Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Mayo de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:26 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Señoras y señores legisladores, daré inicio al pase de lista.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos Legisladores.

En consecuencia, hay quórum.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión del miércoles 29 de mayo de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún Legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del miércoles veintidós de mayo de dos mil trece, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles quince de mayo de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América y para prestar servicios en la Embajada de Georgia en México; asimismo, se informa de la solicitud de cancelación de un permiso.- Se turnaron a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud de cancelación.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, correspondiente a honorarios, subsidios, programas de becas y para estudiantes con discapacidad del bachillerato no escolarizado y la información de la Subsecretaría de Educación Media Superior, correspondiente al destino de los recursos federales que reciben los Organismos Descentralizados (Colegios de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo), para el primer trimestre del ejercicio 2013.- Se remitieron a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de las Legislaturas de los estados, oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del Decreto. Intervinieron los legisladores: Diputado Luis Antonio González Roldán de NA; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Ricardo Cantú Garza del PT; Senador Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; Diputado Rubén Camarillo Ortega del PAN; y Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza del PRI.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Informe de actividades de la Reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 25 y 26 de abril del año en curso, en Cuenca, Ecuador.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1 y adicionan los artículos 8 Bis; 8 Ter; y 8 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso e) de la fracción iv del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de Réplica.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Cantú Garza y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 401, 403, 405, 406, 407, 409 y 412  del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alberto Curi Naime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15, modificando la fracción X, adicionando la fracción xI y recorriendo los subsecuentes de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como los artículos 59, 116 y 118 de la misma ley.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión  de las Personas con Discapacidad y a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marina Garay Cabada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el párrafo segundo del inciso c) del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros, para desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se dispensó la segunda lectura de los dictámenes. Sin discusión, fueron aprobados conjuntamente los dictámenes que conceden permisos para desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, por 32 votos en pro y 1 abstención. Del dictamen que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones se reservó para su discusión el artículo décimo segundo, referente al permiso del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, el dictamen fue aprobado en votación nominal por 27 votos en pro y 5 en contra. Para la discusión del artículo reservado, intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Héctor Larios Córdoba del PAN; Diputado Ricardo Cantú Garza del PT; Diputada Alfa Eliana González Magallanes del PRD; Senador Roberto Gil Zuarth del PAN; y Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. El artículo décimo segundo fue aprobado por 22 votos en pro y 8 en contra. Los dictámenes aprobados se remitieron al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a integrar al Programa Sectorial o Especial correspondiente, a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.- Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a proporcionar información respecto al daño ecológico y ambiental ocasionado por el incendio del pasado mes de abril en la zona del volcán Ajusco, ubicado en los límites de la Ciudad de México.- Fue aprobado en votación económica.

3) Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado del estado que guarda la carretera conocida como “15-Cuatro Carriles”, ubicada en el estado de Sonora.- Fue aprobado en votación económica.

4) Que exhorta al Gobierno Federal a reforzar de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas.- Fue aprobado en votación económica.

5) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que en la conformación del Plan Nacional Hídrico se consideren programas de inversión para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos en la región noroeste del país.- Fue aprobado en votación económica.

6) Que solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la información disponible en relación con el cierre permanente de la boca barra de Cerro Hermoso en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Tututepec, Oaxaca.- Fue aprobado en votación económica.

7) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir la información concerniente al Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del Estado de Jalisco (FARAJAL).- Fue aprobado en votación económica.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Servicio de Administración Tributaria a ampliar el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último día del mes de mayo de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

9) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera integral la clasificación tarifaria de electricidad en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

10) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones y aplicar las medidas y acciones a fin de mejorar su calidad.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

11) Que exhorta al Gobierno Federal a continuar con las acciones encaminadas a detener el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; y Diputado Roberto Reyes Gámiz del PRD. Fue aprobado en votación económica.

12) Por el que se desechan tres proposiciones en torno al ciudadano Humberto Benítez Treviño como Procurador Federal del Consumidor.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a promover e implementar mecanismos de seguridad dentro del sistema de transporte colectivo Metro, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Diputado Luis Antonio González Roldán de NA; y Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación para que informe respecto de la ruta crítica para la conformación de la gendarmería nacional y el impacto legal que se tiene contemplado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita información y se hace un exhorto al titular del Ejecutivo Federal en el tema de relaciones exteriores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a girar instrucciones a quien corresponda a fin de que sean liquidados todos los adeudos pendientes, y se reinstale a los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente, y que previamente así se haya determinado a través de un laudo por autoridad laboral competente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a designar a representantes temáticos del Gabinete Presidencial para realizar mesas de diálogo con la Comisión Permanente y entablar un diálogo constructivo, consultivo y clarificador acerca del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante un formato diseñado en común Acuerdo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la revocación de la designación de Marisela Morales como Cónsul en Milán.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a poner en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del servicio social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a que, ante el incremento de la delincuencia, trabaje en una política pública integral para combatirla; y al alcalde del municipio de Zapopan a conducirse con apego a derecho en la aplicación del llamado “Operativo Antipandillas”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Presidente de la República Mexicana y al Consejo Rector del Pacto por México que adecúen sus propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto desarrollo definido por las Cámaras del Congreso de la Unión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a no realizar eventos masivos de carácter cultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando existan riesgos para la salud de la población derivados de las malas condiciones ambientales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la infección de Riecketssia se está extendiendo, particularmente el gobierno de Sonora, a promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo sobre transporte público para discapacitados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Silvano Blanco Deaquino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al director general de PEMEX y al Secretario de Energía, a fin de que expliquen la actuación de Petróleos Mexicanos en los contratos relativos a la construcción de flóteles y remolcadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se insta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad pública urgente y permanente para la Ciudad de México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las instancias federales y estatales encargadas de los centros penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población en reclusión a fin de garantizar un derecho humano fundamental de las personas en situación de reclusión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Leticia Calderón Ramírez y Jorge Herrera Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a adoptar un programa de accesibilidad integral en favor de las personas con discapacidad, para su desplazamiento digno y seguro en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la  Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre los litigios que enfrenta la paraestatal en materia de presuntos actos de corrupción con motivo de procesos de licitación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gerardo Liceága Arteaga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aplicar medidas que permitan revertir el descenso en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que, a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, remita un diagnóstico sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por dicho Instituto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a homologar su legislación penal con la finalidad de proteger adecuadamente a las personas menores de edad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas de  PEMEX en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012 y a tomar medidas que permitan la creación de una zona de amortiguamiento para las instalaciones de PEMEX, a fin de garantizar seguridad, salud y protección ambiental a la población cercana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nayarit realicen acciones en favor de la cultura del pueblo wixárika.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con la edad mínima de admisión al empleo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cristina González Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo  que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efectos de que realicen acciones de prevención en contra de actos de discriminación en el fútbol nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Competencia proporcione información de los procedimientos de selección de los comisionados y la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Uriel Flores Aguayo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a proceder a la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de Xalapa o, en su defecto, la aplicación de mayores medidas de seguridad, con el objeto de eliminar los riesgos generados a la población.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura del proyecto estratégico de seguridad alimentaria (pesa) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que etiquete mayor presupuesto para el mismo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular del Sistema de Administración Tributaria un informe de la condonación fiscal a Grupo Televisa, S.A. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Eva Diego Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a otorgar una prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de agua con destino agrícola.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a investigar posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y comunique a esta Soberanía el resultado de sus acciones.- Se turnó directo a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Economía un informe de la situación fiscal y de competitividad del sector minero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Gobierno del estado de Guerrero, intensifiquen las acciones y campañas de prevención y control del dengue en dicha entidad; así como para que implemente un programa integral de prevención de dengue  que permita con oportunidad anticipar la aparición, crecimiento y propagación de brotes de esta enfermedad en aquellas entidades donde no se ha presentado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer al Estado palestino, independiente y soberano, y a establecer relaciones diplomáticas plenas entre ambos países.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir alimentos con alto valor nutricional en los menús que se reparten en las escuelas públicas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al alcalde del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a reconsiderar las modificaciones realizadas recientemente en el Bando Municipal, referentes al emplacamiento de bicicletas, con la finalidad de derogar dicha imposición.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Rodrigo González Barrios, Roberto López Suárez, Roberto Reyes Gámiz, Trinidad Morales Vargas, Socorro Ceseñas Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem, José Valentín Maldonado y Hugo Sandoval Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado denominado "Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer e implementar las acciones necesarias para apoyar al sector agrícola del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, ante las sequías presentadas en dicha localidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para explicar los motivos por los que no se ha liquidado a los beneficiarios del programa "Trabajadores Migratorios Braceros" y se considere una partida especial para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relativo al campo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a dejar sin efectos el programa paquete vehicular para "circular seguro" (reemplacamiento), e implementar un nuevo mecanismo para este esquema que no afecte la economía de los morelenses.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exige el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas del estado de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a intervenir ante Honda de México, S.A. de C.V. para la inmediata reinstalación de los trabajadores de la empresa y el cumplimiento de los Acuerdos de la mesa de diálogo sobre las faltas graves en materia de seguridad industrial.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Javier Orihuela García, Aleida Alavez Ruiz y Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se considere el aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de seguridad nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, discusión y en su caso aprobación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 93 Aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Aniversario del Instituto Politécnico Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se remitió intervención con relación al Plan Nacional de Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se remitió intervención para referirse al "Pacto por México".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Diputado Carlos Reyes Gámiz, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se remitió intervención para referirse al Día Mundial de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinticinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintinueve de mayo, a las once horas".

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Guatemala, señor Otto Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión intitulado “Guatemala Investment Summit 2013", que tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de mayo del año en curso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/611/2013
México, D.F., a 22 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0901/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión intitulado “Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)” que tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de mayo del año en curso.

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, consiste en una intervención como orador principal con el tema “La importancia de Mesoamérica como destino de inversión, en el entorno económico mundial”.

Asimismo, su visita busca definir la ruta a seguir para encauzar el diálogo y la relación bilateral en los próximos años entre ambos países, dentro de 3 ejes articuladores: 1) Cooperación bilateral, 2) Frontera Próspera y Segura y 3) Diálogo y Cooperación en foros regionales y multilaterales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron cuatro oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de permisos.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/610/2013
México, D.F., a 21 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-05940, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Pablo Alberto Lechuga Horta, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/608/2013

México, D.F., a 21 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-05943, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Daniel Elpidio Nicolás Camacho, pueda aceptar y usar la Condecoración de Servicios Distinguidos, en grado de Única Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/609/2013
México, D.F., a 21 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-05947, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Manuel Maldonado Delgado, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla del Mérito Cheonsu, en grado de Seguridad Nacional, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/612/2013
México, D.F., a 22 de mayo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0897/13, el Lie. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Ana Patricia Pineda Zavaleta

Científico Investigador en el Área Médica

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Carmen Victoria Urquieta Beltrán

Cajera

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

José Marcos Zapata García

Técnico en Mantenimiento General En la Sección de Servicios Generales

Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Paola Lorena Gurrola Álvarez

Examinador de Vouchers

Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Joshua Jahaziel Campos Martínez

Empleado

Embajada de la República de Turquía en México

Brenda Elizabeth Delgado Ruiz

Analista Financiero

Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Orquídea Alvarado Briseño

Asistente Administrativo

Embajada de los Estados Unidos de América en México

María Cristina Prado Castañeda

Especialista en Relaciones Públicas en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Embajada de los Estados Unidos de América en México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Primera Comisión, las solicitudes de permiso y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores; y de la Cámara de Diputados, las solicitudes de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de abril de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase copia de la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió una invitación del Gobierno del Distrito Federal, para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo Tapia, a realizarse el lunes 3 de junio del año en curso.

Y del 135 aniversario del natalicio del General Francisco Villa, a realizarse el miércoles 5 de junio, ambas en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO V CULTURAL

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de junio, de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Lunes3

10:00 Horas

152 Aniversario Luctuoso de Melchor Ocampo Tapia

Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo

Miércoles 5

10:00 Horas

135 Aniversario del Natalicio del General Francisco Villa (Doroteo Arango) (1878-1923

Parque de los Venados, Ubicado en Av. División del Norte esquina Municipio Libre, Delegación Benito Juárez

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Comisión Permanente. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Para asistir en representación de la Comisión Permanente, se designa a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, para la ceremonia del aniversario luctuoso de Melchor Ocampo Tapia.

Y al Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, para la ceremonia de aniversario del natalicio del General Francisco Villa.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, una INICIATIVA DE DECRETO PARA ADICIONAR CON UN SEGUNDO PARRAFO EL ARTICULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Legisladores:

Una, del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.

Una, del Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 22 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.

Una, de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Una, del Senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el informe de sus actividades durante la "Reunión de los Presidentes de los Congresos de los Países Integrantes del Acuerdo Marco Alianza Pacífico", celebrada en Bogotá, Colombia, el 6 de mayo de 2013.

Y una, del Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, por la que informa que el 27 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha comisión.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Ha sido turnada a esta Mesa Directiva, un pronunciamiento en relación con la elección del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado.






PRONUNCIAMIENTO

Honorable Asamblea:

Esta Mesa Directiva hace suya la proposición presentada por los Legisladores integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que se extiende una felicitación al Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado.

Los Legisladores integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, expresamos desde esta tribuna nuestros deseos de que el Presidente Correa tenga un periodo de gobierno exitoso y que su trabajo resulte provechoso en beneficio de sus conciudadanos y por la prosperidad de su país.

Felicitamos a don Rafael Correa que por tercera ocasión recibe el apoyo de los ecuatorianos para dirigir los destinos de su país, demostrando así su gran autoridad moral y política con la que asume de nueva cuenta la Presidencia del Ecuador.

Su triunfo reafirma el avance de la democracia en el Ecuador que hoy se distingue por ser un Estado plurinacional con una gran presencia indígena y popular. Nuestra más cálida felicitación al pueblo de Ecuador y a su Presidente Rafael Correa Delgado, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa constitucional y democrática.

Compañeros legisladores:

Informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo para recibir en sesión solemne al señor Xi Jinping, Presidente de la República Popular China, el próximo miércoles 5 de junio. Dicho acuerdo está disponible en el monitor de su escaño para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión. Toda vez que no hay oradores inscritos sobre el particular, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo previamente leído.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo para realizar sesión solemne el próximo miércoles 5 de junio, a las 11:30 horas. Comuníquese.

Entrando al apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, a nombre del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proyecto de Decreto que modifica el artículo 14 bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO 14 BIS, FRACCION X DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, a nombre del C. Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros Legisladores:

Durante décadas nos enteramos de que en los penales del país circulan aparatos de telecomunicaciones o de tecnologías de la información, cuestión que no sólo se tolera, sino que las autoridades encargadas de la vigilancia de estas prohibiciones, se han prestado a la facilitación de este tipo de comunicaciones, en lo que debe caber evidentemente, una visión de cuestiones de corrupción en esta materia, esto a pesar de que las medidas legislativas que impulsaban la restricción de manera específica la aparición y la operación que hacen de estos aparatos los reos, es para ingresar aparatos novedosos de mayor calidad que los convierten en un arma moderna para la comisión de diversos delitos.

La preocupación por este tipo de trasgresiones a la ley se ha extendido en todo el país, pero las medidas jurídicas y administrativas que se han tomado por parte de las autoridades gubernamentales y de los centros penitenciarios han sido, hay que reconocerlo, deficientes e ineficaces en su operación, pues en la mayoría de los casos se burlan los sistemas de seguridad y de vigilancia. Esto sucede particularmente porque la prohibición para el acceso de teléfonos o de aparatos tecnológicos, está dirigido precisamente a los reos y en menor medida para el personal que labora en los centros penitenciarios, sobre todo aquéllos que llegan a tener un trato directo con los reos para facilitarles el servicio de llamadas y mensajes al exterior a cambio de una cuota o remuneración.

Por ello el interés de promover jurídicamente la prohibición absoluta del uso de aparatos o dispositivos dentro de los reclusorios y penales del país, considerando las medidas necesarias de las características de todo tipo de aparatos tecnológicos que representen un peligro en manos de los reos, así como inhibirlos para la comunicación con su exterior. Hablamos entonces de equipos de cómputo, generalmente pequeños, tablets, celulares, memorias usb y cualquier dispositivo que genere comunicación. Quedando permitido solamente el uso de radios para los custodios, y el uso de los teléfonos exclusivamente fijos para las autoridades administrativas de cada penal, en los que puede garantizarse el respeto al derecho que en su caso pudieran tener a la comunicación los reos.

Así pues, se considera indispensable modificar la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados, con base en los antecedentes legislativos y la exposición de motivos que le dan sustento para llenar y complementar en lo posible la normatividad que actualmente regula a los centros penitenciarios en la operación de estas comunicaciones ilegales que se hacen desde ahí.

Por lo tanto, queremos pedirles su consideración para dictaminar y aprobar una modificación a la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados, para quedar como sigue.

Artículo 14 Bis.- Las medidas de vigilancia especial podrán consistir en:

X. La prohibición de comunicación vía internet y de cualquier aparato o dispositivo tecnológico que permita la comunicación de los reos, limitando el uso a teléfonos fijos del personal administrativo, y

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Javier Filiberto Guevara González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Diputado perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En el ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de ley para modificar el artículo 14, fracción X, de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El avance que en estos últimos años ha tenido la tecnología en el campo de las comunicaciones, se debe a la necesidad de mantenernosactualizados y reducir las barreras del tiempo y la distancia; intercambiando información que nos ayude a desarrollar eficazmente nuestras actividades cotidianas. Esto permite que el diseño de los novedosos aparatos con tecnología de punta, permitan interactuar a través de sistemas desarrollados de comunicación que no sólo se basan en el uso de la red de telefonía celular, sino que por su alto alcance ocupan de forma general el espectro electromagnético.

Durante décadas nos enteramos de que circularon este tipo de aparatos por todos los penales del país, y no sólo se toleró sino que podemos estar seguros de que se permitía por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia a cambio de sobornos. Sin embargo a pesar de que las autoridades legislativas impulsaban la restricción de manera específica; en un principio de teléfonos celulares y radios de comunicación convencional conocidos como WalkieTalkie, la astucia de los reos les daba para ingresar artículos novedosos y de mayor calidad. De esta forma se trata de dar un carácter general a los tipos de aparatos que se convierten en un arma moderna para los reos.

No obstante, consideremos que el uso de estos aparatos dentro de los centros penitenciarios en manos de personas que estando cumpliendo una condena desean continuar en la comisión de delitos sin importarles más penalidades, es una gran irresponsabilidad de las autoridades que permiten extorciones y amenazas contra las personas en el exterior, que al desconocer la circunstancia en la que se encuentran, caen fácilmente como víctimas de este tipo de delitos, trayéndoles como consecuencia la pérdida total o parcial de su patrimonio o algún menoscabo, exponiendo de esta forma su integridad física y hasta su propia vida.

Por parte de ésta H. Cámara de Diputados, la LVI Legislatura se encargó de regular los “Lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición” para que de esta forma las empresas de telefonía celular colaboraran con dar de baja a los aparatos reportados como robados o extraviados, ubicando el lugar desde donde se realizaban las llamadas con fines delincuenciales. De la misma forma obligaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que se colocara una antena inhibitoria de llamadas a teléfonos celulares, en cada centro penitenciario.

La preocupación por este tipo de delitos se ha extendido en todo el país, pero las medidas jurídicas y administrativas que se han tomado por parte de las autoridades gubernamentales y de los centros penitenciarios se pueden calificar de deficientes e ineficaces en su operación, pues en la mayoría de los casos se burlan los sistemas de seguridad y vigilancia. Esto sucede principalmente porque la prohibición para el acceso de teléfonos celulares o aparatos tecnológicos, está dirigido a los reos y en menor medida para el personal que labora en los Centros Penitenciarios, sobre todo aquellos que llegan a tener un trato directo con los reos para facilitarles el servicio de llamadas y mensajes al exterior a cambio de una cuota o remuneración.

Por ello el interés de promover jurídicamente la prohibición absoluta, del uso de aparatoso dispositivos dentro de los reclusorios y penales del país, considerando las medidas necesarias de las características de todo tipo de aparatos tecnológicos que representen un peligro en manos de los reos y así inhibirlos de la comunicación con su exterior. Hablamos entonces de equipos de computo generalmente pequeños, tablets, radios, celulares, memorias usb y cualquier dispositivo que genere comunicación. Quedando así sólo permitido el uso de los radios conocidos como Matra para los custodios, y el uso de los teléfonos fijos exclusivamente para las autoridades administrativas de cada penal.

Así pues se considera indispensable modificar la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados, con base en los antecedentes legislativos y la exposición de motivos que le dan sustento para llenar y complementar en lo posible la normatividad que actualmente regula a los centros penitenciarios en su operación y administración, cumpliendo con su finalidad de brindar prioridad a la seguridad de la integridad física y patrimonial de los habitantes.

Con la iniciativa que se promueve, se busca regular los Centros de Readaptación para implementar como medida principal la reducción del número de aparatos que por su avance tecnológico en su capacidad y su acondicionamiento, resulten prácticos para la comunicación de reos, representen un grave peligro para la sociedad y vulneren las medidas de seguridad que establecen los penales de seguridad, como lo han venido haciendo hasta nuestros días.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Diputado Javier Filiberto Guevara González, como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración del Pleno de esta soberanía para estudio y dictamen, la siguiente:

INICIATIVA DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 14 BIS, FRACCION X, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION DE SENTENCIADOS, para quedar con la redacción siguiente:

Artículo 14 Bis.- Las medidas de vigilancia especial podrán consistir en:

X. La prohibición de comunicación vía internet y de cualquier aparato o dispositivo tecnológico que permita la comunicación de los reos, limitando el uso de teléfonos fijos para el personal administrativo, y

Transitorios

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 29 de mayo de 2013

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.- Dip.Javier Filiberto Guevara Gonzaléz".

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Pacheco Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Como ustedes saben, existen alrededor de 2,000 instituciones de policías municipales, las cuales cuentan con procedimientos muy variados y difusos, así como con acentuadas disparidades estructurales, presupuestales y de equipamiento. En este desequilibrio policial se verifican aspectos tales como la tasa policial y cobertura, recursos materiales, ingresos y prestaciones sociales.

Lo anterior ha tenido como consecuencia latentes diferencias en la calidad de desempeño de la función policial, dificultando el cumplimiento coordinado de la misma, a pesar del esfuerzo desplegado con los lineamientos derivados de la reforma constitucional de 2008.

Existen claras diferencias en las condiciones laborales de los miembros de las distintas corporaciones policiales, aproximadamente el 61 por ciento de los policías municipales perciben un salario mensual inferior a 4,000 pesos, cantidad que resulta insuficiente para sostener una calidad de vida aceptable. Como se ha señalado, el ser policía en México significa tener un empleo pésimamente remunerado, altamente riesgoso y con un estigma social sumamente negativo.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la entonces Secretaría de Seguridad Pública al Congreso de la Unión, tenemos que el nivel educativo de las personas que integran las policías municipales es el siguiente: el 25.2 por ciento cursó educación media superior; el 4.5 por ciento, educación superior; y sólo el 1.9 por ciento de esta cifra no reporta información; el 68.3 por ciento sólo alcanza la educación básica.

Los ingresos promedio de policías estatales y municipales en 2009, fluctuaba entre 3,154 pesos en estados como Veracruz; a 11,946 pesos en el caso de Tamaulipas.

La disparidad y el desequilibrio entre estas cifras es abismal.

Para Acción Nacional la intención de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables que puedan combatir de manera profesional, ética y efectiva a la delincuencia constituye no solamente una preocupación latente, sino un asunto que requiere de medidas y acciones inmediatas en el quehacer gubernamental.

Si bien esta situación ya ha sido objeto de diversas reformas constitucionales y legales enfocadas al establecimiento de figuras que pretenden el establecer mecanismos de detección y depuración de los elementos para que éstos se aparten, evitar que éstos se aparten de los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, todavía persisten diversos pendientes legislativos relacionados con la necesidad de dotar de instrumentos jurídicos necesarios tendientes a reconocer la importante labor que realizan los buenos integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. Sin duda, la actuación corrupta de policías y ministerios públicos ha desvirtuado y desacreditado a estas instituciones, al grado de que las instituciones del país peor calificadas son las relativas a las zonas de la seguridad pública.

No obstante lo anterior, habrá que reconocer que al interior de las instituciones de seguridad pública, existen también personas comprometidas con su país y con su institución, existen padres de familia que son el sustento de su hogar, existe gente de bien cuya única intención es cumplir con su deber, existen jóvenes que anhelan encontrar en dichas instituciones un proyecto de vida y sentido de pertenencia, lo cual hace necesario plantear una serie de medidas que tengan por objeto el reconocimiento y apoyo a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que cumplen adecuadamente con su deber.

El objetivo de la iniciativa que hoy presentamos ante ustedes tiene que ver justamente con este equilibrio que buscamos en las corporaciones de seguridad pública.

En términos precisos, la presente iniciativa plantea una serie de medidas que se adicionarán en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para generar un equilibrio entre el adecuado desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública, y también el respeto a sus derechos humanos.

Por ello, estamos planteando adicionar un primer párrafo al artículo 45, a fin de establecer que las instituciones de seguridad pública de acuerdo a la normatividad que resulte aplicable, deberán garantizar a los integrantes de dichas instituciones así como a sus derechohabientes, además de las previsiones y prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al menos las siguientes: seguro de vida; fondo de ahorro; seguro colectivo de retiro; becas escolares para sus derechohabientes; programas de capacitación y profesionalización; servicios deportivos, culturales y de recreo; servicios de orientación social, asistencia psicológica y de entorno familiar; servicios funerarios y ayudas para gastos de sepelio.

También se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 45, a efecto de establecer la obligación de las instituciones de seguridad pública de difundir entre los integrantes de la institución, las prestaciones y servicios a las que tienen acceso, incluyendo las de sus derechohabientes, así como promover programas internos de bienestar social, salud, reconocimientos y estímulos al mérito y acciones de protección al ingreso económico de los mismos, a través del otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de ellos y de sus familias en actividades culturales, deportivas y recreativas.

Se pretende también reformar el párrafo primero del artículo 45 recorriéndose en su orden para quedar como párrafo tercero, a fin de establecer la obligación de la Federación, las entidades federativas y municipios, de generar, de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos.

Es importante señalar que en los últimos años se ha generado una serie de subsidios, una serie de fondos destinados justamente a prevenir y a prever una serie de apoyos extraordinarios a los policías.

Lo que pretende esta iniciativa es que no quede a la revisión, cada año, del presupuesto federal o de los estatales, sino que quede ya plasmado dentro de la ley.

Esta iniciativa pretende reconocer la asignatura pendiente de lograr y propiciar mejores condiciones de seguridad social a los buenos integrantes de las instituciones de seguridad pública reconociendo la importante labor que realizan en la consecución del orden y la paz pública del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, María del Pilar Ortega Martínez, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FORTALECER LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para Acción Nacional, la intención de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia, constituye no sólo una preocupación latente hoy en día, sino un asunto que requiere de medidas y acciones inmediatas, en el quehacer gubernamental.

Si bien esta situación ya ha sido objeto de diversas reformas constitucionales y legales enfocadas en el establecimiento de figuras tendientes al establecimiento de mecanismos de detección y depuración de los elementos que se apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, aún persisten diversos pendientes legislativos relacionados con la necesidad de dotar de instrumentos jurídicos necesarios tendientes a reconocer la importante labor que realizan los buenos integrantes de las instituciones de seguridad pública. Sin duda, la actuación corrupta de policías y ministerios públicos, ha desvirtuado y desacreditado a estas instituciones, al grado tal que las instituciones del país peor calificadas con las relativas a la seguridad pública.

No obstante lo anterior, habrá que reconocer que al interior de las instituciones de seguridad pública, existen también personas comprometidas con su país y con su institución, existen padres de familia que son el sustento de su hogar, existe gente de bien cuya única intención es cumplir con su deber, existen jóvenes que anhelan encontrar en dichas instituciones un proyecto de vida y sentido de pertenencia, lo cual hace necesario plantear una serie de medidas que tengan por objeto el reconocimiento y apoyo a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que cumplen adecuadamente con su deber.

