por tanto no deja de ser un acontecimiento futuro de realización incierta, por lo que optamos por no sujetar a éste hecho los atentos exhortos que en su parte resolutiva contiene el presente dictamen.

Reconocemos que en los últimos meses, diversos factores han redefinido la situación de nuestra diáspora en los Estados Unidos: por una lado, luego del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes, iniciado con la aprobación de la llamada Ley Arizona (SB 1070), se ha llegado a un punto de relativa estabilización e incluso de reblandecimiento de la rigidez de las posturas, lo que se refleja en el número de deportados durante el segundo semestre de 2012 que si bien es mayor al mismo periodo del año 2010, resulta menor que el mismo periodo de 2011 y que el primer semestre de 2012; así mismo, el Programa de Acción Diferida del Presidente Barack Obama, resulta en un significativo paso hacia adelante en la aprobación del “DreamAct”, redefinida en la iniciativa S. 744, relativa a la seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización de la migración, presentada ante el senado estadunidense en marzo de este año, propuesta que ha sido reconocida como una iniciativa que defiende de manera suficiente los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

En este tenor, coincidimos con la postura de la Diputada Cristina Ruiz Sandoval, en que es loable la nueva postura que han fijado la Asamblea estatal de Representantes, el Senado y el gobierno de Connecticut con la entrada en vigor de una ley que permite a los inmigrantes obtener una licencia de conducir, independientemente de su situación migratoria; consideramos éste como uno de los elementos que contribuirían en su momento de manera positiva a la aprobación de una reforma migratoria comprensiva en el congreso estadunidense y reconocemos que este caso plantea ya, de manera inmediata, la necesidad de responder con agilidad a las solicitudes de documentación que se generarán por los mexicanos que pretendan aprovechar ese nuevo derecho.

No obstante y aun considerando que los hechos antes referidos obligan a México a plantear el tema, desaparecido de las mesas bilaterales de negociación prácticamente desde el 11 de septiembre de 2001, no menos cierto es que la Comisión Permanente, como representación soberana del congreso, no puede asumir como actuales, hechos futuros pendientes de resolución.

III.- Reconocemos, como acertadamente apunta el Diputado Miguel Alonso Raya, que es un deber prioritario del Estado garantizar que quienes han nacido en México, y aquí estudiaron, contrajeron matrimonio o procrearon hijos, cuenten con los documentos que lo acrediten, haya o no reforma migratoria en Estados Unidos, y que para ello es necesaria la coordinación de cada uno de los consulados en este país y la homologación de procedimientos.

Reconocemos también que la red consular mexicana ha tenido como propósito permanente la modernización y constante mejora de la atención a los mexicanos en el exterior, implantando medidas y acciones que permiten una mayor vinculación de nuestros connacionales con su país. México ha establecido en los Estados Unidos de América, 48 Consulados, 20 Generales y 28 de Carrera, lo que representa el número más alto de oficinas de esta naturaleza que una nación ha establecido en un solo país, así mismo, ha implementado diversos programas piloto basados en la atención mediante oficinas móviles temporales.

En este sentido, consideramos un importante y necesario paso, la homologación de procedimientos basada en los resultados de los programas piloto de mayor éxito que ha implementado cada consulado; en este particular, respecto de la atención para solicitar y recibir documentación de registro civil, con especial énfasis en la población vulnerable, considerando la irregularidad en su situación migratoria como uno de los principales factores de vulnerabilidad.

Fortalecer los módulos de registro civil consular, redundaría en beneficios directos a las 31.8 millones de personas mexicanas o de ascendencia mexicana, que según el último censo general celebrado en los Estados Unidos, habitan en ese país.

