Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 23 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 7


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Junio de 2013

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:05 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Señor Presidente, con base en el registro de asistencia, hay una asistencia de 28 ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión del miércoles 5 de junio de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria.

Como fue aprobada en la sesión anterior, este día realizaremos una sesión solemne para recibir al señor Xi Jinping, Presidente de la República Popular China.

En consecuencia, en algún momento se abrirá un receso en la sesión pública para trasladarnos a la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, donde se realizará la sesión solemne.

En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintiséis minutos del miércoles veintinueve de mayo de dos mil trece, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintidós de mayo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión intitulado "Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)", que tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de mayo del año en curso.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de permisos.- Se turnó a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la Ceremonia Conmemorativa por el 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo Tapia, a realizarse el lunes 3 de junio del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la Ceremonia Conmemorativa por el 135 aniversario del natalicio del General Francisco Villa, a realizarse el miércoles 5 de junio del año en curso.- Se designó en comisión al Diputado Agustín Miguel Alonso Raya.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de Decreto para adicionar con un segundo párrafo el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, oficio por el que informa que el 14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, oficio por el que informa que el 22 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, oficio por el que informa que el 14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, Informe de sus actividades durante la "Reunión de los Presidentes de los Congresos de los países integrantes del Acuerdo Marco Alianza Pacífico", celebrada en Bogotá, Colombia, el 6 de mayo de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, oficio por el que informa que el 27 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento por el que se extiende una calurosa felicitación al Presidente de la República del Ecuador, con motivo de la renovación de su mandato.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se propone realizar sesión solemne el 5 de junio del año en curso, con motivo de la visita del Presidente de la República Popular China.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputados Fidel Pacheco Rodríguez, a hombre propio y del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el artículo 14 Bis, fracción X de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Alfa González Magallanes, a nombre propio y de los Diputados Socorro Ceseñas, Elena Tapia Fonllem, Valentín Maldonado Salgado, Verónica Juárez Piña, Fernando Cuéllar Reyes y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 401, 403, 405, 406, 407, 409 y 412  del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia  y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Diputados Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción iv del artículo 2°, los artículos 4° y 5° y la fracción xxix del artículo 11° y se adiciona una fracción xxxiv, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 11° de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción xiv al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirna E. Hernández Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y c) y se adiciona un inciso d) al numeral 2 y un numeral 6 al artículo 211 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 129 Bis del Código Penal Federal y el artículo 194 fracción l inciso 4) del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del ciudadano Arnoldo Martínez Verdugo.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede dos permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el Gobierno de la Santa Sede.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas a investigar y, en su momento, castigar a los culpables del secuestro del ciudadano Francisco Elizondo Salazar.

2) Por el que la Comisión Permanente rechaza los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que transitan por nuestro país y solicita al gobierno del estado de Veracruz siga colaborando con el Instituto Nacional de Migración en torno a los hechos del 1 de mayo de 2013, en Cosoleacaque, Veracruz.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a emitir un informe sobre las medidas aplicadas respecto a la creciente cifra de delitos de feminicidios cometidos en el estado.

4) Que exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar posibles violaciones al COFIPE y al Código Penal Federal.

5) En torno a la alerta volcánica para el Volcán Popocatépetl.

6) Que exhorta al gobernador y al congreso del estado de Chiapas a establecer los mecanismos de diálogo y de coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos para superar la situación presupuestal del organismo y coadyuvar a establecer las bases de políticas públicas que tengan como eje transversal la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la entidad.

7) Por el que la Comisión Permanente condena la desaparición, tortura y homicidio perpetrados contra dos ciudadanos españoles, ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

8) Que solicita al gobernador del estado de Jalisco a remitir un informe sobre los planes, programas y proyectos de trabajo en materia de seguridad.

Los ocho dictámenes fueron aprobados sin discusión en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Defensa Nacional a emprender acciones e impulsar mejoras en el Servicio Militar Nacional.

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el  Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos, en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se procure el acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario.

4) Que exhorta al Consejo de Salubridad General a informar sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado el 11 de septiembre de 2009.

5) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar un informe de las actividades realizadas y, en su caso, los gastos efectuados por el Gobierno Federal, para apoyar la candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.

6) Que exhorta al Ejecutivo Federal a autorizar recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.

7) Que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica.

8) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que ponga en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del servicio social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión, con énfasis en el sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de mayor impacto productivo y social.

9) Que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la infección de Ricketssia se está extendiendo, particularmente el Gobierno de Sonora, y los gobiernos municipales de Sonora, a promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad  y a mantener informada a esta Soberanía de este padecimiento.

10) Que exhorta al Jefe del Ejecutivo a generar las condiciones para que la PROFECO aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable.

11) Que extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinda el apoyo de este órgano legislativo federal.

12) Que exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares”.

13) Que exhorta al Presidente de la República a que ratifique el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

14) Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a realizar acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial en el fútbol nacional, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los jugadores, aficionados, directivos, árbitros y cuerpo técnico.

15) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a poner a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.

16) Que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, intensifiquen las acciones y campañas de prevención y control del dengue en dicha entidad.

17) Que exhorta a las autoridades competentes a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado denominado "Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit".

18) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, discusión y en su caso aprobación.

Los dieciocho dictámenes fueron aprobados sin discusión en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal; entre otros, a que implementen o, en su caso, continúen con las acciones de asistencia médica, de prevención y de reparación, a raíz del siniestro ocurrido el 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México.

2) Que exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para que impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.

3) Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.

4) Que exhorta a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno a realizar diversas acciones en materia de reporte y prevención de incendios forestales.

5) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital; a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a remitir a esta Soberanía diversa información y a implementar acciones respecto al proceso de la transición a la televisión digital terrestre.

6) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan los servicios de telefonía fija y móvil, garanticen en todo momento, la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos.

7) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del "Pepino de Mar".

8) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que remita a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo en los estados de Puebla y Tlaxcala respecto de la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3.

9) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por los Programas a cargo de dicha dependencia.

10) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar el desarrollo del sector portuario y de la marina mercante nacional; así como a investigar sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima.

11) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que considere flexibilizar las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el Componente de Fomento Productivo del Café.

Los once dictámenes fueron a aproados sin discusión en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos electorales del Senado de la República a realizar la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social en el estado de Coahuila.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

2) Que exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar las irregularidades cometidas por sus funcionarios en Quintana Roo, denunciados por el Instituto Electoral del estado de Campeche.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC y Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz del PRD. Fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a instrumentar y adecuar el marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público, agregando todo tipo de programas y prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

4) Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a resolver con prontitud el caso de Cyndi Aguirre Malpica.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; y Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI. Fue aprobado en votación económica.

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos que se encontraban frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.- Intervino la Diputada Aleida Alavez Ruíz del PRD. Fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo:

1) Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento al Presidencia de la República por el encuentro con el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC, quien presentó propuesta de modificación, que se admitió a discusión; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Diputado Rubén Camarillo Ortega del PAN. La propuesta del Diputado Monreal fue rechazada. El dictamen fue aprobado en sus términos en votación económica.

2) Por el que la Comisión Permanente reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta a diversas autoridades responsables en materia del servicio de energía eléctrica a que remitan a esta Soberanía toda la información disponible en relación a los criterios utilizados para la clasificación y aplicación de las tarifas eléctricas de uso doméstico e industrial en horario base y horario punta, así como sobre los estímulos y subsidios correspondientes.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputada Aleida Alavez Ruíz del PRD; Senador David Penchyna Grub del PRI; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. La Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación entregada por la Diputada Alavez, que se aceptó. El dictamen adicionado fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que expida un Decreto, programa o cualquier otro instrumento jurídico, mediante el cual los productores agrícolas puedan solicitar de manera extemporánea la prórroga de la concesión de pozos agrícolas.- Intervino el Senador Gerardo Sánchez García del PRI. Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía a elaborar un plan de emergencia que de manera inmediata apoye económicamente a los productores cañeros del país y así evitar la quiebra en esta rama de producción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dejar de aplicar la política de aumento gradual al precio de las gasolinas y el diesel en tanto los precios de referencia prevalecientes en la costa del golfo de los Estados Unidos de América sean iguales o menores a los registrados en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al manejo de ejemplares de vida silvestre en zoológicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo en torno al accidente y explosión en la autopista México-Pachuca el 7 de mayo del año en curso.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que solicita un informe a las autoridades competentes de la investigación del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Williams Oswaldo Ocho Gallegos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo y trayectoria de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y se solicita a las autoridades correspondientes le proporcionen todas las medidas de seguridad que sean suficientes para salvaguardar su vida e integridad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Carlos Augusto Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público realicen los análisis correspondientes que permitan regularizar los déficits presentados por todos los estados de recursos para la educación básica derivados de la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.- Se turnó a la Segunda  Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para reconocer la labor de las autoridades federales en la protección de especies de fauna silvestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del Partido del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a otorgar seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios profesionales bajo el régimen contractual de confianza y de honorarios.- Se turnó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a restituir en el Programa PROCAMPO Productivo, a los propietarios del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las entidades federativas, al Distrito Federal, a la Academia y a las ocho comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República a conmemorar los diversos aniversarios de la adopción de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación de los derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de revisar el estatus migratorio laboral de extranjeros en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal un informe integral de los alcances y Acuerdos de las negociaciones realizadas por México en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que, en coordinación con los municipios y delegaciones, en su caso, refuercen los mecanismos de vigilancia para garantizar un ambiente cien por ciento libre de humo de tabaco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para emitir un mensaje ante los 52 años de trabajo de Amnistía Internacional y por su aportación humanitaria en defensa y respeto de los derechos humanos en la historia contemporánea.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, para responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a garantizar el derecho de información de los consumidores en materia de productos que contengan o hayan sido elaborados a bases de organismos modificados genéticamente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Arturo Salinas Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a aplicar las medidas necesarias para solucionar problemas en materia de transporte público en el estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a Caminos y Puentes Federales y a la Secretaría de Gobernación a implementar labores permanentes de prevención en todas las carreteras del país a fin de evitar deslaves.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al gobernador del estado de Hidalgo y al Poder Judicial de esa entidad a revisar la situación jurídica y liberar a los presos políticos del municipio de Progreso de Obregón.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Adriana Hernández Íñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Baja California Sur establecer lineamientos para el debido uso de vehículos acuáticos motorizados con el fin de preservar la fauna marina que se encuentra en el corredor turístico de Los Cabos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México a detener los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad, implementar programas y políticas públicas que garanticen la suficiente cobertura de un transporte público eficiente, limpio, seguro, sustentable y emprender acciones que permitan programas de descuentos en las tarifas del transporte público para sectores económicamente vulnerables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud aplique la norma 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del sistema nacional de salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar una estrategia para hacer frente  en nuestro país al problema de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre la tragedia ocurrida en la carretera México-Querétaro, ocasionada por una omisión de Caminos y Puentes Federales a sus obligaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más comunidades del estado de Baja California Sur en la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir el reglamento correspondiente a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes judiciales de cada uno de los estados y del Distrito Federal a diseñar e implementar protocolos de impartición de justicia a personas, comunidades y pueblos indígenas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos establezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los Acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la atención brindada a las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal derivadas de la Auditoría Financiera, mediante las cuales se recomienda auditar a las dos principales tabacaleras.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a los titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de Sociedad Hipotecaria Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un diagnóstico de la situación del ejercicio del gasto, garantías y opciones de política pública para atender la problemática que guarda el sector del sector inmobiliario en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a incluir los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en las reglas de operación del “Programa Pueblos Mágicos”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre la metodología para contabilizar los homicidios y las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Zárate Salgado, Israel Moreno Rivera y Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que en la aplicación de programas sociales se garanticen los derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña nacional respecto de la disposición final de focos ahorradores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero la conducción del juicio de amparo iniciado por la Administración Portuaria integral Acapulco, S.A. de C.V. contra el municipio de Acapulco de Juárez, con estricto apego a derecho, particularmente respeto del procedimiento y los plazos del litigio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Teresa Mójica Morga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a aplicar un conteo inter-censal para la comunidad afromexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta  al titular de la Auditoría Superior de la Federación a realizar la fiscalización de los recursos federales transferidos al gobierno del estado de Puebla, con relación a la adjudicación de diversas obras públicas en el estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementar las medidas necesarias de política fiscal para reactivar el crecimiento económico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos jurídicos con objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones homofóbicas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Aleida Alavez Ruíz y Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta la acción coordinada del Estado mexicano y la sociedad civil para combatir la ingesta, hasta su erradicación, de la llamada comida chatarra y hacer realidad los derechos humanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a realizar las diligencias pertinentes a fin de acreditar y, en su caso, incoar el juicio de procedencia constitucional en contra del Diputado Manuel Aguilar Acuña, del estado de San Luis Potosí, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez y Adriana Dávila Fernández, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección a las Víctimas de Estos Delitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud, autoridades federales y autoridades locales, a promover mecanismos de seguridad en los hospitales del sector público y privado, particularmente en lo relativo a los recién nacidos, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a PEMEX a indemnizar al grupo de Pescadores Unidos de Alta Mar Martha Ávila Ramírez, S.A. de C.V., de Salina Cruz, Oaxaca, afectados por la contaminación y la restricción de las áreas de pesca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Gil Zuarth y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya Naranja.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que se a los titulares de las 32 entidades federativas a implementar programas y acciones para erradicar el trabajo infantil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer valer los principios de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y su justa pretensión a la revisión de su contrato colectivo y que el conflicto colectivo de naturaleza económica no sea utilizado para promover una política laboral precaria y de tendencia de disminución de los salarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo y Maricela Velázquez Sánchez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, particularmente los ubicados en el territorio del estado de Morelos.- Se turnó a la Tercera  Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación del "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación se fiscalicen los gastos en promoción para la atracción de turismo extranjero realizados de 2000 a 2012, dado el retroceso de México en el ranking internacional como uno de los principales destinos turísticos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua a determinar la carpeta de investigación que integra por los actos de discriminación cometidos en contra de Carla Herrera y su familia por parte de miembros del Club Campestre del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a procurar el uso de sillas porta-infantes en los menores de 5 años, durante su traslado vehicular.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senadora Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las acciones que se piensan implementar a corto, mediano y largo plazo para contener la plaga de la Roya.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a partir del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, se derive una norma oficial mexicana en materia de construcción de vivienda popular.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe sobre las erogaciones destinadas para el pago de testigos protegidos durante la presente administración.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a signar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía en las 32 entidades federativas a revisar y actualizar sus planes y programas de estudio en la licenciatura de derecho a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a armonizar las políticas públicas de la agenda nacional respecto a las implicaciones sobre Cambio Climático.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo una verificación administrativa a la compañía de boletaje Ticketmaster, con la finalidad de resguardar el objeto de proteger los derechos de los consumidores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir "Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores Con Responsabilidad Familiar", y el Convenio 183 sobre "La Protección de la Maternidad".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, a nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar prioridad a la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por el sector social de la economía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, efeméride sobre el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride con motivo del Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride con motivo del Día Mundial sin tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride con motivo del natalicio de María Lavalle Urbina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, intervención en torno al “Plan Nacional de Desarrollo”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, intervención en torno a la instalación del Comité Nacional de Productividad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas y citó para la siguiente sesión el día miércoles cinco de junio a las once horas y a Sesión Solemne a las once treinta horas en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores".

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. Esta iniciativa se acompaña del dictamen de impacto presupuestario.



- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Antes de realizar el turno, por parte de esta Presidencia, sonido en el escaño del Diputado Durazo Montaño.

Adelante.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para recordar que hoy se cumplen cuatro años de la tragedia que enlutó al país, con la muerte de 49 niños a causa de un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Aún en este país repleto de hechos trágicos, ese acontecimiento sacudió a todos los mexicanos.

Y creo que no nos deben pasar desapercibido, porque hay una gran insatisfacción social respecto a los avances de la investigación.

En virtud de que hoy se cumplen cuatro años de esa tragedia, quisiera pedirle, señor Presidente, aprobara que recordáramos ese hecho trágico con un minuto de silencio, en memoria de los 49 niños fallecidos.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Señor Diputado, deseo comunicarle, que en acuerdo de la propia Mesa Directiva, se pretende realizar un Acuerdo parlamentario sobre el particular.

Entonces, me gustaría, primero, señalar que más adelante se verá lo conducente, sobre este punto en lo particular.

Sí, señor Diputado, lo escucho.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente, entiendo la necesidad de seguir algún procedimiento, pero también quiero señalar que propuse un punto de Acuerdo, con toda oportunidad, para que se incorporara en la agenda de esta sesión, y por retrasos de carácter burocrático, no llegó oportunamente a la comisión, a la Primera Comisión, para su dictamen.

Me parecen que son demasiadas casualidades que no podemos aceptar.

Pero con todo respeto le quiero expresar a usted, que me parecería mezquino sujetar un minuto de silencio a un proceso burocrático.

Sobre todo con la dimensión de la tragedia que representó para los mexicanos.

Así es que, permítame, que le insista, por favor.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En atención a los comentarios realizados por el Diputado Durazo, esta Presidencia decreta, en este momento, un minuto de silencio.






MINUTO DE SILENCIO

Por lo que les pido a los legisladores presentes, ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Hagan favor, señoras y señores legisladores, de tomar sus escaños.

El trámite de la iniciativa en comento es turnarse a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos:

Rogelio Granguillhome Morfín, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/666/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Rogelio Granguillhome MorfIn, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de Myanmar.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/667/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/668/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Otto Rene Granados Roldan, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/669/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República Tunecina.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/670/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Checa.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/671/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a la C. Martha Elena Federica Barcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Y Jorge Mario Montaño y Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/672/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Jorge Mario MontaÑo y MartInez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, N.Y., E.U.A.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnense los siete expedientes a la Segunda Comisión, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Igualmente, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron cinco oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/634/2013
México, D.F., a 28 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-06193, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Antonio Mejía Flores, pueda aceptar y usar la Condecoración del Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/642/2013
México, D.F., a 29 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-06367, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Angel Enrique Sarmiento Beltrán, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Mérito a la Democracia, en grado de Gran Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/664/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-06339, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Francisco Eduardo del Río López, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/662/2013
México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0790/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Jorge Rafael Enríquez Veintimilla

Técnico en Ingeniería Eléctrica

Embajada de Estados Unidos de América en México

Elizabeth Andión Bañuelos

Coordinadora de Exbecarios

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones Oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Laura Melina Roa Uruzquieta

Custumer Service

Embajada de Canadá en México

Mauricio Vizcaíno Crespo

Asistente Administrativo Consular

Consulado General de Canadá en Monterrey Nuevo León

Gerardo Núñez Niño

Supervisor Regional de Cajeros de la Oficina Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sofía Margarita de la Peña Sánchez

Supervisor Regional de Cajeros de la Oficina Administración Financiera

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/631/2013
México, D.F., a 28 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0906/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Aarón Cuadra Nares

Agente de Compras

Embajada de Estados Unidos de América en México

Emilio Jasso García

Técnico en aire Acondicionado

Consulado General de los Estados Unidos de America en Ciudad Juárez, Chihuahua

Oscar Zacatelco Montiel

Representante de Beneficios Federales

Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Mariana Berberena Asiain

Asistente de Prensa y Cultura

Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnense a la Primera Comisión las solicitudes de permiso; y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, las solicitudes de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio de los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondiente al segundo bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/665/2013

México, D.F., a 3 de junio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. SNM/CAJ/098/2013, la Lic. Gabriela Monserrat González Montes, Coordinadora de Asesores en Materia Jurídica de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, envía los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, correspondiente al segundo bimestre del año 2013, a efecto de que por su amable conducto, sea enviada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Solicito, respetuosamente, a los legisladores presentes atiendan a esta Presidencia.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE ENERGIA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió de la Secretaría de Energía, el Primer Informe Trimestral 2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Así también, se recibió de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2013.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha información a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y de Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de abril de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de abril del año en curso.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítanse los informes referidos a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Asimismo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibieron oficios con los que remite:

Uno, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido a la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2012.

Y el documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales, junto con la metodología respectiva para el cálculo de los requerimientos financieros, en la que se incluyen de manera integral las obligaciones financieras del gobierno federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Ingresos para 2013 y el artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítanse los expedientes de esos asuntos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, como Presidenta de la Primera Comisión de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está a discusión la propuesta presentada por esta Mesa Directiva. No habiendo oradores sobre el particular, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, como Presidenta de la Primera Comisión de esta Comisión Permanente.

Se declara un receso para pasar a la sesión solemne en la que recibiremos la visita del Presidente de la República Popular China.

Se les solicita su presencia en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores ubicado en la planta baja de este recinto, posteriormente les solicito regresar a este salón de plenos para continuar con la sesión pública.

(Receso)

(Continua la sesión)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: (13:27 horas)Se reanuda la sesión de la Comisión Permanente.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una sentencia con un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos promovido por los Diputados y Diputadas, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Kamil Athié Flores y otros ciudadanos, quienes ostentan como Diputados federales del grupo parlamentario del PRI y que se notifica a la Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la resolución recibida.






TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a la sentencia.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Al respecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en relación con la fracción III de su artículo 21, la Mesa Directiva por mayoría de sus integrantes acordó turnar esa sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para los efectos correspondientes.

También acordó la Mesa Directiva exhortar a la Primera Comisión para que se aboque de inmediato a la atención del asunto.

Con este trámite la Comisión Permanente da inicio al cumplimiento de la sentencia recibida. El trámite dictado a la sentencia se comunicará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Sí, este es un tema que hemos estado muy al pendiente desde el PT, en la propia Comisión de Gobernación, en la Cámara de Diputados muy al pendiente, y vimos, inclusive, en la sesión de la Junta de Coordinación, y nos sorprende que hoy la Junta Directiva, bueno, no nos sorprende porque el cumplimiento de la ley en este país, pues, está en entredicho, yo he estado defendiendo la legalidad, sostengo que no existe justificación o impedimento legal el día de hoy para que esta Comisión Permanente atienda y dé cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto está claro, pero los efectos de la sentencia, y amparado en el artículo 41, párrafo segundo, fracción VI y 99 de la Constitución General; el artículo 67 de la Constitución; y el artículo 4o. numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero más que hablar de la parte legal, a mí lo que me interesa decir, es qué se esconde atrás de la idea de llevarse esta discusión para después, que es el fondo de la discusión que hemos estado dando en la Comisión.

Nosotros hemos pronunciado porque no existan los acuerdos políticos en lo oscurito, aunque se den en la Cámara de Diputados, no estamos porque no se ciudadanice el órgano electoral, ese es el pleito, lo entendemos del PRI, porque quieren imponer un consejero a modo del PRI después del escándalo de Sergio Ramírez, y con el objeto de resolver el tema de las campañas electorales que tiene a su Presidente ahí trabado ante la opinión pública.

Pero, no entenderíamos de los otros partidos, a no ser que el pacto contra México lo quieran extender, se la quieran llevar larga para procesar un acuerdo que alguno de los dos partidos que están en ese pacto les convenga, y en lo oscurito, después de los procesos de julio, así como ya se dice que van a acordar resultados electorales en Baja California y en Cancún, de paso ya resuelvan lo de los consejeros en una primera emisión después de las elecciones del 7 de julio, y posteriormente, ya en octubre, el resto. No hay impedimento, esta Comisión debería desde hoy convocar a la sesión del periodo extraordinario, informarle a la Cámara que convoque, y de esta manera resolver si el PAN y el PRD se mantienen firmes en la oposición, como he dicho, en este punto, pues sesiona la Cámara de Diputados, no alcanzamos los acuerdos que no hemos acordado, ¿verdad?, y nos vamos, en efecto, hasta octubre como se ha planteado en el proceso de reforma política en general, por eso se nos hace grave; primero, porque se violenta la ley, y en este país estamos cansados de la impunidad y de que no se respete la ley como pretenden el día de hoy, y segunda, porque tememos que estén buscando acuerdos en lo oscurito, que es contra lo que la propia convocatoria estuvimos cuestionando permanentemente, luego entonces, no hay impedimento legal, reitero, ustedes lo saben bien, el artículo 67 nos da la facultad a esta Permanente, el artículo 41 nos obliga, inclusive, y si no, estaríamos violentando la ley.

Insisto, nosotros pugnamos porque el IFE sea un órgano ciudadano y no botismo de los partidos políticos, y sobre todo, en el pacto contra México, están queriendo resolver todos sus problemas y que excluyan a todos los ciudadanos, inclusive que concursaron de acuerdo a la convocatoria que emitió la Cámara de Diputados.

Por eso solicito que no se turne a Comisión, sino a esta misma sesión derive en esa convocatoria.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Huerta Ladrón de Guerra.

La Mesa Directiva en su sesión de esta mañana, por mayoría de sus integrantes acordó turnar esta sentencia a la Primera Comisión, considerando que con este trámite la Comisión Permanente da inicio al cumplimiento de la sentencia recibida. En atención a la impugnación que ha presentado el compañero legislador, esta Presidencia solicita a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se confirma el Acuerdo de la Mesa Directiva para turnar la sentencia a la Primera Comisión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se confirma el Acuerdo de la Mesa Directiva que justifica el trámite dictado a la comunicación del Tribunal Electoral. Quienes estén porque se confirme el trámite, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se confirme el trámite, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se confirma el trámite que editó la Presidencia.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Sofío Ramírez Hernández, Presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas por la que informa que el 13 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y del Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y del C. Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

La actividad en el campo mexicano es de suma importancia para la economía nacional. El Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto señaló recientemente que el 13.4 por ciento de la población ocupada en México se desempeña en actividades agropecuarias, es decir, más de 8 millones de personas tienen su fuente de ingreso en el sector primario.

Sin embargo, este sector genera apenas el 3.66 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en severas condiciones de pobreza y hambre para quienes viven de esta actividad.

Tenemos el reto de impulsar al desarrollo de este sector de la economía, adoptando medidas que fomenten la productividad e impacten en beneficio de la economía familiar.

Otro de los retos es combatir los efectos del cambio climático, lo cual ha modificado la actividad del campo en distintos puntos del país, por lo que los ciclos de cultivo han cambiado generando incertidumbre en las cosechas.

México tiene un gran reto en materia de productividad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, define en la meta IV titulada México Próspero: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país y establece dentro del diagnóstico para el Sector Agroalimentario que debe ser fortalecida la capitalización del sector y mejorar la oportunidad y costo del financiamiento.

Se debe precisar que esta reforma busca coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que contribuye facilitando el acceso a subsidios, financiamiento y capitalización de los productores agropecuarios y pesqueros del medio rural nacional.

La entrega de los apoyos económicos para reactivar el campo mexicano es llevado a cabo, como todos ustedes conocen, a través de SAGARPA.

La SAGARPA emite anualmente las Reglas de Operación para los Programas que administra.

Las reglas vigentes se establecen en el artículo octavo transitorio que sólo los beneficiarios de apoyo cuyo monto sea mayor a 30 mil pesos deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual establece los requisitos que se deberán cumplimentar para tener derecho al otorgamiento de dichos subsidios o estímulos.

Por lo anterior, están quedando exentos de la opinión emitida por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, generalmente los pequeños productores, lo cual promueve que los apoyos se les entreguen de forma expedita y con menos trámites.

Quienes suscribimos, el Senador Gerardo Sánchez, y su servidora, la presente iniciativa consideramos necesario dar una mayor certeza a los pequeños y medianos productores, estableciendo en el multicitado artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, que queden excluidos de los requisitos establecidos, siempre y cuando el monto del subsidio o estímulo no exceda el equivalente a 500 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, correspondiente a la fecha de solicitud del apoyo.

Lo anterior evitará que dicho beneficio sea establecido a arbitrio del titular de la SAGARPA.

Prueba de lo anterior es que para el año 2012 en las reglas de operación de la SAGARPA no se otorgó tal beneficio. Unicamente se exentaban en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año, aquellos beneficiarios de apoyos cuyos montos no excedieran los diez mil pesos.

En tal virtud, estamos poniendo a consideración del Pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos de los programas federales correspondientes a los sectores de la agricultura, ganadería, desarrollo rural y pesca; quedan excluidos de lo establecido en el presente artículo, siempre y cuando el monto de subsidio o estímulo no exceda del equivalente a 500 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, correspondiente a la fecha de solicitud del apoyo.

Transitorio

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, 5 de junio de 2013.

Firma: Senador Gerardo Sánchez García, Senadora María Cristina Díaz Salazar.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los suscritos, GERARDO SANCHEZ GARCIA y CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8 numerales 1 y 2, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad en el campo mexicano es de suma importancia para la economía nacional. El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto señaló recientemente que “el 13.4 por ciento de la población ocupada en México se desempeña en actividades agropecuarias”[1], es decir; más de 8 millones de personas tienen su fuente de ingreso en el sector primario.

Sin embargo, este sector genera apenas 3.66 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en severas condiciones de pobreza y hambre para quienes viven de esta actividad.

Tenemos el reto de impulsar y contribuir al desarrollo de este sector de la economía, adoptando medidas que fomenten la productividad e impacten en beneficio de la economía familiar.

Otro de los retos que tenemos, es combatir los efectos del cambio climático, lo cual ha modificado la actividad del campo en distintos puntos del país, por lo que los ciclos de cultivo han cambiado generando incertidumbre en las cosechas.

México tiene un gran reto en materia de productividad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018[2] define en la meta IV titulada México Próspero: “eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país” y establece dentro del diagnóstico para el Sector Agroalimentario que debe ser fortalecida la capitalización del sector y mejorar la oportunidad y costo del financiamiento.

Tomando en cuenta lo anterior, se debe precisar que ésta reforma busca coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que contribuye facilitando el acceso a subsidios, financiamiento y capitalización de los productores agropecuarios y pesqueros del medio rural nacional.

La entrega de apoyos económicos para reactivar el campo mexicano es llevada a cabo por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ya que tiene como objetivo: “propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios”[3].

Para tal efecto, la SAGARPA emite anualmente las Reglas de Operación para los Programas que administra. Las Reglas vigentes establecen en el artículo octavo transitorio que “sólo los beneficiarios de apoyos cuyo monto sea mayor a 30 mil pesos deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación”, el cual establece los requisitos que se deberán cumplimentar para tener derecho al otorgamiento de dichos subsidios o estímulos.

Por lo anterior, quedan exentos de la opinión emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generalmente los pequeños productores, lo cual promueve que los apoyos se les entreguen de forma expedita y con menos trámites.

Quienes suscribimos la presente Iniciativa consideramos necesario dar una mayor certeza a los pequeños y medianos productores, estableciendo en el multicitado artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación que quedan excluidos de los requisitos establecidos, siempre y cuando el monto del subsidio o estímulo no exceda el equivalente a quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, correspondiente a la fecha de solicitud del apoyo.

Lo anterior evitará que dicho beneficio sea establecido a arbitrio del Titular de la SAGARPA. Prueba de lo anterior es que para el año 2012 en las reglas de operación de la SAGARPA no se otorgo tal beneficio. Únicamente se exentaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año, a aquellos beneficiarios de apoyos cuyos montos no excedieran los 10 mil pesos.

En tal virtud, ponemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

Artículo UNICO: Se reforma el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I….

II. …

III. ..

IV. …

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos de los programas federales correspondientes a los sectores de agricultura, ganadería, desarrollo rural y pesca; quedan excluidos de lo establecido en el presente artículo, siempre y cuando el monto del subsidio o estímulo no exceda el equivalente a quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, correspondiente a la fecha de solicitud del apoyo.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 5 de junio de 2013.

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. María Cristina Díaz Salazar".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Rubén Camarillo Ortega, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 324 y 334 de la Ley General de Salud.

1Clausura de la 77 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Querétaro, México. 22 de mayo de 2013.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado en el DOF el día 20 de mayo de 2013. Disponible en el sitio web: http://www.dof.gob.mx/

3Sitio web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 324 Y 334 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Diputado Rubén Camarillo Ortega, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor Presidente.

La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todos los mexicanos sin distinción alguna.

El derecho a la protección de la salud entraña el deber del Estado de realizar tantas actividades sean necesarias, así como la prestación de bienes y servicios para garantizar que sus habitantes gocen de un adecuado nivel de salud pública; además, de llevar a cabo programas de educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud.

Ahora bien, la donación de órganos en sí constituye un medio para preservar la salud, si se considera que un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido disfuncional por otro sano, con el objeto de restituir las funciones perdidas. En muchos casos, es la única forma para que la persona pueda salvarse o recuperar su calidad de vida.

Para quien goza de buena salud es casi imposible percibir el dolor, ansiedad, depresión e impotencia que padece un enfermo; lo que sí es imposible de creer es que existiendo la manera de salvar múltiples vidas, esta oportunidad se desperdicie por falta de información o desconfianza, al negarnos a donar nuestros órganos a nuestra muerte o a la muerte de algún familiar, sin pensar que un ser querido nuestro o nosotros mismos podríamos estar en la misma situación de un enfermo en un futuro.

Donar o recibir un órgano parece estar lejos de nuestro entorno cuando en nuestra vida todo marcha bien, con nuestra salud y la de nuestra familia, pero es bien conocido que la salud no es para siempre y que no estamos exentos de perderla. No es un simple problema de doctores y algunos enfermos; esto es un problema de carácter moral que envuelve a toda la sociedad, y debido a que concierne a la sociedad, concierne de igual manera al Estado y a las leyes que nos rigen.

Por esa razón, y por estos elementos que estoy comentando, debo dejar en claro algunos elementos que nos podrían ayudar a entender la importancia de la iniciativa que hoy presentan. La mayoría de los órganos trasplantados en seres humanos provienen de la donación de personas vivas relacionadas con los enfermos, quienes recurren a sus padres, hijos o hermanos para aliviar su situación, tal como lo publica el Centro Nacional de Trasplantes en su informe anual 2012 donde se señala que en 2011, de 2468 trasplantes renales, de esos 2468, 1889 fueron de personas vivas.

La donación de vivo relacionado no es la mejor alternativa, ya que además de resultar improcedente e ilícito para proveer ciertos órganos que son únicos en el organismo como es el caso de hígado, el corazón, el páncreas, tejido cerebral, e incluso corneas, que implicarían la muerte del donador, o poner en riesgo la vida de personas sanas que deben ser sometidas a una intervención quirúrgica. Hay que tener en cuenta que cualquier intervención, aunque esté bien regulada, puede representar siempre un peligro para el donante por las complicaciones imprevisibles. Además los resultados a largo plazo no son favorables en absoluto. Las estadísticas revelan que los éxitos aumentan con la experiencia, pero todavía se está muy lejos de alcanzar los porcentajes altos que constituyen el futuro ideal. En cambio, cuando se trata de un trasplante de cadáver, se puede aceptar todo riesgo porque, si bien en su conjunto los resultados a largo plazo no pasan de ser sólo satisfactorios, representan, sin duda, un beneficio cierto para quien no tiene otra opción para seguir viviendo.

En virtud de la gran falta de donadores, aunado con el largo tiempo de espera que se requiere para obtener un órgano, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, en el caso del riñón y córnea, el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos, entonces, se hace necesario fomentar su práctica imperativamente para el tema de la donación de órganos, así y coincidiendo con lo que señala el Plan Nacional de Salud, el cual contempla construir una cultura de donación altruista de órganos y tejidos que eleve la tasa de donación para trasplantes en nuestro país y promueva la donación de fondos para apoyar las fases pre y post trasplante para personas con escasos recursos, planteo la siguiente reforma a la Ley General de Salud, en el entendido, y éste es el tema que trae esta reforma.

Todos somos potencialmente donadores, salvo que en vida hayamos manifestado expresamente lo contrario.

Y éste es el espíritu de esta iniciativa que presento hoy, de modificación al artículo 324 y del artículos 334 de la Ley General de Salud, en donde estamos promoviendo acciones afirmativas para poder promover, para poder alcanzar un nivel aceptable en la cultura de donación de órganos y de trasplantes.

Creo, y estoy convencido, que este tipo de reformas son polémicas, este tipo de reformas son de discutirse, pero hoy pongo a la atención de los legisladores y de las legisladoras de este país esta reforma que, sin duda, de aprobarse nos llevará a un mejor estadio en el estado que guarda actualmente la cultura de donación y trasplantes de órganos.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Rubén Camarillo Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciOn Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artIculos 71, fracciOn II, de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral I, 76, numeral 1, fracciOn I, 77 y 78 del Reglamento de la CAmara de Diputados, presento a consideraciOn de esta soberanIa iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artIculos 324 y334 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud pública, es una condición imprescriptible y necesaria del Estado moderno, requiere de una constante intervención nacional y de medios idóneos, refiriéndose al aspecto higiénico o sanitario de una colectividad.

Se tiene que el derecho a la protección de la salud, tendrá entre otros propósitos, lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos, prolongar y mejorar la calidad de vida en todos los sectores sociales, sobre todo los más desprotegidos, así como buscar que el disfrute de los servicios de salud y asistencia social satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

La teleología de esta iniciativa es la procuración de la salud y el bienestar de los mexicanos y ello se confirma con la exposición de motivos y con los dictámenes de las Cámaras de Senadores y de Diputados que dieron origen a las reformas y adiciones al artículo 4ºconstitucional, de fecha tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en las que en sus partes conducentes señalan: --- “Exposición de Motivos: --- …Por ello, los gobiernos de la Revolución han estado atentos a destinar a la salud, los mayores recursos posibles y a continuar la tarea permanente de modernizar la legislación sanitaria. La rica y vasta legislación se ocupa ya de cuestiones que inicialmente no eran contempladas por la norma sanitaria, como son la prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos, disposición de órganos, tejidos y cadáveres; …/ Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros; como en nuestra Constitución, como parte de las garantías individuales que todo mexicano debe gozar, y que a la letra dice: ‘Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.’

La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna.

El derecho a la protección de la salud entraña el deber del Estado de realizar determinadas actividades, así como la prestación de bienes y servicios para garantizar que sus habitantes gocen de un adecuado nivel de salud pública; además de llevar a cabo programas de educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de problemas de salud.

Ahora bien, la donación de órganos en sí constituye un medio para preservar la salud, si se considera que un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido disfuncional por otro sano, con el objeto de restituir las funciones perdidas. En muchos casos, es la única forma para que la persona pueda salvarse o recuperar su calidad de vida.

Para quien goza de buena salud es casi imposible percibir el dolor, ansiedad, depresión e impotencia que padece un enfermo; lo que sí es imposible de creer es que existiendo la manera de salvar múltiples vidas, esta oportunidad se desperdicie por falta de información o desconfianza, al negarnos a donar nuestros órganos a nuestra muerte o a la muerte de algún familiar, sin pensar que un ser querido nuestro o nosotros podríamos estar en la misma situación de ese enfermo, en un futuro.

Donar o recibir un órgano parece estar lejos de nuestro entorno cuando en nuestra vida todo marcha bien con nuestra salud y la de nuestra familia, pero es bien conocido que la salud no es para siempre y que no estamos exentos a perderla. No es un simple problema de doctores y algunos enfermos; esto es un problema de caráctermoral que envuelve a toda la sociedad, y debido a que concierne a la sociedad, concierne de igual manera al Estado y a las leyes que nos rigen.

Pueden necesitar un órgano las personas con insuficiencia renal, hepática, cardiaca, pulmonar, ceguera, leucemia, etc., en fase terminal e irreversible, quienes tienen la esperanza de recibir un órgano o tejido para poder ampliar su esperanza de vida. Los donadores pueden ser personas vivas, quienes solamente pueden donar aquellos órganos que no afecten las funciones que requiere el organismo para mantener un buen estado de salud. También existen donantes de órganos de cualquier edad, que a causa de traumatismos y hemorragia cerebral, etcétera, fallecen en un hospital con problemas que afectan directamente al cerebro provocando el estado que se conoce como muerte cerebral que es muerte total e irreversible a pesar de que el corazón sigue latiendo.

La muerte cerebral es el estado fisiológico que se caracteriza por ausencia completa y permanente de conciencia, de respiración espontánea y de los reflejos de los pares craneales y medulares; falta de percepción de los estímulos externos; atonía de todos los músculos. Todo ello debido a la pérdida de la función cerebral lo que constituye muerte total e irreversible pero con corazón latiente y respiración sostenida por un respirador mecánico.

En México se realizan trasplantes de córnea, médula ósea (progenitores de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.

La mayoría de los hospitales que realizan trasplantes se encuentran en las capitales de las entidades federativas y en las ciudades más grandes del país. La capacidad técnica de sus cirujanos y los programas de trasplante se distingue por su gran calidad. En México se hacen trasplantes desde 1963 y se han realizado alrededor de 40 mil.

Por otro lado, la mayoría de los órganos trasplantados en seres humanos provienen de la donación de personas vivas relacionadas con los enfermos, quienes recurren a sus padres, hijos o hermanos para aliviar su situación. (Tal como publica el Centro Nacional de Trasplantes en su informe anual al 2012 donde se señala que en el 2011 de 2468 trasplantes renales, 1889 fueron de personas vivas).

La donación de vivo relacionado no es la mejor alternativa, ya que además de resultar improcedente e ilícito para proveer ciertos órganos que son únicos en el organismo como es el caso de hígado, corazón, páncreas, tejido cerebral, e incluso corneas, que implicarían la muerte del donador, se pone en riesgo la vida de personas sanas que deben ser sometidas a una intervención quirúrgica. Hay que tener en cuenta que cualquier intervención, aunque esté bien regulada, puede representar siempre un peligro para el donante por las complicaciones imprevisibles. Además los resultados a largo plazo no son favorables en absoluto. Las estadísticas revelan que los éxitos aumentan con la experiencia, pero todavía se está muy lejos de alcanzar los porcentajes altos que constituyen el futuro ideal. En cambio, cuando se trata de un trasplante de cadáver, se puede aceptar todo riesgo porque, si bien en su conjunto los resultados a largo plazo no pasan de ser sólo satisfactorios, representan un beneficio cierto para quien no tiene otra alternativa ni otra opción.

En virtud de la gran falta de donadores, aunado con el largo tiempo de espera que se requiere para obtener un órgano, (según datos del Centro Nacional de Trasplantes en el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de espera es entre 24 y 30 meses. En el caso de hígado y corazón los tiempos de espera pueden ser mucho más largos), se hace necesario fomentar su práctica imperativamente, coincidiendo con lo que señala el Plan Nacional de Salud, el cual contempla construir una cultura de donación altruista de órganos y tejidos que eleve la tasa de donación para trasplantes en nuestro país y promueva la donación de fondos para apoyar las fases pre y post trasplante con escasos recursos.

La disposición de órganos y tejidos es una decisión del Estado, mientras que en México la propiedad del cuerpo recae en primer término a la persona y ante la falta de una decisión sobre el mismo la propiedad puede ser ejercida por los familiares más cercanos o en su ausencia por el Estado.

El problema que se presenta es que debido a la poca cultura sobre este tema entre las personas, la medicina ha sido obstaculizada en sus avances por mantener la vida, y es por eso que es necesario regularizar de uno u otra manera esta situación.

Es bien sabido que la salud es un derecho que el Estado debe proporcionarnos, y la donación de órganos se está convirtiendo en un problema de salud.

También es bien sabido que, la desesperación de familiares de enfermos y/o de la existencia de personas oportunistas sin ningún tipo de ética, se atreven a traficar con órganos de humanos de una manera despiadada y añadiendo como consecuencia otros tipos de delitos.

Al hacer obligatoria la donación de órganos a la muerte de las personas se disminuye la inseguridad y el temor constante de ser presa de este tipo de trafico de órganos, de ser asesinado tal vez solo para obtener un órgano que, si todos en la sociedad donaran a su muerte no tendrían necesidad de hacerlo y, aparte, ser una esperanza de vida para muchos enfermos, sería la salvación de otros tantos que están o podrían estar en la mira de despiadados traficantes de órganos.

“Todos somos potencialmente donantes −salvo que en vida hayamos manifestado expresamente lo contrario.

Cualquiera que haya cumplido los dieciocho años puede hacerse donante voluntario, expresando el deseo de que sus órganos sean utilizados como fines terapéuticos una vez que se produzca el fallecimiento por muerte cerebral”. Así lo señalan las legislaciones de España y Ecuador, entre otros, a quienes los resultados de esas acciones ha disminuido el tráfico de órganos y ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes.

Para evitar suspicacias innecesarias, que el diagnostico se haga por un grupo de médicos constituido por un neurólogo, un médico, un tratante y un especialista, independiente del grupo que solicita la donación de órganos. Asimismo, la comunicación de muerte cerebral a los familiares debe hacerse con la certeza y seguridad de un diagnóstico contundente a fin de que se comprenda cabalmente que es un estado irreversible. Y, para efectos de la certificación de muerte y de la extracción de órganos, será exigible la existencia de un certificado de defunción extendido por un médico diferente de aquél que interviene en la extracción o el trasplante.

Esta iniciativa de reforma al artículo 324 y 334 de la Ley General de Salud, propone actuar de manera decidida en garantizar de manera eficaz la garantía a la Salud de los mexicanos, por un lado conservar la calidad de vida de los familiares expuestos a donar como un acto de amor, y por otro, dar una esperanza más cercana a quien necesite un órgano para vivir.

Sin duda alguna, la falta de decisiones objetivas y oportunas por parte de nosotros como ciudadanos y de las diversas instancias gubernamentales ha llevado a una situación de delincuencia y de temor, que resulta necesario que el Estado, de manera responsable, garantice eficazmente la salud a que está obligado constitucionalmente.

Por lo tanto, los mexicanos que se acojan a esta disposición deberán hacer constar su negativa o aceptación a ser donantes de órganos de forma explícita en licencia para manejar, así como en la cédula de identidad, cuyo trámite será canalizado por el Registro Civil.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de los artículos 324 y334 de la Ley de General de Salud, del Título Decimocuarto, sobre Donación, trasplantes y pérdida de la vida; para quedar como sigue:

ARTICULO 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuandono hayadejado constancia expresa de la manifestación de su negativa a que después de su muerte, su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

….

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I….;

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de muerte y de la extracción de órganos, será exigible la existencia de un certificado médico firmado por tres médicos, entre los que debe figurar un Neurólogo o Neurocirujano y el Jefe de Servicio de la Unidad Médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto. En ningún caso dichos facultativos podrán formar parte del equipo extractor o trasplantador de los órganos que se extraigan.

II. Que la persona fallecida, de la que se pretende extraer órganos, no haya dejado constancia expresa de su negativa a que después de su muerte se realice la extracción de órganos.

Para el efecto, los familiares de la persona fallecida, deberáncomprobar que efectivamente no se dejó constancia expresa de su negativa, a través de los medios de identidad aceptados por esta legislación, incluyendo la licencia para conducir;

II. Bis. Se deroga.

III...

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de junio de 2013.

Dip. Rubén Camarillo Ortega".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Camarillo Ortega. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Primero, el reconocimiento del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República y, sin duda, creo que de mis compañeras y compañeros Diputados en esta Comisión Permanente.

A la Mesa Directiva del Senado de la República y a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, por la extraordinaria conducción de los eventos de la visita del Presidente de la República Popular China, y en especial el espléndido discurso del Diputado Ricardo Anaya Cortés, de cuyo contenido nos sentimos representados todos los integrantes del Congreso Mexicano.

¡Felicidades!

(Aplausos)

Bien, en días recientes, familiares de desaparecidos realizaron un plantón enfrente de las oficinas de la Procuraduría General de la República, para exigir a las autoridades que se investigue, se sancione y sobre todo se dé con el paradero de sus familiares que fueron desaparecidos por actos en los que participan integrantes de la delincuencia organizada, y con frecuencia, fuerzas de seguridad del Estado.

El principal reclamo de los familiares de las víctimas de los levantones consiste en la ausencia de acciones por parte de las autoridades, mismas que indebidamente, en muchos casos, ni siquiera inician una denuncia formal ante la falta de elementos que permiten ubicar como un secuestro o un homicidio el acto delictivo.

A diferencia del secuestro en el que se demanda un rescate por parte del perpetrador, en los levantones no hay negociación, y en muchas ocasiones las víctimas son torturadas e incluso asesinadas.

Asimismo, se presenta con frecuencia que las víctimas son reclutadas por el crimen organizado con la finalidad de que participen en la comisión de delitos, de ilícitos bajo la amenaza de que pierdan la vida ellos o sus familiares.

La ausencia de un tipo penal específico para los casos en que una persona es levantada y cuyo paradero se desconoce, por lo que se le considera desaparecida, ha generado impunidad, así como la falta de políticas públicas de prevención y de atención a los familiares de las víctimas, por lo que es necesario establecer una descripción de la conducta delictiva para dar paso al diseño de estrategias efectivas para combatirlo.

Para atender este problema, se presenta esta iniciativa, para que por primera vez en nuestro país se tipifique el delito bajo el concepto de desaparición involuntaria de personas, cuyo responsable será quien levante en la vía pública o al interior de un inmueble a una persona utilizando la violencia y que la mantenga oculta.

Asimismo, se establece una descripción normativa, hasta ahora ausente, de levantar a una persona en los casos en que es sujetada o amenazada impidiéndole su libre desplazamiento, siendo sustraída del lugar en que se encuentra.

Además, por este delito se plantea una penalidad que puede llegar hasta los 40 años de conformidad con las agravantes establecidas, tales como la que la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes del delito, sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal o que sea menor de edad o mujer en estado de gravidez.

Las sanciones por este delito se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por otros delitos que, aún y cuando, sea el resultado de la misma conducta.

En México, desde el sexenio anterior, se incrementó la desaparición de personas víctimas de los denominados levantones, los cuales implican una privación ilegal de la libertad sin negociación, que generalmente termina en asesinato. Los estados del norte del país han padecido principalmente este tipo de violencia, sin embargo, el día de hoy es un mal generalizado en varios puntos del país donde las bandas del crimen organizado tienen mayor presencia.

El delito de desaparición forzada de personas queda acotado para sancionar a los servidores públicos que consienten dichos ilícitos o a particulares que son incentivados por éstos para consentirlos, no tomando en cuenta los casos en los que no se demuestra la participación de algún agente del Estado y, sin embargo, se realizan actos similares levantando, desapareciendo, ocultando y vejando a personas que hoy son víctimas de esta nueva forma de crimen en la sociedad.

Como lo señala el artículo 14 de nuestra Constitución Política, las normas jurídicas de derecho penal no admiten analogía de razón, por lo que en este caso se genera una problemática, ello en razón de que estas nuevas formas de delinquir por parte de las células criminales, son altamente impunes. Diferenciar delitos y determinar cuál es la gravedad de cada uno es tarea de la legislación penal, lo cual constituye el primer eslabón para otorgar seguridad jurídica a la Nación.

En todos los casos, la participación de las autoridades es crucial en la investigación y en la búsqueda de las personas desaparecidas.

La presentación de esta iniciativa es el primer paso a nivel jurídico normativo, para enfrentar la impunidad a los hechos actuales. La definición clara de políticas de prevención y de restablecimiento del tejido social en nuestro país, es sin lugar a dudas, otra parte para la atención integral de esta problemática, lo que le corresponde a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, compañeras y compañeros de esta Comisión Permanente.

(Aplausos)

Iniciativa

"Honorable Asamblea, los que suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el sexenio pasado el Estado mexicano ha enfocado el aparato de seguridad nacional principalmente en la lucha contra el narcotráfico, lo anterior se ha realizado sin una estrategia eficaz que vaya a las causas que originan esta actividad criminal, lo que ha traído consecuencias graves para la sociedad, al generar nuevas formas de delinquir por parte de las células criminales, que anteriormente no había sufrido nuestro país, dichas actividades ilícitas han producido principalmente impunidad, desconfianza, miedo, sentido de injusticia, dolor, incertidumbre y grandes pérdidas en la sociedad.

En agosto de 2008, se publicó en diversos medios de comunicación, que en ese año 410 personas habían sido levantadas en Chihuahua, Baja California y Durango, y que las cifras mostraban una tendencia al alza. Asimismo, se refirió que en Chihuahua, al menos 40 por ciento de las personas ejecutadas por el crimen organizado, cuyos cadáveres aparecen en fosas clandestinas, encobijadas, calcinadas o en tambos llenos de cemento o ácido, fueron levantadas.1

La ausencia de una estrategia en la lucha contra el narcotráfico, incrementó considerablemente la violencia en la historia del país, obteniendo resultados desgarradores, tal es el caso que durante la administración de Felipe Calderón entre 47,000 y 60,000 personas murieron como resultado de la violencia contra el narcotráfico (12,366 tan sólo en 20112 y 12,000 en 2012); así como cerca de 25,000 desaparecidos. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó el número total de homicidios relacionados con las drogas y otros delitos entre 2007 y 2011 dando una cifra de 95,646, con 27,213 tan solo en 2011.3 Lo más alarmante de este fenómeno son los altos niveles de violencia que significativamente superan a las cifras obtenidas en Afganistán e Iraq, dos países que cargan con la inseguridad y con una situación de guerra.

En México desde hace varios años se ha incrementado la desaparición de personas víctimas de los denominados “levantones”, los cuales implican una privación ilegal de la libertad sin negociación que generalmente termina en asesinato. Los estados del norte del país han padecido principalmente este tipo de violencia, sin embargo, el día de hoy es un mal generalizado en varios puntos de la República donde las bandas del crimen organizado tienen mayor presencia.

A diferencia del secuestro, en el que se demanda un rescate por parte del perpetrador, en los levantones no hay negociación y en muchas ocasiones las víctimas son torturadas e incluso asesinadas. Asimismo, se presenta con frecuencia que las víctimas son reclutadas por el crimen organizado con la finalidad de que participen en la comisión de ilícitos, bajo la amenaza de perder la vida de ellos o de sus familiares.

Por otro lado, es preciso señalar que los denominados “levantones”, no necesariamente pueden subsumirse al tipo penal de desaparición forzada de personas como delito y como violación a derechos humanos, ya que éste se refiere a los actos de desaparición que realizan, propician o consienten los servidores públicos, no previendo el supuesto de la perpetración de dichos actos ilícitos por parte de particulares en los que no se demuestra la participación del algún agente del Estado, razón por la cual no es sancionable. Actualmente, la problemática ha rebasado la norma penal, dado que hoy en día los particulares realizan actos similares, levantando, desapareciendo, ocultando y vejando a personas que hoy son víctimas de esta nueva forma de crimen en la sociedad.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó México del 18 al 31 de marzo de 2011, en dicha visita realizó un informe detallado sobre la problemática en el país, refiriendo lo siguiente:

“… el GTDFI expresa su preocupación por los desafíos que la estructura federal puede significar en la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992 (la Declaración). La distribución de competencias; la falta de una Ley General que regule todos los aspectos de la desaparición forzada; la existencia de fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y municipal; la posibilidad de que los delitos sean investigados a nivel federal o estatal dependiendo de la participación directa o indirecta de funcionarios federales o estatales son factores que diluyen la responsabilidad de dichas autoridades.(…)

En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal. Más aún, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluida la prescripción. Es importante resaltar que, en 2004, la Suprema Corte estableció que el plazo para que opere la prescripción en un caso de desaparición forzada “empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.” Algunos otros Estados han optado por promulgar legislación no jurisdiccional y procedimientos para abordar las desapariciones forzadas.

Las inconsistencias de la definición del delito de desaparición forzada en relación con la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes, así como el hecho de que la gran mayoría de los Estados no hayan tipificado la desaparición forzada como un delito autónomo, contribuyen a la impunidad.

Debido a que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas, muchos casos que podrían encuadrarse bajo este delito son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. El GTDFI recibió múltiples testimonios de casos en que la privación de la libertad, aún pudiendo enmarcarse bajo el delito de desaparición forzada, es clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad.”

Las desapariciones involuntarias de personas deben ser consideradas como un “delito permanente”, lo anterior en razón de que el ilícito se sigue produciendo mientras la persona desaparecida continúe ausente y no se proporcione información sobre su paradero. Este aspecto particular del delito implica que, con independencia de cuándo se haya producido el acto inicial de la desaparición, hasta que no se establezca la suerte de la persona desaparecida existe una violación continua que debe ser tratada como tal por el sistema de justicia penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que “el deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida”.

Es en ese sentido que se reitera la necesidad de atender el fenómeno criminal que se ha incrementado considerablemente, sumando a ello la problemática de técnica jurídica, puesto que, como se ha observado, dichos actos criminales no se encuentran tipificados expresamente en nuestra legislación, lo que trae como consecuencia una laguna jurídica que permea en la eficiente procuración y administración de justicia, generando preponderantemente impunidad. Atento a lo anterior, es inminente la elaboración de un tipo penal específico para estos casos, así como el diseño de estrategias para combatirlos.

Como lo señala el artículo 14 de nuestra Constitución Política, las normas jurídicas de derecho penal, no admiten analogía de razón, por lo que en este caso se genera una problemática, ello en razón de que estas nuevas formas de delinquir por parte de las células criminales, son altamente impunes. Diferenciar delitos y determinar cuál es la gravedad de cada uno es tarea de la legislación Penal, lo cual constituye el primer eslabón del principio de seguridad jurídica.