Si bien, con la reforma al artículo 123 constitucional de fecha 18 de junio de 2008, el constituyente pretendió incorporar mecanismos más eficientes para separar de la función a los elementos que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores de la carrera policial, en contraparte también reconoció que los buenos elementos de las instituciones policiales y de seguridad pública deberían contar con sistemas que les permitieran hacer una carrera profesional, digna y reconocida por la sociedad.

El objetivo de la reforma era propiciar el sano equilibrio entre el adecuado desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública basado en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, anteriormente señalados, y la necesidad de mantener un servicio de carrera y condiciones de seguridad social adecuadas.

Bajo esa tesitura, al día de hoy se podría señalar que la segunda asignatura establecida por la referida reforma constitucional en lo relativo a los servicios complementarios de seguridad social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en los diversos órdenes de gobierno, constituye una asignatura pendiente, toda vez que en las mayoría de los casos, los esquemas normativos policiales de los distintos órdenes de gobierno se han enfocado en lo relativoa los esquemas de separación de los policías que se apartan de una desempeño adecuado durante el ejercicio de sus funciones o que incurren en causas de responsabilidad, más no en el establecimiento de bases normativas claras y específicas que propicien la profesionalización, el crecimiento personal y esquemas adecuados de seguridad social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Por ello, partiendo de la óptica de que la inversión en seguridad, se encuentra íntimamente ligada con la calidad de vida, la seguridad social, el reconocimiento y sentido de pertenencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, es que la presente iniciativa, tienen como principal objetivo retomar como prioridad el elevar el nivel de calidad de vida de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en los diversos órdenes de gobierno, así como de sus familias y dependientes, mediante el establecimiento obligatorio de sistemas de seguridad social integrales que deberán de observar las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios no sólo en favor de los policías, sino también de sus familiares.

Facilidades de créditos a la vivienda, apoyo a sus hijos en cuanto a su educación, oportunidades de preparación académica de los policías mediante un sistema de becas, mejores servicios médicos, seguros de separación y seguros de vida, entre otros aspectos que propicien un sentido de pertenencia a las instituciones policiales por parte del policía, así como que el policía pueda ver en el ejercicio de sus funciones un proyecto de vida al que pueda acceder por su trabajo honesto, comprometido y profesional, constituyen los principales objetivos generales de la propuesta de reforma que hoy se plantea realizar a diversos preceptos normativos del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En términos precisos la presente iniciativa plantea:

1) Adicionar un primer párrafo del artículo 45, a fin de establecer que las Instituciones de Seguridad Pública, de acuerdo a la normatividad que resulte aplicable, deberán garantizar a los integrantes de dichas Instituciones así como a sus derechohabientes, además de las previsiones y prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al menos las siguientes: seguro de vida; fondo de ahorro; seguro colectivo de retiro; becas escolares para sus derechohabientes; programas de capacitación y profesionalización; servicios deportivos, culturales y de recreo; servicios de orientación social, asistencia psicológica y de entorno familiar; servicios funerarios y ayuda para gastos de sepelio.

2) Adicionar un segundo párrafo al artículo 45, a efecto de establecer la obligación de las Instituciones de Seguridad Pública de difundir entre los integrantes de la Institución, las prestaciones y servicios a las que tienen acceso, incluyendo la de sus derechohabientes, así como promover programas internos de bienestar social, salud, reconocimientos y estímulos al mérito y acciones de protección al ingreso económico de los mismos, a través del otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de ellos y de sus familias en actividades culturales, deportivas y recreativas.

3) Reformar el párrafo primero del artículo 45 recorriéndose en su orden para quedar como párrafo tercero, a fin de establecer la obligación de la federación, las entidades federativas y municipiosde generar de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En suma, la presente iniciativa pretende reconocer la asignatura pendiente, de lograr y propiciar mejores condiciones de seguridad social a los buenos integrantes de las instituciones de seguridad pública, reconociendo la importante labor que realizan en la consecución del orden y la paz pública en el país.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita Senadora, me permito presentar a esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FORTALECER LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Unico. Se adicionan un primer párrafo con ocho fracciones y un segundo párrafo así como se reforma el primer párrafo recorriéndose en su orden para quedar como tercer párrafo, todos del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Pública, de acuerdo a la normatividad aplicable, deberán garantizar a los integrantes de las mismas así como a sus derechohabientes, además de las previsiones y prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al menos las siguientes:

I. Seguro de vida;

II.Fondo de ahorro;

III. Seguro colectivo de retiro;

IV. Becas escolares para sus derechohabientes;

V. Programas de capacitación y profesionalización;

VI. Servicios deportivos, culturales y de recreo;

VII. Servicios de orientación social, asistencia psicológica y de entorno familiar, y

VIII. Servicios funerarios y ayuda para gastos de sepelio.

Las Instituciones de Seguridad Pública deberán difundir entre sus integrantes, las prestaciones y servicios a las que tienen acceso, incluyendo la de sus derechohabientes, así como promover programas internos de bienestar social, salud, reconocimientos y estímulos al mérito y acciones de protección al ingreso económico de los mismos, a través del otorgamiento de servicios y el fomento de la participación de ellos y de sus familias en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La federación, las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos Estatales, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberán de realizar las adecuaciones legales correspondientes, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto.

TERCERO. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán de realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente Decreto, una vez que el mismo entre en vigor.

Dado en la Cámara de Senadores, a 15 de mayo de 2013

Sen.Maríadel Pilar OrtegaMartínez".

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Alfa González Magallanes, a nombre propio y de diversos Diputados del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes, a nombre propio y de los CC. Diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem, José Valentín Maldonado Salgado, Verónica Beatriz Juárez Piña, Fernando Cuéllar Reyes y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento esta iniciativa con el objeto de establecer la tutela laboral a favor del trabajo desarrollado por las niñas, los niños con talento artístico, deportivo o científico en general que realizan trabajos especializados.

Con esto se busca poner fin a una de las partes más inconstitucionales e injustas de la contrarreforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012, y que excluye del derecho laboral la tutela de los servicios prestados por los menores de 14 años que desarrollan trabajos especializados, transfiriendo esta relación jurídica al campo del derecho privado en merma de sus derechos y su seguridad personal, por lo que proponemos la derogación del artículo 175 BIS de la Ley Federal del Trabajo.

En consecuencia de esta contrarreforma, estos menores no tienen derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social y, sobre todo, quedan fuera de la inspección del trabajo. Es decir, son reducidos a objetos, mediante un acuerdo privado entre el solicitante, que en realidad es el patrón, y los padres, o quienes ejerzan la patria potestad. Y sólo tendrán derecho a una contraprestación que no podrá ser menor al salario que reciben las y los niños menores de catorce años y menores de 16.

De todos es conocido, la pederastía, la introducción a las drogas, las jornadas extenuantes y otros abusos que son cometidos contra estos talentosos menores. De manera, que en lugar de que se prohíban estos abusos y se establezcan sanciones, inclusive penales, se pone en mayor riesgo a los menores al sacarlos del ámbito de tutela del mundo del trabajo mediante la contrarreforma de noviembre de 2012.

Consideramos que la prestación de los servicios de estos menores, son indudablemente trabajo, no sólo económica y socialmente, sino legalmente, pues en el momento en que se presta un servicio personal subordinado nace la relación de trabajo con todo el compendio de protección, el cual es irrenunciable, así malamente aceptan tal renuncia los padres del menor o cualquier otra persona.

Evidentemente, la negación de la calidad de trabajo de los mejores de 14 años, va en contra de la letra expresa del artículo 123 constitucional, apartado A, en cuya fracción III, se señala: "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años"... Luego, esta disposición, interpretada a contrario sensu, establece que los servicios prestados por los menores son desde luego trabajo, pero además, so pretexto de que no es trabajo, se busca abaratar el pago por los servicios de los menores de 14 años, por lo que el patrón sólo cubre una contraprestación en los términos ya señalados, pero es evidente que si se da una contraprestación por un servicio se llame o no trabajo, esa contraprestación es salario, el cual debe ser remunerador y que conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, debe comprender el resto de prestaciones laborales, por lo que seguimos en el terreno de lo laboral.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa busca evitar que el trabajo de las niñas y niños menores de 14 años en actividades artísticas, deportivas y, en general, el trabajo de los menores de 18 años, se preste para el tráfico de personas, se establece una sanción privativa de la libertad a los patrones y demás personas que lleven a estos menores al extranjero a prestar sus servicios en franca violación a la prohibición que ya se prevé en el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se detallan las condiciones que deberán cumplirse para la contratación de los menores de 14 años en actividades artísticas y, las demás ya referidas: el contrato tendrá el carácter temporal, para que así la autoridad pueda ejercer un mayor control a favor de las y los niños, por lo que deberá abarcar máximo un periodo de seis meses. Para la celebración de este contrato se requerirá la prueba, autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o yendo a la inspección federal del trabajo, así mismo será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de quién ejerza la patria potestad. Los menores deberán obtener certificado médico que acredite su actitud para el trabajo, sujetarse a exámenes periódicos que deberán realizarse mínimamente cada dos meses.

Asimismo, en esta iniciativa quedarían establecidos todos los requisitos para que sea legal la contratación de los menores y que cumplan con los mínimos que debe determinar para que los padres puedan ejercer también la patria potestad, el patrón deberá comprometer ante la misma junta el otorgamiento de la fianza de la constitución del depósito; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social instrumentará un programa de inspección a favor de estos menores, cuidando en especial su salud física, mental y laboral.

Finalmente, se señala que los menores de 14 años contratados en el marco del artículo 175 BIS, que se propone derogar, se les reconocerán de manera retroactiva todos su derechos laborales y de seguridad social, por lo que los patrones deberán pagar las diferencias que en derecho procedan. Debiendo los menores ser sometidos a un examen médico dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto que acredite su actitud para continuar en el trabajo.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“Con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, Diputados u Diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ponemos a consideración de esta soberanía esta iniciativa al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Poner fin a una de las partes más inconstitucionales e injustas de la contrarreforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012, y que excluye del derecho laboral la tutela de los servicios prestados por los menores de 14 años que desarrollan trabajos especializados, trasfiriendo esta relación jurídica al campo del derecho privado, en merma de sus derechos y su seguridad personal.

El trabajo infantil constituye una violación a los derechos de los niños ya que impide su sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar, en cualquier país el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes(Unicef, 2010).

De acuerdo a la Enoe (Encuesta nacional de ocupación y empleo, 2009) más de 3 millones de niñas y niños de entre 5 a 17 años trabajan en el país; el 23.6% de niñas y niños que trabajan lo hacen en servicios personales.

Y bien, el artículo 175 bis del reciente Decreto de reformas integrales a la Ley Federal del Trabajo, denominado por algunos como “Artículo Televisa”, niega la calidadderelaciónde trabajo, al servicio que presten las niñas y niños menores de 14 años, en los ámbitos del arte, la ciencia el deporte y cualquier otro talento.

En consecuencia de lo anterior, estos menores no tienen derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, y sobre todo, quedan fuera de la inspección del trabajo. Es decir, son reducidos a objetos, mediante un acuerdo privado entre el “solicitante” (que en realidad es patrón), y los padres, o quienes ejerzan la patria potestad. Y sólo tendrán derecho, a una “contraprestación”, que no podrá ser menor al salario que reciben las y los niños mayores de 14 años y menores de 16. En tal virtud, el artículo 175 bis, busca poner en charola de plata, en barata, a las niñas y niñas, en beneficio de Televisa y TV Azteca. Razón por la cual, este artículo, no sólo es inconstitucional, sino inmoral. No sólo permite, un mayor índice de explotación laboral, sino pone a los menores en riesgo de diversos abusos, al quedar a disposición de las televisoras.

De todos es conocido, la pederastia, la introducción a las drogas, las jornadas extenuantes y otros abusos, que son un peligro constante contra estos talentosos menores. En lugar de ser un hermoso camino para desarrollar sus capacidades, se transforma, en muchas ocasiones, en una pesadilla para estas niñas y niños. De manera, de que en lugar de que, se prohíban estos abusos, y se establezcan sanciones, inclusive penales, se pone en mayor riesgo a los menores, al sacarlos del ámbito de tutela del mundo del trabajo, mediante la contrarreforma de noviembre de 2012.

Lo que no saben los que malamente propusieron y aprobaron este artículo, es que la normativa laboral, no está a capricho, ni de empresas, ni de legisladores. Razón por la cual, estas disposiciones son nulas de pleno derecho. Es decir, la prestación de los servicios de estos menores, son indudablemente trabajo, no sólo económica y socialmente, sino legalmente, pues en el momento en que se presta un servicio personal subordinado, nace la relación de trabajo, con todo el compendio de protección, el cual es irrenunciable, asímalamente acepten tal renuncia los padres del menor, o cualquier otra persona.

Evidentemente, la negación de la calidad de trabajo de los menores de 14 años, va en contra de la letra expresa del artículo 123 Constitucional, apartado A, en cuya fracción III, se señala: “Queda prohibida la utilización del trabajo de losmenores de catorceaños…” Luego, esta disposición, interpretada en sentido contrario (a contrario sensu), establece que los servicios prestadospor los menores son desde luego trabajo, lo cual no podría ser de otra manera. Por lo que el artículo 175 bis, lo que busca es burlar la prohibición constitucional, de que no se preste este tipo de servicios, en aras de la salud física, mental y moral, y la seguridad de las niñas y niños. Para no hablar de lo instrumentos internacionales suscritos por México, en este sentido, baste recordar lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño:

“Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

“2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:

“a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

“b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

“c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.”

Pero además, so pretexto de que no es trabajo, se busca abaratar el pago por los servicios de los menores de 14 años, por lo que el patrón, sólo cubrirá, una contraprestación en los términos ya señalados. Pero es evidente que si se da una contraprestación por un servicio, se le llame o no trabajo, esa contraprestación, es salario, el cual debe ser remunerador, y que conforme al artículo 84 de la LFT, debe comprender el resto de prestaciones laborales. Por lo que seguimos en el terreno de lo laboral.

A estos menores, como a los domésticos, se les niega la jornada legal, razón por la cual, se legaliza, la terrible explotación a las que en la práctica se les somete, sin pago de tiempo extra, y sin descansos, ni semanales, ni obligatorios. Afectando su salud y desarrollo.

Se dice que el “solicitante” (es decir, el patrón), deberá comprometerse a respetar por escrito, los derechos de los menores, previstos en la Constitución, en los convenios internacionales, y demás leyes. ¿Y quién lo va a verificar? ¿Van a “cuidar” a los menores como en diversas tragedias que han ocurrido en el marco del trabajo desarrollado por las niñas y niños en las televisoras?

Las televisoras, se escudan en el consentimiento de los padres ¿pero la patria potestad, no es un título de propiedad sobre los menores, es ante todo una obligación, para velar por el bien de las niñas y niños? Por lo que un consentimiento de los padres o tutores, para expoliar y poner en riesgo a los menores de sufrir diversas formas de violencia, no tiene validez. E incluso sería causa para perder tal patria potestad.

Este precepto, va en contra del artículo 29 de la propia LFT, que en el Decreto de noviembre de 2012 no se reformó, por lo que queda en sus términos, y que interpretado a contrario sensu, implica:

a) Que la prestación de los menores de 14 años, es trabajo.

b) Que tratándose de talentos artísticos, deportivos o científicos, en general, trabajos especializados, se pueden prestar en el país y en el extranjero, sólo por los mayores de catorce años (ya que el artículo 29, debe interpretarse en vinculación con los artículos 22y 23 de la Ley Federal del Trabajo). Por lo que la tutela de estas niñas y niños talento, exige una reforma específica en su beneficio.

Los neoliberales, no satisfechos con los contratos de capacitación inicial o aprendizaje, previstos en el artículo 39-B del Decreto de Reformas de cita; pues todavía éstos contratos exigen, el cumplimiento precario de las prestaciones laborales y de seguridad social, y la inspección del trabajo; ahora han impuesto conforme al artículo 175 bis, a favor destacadamente de las televisoras, un contrato de aprendizaje, de explotación y abuso, “a la carta”, referido a los menores de 14 años, para hacer con ellos, lo que su interés determine.

¿Los padres o tutores, son garantía de tutela hacia los menores? Muchos merecen todo nuestro respeto; pero acaso, no se sabe de padres que venden a sus hijos, que los usan como cosas para lucrar con ellos (en el denominado “ambiente artístico”, de manera frecuente salen a la luz este tipo de abusos), que los matan física o psicológicamente. ¿Qué no se sabe, que la inmensa mayoría de la violencia contra los niños, la sufren en el hogar, y de parte de sus “queridos parientes”?

No, los niños representan un interés superior, a los intereses privados de los padres, interés de los menores que debe ser tutelado por toda la sociedad y el Estado. Razón por la cual, la calidad de trabajo, que debe reconocerse a estos servicios, permitirá que la inspección del trabajo, con todas sus deficiencias, vele por los derechos de estos menores.

El artículo 175 bis de la LFT, busca evadir, lo previsto por los artículos 22 bis en relación al 995 bis del Decreto ya múltiples veces referido, que impone pena de cárcel a los patrones que utilicen el trabajo de los menores de 14 años. Artículo 22 bis, que igualmente reconoce como trabajo a la prestación de los servicios de los menores de 14 años.

Igualmente, con el artículo 175 bis de la LFT, se facilita el tráfico de personas, pues el destino de estos menores, dependerá de la voluntad de sus padres, que vuelvo a repetir, no siempre son garantía de lo mejor para sus hijos, y segundo, personas ajenas, con papeles ciertos o falsos, pueden afirmar que son los tutores de estos menores, y disponer de sus personas, incluso sacarlos del país.

Se podría argumentar, que hay casos en que para el talento de estos menores, se les debe dar oportunidad de trabajar antes de que cumplan los 14 años. En tal caso, deberá ser excepción; segundo, se les deberá conceptuar como trabajadores con todos los derechos laborales, de seguridad social, y ser tutelados porla inspección del trabajo. El contrato por escrito, deberá ser registrado en la Secretaría del Trabajo, deberán contar estos menores con certificados médicos inicial y periódicos,preverse sanciones ejemplares incluidas las penales, contra los responsables y cómplices de violentar de manera grave los derechos deestas niñas yniños, establecer las medidas necesarias para que no se dilapiden, por sus padres o tutores, losingresos así obtenidos por las niñas y niños de manera que se les forme un patrimonio para su futuro, y cuidar de manera especial su educación; evidentemente no podrían salir al extranjero a prestar sus servicios.

Ni en el trabajo de la industria familiar, ya de por sí expoliador, se llega a tanto, pues la LFT, se sigue aplicando, en materia de seguridad e higiene, e inspección del trabajo.

En fortalecimiento de todo lo dicho, hay que tomar en cuenta que el artículo 123 Constitucional, apartado A, en su fracción XXVII y, el artículo 5º. de la Ley Federal del Trabajo señalan:

CONSTITUCION

“XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

“a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

“b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.”

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

“Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de catorce años…”

En virtud de lo dicho, en la presente iniciativa se propone, consagraren la Ley Federal del Trabajo la tutela de los derechos de los niños talento,proponiéndose la tutela expresa al principio del interés superior de la niñez; dos, para evitar que el trabajo de las niñas y niñosde menos de 14 años en actividades artísticas, deportivas y, en general, el trabajo de los menores de 18 años, se preste para el tráfico de personas, se establece una sanción privativa de libertad a los patrones y demás personas que lleven a estos menores al extranjero a prestar sus servicios en franca violación a la prohibición que ya se prevé en el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo.

Se detallan las condiciones que deberán cumplirse para la contratación de los menores de 14 años en actividades artísticas y, las demás ya referidas: el contrato tendrá carácter temporal, para así la autoridad pueda ejercer un mayor control a favor de las y los niños, por lo que deberá abarcar máximo un periodo de seis meses; para la celebración de este contrato se requerirá, la previa autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a la Inspección Federal del Trabajo, así mismo será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de quien ejerza la patria potestad. Los menores deberán obtener certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y, sujetarse a exámenes periódicos que deberán realizarse mínimamente cada dos meses; el contrato que se celebrará por escrito y se registrará ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;por lo menos el 60% por ciento de los salarios de estos menores, deberán ser invertidos en su beneficio para su futuro desarrollo, por los padres, tutores o de quien ejerza la patria potestad, sólo después de acreditar este extremo, la Junta podrá autorizar la celebración de un nuevo contrato; el patrón deberá dar las facilidades al menor para que pueda armonizar su trabajo con sus estudios; en su caso, la alimentación que dé el patrón deberá ser nutritiva,suficiente y oportuna; estos menores no podrían prestar servicios en el extranjero; las niñas y niños gozarán de todos sus derechos laborales y de seguridad social, al efecto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará al patrón el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumentará un programa de inspección en favor de estos menores, cuidando en especial su salud física, mental y moral, así como el respeto de su derecho a una jornada humana.

Desde luego se deroga el inconstitucional artículo 175bis.

Finalmente, se señala quelos menores de 14 años contratados en el marco del artículo 175 Bis que se deroga, se les reconocerán de manera retroactiva todos sus derechos laborales y de seguridad social, por lo que los patrones deberán pagar las diferencias que en derecho procedan. Debiendo los menores someterse a un examen médico dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, que acredite su aptitud para continuar en el trabajo.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente Iniciativa.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 995 bis; Se adiciona un último párrafo al artículo 2º., un artículo 29 bis y un artículo 995 Ter; Se deroga el artículo 175 bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo 2º. ………………

………….

…………..

………….

………….

Se tutela el interés superior de las niñas y los niños.

Artículo 29 bis. La prestación del trabajo de los menores a que se refiere el artículo anterior y que se preste dentro de la República, se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. El contrato tendrá carácter temporal y deberá abarcar máximo un periodo de seis meses;

II. Para la celebración de este contrato se requerirá, la previa autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a la Inspección Federal del Trabajo, así mismo será necesario el consentimiento por escrito de los padres, tutores o de quien ejerza la patria potestad. Los menores deberán obtener certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y, sujetarse a exámenes periódicos que deberán realizarse mínimamente cada dos meses;

III. El contrato de trabajo deberá celebrarse por escrito y se deberá registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IV. Por lo menos el sesenta por ciento de los salarios de estos menores, deberá ser invertido en su beneficio para su futuro desarrollo, buscando los padres, tutores oquien ejerza la patria potestad la mayor seguridad en tales inversiones. Para que la Junta de Conciliación y Arbitraje autorice estos contratos de trabajo, éstas personas deberán previamente exhibir ante ella un plan de inversión para tales salarios y, sólo después de acreditar el debido cumplimiento de este plan, la Junta podrá autorizar la celebración de un nuevo contrato;

V. El patrón deberá dar las facilidades al menor para que pueda armonizar el trabajo con sus estudios;

VI. En su caso, la alimentación que dé el patrón al menor deberá ser nutritiva, sana, suficiente y oportuna;

VII. Estos menores no podrían prestar servicios en el extranjero;

VIII. Los menores gozarán de todos sus derechos laborales y de seguridad social. Al efecto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará al patrón el monto de una fianza o depósito para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito.

IX. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumentará un programa especial de inspección en favor de estos menores, buscando el cuidando de su salud física, mental y moral, así como el debido cumplimiento de las disposiciones tutelares en materia de jornada, tiempo extraordinario, descansos, y demás previstas en esta Ley.

Artículo 175 bis. (Se deroga)

Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 22 Bis, primer párrafo de esta Ley, y las fracciones I a III y VIII del artículo 29 bis, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo 995 Ter. Al patrón y demás personas que infrinjan lo dispuesto en la fracción VII del artículo 29 bis, se le castigará con prisión de cuatro a ocho años y multa de 500 a 5000 veces el salario mínimo general.

Al servidor público que intervenga en estos hechos, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A los menores de 14 años contratados en el marco del artículo 175 Bis que se deroga, se les reconocerán de manera retroactiva todos sus derechos laborales y de seguridad social, por lo que los patrones deberán pagar las diferencias que en derecho procedan. Debiendo los menores someterse a un examen médico dentro de los diez naturales días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, que acredite su aptitud para continuar en el trabajo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 29de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Alfa González Magallanes.- Dip. Valentín Maldonado Salgado.- Dip. Verónica Juárez Piña.- Dip. Fernando Cuéllar Reyes.- Dip. Socorro Ceseñas Chapa.- Dip. Elena Tapia Fonllem.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada González Magallanes. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 401, 403, 405, 406, 407, 409 Y 412 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y del C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias señor Presidente.

Los que suscribimos la presente iniciativa, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT, sometemos a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal, con las siguiente:

Exposición de motivos

Las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007 y 2008, exigen la actualización de los tipos penales con el objeto de proporcionar a las autoridades encargadas de investigar, perseguir delitos e impartir justicia, instrumentos jurídicos para combatir las conductas que violentan la legalidad y los procesos electorales.

Por ejemplo, la reforma al artículo 134 constitucional, determina, entre otros, la obligación de los servidores públicos de las diferentes órdenes de gobierno, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos; además establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Disposición institucional que ha sido transgredida en procesos electorales pasados, violación que se reitera en los que ahora se desarrollan en catorce entidades de la Federación.

Los delitos electorales son conductas que lesionan la función electoral, las condiciones de equidad en la competencia, la libertad y secrecía de la emisión del sufragio alternando las instituciones que garantizan el relevó de los cargos de elección popular.

Por ello, a partir de la revisión del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, se propone adicionar y reformar lo artículos 401, 403, 405, 406, 407, 409 y 412.

Por cuestión de tiempo subrayo las modificaciones más significativas.

En el artículo 401, se integra en la figura de funcionario partidista a quien o quienes realicen actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos registrados de partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas de partidos nacionales, con ello se evitará la evasión de conductas delictivas de personas que formalmente no cuentan con un nombramiento o cargo partidista, sin embargo, en la práctica u operación política realizan actividades de dirección y coordinación en las precampañas y campañas electorales.

En el artículo 403, se precisa que se sancionará la solicitud del voto por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, no sólo durante el desarrollo de la jornada electoral como actualmente se regula, sino en cualquier etapa del proceso electoral con la finalidad de inhibir prácticas de inducción y coacción que si bien no se realizan en la jornada electoral, éstos inciden en la misma, puesto que con días de anticipación se establece la relación que impacta en la violación de la libertad del elector para emitir su voto.

Para fortalecer las condiciones de competencia y la transparencia y acceso a la información objetiva durante los procesos electorales, se propone sancionar a quien difunda resultados de encuestas o sondeos de opinión que no cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso electoral. Por ello, se pretende atacar la manipulación de resultados de encuestas que no cumplen elementos básicos que brinden certeza en su información con base a métodos técnicos y científicos.

Para efecto de evitar financiamiento ilegal se sanciona a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de precampaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley, así como se sancione el uso de programas sociales, sus recursos y las listas de beneficiarios en los ámbitos federal, estatal y municipal o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato.

Con el objeto de contar con apoyos legales para dar cuenta de hechos durante el proceso electoral, se sanciona a quien se niegue para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido por los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos. Así mismo se sanciona a quien destine recursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Con relación a delitos que puedan cometer los funcionarios electorales destaco el que se impida por cualquier medio la realización del escrutinio y cómputo público de la votación, a quien suplante, destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidas en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal; niegue información y documentos electorales a los representantes de los candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidos en la ley.

Se reforma el artículo 406, para sancionar la alteración o modificación de facturas o comprobantes de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de la pena que pueda corresponder por otros delitos; la omisión de reportar ingresos o dinero.

En el artículo 407, se actualizan las condiciones para sancionar al servidor público que obligue a sus subordinados a realizar actos de propaganda a favor del partido político, coalición o candidato. Un estado de derecho exige condiciones mínimas de seguridad jurídica en la competencia electoral garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos para el ejercicio libre y secreto de su voto.

Por sólo ello es necesario actualizar las conductas que deben ser sancionadas con prisión por alterar cualquiera de los principios esenciales de la democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los que suscriben, Ricardo Cantú Garza y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 401, 403, 405, 406, 407, 409 y 412del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los delitos electorales son conductas que lesionan la función electoral, las condiciones de equidad en la competencia y la libertad y secrecía de la emisión del sufragio, alterando las instituciones que garantizan el relevo de los cargos de elección popular. Mismos que están contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. Las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007 y 2008 exigen la actualización de los tipos penales con el objeto de proporcionar a las autoridades encargadas de investigar, perseguir delitos e impartir justicia instrumentos jurídicos para combatir las conductas que violentan la legalidad de los procesos electorales.