En mérito de lo anterior, esta dictaminadora concuerda con las solicitudes de los proponentes a fin de que el Estado mexicano implemente las acciones necesarias para responder de manera expedita y oportuna a toda solicitud de documentos de registro civil e identificaciones personales, con especial atención a las realizadas por mexicanos en el exterior o sus familias en territorio nacional; que la Secretaría de Relaciones Exteriores homologue y optimice los programas de expedición y entrega de matrículas consulares y copias certificadas de documentación de registro civil, considerando los programas piloto de mayor éxito implementados en diversos consulados, celebrando con las entidades federativas, los convenios específicos de colaboración que resulten necesarios; y que esta soberanía exprese su beneplácito ante la entrada en vigor de la legislación que permite a los inmigrantes obtener una licencia de conducir, independientemente de su situación migratoria.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la República a través de las dependencias competentes y a los titulares de los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, para que en apego a sus atribuciones y responsabilidades, y en coordinación con los gobiernos municipales, implementen las acciones necesarias para responder de manera expedita y oportuna a toda solicitud de documentos de registro civil e identificaciones personales, con especial atención a las realizadas por mexicanos en el exterior o sus familias en territorio nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a homologar y optimizar los programas de expedición y entrega de matrículas consulares y copias certificadas de documentación de registro civil, respectivamente, considerando los programas piloto de mayor éxito implementados en diversos consulados, celebrando con las entidades federativas, los convenios específicos de colaboración que resulten necesarios.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su beneplácito a la Asamblea estatal de Representantes, al Senado y al gobierno de Connecticut por la entrada en vigor de la legislación que permite a los inmigrantes obtener una licencia de conducir, independientemente de su situación migratoria.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a analizar y, en su caso, llevar a cabo las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Salud para que se aplique la norma 046-SSA2-2005 en todas las instituciones del sistema nacional de salud de los sectores público, social y privado.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El número de violaciones registradas ante el ministerio público en 2010 fue de 14, 993, 28% más que las registradas desde 1997. Aunque diversos estudios especializados en el tema apuntan que es uno de los delitos más subdenunciados en México, este incremento muestra que pese a los avances legislativos en el tema, no se ha logrado disminuir la violencia sexual hacia las mujeres, la cual produce efectos sobre la salud de la población que incluyen daños a la salud mental, complicaciones médicas y lesiones que incluso pueden llevar a la muerte.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2012 realizó el estudio Atención de las mujeres víctimas de violación en las secretarías de salud. Dicha investigación señala que del total de víctimas registradas en Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo, 40% tenía entre 11 y 20 años (454 casos); 19%, entre 21 y 30 (213 casos), y 13%, entre 31 y 40 años (131 casos). Ello muestra con gran preocupación que las víctimas de violación son en su mayoría niñas, adolescentes y jóvenes de entre 11 a 20 años, lo que, como consecuencia, podría derivar en altas tasas de embarazos no deseados y su consiguiente riesgo de mortalidad materna y menos acceso a seguridad social.

La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009. Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Dicha norma señala que es obligatorio su cumplimiento para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y para los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social o privado en todo el territorio nacional. De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el incumplimiento de la norma dará como resultado la aplicación de sanciones administrativas, civiles o penales.

Según el estudio Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por ONU MUJERES, la Cámara de diputados y el INMUJERES; las instituciones a cargo de la Secretaría de Salud, responsables de detectar situaciones de violencia familiar como origen o contexto de los padecimientos que atienden y en su caso notificar al Ministerio Público, registraron en 2010, 7, 283 víctimas femeninas. Sin embargo, las autoridades sólo intervinieron en 51 casos.

El mismo estudio apunta que la procuración de justicia no atiende a las víctimas del delito de violación sexual, pues ascienden a más de 15 mil anualmente, quince entidades están por encima del promedio nacional situado en 25.9 violaciones denunciadas por cada 100 mil mujeres. Las cifras de denuncia contrastan severamente respecto a las averiguaciones previas iniciadas por las autoridades para su persecución y todavía difieren aún más respecto a los sentenciados. Sólo tres de cada diez casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, y solo en dos de cada diez hay sentencia condenatoria.

El reporte sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México informó que según cifras obtenidas a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (INFOMEX), desde la entrada en vigor de la NOM-046 hasta la fecha, sólo las secretarías de salud de 14 estados reportaron que atendieron a 3,760 mujeres víctimas de violación, cifra sustancialmente menor comparada con la información que dieron las procuradurías de justicia de los mismos estados, respecto al número de denuncias de víctimas de violación en el mismo período, que fue de 12,831.[2]

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó en 2012 al gobierno mexicano “Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas.

El 11 de julio de 2009 el gobernador del estado de Jalisco presentó una controversia constitucional sobre la norma 046. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la misma por lo que su cumplimiento es obligatorio para todas las instituciones vinculadas al Sistema de Salud el 27 de mayo de 2010.