En todos los casos, la participación de las autoridades es crucial en la investigación y en la búsqueda de las personas desparecidas, quienes además de encuadrar la conducta en los tipos penales, deben aportar las medidas oportunas y exhaustivas para buscar a las víctimas, investigando a fondo los hechos. En ese sentido, el agente del Ministerio Público, debe ser dotado de las herramientas jurídicas que lo faculten legalmente para implementar las medidas básicas de investigaciónpara encontrar a las personas desaparecidas. 4

Ha sido común escuchar a los familiares de las víctimas desparecidas, señalar que los propios agentes ministeriales se mostraron proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, al no considerar prioritaria la solución del caso, les indicaron que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Lo anterior, demuestra no sólo la falta de una legislación adecuada, sino además la falta de capacitación y sensibilización por parte de nuestras autoridades que lejos de apoyar a la víctima y realizar la labor de procuración de justicia, se vuelven indiferentes y negligentes en la labor que les ha sido encomendada.

El reciente informe realizado por Human Rights Watch, señala que:

En México las desapariciones también tienen consecuencias económicas devastadoras para las familias de las víctimas, y afectan especialmente a grupos vulnerables como los hijos y las familias que viven en condiciones de pobreza. Las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rights Watch son, casi en su totalidad, hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén económico de familias con varios hijos. Debido a su ausencia, sus cónyuges y parejas debieron reaccionar rápidamente para adaptarse a la pérdida del ingreso y poder mantener a sus familias. Esta dificultad económica se ve agravada por el sistema de asistencia social de México, en el cual se supedita la prestación de algunos servicios a que uno de los miembros de la familia tenga empleo. Por lo tanto, la desaparición puede suspender el acceso a beneficios sociales como atención de la salud y cuidado infantil. A fin de conservar el acceso a estos servicios indispensables, los familiares debieron iniciar procedimientos burocráticos costosos y prolongados para que las autoridades reconocieran que la persona estaba desaparecida o muerta, lo cual acentuó su sufrimiento”.5

Debemos sumar esfuerzos y apoyar las búsquedas e investigaciones, superando obstáculos estructurales, incluidas las normas excesivamente acotadas y la ausencia de herramientas indispensables para la pronta localización de las personas desaparecidas involuntariamente, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas, entre otras medidas y políticas de apoyo inmediato.

La presente iniciativa, tiene por objeto tipificar los denominados levantones, definiéndolos bajo el tipo penal de “desaparición involuntaria de personas”, y conceptualizándolos a nivel jurídico penal para que se entienda por “levantar”, cuando una persona es sujetada o amenazada por el agente activo, impidiéndole su libre desplazamiento, siendo sustraída del lugar en que se encuentra.

Además, para este delito se establece una penalidad que va de 20 a 40 años, lo cual es de la más alta gravedad, acorde con el terrible resultado material que conlleva esta conducta, pudiendo dicha pena incluso llegar hasta los setenta años, de conformidad con las agravantes establecidas, tales como:

• Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

• Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

• Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

• Que la víctima sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal.

• Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

• Que durante la desaparición de la persona se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

• Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

• Que durante o después de su desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

• Que la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona, sea privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos

Asimismo, se establece con claridad que estas sanciones se impondrán, sin perjuicio de las que correspondan por otros delitos que sean resultado de la misma conducta.

Lo anterior, se realizará incluyendo un capítulo segundo al Título Tercero Bis de los delitos contra la Dignidad de las Personas, y estableciendo las agravantes al tipo.

La presentación de esta iniciativa es el primer paso a nivel jurídico normativo, para enfrentar la impunidad a los hechos actuales. La definición clara de políticas de prevención y de restablecimiento del tejido social en nuestro país es sin lugar a dudas otra parte para la atención integral de esta problemática, lo que le corresponde a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se expide la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

UNICO: Se adiciona un Capítulo al Título Tercero Bis y los artículos 149 quater, 149 quintus, 149 sextus, 149 séptimus, y 149 octavus, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Tercero Bis

Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Primero

Discriminación

Artículo 149 Ter.

I. a III. …

Capítulo segundo

Desaparición involuntaria de personas

Artículo 149 Quater. Comete el delito de desaparición involuntaria de persona quien, independientemente de los fines con los que realice el acto, levante en la vía pública o al interior de un inmueble a una persona, utilizando la violencia y la mantenga oculta.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá por levantar, cuando una persona es sujetada o amenazada por el agente activo, impidiéndole su libre desplazamiento, siendo sustraída del lugar en que se encuentra.

Artículo 149 Quintus. Al que cometa el delito de desaparición involuntaria de persona, se le impondrá una pena de veinte a cuarenta años de prisión.

Artículo 149 Sextus. Se aplicará una pena de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la desaparición involuntaria de persona concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

b) Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

c) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

d) Que la víctima sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal.

Artículo 149 Séptimus. Se aplicará una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la comisión del ilícito de desaparición involuntaria de persona concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

b) Que durante la desaparición de la persona se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 de este Código;

d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

e) Que durante o después de su desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artículo 149 Octavus. Si la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona, es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

Si espontáneamente se entrega a la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona dentro de los tres días siguientes de que fuera levantada, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.

La pena señalada en el párrafo segundo de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que aparezca la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del presente Código, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

En caso de que espontáneamente se entregue a la víctima dentro de los primeros diez días, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2013.

Atentamente".

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senador Barbosa Huerta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=005n1pol

2 Vanda Felbab-Brown , “Peña Nieto’s Piñata:The Promise and Pitfalls of Mexico’s New Security Policy against Organized Crime”, Washington, DC: The Brookings Institution, 2013.

3Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muertes por homicidio, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyec- tos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est&c=28820&proy=mort_dh.

4Human Rights Watch, “Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, 2013, Impreso en los Estados Unidos de América.

5Ibidem

Se concede el uso de la tribuna al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, para presentar a nombre propio y del Senador Jorge Emilio González Martínez y del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Playas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLAYAS

(Presentada por el C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre propio y del C. Senador Jorge Emilio González Martínez y del C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes que nada, quiero unirme al reconocimiento que ha hecho el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, quien siempre, o como siempre, ha tenido la virtud de saber reconocer un excelente papel de uno de sus compañeros, en este caso del Presidente Anaya, a quien yo también reconozco por su extraordinario papel y su extraordinaria intervención, esta mañana ante la visita del señor Xi Jinping, Presidente de la República Popular de China.

Pasando a la parte de la iniciativa. Como todos ustedes saben, hoy 5 de junio del presente año, o como todos los años lo venimos celebrando, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente.

Y a propósito de este día, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, el Partido Verde, busca de manera específica honrar a nuestro planeta y de manera señalada a nuestro territorio.

En este caso, que por conducto de su servidor y de mis compañeros, mi coordinador en el Senado de la República, Jorge Emilio González Martínez y de mi compañero el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, con quien tengo el privilegio de representar al Partido Verde en esta Comisión Permanente.

Venimos a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Playas.

Y decía yo, que el Partido Verde, como en otras múltiples ocasiones en el que ha mostrado su responsabilidad y su compromiso con el medio ambiente, ocasiones en las que ha promovido la expedición de diversas leyes en materia ambiental, como por ejemplo, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que es una ley que formó parte de la reforma energética de 2008; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada desde el año 2003 y la ley, recién aprobada, Ley de Responsabilidad Ambiental, ya aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que se encuentra en estos momentos pendiente de su publicación.

En este caso, la iniciativa con proyecto de Decreto que venimos a presentar, sigue el mismo criterio y el mismo objetivo de honrar a nuestro planeta y a nuestro territorio.

Como ustedes saben, México es un país privilegiado, como muy pocos los hay en nuestro planeta, que gozan de su vecindad o que hacen costa con dos de los más importantes mares de nuestro planeta, que son en este caso el océano Pacífico y el océano Atlántico.

México cuenta con 11 mil kilómetros de litoral en ambas costas, distribuidos a lo largo de 17 estados de la República, y sabemos que por mandato constitucional, las playas son propiedad original de la Nación, sujetas al régimen de dominio público de la Federación.

Por su importancia económica y ambiental, las playas deben ser reguladas bajo esquemas de sustentabilidad en beneficio de la Nación.

Hoy en día, desafortunadamente, o de manera sorprendente, el andamiaje legal que el Congreso Federal le ha dado a esta República, adolece de esta ausencia importante que es la regulación de nuestras playas.

¿Cuál es la problemática que enfrentan nuestras playas y que nos motiva a presentar esta iniciativa? Pues simplemente quienes han tenido oportunidad de visitar una playa o quienes han tenido de conocer a través de los medios electrónicos las condiciones de nuestras playas, habrán podido constatar que muchas de ellas padecen de contaminación, degradación ambiental y desarrollo desmedido de infraestructura, en perjuicio de ecosistemas costeros.

Hemos podido ver también, que hay pérdida de hábitat de vida silvestre, derivados de la contaminación, la deforestación y los cambios de uso de suelo.

Esto a su vez genera en la mayoría de los casos, afectaciones a la calidad del agua, en perjuicio, primero, de la población que habita en esos ecosistemas costeros; y en segundo lugar, de las industrias turística y pesquera que viven o que dependen de esos ecosistemas costeros, de manera genérica, estas afectaciones a la calidad de agua, generan impacto en la salud pública y, obviamente, al medio ambiente.

Otro problema que conocemos muchos de los que conocemos el desarrollo del sector turístico en nuestro país, es justamente la falta de una planeación adecuada del desarrollo de los destinos turísticos costeros.

Ahora bien, ¿qué es lo que justifica que presentemos esta iniciativa? Como ya dije, es la falta de normatividad especial en materia de playas, se requiere articular la actuación de las autoridades que inciden en las playas en temas como el ambiental, el turístico, el pesquero, e incluso el marino, así como el régimen de bienes nacionales.

Existe una necesidad de tomar en cuenta la interacción tierra-mar, así como las externalidades negativas y la rentabilidad y valor social de las playas, mediante el establecimiento de medidas que garanticen su conservación y gestión sustentable.

¿Cuál es el contenido de la iniciativa que estamos presentando? En primer lugar, obviamente, el objetivo que planteamos es dotar a las playas mexicanas de un régimen jurídico específico, que regule su uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia.

¿Qué elementos novedosos estamos incorporando? En primer lugar, es la clasificación de las playas. Estamos proponiendo tres categorías que son: la de impacto turístico, de impacto ecológico y las playas en general.

La estructura de esta iniciativa de expedición de ley, consta de 49 artículos, distribuidos a lo largo de seis Títulos, con obviamente sus disposiciones transitorias.

En el Título Primero, relativo al de las Disposiciones Generales, estamos incorporando evidentemente el objeto y ámbito de aplicación de la ley; el régimen de supletoriedad, las definiciones, distribución de competencias y coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Federal, cuya actuación incide en las playas.

En el Título Segundo, estamos incluyendo la Zonificación y uso de las playas de Impacto Turístico.

En el Título Tercero, estamos incorporando la Zonificación y uso en las playas de Impacto Ecológico. Aquí de manera particular, establecemos la zonificación y uso de esta categoría de playas, con disposiciones encaminadas a conservar las áreas de influencia terrestre y marina para la anidación, alimentación y distribución de especies de vida silvestre.

En el Título Cuarto, hacemos referencia a la regulación de las Playas en General, en particular para que en estas playas se cumplan las normas de seguridad, higiene, inspección y vigilancia, que contempla la propia ley.

En el Título Quinto, incluimos disposiciones en materia de Seguridad e higiene en las playas.

Y en su correspondiente y último, en el Título Sexto, que es el último, incluimos una serie de disposiciones en materia de Vigilancia y Sanciones, y de manera específica de inspección, evidentemente en todas las playas de nuestro país.

Por mi parte, es cuanto, señor Presidente.

Y exhorto a todos nuestros compañeros legisladores, para que en la medida de lo posible, nos acompañen en la aprobación de esta iniciativa de ley.

Iniciativa

"SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

Los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez, Jorge Emilio González Martínez y el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Playas,con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México cuenta con aproximadamente 11,122.5 kilómetros de litoral, de los cuales casi el 70% corresponde a la zona costera federal, de las vertientes del Océano Pacífico, Golfo de California y Mar de Cortés, mientras que poco más del 30% corresponde al Golfo de México y Mar Caribe. Además, cuenta con una plataforma continental de 500,000 Km.2, con una superficie de lagunas costeras de 12,500 Km2 y una superficie estuarina de 16,000 Km2, distribuida en 167 municipios de 17 estados costeros.

Los 17 estados costeros son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La presente iniciativa, refiere a la problemática existente en las playas, en donde podemos detectar entre otras la inadecuada limpieza y la falta de vigilancia en las mismas, por ello el objetivo de este decreto es entre otros que todas las playas de uso turístico cuenten con la seguridad necesaria para prevenir y afrontar accidentes, se establezcan normas para la limpieza, se prohíba todo actor que ponga en riesgo la seguridad de los turistasy se prohíban actos que busquen privatizar las playas.

Es importante destacar que esta iniciativa es una propuesta que el Parido Verde ha impulsado desde la LX Legislatura, debido a la necesidad de regular el uso de las playas, toda vez que el turismo genera un gran impacto en las mismas, por lo cual, se establecen lineamientos y directrices que permitan el correcto uso de las mismas.

El Decreto de la Ley de Playas no pretende contravenir lo ya establecido en las leyes federales y los convenios de coordinación sino utilizarlos para el beneficio social y ambiental.

De manera general podemos decir que la zona costera es el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera, en donde podemos ubicar las siguientes áreas:

Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Cuando existen playas, la ZOFEMAT, se puede definir como la franja de 20 metros transitable y contigua al mar, que se determina a partir de la cota de pleamar máxima. Sin embargo y debido a que México cuenta con acantilados, cayos, arrecifes, lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina, la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 119 define estas zonas.

Playas: Partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales.

Terrenos Ganados al Mar: La superficie de la tierra que queda entre el límite de la actual Zona Federal Marítimo Terrestre y el límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre original, que se origina por causas naturales (huracanes o ciclones) o artificiales (construcción de espigones, muelles, muros de contención y rellenos).

Es importante destacar que la Zona Costera, de acuerdo con Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad1, está comprendida aproximadamente desde la plataforma de mar abierto hasta donde crece la vegetación halófita tierra adentro, sin embargo deja fuera la zona de tierra firme que interactúa con el mar, siendo que esta es necesaria y considerada de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

Por ello, debemos considerar lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura2 (FAO), la cual indica que las zonas costeras se definen comúnmente como las zonas de interacción o transición entre la tierra y el mar. Las zonas costeras son diversas en dinámica, función y forma y no se prestan a ser definidas con facilidad por límites espaciales estrictos, no existen límites naturales que marquen claramente las zonas costeras.

Dentro de los principales problemas que se han localizado en las zonas costeras de México, son:

• La pérdida de hábitats críticos en tierras de marea, dunas o acantilados y la desaparición o disminución de humedales (marismas y manglares) de debido a la deforestación y al cambio de uso de suelo para la construcción de infraestructura en las zonas costeras.

• La contaminación de las playas y los acuíferos, degradación ambiental y problemas a la salud pública debido a vertimientos urbanos, agrícolas, domésticos, directos e indirectos.

• Transformación del paisaje, derivado de la infraestructura.

• El aumento de la población urbana y turística.

Por tal motivo es necesario que se realicen políticas específicas que permitan una gestión integrada de los recursos naturales de las costas.

Actualmente, la Ley General de Bienes Nacionales, indica que la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los Terrenos Ganados al Mar (TGM) son bienes de uso común del dominio público de la Federación y por tanto inalienable, imprescriptible e inembargable y no sujetos a acción de posesión definitiva o provisional. No obstante lo anterior, los particulares y las instituciones públicas pueden usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público a través de un título de concesión o el permiso respectivo.

En la custodia y administración de las playas, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar y en los ecosistemas costeros en México, como en el aspecto ambiental se desarrollan actividades diversas tales como: turísticas, navales, militares, comerciales, industriales, urbanas, camaronícolas, mineras, recintos portuarios, astilleros, vida silvestre, químicas, petroleras, fiscales, construcción de marinas, aprovechamiento cinegético y áreas naturales protegidas, ante esta diversidad intervienen para la concertación, administración y ejecución de proyectos de inversión diversas dependencias tanto públicas como privadas.

Por tal motivo, las atribuciones que actualmente tiene, el Gobierno Federal, en las zonas costeras de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública son las siguientes:

Secretaría de Marina, artículo 30:

VII.-Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas;

VII bis.-Llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento y auxilio en las zonas marinas mexicanas de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en su caso, en coordinación con las demás autoridades competentes;

XXV.-Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, y

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículo 32 BIS:

VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Artículo 36:

XX.- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios;

Secretaría de Turismo, articulo 42:

II. Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva;

IV.- Registrar a los prestadores de servicios turísticos, en los términos señalados por las leyes;

Adicionalmente a la SEMARNAT, se le otorgan facultades en la Ley General de Bienes Nacionales, entre las cuales, destacan:

El deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre;

Promover el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar;

Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes.

Por esta última facultad, los Gobiernos estatales y municipales, deben sujetarse a lo siguiente:

I.- Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría;

II.- Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional;

III.- Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración;

IV.- Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

V.- Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

VI.- Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VII.- Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos, y

VIII.- Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación.

Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. Dicha evaluación se realizará trimestralmente, debiendo publicarse el resultado en la Gaceta de esa Dependencia. En caso de incumplimiento, esa Dependencia podrá dar por terminados anticipadamente dichos convenios.

Asimismo, el artículo 10 el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo terrestre y Terrenos Ganados al Mar enmarca que el Gobierno Federal a través de laSecretaría de Medio Ambiente, será la que establezca las bases de Coordinación para el uso,desarrollo, administración y delimitación de las playas, de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, solicitando al efecto la participación de los gobiernos estatales y municipales, sin perjuicio de las atribuciones que este Reglamento otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transpones y otras dependencias competentes.

Cuando por la naturaleza del proyecto se haga necesaria la obtención de más de una concesión, permiso o autorización que corresponda otorgar a la Secretaría, ésta instrumentará los mecanismos que permitan que su estudio, trámite y resolución se realicen de manera conjunta.

Además el artículo 22 del mismo ordenamiento establece que por acuerdo correspondiente, destinará al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales o municipales, las áreas de zona federal marítimo terrestre o de terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas que se requieran usar, aprovechar o explotar.

Actualmente, el gobierno federal, tiene celebrados convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Los cuales promueven la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en un Sistema de Coordinación Hacendaría que reasigna recursos y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, buscando la colaboración administrativa entre la Federación y los Gobiernos locales en materia fiscal, a través de un enfoque de Nuevo Federalismo.

Derivado de estos convenios se generaron anexos número uno, al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, mismos que facultan a los municipios costeros para que administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento, que están obligados a pagar las personas físicas y morales en las playas, zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas y promueve la conformación de los Fondos para la Administración, Mantenimiento, Preservación, Limpieza y Vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como sus reglas de operación.

En este último, no se transfiere a los estados y municipios la facultad de la SEMARNAT de ejercer en forma exclusiva la posesión y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas. Solo se les faculta para el cobro y administración de los recursos obtenidos por el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de la ZOFEMAT

Con estos recursos, los municipios están obligados a promueve la conformación de los Fondos para la Administración, Mantenimiento, Preservación, Limpieza y Vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

El 30% de lo recaudado se dirige a actividades de mantenimiento, vigilancia, limpieza, restauración, delimitación y ordenamiento, entre otros, de la zona federal marítimo terrestre. Algunas de las acciones que se realizan con estos fondos son:

• Conservación de especies de tortugas marinas.

• Limpieza de playas y adquisición de equipamiento para tal fin.

• Apoyo para la formalización de comités locales de playas limpias y el establecimiento de laboratorios para verificar la calidad del agua.

• Apoyo para la disposición de residuos sólidos y líquidos.

• Ordenamiento y zonificación de usos de la zona federal marítimo terrestre.

• Inspección y Vigilancia.

Asimismo, se firmaron acuerdos de coordinación para el aprovechamiento sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, estos convenios tienen por objetivo establecer la coordinación entre la SEMARNAT, los Estados y los Municipios costeros.

Es importante resaltar que la SEMARNAT, actualmente cuenta con un Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua en Playas Prioritarias (SMCAPP), con el propósito de garantizar que los usuarios cuenten con información confiable y oportuna sobre la calidad del agua de las playas en destinos turísticos prioritarios.

De acuerdo con la SEMARNAT este sistema inició en diciembre del 2008 con un grupo de 21 playas, consideradas prioritarias y en el reporte actual que se encuentra publicado en la página electrónica de la dependencia se registraron 41 playas de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Veracruz3. En este sistema se busca que en un futuro se incluya otras playas, dependiendo de la necesidad de conocer en forma más ágil la calidad del agua de mar en las playas de importancia turística.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realiza monitoreos desde el 2003, en el marco del programa integral de playas limpias (PROPLAYAS), en el que participan las Secretarías de Marina, Turismo y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el SMCAPP, se considera que una playa es prioritaria para el monitoreo, cuando su registro histórico muestra que ha presentado cuatro o más incidentes de riegos sanitario desde el inicio del PROPLAYAS en el 2003.

Sin embargo es importante que se establezcan playas prioritarias por su actividad turística e importancia ecológica, ya que solo así se dará beneficios sociales y ambientales a nuestro país.

Adicionalmente la Secretaría de Turismo actualmente cuenta con un Programa Regional denominado Centros de Playa, en el cual se atiende prácticamente a todas las entidades federativas que cuentan con áreas costeras.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo las entidades federativas que están integradas directamente en este programa son: Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Y de manera indirecta se atiende, ya sea a través de este programa regional o bien de otros programas a los estados: Baja California, Sonora, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Atendiendo así a 12 de los 17 estados costeros.

Este programa tiene por objeto buscar mantener un vínculo permanente y sistematizado con las autoridades estatales y municipales correspondientes, con el fin de identificar aspectos que inhiban el desarrollo armónico de este tipo de sitios, proponer alternativas, establecer mecanismos formales de colaboración para atenderlos y estimular su consolidación con base en criterios de sustentabilidad, a efecto de coadyuvar al impacto favorable del desarrollo regional y al crecimiento dinámico de las poblaciones con esta caracterización natural.

En este programa se ha realizado un análisis del comportamiento de los destinos de playa señala como principales aspectos a atender los siguientes:

• Mejoramiento de imagen urbana en destinos tradicionales.

• Mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos.

• Desarrollo de productos turísticos con base en estrategias de diferenciación y diversificación.

• Ordenamiento de actividades recreativas.

• Regulación de comercio informal.

• Conservación de playas.

• Acciones integrales de señalización.

• Accesibilidad aérea.

• Desarrollo de infraestructura.

• Programas de promoción y comercialización.

• Desarrollo equilibrado en vertientes sociales, económicas y ambientales, en un marco sustentable.

Por lo anterior y debido a que actualmente ya están definidas las atribuciones de las Dependencias Gubernamentales en materia de zonas costeras, se han firmado diversos convenios y acuerdos entre la federación y los estados y municipios, y las Dependencias tienes establecidos programas para la calidad de las playas, la presente iniciativa, busca generar la coordinación entre las diversas dependencias y entidades, para el adecuado uso de las playas. Buscando con ello que, en las zonas que en nuestro país son de importancia turística y ecológica sean protegidas para no perder ese estatus.

El Decreto de la Ley de Playas no pretende contravenir lo ya establecido en las leyes federales y los convenios de coordinación sino utilizarlos para el beneficio social y ambiental. En este sentido, cabe destacar que el ámbito material de aplicación de la presente Ley se limita a las playas, por lo cual se establece un esquema de supletoriedad que resuelve posibles lagunas o conflictos entre normas de diferentes materias, como la pesquera, la ambiental o la marítima, sujetándose al principio de especialidad.

Es importante destacar que debido a que la complejidad de la ley que se pretende expedir y a los temas que abarca la misma, en caso de que llegase a existir alguna insuficiencia o falta de regulación, este ordenamiento tendrá una supletoriedad de ley de acuerdo a los principios de derecho que establecen que:

1.-El ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable;

2.- La ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata;

3.- No obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y

4.- Las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Ante la falta de uno de estos requisitos, no podría operar la supletoriedad de una ley en otra. Pero en la iniciativa que nos ocupa, se contempla cabalmente estos requisitos en el último párrafo del artículo 1º, a saber:

En aquello que no este previsto por la presente Ley, serán de aplicación las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anterior, es importante destacar que la Ley en comento, busca la aplicación supletoria de las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y Federal del Mar.

La presente Iniciativa viene, a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 27 en el cual se declara que son bienes de dominio directo de la Nación todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, es evidente que ello ha sido para cortar, de una vez por todas, las anteriores confusiones y actitudes contrarias a la demanda de espacios importantes.

Esta Iniciativa es innovadora, ya que se han recogido las enseñanzas de nuestra propia experiencia y la de países con problemas análogos al nuestro. En algunos casos la innovación consiste en restaurar en toda su pureza principios de hondo arraigo en nuestro Derecho histórico, pero que habían quedado debilitados en su aplicación. En otros casos, en cambio, se incorporan preceptos y nuevas técnicas, con los que se trata de dar solución a los problemas derivados de la congestión y degradación del litoral a que antes se ha hecho referencia.

La iniciativa, esta conformada por 6 títulos, en el primero se describen las disposiciones generales de la Ley, definiendo como objetivo de la misma, el regular el uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas.

Asimismo, se faculta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turismo, Comunicaciones y Transportes, Marina y Salud, así como a los Gobiernos Estatales y Municipales, para el correcto uso de playas. En este sentido, por la naturaleza territorial de las playas, en ellas inciden actividades diversas, como la turística, la de conservación, la pesquera o la navegación, por lo cual algunas atribuciones serán ejercidas de manera coordinada, observando las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a las Secretarías de Estado involucradas.

En este apartado se encuentran definiciones entre las que destacamos, la zona costera, playas y la zona federal marítimo terrestre estableciendo a la zona costera como el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera, como lo establece la FAO, sin considerar limitantes geográficas, ya que estas deben estar establecidas en la ordenación de cada zona geográfica.

Aunado a lo anterior, la definición de Zona Federal Marítimo Terrestre, Playa y Terrenos Ganados al Mar, que se describen en el presente decreto son las establecidas en el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objeto no contravenir la legislación actual.

Adicionalmente se establece el término Usuario, con el cual se busca precisar que cualquier persona podrá tener acceso y uso de las playas con la intención de realizar actividades eminentemente turísticas de goce y disfrute es decir, con carácter de recreación, descanso, deportivo, sin que medie lucro económico o plausible infracción de normatividad vigente.

Lo anterior, en virtud de que el objetivo que persigue la iniciativa es únicamente regular el uso turístico y ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas. No por el contrario sobreregular actividades, desregular usos previamente conferidos en playas, o bien, duplicar atribuciones y facultades previamente conferidas en normatividades vigentes.

En el título segundo de la iniciativa, establece la zonificación y uso de las playas de impacto turístico, para la determinación de estas playas, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Turismo, elaborarán criterios técnicos para el establecimiento y determinación de impacto turístico de las playas y deberán establecer la protección del ecosistema natural.

Estas playas consideran zonas de servicios, en las cuales se podrá realizar actividades deportivas, turísticas o de recreación y zonas de descanso, en donde se permitirá la colocación de sombrillas y camastros.

El principio de las playas de impacto turístico, es que podrán disfrutarse y gozarse por toda persona, bajo determinadas restricciones que permitirán, asegurar la conservación, limpieza y el buen uso de las zonas de playa.

Debemos ser concientes de que en nuestro país, uno de los grandes motores económicos es el turismo, por tanto debemos de resaltar las zonas que tienen un impacto en este sector en las playas. Con la finalidad de que estas zonas sean preservadas generando obligaciones a los concesionarios, prestadores de servicios y a los usuarios de playa.

En este mismo titulo “Playas para uso turistico” se establece en un capítulo especifico denominado “de uso de playa”en la cual se delimitan zonas de nado libre y determinan canales de entrada y salida de embarcaciones, ante ello es importante indicar que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, elaborar el instrumento jurídico que establecerá las zonas de nado libre y los canales de entrada y salida de embarcaciones, a fin de identificar su naturaleza y alcance.

Lo anterior, conforme al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que el titular del Poder Ejecutivo Federal puede expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Siendo asi, que los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República, tal como lo refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en ese sentido, el artículo 12 de legislación en cita refiere que cada Secretaría de Estado formulará reglamentos, respecto de los asuntos de su competencia.

El título tercero de la iniciativa, refiere a la zonificación y uso en las playas de impacto ecológico, en este título se busca conservar y preservar, las áreas de influencia terrestre y marinas para la anidación, alimentación y distribución de especies de vida silvestre. En estas playas, se permiten actividades para la conservación, preservación de los ecosistemas.

El objeto de este título refiere a la importancia que tiene México por su diversidad biológica mundial, Por lo cual se considera necesario respetar las zonas de importancia ecológica, con la finalidad de no devastar los ecosistemas.

En el titulo cuarto, se advierten playas generales, las cuales serán comprendidas por todas aquellas no consideradas de impacto turístico o ecológico. Pero que pueden ser incluidas como tales, si revelan un impacto turístico o un valor ecológico a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que cuando un playa tenga uso turistico, ecologico y/o general, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con le Secretaría de Turismo deberán priorizar el estatus de la playa, con el fin de dar el uso adecuado a la misma.

En el titulo quinto se describen las actividades de Seguridad e higiene en las playas, obligando a la Certificación de las mismas, con el fin de reducir riesgos a la salud de la población elevar la competitividad de los destinos turísticos e incrementar el número de visitantes. Asimismo se busca la seguridad de los visitantes en las zonas de impacto turístico, para que los gobiernos municipales realicen las actividades de seguridad, salvamento y protección de los visitantes en las zonas de impacto turístico.

Ante ello es importante mencionar que en el rubro de certificación de playas se atribuye de manera coadyuvante y concurrente tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, en virtud de que el objetivo a regular “playa” tiene la particularidad de ser transversal e interdiciplinaria, cuya razón radica en el binomio indivisible agua-salud.

Dicha coadyuvancia entre Secretarias se mantiene diferenciada desde su objeto de creación y campo de ejercicio pero con una relación intrínseca, de ahí que se pretenda que ambas Secretarías establezcan los procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener la certificación de playas.

Así, las particularidades técnicas se regirán por las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que emitan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua.

Y, el monitoreo de playas limpias las ejecutarán la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua, con base en el programa anual de certificación de playas limpias que para tal efecto publique la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por último el titulo sexto, indica las acciones de inspección y vigilancia en las zonas de impacto turístico y ecológico, así como los motivos de sanción por el incorrecto uso de las playas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLAYAS.

Artículo Unico. Se expide la Ley de Playas, para quedar como sigue:

Ley de Playas

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I.

Objetivo y definiciones

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de playas, es de interés público y observancia general, y tiene por objeto regular el uso turístico y ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas.

En aquello no previsto por la presente Ley, serán de aplicación supletoria las Leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y Federal del Mar.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

I. Concesionario.- Persona que haga uso, aprovechamiento o explotación de la zona federal marítimo terrestre;

II. Embarcaciones menores de recreo y deportivas.- Las que por su diseño, construcción y equipamiento, están destinadas a proporcionar durante la navegación condiciones de comodidad, con fines recreativos o deportivos, de descanso o para la práctica de alguna actividad acuático recreativa;

III. Playas.- Bienes de uso común, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

IV. Playas de Impacto Turístico.- Playas en las cuales se preservará el medio ambiente y la biodiversidad, con uso principalmente turístico, determinadas por la Secretaría de Turismo con aprobación de la Secretaría;

V. Playas de Impacto Ecológico.- Playas para la conservación de la biodiversidad determinadas por la Secretaría con opinión de la Secretaría de Turismo;

VI. Prestador de Servicio.- Persona física o moral que mediante permiso de la Secretaría, proporciona a terceros servicios para la realización de actividades deportivas, turísticas y de recreación en las playas de impacto turístico;

VII. Secretaría.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VIII. Servicios.- Asistencia o beneficios prestados por particulares para la realización de actividades deportivas, turísticas, de recreación o ecoturismo;

IX. Usuario.- Toda persona que haga uso de las playas con fines deportivos, turísticos, de recreación o ecoturismo;

X. Zona Federal Marítimo Terrestre.- Para la aplicación de esta Ley, solo se considerará, cuando la costa presente playas, siendo la zona constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a las playas; y

XI. Zona Costera.- Espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera.

Capítulo II.

Distribución de Competencias

Artículo 3. Son facultades de la Secretaría:

I. Ejercer la posesión y propiedad, administrar, controlar y vigilar los bienes nacionales que regula esta Ley, con excepción de aquellos que se localicen dentro del recinto portuario, o se utilicen como astilleros, varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles, y demás instalaciones a que se refiere la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; en estos casos la competencia corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

II. Determinar las playas de impacto ecológico;

III. Aprobar la delimitación de las playas de Impacto Turístico realizada por la Secretaría de Turismo;

IV. Promover la rehabilitación de playas;

V. Elaborar normas oficiales mexicanas, y demás instrumentos legales para la conservación, uso sustentable y calidad del agua, que se consideren convenientes para realizar estudios para la sustentabilidad, conservación y calidad del agua en las playas;

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y municipios, en su caso, administren, conserven, regulen, sancionen y vigilen las playas, con excepción de aquellos que se localicen dentro del recinto portuario, o se utilicen como astilleros, varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles, y demás instalaciones a que se refiere la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; en estos casos la competencia corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Determinar conjuntamente con los Gobiernos Municipales, las características y horarios en los que podrán ser utilizados los vehículos para servicios de limpieza de las playas;

VIII. Mantener informados a los usuarios sobre los resultados de los estudios de la calidad del agua en las playas;

IX. Elaborar programas de manejo de conservación y uso de playas de impacto ecológico;

X. Elaborará los criterios técnico para priorizar las actividades competentes, cuando una misma playa pueda tener los tres usos que refiere esta Ley, turístico, ecológico y/o general

XI. Establecer los lineamientos para la implementación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en las Playas, así como las medidas preventivas y correctivas que se deben aplicar a las playas cuando no se cumplan los requisitos mínimos de calidad para la certificación; y

XII. Realizar visitas de inspección y vigilancia en las playas, para conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la presente Ley.

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría de Turismo determinar las playas de impacto turístico, así como los servicios que podrán realizarse en ellas, previa opinión de los Gobiernos Municipales y con aprobación de la Secretaría.

Artículo 5. Corresponde a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, delimitar las zonas de nado libre y los canales de entrada y salida de embarcaciones.

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría de Salud.

I. Elaborar los Procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener certificación en materia de salubridad de playas;

II. Realizar monitoreos de contaminación de las playas y las aguas marinas en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. Establecer las disposiciones sanitarias aplicables a las playas, por medio de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, y demás instrumentos legales que considere convenientes.

Artículo 7.Son facultades de la Comisión Nacional del Agua:

I. Analizar la calidad del agua e hidrodinámica de las playas y su relación con las aguas residuales que causan la contaminación de dichas zonas;

II. Identificar con apoyo de la Secretaría de Salud, el origen y factores que provocan o promueven la contaminación;

III. Analizar y determinar la calidad del agua marina; e

IV. Integrar un diagnóstico específico de calidad del agua.

Artículo 8. Cuando el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría celebre un convenio o acuerdos de coordinación con los gobiernos de un estado o municipios con el objeto de promover el uso y aprovechamiento sustentables de las playas, estos podrán administrar, sancionar, conservar y vigilar las playas, por lo que los gobiernos estatales y municipales estarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás disposiciones federales y locales aplicables.

Dentro de los presentes convenios se establecerán entre otras, las facultades de:

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley;

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones por parte de los concesionarios, prestadores de servicios y usuarios de las playas, que constituyan violaciones o incumplimiento, a la legislación administrativa, penal y ambiental en playas;

III. Realizar visitas e inspecciones para conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la presente Ley;

IV. Dictar las resoluciones correspondientes de las visitas e inspecciones que realicen; y

V. Dar contestación debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y ratificada, emitiendo un informe de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva.

Título Segundo.

De la Zonificación y usos en las playas de Impacto Turístico

Capítulo I

De la Delimitación

Artículo 9. La Secretaría de Turismo, determinará las playas de impacto turístico, con aprobación de la Secretaría.

Para determinar las playas citadas en el párrafo anterior, ambas Secretarías elaborarán criterios técnicos, que se deben considerar para el establecimiento, determinación y grado de impacto turístico de las playas y establecerán estrategias para la preservación del medio ambiente y su biodiversidad.

Artículo 10. La Secretaría de Turismo determinará, con opinión de los Gobiernos Municipales, las zonas de servicios y de descanso en las playas de impacto turístico.

En las zonas de servicios se permitirá la prestación de servicios para realizar actividades deportivas, turísticas o de recreación, especificándose las condiciones de seguridad e higiene que deberán disponer los prestadores de estos servicios.

En las zonas de descanso sólo se permitirá la colocación de sombrillas y camastros, que podrán ser portadas por los usuarios de las playas o bien alquiladas por losprestadores de servicios que para tal fin puedan establecerse. En esta zona se garantizará en todo momento el uso común y general de las playas.

Los prestadores de servicios a que se refiere el presente artículo deberán contar con la autorización correspondiente.

Artículo 11. La Secretaría de Turismo con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delimitará zonas de nado libre de una distancia de cien metros de la orilla, delimitándose con un sistema de señales flotantes en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 12. La Secretaría de Turismo conjuntamente con la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán anualmente, las temporadas de mayor riesgo en las playas, informando de ello en los distintos medios de comunicación y su propia página web, estableciendo señalización como seguridad.

Artículo 13.- Para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura turística en la Zona Federal Marítimo Terrestre, se deberán observar los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos estatales y municipales.

Capítulo II.

Del Uso

Artículo 14. Las playas de impacto turístico podrán disfrutarse y gozarse por toda persona bajo las siguientes restricciones:

I. Se prohíbe hacer uso de vehículos automotores de cualquier tipo dentro de las playas, con excepción de aquellos destinados para la seguridad, salvamento, servicios de limpieza y actividades de conservación, debidamente señalizados;

En el caso de vehículos automotores para salvamento, estos deberán contar con logos e insignias que lo identifiquen como vehículo de salvamento además deberán ser registrados ante el municipio para su control y vigilancia en las zonas de Playa. Asimismo, los Gobiernos Municipales con opinión de Secretaría, establecerán rutas de circulación para acceder en caso de contingencia;

II. Se prohíbe la construcción de obras e instalaciones que impidan el libre tránsito en la playa;

III. Se prohíbe la realización de actividades que contaminen las áreas públicas en las playas;

IV. Se prohíbe el vertido a las playas de cualquier sustancia que pueda poner en peligro lasalud pública; y

V. Se prohíbe en las zonas de descanso hacer fuego, cocinar o asar al aire libre, así como todo tipo de juegos, práctica de deportes que puedan molestar al usuario.

Artículo 15. En las zonas de nado libre se prohíbe la navegación de embarcaciones menores de recreo y deportivas, así como la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor, a excepción de aquellos para rescate.

Para el acceso de navegación deportiva o de recreo y embarcaciones o medios flotante movido a vela o motor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con la Secretaría de Turismo, delimitará un canal de entrada y salida de las embarcaciones, que tendrá una anchura mínima de diez metros por cincuenta metros de longitud, las cuales deben ser fácilmente apreciables a la vista y sin invadir las zonas de descanso.

En el canal de entrada y salida de embarcaciones que se indica en el artículo anterior, sólo podrá permanecer momentáneamente la embarcación o embarcaciones que cuenten con permiso para ese lugar y se encuentren operando, con el fin de realizar las maniobras de embarque y desembarque de usuarios, de manera segura y sin obstáculos.

Artículo 16. Los practicantes de deportes de playa o náuticos, así como las empresas, asociaciones o clubes que los promueven deberán:

I. Respetar las zonas de descanso de las playas.

II. Procurar el menor impacto ambiental de sus actividades.

III. Observar y cumplir las condiciones de seguridad establecidas por la autoridad municipal competente.

Capítulo III.

Permisos y Autorizaciones

Artículo 17. La Secretaría promoverá el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre, zonas costerasy los terrenos ganados al mar. Por tal motivo, deberá observarse lo establecido en el Título IV Capitulo Único de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 18. La Secretaría otorgará permisos transitorios para la prestación de servicios de comercio semifijo o ambulante en las zonas de servicios y para la colocación de sombrillas y camastros en las zonas de descanso de las playas de impacto turístico, de conformidad con el artículo 10de la Ley.

Estos permisos tendrán una vigencia máxima de un año y podrán prorrogarse hasta por un periodo igual, siempre y cuando se soliciten cuando menos con diez días de anticipación al vencimiento y se haya dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

Los prestadores de servicios de comercio semifijo, no podrán construir obras o instalaciones permanentes para la realización de sus actividades

La Secretaría deberá contar con un padrón de prestadores de servicios de comercio semifijo o ambulante, actualizado año con año.

Todo prestador de servicio deberá demostrar ante los usuarios, el producto que comercializa, el número de permiso otorgado por la Secretaría y el lugar en que esta autorizado realizar sus actividades.

Cuando se trate de superficie de playa adyacente a una concesión, tendrán derecho de preferencia para su uso los concesionarios en términos del artículo 20 de esta Ley, previo otorgamiento del permiso correspondiente de la Secretaría, en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. En este caso no se otorgarán permisos para actividades comerciales.

Artículo 19. La Secretaría deberá limitar el número de permisos transitorios para la prestación de servicios, conforme a un estudio de capacidad de carga de la zona de servicios, con la finalidad de que no se dañe o deteriore las playas.

Artículo 20. La Secretaría podrá otorgar permisos a los concesionarios para la delimitación física no permanente de la playa adyacente a su concesión, con material desmontable y fácilmente removible, siempre que se permita el libre acceso a todos los usuarios.

Artículo 21. La Secretaría expedirá permisos para realizar eventos artísticos, musicales y deportivos en las playas de impacto turístico procurando respetar los usos y costumbres de la comunidad ribereña y el medio ambiente.

Artículo 22. Los concesionarios y prestadores de servicio que aprovechen o ejerzan actividades comerciales en las playas de impacto turístico, pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Título Tercero.

De la Zonificación y usos en las playas de Impacto Ecológico

Capítulo I.

De la Delimitación

Artículo 23. La Secretaría delimitará físicamente las playas de impacto ecológico, a través de criterios técnicos para el establecimiento, determinación y grado de impacto ecológico de las playas.

Artículo 24. Dentro de las playas de impacto ecológico, la Secretaría establecerá:

a) Zonas de influencia terrestre, que corresponderán a las franjas adyacentes a los hábitats naturales de anidación de especies, que abarcan las dunas costeras y zonas de vegetación.

La Secretaría, tendrá como principio rector para la determinación de estas zonas la Protección y conservación de los Manglares, para que en ellos se respete la integridad del flujo hidrológico; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.

b) Zonas de influencia marítima, que corresponderán a las franjas adyacentes a los hábitats naturales de alimentación de especies que abarcan una franja marina de 10 millas náuticas de ancho alrededor de la zona de alimentación.

Capítulo II.

Del Uso

Artículo 25. En playas de Impacto Ecológico, sólo se permite la realización de las siguientes actividades:

I. Reproducción con fines de preservación ecológica de especies.

II. Todas aquellas actividades para la conservación y restauración ecológica.

III. Aquellas actividades ecoturísticas compatibles con la conservación de la biodiversidad y que no afecten la integridad natural de los ecosistemas.

IV. Obras e instalaciones necesarias para la realización de las actividades anteriores.

V. Uso de vehículos automotores para actividades de conservación, debidamente señalizados.

Capítulo III.

Permisos y Autorizaciones.

Artículo 26. En las playas de impacto ecológico, la Secretaría sólo podrá otorgar permisos y autorizaciones para la realización de las actividades a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, de acuerdo a las disposiciones previstas en el reglamento de la Ley, y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Artículo 27. En caso de que se autoricen obras e instalaciones en las playas de impacto ecológico, la Secretaría observará los criterios ecológicos que permitan amortiguar los efectos negativos a la biodiversidad, que deberán ser de estricto cumplimiento.

Artículo 28. Los prestadores de servicio que aprovechen o ejerzan actividades comerciales en las playas de impacto ecológico, pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Título Cuarto.

Playas en General

Capítulo Unico

Artículo 29. Aquellas playas que no sean consideradas de impacto turístico o ecológico, tendrán el carácter de playas en general, y deberán cumplir con las disposiciones de seguridad, higiene, inspección y vigilancia, que contempla esta Ley, a través de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en ámbito de sus respectivas competencias.

Las playas en general, dependiendo de la generación de infraestructura y a la derrama turística, podrán posteriormente tomar el carácter de playas de impacto turístico, apegándose a las disposiciones que le confiera esta Ley.

Las playas en general donde se reconozca algún valor ambiental que deba ser protegido, podrán tomar posteriormente el carácter de playas de impacto ecológico, apegándose a las disposiciones que le confiera esta Ley.

Título Quinto.

Seguridad e higiene en las Playas

Capítulo I.

Seguridad

Artículo 30.- Los concesionarios y prestadores de servicios indicarán en un lugar visible, el horario de uso de playa, el cual será establecido por los municipios de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto se emitan.

Artículo 31. Para realizar tareas de rescate, protección y primeros auxilios en las playas de impacto turístico, los concesionarios con fines comerciales, en la playa adyacente a su concesión, deberán contar con:

I. Personal certificado en Primeros Auxilios;

II. Personal certificado en el rescate de bañistas ó guardavidas;

III. Espacio habilitado como enfermería;

IV. Botiquín de primeros auxilios; y

V. Equipo para salvamento.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable para prestadores de servicio, conforme se establezca en el Reglamento.

El personal se colocará en lugar visible para los bañistas. Los servicios serán de fácil acceso, bien señalizados y disponibles en las horas de mayor afluencia de bañistas, y en cada uno de los comercios o lugares de alojamiento adyacentes a la playa.

Cuando se trate de concesionarios que no tengan fines comerciales en la superficie de playa adyacente, el municipio absorberá las obligaciones anteriores.

Artículo 32. En las playas donde no exista infraestructura turística, los municipios, deberán realizar las tareas de rescate, protección y primeros auxilios.

La Secretaría, verificará que los municipios y los concesionarios cumplan con estas actividades.

Capítulo II.

Certificación de Playas

Artículo 33. La Certificación de Playas tendrá por objeto dar certidumbre a las condiciones que permitan reducir los riesgos a la salud de la población, elevar la competitividad de los destinos turísticos e incrementar el número de visitantes.

Artículo 34. Los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad del agua en las playas para su certificación, se regirán por las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que emitan la Secretaría y la Comisión Nacional del Agua.

Artículo 35. La Secretaría conjuntamente con la Secretaría de Salud, establecerán los procedimientos de diagnóstico y requisitos para obtener certificación de playas.

Artículo 36. La Secretaría elaborará un programa anual de certificación de playas limpias para que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua, realicen en su respectivo ámbito de competencia monitoreos de la calidad de agua en playas.

Los monitoreos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse antes de cada temporada vacacional y sus resultados deberán ser publicados en las páginas electrónicas de las dependencias gubernamentales y a través de mamparas o carteles colocados dentro del perímetro de playa.

Los gobiernos estatales y municipales proporcionarán los medios necesarios para el cumplimiento de esta disposición.

Capítulo III.

De los Residuos y Sanitarios

Artículo 37. Los concesionarios y prestadores de servicios, tendrán prohibida la disposición de residuos sólidos y líquidos en las playas.

Asimismo, deberán mantener en óptimas condiciones de higiene la superficie de playa adyacente a la concesión o a la superficie de playa objeto del permiso transitorio, de conformidad con el reglamento.

Artículo 38. Los usuarios tendrán prohibida la disposición o abandono, intencional o no, de residuos sólidos y líquidos. Cualquier persona que contravenga esta disposición se hará acreedor a una multa y pago por compensación del daño causado o en su caso cubrirá el servicio de restaurar la higiene y limpieza del lugar, sin menoscabo de las penas existentes por esta falta administrativa.

Artículo 39. Los municipios, concesionarios y prestadores de servicios estarán obligados a prestar el servicio de sanitarios públicos en la zona federal marítimo terrestres, de conformidad con el Reglamento de esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables.

Título Sexto.

Vigilancia y Sanciones

Capítulo I.

De la denuncia

Artículo 40. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley.

Para la presentación de la denuncia por los particulares, bastará la descripción de los actos o hechos constitutivos de la infracción y la ratificación de la denuncia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

La presentación de las denuncias se regirá bajo el procedimiento que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 41. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará.

Admitida la denuncia, se radicará y se efectuarán, dentro de un plazo no mayor de 20 días hábiles las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia

Asimismo, la Secretaría podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que resulten procedentes, en cuyo caso se observará lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulte aplicable.

Cuando se trate de actos o hechos, o atribuciones que no sean competencia de la Secretaría, ésta dará parte a las autoridades estatales y municipales para su trámite y resolución.

A toda persona que haya presentado una denuncia por los hechos a que alude esta Ley, a más tardar 6 meses después de su presentación por conducto de la Secretaría se le hará llegar un informe de las acciones emprendidas con los que se da por atendida su denuncia, para estos efectos el particular deberá proporcionar dirección electrónica o en su defecto cubrir los gastos y costas que arroje la notificación.

Capítulo II.

Inspección y Vigilancia

Artículo 42. La Secretaría, en coordinación con los municipios, realizará actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación de las playas de impacto turístico y ecológico, conforme a las disposiciones de esta Ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 43. La Secretaría deberá llevar un Padrón de los infractores a las disposiciones contenidas en esta Ley, las personas que sean sancionadas no se les darán permisos y autorizaciones subsecuentes en las playas marítimas, ni serán sujetas de transmisión de derechos.

Capítulo III.

Infracciones y Sanciones

Artículo 44.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

II. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de multa exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 45. Serán motivos de sanción, los siguientes:

I. Prestar servicios en las playas, sin contar con el permiso respectivo, emitido por la Secretaría.

II. Disponer o abandonar residuos sólidos y líquidos en la playa, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.

III. Contaminar o deteriorar el ecosistema marino.

IV. Instalar permanentemente infraestructura para la delimitación de playa o para la realización de actividades comerciales.

Artículo 46. Serán sancionados y, perderán el derecho de solicitar posterior permiso bajo la misma actividad, los prestadores de servicios que incurran en alguno de los hechos que a continuación se enumeran:

I. Realizar actividades que pongan en riesgo la salud o la integridad física de los usuarios;

II. Realizar actividades que alteren el orden público;

III. Realizar en playas de impacto ecológico acciones que deterioran el entorno ecológico;

IV.Invadir u obstaculizar las zonas y canales de acceso de la navegación de las embarcaciones menores de recreo y deportivas o medio flotante movido a vela o motor; y

V. Oponerse a la revisión de las autoridades competentes o por no haber observado sus indicaciones.

Artículo 47. Son causas de revocación de las autorizaciones o permisos, las siguientes:

I. Ceder, arrendar, gravar o realizar cualquier acto o contrato por virtud del cual otra persona distinta al titular, goce total o parcialmente los derechos amparados en el permiso o autorización;

II. Impedir el libre acceso a las playas marítimas por lugares que para tal efecto señale la Secretaría;

III. Realizar cualquier obra o actividad en la zona de influencia terrestre o marina, contrarias a lo establecido en los criterios ecológicos determinados por la Secretaría;

IV. No cumplir, sin causa justificada con el objeto, obligaciones y condiciones de los permisos en los términos establecidos en ellos;

V. Reincidir en la realización de actos que contravengan lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento;

VI. Realizar actividades que contaminen o deterioren el ecosistema marítimo;

VII. Realizar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VIII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; y

IX. Las demás previstas en la autorización o permiso respectivo.

Artículo 48. A los prestadores de servicios de temporada que infrinjan las disposiciones de esta Ley, el Reglamento respectivo o las obligaciones contenidas en el permiso correspondiente, previa audiencia, se les revocará el permiso respectivo y se harán acreedores a una multa de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

La multa deberá fijarse de acuerdo con la gravedad de la infracción y las circunstancias que medien en el caso concreto, sin perjuicio de perder el derecho de solicitar otro permiso bajo la misma actividad por el periodo de un año.

Artículo 49. Las obras e instalaciones que sin concesión o permiso se realicen en las playas marítimas, se perderán en beneficio de la nación, en estos casos la Secretaría podrá ordenar que las obras o instalaciones sean removidas o demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda remuneración o pago alguno.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la presente Ley.

Tercero.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Secretaría de Turismo, en un periodo máximo de 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, publicará en el Diario Oficial de la Federación los criterios técnicos, que se deben considerar para el establecimiento, determinación y grado de impacto en las playas de impacto turístico y ecológico.

Cuarto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Turismo, en los 160 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, publicará en el Diario Oficial de la Federación, los servicios permitidos en las zonas de impacto turístico y capacidad de carga de las zonas de servicios de estas playas, garantizando la sustentabilidad de la zona y evitando así el deterioro de los recursos naturales.

Quinto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, harán la primera publicación del monitoreo de calidad del agua en las playas de las zonas de impacto turístico y ecológico, el primer día hábil del mes de marzo posterior a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Sexto.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicará el primer padrón de prestadores de servicios a que se refiere el artículo 18 de la Ley, el primer día hábil del mes de enero posterior a la publicación del presente Decreto.

Séptimo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo máximo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, publicará en el Diario Oficial de la federación los lineamientos para el establecimiento de conservación, limpieza y mantenimiento de playas.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de junio de 2013.

Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Dip. Ernesto Núñez Aguilar".

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Flores Ramírez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 34 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

1CONABIO 2009. Capital Natural de México, Volumen I: Conocimiento actual de la biodiversidad, capitulo 4, Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales, página 115.

2Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ordenación integrada de zonas costeras y el sector forestal. http://www.fao.org/forestry/icam/4302/es/, pagina consultada el 4 de junio del 2013.

3http://www.semarnat.gob.mx/playas_prioritarias/Paginas/info_playas.aspx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 34 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:

La situación demográfica actual impone importantes retos de políticas públicas para los diferentes países alrededor del mundo.

Por ello que la inversión en infraestructura es y continuará siendo un tema prioritario dentro de la agenda política de los diferentes órdenes de gobierno.

El diseño de políticas públicas con una visión de largo plazo, así como una adecuada integración de los diferentes niveles de gobierno en el diseño, planeación y entrega de obras de infraestructura, son factores claves para el desarrollo de sectores como: salud, energía, transporte, agua, saneamiento y seguridad, entre otros.

Actualmente, los estados y municipios envían propuestas de infraestructura para que sean contempladas en los presupuestos de egresos anuales; sin embargo, frecuentemente éstas no cuentan con planeaciones a corto, mediano y largo plazo, o carecen de diseños de esquemas transversales que se insertan en el desarrollo regional o territorial.

Los estados o municipios no cuentan con las condiciones institucionales y administrativas para adquirir más compromisos en materia de infraestructura. México ha pasado de ser un país rural a un país urbano.

En 1960, el 59% de la población vivía en zonas rurales, mientras que para el 2010 esto se ha visto incrementado hasta un 77.8%. Para hacer frente a este fenómeno a nivel mundial es necesario dotar o ampliar los servicios de agua potable, de drenaje, de transporte, de energía, de comunicaciones, entre otros. Para lo cual la OCDE considera que se deberá invertir el 3.5% del Producto Interno Bruto anual global.

Ante esta realidad, resulta necesario establecer a nivel nacional planes sectoriales que incluyan el diseño, planeación, seguimiento, responsabilidad y entrega de obra de manera puntual con metas, objetivos y resultados que procuren un desarrollo plenamente integral.

Tales medidas permitirán cohesionar regiones y abonar al crecimiento integral en los rubros económico, social, tecnológico, sustentable y de seguridad. Para realizar tales objetivos resulta indispensable la colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la intervención de los sectores público y privado, tendientes a diseñar programas de infraestructura a largo plazo que involucren análisis de eficiencia, aprovechamiento de recursos y mayor interconectividad entre regiones a fin de establecer mayores niveles de competitividad.

Nueva Alianza propone que la creación de infraestructuras en el país responda al desarrollo de procesos estandarizados con rutas definidas que permitan mejor planeación, mayor preparación de los encargados de llevarlas a cabo, el seguimiento y la conclusión de las obras en el menor tiempo posible.

La iniciativa de adicionar un artículo 34 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria busca ordenar el mecanismo de planeación de inversiones para propiciar un sistema nacional que permita fortalecer los programas y proyectos de inversión registrados en una cartera nacional que incluyan los proyectos federales, estatales y municipales.

El fin es estandarizar los proyectos de inversión en infraestructura en los tres niveles de gobierno, a fin de ordenarlos, darles coherencia, eficiencia en el gasto, transparencia y evitar la dilapidación de recursos.

Esta medida también permitiría ordenar el proceso de aprobación de los presupuestos de egresos federal, estatales y municipales al identificar los proyectos de inversión, promover una mayor capacitación de los distintos servidores públicos que planean, desarrollan, ejecutan y evalúan los mismos, y priorizar aquéllos que generen mayores beneficios para la población.

En el grupo parlamentario de Nueva Alianza procuramos impulsar mejoras al marco normativo que incidan de manera positiva y propositiva en la elaboración de planes de infraestructura integrales que eviten la dispersión de los recursos financieros limitados con que cuenta el país.

Consideramos que la mejor utilización de los recursos públicos en los proyectos de infraestructura es aquélla que otorga a los ciudadanos servicios de calidad, utilidad en forma transparente y con certidumbre.

Proponemos, en síntesis, crear una base nacional en los tres niveles de gobierno de todos y cada uno de los proyectos de infraestructura para una mejor planeación regional y para optimizar los recursos en beneficio de la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión
Presente.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto  por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 34 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema.