También se considera la reforma al artículo 134 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, por el que determina, entre otros, la obligación de los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; determinando que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Por ello se propone sancionar penalmente las conductas que atentan contra lo dispuesto en este precepto constitucional.

Es necesario precisar varios tipos penales con el objeto de facilitar la aplicación estricta del tipo penal y se presentan adiciones que contemplan conductas que en los recientes proceso electorales han vulnerado los principios de libertad y secrecía en la emisión del voto, como aquellas que condicionan o presionan al electorado con el uso de programas sociales o al prestación de servicio y realización de obra pública.

Para lo cual se propone la modificación y adición del artículo 401 del Código Penal Federal con los siguientes alcances: Modificar la fracción III, con el objeto de integrar en la figura de funcionario partidista a quien o quienes realicen actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos y candidatos registrados de partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas, con ello se evitará la evasión de conductas delictivas de personas que formalmente no cuentan con un nombramiento o cargo partidista, sin embargo, en la práctica u operación política realizan actividades de dirección y coordinación en las precampañas y campañas electorales.

En la fracción V del mismo artículo se agrega a la boleta electoral como documento público, en atención a que se ha detectado la sustracción de boletas para operaciones de fraude o coacción en la emisión del voto. Al otorgarle el carácter de documento público permite una mejor integración del tipo penales que sanción la sustracción o uso indebido de las mismas.

En la fracción III se precisa que la presión o inducción por cualquier medio que oriente el voto constituye un delito electoral. También se sanciona el acto de quienes soliciten datos de las credenciales de elector con la intención de la manipulación de los mismos para efectos de inducción o coacción del voto, puesto que se han detectado prácticas de reclutamiento de electores con el objeto de formar cadenas entre familiares y vecinos con la finalidad de inducir o coaccionar la emisión del sufragio violentando los principios de libertad y secrecía del voto.

Se modifican las fracción VI, VII y VIII para precisar que se sancionará la solicitud del voto por paga, dadiva, promesa de dinero u otra recompensa en cualquier etapa del proceso electoral, no solo durante el desarrollo de la jornada electoral, con la finalidad de inhibir prácticas de inducción y coacción que si bien no se realizan en la jornada electoral, éstos inciden en la misma, puesto que con días de anticipación se establece la relación que impacta en la violación de la libertad del elector para emitir su voto. De igual forma se prohíbe el transporte de votantes el día de la jornada electora que condicione la emisión del sufragio.

Para fortalecer las condiciones de competencia y la transparencia y acceso a información objetiva durante los procesos electorales, a través de la adición de la fracción XIV, se sanciona a quiendifunda resultados de encuestas que no cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso electoral, con ello se pretende atacar la manipulación de resultados de encuestas que no cumplen elementos básicos que brinden certeza en su información con base a métodos técnicos y científicos.

Por otra parte, para efecto de ordenar el desarrollo de las precampañas y campañas electorales con la adición de la fracción XVI, se sancionan los actos por los que se destruye la propaganda de otros candidatos o partidos durante el proceso electoral que se coloca en lugares autorizados por la ley, práctica que forma parte de la guerra sucia que se presenta en las contiendas electorales.

Para efecto de evitar financiamiento ilegal con la adición de la fracción XVI se sanciona a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de precampaña campaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley. Con la adición de la fracción XVII, se sanciona el uso deprogramas sociales, sus recursos y listas de beneficiarios del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato.

Con el objeto de contar con apoyos legales para dar cuenta de hechos durante el proceso electoral, con la adición de la fracción XIX se sanciona a quien se nieguepara dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido porlos funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos. Así mismo se sanciona a quien destinerecursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Con relación a delitos que pueden cometer quienes tienen la calidad de funcionarios electorales, en el artículo 405, se modifica la fracción VII y se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV con el objeto de sancionar penalmentea los funcionarios de electorales que sin causa prevista por la ley no admita la presencia en la instalación de las mesas de casilla o niegue las copias de las actas de casilla ocoarte cualquier otro derecho que la ley les concede; impida por cualquier medio la realización del escrutinio y cómputo público de la votación; permita la presencia en la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes de personas que por cualquier medio induzcan o presionen a los electores la libertad y secrecía de laemisión del voto; suplante, destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidos en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal; niegue información y documentos electorales a los representantes de candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidos en la ley.

Para efecto de sancionar a los funcionario partidista al precandidato o candidato al candidato, se reforma el artículo 46 en las fracciones I y se adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI, para prohibir la alteración o modifique factura o comprobante de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de la penas que puedan corresponder por otros delitos; la omisión de reportar ingresos en dinero o especie utilizados en sus actividades de precampaña o campaña; la adquiera publicidad en radio y televisión bajo cualquier modalidad; ordene o ejecute la destrucción de propaganda de partido, coalición o candidato durante el proceso electoral, con esta medidas se pretende contribuir a una competencia electoral más ordenada y fomentar el respeto entre los contendientes por cargos de elección popular.

En el artículo 407, se actualizan las conductas que sancionan a los servidores públicos queobligue a sus subordinados a realizar actos de propaganda a favor de un partido político, coalición o candidato; que participe durante su horarios de labores en actos de precampaña o campaña; ordene o realice encuestas o sondeos de opinión vinculados con tendencias electorales cuando; que por cualquier medio promueva o denigre expresa y públicamente la imagen de candidato alguno partido político o coalición; o bien, que utilice los programas institucionales, de desarrollo social, obra pública o prestación de servicios para la promoción de su imagen personal o beneficiar a candidatos, partidos o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral.

Para evitar el uso de datos personales contenidos en las credenciales para votar con fotografía, se adiciona la fracción III al artículo 409, para sancionar a quien haga uso doloso de los datos personales del Registro Federal de Electores o listado Nominal, para la promoción de propaganda electoral, o el condicionamiento de servicios públicos o lapromesa infundada de inclusión en programas sociales.

Se incluye la figura de precandidato o candidato para la para quien sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Un Estado de derecho exige condiciones mínimas de seguridad jurídica en las condiciones de competencia electoral, garantizando el pleno ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos para el ejercicio libre y secreto de su voto, por ello es necesario actualizar las conductas que deben ser sancionadas con prisión por atentar contra los principios esenciales de la democracia.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.Se modifican las fracciones III, IV y V del artículo 401; III, V, VI, VII y IX del artículo 403; VI y VII del artículo 405; Primer párrafo y fracción I del artículo 406 y fracción I del artículo 407 y 412. Se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 403; XII, XIII, XIV, XV al artículo 405; VIII, IX, X y XI al artículo 406; V, VI, VII y VIII al artículo 407 y III al artículo 409, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

I.. …;

II. …;

III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, sus representantes ante los órganos electorales, o quien realice actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos y candidatos registrados de partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas;

IV. Precandidatos o Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

V. Documentos públicos electorales, las boletas las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; y

VI. …

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I.…;

II. Vote más de una vez en una misma jornada electoral;

III. Presione o induzca por cualquier medio a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;

IV. …;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos o solicite datos de la credencial para condicionar la libre emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral;

VI. Mediante amenazas o violencia física o moral coaccione a otros a votar o abstenerse de hacerlo a favor de un determinado candidato, partido político o coalición.

Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante cualquier etapa del proceso electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en forma libre y secreta;

VIII. …;

IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, condicionando, coartando o pretendiendo coartar por cualquier medio su libertad para la libre emisión del voto;

X.

XI. …

XII. …

XIII. …

XIV. Difunda resultados de encuestas que no cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso electoral;

XV. Durante las precampañas y campañas electorales se apodere, destruya, oculte o distorsione la propaganda electoral de candidatos, partidos o coaliciones colocada en lugares autorizados por la ley;

XVI. Realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de campaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley;

XVII. Utilice programas sociales, sus recursos y listas de beneficiarios del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato;

XIX. Se nieguepara dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido porlos funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos;

XX. Destine recursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I.- …

II.

III.- …

IV. …

V. …

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato, partido o coalición determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VII.- …

VIII. Sin causa prevista por la ley no admita la presencia, expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;

IX.- (Se deroga).

X. …

XI. …

XII. Impida por cualquier medio el escrutinio y cómputo público de la votación,

XIII. Permita la presencia en la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes de personas que por cualquier medio induzcan o presionen a los electores la libertad y secrecía de laemisión del voto;

XIV.- Suplante, destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidos en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal;

XV. Niegue información y documentos electorales a los representantes de candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidos en la ley.

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista al precandidato o candidato al candidato que:

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato, partido o coalicióndeterminada en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

II.- …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. Altere o modifique factura o comprobante de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos;

IX. Omita reportar ingresos en dinero o especie utilizados en sus actividades de precampaña o campaña;

X. Adquiera publicidad en radio y televisión bajo cualquier modalidad;

XI. Ordene o ejecute la destrucción de propaganda de partido, coalición o candidato durante el proceso electoral

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a realizar actos de propaganda o a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. …

III. …

IV. …

V. Participe durante su horarios de labores en actos de precampaña o campaña de candidatos, partidos o coaliciones;

VI. Ordene o realice encuestas o sondeos de opinión vinculados con tendencias electorales cuando;

VII. Por cualquier medio promueva o denigre expresa y públicamente la imagen de candidato alguno partido político o coalición;

VIII.- Utilice los programas institucionales, de desarrollo social, obra pública o prestación de servicios para la promoción de su imagen personal o beneficiar a candidatos, partidos o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral.

Artículo 409.- Se impondrán de veinte a cien días multa y prisión de tres meses a cinco años, a quien:

I.- …

II.- …

III. Haga uso de los datos personales del Registro Federal de Electores o listado Nominal para la promoción de propaganda electoral

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista, a los organizadores de actos de campaña, precandidatos o candidatos que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Ricardo Cantú Garza Manuel. -Dip. Rafael Huerta Ladrón de Guevara”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 2o., LOS ARTICULOS 4o. Y 5o. Y LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 11 Y SE ADICIONA UNA FRACCION XXXIV, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente. Solicito se plasme íntegra esta iniciativa en el Diario de Debates.

Sin duda alguna, el sistema financiero resulta uno de los factores que requiere mayor atención dentro del desarrollo económico de una nación, ya que si éste es débil, lo anterior se traduce en un crecimiento potencial muy bajo para el país.

En contraste, un sector bancario eficiente permite reducir los costos de transacción de la economía, mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, lo que estimula la capacidad del crecimiento económico.

Del mismo modo, la diversificación de ofertas de los productores financieros favorece a las actividades productivas y comerciales elevando la cantidad de proyectos de inversiones viables y sólidos del país e incrementando el acceso de la población a los servicios de las instituciones de crédito, aumentando así su patrimonio.

México, lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado porque un sector bancario se ha convertido en una oligarquía hegemónica y que se vale de barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios.

La escasez de recursos y el ínfimo poder adquisitivo con el que cuenta la mayoría de la población en nuestro país, han ocasionado que los ciudadanos utilicen el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso. Asimismo, nos encontramos lejos de una educación financiera donde la prudencia y el ahorro sean los ejes rectores de los patrones del consumo.

La corrupción e irresponsabilidad con la que los bancos operaron y operan desde la culminación de la reprivatización de la banca en 1991, tuvo como consecuencia la crisis económica de 1994, la cual se gestó por la devaluación del peso y el alza de las tasas de interés a niveles superiores al cien por ciento.

Aquí, en esta época, observamos la presencia ominosa de FOBAPROA. Para nosotros el peor saqueo que ha sufrido la nación y que siguen los mexicanos pagando las consecuencias de manera injusta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Señor Diputado, me permite un minuto para pedir orden en la sala.

Les suplicaría a los compañeros legisladores que prestáramos atención al orador, si son tan amables. Gracias.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente. Aunque creo que es inútil por eso no le quise hacer la moción del orden, lo he hecho varias veces pero hoy están muy entretenidos, quizá pensando en la crisis inmobiliaria, en la inseguridad o en la comida de las tres de la tarde.

Por eso, señor Presidente, estoy planteando estas reformas a la Ley de CONDUSEF porque nos parece que México está viviendo una etapa muy complicada. La CONDUSEF realiza dos tipos de acciones: preventivas, que se dedican principalmente a orientar, informar y promover la educación financiera; y correctiva, enfocada en la atención de quejas y reclamos de los usuarios de servicios y productos financieros.

Si bien su principal objetivo es buscar una relación de equidad entre la banca y los usuarios, cabe destacar que esto no ha sucedido. Las instituciones de crédito en México se han valido del oligopolio para establecer precios artificiales que no reflejan los verdaderos costos que se enfrentan.

Existen cinco corporaciones financieras: BBVA, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y HSBC. Es decir, cuatro extranjeras y tan sólo una mexicana que concentran el 74% del otorgamiento de créditos, la cual emite el acceso y la cobertura.

Para las cuatro instituciones bancarias foráneas, nuestro país representa una de las naciones más rentables, ya que recibe el dinero muy barato y lo prestan muy caro, con diferenciales que van del 40 al 70%. Como ejemplo de esto, observamos que durante la crisis financiera de 2009 obtuvieron utilidades por 39 mil 155 millones de pesos dentro de México, lo cual representó el 10% de sus ganancias globales.

Dentro de estos casos de las cinco sucursales o cinco instituciones bancarias, merece especial atención Citigroup, ya que su filial mexicana, Banamex, ha representado la operación más provechosa dentro de la cadena; pese a que el grupo reportó una pérdida neta de mil 606 millones de dólares en ese año, en nuestro país tuvo una utilidad de 14 mil 549 millones de pesos.

Lo mismo ocurre con el grupo español BBVA, en el cual 25.8 por ciento de los ingresos provienen de Bancomer, su sucursal en territorio mexicano.

Para comprobar los abusos en el mercado doméstico, basta con comparar las tasas que dichos prestadores de crédito cobran en nuestro país, con las que imponen en el resto del mundo.

Mientras Santander cobra en España una tasa de interés del 24 por ciento con tarjeta, en México el promedio ponderado es del 32.5 por ciento, del mismo modo, HSBC, percibe en Inglaterra 19 por ciento por plástico y en México, 33.5 por ciento.

Sin embargo, este sector no es el único que presenta diferencias; la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, establece que la CONDUCEF procurará programas que permitan la educación de la gente en materia de cultura financiera. Desgraciadamente, esta tarea también ha tenido impactos marginales.

En el país, sólo el 40 por ciento de los usuarios de tarjeta de crédito son totaleros, es decir, que cada mes pagan el 100 por ciento de las compras que realizan con su plástico, por lo que la mayoría de consumidores son víctimas de la tasa de interés crediticia que oscila entre el 27 y 66 por ciento, y del Costo Anual Total, el CAT, con proposiciones que ascienden a niveles desde el 40 hasta el 113 por ciento.

Por esa razón, ciudadanos legisladores, nosotros estamos planteando modificaciones a los artículos 2o., 4o., 5o., 6o. y 11 de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

¿Por qué lo estamos planteando? Porque resulta menester que la CONDUCEF no ha funcionado. A pesar de todos los años de existencia, tiene problemas grave.

¿Por qué a pesar de la existencia de este organismo, no se han resuelto los abusos contra los usuarios de la banca?

Entre los principales problemas relacionados con la protección efectiva de los usuarios de los servicios financieros, se observan que, la CONDUCEF carece de independencia y autonomía de gestión, carece de facultades plenas para operar como una auténtica oficina de protección al consumidor.

Del mismo modo, existe una duplicidad de funciones con la Procuraduría Federal del Consumidor, además de que la comisión carece de personal especializado y de un sistema sencillo de presentación.

Por esa razón, estoy planteando modificaciones antes de que se inicie la discusión de la reforma financiera para que se agregue al paquete financiero, porque la reforma financiera planteada lo único que hace es encarecer las garantías y, sobre todo, arraigar al deudor; hacerle las cosas más fáciles a las instituciones financieras y obtener más ganancias asegurándole las mismas.

Por esa razón, señor Presidente, le solicito de manera atenta plasme íntegra el documento que he preparado con este propósito.

Muchas gracias.

Iniciativa

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 2°, EL ARTICULO 4° Y 5° Y LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 11° Y SE ADICIONA UNA FRACCION XXXIV, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTICULO 11°, DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin duda alguna, el sistema financiero resulta uno de los factores que requieren mayor atención dentro del desarrollo económico de una nación, ya que si éste es débil, lo anterior se traduce en un crecimiento potencial muy bajo para el país.

En contraste, un sector bancario eficiente permite reducir los costos de transacción de la economía, mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, lo que estimula la capacidad de crecimiento económico.

Del mismo modo, la diversificación de oferta en los productos financieros favorece a las actividades productivas y comerciales, elevando la cantidad de proyectos de inversión viables y sólidos del país e incrementando el acceso de la población a los servicios de las instituciones de crédito, aumentando así su patrimonio.

México, lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado por un sector bancario en el que una oligarquía hegemónica se vale de barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios.

La escasez de recursos y el ínfimo poder adquisitivo con el que cuenta la mayoría de la población en nuestro país, han ocasionado que los ciudadanos utilicen el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso. Asimismo, nos encontramos lejos de una educación financiera donde la prudencia y el ahorro sean los ejes rectores en los patrones de consumo.

La corrupción e irresponsabilidad con la que los bancos operaron desde la culminación de la reprivatización de la banca en 1991, tuvo como consecuencia la crisis económica de 1994, la cual se gestó por la devaluación del peso y el alza de las tasas de interés a niveles superiores al 100%.

Si bien es cierto que las políticas fiscal y monetaria se orientaron a crear condiciones favorables para abatir las presiones inflacionarias y a futuro obtener una reducción sostenible de las tasas de interés, con el afán de evitar que el comportamiento de los flujos de capital externo se hubiese tornado aún más adverso; también es cierto que la implementación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, se caracterizó por la falta de un mecanismo eficaz que segmentara a las personas que necesitaban un rescate por el aumento abrupto de precios, de aquéllas que se valieron de la situación para realizar compras millonarias a expensas del erario público.

Como consecuencia, dicho programa resultó ser más dañino para las finanzas públicas, pues, durante la operación del rescate bancario, compró a los bancos todo tipo de créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate y, en cambio, redujo las pérdidas de accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero que los transfirieron al FOBAPROA.

A partir de este episodio en la historia moderna mexicana, el sistema financiero, medido por la oferta crediticia al sector privado como proporción del PIB, se contrajo notablemente; el crédito otorgado fue debilitándose hasta representar, en el 2011, el 25% del PIB; lo cual se compara desfavorablemente con tasas como la de Brasil, que se ubica en 50%, y Chile, en 60%.

Esta reducción de la cartera crediticia fue acompañada por una tasa de crecimiento menor al 2% en términos reales. Del mismo modo, si comparamos la proporción respecto al PIB con la época del desarrollo estabilizador, cuando la economía crecía anualmente a tasas de 6 a 7%, observamos que ésta se ubicaba 15 puntos por encima de la oferta actual, es decir en 40%.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), nació en 1999 como una institución pública, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como propósito “procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.”[1]

Para lograr su misión, la CONDUSEF realiza dos tipos de acciones: preventivas, que se dedican principalmente a orientar, informar y promover la Educación Financiera; y correctivas, enfocadas en la atención de quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros.

A pesar de que dicha Comisión ha operado por casi 15 años y cuenta con 32 delegaciones regionales y 4 metropolitanas, el impacto desde su creación en las condiciones entre los bancos y los consumidores ha sido mínimo.

Si bien su principal objetivo es buscar una relación de equidad entre la banca y los usuarios, cabe destacar que esto no ha sucedido. Las instituciones de crédito en México se han valido del oligopolio para establecer precios artificiales que no reflejan los verdaderos costos que enfrentan.

Existen 5 corporaciones financieras, BBVA, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y HSBC; es decir, 4 extranjeras y tan sólo 1 mexicana, que concentran el 74% del otorgamiento de créditos, lo cual limita el acceso y la cobertura.

Para las cuatro instituciones bancarias foráneas, nuestro país representa una de las naciones más rentables, ya que reciben el dinero muy barato y lo prestan muy caro, con diferenciales que van del 40 al 70 por ciento. Como ejemplo de esto observamos que, durante la crisis financiera del 2009 obtuvieron utilidades por 39 mil 155 millones de pesos dentro de México, lo cual representó el 10% de sus ganancias globales.

Dentro de estos casos, merece especial atención CitiGroup, ya que su filial mexicana, Banamex, ha representado la operación más provechosa dentro de la cadena; pese a que el grupo reportó una pérdida neta de mil 606 millones de dólares en ese año, en nuestro país tuvo una utilidad de 14 mil 549 millones de pesos.

Lo mismo ocurre con el grupo español BBVA, en el cual 25.8% de los ingresos provienen de BBVA Bancomer, su sucursal en territorio mexicano.

Para comprobar los abusos en el mercado doméstico, basta con comparar las tasas que dichos prestadores de crédito cobran en nuestro país, con las que imponen en el resto del mundo.

Mientras Santander cobra en España una tasa de interés de 24% por tarjeta, en México el promedio ponderado es de 32.5%; del mismo modo, HSBC percibe en Inglaterra 19 % por plástico y en México 33.5 %.

Sin embargo, este sector no es el único que presenta deficiencias; la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que la CONDUSEF procurará programas que permitan la educación de la gente en materia de cultura financiera. Desgraciadamente, esta tarea también ha tenido impactos marginales.

En el país, sólo el 40% de los usuarios de tarjeta de crédito son totaleros, es decir, que cada mes pagan el 100% de las compras que realizan con su plástico, por lo que la mayoría de consumidores son víctimas de la tasa de interés crediticia, que oscila entre 27 y 66%, y del Costo Anual Total (CAT), con proporciones que ascienden a niveles desde el 40 hasta el 113%.

Es importante destacar que existen grupos económicos no financieros que ofrecen servicios bancarios, como Liverpool, Palacio de Hierro, etc., y que actualmente no son monitoreados, con el propósito de garantizar que las condiciones que establecen son correctas.

Por lo anterior, resulta significativo que las finanzas de las tiendas departamentales puedan ser vigiladas, ya que siguen mostrando el mejor desempeño en ventas del sector con un aumento anual del 10%.

Un gran porcentaje de las compras que se realizan en este tipo de almacenes se pueden llevar a cabo gracias a tarjetas de crédito y a políticas de meses sin intereses. Como ejemplo de esto podemos observar el caso de Liverpool, en el cual la cartera vencida con más de 90 días de atraso se ubica en un promedio de 3%.

A pesar de que este tipo de negocios han declarado que desde el 2012 implementaron estrategias para controlar el riesgo crediticio, los resultados han sido mínimos, ya que los ingresos de sus divisiones de crédito disminuyeron únicamente 19.7%, para Liverpool y 5.5%, para Palacio de Hierro. Como resultado de esto, el impacto en cartera vencida se ha traducido en una disminución marginal de 0.5% en dichas empresas.

¿Por qué a pesar de la existencia de un organismo, cuya misión es velar por los intereses de los mexicanos en la relación que sostienen con la banca, se observan abusos de esta naturaleza?

Entre los principales problemas relacionados con la protección efectiva de los usuarios de los servicios financieros se observa que, la CONDUSEF carece de independencia y facultades plenas para operar como una auténtica oficina de protección al consumidor.

Del mismo modo, existe una duplicidad de funciones con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), además de que la Comisión carece de personal especializado y de un sistema sencillo de presentación.

Resulta menester destacar que los procedimientos de conciliación y arbitraje regulados por la CONDUSEF, han aportado reportes notoriamente ineficaces bajo los actuales parámetros de operación, teniendo como consecuencia informes que no satisfacen las expectativas de los usuarios, ya que sólo veintinueve de cada cien asuntos puestos a su consideración se logran conciliar.

Es por lo previamente expuesto que consideramos de suma urgencia facultar con mejores herramientas a la CONDUSEF, en aras de que existan mecanismos eficientes que permitan a los usuarios de servicios financieros recibir un verdadero respaldo frente al oligopolio bancario imperante en nuestro país.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 2°, el artículo 4° y 5° y la fracción XXIX del artículo 11° y se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 11°, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 2°, EL ARTICULO 4° Y 5° Y LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 11° Y SE ADICIONA UNA FRACCION XXXIV, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTICULO 11°, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

UNICO.-Se reforman la fracción IV del artículo 2°, el artículo 4° y 5° y la fracción XXIX del artículo 11° y se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 11°, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a III.

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, TIENDAS DEPARTAMENTALES QUE OFRECEN PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios.

V. a IX.

Artículo 4o.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTION EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.

Artículo 5o. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, RENDIRA CUENTAS PERIODICAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE LAS RESOLUCIONES Y LAUDOS EMPRENDIDOS.

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXVIII.

XXIX. Actuar como consultor Y PERITO en materia de productos y servicios financieros y elaborar estudios relacionados con dichas materias;

XXX. a XXXIII.

XXXIV.REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD EN LAS RELACIONES ENTRE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LAS MISMAS.

SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES EN SU ORDEN.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 2°.-

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a III.

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios.

V. a IX.

Artículo 2°.-

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a III.

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, tiendas departamentales que ofrecen productos o servicios financieros, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios.

V. a IX.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 4°.-

La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.

Artículo 4°.-

La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 5°.-

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.

Artículo 5°.-

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. Para dar cumplimiento a lo anterior, rendirá cuentas periódicamente a la Cámara de Diputados sobre las resoluciones y laudos emprendidos.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 11°.-

La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXVIII.

XXIX. Actuar como consultor en materia de productos y servicios financieros y elaborar estudios relacionados con dichas materias;

XXX. a XXXIII.

XXXIV. No existe correlativo.

….

Artículo 11°.-

La Comisión Nacional está facultada para:

I. a XXVIII.

XXIX. Actuar como consultor y perito en materia de productos y servicios financieros y elaborar estudios relacionados con dichas materias;

XXX. a XXXIII.

XXXIV. Realizar visitas de inspección a las Instituciones financieras para garantizar la equidad en las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las mismas.

Se recorren las fracciones subsecuentes en su orden.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. Ricardo Mejía Berdeja.- Dip. Alfonso Durazo Montaño".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

[1] Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

“Honorable Asamblea, los que suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el sexenio pasado el Estado mexicano ha enfocado el aparato de seguridad nacional principalmente en la lucha contra el narcotráfico, lo anterior se ha realizado sin una estrategia eficaz que vaya a las causas que originan esta actividad criminal, lo que ha traído consecuencias graves para la sociedad, al generar nuevas formas de delinquir por parte de las células criminales, que anteriormente no había sufrido nuestro país, dichas actividades ilícitas han producido principalmente impunidad, desconfianza, miedo, sentido de injusticia, dolor, incertidumbre y grandes pérdidas en la sociedad.

En agosto de 2008, se publicó en diversos medios de comunicación, que en ese año 410 personas habían sido levantadas en Chihuahua, Baja California y Durango, y que las cifras mostraban una tendencia al alza. Asimismo, se refirió que en Chihuahua, al menos 40 por ciento de las personas ejecutadas por el crimen organizado, cuyos cadáveres aparecen en fosas clandestinas, encobijadas, calcinadas o en tambos llenos de cemento o ácido, fueron levantadas.1

La ausencia de una estrategia en la lucha contra el narcotráfico, incrementó considerablemente la violencia en la historia del país, obteniendo resultados desgarradores, tal es el caso que durante la administración de Felipe Calderón entre 47,000 y 60,000 personas murieron como resultado de la violencia contra el narcotráfico (12,366 tan sólo en 20112 y 12,000 en 2012); así como cerca de 25,000 desaparecidos. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó el número total de homicidios relacionados con las drogas y otros delitos entre 2007 y 2011 dando una cifra de 95,646, con 27,213 tan solo en 2011.3 Lo más alarmante de este fenómeno son los altos niveles de violencia que significativamente superan a las cifras obtenidas en Afganistán e Iraq, dos países que cargan con la inseguridad y con una situación de guerra.