Finalmente, el estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que la NOM 046 no se ha aplicado de manera correcta por la falta de coordinación entre las instancias de procuración de justicia y de salud, para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual de manera integral.

En razón de lo expuesto y fundando, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se aplique la NORMA 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad. Especialmente para dar cumplimiento al punto 5.5.10. de la norma referente a dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar y así, evitar la impunidad en los delitos originados por la violencia hacia las mujeres”.

CONSIDERACIONES

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad jurídica del varón y la mujer y establece el derecho a la protección de la salud, por lo que los legisladores integrantes de la Segunda Comisión coincidimos con la pretensión expresada por la Senadora Padierna Luna y nos sumamos a la demanda de la aplicación plena de la Norma Oficial Mexicana emitida en materia de Prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Tal como lo establece la NOM-046-SSA2-2005, la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de los grupos de población más vulnerables. Así mismo, la violencia contra mujeres, niñas y niños es la violación de derechos humanos más presente a nivel mundial.

La norma referida está encaminada al combate a la violencia y a la promoción de la convivencia pacífica, la cual requiere el fomento de relaciones de equidad, mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Para lo anterior, todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud están obligadas a brindar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental.

La proposición con punto de acuerdo a la que atiende el presente Dictamen establece en su resolutivo Único que el exhorto a la Secretaría de Salud deberá atender especialmente al cumplimiento del punto 5.10., el cual a la letra dice: “5.10. Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma, para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar”.

II. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados Parte deberán adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y delante de la mujer a fin de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Aunado a lo anterior, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, debido a que la violencia contra la mujer, en todas sus formas, constituye un obstáculo para el desarrollo y la paz.

Amnistía Internacional señala que las estadísticas de violencia contra las mujeres y las niñas muestran que se trata de una “tragedia de dimensiones mundiales”. En concreto, en nuestro país la incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar una investigación efectiva y completa de los delitos contra mujeres, niños y niñas ha perpetuado la impunidad.

Sobre la violencia sexual, señala Amnistía Internacional que “no tiene conocimiento sobre la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose”.

III. La Norma Oficial Mexicana 046-SSA12-2005 establece criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.

Dada la magnitud de los abusos contra mujeres, niñas y niños y la incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar la aplicación efectiva de la normatividad vigente, los que integramos esta comisión dictaminadora nos pronunciamos a favor de la eliminación de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, convencidos del gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se aplique la NOM 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad. Especialmente para dar cumplimiento al punto 5.10. de la norma referente a dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar y así, evitar la impunidad en los delitos originados por la violencia hacia las mujeres.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a realizar campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.




 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que realicen campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, el Diputado Javier López Zavala, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El glaucoma es una enfermedad de los ojos que se manifiesta con la pérdida paulatina del campo visual y en caso de no ser tratada llega a provocar una ceguera irreversible.

La enfermedad del glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000 había 66.8 millones de personas con glaucoma, cifra que 12 años después subió a 95.1 millones de padecimientos, y en la actualidad oscila en los 99 millones de casos.

A pesar de que en nuestro país no se tiene datos exactos de la cantidad de personas que la padecen, Juan Ignacio Babayan Mena, consultor de la Clínica de Glaucoma del Hospital General de México,  estima que por lo menos el 4 por ciento de la población tiene glaucoma, que equivale a 4 millones 250 mil pacientes.

En contraste existen 4 mil 500 oftalmólogos que atienden este padecimiento de salud pública, pero especialistas glaucomatólogos sólo existen 70, lo que nos da un claro ejemplo de la necesidad que existe en el país de impulsar el estudio hacia esta rama del conocimiento con la finalidad de contar con un número mayor de especialistas

Esta enfermedad se presenta en personas mayores de 40 años y no cuenta con una sintomatología que permita su oportuna detección, por lo que es considerada como una enfermedad silenciosa.

Por otra parte, el glaucoma es una enfermedad desconocida para la mayoría de las personas, debido a la poca difusión que sobre sus efectos existe en el país, lo cual genera que la mitad de las personas que la padecen no puedan detectarla de forma adecuada, lo que provoca que sean diagnosticadas cuando la enfermedad ya está muy avanzada, es decir cuando ya perdieron o están cerca de perder la visión.