Es claro que la discusión en torno a la descentralización fiscal no sólo debe plantearse en términos económico-financieros, sino también en el análisis de capacidades institucionales de los gobiernos municipales y estatales.

En el caso mexicano las posiciones tienden a polarizarse. Por una parte, hay quien sostiene que los gobiernos municipales y estatales, deben tener los mayores recursos posibles, ya que de ello dependerá la construcción de un nuevo sistema federal e incluso la gobernabilidad nacional. Desde esta perspectiva, la transición política que vive el país reclama nuevos equilibrios intergubernamentales y esto sólo se logrará acelerando la descentralización fiscal.

Por otra parte, hay quienes sostienen que la descentralización fiscal hacia losgobiernos estatales y municipales debe esperar, ya que éstos no tienen todavía las condiciones institucionales y administrativas requeridas para asumir mayores compromisos.

En Nueva alianza, consideramos que la realidad de los gobiernos no es única y uniforme. Ni todos los gobiernos estatales y municipales del país están preparados para recibir una descentralización rápida de recursos, ni todos se encuentran en una situación de rezago y fragilidad institucional. Cada vez más se debe incorporar al análisis la distinción de la realidad estatal y municipal nacional y se deben precisar los matices por áreas de la acción pública local.

A finales de 2010, la población mundial se ubicó en 6,895 millones de personas. La tasa de crecimiento anual de la población se ha desacelerado en los últimos 50 años, pasando de una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 2.0% entre 1961-1970 a una de 1.2% para la década de 2001-2010. La situación demográfica actual impone importantes retos de políticas públicas para los diferentes países alrededor del mundo, debido principalmente a que el perfil demográfico de la población ha cambiado considerablemente en las últimas cinco décadas. En los años 60, la población urbana alrededor del mundo ascendía a 32.8% del total, mientras que para el año 2010 esta cifra se ubicó en 50.7%. Si analizamos el caso de Latinoamérica y México, dicho fenómeno demográfico se agudiza, debido a que la población urbana pasó de 48.9% y 59.0% en 1960 a 79.3% y 77.8% en 2010, respectivamente.

Por esto la inversión en infraestructura continuará siendo un tema prioritario dentro de la agenda política de los diferentes órdenes de Gobierno alrededor del mundo. Tan sólo para los próximos cinco años se estiman inversiones superiores a los 3,000 billones de dólares en mercados emergentes, siendo Asia el principal mercado para la inversión en infraestructura con montos superiores a los 2,000 billones de dólares. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima un requerimiento de inversión global al año 2030 de 40 trillones de dólares en sectores como agua, transporte, energía y comunicaciones, equivalente a una inversión anual del orden de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

El diseño de políticas públicas con una visión de largo plazo, así como una adecuada integración de los diferentes niveles de gobierno en el diseño, planeación y entrega de obras de infraestructura, son factores claves para el desarrollo de sectores como: salud, energía, transporte, agua y saneamiento y seguridad. Por lo tanto, los gobiernos deben impulsar el desarrollo de planes sectoriales de largo plazo para cada uno de ellos, incluyendo además de metas y objetivos de corto, mediano y largo plazos, metas y objetivos transversales para un desarrollo integral de los países y sus sociedades.

Aquellos países que han sentado las bases para una planeación estratégica de largo plazo, se encuentran mejor posicionados para que sus gobiernos implementen planes sectoriales que integren la infraestructura para su desarrollo. Dichos planes deben ofrecer una visión integral de factores fundamentales como son:

1. Dar una visión de largo plazo respecto del desarrollo del país, sus diferentes regiones y su cohesión territorial.

2. Considerar la infraestructura existente en el país.

3. La relación entre el desarrollo de infraestructura y crecimiento económico, así como con otros objetivos de política (sociales, tecnológicos, de sustentabilidad, de seguridad, etc.).

4. Dar una visión de los intercambios entre los diferentes objetivos de política pública.

5. Identificar acciones de políticas actuales y futuras requeridas para el desarrollo de infraestructura.

La colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), y entre estos y los sectores privado y social, es clave para la planeación, diseño e implementación de programas de infraestructura de largo plazo. Un esfuerzo conjunto entre ellos favorecerá la operación eficiente de la infraestructura desarrollada, el aprovechamiento de economías de escala, además de lograr una mayor interconectividad entre las obras ejecutadas impulsando la competitividad municipal, estatal y regional de manera integral.

Recurrentemente los proyectos arrancan con procesos de planeación desorganizados, con una serie de largos subprocesos burocráticos para la obtención de autorizaciones entre diferentes dependencias y niveles de gobierno. Desarrollar procesos estandarizados con rutas claramente definidas para la planeación de los proyectos permitirá a los entes gestores acortar el intervalo de tiempo requerido para una adecuada planeación y preparación de los proyectos en beneficio de su implementación.

Visto en prospectiva a 2030, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o algún otro ente del Gobierno Federal, deberá pasar de ser una ventanilla para la obtención de recursos, a tomar un rol más activo en cuanto a la gestión de proyectos dando seguimiento a los planes sectoriales y regionales para el despliegue de infraestructura de manera integral y ordenada entre las diferentes regiones del país, con el fin de dar continuidad a las inversiones realizadas, con su respectivo impacto en los niveles de crecimiento económico y competitividad tanto regional como nacional.

La evaluación de planes, proyectos y programas de inversión constituye una de las funciones más importantes para los gobiernos, puesto que a través de ella se conoce no sólo el estado de avance de dichos proyectos, sino también se puede realizar un examen y un control del cumplimiento de las autoridades a cargo de éstos, sirviendo como instrumento de consolidación institucional y de fomento de la participación ciudadana si es empleado adecuadamente.

Argumentación.

El desarrollo de infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar desarrollo y crecimiento económico y, con ello, elevar el nivel de bienestar de las sociedades del mundo. Sin embargo, la infraestructura demanda grandes cantidades de recursos y en ocasiones el impacto sobre los niveles de crecimiento y desarrollo es de mediano y largo plazo.

En la historia económica reciente de México se han presentado diversas crisis económicas que han mermado la capacidad de inversión en infraestructura y limitado el crecimiento económico. Pese a ello, y en buena medida gracias a su privilegiada posición geográfica, en la actualidad México se encuentra dentro de las 20 economías más importantes del orbe, con el potencial para ubicarse dentro de las primeras 7 entre el período 2030-2050, si logra mantener niveles de crecimiento sostenido superiores al 7% anual.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 34 señala que para la programación de recursos destinados a proyectos de inversión se debe contar con un mecanismo de planeación de inversiones en donde se establezcan las decisiones de inversión en el corto, mediano y largo plazo, presentando evaluaciones de costo beneficio, registrándolos en la cartera que integre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, finalmente, sean analizados por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento. No obstante, la realidad es que dicho mecanismo ha sido rebasado y tanto los municipios como los estados durante cada proceso presupuestal, generan una lista de necesidades amplia en proyectos de inversión que no necesariamente impactan en un desarrollo adecuado de infraestructura local, regional, así como nacional.

En este sentido, crear una red nacional, no únicamente un mecanismo de planeación de inversiones a nivel federal, es indispensable para contar con una cartera de proyectos de inversión a nivel nacional, considerando no sólo al Gobierno Federal, sino gobiernos estatales y municipales, con la intención de ordenar en mejor forma las necesidades y prioridades en la solicitud, asignación y gestión de recursos.

Esta base podrá ser consultada tanto en las secretarías responsables a nivel Federal, Estatal y Municipal, como por la sociedad mexicana, para conocer los proyectos inscritos, cuáles fueron evaluados como viables, a cuales se les asignaron recursos, el monto y fecha, así como una justificación clara de las no asignaciones, permitirá dar seguimientoa los proyectos que están en ejecución y de cada uno de ellos su respectiva ficha considerando variables como: código electrónico de ingreso, entidad responsable, nombre del proyecto, clasificación presupuestal, programa de gobierno, localización geográfica, justificación, descripción, tipo de financiamiento de la Inversión, costos anuales de operación del proyecto, impacto del mismo, (área de influencia e indicadores), estudios que lo respaldan, funcionario responsable de la viabilidad, clave presupuestal definitiva, así como control posterior del funcionario responsable, entre otros, es indispensable.

La no aplicación de un Sistema de Inversión Pública eficaz y eficiente por parte de los gobiernos conduce inexorablemente a la dilapidación de recursos, con la consiguiente disminución del bienestar de sus comunidades.

En síntesis, la capacitación constante, identificación, reconocimiento y difusión de las experiencias y proyectos exitosos, así como aprender de los errores, es un instrumento que generará, a través del flujo de información, una retroalimentación que mejorará la eficiencia y el impacto en el uso de los recursos.

El desarrollo y adopción de esquemas de mejores prácticas favorece la transparencia y la mejora continua del proceso de gestión de los proyectos. En ese sentido, México requiere desarrollar mecanismos para que la información de los proyectos fluya de manera expedita entre los participantes, la sociedad y las diferentes instancias y órdenes de gobierno, capitalizando experiencias pasadas en beneficio de una mejor planeación y gestión de proyectos futuros.

En este orden de ideas, considero conveniente ordenar el mecanismo de planeación de inversiones para propiciar un sistema nacional que permita fortalecer los programas y proyectos de inversión, en el cual se pueda observar claramente los proyectos de inversión registrados en una cartera nacional que incluya al Gobierno federal, estatal y municipal.

Lo anterior permitirá ordenar el proceso de Aprobación del Presupuesto de la Federación como de los estados y municipios en esta materia, al identificar claramente los proyectos de inversión, promover una mayor capacitación de los distintos servidores públicos que intervienen en la planeación, desarrollo y ejecución y seguimiento o evaluaciónde los mismos, otorgar una prioridad real con los que generen mayores beneficios para la sociedad, estimulando también la participación del sector privado a través de la figura de asociaciones público privadas; así como el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Fundamento legal.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presenteiniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 34 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo 34 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 34 bis.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las entidades federativas deberán contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, mismo que incluirá las necesidades de los municipios que la conforman.

Los titulares de los mecanismos de planeación de inversiones, deberán promover una mayor capacitación, identificar los proyectos de inversión, otorgar prioridad a los que generen mayores beneficios para la sociedad, así como estimular y promover la participación social y privada.

Las entidades federativas, deberán contar con una base de datos actualizada conforme a los criterios que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se integrará a la cartera de proyectos de la Federación para contar con una Cartera Nacional.

Las entidades federativas, deberán enviar anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el último día hábil de mayo, la relación de proyectos de inversión jerarquizada, que hayan ingresado a las dependencias y entidades competentes del Gobierno Federal, misma que deberá ser integrada a un anexo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación, como necesidad total de proyectos de inversión por Entidad Federativa.

Con la intención de dar seguimiento puntual y aprovechar los medios tecnológicos que facilitarán el mismo, las dependencias y entidades del Gobierno Federal que reciban proyectos por parte de las Entidades Federativas deberán otorgar un número de recepción considerando también un código de barras que permitirá dar el seguimiento hasta la asignación del número de clave.

Para incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos los proyectos de inversión, las Entidades Federativas deberán solicitar a más tardar el 15 de julio a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público su registro en Cartera, misma que resolverá en un plazo máximo de 20 días, el registro, la solicitud de información adicional o rechazo, misma que deberá contar con una justificación clara y exhaustiva.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán".

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado González Roldán. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse, conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las Comisiones que acordó la propia Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 30 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

"RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA y ALFONSO DURAZO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 30 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México tiene una de las redes ferroviarias más grandes del Mundo,  cubriendo casi la totalidad del País; conectando los principales centros industriales con los puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles estadounidense.

La red ferroviaria primaria está conformada por 20 mil 687 kilómetros, de los cuales el 80 por ciento es explotada por empresas privadas que cuentan con una concesión. De esta red principal, 8 mil 200 kilómetros, soportan trenes de alta capacidad ya que las vías están armadas con rieles de acero sobre durmientes de concreto.

Hace 30 años los trenes en México trasladaban a 25 millones de pasajeros al año, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta cifra en 1997 se ubicaba en 5 millones de pasajeros cuando el presidente Zedillo privatizó la empresa Ferrocarriles Nacionales. Hoy las escasas rutas de pasajeros que operan en México son principalmente turísticas y tan solo mueven a 200 mil viajeros al año.

Es Ferromex el grupo más fuerte que opera en México con el 40 por ciento de la red de ferrocarril concesionada en el país, es decir, 8 mil 427 kilómetros de vía.

Por su parte la empresa Kansas City Southern maneja la concesión de 4 mil 283 kilómetros de vía, un 20 por ciento de la red total que le entregó en 1996 el gobierno de Ernesto Zedillo.

Hay más compañías que utilizan la infraestructura ferroviaria gracias a una concesión: Ferrocarril Coahuila Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrocarril del Sureste, Ferrocarriles Chiapas Mayab y Ferrocarriles del Valle de México.

En la década de los 90 México no fue único el único país que privatizó el ferrocarril en América Latina;  Brasil, Argentina y Colombia,  también impulsaron la desnacionalización.

La intención era construir más infraestructura ferroviaria para mejorar el servicio y elevar la competitividad, sin embargo en México este plan fracasó por lo menos en lo que respecta al transporte de mexicanos.

En los más de 15 años que lleva el servicio en manos de los concesionarios ferroviarios, éstos no han construido ni un sólo kilómetro para ampliar la red existente.

El único tren de pasajeros que existe actualmente en México es el Suburbano que conecta municipios del Estado de México con el Distrito Federal.

Las consecuencias de estas reformas hechas al vapor con el objetivo del desarrollo del Sistema Ferroviariocausaron ciertas debilidades que actualmente afloran y que, de no solucionarse, pudieran ser limitantes de la eficiente participación del ferrocarril en los sistemas de transporte de la región.

El objetivo de un sector fundamentalmente económico como éste, consiste en prestar servicios de transporte por vía férrea, mediante el empleo de los correspondientes medios operativos. Su eficiencia depende de los medios operativos que se utilicen, de su aprovechamiento y de la infraestructura de las instalaciones fijas.

La construcción y operación de ferrocarriles genera y afecta inevitablemente el medio ambiente, por ejemplo, por su incidencia sobre el paisaje o por las emisiones de gases de escape y ruidos.

Las compañías ferroviarias se caracterizan por tener una amplia infraestructura propia que suele abarcar todos los equipos relacionados con el mantenimiento de vehículos y vías. A su vez asumen funciones que también cumplen empresas comerciales, como el mantenimiento y reparación de los motores.

Los efectos ambientales inherentes a las instalaciones ferroviarias y a su operación tienen su origen en la planificación y ejecución de la infraestructura.

El problema de la contaminación y del deterioro del medio ambiente son consecuencia de las características de los vehículos empleados, el tipo de tracción, antigüedad y estado, nivel técnico, dispositivos de seguridad; el estado de las líneas y de las instalaciones fijas como son las vías, los sistemas de señalización, estaciones, instalaciones de clasificación, talleres; la gestión operativa y las operaciones de mantenimiento.

La construcción de vías o instalaciones ferroviarias conlleva un desplazamiento de tierras. La necesidad de amontonar terraplenes ferroviarios obliga a tomar de otros sitios la tierra necesaria. Cuando la que se extrae en la construcción de túneles no puede utilizarse para la formación de terraplenes próximos.

En las zonas de excavación existe el peligro de erosión. En las proximidades de las instalaciones ferroviarias, la construcción de edificaciones provoca una consolidación e impermeabilización del suelo.

Las líneas ferroviarias, en contraste con otras vías de transporte, no implican el sellado de superficies y, por tanto, el agua de lluvia puede filtrarse con normalidad. Sin embargo, una concepción errónea de las obras puede provocar estancamientos de agua.

La producción de gases de escape depende primordialmente del tipo de tracción que se utilice. Las sustancias que emite el gas de escape de los motores de diesel son contaminantes. Los vehículos de tracción eléctrica, por sí mismos, no producen gases de escape.

Las compañías ferroviarias operan una serie de puntos de trasvase de productos petrolíferos como combustibles, aceites usados, fuel-oil que son susceptibles de contaminar el agua. El trasvase tiene lugar envagones cisterna a camiones cisterna o a una cisterna fija, o bien al repostar las locomotoras diesel.

Las instalaciones deben concebirse y operarse de forma que quede excluido cualquier posibilidad de desbordamiento o derrame de petróleo que pueda contaminar las aguas.

Los trayectos recorridos por trenes de pasajeros se ven afectados por la contaminación derivada de las materias fecales, que son evacuadas de los vagones a través de una abertura y que caen sobre la vía.

Investigaciones epidemiológicas han constatado que los rayos ultravioleta de la luz del día exterminan los microorganismos en un plazo de 2 a 3 horas, ninguna bacteria penetra en las aguas subterráneas.

En el caso de cruces dentro de un túnel, puede ocurrir, cuando se circula a altas velocidades, que la honda expansiva transforme la caída libre en un movimiento ascensional. En vagones de nueva construcción, las materias fecales se recogen en depósitos.

Otro tipo de contaminación es la generada por las diversas emisiones de ruidos, ya sean las originadas directamente por el tráfico ferroviario, o las que proceden de las infraestructuras conexas, como son las estaciones de clasificación, las estaciones de transbordo para el transporte combinado o los talleres. Las emisiones sonoras dependen de la intensidad del movimiento y del lugar de emplazamiento de los equipos ferroviarios correspondientes. La emisión de ruidos provoca reacciones físicas y psíquicas en el ser humano.

Por su amplitud y sus numerosas instalaciones adicionales, las estaciones de clasificación son las más importantes en cuanto a dimensiones. La variedad de operaciones de descomposición y formación de trenes, así como los trabajos que se realizan en las instalaciones conexas son fuente de ruidos de intensidad y frecuencia variables.

Los efectos de la actividad ferroviaria sobre el medio ambiente son atribuibles en gran medida a la acción del hombre.

La contaminación ferrroviaria como antes ya lo mencionamos con múltiples ejemplos puede darse por muchas razones afectando la vida del ser humano y el medio ambiente.

Estas razones son las que nos hacen pensar que necesitamos una reforma en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, ya que se deben de implementar medidas como la creación de una organización competente en materia de gestión, mantenimiento, operación, control de los riesgos medioambientales y equipamiento adecuado para actuar eficazmente contra el deterioro ambiental.

La impartición, educación y formación necesaria al personal para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Establecer una infraestructura técnica y administrativa adecuada, designar personalresponsable en las áreas críticas.

La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio  deben ser objeto de legislación especial,el deterioro acelerado del ambiente está ocasionando graves problemas económicos y sociales,  amenazando  con daños irreversibles para el bienestar de las presentes y futuras generaciones, lo que hace necesario compatibilizar las necesidades de desarrollo económico y social con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger al medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 30. Toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

Con el fin de que obras como estas no ocasionen daños ambientales, se deberá aplicar el estudio de impacto ambiental correspondiente, además se tendrá la obligación de reponer, restaurar o compensar los daños causados, debiendo indemnizar a cualquier persona moral o física afectada en su caso.

La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, promoverá con los estados, municipios, concesionarios o particulares la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales, y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 5 de junio de 2013".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO III AL TITULO DECIMOCTAVO Y EL ARTICULO 287 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Raymundo King de la Rosa, del grupo parlamentario del PRI)

"El suscrito, Diputado Federal Raymundo King De la Rosa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Descripción de la problemática.

El robo de identidad está considerado como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años.

La identidad de una persona se define como el conjunto de características, datos o informaciones, que permiten reconocerla en su individualidad.

Estas características, datos e informaciones pueden ser de muy distinta naturaleza y van desde algunos que pertenecen propiamente a la persona como la firma, los rasgos fisonómicos y la huella digital, hasta los que se le atribuyen en función de su relación en sociedad y particularmente con el Estado, como el nombre y los códigos de identidad, como son en nuestro país el número de Registro Federal de Contribuyentes, el de seguro social o la Clave Única del Registro de Población (CURP), y más recientemente otros medios de identificación como es el caso de la firma electrónica, así como las claves y códigos de identificación para transacciones bancarias en línea y para el acceso a páginas de internet y redes sociales.

El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de estos datos en medios digitales o electromagnéticos, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las personas con fines delictivos.

El robo de identidad ha cobrado diversas dimensiones. Aunque de manera general se suplanta a una persona para obtener un beneficio económico, lo cierto es que puede tener muchas otras implicaciones, no necesariamente vinculadas a la obtención de un beneficio de esta naturaleza y genera toda una serie de perjuicios a la persona víctima de la suplantación y a la sociedad en su conjunto.

Así, entre los casos recurrentes de robo de identidad podemos mencionar los siguientes:

a) Utilización de claves electrónicas de identificación bancarias para acceder a cuentas.

b) Apertura de cuentas bancarias y obtención de créditos.

c) Contratación de líneas de teléfono celular.

d) Obtención de documentos oficiales (actas de nacimiento, credenciales para votar, pasaportes, licencias de conducir, etc.).

De hecho, el robo de datos personales con fines distintos al económico se ha vinculado a casos de tráfico y robo de personas, delincuencia organizada e intervención indebida en procesos electorales, ocurriendo casos en que el delito se desarrolla en distintas entidades federativas e incluso en distintos países, por lo que es necesario y urgente que se tipifique en el ámbito federal.

Los esfuerzos por detener estas conductas han sido dispersos y escasos. A la fecha, la legislación federal, al igual que la de la mayoría de las entidades federativas, no contiene un tipo penal que sancione el robo de identidad y únicamente se persigue cuando se vincula a otro tipo de delitos, lo que permite que los delincuentes operen con total impunidad. Los casos de excepción son el Estado de Colima, del Distrito Federaly del Estado de México.

En el caso de Colima, el 29 de abril de 2009 se adicionó la fracción VII al artículo 234 del Código Penal de esa entidad federativa, para incluir el tipo penal de fraude específico vinculado al uso de medios informáticos, en los términos siguientes:

ARTICULO 234.- Se considera fraude y se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta por 100 unidades, para el caso de las fracciones I y II, y de tres a nueve años de prisión y multa hasta por la misma cantidad en el caso de las fracciones III, IV, V VI, y VII en los siguientes casos:

I a VI…

VII.- Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática, instrucciones de código, predicción, intercepción de datos de envío, reinyecte datos, use la red de redes montando sitios espejos o de trampa captando información crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados, imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecte la confiabilidad, y variación de la navegación en la red o use artificio semejante para obtener lucro indebido.

En el Distrito Federal, el 19 de julio de 2010 se incluyó en su Código Penal el artículo 211 Bis que tipifica el delito de usurpación de identidad, en los términos siguientes:

ARTICULO 211 BIS. Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

Por otra parte, en el Estado de México, se incluyó el delito de suplantación de identidad relacionado con el uso de medios electrónicos en el artículo 53 de la Ley para el Uso de Medios Electrónicos, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 53.- Comete el delito de apropiación de certificado y sustitución de identidad, el que por cualquier medio obtenga, reproduzca, se apodere, administre, utilice o de cualquier forma dé un uso indebido a un certificado, a una firma electrónica y/o a un sello electrónico, sin que medie el consentimiento o autorización expresa de su titular o de quien se encuentre facultado para otorgarlos. Por la comisión de este delito se impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y una multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona de que se trate, independientemente de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta realizada.

En el ámbito federal, el Diputado Arturo Zamora Jiménez presentó el 3 de diciembre de 2009 una iniciativa de reforma para adicionar la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal para sancionar la conducta de robo de identidad con fines defraudatorios. La iniciativa fue dictaminada favorablemente y aprobada por esta Soberanía en sesión del 15 de diciembre de 2011; en su oportunidad, fue turnada al Senado de la República para su trámite, pero a la fecha no ha sido dictaminada.

Sin embargo, los enfoques con los que se ha abordado el tema se han orientado por un lado a los aspectos informáticos y por otro a la obtención de beneficios económicos, lo cual genera que se dificulte la persecución y sanción de estos ilícitos, pues lo supedita a la concreción de otras conductas.

En las relatadas circunstancias, consideramos de la mayor relevancia que se legisle sobre este tema para generar los instrumentos jurídicos que permitan sancionar las conductas vinculadas al robo de identidad en el ámbito federal.

2. Argumentos para la adición del tipo penal de robo de identidad en el Código Penal Federal.

Para la concreción del tipo penal de robo de identidad debe partirse de la idea de que existe una serie de atributos que pertenecen a la persona humana por virtud de los cuales ésta se identifica y al mismo tiempo es identificada por las demás personas. Estos atributos son de índole y constituyen un todo que permite la interacción social a partir del reconocimiento que se hace de la identidad de una persona.

En este orden de ideas, a partir de ciertos datos como son el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y algunos atributos físicos como son básicamente los rasgos fisonómicos y la huella digital, se crea un perfil que permite establecer la identidad de una persona y, en su momento, diferenciarla plenamente de cualquier otra.

Adicionalmente, en su interacción social, particularmente con las instituciones del Estado, este perfil se complementa con la creación de claves y códigos que se atribuyen a la persona en forma individual, como son la Clave Única del Registro de Población, el Registro Federal de Contribuyentes y la Firma Electrónica Avanzada.

En este contexto, el incentivo de apropiarse de los datos de otra persona consiste básicamente en que el sujeto activo consigue introducirse en la esfera jurídica de la persona suplantada y a partir de esa posición eventualmente obtener los beneficios que ello pudiera reportarle.

Así, se debe considerar que el delito de robo de identidad se realiza mediante una serie de conductas concatenadas que tienen como objetivo hacer creer a un tercero que se tiene la identidad de otra persona, con una finalidad ilícita. En este sentido, el delito de robo de identidad inicia desde el momento en que el sujeto activo accede a datos o documentos de la persona suplantada y asume o facilita a un tercero que asuma atributos de la personalidad de ésta, mediante la utilización de estos datos o documentos.

La finalidad perseguida es engañar a un tercero respecto de la identidad de la persona, con el propósito de obtener un beneficio ilícito, que bien puede traducirse en la obtención de un haber de carácter económico o de otra naturaleza y que incluso puede llevarse a cabo por medios en los que propiamente no participa otra persona sino equipos automatizados a los que se accede mediante la utilización de claves de la persona suplantada.

Debe diferenciarse la conducta de simple falsedad, en la que el sujeto activo inventa una personalidad inexistente o varía la propia, de la que implica propiamente el robo de identidad, pues en ésta el sujeto activo se apropia de las características que pertenecen a otro individuo con el propósito de obtener la ventaja que implica poseer la identidad de esa persona, lo cual se traduce en perjuicios para la persona suplantada o para un tercero.

En ese sentido, debe considerarse que todos los datos y atributos propios de una persona que se presume le corresponden en forma individual y que precisamente sirven para su debida identificación, deben ser objeto de una protección especial por parte del Estado, en tanto que su alteración, incluso a manos del propio sujeto suplantado, o su utilización a manos de un tercero, genera inseguridad en los actos jurídicos y perjuicios tanto para la sociedad como para quienes sean suplantados en el supuesto de que no han participado ellos mismos en los hechos ilícitos.

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos, consideramos necesario proponer que la creación de un tipo penal que abarque la problemática en su totalidad, atendiendo a los elementos siguientes:

a) En el núcleo del tipo penal debe encontrarse la acción por la que una persona obtiene y, en su caso, utiliza datos o documentos que corresponden a otra con la intención de hacer creer a un tercero que posee la identidad de ésta y con una finalidad ilícita.

b) Estimamos relevante desvincular el tipo penal de la consecución del resultado, pues se trata de un delito de peligro que atenta contra la seguridad de las personas y de la sociedad en su conjunto desde el momento mismo en que el sujeto activo lleva a cabo conductas específicas de suplantación o de obtención de elementos materiales para llevarla a cabo, independientemente de que consiga o no los fines ilícitos que se haya propuesto.

c) Así mismo, consideramos necesario desvincular el tipo penal de la consecución de un fin económico, en tanto que las motivaciones para la suplantación pudieran ser de diversa índole, como pudiera ser obtener un empleo o ingresar o permanecer ilegalmente en otro país.

d) De igual manera, estimamos que aunque el medio principal de robo de identidad se ha vinculado a medios informáticos o electrónicos, puede ser cometido por otros medios como son el robo de documentos de archivos físicos.

e) Así mismo, debe estimarse que el delito pudiera cometerse incluso con el consentimiento de la propia persona suplantada, con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, por lo que en ese caso debe considerarse la imposición de sanción a ambos sujetos.

f) Dado que se trata de un delito que atenta contra la seguridad de las personas, se considera conveniente incluirlo en el Título Decimoctavo, en un capítulo específico dedicado a su regulación.

g) Finalmente, a semejanza del delito de fraude, consideramos útil establecer un tipo penal genérico y diversos tipos específicos, a fin de que sean sancionables las conductas que evidencien el ánimo de suplantar a otra persona con fines ilícitos.

3. Texto normativo propuesto

Conforme a lo anteriormente expuesto, el texto que se propone para la reforma sería el siguiente:

UNICO.- Se adiciona un Capítulo III al Título Decimoctavo y el artículo 287 Bis al Código Penal Federal, en los términos siguientes:

CAPITULO III

Robo de identidad

Artículo 287 Bis. Al que por cualquier medio suplante con fines ilícitos o de apropiamiento de datos personales, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, de cuatrocientos a seiscientos días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado, en los términos del artículo 29 de este Código.

Serán equiparables al delito de robo de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo que precede, las siguientes conductas:

I. Al que por algún uso de los medios informáticos o electrónicos, valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a bases de datos automatizadas para suplantar identidades, con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro;

II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización, datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita;

III. Al que asuma, suplante, se apropie o utilice a través de internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca; y

IV. Al que porte o utilice para identificarse ante cualquier persona física o moral, un documento expedido por autoridad nacional o extranjera, que haya sido alterado para suplantar la identidad de su titular.

Las penas previstas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que resulten, aplicándose al efecto las reglas del concurso real.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2013.

Raymundo King de la Rosa".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION II DEL ARTICULO 76, LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 Y LAS FRACCIONES III Y XVI DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO LA LEYENDA "HUELGAS DE CANANEA Y RIO BLANCO"

(Presentada por los CC. Diputados Alfa Eliana González Magallanes, Roberto López Suárez, Margarita Elena Tapia Fonllem, José Valentín Maldonado Salgado y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD)

"Los suscritos, Diputados y Diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 262 y undécimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en el Decreto por el que se Expiden los Criteriospara las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 2o. del Decreto por el que se Expiden los Criteriospara las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados señala textualmente:

“Artículo 2. Las Inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país.”

Las huelgas de Cananea y Río Blanco, son uno de los acontecimientos más importantes de nuestra Historia. Son conceptuadas como la Cuna de la Revolución Mexicana, del Derecho Social en nuestro país, del movimiento obrero y, por tanto del México contemporáneo.

El 1º. de junio de este año, se cumplieron 107 años de la heroica huelga de Cananea, Sonora que tuvo lugar en 1906. Y 106 años de la también trascendente y heroica huelga de Río Blanco, Veracruz.

Los mineros de Cananea estallaron su huelga en contra de la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de William C. Greene, militar estadounidense, ante las ominosas condiciones laborales que existían en el marco de la Dictadura dePorfirio Díaz. Esta huelga fue impulsada por el Club Liberal de Cananea ligado al Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón.

El 1º. de junio de 1906, un grupo nutrido de mineros, encabezados por Manuel M. Diéguez, Lázaro Gutiérrez Lara, Esteban Baca Calderón y Juan José Ríos entregaron al señor Green sus peticiones de un aumento salarial justo y reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, en equivalencia a las condiciones de trabajo de los mineros norteamericanos que laboraban en Cananea Consolidated Copper Company, también solicitaban la destitución de algunos capataces y, el ascenso para los trabajadores mexicanos. Sus peticiones fueron rechazadas, y al pasar tal grupo demineros paristas por un costado de la maderería de esta empresa, trabajadores norteamericanos los recibió a balazos y les dieron persecución. El señor Green denunció el hecho al cónsul norteamericano, el cual solicitó apoyo del gobernador de Arizona, mismo que envió “rangers” a Cananea los cuales además de custodiar a la mina y sus instalaciones, se dedicaron a perseguir y asesinar a los huelguistas. El saldo de estos hechos fueron 23 mineros muertos, 22 heridos y más de 50 personas detenidas, entre ellas Esteban Baca Calderón, que junto con otros magonistas fueron transferidos a la Prisión de San Juan de Ulúa.

La lucha en Río Blanco fue impulsada por obreros como: José Neira, Porfirio Meneses, Juan Olivares y Jesús Martínez Carreón. En Río Blanco, Veracruz, operaba la empresa textil más grande de nuestro país. Sin embargo los trabajadores eran sometidos a jornadas de trabajo de hasta 14 horas y media, recibían un salario miserable respecto al obtenido por los extranjeros que laboran en la misma empresa (menos las multas que con diversos pretextos se les imponían), y se explotaba a mujeres y niños. En tal virtud, los trabajadores en defensa de sus derechos, crearon el Gran Círculo de Obreros Libres, también vinculado al Partido Liberal Mexicano que se propuso luchar por una jornada de 8 horas y salarios justos, entre otros. Por su parte los empresarios crearon el Centro Industrial Mexicano, que emitió un reglamento absolutamente infame y opresivo contra los trabajadores, lo que llevó a que los obreros estallaran la huelga en 4 de diciembre de 1906, quienes enviaron una misiva a Porfirio Díaz para que mediara en el conflicto, los patrones inconformes con esto decretaron un paro patronal el 24 de diciembre que dejó sin trabajo a más de 30 mil obreros. Finalmente los empresarios cedieron y se sometieron a la mediación de Díaz, que emitió su resolución el día 4 de enero de 1907 favoreciendo a los patrones y ordenando la reanudación de labores el 7 de enero de 1907. En tal virtud, los obreros de Río Blanco no aceptaron este laudo, y el día 7 ya referido se amotinaron, saquearon e incendiaron la tienda de raya y liberaron a los reos de la cárcel del pueblo, fuerzas federales dispararon contra los obreros, mujeres y niños, la lucha se extendió a las poblaciones de Nogales y Santa Rosa.

El resultado de la Huelga de Río Blanco fueron entre 400 y 800 obreros asesinados, mientras que cientos fueron detenidos (algunos fueron fusilados, otros llevados a Valle Nacional en Oaxaca o a inhóspitas tierras de Quintana Roo donde pronto encontrarían la muerte sometidos a trabajos forzados) incluida una docena de mujeres. El sacrificio de estos trabajadores, al lado de sus familias y su comunidad, merecen que se les rinda un homenaje, en los términos que aquí se plantea.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, someto a la atenta consideración de esta honorable Cámara la aprobación del siguiente:

Decreto que dispone la inscripción con letras de oro, en la parte superior del Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Huelgas de Cananea y Río Blanco”.

Artículo Unico. Inscríbase con Letras de Oro, en la parte superior del Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Huelgas de Cananea y Río Blanco”.

TRANSITORIOS

Primero. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirá la fecha y el protocolo de la sesión que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este Decreto.

Tercero. La Secretaría General llevará a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2013.

Suscriben

Dip. Alfa González Magallanes.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Elena Tapia Fonllem.- Dip. Valentín Maldonado.- Dip. Carlos Reyes Gámiz".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la C. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del grupo parlamentario del PVEM)

"C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGREOS DE LA UNION
PRESENTES.

La suscrita, Ruth Zavaleta Salgado, Diputada Federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 9 de agosto de 2012 insertaron en el orden federal los mecanismos participativos: la consulta, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. El reto que enfrenta la actual legislatura es garantizar su ejercicio en las leyes secundarias.

Cada uno de estos mecanismos deberá regularse en leyes que rigen tanto al Poder Legislativo como al Instituto Federal Electoral. Mientras el Congreso de la Unión es autónomo para decidir en materia de su régimen interno, las leyes referentes a la autoridad electoral son revisadas por el Poder Ejecutivo. Esto y la confusión normativa que podría surgir en temas como las candidaturas independientes hacen que no sea conveniente una Ley de Participación Ciudadana.

Por lo tanto, la presente iniciativa busca reglamentar los mecanismos de democracia participativa en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados por cuanto a esta cámara respecta. Se entiende corresponderá al Senado reglamentar sus procedimientos en materia de iniciativa popular y consulta ciudadana.

I.1. Iniciativa Ciudadana

ANTECEDENTES

De acuerdo con Ray Kennedy, se usa el término “iniciativa” para designar cualquier acción tomada por los ciudadanos para poner un asunto a la consideración del electorado. Al igual que en el caso del referéndum, las iniciativas pueden referirse a leyes existentes, y en esta caso generalmente se presentan para derogar una ley de los libros (una “iniciativa derogatoria”), o bien a propuestas de ley que los ciudadanos quisieran ver inscritos en los libros. Las iniciativas pueden ser vinculantes o no vinculantes.1

Generalmente, prosigue el autor, las iniciativas requieren el apoyo de cierto número o porcentaje de electores antes de que puedan llevarse a las urnas; en algunos casos también existe el requisito de que los suscriptores de una iniciativa deben tener una distribución geográfica mínima. Por lo común, quienes consiguen el apoyo son los individuos interesados, que hacen circular la petición. Las autoridades electorales competentes revisan las firmas de las solicitudes, ya sea al azar o exhaustivamente, para garantizar que se ha reunido el número mínimo de firmas válidas.2

El caso mexicano

Aunque en nuestro país la mayoría de las entidades federativas ya cuentan con este mecanismo en sus constituciones desde los años noventa del siglo pasado, se puede encontrar un antecedente a nivel federal. El artículo 62 del hace poco derogado Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tenga derecho de iniciativa, se mandará pasar directamente por el ciudadano Presidente de la Cámara a la Comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto de que se trate. Las Comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones.”

Con lo anterior revisemos lo que dice la Constitución. La fracción VII del artículo 35 define como derecho del ciudadano “Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.”

Por su parte la fracción IV del artículo 71 constitucional establece que el derecho de iniciar leyes o decretos también compete a “los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.”

Descripción de la propuesta

De acuerdo con lo anterior, la presente reforma busca definir mecanismos y requisitos para normar las candidaturas independientes en la parte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que hable de esta asamblea, así como en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

En primer lugar se faculta al Presidente de la Mesa Directiva a recibir las iniciativas ciudadanas, verificar su validez con el apoyo del Instituto Federal Electoral y una vez concluido este proceso, darles el trámite correspondiente.

Por otra parte se busca plasmar en el Reglamento de la Cámara de Diputados el derecho de los promotores de la iniciativa ciudadana para debatir, si así lo disponen, la iniciativa con los diputados miembros de las comisiones dictaminadoras.

I.2. Candidaturas independientes

Para efectos de esta iniciativa se definen a las candidaturas independientes como las postulaciones a cargos públicos en las que los partidos políticos no tienen una intervención parcial o complementaria, y con ellas los ciudadanos ejercen sus derechos políticos. Lo anterior sin impedimento de que puedan ser apoyados por grupos de ciudadanos, grupos políticos o asociaciones civiles.

De acuerdo con la investigadora Mariana Hernández Olmos3, las candidaturas forman parte de la estructura orgánica del Estado, las cuales pueden ser vistas desde dos dimensiones: por un lado como prerrogativas de los derechos humanos, específicamente de los derechos políticos de los ciudadanos; y por otro, son una condición sine que non de la representación política y por ende de la democracia representativa. Esto es, son un derecho político y una condición necesaria para la representación, de modo que si las candidaturas forman parte de los derechos inalienables de los ciudadanos, las candidaturas independientes también lo son, puesto que su origen es el mismo.

Al contrario de cómo se podría pensar, las candidaturas independientes no son consideradas como instrumentos de la democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana o la revocación del mandato, toda vez que éstos implican que el individuo participe en las decisiones públicas una vez constituidos los órganos de poder. Al contrario, las candidaturas independientes implican que el individuo tenga la posibilidad de competir para los espacios de representación.

Las candidaturas independientes forman parte de los derechos políticos del individuo, los cuales son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano a participar en la vida política, así como facultades para incidir en los asuntos públicos y en la estructura política-gubernamental. Esto es, acceder al pleno ejercicio de la soberanía, permitiendo contribuir a la consolidación de las democracias.

Dado lo anterior los derechos políticos, junto con la participación, son referentes de la calidad de la democracia, la cual toma como principios normativos la libertad e igualdad. Al encontrar su fundamento en el modelo representativo, las candidaturas independientes forman parte tanto de los derechos políticos e inciden en la calidad de la democracia de un país.

La existencia de candidaturas independientes no solo permite un mejor ejercicio de los derechos políticos. También se permite otro ámbito de participación de los ciudadanos y se amplía el espectro de opciones políticas al momento de votar. Incluso un candidato independiente competitivo obliga a sus contrapartes partidistas a mejorar su oferta política.

Sin embargo, las candidaturas independientes no hacen más o menos democrático a un régimen. Esto depende además y principalmente de la existencia de mecanismos de rendición de cuentas a manos del ciudadano. Para decirlo de otra forma, poco pueden hacer las personas frente a reglas del juego que no fomentan la responsabilidad de los gobernantes.

La experiencia comparada

El reto para regular las candidaturas ciudadanas es brindar las mayores condiciones de equidad posibles frente a los partidos, garantizando también el apego a la ley la responsabilidad de los individuos. De acuerdo al estudio elaborado por Mariana Hernández Olmos ya citado, se observan dos tipos de candidaturas independientes: candidatos que no son apoyados por partidos y no tienen filiación (Chile), y candidatos que no son afiliados pero que son apoyados por grupos políticos o partidos políticos (Ecuador).

Los temas que son objeto de atención al regular esta figura son: tipo de candidaturas (si se permite o no filiación partidista, umbral de votación), requisitos (edad, ciudadanía, número de firmas, programa de acción), tipo de elección (cargo electoral, mayoría o representación proporcional), prerrogativas estatales (financiamiento, acceso a los medios de comunicación) y fiscalización de recursos.

El caso mexicano

Para el caso mexicano, los partidos políticos existieron a partir de la ley electoral de 1911. Eso implica que las candidaturas hasta esa fecha no dependían del apoyo de institutos políticos como hoy los conocemos. Sin embargo el sistema electoral, basado en el voto indirecto y que otorgaba derechos de ciudadanía a un grupo limitado, favorecía los acuerdos entre los poderes federales y grupos políticos locales, lo cual articulaba el apoyo electoral hacia unas personas.

Si tomamos como referencia la Constitución vigente, la Ley para la Elección de los Poderes Federales de julio de 1918 mantenía los preceptos de leyes anteriores al permitir las candidaturas independientes e incrementó la equidad frente a los partidistas. Por ejemplo solicitaba el apoyo de 50 ciudadanos de cualquier distrito, debiendo contar además con un programa político y darle difusión. También los facultaba a impugnar elecciones.

La Ley Electoral de 1946 puso fin al registro de candidatos independientes, al considerar que sólo a través de los partidos políticos era posible registrar candidatos. Sin embargo esta disposición no fue establecida en la Constitución Política. Sin embargo en 2007 se reformó la fracción IV inciso e del artículo 116 constitucional para que los congresos locales establecieran dicha exclusividad en su legislación.

No obstante lo anterior el tema de las candidaturas independientes ha sido un reclamo constante tanto a nivel federal como local.

En el primero, un caso que alcanzó notoriedad debido a que fue enviado a instancias internacionales fue la solicitud de registro que realizó Jorge Castañeda Gutman para registrarse como candidato independiente para la Presidencia de la República para la elección de 2006.

En 2004 el ex canciller solicitó ante el Instituto Federal Electoral su inscripción como candidato, apoyado en el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo se le negó el registro por dos argumentos: la exclusiva facultad de los partidos políticos para postular candidatos y que el proceso de registro aún no iniciaba.

Por lo anterior, Castañeda inició un procedimiento judicial, presentando una demanda de amparo que fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien resolvió sobreseer la demanda por considerar que se trataba de una cuestión puramente electoral y no de posibles violaciones de garantías individuales y que, en consecuencia, el amparo resultaba improcedente.

Tras el sobreseimiento, Castañeda interpuso un recurso de revisión, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de analizarse el fondo del asunto, que sería resolver si las candidaturas independientes proceden o no en México, seconfirmó la resolución del Juez Séptimo y agregó que el juicio de amparo no es el medio correcto para interponer quejas relativas a derechos político-electorales.

Con lo anterior Castañeda promovió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aludiendo que en México no existía un recurso en la jurisdicción interna para impedir el daño en su perjuicio y la falta de efectividad de los recursos de la justicia administrativa de la acción de inconstitucionalidad.

Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana que determinara que México era responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman del artículo 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y que adoptara las medidas legislativas para hacer efectivos los derecho protegidos de los artículos 1 y 2 de la Convención.

La Corte Interamericana resolvió por unanimidad que el Estado violó el derecho a la protección judicial de Jorge Castañeda y no violó su derecho político a ser votado y tampoco su derecho de igualdad ante la ley. Por ello dispuso que México debía ajustar la legislación secundaria, la cual reglamenta el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para garantizar a los ciudadanos la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido y pagar a Castañeda una indemnización por concepto de reparación del daño.

También han existido numerosas experiencias de candidatos independientes previas a 2007 en casi todos los estados.Como ejemplos se encuentra la Unión Cívica Potosina del Dr. Salvador Nava, la cual ganó ocho municipios de San Luis Potosí y gobernó la entidad de 1959 a 1961; el triunfo de María del Rosario Elizondo Salinas en el municipio de Santander, Tamaulipas, en 1998; o Adonay Avilés Sierra, quien compitió por el municipio de Yobaín, en Yucatán, en 2007.

La aprobación de la reforma constitucional ha hecho que diversos estados retomen esta figura en su normatividad. Zacatecas y Quintana Roo ya las contemplan y tendrán candidatos independientes en las elecciones de este año. Y Durango las acaba de reconocer en su Constitución. Además, el pasado jueves 17 del presente la Cámara de Diputados acaba de aprobar una reforma constitucional para que cada estado defina su regulación en la materia, debiéndola revisar el Senado.

Descripción de la propuesta

La reforma a la Constitución Política establece en el párrafo II del artículo 35 que es derecho del ciudadano:

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

De esa forma, corresponde a las leyes secundarias regular el tema. Las iniciativas que se han presentado ofrecen dos vías: crear una Ley de Participación Ciudadana o reformar el COFIPE. Sobre la segunda opción hay quienes piensan reformar los artículos correspondientes a los partidos o crear un nuevo libro.

Al respecto, se considera que no sería conveniente crear una Ley de Participación Ciudadana por dos problemas. El primero, porque los mecanismos participativos (consulta, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes) son tema tanto del COFIPE como de procedimientos parlamentarios; y mientras la primera ley requiere de sanción del Ejecutivo, los segundos son atribución exclusiva de cada cámara. En segundo lugar y especialmente en el tema de las candidaturas independientes, estaríamos hablando de reproducir y duplicar buena parte del COFIPE; lo cual generaría confusión al aplicar la norma.

Por otra parte, no se ha considerado conveniente crear un nuevo libro del COFIPE, pues además de duplicar procedimientos, el espíritu de esta norma es garantizar condiciones de equidad entre las candidaturas partidistas y las independientes, tanto en materia de derechos como de obligaciones. Naturalmente, existen diferencias entre estructuras y capacidades organizativas que se tomaron en cuenta al momento de elaborar la iniciativa.

Además de lo anterior, se reformaron los artículos del COFIPE correspondientes por un aspecto simbólico: antes de 1946 las candidaturas independientes se regulaban junto con las partidistas. Esta iniciativa respeta ese orden.

En la elaboración de la presente iniciativa se tomaron en cuenta no solamente las iniciativas que se han presentado en la materia, sino la propuesta de la Cumbre Ciudadana a través del colectivo #ReformaPolíticaYA.

La presente iniciativa, como ya se dijo, busca brindar condiciones de equidad en la competencia para los candidatos independientes, confirmando en el artículo 5 del COFIPE que es derecho de los ciudadanos constituir partidos políticos y postularse para candidatos independientes.

Se propone que el Libro Segundo hable sobre la conformación de partidos políticos, así como registro de candidaturas independientes. Para ello se requerirán elementos como un programa de acción política, colores con los que los ciudadanos los identificarán, acreditar el respaldo ciudadano, acreditación de que no milita en partido político alguno y un representante legal. Se definen también procedimientos de registro, derechos y obligaciones, cuidando que sean similares a los que tienen los institutos políticos en la medida que lo permitan su solidez institucional y grado de permanencia.

Las reformas a los libros Tercero y Cuarto garantizan que los candidatos ciudadanos tengan representantes en los consejos del IFE que correspondan al cargo por el que van a competir, de tal forma que puedan defender sus intereses y enfrentar las acusaciones que se les pueda hacer durante el proceso electoral.

Respecto a los libros Quinto y Sexto, que se refieren al proceso electoral y votación en el extranjero, se busca que los candidatos independientes tengan las mismas garantías que los partidos políticos durante los comicios.

Finalmente las reformas al Libro Séptimo hacen responsables a los candidatos independientes de las mismas causales que los partidos políticos.

I.3. Consulta Popular

De acuerdo con la reforma promulgada en 2012, la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece como derecho del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, sujetándose a diversas condiciones.

En primer lugar, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República o una tercera parte de los integrantes de cualquier cámara, debiendo ser aprobada la solicitud por el Congreso de la Unión. También pueden iniciarlas los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

La consulta se considerará vinculatoria para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes si participa al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Por otra parte no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y egresos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

En cuarto lugar, corresponderá al Instituto Federal Electoral organizar, desarrollar, contar y declarar los resultados de las consultas populares.

La reforma constitucional también establece que la consulta popular tendrá lugar el mismo día de la jornada electoral federal.

Por último, se establece que las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 constitucional.

ANTECEDENTES

De acuerdo con Ray Kennedy, una opción que se discute cada vez más para hacer la democracia moderna más receptiva a la “voluntad de la gente” es el uso de los mecanismos de la democracia directa para complementar la práctica de la democracia representativa. Estos procedimientos se usan para designar sucesos políticos en los que se pide a los votantes expresar una elección no entre candidatos, sino más bien sobre cuestiones generales o específicas, formuladas por el gobierno o por los mismos electores, cuyos resultados pueden o no ser obligatorios para los funcionarios de gobierno.4

Antes de hablar de sus posibles bondades, hay que mencionar sus limitaciones y riesgos. Las democracias que los contemplan los tienen como complementos, mas nunca como sustitutos, de los procedimientos representativos – esto es, votar por los gobernantes cada periodo de tiempo. Además el debate académico plantea que, antes de insertar este tipo de mecanismos, es necesario lograr que la clase política sea plenamente responsable ante el electorado. Tampoco es un mecanismo que mejore la rendición de cuentas, sino que sirve para dirimir diferencias o dotar de mayor legitimidad una decisión.

Los regímenes autoritarios y totalitarios suelen usar estos mecanismos como un instrumento para legitimar sus decisiones. A través de esto, los líderes demagógicos pueden deslindarse de la responsabilidad de sus actos al endosarlos a una decisión popular.

Técnicamente las consultas implican una decisión de suma cero: un bando lo gana todo y los demás pierden todo: no ofrece espacios para la negociación o la compensación. Por lo tanto son usados para temas controversiales que pueden decidirse sin ambigüedades con un “sí” o “no”, y generalmente para decisiones trascendentales como adoptar una nueva constitución.

Además, las consultas funcionan mejor a nivel local, donde los asuntos públicos son más sencillos. Cuando se escala al nacional, los temas son más complejos. Por lo tanto, un “sí” o “no” rara vez generaría una decisión justa –especialmente cuando se tratan problemas de carácter técnico.

Los regímenes democráticos que contemplan estos mecanismos han diseñado cuidadosamente los procedimientos, con el fin de evitar abusos autoritarios. Por ejemplo el requerir que lo solicite un porcentaje mínimo de votantes, alrededor del 5 por ciento. O el exigir un umbral de participación mínimo, alrededor del 50 por ciento, para considerarlo válido o vinculante.

El caso mexicano

Tal y como se ha observado en el caso de la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, el plebiscito y el referéndum se han regulado en la mayoría de las entidades federativas desde mediados de los años noventa del siglo pasado.

Descripción de la propuesta

La iniciativa busca regular los procedimientos relativos a la consulta popular tanto en el Congreso de la Unión como en el Instituto Federal Electoral.

Al respecto, se faculta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en su papel de Presidente del Congreso de la Unión, de recibir las propuestas de consulta provenientes de la ciudadanía. Las que presenten el Ejecutivo y los legisladores seguirán el mismo trámite que cualquier iniciativa.

Respecto al Instituto Federal Electoral, se definen procesos generales en temas como la definición de la pregunta a consultar, la cual debe ser lo más técnica posible, como la elaboración de boletas y su conteo en la jornada electoral. También se define que los mexicanos residentes en el extranjero tienen derecho a ser consultados.

Por lo expuesto y con fundamentación en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 5, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 105, 106, 110, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 138, 143, 149, 152, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 209, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 237, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 259, 260, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 275, 277, 279, 280, 282, 289, 291, 294, 295, 313, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 342, 345, 351, 354, 362, 372, 373 y 376 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 5

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente, así como postularse como candidatos independientes.

2. a 4. …

5. Es derecho de los ciudadanos mexicanos presentar iniciativas de consulta popular, con base en lo establecido en el inciso c) de la fracción VIII de la Constitución.

LIBRO SEGUNDO

De los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidaturas independientes

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 22

1. a 6. …

7. Los requisitos de elegibilidad para los candidatos independientes serán las mismas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 23.

1. Los partidos políticos y los candidatos independientes, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código.

2. El Instituto Federal Electoral

Artículo 24.

1. …

2. Para que un candidato independiente pueda ser registrado para competir en las elecciones federales, deberá cumplir con los siguientes requisitos, mismos que serán verificados por el Instituto ante las instancias correspondientes:

a) Formular su programa de acción.

b) El color o combinación de colores con los que pretende contender, que no podrán ser iguales a los de los partidos políticos y coaliciones con registro ante el Instituto.

c) Acreditar el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:

I. Para el cargo a presidente de la República, una lista de ciudadanos que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica si no pudiere firmar, y copia simple de la credencial de elector, de cuando menos una cantidad del 0.13 por ciento de los que hubieren sufragado en la elección presidencial anterior, distribuidos en por lo menos 150 distritos electorales de forma igualitaria;

II. Para el cargo a senador, la lista de fórmulas presentará una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica si no pudiese firmar, y copia de la credencial de elector de cuando menos una cantidad de ciudadanos equivalente al 0.13 por ciento de los que hubieren sufragado en la última elección en la entidad federativa, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y

III. Para el cargo a diputados federales una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica si no puede firmar, y copia de la credencial de elector de cuando menos una cantidad de ciudadanos equivalente al 0.13 por ciento de los que hubieren sufragado en la última elección en el distrito electoral, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de las secciones distritales de forma igualitaria.

d) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

e) En caso de haber militado en un partido político, acreditar su separación del mismo, a través de carta manifiesta de renuncia según los estatutos del instituto político correspondiente, por lo menos 24 meses antes del día de la jornada electoral.

f) Nombre completo del representante general ante el consejo correspondiente, que podrá ser sustituido a más tardar el último día del periodo de registro de las candidaturas.

Artículo 26

1. El programa de acción que presenten las organizaciones determinará las medidas para:

a) a d) …

2. El programa de acción que presenten los ciudadanos determinará las medidas para proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales.

Artículo 28

1. …

2. Un aspirante a candidato independiente deberá iniciar su proceso de registro de la siguiente forma:

a) Durante el mes de julio del año previo a la jornada electoral, el interesado notificará de este propósito:

I. Para el cargo de presidente de la República, al Consejo General del Instituto;

II. Para el cargo a senador, al Consejo Local;

III. Para la fórmula al cargo de diputados federales, al Consejo Distrital.

b) El Consejo correspondiente brindará los requisitos que se deberán cubrir, así como los formatos necesarios.

c) Durante el periodo de preparación de los documentos que se deberán de entregar el mes de enero siguiente, los aspirantes a candidatos independientes tienen prohibido utilizar la coacción para obtener el respaldo a sus candidaturas.

Los aspirantes a candidatos independientes procurarán que el ciudadano del cual obtiene el respaldo no haya apoyado a otro aspirante.

Ningún aspirante a candidato independiente podrá presentar las mismas firmas de respaldo que también apoyen a otro aspirante para el mismo cargo de elección popular.

Artículo 29

1. …

2. El mes de enero del año de la elección los aspirantes a candidatos independientes se presentarán ante el consejo correspondiente con los requisitos establecidos en el artículo 24, así como un informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda del respaldo ciudadano para solicitar su registro.

3. Los consejos electorales locales y distritales deberán elaborar el registro de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de senadores y diputados del estado o distrito en cuestión y comunicarán al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas independientes que hubieren realizado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la sesión en que realicen los registros.

Artículo 30

1. …

2. …

3. Para la revisión de la solicitud de registro que presente el aspirante a candidato independiente, el Instituto a través del consejo correspondiente procederá de la siguiente manera:

I. Verificará dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos señalados en este capítulo;

II. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, dentro de los cinco días naturales notificará al aspirante a candidato independiente, para que dentro de los diez días naturales posteriores al de la notificación, subsane el o los requisitos omitidos, y

III. Dentro de los quince días siguientes al vencimiento de los plazos referidos en las fracciones anteriores, el consejo respectivo celebrará una sesión para determinar que se han satisfecho los requisitos y en su caso expedir la constancia de aviso previo.

Artículo 31.