En México desde hace varios años se ha incrementado la desaparición de personas víctimas de los denominados “levantones”, los cuales implican una privación ilegal de la libertad sin negociación que generalmente termina en asesinato. Los estados del norte del país han padecido principalmente este tipo de violencia, sin embargo, el día de hoy es un mal generalizado en varios puntos de la República donde las bandas del crimen organizado tienen mayor presencia.

A diferencia del secuestro, en el que se demanda un rescate por parte del perpetrador, en los levantones no hay negociación y en muchas ocasiones las víctimas son torturadas e incluso asesinadas. Asimismo, se presenta con frecuencia que las víctimas son reclutadas por el crimen organizado con la finalidad de que participen en la comisión de ilícitos, bajo la amenaza de perder la vida de ellos o de sus familiares.

Por otro lado, es preciso señalar que los denominados “levantones”, no necesariamente pueden subsumirse al tipo penal de desaparición forzada de personas como delito y como violación a derechos humanos, ya que éste se refiere a los actos de desaparición que realizan, propician o consienten los servidores públicos, no previendo el supuesto de la perpetración de dichos actos ilícitos por parte de particulares en los que no se demuestra la participación del algún agente del Estado, razón por la cual no es sancionable. Actualmente, la problemática ha rebasado la norma penal, dado que hoy en día los particulares realizan actos similares, levantando, desapareciendo, ocultando y vejando a personas que hoy son víctimas de esta nueva forma de crimen en la sociedad.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó México del 18 al 31 de marzo de 2011, en dicha visita realizó un informe detallado sobre la problemática en el país, refiriendo lo siguiente:

“… el GTDFI expresa su preocupación por los desafíos que la estructura federal puede significar en la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992 (la Declaración). La distribución de competencias; la falta de una Ley General que regule todos los aspectos de la desaparición forzada; la existencia de fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y municipal; la posibilidad de que los delitos sean investigados a nivel federal o estatal dependiendo de la participación directa o indirecta de funcionarios federales o estatales son factores que diluyen la responsabilidad de dichas autoridades.(…)

En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal. Más aún, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluida la prescripción. Es importante resaltar que, en 2004, la Suprema Corte estableció que el plazo para que opere la prescripción en un caso de desaparición forzada “empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.” Algunos otros Estados han optado por promulgar legislación no jurisdiccional y procedimientos para abordar las desapariciones forzadas.

Las inconsistencias de la definición del delito de desaparición forzada en relación con la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes, así como el hecho de que la gran mayoría de los Estados no hayan tipificado la desaparición forzada como un delito autónomo, contribuyen a la impunidad.

…Debido a que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas, muchos casos que podrían encuadrarse bajo este delito son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. El GTDFI recibió múltiples testimonios de casos en que la privación de la libertad, aún pudiendo enmarcarse bajo el delito de desaparición forzada, es clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad.”

Las desapariciones involuntarias de personas deben ser consideradas como un “delito permanente”, lo anterior en razón de que el ilícito se sigue produciendo mientras la persona desaparecida continúe ausente y no se proporcione información sobre su paradero. Este aspecto particular del delito implica que, con independencia de cuándo se haya producido el acto inicial de la desaparición, hasta que no se establezca la suerte de la persona desaparecida existe una violación continua que debe ser tratada como tal por el sistema de justicia penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que “el deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida”.

Es en ese sentido que se reitera la necesidad de atender el fenómeno criminal que se ha incrementado considerablemente, sumando a ello la problemática de técnica jurídica, puesto que, como se ha observado, dichos actos criminales no se encuentran tipificados expresamente en nuestra legislación, lo que trae como consecuencia una laguna jurídica que permea en la eficiente procuración y administración de justicia, generando preponderantemente impunidad. Atento a lo anterior, es inminente la elaboración de un tipo penal específico para estos casos, así como el diseño de estrategias para combatirlos.

Como lo señala el artículo 14 de nuestra Constitución Política, las normas jurídicas de derecho penal, no admiten analogía de razón, por lo que en este caso se genera una problemática, ello en razón de que estas nuevas formas de delinquir por parte de las células criminales, son altamente impunes. Diferenciar delitos y determinar cuál es la gravedad de cada uno es tarea de la legislación Penal, lo cual constituye el primer eslabón del principio de seguridad jurídica.

En todos los casos, la participación de las autoridades es crucial en la investigación y en la búsqueda de las personas desparecidas, quienes además de encuadrar la conducta en los tipos penales, deben aportar las medidas oportunas y exhaustivas para buscar a las víctimas, investigando a fondo los hechos. En ese sentido, el agente del Ministerio Público, debe ser dotado de las herramientas jurídicas que lo faculten legalmente para implementar las medidas básicas de investigaciónpara encontrar a las personas desaparecidas. 4

Ha sido común escuchar a los familiares de las víctimas desparecidas, señalar que los propios agentes ministeriales se mostraron proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, al no considerar prioritaria la solución del caso, les indicaron que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Lo anterior, demuestra no sólo la falta de una legislación adecuada, sino además la falta de capacitación y sensibilización por parte de nuestras autoridades que lejos de apoyar a la víctima y realizar la labor de procuración de justicia, se vuelven indiferentes y negligentes en la labor que les ha sido encomendada.

El reciente informe realizado por Human RightsWatch, señala que:

En México las desapariciones también tienen consecuencias económicas devastadoras para las familias de las víctimas, y afectan especialmente a grupos vulnerables como los hijos y las familias que viven en condiciones de pobreza. Las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rights Watch son, casi en su totalidad, hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén económico de familias con varios hijos. Debido a su ausencia, sus cónyuges y parejas debieron reaccionar rápidamente para adaptarse a la pérdida del ingreso y poder mantener a sus familias. Esta dificultad económica se ve agravada por el sistema de asistencia social de México, en el cual se supedita la prestación de algunos servicios a que uno de los miembros de la familia tenga empleo. Por lo tanto, la desaparición puede suspender el acceso a beneficios sociales como atención de la salud y cuidado infantil. A fin de conservar el acceso a estos servicios indispensables, los familiares debieron iniciar procedimientos burocráticos costosos y prolongados para que las autoridades reconocieran que la persona estaba desaparecida o muerta, lo cual acentuó su sufrimiento”.5

Debemos sumar esfuerzos y apoyar las búsquedas e investigaciones, superando obstáculos estructurales, incluidas las normas excesivamente acotadas y la ausencia de herramientas indispensables para la pronta localización de las personas desaparecidas involuntariamente, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas, entre otras medidas y políticas de apoyo inmediato.

La presente iniciativa, tiene por objeto tipificar los denominados levantones, definiéndolos bajo el tipo penal de “desaparición involuntaria de personas”, y conceptualizándolos a nivel jurídico penal para que se entienda por “levantar”, cuando una persona es sujetada o amenazada por el agente activo, impidiéndole su libre desplazamiento, siendo sustraída del lugar en que se encuentra.

Además, para este delito se establece una penalidad que va de 20 a 40 años, lo cual es de la más alta gravedad, acorde con el terrible resultado material que conlleva esta conducta, pudiendo dicha pena incluso llegar hasta los setenta años, de conformidad con las agravantes establecidas, tales como:

• Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

• Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

• Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

• Que la víctima sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal.

• Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

• Que durante la desaparición de la persona se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

• Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

• Que durante o después de su desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

• Que la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona, sea privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos

Asimismo, se establece con claridad que estas sanciones se impondrán, sin perjuicio de las que correspondan por otros delitos que sean resultado de la misma conducta.

Lo anterior, se realizará incluyendo un capítulo segundo al Título Tercero Bis de los delitos contra la Dignidad de las Personas, y estableciendo las agravantes al tipo.

La presentación de esta iniciativa es el primer paso a nivel jurídico normativo, para enfrentar la impunidad a los hechos actuales. La definición clara de políticas de prevención y de restablecimiento del tejido social en nuestro país es sin lugar a dudas otra parte para la atención integral de esta problemática, lo que le corresponde a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se expide la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

UNICO: Se adiciona un Capítulo al Título Tercero Bis y los artículos 149 quater, 149 quintus, 149 sextus, 149 séptimus, y 149 octavus, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Tercero Bis

Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Primero

Discriminación

Artículo 149 Ter.

I. a III. …

Capítulo segundo

Desaparición involuntaria de personas

Artículo 149 Quater. Comete el delito de desaparición involuntaria de persona quien, independientemente de los fines con los que realice el acto, levante en la vía pública o al interior de un inmueble a una persona, utilizando la violencia y la mantenga oculta.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá por levantar, cuando una persona es sujetada o amenazada por el agente activo, impidiéndole su libre desplazamiento, siendo sustraída del lugar en que se encuentra.

Artículo 149 Quintus. Al que cometa el delito de desaparición involuntaria de persona, se le impondrá una pena de veinte a cuarenta años de prisión.

Artículo 149 Sextus. Se aplicará una pena de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la desaparición involuntaria de persona concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

b) Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

c) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

d) Que la víctima sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal.

Artículo 149 Séptimus. Se aplicará una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la comisión del ilícito de desaparición involuntaria de persona concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

b) Que durante la desaparición de la persona se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 de este Código;

d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

e) Que durante o después de su desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artículo 149 Octavus. Si la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona, es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

Si espontáneamente se entrega a la víctima del delito de desaparición involuntaria de persona dentro de los tres días siguientes de que fuera levantada, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.

La pena señalada en el párrafo segundo de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que aparezca la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del presente Código, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

En caso de que espontáneamente se entregue a la víctima dentro de los primeros diez días, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta".

1http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=005n1pol

2 Vanda Felbab-Brown , “Peña Nieto’s Piñata:The Promise and Pitfalls of Mexico’s New Security Policy against Organized Crime”, Washington, DC: The Brookings Institution, 2013.

3Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muertes por homicidio, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyec- tos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est&c=28820&proy=mort_dh.

4 Human RightsWatch, “Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, 2013, Impreso en los Estados Unidos de América.

5Ibidem






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIV AL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIV AL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El juicio de amparo es la institución jurídica aportada por nuestro país a la defensa del orden jurídico y de las personas, en contra de actos u omisiones arbitrarios y violatorios de la autoridad y particulares, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.

La reciente reforma a la Ley de Amparo tuvo por finalidad adecuar esta figura jurídica a los tiempos actuales, para que su tramitación sea más ágil y oportuna, así como para aumentar su protección, ampliando el ámbito de su tutela y protegiendo intereses legítimos de las personas.

Sin embargo hay un tema que para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza no debe quedar marginado en la Nueva Ley que regula el Juicio Constitucional, porque consideramos que es de suma importancia en virtud de que atañe a la sociedad en su conjunto.

Ese tema es el referente a la improcedencia de otorgar la suspensión del acto reclamado en amparo, cuando de concederse se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas. Las razones que sustenta la iniciativa que se propone son las siguientes:

La contaminación ambiental ha mostrado un comportamiento a la alza. Al mismo tiempo se ha diversificado de manera preocupante en nuestro país. De acuerdo a datos oficiales la generación de residuos peligrosos en México es de 1.9 millones de toneladas al año1.

Según la PROFEPA, entre los residuos peligrosos figuran los siguientes: aceites lubricantes usados, disolventes orgánicos usados, convertidores catalíticos de vehículos automotores, acumuladores conteniendo plomo, baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; fármacos, plaguicidas y sus envases; compuestos orgánicos persistentes como los bifenilospoliclorados; lodos de perforación base aceite provenientes de la extracción de combustibles fósiles, y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos.

Igualmente, los desechos de clínicas y hospitales, particularmente los que tienen que ver con la sangre, sus componentes y derivados; cepas y cultivos de agentes patógenos; tejidos, órganos y partes removidas en necropsias, cirugías e intervenciones quirúrgicas que no estén contenidos en formol; los residuos punzocortantes utilizados (agujas, navajas de bisturí, lancetas, jeringas) y las muestras biológicas tomadas, entre otros.

Otro de los problemas ambientales de nuestro país es el incorrecto movimiento de los residuos peligrosos generados por el sector productivo, especialmente por la industria manufacturera, extractiva, hotelera, de la construcción y el comercio2. Las empresas generadoras de estos materiales están obligadas a darles un manejo adecuado y a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en las normas oficiales mexicanas. En el mismo sentido se encuentran, aquéllas que prestan los servicios de recolección, transporte, acopio, tratamiento, incineración, reciclaje y/o disposición final.

Las áreas más vulnerables son las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Puebla, León, Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana

En México, más de 74 millones de personas hacinadas en 72 ciudades de todo el país, podrían estar expuestas de manera crónica a la contaminación del aire y a los riesgos de salud que esto implica. De hecho entre 2001 y 2005 murieron en México 38 mil personas por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias derivadas de la exposición a la contaminación atmosférica de automotores, principalmente3.

Por su parte La organización Mundial de la Salud estimó que en 2010 murieron en México 14,700 personas por enfermedades y complicaciones relacionadas con la contaminación del aire en diferentes metrópolis.

Se sabe que la exposición crónica a la contaminación del aire está asociada con el incremento de problemas de salud muy graves como los cardiovasculares y respiratorios, diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil.

Atendiendo a datos del Instituto Nacional de Ecología, esta situación se agudiza en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Puebla, León, Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana, aunque el riesgo no es exclusivo de las grandes urbes

Es oportuno decir que durante la temporada vacacional decembrina se recolectaron 435 toneladas de desechos, principalmente orgánicos, (Los trabajos consistieron en la recolección de residuos sólidos (bolsas de plásticos, envase de pet y vidrio, bolsas metalizadas de comida chatarra, colillas de cigarros y pilas entre un sinnúmero de subproductos más), los cuales fueron trasladados a los sitios de disposición final de los 32 municipios. Lo anterior para minimizar el impacto que estos representan para el ecosistema y para la salud de las personas. Las playas en donde se llevó a cabo esta labor de limpieza se ubican en Colima, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Guerrero.

Como se desprende de lo argumentado, son múltiples los factores y casos de contaminación que se han registrado en territorio nacional durante los últimos años; que arrojan como resultado la contaminación de agua, suelo, subsuelo, mantos acuíferos, playas, ríos, aire.

Las actividades productivas de carácter industrial son edificadoras de problemas ecológicos porque realizan descargas ilícitas de aguas residuales, desecho clandestino de residuos peligrosos y expiden elementos tóxicos que vician el aire.

Los sectores productivos que más contaminantes emiten al medio ambiente son:

• La industria petroquímica, su expansión y desarrollo ha dado origen a graves problemas ambientales, con graves repercusiones a la salud de la población y al equilibrio ecológico de los ecosistemas.

• La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, suministra insumos a una serie de industrias, como la construcción, metalúrgica, siderúrgica, química y electrónica, sin embargo, debido al desarrollo y modernización en los procesos de extracción y procesamiento de los recursos minerales, así como a la generación de grandes cantidades de residuos provenientes de sus procesos, esta industria ha generado por décadas una gran cantidad de desechos y sitios contaminados a lo largo de todo el país. La producción minera en México, se concentra en doce entidades: Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco. En la Tabla.

• Por otra parte, el uso excesivo de agroquímicos, así como el inadecuado manejo y disposición de sus envases, ha sido un problema generalizado en México. Muchos de los plaguicidas empleados en el país hasta la fecha, se han prohibido en otros países por su toxicidad. El creciente volumen de residuos peligrosos generados en nuestro país y a las capacidades existentes para su manejo, frecuentemente se presenta la disposición clandestina de éstos en diversos sitios (tiraderos municipales, terrenos baldíos, patios de empresas, drenajes), ocasionando así un aumento de sitios contaminados con sustancias peligrosas de naturaleza tanto orgánica como inorgánica.

En ese sentido conviene decir que México ha seguido una política caracterizada por adoptar una perspectiva promotora de la protección y preservación del medio ambiente. Los objetivos y metas de los mismos se orientan a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, y los correspondientes medios para el goce y pleno ejercicio de la colectividad.

Las cifras precitadas proyectan que algunos sectores productivos no asumen una responsabilidad para procurar un medio ambiente sano, porque en aras de obtener ganancias omiten la observancia de la ley. Contratan a despachos jurídicos que están dispuestos a asesorar y defender los intereses cuando éstos se ven afectados, sobre todo cuando se presenta la aplicación de una multao en su caso, se impone una pena corporal que impone la autoridad.

Conscientes están que mediantela promoción del juicio de amparo pueden evadir la aplicación de la ley o al menos retardarla, por ello, en nuestro país el abuso de este mecanismo jurídico es una práctica cotidiana.

En este orden de ideas, consideramos que el derecho y sus instituciones, no pueden permanecer estáticos, sino que por el contrario deben evolucionar para adecuarse a problemáticas y realidades sociales. En ese tenor se justifica la presente iniciativa, para que se niegue por ministerio de ley la suspensión provisional del acto de autoridad cuando se afecte el medio ambiente y que por lo tanto se ponga en riesgo la salud de las personas, porque en los términos en que se encuentra el artículo 129 de la Ley de Amparo que regula la figura mencionada, no prevé dicha negativa, por lo que es imprescindible su incorporación.

No se omite mencionar que una de las causales para negar la suspensión provisional del acto autoridad cuando se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, se encontraba prevista en la Ley de Amparo abrogada. De manera incomprensible el legislador ordinario no la rescató para incorporarla en la actual y vigente Ley de la Materia.

ARGUMENTACION

Suspensión del acto reclamado.

Una institución de suma importancia en el trámite del amparo indirecto es la suspensión del acto reclamado. Mediante ésta, a solicitud del quejoso o bien de oficio, el juez de Distrito ordena a la autoridad responsable mantener las cosas en el estado que guardaban al interponerse la demanda, con el propósito de que se preserve la materia del juicio y el acto no quede irreparablemente consumada durante el mismo.

Para decretar la suspensión, en lo general se requiere:

1. que la solicite el agraviado.

2. que con la suspensión no se sigan perjuicios al interés social ni se infrinjan disposiciones de interés público.

3. que con la ejecución del acto, se puedan causar al quejoso daños o perjuicios de difícil reparación.

La solicitud de suspensión dará lugar a que el juez la conceda o niegue, en un primer momento con carácter provisional, señalando una fecha para audiencia incidental (audiencia en la que se decidirá si la suspensión se levanta o bien se concede de forma definitiva hasta el final del juicio) y solicitando a las autoridades responsables sus informes previos o de justificación (que versarán sólo sobre la aceptación o negativa de la existencia del acto reclamado), dando también oportunidad al quejoso para que en esa audiencia, si es necesario, pruebe que existe el acto. Sólo son susceptibles de suspensión los actos que involucran ejecución material y no así los de tipo negativo o meramente declarativos.

Una vez contextualizado lo anterior y para mejor comprensión de la presente propuesta recurriremos al cuadro siguiente.

Ley de Amparo Abrogada

Ley de Amparo vigente

Artículo 124, que prescribía:

I

II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

f)Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos;

X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;

XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

Como se advierte del cuadro expuesto, la nueva ley de amparo retomó causales que ya contenía la ley abrogada, pero lamentablemente omitió una de las principales como es aquella causal que se refiere que “no se concederá la suspensión provisional cuando de otorgarse se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas.”

La novedad es que la vigente ley precitada agregó nuevas causales cuya finalidad es orientar el quehacer de los juzgadores federales, por ejemplo, no se otorgará la suspensión del acto de autoridad contra el que se interpone el amparo, cuando se afecte de manera significativa el interés público. Así sucederá por ejemplo en materia de telecomunicaciones o cuando se trate de casinos o establecimientos de juegos y sorteos. Así mismo se pretende poner un alto a los abusos de los concesionarios de bienes públicos, de los sectores de telecomunicaciones, energéticos y minas, entre otros, que han utilizado esta figura para alargar los litigios y continuar con sus operaciones al margen de la ley.

Como se señaló, el legislador ordinario no retomó o rescató, la causal prevista en el inciso f) de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo Abrogada.

Que prescribía que no se concedería la suspensión provisional del acto de autoridad, cuando se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y abunda, que se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

Inciso f)

Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas.

En Nueva Alianza lamentamos que en la confección de la nueva y vigente Ley de Amparo, no se haya considerado dicha causal para que el Juzgador de Amparo niegue la suspensión provisional del acto de autoridad, por ello proponemos la presente expresión legislativa considerando que debemos asumir como colectivo social, que el fortalecimiento del derecho a un medio ambiente sano, debe ser una tarea constante de esta Soberanía, cuyo ejercicio se concretiza en la creación de productos legislativos congruentes para la resolución de problemas que aquejan a la ciudadanía.

Es nuestro compromiso como legisladores garantizar transparencia en la justicia ambiental; mediante el auspicio y la creación de incentivos para la conservación y fomento de los instrumentos legislativos de regulación que inhiban a las empresas o industrias, la emisión de contaminantes líquidos, sólidos, químicos gaseosos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo latente la salud de las personas.

Conviene recordar que el artículo 4º de nuestra Carta Política prescribe que:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Retomando lo esbozado la figura de la suspensión provisional que contempla el juicio de amparo, como su nombre lo indica su función es paralizar, detener, habida cuenta suspender, los actos que reclama de la autoridad por considerar que afecta la esfera jurídica del promovente del juicio constitucional.

Para mayor entendimiento de esta figura, conviene citar un ejemplo para fortalecer la argumentación y decir que en los casos, de ejecuciónde un mandato de autoridad, como una orden de clausura o medida suspensional de actividades, el gobernado (empresa, industria o particular), en afán de defender sus interesespuede acudir a promover el juicio de amparo. Ahora bien en los términos en que se encuentrael actual artículo 129 de la ley de la materia, el juez deberá otorgar la suspensión provisional o definitiva, y surtirá los efectos de que el quejoso, continúe operando su empresa o negociación y que a través de su actividad laboral, siga emitiendo contaminantes al medio ambiente. Naturalmente, poniendo en riesgo la salud y la vida de la sociedad, en consecuencia, afectando el interés social y las normas de orden público.

Para ilustrar lo antepuesto se cita un criterio de nuestro más alto tribunal, en el sentido de negar la Suspensión del Acto Reclamado cuando de concederse dicha figura se afecta el interés social o se contravienen normas de orden público.

Segunda Sala, Tesis 2ª./J6/92, Octava Época, SJF, t, 56, agosto 1992, p. 18.

SUSPENSION IMPROCEDENTE, TRATANDOSE DE ALZA DE PRECIOS DE ARTICULOS DE CONSUMO NECESARIO. En el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitucionales el legislador, señaló de manera enunciativa, casos en los que estimó que de concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría el interés social, o se contravendrían disposiciones de orden público, entre los que se encuentran el alza de precios de artículos de consumo necesario. Por ello en esos casos la suspensión de los actos reclamados afectaría el interés social o daría lugar a que se contravinieran normas de orden público, por lo que queda fuera del arbitrio del juzgador la calificación en cuanto a que sí la suspensión se producen o no la afectación o la contravención mencionadas. Consecuentemente, en tales supuestos resulta improcedente otorgar la suspensión”

De aquí se desprende la siguiente reflexión, considerando que el criterio del juzgador es declarar improcedente otorgar la suspensión cuando se contravienen disposiciones de orden público o se afecta el interés social, en el caso que se expone, la alza de precios de artículos; la pregunta a formular es:

¿Qué pasa cuando se emiten contaminantes al ambiente que afectan la salud de los ciudadanos?

La respuesta es que, se contraviene disposiciones de orden público y se afecta el interés colectivo, que se traduce en evitar el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano al que todos aspiramos como colectivo social (como lo dispone el artículo 4º Constitucional), y se pone en riesgo o se afecta la salud y la vida de las personas.

En una secuencia teleológica, si tenemos un medio ambiente contaminado, se obstaculiza el ejercicio de nuestro derecho ambiental sano, y por lo tanto se pone en riesgo nuestra salud, cuyo resultado es colocar en riesgo nuestra vida, tal y como se puede advertir en el planteamiento del problema de la presente expresión legislativa.

Estos argumentos nos obligan como legisladores a repensar nuestro compromiso asumido para con la sociedad. Nueva Alianza convoca a los miembros de esta Soberanía a que sumemos esfuerzos, dejando de lado los distintos colores partidistas o las diferentes corrientes de pensamiento, para que este producto legislativo sea una realidad, mediante su aprobación, ycon ello aportar instrumentos jurídicos para que se facilite la tarea de los operadores del derecho y los destinatarios de la Ley.

Consideramos que corresponde al legislador la tarea de enriquecer las leyes, mediante reformas y adiciones para procurar una mayor seguridad jurídica y por lo tanto alcanzar la justicia, recordemos que la seguridad y la justicia son conceptos jurídicos al que todo Estado de Democrático y de Derecho debe aspirar.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuestopor los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIV AL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar en los términos siguientes:

Artículo Unico.-Se adiciona una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 129…

I-XIII.

XIV. Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas.

….

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.

1 Como resultado de las acciones de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y las estrategias que desde hace 20 años derivan del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Datos de la Profepa. 14 de agosto 2012.

2 En México sólo existen dos sitios autorizados para la disposición final de los residuos peligrosos: Residuos Industriales Multiquim, SA (RIMSA) en Nuevo León; y el Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (CIMARI) en Coahuila.

3 Revela un estudio de investigadores estadounidenses Stevens, G.A., R.H. Días y M. Ezzati. 2008. The effects of 3 environmental risks on mortality disparities across Mexican communities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105[44]: 16860-16865






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la C. Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, Diputada Mirna E. Hernández Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrasporte Federal.

Exposición de Motivos

Losrecientes acontecimientos del 7 de mayo del 2013, con respecto a la explosión de una pipa de Gas LP, ocurrido en San Pedro Xalostoc Ecatepec se convierte en un tema de suma transcendencia a tratar, ya que las consecuencias que se originaron fueron impactantes e impresionantes para la comunidad nacional en especial la que actualmente habita en esa demarcación del Estado de México. La pérdida de vidas humanas es un asunto que debe llamar la atención de esta soberanía sobre el funcionamiento y actualidad de nuestra normatividad en torno a las vías generales de comunicación. Los hogares afectados y destruidos presentaron escenas dantescas. Es obvio , que el tema del autotransporte que circula en las carreteras del país debe ser analizado con cuidado y revisar los lineamientos y normas vigentes pues no es posible que se sucedan con tanta frecuencia accidentes, volcaduras, explosiones o choques.

Creo, al respecto, que es indispensable modificar algunos parámetros establecidos tanto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como de la NOM-012-SCT-2-2008.

Esta iniciativa pretende reformar laLey de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en tanto que todo vehículo debe regirse bajo las dimensiones máximas que permitan rangos de seguridad claros y pertinentes.

Debemos tomar en cuenta algunas estadísticas:

La Secretaría deComunicaciones y Transportesen su estadística de bolsillo 2011, establece que en 1994se registraron65 155accidentes, bajando el índice para el 2010 a 25 318 accidentes, con un total de 18 muertos por cada 100 accidentes1.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) asegura que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros, límite superior al de la mayoría de los países del mundo, donde el máximo es de 18.75 metros y mayor al de países como Finlandia (25.25 m), Canadá y EU (25), Suiza (24), Islandia (22), Rusia y Holanda (20 m).

De acuerdo conla base de datos de la asociación Transporte de América del Norte y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los decesos por accidentes carreteros se han incrementado 31.4% entre 1990 y 2010 (último dato oficial del informe Estadísticas Básicas del Autotransporte Federal 2011).

En México, según datos oficiales 13 personas al día en promedio pierden la vida por percances de unidades de transporte de pasajeros y camiones pesados.

Esto ha contribuido a ubicar al país como el séptimo a nivel mundial en accidentes de tránsito, después de India, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Brasil e Irán, según el Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2011 que publica la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Entre el 12 y el 20 de abril, tres accidentes resaltaron al problema de seguridad vial en las carreteras mexicanas.

En el primero, seis estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murieron y 22 resultaron heridos por un accidente en la carretera México-Toluca, cuando la caja de un tráiler se impactó contra el autobús escolar en que viajaban los estudiantes.

En un segundo percance, un total de 44 muertos fue el resultado de un choque entre un camión de carga y un autobús, cuando uno de los remolques del tráiler se desprendió e impactó contra el autobús en una carretera de Veracruz.

Un tercer accidente, que dejo un saldo de un muerto y 36 heridos, se registró en Jalisco, cuando un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler detenido en la carretera México-Morelia.