Sin embargo, este padecimiento al ser detectado de forma oportuna, puede ser controlado, por lo que los especialistas recomiendan que las personas mayores de 40 años, se realicen un estudio de la vista una vez al año.

Por si fuera poco lo anterior, ahora se sabe que el glaucoma es una enfermedad hereditaria, que se transmite entre los miembros de la familia.

Con base en lo anterior proponemos que la Secretaria de Salud realice campañas de concientización, esto con la finalidad de dar a conocer a la sociedad los elementos necesarios para poder detectar la enfermedad del glaucoma, así como poder brindar el apoyo para el tratamiento de las personas que la padece.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Salud, a efecto de que realice campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.”

CONSIDERACIONES

I. Quienes integramos esta Segunda Comisión coincidimos con la preocupación del legislador proponente sobre la importancia de difundir la información sobre las implicaciones que representan la enfermedad del glaucoma. Esta enfermedad se caracteriza por provocar una lesión progresiva del nervio óptico, lo que tarde o temprano lleva al paciente a una disminución de la agudeza visual.

El nervio óptico está formado por un conjunto de más de 1 millón de fibras de tejido nervioso y se halla conectado al cerebro a través de la retina, diversos estudios pensaban que  se deterioraba por consecuencia de un aumento en la presión intraocular, pero actualmente diversos médicos piensan que participación es relativa.

La presión sucede cuando el fluido llamado humor acuoso, que pasa por la pupila hacia la cámara anterior y luego sale del ojo a través de unos canales específicos es interrumpido. La presión intraocular normal (PIO) oscila entre 11 y 21 mm Hg.

Dependiendo de la existencia de obstrucción en el sistema de drenaje, hablamos de diversos tipos de Glaucoma como puede ser el ángulo abierto; ángulo cerrado y los mismos en Primario y Secundario.

La misma, es una condición poco frecuente que tiende a ser heredada y se produce por un incorrecto desarrollo de los canales de salida del humor acuoso del ojo durante el periodo prenatal. Ésta es la forma más común de glaucoma, siendo responsable del 60-70% de todos los casos.

De hecho, en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión y como en muchas enfermedades, el 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo como México.

El glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4,5 millones de personas lo padecen en la actualidad con proyecciones de 11 millones de afectados para el 2020, señaló hoy la Organización Mundial de la Salud. La misma es incurable, pero un 90% de la ceguera que provoca el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana y tratamiento.

Muchas personas se dan cuenta muy tarde de que tienen glaucoma pues la enfermedad avanza poco a poco y ataca de manera imperceptible. Por eso es de gran importancia la detección temprana para rescatar la vista.

Si esta se detectara a tiempo podrá tratarse, pero cuando esto no sucede el nervio óptico, que trabaja llevando la información del ojo hasta el cerebro, comienza a dañarse hasta cascar ceguera.

Debido a la progresión silenciosa del glaucoma en sus primeras etapas, hasta el 50% de las personas afectadas en los países desarrollados ni siquiera están conscientes de que la padecen y este número puede aumentar a 90% en las zonas subdesarrolladas del mundo.

II. La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la prevención del glaucoma como una prioridad ya que de acuerdo con las nuevas estadísticas, 60.5 millones de personas tenían glaucoma en 2010 y tomando en cuenta el envejecimiento de la población, se espera que este número aumente a 80 millones en el 2020.

En México, el médico Jesús Jiménez Román propuso la creación del Día del Glaucoma, en el año de 1999; y de ello derivó la realización de actos que buscan difundir la cultura de la prevención, a través de la Semana Internacional del Glaucoma y el Congreso Internacional del Glaucoma, que organizan en este país el Colegio Mexicano de Glaucoma, de la mano de industrias farmacéuticas y otros institutos.

Cabe mencionar que precisamente el Día Mundial del Glaucoma tiene el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.

Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera, al igual que el proponente, una medida urgente y necesaria la campaña de concientización sobre la enfermedad del glaucoma con sentido de dar a conocer a la sociedad mexicana el impacto de este padecimiento y las implicaciones de la misma.

Consideramos que dicha propuesta se enfoca en prever de mayores mecanismos a la sociedad para ejercer adecuadamente su derecho a la protección de la salud, además de que involucra a los particulares en la conformación del derecho, fungiendo como un ente fundamental para privilegiar el acceso a la información de las enfermedades.