1. a 3. …

4. Para los aspirantes a candidato independiente, el consejo correspondiente, con base en el dictamen elaborado y dentro del plazo de veinte días a la presentación de la solicitud del registro emitirá su dictamen, emitiendo la constancia correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión en que se apruebe el registro de la candidatura independiente.

5. Las candidaturas independientes se encontrarán sujetas a las siguientes restricciones:

I. No se podrá realizar la sustitución de candidatos independientes registrados por causa alguna;

II. Los partidos políticos o coaliciones no podrán registrar como candidatos a ciudadanos que hayan solicitado el registro como candidatos independientes para los cargos que establece el presente código; y

III. Queda prohibida la intervención de entes públicos, partidos políticos, agrupaciones nacionales, organizaciones gremiales y personas morales con actividad mercantil en los procesos de aviso, búsqueda del respaldo ciudadano, registro y de campañas de los candidatos independientes.

CAPITULO TERCERO

De los derechos de los partidos políticos y candidatos independientes

Artículo 36

1. …

2. Son derechos de los candidatos independientes:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en el desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos de este Código;

c) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Federal Electoral, en los términos de este Código, de acuerdo con el tipo de candidatura; y

k) Los demás que les otorgue este Código.

Artículo 37

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales o de los candidatos independientes ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

a) a e) …

CAPITULO CUARTO

De las obligaciones de los partidos políticos y de los candidatos independientes

Artículo 38

1. …

2. Son obligaciones de los candidatos independientes:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes;

d) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

e) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

f) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

g) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para sufragar los gastos de campaña;

h) Abstenerse, en su propaganda electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución;

i) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

j) Cumplir con las obligaciones que este Código les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y

k) Las demás que establezca este código

3. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del primer párrafo en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.

Artículo 39

1. …

2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, puedan exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos tanto de partido como independientes a cargos de elección popular.

Artículo 40

1. Un partido político o candidato independiente, aportando los elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos o candidatos independientes cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

CAPITULO QUINTO

De las obligaciones de los partidos políticos y los candidatos independientes en materia de transparencia

Artículo 41.

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos y de los candidatos independientes de conformidad con las reglas previstas en este Código y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al reglamento del Instituto Federal Electoral en la materia.

2. Las personas accederán a la información de los partidos y de los candidatos independientes a través del Instituto Federal Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas.

3, El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos y candidatos independientes.

4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del Instituto, debiendo estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al solicitante, dentro del plazo que señale el reglamento. El partido o el candidato independiente de que se trate informará al Instituto del cumplimiento de esta obligación.

5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la del partidoo candidato independiente de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la requiera en forma impresa o en medio digital.

6. Los partidos políticos y candidatos independientes están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente capítulo. En el caso de los candidatos independientes, deberán entregar toda información al Instituto Federal Electoral al terminar la campaña, además de mantener su página electrónica al menos durante los siguientes cinco años.

Artículo 42

1. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los mismos, que sea considerada pública conforme a este Código, estará a disposición de toda persona a través de la página electrónica del Instituto.

2. …

3. Se considera información pública de los candidatos independientes:

a) El directorio de sus grupos de apoyo nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

b) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de sus grupos de apoyo a que se refiere el inciso anterior;

c) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto;

d) Los montos de financiamiento público otorgados, en cualquier modalidad, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

e) Los informes de ingresos y gastos de campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos por este Código. Los candidatos independientes podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos.

f) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;

g) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso e) de este párrafo; y

h) La demás que señale este Código, o las leyes aplicables.

Artículo 43

1. Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la demás que este Código considere de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general.

Artículo 44

1. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

2. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los colaboradores de los candidatos independientes; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de su tesorero y su representante ante el consejo correspondiente.

3. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado;

4. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos y los candidatos independientes sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.

TITULO TERCERO

Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento y otras prerrogativas de los

partidos y candidatos independientes

Artículo 48

1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales y los candidatos independientes:

a) a d) …

Artículo 49

1. Los partidos políticos y los candidatos independientes tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

2. a 5. …

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos y candidatos independientes el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

7. …

Artículo 56

1. a 5. …

6. Durante los procesos electorales en que participen, los candidatos independientes tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social, conforme a lo siguiente:

a) El tiempo de que dispongan de manera gratuita los candidatos independientes en los medios de comunicación social será adicional al que se otorgue a los partidos políticos o coaliciones. El Instituto será autoridad única en su administración; y

b) Durante el periodo de las campañas electorales el Instituto deberá destinar el mismo porcentaje que corresponda al partido con menor presencia, para la promoción de los candidatos independientes que participen en el proceso. Dicho tiempo deberá distribuirse en función de lo siguiente:

I. El cincuenta por ciento de forma igualitaria, para los candidatos a la presidencia de la República.

II. El treinta por ciento de forma igualitaria, para los candidatos al Senado, y

III. El veinte por ciento de forma igualitaria, para los candidatos a Diputados Federales.

Artículo 57

1. A partir del día en que, conforme a este Código y a la resolución que expida el Consejo General, den inicio las precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a disposición de los partidos políticos nacionales y candidatos independientes, en conjunto, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar, un día antes de que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o equivalente, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido. Durante el periodo de búsqueda del respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes, el Instituto deberá difundir campañas para promover la existencia de dichos aspirantes, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarlos

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos y de promoción de los aspirantes a candidatos independientes serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

4. y 5. …

Artículo 58

1. Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 55 de este Código, durante las campañas electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos y candidatos independientes, en conjunto, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. …

Artículo 59

1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1, 2 y 6 del artículo 56 de este Código.

2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

3. …

Artículo 62

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 58 de este Código, el Instituto Federal Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos y candidatos independientes quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.

2. …

3. Para la distribución entre los partidos políticos y candidatos independientes del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este Código.

4. a 6. …

Artículo 63.

1. Cada partido y candidato independiente decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho.

Artículo 65

1. Para su asignación entre los partidos políticos y candidatos independientes, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. y 3. …

Artículo 66

1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 64 anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos y candidatos independientes, a través de las correspondientes autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.

2. …

Artículo 69

1. En ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos o candidatos independientes tiempo o mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo.

2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos y candidatos independientes serán sufragados con sus propios recursos.

Artículo 75

1. Las señales radiodifundidas que se incluyan en los servicios de televisión restringida, deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos, candidatos independientes y las autoridades electorales a que se refiere el presente capítulo.

2. …

Artículo 76

1. Para asegurar a los partidos políticos y durante el año electoral a los candidatos independientes la debida participación en la materia, se constituye el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, conforme a lo siguiente:

a) El Comité será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes, formuladas por la Dirección Ejecutiva competente, así como los demás asuntos que en la materia conciernan en forma directa a los propios partidos y candidatos independientes. El Consejo General podrá atraer a su competencia los asuntos en esta materia que por su importancia así lo requieran; y

b) …

2. El Comité se integra por:

a) Un representante propietario y su suplente, designados por cada partido político nacional. Los candidatos independientes enviarán, por acuerdo, tres representantes con voz y sin voto durante el año electoral;

b) y c) …

3. a 8. …

CAPITULO SEGUNDO

Del financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes

Artículo 77

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes tendrá las siguientes modalidades:

a) a e) …

2. …

3. Los partidos políticos y los candidatos independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

4. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos y candidatos independientes, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 83 de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine. Los candidatos independientes deberán contar con un tesorero que cumpla las mismas funciones.

6. La revisión de los informes que los partidos políticos, las agrupaciones políticas y los candidatos independientes presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes.

Artículo 78

1. a 5. …

6. Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas por este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para gastos de campaña

I. Para el desarrollo de las campañas electorales, los candidatos independientes contarán exclusivamente con financiamiento público, que no será inferior al cincuenta por ciento del tope de gastos de campaña definido para cada tipo de elección.

Artículo 79

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución y este Código, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y candidatos independientes es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos y candidatos independientes respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

2. a 4. …

Artículo 81

1. …

a) …

b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos y candidatos independientes;

c) Vigilar que los recursos de los partidos y candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este Código;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos, sus candidatos y los candidatos independientes, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) y f) …

g) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos y candidatos independientes;

h) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos y candidatos independientes con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes;

i) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y candidatos independientes. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos y candidatos independientes en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;

j) Proporcionar a los partidos políticos y candidatos independientes la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este Capítulo;

k) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político así como a los ciudadanos que deseen registrarse como candidatos independientes, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en este Código

l) y m) …

n) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y candidatos independientes; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad;

o) …

p) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos independientes en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General;

q) y r) …

s) Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos y candidatos independientes, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en este Código; y

t) …

2. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos, candidatos independientes y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente capítulo. Los partidos y candidatos independientes tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Artículo 83

1. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) y b) …

c) Informes de precampaña para los precandidatos de los partidos y de búsqueda de apoyo para aspirantes a candidatos independientes:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. Lo propio harán también los aspirantes a ser candidatos independientes.

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la conclusión de la precampaña para el caso de los partidos y del periodo para obtener apoyo popular para los aspirantes a candidatos independientes; y

III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda;

d) …

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, así como cada uno de los candidatos independientes. Se especificarán los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos y los candidatos independientes presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. y IV. …

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y candidatos independientes se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de precampaña, y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y candidato independiente la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o candidato independiente que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c) La Unidad está obligada a informar al partido político o al candidato independiente si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;

d) y e) …

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

II. y III. …

f) …

g) Los partidos políticos y candidatos independientes podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

h) …

Artículo 87

1. Los partidos políticos nacionales y candidatos independientes no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:

a) a d) …

Artículo 89

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 87 de este Código no releva a los partidos políticos y a los candidatos independientes del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.

2. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el impuesto sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. La Unidad de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.

Artículo 90

1. Los partidos políticos y los candidatos independientes disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 91

1. …

a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos y candidatos independientes; en años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cinco por ciento;

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos. La franquicia postal será asignada a los candidatos independientes según el puesto por el que compitan;

c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y candidato independiente si aplica y le cubrirá, trimestralmente, el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin. Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias.

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido y las personas que designe cada candidato independiente. Los representantes de los partidos y en su caso de los candidatos independientes ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda;

e) Los partidos políticos y candidatos independientes acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;

f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, distritales y municipales podrán remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales. Lo mismo podrán hacer los candidatos independientes de acuerdo con el cargo por el que compitan;

g) …

h) En la correspondencia de cada partido político y candidato independiente se mencionará de manera visible su condición de remitente;

i) El Instituto Federal Electoral celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político y candidato independiente de su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer; y

j) Los partidos y candidatos independientes informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano.

Artículo 92

1. …

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político o las personas que designen los candidatos independientes;

b) Los comités nacionales o los representantes de los candidatos independientes podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República. En el caso de los candidatos independientes, sólo podrán utilizar las franquicias para sus comunicaciones dentro de la demarcación del cargo por el que compiten;

c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités nacionales y los candidatos independientes. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Candidatos Independientes a fin de que ésta los comunique al organismo público correspondiente;

d) y e) …

2. …

Artículo 105.

1. …

a) a d) …

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como organizar los procesos de consulta popular;

f) a h) …

2. a 3. …

Artículo 106

1. y 2. …

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos y candidatos independientes no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al presente Código.

4. …

Artículo 110

1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y durante años electorales, candidatos independientes de haber alcanzado el registro y el secretario ejecutivo.

2. a 10. …

11. Cada candidato independiente designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.

12. Los candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al consejero presidente.

Artículo 116

1. …

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral y de Consultas Ciudadanas; Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; de Quejas y Denuncias funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General. Los consejeros electorales podrán participar hasta en dos de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

3. …

4. Todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres consejeros electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, salvo la del Servicio Profesional Electoral.

5. a 8. …

Artículo 118

1. …

a) a g) …

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas y los candidatos independientes se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos independientes se actúe con apego a este Código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

j) …

k) Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas y a los candidatos independientes, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos d) al g) del párrafo 1 del artículo 101 y c) al g) del párrafo 9 del artículo 35, respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes, de conformidad con lo establecido en este Código y demás leyes aplicables;

ll). …

m) Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos y candidatos independientes; así como determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos y candidatos independientes en los términos de este Código;

ñ) …

o) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos ciudadanos, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

p) a s)…

t) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, los candidatos independientes o el proceso electoral federal;

u) a z) …

aa) Coordinar y dirigir los procesos de consulta popular de acuerdo al artículo 35 de la Constitución.

2. y 3. …

Artículo 119

1.

a) a i) …

j) Recibir de los partidos políticos nacionales y de los aspirantes a candidatos ciudadanos las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo General para su registro;

k) a q) …

Artículo 120

1. …

a) a h) …

i) Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes;

j) a q) …

d

Artículo 121

1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el presidente del Consejo y se integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos y Candidatos Independientes, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.

2. El titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes y el contralor general podrán participar, a convocatoria del consejero presidente, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva.

Artículo 122

1. …

a) a c) …

d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales, a los candidatos independientes y a las agrupaciones políticas y sus respectivas prerrogativas;

e) a o) …

Artículo 128

1. …

a) a g) …

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto, a los partidos políticos nacionales y a los candidatos independientes de acuerdo al puesto por el que compiten, las listas nominales de electores en los términos de este Código;

i) a p) …

2) ….

Artículo 129

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes tiene las siguientes atribuciones:

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales o como agrupaciones políticas, así como de los ciudadanos interesados en ser candidatos independientes y realizar las actividades pertinentes;

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en este Código para constituirse como partido político o como agrupación política así como los ciudadanos que hayan cumplido los requisitos para ser candidatos independientes, e integrar el expediente respectivo para que el secretario ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General;

c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, agrupaciones políticas y candidatos independientes, así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y acuerdos de participación para los dos primero;

d) Ministrar a los partidos políticos nacionales, a las agrupaciones políticas y a los candidatos independientes el financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en este Código;

e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos y candidatos independientes puedan disponer de las franquicias postales y telegráficas que les corresponden;

f) Apoyar las gestiones de los partidos políticos, las agrupaciones políticas y los candidatos independientes para hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal;

g) Realizar lo necesario para que los partidos políticos y candidatos independientes ejerzan sus prerrogativas de acceso a los tiempos en radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República y lo dispuesto en este Código;

h) Elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión las pautas para la asignación del tiempo que corresponde a los partidos políticos y candidatos independientes en dichos medios, conforme a lo establecido en este Código y en el Reglamento aplicable que apruebe el Consejo General;

i) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, del equipo de los candidatos independientes y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas;

j) a m) …

Artículo 130.

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Consultas Ciudadanas tiene las siguientes atribuciones:

a) …

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral y en su caso de las consultas ciudadanas, para someterlas por conducto del secretario ejecutivo a la aprobación del Consejo General. Las preguntas a ser sujetas a consulta serán elaboradas con el apoyo de un comité técnico en términos de su reglamento;

c) a i) …

Artículo 132.

1. …

a) a g)

h) En caso de convocarse a una consulta popular, elaborar y proponer materiales de divulgación que, de una manera imparcial y técnica, informen a la ciudadanía de los argumentos a favor y en contra del tema a ser consultado.

i) Las demás que le confiera este Código.

Artículo 135

1. …

2. El vocal ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda para el acceso a radio y televisión de los partidos políticos y candidatos independientes en las campañas locales, así como de los institutos electorales, o equivalentes, en los términos establecidos en este Código.

3. y 4. …

Artículo 136

1. …

a) y b) …

c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los partidos políticos y candidatos independientes durante las precampañas y campañas locales y para el uso de esos medios por parte de los institutos electorales o equivalentes de la entidades federativas;

d) a f) …

Artículo 138

1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes, si los hubiese. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. …

5. Los representantes de los candidatos independientes tendrán voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 11 del artículo 110 de este código.

Artículo 143

1. …

a) …

b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales, así como los ciudadanos interesados en registrar su candidatura independiente;

c) a i) …

2. y 3. …

Artículo 149

1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. a 4. …

5. Los representantes de los candidatos independientes tendrán voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 11 del artículo 110 de este código.

Artículo 152

1. …

a) a e) …

f)) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos y candidatos independientes acrediten para la jornada electoral;

g) …

h) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos y candidatos independientes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

i) a m) …

Artículo 162

1. Los partidos políticos nacionales y los candidatos independientes deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos y candidatos independientes que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos y candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del Instituto.

Artículo 163

1. Cuando el representante propietario de un partido o de un candidato independientes, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político o candidato independiente dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político o candidato independiente a fin de que compela a asistir a su representante.

2. Los consejos distritales informarán por escrito a los consejos locales de cada ausencia, para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes según sea el caso.

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político o candidato independiente respectivo.

Artículo 164

1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales o de los candidatos independientes, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.

2. ...

Artículo 166

1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los consejeros y los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes.

Artículo 168

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales y de los candidatos independientes debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el secretario ejecutivo del Instituto.

Artículo 169

1. a 3. …

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes ante los consejos General, locales y distritales, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia.

Artículo 170

1. …

2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del Consejo Local respectivo, y a los partidos políticos nacionales y candidatos independientes que hayan acreditado representantes ante el mismo.

Artículo 209

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales, los candidatos independientes y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

2. …

3. Las consultas populares serán organizadas el día de las elecciones, en términos del artículo 35 Constitucional. Para efectos de este libro, y salvo donde se especifique, las boletas de votación para las consultas tendrán el mismo tratamiento que las usadas para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

TITULO SEGUNDO

De los actos preparatorios de la elección

CAPITULO PRIMERO

De los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular, precampañas electorales y promoción de interesados a ser candidatos independientes

Artículo 211

1. a 5. …

6. Los procedimientos de registro y acreditación de los candidatos independientes se regirán de acuerdo con lo estableció en el Capítulo I del Título Segundo del Segundo Libro de este Código.

Artículo 212

1. a 4.

5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos o para registrar candidatos independientes, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición en el primer caso.

Artículo 214

1. a 4. …

5. Para el desarrollo del aviso previo, así como para la búsqueda del respaldo ciudadano, los aspirantes a candidatos independientes podrán adquirir financiamiento privado para llevar a cabo las actividades y gestiones inherentes para lograr el registro como candidatos independientes. El financiamiento privado tendrá los siguientes topes de gastos:

a) Para el cargo de presidente de la República, hasta el cien por ciento del tope de gastos estipulado para las precampañas de los partidos políticos;

b) Para el cargo de senador, hasta el cincuenta por ciento del tope de gastos estipulado para los partidos políticos, y

c) Para el cargo de diputado federal, hasta el veinticinco por ciento del tope de gastos estipulado para las precampañas de los partidos políticos.

Artículo 216

1. Cada partido político hará entrega a la Unidad de Fiscalización de los informes de ingresos y gastos de cada uno de los precandidatos que hayan participado en sus precampañas, según el tipo de elección de que se trate. Informará también los nombres y datos de localización de los precandidatos que hayan incumplido la obligación de presentar el respectivo informe, para los efectos legales procedentes. Lo mismo hará cada ciudadano interesado en registrarse como candidato independiente.

2. y 3. …

4. La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un dictamen consolidado por cada partido político y aspirante a candidato independiente en el que en su caso, se especificarán las irregularidades encontradas y se propondrán las sanciones que correspondan a los precandidatos o al partido.

5. Para los efectos del párrafo anterior, el Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización, determinará reglas simplificadas y procedimientos expeditos para la presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los precandidatos y los de promoción de los interesados en registrarse como candidatos independientes.

Artículo 217

1. A las precampañas y actos para búsqueda del respaldo ciudadano, a los precandidatos y aspirantes a candidatos independientes que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en este Código respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.

2. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá los demás reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, las precampañas y actos para la búsqueda del respaldo ciudadano por parte de los aspirantes a candidato independientes, de conformidad con lo establecido en este Código.

Artículo 218

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales y a los ciudadanos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

2. …

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que realice cada instituto político.

4. …

Artículo 226

1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan, así como de los candidatos independientes que hayan logrado su registro.

2. …

Artículo 228

1. a 3. ….

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado tanto los partidos políticos como los candidatos independientes.

5. …

Artículo 229

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos así como los candidatos independientes, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. …

a) a b)

c)…

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante y en su caso el candidato independiente, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

d) …

3. a 4. ...

Artículo 230

1. ...

2. …

a) Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos y candidatos independientes que participan en la elección; y

b) Los partidos políticos y candidatos independientes deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. …

Artículo 232

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político, coalición que ha registrado al candidato o en su caso del candidato independiente.

2. ...

Artículo 233

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos y los candidatos independientes se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

2. ...

3. Los partidos políticos, los precandidatos, los aspirantes a candidatos independientes y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4.…

Artículo 237

1. y 2. …

3. Las campañas electorales de los partidos políticos y candidatos independientes se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

4. a 7. …

Artículo 240

1. …

2. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

3. En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en forma detallada y oportuna.

Artículo 243

1. …

2. El secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, haciendo constar la entrega.

Artículo 245

1. Los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

2. Los partidos políticos y candidatos independientes podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.

3. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de "representante".

4. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes recibirán una copia legible de las actas a que se refiere el artículo 247, párrafo 1, inciso b), de este Código. En caso de no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo solicite.

Artículo 246

1. La actuación de los representantes generales de los partidos y candidatos independientes estará sujeta a las normas siguientes:

a) …

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un representante general, de un mismo partido político o candidato independiente;

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos o de candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

d) y e) …

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político o candidato independiente ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político o candidato independiente en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 247

1. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

a) a f) …

2. …

Artículo 248

1. …

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos y candidatos independientes deberán registrar en su propia documentación y ante el Consejo Distrital correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

b) Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos y candidatos independientes el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

c) Los partidos políticos y candidatos independientes podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 249

1. …

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente, representante del partido político o del candidato independiente que haga el nombramiento;

b) …

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos del representante ante las mesas directivas de casilla se regresarán al partido político o candidato independiente solicitante; para que dentro de los tres días siguientes subsane las omisiones; y

d) …

Artículo 250

1. …

a) Denominación del partido político o candidato independiente;

b) a f) …

g) Firma del representante o del dirigente del partido político o candidato independiente que haga el nombramiento.

2. …

3. En caso de que el presidente del Consejo Distrital no resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político o candidato independiente interesado podrá solicitar al presidente del Consejo Local correspondiente registre a los representantes de manera supletoria.

4. Para garantizar a los representantes de partido político y candidato independiente su debida acreditación ante la mesa directiva de casilla, el presidente del Consejo Distrital entregará al presidente de cada mesa, una relación de los representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.

Artículo 252

1. …

2. …

a) y b) …

c) Emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición o en su caso de los candidatos independientes, en la elección de que se trate;

d) y e) …

f) En el caso de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio por cada partido político y candidato independiente para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional;

g) En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y candidato independiente y la lista nacional;

h) a i) …

3. Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos, así como en su caso los candidatos independientes.

4. Las boletas para la elección de senadores llevarán impresas la lista nacional de los candidatos propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos, así como en su caso los candidatos independientes.

5. Los emblemas a color de los partidos políticos y candidatos independientes aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados federales.

6. …

7. Las boletas para la consulta popular llevarán impresas la pregunta a ser sometida, con dos espacios para la aprobación o el rechazo de la misma.

Artículo 254 …

1. …

2. …

a) a d) …

e) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos y candidatos independientes bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.

4. …

Artículo 255

1. …

a) …

b) La relación de los representantes de los partidos y candidatos independientes registrados para la casilla en el Consejo Distrital Electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político y candidato independiente en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d) Las boletas para cada elección o en su caso para las consultas populares, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

e) a i) …

2. a 4. …

Artículo 259

1. y 2. …

3. A solicitud de un partido político o candidato independiente, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido o candidato independiente que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

4. a 7. …

Artículo 260

1. …

a) a e) …

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) …

2. y 3. …

Artículo 263

1. y 2. …

3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes.

4. …

Artículo 265

1. a 4. …

5. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 266

1. a 2. …

3. …

a) …

b) Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes debidamente acreditados en los términos que fijan los artículos 250 y 251 de este Código;

c) y d) …

4. a 6. …

Artículo 268

1. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este Código.

2. …

Artículo 269

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos y candidatos independientes durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

Artículo 270.

1. …

2. …

a) a d)

e) En cualquiera de los supuestos, el ciudadano también votará por los temas sujetos a consulta popular, de ser el caso.

3. a 4. …

Artículo 275.

1. …

a) a c) …

d) De las consultas populares, de ser el caso.

Artículo 277

1. …

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o candidato independiente, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) y c) …

Artículo 279

1. …

a) El número de votos a favor de cada partido político, candidato o, de ser el caso, de los temas sujetos a consulta popular;

b) a f) …

2. a 3. …

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 280

1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que actuaron en la casilla.

2. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.

Artículo 282

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes para la elección por la que compitieron, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.

2. …

Artículo 289

1. Los Consejos Distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes, designarán en mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo.

2. …

3. …

a) a f)

g) No militar en ningún partido político o formar parte del equipo de un candidato independiente; y

h) …

Artículo 291

1. …

a) a c)

d) Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante el Consejo, contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

Artículo 294

1. …

a) a c) …

d) El de las consultas populares, de ser el caso.

2. …

3. Los Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y representantes de partidos políticos y candidatos independientes acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

4.

Artículo 295

1. …

a) ..

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) a k) …

2. y 3. …

4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y candidatos independientes y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos y candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

5. a 9. …

Artículo 313.

1. Los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de ser el caso, para decidir respecto a las consultas populares.

2. En caso de que se convoque a una consulta popular en el año de las elecciones intermedias, se convocará a elecciones para los ciudadanos residentes en el extranjero de acuerdo a lo establecido en el presente Libro.

Artículo321

1. Los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del artículo anterior, a través de los medios electrónicos con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2. …

Artículo 322

1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Los partidos políticos y candidatos independientes podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos y candidatos independientes se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos y candidatos independientes podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 194 de este Código y en la ley de la materia.

5. …

Artículo 323.

1. …

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el formato de la boleta electoral para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, de ser el caso las boletas para las consultas populares y material de divulgación para su debate, el instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.

3. a 4. …

Artículo 324.

1. a 2. …

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo certificado con acuse de recibo, las boletas electorales, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto.

4. …

Artículo 325.

1. Recibidas las boletas electorales el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia, en los términos del Artículo 265 de este Código.

2. …

Artículo 326.

1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir las boletas electorales en el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto.

2. …

3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de las boletas electorales, tendrán impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.

Artículo 327.

1. …

a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen las boletas electorales, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;

b) a c) …

Artículo 329

1. a 3. …

4. Los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

5. y 6. …

Artículo 332

1. …

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos y candidatos independientes, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político y candidato independiente designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos y candidatos independientes para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 333.

1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 119 de este Código, el secretario ejecutivo informará al Consejo General de los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de ser el caso, de la votación en torno a las consultas populares.

2. …

Artículo 334

1. …

2. Los partidos políticos y candidatos independientes recibirán copia legible de todas las actas.

3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de ser el caso, de la votación en torno a las consultas populares, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 335.

1. Realizados los actos a que se refiere el artículo 298 de este Código, en cada uno de los Consejos Distritales el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de ser el caso, de la votación en torno a las consultas populares, para que sean sumados a los obtenidos del cómputo de los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito.

2. …

3. La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de ser el caso, de la votación en torno a las consultas populares en el distrito electoral respectivo, será integrada al expediente a que se refiere el inciso e) del párrafo 1 del artículo 300 de este Código.

Artículo 336

1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular, así como los candidatos independientes para presidente de la República, no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 de este Código.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos y candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 337.

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior a la elección presidencial y en caso de convocarse a consultas populares, en el año anterior a la elección intermedia, la creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Artículo 341

1. …

a) a l) …

m) Los candidatos independientes y aspirantes a ser candidatos independientes; y

n) Los demás sujetos obligados en los términos del presente Código.

Artículo 342

1. …

2. Constituyen infracciones de los candidatos independientes al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo 2 del artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone el presente Código;

d) No presentar los informes de búsqueda de apoyo para el registro o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en los términos y plazos previstos en este Código y sus reglamentos;

e) La realización anticipada de actos de campaña atribuible a los propios candidatos independientes;

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

g) La realización de actos de búsqueda de apoyo para el registro o de campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;

h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente Código en materia de búsqueda de apoyo para registro y campañas electorales;

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas;

k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente Código en materia de transparencia y acceso a su información;

l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral; y

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.

Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, de los candidatos independientes y su equipo de colaboradores, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

a) a d) …

Artículo 351

1. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos y aspirantes a registrarse como candidatos independientes:

a) a c) …

Artículo 354

1. ...

a) Respecto de los partidos políticos y candidatos independientes:

I. a VI. …

b) y c) …

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, de los candidatos independientes y su equipo de colaboradores, o en su caso de cualquier persona física o moral:

I. a III. …

e) y f) …

g) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan construir partidos políticos y los individuos que aspiren a registrarse como candidatos independientes:

I. a III. …

h) …

Artículo 362

1. …

2. …

a) a e) …

f) Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

3. a 9. …

CAPITULO QUINTO

Del procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos

políticos y candidatos independientes

Artículo 372

1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, y en su caso de las agrupaciones políticas nacionales y candidatos independientes:

a) a c) …

2. a 4. …

Artículo 373

1. a 2. …

3. En caso de que la queja sea presentada ante un órgano desconcentrado del Instituto por el representante de un partido político o candidato independiente, la Secretaría lo notificará a la representación del partido político o candidato independiente denunciante ante el Consejo General del Instituto, enviándole copia del escrito por el que se presentó la queja.

Artículo 376

1. a 7. …

8. El titular de la Unidad de Fiscalización podrá ordenar, en el curso de la revisión que se practique de los informes anuales o de campaña de los partidos políticos nacionales o en el caso de los candidatos independientes, de los informes anuales, que se realicen las verificaciones a que haya lugar en relación con las quejas correspondientes a cada uno de dichos ejercicios; asimismo, podrá solicitar informe detallado al partido denunciado, y requerirle la entrega de información y documentación que juzgue necesaria.

Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 23.

1. …

a) a o) …

p) Recibir las iniciativas ciudadanas que se dirijan a esta cámara, dictaminar su validez en términos de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de la República y darle el trámite correspondiente. Las iniciativas deberán estructurarse de acuerdo a los criterios definidos en el reglamento de la Cámara de Diputados y estarán acompañadas, además de los requisitos establecidos en el artículo constitucional citado, de información de contacto de un presentador. Para dictaminar la validez de las iniciativas podrá establecer convenios con el Instituto Federal Electoral; y

q) Recibir las iniciativas para la consulta popular provenientes de la ciudadanía en términos del inciso c) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez realizado este trámite, enviará el texto al Instituto Federal Electoral para validar el documento y darle el trámite correspondiente.

r) Las demás que le atribuyan la Constitución Política de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

Tercero. Se adicionan los artículos 6, 77, 78, 80 172, 177 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 6.

1. …

I. Iniciar leyes,decretos y presentar proposiciones ante la Cámara, así como iniciativas de consulta popular en términos del inciso b) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a XIX. …

Artículo 77

1. a 4. …

5. Las iniciativas de consulta popular presentadas por el Ejecutivo y los legisladores en términos de los incisos a) y b) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrán el mismo trámite que una iniciativa.

Artículo 78.

1. Los elementos indispensables de la iniciativa serán:

I. a X. …

XI. Nombre y rúbrica del iniciador. En caso de tratarse de una iniciativa ciudadana, el nombre y rúbrica de un organizador.

Artículo 80.

1. …

I. a VIII. …

IX. Iniciativas de consulta popular en términos de los incisos a) y b) de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. …

Artículo 172.

1. y2. …

3. Los organizadores de una iniciativa ciudadana podrán enviar hasta a tres personas a la sesión en que se dictamine, quienes participarán con voz y sin voto en la discusión.

Artículo 177.

1. ...

2. La comisión deberá solicitar a los organizadores de una iniciativa ciudadana a que envíen hasta a tres personas, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta y participar en el dictamen con voz y sin voto.

Artículo 189.

1. Las comisiones podrán acordar el tiempo de las intervenciones de los diputados y diputadas y en su caso, a personas enviadas por los organizadores de una iniciativa ciudadana, en la discusión de un asunto. El Presidente de la Junta Directiva o quien modere la discusión procurará que las mismas se den en un marco de equilibrio y que los oradores se conduzcan con moderación, prudencia y respeto.

2. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral contará con un plazo no mayor de seis meses para actualizar sus reglamentos y criterios de acuerdo con las reformas realizadas este Código.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 05 de junio de 2013.

suscribe

Dip. Ruth Zavaleta Salgado".

1 Kennedy, Ray, Democracia directa y la tercera ola en América Latina. Efectos de la toma popular de decisiones (México: Instituto Electoral del Distrito Federal, 2007), pp. 53-54.

2Ibíd., p, 54

3 Hernández Olmos, Mariana, La importancia de las candidaturas independientes (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012.

4 Ray Kennedy, op. cit., p. 17.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 FRACCION I Y 61 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE ADICIONA LA FRACCION VI RECORRIENDO EL SUBSECUENTE DEL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

"La suscrita, Diputada Federal Ma. Concepción Ramírez Diez Gutiérrez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artIculo 115 de la Ley Agrariaal tenor de la siguiente:

Antecedentes

Durante el gobierno del dictador Porfirio Díaz, se lograron importantes avances al interior del país tales como, el ferrocarril que, facilitó el transporte de mercancías y personas, el teléfono que permitió comunicarse inmediatamente con gente a distancia, los bancos que ayudaron a mejorar la economía mexicana y, la electricidad que mejoro y ayudo al progreso de los procesos de producción y cambio la forma de vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, dejaban un tema fundamental para el crecimiento y expansión a nivel mundial del país, pues estaban haciendo a un lado el campo y la serie de dificultades que en su momento atravesaban.

Con el porfiriano se crearon los llamados latifundios definidos del latín latifundĭum, una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de gran extensión que por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. Asimismo, se considera latifundista a la persona que dispone de uno o más latifundios, “…Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad parti­cular por individuos o de alguna sociedad, siempre y cuando excedan los límites establecidos…” (Procuraduría Agraría,2006, pag.91)1.

Explotaciones agrarias de grandes dimensiones en las que no se aprovechaban los recursos que tenían disponibles. Sin lugar a dudas fue, uno de los problemas más graves que ha sufrido el país a lo largo de su historia.

No existe una cantidad fija de hectáreas que conviertan a un campo en un latifundio, sino que depende de la región y de las prácticas asociadas a la explotación agraria.

La enorme concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos, en detrimento de la gran mayoría de la población, iniciada en el periodo colonial con la conquista española, estaban localizados en las llamadas haciendas, en las que los dueños trataban horriblemente a sus empleados que en realidad eran sus esclavos y quienes tenían una paga muy pequeña misma que,no les alcanzaba ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas como comer y vestir, ni siquiera para su persona en sí.

Exposición de motivos

El reparto de tierras entre los conquistadores para su explotación agropecuaria fue el punto de partida con el paso del tiempo, dio lugar a una acumulación de tierras como símbolo de prestigio y poder dentro de la sociedad colonial, parcialmente dedicada a la agricultura o la ganadería, típica de las sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes poseía una gran parte de las tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder político.

Esto ha originado grandes tensiones y conflictos sociales cuando el crecimiento de la población exige más producción de alimentos y reparto de tierras. Estos problemas han llevado a revueltas campesinas, las cuales han forzado o impulsado la necesidad de reformas agrarias para repartir la tierra y hacerla más productiva.

De estos conflictos, muchas veces generalizados, ha surgido la propuesta de efectuar una Reforma Agraria, capaz de dar tierras a los campesinos o de acelerar el desarrollo capitalista del campo, tal y como se ha venido reformando el propio artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual, hace referencia que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Es fundamental considerar, aquellas reglas jurídicas que dan lugar allatifundismo y que deben ser derogadas, ya que como es de su conocimiento esta práctica tuvo su límite en la revolución que estalló en 1910, costando la pérdida de muchos mexicanos que lucharon por obtener un pedazo de tierra para trabajarla; sin duda las condiciones en las que actualmente vivimos no son las mismas que las de principio del anterior siglo, sin embargo el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer, es actual y por ello hay que impedir que se vuelva a generar.

No contar con una propiedad, sigue siendo tema actual de muchos mexicanos que aún teniendo empleo formal o bien que se dedican al campo y son explotados continúan sin tener tierra propia. La situación en el campo se complica, aunado a ello, se suma la migración a la Ciudad ya que, de ninguna manera se han elevado sus condiciones de vida y han tenido que enajenar su fuente de vida y de su familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria al tenor de lo siguiente.

Primero. Se reforma 115de la Ley Agraria para quedar redactado como sigue:

Artículo 115. Para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundiosen las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Dado en Comisión Permanente de Estados Unidos Mexicanos, 5 de junio de 2013.

Dip. María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez".

1Glosario de Términos Jurídico-Agrario” Procuraduría Agraria, México, 2006, 172p.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO PARA LA CAMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el C. Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del PRD)

"Elque suscribe,Gerardo Gaudiano Rovirosa, Diputado Federal por la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Reglamento de la Cámara de Diputados fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010, relativamente nuevo, ha sido materia de observaciones que debido a la práctica legislativa el suscrito ha identificado; en este caso me refiero alnumeral 1 es contradictorio al numeral segundo ambos del artículo 72 del Reglamento para la Cámara de Diputados, ya que el primero señala que el Presidente de Junta Directiva presentará escrito dirigidoal Presidente de Mesa Directiva de Cámara la declinatoria de competencia y en el numeral segundo, indica que debe estar firmado por la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva para acreditar personalidad.

No obstante el numeral 3 del citado artículo no indica el plazo exacto en que el Presidente de Mesa Directiva deba resolver la declinatoria de competencia, por lo que deja en un estado total de indefensión e incertidumbre jurídica a los diputados integrantes de las comisiones que buscan subsanar un turno mediante la citada declinatoria.

Por citar un ejemplo, si existiera un punto de acuerdo o iniciativa que se turno a dos comisiones pero una de ellas determina que no es competente, la otra comisión desea dictaminar con el fin de dar cumplimiento a nuestro Reglamento, se encuentra en un estado de incertidumbre, porque no sabe cuando resolverá el Presidente de Mesa Directiva y se han dado casos que la o las comisiones dictaminan sabiendo que otra se desistió, y la Presidencia de Mesa Directiva devuelve el dictamen sin que medie la resolución de conceder la declinatoria de competenciapor parte de la otra comisión porque todavía no resuelve, esto obstaculiza la función dictaminadora de las comisiones ordinarias, no permite que cumplan en tiempo y forma el plazo para su dictaminación y reitero las deja en un total estado de incertidumbre; existe una laguna, vacío jurídico, en el citado artículo.

Con el fin de subsanar las inconsistencias que presenta el artículo 72 de nuestro reglamento, propongo que:

El Presidente de Junta Directiva se tenga por acreditada su personalidad para presentar la declinatoria de competencia y bastará con su firma para que se conceda dicha petición, ya que el Presidente de Junta Directiva es el representante de la Comisión y con el apoyo de su equipo técnico puede identificar de inmediatola competencia de los asuntos que le fueron turnados.

También se busca que el Presidente de Mesa Directiva resuelva la declinatoria en 3 días, y funde y motive su acto, en caso de negativa deberá explicar las razones sustanciales y de fondo del porque no prosperó.

Es importante indicar que existe un mal uso de técnica jurídica y legislativa al señalar que la declaratoria de competencia requiere de “la sustanciación”, puesto que no se trata de un juicio que medie sentencia.

Para tales efectos me permito señalar el concepto de la palabra sustanciación de conformidad conel Diccionario Jurídico, España: Editorial Comares, 7ª. Edición, 2009, página 542:

Sustanciar[también substanciar, poco usual] v. tr. En derecho, conducir o tramitar un proceso hasta el estado de sentencia.

Sustanciación (teoría de la) V. Individualización. Parte del aforismo da mihi factum, dabo tibi ius. La calificación jurídica corresponde al órgano jurisdiccional, en tanto que las partes deben alegar los hechos sobre los cuales fundan su pretensión.

La resolución que emita el Presidente de Mesa Directiva es meramente una “resolución a un acto administrativo que le compete resolver de acuerdo a su criterio de interpretación y experiencia, y se apoya en todo momento de la Secretaria Parlamentaria de la Cámarade Diputados, pero no se trata de un juicio donde las partes sean oídas y vencidas en juicio, porque de lo contrario el Presidente sería Juez y Parte del mismo.

Con estos antecedentes y razonamientos me permito presentar a Ustedes la iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 72 del Reglamento para la Cámara de Diputados paraestablecer certeza y seguridad jurídica en la declinatoria de competencia mediante un plazo perentorio;

Artículo Unico: Se reforman el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 72.

1. La declinatoria de competencia será la solicitud de modificación de turno hecha por una comisión, que presentará por escrito el Presidente de la Junta Directiva y tendrá por acreditada su personalidad a través de escrito dirigido al Presidente para no conocer un asunto determinado, cuando considere que no corresponde a su materia.

2. El Presidente contará con 3 días para resolver la procedencia de la declinatoria de competencia y en caso de no hacerlo se considerará como afirmativa ficta la declinatoria promovida por el Presidente de Junta Directiva.

3. La resolución de la declinatoria deberá estar fundada y motivada y explicando las razones en caso de negativa.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2013.

Suscribe

Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa".

Pasamos ahora a la discusión de los 31 dictámenes con punto de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a los dictámenes que se presentarán a su consideración.

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración a tomar medidas para inhibir actos que vulneren los derechos humanos de las personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nayarit para que realicen acciones en favor de la cultura del pueblo wixárika






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a investigar posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta las autoridades del municipio de Cuernavaca, Morelos, a respetar los derechos humanos y garantías de las personas de origen indígena.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender los laudos de la autoridad laboral competente, respecto de las demandas por despido injustificado de los trabajadores del Distrito Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las acciones para impulsar e intensificar el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial de su jurisdicción.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a no realizar eventos masivos de carácter cultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando no existan condiciones ambientales adecuadas.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta a las instancias correspondientes encargadas de centros penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informe sobre los costos económicos, sociales y a la salud pública de las contingencias ambientales declaradas en los últimos trece años.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar el estado de las finanzas en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:
Por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a procurar el acceso universal a la educación preescolar.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de mayo de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9 de la Ley General de Educación establecen que el Estado “promoverá y atenderá” todas las modalidades educativas “incluida la educación inicial”; asimismo, establece que es responsabilidad de la autoridad educativa federal “fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas” de esta modalidad de estudio.

La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el ‘cuidado y acompañamiento’ del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos… Así, se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad.

La manera en que los menores se desarrollan durante la etapa inicial de su infancia los prepara para su desempeño escolar y la calidad de sus interacciones sociales. La maleabilidad del cerebro durante esos años iniciales también significa que cuando las niñas y los niños no reciben el cuidado que necesitan, el desarrollo de su cerebro se ve limitado, esta circunstancia se ve agravada ya que a menudo los padres y cuidadores no poseen la capacidad ni los medios suficientes para proporcionar los cuidados pertinentes y de calidad que una niña o niño necesita en sus primeros años de vida, por lo que se torna una obligación del Estado facilitarles, tanto a los menores como a los padres, el apoyo necesario para lograrlo, es decir, capacitación, centros educativos, centros de apoyo, parques infantiles, etc.

La educación inicial es el primer nivel que conforma el Sistema Educativo Nacional, sin que a la fecha forme parte formal de la educación obligatoria, no obstante que sus beneficios resultan de suma importancia debido a las medidas integrales de salud, nutrición y estimulación temprana que ofrece a sus beneficiarios, además de constituirse como un apoyo para las madres y padres de familia que están incorporados al mercado laboral.

En el Sistema Educativo Nacional ya se ha puesto en marcha, de manera muy limitada, la implementación de la educación Inicial; ofrece sus servicios en tres modalidades: escolarizada, semiescolarizada y no escolarizada.

Se encuentra plenamente demostrado que las niñas y los niños atendidos por este servicio educativo, presentan marcados contrastes en el plano familiar, social, cultural y económico, por lo cual debe garantizarse que dentro de los servicios que presta este sistema sea el reducir las desigualdades de género y de grupos sociales, con la intención de que la población tenga acceso a mejores condiciones educativas y de desarrollo de manera universal.

En este contexto, el enfoque de esta modalidad educativa debe aterrizar en una educación inclusiva, que se derive como respuesta a un conjunto de procesos orientados a reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los espacios educativos para atender la diversidad no como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.

Actualmente un gran número de servicios de Educación Inicial se han incorporado al Programa Nacional de Inclusión Educativa con la intención de brindar espacios de calidad y equidad que fortalezcan el desarrollo integral de los niños en edad temprana, sin embargo aún no es suficiente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló en su censo de 2010 que había una población infantil de 112’336,538 millones de niños entre 0 y 4 años de edad, sin que se haya ampliado la cobertura de este servicio educativo.

Un sector muy reducido de la sociedad se ve beneficiado con esta modalidad educativa, por lo que es una preocupación del Partido de la Revolución Democrática garantizar a nuestra niñez un nivel educativo de calidad y al alcance de toda la población, generando condiciones que permitan al Estado destine esfuerzos y recursos suficientes para cubrir la demanda que existe en nuestro país.

Del mismo modo, es nuestra tarea generar los mecanismos de vigilancia permanente a las instituciones encargadas de impartir este nivel educativo, a efecto de que cumplan con las normas y medidas de seguridad necesarias para el buen funcionamiento y cuidado de nuestras niñas y niños, salvaguardando siempre y en todo momento la integridad física de los infantes, así como el acceso universal a este servicio.

Consideramos que para garantizar la igualdad de oportunidades y la universalidad del servicio es, en primera instancia, fundamental eliminar de los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil, las documentales consistentes en original y copia de la constancia de trabajo actualizada, emitida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de su Dependencia al padre o madre de familia, especificando horario en el que labora, clave presupuestal, categoría de puesto y sueldo, permitiendo así que los menores hijos de madres y padres de familia que no cuentan con un empleo formal, puedan incorporarse a este sistema de educación inicial, acción con la cual de manera inmediata se obtendrán dos beneficios a corto plazo: potencializar sus facultades y aptitudes, y al mismo tiempo, que las madres y padres puedan incorporase al mercado laboral, lo que de manera directa beneficia a la vida económica de México.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial, eliminando los requisitos de inscripción a los Centros de Desarrollo Infantil que impiden el acceso a este sistema educativo a los hijos de madres y padres que no cuentan con empleos formales.

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación del legislador proponente respecto a la obligación de Estado en torno al acceso universal a la educación preescolar.

II.- La economía nacional está enfrentando un importante reto en la creación de empleos formales, la tasa de desocupación a nivel nacional fe de14% respecto a la PEA, tasa superior en 0.11 puntos porcentuales a la del mes previo

De acuerdo al a los datos del INEGI para el mes de abril de 2013, indican que 58.55% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa (tasa de participación). De la Población Económicamente Activa (PEA), 94.96% estuvo ocupada en el mes de abril de 2013, la fuente oficial indica que del total de ocupados, el 67.3% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 4.4% son patrones o empleadores, 22.9% trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, y finalmente un 5.4% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.

Sin embargo, la precariedad del mercado laboral continúa siendo una de las principales características en la actualidad.

a) La población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas representó 8.6% de la población ocupada, misma proporción que la registrada un año antes.

b) La tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, que es un indicador que incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos, la tasa creció de 10.66% a 12.33% entre abril de 2012 y el mismo mes de 2013.

c) El sector informal representa en sus dos metodologías los siguientes porcentajes, tomando la Tasa de Informalidad Laboral 1 (micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia) represento la tasa el 59.59% de la población ocupada en abril de este año. En la segunda metodología, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) la tasa representó 29.35% de la población ocupada, en otras palabras, al primer trimestre de 2013, todas las modalidades de empleo informal sumaron alrededor de 28.2 millones de personas.

III.- La educación inicial de calidad impacta en la eficacia interna del sistema educativo, contribuye a mejorar los aprendizajes, a disminuir los índices de reprobación y fracaso escolar. En este sentido la educación preescolar tiene función de carácter asistencial, socializadora y pedagógica.

IV.- El fortalecimiento de los CENDIS se da a partir de 1989 a 1994, con el Programa para la Modernización educativa, se señala como acción principal para la Educación inicial, la reestructuración y la actualización de los programas educativos, los cuales deben contemplar contenidos sobre ecología, salud, formación de hábitos y nutrición, y la incorporación de métodos de estimulación, creatividad, expresión y formación afectiva, que permitan el desarrollo cognoscitivo y físico, fomentando actitudes positivas hacia la cooperación y el trabajo.

La Ley General de Educación, en el Capítulo II que trata sobre Federalismo Educativo, en el Artículo 13-1, resalta la prestación de los servicios de Educación Inicial; en el Artículo 39, se contemplan estos servicios dentro del Sistema Educativo Nacional. El Artículo 40, menciona como propósito de Educación Inicial favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de 4 años, incluyendo la orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos, el Artículo 46, define la atención en la Modalidad Escolarizada, No Escolarizada y mixta. En 1995 se establece el programa de desarrollo educativo emitido por el Poder Ejecutivo Federal, con el fin de dar realización plena a los principios y contenidos en el Artículo Tercero Constitucional y en las disposiciones de la Ley General de Educación, busca fortalecer los Servicios Educativos y Asistenciales destinados a la población infantil menor de cuatro años. Finalmente en 2001-2006, se establece dentro del Plan Nacional de desarrollo plantea hacer de la Educación un Gran Proyecto Nacional el cual, contará con Programas, Proyectos y Acciones orientadas al Fortalecimiento de las Escuelas con el fin de que se consideren “Escuela de Calidad”.

V.- La estructura de los CENDI está planteada con el fin de responder a las necesidades educativas y asistenciales de cada infante, por lo que su organización toma en cuenta, las edades de los menores: Lactantes, Maternales y Preescolares. En cada Centro se integran profesionales de la salud y la educación; médicos, odontólogos, dietistas, Psicólogos, Educadoras y Asistentes, quienes se ocupan de que éstos sean espacios con un alto potencial educativo, asistencial y socializador, donde es posible seguir paso a paso el proceso de aprendizaje de las y los pequeños. Sin embargo, los CENDIS es solo una parte del sistema preescolar en México.

VI.- El Artículo tercero Constitucional establece que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Y de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública la educación preescolar constituye la fase inicial del sistema escolarizado, precede a la educación primaria y se conforma de tres grados, al primer gradoasisten niños de tres años de edad; al segundo, niños de cuatro años, y al tercer grado se inscriben los niños de cinco años.

VII.- Las estadísticas de la educación preescolar del Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos Ciclo 2011-2012 indican que existe una población de 4,705, 545 de alumnos de los cuales el 86.7% de los alumnos es atentito en preescolar general (Jardines de niños). El 8.5% de los niños asiste a las escuelas indígenas, donde se imparte una educación intercultural bilingüe, el 1.4% a los centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y el 3.4% restante a un preescolar comunitario.

Por otro lado, el 77% de los niños de preescolar asisten a escuelas de sostenimiento estatal y autónomo, el 8.4% corresponde a alumnos de escuelas sostenidas por la federación, que incluye preescolar comunicatorio y los servicios del Distrito Federal que son administrados directamente por la Secretaría de Educación Pública, mientras que el 13.9% son matrícula en escuelas particulares.

VIII.- De acuerdo a los datos censales de 2010, la población infantil de 0 a 4 años representa una población de 10.5 millones de un total de 112’336,538 de personas, y al mismo tiempo advierte el INEGI que la cobertura en la educación básica no es universal, el 5.5% de la población de 5 a 14 años no asiste a la escuela. No recibir la educación elemental para que la población adquiera la habilidad de la lectoescritura atenta contra un derecho universal.

IX.- Esta Dictaminadora comparte la preocupación y la propuesta inicial del promovente en torno a la universalización de la educación inicial a través de eliminar requisitos de comprobación de trabajo formal ante los CENDIS ante el crecimiento del desempleo y el empleo informa de los últimos años. Estamos conscientes de que la precarización del mercado laboral que afecta una importante población infantil su acceso a un CENDI y todas las figuras públicas o privadas de atención preescolar.

Esta dictaminadora no coincide con el uso del término educación inicial, dado que es una interpretación distinta del precepto constitucional de educación preescolar, tal como lo indica el artículo 9 de la Ley General de Educación, que se cita a continuación:

“Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.”

Por lo que consideramos que el concepto de educación inicial esta jerárquicamente por debajo del precepto constitucional de educación preescolar, y el primero es el que justificaque todo individuo tiene derecho a recibir educaciónde parte del Estado.

En segundo lugar, para losalcances legales del pronunciamiento de esta comisión es importante resaltar que los CENDIS pueden ser de carácter público o privado, su autorización y administración no solo depende de la Secretaría de Educación Pública sino también de los titulares de las entidades federativas. Adicionalmente, los CENDIS no representan toda la educación preescolar, es solo una parte.

Finalmente, los integrantes de esta Dictaminadora comparte con el promoventela loable solicitud de eliminar los requisitos de empleo formal del padre del infante en un CENDI como parte del objetivo de ampliar sus beneficios a un mayor porcentaje de la población,esta acción requiere de recursos presupuestalespara garantizar la universalidad en el acceso a la educación preescolar, tal como lo expone el promovente en su exposición de motivos:

“… que permitan al Estado destine esfuerzos y recursos suficientes para cubrir la demanda que existe en nuestro país

Por los argumentos presentados, esta dictaminadora acuerda aprobar el presente dictamen con modificaciones a la redacción original del resolutivo, que contenga un exhorto a la autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones a fin defortalecer en el acceso universal a la educación preescolar en el sistema educativo.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones a fin de procurar el acceso universal a la educación preescolar, con énfasis de atención pública a la población de infantes demadres y padres que no cuentan con empleos formales.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a reforzar las estrategias para hacer frente en nuestro país al problema de la adicción al tabaco.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos estatales y del Distrito Federal a promover el endurecimiento de las medidas antitabaco y reforzar los mecanismos de vigilancia en los establecimientos públicos a fin de garantizar un ambiente cien por ciento libre de humo de tabaco.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, el Senador Juan Gerardo Flores y el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las proposiciones de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

I.- El legislador proponente del primer punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El tabaquismo es un problema con graves consecuencias para la salud pública; al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados de todo el mundo celebran el 31 de mayo de 2013 como el “Día Mundial Sin Tabaco”, con la finalidad de resaltar los riesgos para la salud relacionados con su consumo y para promover políticas eficaces que reduzcan los problemas que provoca.

Este día fue instituido por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales.

En nuestro país, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a toda persona el derecho humano a la salud, y como parte de su protección, se han realizado diversas reformas para prevenir enfermedades provocadas por el tabaco, entre las que se encuentra la Ley General para el Control del Tabaco de 2008 [1] que prevé como parte de sus objetivos “el control sanitario de los productos, así como su importación, y la protección contra la exposición al humo” [2].

Por su parte, las entidades federativas también han realizado diversas adecuaciones en su marco normativo en esta materia, por lo que es importante que exista una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para supervisar que los establecimientos públicos cuenten con espacios libres del humo de tabaco, tal como lo establecen sus ordenamientos y la Ley General para el Control del Tabaco.

A nivel internacional, la OMS ha resaltado la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.

Es alarmante que después de la hipertensión, el consumo de tabaco sea la segunda causa de muerte a nivel global (uno de cada 10 adultos en el mundo). [3]

Del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco se desprende la preocupación mundial por prevenir los efectos nocivos del Consumo del Tabaco:

“…Reconocido que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco.

Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades.

Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño…” [4]

El tabaco provoca graves daños a la salud, que no solo le produce a los que lo fuman, sino también de forma indirecta a los que se encuentran expuestos al humo del tabaco.

De lo anterior se sigue el objetivo es la prohibición completa en la publicidad y la exposición al humo del tabaco, al ser esta una problemática en la salud pública que se refleja en los 14 millones de fumadores en el país [5].

El humo del tabaco ajeno, afecta en la salud de las personas e incide en el hábito de nuevos fumadores. Por ello se requiere que se brinde cabal cumplimiento a la norma en los establecimientos del país, con ello se contribuirá a la mejora de la salud de los ciudadanos mexicanos.

En este sentido, es procedente mencionar la fracción II, X y XI de la Ley General para el Control del Tabaco, que como parte de sus finalidades contempla:

“II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco;

X. Espacio 100% libre de humo de tabaco: Aquélla área física cerrada con acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco;

XI. Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones de los productos de tabaco originadas por encender o consumir cualquier producto del tabaco y que afectan al no fumador;”

La problemática no es menor, debido a que México ocupa el sexto lugar mundial en número de fumadores y el segundo en fumadoras, la edad crítica para el consumo diario de tabaco es entre los 15 y 17 años. El 15.9% de la población mayor de 15 años en México es fumadora, lo que representa 10.9 millones de mexicanos fumadores. Aproximadamente 8 millones de hombres y 2.8 millones de mujeres son fumadores actuales. [6]

En nuestro país existe un reporte de entre 114 y 122 decesos diarios [7] asociados al tabaquismo, aproximadamente 44 000 al año y de persistir los patrones de consumo actuales, cada vez serán más las personas que mueren por causas asociadas al consumo del tabaco, se perderá un número mayor de años de vida saludable. Por ello la necesidad de que las mecánicas que se encuentran actualmente implementados se apliquen para beneficio de la salud de los mexicanos.