Según organismos empresariales y autoridades de la SCT, factores como la deficiente planeación e infraestructura y mil 817 puntos de conflicto -identificados para atenderlos en esta administración- en la red carretera, así como la insuficiente infraestructura para controlar pesos y dimensiones del autotransporte de carga (básculas y centros de pesaje y dimensiones) causan los accidentes.

La violación constante de transportistas que exceden cargas y dimensiones de los tráileres por cuestiones de costo y que han cambiado la estrategia de "muchos viajes con poca carga" a "pocos viajes con mucha carga", son otras de las causas del problema de seguridad vial en México.

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) señala que los vehículos de carga circulan con elevados niveles de sobrepeso, "lo cual además de antirreglamentario (con la tolerancia del gobierno), acelera el deterioro de la red carretera".

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT reconoce al respecto que la evolución de la longitud de la red federal de carreteras libre de peaje, ha sido constante en los últimos años. Aproximadamente 26 mil 300 Km (63%) tienen más de 30 años en operación, lo que implica que fueron diseñadas para una realidad diferente a la actual en donde los pesos autorizados han crecido al pasar de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Juan Carlos Muñoz Márquez, indicó que este problema se agrava pues 8 de cada 10 camiones pesados que circulan por carreteras del país, son "ilegales", es decir, operan fuera de la ley y no están registrados en ningún organismo de transportistas y violan reglas de pesos y dimensiones2.

El tema es muy complejo pero esta soberanía debe abordarlo de inmediato.

Quiero comentar que actualmente la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2008, que fija el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción nacional establece que podrán usar las carreteras federales los tracto camiones con22 ruedas.

En esta norma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisa una serie de características alrededor de los tracto camiones que pueden circular en este tipo de carreteras.

Así, se prevén requisitos que propicien“mejorar los niveles de seguridad tanto en la vida como en los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras federales, así como disminuir los daños a la infraestructura del país”.

Muy relacionado a esta disposición se prevé que los tracto camiones cumplan condimensiones que permitan un adecuado uso de la infraestructuray no destruirla. A lavez, se indica cumplir con los criterios de seguridad en la circulación y coexistencia con otros vehículos en vías que son altamente transitadas y con frecuencia en algunos tramos muy cercanas a centros de población.

En el sentido referido se señalan reglas que los vehículos citados deben considerar para ser aptos de circular en nuestras carreteras. Se supone que si se toman las prevenciones referidas se disminuirán estos riesgos. Se reducirá el número deaccidentes de personas que utilizan nuestras vías de comunicación; los daños a pavimentos serán cada vez menos; los puentes no serán destruidos con la frecuencia que ahora se observa; se podrá conducir de mejor manera el problema del tránsito y en general se cuidará adecuadamente la infraestructura altamente costosa en estas actividades. Por consiguiente, se preservarán enbuenas condicioneslos autotransportes.

De este modo, las metas de competitividad se incrementarán si mejoramos el transporte y disminuimos accidentes. Ese el reto inmediato que se tiene en el sector. Por ello, vale retomar con rigor las disposiciones ya panteadas en la ley y hacer esfuerzos extraordinarios de concertación entre los diferentes actores que participan en esta actividad económica de relevancia. A través de la concertación que debe conducir el gobierno federal se pueden cumplir los lineamientos para el desarrollo de la infraestructura, la seguridad, la modernización del parque vehicular, la capacitación a operadores, la inspección y vigilancia, tráfico seguro, condiciones físico mecánicas, corresponsabilidad de los usuarios y prestadores del servicio.

Es entonces, un sistema que debe operar eficazmente con la contribución de todos los actores arriba citados. Obviamente se trataría de un plan de fortalecimiento de la institucionalidad para regular eficazmente el funcionamiento del sector del autotransporte.

Así, a partir de reformas graduales en las diversas normas podemos avanzar en estas metas que se pueden lograr al corto plazo. Ello, repercutirá incluso en una mejora trascendente del diseño del presupuesto y su ejercicio en especial el que se utiliza en el mantenimiento.

Pero la práctica en esta actividad se contrapone con el cuerpo de normas desgraciadamente. No se contempla, por ejemplo, que las carreteras están diseñadas para diferentes volúmenes de tráfico. Hoy como podemos observar las necesidades de modernización de nuestras vías de comunicación requieren de analizar distintos ángulos de un problema que aparentemente no se ha abordado con la suficiente seriedad para integrar un diagnóstico actualizado de los problemas del uso y comportamiento de los actores y beneficiarios de estas carreteras. Tan sólo reflexionamos que en el pasado las prioridades presupuestales estuvieron dirigidas a privilegiar la construcción de nueva infraestructura más que a mejorar la existente. Mucho menos se consideró que también lo que se debe regular es el comportamiento de los actores usuarios y su responsabilidad en el cuidado de las carreteras.

Un asunto relacionado con estas deficiencias se refiere al tamaño de los tracto camiones que con frecuencia son provocadores de accidentes en las carreteras y obstruyen la normal circulación en esas vías terrestres.

Su rebasamiento es muy complicado en autopistas y vías federales haciendo perder la visión a otros usuarios que no pueden circular con normalidad.

Por eso, en este caso específico es conveniente retomar los criterios que reencaucen al usuario de carreteras para aumentar las medidas de seguridad en la operación del transporte mediante la colaboración de las diversas autoridades involucradas y el sector privado.

En el tema del tracto camión se requieren medidas adicionales que contribuyan a incrementar la seguridad en el tránsito de personas y mercancías, así como disminuir los riesgos a los que son expuestas con el tránsito de vehículos que, por la carga que transportan y sus dimensiones, implican en sí mismos un riesgo para la seguridad tanto de los usuarios como de la infraestructura.

Señores diputados y diputadas:

Por lo anteriormente señalado, propongomodificar la ley, para iniciar de inmediato en la mejora de infraestructura que nos hace menos competitivos y reduce la funcionalidad adecuada que se debe tener con nuestros principales socios comerciales.

Sugiero que se reforme la ley para que con precisión se hagan las adecuaciones en la construcción y diseño de tractocamiones. Con ello, damos un paso para empezar a dar pasos que solucionen en el corto y mediano plazo el problema de especial trascendencia para la sociedad que representa ahora el sector de autotransporte en vías de comunicación federales.

El tractocamión no permite la coexistencia pacífica en las carreteras mexicanas por sus dimensiones que propician accidentes con exagerada frecuencia.

Por tal motivo propongo la siguiente reforma a la ley referida de la siguiente manera:

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo único.

Se reforma el artículo 39 de la ley de para quedar como sigue:

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

TITULO TERCERO

DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráfico o electrónico de velocidad máxima.

En el caso del tractocamión sólo se permitirá un semirremolque para circular en las carreteras federales.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Mirna Esmeralda Hernández Morales”.

1 La Secretaría deComunicaciones y Transportes, Estadística de bolsillo 2011; pagina 23, cuadro 12.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/EB-2011.pdf

2El Universal, Transportes de carga, peligro en la carretera. Miércoles 25 de abril de 2012 Noé Cruz Serrano.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/843450.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS B) Y C) Y SE ADICIONA UN INCISO D) AL NUMERAL 2 Y UN NUMERAL 6 AL ARTICULO 211 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT)

“El suscrito, Ricardo CantU Garza, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación a los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno deesta Comisión Permanente, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto que Modifica el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año 2002, fue expedida la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, con el propósito de contar con un instrumento legal que supervisara a las instituciones encargadas de llevar el historial crediticio de personas y empresas, con la información que le proporcionan instituciones financieras y comerciales.

Dicha legislación es uno de los componentes paraque el mercado del crédito tenga un desarrollo ordenado.

Las sociedades de información crediticia llevan el “registro” de los consumidoresque tienen algún pasivo con bancos y empresas.

Cualquier mexicano que haya contratado un crédito ya sea de nómina, personal, automotriz, hipotecario, de tienda departamental, tiene un historial en alguna de las empresas conocidas como buró de crédito.

En dicho historial, se lleva el seguimiento de los distintos créditos que se tienen contratados y el cumplimiento de los pagos, si hay atrasos, o si se llegó al caso de que ya no se cubren las mensualidades.

En función del comportamiento del deudor se hacen una serie de anotaciones, las cuales sirven para determinar el nivel de endeudamiento y si es susceptible de recibir créditos adicionales.

En ese sentido, nos parece que la ley en comento es una herramienta útil, tanto para los usuarios de los servicios financieros, como para las empresas e instituciones que proporciona créditos.

Hay un fenómeno de carácter económico que resalta la necesidad de tener un instrumento jurídico como el que estamos analizando. En los años recientes se ha dado un importante incremento en la expedición de créditos, en particular los créditos al consumo y en específico las tarjetas de crédito.

Debemos recordar que después de la crisis financiera de 1994-95, se registro una severa restricción del crédito, porque las altas tasas de interés hicieron impagables los créditos, porque muchas personas perdieron su empleo y cayeron en cartera vencida.

Esta situación se fue superando con el paso del tiempo, hasta llegar a un punto donde la oferta de créditos ha llegado a niveles muy importantes.

De acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diciembre de de 2012, se habían emitido 24 millones de tarjetas de crédito.

El Boletín No. 025 de la Comisión Nacional de Usuarios de los Servicios Financieros, da a conocer que el número de créditos de nómina que tienen atraso en sus pagos es mayor en el 2012, con relaciónal año previo, 2011.

Para octubre de 2012, el número de créditos de nómina que se encuentra con algún tipo de atraso en sus pagos, asciende a 464 mil, de los cuáles 128 mil (27.5%) se encuentran en cartera vencida por presentar un retraso de más de 90 días. Ese monto al cierre de 2011 fue de 447 mil.

La mayor parte de la cartera vigente de créditos de nómina está concentrada en cuatro instituciones bancarias: BBVA Bancomer concentra 35% del total, Banamex el 33.2%, Banorte tiene el 12.8% y HSBC concentra 8.5% del total, el resto se encuentra distribuido en Santander e IXE.

El propio Banco de México señala que a marzo de 2012, la cartera vencida legó a su nivel más alto desde el mes de noviembre de 2009. Estamos hablando de un monto de 29 mil 156 millones de pesos, un monto superior en 44 por ciento con respecto al febrero de 2012. Este indicador incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina

No obstante el incremento de la morosidad en los créditos al consumo, la colocación de nuevos créditos de este tipo es la más dinámica, por encima de los créditos a las empresas y a la vivienda. En el mismo lapso, la colocación de créditos de este tipo creció en un 17.6 por ciento, mientras que los de vivienda fue sólo de un 8 por ciento y los utilizados para financiar a la industria lo hicieron en un 9.3 por ciento.

Compañeras y compañeros legisladores

Estamos ante una situación donde las instituciones bancarias y comerciales promueven que los individuos adquieran más compromisos de crédito, sin considerar que el índice de morosidad es creciente.

Nos parece que con esta actitud los agentes financieros están promoviendo el riesgo moral, además de que en una eventual crisis económica se llegue a situaciones de insolvencia, ya no sólo de los consumidores, sino de los propios bancos.

Un crédito se considera que está en situación de cartera vencida cuando han transcurrido más de 90 días sin que se haya registrado alguna amortización o pago del mismo.

Un aspecto que regula la Ley de Sociedades de Información Crediticia, es el plazo que las empresas conocidas como Buró de Crédito deben conservar los registros de las personas y empresas que tienen contratado un crédito.

Las disposiciones a la que nos referimos están contenidas en los artículos 23 y 24 de dicha Ley.

En términos generales, se prevé un plazo de 72 meses para conservar la información, salvo en los siguientes casos, señalados en el artículo 24:

“I. Tratándose de uno o más créditos cuyo monto adeudado al momento de la falta de pago de alguna cantidad adeudada a un acreedor sea igual o mayor que el equivalente a cuatrocientas mil UDIS, de conformidad con el valor de dicha unidad aplicable en la o las fechas en que se presenten las faltas de pago respectivas, independientemente de la moneda en que estén denominados.

II. En los casos en que exista una sentencia firme en la que se condene a un Cliente persona física por la comisión de un delito patrimonial intencional relacionado con algún crédito y que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento de la Sociedad por alguno de sus Usuarios.”

A juicio del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la disposición que señala que durante 6 años deban conservarse los registros en el Buró de Crédito, provoca inseguridad jurídica en el usuario de los servicios financieros.

El problema radica en que dicho plazo puede extenderse de manera indefinida, porque cada vez que se presenta algún movimiento en el historial crediticio del deudor a petición del banco o institución que otorgó el crédito, nuevamentecorre el plazo de 72 meses, en los que se tendrá el registro del récord de pagos del deudor.

En ese sentido, nos parece que se debe modificar la ley en comento, para que adopte el mismo principio que se sigue en materia fiscal. Nos referimos a que la autoridad fiscal sólo tiene la facultad de determinar las contribuciones omitidas en un plazo de cinco años, como se señala en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

Por analogía propondríamos que el plazo para que se conserve los registros en el buró de crédito sea de 5 años, es decir, 60 meses, para los créditos mayores a 400 mil UDIS, contados a partir del primer registro que se haga en el buró de crédito y en los casos exista una sentencia firme en la que se condene al cliente por un delito patrimonial.

Asimismo, estamos proponiendo que para el caso de saldos residuales de cuantías mínimas y los créditos menores a mil UDIS, los registros se actualicen en un plazo no mayor a 24 meses.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Artículo Primero.- Se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y octavo del artículo 23, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de sesenta meses.

Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de sesenta meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de sesenta meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.

Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos menores al equivalente a mil UDIS en los términos que establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general; asimismo, en dichas disposiciones se podrá determinar un monto y plazo de referencia para eliminar el registro de saldos residuales de cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a veinticuatro meses.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip.Ricardo Cantú Garza”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 129 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y EL ARTICULO 194 FRACCION I INCISO 4) DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 129 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTICULO 194 FRACCION L INCISO (4 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social.

Hoy en día la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada ha causado desplazamiento en los estados mayormente afectados por las actividades de los cárteles de la droga, tales como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

La captura o muerte de grandes capos del narcotráfico en México ha dado pie para el surgimiento de células delictivas que han expandido sus actividades hacia el secuestro, extorsión y halconeo. Este últimoconsiderado y reconocido como la herramienta que les facilita la información para la ejecución de los delitos a los miembros de la delincuencia organizada.

El “halconeo” es una analogía sobre el ave depredadora que sigue a su presa hasta atacarla con velocidades que llegan a los 300 km/h. En el argot delincuencial coloquialmente “halconear” es acechar, vigilar, alertar y espiar. En los cárteles de droga que asolan México y varios países de Centroamérica, el halcón es uno de los eslabones más bajos dentro de la organización delictiva, se ocupan de informar las actividades de las autoridades policiales y de sus competidores de los otros cárteles.

Los halcones se encargan de obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación de las actividades y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, minando de manera considerable la eficacia de dichas fuerzas de seguridad.

Sin embargo el llamado halcón: persona que espía, asecha, y/o vigila a las fuerzas policiales, y militares, para favorecer al crimen organizado; hasta la fecha no es considerado como un delincuente, ya que dentro de la legislación federal vigente no se encuentra tipificada dicha figura.

Desafortunadamente la “ola” de violencia que se vive hoy en día a manos del narcotráfico, se ha adueñado de los espacios de la sociedad tanto públicos como privados, por lo que resulta inaceptable que los tres niveles de gobierno muestren tal procrastinación para reformar leyes y códigos que erradiquen con certeza nuevos delitos.

Un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades aunado a la desigualdad económica que persiste entre los jóvenes, es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para unirse a las filas de grupos criminales, al convertirse en blancos perfectos para realizar este tipo de conductas antisociales, en éste caso como halcones.

ARGUMENTACION

El constante cambio y el desenvolvimiento social en nuestro país requieren que la legislación contemple el reto que significa actualmente la diversificación y la aparición de nuevas conductas delictivas. Algunas representan etapas claramente definitivas de preparación, ejecución y desarrollo de los crímenes, cuya complejidad para su persecución y sanción coloca a la figura de autoridad en una posición difícil y en constante compromiso para no afectar la legalidad y la seguridad jurídica de la sociedad.

Por lo tanto y como consecuencia a los altos índices de violencia en los que actualmente nos encontramos inmersos como sociedad, y las distintas manifestaciones de ella, emana el deseo de mejorar la situación como nación, lo quenos ha llevado a legislar con el fin de erradicar nuevas figuras delictivas implementadas por la delincuencia organizada.

En algunos estados como Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, tan sólo por mencionar algunos que se han visto la imperiosa necesidad de reformar sus respectivos Códigos penales para prevenir y aplicar penas ejemplares, lo cual abona a tipificar nuevos tipos penales.

Tal es el caso del estado de Coahuila tipificando el delito de facilitación delictiva, mejor conocido como “halconeo”, mientras que Nuevo León lo tipifica bajo el nombre de delitos cometidos contra Instituciones Oficiales y Servidores Públicos, por su parte Quintana Roo lo identifica como el uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia.

Por lo tanto cabe recalcar que la tipificación y concepto de los tipos penales o la definición del delito, como la mayoría de las instituciones legales, son objeto de permanente transformación. La acción punitiva del Estado ha transitado por un proceso que resulta insuficiente para las actuales circunstancias de la realidad nacional en materia de procuración de justicia.

Los tres niveles de gobierno, son los responsables de la eficiente conducción de las políticas públicas para la prevención y procuración de la seguridad pública, por lo tanto sigue latente el reto de combatir y erradicar la delincuencia organizada.

En el Código Penal Federal el delito de espionaje sólo castiga cuando un extranjero proporcione información a una nación extranjera con el propósito de una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. También castiga al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana. Y finalmente, castiga al que teniendo conocimiento de las actividades de una espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Esta actividad delincuencial llamada “halconeo” ya se castiga y se encuentra tipificada en los códigos penales de ciertos estados con penas que oscilan entre los 2 a los 15 años de prisión. Lamentablemente los estados severamente golpeados por el narcotráfico como Michoacán y Guerrero no han tipificado aún el delito de “halconeo” es su respectivo Código Penal.

Por lo tanto se propone la tipificación del delito de facilitación de información con fines delictivos dentro del Titulo primero capítulo ll del Código Penal Federal, para fortalecer el estado de derecho en materia de seguridad pública con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito.

México, según el Índice de Paz Global 2012, se encuentra en el lugar 135 en escala mundial. En 2007, año en que por primera vez se hizo el IPG, México ocupaba la posición 78 de 120; en 2008, el 91 de 138; en 2009, el 107 de 143; en 2010, el 105 de 148; y en 2011, el 119 de 153. Hoy en día nuestro país se ha convertido en uno de los países del mundo con mayor delincuencia organizada y niveles de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, además de sufrir un proceso donde el poder está tomado por “actores criminales”.

La delincuencia organizada se mantiene en el país como una gran fuerza económica con alta concentración armas de fuego y una creciente sociedad con niños y jóvenes delincuentes.

Es importante señalar que no se está castigando o violando los derechos de cualquier persona que obtenga información, como la labor que desempeñan los periodistas, ya que dentro del cuerpo de la iniciativa se especifica que con la tipificación de este delito se castigara a las personas que acechen, alerten, vigilen o realicen cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REMORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 129 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTICULO 194 FRACCION l INCISO (4 DEL CODGIO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES,AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 129 Bis del Código Penal Federal, y 194 fracción l inciso 4) del Código de Procedimientos Penales recorriendo los subsecuentes.

Artículo 129 BIS. Al que aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información privilegiada de las Instituciones de Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, o de procuración de justicia, para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva. Se impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces de salario mínimo.

Las penas a las que se refiere el párrafo anterior se aumentarán en una mitad más cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o a personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio más, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación definitiva, cuando el delito sea cometido por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia se trate de personas morales y del personal en general que brinden o hayan brindado servicios de Seguridad Privada.

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Facilitación de información con fines delictivos.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2013.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.- Dip. Ricardo Monreal Avila”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de prevención, diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial”.
Organización Mundial de la Salud

En México es: La primera causa de mortalidad entre 5 a 14 años de edad
y de 15 a 19 años la tercera en todo el sector salud.”
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia

El 18 de abril del presente año en el Pleno de la Cámara de Senadores LXII Legislatura del Congreso de la Unión, fue presentada por la suscrita, una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVIII y adiciona una fracción XXIX del artículo 3º; y que adiciona la fracción XXII al artículo 27, de la Ley General de Salud, con la finalidad de incluir la detección y atención oportuna del padecimiento de cáncer en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país:

Dicho documento, el cual se encuentra en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, en el proceso legislativo de acuerdo a la legislación vigente, se sustenta principalmente en las siguientes motivaciones:1

I. El cáncer infantil en México constituye una de las principales entidades médicas más desconocidas y significativas para nuestra población.

II. Entre los principales padecimientos del Cáncer Infantil en México se encuentran las cinco patologías más comunes como las leucemias agudas que ocupan el primer lugar, seguidas de los linfomas, los tumores germinales, osteorsarcoma y los tumores del Sistema Nervioso Central.

III. El cáncer infantil afecta rápidamente a pacientes en edad pediátrica, afectando distintas partes del cuerpo, que pueden llegar a tener diversos tratamientos y formas de curación.

IV. A diferencia del cáncer que padecen los adultos, ocasionado en la mayor parte de los casos por agentes productores como el tabaco, la dieta, el sol y agentes químicos, entre otros. Las causas del cáncer infantil, en su mayoría, se desconocen.

V. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 se detectaron cerca de 160 mil nuevos casos de cáncer infantil en el mundo de los cuales casi 90 mil pacientes fallecieron.

VI. La misma OMS reveló que 4 de cada 5 niños con cáncer no tiene acceso a medicinas en el mundo, lo que dificulta su tratamiento y curación, además de que aproximadamente unos 100 mil niños enfermos de cáncer, que viven en países en desarrollo, mueren cada año por falta de tratamiento médico.

VII. Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), el cáncer infantil en México se ha convertido en la segunda causa de muerte en la población de 1 a 19 años de edad.

VIII. La propia institución asegura que cada año se presentan 7 mil nuevos casos de cáncer en menores de 20 años; de los cuales 2 mil 500 son atendidos en instituciones de seguridad social, 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y el resto (2 mil 500) no tiene acceso aún a una atención médica especializada,

IX. Asegura también que el índice de sobrevivencia se encuentra entre el 30 y 50 por ciento de los casos, por detección y atención tardía y una legislación deficiente, mientras que en países como Estados Unidos han sobrevivido el 90 por ciento de los casos detectados,

X. Los Estados con mayor incidencia de cáncer infantil son Chiapas, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, siendo el Estado de Chiapas el que presenta el índice más alto, al respecto es importante destacar lo siguiente:

XI. En todo el territorial nacional existen 135 oncólogos pediatras, cuatro veces menos del número necesario para atender y detectar el cáncer en las niñas, niñas y adolescentes.

XII. Estados como Campeche no cuentan con oncólogos y pediatras por lo que pequeños con este padecimiento tienen que ser trasladados a Yucatán para ser atendidos

XIII. En el Distrito Federal, según la Secretaría de Salud se atiende aproximadamente alrededor de mil 600 casos nuevos cada año.

XIV. Según instituciones especializadas, se concluye que un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, podrían salvar la vida de más del70% de losmenores de 20 años que tienen esta en enfermedad.

XV. Es menester la imperante necesidad de que en nuestro país se amplié la cobertura en el apego al tratamiento, el desarrollo humano y la reinserción social se vuelva inmediata

XVI. El Estado mexicano debe garantizar a los pacientes la atención médicaoportuna y adecuada para el padecimiento, así como la implementación de políticas públicas necesarias que coadyuven a la cobertura total de la detección temprana de la enfermedad en la infancia de este país.

Como conclusión de lo anterior, con la convicción de contribuir a las soluciones de la problemática en referencia y cumplir con las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuse ante el Pleno de la Cámara de Senadores, reformar y adicionar a los artículos 3 y 27 de la Ley General de Salud, con el objetivo siguiente:

I. Incluir que para los efectos del derecho a la protección de la salud, en materia de salubridad en general, se considere, la promoción y cuidado de la salud de los menores de dieciocho años, de forma particular en la prevención, detección oportuna y atención de cáncer en los niños, niñas y adolescentes, y;

II. Finalmente incluir que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se considere en los servicios básicos de salud, los referentes a los servicios básicos la atención médica integral que comprenda la detección y atención oportuna en el padecimiento de cáncer en los niños, niñas y adolescentes.

Una vez presentada la iniciativa de mérito, a la fecha, se han generado impactos importantes y positivos dentro del sector interesado. Sobre todo con el ánimo de expresar su apoyo y presentar propuestas dignas de ser analizadas e incluidas en el proceso de dictamen a cargo de las comisiones correspondientes.

Las opiniones y comentarios han sido emitidas por varios grupos sociales, asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que promueven la prevención, diagnóstico y atención del cáncer, así como de especialistas en la materia e integrantes del Partido de la Revolución Institucional que solicitaron a la proponente, ampliar aún más las pretensiones de la Iniciativa en comento.

Dichas preocupaciones se encuentran motivadas principalmente en las siguientes premisas y propuestas:

a) Implantar la atención médica integral a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer detectado hasta los 18 años, garantizando la ampliación del tratamiento hasta su culminación, no obstante que el tratamiento se concrete después de este rango de edad.

b) Garantizar la promoción de la salud para la prevención, diagnóstico oportuno, atención y tratamiento de cáncer de niñas, niños y adolescentes, a través de campañas de información que orienten y alerten a la población sobre el inicio de esta enfermedad; asimismo, la cobertura gratuita de estudios para la confirmación de un diagnóstico de cáncer.

c) Impulsar un programa nacional obligatorio que se desarrolle en todas las entidades del país y el Distrito Federal con recursos federales y estatales, que busque una cobertura gratuita a la demanda de prevención, atención y tratamiento del cáncer para las niñas, niños y adolescentes.

d) Establecer en la Ley General de Salud, como materia de salubridad general y competencia entre la federación y las entidades federativas, el diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control del cáncer en la Infancia y la adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento y financiamiento de las políticas, públicas en la materia.

e) Instituir en el Seguro Popular la cobertura del tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad, y considerar las posibles recaídas y neoplasias subsecuentes como consecuencia del primer diagnóstico de cáncer, con la finalidad de garantizar la cobertura de los nuevos tratamientos sin importar la edad.

Por tales razones he considerado la pertinencia de presentar esta segunda iniciativa con proyecto de Decreto con el objetivo de fortalecer en el marco jurídico vigente las políticas públicas en la materia que ya son realizadas por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, a través del Programa para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, responsable de dirigir las acciones para la prevención y tratamiento del cáncer en los menores de 18 años a nivel nacional y quien se encarga, a su vez de la organización y funcionamiento del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

Lo anterior y con plena concordancia y fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante de tutelar el derecho a la salud, también dispone, a partir del 12 de octubre de 2011, la constitucionalización del principio del interés superior de la niñez, que ha sido calificado como un gran logro en el proceso evolutivo y armonización internacional de los derechos de las niñas, los niños y adolescente, por lo que cito textualmente su contenido:2

“Artículo 4o. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

(…)

(…)

En el mismo orden de ideas la presente Iniciativa se funda en las disposiciones primera y vigésima cuarta, principalmente, que se encuentran establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, que a la letra dice:

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b)Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d)Asegurar atención sanitaria prenatal y post-natal apropiada a las madres;

e)Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f)Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Así mismo, en los mecanismos legales que buscan garantizan el derecho a la salud, como la Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

La incorporación de las reformas y adiciones propuestas en la presente Iniciativa de Decreto,permitirá elevar a categoría de ley las políticas de diagnósticooportuno, atención, tratamiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia, así como establecer, en materia de salubridad general, competencias a las entidades federativas y autoridades locales dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, con la finalidad de que las políticas públicas en referencia, se ejecuten de manera permanente, gratuita, obligatoria con el mayor presupuesto posible y garantizando unamayor cobertura.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversos articulos de la ley gEneral de salud.

ARTICULO UNICO.- Se reformala fracción III del artículo 2º; se adiciona la fracciónXVI BIS al artículo 3º, y; se reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud , para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I.(…)

II. (…)

III. La prevención, protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. a VII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV Bis.

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. Bis. El Programa de diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control del cáncer en la Infancia y la adolescencia.