Lo anterior, no solo es acorde con los principios fundamentales del acceso a la información, sino que se relaciona directamente con las fracciones I, II y III del artículo 96 de la Ley General de Salud, que disponen el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento y los vínculos entre las causas de enfermedad.

Las enfermedades crónicas no transmisibles como ésta, son el mayor reto de salud pública, representando los problemas más graves de Salud y se estima que van en un aumento acelerado, principalmente en la población adulta mayor, lo que significa un riesgo a la sustentabilidad del Sistema Nacional de Salud.

La vigilancia de esta enfermedad en México requerirá de afrontar los nuevos desafíos en salud pública,nacionales e internacionales, con un paradigma metodológico moderno y con nuevas rutas que le otorguen a las personas mayor información para poder prevenirla a tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Salud federal y a las secretarías de salud de las entidades federativas, a efecto de que realice campañas de concientización sobre la enfermedad del glaucoma.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: De la Tercera Comisión con los que contienen:

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a promover con los concesionarios del transporte público que implementan acciones de inversión para mejorar la infraestructura de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para las personas con discapacidad.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a que se implementen acciones de inversión a la brevedad para mejorar la infraestructura de todos los medios de transporte públicos del país, para de esta manera permitir a todas las personas con discapacidad tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de MC.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño del grupo parlamentario de MC, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa al acceso al transporte público de las personas con discapacidad.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

Los proponentes argumentan que la discapacidad física de las personas no es una condición de un grupo indefenso o invisible; algunos nacen con padecimientos o deficiencias, pero cualquiera puede adquirirlos en algún accidente o enfermedad a lo largo de su vida.

Que actualmente en México existen 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad según datos del INEGI de acuerdo al censo de población del 2010, lo que representa 5.1% de la población total. Desgraciadamente existen muchas dificultades que enfrentan estas personas para poder utilizar transporte público, ya que lo hacen con apoyo de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas, lo cual eventualmente es desmotivante y frustrante.

En este contexto, aseguran que la falta de mecanismos útiles para gente con algún impedimento físico es preocupante, no puede ser posible que en uno de los medios de transporte públicos con más demanda, el metro del Distrito Federal, el cual cuenta con 175 estaciones y 11 líneas; solamente en 6 estaciones cuenten con rampas para sillas de ruedas, y solo 35 tienen guías en sistema Braille para invidentes, al igual que guías de suelo para facilitar el abordaje de estas personas.

Indican que el metro debe funcionar para toda la población, sin restricciones a nadie, además debemos exigir en cada una de las entidades este derecho que tenemos todos los mexicanos de un transporte público eficaz, seguro y sin discriminaciones, que facilite la vida a las personas y además les beneficie económicamente.

Por lo que proponen lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se implementen acciones de inversión a la brevedad para mejorar la infraestructura de todos los medios de transporte públicos del país, para de esta manera permitir a todas las personas con discapacidad tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión acompañan la preocupación de los proponentes, ya que la infraestructura en materia de transporte público para personas con discapacidad no es la adecuada, y aunado a ello, muchas veces deben de pagar más dinero para moverse en otro medio de transporte ó invertir su dinero en un vehículo especialmente diseñado para sus necesidades.

Es importante señalar, que aún existe discriminación por parte de los concesionarios del transporte, debido a que la mayoría no se toman la molestia de hacer las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan utilizar sus unidades, debido a que en muchos casos los propios choferes niegan el servicio a ese grupo de personas, para evitar perder tiempo en el ascenso y descenso, ya que les toma más tiempo. Asimismo, es considerable el problema de la infraestructura urbana; ante la inexistencia de rampas, barandales y demás accesorios para su movilidad y traslado en el transporte.

Es importante, invocar el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que señala lo siguiente:

“Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado…”

Con fundamento en lo anterior, esta Dictaminadora considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con las atribuciones suficientes y necesarias para promover con los concesionarios del transporte público, ya sea aéreo, terrestre o marítimo, medidas de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para las personas con discapacidad, tales como:

• Asegurar que toda la infraestructura y las unidades del servicio de transporte público, estén adaptadas para el uso de personas con distintos tipos de discapacidad, y

• Asegurar el diseño ergonómico y la transmisión automática de todas las unidades del transporte para brindar el servicio a personas con discapacidad.