Las enfermedades crónicas no transmisibles causan aproximadamente dos terceras partes de las muertes en el mundo y uno de los que se asocian es el consumo del tabaco, esté provoca 1 de cada 6 muertes por enfermedades crónicas y es factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo [8].

La prevención en la salud pública del país es uno de los avances, para disminuir los índices de decesos a causa del humo y el consumo del tabaco, con ello se disminuyen enfermedades, tales como tumores malignos del labio, boca, faringe, tumor de esófago, estómago, del colon y del recto, páncreas, laringe, tráquea, bronquio y del pulmón, por mencionar algunos.

La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 000 son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno [9].

Para este 2013, parte de los objetivos específicos de la campaña son los siguientes:

• Alentar a los países a aplicar el artículo 13 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco [10] y sus directrices para prohibir totalmente la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, de tal manera que disminuya el número de personas que empiecen a fumar o continúen haciéndolo; e

• Impulsar las actividades locales, nacionales e internacionales tendentes a contrarrestar los esfuerzos desplegados por la industria tabacalera para socavar las medidas de control del tabaco; en particular las iniciativas con que esa industria pretende obstaculizar o anular la prohibición total de la publicidad, la promoción y patrocinio del tabaco.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez establece los siguientes puntos de Acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en virtud del día Mundial Sin Tabaco, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud a reforzar los mecanismos que garanticen cabalmente que los establecimientos públicos sean cien por ciento libres del humo de tabaco.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en virtud del día Mundial Sin Tabaco, exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que en coordinación con los municipios y delegaciones, en su caso, refuercen los mecanismos de vigilancia en los establecimientos públicos, a fin de garantizar un ambiente cien por ciento libre de humo de tabaco.

II.- Por su parte el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, expone las siguientes consideraciones:

“El próximo día 31 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco así como a la promoción de políticas eficaces para reducir su consumo.

El tema de este año es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. La epidemia mundial de tabaquismo cobra cada año, la vida de casi 6 millones de personas, de las cuales, más de 600 000 son fumadores pasivos.

Con la tendencia actual, en 2030 el tabaco matará a mas de 8 millones de personas al año, y si no se adoptan medidas urgentes, el cigarro podría, a lo largo del siglo XXI, acabar con la vida de mil millones de personas o más, de acuerdo con el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Epidemia del Tabaquismo 2011.

En México, al menos 60 mil personas fallecen anualmente por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), además de ser factor de riesgo en 6 de las 8 principales causas de mortalidad como son, cardiopatía isquémica; enfermedades cerebro-vasculares; infecciones de las vías respiratorias inferiores; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; cáncer de tráquea, bronquios y pulmones; y de promover complicaciones en la tuberculosis, según datos de la reunión anual del 2011que llevan a cabo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.

De igual forma, existen casi 11 millones de fumadores en nuestro país, y 10.9 millones de mexicanos que están expuestos en sus hogares al humo de tabaco, llamado de segunda mano, lo que los hace fumadores pasivos.

Asimismo, habrá que agregar otra cifra más grande por los expuestos al humo en la calle, ambientes y superficies donde quedan las partículas del humo al que se le llama de tercera mano.

Dentro de las enfermedades que se han asociado a la exposición involuntaria al humo del tabaco en población infantil, destacan el síndrome de muerte súbita; infecciones respiratorias agudas; síntomas respiratorios crónicos; reducción del crecimiento de la función pulmonar, asma o agravamientos de los síntomas asmáticos; así como enfermedades agudas y crónicas del oído medio.

En nuestro país, uno de cada 10 fumadores son menores de edad y dos de cada 10 fumadores iniciaron con esta práctica antes de los 10 años. Estos datos sólo señalan la importancia de hacer conciencia a toda la población, pero principalmente a los jóvenes, por los daños que acarrea el consumo de tabaco.

De acuerdo con cálculos basados en informes del INEGI, en México los fumadores, incluidos los menores de 18 años, consumen al día una cantidad de cigarrillos equivalente a un promedio de cinco tabacos por cada mexicano, es decir, se fuman 550 millones de cigarrillos diariamente.

En promedio cada cigarro tienen un valor de dos pesos, en consecuencia, los fumadores mexicanos gastan en mes y medio lo que a la Secretaría de Salud le cuesta dar tratamiento a las personas que padecen enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Este costo de salud representa 44 mil millones de pesos, 21 mil millones de pesos más de lo que el Estado logra recaudar mediante el impuesto por tabaco, del cual las tabacaleras cubren apenas el 40 por ciento y el consumidor aporta el resto.

El consumo de tabaco tiene en el mercado un comportamiento económico similar al de los bienes básicos, pues se aprecia que si aumenta su costo, la gente lo sigue consumiendo.

Si cada fumador, tanto de México como de otros países, destinara al año el costo de un cigarrillo para la educación se obtendría un monto nueve veces mayor al requerido para enviar a la escuela a los 72 millones de niños en el orbe que, a decir de la UNESCO, no han podido acceder ni siquiera al nivel básico.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito del Diputado Ernesto Núñez Aguilar establece los siguientes resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Salud a desarrollar una estrategia para hacer frente en nuestro país al problema de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover el endurecimiento de las medidas anti tabaco, con el fin de evitar al aumento del número de fumadores en el país; asimismo, a recaudar fondos para la atención de enfermedades relacionadas con esta práctica.

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo compartimos con los proponentes de los puntos de Acuerdo en análisis, la posición sobre los efectos negativos del tabaquismo que producen a la salud del consumidor y de las personas que son afectadas de manera pasiva, principalmente por el hecho de que es factor de enfermedades crónicas, como el cáncer y enfermedades pulmonares.

Es necesario que todas las autoridades promuevan acciones conjuntas para concebir al tabaco como una prioridad de salud pública y que se conozcan la mayoría de sus peligros, máxime cuando su consumo está extendido y recién comienza a producir resultados las normas que regulan su venta y consumo en el país.

Hay que tomar en cuenta que cada año ocurren más de 600 000 muertes, tan solo de personas no fumadoras expuestas al humo de tabaco. Respecto de fumadores activos cada año mueren 6 millones de personas, ya sea por cáncer, cardiopatías o asma.

Para la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se encuentra en excesivo crecimiento, al grado de que para 2030 consideran que la cifra aumentará hasta más de 8 millones anuales.

Cabe mencionar que su consumo es factor directo de seis de las ocho principales causas de defunción en el mundo. Por desgracia, esta epidemia ataca en un 80% de las defunciones en países en desarrollo como México y disminuye en algunos países de ingresos altos.

Esto quiere decir que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública en nuestro país y no solamente termina allí, su consumo priva a las familias de ingresos, dificultando su desarrollo económico, además, en algunas ocasiones utilizan menores de edad para el cultivo de tabaco, ocasionando su vulnerabilidad a la enfermedad del tabaco verde.

En México registramos alrededor de 11 millones de fumadores, mismos que según estimaciones del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, consideran que morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco en un 100%. Cada año en México mueren 60 mil personas por causas atribuibles al tabaco, lo que representa 165 muertes al día.

A lo anterior hay que sumarle que en la población mexicana se comienza a fumar a una edad muy temprana y abarca en un rango de 10 a 14 años de edad. Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2012, cerca del 28.1% de la población se encuentran expuestos al humo de tabaco ajeno.

Todo esto nos representa un costo de atención cerca de $45 mil millones de pesos mientras los impuestos provenientes del tabaco únicamente se registran en $23 mil millones de pesos.

Estos datos son preocupantes y se transforman en un desafío, diversas estadísticas demuestran que los efectos del tabaco afectan la salud de un número mucho mayor que los fumadores activos porque las personas expuestas al humo de tabaco ambiental son convertidos en fumadores involuntarios, lo que representa la mitad de la población mexicana.

No obstante, cabe mencionar que México es uno de los miembros del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2005. Uno de los tratados internacionales más aceptados para regular los contenidos, empaquetado y etiquetado de productos del tabaco, así como su comercio.

También fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008, la Ley General para el Control del Tabaco, que entre sus beneficios se contiene la prohibición de ventas a y por menores, vigilar y detener el comercio ilícito de productos del tabaco y el establecimiento de las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco.

Entre sus artículos también se establecen la protección a las personas no fumadoras y a crear las condiciones adecuadas para que las personas no fumadoras convivan en un ambiente sano y libre del humo del tabaco.

Los integrantes de la Comisión Permanente consideramos que una vigilancia eficaz permite determinar las dimensiones y la naturaleza de la epidemia de tabaquismo.

Celebramos entonces que forme parte de la Agenda de esta Comisión Permanente asuntos que describan esta epidemia devastadora y soliciten el control del tabaco a escala nacional. Los Senadores y Diputados de esta Comisión creemos firmemente que podemos frenar los efectos nocivos mediante políticas eficaces de constante vigilancia y control.

II. Ahora bien, cada año, el 31 de mayo, celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, que es dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. Es decir que se busca principalmente la reducción de las cifras de adictos al tabaco por el número de víctimas que cobra dicha enfermedad.

El tema del Día Mundial Sin Tabaco del 2013 fue la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. En virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, del que México forma parte, cada uno de los miembros debe imponer la prohibición completa de la publicidad para reducir el número de personas que adquieren o mantienen el hábito de fumar. 

En efecto, el tabaquismo representa un serio freno al desarrollo, no solamente reduce la salud y productividad de sus víctimas, sino que, como hemos mencionado, provoca un gasto mayor para el sector de salud y con ello la oportunidad de dirigir el presupuesto para atacar otras enfermedades.

Consideramos que las acciones para evitar estos daños a la salud no pueden esperar más, es responsabilidad de todas las autoridades el prevenir que los menores se inicien el consumo del tabaco y apoyar a quienes ya fuman para que dejen de hacerlo.

Es necesario propiciar ambientes libres del humo de tabaco para proteger a los no fumadores y llevando a cabo acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación.

Al respecto, la Presidencia de la República señaló que las estadísticas muestran que la prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco es una de las medidas más costoeficaces para reducir la demanda de tabaco y constituye por tanto una de las mejores inversiones para combatirlo.

Además, en el marco de la conmemoración, la Secretaria de Salud, ha hecho un llamado a todos los mexicanos para que reflexionen sobre los daños que provoca a la salud el tabaquismo, no sólo para aquellos que lo consumen sino a los fumadores pasivos y al medio ambiente.

Subrayó que “cada año el tabaquismo y las enfermedades asociadas, como hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, accidentes cardiovasculares, cáncer, enfisema pulmonar provocan la muerte de casi seis millones de personas, y de continuar esta tendencia en el 2030 esta cifra podría ascender a ocho millones de muertes”.

También señaló que no solo se ha promulgado la Ley General para el Control del Tabaco en 2008 y su reglamento, sino que además se creó la Oficina Nacional para el Control del Tabaco. De igual forma, se enfatizó en que estas y diversas estrategias han permitido reducir la prevalencia de fumadores del 2002 a 2011, al pasar de 32.2 a 31.4 por ciento.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Fernando Cano Valle, anunció que el Seguro Popular integrará al Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), la atención médica y tratamiento de las adicciones.

III. Teniendo en cuenta lo anterior, los integrantes de la Segunda Comisión coincidimos en que en México se han llevado a cabo diversas acciones que han hecho frente para reducir el número de fumadores y con ello la cantidad de fallecimientos anuales por cáncer o enfermedades cardiovasculares, sin embargo falta mucho camino por recorrer y poder detener los niveles de enfermos y las muertes a causa de esta terrible adicción.

El panorama que las normas jurídicas establecidas para la protección de la población no fumadora sigue siendo insuficiente. Es tiempo de reconocer que los resultados no son los deseados, ya que la tasa de fumadores en jóvenes de 12 a 18 años continúa en ascenso, por lo que recibimos con entusiasmo este Día Mundial y las peticiones de los legisladores proponentes de las proposiciones a dictaminar.

Siendo así, coincidimos con los legisladores proponentes en el reforzamiento de las normas jurídicas y los medios de información sobre las causas que ocasiona la adicción del tabaquismo para proteger la salud de las personas no fumadoras y de los enfermos a causa de la adicción al tabaco.

Es necesario quela sociedad esté cada vez mejor informada, que asistamos para ver reducido los índices de consumo se, especialmente entre adolescentes y mujeres. Este tipo de acciones se encaminan a proteger a la sociedad de los efectos nocivos del tabaco en nuestro país. La magnitud de la problemática actual nos exige implementar avances en la investigación y la necesidad de dar respuesta a las exigencias de la sociedad,privilegiar el primer nivel de atención y con ello fortalecer el programa contra el Tabaquismo.

En mérito de lo anterior, esta dictaminadora coincide en exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal de reforzar las medidas antitabaco con el propósito de reducir el número de fumadores en el país, dentro del marco del 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud a reforzar la estrategia para hacer frente en nuestro país al problema de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, así como a los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal a reforzar los mecanismos de vigilancia a fin de garantizar un ambiente cien por ciento libre de humo de tabaco en los establecimientos públicos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que la Comisión Permanente reconoce la aportación humanitaria de Amnistía Internacional en sus 52 años de trabajo ininterrumpido.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerde emitir un mensaje ante los 52 años de trabajo de Amnistía Internacional y por su aportación humanitaria en defensa y respeto de los derechos humanos en la historia contemporánea.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En su proposición, la legisladora proponente, establece expresamente como consideraciones:

1.- Hoy los derechos humanos están en boca de todos, están en las agendas prioritarias de los países que han decidido establecer gobiernos apegados a la justicia. Hoy los Derechos Humanos son un concepto nodal de cualquier consideración legislativa y es punto de referencia para cualquier reflexión que pretenda meterse en el campo de la complejidad. Nunca más se podrá pensar una estructura legislativa sin tener en cuenta un dispositivo que aún causa resistencias en las formas obsoletas de gobernar, que las hay en mucha medida en nuestro país.

2.- Para comprender el cómo es que el concepto ha logrado penetrar en las estructuras de los Estados de Derecho; cómo la justicia, muy poco a poco penetra los códigos que favorecen la permanencia de sistemas políticos que muchas veces propician y producen desigualdad, hay que tener en cuenta la lucha y la calidad de presión política que ejercen organismos que abogan por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Esta presión externa hacia los países que firman pactos internacionales de respeto a los derechos humanos pero no encuentran el momento de llevarlos a una cultura ejecutiva de los gobiernos, ha logrado pasos gigantescos conjugados con los esfuerzos internos de quienes padecen las injusticias al interior de los países.

Uno de los organismos internacionales que han sido catalizadores positivos para que los derechos humanos siquiera se inscriban en los códigos legislativos es eminentemente Amnistía Internacional. Como se describen a sí mismos en su página de Internet Amnistía Internacional ha venido implementando estrategias de acción, movilizando a sus grupos de activistas, miembros individuales y simpatizantes para lograr contribuir con el respeto universal de todos los derechos humanos. Amnistía Internacional se organiza y moviliza para realizar labores de acción, educación, promoción e investigación centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo y en México. Estas labores se sostienen y desarrollan, esencialmente, a partir de sus miembros y simpatizantes y en articulación con otras organizaciones de derechos humanos. Esta autodescripción es certera. Los informes anuales que emiten país por país ya son un referente cultural imprescindible para comprender la naturaleza del Estado que cada país vive. Es cierto y lo sabemos: hay gobiernos que no reconocen diagnósticos de entornos externos cuando estos no los favorecen, pero una evaluación externa comprometida con la justicia y con la veracidad siempre será molesta para los estratos ejecutivos. Tal es el caso de los informes y las observaciones de Aminstía Internacional. Los temas mexicanos más recurrentes para Amnistía México son tortura, los migrantes como víctimas invisibles, violaciones de derechos humanos por parte del ejército, protección para defensores de los derechos humanos en nuestro país, trata de personas, muerte de periodistas. Recordemos una pequeña parte del último informe de Amnistía México:

“Esta administración tiene la oportunidad de verdaderamente cumplir sus compromisos de poner fin a las graves violaciones de derechos humanos, pero que para hacer creíbles estos compromisos las autoridades deberán tomar cuanto antes acciones efectivas que demuestren que su estrategia de derechos humanos consiste no solo en palabras sino en acciones. La crisis de violencia que sacude a México desde 2006 ha sido terreno fértil para la comisión de graves atrocidades y el último año no ha sido la excepción. Durante el último año AI documentó graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo ataques y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ataques y secuestros a migrantes, uso de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y extorsiones. La impunidad continúa siendo la norma frente a estos abusos”.

3.- Es imprescindible que un sistema tenga la capacidad de autoobservarse y esa autoobservación debe estar mediada por la experiencia de sistemas que se encargan de producir observaciones críticas y pertinentes. Sólo así los sistemas se movilizan hacia horizontes justos, respetuosos de la vida humana, respetuosos del ambiente. Por ello es justo que esta soberanía manifieste su postura ante el aniversario cincuenta y dos de Amnistía Internacional y reconozca su inconmensurable aportación a favor de los derechos humanos en el mundo.

CONSIDERACIONES

I.- Amnistía Internacional es, tal y como se señala en su portal de Internet, un movimiento mundial de activistas que trabajan y realizan campañas por la protección y respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, movilizando la presión de la opinión pública mediante protestas callejeras, vigilias y captación de apoyos directa, así como a través de actividades de campaña tanto en línea como en la calle.

El origen de esta organización defensora de los derechos humanos se remonta a 1961, cuando el abogado británico Peter Benenson publicó un artículo intitulado “The Forgotten Prisioners” en el periódico The Observer, al enterarse que dos estudiantes portugueses habían sido encarcelados por el solo hecho de brindar por la libertad. La publicación de su artículo constituyó el inicio de la campaña mundial Appeal for Amnesty –apelando por la amnistía- cuya primera reunión se celebró con delegados y delegadas de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Reino Unido y Suiza, en la que decidieron crear un movimiento internacional permanente en defensa de la libertad de opinión y de religión.

A partir de entonces Amnistía Internacional expandió su labor mediante la instalación de oficinas o secciones en varios países, llegando a México en el año de 1971, diez años después de su fundación.

II.-Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que en todo sistema que se precie de ser democrático, los derechos humanos son un tema de vital importancia en aras de lograr su consolidación y fortalecimiento.

El respeto y observancia de los derechos humanos es un indicador de desarrollo democrático y garantía de cohesión social en sociedades cada vez más plurales como la mexicana.

El debate sobre los derechos humanos tradicionalmente se ha centrado en los derechos civiles y políticos; sin embargo también lo son las demás dimensiones de los derechos humanos (sociales, culturales y económicos), ya que debido al proceso histórico mundial la transformación de los derechos humanos ha cobrado un sentido más racional, ético y jurídico, permitiendo la inclusión de derechos que en el pasado habían sido omitidos.

Sin embargo, el reconocimientodeestos derechos no asegura su aplicación homogénea ya que la defensa de los derechos humanos se da en el marco de sistemas que permiten la explotación, el abuso, la violencia y la intolerancia. En este contexto las organizaciones y defensores de derechos humanos suelen ser objeto de amenazas, intimidación, represión y violencia derivado de su incansable labor.

III.- Los integrantes de la Segunda Comisión comparten el reconocimiento de la legisladora proponente a la labor de Amnistía Internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo de su existencia.

Amnistía Internacional es sin duda una de las organizaciones internacionales másimportantes y de mayor trayectoria e impacto en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

Es de reconocer su labor en pro de la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos, sobre todo en un país como el nuestro donde desafortunadamente se registran aún una considerable cantidad de violaciones a los derechos de las personas, pero también una preocupante falta de eficacia y eficiencia para sancionar adecuada y oportunamente dichas violaciones.

No se pueden olvidar los constantes casos de ataques y amenazas contra periodistas, secuestros y ataques contra migrantes, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, ante los cuales Amnistía Internacional ha tenido y continúa teniendo una importante intervención en pro de la protección de los derechos de los afectados.

Igualmente importante resulta su labor de difusión a través de la elaboración de informes relativos a la situación de los derechos humanos en México, que hoy por hoy constituyen importantes diagnósticos y referentes para conocer la realidad de los derechos humanos en nuestro país.

IV.- En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima pertinentey hace suya la propuesta de extender un reconocimiento a la importancia de la labor de Amnistía Internacional en pro de la defensa y protección de los derechos humanos, no sólo en México sino en el mundo,

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la aportación humanitaria de Amnistía Internacional en sus 52 años de trabajo ininterrumpido en favor de la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos en la historia contemporánea.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a aplicar la NOM 046-SSA12-2005, para garantizar que los profesionales de la educación y de la salud estén familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que se aplique la norma 046-SSA2-2005 en todas las instituciones del sistema nacional de salud de los sectores público, social y privado.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El número de violaciones registradas ante el ministerio público en 2010 fue de 14, 993, 28% más que las registradas desde 1997. Aunque diversos estudios especializados en el tema apuntan que es uno de los delitos más subdenunciados en México, este incremento muestra que pese a los avances legislativos en el tema, no se ha logrado disminuir la violencia sexual hacia las mujeres, la cual produce efectos sobre la salud de la población que incluyen daños a la salud mental, complicaciones médicas y lesiones que incluso pueden llevar a la muerte.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2012 realizó el estudio Atención de las mujeres víctimas de violación en las secretarías de salud. Dicha investigación señala que del total de víctimas registradas en Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo, 40% tenía entre 11 y 20 años (454 casos); 19%, entre 21 y 30 (213 casos), y 13%, entre 31 y 40 años (131 casos). Ello muestra con gran preocupación que las víctimas de violación son en su mayoría niñas, adolescentes y jóvenes de entre 11 a 20 años, lo que, como consecuencia, podría derivar en altas tasas de embarazos no deseados y su consiguiente riesgo de mortalidad materna y menos acceso a seguridad social.

La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009. Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Dicha norma señala que es obligatorio su cumplimiento para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y para los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social o privado en todo el territorio nacional. De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el incumplimiento de la norma dará como resultado la aplicación de sanciones administrativas, civiles o penales.

Según el estudio Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por ONU MUJERES, la Cámara de diputados y el INMUJERES; las instituciones a cargo de la Secretaría de Salud, responsables de detectar situaciones de violencia familiar como origen o contexto de los padecimientos que atienden y en su caso notificar al Ministerio Público, registraron en 2010, 7, 283 víctimas femeninas. Sin embargo, las autoridades sólo intervinieron en 51 casos.

El mismo estudio apunta que la procuración de justicia no atiende a las víctimas del delito de violación sexual, pues ascienden a más de 15 mil anualmente, quince entidades están por encima del promedio nacional situado en 25.9 violaciones denunciadas por cada 100 mil mujeres. Las cifras de denuncia contrastan severamente respecto a las averiguaciones previas iniciadas por las autoridades para su persecución y todavía difieren aún más respecto a los sentenciados. Sólo tres de cada diez casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, y solo en dos de cada diez hay sentencia condenatoria.

El reporte sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México informó que según cifras obtenidas a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (INFOMEX), desde la entrada en vigor de la NOM-046 hasta la fecha, sólo las secretarías de salud de 14 estados reportaron que atendieron a 3,760 mujeres víctimas de violación, cifra sustancialmente menor comparada con la información que dieron las procuradurías de justicia de los mismos estados, respecto al número de denuncias de víctimas de violación en el mismo período, que fue de 12,831.[2]

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó en 2012 al gobierno mexicano “Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas.

El 11 de julio de 2009 el gobernador del estado de Jalisco presentó una controversia constitucional sobre la norma 046. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la misma por lo que su cumplimiento es obligatorio para todas las instituciones vinculadas al Sistema de Salud el 27 de mayo de 2010.

Finalmente, el estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que la NOM 046 no se ha aplicado de manera correcta por la falta de coordinación entre las instancias de procuración de justicia y de salud, para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual de manera integral.

En razón de lo expuesto y fundando, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se aplique la NORMA 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad. Especialmente para dar cumplimiento al punto 5.5.10. de la norma referente a dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar y así, evitar la impunidad en los delitos originados por la violencia hacia las mujeres”.

CONSIDERACIONES

I.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad jurídica del varón y la mujer y establece el derecho a la protección de la salud, por lo que los legisladores integrantes de la Segunda Comisión coincidimos con la pretensión expresada por la Senadora Padierna Luna y nos sumamos a la demanda de la aplicación plena de la Norma Oficial Mexicana emitida en materia de Prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Tal como lo establece la NOM-046-SSA2-2005, la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de los grupos de población más vulnerables. Así mismo, la violencia contra mujeres, niñas y niños es la violación de derechos humanos más presente a nivel mundial.

La norma referida está encaminada al combate a la violencia y a la promoción de la convivencia pacífica, la cual requiere el fomento de relaciones de equidad, mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Para lo anterior, todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud están obligadas a brindar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental.

La proposición con punto de acuerdo a la que atiende el presente Dictamen establece en su resolutivo Único que el exhorto a la Secretaría de Salud deberá atender especialmente al cumplimiento del punto 5.10., el cual a la letra dice: “5.10. Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma, para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar”.

II. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados Parte deberán adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y delante de la mujer a fin de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Aunado a lo anterior, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, debido a que la violencia contra la mujer, en todas sus formas, constituye un obstáculo para el desarrollo y la paz.

Amnistía Internacional señala que las estadísticas de violencia contra las mujeres y las niñas muestran que se trata de una “tragedia de dimensiones mundiales”. En concreto, en nuestro país la incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar una investigación efectiva y completa de los delitos contra mujeres, niños y niñas ha perpetuado la impunidad.

Sobre la violencia sexual, señala Amnistía Internacional que“no tiene conocimiento sobre la existencia de pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están incrementándose”.

III. La Norma Oficial Mexicana 046-SSA12-2005 establece criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.

Dada la magnitud de los abusos contra mujeres, niñas y niños y la incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar la aplicación efectiva de la normatividad vigente, los que integramos esta comisión dictaminadora nos pronunciamos a favor de la eliminación de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, convencidos del gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se aplique la NOM 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad. Especialmente para dar cumplimiento al punto 5.10. de la norma referente a dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar y así, evitar la impunidad en los delitos originados por la violencia hacia las mujeres.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer los lineamientos para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhortaal titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos establezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En su proposición, la legisladora proponente, establece expresamente como consideraciones:

“Según lo instituye la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), el deporte se define como la actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones, que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento. Dentro de las disciplinas deportivas más populares, se encuentra el futbol, deporte pleno de valores morales que no solo se respetan en el terreno del juego, sino también fuera de él. Los principios y las normas que los rigen van más allá de los ordenamientos disciplinarios.

Los deportes ayudan a que los jóvenes se alejen de las actividades delictivas, y les inculcan unidad y trabajo en equipo. En ese orden de ideas, las personas que dedican su trabajo al futbol, deben estar conscientes de la importancia de su labor, y de la responsabilidad que conlleva, toda vez que cada puesto es esencial para el buen desarrollo del deporte, además de que entrenadores y deportistas son socialmente reconocidos como modelos a seguir por la niñez y la juventud mexicanas. Cada jugador, directivo o aficionado, debe mostrar ante la sociedad una actitud congruente con los valores de honestidad y respeto en todo acto, ya sea en los estadios o frente a los medios de comunicación; es menester de compañeros y adversarios transmitir respeto y admiración en cada uno de los eventos deportivos.

Es preciso reflexionar sobre la naturaleza del deporte moderno; en nuestros días, la fuerte carga emocional que rodea al deporte de competición, puede hacer que surjan conflictos que deriven en violencia. A nivel internacional, existe el caso paradigmático de la tragedia del Estadio belga de Heysel (Mayo 1985), donde un enfrentamiento entre hinchas del Liverpool y la Juventus de Turin, produjo 39 muertos y más de 400 heridos; dicho evento hizo evidente el riesgo de la violencia en el deporte, y a raíz de aquel suceso los Estados miembros del Consejo de Europa, y los otros Estados Parte del Convenio Cultural Europeo, signaron el Convenio Europeo Sobre la Violencia e Irrupciones de Espectadores con Motivo de Manifestaciones Deportivas y Especialmente de Partidos de Futbol, con el que las partes se comprometen a asegurar la elaboración y aplicación de medidas para prevenir y sofocar la violencia, y las invasiones de los espectadores y a fomentar la organización y el buen comportamiento de los clubes de seguidores, así como, llegado el caso, introducir sanciones a las organizaciones deportivas, los clubes y a los propietarios de los estadios y las autoridades.

El presente punto de acuerdo, tiene como fin que los eventos deportivos se realicen en condiciones de integridad y seguridad para los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que se impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia, xenofobia, racismo, intolerancia y cualquier otra conducta antisocial.

Al respecto, la LGCFD establece que su objeto será:

Establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de Cultura Física y Deporte.

Asimismo señala entre sus finalidades

Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios;

Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva;

El capítulo VI de la LGCFD, “De la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos”, instaura que en el ámbito de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, se creará la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, integrada de manera plural y equitativa por representantes de las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales, y su coordinación estará a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

Entre las funciones de dicha Comisión Especial estarán,

Establecer los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos;

Proponer políticas para elevar la seguridad en las instalaciones deportivas a través de la emisión de lineamientos encaminados a la organización de operativos que pudieran desarrollar los cuerpos policíacos estatales y municipales;

Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE el implemento de medidas tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus actividades y la celebración de espectáculos deportivos;

Pese a la relevancia de sus funciones, se sabe que dicha Comisión Especial no ha sesionado desde 2007, cuando la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT), rechazó un programa antiviolencia promovido por la CONADE, que habría mitigado el problema, y hoy luego de los algunos incidentes violentos ocurridos en León, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad Nezahualcóyotl, no hay garantías para las familias y la afición que acuden a los estadios.

Las alarmas están encendidas por la violencia que tenemos en el balompié nacional, por lo que resulta primordial el fortalecimiento de la comunicación entre el gobierno municipal, estatal, la FEMEXFUT y la afición. En virtud de lo anterior y dado que los legisladores que integramos el H. Congreso de la Unión somos depositarios de la representación popular, exhortamos al Ejecutivo Federal para que por conducto de la CONADE, se realicen las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos,establezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”.

CONSIDERACIONES

I.- Esta Comisión coincide con la proponente en el papel que desempeña el deporte dentro de la formación de los niños y jóvenes, como un medio para alejarlos de vicios y actividades delictivas, así como para inculcar en ellos valores tales como la unidad y trabajo en equipo.

En diverso dictamen emitido con antelación, esta Comisión reconoció el impacto social que reviste una disciplina como el fútbol, debido a su gran difusión mediática y su enorme poder de convocatoria, por lo que el tema de la violencia en los estadios no debe ser soslayado, pues se trata de un fenómeno que pone en riesgo la integridad física e incluso la vida de cientos de personas.

De igual manera considera que este tipo de hechos transgreden los más altos valores que debe enarbolar el deporte nacional, por lo que resulta importante trabajar en aras de erradicar los hechos de violencia en este tipo de eventos, máxime tratándose, como ya se señaló, de una de las disciplinas con mayor poder de convocatoria en nuestro país y que mayor influencia ejerce en la niñez y la juventud mexicanas, que suelen considerar a los futbolistas profesionales como ídolos y ejemplos a seguir.

En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación de la legisladora proponente por los actos de violencia que se han registrado recientemente en diversos estadios de la República durante algunos encuentros de la liga de futbol profesional y coinciden en la necesidad de que las personas que dedican su trabajo al futbol, tanto dueños de equipos y directivos como jugadores, entrenadores y medios de comunicación, comprendan y asuman su responsabilidad de atender el fenómeno de la violencia en los estadios, no solamente para garantizar el desarrollo del deporte, sino para salvaguardar la integridad de los aficionados que pagan por ir a ver y apoyar a sus equipos favoritos.

II.- A pesar de lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideran que existe también responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de intervenir en la atención integral de este problema.

En tal sentido, la proposición de mérito plantea emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se realicen las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivosestablezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

Al respecto, tal y como lo expone la legisladora proponente en su apartado de consideraciones, la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone en su artículo 126 la creación de una Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, cuya coordinación y operación corren a cargo de la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Entre las atribuciones de la Comisión Especial plasmadas en dicho artículo, sobresalen las contenidas en las fracciones I, II, III, VI, VII y VIII que a la letra establecen:

“I. Trabajar de manera coordinada con las dependencias administrativas involucradas en la realización de espectáculos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;”

“II. Promover e impulsar las acciones encaminadas a la prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos;”

“III. Establecer los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos;”

“VI. Fomentar, coordinar y llevar a cabo programas y campañas de divulgación en contra de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte;”

“VII. Proponer políticas para elevar la seguridad en las instalaciones deportivas a través de la emisión de lineamientos encaminados a la organización de operativos que pudieran desarrollar los cuerpos policíacos estatales y municipales;”

“VIII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE el implemento de medidas tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus actividades y la celebración de espectáculos deportivos;”

III.- De la lectura del artículo 126 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en particular las fracciones señaladas con antelación, se concluye que la CONADE, a través de la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, cuenta con atribuciones legales para promover acciones tendientes a prevenir y erradicar actos violentos en el fútbol nacional.

Por tal razón, resulta preocupante lo aseverado por la proponente, en el sentido de que “Pese a la relevancia de sus funciones, se sabe que dicha Comisión Especial no ha sesionado desde 2007”. Al respecto es necesario aclarar que si bien no fue posible para esta Comisión corroborar tal dato con la información disponible en internet, tampoco se encontró información relevante y mucho menos reciente sobre la labor de la Comisión Especial.

En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima pertinente apoyar la proposición de mérito en los términos planteados por la legisladora proponente.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Comisión Nacional del Deporte se realicen las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivosestablezca los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la Juventud, a fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, el Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El artículo 1 de nuestra Carta Magna plasma que todo individuo debe gozar de todas las garantías y prohíbe expresamente toda discriminación que atente contra la dignidad humana, como es el caso de aquella que tiene como causa la diversidad en las preferencias sexuales de las personas.

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia, fecha que recuerda cuando la Organización Mundial de la Salud, (OMS), eliminó a la homosexualidad del catálogo universal de trastornos mentales. En este punto es oportuno acordarse que en 2010, precisamente el 17 de mayo de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que se establece el 17 de mayo como el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”. Endicho documento, se expresa que se emite el decreto como una forma de implementar medidas para fomentar la tolerancia y el respeto a las preferencias, y evitar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

Un dato importante a señalar sobre el decreto presidencial de 2010, es que el 10 de diciembre de 2009, la Comisión Política en Materia de Derechos Humanos, aprobó que el 17 de mayo, sería el Día Nacional contra la Homofobia, acuerdo que sería base del proyecto original del decreto presidencial que al año siguiente seria promulgado.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la Organización de las Naciones Unidas de 1995, se establece que “la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos, así como la armonía en la diferencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales.”

Según cifras de organizaciones civiles se estima que en México hay alrededor de 120 mil mexicanos que pertenecen a comunidades homosexuales, bisexual, transexual y transgénero, estas organizaciones han expresado que a pesar de la expedición del decreto presidencial de hace tres años, aún es alarmante en México la discriminación que perciben por parte de la sociedad, principalmente de los jóvenes.

Sólo basta observar las estadísticas publicadas tanto por organizaciones como por las autoridades gubernamentales encargadas de prevenir la discriminación, en ellas, se coincide que alrededor del 80% de la población reportaron que alguna vez han sentido que sus derechos no han sido respetados por motivos de preferencia sexual, situación que propicia acciones discriminatorias, como el rechazo social, laboral y familiar.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 2010 presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación, (ENADIS), en ella, se señala que un 44.1% de los encuestados afirma que no permitiría o no estaría dispuesto a vivir con una lesbiana en su casa y un 43.7% dice lo mismo respecto a los homosexuales.

A pesar de todo ello, en México, se han destacado avances legales en materia de libertades y derechos por preferencias sexuales, sólo basta recordar la reciente reforma en materia de derechos humanos de 2011. Sin embargo, existe mucho por hacer para fortalecer las políticas, acciones y programas, así como el marco jurídico enfocado a la integración igualitaria de la diversidad sexual.

Todos sabemos que la homofobia es uno de los principales obstáculos para establecer campañas efectivas contra el contagio de sida entre los jóvenes, ya que, el estigma y discriminación asociados al VIH/sida, está estrechamente relacionada a la orientación y cultura cívica que reciben los jóvenes. Hoy en día, seguimos observado como las personas homosexuales continua siendo víctimas de burlas, humillaciones y agresiones físicas por su orientación sexual, al grado de presentarse estas acciones en su seno familiar.

Ante esta situación el Estado como garante de velar por el respeto de los derechos de las personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, debe fortalecer las acciones y programas a fin de prevenir y evitar que las libertades de los grupos vulnerables sufran graves violaciones a los derechos humanos.

A tres años de la publicación del decreto presidencial que establece el 17 de mayo como “Día de la Tolerancia y el respeto a las preferencias”, en México, no se tiene una política de concientización sobre el daño que infligen las acciones homofóbicas, predomina al interior de la sociedad el silencio por temor a la exclusión social, familiar, y laboral, obligando a quienes tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual a vivir una doble vida, acentuando con ello, el rezago discriminatorio en la sociedad mexicana.

Antes de concluir, es importante recordar lo que Carlos Monsiváis expreso sobre el tema: “la homofobia es la movilización activa del prejuicio, la beligerancia que cancela derechos y niega con declaraciones lesivas y/o con actos la humanidad de los disidentes sexuales… fenómeno que no tiene que ver con el derecho a la antipatía, sino con el ejercicio de la intolerancia, del abuso del poder que le da a las opiniones características de zonas de exterminio.”

Es verdad que es difícil erradicar por completo la homofobia y la discriminación en general, pero lo que es seguro, es que compete al Estado elaborar políticas públicas orientadas a combatir ambas.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la Juventud, a fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que remitan a esta soberanía informes sobre las políticas, campañas e instrumentos que se han implementado para combatir la homofobia, a raíz de la publicación del 17 de mayo de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que establece “Día de la Tolerancia y el respeto a las preferencias”, que hayan tenido como finalidad mitigar la agresividad, violencia, estigma y discriminación hacia la comunidad lésbico-gay, bisexual y transgénero.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en que las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el Instituto Mexicano de la Juventud tienen la responsabilidad de fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. Así como informar a esta Soberanía informes sobre las políticas, campañas e instrumentos que se han implementado para combatir la homofobia.

II.- La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación.

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación; adultos mayores, afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, jóvenes, trabajadoras del hogar y la comunidad lésbico-gay, bisexual y transgénero. La homofobia se refiere al “miedo irracional –la fobia– a personas con una preferencias homosexuales.

Las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas, en el trabajo, escuela y en sus propios hogares. Se manifiesta en despidos, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, estereotipos y estigmas reproducidos por los medios de comunicación, humillación, rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos, hasta la muerte.

El respeto a la diversidad implica comprender que todas las personas tienen el derecho a realizar su proyecto particular de vida; que todas las personas pueden ejercer los derechos y libertades reconocidas; y que todas gozan de la protección de las instituciones públicas, sin ninguna distinción. Sin embargo actualmente en México, esto no se da, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación:

• 7 de cada 10 personas homosexuales y lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en parte en que en México no se respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual.

• 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y burlas.

• 4 de cada 10 mexicanos/as no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales.

• 4 de cada 10 mexicanos/as, sin importar el rango de edad (de 12 a 49 años), opinan que la preferencia sexual provoca mucha división entre la gente.

Con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación aprobada en 2003, se prohíbe la discriminación; entendida como toda distinción basada entre otros motivos en el sexo, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Sin embargo las cifras reflejan que sigue habiendo trabajo por hacer para combatir la homofobia. Es fundamental contar con información sobre la situación en el país para así poder implementar programas especializados, por población y tipo de discriminación.

La razón por la cual se exhorta a ambas Secretarias se debe a quees un problema multifactorial y se manifiesta en diferentes espacios, se necesita abordarlo desde la educación para la no discriminación y conprogramas de salud. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se le reconocen atribuciones en la materia a la Secretaría de Salud y a la de Educación, ambas son miembros del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

III.- LaSegunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con la necesidad defortalecer planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. Así como generar informes sobre las políticas, campañas e instrumentos que se han implementado para combatir la homofobia.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la Juventud, a fortalecer sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que remitan a esta soberanía informes sobre las políticas, campañas e instrumentos que se han implementado para combatir la homofobia, a raíz de la publicación del 17 de mayo de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que establece “Día de la Tolerancia y el respeto a las preferencias”, que hayan tenido como finalidad mitigar la agresividad, violencia, estigma y discriminación hacia la comunidad lésbico-gay, bisexual y transgénero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las entidades federativas a combatir la ingesta, con miras a la erradicación de la llamada comida chatarra.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta la acción coordinada del estado mexicano para combatir la ingesta hasta su erradicación, de la llamada comida chatarra y hacer realidad los derechos humanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a la salud.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2013, la Diputada Aleida Alavez Ruíz y la Diputada Lizeth Rosas Montero, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las legisladoras proponentes mencionaron que en la actualidad, para un grueso de los mexicanos, la alimentación que se ingiere, no está guiada por la consecución de la salud, uno de los supremos valores del ser humano, sino en gran parte por el interés de lucro y dominio de las trasnacionales, a quienes no les interesa que sean causa directa de la epidemia de obesidad, hipertensión y otros padecimientos que oprimen a nuestro pueblo. Y por lo tanto, responsables de miles de discapacitados y muertos en el país, especialmente en perjuicio de las niñas y niños.

Entre el día 13 y 14 de mayo del presente año, diversos medios de difusión dieron a conocer algunas de las participaciones efectuadas en el Foro Internacional sobre Políticas de Combate a la Obesidad”, organizado por la denominada Alianza por la Salud Alimentaria. En esencia, los ponentes coincidieron en que nuestro país, vive una verdadera “situación de alarma” en materia de alimentos; que 50% de lo consumido por los mexicanos son productos procesados abundantes en grasa, sal y azúcar y, se está arrinconando nuestra dieta tradicional. Esto es una verdadera tragedia nacional, que impacta, absolutamente a todos las demás áreas de nuestra sociedad: ya hablábamos de la salud, pero evidentemente agrede los campos de la educación y el trabajo, por citar algunas.

Por su parte, la OIT, ha señalado que: “La mala alimentación en el trabajo causa pérdidas de hasta 20 por ciento en la productividad, ya sea debido a problemas como la desnutrición que afecta a unas 1.000 millones de personas en el mundo en desarrollo, o al exceso de peso que sufre una cantidad similar de personas en países industrializados”…”

Las botanas, se ponen al alcance de las niñas y los niños en las escuelas. Es decir, los Secretarios de Educación Pública y de Salud, reducidos a vulgares agentes de ventas de las empresas asesinas de nuestros niños, dan todas las facilidades para que las productoras de esta comida chatarra, que más bien debiéramos llamar “comida de la muerte”, inunden las escuelas hasta el último rincón de nuestro país.

¿Dónde quedó el “interés superior del niño”? De poco ha valido, la prohibición contra los alimentos chatarras que se contiene en la reforma constitucional en materia educativa del 26 de febrero de 2013: se deberá prohibir en las escuelas los alimentos “que no favorezcan la salud de los educandos”. ¿Así se busca hacer realidad su “calidad en la educación? ¿Con niños desnutridos, envenenados con los alimentos chatarras?

Esta política complaciente con las trasnacionales, ha provocado que padezcan sobrepeso y obesidad 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños. Y que en unos años, exigirá a nuestro país, una inversión de más de 100 mil millones, para atender los padecimientos a ellos relacionados.

En vista de lo dicho, es de pavor que el Gobierno Federal, de intervención a las empresas trasnacionales Nestlé y PepsiCo en el desarrollo del Programa “Cruzada contra el Hambre”. De lo que se desprende, que el propósito de este Programa no es el derecho humano a la alimentación, sino que persigue fines políticos y de lucro. No es por tanto ninguna solución.

La “situación de alarma”, en materia alimentaria, exige ante todo, el otorgamiento de empleos dignos, que van de la mano de un salario remunerador en los términos que ordenan tanto el artículo 123 Constitucional como la Ley Federal del Trabajo.

Contrario a lo anterior, la política central en materia de inversión en nuestro país, es el impulsar los salarios a la baja; los salarios de nuestro país son los menores dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son menores a los de gran parte del mundo, comenzando por China e incluso Haití, para no hablar de países como Brasil y Chile. Es injusta e insostenible la actual política salarial, que no ha sido accidental, sino que ha respondido a un proceso sistemático de los gobiernos en turno, sometidos a los dictados de los centros financieros internacionales como el FMI y BM.

Basta dar el siguiente dato: de 1987 hasta 2012 el salario acumuló una pérdida de 82.36 por ciento en su poder adquisitivo; se necesitan 6 minisalarios para adquirir una canasta obrera indispensable (Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.) Es evidente, que este salario conduce a una hambruna general.

Luego, el acabar con el hambre en el país, no sólo es cuestión de educación, o de acciones gubernamentales en abstracto, sino de justicia social, de una mejor distribución de la riqueza en México. Contrario a lo anterior, se ha aprobado la reciente contrarreforma laboral, que impulsa más precarización del trabajo, menos salario, más hambre, más enfermedad.

Finalmente, el acabar con nuestra dieta tradicional, sería una pérdida irreparable de nuestra cultura e identidad nacional, que afectaría de manera directa actividades económicas, como el turismo.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Primero. La Comisión Permanente exhorta al Estado Mexicano para que en uso de todas sus facultades, incluidas las de carácter normativo y educativo, en coordinación con la sociedad civil, combata la ingesta, hasta su erradicación, de la llamada “comida chatarra” y, así hacer realidad los derechos humanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la salud. Lo que será elemento sustancial para la soberanía alimentaria y la soberanía nacional, en general.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que con fundamento en el artículo 570 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, promueva ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, un proceso de aumentos sostenidos a los salarios mínimos en el país, hasta alcanzar un salario remunerador en los términos ordenados por la fracción VI, del Artículo 123 Constitucional, apartado A y, en la Ley Federal del trabajo, en su artículo 90.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en que el Poder Legislativo Federal tiene un compromiso con la sociedad civil, para combatir la ingesta de comida chatarra y garantizar las situaciones necesarias para que los mexicanos tengan acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

El sobrepeso y la obesidad son una epidemia de las más grandes proporciones que afecta prácticamente a todo el mundo desarrollado y a las economías emergentes. En México, estas condiciones han tenido un impacto de enorme gravedad, afectando a toda la sociedad, tanto por su costo económico, como humano; estamos inmersos en una confluencia de condiciones patológicas que deteriora el potencial de nuestra población. Esto representa un problema prioritario de salud pública que nos conciernea todos y requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad.

Los mexicanos gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida chatarra y sólo 10 mil millones de pesos en el consumo de 10 alimentos básicos. Los niños gastan más de 20 mil millones de pesos en estos productos durante un ciclo escolar.

Los infantes aumentaron en 40 por ciento su consumo de azúcar y disminuyeron en 30 por ciento el de vegetales y frutas. El país ocupa el primer lugar en consumo de refrescos a escala mundial. Por estos factores en los hábitos alimenticios la sobrevivencia de un habitanteen México, para hombres llega a 73 y para las mujeres a 78 años en promedio.

En el contexto internacional, diversos países han desarrollado políticas públicas en materia fiscal en contra de la “comida chatarra” con el objetivo de desincentivar su consumo y paulatinamente contrarrestar los problemas de salud anteriormente mencionados.

Los países han implementado gravámenes fiscales a cargo de los consumidores atendiendo a criterios objetivos para la clasificación de los productos, como es el caso de Hungría y Dinamarca, en donde se gravan los productos con base en el contenido de grasa saturada.

A fin de contar con una política fiscal integral en contra de la “comida chatarra” en México deben realizarse modificaciones a diversos ordenamientos legales, entre ellos, la Ley del IVA, la cual prevé un beneficio fiscal consistente en la causación del impuesto con una tasa del 0% para las enajenaciones e importación de productos destinados a la alimentación; dicho beneficio se aplica en forma general, con muy pocas excepciones. La aplicación de dicho beneficio debe atender a una clasificación o requisitos específicos en relación con la calidad nutrimental de dichos productos. Para ello, resulta indispensable construir una clasificación objetiva para su aplicación atendiendo a las experiencias internacionales, o bien, a otros criterios científicos.

En adición a lo anterior, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debe establecer una carga fiscal adicional a los consumidores de ciertos productos destinados a la alimentación que no cumplan con los criterios nutrimentales establecidos para gozar del beneficio de la tasa 0% del IVA y que además por su contenido calórico, contenido en grasas o su composición, califiquen como “alimentos chatarra” cuyo consumo, además de no proporcionar un componente verdaderamente nutritivo, afecte la salud del consumidor.

Con lo anterior, el sistema fiscal en México contaría con las bases necesarias en materia de estímulos fiscales y cargas tributarias para el desarrollo y aplicación de una política fiscal integral en contra de la “comida chatarra” y que garantice una alimentación de calidad a todas las personas.

II.- Esta Dictaminadora considera que el problema de la obesidad en México es muy grave, por lo que es necesario considerar todas las alternativas posibles, evaluar su viabilidad y actuar en consecuencia tan pronto como sea posible, por lo que la situación planteada en la proposición en estudio debe ser atendida por el Poder Ejecutivo Federal a fin combatir la ingesta de la “comida chatarra” y para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

La Constitución Mexicana reconoce expresamente el derecho de todos los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la cual deberá ser garantizada por el Estado. La garantía de ese derecho por parte del Estado consiste en crear el marco normativo adecuado y diseñar las políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario se haga efectivo.

De esta manera, coincidimos en la necesidad de actuar urgentemente contra la Obesidad y el Sobrepeso en México, para lo cual es necesario que el Estado asuma su responsabilidad regulatoria y se modifique el medio ambiente que genera los malos hábitos de consumo. Así como también debe modificarse la información, la disponibilidad de los alimentos y bebidas, y modificar el marco regulatorio para evitar que siga creciendo esta epidemia que afecta a 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños.

La llamada comida chatarra se le tiene que atacar en tres frentes: precio, accesibilidad e imagen. No pueden seguir teniendo precios al cual puedan acceder hasta el más pobre en nuestro país y tener la imagen de seducción para su consumo y la accesibilidad total.

Finalmente, consideramos lamentable que no se está educando a la población a seguir una dieta balanceada en proteínas, vegetales, frutas y, por el contrario, está consumiendo altas cantidades de carbohidratos, grasas saturadas y alimentos procesados, y de ahí el resultado de que México sea segundo país con más obesidad.

III.-La Segunda Comisión reitera su compromiso por garantizar el derecho de todos los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante el combate a la ingesta de comida chatarra y, de acciones gubernamentales en abstracto para una mejor distribución de la riqueza en México.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las entidades federativas, para que en uso de sus facultades, incluidas las de carácter normativo y educativo, en coordinación con la sociedad civil, combata la ingesta, con miras a la erradicación de la llamada “comida chatarra”.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer mecanismos y protocolos de prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y privados con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhortaa la secretaria de salud, autoridades federales y autoridades locales, a promover mecanismos de seguridad en los hospitales del sector público y privado, particularmente en lo relativo a los recién nacidos, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los proponentes motivan su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Los hospitales y clínicas del sector público y privado son espacios en donde diariamente se congregan una gran cantidad de personas, y las medidas de seguridad en los hospitales en comento, son parte fundamental para que tengan un funcionamiento adecuado.

De lo anterior, resulta de suma importancia establecer protocolos, planes de prevención y protección, contar con un estricto control de acceso, proteger la información y vigilar el entorno, los cuales son aspectos de seguridad básicos que deben tomarse en cuenta en torno a la seguridad de los nosocomios.

Uno de los principales problemas de seguridad, tanto en los hospitales del sector público, como privado, es el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos; con la consecuencia de su impacto en la venta y el tráfico de bebés.

En el año 2010, se dio a conocer un Dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el cual refiere que la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, recibe 20 casos al mes en promedio, de los cuales se logran recuperar 4 menores; en el documento también se reporta que de los asuntos que recibe, 50 por ciento está relacionado con la sustracción de menores, 20 con robo de infantes y 30 con la desaparición de menores, lo que hace necesario implantar medidas para bajar los índices de casos presentado.

De los casos de inseguridad, en los hospitales públicos y privados, sobre el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos, se pueden citar algunos ejemplos, tal es el caso, en el mes de junio de 2009, cuando una trabajadora del Hospital General de México, sustrajo del área de ginecoobstetricia a una menor.

Por otra parte, el caso ocurrido en el año 2010, en el Hospital Central de Oriente, situado en la delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, se detuvo a una banda que se dedicaba al tráfico de menores, y que entre sus integrantes se encontraban profesionales de la medicina y diversos trabajadores del hospital.

El caso más reciente se presentó, en el mes de mayo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde una mujer sustrajo por la mañana a un niño de dos días de nacido del área de cunas del Hospital Metropolitano, ya que aprovechando las deficientes medidas de seguridad en el hospital, logró llegar al sexto piso e ingresar a los cuneros haciéndose pasar por una tía.

Por lo consiguiente, es de suma importancia que se implementen medidas de seguridad y protocolos en todas las clínicas y los hospitales, tanto en públicos como en privados, a fin de prevenir el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.

Es importante destacar que en nuestro país y dentro de las medidas de seguridad que se han implementado para rescatar a los niños de un probable secuestro, desaparición o sustracción ilegal; desde el año 2012, se implementó la “Alerta Amber México”, un programa que integra un trabajo conjunto y voluntario entre las fuerzas de la ley, los medios de comunicación, las agencias de transporte, las empresas de telefonía celular y la sociedad para activar un boletín urgente para dar a conocer el secuestro de un menor y cuyo objetivo es la recuperación de menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados o desparecidos en territorio mexicano o en el extranjero[5].

A pesar de lo anterior, el problema persiste y estamos a tiempo para reorientar el trabajo y la vigilancia dentro de los hospitales y clínicas del sector público y privado; se deben revisar, reforzar y establecer los mecanismos y protocolos de prevención, control y supervisión en hospitales, para evitar y disminuir la sustracción, secuestro o intercambio de niños recién nacidos.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.Se exhorta a la Secretaria de Salud, Autoridades Federales y Autoridades Locales, a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos y protocolos de prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y privados, particularmente en lo relativo a la salida y a la entrega de los recién nacidos a los padres y madres de familia, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación de los legisladores proponentes respecto a que el robo de infantes es una realidad que debe ser atendida urgentemente; no obstante, la situación se agrava cuando se trata de un bebé, pues éste no posee consciencia de que ha sido robado, ni la capacidad física para defenderse de sus agresores.

También es indudable que el problema no es exclusivo de las instituciones privadas o públicas, ni de ningún estado en particular, sino que afecta a todo México, por lo que es fundamental redoblar esfuerzos para fortalecerla prevención del secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos. Los hospitales al tratarse de espacios abiertos al público donde diariamente se congrega una gran cantidad de gente, las medidas de seguridad se vuelven parte medular para el correcto funcionamiento de los mismos.

Es virtualmente imposible predecir qué hospitales presentan un mayor riesgo de robo o secuestro de niños, estos robos se producen tanto en grandes hospitales urbanos como en pequeños centros rurales. Por lo tantosus instalaciones de atención infantil deben redoblar esfuerzos para mantener seguros a los recién nacidos y disminuir el riesgo de sustracción de menores.

La seguridad de los niños y pacientes en general más que una percepción, es un movimiento que surge en el ámbito mundial como un replanteamiento de la efectividad de los sistemas de salud, ya que cada vez es mayor la conciencia sobre el número de situaciones producidas por descuidos y errores, lo cual entraña riesgos potenciales y en los que no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que se trata de una actividad en la que se combinan factores inherentes al sistema con actividades humanas.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera de gran importancia que la secretaria de salud, las autoridades federales y locales en la medida de sus respectivas atribuciones establezcan, fortalezcan o implementen planes de prevención y protección,para contar con un estricto control de acceso, proteger la información y vigilar en particular el entorno de los recién nacidos en hospitales tanto públicos como privados, por lo tanto es prudente que estos centros deban contar con todas las medidas razonablemente necesarias para prevenir la ocurrencia de algún caso de secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.

Las medidas encaminadas a resguardar la seguridad de las personas que transitan en un hospital se deben basar en la prevención, esto con la finalidad de ofrecer a pacientes y personal un ambiente libre de amenazas y riesgos.

Entre las medidas más efectivas para ayudar se encuentran los planes, reglamentos interiores y formación de brigadas. Sin embargo, la participación de los pacientes y familiares, así como del personal del hospital, se vuelve fundamental para que las políticas de seguridad rindan frutos.

Una de las necesidades básicas es resguardarla seguridad en los hospitales con personal que cuente con unaformación integral que les permita no sólo ocuparse delas instalaciones, de los pacientes y del personal, sino que también tengan la preparación para saber cómo actuar en caso de presentarse una emergencia o algún suceso fuera de lo normal ya que de ellos depende llegar al nivel óptimo de protección, pues al tratarse de espacios públicos con un alto grado de riesgo, la gestión, en materia de seguridad hospitalaria, debe ser amplia y específica.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por proteger a los recién nacidos y en general a cualquier usuario de hospitales públicos o privados en toda la República mexicana, haciendo un atento llamado a la Secretaria de Salud, las autoridades federales y locales para que en sus respectivas atribuciones establezcan, desarrollen y apliquen normas de vigilancia y seguridad para evitar los efectos negativos queson devastadores pues dañan la integridad, estabilidad emocional y psicológica de la familia y privan a la víctima de sus derechos humanos fundamentales.