XVII. a XXVIII.

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A.(…).

I. a X.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI Bis, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII

C. (…).

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-El Congreso de la Unión; así como las legislaturas de las entidades federativas deberán propiciar, para antes de la entrada en vigor de la presente, un orden jurídico coherente y sistemático.

Tercero.- Se abrogarán las disposiciones legales aplicables que contravengan al presente Decreto.

Cuarto.- La Secretaría de Salud y la Cámara de Diputados, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables realizarán lo conducente a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, los ajustes para la aplicación del Programa de diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control del cáncer en la Infancia y la adolescencia.

Senado de la República, a 29 de mayo de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

Texto vigente

Propuesta de reforma y/o adición

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I.(…)

II. (…)

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. a VII.

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I.(…)

II. (…)

III. La prevención, protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. a VII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV Bis.

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. a XXVIII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV Bis.

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. Bis. ElPrograma de diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control del cáncer en la Infancia y la adolescencia.

XVII. a XXVIII.

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A.(…).

I. a X.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII

C. (…).

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A.(…).

I. a X.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI Bis, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII

C. (…).

1 Diva Hadamira Gastélum Bajo, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXVIII DEL ARTICULO 3o. Y ADICIONA UNA FRACCION XXIX, ASI COMO UNA FRACCION XII AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD”, Diario de los Debates, Segundo Periodo Ordinario, LXII Legislatura, Jueves, 18 de Abril de 2013, Diario 25.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el D.O.F., 26-02-2013, México. [en línea], dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 20 de abril de 2013].






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

“Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El juicio de amparo, también llamado “juicio de garantías”, ha acompañado el desarrollo institucional mexicano desde el siglo XIX hasta nuestros días. Un elemento fundamental de los estados constitucionales ha sido la construcción de las libertades, sobre los cimientos de las garantías y los derechos del hombre, entendidos también como los límites esenciales al poder público. Su fortaleza descansa en su exigibilidad jurídica mediante procesos jurisdiccionales.

Una de las principales garantías o principios en las que descansa nuestra carta magna son los contemplados en los artículos 14 y 16 Constitucionales denominados Garantías de Seguridad Jurídicay Certeza Jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa.

En cuanto a este concepto, debe consignarse que el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define al vocablo “seguridad” como la “cualidad de seguro”; o como “certeza (conocimiento seguro y claro de algo)”.

A su vez precisa que por seguridad jurídica debe entenderse la "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación".

Es así que de esta concatenación de significados debe entenderse que la seguridad jurídica es una manifestación concreta del género denominado seguridad, y se refiere al atributo de certeza que debe de tener todo sistema jurídico dentro de su contenido para que exista previsibilidad en su aplicación, entendiéndose al derecho como un sistema de seguridad que debe predicar la estabilidad y la certidumbre; es decir, como un instrumento a través del cual las sociedades combaten en general cualquier desorientación que surja en el seno de las relaciones sociales, o un remedio cultural que tiene como función primordial dar seguridad, pues ésta es su razón de existencia.

En este tenor y como lo señala Federico Arcos Ramírez (en su obra “La Seguridad Jurídica, una Teoría Formal”, Universidad Carlos III de Madrid, 2000, Editorial Dykinson, página 82), la seguridad jurídica constituye entonces un atributo de aquellas sociedades que reservan al derecho un papel fundamental en la configuración de sus estructuras básicas, y la protección de determinados bienes o intereses fundamentales; pues a través de las normas jurídicas se otorga un marco de certeza respecto de la actuación tanto de los órganos de gobierno como de los particulares, lo cual permite otorgar un ámbito de certidumbre acerca de las conductas desarrolladas por ambos y de las decisiones que se emitan, con el objeto principal de evitar cualquier desorientación o sensación de desprotección entre los gobernados y los órganos de gobierno ante la contingencia que caracteriza a las relaciones sociales.

Es así que la seguridad jurídica puede definirse entonces como la seguridad que se logra a través del derecho y sus instrumentos de aplicación como condición esencial para la vida en sociedad, la cual se compone de diversos elementos, tales como la certeza jurídica (que incluye a la certeza de orientación de las normas así como de su existencia), la eficacia del derecho y la ausencia de arbitrariedad.

Si bien el derecho constituye una instancia segura, también dentro de sus contenidos debe de tener este atributo de seguridad, es decir, ser coherente y eficaz, y tener una racionalidad interna, lo que implica también que los mecanismos de los que se vale para otorgar certeza, también sean aplicados de manera correcta, pues de lo contrario se atentaría precisamente contra la seguridad del sistema.

En este orden, la certeza jurídica equivale al conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las normas jurídicas y de su validez, y equivale al grado de certidumbre a partir del cual los gobernados realizarán diversos actos jurídicos, por conocer las consecuencias jurídicas que su actuar acarreará, lo cual constituye una garantía ante la arbitrariedad y el surgimiento de conflictos jurídicos.

La seguridad jurídica precisa entonces que el derecho sea conocido por sus destinatarios, y que éstos tengan además una representación común acerca de su contenido para que no existan diversas interpretaciones posibles ante una misma cuestión jurídica, lo cual garantiza una certeza de contenido y una expectativa común de la consecuencia, así como la eliminación de la arbitrariedad.

Ahora bien el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece a la letra lo siguiente:

“TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo”.

Del numeral transcrito se advierte que el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, continuaran tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo dos excepciones. Por un lado, la relativa al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, por otro lado, lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil trece, aprobó la tesis jurisprudencial número 49/2013, correspondiente a la Decima Época, pendiente de publicación, cuyo rubro y texto son:

“CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo dos salvedades: una por la que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en las que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas.”

De lo que se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en base al principio de seguridad jurídica, lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la citada norma, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto a partir del tres de abril de dos mil trece.

Esto es, la finalidad de la presente reforma seria adecuar el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosa la realidad jurídica y al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello con la finalidad de respetar las garantías de seguridad jurídica y certeza jurídica.

Por lo que, se presenta el comparativo de dicho numeral ya con la reforma propuesta.

Texto vigente

Propuesta de reforma

TRANSITORIOS

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento.

TRANSITORIOS

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, se expide lo siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO: Se reforma el artículo tercero transitorio, para quedar como sigue:

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 29 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del PT)

“El suscrito, José Arturo López Cándido, Integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación a los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental, con base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la salud mental no solamente debe hacer referencia a que son alteraciones de las emociones y comportamiento del individuo, algunos son considerados trastornos comprendidos y de forma diferenciada las enfermedades mentales son: el estrés, ansiedad, depresión, esquizofrenia, epilepsia y diferentes tipos de demencia, como son la psicosis, locura, Alzheimer y otras más, lo que se ha expandido a individuos, ya sean niños o adultos sin importar el género.

En anteriores legislaturas ya se ha hablado del tema de la salud mental pero sin trabajarlo con mayor abundamiento, debido a que las propuestas de reformas hechas a la Ley General de Salud sólo mencionan un otorgamiento de custodias permanentes de menores para fin de generar la procuración de los infantes, el problema derivado implica no solamente el olvido del tema sino que excluye a todos y todas las enfermas mentales no importando si son niños, adultos o adultos mayores, aspecto que desvía la atención de la importancia de la responsabilidad de los familiares de los enfermos con estas características.

La falta de conciencia, o educación acerca del cuidado o trato de las personas con enfermedades mentales hace más difícil esta situación y lamentablemente tanto la sociedad como los gobiernos no consideran desde un inicio la enorme magnitud de importancia del tema, haciendo que existan diversos debates y posicionamientos con referencia al papel y las situaciones operativas de muchos de los psiquiátricos.

De esta manera, consideramos que la salud mental no es un problema que sólo corresponda al hospital o a los especialistas la búsqueda de una mejoría en la calidad de vida de todo paciente, sino también pensamos que la familia del enfermo es una pieza importante en el tratamiento y posible cura, pues durante el tratamiento o el internamiento la presencia de algún integrante de familia puede generar mayores condiciones para la mejora de la salud de sus enfermos e incluso hasta la cura total.

No obstante, el abandono de los familiares es recurrente no solamente para los enfermos mentales sino en otros casos como los ancianos que son olvidados en los asilos, etc., debemos procurar una nueva forma de educación para que a las personas vulnerables, internadas, etc., no sean abandonadas en precariedad ya que para que exista un buen servicio, los vinculantes de ese proceso deben de ejecutar sus responsabilidades no sólo en aspectos morales y emocionales sino también con los aspectos de cuidado físico relacionado a las terapias o económicas dirigido a la compra de los medicamentos o instrumentación necesarios.

Aunado a ello, es pertinente decir que bajo el nombramiento de un tutor, es posible marcar las responsabilidades con un sentido más amplio y profesional para el cuidado de los enfermos, debido a que se posibilita diseñar un marco legalque regule las conductas en beneficio de la población enferma.

De esta manera los hospitales y los responsables del cuidado de los enfermos mentales pueden ser sujetos a normas específicas que inhibirían las malas conductas cometidas en contra de los mismos pacientes.

En este sentido, es pertinente recordar que se tienen en existencia algunas denuncias acerca del maltrato al interior de psiquiátricos que se pretenden evitar, casos como el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, han dado muestras claras de conductas inapropiadas en contra de los pacientes. En estos casos se han dado evidencias de haber sido amarrados por largos periodos de tiempo o la aplicación de medicamentos sin consentimientos, golpes, o con enorme bajeza han sido exhibidos semidesnudos en espacios abiertos.

Por si fuera poco, en algunos casos más no se permitan visitas a los internos; donde muchos deellos son los que se encuentran en abandono por sus familiares, situaciones que en definitiva se pretenden erradicar.

Con base a información acerca de muchos casos de familiares quienes se han deslindado de la responsabilidad de cuidar, proteger y mantener con una vida digna a sus enfermos con enfermedad mental, es posible enfocar nuestros esfuerzos para lograr crear los mecanismos que permitan una reeducación por no mencionar la obligación de los familiares para que cuiden a las personas internadas con estas características, de manera que con el nombramiento de un responsable directo u otro nombrado por la familia como tutor pueda salvaguardarse la vida digna de estas personas al mismo tiempo que con ello es posible sensibilizar y concientizar a no maltratar y desproteger a los mismos.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Salud Mental, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción IX al artículo 74 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74 Bis.- . . .

De I a VIII.- . . .

IX.- Que se nombre por parte de los familiares a un tutor responsable directo o algún tutor que se haga cargo de los enfermos que están internados en los centros y hospitales psiquiátricos.

Artículo Segundo.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77.- . . .

. . .

. . . .

Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán sancionados conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en caso de que cometan el abandono físico de sus pacientes o que desistan de los apoyos en especie o económicos solicitados por los centros u hospitales psiquiátricos.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. José Arturo López Cándido”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el C. Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Diputado Federal José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con base en la siguiente,

EXPOSICION DE MOTIVOS

La juventud quiere mejorser estimulada que instruida.
Johann Wolfgang von Goethe

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de jóvenes en México equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la población total del país, es innegable que la juventud representa para nuestro país una gran área de oportunidad por la que tenemos que trabajar como legisladores.

En la actualidad son pocos los jóvenes que tienen el interés de participar en las organizaciones juveniles, en involucrase en temas de participación ciudadana, lo anterior según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV2012), misma que señala que cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6% de los jóvenes les interesa poco o nada la política.

Estas evidencias nosmuestran que la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja, y que tenemos que emprender acciones para promover una mayor cercanía de este sector de la población a las políticas que van dirigidas a favorecerlos.

Es por ello queel pasado mes de marzo la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en su artículo 4 y al 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, de ser aprobadas estas reformas en la colegisladora, el Instituto Mexicano de la Juventud deberá promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Además, se pretende fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que promuevan y protejan los derechos humanos de la juventud, así como el impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional con el fin de procurar su desarrollo integral.

Como legislador sé que es brega de eternidad encontrar mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes y considero de vital importancia que en el afán de incentivar la participación de los jóvenes en asociaciones, también busquemos la participación de la juventud en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas en materia de juventud, de esta manera los jóvenes tendrán un espacio en el que emitan su opinión y no solo eso, sino que sean escuchados por los actores responsables de las políticas públicas en materia de juventud en nuestro país, tanto a nivel federal como local.

De acuerdo con el Manual de Seguimiento y Evaluación de Resultados emitido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el objetivo general del seguimiento y la evaluación es la medición y análisis del desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo. El desempeño se define como el progreso hacia el logro de resultados.

Así pues sabemos que nuestro objetivo es buscar el desarrollo integral de la juventud, y considero que es imperante que se evalúen las políticas públicas en materia de juventud no sólo a nivel federal como se establece en el artículo 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

Artículo 15. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud es un órgano que tendrá por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las demás Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Hoy en día los miembros del Consejo han colaborado conjuntamente con el Instituto Mexicano de la Juventud, dando propuestas para el mejoramiento de distintos programas del instituto, han buscado establecer vínculos con representantes juveniles de los espacios de consulta y participación ciudadana que existen en las diversas dependencias del gobierno federal, con el fin de fomentar la transversalidad de las políticas y programas sobre juventud.

Soy consciente de que es necesario que este seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de juventud se dé de igual manera en el ámbito de lo local, por lo tanto, esta iniciativa tiene como objetivo que se incorpore, en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, una atribución para que dicho Instituto promueva la creación de Consejos de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud a nivel local.

Se pretende adicionar una fracción al artículo cuarto de la Ley del IMJ para que éste celebre acuerdos con las autoridades de las entidades federativas y los municipios, a efecto de promover la integración de Consejos de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud a nivel local.

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos de la importancia de la participación de los jóvenes, su participación entendida como la posibilidad efectiva de incidir en las decisiones que afectan o benefician los diferentes ámbitos de su vida. Sabemos que es necesario escuchar a los jóvenes sobre la percepción que tienen respecto de los diferentes temas que les interesan, cuáles son sus demandas, qué propuestas tienen al respecto.

Los Consejos Ciudadanos de Seguimiento son los espacios adecuados para que los jóvenes participen en el monitoreo de los programas y conozcan sus efectos. Su participación y propuestas pueden contribuir para hacer ajustes, mejorar los diagnósticos y operación de los programas, incorporar su percepción y diseñar metas realistas y estrategias adecuadas.

Mientras más impulsemos la participación de la sociedad civil y de los beneficiarios en las tareas de seguimiento y evaluación de los programas públicos, mejores resultados se obtendrán en la calidad de vida de la población, en este caso en especial, en la calidad de vida de las y los jóvenes.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de,

Decreto que adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo único. Se adiciona la fracción XVI recorriéndose la actual a XVII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a XIV…

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud;

XVI. Celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover la integración de Consejos de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud a nivel local, y

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Instituto Mexicano de la Juventud deberá iniciar la celebración de los acuerdos y convenios mencionados en el presente decreto, a más tardar 60 días después de la entrada en vigor del mismo.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Dip. José Luis Oliveros Usabiaga”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por la C. Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN)

“La suscrita, Diputada Federal María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI VII del artículo 28, modifica la fracción II inciso d y adiciona un párrafo cuarto al mismo inciso del artículo 47 BIS, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adiciona fracción IV recorriendo la fracción V y VI del artículo 2 y modifica la fracción V y VII del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los bosques y las selvas proporcionan servicios de gran importancia, forman y retienen los suelos en terrenos con declive evitando la erosión, favorecen la infiltración de agua al subsuelo alimentando los mantos freáticos y también purifican el agua y la atmósfera. Además, son fuente de bienes de consumo tales como madera, leña, alimentos y otros “productos forestales no maderables” (alimentos, fibras, medicinas), cuya importancia para la industria y para los campesinos es muy elevada en México (GEO 3, 2002; FAO, 2000). Las comunidades vegetales dominadas por formas de vida arbórea constituyen también, enormes reservas de carbono en forma de materia orgánica. Estimaciones recientes muestran que los bosques del planeta almacenan unas 280 gigatoneladas de carbono en la biomasa de los árboles (FAO, 2005).

En tanto, la forestación se refiere a la plantación y cultivo de vegetación forestal en terrenos no forestales, con propósitos de conservación, restauración o producción comercial. Por su ubicación geográfica, México cuenta con una vasta gama de ecosistemas forestales que van desde selvas bajas en el trópico seco como numerosas selvas altas en las zonas tropicales más húmedas, bosques templados, de clima frío (ubicados en las partes altas de las montañas), vegetación hidrófila e inducida, así como de matorrales y pastizales, los cuales dan cabida a una enorme variedad de ambientes y grupos biológicos.

La forestación nacional tiene enormes funciones ambientales, ya que ayudan a mantener la estabilidad general del ambiente al preservar la temperatura, la humedad local y regional de los suelos y contribuye a la supervivencia de las especies, así como a incrementar la calidad de vida de las poblaciones humanas, con un aumento en el valor económico, ya que son fuente de madera y de productos no maderables.

Asimismo la reforestación se refiere a establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal, plantando árboles donde ya no existen o quedan pocos, así como su cuidado para que se desarrollen adecuadamente.

En los últimos 40 años la deforestación y degradación de ecosistemas forestales en México ha sido uno de los problemas más graves particularmente en zonas rurales, la evaluación y análisis de éste fenómeno es compleja, ya que tiene orígenes y causas múltiples que responden a la gran variación de condiciones biofísicas y socioeconómicas del país. Las tasas de deforestación reportadas para la década de los ochenta y el primer lustro de los 90 varían entre 370 mil y l.5 millones de hectáreas,aunque las cifras que se han considerado más confiables y que pueden ser metodológicamente comparables con las de otros países del mundo son las reportadas por la FAO, que para 1995 estimaba una pérdida anual para México de 678 mil ha.

Igualmente, es importante señalar que la deforestación es; un proceso provocado por la actividad humana en el que se destruye la superficie forestal, las diferentes causas de deforestación son por la tala inmoderada para extraer madera con fines industriales y/o para consumo de plantas,así como la obtención de tierras para la ampliación de fronteras agriculturas minerías o ganaderas, incendios forestales; intencionales, accidentales o naturales.

En diversos países como el caso de México, la deforestación provoca también cambios climáticos, desplazamiento de poblaciones indígenas así como, ampliación de áreas rurales y urbanos.

Precisamente entre los años 70s y 80s se considera un periodo de desaparición acelerada de las selvas tropicales, en los estados del sur y sureste del país. El reparto de los antiguos terrenos nacionales que existían en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo ocasionó la pérdida de millones de hectáreas. La colonización de esas tierras se basaba en la activa promoción oficial de programas agropecuarios, que buscaban “hacer llegar la frontera agrícola hasta el mar”. En los estados del centro, con alta densidad de población, la deforestación se asoció al crecimiento de la población y la apertura mediante la aplicación de técnicas de la revolución verde, de numerosas áreas montañosas al cultivo.

En 2010 México contabilizó una superficie de 265, 720.79 Ha reforestadas, de las cuales el 59.07% lo aportaron las entidades de Coahuila, Chiapas, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, con un total nacional de 264´313,982 árboles plantados en vivero y vegetativa, cifras que se requieren incrementar para subsanar las áreas verdes afectadas por los desastres naturales e intervención del ser humano.

Destaca que, las regiones del país donde las tasas tienden a ser más bajas coinciden con áreas de propiedad ejidal y comunal que están y han estado sometidas a esquemas de manejo regulado y en donde la actividad forestal se ha convertido en una alternativa de desarrollo regional contribuyendo a incrementar los niveles de ingreso y empleo de comunidades marginadas. En algunas de estas regiones, no solamente se ha detenido el avance de la frontera agropecuaria sino se ha iniciado una recuperación de la cobertura forestal al reforestarse áreas abandonadas de agricultura, las cuales son incorporadas al uso forestal.

Aunque la mayoría de estas áreas fueron concesionadas por el gobierno a empresas privadas entre los años cincuenta y a partir de los ochenta el control de las operaciones forestales pasaba a manos de las comunidades y ejidos; dueños de los bosques. Muchas de estas comunidades se aventuraron a desarrollar por su cuenta la actividad que habían aprendido de las empresas concesionarias, asumiendo los retos de organizar la producción, adquirir las capacidades técnicas de manejo del bosque, administrar la actividad, construir y mantener caminos, y en algunos casos avanzar en la industrialización de la producción.

En tanto que, el gobierno federal de aquellas décadas, no frenaba ni generaba cultura forestal u opciones de uso del bosque compatibles con su conservación. En cambio se apoyaron actividades productivas como la ganadería extensiva y los cultivos agrícolas en zonas de ladera, actividades que persisten hasta la fecha.

La falta de opciones productivas y de políticas públicas basadas en el uso forestal del suelo, y los costos de la restauración y conservación fueron factores que hasta el día de hoy explican la permanencia de estas prácticas.

A lo largo del siglo XX la Reforma Agraria, sin duda fue la acción social hacia el campo más importante que llevó a cabo el estado mexicano y aunque aún no se dispone de cifras exactas sobre la participación de los distintos tipos de propiedad en la tenencia de las tierras forestales de México, diversas fuentes estiman que alrededor del 80% de esta extensión está en manos de ejidos y comunidades agrarias (INEGI 1997, Procuraduría Agraria 2000).

Los impactos del tipo de tenencia de la tierra sobre el deterioro de los bosques cobró notoriedad dado el conflictoque nació, luego de que la propiedad social, es decir los dueños de miles de hectáreas, fuese la causa última de la pérdida acelerada y el deterioro de superficies forestales.

La tenencia de las tierras forestales hoy vive una transición histórica no solo en nuestro país sino a nivel mundial, principalmente por el diseño de políticas públicas respecto del tema, mismas que operan principalmente en el aprovechamiento del uso de suelo, de reforestación y no, a la prevención de la deforestación en grandes cantidades de hectáreas.

Asimismo destaca que, una de las más grandes preocupaciones ambientales de las últimas décadas ha sido la imparable pérdida de bosques alrededor del mundo, que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)a nivel mundial, la deforestación a nivel mundial es de 13 millones de hectáreas por año, que de los años 1990-2005 el mundo perdió 3 por ciento de su superficie forestal total.

México no escapa de esta lamentable estadística, es uno de los países con alto grado de deforestación en América Latina, de hecho algunos investigadores indican que de continuar las tendencias actuales, las selvas mexicanas abran desaparecido antes del año 2050.

Que la selva y los bosques se trasformen en terrenos agrícolas y ganaderos es alarmante, y que no exista un ordenamientos jurídicos que ampare la perdida de nuestros bosques y selvas, es lamentable.

No debemos olvidar que, somos afortunados al vivir en un país mega diverso, como pocos en el mundo concentrando así poco más del 10 por ciento de la diversidad global de especies en plantas, los bosques mexicanos de encinos y pinos son los más ricos del planeta, ocupa el cuarto lugar en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles.

Sin duda alguna es un hecho que en México el cambio de uso de suelo forestal es una de las principales fuentes de eliminación de la superficie forestal. Los terrenos dedicados a la ganadería y agricultura se han venido expandiendo continuamente, de 1970 a 1993 el aumento de su extensión fue de 6.4 millones de hectáreas y de 1993 a 2002 incrementaron en casi 3 millones de hectáreas, según datos oficiales.

Los factores que explican porque ha favorecido la expansión agrícola y ganadera, en lugar de una silvicultura sustentable de entre tantos, la participación gubernamental en proyectos de colonización y desarrollo, el reparto de tierras que hizo Adolfo Lopéz Mateos durante su sexenio y que hoy repercute en la biosfera dado que la selva tropical húmeda aabrió paso a la colonización.

El incremento de reforestación en el país es un punto importante para tomar en cuenta y continuar con estas acciones para seguir mejorando nuestro ambiente y crear conciencia ambiental.

Las estadísticas arrojadas durante el sexenio anterior, a favor de bosques y selvas se incrementó, reportando pagos por servicios ambientales en beneficio de 610 mil hectáreas en 2007, 488 mil en 2008, 597 mil en 2009, 541 mil en 2010 y 526 mil en 2011.

La deforestación presentó una disminución del 50% en los últimos 5 años respecto al periodo 1990- 2011, ya que las estadísticas de 1990 a 2000 presentan que se perdieron 354 mil hectáreas de bosques y selvas, de 2000 a 2005, 235 mil hectáreas, y de 2005 a 2010, 155 mil hectáreas, lo que indica una gran disminución durante cada periodo que representa un índice más alto de reforestación.

Si bien, el trabajo con las comunidades forestales ha presentado una gran evolución en cuanto a progreso y combate de incendios forestales, debido a la constante participación de pobladores a la conservación de zonas boscosas, aunque su participación y apoyo no destaque en la detención de la expansión para actividades agrícolas y ganaderas.

Por tanto, el gobierno federal no solo debe enfocar la política forestal del país en la reforestación sino también en combatir la deforestación. Porque con el paso de los años, aumentará el desabasto de agua en diversas zonas del país, se incrementarán los efectos del cambio climático1 y se agravará la pobreza de millones de personas que viven en los bosques mexicanos.

Asociado al proceso de pérdida de tierras agrícolas, se da un proceso de deterioro de aquellas actualmente en uso o de utilización potencial. La FAO señala que los suelos aptos para uso agrícola son sólo un porcentaje relativamente reducido de las disponibilidades globales de suelos. Según Kovda2, aproximadamente 70% de la tierra disponible dista mucho de ser ideal para la producción agrícola y, por lo tanto, requiere mejoras de diferentes tipos. Sólo 11% de los suelos del mundo están libres de limitaciones serias para el uso agrícola. Las limitaciones más importantes son la sequía, que afecta a 28% de los suelos, la resistencia mineral y problemas químicos afecta a 23%, mientras que la escasa profundidad es un problema que caracteriza a 22% de los suelos; el exceso de agua y las heladas son las limitaciones que afectan principalmente a 10% y 6%, respectivamente, de los suelos del mundo3.http://www.eurosur.org/medio_ambiente/not5.htm - 25

Lo anterior implica que las posibilidades de incorporar tierras nuevas al cultivo son cada vez menores, o que las inversiones que ello significa, así como el costo de su conservación, son bastante elevados. De las tierras actualmente en uso, la gran mayoría están sometidas a fuertes presiones para aumentar su productividad y, además, expuestas a fuerte deterioro, que en casos extremos puede dar lugar a la pérdida irreversible del recurso.

La agricultura ha tenido efectos de transformación importantes. Las poblaciones de animales y plantas, las pendientes y los valles, la cubierta de suelo fértil, la cubierta vegetal de bosques, las praderas, han sido alteradas continuamente en una forma que es hoy prácticamente irreversible: la roturación de los campos, los barbechos, las terrazas y bancales, el riego y la desecación de zonas húmedas han tenido un impacto decisivo en las características, las estructuras y funciones, las disponibilidades de recursos, sobre la productividad de los sistemas naturales y, finalmente, sobre el paisaje así, la agricultura altera inevitablemente el suelo.

Los cultivos obligan a remover la vegetación natural o a su modificación drástica; los cultivos itinerantes con largos periodos de barbecho permiten la recuperación de los bosques naturales, pero pueden causar cambios en las especies y composición de la vegetación secundaria.

La agricultura moderna tiende a la simplificación del ecosistema y, por lo tanto, del paisaje. Las pendientes de las laderas montañosas, en particular aquellas muy empinadas, no favorecen la agricultura, pero la construcción de terrazas y bancales han hecho posible plantar esas pendientes en las culturas más diversas a lo largo de la historia. A su vez, el riego ha alterado los paisajes de amplias zonas áridas y semiáridas en muchas partes del mundo como Egipto, Iraq, Israel, Estados Unidos, etcétera.

El diagnóstico de la FAO sobre México es parte del documento “Los Bosques del Mundo 2010”, que reúne la información de los recursos forestales de 233 países y advierte que pese a los avances en algunos gobiernos de países en desarrollo, todavía hay naciones donde la tasa de destrucción de la cubierta vegetal es alarmante.

México fue uno de los mejor evaluados en este informe técnico-científico donde se utilizaron imágenes de satélite, cartografía de uso de suelo y vegetación y visitas de campo. El gobierno de México auxilió en la construcción de este informe con información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como de otros bancos de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2010, los bosques de la región de América del Norte correspondían al 34% de su superficie territorial, lo que representó el 17% del área de bosque en el mundo. Esto fue ligeramente mayor que en 1990. La tasa de pérdidas en México se redujo en los últimos 20 años (-0.52 % en 1990-2000 y -0.30 % en 2000-2010) (ver Tabla 6).