Por tales razones, la Tercera Comisión considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, para extender su alcance, en virtud de que es fundamental que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónexhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que promueva con los concesionarios del transporte público aéreo, terrestre o marítimo, a que se implementen acciones de inversión, a la brevedad, para mejorar la infraestructura de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para las personas con discapacidad, que les permitan tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Economía un informe del comportamiento del sector minero del año 2000 al 2013.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Economía un informe de la situación fiscal y de competitividad del sector minero, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 22 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Economía un informe de la situación fiscal y de competitividad del sector minero.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. OBJETO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía un informe de manera desagregada y anual del comportamiento del sector minero de 2000 a 2013.

CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina señala que en las Cámaras de Diputados y de Senadores se han presentado diversas iniciativas que destacan la necesidad de adecuaciones a la legislación minera. Las iniciativas tienen por objeto mejorar la seguridad de los trabajadores, incluir dentro de un nuevo modelo de explotación minera la introducción de la figura de consulta a los pueblos indígenas y a la protección del medio ambiente y que sobresale la posición del Congreso de la Unión de aplicar regalías y/o derechos sobre las ganancias generadas por las empresas concesionarias mineras, que equilibre ganancias generadas sobre recaudación de una riqueza no renovable de la nación.

El proponente refiere que en 2011 la actividad minera en México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina en captación de inversión y explotación, y que el país ocupa el primer lugar del mundo en producción de plata. Además de que en 2012 el valor de la producción minera fue de 17,419 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13% con respecto a 2011.

Se menciona que las concesiones han aumentado año con año, y que en 2011 se alcanzó un saldo de 27,022 títulos de concesión y una superficie total de 29.9 millones de hectáreas. Asimismo refiere que de acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía entre 2006-2010 se concesionaron 30.72 millones de hectáreas y en ese lapso alrededor del 15% del total del territorio nacional fue concesionado a empresas mineras privadas.

Cita información de la Cámara Minera de México que indica que del total de empresas del sector con capital extranjero operando en elpaís, al mes de diciembre de 2011 se tenían registradas un total de 288, las cuales trabajan en 803 proyectos. Del total de empresas extranjeras, 208 (72.2%) tienen sus oficinas centrales en Canadá.

El proponente señala que en el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, el volumen y valor de la producción minero-metalúrgica, emitido por la Dirección General de Minas (DGM), del periodo 2005 a 2010, el porcentaje de derechos que pagan las empresas mineras con respecto al valor de la producción es tan solo un 1.18%. Asimismo considera que el régimen de otorgamiento de concesiones presenta notables deficiencias, empezando por la falta de transparencia, debido a que las concesiones se llevan a puerta cerrada y con un proceso centralizado.

Por último manifiesta que la obligación de legislar para convertir la palabra minería en un sinónimo de desarrollo económico para los municipiosrequiere de estudiar el actual esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción y los mecanismos de distribución a municipios y comunidades con actividad minera, así como la aplicación de una regalía sobre las ganancias, sin que esta potestad del Estado signifique una pérdida de la competitividad del sector a nivel internacional, por lo que para la discusión de la nueva legislación se requiere contar con toda la información necesaria sobre el sector minero.

Por ello, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y de la Secretaría de Economía un informe de manera desagregada y anual del comportamiento del sector minero de 2000 a 2013, sobre los siguientes temas:

a) Empresas con concesiones mineras, su Registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial.

b) Monto de derechos e impuestos (ISR, IETU, otros) pagados anualmente por los concesionarios mineras, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial.

c) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras.

d) Un comparativo internacional en término de:

i. Duración de concesiones.

ii. Regalías y pago de derechos.

iii. Impuestos de resarcimiento ambiental”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Comisión coincidimos con el proponente en que, como legisladores deberemos de participar en las reuniones de las comisiones respectivas del Congreso de la Unión para dictaminar los distintos proyectos relativos a la regulación de la actividad minera en México, en particular en el Senado de la República, las siguientes:

- Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera, presentada el 23 de abril de 2013, de los Senadores Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

- Iniciativa que contiene proyecto de Decreto que establece un Derecho Minero al Valor de la Producción, presentada el 29 de abril de 2013, del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Turnada a la Cámara de Diputados;

- Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas, presentada el 29 de abril de 2013, del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

- Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley Minera, presentada el 29 de abril de 2013, de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Además, de que en la Cámara de Senadores se encuentra la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, relativa a una iniciativa presentada el 12 de marzo de 2013, por los Diputados Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y aprobada el pasado 25 de abril por la Cámara de Diputados, que establece, entre otros puntos, un derecho minero de 5% anual; el pago de derecho adicional sobre minería; los elementos que se considerarán en los ingresos acumulables; las excepciones del pago de derechos; y sanciones a concesionarios.