El nacimiento de un bebé es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una familia y particularmente de su madre. El que este suceso se dé en un ambiente confiable debe ser el principal motivo para que los Hospitales desarrollen un plan con el que se refuercen y amplíen las medidas de Seguridad Integral del Paciente para prevenir que sean removidos de las instalaciones hospitalarias sin autorización y, de esta manera, brindar seguridad y confianza a los pacientes en general.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las autoridades Federales y Locales correspondientes, fortalezca o, en su caso, implante los mecanismos y protocolos de prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y privados, particularmente en lo relativo a la salida y a la entrega de los recién nacidos a los padres y madres de familia, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños recién nacidos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la suscripción del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación del “Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En México, el trabajo que realizan las trabajadoras y trabajadores del hogar es considerado social y económicamente inferior, se les asignan bajas remuneraciones, no cuentan con prestaciones sociales y tienen poca capacitación, así lo confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el marco de estas consideraciones es pertinente señalar que el trabajo doméstico es aquel que se realiza en un hogar, incluidos las tareas domésticas, el cuidado de los niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado, y es menester subrayar que el trabajo del hogar es el nombre con el que las y los trabajadores reivindican su actividad económico-productiva.

Es tal la relevancia de esta tarea que trabajadores organizados impulsaron la idea de considerar el 30 de marzo como el Día de las Trabajadoras del Hogar, con el propósito de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

Para sustentar estas afirmaciones, está documentando que hasta 2010, 52.6 millones de mujeres y hombres estaban realizando trabajo doméstico en el mundo, según un estudio realizado por la Comunidad de Aprendizaje del Programa Regional de Género, organizacióninternacional sin fines de lucro que ha impulsado procesos organizativos de las trabajadoras del hogar; esta cifra corresponde al 1.7% del empleo mundial y el 3.6% del trabajo asalariado. En América Latina y el Caribe, esta cifra ascendió a 11.9% de los trabajadores asalariados, siendo la mayor proporción de todas las regiones del mundo.

La misma organización reveló que el 83 % de quienes realizaban trabajo doméstico son mujeres, lo cual convierte a esta rama de actividad en una de las más importantes para las mujeres. Además, pudo constatar que más de la mitad de las trabajadoras domésticas realizan su trabajo en condiciones que no respetan sus derechos: límite en los horarios de trabajo semana; salario básico establecido que se cumpla para ellas (dos de cada cinco no tienen derecho a un salario mínimo); dos terceras partes de ellas no tienen derecho al descanso por maternidad.

Por lo que se refiere a América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus cifras más recientes que datan de 2011, indica que en América Latina entre 14% y 18% de las mujeres ocupadas son trabajadoras domésticas.

Como problemática social puede considerarse que el trabajo en el hogar es una ocupación que concentra al mayor número de mujeres; es una estrategia privada para enfrentar el déficit de tiempo y las necesidades de cuidado de los hogares de mayores ingreso, y es una ocupación poco visible, subvalorada, infra-irregular y poco protegida.

Por lo que se refiere a México, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el total de la población empleada en México es de 43 809 329 personas, de las cuales profesionalmente se desempeñan como trabajadores o trabajadoras del hogar 2 019 310 (que representa 4.6% del total de la población empleada). De ellos, 1 824 028 son mujeres (aproximadamente 90% del total), mientras que 195 212 son hombres (9.6%). Del total de las trabajadoras del hogar, 147 027 tienen entre 14 y 19 años de edad (representando 7.3%).1

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (Enadis-Conapred) identificó que las personas trabajadoras del hogar de planta (residentes en el hogar que trabajan) representan 11.8% del total, mientras que la modalidad de entrada por salida (trabajadora que reside en otro domicilio) representó 88.2 por ciento.2

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en un documento informativo sobre trabajadoras del hogar en México, realizado en 2011, señaló que el 14% del total de mujeres que están empleadas se desempeñan como trabajadoras del hogar, una quinta pare de las mujeres que ejercen esta profesión tiene menos de 20 años de edad y alrededor de 30% de las personas que trabajan en este sector sólo cuenta con estudios de primaria.

En cuanto a la distribución geográfica del trabajo del hogar, 54% se concentra en siete estados de la República, que son el Estado de México, con 296 462 personas (14,7%); el Distrito Federal, con 204 549 (10.1%); Veracruz, con 166 812 (8%); Jalisco, con 129 756 (6.4%); Puebla, con 109 363 (5.4%); Guanajuato, con 94 635 (4.7%); y Nuevo León, con 83 435 (4.1%).”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. Se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación del “Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

CONSIDERACIONES

I. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”, es producto de la Centésima Reunión de la Conferencia General de la OIT, convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 1º de junio de 2011.

En sus consideraciones, el Convenio reconoce “la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países”.

Considera que “el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos”.

Además, toma en cuenta que es “en los países en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores más marginados”.

Entre otros aspectos relevantes, el Convenio 189 considera la “especial pertinencia que tienen para los trabajadores domésticos el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), así como el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos (2006)”, así como diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

El Convenio 189 establece que todo Estado suscribiente se obliga a adoptar las medidas necesarias para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Dicho instrumento internacional define como trabajo doméstico aquel realizado en un hogar u hogares o para los mismos. En consecuencia, considera trabajador doméstico toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo y excluye del concepto a quien realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional.

Ordena a los estados parte que en su legislación nacional dispongan diversas normas tendientes a garantizar la protección que los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país, como la suscripción obligatoria por escrito de una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el propio Convenio, antes de cruzar las fronteras nacionales.

Los estados firmantes se obligan también a fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general; así como a adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.

Además, el Convenio 189 obliga a los estados signantes a adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:

• Gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

• Disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.

• Sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos.

• Reciban igualdad de trato con los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico.

• Se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.

• Tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.

• Puedan protegerse efectivamente contra las prácticas abusivas cuando son contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos migrantes.

II. Los integrantes de esta Segunda Comisión coincidimos con la importancia que da la proponente al Convenio 189 de la OIT y, por lo tanto, coincidimos también con la oportunidad de que México lo signe. Para ello, consideramos pertinente que se dé continuidad a con diligencia al procedimiento establecido para tales efectos en los artículo 76, 89 y 133 constitucional, así como los relativos de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Es del conocimiento de esta dictaminadora que una copia oficial del Convenio en cuestión fue remitida por el a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el día 8 de septiembre de 2011. Dependencia que informó públicamente, por vía de sus boletín de prensa número 31, del 30 de marzo de 2012, que la ratificación del instrumento internacional en cuestión “está sujeto al cumplimiento del Convenio número 144 sobre la consulta tripartita” de la OIT, “para lo cual se requiere concluir las consultas con los diferentes sectores productivos y las instancias gubernamentales, tanto locales como federales”. Dicho proceso se encuentra en curso.

Cabe destacar que de conformidad con inciso b) del párrafo 5, del artículo 19 de la Constitución de la OIT los Estados Miembros se obligan a “someter el convenio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas.” Medidas que, conforme a los artículos constitucionales antes citados, significan la ratificación del Senado de la República.

A pesar de que han transcurrido más de un año y ocho meses a partir de que STPS del Gobierno Federal recibió copia oficial del Convenio 189 de la OIT, el proceso de firma y ratificación de dicho instrumento no ha concluido, lo que coloca a nuestro país en mora en cuanto al cumplimiento de su obligación frente al organismo internacional.

En función de lo anterior, esta dictaminadora considera oportuno manifestar al Ejecutivo Federal su posición a favor de que el Convenio 189 de la OIT sea ratificado por el Estado Mexicano, por lo que apoya la proposición bajo estudio.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta a las instituciones de educación superior a revisar sus planes y programas de estudio a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en la licenciatura de derecho.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdopor el que se exhorta a las Instituciones de Educación Superior a las que la Ley otorga autonomía en las 32 entidades federativas para que revisen y es su caso actualicen sus planes y programas de estudio en la licenciatura de derecho a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de mayo de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En los últimos años se ha hecho cada vez más hincapié en que el desarrollo humano en los países democráticos debe basarse en un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos. Es por ello que, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que los principios de derechos humanos rigen la programación en todos los sectores, incluyendo la educación.

La UNESCO ha reconocido que

“la educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas”.

Esta transformación radical que debe de sufrir la educación superior en México tiene que ir acorde y responder a los cambios más trascendentales que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, a partir del 10 de junio de 2011. Dicha reforma ha sido calificada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, como comparable con la primera vez que en nuestra carta magna, en el año de 1917, se incluyen los derechos sociales, generando un verdadero cambio de paradigma en nuestro derecho. Reafirmando que estas reformas pueden mejorar la vida de todas las personas en México, por lo que corresponde a todo el mundo tomarlas en serio.

Para comprender el impacto de la reforma constitucional en el derecho mexicano es importante analizar el artículo 1º constitucional, resaltado los siguientes aspectos:

• En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

• Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

• Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• Queda prohibida toda discriminación motivada por el género.

Esta reforma implica que, además de un cambio lingüístico, se ha producido un cambio teórico jurídico en nuestro país, los derechos ya NO se otorgan, se reconocen; jurídicamente ya no hay pretexto para reconocer que los derechos humanos son derecho positivo en México.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010 -concerniente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Rosendo Padilla contra México”- las y los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.

Esto es un gran reto no solo para quienes actualmente son las y los operadores de justicia, quienes ya se encuentran obligados, sino también para las escuelas de educación superior en el país, que específicamente imparten la Licenciatura en Derecho. Son estas instituciones educativas las que deben verificar que sus planes y programas de estudio sean acordes con las nuevas transformaciones jurídicas, que exigen la formación de generaciones de abogadas y abogados con conocimiento jurídico en materia de derechos humanos, ya sea para que se desarrollen en el ámbito de la procuración y administración de justicia, en el litigio, en el ámbito legislativo, en el servicio público, en la investigación o en la misma academia.

La materia de derechos humanos debe de dejar de ser una materia optativa en los planes y programas de estudio en la Licenciatura de Derecho; de igual forma tampoco se debe esperar a que las y los estudiantes acaben la licenciatura para que accedan al conocimiento de los derechos humanos mediante una especialidad; es urgente que se haga una seria revisión para darle un enfoque de derechos humanos a toda la carrera de derecho.

Un verdadero enfoque de derechos humanos en la formación de las personas profesionales del derecho implica necesariamente derrumbar las resistencias tradicionales sobre incluir la perspectiva de género a su vez en los planes y programas de estudio de la Licenciatura de Derecho.

La reforma del artículo 1º constitucional, establece la prohibición de la discriminación por razones de género, esta prohibición debe ser leída y entendida tal como establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés:

“la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Actualmente, el Poder Legislativo Federal ha ido gradualmente incorporando la perspectiva de género en la leyes, no sólo creando leyes específicas que garantizan la igualdad y la no discriminación de las mujeres, sino también ha reformado y derogado disposiciones que pudieran tener por objeto o resultado la discriminación de las mujeres; sin duda queda mucho por hacer para lograr leyes igualitarias.

Para caminar en el mismo sentido, la erradicación de la discriminación contra las mujeres, es indispensable que la formación jurídica comience a entender, cuestionar y erradicar las posturas androcentristas en los planes y programas de estudio; y a su vez puedan formar personas profesionales no solo “sensibles” sino capaces de identificar y argumentar aquellas disposiciones legales que tengan como parámetro, modelo o prototipo al hombre, no solo para evidenciarlas sino para exigir su no aplicación por ser discriminatorias.

Los planes y programas de estudios que actualmente se imparten en las facultades y escuelas de derecho, aunque no lo digan explícitamente, en su inmensa mayoría parten de leyes androcéntricas en donde se estudia únicamente la perspectiva de género masculina; es decir parte de la visión de los hombres y son para los hombres, dejando el tema de mujeres únicamente para ser abordado en las materias de derecho familiar o materias optativas. En su mayoría estos planes de estudio caen en el error de formar a profesionales que consideran que las “leyes son neutrales”, que se dirigen igualmente a hombres como a mujeres y que tienen iguales efectos en hombres y mujeres.

Tal como afirma la jurista Alda Facio Montejo:

“por el contrario de lo que se afirma en el campo jurídico, la pertenencia a uno u otro sexo es relevante, ya que es una categoría social que determina el menor o mayor poder que se pueda tener en una sociedad. Es decir, el sexo debería entenderse como una categoría social porque las relaciones entre los sexos, al igual que las relaciones entre las clases, etnias, etc., son relaciones socialmente construidas y no dadas por la naturaleza. Y en el caso de las relaciones entre los sexos, hay uno que tiene mucho más poder y privilegios que otro, lo cual no puede ser indiferente para el fenómeno jurídico, ya que es precisamente en este campo en donde se regulan las relaciones de poder (resaltado es propio)”.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a las Instituciones de Educación Superior a las que la ley otorga autonomía en las 32 Entidades Federativas, particularmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que revisen y es su caso actualicen sus planes y programas de estudio a fin de incorporar el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género en la Licenciatura de Derecho, conforme a los avances legislativos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocemos el cambio jurídico que se ha producido en nuestro país a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011,así como el gran reto que implica no solo para quienes actualmente son las y los operadores de justicia, quienes ya se encuentran obligados, sino también para las escuelas de educación superior en el país, que específicamente imparten la Licenciatura en Derecho.

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos nuestro sistema jurídico ha experimentado profundas transformaciones que han ocasionado que diversas voces afirmen que estamos ante un verdadero cambio de paradigma en nuestro Derecho. Las reformas de 2011 pueden mejorar la vida de todas las personas en México y siendo esa su justa dimensión, corresponde a todo mundo la encomienda de tomarlas en serio.

La reforma en materia de derechos humanos introduce múltiples adecuaciones al texto constitucional. Cada párrafo nuevo del artículo primero constitucional conlleva implicaciones que hoy todavía permanecen inconmensurables. Cada párrafo tiene la capacidad de revolucionar nuestras relaciones sociales. Así sintetizados, los primeros tres párrafos del artículo 1° constitucional están cambiando ya nuestro orden jurídico. Esta trilogía ha servido, por ejemplo, como uno de los pilares fundamentales para que en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolviera el expediente 912/2010 concerniente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída en el caso Radilla Pacheco, precedente que a su vez ha revolucionado la impartición de justicia en el país al darle entrada al control de convencionalidad difuso al mismo tiempo que matiza el monopolio del control de constitucionalidad depositado en los tribunales federales.

El segundo párrafo del artículo primero constitucional dice:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dice que en el marco de las modificaciones constitucionales por la reforma en materia de derechos humanos de lo que se trata es de observar si alguna disposición constitucional condiciona más que otras la manera en que se desenvuelve la labor jurisdiccional consistente en interpretar y aplicar el propio texto constitucional. Con ese planteamiento clarificado, es posible sostener que la disposición constitucional antes citada introduce una norma con esa característica. Es decir, se instituye como una norma guía y de apertura para interpretar todos los enunciados normativos que contiene nuestra Constitución y en esa medida, bajo este enfoque, puede afirmarse como la esencia de la reforma.

Ciertamente, de coincidir en que conceder la mayor protección a las personas es el fin primordial de nuestro ordenamiento jurídico, o más, la esencia del Derecho, el impacto de este posicionamiento trasciende por mucho la labor jurisdiccional. Sus implicaciones deberán informar la teoría con la que entendemos y explicamos el Derecho y, en la práctica, la indicada norma guía debe condicionar el actuar de toda autoridad y particular

II.- Actualmente en el Plan de Estudios de la carrera de Derecho de las instituciones educativas de nivel superior, públicas y privadas, los Derechos Humanos están relacionados con su carácter de única asignatura destinada específicamente a la enseñanza de esa temática.

El pasado 1 de marzo del año en curso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio para realizar actividades de capacitación en materia de derechos humanos de manera presencial, a través de la modalidad a distancia y la utilización de las bibliotecas virtuales.

Este Convenio de Colaboración, permitirá crear espacios de investigación académica interdisciplinaria, en donde se estudie y analice la problemática actual en materia de derechos humanos, a fin de estar en posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de esa cultura.Asimismo, se promoverán actividades de capacitación y formación en este ámbito, dirigidas al personal directivo, administrativo, docente y alumnos que conforman la ANUIES, al igual que a servidores públicos y sociedad en general.

El Convenio General de Colaboración servirá de marco para posteriores firmas de convenios de colaboración con cada una de las 175 instituciones de educación superior públicas y privadas que agrupa la ANUIES, misma que atienden a más del 80 por ciento de estudiantes que cursan el nivel de licenciatura en nuestro país.

De acuerdo con la CNDH uno de los objetivos de este instrumento de vinculación es alcanzar en el mediano plazo la cobertura total en cuanto a capacitación de derechos humanos de los estudiantes de educación superior.

III.- En este contexto esta dictaminadora considera pertinente verificar que los planes y programas de estudio de la licenciatura de derecho sean acordes con las nuevas transformaciones jurídicas, que exigen la formación de generaciones de abogadas y abogados con conocimiento jurídico en materia de derechos humanos, ya sea para que se desarrollen en el ámbito de la procuración y administración de justicia, en el litigio, en el legislativo, en el servicio público, en la investigación o en la misma academia.Educar en derechos humanos cobra particular relevancia para las universidades e institutos de enseñanza superior, responsables de formar a los profesionistas y académicos de acuerdo al momento histórico que vive el país.

De igual manera coincidimos con la legisladora en cuanto a que la materia de derechos humanos debe de dejar de ser una materia optativa en los planes y programas de estudio en la Licenciatura de Derecho, ni tampoco que se deba de esperar a que las y los estudiantes acaben la licenciatura para que accedan al conocimiento de los derechos humanos mediante una especialidad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta con respeto a su autonomía, a las Instituciones de Educación Superior, para que revisen y en su caso actualicen sus planes y programas de estudio a fin de incorporar el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género en la Licenciatura de Derecho y carreras afines, conforme a los avances legislativos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a disponer lo necesario para emprender las consultas, foros y trabajos que hagan posible la revisión del Capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen laproposición con punto de Acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el Capítulo VII del TLCAN, relativo al campo, suscrita por la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, el 22 de mayo de 2013.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el Capítulo VII del TLCAN, relativo al campo.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, del 4 de junio de 2013, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones en el que la legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente:

1. La agricultura mexicana ha sido devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto principalmente debido a que entre los años de 1994 y el 2008, los gobiernos de este país, no le dieron la importancia al campo mexicano para prepararlo a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En un estudio presentado en 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a un año de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinaba que sólo seis de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos -que podrían hacer frente- a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender de las importaciones estadounidenses.

2. Pareciera que el exterminio del campo mexicano ha sido planeado por administraciones insensibles convencidas de que es mejor comprar los productos del campo a otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos las y los agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.

3. Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el artículo 27 de la Constitución.

4. El Tratado de Libre Comercio, en el capítulo agrícola, se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a diferentes ciudades del territorio mexicano o a Estados Unidos en busca de trabajo. Debido a que no todas y todos los campesinos que abandonaron el campo pudieron ser absorbidos como trabajadores en las ciudades de nuestro país, el ir a los Estados Unidos se convirtió -y sigue siendo- una válvula de escape para las presiones sociales que el Tratado de Libre Comercio produjo; esto sin contar, los innumerables municipios, en los cuales la única alternativa ante al abandono del campo es unirse a alguno de los grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.

5. De acuerdo a datos presentados por esta Cámara de Diputados, la caída del financiamiento del gobierno a la agricultura ha sido aproximadamente del 90 por ciento, que aunado a una sistemática cancelación de los programas de educación y asistencia técnica para las y los agricultores, ha dejado a nuestro campo en una situación de abandono. La reducción agresiva de los presupuestos dirigidos al campo continúa, y un claro ejemplo es el programa especial concurrente (PEC) reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

6. El Congreso Agrario Permanente (CAP) reveló su preocupación ya que mil millones de pesos para proyectos estratégicos del programa especial concurrente de 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un presupuesto general para el campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.

7.- Durante la presentación del Plan nacional de Desarrollo, dentro de las cinco metas nacionales que se fijaron, a saber, México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Prospero y México con responsabilidad Global y las tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno así como Perspectiva de Género, el ejecutivo federal no suma las demandas que millones de productores, acopiadores, comercializadores han demandado sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio y la urgente necesidad de abrir la discusión sobre el capitulo en comento y con ello restituir derechos y mecanismos compensatorios que permitan salvar al campo mexicano.

8. Por lo antes expresado, exhorto de manera urgente a una extensa revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agrícola, ya que en éste, se basa la crisis rural actual; es decir, lo que puede ser llamado la liquidación de una clase campesina que una vez formó la mayoría de la población en México.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que iniciar la inmediata revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

CONSIDERACIONES

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina considera la urgencia de que las autoridades competentes, en este caso, el titular del Ejecutivo y la Cámara de Senadores, hagan uso de sus facultades constitucionales y legales para emprender una revisión del Capítulo relativo al campo, del Tratado de Libre Comercio con América de Norte, en virtud de que la agricultura mexicana ha sido afectada por el citado instrumento internacional de comercio.

También asevera que en las administraciones federales correspondientes a los periodos 1994-2000, 2000-2006 y 2006-2012, no hubo políticas y acciones que prepararan al campo mexicano para dotarlo de la infraestructura y apoyos necesarios para hacerlo competitivo frente a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

En cifras oficiales de la SAGAPRA se determinó que sólo 6 de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos, que podrían hacer frente a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender cada vez más de las importaciones estadounidenses.

En la actualidad hay que reconocer que la gran mayoría de los ejidos y comunidades en el campo tienen todavía técnicas de producción casi artesanal y se basan en el autoconsumo. No hay capacitación, ni mucho menos hay implementación de nuevas técnicas lo cual coloca a los campesinos en un verdadero atraso.

Por otro lado el trabajo agrícola ha sido una actividad mal pagada y que en la mayoría de los casos se desarrolla en un ambiente precario y sobre todo en condiciones de pobreza, que hace muchos campesinos busquen mejores oportunidades en otros estados y sobre todo en EU. La precariedad agrícola está muchas veces vinculada al deterioro de las relaciones laborales como producto del trabajo eventual de esta actividad, la flexibilidad e inestabilidad de las empresas agrícolas impactan en la ausencia condiciones laborales y sobre todo el reconocimiento a sus derechos humanos laborales, principios fundamentales señalados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), señalados como requisitos para un trabajo decente, aunado a la falta de políticas públicas integrales que pongan equilibrio y den certeza jurídica al sector campesino.

Estados Unidos ha mantenido la protección a su sector agrícola ya que sus agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.

En cambio, México, obediente a los dictados del Tratado de Libre Comercio abandonó sus políticas proteccionistas, y la apertura de los mercados y el retiro del Estado en la conducción de la economía, han impactado de manera significativa al campo y al sector campesino, disminuyendo drásticamente sus ingresos y colocándolos en una situación de pobreza generalizada.

Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el artículo 27 de la Constitución.

Los integrantes de la Segunda Comisión comparten la propuesta para que el TLC pudiera ser revisado a la brevedad ya que sí son notorios y evidentes los resultados deficientes del sector agropecuario de México durante la década del TLCAN y las dos décadas de ajuste estructural con su apertura comercial unilateral y abrupta, y su severa reducción de la participación del Estado en el fomento económico sectorial están desde luego, asociados a las profundas asimetrías en tecnología, productividad, recurso naturales y políticas agrícolas que existen entre México y sus vecinos del norte.

En México, durante el quinquenio 1997-2001, cosechamos 204 toneladas de maíz por hectáreas, contra 8.4 toneladas en Estados Unidos y 7.3 toneladas en Canadá, obtuvimos 606 kilogramos por hectáreas de frijol, contra 1,849 en Canadá, cosechamos 4.4 toneladas por hectárea de arroz, contra 6.8 toneladas por hectárea en Estados Unidos. Por trabajador ocupado, la brecha de oportunidad es más profunda: en México, el valor bruto del producto agropecuario por trabajador fue de 3,758.9 dólares en 2001, en Estados Unidos fue de 67,871.3 dólares y en Canadá de 54,081.6 dólares.

La enorme brecha de productividad deriva, en primer término, de las cuantiosas inversiones en investigación y en innovación tecnológica (que en Estados Unidos datan de la Ley Morrill de 1862) como de las políticas internas de precios y subsidios (instrumentadas en Estados Unidos desde la Ley Agrícola de 1933 que, al garantizar la rentabilidad de las granjas, han favorecido su capitalización y tecnificación continuas. Mientras estados Unidos dispone de 1.6 tractores por trabajador agrícola (concepto que incluye toda la PEA agropecuaria) y Canadá cuenta con 1.8 tractores por hombre ocupado, en México solo hay 2 tractores por cada 100 trabajadores agrícolas. Por cada hombre ocupado en la agricultura se aplican en los campos de México 209.6 kilogramos de fertilizantes, mientras que en Estados Unidos se aplican 6,114 kilogramos y 6.352 en Canadá.

Es importante tomar en consideración que han pasado cerca de 20 años desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 20 de diciembre de 1993, entre los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos Mexicanos, y este se celebró persiguiendo los siguientes objetivos señalados en el artículo 102 del TLCAN:

1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes;

2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

3. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes;

4. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes;

5. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y

6. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado…”

Por lo tanto, esta dictaminadora sí considera conveniente evaluar hasta dónde se ha cumplido con esos objetivos, específicamente en lo referente al capítulo agropecuario (CAPITULO VII) del TLCAN; con los compromisos trilaterales establecidos en el Tratado para crear una zona de libre mercado entre dichos países y con los mecanismos de revisión y solución de controversias en los organismos multilaterales como la OMC; asimismo, dado el carácter sensible del campo mexicano para la economíay el carácter estratégico en función de la soberanía alimentaria y como proveedor de materias primas; esta dictaminadora comparte que es de interés nacional evaluar el avance de los objetivos y los resultados que se propuso el Estado Mexicano al firmar el TLCAN; dentro de los cuales destacan:

a) generación de suficientes empleos bien remunerados para la población;

b) alcanzar un crecimiento de cuando menos el 6% anual;

c) mejorar la competitividad con relación al mercado internacional y

d) modernizar la economía nacional.

Compartimos el planteamiento de la diputada proponente al afirmar que conla firma del TLCAN el país se abrió a la competencia comercial ante dos de las economías más avanzadas del mundo, teniendo un sector agropecuario con enormes disparidades en la producción y comercialización de los distintos productores; y no obstante ello, los términos y condiciones signadas en el acuerdo quedaron estipulados como si se tratara de países con iguales niveles de desarrollo; lo cual trajo resultados dispares y contradictorios en el sector agropecuario de México, mismos que requieren ser revisados de fondo.

Otro factor a considerar es que con el tiempo transcurrido desde la firma del TLCAN, seguramente existen en el clausulado que se firmó, un conjunto de consideraciones y normas que han quedado obsoletas; mientras que nuevos productos comerciales, nuevas áreas de interés mutuo y nuevas situaciones jurídicas, sociales, económicas y comerciales, requieren ser revisadas e incorporadas a nuevos acuerdos y reglas de los socios comerciales de América del Norte, como por ejemplo el fenómeno migratorio, el comercio con transgénicos, etc.

También es importante recordar que diversos sectores productivos, comerciales y sociales, así como de las fuerzas políticas y de la opinión pública, de México, de Estados Unidos y de Canadá han manifestado interés en distintos momentos, por revisar el capítulo agropecuario del TLCAN, tal y como lo propone la Diputada Socorro Ceseñas Chapa.

Por último, esta dictaminadora considera pertinente realizar un cambio en la redacción del resolutivo propuesto por la Diputada proponente, ya que si bien es cierto que la revisión planteada por la citada Diputada es pertinente, no es viable pedir que este importante compromiso se haga de manera precipitada.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Senado de la República, disponga de lo necesario para emprender las consultas, foros y trabajos que hagan posible la revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre "la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras" con responsabilidad familiar, y el convenio 183 sobre "la protección de la maternidad".






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir “Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores Con Responsabilidad Familiar”, y el Convenio 183 sobre “La Protección de la Maternidad”.

Los y las ciudadanas legisladoras integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de mayo de 2011, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición en comento.

2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con el siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1. La autora de la proposición, establece expresamente en sus consideraciones

El ambiente de inestabilidad en el acontecer económico y financiero nacional y global, se ha traducido en una importante crisis del empleo, ante la que cada vez se hace más necesario contar con un marco legal que blinde a las y los trabajadores de la discriminación laboral. Es particularmente preocupante que en el acceso a los puestos de trabajo. el porcentaje de trabajadores vulnerables a la discriminación está creciendo y que diversos organismos sociales y grupos laborales, estén dando cuenta del aumento en el volumen de quejas por discriminación en el trabajo.

En un contexto de crisis, la desigualdad y la exclusión se exacerban ante la ausencia de un marco legal y de políticas contra la discriminación, sobre todo entre los trabajadores poco calificados, los trabajadores de edad y los migrantes, así como aquellos que buscan su primer empleo, incluidos los graduados universitarios. Asimismo, el empleo de las mujeres se ha visto muy afectado por el impacto de la crisis.

Al ambiente de crisis laboral, debemos sumar que todavía es común la discriminación relacionada con el embarazo y la maternidad. El acceso de las mujeres a determinados espacios de trabajo puede ser determinado por su condición reproductiva; se han dado casos de despido relacionados con el embarazo y la lactancia y se han registrado casos de madres a las que no se les ha concedido el tiempo necesario para la lactancia.

En nuestro país se han estableciendo disposiciones jurídicas para proteger a las mujeres contra el despido y la discriminación en relación con el embarazo, el estado civil, las responsabilidades familiares o la licencia de maternidad. Y si bien cada vez hay más disposiciones sobre la licencia de paternidad, determinados grupos pueden no beneficiarse de esas mejoras.

La discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil quedó prohibida en nuestra Constitución desde 2011.También en la Constitución, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley está plasmada en el Artículo 4º; ambos derechos deben entenderse como las capacidades de todas las personas para disfrutar de derechos y contraer obligaciones dentro de los límites fijados por la propia ley.

La igualdad laboral está fundamentada en el Artículo 5º Constitucional, que prescribe que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe entenderse en tres modalidades principales, las oportunidades, el trato y el pago.

La igualdad de oportunidades es el derecho de hombres y mujeres a solicitar un espacio laboral, a la capacitación y el adiestramiento, a la participación y a la afiliación sindical, a la aspiración apuestos directivos, a la promoción y los ascensos y al goce de todas las prestaciones y seguridad social que contemple la ley. En el trato, hombres y mujeres tienen derecho a trabajar bajo condiciones iguales, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona.

El artículo 2 párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo se refiere al trabajo digno como “aquél en el que (..) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”

Y continúa en el mismo artículo, pero en sus párrafos 4 y 5 diciendo que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, que esta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación refuerza los preceptos Constitucionales y las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato, tal como se establece en su artículo primero.

Por más de 95 años, la Organización Internacional del Trabajo ha promovido la observancia de la igualdad de oportunidades y trato de las y los trabajadores como ha quedado expreso en diversos instrumentos internacionales adoptados por los Estados parte, para esos propósitos, como son: el Convenio 100 sobre la Igualdad de Remuneración, el Convenio 111 sobre Discriminación, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato para las Trabajadores y la Resolución sobre Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo entre Hombres y Mujeres, así como la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

En la práctica, la aplicación de los derechos de igualdad de oportunidades y de trato de las y los trabajadores, implica la formulación de una política nacional de no discriminación en el ámbito laboral, incluyendo la revocación de las disposiciones legislativas discriminatorias y el fin a las prácticas administrativas discriminatorias.

Caso particular es el del género. La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha tenido un importante aumento en las décadas recientes. De 1970 a 2010 la participación económica femenina se incrementó de 19 a 42.5% (Inmujeres, 2011).

A nivel mundial, las mujeres todavía son víctimas de discriminación en cuanto a los empleos a los que pueden acceder, remuneración, prestaciones y condiciones de trabajo, y en particular en cuanto al acceso a puestos de toma de decisiones. “Según datos recientes, en todo el mundo hay 829 millones de mujeres que viven en la pobreza, mientras que la cifra equivalente para los hombres es de 522 millones.” Además, la brecha salarial de género se mantiene a pesar de los avances educativos y sigue habiendo un porcentaje superior de mujeres en los empleos de bajos ingresos; “las mujeres ganan en promedio entre un 70 y un 90 por ciento de lo que ganan los hombres. Esta diferencia salarial se explica en gran parte por la segregación ocupacional y sectorial.”1

De acuerdo con datos de la STPS, “existe una brecha de 30% entre los ingresos de las mujeres y los hombres; 3 de cada 10 trabajadoras son discriminadas en su salario por estar casadas o tener hijos; por su parte, datos de CONAPRED revelan que “después de una recesión económica, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres para encontrar un trabajo del mismo nivel y mismas condiciones que antes.”2

En ese sentido, la existencia de condiciones que favorezcan la situación familiar y las responsabilidades en ese sentido como la existencia de servicios de guardería, es indispensable para que muchas mujeres y hombres participen plenamente en la vida laboral.

El artículo 123 de la Constitución establece que durante el embarazo las mujeres gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha aproximada del parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro, y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. Sin embargo, en la práctica, la constante es que el embarazo es una razón más para la discriminación laboral en contra de las mujeres.

Esto se debe a que “el costo de un embarazo recae en el empleador, pues tiene la obligación legal de pagar el salario íntegro durante cerca de 3 meses a una mujer que llega embarazada a ocupar un trabajo, si no se cumplen los requisitos de cotización previa en el IMSS. Actualmente, menos de 25% de las mexicanas disponen, como prestación laboral, de servicio de guardería o licencias para cuidados maternos. De este porcentaje, más de 2.5 millones de madres trabajadoras de 14 a 39 años de edad no tienen servicios de guardería, por lo que sin el apoyo de sus redes familiares, se ven obligadas a buscar un empleo que les permita, al mismo tiempo, atender a las y los hijos, lo cual generalmente significa precariedad laboral y un menor salario.3

El Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares de la OIT, se refiere a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, “cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.”

El objetivo del Convenio 156 es “permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales” para lo cual, deberán adoptarse medidas legislativas que armonicen las necesidades de las y los trabajadores.

Por su parte, el Convenio 3 sobre la Protección de la Maternidad precisó los principios fundamentales de la protección de la maternidad, mientas que el Convenio 103, mantiene los mismos principios fundamentales y hace más explícitos los medios y métodos para el otorgamiento de las prestaciones. Estipula, entre otras cosas, que la asistencia médica deberá comprender tanto los nueve meses de embarazo, como el momento del parto y el post-parto, también establece que las interrupciones en el horario de trabajo para efectos de amamantar deberán contarse como horas de trabajo y remunerarse como tales.

En este sentido, la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio del 2000, revisó el Convenio 103 y dio paso a la adopción del Convenio 183. Uno de los principales objetivos de esta revisión era suavizar los requerimientos existentes en el convenio 103 para obtener un mayor número de ratificaciones ya que mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad, y entre otros cambios amplia su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; ofrece protección no solo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a las complicaciones que puedan derivarse de estos; y prevé un período de protección al empleo más largo y; que todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito de la Senadora establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. La comisión permanente exhorta al titular del ejecutivo federal a suscribir “convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar”, y el convenio 183 sobre “la protección de la maternidad.

CONSIDERACIONES

1. Esta Comisión Dictaminadora considera al igual que todas las normas jurídicas laborales en nuestro país, que las normas internacionales y las Recomendaciones que los acompañan son instrumentos vinculantes para resolver lapreocupación internacional respecto al trabajo digno.

Los Convenios entonces, establecen principios básicos que los países ratificantes están obligados a hacer valer aplicar para resolver diversos problemas en temas específicos, como lo es en el caso del conflicto entre el trabajo y la familia, que remite a las responsabilidades familiares no remuneradas, difíciles y estresantes de manera cotidiana para quienes los padecen.

La tensión entre el trabajo y la familia incide especialmente en la el sometimiento hacia las mujeres para asumir un trabajo con condiciones deficientes y un salario más bajo.

El Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, núm. 156, de 1981, establece precisamente estas normas básicas internacionales para abordan la conciliación de las responsabilidades laborales y las familiares mediante normas para apoyar a dichos trabajadores.

La finalidad del Convenio consiste en promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, en favor de las mujeres y de los hombres con responsabilidades familiares, así como entre los trabajadores con responsabilidades familiares y quienes no las tienen.

Además, el Convenio núm. 156 comprende como trabajadores, a quienes contengan responsabilidades respecto de los “hijos a su cargo” y “de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén”.

Los países que ratifican el Convenio núm. 156 deben permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

Al respecto, nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga en su articulado fundamental la garantía de no discriminación en los derechos laborales  tanto para  la mujer como para el hombre. En nuestra carta magna también se reconoce el derecho y libertad de tener un trabajo digno.

Esto último también se encuentra adoptado por el Convenio 156 en el que exige todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo.

En la actualidad nuestra legislación y nuestras políticas gubernamentales urgen de visión de género y viene de la mano con las necesidades específicas de los trabajadores con responsabilidades familiares para gozar de un claro reconocimiento.

Se necesitan de pasos significativos como la ratificación de este Convenio para proporcionar un marco normativo y legislativo que respalde a estos trabajadores en un empleo digno y la no discriminación.

2. Asimismo, es del conocimiento de esta comisión dictaminadora, que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad en 1952, resolvió la creación de un Convenio sobre la protección de la maternidad, Núm. 183.

En todo momento, la OIT se ha valido de cuatro pilares estratégicos, que son los principios y derechos, empleo, protección social, y diálogo social; éstos a su vez se tratan mediante temas transversales como la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación.

Esto quiere decir que desde su creación, la OIT se ha propuesto ayudar a conseguir empleos tanto para las mujeres como para los hombres, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad humana. Éste es también el caso del Convenio núm. 183 sobre protección de la maternidad, considerado ya un instrumento clave para la igualdad de género, pues representa el instrumento más efectivo en la protección de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo del trabajo.

Por ejemplo, uno de sus logros más mencionados del Convenio núm. 183 consiste en el objetivo estratégico del trabajo decente para todas las mujeres, mediante la protección laboral de todas las formas de trabajo atípicas, como el trabajo en el hogar, el eventual, el trabajo estacional y el trabajo informal.

Específicamente sobre la protección de la maternidad, cabe mencionar que, como hemos mencionado, desde sus inicios la OIT lo considera un tema crucial para promover los derechos y la seguridad económica de las mujeres y de sus familias, en todo el mundo, especialmente de las mujeres que se encuentran solas.

En el instrumento en materia se tiene por objeto el proporcionar seguridad de todas las mujeres en el empleo, en especial, la protección contra el despido y la discriminación, así como proteger el salario y las prestaciones durante la maternidad y el derecho a reincorporarse al trabajo después del parto.

De acuerdo con lo previsto en el Convenio núm. 183, la licencia de maternidad debería durar 14 semanas como mínimo, seis de las cuales deberían tomarse inmediatamente después del parto y el derecho a una licencia adicional en caso de enfermedad, de complicaciones o de riesgos de complicación derivados del embarazo o del parto.

El Convenio núm. 183 estipula que los Estados Miembros deberán adoptar medidas para garantizar que las mujeres embarazadas o las madres lactantes no estén obligadas a realizar tareas que puedan perjudicar su salud o la de su hijo, o que entrañen un riesgo significativo para la madre o el hijo.

También prohíbe el despido por razón de la maternidad durante el embarazo, durante la licencia de maternidad, y durante un período de tiempo determinado, después de que la madre se reincorpora al trabajo.

3. Para quienes signamos el presente dictamen, consideramos oportuno el exhorto para fortalecer y proteger la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, al mismo tiempo que buscamos erradicar los prejuicios y racismos a los que se ven envueltas diariamente, ya sea por discriminación salarial, participación equitativa de las ventajas o dignificación del empleo.

De hecho, según la encuesta de la ENDIREH, la mayoría de las agresiones entre mujeres se dan por parte de sus jefes: 820,772 casos de violencia en el trabajo al año son por parte de los superiores y 398,655 provienen de los compañeros laborales.

Los dos tipos de violencia laboral que destaca la encuesta son las insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de mejores condiciones de trabajo o contactos corporales obscenos, y la discriminación para obtener mejores oportunidades de trabajo. En México, 30.1% de las mujeres ocupadas reportan violencia laboral, de las cuales 23.8% son víctimas de discriminación y 12.5% de acoso laboral.

En el país a 35.9% de las mujeres ocupadas violentadas en el trabajo les pidieron la prueba de embarazo como requisito para contratarlas; 31.3% dicen tener menores oportunidades que los varones para lograr un ascenso, 30.9% mencionaron que les pagan menos que a un hombre que hace lo mismo, 21.8% reciben menos prestaciones que un hombre.

Otras cifras preocupantes es que las mujeres más vulnerables a los episodios de violencia en sus centros de trabajo son las que tienen entre 30 y 34 años, mujeres que ya se encuentran con mayores responsabilidades personales y familiares y grupo que principalmente mantienen a menores y adultos mayores dependientes.

La violencia laboral limita ocasiona diversos daños tanto a nivel profesional como personal de las mujeres, al igual que vulnera su situación económica y con ella de las personas que dependen de su ingreso. Este círculo ocasiona también que los menores dependientes vean mermadas sus condiciones en la educación y en su futuro laboral.

Creemos que las desigualdades entre el hombre y la mujer están muy arraigadas en la sociedad y es responsabilidad de todos eliminarlas. Es urgente un trabajo conjunto y hacernos valer de cualquier norma internacional o nacional para fortalecer el tema de género en el ámbito privado y público.

Diariamente las mujeres tienen menos acceso a un trabajo decente, a la segregación ocupacional y sufren diferencias por su sexo. A veces también se les niega el acceso a la educación básica y a los servicios de salud y, en todas las regiones del mundo, son víctimas de la violencia y la discriminación.

Por esos motivos, la igualdad de la mujer se incluyó en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas y ha sido una de sus principales misiones desde su fundación y en México comenzamos a avanzar con pasos firmes en este tema.

El largo camino hacia el logro de ese ideal, nos obliga a apoyar a las organizaciones y Convenios internacionales, nuevas políticas públicas y reformas nacionales de suma relevancia para asistir al Estado para poner en marcha la protección a sus derechos, además de promover la igualdad de género en la sociedad.

Por lo antes expuesto y fundado, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, considera que existen los elementos necesarios para se enfrentan someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre “la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el Convenio 183 sobre “la protección de la maternidad”.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 4 de junio de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México, presentada por el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza; presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a la calidad del aire.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El Diputado González Roldán argumenta que México es una de las ciudades más contaminadas de América Latina, y la segunda ciudad en la región con el mayor número de muertes por la mala calidad del aire.

El proponente menciona que un estudio realizado por el Clean Air Institute denominado “Calidad del Aire en América Latina”, con el apoyo del Banco Mundial; dice que en América Latina y el Caribe, por lo menos 100 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Señala que los grupos más vulnerables a los efectos dañinos de una mala calidad del aire incluyen a niños, adultos mayores, personas con previos problemas de salud y población de bajos estratos socioeconómicos.

Asimismo, indica que México se encuentra dentro de los nueve países de América Latina con mayor número de muertes atribuibles por contaminación atmosférica que asciende a los 14 mil decesos por año. Ello debido a que los estándares de calidad del aire no se adecuan a los emitidos en las Guías de Calidad del Aire de la OMS.

Por lo que considera necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre los programas y acciones que está llevando a cabo para mejorar la calidad del aire de las ciudades de nuestro país, tal como lo establece el artículo 111, fracción IV, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental; de igual forma, exhorta a los gobiernos estatales a actualizar y modernizar sus sistemas de monitoreo de la calidad del aíre de sus ciudades, ya que este problema es cada vez más frecuente en las zonas urbanas de nuestro país por la emisión de gases contaminantes de establecimientos fijos y móviles.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que entregue un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México, y sobre la actualización de las normas y programas ambientales tomando en cuenta los estándares internacionales; así como a los gobiernos estatales para que a través de sus secretarías de medio ambiente actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión queremos mencionar que en efecto, el estudio al que hace referencia el promovente denominado “Calidad del Aire en América Latina”, se alerta sobre los altos niveles de contaminación a los que están expuestos los habitantes de la región latinoamericana y resalta que las altas concentraciones, la falta de un monitoreo transparente y la existencia de normatividad permisiva son los grandes retos a superar. Con este reporte el CAI busca destacar la importancia del tema de la calidad del aire para los ciudadanos por su alto impacto en salud pública y su relación con metas internacionales de mitigación de cambio climático.

Asimismo, se menciona que en toda la región se podrían evitar múltiples muertes prematuras y reducir las tasas de morbilidad si se toman acciones encaminadas a reducir los niveles de contaminación a los que nos encontramos expuestos. Entre otros beneficios, ello permitiría elevar la protección a la salud y lograr ahorros de entre 2 mil millones y 6 mil millones de dólares por año.

Los integrantes de la Comisión compartimos la preocupación del proponente, ya que en las últimas semanas el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), ha exhortado a los habitantes de diversas partes del país a tomar las medidas necesarias y evitar realizar actividades fuera del hogar por la mala calidad del aire, que registró elevados índices en la calidad del aire, superiores a los 100 puntos.

Al respecto, cuando los contaminantes se encuentran en el rango de 100-120 puntos la calidad del aire es mala, lo que significa que las condiciones no son aptas para llevar a cabo ejercicios en el exterior y que las personas con problemas respiratorios o cardiacos, principalmente adultos mayores y niños, pueden presentar irritación en vías respiratorias, disminución de la función pulmonar, agudización de asma, entre otros síntomas.

Es importante señalar, que este problema también aumenta la radiación solar que ha llegado a esta semana a los 11 puntos en el Índice de Rayos Ultravioleta (Iruv), creando la posibilidad de causar quemaduras en la piel y daño en los ojos.

Esta Tercera Comisión considera, de la mayor importancia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales refuerce su atención y su debida prioridad a los programas en contra de esta problemática estableciendo lineamientos más rígidos para prevenir estas alertas, entre ellos mejores protocolos de verificación y endurecimiento de revisión a camiones; homologando los equipos para verificación vehicular que operan en él y sometiendo a verificaciones exhaustivas a los camiones de carga y transporte con motores diesel.

De esta manera, los integrantes de la Tercera Comisión consideran oportuno aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de que la calidad del aire se ha convertido en un asunto prioritario para la salud pública.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que entregue un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México, y sobre la actualización de las normas y programas ambientales tomando en cuenta los estándares internacionales; así como a los gobiernos estatales para que a través de sus Secretarías de Medio Ambiente actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Federal de Competencia a proporcionar información de los procedimientos de selección de los comisionados de ese organismo.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Competencia, proporcione información de los procedimientos de selección de los comisionados y a la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, presentada por los Senadores del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa al procedimiento de selección de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

Los proponentes expresan que en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoria de Desempeño No. 11-0-lOAOO-07-0337, DE-083, denominada “Proteger los Procesos de Competencia y Libre Concurrencia”, se evidenció que tres de los cinco Comisionados de la Comisión Federal de Competencia no cumplieron con los requisitos relativos al grado de estudios establecido en los perfiles de puesto autorizados por la Secretaría de la Función Pública, ya que uno cuenta con licenciatura mientras que en el perfil se solicitaba maestría y los dos restantes acreditaron maestría en tanto que en el perfil del puesto se solicitaba doctorado.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, calificó que deberían llevarse a cabo medidas para que la Comisión Federal de Competencia defina e instrumente las acciones necesarias a fin de que se analicen los perfiles de puesto de los Comisionados, a efecto de que sean compatibles con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.

Sin embargo, no consideran que esto sea una medida determinante y suficiente, por lo que, en su momento, se debió dar de baja a los servidores públicos que no cumplieron con los perfiles previstos, y se debió llevar a efecto el procedimiento para su remoción y para la debida selección de los nuevos Comisionados, con apego a la norma que regula su elegibilidad.

Por lo que proponen lo siguiente:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Competencia a que proporcione información de los procedimientos de selección de los comisionados y, en su caso, la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en su momento por la Secretaría de la función Pública.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Competencia a que proporciones información de las medidas que ha adoptado para subsanar la observación de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, el estado que guarda el procedimiento sancionador de los comisionados, que a sabiendas de que eran inelegibles aceptaron el cargo, actuando con reserva no admisible en el caso, y declarando con la falsedad ante la autoridad distinta a la judicial.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La política de competencia tiene su fundamento en el artículo 28 Constitucional, que contiene el derecho que tiene la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado competido. Éste prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, y establece que se evitarán las concentraciones contrarias al interés público.

La aplicación de la política de competencia corresponde al Estado, a través de la Comisión Federal de Competencia, que es la autoridad encargada, precisamente, de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica, que tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia al prevenir y eliminar prácticas monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que la política de competencia es una herramienta fundamental para mejorar el desempeño de la economía, por tres razones básicamente: En primer lugar, cuando existe competencia mejoran las condiciones de precio y calidad de los productos y servicios, por lo que el ingreso real de los consumidores es mayor y la distribución del ingreso es menos desigual. Segundo, la competencia impulsa la competitividad de la economía, fomenta la inversión y el empleo y genera mayor crecimiento económico. Finalmente, cuando existe competencia, los recursos públicos se utilizan de manera más eficiente.

Ahora bien, la Auditoria de Desempeño No. 11-0-lOAOO-07-0337, DE-0831, en el Resultado 19, señala que los cinco comisionados adscritos a la Comisión Federal de Competencia cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica en cuanto al grado de estudios, nacionalidad y edad; pero que tres Comisionados no cumplen con los requisitos del grado de estudios establecido en los Perfiles de Puesto autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Derivado de lo anterior, la Auditoria en la Recomendación No. 11-0-10A00-07-0337-07-013, propone que la Comisión Federal de Competencia defina e instrumente las acciones necesarias a fin de que se analicen los perfiles de puesto de los Comisionados, a efecto de que sean compatibles con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.

Es por ello, que para esta Dictaminadora le resulta de la mayor importancia el requerir información sobre el procedimiento de selección de los actuales Comisionados, así como conocer el grado de avance de dicha autoridad en el cumplimiento de las recomendaciones, debido a que las funciones de la Comisión Federal de Competencia, como órgano regulador del Estado, son fundamentales para la eficiencia de la economía del país.

De esta manera, la Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de que es importante que los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia cuenten con cierto nivel de conocimientos que solamente son otorgados por los grados académicos y la experiencia profesional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Presidente de la Comisión Federal de Competencia, a que proporcione información de los procedimientos de selección de los Comisionados de ese organismo y, en su caso, sobre la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en su momento por la Secretaría de la Función Pública.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Presidente de la Comisión Federal de Competencia, a que proporcione información de las medidas que ha adoptado para subsanar esta observación de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, el estado que guarda el procedimiento sancionador de los Comisionados, que a sabiendas de que eran inelegibles aceptaron el cargo, actuando con reserva no admisible en el caso, y declarando con la falsedad ante la autoridad distinta a la judicial.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre las condiciones de seguridad de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Jalapa, Veracruz.

1http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Desarrollo_Economico/2011_0337_a.pdf






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a proceder a la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa o, en su defecto, la aplicación de mayores medidas de seguridad, con el objeto de eliminar los riesgos generados a la población, presentada por el Diputado Uriel Flores Aguayo, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, el Diputado Uriel Flores Aguayo, del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa a la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Pemex de Xalapa.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El Diputado Flores Aguayo indica que Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con instalaciones de almacenamiento y redistribución, que concentran los productos de la empresa para ser posteriormente distribuido en la región, por lo que sus instalaciones deben de contar con protocolos de seguridad e infraestructura especializada en el manejo de materiales con alto grado de explosividad.

Agrega que en las medidas de seguridad, se debe considerar la ubicación de las instalaciones, a efecto de no poner en riesgo la vida de los habitantes de las colonias y comunidades aledañas, así como para minimizar los factores que podrían desatar desastres como los ocurridos en los últimos años, tanto en refinerías, inmuebles administrativos, como en ductos.

Por lo cual, menciona que la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, tiene una gran capacidad de almacenamiento que hace que sea un factor de riesgo para los más de 50 mil habitantes de la zona.

Por lo que propone lo siguientes:

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta a Petróleos Mexicanos a que se hagan las gestiones e inversiones necesarias para reubicar la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa (TAR Xalapa), a una zona con menor densidad de población.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a Petróleos Mexicanos a que, mientras se realiza la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa (TAR Xalapa), se refuercen las medidas de seguridad y protección civil tomadas en la instalación para reducir las posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores y la población aledaña.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión acompañan la preocupación expuesta por el proponente, respecto a la seguridad de las personas que viven cerca de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Pemex de Xalapa, sin embargo, esta Comisión tiene conocimiento que esa Terminal cuenta con diversos sistemas de operación segura1, tales como: Sistema de inyección subsuperficial a tanques; sistema de cámaras de espuma para aplicación superficial; sistema de aspersores en Casa de Bombas; paquete de presión balanceada; paquete de presión balanceada; alarma sonora de altos decibles; sistema de detectores de mezclas explosivas; sistema de alarmas por alto nivel de producto en tanques; sistema de encendido y paro remoto de bombas contra incendio; sistema de circuito cerrado de televisión; control de acceso mediante tarjetas electrónicas; y portones automáticos y barras automáticas vehiculares.

Asimismo, es de resaltar que la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa cuenta con la Certificación ISO 9002, Industria Limpia, y ganó el Premio Estatal a la Calidad 2000.

En tal virtud, esta Dictaminadora considera inviable solicitar a Pemex reubicar la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, sin antes conocer las condiciones de seguridad de operación de dicha instalación. Asimismo, no podemos soslayar que una obra de tal magnitud requiere de un estudio previo y de recursos presupuestados.

De igual manera, esta Comisión no pasa inadvertido que las actividades de la industria petrolera son de alto riesgo, por lo que atendiendo el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil, que dispone lo siguiente:

“Artículo 83. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.”

Y de manera concatenada, el artículo 87, que refiere lo siguiente:

“Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.”

Por tales razones, la Tercera Comisión considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, ya que este Congreso debe promover todas las acciones parlamentarias que permitan reducir las posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad de los propios trabajadores de Pemex y de la población aledaña a la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos a remitir un informe a esta Soberanía sobre las condiciones de seguridad de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, Veracruz, así como de las medidas y acciones aplicadas para eliminar los posibles riesgos para la población que vive cerca de esa instalación.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se exhorta a la SAGARPA a ampliar la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria a diversos estados del país.

1http://www.ref.pemex.com/octanaje/34/34xalapa.htm






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que amplíe la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que etiquete mayor presupuesto para el mismo, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

La Senadora Gastélum Bajo señala que los problemas de seguridad alimentaria en México tienen que ver más con la carencia de derechos de acceso a una cantidad suficiente de alimentos sanos y nutritivos, por ello es que el gobierno federal creó programas para garantizar la seguridad alimentaria de la población mexicana.

Asimismo, destaca que el gobierno federal creó el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en convenio con la FAO, con la finalidad de atender las demandas de la población rural en zonas marginadas. Además que aún faltan 12 estados por incorporar: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, entre los cuales se cuentan estados de gran importancia nacional, en la producción de alimentos como los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que amplíe la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, con la finalidad de que este Proyecto, alcance una cobertura nacional en los sectores agropecuario y pesquero en las zonas de mayor pobreza y alta marginación de todo el país.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que etiquete un mayor presupuesto para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), para el año 2014.

II. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden con los planteamientos de la proponente sobre la importancia de la seguridad alimentaria, sobre todo para que el Estado cumpla con el mandato del artículo 4° Constitucional de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Es importante destacar que el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), a partir de este año, es uno de los programas punta de lanza en la Cruzada Nacional contra el Hambre, así lo dio a conocer el titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, durante su comparecencia ante Comisiones del Senado, el pasado 12 de marzo de 2013. Este programa, explicó, que fue rediseñado y reorientado para atender el desarrollo de pequeños proyectos productivos en comunidades rurales en situación de alta y muy alta marginación del país.

A nivel nacional, el PESA cuenta este año con un presupuesto total de tres mil millones de pesos para ejercerse en 20 entidades federativas, que son las siguientes: Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Morelos, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en las que se desarrollarán 200 mil micros proyectos productivos y obras de captación de agua.

Por tales razones, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo, ya que reconocen las bondades de este Proyecto que impulsa la seguridad alimentaria y contribuye a la reducción de la pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación. De tal suerte, que es deseable que para el próximo año se incremente su presupuesto federal y que este año se haga un esfuerzo por incorporar a los demás Estados del país que faltan de participar en el PESA.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que amplíe la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, con la finalidad de que este Proyecto alcance una cobertura nacional en los sectores agropecuario y pesquero en las zonas de mayor pobreza y alta marginación del país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, se asignen mayores recursos presupuestales al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se considere el aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de seguridad nacional, presentada por los Diputados Javier Orihuela García, Aleida Alavez Ruiz y Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, los Diputados Javier Orihuela García, Aleida Alavez Ruiz y Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para que se considere el aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de seguridad nacional.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

Los Diputados proponentes señalan que el agua es un recurso natural importante para el desarrollo y bienestar del ser humano, sin embargo durante los últimos años su aprovechamiento ha sido irracional y descontrolado debido al acelerado crecimiento demográfico que afectan de manera significativa a su renovación. Por lo que proponen que se considere dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, y con ello garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua; de conformidad con el Artículo 4° Constitucional.