Tabla 6. Área de bosque en el mundo, 1990-2010

Región

Área
(1,000 ha)

Cambio anual
(1,000 ha)

Tasa de cambio anual
(%)

 

1990

2000

2010

1990-2000

2000-2010

1990-2000

2000-2010

Mundial

4´168,399

4´085,063

4´032,905

-8,334

-5,216

-0.20

-0.13

África

749,238

708,564

674,419

-4,067

-3,414

-0.56

-0.49

Asia y el Pacífico

733,364

726,339

740,383

-703

1,404

-0.10

0.19

Europa

989,471

998,239

1´005,001

877

676

0.09

0.07

Cercano Oriente

126,612

121,431

122,327

-518

90

-0.42

0.07

América Latina y el Caribe

978,072

932,735

890,782

-4,534

-4,195

-0.47

-0.46

América del Norte

676,760

677,080

678,958

32

188

NS

0.03

México

70,291

66,751

64,802

-354

-195

-0.52

-0.30

NS:

No significativo.

FUENTE:

FAO. Situación de los bosques en el mundo 2011.

A escala mundial, los bosques plantados suman aproximadamente un 7 por ciento del área total de bosque, lo que equivale a 264´084,000 Ha en el 2010; en el mismo año, México aportó 3´203,000 Ha considerando que en el 2000 solamente plantó 1´058,000 Ha (ver Tabla 7).

Tabla 7. Área de bosques plantados en el mundo, 1990-2010

Región

Área
(1,000 ha)

Cambio anual
(1,000 ha)

Tasa de cambio anual (%)

 

1990

2000

2010

1990-2000

2000-2010

1990-2000

2000-2010

Mundial

178,307

214,839

264,084

3,653

4,925

1.88

2.09

África

11,663

12,958

15,409

129

245

1.06

1.75

Asia y el Pacífico

74,163

90,553

119,884

1,639

2,933

2.02

2.85

Europa

59,046

65,312

69,318

627

401

1.01

0.60

Cercano Oriente

11,471

13,012

15,082

154

207

1.27

1.49

América Latina y el Caribe

9,111

10,880

14,952

177

407

1.79

3.23

América del Norte

19,645

29,438

37,529

979

809

4.13

2.46

México

350

1,058

3,203

106

215

ND

11.71

ND:

No disponible.

FUENTE:

FAO. Situación de los bosques en el mundo 2011.

México seguirá perdiendo sus bosques a un ritmo de 600 mil hectáreas por año4 si no se realizan las acciones inmediatas para detener dichas acciones en contra del ecosistema.

El incremento de reforestación en el país es un punto importante para tomar en cuenta y continuar con estas acciones y seguir mejorando nuestro ambiente, con conciencia ambiental.

Las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales se otorgan por excepciónpero debemos subrayar y proteger,donde la biodiversidad no se comprometa, que no se afecte la erosión del suelo, que no se contamine el agua y disminuya su captación y que el uso alternativo propuesto sea más productivo.

Dichas acciones en caso de no responder a los ordenamientos correspondientes, deben ser sancionadas y vigiladas, por las dependencias correspondientes.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman, que reforma la fracción VI VII del artículo 28, modifica la fracción II inciso d y adiciona un párrafo cuarto al mismo inciso del artículo 47 BIS, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adiciona fracción IV recorriendo la fracción V y VI del artículo 2 y modifica la fracción V y VII del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable al tenor de la siguiente.

Primero. Se reforma fracción VI y fracción VII del artículo 28, modifica la fracción II inciso d y adiciona un párrafo cuarto al mismo inciso del artículo 47 BIS, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar redactados como sigue:

Artículo 28…

I. ... al V. …

VI. Cambios de uso de suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas por expansión de áreas urbana y rural.

VII. Cambios de uso de suelo de aéreas forestales, de selvas, zonas áridas para la ejecución de prácticas agrícolas pecuarias, agroforestales y silvapastorales.

Artículo 47 BIS …

I. …

II. …

a. … al c. …

d. De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios o zonasque cuenten con aptitud para este fin , que en el cambio de uso de suelo, se reserve el 3 por ciento para la prácticasilvapastorales yde reforestación y, en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos, de tal modo que se salvaguarde la integridad del equilibrio ecológico.

La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

Asimismo la aplicación de dichas prácticas, principalmente aquellas que tengan que ver con cambio de uso de suelo, deberá promover la conservación forestal.

Segundo. Se adiciona fracción IV recorriendo la fracción V y VI del artículo 2 y se modifica la fracción V y VII del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Forestal para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I… al III. …

IV.- Garantizar que subsista la conservación ambiental y no se generen impactos ambientales negativos a partir de las prácticas de cambios de usos de suelo, en los términos de la fracción II inciso d) del artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

V. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el desarrollo forestal sustentable, y

VI. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable.

Artículo 27. …

I. … al IV. …

V. Estabilizar la frontera agrícola manteniendo el tres por ciento de las tierras para reforestación en la productividad del componente agropecuario de las áreas arboladas y de las áreas colindantes a los bosques bajo aprovechamiento forestal y áreas naturales protegidas;

VI. Apoyar a la mujer del medio rural de los territorios forestales en proyectos relacionados con leña combustible (manejo, plantaciones y estufas ahorradoras), componentes forestales para el traspatio, cosecha de agua y sobre labores silvícolas;

VII. Incorporar el componente forestal y el de conservación de suelos en los espacios agropecuarios de hasta el tres por ciento, especialmente los terrenos de ladera;

VIII. En la reconversión del sistema roza-tumba-quema, y

IX. En el manejo integral de las cuencas hidrológico-forestales.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de mayo de 2013.

Dip. María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez”.

1 /Al menos 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país provienen de la deforestación. “México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Instituto nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente, 2006.

2 / Kovda, Soil loss: an overview, Agroecosystems, vol.3, núm.3, 1977.

3 / FAO. Dimensions of need, FAO, Roma 1995.

4 /.“Assessing Land Use⁄ Cover Changes: a Nationwide Multidate Spatial Database for Mexico”, Mas et al, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5, 2004: 249-261; FAO, State of Forestry in Mexico, 2000.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por la C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados)



- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Añorve Baños.

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si me permite, antes de pasar al siguiente punto, quisiera preguntarle, porque tenemos conocimiento que el pasado 9 de mayo, usted, como Presidente de esta Comisión Permanente, recibió una notificación de parte del Magistrado Constancio Carrasco, notificación que seguramente usted ya contestó, pero quisiéramos saber el contenido de esa respuesta ¿si se circuló en Mesa Directiva? Y, ¿si se publicó en la Gaceta Parlamentaria? Y lo más importante, si ya se dio esa respuesta, que se conozca en este Pleno de la Comisión Permanente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Instruyo a la Secretaría técnica de esta Mesa Directiva, pues nos dé la información que está solicitando el Diputado Añorve. Gracias.

Honorable Asamblea, la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, a petición del Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, desea manifestar sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del maestro Arnoldo Martínez Verdugo, con motivo de su sensible fallecimiento ocurrido el pasado viernes 24 de mayo.

Los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, le recordamos en el fragor de las luchas de una izquierda moderna ilustrada, atendiendo siempre la divisa moral de no violentar las reglas del juego democrático y privilegiar la vía institucional y la renuncia a la violencia.

Al recordar su vida y obra, recordamos al Coordinador Parlamentario en la Cámara de Diputados de finales de los años 70´s y al candidato a la Presidencia de la República en el año de 1988, que con gran visión cedió su candidatura para dar paso a la unificación de la izquierda mexicana durante el siglo XX.






MINUTO DE SILENCIO

Como un merecido reconocimiento a su trayectoria, deseo pedirles a todos los presentes, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de un gran mexicano.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto que concede 2 permisos para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno de la Santa Sede, este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen de la Primera Comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Queda de primera lectura.

Pasamos ahora a la discusión de 37 dictámenes con punto de Acuerdo sobre los que no se tienen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a las que se refieren dichos dictámenes.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura a los dictámenes de la Primera Comisión, que se presentarán a su consideración:

Puntos de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a investigar y castigar a los culpables del secuestro del ciudadano Francisco Elizondo Salazar.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que transitan por nuestro país.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla a emitir un informe sobre las medidas aplicadas respecto a la creciente cifra de delitos de feminicidios.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar posibles violaciones al COFIPE y al Código Penal Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar posibles violaciones al COFIPE y al Código Penal Federal.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo en torno a la alerta volcánica para el volcán Popocatépetl.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la desaparición, tortura y homicidio perpetrados contra 2 ciudadanos españoles, ocurridos en Culiacán, Sinaloa.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se solicita el Gobernador del estado de Jalisco a remitir un informe sobre los planes, programas y proyectos de trabajo en materia de seguridad.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



- La C. Secretaría Diputada González Cruz: Doy lectura a los dictámenes de la Segunda Comisión que se presentarán a su consideración.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a emprender acciones e impulsar mejoras en el Servicio Militar Nacional.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos, en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, el diputadoLuis Antonio González Roldán, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En los países industrializados como Japón, Alemania y Estados Unidos, la eficacia y calidad de la ciencia y la tecnología, depende fundamentalmente de las articulaciones que han establecido entre sí, la sociedad, el sector educativo y de investigación y el sector productivo. En Latinoamérica, sin embargo, esta vinculación se dificulta debido al marcado carácter académico y la escasa cultura empresarial dentro de las universidades, situación que ha generado ciertos prejuicios y desconfianza por la iniciativa privada.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2010, la proporción de gasto que se hace en investigación y desarrollo en el país es de aproximadamente de 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no sólo es la más baja entre los países miembros sino que se encuentra por debajo del gasto que hacen otros países emergentes como China, el cual dedica 1.5 por ciento del PIB; Brasil y Sudáfrica dedican 1 por ciento, más del doble que nosotros. Y según información provista por la OCDE, hay el compromiso explícito de estos gobiernos por seguir incrementando los recursos públicos y los privados.

Como resultado, estos países obtienen actualmente un mejor desempeño económico que el nuestro. Durante la década pasada, el crecimiento anual de la economía mexicana promedió apenas 2.3 por ciento. Ello, pese a que el manejo macroeconómico fue adecuado. Si se concretan las principales reformas estructurales pendientes, el país podría alcanzar un crecimiento promedio anual de la economía de entre 4 y 4.5 por ciento.

Mediante los diversos programas que coordina el CONACYT, así como los que operan los centros de investigación, se trata de fomentar la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación en vinculación con las empresas instaladas en México que impacten en la competitividad nacional y ésto redunde en un mayor bienestar para la sociedad.

De manera complementaria, se trata de garantizar la inserción de científicos en la industria que coadyuve a la vinculación de ésta con las instituciones de educación superior y los centros de investigación. La ciencia, la tecnología y la innovación son temas estratégicos para el desarrollo del país.

Con fecha 17 de diciembre de 2012, se público en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos Para el Ejercicio Fiscal 2013, en la cual en su artículo 1ºpárrafo noveno, estipula que:

Artículo 1o.

(…)

Párrafo Noveno:

Se autoriza al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. El remanente se aplicará de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables.

El grupo parlamentario Nueva Alianza,en coincidencia con la propuesta del ejecutivo federal de asegurar el financiamiento a los programas y proyectos del presupuesto de egresos 2013, estuvo de acuerdo en poder hacer uso de los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos; sin embargo,el grupo parlamentario defendió, que esto no debe hacerse de forma discrecional.

En atención a lo anterior, a través de la participación del grupo parlamentario al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se estableció que se dispusieran de los recursos de dicho fondo, pero única y exclusivamente, orientarlos a programas y proyectos en materia del ramo 38. Con lo anterior, el Ejecutivo Federal de considerarlo pertinente podrá hacer uso del fondo hasta por un monto de 5 mil millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El artículo 25, de la Ley General de Educación, dispone que el monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

El Ejecutivo Federal aseguró que para cuando finalice su mandato el presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología corresponderá al 1% del Producto Interno Bruto. Para 2013, los recursos fiscales del Presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienden a 25,102.8 millones de pesos (mdp), asignación 10.9% superior en términos reales a la de 2012. Del anterior monto, 20,102.8 mdp se destinan a los programas que administra el CONACYT, cifra 11.2% mayor en términos reales a la del año previo, mientras que a los 25 centros públicos de investigación apoyados presupuestalmente por el Consejo les corresponde un monto de 5,000.0 mdp. Esta cifra representa un incremento en términos reales de 9.6% respecto a la de 2012.

Al respecto, el grupo parlamentario Nueva Alianza, reconoce que se trata de un notable avance en comparación de los sexenios pasados, pero aún es insuficiente."

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos el interés del legislador proponente respecto a la conveniencia de utilizar los recursos del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.

Dicho Fondo es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de hidrocarburos a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos humanos especializados.

En Octubre de 2007 se realizaron la reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, incluyéndose el Artículo 254 Bis, donde se especificó la creación del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. Desde su creación, el objeto de este Fideicomiso se definió como:

a) La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos;

b) La adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en las materias señaladas en el inciso anterior; y

Para cumplir su objeto, el Fondo Hidrocarburos canaliza recursos económicos que permitan realizar proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada, en las materias antes mencionadas, dando prioridad a los siguientes temas la aplicación de los recursos da prioridad a aumentar el aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos; la exploración, para incrementar la tasa de restitución de reservas; la refinación de petróleo crudo pesado; y la prevención de la contaminación relacionada con las actividades de la industria petrolera.

De conformidad con la información de la Secretaría de Energía, al mes de agosto de 2012 dicho Fideicomiso contaba con una disponibilidad de casi 7 mil millones de pesos ($ 6,978,765,570.51), de los cuales, en la Ley de Ingresos de la Federación 2013, se autorizó a la SHCP para utilizar hasta 5,000 millones de pesos, que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como para aplicar el remanente de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables.

De conformidad con el reporte de Patrimonio y Aplicación de Recursos del Fondo Sectorial de CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, los recursos se han venido acumulando, por arriba de los financiamientos autorizados a los proyectos aprobados por el comité técnico correspondiente.

II.-En el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2011, se reporta que el Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología (GNCyT) en México se ubicó en 111,065.3 millones de pesos, lo que representa el 0.77% del PIB de ese año. Si bien el monto total de la inversión fue 1.3 por ciento mayor que la del año anterior; sin embargo, se enfrentó una reducción en relación con el PIB ya que el GNCyT en 2010 se ubicó en 0.79% del PIB.

En el 2006 el GNCyT era el 80% del de 2011; lo anterior sin que la proporción respecto al PIB haya observado cambios mayores, en 2006 se destinaba el 0.78% del PIB para este rubro, lo que significa que en ese periodo los incrementos en el gasto en Ciencia y Tecnología fueron prácticamente equivalentes al crecimiento del PIB en el periodo.

Según los datos del informe en cuestión, para 2011, el 58.9% de los recursos se destinaron a actividades de Investigación y Desarrollo Experimental (IDE), lo que significa financiar la investigación básica y aplicada, así como el desarrollo de tecnología. El 22.7% de los recursos se destinó al rubro de educación de posgrado y el 18.4% para los servicios científicos y tecnológicos.

En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento de la estructura del gasto nacional, el gobierno sigue siendo la fuente de recursos por excelencia para la ciencia y la tecnología, ya que aporta el 51.9% del total de la inversión, casi 10 puntos porcentuales por abajo se encuentra el sector privado que aporta el 42.8%, y con una inversión menor encontramos a las instituciones de educación superior que erogan el 5.4%. Esta situación difiere de la que persistía en 2006, en ese año el gobierno financió el 46.7% del gasto, mientras que los privados el 45.6%.

Adicionalmente, los recursos que el país utiliza para Investigación y Desarrollo son limitados, si revisamos las cifras sobre el gasto interno en investigación y desarrollo experimental (GIDE) de un conjunto de países, con objeto de conocer cuál es el alcance de nuestro país para canalizar recursos a las actividades de generación del conocimiento básico y aplicado.

Al comparar los recursos destinados a la investigación y el desarrollo tecnológico en México y el resto del mundo, con cifras a 2010, aún presentamos un rezago. El GIDE con relación al PIB, en donde la cifra para 2010 reportada para México (0.48) es de las más bajas, donde encontramos porcentajes como el de Finlandia con 3.9; Corea y Japón con 3.7 y 3.4 respectivamente, y Alemania con 2.8. Por su parte, los Estados Unidos de América reportaron 2.9, Canadá registró 1.8 y España 1.4. En un contexto latinoamericano, Brasil alcanzó 1.2 por ciento, y Argentina obtuvo un cociente de 0.51. Los indicadores mencionados muestran que, a pesar de los avances, persisten rezagos en las cifras correspondientes a nuestro país.

Aunque la aportación de México al GIDE ha sido creciente, pues en 1995, representó sólo 0.28 por ciento del PIB, aunque está muy lejos de los niveles observados en países desarrollados, por debajo del promedio de Latinoamérica, el cual fue de 0.69 por ciento en 2010, y en niveles inferiores a otros países emergentes.

Ello se puede observar en que a pesar de la evolución del gasto federal en ciencia y tecnología, que aumentó 17.37 por ciento en promedio anual entre 1990-2011 y alcanzó 58 mil 810 millones de pesos en 2011, como proporción del PIB sigue siendo limitado: 0.41 en 2011, lo que se genera como una limitante en la formación de conocimiento, y deriva en que no se alcancen los niveles necesariosde investigación y desarrollo.

Adicionalmente, el gasto federal en Ciencia y tecnología se encuentra distribuido en distintas dependencias, lo que dificulta su acción coordinada. Para 2011 el CONACYT, que jurídicamente es el organismo coordinador del sector de Ciencia, tecnología e información, dispuso de 35.2 por ciento del total de recursos.

III.- La proposición que se presenta resulta relevante derivado de la escases relativa de recursos que ha privado en sector de Ciencia y Tecnología de nuestro país, se requiere aprovechar la totalidad de los recursos disponibles para efectuar un impulso real a la investigación y desarrollo, por lo que no sería correcto dejar de lado la utilización de los 5 mil millones de pesos que la Ley de Ingresos de la Federación prevé para el sector de Ciencia y Tecnología.

Un indicador de los limitados resultados de la investigación científica en nuestro país es la producción de artículos científicos en México donde para 2011, nuestro país colaboró con un estimado del 0.85% del total de artículos a nivel mundial, 10 décimas de punto más respecto al 2006 (0.75%). Números muy menores para la 11 economía a nivel mundial.

Los resultados en Ciencia y Tecnología también se pueden medir a través de las variaciones en el número de patentes obtenidas, si revisamos el periodo 2006-2011 se observó una disminución de un 9.3 por ciento, con un total de 14,055 solicitudes en el 2011 contra 15,500 peticiones en 2006; aunque debemos considerar que 2006 fue el segundo año con mayor valor en este rubro.

En 2011 el registro de la relación de dependencia para México fue de 12.2; es decir, que por cada patente solicitada por un mexicano hubo poco más de 12 patentes tramitadas por extranjeros, lo que refleja que la tarea en este aspecto aún se encuentra muy rezagada.

La percepción de la población siempre es importante, y en la sexta Encuesta Nacional Sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECyT 2011) se Identifica que el 92% considera necesario incrementar la vinculación entre los investigadores de diferentes países; 91.6% piensan que debe incrementarse la participación de las mujeres en la investigación científica; 91% están de acuerdo con que en México debería haber más gente trabajando en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, y 90.7 considera que debería haber mayor coordinación entre los investigadores de diferentes instituciones. Es claro que la mayoría de las personas creen necesarias esas acciones y otras más encaminadas a fortalecer el quehacer científico en México.

Dentro de las áreas que identifica como del mayor interés entre los entrevistados radicó en la contaminación ambiental, con un 64.1% que calificó su interés como muy grande o grande. El siguiente tema al que le otorgaron mayor importancia fue nuevos inventos y tecnología con 44.4%, apenas por arriba del 42.7% para nuevos descubrimientos científicos, seguido por el 40.5 por ciento hacia los deportes. El interés por temas como economía y finanzas alcanza 37.1% y en el que menor interés mostraron fue el de política 18.3%.

Estos resultados nos permiten identificar que la Ciencia y Tecnología se encuentran dentro del interés de la sociedad mexicana, no sólo por los resultados que pueda lograr en materia de medio ambiente, tema que claramente es el de mayor relevancia, sino por los resultados directos de inventos y/o nuevos descubrimientos que se encuentran en el segundo y tercer lugar.

La información presentada anteriormente, aunada a los indicadores que fueron revisados, muestran que los esfuerzos por incrementar los recursos para Ciencia y Tecnología, así como para mejorar los resultados científicos ya sea incrementando el número de artículos de investigación o específicos de aplicación a través de mayor número de patentes, no han logrado cerrar la brecha que se mantiene con respecto a las principales economías del mundo, por ello resulta indispensable incrementar los esfuerzos y no desperdiciar ninguna oportunidad o recursos disponibles, que nos permitan establecer un sistema ágil y con la capacidad necesaria para el desarrollo de de ciencia, tecnología e innovación, buscando elevar la eficiencia y eficacia de la inversiones que se efectúen.

Resulta esencial como legisladores impulsar alternativas para el desarrollo de nuestro país, y velar por el correcto ejercicio de los recursos, por ello, esta dictaminadora concuerda con la solicitud del promovente de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer los recursos provenientes del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos que se ejercerán en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo sobre cáncer de ovario.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se garantice el acceso de todas las pacientes a las instituciones de salud del sector público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 15 de mayo de 2013, la Diputada Carla Alicia Padilla Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

II.- En esa misma fecha la presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El cáncer de ovario es un enemigo silencioso que afecta la vida de las mujeres sin importar su nivel social o económico, esta enfermedad causa la muerte a miles de mujeres en todo el mundo incluyendo nuestro país.

Existen diversos tipos de cáncer de ovario, sin embargo, los más importantes son el de células germinales que se presentan en mujeres jóvenes, y el cáncer de tipo epitelial que es el más frecuente (90% de los casos), este afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas.

Al respecto, el pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una jornada que tiene como objetivo concientizar a la población de la importancia que dicha enfermedad tiene en la sociedad, de la que se diagnostican cada año en México: 3000 nuevos casos.

Es decir, el tumor de ovario es la cuarta causa de muerte entre las mexicanas por cánceres ginecológicos, después de cáncer de mama, cervicouterino y de endometrio.

De acuerdo con datos de la clínica de tumores de ovario, -adscrita al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud.- desde 2006, el cáncer de ovario es la causa de muerte de 2500 mujeres al año.

De acuerdo con datos de la clínica de tumores de ovario, -adscrita al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud.- desde 2006, el cáncer de ovario es la causa de muerte de 2500 mujeres al año.

El cáncer de ovario, representa un problema de salud pública a nivel mundial, al año cobra la vida de más de 300 mil mujeres, y sin embargo la investigación de la enfermedad es mínima, por lo que sus causas son inidentificables al igual que los métodos de prevención.

Es necesario y urgente, reconocer y destinar recursos para la inclusión de esa enfermedad en los diversos centros de atención a la salud, con el fin de que las mujeres tengan la garantía de poder accesar a los tratamientos que les permita superarla, es indispensable inyectar recursos públicos para la investigación de esta enfermedad.

Es indispensable generar campañas de prevención como un examen ginecológico una vez al año desde la infancia y hasta después de la menopausia, ya que aunque el ovario no tenga la función de crear óvulos, jamás pierde la capacidad de generar cáncer.

De igual forma, es importante continuar las investigaciones sobre esta enfermedad con el fin de detectar métodos de detección temprana, ya que por falta de estos, el 85% de los casos se detectan en etapas avanzadas.

Es por todo lo anterior, que en el Partido Verde creemos firmemente que este problema de salud pública, debe ser estudiado con más detenimiento con el fin de encontrar un método efectivo y eficaz capaz de detectar el cáncer de ovario, y así evitar miles de muertes a causa de esta enfermedad.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a la Secretaria de Salud, a fin de que se garantice el acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario, asegurando la aplicación de estudios y/o en su caso tratamientos que les permitan afrontar este terrible mal.

CONSIDERACIONES

I. Entre la enorme diversidad que mantenemos en nuestro país, en lo que respecta a la atención médica pública, y los nuevos índices demográficos y epidemiológicos que amenazan con rebasar a nuestras instituciones, los Diputados y Senadores de esta Segunda Comisión celebramos cualquier propuesta encaminada a que las Instituciones de Salud del Sector Público combatan de manera organizada las enfermedades persistentes en la población.

Al igual que la Diputada proponente, creemos que es responsabilidad del Poder Legislativo el vigilar y promover la coordinación de nuestras capacidades y fortalecer con ello la acción del Estado, principalmente para prevenir el descuido, el posible atraso y la calidad en la atención médica, en momentos en que los mexicanos se encuentran más vulnerables ante enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión o cáncer.

Además esta protección a la salud organizada, no deberá contener tintes políticos, ni incitar el trabajo hacia una atención individual, es necesario unificar todos los esfuerzos del sistema de salud y orientar una política sanitaria que promueva la participación de unidades médico hospitalarias encaminadas a la erradicación de dichas enfermedades.

Por lo tanto, será importante también que los miembros de este Congreso nos comprometamos a participar en la elaboración de programas que orienten a la medicina preventiva y que exista un compromiso real para que la salud de los mexicanos no quede expuesta.

Asuntos como estos han requerido y requerirán de nuestra constante vigilancia, este será un trabajo permanente y de un serio compromiso social. Los mexicanos han esperado largamente que se priorice un sistema de salud que atienda estos problemas.

Hay un gran camino por recorrer y sobre todo, se tendrán que elaborar nuevos proyectos que instrumenten y den respuesta a la enorme responsabilidad que se nos han dado para asistir en el combate a epidemias, obesidad, atención primaria, investigación científica y cobertura universal.

Sin embargo, estamos ante la posibilidad de terminar con los padecimientos de la población y los demasiados esfuerzos que enfrentan la familia como invertir un gasto total en salud de 846 pesos mensuales.

Todo ello entonces, demanda reforzar el intercambio de informaciones necesarias entre los centros médicos para la verificación de los datos que condicionan el estado clínico de cada paciente y su atención médica. Creemos oportuno que la atención de los pacientes en una enfermedad común, se lleve a cabo con la más alta calidad y coordinación.

Lo anterior tratándose de enfermedades tan delicadas y serias que azotan en el país como lo es el cáncer, que además ante la presión, provoca que cada establecimiento público maneje su propio sistema, diversa tramitación y falta de interoperabilidad.

II. El cáncer a nivel mundial, es la principal causa de muerte, causando 7,6 millones de defunciones al año aproximadamente, 70% de las cuales, se registran en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro. Resulta preocupante que éste número siga aumentando.

Cabe mencionar que uno de los factores fundamentales en la aparición del cáncer es la edad y en México las personas con una edad de más de 65 años pasó de 1970 de 1.8 millones a 7 millones en 2010 y se espera un importante crecimiento de 28 millones para 2050.

El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la causa del 22% de las muertes mundiales por cáncer en general, y del 71% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón.

En México el cáncer es la tercera causa de muerte y cada año se suman más de 128,000 casos detectados. Es importante señalar que existen 100 tipos de cáncer, la mayoría son curables si se detectan en etapas tempranas.

No obstante, los tipos de cáncer son diferentes y afectan de manera distinta en el hombre y en la mujer, por ejemplo en nuestro país 6 mil adultos varones mueren cada año por cáncer de pulmón y 5 mil por la enfermedad en la próstata, mientras que 4 mil fallecen anualmente por cáncer cervico-uterino, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

El cáncer de próstata es la enfermedad de mayor prevalencia en todo el país, afectando más a los adultos mayores, de hecho el 9.3% de los pacientes con dicho padecimiento tenía entre 70 a 74 años de edad, mientras que el 19.7% era mayor de 80 años, según el INEGI.

Respecto a las mujeres un 10.9% de los casos de cáncer en México estaban relacionados con tumores en las mamas y ocupa el segundo lugar en prevalencia a nivel nacional y es el primero si se toma en cuenta únicamente a la población femenina.