Esta Comisión comparte las preocupaciones y el interés del proponente y de todos los legisladores que han presentado iniciativas en relación a la minería, por estudiar el actual esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción y los mecanismos de distribución. Asimismo, coincide en la necesidad de contar con toda la información necesaria sobre el sector minero, por lo que asume el resolutivo único del proponente para solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Economía, información desagregada del sector minero de 2000 a 2013.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Economía, un informe de manera desagregada y anual del comportamiento del sector minero del año 2000 al 2013, sobre los siguientes temas:

a) Empresas con concesiones mineras, su Registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial.

b) Monto de derechos e impuestos (ISR, IETU, otros) pagados anualmente por los concesionarios mineros, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial.

c) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras.

d) Un comparativo internacional en término de:

I. Duración de concesiones.

II. Regalías y pago de derechos.

III. Impuestos de resarcimiento ambiental.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Les informo que tenemos la reserva de cinco dictámenes.

Uno de la Primera Comisión, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han realizado, para que formulen la iniciativa de ley en materia de participación ciudadana, a efecto de que establezcan comisiones legislativas de participación ciudadana, a efecto de avanzar en la creación de un marco jurídico nacional.

Dos de la Segunda Comisión, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los inmigrantes.

Y el que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el suicidio como un problema de salud pública.

Dos de la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo por parte del gabinete económico para revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento económico del país.

Y el que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el programa de apoyos programados del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Consulto si alguien desea reservar otro dictamen para su discusión.

Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todos ustedes.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los 28 dictámenes que no tienen anuncio de reserva para su discusión.

Esta Presidencia hace la mención que son 28 dictámenes, dado que de última hora se presentó una reserva sobre uno de los dictámenes anteriormente mencionados.

Adelante Senadora Secretaria.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen de la Primera Comisión.




 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Doy lectura al dictamen de la Segunda Comisión.





 

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar respetuosamente, y por los conductos diplomáticos adecuados, que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los inmigrantes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de junio de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

En los últimos años las autoridades migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica han aplicado medidas de aislamiento a los inmigrantes que se encuentran en su territorio.

Hace unas semanas, The New York Times hizo publicó que los Estados Unidos de Norteamérica aplican diariamente aislamiento total a cientos de inmigrantes, y, que en promedio, en un día, cerca de 300 inmigrantes son puestos en confinamiento solitario en centros de detención bajo la supervisión de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

Este problema es más complejo aún, siempre y cuando, como normalmente sucede, dicho asilamiento se prolonga hasta por más de 15 días. Estas medidas de aislamiento, según los expertos, pueden causar daños en la salud física y mental de un ser humano.

Con intención o no, los Estados Unidos de Norteamérica han convertido esta práctica en una pena, como si se tratara de la aplicación de una sanción. Vale la pena mencionar que en muchos países el aislamiento es una forma de castigo para delitos graves.

En consecuencia, la aplicación de esta medida es, desde nuestro punto de vista, violatoria de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Más aún cuando dicha pena se aplica sin fundamento, es decir, sin que la autoridad exponga las razones por las que los inmigrantes son sometidos a este tipo de medidas; las únicas razones que se han dado en algunos casos son razones disciplinarias, o incluso se ha llegado a sostener que es por protección del mismo inmigrante.

El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; que cualquier pena privativa de libertad tendrá como única finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Por ello, es que considero, debe eliminarse la práctica de confinar en solitario a los inmigrantes.

Es importante mencionar que esta práctica de aislamiento ha sido criticada dentro y fuera de los Estados Unidos, por utilizarla en sus prisiones más de lo que hace cualquier otra nación.

Ahora bien, en su editorial el New York Times también afirma que ha aumentado la población en los centros de detención para migrantes en casi un 85%, desde 2005, y que cuando los migrantes ilegales son detenidos no se les dan sentencias con fechas finales, sino que son retenidos algunas veces por meses, lo cual constituye también, en nuestra opinión, otra violación fundamental de seguridad jurídica en perjuicio de los inmigrantes.