Por lo que proponen el siguiente resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que establezca como estrategia dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y con ello garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua; se considere incorporar una planeación hídrica por región o/ y por cuenca, donde se contemple que los proyectos que se evalúen para su ejecución, consideren la disponibilidad hídrica como una condición necesaria para su aprobación, generando una estrategia nacional para garantizar la permanencia y conservación de los servicios ambientales asociados a los ciclos superficiales y subterráneos del agua en nuestro territorio con planes de ordenamiento territorial regional sustentable con enfoque de región hidrológica.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten las propuestas de los proponentes, ya que es fundamental el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales y, en particular, de los recursos hídricos que son escasos y limitados y que se han convertido en estratégicos para el crecimiento y desarrollo de las distintas regiones del país.

Es relevante señalar, que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 20 de mayo de 20131, documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

El Plan en su Estrategia 4.4.2., denominada: Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, establece las siguientes líneas de acción:

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y marinos.

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la prestación de mejores servicios.

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos.

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.

En tal virtud, esta Comisión considera que las propuestas de los Diputados, de alguna manera, ya se encuentran contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pese a lo anterior, esta Dictaminadora entendiendo que la conformación de las políticas públicas son una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, estima oportuno redireccionar la petición de los proponentes, para que sus propuestas sean consideradas en la elaboración del Plan Nacional Hídrico, que es el documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, de acuerdo con el artículo 3, fracción XLII, de la Ley de Aguas Nacionales.

De igual manera, es preciso señalar en el resolutivo del dictamen que la autoridad competente del Ejecutivo Federal es la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley de Aguas Nacionales, que señala que a esa Comisión le corresponde integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, así como de su actualización y vigilar su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a que en la conformación del Plan Nacional Hídrico considere el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, y con ello garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua; se considere incorporar una planeación hídrica por región o/ y por cuenca, donde se contemple que los proyectos que se evalúen para su ejecución, considere la disponibilidad hídrica como una condición necesaria para su aprobación, generando una estrategia nacional para garantizar la permanencia y conservación de los servicios ambientales asociados a los ciclos superficiales y subterráneos del agua en nuestro territorio con planes de ordenamiento territorial regional sustentable con enfoque de región hidrológica.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se exhorta a apoyar a los productores agrícolas del municipio de José María Morelos, en Quintana Roo.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer e implementar las acciones necesarias para apoyar al sector agrícola del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, ante las sequías presentadas en dicha localidad, presentada por la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para apoyar al sector agrícola del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

La Senadora Beristaín Navarrete señala que actualmente el Municipio José María Morelos, Quintana Roo; atraviesa por una sequía debido a condiciones adversas como son las altas temperaturas, falta de lluvias y mecanismos no eficaces de riego, que impiden que prospere la agricultura, en consecuencia diversas comunidades rurales se han visto afectadas.

Indica que son miles de hectáreas que se ven afectadas en donde se siembra maíz, frijol, sandia, entre otros alimentos. La falta de lluvia en la actual temporada ocasiona que los campesinos trabajen sin que obtengan resultados favorables por sus esfuerzos, además de que disminuye e impide una buena cosecha en la zona maya de Quintana Roo.

Asimismo, la proponente considera importante implementar sistemas efectivos de riego en las zonas rurales del Municipio de José María Morelos, ya que traería beneficios no solo para los campesinos, sino que beneficiaría a los municipios cercanos e incluso a otros Estados de la República, además de que se pondría un alto al incremento de los precios de los alimentos.

Por lo que proponen lo siguiente:

PRIMERO. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en uso de sus facultades establezca e implemente las acciones necesarias para apoyar al sector agrícola del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, y poder tanto combatir como prevenir las sequías presentadas en el sector agrícola en dicha localidad.

SEGUNDO.Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en uso de sus facultades implemente sistemas de riego eficaces en el sector agrícola del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, con la finalidad de impulsar el desarrollo agrícola y de no depender de la agricultura de temporal.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación de la proponente, por lo que estiman de la mayor relevancia apoyar a los productores agrícolas del Municipio de José María Morelos de Quintana Roo, mediante los programas federales, para superar los problemas provocados por la intensa sequía que se siente en toda la región.

Esta Dictaminadora, no omite señalar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, atendiendo a sus atribuciones, publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación1, en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2013, que incluye los siguientes programas sujetos a reglas de operación:

I) Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;

II) PROCAMPO Productivo;

III) Prevención y Manejo de Riesgos;

IV) Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural;

V) Sustentabilidad de los Recursos Naturales, y

VI) Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, y

VII) Proyectos Estratégicos.

Asimismo, esa Secretaría ha señalado que cuenta con una estrategia especial para la atención de la competitividad de las ramas productivas básicas, tales como; maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar, café, huevo, leche, carne de bovino, porcino y aves, y pescado.

De igual manera, esta Comisión también advierte que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos específicos de operación del Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 20132, en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de mayo de 2013, programa por el cual los productores agrícolas pueden acceder a apoyos para establecer sistemas de riego tecnificados que fomenten la producción de alimentos y materias primas.

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha venido desplegando una serie de programas y recursos federales para atender la problemática del sector agrícola nacional, con el objetivo de revertir los bajos niveles de capitalización, las bajas capacidades técnicas-administrativas, así como la vulnerabilidad de riesgos de mercado, sanitarios y de desastres naturales.

Por tales razones, la Tercera Comisión considera que es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, apoye a los productores agrícolas del Municipio de José María Morelos de Quintana Roo, para impulsar su producción y mejorar su calidad de vida y sustento familiar, al tiempo de prevenir las sequías en esa localidad.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que considere apoyar a los productores agrícolas del Municipio de José María Morelos de Quintana Roo, a través de los diversos Programas que opera esa Secretaría.

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que considere incorporar a los productores agrícolas del Municipio de José María Morelos de Quintana Roo, en el Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2013.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son todos los dictámenes no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Informo a la Asamblea adicionalmente a los dictámenes reservados que dio cuenta la Secretaría, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reservó los dictámenes de la Primera Comisión sobre un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar la posibilidad de constituir un banco de alimentos que funcione para contribuir a erradicar el hambre en México; y un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad pública con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros.

Hago la mención, en consecuencia, que éstos dos dictámenes estarían reservados y, por lo tanto, no son incluidos en la votación que se le solicita a la Secretaría en este momento. Consulte la Secretaria, en votación económica, si se aprueban o no los dictámenes sin anuncio de reserva.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Alfonso Durazo, ¿para qué efecto, Diputado Durazo Montaño.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) señor Presidente, si aceptara, dada la relevancia de la fecha, desde mi punto de vista de carácter ya histórico relacionada con la tragedia del 5 de junio de 2009, si aceptara hacer un paréntesis en el desahogo de la agenda con el propósito de presentar al Pleno de esta Permanente un par de propuestas.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sí, Diputado Durazo Montaño , tengo entendido que ha habido charlas con los propios integrantes de esta Comisión Permanente. Por lo que someto a consideración de esta Asamblea que se autorice al Diputado Durazo a la presentación de este punto de Acuerdo el desahogo correspondiente y que continuemos la sesión correspondiente por lo que corresponde a los dictámenes reservados que en este momento todavía no han sido discutidos y votados.

En consecuencia, solicito a la Secretaría, en votación económica, verifique si se aprueba que el Diputado Durazo Montaño pase a esta tribuna a presentar un punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta, en votación económica, si se autoriza la intervención del Diputado Durazo Montaño para la presentación de las propuestas a las que se ha referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En tal virtud, tiene el uso de la palabra el Diputado Alfonso Durazo Montaño.

1 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5287299&fecha=11/02/2013

2 ACUERDO por el que se dan a conocer los lineamientos específicos de operación del Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2013. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299796&fecha=22/05/2013






PROPUESTA

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente.

Primeramente agradecerle muy cumplidamente la flexibilidad que ha mostrado su sensibilidad respecto a la relevancia de la fecha y a la necesidad urgente de abordar el tema.

Agradecer al resto de mis compañeros, miembros de la Comisión Permanente, también su respaldo para incluir este punto en la agenda.

Antes de pasar al tema en concreto, quisiera también extender mi felicitación al Diputado Ricardo Anaya por su extraordinario desempeño y su gran mensaje el día de hoy que recibimos al Presidente de China, joven talentoso, fuimos dignamente representados en esa reunión; pero también en la conducción de las sesiones de la Comisión Permanente.

La tarde del 5 de junio de 2009, aún en este país repleto de hechos en los que lo trágico se ha vuelto cotidiano, una tragedia inimaginable sacudía al país. La muerte de 49 pequeños en el incendio de una guardería privada que funcionaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En las investigaciones oficiales se tuvo conocimiento que la guardería ABC no contaba con las más elementales medidas de seguridad.

Para conocer la dimensión de las causas, señalaré a ustedes que en términos literales había sido construida prácticamente con papel cebolla.

La pena, el luto y la indignación social crecieron en forma proporcional en conocimiento de los múltiples hechos de negligencia y omisión que habían dado lugar al incendio. Sólo el gobierno parecía no conmoverse frente a la tragedia que había cobrado la vida de 49 vidas apenas iniciadas.

Las primeras acciones del gobierno en todos sus niveles fueron para proteger a los responsables directos e indirectos más cercanos a la tragedia. Por ello el incendio de la guardería ABC ha quedado grabado en la conciencia colectiva como una marca de profunda tristeza, pero sobre todo como el más claro ejemplo de la impunidad que ha convertido a nuestro país en territorio de pillaje y ultraje sin fin.

Ciertamente el reclamo de justicia de los padres y madres de los pequeños llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo informe reconoció la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión, pero nada pasó.

El actual gobernador Guillermo Padres, entonces en campaña asumió el compromiso de hacer justicia en el caso, lo mismo ofreció Peña Nieto en su campaña Presidencial 3 años después.

Pero a cuatro años de distancia en la tragedia todo sigue igual, han cambiado gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, pero el reclamo de justicia sigue sin ser atendido, no sólo eso, los responsables de estos indignantes hechos siguen gozando de impunidad, siguen gozando incluso de presencia en la vida política del país, como si nada hubiese pasado.

Históricamente han sido recurrentes el cinismo y la complacencia del poder para encubrir robos y desfalcos, incluso masacres como la del 2 de octubre de 1968, pero nunca una tragedia infantil como la del 5 de junio de 2009.

Un hecho tan dramático como el acaecido en esa fecha, hubiera resultado en cualquier nación del mundo sujeta a un régimen medianamente efectiva de derechos, no sólo en el castigo correspondiente a los responsables, sino incluso en la caída de dichos gobiernos.

La sociedad ha mantenido el reclamo de castigo a los responsables, pero sobre todo el reclamo de proteger la vida de todos los pequeños en las guarderías de país mediante los cambios legales e institucionales imprescindibles para ello.

El incendio en la guardería ABC es una tragedia que está por encima de lo político, me conmueve como mexicano, como sonorense, pero sobre todo como ser humano y como padre de familia, no pretendo conmoverlos y a caso sea inútil intentarlo, pero todos los que somos padres y los que no lo son, sabemos que nada puede compensar la pérdida de un hijo bajo ninguna circunstancia sea cualquiera que sea su edad, mucho menos cuando quienes mueren apenas comenzaban a vivir.

Así es que no tengo ningún interés en que este punto de Acuerdo se convierta en un obstáculo para uno u otro aspirante a un puesto de elección popular, no tengo interés alguno en beneficiar o perjudicar a uno u otro grupo político en Sonora, sería de una mezquindad inadmisible que ese fuera el objetivo, este punto de Acuerdo se inscribe en la persistencia social de reclamar justicia en el caso de la guardería ABC y justicia es que pague quién tenga que pagar, a los funcionarios que se fueron sin cumplir con esa responsabilidad, la historia les echará en cara su cumplimiento, pero la responsabilidad de impartir justicia es una tarea del Estado, no sólo del gobierno en turno, no es una tarea pendiente de los que se fueron, ni de los que llegaron, sino del Estado mexicano independientemente de partidos y fechas, todos los involucrados quieren pasar la página de esta tragedia, pero no hay forma de hacerlo cuando menos la verdad de los acontecimientos.

Toca ahora, por ello, al Presidente Peña Nieto, Jefe del Estado Mexicano cumplir con esa responsabilidad.

El Congreso de la Unión a su vez, debe sumarse solidariamente mejorando el marco legislativo e institucional para garantizar que no se vuelvan a repetir hechos de naturaleza similar.

Concluyo poniendo a su consideración tres acciones que nos involucran como legisladores: la primera, impulsar la creación de una Comisión que pudiera tener cualquier título oficial, pero no jurisdiccional integrada por ciudadanos de la más alta calidad moral y compromiso social que nos den certeza en las conclusiones de la investigación, esa es la única opción de justicia para las víctimas.

Número dos, promover la construcción de un memorial en Hermosillo, Sonora en un espacio donde los padres de familia decidan, el objetivo es que el 5 de junio como el 2 de octubre no se olvide jamás.

Y finalmente impulsar como legisladores las reformas legales e institucionales, algunas de ellas efectivamente estructurales que aseguren que las guarderías del país contarán con las condiciones operativas imprescindibles para garantizar que este tipo e tragedias no se repitan jamás.

Muchas gracias por su atención, gracias señor Presidente, muy amable.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Durazo Montaño.

Solicito a la Secretaría someta a consideración de esta Asamblea, conforme a lo solicitado en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato, bajo el entendido que se requieren las dos terceras partes de los miembros presentes de esta Permanente.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En tal sentido, se pone a discusión el asunto que nos ocupa y esta Presidencia tiene registrados varios oradores sobre el particular, pero antes de darles el uso de la palabra me gustaría que precisaran si es a favor o en contra del punto de Acuerdo presentado por el Diputado Durazo Montaño.

En primera instancia, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.

El Senador Gerardo Flores Ramírez, a favor.

Sí, Senador Miguel Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Primero, no conozco el texto exacto de lo que el proponente dice; el punto de Acuerdo no lo identifico, lo que el proponente dice, quiero conocerlo. Para efectos de orden, póngame a favor del punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Claro, con muchísimo gusto, inclusive voy a solicitar a esta Secretaría se le dé lectura de nueva cuenta a la propuesta de punto de Acuerdo presentada por el Diputado Durazo para evitar cualquier confusión sobre el particular.

Sí, si es tan amable para que no exista esta confusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al punto resolutivo, siendo precisos.

Con este fin, propongo tres acciones que nos involucran como legisladores:

1.- Impulsar la creación de una Comisión de la Verdad, oficial, pero no jurisdiccional, integrada por ciudadanos de la más alta calidad moral y compromiso social que nos den certeza en sus investigaciones y decisiones.

Esa es la única opción de justicia para las víctimas.

2.- Promover la construcción de un memorial en la Plaza Zubeldía, de Hermosillo, Sonora, espacio donde están ubicadas las cruces de los niños fallecidos y donde inició su camino el movimiento de padres de familia en la búsqueda de justicia por sus hijos.

El objetivo es que el 5 de junio como el 2 de octubre no se olvide jamás.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Un momento, señora Secretaria, está solicitando el Diputado Durazo Montaño hacer una precisión.

Sonido en el escaño del Diputado Durazo Montaño.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ese texto sufrió un par de modificaciones, la primera de ellas es que se constituya una comisión, cualquiera que sea su título, pero con los objetivos ahí establecidos.

Y número dos, que el memorial se construya donde los padres de familia de los niños que murieron en el incendio dispongan o propongan.

Eso es todo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito al Diputado Durazo Montaño que nos presente la nueva redacción, para evitar confusiones más adelante.

Adelante, Diputada Secretaria, con el tercer punto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Impulsar como legisladores las reformas legales e institucionales, algunas de ellas, efectivamente, estructurales que aseguren que las guarderías del país contarán con las condiciones operativas imprescindibles para garantizar que este tipo de tragedias no se repitan jamás.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

-.El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

-.El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Con el propósito de encontrar razón para que tengamos una conclusión eficaz, que tenga efectos, que se nos diga si vamos a aprobar o vamos a exhortar, que se constituya una comisión de la verdad, si vamos a aprobar aquí en la Comisión Permanente la constitución de una comisión de la verdad o vamos a exhortar que se forme, digo, para encontrarle un poco de razón a un debate tan importante.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Senador Barbosa Huerta, respetuosamente, si le parece, ya en el proceso de discusión de la modificación que escuchamos de parte del Diputado Durazo Montaño, podremos sentar el sentido de la comisión.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Pero, ¿qué es eso? Exhortar o que aprobemos la constitución, que nos diga el proponente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Sonido en el escaño del Diputado Durazo Montaño.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) La precisión sería, señor Presidente y compañeros, una comisión investigador.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Si les parece, en este momento estamos registrando a los oradores, en el momento que exista alguna propuesta de modificación, será el propio Pleno de esta Asamblea quien considere lo prudente.

Siguiendo con el orden de los Senadores registrados, tengo al Senador Héctor Larios Córdova a favor…

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Con modificaciones al primer y tercer párrafo para especificar de qué reformas en materia legislativa estamos hablando.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está registrada, la Senadora Guevara también se le registra, en contra, y se registra al Diputado Luis Antonio González Roldán, a favor.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra de uno de los resolutivos de la propia propuesta con punto de Acuerdo, hasta por cinco minutos.

-El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que la imagen que está ahí enfrente es más elocuente que mi discurso, están hechos bolas, y la verdad es que en este tema que comparto con el Diputado Durazo Montaño, porque tenemos la calidad, ambos, de padres familia, pues es un tema más allá del estado de Sonora, es un tema nacional, es un tema internacional, yo diría, y evidentemente a nosotros nos ha llevado a que en el tema de la Guardería ABC las cosas que tengan que decir por su nombre, y yo insisto en que veo que están un poco hechos bolas.

Hablaban de cualquier tipo de comisión, y amparaba el Diputado Durazo Montaño, a quien yo estimo bastante, en el derecho o la responsabilidad, más bien, que como Estado mexicano, y no como gobierno, tuviéramos que crear una comisión, y hablaban de la comisión de la verdad.

Luego, él decía, cualquier comisión, y ahora parece que quieren hacer una comisión investigadora, vamos a ver qué resulta de esta discusión.

Sin embargo, nosotros decíamos que la intención y pretensión de una comisión de la verdad, como se inició, es loable, propuesta que amerita, por cuestiones de moral, apoyarse. Sin embargo, las cosas se deben decir por su nombre; la impunidad, el encubrimiento caracterizan los trabajos de investigación de los delitos que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República.

Cuatro años no han sido suficientes para imputar una responsabilidad concreta, no sólo la responsabilidad penal, sino la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, le han dado vuelta a la justicia, a los derechos de las víctimas y sus familiares.

La justicia que no encontraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución por la que determinó que de los hechos no se podían atribuir a ningún funcionario de alto nivel de la Administración Pública Federal, estatal de Sonora y municipal de Hermosillo, así como la responsabilidad de particulares administradores de dicho centro.

Señoras y señores legisladores: No hay que darle vuelta al tema, la responsabilidad de los hechos delictivos de tan grave evento debe resolverse a la brevedad. Se han denunciado hechos que aquí no se han dicho, pero yo lo voy a decir, que establecen nuevas líneas de investigación para determinar la responsabilidad de tan lamentable agravio, que el fuego provocado para, "destruir documentación relacionada con la deuda de 10,000 millones de pesos que supuestamente se adquirió durante la gestión del ex gobernador Eduardo Bours Castelo", denuncia que debe llevarse al extremo en la búsqueda de la verdad y de los responsables.

Reitero que una comisión de la verdad es loable, sin embargo, ¿cuál es el fundamento legal de su creación?, ¿cuál es su competencia en investigaciones que son responsabilidad de la Procuraduría General de la República?, ¿cuál será su función ante los procesos judiciales que deriven de la acción penal, así como el carácter vinculatorio en sus conclusiones?, y esto lo adelanto no nada más para un tema de la comisión de la verdad, sino también para cualquier comisión investigadora que aquí quieran aprobar con el punto de Acuerdo, y les reitero, ¿cuál va a ser el fundamento de su creación?, probablemente en el Congreso, pero cuál es la competencia en las investigaciones, porque estas son responsabilidad de la Procuraduría General de la República, cuál será su función ante los procesos judiciales, y por lo tanto no hay vinculación en sus conclusiones.

Por lo tanto, Diputados y Diputadas, no seamos comparsas del engaño y del encubrimiento, no permitamos la evasión de la responsabilidad institucional de los gobiernos federal, estatal y municipal involucrados en los hechos, que se cumpla con la ley y garanticemos la justicia a las víctimas y sus familiares, por lo que procede exigir la actuación responsable y a la brevedad posible de las instituciones de gobierno y funcionarios involucrados, basta de simulación, los acuerdos políticos no pueden transgredir el estado de derecho, asumamos nuestra responsabilidad y exijamos cuentas a la autoridad investigadora, y no desviemos su responsabilidad a través de una comisión, como aquí se pretende, y menos si son comisiones a modo o como las que el Congreso está sacando, la Comisión Monex, etc., como la pretenden convertir.

Obviamente estaríamos de acuerdo en lo del memorial, porque debe de quedar un impacto en la historia, y estaremos atentos a la promoción de las reformas legales que se tienen que hacer para garantizar la seguridad de las guarderías, las estancias infantiles y los centros de desarrollo.

Es cuanto, y les pedimos que acaben la simulación de los acuerdos políticos.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente.

Antes de expresar mi postura me gustaría, sé que parece ser que ya hay un consenso en torno a la redacción de la propuesta, no sé si sea posible que podamos escuchar al promovente, que nos dé la propuesta concreta de cómo quedaría el punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Respetuosamente, Senador Gerardo Flores, esta Presidencia le solicitaría que continuáramos con la discusión y al final si hay algún acuerdo con relación a una redacción, se le dé lectura.

Adelante, señor Senador.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Claro que sí, señor Presidente.

Yo simplemente lo que quería señalar es un punto de vista a favor de lo que promueve el Diputado Durazo Montaño, a reserva, evidentemente, de que conozcamos los detalles de la propuesta final, pero en principio, como partido vamos a favor de este exhorto, porque nos encontramos ante un hecho de enorme relevancia para la memoria histórica de este país, es un hecho que lastimó no sólo a las familias de los 49 pequeños que perdieron la vida ese fatídico día, sino también a las familias de muchos niños y niñas que quedaron lastimados física y psicológicamente a raíz de ese accidente, me parece que es un deber de nosotros, en la medida de lo posible, contribuir a que estos hechos se esclarezcan, porque es notorio que hay un malestar en la sociedad de cómo esto ha sido resuelto y cómo para la sociedad en general hay todavía dudas sobre este tema.

De manera muy específica, por ejemplo, yo sí quiero señalar cómo es posible que quienes tenían la responsabilidad de cuidar a esos niños y niñas, que era el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución a la que muchos padres de familia sonorenses confiaron la seguridad y la vida de sus hijos; cómo es posible que esta institución les haya fallado de manera lamentable.

Y lo más preocupante es que quien dirigía esa institución y todo el personal que dependía de él, en la rama de las guarderías, dentro de esta institución, hoy se pasean campantemente por todo el territorio nacional, muy tranquilos con su conciencia, y eso sí, haciendo campañas, haciendo promociones, degustando, incluso candidatos de los partidos opositores, me parece que hay que tener un poco de cara dura para hacer eso a lo largo de nuestro territorio y hacerlo con tal frescura.

Necesitamos, por ello, que el Congreso de la Unión ponga su granito de arena, sabemos que no es nuestra responsabilidad jurídica, pero sí podemos contribuir a que la sociedad sepa que nosotros desde el Congreso estamos presionando para que se sepa la verdad y para que, en su caso, se puedan asumir las consecuencias de estas responsabilidades en todos los niveles, tanto a nivel federal como los niveles locales.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Gerardo Flores.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Quiero reiterar el llamado de justicia que hace nuestro compañero, Diputado Alfonso Durazo, que es el clamar de todos los padres de familia que lamentablemente vivieron esa tragedia en la instancia infantil. aquel 5 de junio, que dejó marcada a la sociedad sonorense y a un país que sigue esperando respuestas y que sigue esperando tanta ayuda que hoy hace falta.

Y reitero el llamado a justicia, concuerdo también con mi compañero Senador Flores Ramírez, quien me antecedió, a ir en contra de que se forme una comisión, por el hecho de que solamente vamos a abrir una ventana más de justificación para la autoridad, no me parece factible que siendo responsabilidad de la Procuraduría, tanto de la local como de la federal, y que ha sido solamente un trampolín político de muchos coautores y pseudos aficionados, lo atractivo que significa esto para salir en los medios de comunicación y para justificar lo injustificable, haríamos, me parece, un muro más de vergüenza, de no poderle dar respuesta a esos padres de familia.

Y digo un muro de vergüenza porque fueron 49 los niños que murieron aquella tarde. Pero hay más de cien niños que han quedado mutilados, que han sido amputados y que han tenido que recibir un sin fin de injertos y que llevan más de 20 cirugías para poder seguir creciendo; esos niños hoy están esperando con aquella misma inocencia con la que les fue arrebatada la vida a muchos de sus compañeritos y compañeritas en esa instancia infantil; están esperando cumplir 18 años para tener deditos de fierro y de eso el Estado no se ha ocupado.

Entonces, me parece que si el llamado es a que le dé solución al tema, que aquel compromiso que firmó el entonces candidato a la presidencia se cumpla y que les demos garantías a los sobrevivientes también.

Seguir con este ejercicio de simulaciones no nos va a llevar a ningún lado, yo creo que tenemos que, en vez de hacer esta comisión, hacer una comisión propositiva que incluso el Diputado Durazo presida la Comisión de Protección Civil en torno al tema, de que actualmente tenemos que buscar cómo garantizar que eso no vuelva a suceder, que todos los congresos locales en los estados legislen en torno al tema, en las escuelas y en las guarderías, y en todos aquellos lugares donde existan infantes y que es una situación que pocas veces se practica el tema de la protección civil, así como las juntas de evacuación, entre otros.

Aquí también cabe mencionar que todos estos niños que tienen que seguir su vida son víctimas de bullying, porque vivimos en una sociedad no preparada para vivir con niños que viven con mascarita, con niños que tienen que vivir con prótesis para poder seguir con su vida.

Ha dejado lacerado a ese grupo, con una marca permanente que no la vamos a poder olvidar, hoy se cumplen cuatro años, pero esos van a crecer y será recordado permanentemente mientras no se esclarezca y mientras no se le dé el curso que debe de merecer este hecho, que repito, dejó marcado al estado de Sonora y, en especial, a la capital de Hermosillo.

Ese inmueble que hoy prevalece ahí, cercado, lleno de cruces, lleno de fotos, solamente con el lamento de los padres de esperar quién les va a dar respuesta. Reitero, respuesta para los padres que hoy tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir recursos, antesalas larguísimas para llegar al Seguro Social para que les atiendan a sus niños, y también solicitando el apoyo de la sociedad para poder viajar al extranjero y seguir en atención de esas cirugías y esas prótesis que tendrán que recibir estos niños.

Solamente deseamos justicia para ellos, lo demás creo que es trámite, que no nos corresponde a nosotros más que incidir en que se cumpla y no hacer una comisión más que solamente sería un distractor.

Permitirle al sistema, tanto en el gobierno local, como en lo federal, un distractor más para que evadan la responsabilidad que les toca de facto ya.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Guevara Espinoza.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, hasta por 5 minutos.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor Presidente.

Hace unos momentos, en la sesión solemne que realizó esta Comisión Permanente, en un espléndido discurso republicano pronunciado por quien presidió esa sesión, el Diputado Ricardo Anaya, nos recordaba uno de los vínculos que da más fuerza e identidad a la mexicaniedad: la solidaridad.

Imposible, imposible es sustraerse ante este hecho tan lamentable, un hecho que ha lastimado a 125 familias; a 49 de ellas les arrebató el bien más preciado que un ser humano puede tener: sus hijos; 77 niños resultaron heridos con las consecuencias de vida que los persiguen.

Pero no nada más han sido las 125 familias, ha lastimado a toda la sociedad mexicana.

Todos hemos sentido como si fuera un hecho propio este lamentable acontecimiento en una estancia infantil privada que funcionaba mediante un modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Apoyar el punto de Acuerdo propuesto por el Diputado Durazo Montaño, no es más que un acto de humanidad. ¡Claro que se debe de apoyar!

Se debería ir más a profusión, deberíamos de pedir una exhaustiva revisión al modelo de subrogación que da el Instituto Mexicano del Seguro Social en todas las guarderías, que bajo este modelo jurídico operan en el país.

Judicialmente ha sido un desastre el procedimiento. Hoy sólo una persona, la ex coordinadora de guarderías del IMSS, permanece presa en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, y eso porque no tiene derecho a fianza, de ahí en fuera, el resto de los presuntos 29 implicados, entre ellos los dueños de esta guardería, han obtenido su libertad bajo fianza o han tramitado amparos y se encuentran libres, continúan bajo proceso, pero hasta el momento, después de los años, de los días, de las noches de ausencia de esos 49 niños en su casa, no hay pronunciamiento alguno o resolución que ponga fin a una cadena de lamentables acontecimientos que ha generado el tema de la Guardería ABC.

Cómo no sumarse a la propuesta del Diputado Durazo Montaño. Nos propone que establezcamos todo aquel marco jurídico que sea mínimo indispensable para garantizar fehaciente y plenamente la seguridad de todos los niños del país.

En este momento, ¿qué podría hacer la constitución de esa comisión? Revisar el estricto acatamiento de la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, aprobado en abril de 2011, por el cual se establecen normas y lineamientos a los que deben sujetarse las estancias infantiles.

Garantizar que operen en plenas condiciones de calidad y de protección, pero lo más importante, que salvaguarden fehacientemente la seguridad de todos los niños que están ahí cursando instrucciones obligatorias por la Constitución Política: preescolares.

Nos decían hace un momento que esto es obra y que hay presuntos culpables por un presunto desvío mandatado por alguien.

Demos la oportunidad de que la PGR revise fehacientemente, que vea el documento entregado por los padres de familia a esa instancia, y que esa comisión, que ex profeso se cree para dar seguimiento, sea escrupulosa en cuanto al alcance y desarrollo de todas las actuaciones del Ministerio Público para establecer un hecho, no nada más de verdad jurídica, un hecho de verdad real.

Señoras y señores: Es imposible no acompañar un punto de Acuerdo que es de estricta justicia, pero lo más importante, que es de estricta justeza.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado González Roldán.

Antes de concederle el uso de la palabra al Senador Barbosa Huerta, tengo una solicitud de la Diputada Adriana González Carrillo, porque el día de hoy tenemos aquí a 3 estudiantes mexiquenses, alumnos de cuarto semestre de la carrera de Administración y Estrategia de Negocios del Tec de Monterrey, Campus Toluca: Karla Romero, Monserrat Morales y Humberto Giles, ellos son finalistas del concurso “Emprendedores e Innovación”, organizado por la Universidad Politécnica de Hong Kong.

Su proyecto representa a México y América Latina, y consiste en el desarrollo de casas para familias de escasos recursos, usando productos reciclados como PET, lonas electorales y cajas de plástico.

Sean ustedes bienvenidos y felicidades.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra, el Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Están ocurriendo hechos sobresalientes en esta sesión de la Comisión Permanente, cuando parecía una propuesta de parte del Diputado de Movimiento Ciudadano, fuera del marco normativo en el que se desahoga el Orden del Día, han surgido diversos elementos importantes para este sentido asunto de 49 niños muertos, el 5 de junio de hace 4 años.

Y el mejor homenaje, que más que homenaje es tener presente esta tragedia respecto a la cual no se han fincado las responsabilidades correspondientes, es la exigencia de la Comisión Permanente del Congreso mexicano para adherirnos al reclamo de justicia de parte de los padres y de las madres de estos niños fallecidos y, desde luego, de la sociedad en general.

Porque hace 4 años, cuando ocurrió esta tragedia, se evidenciaron de manera salvaje muchas cosas.

Primero, la corrupción la impunidad de un sistema de procuración y administración de justicia, rebasado y protector de quienes ejercen el poder.

La corrupción, al más alto nivel, la atrofia de nuestro sistema de procuración y administración de justicia, del sistema para reparar el daño a las víctimas de los delitos.

El gobierno federal anterior no tuvo voluntad para que la investigación llegara a fondo. Y no quiero crear una controversia, pero sin duda, que a eso apunta.

Los padres, las madres y la sociedad solidaria con las tragedias han mantenido los reclamos. Hoy aparecen evidencias de que, de manera posible, estos hechos hayan sido generados intencionalmente, con el propósito de eliminar, bajo un incendio, archivos de una deuda de 10 mil millones de pesos que se adquirió en el Programa Sonora-Proyecta, del gobierno del estado de Sonora, del entonces titular del ejecutivo, Eduardo Bours Castelo.

Hoy encontramos la voluntad de las fuerzas políticas, por eso digo que es algo importante lo que está ocurriendo y lo que arrancó con una propuesta fuera del marco del Orden del Día.

Hoy estamos encontrando la voluntad de los legisladores, en esta Comisión Permanente, de todos los partidos, para aprobar la constitución de una comisión de la verdad, pero en los términos del procedimiento legislativo, llevar esta propuesta a las Juntas de Coordinación, de Senadores y Diputados, y desde ahí surja el modelo de lo que tiene que ser una comisión de la verdad.

Por eso la inquietud de mis planteamientos, cuando no comprendía el alcance de la propuesta, porque la Comisión Permanente no puede aprobar comisiones de la verdad, y el Congreso mexicano y sus cámaras tienen modalidades. Por eso hay que llevarlo a las Juntas de Coordinación Política, para que nos hagan la propuesta del modelo; pero con el compromiso de que salga, no de que salga en este momento, este trámite legislativo.

Pero también tenemos que hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República, para que reabra la investigación y se determinen responsabilidades.

Por cierto, el día de hoy, el reciente nombrado subprocurador de la PGR, Renato Sales, ha dicho que se van a reabrir las investigaciones relacionadas con este asunto.

Y con ello celebro la voluntad de este gobierno para ir a fondo, para que ese reclamo social, ese reclamo de todos los padres y madres, de quienes somos padres y madres, podamos ver que quien se haya atrevido a tocar y que provocó el fallecimiento de 49 niños, sobre ellos haya sentencia, sobre ellos haya cárcel.

Por cierto, la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, recientemente tuvo reuniones con los padres de los niños fallecidos en esta guardería subrogada del Seguro Social, que también no tenía condiciones de funcionamiento, y que a pesar de no tener condiciones de funcionamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus responsables aprobaron esta subrogación; que también es causa de la muerte de estos 49 niños.

Habría que determinar la responsabilidad de los funcionarios del IMSS, no quiero dar nombres, para no provocar a mis amigos del lado de derecho, pero saben a quién nos referimos.

Responsabilidad para todas y para todos.

Así es que, les vamos a distribuir un documento que contiene los acuerdos que se construyeron entre los padres de los niños fallecidos y la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

Por eso votamos a favor de la propuesta, misma que tiene que ser rediseñada y que, sin duda, reconoce y recoge la voluntad de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está solicitando el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz.

¿Para qué efecto, Senadora?

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera, si me permite el Senador Barbosa Huerta, hacerle dos preguntas.

Primero, confirmar que apoyo todo lo dicho…

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Lamentablemente, como interpelación ya estaríamos fuera de tiempo, una disculpa por parte de esta Presidencia, en razón de que el orador ha dejado la tribuna. Pero la podemos registrar para hechos.

Esta Presidencia, ha recibido una propuesta de modificación fundamentada en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, suscrita por el Diputado Alfonso Durazo Montaño y el Senador Héctor Larios Córdova, con un único punto de Acuerdo.

Creo que esto también ayuda a constreñir y enfocar más adecuadamente el debate y la discusión que llevamos en este momento.

Por tal motivo, solicito a la Secretaría, dé lectura la propuesta de modificación, para continuar con la discusión correspondiente.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a la propuesta de modificación.

"Unico. La Comisión Permanente exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores a integrar una comisión plural de legisladores con la participación de Diputados y Senadores, para encauzar las demandas de los afectados y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora".

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente; con su permiso.

Hoy hace cuatro años, la ciudad de Hermosillo se vistió a través de la tragedia, que hoy conmemoramos, en primer lugar, de una conmoción general de toda la ciudadanía. Jamás en la vida de Hermosillo había corrido una noticia con tal velocidad y había, la gente de Hermosillo, tomado acción. Y la acción que tomó, en primer lugar, es una acción que demostró una enorme solidaridad, cientos, miles de hermosillenses se trasladaron a pie del Cerrito Aqui Huiqui, a la Guardería ABC, a tratar de sacar a los niños.

También hubo enormes actos de heroísmo. Una de las encargadas, una de las trabajadoras de la guardería, que su propio hijo estaba ahí adentro, se dedicó a sacar en los momentos de la tragedia a varios niños, y lamentablemente su hijo falleció, habiendo salvado la vida de varios.

Una persona que pasaba, al ver que no podían salir más niños por la puerta, con su Pickup tumbó la pared, arriesgando su propia vida, para poder permitir que otros niños salvaran la vida.

Me parece que el enfoque, de los que se han planteado en esta tribuna, que corresponde más, es el centrarse en los seres humanos, en las personas, y creo que es importante hacer varias precisiones.

Lo más trágico, y es una de las enormes enseñanzas de estos siniestros, es el resaltar el valor de la vida humana. Hubo 49 niños que no solamente ese día, sino en el transcurso de los días siguientes, algunos incluso fuera del país, perdieron la vida.

Y digo que es de resaltar el aprecio por la vida, porque habiendo quedado dos niños mutilados vivos, los padres de familia cuyos hijos habían fallecido añoraban la posibilidad de tener a sus hijos vivos aún cuando hubieran sufrido daños, como otros lo sufrieron.

No hubo cientos de lesionados, como aquí se ha dicho, hubo 32 lesionados, desde un niño que perdió su pierna, su brazo y quemaduras en el 60% de su cuerpo, hasta daños en solamente, bueno, es difícil decirlo, en el 10% de su cuerpo, 32 lesionados, y adicionalmente hubo poco más de 50 niños que estuvieron ahí presentes y que no sufrieron daños, y que de alguna manera ellos mismos se denominaron “los niños expuestos”.

Y decía que el enfoque más importante es el centrarse en las personas, hubo una atención personal después de la tragedia con los 49 padres de los niños que fallecieron.

Entre los acuerdos que se hicieron con ellos, es no dar a conocer los diferentes trabajos que se hicieron con ellos, pero me parece que, yo podría atestiguar, me tocó trabajar con todos ellos, de los resultados de ese esfuerzo que se hizo con ellos para un asunto que no tiene solución, no tiene ni siquiera nombre en el lenguaje español la pérdida de un hijo, no creo que exista un dolor más fuerte para un ser humano que perder a un hijo.

A los 32 lesionados no solamente se les ha atendido médicamente en México y en el extranjero, todos ellos tienen una constancia de por vida de atención médica, todos ellos tienen un certificado expedido por el gobierno federal para garantizar la educación de sus hijos, en todos los casos que fue necesario se adecuó su casa para que pudieran, en los casos más graves, por ejemplo, tener aire acondicionado, aislarlos del polvo por la situación difícil que vivían.

En los periódicos de Hermosillo, el día de hoy precisamente, se da cuenta de varios de estos niños que son los que estaban más lesionados y cómo han venido saliendo adelante de esa tragedia.

A mí me parece que lo importante, y siempre lo decía, era atender a los niños que tenían lesiones y que ciertamente su futuro en la vida se podría poner en riesgo, además de muchas otras cosas que se hicieron por ellos y que seguramente son insuficientes.

También había la preocupación de los padres de familia, cuyos niños estaban en la guardería en el momento del siniestro, y que tenían la justa preocupación de que pudieran tener sus hijos lesiones que fueran a aparecer tiempo después, sobre todo por la inhalación de humo. A todos ellos se les ofreció, y la mayoría optaron por acudir a cualquier centro de cualquier país del mundo a hacerse un examen para verificar si tenían lesiones que fueran a afectarles o a aparecer después en su vida, en caso que así lo tuvieran se considerarían como niños lesionados.

Fueron, si mal no recuerdo, 23 padres de familia que optaron por llevar a sus hijos a otro país para hacerse los estudios, un estudio realmente complicado que duraba una semana, y afortunadamente no hubo un solo niño adicional que se pudiera incorporar entre los lesionados.

La Cámara de Diputados aprobó posteriormente una indemnización incluso para los niños expuestos, aquellos que estuvieron en la guardería y que no recibieron afortunadamente daño alguno. Eso es lo más importante, centrarse en las personas, creo que todavía hay mucho esfuerzo por hacer con los 32 niños que resultaron con alguna lesión y sus familias.

Desde luego que la demanda de los familiares de los niños que perdieron la vida es precisamente el tema de la justicia. Al respecto quisiera hacer algunas precisiones:

En primer lugar, decir que la investigación desde prácticamente las primeras semanas, después de algunas declaraciones tanto del gobernador, que entonces estaba, como del Procurador, la PGR decidió atraerla, es una investigación que hoy se reabre en la propia PGR y que ha estado permanentemente situada en la Procuraduría General de la República.

Segundo, sí ha habido sanciones, penales, se detuvo a cinco policías, al jefe de bomberos, algunas personas, lamentablemente a la encargada de guarderías del Seguro Social en la delegación Sonora, que acaba de recuperar su libertad después de dos años de cárcel, faltándole menos de un año para jubilarse. Tenía el cargo de encargada de guarderías y su única función, aunque el nombre del cargo decía: encargada de guarderías, era verificar la calidad de la alimentación que se le daba a los niños.

Esa tragedia la llevó a la cárcel, salió libre bajo fianza, tuvo que vender su casa para pagar la fianza. En diciembre de 2010, y prácticamente sin patrimonio, expulsada laboralmente del Seguro Social, sin posibilidad de jubilación, acaba de recuperar su libertad.

Lo mismo el delegado del Seguro Social que entonces fungía, también está privado de su libertad.

Me parece que es importante hacer esas precisiones, qué bueno que se reabran las investigaciones, qué bueno que los Diputados y los Senadores puedan acompañar éstas.

Finalmente, en el tema que el Diputado ha hecho referencia, de modificaciones de leyes, han sufrido varias leyes modificaciones, como la de protección civil. Hay una ley denominada “5 de Junio”, cuyo reglamento y se expidio el año pasado que se aprobó en ambas Cámaras, que salió de una Senadora de Sonora, la Senadora Emma Larios, y que es una nueva Ley de Guarderías e Instancias que hoy se aplica a todo el país y que está enfocada a atender con prevención el que estas tragedias vuelvan a surgir.

Me parece que se ha estudiado a profundidad, a raíz de esta tragedia, la legislación, creo que en su mayoría ha sido adecuada, quizá habrá que pegarle otra revisada, pero hay una ley que tardó dos años en consenso con los padres de familia, insisto, ellos pidieron que se denominara “Ley 5 de Junio”, y no solamente se aprobó por ambas Cámaras, no solamente está publicada, sino que a principios de 2012 se expidió su reglamento.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, estamos a favor del punto de Acuerdo que se ha consensado y que la Secretaría ha dado lectura, fundamentalmente para darle seguimiento y, sobre todo, como decía al principio, para darle atención a las personas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios Córdova.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Un segundo, por favor.

Primero, esta Presidencia se congratula que se esté llegando a acuerdos sobre el particular, pero solicito respetuosamente a los legisladores presentes acatar las reglas del propio Acuerdo que tenemos de manera interna. Entiendo que lo importante es que prevalezca el Acuerdo y cuenten que esta Presidencia va a ser un facilitador de ello.

Solicita el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. ¿Para qué efecto, Senadora?

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para hacer un comentario por la participación del Senador Héctor Larios.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Estará registrada para hechos, con muchísimo gusto, al final del debate.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

No solamente hace cuatro años, existimos gente que tenemos años luchando por el tema de las guarderías. En el 2007, nosotros previendo muchas situaciones que se podían dar en estancias, guarderías o lo que se le ha nombrado Centros de Atención Infantil, que no tienen los mínimos de seguridad, nosotros empezamos a trabajar.

En el 2007, se levantó la voz sobre el tema de la apertura de estancias que requerían una mayor seguridad.

Luego brotó esto, yo le llamaría el peor holocausto que ha vivido este país. Es un holocausto, en donde la injusticia ha sido lo que ha cambiado. Y después de esto, ¿qué ha pasado?

El máximo órgano constitucional ha declarado al respecto, pero mucho no se ha hecho. Y hoy yo quiero felicitar al gobierno de la República por tener sensibilidad a un tema donde nadie es culpable y donde hoy reinicia una investigación importante al respecto.

Me llama mucho la atención que el único detenido sea una mujer.

Qué raro que sea siempre ese el tema.

Pero lo más importante que yo quisiera también traer a esta tribuna, es sí la justicia, sí no tolerar la impunidad, pero qué sigue después de esto, después del desmantelamiento de las guarderías subrogadas, porque empezaron una gran persecución para los subrogatarios, se cerraron cientos de guarderías de SEDESOL.

Hoy requerimos certeza jurídica, no hay certeza jurídica al respecto.

Sí, sí hay una ley, pero no aglutina el modelo de las guarderías del país. ISSSTE tiene guarderías, PEMEX tiene guarderías, SEDESOL las tiene como las tiene el Seguro Social.

Yo creo que este sacrificio, este holocausto, como le he nombrado, requiere no solamente de alcanzar la justicia que reclama la familia, sino de tener una legislación adecuada que garantice tanto al prestador de servicio social como a los niños y niñas que van a estas guarderías, la seguridad.

No es posible que se haya trasladado anteriormente de la Ley del Seguro Social a la Ley de Adquisiciones. No son objetos los niños y niñas, son seres humanos que requieren la mayor atención.

Debemos de poner por sobre todas las cosas el interés superior de los niños y las niñas de este país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo..

Tengo registradas a dos oradoras para rectificar hechos. Registro también a los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con la aclaración de que a partir de que concedamos la palabra para hechos, no procederán mociones para rectificar hechos, toda vez que no vamos a aceptar moción sobre moción.

Diputado Manuel Añorve, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera hacer una solicitud muy puntual. Después de esta inscripción que con todo derecho están haciendo los Diputados y los Senadores, quisiera pedirle también, de acuerdo al Reglamento, someta usted si está suficientemente discutido el tema.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Con mucho gusto. De hecho no admitiremos mociones, hago la aclaración puntual, porque no admitiremos moción sobre moción.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me lo permite, lo haré desde aquí, seré breve.

Creo que el caso de la Guardería ABC es un tema no acabado, es un tema doloroso, es pedir justicia para nuestros hijos, para los hijos de los padres de quienes los perdieron, perdieron todo porque el dolor permanecerá de manera permanente.

Y no podemos mantener en la impunidad este caso, ya por cuatro años.

El Senador Barbosa Huerta fue muy puntual, apoyo sus palabras, apoyo su denuncia, pero es muy importante porque él dijo que no daría los nombres y si él tiene los nombres, es importante ponerlo en esta tribuna. Yo le pediría al Senador Barbosa Huerta los nombres.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Le voy a conceder el uso de la voz al Senador Barbosa Huerta, para alusiones personales.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

No somos autoridad investigadora, estamos sumando un debate en un órgano del Congreso mexicano, la Comisión Permanente, y estamos llegando a acuerdos importantes.

El exhorto a las Juntas de Coordinación Política para que nos trasladen un modelo a las Cámaras sobre una comisión de la verdad y, desde luego, el exhorto a la PGR para que como se ha dicho ya también por ellos, se reabra la investigación y se determinen responsabilidades.

Y Senadora, usted compartiría conmigo que la construcción de acuerdos hay que cuidarla, hay que irla construyendo y luego por alguna, diría yo, ligereza al decir cosas, pudiéramos obstruir la construcción de los acuerdos.

Por eso me quedo mejor con este acuerdo tan importante al que estamos llegando hoy, a referir algún nombre que pudiera provocar un desorden en esto que estamos por conseguir.

Gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara, para rectificar hechos.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Quiero hacer mención del comentario que hacía el Senador Larios Córdova. Hoy lamentablemente en los medios de comunicación siguen saliendo padres de familia quejándose de la falta de atención. Si de algo carecemos en el sistema de salud en nuestro país, son las zonas de rehabilitación de los hospitales y es muy complejo para los padres de familia tener que hacer la doble función después de esa gran tarea que les dejó esta lamentable pérdida de sus hijos y aquellos que se encargan con los hijos de tener que seguir todavía con esas terapias.

Y cuando decía cientos, es porque no solamente me refiero al hecho de los que perdieron la vida y los que quedaron con vida, mutilados, sino a los demás que conforman las familias de éstos niños.

El Estado jamás se preocupó por darles atención psicológica a los hermanos y a los demás integrantes de esa familia que siguen adelante con ello.

Sé que el gobierno de Sonora, del cual usted formó parte en su momento como Secretario de Gobierno, hicieron un esfuerzo y que hubo la gran intención y que desconozco si el gobernador Guillermo Padrés actualmente lo siga haciendo. Pero me tocó vivir de manera muy cercana con amistades que sus hijos fueron víctimas de esto y sé lo que han tenido que vivir para poder seguir adelante.

No estoy hablando al aire, ni tampoco estoy hablando de las cosas que se manejan en los medios, sino de viva voz y la cercanía con amistades que les toca todavía seguir con este calvario de las cirugías.

Y en torno a todo ello, yo quisiera hacer mención aquí, de la bancarrota moral que existe en todas las autoridades que no han podido dar respuesta a esos padres de familia. Y yo sigo haciendo hincapié en lo mismo, piden justicia solamente, aparte de todo lo derivado que deja el tema.

Pero no veamos solamente lo que ya pasó, veamos el efecto secundario que tiene todo ello. Esos niños que hoy tienen que seguir teniendo cirugías, qué bueno, aplaudo que se les haya dado esa atención y que se les haya permitido tener acceso, pero hoy los hechos siguen marcando cosas distintas, la gente se queja del Seguro Social. Sabe Dios que la gente que está pensionada batalla. Pues éstos con más razón siendo infantes y teniendo que hacer las colas que comúnmente tienen que hacerse en los centros de atención.

Y esta bancarrota lamentablemente ya se ha permeado cada vez más, y por ello es que hago un llamado de que no se tome esto como una plataforma política solamente. Yo creo que el resultado óptimo para toda la gente sería encontrar respuestas a sus preguntas y a lo que han demandado permanentemente, que es justicia por ese hecho y que trabajemos para que no vuelva a pasar.

Todavía podemos visitar escuelas primarias, kínders, guarderías, que enseguida del aula de clase está la cocina y sin ninguna medida de seguridad, tienen tanques de gas, se cocina ahí, no hay un control de los niños para que no puedan accesar a esas áreas, no hay zonas ni existen rutas de evacuación y muchas otras cosas que nos podemos estar aquí diciendo y reiterando continuamente.

Solamente quería hacer esa anotación.

Señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios Córdova, para alusiones personales.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Cuando se planteó este tema, tenía dos sentimientos encontrados.

Primero, lo importante de que se recuerda este evento trágico en la historia del país, en la historia de Sonora, en la historia de su capital; pero lo segundo, y déjeme decirlo con absoluta amplitud, y no es referido a la anterior Senadora que hizo uso de la palabra aquí, es caer en el riesgo, en el peligro de usar una tragedia para usufructuar políticamente, como lamentablemente se ha hecho muchas veces.

Ahora sí, contestando a lo que comentaba la Senadora, déjeme decirle que desde el día siguiente de la tragedia se formó en el Seguro Social, está todavía el gobierno anterior, un Centro de Atención Especial que hasta la fecha funciona, con atención psicológica, médica, no había el procedimiento normal para cualquier paciente del Seguro Social, llegando al Centro de Atención Especial, cualquier padre de familia, ya sea un niño lesionado o sea un niño expuesto, tenía la cita específica con el especialista dentro o fuera del Seguro Social, de Sonora o del país.

Siempre habrá quejas, hicimos un compromiso de confidencialidad sobre muchos de los apoyos, uno de los apoyos fue precisamente la garantía de atención psicológica de por vida, ha sido terrible para los padres de familia, terrible, intentos de suicidio, atenciones psicológicas que se han prestado en Guadalajara, me parece que hay que hablar con absoluta claridad y conozco del tema, porque conozco a todos los padres de familia, con todos traté, conozco su tragedia personal.

Ciertamente hay demandas adicionales, ciertamente los límites de posibilidad de atención del Estado son finitos, pero al hablar de números hay que hablar con nombre y apellido, yo puedo traer aquí, si ustedes quieren, los nombres y apellidos de cada uno de los familiares de los hijos, me parece que lo más importante, por eso decía en mi intervención anterior fijarnos en las personas, qué podemos hacer más por ellos que están ahorita enfrentando la vida con desventaja a raíz de la tragedia, y desde luego con lo que usted empezó, lo comparto al cien por ciento, hay un expediente abierto que no satisface en la búsqueda de la justicia, y refiriéndome a un orador anterior, no es solamente una mujer la que haya estado privada de la libertad, son varios funcionarios, el propio delegado del Seguro Social está privado de la libertad, hay muchas personas que sufrieron o que han sufrido con o sin justicia la acción legal a consecuencia de esta tragedia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el Diputado Agustín Miguel Alonso Raya.

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras y compañeros:

Yo creo que regatear más o menos atención como consecuencia de una tragedia no tiene mucho sentido, podemos reconocer que se haya hecho el esfuerzo que se pudo hacer para atender el resultado de la emergencia en el marco de la tragedia o del holocausto, como dice la Senadora Diva Hadamira.

Aquí el problema es ir al fondo, lo que reclaman los padres de familia es que no quede impune el asunto, que se vaya al fondo del problema, y lamentablemente en el caso, si revisáramos rigurosamente el conjunto de guarderías subrogadas, una gran parte de ellas, perdónenme pero no cumplen con los requisitos que debieran para poder garantizar la seguridad, y menos aún, las que ha creado ahora SEDESOL, o a través de SEDESOL, menos cumplen los requisitos, y no estamos observando y tomando las precauciones y las medidas que debiéramos tomar para evitar una futura tragedia.

Yo creo que requerimos aprender de las lecciones, aprender de las tragedias, aprender de estos asuntos también, ser solidarios con los padres, con los familiares de los niños, pero también aprender para corregir, y si recorriéramos y viéramos cómo se está utilizando el asunto del otorgamiento de permisos para instalar guarderías en municipios en diferentes lugares sin ningún cuidado, sin ninguna precaución de que las casas donde se instalan cumplan con el requisito elemental de protección civil, bueno, no tendríamos la mayoría de esas guarderías en donde están, y creo que es una cosa nuestra, evitar tragedias, evitar que se vuelva a cometer, y es cierto, se detuvieron algunas personas, pero el fondo no se ha desahogado, yo creo que hay que felicitar a las madres y a los padres de familia de los niños por su persistencia, por su terquedad, por su insistencia en que se vaya al fondo del asunto, y hay que reconocerle a la Procuraduría del dobierno la voluntad de hacerlo, cuando menos el día de hoy anunciará el Subprocurador que se reabre la investigación y que se abren nuevas líneas de investigación para tratar de llegar al fondo.

Ojalá y esto permita que se esclarezcan y que se haga realmente justicia, que no se anden deteniendo a chivos expiatorios o a funcionarios con menor responsabilidad, sino que vayamos al fondo del asunto y que se acabe la impunidad, si seguimos permitiendo que se detengan a personas con menor responsabilidad en el caso de Tabasco, en el caso de cualquiera de los que está aconteciendo y en el caso de Sonora, de la Guardería ABC, vamos a seguir permitiendo que la impunidad prevalezca, y creo que lo que tenemos que hacer es que se lleve la investigación como debe ser para acabar, para dar una muestra de que hay voluntad de acabar con la impunidad y hacer justicia a quienes la están reclamando y la están demandando.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Alonso Raya.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, para rectificar hechos.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor Presidente.

Más allá de sumarme de manera solidaria en este tema, que finalmente a todos nos duele y a todos nos altera en nuestra vida, porque no sentir el dolor de esos padres de familia que hoy no tienen a sus niños, pues verdaderamente no es de seres humanos.

A mí me parece, más allá de echar culpas y de justificar lo que se está haciendo después de la tragedia, a mí me parece que lo fundamental es centrar también la atención en un tema que para mí es prioritario, que tiene que ver con la protección civil.

Aquí le comentaba precisamente al compañero que preside esa comisión, que ahora lo que hay que evitar es que esto no vuelva a suceder, a mí me parece que si nosotros como legisladores no garantizamos tener una legislación más dura en materia de protección civil, cuidando los perfiles de los servidores públicos que están en esas áreas, en los gobiernos estatales, en el gobierno federal, en los gobiernos municipales, esto va a seguir sucediendo.

Hace unos años sucedió en una guardería, pero cuantos de nosotros en nuestros estados hemos tenido hechos lamentables, no en guarderías, en centros de reunión masiva de nuestros representados, en discotecas, en cines, en restaurantes, apenas recientemente en la carretera y todo eso pasa, precisamente porque hay una improvisación, una falta de profesionalización, no tenemos servidores públicos certificados en la materia.

Entonces, a mí me parece que la Comisión de Protección Civil va a tener ahora una carga de trabajo muy fuerte en razón de que se tienen que revisar todas las legislaciones que existan en materia, todas, para que ningún establecimiento mercantil, ninguna guardería, ninguna escuela pública o privada, ¿cuántas escuelas privadas tenemos que albergan a cientos de niños que no cuentan con los elementos mínimos para estar abiertas y estar funcionando?, y eso es también responsabilidad de la SEP.

Son muchas las instancias y dependencias que estamos involucradas en esto, y a mí me parece que más allá de estar queriéndonos justificar con lo que se ha hecho después de la tragedia, creo que lo importante es cuál es la responsabilidad del Legislativo para evitar que esas tragedias vuelvan a darse, si no, pues verdaderamente no estaríamos cumpliendo con nuestra función principal.

A mí me parece que debemos de prevenir, y las leyes tienen también que tener sanciones ejemplares, porque efectivamente, lo que piden los padres de familia, y que después de varios años se reabre una investigación, pues es la justicia; si nosotros no somos capaces de garantizar la justicia, obviamente perdemos la confianza de ellos, y me parece que es fundamental más allá de que se reabra la investigación y que ojalá haya sanciones ejemplares, porque no es un servidor público o dos, yo creo que esto trastoca la responsabilidad de áreas jurídicas desde el municipio, desde el gobierno del estado y, en este caso, desde la federación, pero creo que lo importante aquí es precisamente que estas tragedias, compañeros legisladores, no nos rebasen.

Yo no quisiera estar, desafortunadamente como es que cada aniversario de una situación dolorosa como el de 1968, o como también este asunto de la guardería, o al rato otra tragedia en otro estado, todo el tiempo lucrando políticamente con el dolor ajeno, yo creo que debemos pasar a las acciones, a los hechos y buscar que la legislación sea más dura, más rigurosa, más estricta, cuidar los perfiles y tener sanciones ejemplares.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputada Rosas Montero.

Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

- El C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, señor Presidente.

Sabemos que es difícil defender lo indefendible, sin embargo, la intervención del Senador, que ya por cierto está ausente de la sesión, tanto le interesa el tema que ya se fue, pues es lamentable, de verdad, y es lamentable porque no tan sólo regateas si los servicios fueron suficientes o no, sino que inclusive regatea el número de las víctimas, que si fueron 34, que si fueron 104; con 1 que hubiera sería más que suficiente para estar debatiendo como ocurre este tema, porque además es un tema que lastima al país, esa es la verdad.

Obviamente el discurso de usar lo político para abonar así una causa u otra, pues mira, la verdad es que aquí tienen que responder todos ante la justicia, las autoridades que estuvieron involucradas, hemos dicho, la Federación, el estado, el municipio, incluyendo los particulares que hubieran tenido que ver con ello.

Y ante la sociedad ya están marcados de por vida, ya estos apellidos que conocemos, que por cierto, creo que unos están en el Pacto por México, un personaje que representa un partido, ahí está metido salvando a la patria en el pacto contra México, creo que es Horcasitas, entiendo, y lo digo para que ojalá hagan algo al respecto en estas investigaciones, pero la sociedad ya ha juzgado, y aquí queremos justicia, que es lo que justamente estamos hablando, hoy está el anuncio de los que dirigen el país de que van a reabrir la investigación, y en efecto, por eso hace un rato decíamos que nuestra función, nuestra responsabilidad es exigirle cuentas a esta autoridad investigadora, no más, por eso nosotros reiteramos en esta tribuna, por una intervención que había de los compañeros de la izquierda, de seguir analizando esto de la comisión de la verdad en las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras, no vamos a eso, no queremos más muros de la vergüenza ante cosas que atañen a los responsables, y hay que ser claros que celebramos la vehemencia del Diputado Durazo para luchar por este punto de Acuerdo, sentimos que está habiendo, si fue como se dijo, como único punto este contenido central de encausar las demandas de los interesados y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de la Guardería ABC, si éste es el espíritu del punto único, quiero decirles que satisface las intervenciones del PT, de la Senadora Guevara Espinoza y un servidor, lo votaríamos en acuerdos este único punto por lo que ya hemos argumentado en tribuna.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Ladrón de Guevara.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por el Diputado Alfonso Durazo y que ya fue leído el punto único consensado dentro de esta propia Comisión Permanente.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por el Diputado Alfonso Durazo con las modificaciones asentadas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que recibimos de la Primera y Tercera Comisión los 6 dictámenes que fueron aprobados en sus reuniones de ayer y entregados oportunamente en la Mesa Directiva, los dictámenes cuentan ya con la mayoría de firmas que exigen las disposiciones reglamentarias. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen a la agenda de este día para someterlos a su consideración.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los dictámenes entregados recientemente. Quienes estén porque se incorporen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorporen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, informe la Secretaría a la Asamblea los dictámenes que se incorporan a nuestro Orden del Día.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy cuenta de los dictámenes.

De la Primera Comisión, con un punto de Acuerdo que exhorta al INEGI a aplicar un conteo inter-censal para la comunidad afromexicana.





PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de Acuerdo:

Que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, y a tomar medidas que permitan la creación de una zona de amortiguamiento para las instalaciones de Pemex, a fin de garantizar seguridad, salud y protección ambiental a la población cercana, presentada por los Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, los Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas de PEMEX en Reynosa, Tamaulipas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACION DE LA PROPOSICION

Los Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, refieren que el pasado 18 de septiembre de 2012, se registró una explosión de gran magnitud en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, en donde perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas.

Señalan que han pasado ocho meses y no se ha hecho del conocimiento público la existencia de alguna investigación en proceso. Aun y cuando en la sesión del día 29 de abril, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó un punto de Acuerdo, por el que se exhortó a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión, hasta el momento, no se ha recibido respuesta por parte de las autoridades involucradas.

Por lo que proponen lo siguiente:

Unico. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, y se tomen las medidas necesarias para prever una zona de amortiguamiento para las instalaciones de Pemex que realicen actividades de alto riesgo para la población, a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación de los proponentes, en el sentido de que es necesario contar con la información suficiente sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, el 18 de septiembre de 2012, precisamente para prevenir accidentes similares en las instalaciones de Pemex.

El 4 de octubre de 2012[1], Pemex informó que Egidio Torre Cantú, Gobernador de Tamaulipas, y Juan José Suárez Coppel, Director General de Pemex, sostuvieron una reunión en la que revisaron los avances de la investigación en torno a los accidentes que se han registrado en las instalaciones de la Refinería, Francisco I Madero y del Centro Receptor de Gas y Condensados ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se presentaron los resultados de los Análisis Causa Raíz de cada caso. Asimismo, Pemex informó que la empresa ha intensificado el mantenimiento de toda la red que opera en Tamaulipas, para garantizar el correcto funcionamiento de las diversas plantas de su propiedad.

Es importante señalar, que han pasado varios meses del citado accidente, y Pemex no ha remitido información sobre este incidente al Congreso, por lo es necesario emplazar a Pemex para que rinda un informe a esta Comisión Permanente sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Reynosa, Tamaulipas, y más con el ánimo de informar a la población de esa localidad que ya se tiene conocimiento del origen de este incidente, y que se están aplicando las medidas remediales para que no vuelva ocurrir.

Esta Comisión, no pasa inadvertido que las actividades de la industria petrolera son de alto riesgo, por lo que atendiendo el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil, que dispone lo siguiente:

“Artículo 83. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.”

Y de manera concatenada, el artículo 87, que refiere lo siguiente:

“Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.”

De igual manera, el artículo 2, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental considera de utilidad pública el establecimiento de zonas de amortiguamiento:

“Artículo 2o.- Se consideran de utilidad pública:

IV.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas…”

En consecuencia, esta Tercera Comisión hace un llamado para que Pemex, en coordinación con las autoridades competentes, lleve a cabo las medidas para que sus instalaciones queden resguardadas y se implemente una zona de amortiguación, de manera tal, que ante un evento indeseable, tenga los menores efectos negativos contra la población en general.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos para que remita un informe a esta Soberanía sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, y se tomen las medidas necesarias para prever una zona de amortiguamiento para las instalaciones de Petróleos Mexicanos que realicen actividades de alto riesgo para la población, a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos para que remita a esta Soberanía la información disponible respecto a los avances de la investigación de las causas de la explosión de la Torre B2 del Complejo Administrativo de Pemex.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

[1] Boletín de Prensa Regional, Reynosa 093,04 de Octubre de 2012.

http://www.pemex.com/index.cfm?action=news§ionID=118&catID=11388&contentID=27398

Que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que intervenga ante Honda de México, S.A. de C.V. para la inmediata reinstalación de los trabajadores de la empresa, y el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo sobre las faltas graves en materia de seguridad industrial.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

En su argumentación la proponente expresa que del 16 al 18 de abril pasados se realizó una manifestación de la totalidad de los empleados (3,200 personas) en la planta de la empresa japonesa Honda, ubicada en El Salto, Jalisco, por el reclamo del pago de utilidades y faltas graves en materia de seguridad industrial por parte de la empresa, que el 25 de marzo de 2013 llevaron al fallecimiento del trabajador Armando Arana.

Que en el tema de las utilidades, los trabajadores habían estimado recibir 49,000 pesos cada uno por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades en 2011 y 67,000 en 2012. La empresa sólo ofrecía 300 pesos y un bono adicional por 8,500 pesos, lo que desencadenó la inconformidad de los empleados.

Expresa que el 7 de mayo de 2013 la empresa despidió a los cinco integrantes de la comisión negociadora por parte de los trabajadores y el 14 de mayo a otros seis trabajadores, para un total de once. Honda justifica el despido por las pérdidas económicas causadas, pero incumple así un compromiso asumido ante una autoridad laboral.

Asimismo, expone que la empresa japonesa incumplió dos de los tres compromisos y violó los Convenio 87, 135 y 155 de la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto el artículo primero constitucional. Los trabajadores resaltan asimismo su temor de que la empresa siga profundizando estas violaciones, toda vez que están en riesgo de despido otros 50 que estuvieron físicamente presentes durante las negociaciones finales, por lo que subrayan la necesidad de una acción urgente que proteja su puesto laboral.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que intervenga ante Honda de México, S.A. de C.V. para la inmediata reinstalación de los trabajadores de la empresa y la instalación de la mesa de diálogo tripartita sobre las faltas graves en materia de seguridad industrial.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión queremos mencionar que el corporativo Honda, al buscar establecer su séptima plataforma de comercialización de productos fuera de Japón, realizó un estudio de mercado para establecer una planta productiva en México, y después de visitar diversas ciudades en el norte y centro del país y de un análisis cuidadoso tomó la decisión de establecerla en el estado de Jalisco, por su ubicación geográfica, clima, infraestructura adecuada, mano de obra calificada y sus universidades.

Una vez autorizado el establecimiento de la planta en junio de 1984 por el gobierno de México, Honda inició su producción en esa entidad y actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades:

Ensamble y comercialización de automóviles y motocicletas;

Fabricación y comercialización de autopartes y componentes para motocicleta, defensas y cubiertas para podadora de césped; y

Comercialización de refacciones, productos de fuerza y motores fuera de borda.

La empresa se había caracterizado por cumplir a cabalidad con el pleno respeto de los derechos laborales de sus trabajadores, sin embargo, hemos tenido conocimiento que, en relación al conflicto motivo de la proposición, la empresa ofreció a los trabajadores un reparto de utilidades, inferior al que se les había otorgado en años anteriores, incluso habiendo alcanzado una menor productividad, lo que generó el descontento de los trabajadores, quienes iniciaron un paro de labores, en los diferentes turnos.

Por declaraciones hechas a diversos medios de comunicación, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), José Luis Solorio, señaló que “aunque la huelga no fue estallada por la Confederación de Trabajadores de México -único sindicato que reconoce la compañía automotriz-, al menos 1,600 de los 2,800 trabajadores que laboran en la armadora pararon por completo las actividades de la planta en sus tres turnos”.

Los trabajadores en paro denuncian que mientras en el 2012 la armadora japonesa les entregó 67,000 pesos y en 2011 les correspondieron 49,000 a cada trabajador por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa, esta vez recibieron sólo 300 pesos y un bono adicional por 8,500 pesos, lo que desencadenó la inconformidad.

Según, algunas declaraciones de miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México, en términos de producción y ventas, estas fueron mayores que en 2011(con 45,390 sólo en autos CRV), pues en 2012 estas cifras se incrementaron con 65,256 autos (CRV). Lo que significa que la producción aumentó en 69.5% de 2012 respecto a 2011. En consecuencia las utilidades deberían haber aumentado en una proporción similar, al menos en un 60%.

En tal virtud, esta Comisión estima conveniente que para allegarse de mayores elementos de juicio, propone modificar el resolutivo único de la proponente, a fin solicitar información adicional sobre el conflicto laboral, por lo que, respetando integralmente los derechos laborales de los trabajadores de dicha empresa, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información sobre el conflicto laboral de los trabajadores con la empresa Honda de México S.A. de C.V.; y en su caso, intervenir de acuerdo a sus facultades legales para salvaguardar los derechos de las partes involucradas.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se remite al municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo el expediente del punto de Acuerdo que exhorta al alcalde del mismo a reconsiderar las modificaciones realizadas recientemente en el Bando Municipal referentes al emplacamiento de bicicletas.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al alcalde del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a reconsiderar las modificaciones realizadas recientemente en el Bando Municipal, referentes al emplacamiento de bicicletas, con la finalidad de derogar dicha imposición, presentada por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo respecto al emplacamiento de bicicletas en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

La Senadora Beristáin Navarrete expresa que recientemente en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se aprobó un programa de emplacamiento de bicicletas, el cual consiste que para poder hacer uso de una bicicleta en la vía pública, será necesario que cuente con las placas respectivas, y tendrán un costo de $102.00 (ciento dos pesos) su expedición.

Agrega, que uno de los principales argumentos para imponer el emplacamiento de bicicletas es para inhibir el robo de bicicletas, pero este pago resulta no viable, ya que las personas no pueden pagar esta cantidad, teniendo en cuenta que el salario mínimo es de $61.38 (sesenta y un pesos con treinta y ocho centavos), y que esta medida lejos de disminuir los robos y garantizar el derecho a la seguridad, perjudicará a la población, esto sin mencionar las sanciones que pueden llegar a contraer por el incumplimiento de esta disposición.

Por lo que proponen lo siguiente:

PRIMERO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, a que reconsidere las modificaciones realizadas recientemente en el Bando Municipal referentes al emplacamiento de bicicletas, con la finalidad de derogar dicha imposición.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo del municipio de Solidaridad a que nulifique los actos administrativos y devuelvan las bicicletas, toda vez que el Bando Municipal aún no se ha publicado.

TERCERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo del municipio de Solidaridad a que instruya a las autoridades correspondientes para que den conocimiento al Órgano Interno de Control de los posibles actos ilegales cometidos por servidores públicos involucrados.

CUARTO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo del municipio de Solidaridad a que rinda un informe del estado que guarda el decomiso de las bicicletas de los ciudadanos en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo con la finalidad de poder brindar certeza jurídica al gobernado.

QUINTO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, a que instruya a las autoridades competentes a que garantice la capacitación permanente y la consecuente evaluación de su personal para garantizar los derechos humanos de los ciclistas en el territorio del municipio.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que si bien es cierto, que el emplacamiento permite conocer o tener referencias respecto de los usuarios de las bicicletas, también complica el uso de las mismas, al obligar al usuario a realizar una serie de trámites que retiran practicidad a la utilización de dicho transporte.

Un claro ejemplo del impulso a esta actividad, como método de transporte cotidiano, es el caso del Distrito Federal, donde independientemente del programa de Ecobici, la ciudadanía ha optado por un servicio de movilidad no motorizada. En el año 2012, se realizaron poco más de 4 millones 700 mil viajes, en la ciudad de México, con el citado programa. En el ámbito internacional, encontramos que en diversos países europeos se alienta el uso de la bicicleta como medio de transporte. Asimismo, recientemente encontramos que en la ciudad de Nueva York se inició un programa similar al existente en la Ciudad de México.

Por otra parte, además de las ventajas que para el medio ambiente implica el uso de la bicicleta, esta Comisión recomienda que antes de someter a la bicicleta a un programa de emplacamiento, el Municipio de Solidaridad debería antes hacer un análisis del impacto regulatorio de este trámite, que mida precisamente el costo – beneficio para la sociedad y la administración municipal, ya que pudiera devenir en una serie de eventos indeseables como casos de corrupción en su expedición o cuando no se cuenten con las mismas.

Finalmente, esta Tercera Comisión sugiere reformular el resolutivo, a efecto de remitir para conocimiento del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, la proposición con punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen, en estricto respeto a la autonomía de sus habitantes y del citado Municipio, para que ellos determinen las medidas convenientes sobre este programa de emplacamiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, remite el presente dictamen y el expediente respectivo al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que en atribución de sus facultades resuelva lo conducente.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”

Por el que se remite al Congreso del Estado de Morelos el expediente del punto de Acuerdo que exhorta a dejar sin efectos el programa paquete para circular vehicular seguro.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Morelos a dejar sin efectos el Paquete Vehicular para “Circular Seguro” (reemplacamiento), e implementar un nuevo mecanismo para este esquema no afecte la economía de los morelenses, presentada por el Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del grupo parlamentario del PRD.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, el Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas del grupo parlamentario del PRD; presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo relativa al Paquete Vehicular para “Circular Seguro” (reemplacamiento).

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El Diputado Martínez Rojas señala que el pasado 25 de marzo de 2013, el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, presentó el Paquete Vehicular para “Circular Seguro” (reemplacamiento), engomado. Asimismo, se anunció que este paquete no registrará ningún incremento en relación con el año anterior y “la medida es por seguridad”.

El proponente argumenta que actualmente en Morelos existen cerca de 385 mil vehículos de uso particular, así como 25 mil de transporte público, lo que representa una recaudación de $264,495,000 para el primer caso y $17,175,000 para el segundo, y según el Secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, se espera recaudar un monto aproximado de 300 millones de pesos por esta medida implementada por la actual administración, que da continuidad a la política recaudatoria del anterior gobierno panista, de implementar un reemplacamiento cada tres años. La cuota que asciende a $687.00 pesos, y misma que, según el Gobierno estatal, se destina a programas de seguridad y sus insumos, tales como la instalación de cámaras de video-vigilancia.

Por todas estas consideraciones, el proponente hace un atento llamado al Congreso del Estado, siendo la instancia que puede decidir si se paga dicho impuesto, y al gobierno local para que fundamente y motive este programa vehicular, ya que de no hacerlo llamará a la ciudadanía a que se siga amparando en contra del mismo o, en todo caso, que quede sin efectos esta medida arbitraria e ilegal para no seguir golpeando la economía de los morelenses.

Por lo que proponen lo siguiente:

UNICO.-La Comisión Permanente exhorta al Congreso del Estado de Morelos para que en atribución de sus facultades, deje sin efectos el programa paquete vehicular para “circular seguro” (reemplacamiento), implementado por el Ejecutivo estatal, en virtud de ser una medida contraveniente a la legislación vigente en el Estado, y proponga un nuevo mecanismo para este esquema que no afecte, tan severamente, la economía de los ciudadanos morelenses.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

El 25 de marzo de 2013, como parte de la estrategia de seguridad y con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu presentó el Paquete Vehicular para “Circular Seguro”, que incluye placas, engomado y tarjeta de circulación, con código de seguridad de barras bidimensional para beneficio y protección de los usuarios.

Asimismo se anunció que el costo de este servicio no registra ningún incremento en relación al costo del año anterior y que este programa no es una estrategia recaudatoria, sino una de seguridad y también de legalidad. De igual manera, se detalló que uno de los requisitos para la adquisición de este paquete es presentar de forma obligatoria la póliza de un seguro por daño a terceros, misma que permite al automovilista garantizar el pago, o en otro caso, el cobro de daños provocados.

Es del conocimiento de los integrantes de la Tercera Comisión las diversas quejas que los habitantes del Estado de Morelos han realizado en cuanto al descontento hacia el Paquete Vehicular “Circular Seguro”, asegurando que es un gasto inútil que el gobierno del estado los obliga a pagar. Del mismo modo, tenemos conocimiento que se ha promovido el amparo colectivo contra el reemplacamiento y pago de un seguro por parte la organización “Morelos Somos Todos”, mismo que ha logrado integrar a 25 propietarios de vehículos que buscan el amparo por cauces independientes apoyados por medios de comunicación.

Es importante señalar, que este movimiento ciudadano no se inconformó por el costo del seguro y el reemplacamiento, sino por la medida, que a su parecer es de carácter impositivo y su aplicación se llevó a cabo sin la realización de ninguna consulta ciudadana.

De igual manera, la ciudadanía se ha cuestionado acerca de la anticonstitucionalidad del reemplacamiento, en sentido literal esta Comisión opina en este sentido se trata de una matrícula que no tiene otra razón de ser más que identificar el vehículo que la porta.

Finalmente, esta Tercera Comisión sugiere reformular el resolutivo, a efecto de remitir para conocimiento del Congreso del Estado de Morelos la proposición con punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen, en estricto respeto a la autonomía de sus habitantes y del citado Estado para que ellos determinen las medidas convenientes sobre este programa vehicular.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, remite el presente dictamen y el expediente respectivo al Congreso del Estado de Morelos, para que en atribución de sus facultades resuelva lo conducente.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por el que se remite al gobierno del estado de Chiapas el expediente del punto de Acuerdo que exhorta a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores de la Educación en esa entidad federativa.





TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa, suscrita por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al patronato del seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II.OBJETO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Exhortar al Gobierno del Estado de Chiapas a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa.

III.CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina tiene que ver con el Patronato del Seguro del Maestro al Servicio del Gobierno del Estado; mismo que, hoy se conoce como Patronato del Seguro de Vida y Retiro o Patronato del Seguro Mutualista, creado mediante Decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, el 26 de octubre de 1964.

El mecanismo financiero con el que funcionaba el Patronato era a través de un descuento mensual de noventa pesos sobre el salario de cada profesor, como aportación a la mutualidad del patronato, sea o no agremiado a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El Patronato se regía por un reglamento que establece que al fallecer u obtener una jubilación un maestro o sus beneficiarios, obtendrán la totalidad del ahorro generado por sus aportaciones, que tras 25 ó 30 años de servicio, son significativos para los trabajadores.

El proponente manifiesta que el Patronato no ha estado exento de problemas relacionados con la corrupción. En el año 2000, lo maestros descubrieron la defraudación de los ahorros generados, al no ser entregados en los términos del Reglamento del Patronato; para 2001, la suma que se reportaba como ahorrada era igual a cero, circunstancia que los administradores del patronato justificaron con la supuesta destrucción de la documentación administrativa por el huracán Larry, además de que las bases de datos en informática habrían sido devastadas por un virus computacional, lo que hacía imposible la comprobación respectiva.

En 2003, la tesorera saliente informó del pago de 56 millones de pesos, pero en 2004 la revisión contable del patronato reportó un faltante de 50 millones 627 mil 662 pesos durante las administraciones de 1998 a 2004, por lo que 17 socios del Patronato presentaron denuncia ante el Ministerio Público el 9 de julio de 2004, que recayó en el expediente de la averiguación previa 669/CAJ4-B/2004.

Además, el peritaje contable de la Fiscalía General del Estado reportó un faltante a favor de los socios mutualistas del Patronato por concepto de pagos generados en materia de pensiones y jubilaciones así como de cuotas no informadas por la cantidad total de $51'497,920.10 pesos.En consecuencia, el 11 de julio 2006, la Fiscalía General ordenó el aseguramiento del fideicomiso número 020697-0 de Banco Santander–Serfín, pero al momento no se ha ejercido la acción penal contra los responsables.

Por ello, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la LXII Legislatura exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, por vía de su Fiscalía General, para que se agilicen las indagatorias relacionadas con la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004 y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente, con el objeto de resolver con justicia y en forma pronta y expedita el ilícito que en la querella respectiva se acusa y hacer posible la reparación del daño ocasionado a los maestros beneficiarios del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de esa entidad federativa.”

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Comisión compartimos la preocupación de losmaestros de la sección 40 del SNTE, por el faltante de cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos con diez centavos del Patronato del Seguro de Vida y Retiro, por concepto de pagos generados en materia de pensiones y jubilaciones así como de cuotas no informadas, determinado por el peritaje de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004.

Asimismo, consideramos pertinente destacar que de acuerdo con la proposición, los profesores agremiados a la Sección 40 del SNTE, en activo y jubilados afectados por el presunto fraude, suman más 18 mil, y que de estos, dos mil se han unido a la querella en averiguación.

Cabe señalar que el 28 de marzo de 2007, los diputados federales integrantes de la LX Legislatura, aprobaron un exhorto a la Fiscalía General de Chiapas para agilizar las diligencias y conclusiones en la investigación integrada en la citada averiguación previa por el desvío de recursos del seguro de vida del Patronato, en los siguientes términos:

Unico. Con pleno respeto de la soberanía del estado de Chiapas, se exhorta a la Fiscalía General de la entidad para que agilice sus diligencias y conclusiones en la investigación integrada en la averiguación previa número 669/004-6/2004 y ejerza la acción penal correspondiente, con objeto de hacer posible la reparación del daño ocasionado por el desvío de recursos del seguro de vida, seguro jubilatorio y seguro de pensión vitalicia de los maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación”.

Al respecto, se tiene conocimiento que la Fiscalía General no emitió respuesta sobre sus diligencias y conclusiones de la investigación debido a que se encontraba en reestructuración por parte del gobierno estatal y el Congreso local.Asimismo, se sabe que el Congreso del Estado de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria del 27 de septiembre de 2007, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, misma que reforma la denominación del Título Quinto Bis “El Ministerio de Justicia y de la Comisión de los Derechos Humanos”, yreforma el párrafo sexto del artículo 47 que establece el Ministerio de Justicia del Estado, como órgano persecutor del delito y garante de la legalidad en la entidad, y se crean diversas fiscalías especializadas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de octubre de 2007.

Por otra parte, el citado Congreso aprobó en sesión extraordinaria del 28 de septiembre de 2007, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas que desaparece la Fiscalía General del Estado. El artículo segundo transitorio de dicha ley señala: “Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se extingue la Fiscalía General del Estado. A partir del primero de enero del año dos mil ocho, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas”.

Con ello, determinó en el artículo tercero transitorio que “Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de remoción, iniciados con antelación a la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltos de conformidad con las normas vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto”, así como que los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía General del Estado, pasaran a formar parte del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, esta dependencia fue objeto de modificaciones por el Legislativo localel 30 de diciembre de 2008, mediante la reforma a la Constitución Política del Estado, con la que se realizó el cambio en la denominación de Ministerio de Justicia del Estado y de Ministro de Justicia, por el de la de Procuraduría General de Justicia del Estado y Procurador General de Justicia, respectivamente.

Por otro lado, y una vez de haber planteado el proceso de reestructuración al que fue sometido el órgano administrativo de procuración de justicia en aquél Estado, por el cual, le fue materialmente complicado emitir respuesta al exhorto del año 2007; es necesario discernir y precisar los alcances legales que le implican a esta dictaminadora exhortar “al Gobierno del Estado de Chiapas, por vía de su Fiscalía General, para que se agilicen las indagatorias relacionadas con la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004 y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente, con el objeto de resolver con justicia y en forma pronta y expedita el ilícito que en la querella respectiva se acusa y hacer posible la reparación del daño ocasionado a los maestros beneficiarios del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de esa entidad federativa”, al tenor de las siguientes consideraciones:

Primero.- Esta dictaminadora estima improcedente la presente Proposición con Punto de Acuerdo en los términos expuestos por el proponente, toda vez de que no existe competencia por parte de ésta Soberanía para emitir un exhorto a un Gobierno de una Entidad Federativa en materia de índole penal, máxime cuando este pudiese contravenir preceptos legales y cualidades que le asisten a la figura jurídica de la averiguación previa dentro de un procedimiento penal.

Segundo.- Que en cumplimiento al principio de legalidad, debido proceso y tratándose a la confidencialidad y secrecía que debe guardar en términos generales la averiguación previa constituida para efectos del procedimiento penal, ésta dictaminadora ratifica su disposición de dar cabal observancia a lo dispuesto en los diversos marcos jurídicos en materia del procedimiento penal, de conformidad con el ámbito de competencia, independientemente del asunto particular de que se trate. Lo anterior cobra sustento a partir de que es de explorado derecho que tratándose de un asunto que recae directamente en la responsabilidad de conocer y resolver a un orden de gobierno distinto al federal, y de acuerdo a la etapa en que se encuentra la investigación penal del asunto que nos ocupa; y atendiendo al principio de respeto a la autonomía de los gobiernos estatales, esta Comisión considera que es menester del orden de gobierno local, en específico, de las autoridades competentes del Estado de Chiapas, de acuerdo a su legislación interna, iniciar, substanciar y resolver sobre la comisión del delito (presuntamente fraude) al que alude la Proposición con Punto de Acuerdo, así como a determinar respecto de los sujetos responsables del mismo.

Tercero.- Que en virtud de los últimos razonamientos fijados por el Máximo Tribunal Constitucional del país como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al tema de la confidencialidad o reserva que debe mantener la averiguación previa, es conveniente que esta Comisión dictaminadora destaque el criterio prevaleciente de ese Tribunal, en relación al tema que nos ocupa, en el sentido de que “la estricta reserva tratándose de una averiguación previa, es una medida que pretende salvaguardar el sigilo en las investigaciones, la garantía del debido proceso penal y los derechos de las partes involucradas, por lo que persigue un fin legítimo.”

Además de que ha quedado asentado en la resolución dictada por el Pleno sobre el expediente 26/2009, sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la que solicitó la invalidez del numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que “el legislador ordinario estableció que tratándose de averiguaciones previas, sí hay afectación al interés público; en esa tesitura, el ejercicio de la facultad constitucional del Ministerio Público de la persecución de los delitos, es un aspecto de dicho interés y en todos los casos, porque el ejercicio de esa facultad no depende de la trascendencia o el monto, o las personas que están involucradas en una averiguación. Por ende, lo que se protege es el ejercicio en abstracto de la persecución de delitos, que tiene asignado el Ministerio Público.”

“Por lo que queda establecido el sigilo en las averiguaciones previas, y como excepción, los casos en que se está en presencia de un delito de lesa humanidad o cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue una violación grave de derechos humanos o porque haya transcurrido el plazo durante el cual cesa la reserva de estas averiguaciones…”

Por lo tanto, y con base en los párrafos anteriormente expuestos, esta dictaminadora considera inviable solicitar al Gobierno de Chiapas que agilice las indagatorias relacionadas con la aludida averiguación previa, en virtud de que esta Soberanía se encuentra imposibilitada de intervenir sobre el curso de una investigación ministerial vigente, a la cual, solo la autoridad responsable de procuración de justicia debe ceñirse a lo que le mandata la normativa penal sustantiva y/o adjetiva, aplicable. Además de que solicitar, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente por parte de ésta Soberanía, implicaría prejuzgar sobre presuntos hechos delictivos que deben ser acreditados mediante una causa penal de competencia jurisdiccional, y no legislativa, más aun, cuando se desconoce a ciencia cierta, sobre el resultado de las diligencias realizadas por parte de la autoridad atribuida, y que son necesarias para comprobar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad para que, según sea el caso, se opte por el ejercicio o abstención de la acción penal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Tercera Comisión consideramos que esta proposición con punto de Acuerdo debe de ser reencauzada, para efectos de conocimiento, a la autoridad correspondiente del Estado de Chiapas. En tanto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes y órdenes de gobierno, determina remitir el presente dictamen y el expediente respectivo al Gobierno del Estado de Chiapas, para que en atribución de sus facultades, resuelva lo conducente.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son todos, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria.

A los anteriores dictámenes se agrega el de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a formular un plan de emergencia por el que se apoya a los productores cañeros, inicialmente reservado para discutirse.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el acuerdo que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía a elaborar un plan de emergencia que de manera inmediata apoye económicamente a los productores cañeros del país y así evitar la quiebra en esta rama de producción.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador José Francisco Yunes Zorrilla del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente expresa en su argumentación que en México, la caña de azúcar se cultiva en más de 850 mil hectáreas, que las podemos ubicar en al menos el territorio de 227 municipios de 15 Entidades Federativas; se cosechan 60 millones de toneladas de caña, que es producida por más de 170 mil productores y la que se industrializa en 55 Ingenios Azucareros que operan en la República Mexicana. En términos de influencia socioeconómica, de la actividad se generan 450 mil empleos directos y se estima que también se derivan poco más de 2 millones de empleos indirectos. De la caña de azúcar se obtienen, azúcar, melaza, alcohol y bagazo, son fuente de energía alimenticia, carburante y térmica. La actual zafra 2012/2013, representa cifras productivas record, pues habrán de obtenerse más de 6.68 millones de toneladas de azúcar. Sin embargo por Ley a los productores cañeros, los ingenios sólo les pagan un porcentaje de la azúcar obtenida.

Expone que contrario a diversas opiniones, el campo cañero y los ingenios azucareros mexicanos tienen capacidad, vocación y cultura productiva para lograr eficientes resultados operativos en el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar. A pesar del prevaleciente minifundismo, la unidad productiva promedio es de 4-00 hectáreas y el 60% de la superficie cultivada con caña es de temporal, en México se esta logrando orientar importantes avances en los renglones de incorporación al riego tecnificado, la investigación y desarrollo de variedades de caña y controles de plagas y enfermedades, la constitución de fondos de garantía y el acceso al financiamiento, la tecnificación de prácticas agrícolas y de cosecha, entre otros.

Asimismo, conforme a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y los acuerdos aprobados por la Junta Directiva del CONADESUCA, el precio de la caña de azúcar está directamente vinculado al mercado y a la calidad de la caña, determinada en término de Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE).

Indica que contrario a diversas opiniones, el campo cañero y los ingenios azucareros mexicanos tienen capacidad, vocación y cultura productiva para lograr eficientes resultados operativos en el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar. En los últimos años, la superficie cultivada ha crecido en casi 100 mil hectáreas, la Zafra 2012/2013, estima cosechar 800 mil has de las 850,000 cultivadas. Con la producción se atenderá el consumo doméstico de 4.2 millones y exportar el excedente de 2.4 millones de toneladas del dulce. Entre los países productores, México ocupa el 6º lugar, aportando poco más del 3.3% de la producción y participa con el 2.6% de las exportaciones mundiales de azúcar.

Señala que las proyecciones hacia el ciclo siguiente 2013-2014, hacen suponer niveles de producción y consumo similares a los de la zafra actual, quizá un poco atenuados por el factor climático que ya se deja sentir en el país y considerando que la baja de ingresos pueda influir en la reducción de la productividad de campo, se infiere una situación aún más grave que la actual.  Los precios por tonelada del azúcar nacional en el nivel de 6 mil pesos y las exportaciones sobre los 5 mil, darían como resultados precios del KARBE en los 3.30 pesos, una caída de 14 a 20%, en este escenario el total de la producción nacional de caña estará en franca perdida. El precio de la caña por tonelada no será mayor a los 400 pesos y significará la quiebra económica del cultivo de caña.

Por tal motivo el proponente asegura que de no atenderse de manera oportuno el asunto como consecuencia del precio del Kg de azúcar en el mercado durante la zafra 2012/13, el colapso económico social es inminente, con la consecuente problemática económico-social que se generará en la regiones donde se cultiva la caña al no darse una derrama económica de alrededor de 13,000 millones de pesos.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  y de la Secretaría de Economía para que se elabore un plan de emergencia  que de manera inmediata apoye económicamente a los productores  cañeros  del país y así evitar la quiebra en esta rama de producción.  

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a que en la elaboración y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, la SAGARPA haga las previsiones presupuestales pertinentes y necesarias para resolver la problemática del sector cañero.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar queen México la industria azucarera es históricamente una de las más importantes, debido a su relevancia económica y social en el campo; ya que genera más de dos millones de empleos, tanto en forma directa como indirecta; se desarrolla en 15 entidades federativas y 227 municipios, generan un valor de producción primaria de alrededor de 30 mil millones de pesos.

Consideramos oportuno señalar que, de acuerdo a información del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el pronóstico nacional de producción del endulzante en la zafra 2012/13 es de 5.6 millones de toneladas. Lo anterior indica un incremento de 12.3% a tasa anual respecto de la zafra previa. Dicho crecimiento obedece a un aumento de 2.3% de la superficie de caña, 5.5% en el rendimiento, y de 7.8% en la caña industrializable (toneladas de caña molida).

Sin embargo, esta prospectiva es únicamente estadística ya que coincidimos con el promovente, en el sentido de que existen diversas problemáticas en el sector, tales como:

• Deficiencias en infraestructura, maquinaria y equipo (en la producción y cosecha);

• Deficiente organización de la cosecha;

• Crédito insuficiente;

• Variedades de caña en estado degenerativo, con alto desbalance en campo: plantillas, socas y resocas;

• Insuficiente fertilización

• Bajo nivel de investigación científica y tecnológica en el campo;

• Bajo nivel de capacitación;

• El 60% se cultiva en zonas de temporal y las zonas de riego son en su mayoría de gravedad;

• Entre otras no menos importantes.

En este sentido, estamos convencidos en la necesidad de continuar con el impulso al financiamiento de los productores de caña mediante esquemas de garantías líquidas, fideicomisos estatales, intermediarios financieros rurales, consolidación y desarrollo de entidades dispersoras de crédito y esquemas de seguro y reaseguro agrícola, todo ello, con el fin de fortalecer las líneas de crédito de avío, reparación de la maquinaria agrícola, créditos refaccionarios para el rejuvenecimiento del campo cañero en aras de contribuir a obtener una creciente diversificación del uso y productividad en el campo respecto a este sector tan importante para la economía nacional.

Por su parte, cabe destacar en este Dictamen, que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, establece dentro de sus disposiciones, elcarácter básico y estratégico para la economía nacional respecto a la materia y los alcances de la misma, en virtud de señalar que el objeto de la presente ley, es normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Asimismo, dispone en su artículo 4° tratándose de las líneas de política para la agroindustria de la caña de azúcar, que éstas deberán ser consideradas y previstas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar con carácter especial, contemplando los objetivos, las metas, las estrategias y las líneas de acción propuestas en los programas sectoriales agropecuario, industrial y comercial. Sin dejar de mencionar que la misma Ley en comento, en su artículo 6, prevé que son sujetos del mismo ordenamiento legal, los Abastecedores de Caña, los Industriales procesadores de la caña de azúcar y las Organizaciones que los representan.

Finalmente, uno de los fundamentos legales por el que esta Dictaminadora resuelve en sentido positivo la Proposición con Punto de Acuerdo, es el concerniente al “TITULO SEGUNDO. DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ORGANOS EN MATERIA DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR. CAPITULO I. De la Secretaría”, artículo 7 de la Ley antes citada, que “la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos Federal, Estatales y del Distrito Federal, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones realizará lo siguiente:”

“I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de aplicarse en la materia, a fin de imprimir rentabilidad, productividad y competitividad a las actividades que regula esta Ley, que la hagan sustentable;

II. Establecer programas para el fomento y el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar e impulsar esquemas que propicien la inversión en el campo cañero y en la industria azucarera;

III. Gestionar los recursos que demande la ejecución de los programas que formule para promover el mejoramiento de la agroindustria de la caña de azúcar;

IV. Formular en coordinación con el Comité Nacional, los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la agroindustria de la caña de azúcar, así como las Reglas de Operación de los mismos;

V. Participar en coordinación con las autoridades correspondientes, en la tramitación y/o prestación de todos los servicios asociados a la agroindustria de la caña de azúcar;

VI. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía, las medidas para procurar el abasto nacional suficiente del azúcar de caña previendo la reserva estratégica que permita el establecimiento de niveles de inventarios adecuados;

VII. Proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos en la materia, en términos del Artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica;

VIII. Promover y encauzar el crédito en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo y estimulación de la producción del campo cañero, la operación de los Ingenios y el financiamiento de los inventarios de azúcar;

IX. Fomentar en coordinación con las Secretarías de Economía y de Energía la exportación de productos, coproductos, subproductos y derivados de la caña de azúcar;

X. Proponer a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía cuando así se requiera, los niveles de cuota y arancel para la importación de azúcar y sus sustitutos;

XI. Participar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las acciones de preservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad en el campo cañero en las Zonas de Abastecimiento y de los Ingenios, impulsando la ejecución de programas de recuperación ecológica;

XII. Fomentar el consumo nacional del azúcar y de los productos, coproductos, subproductos y derivados de la caña de azúcar;

XIII. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía un sistema integral de información de mercados y otros servicios que consoliden el mercado doméstico y la exportación de productos, coproductos, subproductos y derivados de la caña de azúcar;

XIV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en la agroindustria de la caña de azúcar y sus actividades complementarias, para lo cual, en coordinación con las dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, fomentará el establecimiento de empresas de los sectores social y privado cuyo objeto social sea el aprovechamiento de la caña de azúcar, la industrialización y comercialización de los productos, coproductos, subproductos y derivados de la misma propiciando la competitividad y en su caso, la reconversión productiva;

XV. Elaborar y promover programas de productividad de las Zonas de Abastecimiento donde se incorporen los programas de infraestructura hidroagrícola y de caminos rurales;

XVI. Instrumentar el sistema de registro de las Organizaciones locales y nacionales de Abastecedores de Caña, así como de los Ingenios, dentro del Servicio Nacional del Registro Agropecuario;

XVII. Promover la conciliación y el arbitraje de las controversias de la agroindustria de la caña de azúcar en los términos del Sistema Nacional de Arbitraje que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y esta Ley, y

XVIII. Las demás que esta Ley y su Reglamento establezcan.”

Por lo que resulta de la mayor importancia el que se agilice la creación y adopción de planes  y medidas necesarias que puedan atender las diversas problemáticas que han ido en aumento y que afecta a las 2.2 millones de personas que dependen del sector de la caña de azúcar dentro de lo que implica su compleja cadena productiva.

En este sentido, la Comisión dictaminadora reitera su interés y preocupación en el tema, ya que ha sido conocida por la opinión pública, la situación que afecta a los productores del sector cañero principalmente en los estados del país que representan la mayor producción de este cultivo, como lo son: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Michoacán y Colima.

En consecuencia, al considerar que este sector constituye la agroindustria más antigua del país y que le atañe geográficamente a un gran número de entidades federativas, consideramos de la mayor importancia el atender de manera inmediata la problemática de crisis que enfrentan los productores de caña de azúcar en todo el país, ello debido al incremento de la importación de azúcar refinada o jarabes de alta fructosa o de miel; por lo que, al coincidir con el promovente, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y a la Secretaría de Economía, a que dentro de sus atribuciones y competencias legales, consideren formular e implementar un plan de emergencia por el que se apoye a los productores cañeros del país, y así evitar la quiebra de esta rama productiva y estratégica del país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a que en la elaboración y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, la SAGARPA haga las previsiones presupuestales pertinentes y necesarias para resolver la problemática del sector cañero.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013.

TERCERA COMISION”.

Por no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los 7 dictámenes.

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los 7 dictámenes referidos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CAMARA DE SENADORES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de junio de 2013.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está a discusión el Proyecto de Presupuesto. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Proyecto de Presupuesto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2013. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores en el mes de abril de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que los dictámenes que fueron reservados se podrán a consideración en la próxima sesión.

Las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy serán turnadas a las comisiones que fueron previamente acordadas por Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta del Senado de hoy.






PROPUESTAS

Del C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo relativo a la recalendarización del proceso de transición a la televisión digital terrestre, a fin de que se lleve a cabo el 31 de diciembre de 2015, independientemente de los procesos electorales del país. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RECALENDARIZACION DEL PROCESO DE TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL PAIS

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Diputado HEctor Humberto GutiErrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a nombre de la Junta Directiva de la Comisión y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, las telecomunicaciones son medulares para el desarrollo económico y social de las naciones, así lo ven organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el Económico (OCDE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

México no es la excepción, por ejemplo, de acuerdo con el censo de 2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 92.6 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisor, y 79.5 por ciento, con radio, lo cual da cuenta del alcance de los medios tradicionales en nuestro país.

De tal forma, resulta de la mayor relevancia el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), en el que se encuentra inmerso el país en estos momentos.

Estamos ciertos que la Televisión Digital Terrestre (TDT) debe ser considerada como una arista de un plan integral de desarrollo y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la población mexicana.

De igual forma, sabemos que la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) resulta importante para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, ya que con esta acción se estará liberando el espectro de los 700MHz, lo cual implica que habrá mayor espacio para ofrecer más y mejores servicios de Banda Ancha.

Hasta hoy, en el espacio que ocupa un canal de televisiónanalógica, pueden caber dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidadde imagen, o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición.

En este tenor, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) determinó recientemente que el uso ideal de la banda de 700 MHz, por sus características técnicas, deberá ser para servicios móviles de última generación; es decir: servicios móviles de banda ancha, conocidos como servicios IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales, por sus siglas en inglés).

A continuación, se enlistan de manera resumida los beneficios de la Televisión Digital Terrestre y del espectro de los 700 MHz.

Televisión Digital

• Imagen y sonido en Alta Definición.

• Mayor oferta de canales abiertos

• Mayor interacción de los televidentes. (guía de programación, subtítulos y audio en diferentes idiomas)

Espectro de 700MHz

• Más y mejoresservicios de telecomunicaciones de Banda Ancha

• Servicios de internet y telefonía móvil

• Estabilidad en las comunicaciones móviles

Lo anterior refleja la importancia de llevar a cabo la Transición a la Televisión Digital Terrestre, ya que así se estarían conformando sinergias para que más mexicanos tengan acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, lo cual conforma a unasociedad más informada y conectada.

Es importante mencionar que en otros países ya se ha consumado la transición a la Televisión Digital y, en otros tantos, se está llevando a cabo.

Luxemburgo fue el primer país del mundo en realizar la transición completa a la emisión digital (1 de septiembre de 2006), seguido por Holanda (1 de diciembre de 2006) y Finlandia (1 de septiembre de 2007).

La lista de Países donde se ha consumado la transición a la Televisión Digital Terrestre continúa con: Andorra, Suecia, Suiza, Bélgica, Alemania, Isla de Man, Dinamarca, Noruega, España,Letonia, Estonia,Croacia, Guernsey y Jersey, Eslovenia, Oriente Medio, Armenia, Georgia, Israel, Austria, Francia, Japón, Portugal, Kenia, República Checa, Italia, Reino Unido, Irlanda, Lituania, Corea del Sur y Eslovaquia.

De acuerdo al “Documento de referencia a la Consulta Pública para la licitación de frecuencias para televisión abierta” realizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el proceso de transición de la televisión analógica a la digital en la mayoría de los países europeos, ha tenido un impacto importante en la oferta de canalestanto públicos como privados o comerciales.

Por ejemplo, antes del proceso de transición, el número de canales privados de televisión abierta con cobertura nacional en España, Reino Unido y Francia era de 4, 2 y 2, respectivamente, mientras que los canales públicos también con cobertura nacional eran 2, 3 y 4, respectivamente.

En España se pasó de una oferta de 6 señales a 29; en el Reino Unido de 5 a 43; y en Francia de 6 a 23. Aunque varios operadorestransmiten más de una señal, la digitalización también llevó a un aumento en las entidades prestadoras: en España entró un operador más, pasando de 5 a 6, enel Reino Unido se pasó de 4 a 20 y en Francia de 5 a 10.

Es por todo lo antes mencionado que, el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) que empezó el 28 de mayo, en la ciudad de Tijuana, Baja California, es un paso importante para evitar la subutilización del espectro radioeléctrico nacional.

No obstante lo anterior, no podemos pasar por alto que este proceso de transición no ha cumplido con las expectativas, ni con los objetivos que tenía marcados desde un inicio, lo que ha generado afectaciones a algunos sectores de la sociedad.

Lo que resulta aún más preocupante es que esta situación ya se venía previendo desde hace mucho tiempo, ya que, desde el 22 de abril de 2009, el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión rindió el informe del estado que guarda el proceso de transición a la televisión digital terrestre en nuestro país durante 2008, en el que señaló, entre otras cosas, que a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión digital en operación, sus señales radiodifundidas no están siendo captadas por la mayoría del público televidente y que los receptores digitales siguen siendo un artículo adquirido por un segmento de la población que los utiliza para los servicios de televisión restringida, para la reproducción de discos de video compactos o para consolas de videojuegos, por lo que la penetración de este servicio entre la población no ha sido la esperada.

Además, señalaba que los países que se encontraban en el proceso de transición, habían establecido medidas de asistencia al público, como el apoyo económico para la adquisición de decodificadores que permitieran que los receptores existentes en el mercado pudieran recibir las señales de la televisión digital terrestre y dar continuidad al servicio de radiodifusión;

Frente a esta situación, el 2 de septiembre de 2010 se publicó el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre” mediante el cual se creó la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, con las siguientes funciones específicas:

I. Promover y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto;

II. Evaluar la penetración de los receptores digitales y el desarrollo del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica en los Estados Unidos Mexicanos, así como de otros medios que favorezcan la transición y la continuidad del servicio de televisión que actualmente recibe el público;

III. Propiciar la penetración generalizada del servicio de televisión digital terrestre para lograr la terminación de las transmisiones de televisión analógica en una ciudad o región determinada, a cuyo efecto establecerá la metodología para medir dicha penetración, e;

IV. Informar trimestralmente al Ejecutivo federal, a través de su presidente, los avances en la transición a la televisión digital terrestre y, en su caso, formular las recomendaciones que estime pertinentes para reforzar las medidas que aseguren la recepción del servicio.

No obstante esto, vemos que el primer paso en el proceso de la transición no fue exitoso completamente, lo que nos obliga a preguntarnos si esta Comisión Intersecretarial está cumpliendo a cabalidad con las funciones que se le encomendaron.

Además de lo anterior, el 9 de enero de 2013, esta Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, sostuvo una reunión de trabajo con los Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), cuyo tema central fue este proceso de transición.

En dicha reunión, los Diputados asistente formularon, entre otras, las siguientes preguntas puntuales:

• ¿Qué hacer para garantizar que se cumplan las metas establecidas de la transición hacia la televisión digital, ante el riesgo de comprometer otros programas de gobierno tal como asegurar la disponibilidad de banda ancha y el acceso de los niños que cursan educación básica pública a comunicación remota?

• ¿Cuál es el avance de la transición hacia la televisión digital en el caso de los permisionarios de televisión pública?

• ¿Cuáles han sido las principales resistencias que han encontrado por parte de los diversos grupos de interés y que buscan incidir en el proceso de la transición a la televisión digital?; ¿Las resistencias e inercias son más intensas en el ámbito nacional, regional o local?;

• ¿Qué previsiones hizo el órgano regulador o dejó de hacer para que no se le hayan asignado los recursos presupuestales necesarios?;

• ¿Qué opinan acerca del margen de oportunidad que ofrece el tránsito hacia la televisión digital para mejorar los contenidos que se difunden?;

• ¿Qué previsiones han hecho la SCT y la COFETEL para proponer a esta Cámara recursos presupuestarios destinados al proceso de transición para los ejercicios 2013, 2014 y 2015?;

• ¿Qué efectividad han tenido las acciones de información y difusión entre la población para impulsar la transición?;

• ¿Está en riesgo el cumplimiento del plazo, en diciembre de 2015, para concluir el apagón analógico en el país?

• ¿Qué recursos jurídicos han sido interpuestos en contra de las acciones, en qué consisten, quienes los promovieron, en qué estado se encuentran y si impedirán o no el cumplimiento de plazos?

• ¿Qué cambios o adecuaciones tendrían que hacerse al marco legal para remover este tipo de obstáculos y evitar que el país se rezague en la transición hacia televisión digital terrestre?;

• ¿Qué hará la COFETEL para resolver los problemas que aquejan al usuario de los servicios de radiodifusión y telefonía, qué medidas son viables para compensar la ineficiencia en la prestación de servicios o cobros arbitrarios por parte de los concesionarios?

Algunas de estas preguntas encontraron respuesta durante el desarrollo de la reunión, pero muchas otras no, por lo que resulta necesario solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), remita por escrito y a la brevedad posible, la respuesta puntual a cada una de las preguntas planteadas en la reunión del 9 de enero1.

Además, el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunciaciones, Mony de Swaan Addati, refirió los siguientes objetivos a cumplimentar previo al inicio del proceso de transición:

• Visitar 430 mil viviendas en Tijuana, Baja California, para verificar y, en su caso, instalar equipamiento doméstico para la recepción de señal digital.

• Remitir a los Diputados miembros de esta Comisión, los materiales de la campaña de comunicación social, desplegada en Tijuana, con relación al apagón analógico, incluidos mensajes difundidos y pauta de radio y televisión, así como la Gaceta impresa, elaborados de tal manera que sean comprensibles para cualquier persona

Compromisos que no sabemos si se cumplieron o no, por lo que resulta procedente solicitar se nos informe detalladamente sobre el cumplimiento de estos compromisos y, en caso de no haberse cumplido, sean cumplidos a la brevedad.

Asimismo, durante la reunión se hizo mención de los gastos que representaba el proceso de repartición de receptores digitales de la siguiente manera:

“En caso de que el hogar visitado no requiera de instalación alguna de equipo, solamente se cobrará 77 pesos al ciudadano por la visita de inspección y el llenado de cédula de registro; mientras que los casos en se tenga que proveer e instalar un decodificador y una antena exterior, ya sea por las condiciones orográficas, la situación de marginación social de la familia o bien porque no desee cambiar el aparato televisor, implicarán un costo para la COFETEL de un mil diecinueve pesos cada caso; y se estima que ese es el caso de 205 mil hogares, para lo cual se tienen previstos los recursos que cubran esa demanda y cumplir dentro del plazo.”

Tampoco de esta situación tenemos conocimiento pleno, por lo que es menester solicitar se nos informe, detalladamente, sobre el costo de todas las visitas llevadas a cabo, así como de cuantos hogares recibieron un decodificador y una antena exterior.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, es importante mencionar que el 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de Aprobación del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, cuyo artículo quinto transitorio dice, a la letra, lo siguiente:

“QUINTO: …

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”

De lo anterior se deduce que el 31 de diciembre de 2015 es el día de término para el fin del proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el país, por lo que resulta necesario exigirle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), nos remita el calendario de acciones y objetivos pendientes de cumplir, con miras a cumplir a cabalidad con el proceso de Transición dentro de las fechas establecidas, independientemente de los procesos electorales locales y federal que se lleven a cabo en el país en los años 2014 y 2015.

Por otro lado, también es necesario enfrentar el problema que resultará de que se continúen comercializando televisores analógicos que, en el corto plazo, serán obsoletos.

Tan sólo en 2012 se vendieron en México alrededor un millón 100 mil unidades de este tipo de dispositivos, los cuales son principalmente de importación, según datos proporcionados por Fernando Borjón, jefe de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), con base en información de la Secretaría de Economía.

En este sentido, debemos exigir a la Secretaría de Economía que, en estrecha cooperación con las demás autoridades competentes, tome urgentemente las medidas necesarias para que se detenga la comercialización de los televisores analógicos, favoreciendo la venta de televisores con capacidad digital.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, a la brevedad, remita un plan de acción con la recalendarización de las acciones y objetivos pendientes de cumplir para completar a cabalidad, el proceso de Transición a la Televisión Digital, el 31 de diciembre de 2015, independientemente de los procesos electorales locales o federal que se lleven a cabo en el país a esa fecha.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a que, en estrecha cooperación con las demás autoridades competentes, tome urgentemente las medidas necesarias para que se detenga la comercialización de los televisores analógicos, favoreciendo la venta de televisores con capacidad digital.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital remita un informe detallado sobre el cumplimiento de las funciones específicas para las que fue creada.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que remita, a la brevedad, un informe completo y detallado sobre el desarrollo del proceso de transición llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, incluyendo las razones que llevaron a la prorrogación del proceso hasta el 18 de julio de este año, así como la respuesta puntual a cada una de las preguntas planteadas en la reunión del 9 de enero, referidas en el cuerpo de esta proposición.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2013.

Atentamente

Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza

Presidente de la Comisión de Comunicaciones”.






Del C. Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ECONOMIA NACIONAL

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
PRESENTE.

HEctor Larios COrdova, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, el siguiente punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversos Secretarios de Estado para que informen a la Comisión Permanente, en sus respectivos ramos, el estado que guarda la economía nacional. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 17 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó mediante un comunicado de prensa, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el dato de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2013, ubicándolo en 0.8% anual.

La Secretaría de Hacienda precisó que en la cifra desestacionalizada de crecimiento del PIB para este periodo asciende a 2.2% real. Añadió que la diferencia entre estas dos cifras es el resultado de que 2012 fue un año bisiesto y de que las vacaciones de Semana Santa tuvieron lugar en abril, mientras que en 2013 fueron en marzo, lo que implica un menor número de días laborales en el primer trimestre de este ejercicio.

La SHCP refirió que con base en esta información y en la evolución económica reciente, dicha dependencia ajusta su pronóstico de crecimiento real del PIB para 2013 de 3.5% a 3.1%.

Señaló que a pesar de que la economía mexicana continúa expandiéndose, lo ha hecho a un ritmo menor al registrado durante el 2012. Diversos indicadores macroeconómicos demuestran el menor dinamismo de la economía, hecho que sustenta el cambio en el pronóstico de crecimiento del PIB.

El comunicado de prensa reveló que durante los primeros meses de 2013 ha continuado la desaceleración que registra la demanda externa desde la segunda mitad de 2012. El debilitamiento de las exportaciones ha comenzado a reflejarse en el desempeño de algunos indicadores de la demanda interna.

En ese tenor, la demanda interna, durante el periodo enero-abril de 2013, las ventas de las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) tuvieron un aumento anual de 1.7% en