Esta situación ya hizo eco en el Senado Norteamericano, e incluso Human RightsWatch (HRW) ha expresado su preocupación al respecto, manifestando que el detener inmigrantes y ponerlos en aislamiento es una violación fundamental a sus derechos humanos, toda vez que dicha retención es utilizada como un método de castigo, cuando el propósito fundamental es otro.

A través de un comunicado, Human RightsWatch (HRW) revela que el número de casos de personas perseguidas por la justicia en Estados Unidos, por delitos migratorios, y donde se trata a los indocumentadas como criminales, se incrementó significativamente en la última década, lo que ha derivado en la separación de familias.

HRW asegura que la mayoría de los enjuiciados tenían prontuarios de delitos menores, o no tenían incluso antecedentes, y que sólo 27 por ciento tenía antecedentes por delitos graves, como los cometidos con violencia o con arma de fuego.

La organización criticó a las autoridades estadunidenses por mantener el énfasis en estos enjuiciamientos e indicó un incremento del 10 por ciento durante el primer semestre del año fiscal 2013, según estadísticas del Departamento de Justicia.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-Se exhorta a que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite, respetuosamente, que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los inmigrantes”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en la preocupación sobre la inmigración que es un tema de importancia crítica, en el cual el derecho internacional reconoce que cada Estado tiene el derecho soberano de controlar el ingreso a su territorio y de regular el ingreso y expulsión de los extranjeros en forma consistente con las obligaciones internacionales contraídas.

Este principio ha sido reconocido por largo tiempo como atributo fundamental de la soberanía estatal. La detención migratoria puede ser una herramienta importante para el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados al resguardar la seguridad pública y remover en la forma más expedita posible a los individuos que puedan constituir una amenaza para la seguridad del país o de sus ciudadanos y residentes legales. Por lo tanto, la detención migratoria está permitida por el derecho internacional, toda vez que sea aplicada en forma consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

En este sentido en su Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) describió los principios básicos de derechos humanos que deben regir las políticas de inmigración de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Específicamente, la Corte indicó que los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a suterritorio, los cuales deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana. Asimismo, destacó que los Estados están obligados a concederlos derechos humanos básicos a todas las personas dentro de su territorio, independientemente de su condición legal, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.

En aras de la necesidad de claridad y aplicación uniforme de los derechos humanos básicos internacionales de los migrantes, la Corte decidió que la opinión consultiva sobre los derechos de los inmigrantes indocumentados “se aplica a los Estados Miembros de la OEA que han firmado indistintamente la Carta de la OEA, suscrito la Declaración Americana, la Declaración Universal, o han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de que hayan o no ratificado la Convención Americana o alguno de sus protocolos facultativos.

Según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la “Declaración Americana”), todo ser humano tiene el derecho fundamental a la libertad y a la protección contra la detención arbitraria. El artículo XXV de la Declaración Americana establece que “nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil”. Por su parte la Convención Americana también contempla el derecho a la libertad personal.

En el caso de la detención por razones migratorias, el estándar sobre la excepcionalidad de la privación de libertad debe considerarse aún más elevado debido a que las infracciones migratorias no deben tener un carácter penal. Como lo subrayó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, “los inmigrantes irregulares no son delincuentes per se, por lo que no deben ser tratados como tales.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera que para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

Los Principios Interamericanos sobre la Detención resaltan que bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social.

Los principiosprevén que pueden y deben tomarse medidas para proteger a las poblaciones vulnerables, como las mujeres embarazadas y los detenidos con discapacidad física o mental, y que esas medidas estarán sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente e imparcial.

Los Principios Interamericanos sobre la Detención ofrecen pautas específicas sobre las disposiciones básicas como los derechos a la alimentación, agua potable, alojamiento, higiene, vestimenta y actividades educativas, recreación, libertad religiosa y visitas a fin de asegurar el trato humano a todos los detenidos bajo custodia de un Estado. En dichos Principios se prohíbe el hacinamiento en las prisiones y centros de detención, por considerar que ello constituye una violación del artículo 5 de la Convención Americana.

El Principio XXII de los Principios Interamericanos sobre la Detención establece que “las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de pri