El 70% de los casos de cáncer de mama se presenta en mujeres de entre 30 y 59 años de edad, según el INEGI y para 2009, se registraron 25.5 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres de 30 a 59 años, la mortalidad fue de siete por cada 100,000 habitantes.

Ahora bien, la presencia de tumores malignos en el cuello del útero a pesar de que no representa una prioridad en la atención del cáncer en México, es el tercer tipo con mayor prevalencia, centrándose entre 45 a 49 años, que representa el 15.1% de las pacientes con tumores malignos.

Se presentan alrededor de 4,000 casos nuevos de Cáncer de Ovario al año,de los cuales 3,700 son del tipo llamado Epitelial y solo 200, es decir, un 5% pertenece al tipo llamado Germinal.

Esto ha significado diariamente 11 casos, un diagnósticode cáncer de ovario cada 2 horas y media, además, es la enfermedad por cáncer más letal que el cáncer de mama y cérvix, que son los tipos de cáncer de la mujer de los que más se trata.

Por esto creemos que la propuesta de la Diputada acertadamente prevé la atención en un problema real, que si bien no representa una prioridad en términos de urgencia, si es una situación preocupante y en vías de crecimiento.

Por sobre todo hay que tomar en cuenta el hecho de que este tipo de Cáncer de Ovario es altamente curable cuando se detecta a tiempo, lamentablemente en nuestro país, 8 de cada 10 mujeres es diagnosticada en forma tardía debido a que sus síntomas se confunden con los de padecimientos comunes para la mujer y no es considerada una enfermedad primordial en su atención.

Siendo así, quienes dictaminamos el punto de acuerdo en análisis, creemos que elpronóstico del cáncer de ovario depende de que seamos capaces de diagnosticarlo a tiempo y de que podamos ofrecer un tratamiento oportuno y organizado.

Si logramos promover la coordinación adecuada del sistema para el tratamiento de este tipo de síntoma, veríamos reducido el 40% de las mujeres con cáncer de ovario que tienen que ser reintervenidas quirúrgicamente por una inadecuada cirugía y un 40% en las etapas más avanzadas por falta de atención o conocimiento.

Como hemos mencionado en párrafos anteriores, la falta de coordinación local y nacional puede provocar no solamente una falta de atención, sino el incumplimiento de estándares, duplicidad de información o registros.

III. Desafortunadamente esta enfermedad no tiene cobertura total en el Seguro Popular, solamente cubre su variante “germinal” que corresponde únicamente al 5 por ciento de mujeres con esta enfermedad.

Esto quiere decir que el 95 por ciento restante de casos es de cáncer de ovario del tipo “epitelial”, no serán atendidos de manera adecuada, este problema crece cuando las cifras nos revelan que para este año habrá cerca de 4 mil nuevos casos del padecimiento.

Por lo tanto creemos que como parte de un esquema apropiado para dar cabida al sistema universal de salud, se hace necesaria la importancia del acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario y se de coherencia a los diferentes procesos y departamentos en los establecimientos de salud.

Con esta propuesta se comienza en México una sola identificación del paciente para cualquier establecimiento médico sin la necesidad de un nuevo trámite o coordinación de validación de los documentos.

Con este exhorto podremos garantizarle al paciente la oportunidad para presentarse en su unidad médica y se pueda acceder a su atención y con ello reducir significativamente un número mayor de fallecimientos.

Vamos a poder permitirle al paciente gozar de los mismos estándares de salud en todas las unidades médicas y se podrá disfrutar del mismo tipo de nivel de atención médica.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a la Secretaria de Salud, a fin de que se procure el acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario, asegurando la aplicación de estudios y/o en su caso tratamientos que les permitan afrontar este terrible mal.

Comisión Permanente en el Senado de la República, a 28 de mayo de 20013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a informar sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

"SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A LA SECRETARIA DE SALUD Y DEMAS INSTITUCIONES DE SALUD EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL MARCO JURIDICO VIGENTE EN MATERIA DE CIRUGIA BARIATRICA INFORMEN SOBRE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PRACTICA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN MEXICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 15 de mayo de 2013, la Dip. María de las Nieves García Fernández del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Las enfermedades crónicas son la mayor amenaza a la salud pública de México y, en especial los problemas de sobrepeso y obesidad, son los más alarmantes, ya que estos trastornos traen consigo problemas asociados, tales como la diabetes tipo II y la hipertensión arterial, entre otros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

En México, conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4% - el 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad-.

Así mismo, el 35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Entre 2006 y 2012, el aumento combinado de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de 5% para los sexos combinados, es decir, 7% para el sexo femenino y 3% para el masculino.

De 1988 a 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de 20 a 49 años se incrementó de manera dramática (41.2% y 270.5%, respectivamente). Si bien la tendencia de sobrepeso disminuyó 5.1% entre el año 2006 y 2012, la de obesidad aumentó 2.9%.

En el caso de los hombres mayores de 20 años, en el periodo de 2000 a 2012 la prevalencia de sobrepeso aumentó 3.1% y la de obesidad incrementó 38.1%.

Resultados de la encuesta mencionada revelan que el 73% de las mujeres y el 69% de los hombres mayores de 20 años sufren problemas de sobrepeso y obesidad. Mientras la población con obesidad mórbida rebasa el 4.1% del total de la población, en el año 2000 solo el 1.9% sufría este grado de obesidad.

La obesidad mórbida está asociada a otros problemas de salud (comorbilidades), como la diabetes tipo II, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. En estudios recientes a nivel internacional se encontraron que la prevalencia de diabetes tipo II para esta población fue 22.3%, mientras que para hipertensión, hipercolesterolemia, asma y enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) fue 41.0%,27.9%, 15.2% y 38.0%, respectivamente.

La obesidad mórbida es una enfermedad potencialmente mortal. Las personas con obesidad mórbida tienen un riesgo de muerte dos veces mayor en el caso de las mujeres y tres veces mayor en el caso de los hombres. Si una persona con obesidad mórbida se complica con alguna enfermedad agregada y es diagnosticada a los 20 años, tiene pocas posibilidades de llegar a los 50 años. Incluso, el riesgo de muerte por diabetes o infarto cardiaco es de 5 a 7 veces más.

A partir de lo anterior es que el Ejecutivo Federal, a través de las instituciones de salud, ha realizado esfuerzos en tratar de establecer un marco jurídico que regule el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

En este sentido, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e información en Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF el 4 de agosto de 2010 la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2012, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, cuyo objetivo es establecer los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Dicha norma es de observancia obligatoria para todos los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, así como para los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores público, social y privado, que se ostenten y oferten servicios para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, mediante el control y reducción de peso, en los términos previstos en la misma.

Dicho ordenamiento normativo establece (I) que todo paciente con sobrepeso u obesidad requerirá de un tratamiento integral, (II) los principios a los que se deberán sujetar todos los tratamientos a que se someta el paciente, (III) las características que deberá tener el personal profesional que intervenga en el tratamiento integral del paciente, (IV) los principios a los que se deberá sujetar el tratamiento farmacológico, (V) los principios a los que se deberá sujetar el tratamiento quirúrgico y endoscópico, (VI) los principios aplicables a ambos tratamientos y (VII) ciertas medidas restrictivas para el tratamiento de la obesidad, así como restricciones en la publicidad realizada para el tratamiento y prevención de la misma, entre otras disposiciones jurídicas.

Por su parte, el Consejo de Salubridad General, como máximo órgano en materia de salubridad de conformidad con los artículos 4º, párrafo cuarto y 73, fracción XVI Base 1ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha pronunciado a favor de impulsar la cirugía bariátrica como una de las maneras para contender con la obesidad en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México. Asimismo, dicha instancia, a través del instrumento administrativo antes mencionado, ha realizado una serie de exhortos a los diversos actores involucrados, en donde cada una de las instancias exhortadas debe informar al pleno del Consejo de Salubridad General sobre el cumplimiento de los exhortos.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se exhorta al Consejo de Salubridad General informe de forma periódica a esta Soberanía sobre el grado de cumplimiento que se ha dado por parte de cada uno de los actores involucrados al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009, derivado del Artículo Décimo Primero de dicho Acuerdo.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud a que impulsen el cumplimiento de las Normas Oficiales aplicables y guías de práctica clínica en relación con la cirugía bariátrica en México.

TERCERO. Se exhorta a las instituciones públicas y privadas de atención médica y a todos los profesionistas, técnicos y auxiliares de la salud que intervengan en la práctica de la cirugía bariátrica a que cumplan con el marco normativo que regula la práctica de dicha cirugía.

CUARTO. Se exhorta a la COFEPRIS, para que de acuerdo a sus facultades conferidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones jurídicas aplicables, realice las medidas de vigilancia, regulación, control y fomento sanitario en materia de la publicidad relativa al uso y práctica de la cirugía bariátrica.

CONSIDERACIONES

I. Para quienes signamos el presente dictamen, consideramos, al igual que lo hace la proponente, que el tratamiento oportuno y consecutivo de las enfermedades crónicas que padece la población es fundamental para garantizar un desarrollo adecuado que eleve la calidad de vida de los mexicanos.

De hecho, la atención oportuna de enfermedades persistentes es una herramienta necesaria para su control en todo el mundo, incluso las cifras de organizaciones internacionales han revelado que las muertes de uno de cada cinco menores de edad pudieron o pueden ser controladas con un diagnostico rápido.

Por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios o la diabetes, cuatro enfermedades crónicas, por las que mueren 36 millones de personas por año en el mundo, son prevenibles, pero para eso hay que disminuir los factores de riesgo.

Por lo tanto consideramos afortunada la organización de la salud pública que parece ir en aumento y con ello una atención médica mucho más adecuada para que la población logre atenderse de manera oportuna, sin embargo es importante señalar, como bien lo hace la diputada proponente, que no parecen disminuir distintos padecimientos graves.

Lo anterior ha propiciado que una alto número de personas se encuentren en estado de indefensión, principalmente grupos vulnerables, ocasionando al mismo tiempo que sus casos se compliquen, que ocasionen altos costos o en muchos se promuevan remedios caseros y falta de confianza en la atención pública.

También ha provocado que una serie de intervenciones contra las enfermedades crónicas eficaces y baratas, sean sumamente costosas tanto para los pacientes, como para el propio estado.

El gasto de bolsillo en promedio fue de 1,089 pesos para atender este tipo de enfermedades y de acuerdo con la OMS, el gasto total en salud promedio en México para la atención de una sola enfermedad es de 708 dólares y cuando la enfermedad es persistente, un hogar estaría gastando al año 4,300 pesos que equivale alrededor del 45% de gasto total proyectado por la OMS.

Por este motivo, creemos importante que el Legislativo también forme parte importante, no solamente en el trabajo de una estructura legal acorde, sino que se comprometa en la vigilancia y promoción de nuevos proyectos que permitan a la población ser apoyada en el control médico de sus afecciones y signifique al mismo tiempo detenerlas a tiempo.

Entonces, atender este problema ahora puede significar un avance mayúsculo en la capacidad de respuesta del Estado frente a las enfermedades de la población y se reduzca radicalmente su permanencia.

II. Sin la atención adecuada, estas enfermedades no transmisibles, de larga duración afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde se registran casi el 80% de las muertes, es decir que más de 9 millones de las muertes son atribuidas a las enfermedades no transmisibles.

Cabe mencionar que el 90% de estas muertes ocurren en países como el nuestro y que los niños, adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades no transmisibles, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de tabaco o el uso nocivo del alcohol.

Por si fuera poco, tenemos conocimiento de que dichas enfermedades van en aumento en todo el mundo y que estas no distinguen clase social, por lo mismo, las cifras reportadas en el año 2000 sobre morbilidad, aumentarán en un 69% para el año 2020.

Al igual, hay que considerar que las enfermedades crónicas no solamente representarán problemas de discapacidad o fallecimientos, sino que también se convertirán en los problemas más costosos y en una amenaza económica para todos los países.

Este es el caso de la obesidad, enfermedad que se ha vuelto tan común en México que nuestras cifras contribuyen a nivel mundial para que sea el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas.

De acuerdo a cifras de la OMS, en 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso, todos ellos por el aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

Además hay que mencionar que la obesidad provoca el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas.

También provoca la hipertensión, que a nivel mundial causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular o cardiopatía, así mismo provoca cáncer, es la principal causa de muerte a escala mundial, tan solo a él se le atribuyen 7,6 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en un año, en nuestro país 13 por ciento de la población muere debido al cáncer, cifra que ubica a esta enfermedad como la segunda causa de mortalidad en el país después de las cardiovasculares.

Nuestro país volvió a ocupar el primer lugar en sobrepeso y obesidad, seguido por Estados Unidos, esto es debatible con los años, pero siempre estamos subiendo y bajando al segundo o primer nivel. Lo verdaderamente preocupante es que nuestras tasas se encuentran por arriba de países como la India, China, Indonesia, Estonia o Brasil.

El 65 por ciento de las muertes son por este tipo de enfermedades, y se vuelven mucho más frecuentes durante la edad avanzada y esto vale la pena considerar, sobre todo cuando tenemos conocimiento de que para el año 2040 uno de cada cuatro mexicanos estará en la sexta década de la vida.

En sólo cuatro años la proporción de la mortalidad general explicada por estas enfermedades se eleva hasta en un 4%, como consecuencia, desde 2000 nuestras muerte más frecuentes en México se deben a la falta de control oportuno de las mismas.

En los últimos 10 años se ha duplicado el número de casos de obesidad en México y se ha triplicado el número de casos de niños obesos entre los 6 y los 15 años, incluso la Encuesta Nacional de Salud muestra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad va en aumento, se presenta en uno de cada cuatro niños y en uno de cada tres adolescentes, además hay que tomar en cuenta que 29.35 % de los adultos mexicanos padecen obesidad y 39.95 % sobrepeso.

Las mujeres adultas son el grupo de población donde más avanzó la obesidad en el sexenio, con 35.2% de las mexicanas por arriba de 20 años sufren obesidad,

Y como hemos mencionado en párrafos anteriores, el aumento de tratamiento de la obesidad representa un alto costo a la economía, pues consume al menos el 10% del presupuesto destinado a salud y según cifras de la Secretaría de Salud, nos costará al erario al menos 150,000 millones de pesos para los próximos 10 años.

Debemos añadir que el 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad y su tratamiento representa entre un 22 y 34% del ingreso familiar promedio.

El sedentarismo y el consumo descontrolado de alimentos chatarra provocan esta enfermedad, es decir que persiste un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares y una significativa disminución de la actividad física debido a las pocas actividades recreativas realizadas, el cambio de los modos de transporte y la creciente urbanización.

Pero hay que señalar también que este padecimiento persiste debido a las políticas en materia aplicadas, la planificación de la atención, los factores del medio ambiente, la educación y comercialización de los alimentos.

Para quienes signamos el presente dictamen, nos preocupa también que un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de otras enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, padecimiento que según el Programa Nacional de Salud 2007-2012 constituye la segunda causa de muerte en México y que la OMS ha señalado como la causa del 26% de las muertes de mexicanos.

La obesidad también causa diabetes, enfermedad reconocida como una epidemia a nivel mundial por la OMS y es nuestra primera causa de muertes. El cáncer por otro lado, es la tercera causa de muerte en México y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos, ésta también es provocada por la obesidad y el sobrepeso.

El riesgo de desarrollar hipertensión aumenta cada año, de hecho, hay una prevalencia de 43.2% de la población y de esta, más de la mitad no sabe que la padece.

También debemos mencionar que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta y con ello una mayor dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

Es decir que el cuadro de la obesidad representa en realidad la causa directa o indirecta de las primeras cuatro causas de muertes en nuestro país y representa la base para las enfermedades crónicas más persistentes que hemos tratado de combatir.

Es por estas razones los Senadores y Diputados miembros de esta Segunda Comisión, consideramos imperante realizar una serie de medidas preventivas integrales, con la finalidad de diagnosticar síntomas que pudieran significar la aparición de una enfermedad de alta peligrosidad y de continuo brote entre la población.

Esta, es la elaboración de una nueva política de seguridad preventiva y alimentaria, como prioridad fundamental de la salud pública y que por lo tanto requiere de asegurar la protección de la salud de las personas en relación con los alimentos.

Siempre hemos estado a favor de incorporar como materia de salubridad general la atención en materia de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.

Es importante señalar que, al igual que se realizó con los Lineamientos, dentro del proyecto se encuentran normas cuyo propósito únicamente es el de ordenar la promoción de una mayor información sobre la nutrición y en no recomendar el consumo de alimentos y bebidas con bajo valor nutrimental.

Pero también se encuentran Normas cuyo propósito no termina en la prevención, sino también en la atención médica urgente como última medida, una de ellas es precisamente la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA-3-2007, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, cuyo objetivo consiste en promover la cirugía bariátrica como una de las maneras para contender con la obesidad.

III. Así que debido a dicha norma y al hecho de que ha proliferado la práctica de cirugía bariátrica como una herramienta capaz de detener problema nacional de la obesidad, no solamente en adultos, sino también en niños y jóvenes, se propuso la publicación del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México.

Este Acuerdo publicado finalmente en 2009, planteaba obligar a la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud incluya como referencia en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA-3-2007, Para el Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad las Guías de Práctica Clínica, Tratamiento Quirúrgico del Paciente Adulto con Obesidad Mórbida, y la de Tratamiento Quirúrgico del Adolescente con Obesidad Mórbida.

En su artículo Décimo exhortaba también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las medidas de vigilancia, regulación, control y fomento sanitario en materia de la publicidad relativa al uso y práctica de la cirugía bariátrica.

Si bien apoyamos estas medidas, estamos de acuerdo en que solamente serán efectivas si se llevan a cabo de manera estricta y bajo una constate vigilancia por parte de las autoridades. Por ello creemos, al igual que la proponente del punto de acuerdo en análisis, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene entre sus atribuciones ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario que corresponde a la Secretaría de Salud en esta materia.

También es importante señalar que como bien menciona la proponente, el Consejo de Salubridad General puede investigar las mejores prácticas en indicadores, estándares y métodos de evaluación de la calidad de los servicios de salud a nivel nacional e internacional, por lo que, en pro de una mayor transparencia e información útil para el combate a la obesidad, nos informe el grado de cumplimiento que se ha dado por parte de cada uno de los actores involucrados al acuerdo.

Esto último tomando como base lo dispuesto por el artículo Undécimo que a la letra dice:

DECIMO PRIMERO. Las partes involucradas en el presente acuerdo informarán a los seis meses al Pleno del Consejo de Salubridad General, de los avances de los compromisos que adquieran derivados del mismo.

Ante la terrible epidemia que estamos padeciendo, es importante velar por la protección médica adecuada, nos corresponde a nosotros implementar nuevas medidas que responder de manera efectiva a las necesidades del cuidado de la salud pensada en un largo plazo, pero también de vigilar aquellas ya implementadas y asegurar su éxito.

Por lo mismo, creemos que las distintas propuestas, como esta, están dirigidas a velar por un mayor número de atención y de manera paralela al aumento de la cobertura y el acceso, si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder muchos más pacientes y mantener a largo plazo el problema de salud pública como el que ahora padecemos.

No pensemos lo contrario, éste es una prioridad, debemos garantizar que se tengan acceso a una cobertura de salud integral sobre la obesidad y sobrepeso y evitar gastos y muertes.

La razón fundamental de que se haya elegido dicho programa, demanda también su vigilancia y cumplimiento, es porque lo consideramos un beneficio de salud dentro del ámbito nacional, mantener informada a la población sobre la aplicación por las autoridades involucradas y su avance en el control y erradicación de esta enfermedad.

Siendo así, la aplicación de este programa vela por la convivencia social y el bienestar individual por sobre intereses particulares pues refiere la oportunidad que tiene toda persona para que le sean otorgados todos los servicios médicos posibles que así marque la ley y los diversos Acuerdos.

La propuesta de la Diputada busca fortalecer la transparencia, pero además vigilar la aplicación de la atención médica para luchar en contra de procedimientos persistentes de salud, lucha contra la obesidad y contra el desinterés por programas que en realidad atienden el sufrimiento por causa de una enfermedad en los pacientes; es un proyecto que además resulta congruente con el marco legal de los derechos fundamentales de toda persona a la salud.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Consejo de Salubridad General informe de forma periódica a esta Soberanía sobre el grado de cumplimiento que se ha dado por parte de cada uno de los actores involucrados al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009, derivado del Artículo Décimo Primero de dicho Acuerdo.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud a que impulsen el cumplimiento de las Normas Oficiales aplicables y guías de práctica clínica en relación con la cirugía bariátrica en México.

TERCERO. Se exhorta a las instituciones públicas y privadas de atención médica y a todos los profesionistas, técnicos y auxiliares de la salud que intervengan en la práctica de la cirugía bariátrica a que cumplan con el marco normativo que regula la práctica de dicha cirugía.

CUARTO. Se exhorta a la COFEPRIS, para que de acuerdo a sus facultades conferidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones jurídicas aplicables, realice las medidas de vigilancia, regulación, control y fomento sanitario en materia de la publicidad relativa al uso y práctica de la cirugía bariátrica.

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 22 de de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION".

Punto de acuerdo sobre candidatura del ciudadano Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que presente al Senado un informe detallado de los gastos realizados para apoyar la candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la OMC.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, la Diputada Adriana González Carrillo y la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las legisladoras proponentes del punto de Acuerdo en comento, señalan en los próximos meses concluirá el cargo como Director General de la Organización Mundial del Comercio del Señor Pascal Lamy, razón por la cual durante diciembre de 2012 la OMC recibió las candidaturas que presentaron nueve de sus miembros.

El gobierno de México decidió que el C. Herminio Blanco Mendoza sería el aspirante que representaría a nuestro país en ese proceso. La Secretaría de Economía anunció mediante comunicado de prensa de fecha 21 de diciembre de 2012 que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos había formalizado dicha candidatura con la confianza de que los Miembros de la OMC la apoyarían.

Apuntan las promoventes que los “Procedimientos para el nombramiento de los Directores Generales” adoptados por el Consejo General de la OMC el 10 de diciembre de 2002, establecen que los Miembros cuentan con un plazo de un mes para la presentación de candidatos y que éstos disponen de 3 meses para darse a conocer a los Miembros y participar en debates sobre las cuestiones pertinentes a las que se enfrente la Organización.

Es por lo anterior que, de conformidad con el citado procedimiento, a partir del 1° de abril el Presidente del Consejo General, con la asistencia de los Presidentes del Órgano de Solución de Diferencias y el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, celebraron consultas con los 159 Miembros de la OMC.

En la segunda ronda de consultad llevada a cabo el 26 de abril, se informó que entre los dos candidatos finalistas se encontraba el C. Herminio Blanco y el Sr. Roberto Carvalho de Azevêdo, del Brasil.

Finalmente, el pasado 7 de mayo se dio a conocer que el Director General de la Organización Mundial del Comercio sería el candidato de la República Federativa del Brasil.

Añaden las legisladoras que de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo largo de 106 días de campaña de promoción de su candidatura, el Doctor Herminio Blanco sostuvo reuniones con representantes de más de un centenar de países, a nivel de Jefes de Estado o Jefes de Gobierno, Ministros y representantes diplomáticos alrededor del mundo.

Las referidas reuniones implicaron visitas a Turquía, Arabia Saudita, Países Bajos, Rusia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Alemania, Londres, Moscú, entre otros países.

La proposición con punto de acuerdo establece que en distintos medios de comunicación se publicó que el Gobierno Federal apoyó presupuestalmente al candidato con boletos de avión y gastos de hoteles. Blanco Mendoza fue cuestionado en un programa de radio sobre quién costeaba los gastos de su campaña y reconoció que “es el esfuerzo de un equipo de funcionarios que, además de las funciones que cumplen, se encargan de estar en contacto constante con diversos países y eso nos ha permitido el éxito”.

En el mismo sentido, afirmó que estar entre los finalistas para la Dirección General de la OMC era el resultado del trabajo de un equipo que “ha estado funcionando en todo el mundo, a través de la red de embajadores y de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía”.

En virtud de que este órgano legislativo ha hecho público en diversas ocasiones su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; y en razón de los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en qué gasta su dinero el Gobierno Federal, se estima necesario que el Poder Ejecutivo Federal rinda un informe pormenorizado de los gastos realizados para apoyar la campaña del Sr. Herminio Blanco.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las dependencias correspondientes, presente al Senado de la República un informe detallado de los gastos efectuados y las actividades realizadas por el gobierno federal para apoyar la candidatura del señor Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en que el Poder Legislativo Federal tiene un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

El derecho de acceso a la información contribuye a la existencia de una verdadera democracia, nuestra Constitución Política lo consagra en su artículo 6°, el cual estipula que toda la información en posesión de cualquiera autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

De igual forma, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, aprobada el 8 de junio de 2010 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos destaca que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas.

II.- Esta Dictaminadora considera la transparencia como una herramienta institucional que permite conocer lo que los funcionarios públicos realizan en nombre de México, por lo que la situación planteada en la proposición en estudio debe ser atendida por el Poder Ejecutivo Federal a fin de esclarecer los gastos efectuados para apoyar la candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.

La importante cantidad de países visitados por el C. Blanco Mendoza en el desarrollo de su campaña motiva a la Segunda Comisión a plantear al Pleno de la Comisión Permanente la emisión de un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de que se lleve a cabo un ejercicio elemental de transparencia que permita avanzar hacia un sistema articulado de rendición de cuentas, que favorezca la calidad y eficacia de la administración pública.

El financiamiento público de campañas de candidatos a cargos en foros internacionales implica la existencia de un sistema transparente que haga pública la información relativa a los montos obtenidos por los candidatos, en observancia a principios tales como el de máxima divulgación de la información, la cual deberá ser completa, oportuna y accesible.

III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar a la transparencia, entendida como la obligación de todo funcionario público o dependencia de informar sobre sus decisiones y justificarlas ante los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las dependencias correspondientes, presente al Senado de la República un informe detallado de las actividades realizadas y, en su caso, los gastos efectuados por el gobierno federal, para apoyar la candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a autorizar recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a que autorice recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha quince de mayo de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones en el que el legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente:

“1.- Con fecha 19 de mayo de 1992, el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribió con la Secretaría de Educación Pública el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación básica, mediante el cual se transfirieron al Estado de Oaxaca, los recursos humanos y materiales con que la SEP venía presentando los servicios educativos.

2.- La prima de antigüedad es un pago al que tienen derecho los trabajadores docentes adscritos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

No obstante, la posibilidad de materializar dicho pago se ve limitada por el hecho que el presupuesto que ejerce dicho ente público proviene del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal -FAEB-, que se origina por una aportación federal.

De esta forma, la realidad es que existe una dependencia de los montos federales para atender un reclamo social, que exprese la necesidad de cubrir un derecho de los trabajadores jubilados.

3.- La naturaleza jurídica del IEEPO es un organismo público descentralizado, creado hace 20 años, por el titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mediante decreto emitido el 23 de mayo de 1992.

4.- De acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los organismos públicos descentralizados deben regir sus relaciones laborales por el apartado A del art. 123 constitucional como lo establece la Jurisprudencia P./J. 1/96 bajo el rubro:

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJDAORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL”.

De ese criterio se desprende que los organismos públicos descentralizados deben someterse al régimen del apartado "A" del artículo 123 de la Carta Magna y a la Ley Reglamentaria, la cual sí prevé en el artículo 162 la prestación de antigüedad.

5.- La prima de antigüedad históricamente surgió como una prestación legal concomitante con la entrada en vigor de la actual Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de mayo de 1970, ya que anteriormente sólo constituía una prestación contemplada en los contratos colectivos de trabajo, por lo que el legislador incorporó tal prestación a la Ley. Sirve de apoyo la tesis histórica con el rubro:

“PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NO LA ESTABLECIO LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931”. (Séptima época, cuarta sala, Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 127-132, quinta parte, página 52).

6.- Derivado de la Jurisprudencia 22. LVIII/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 25 de mayo del 2011, determinó que los organismos públicos descentralizados deben pagar la prima de antigüedad, independientemente de que hayan recibido el pago de la prima quincenal y la pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad tiene una naturaleza jurídica distinta a estas, tal como lo establece la tesis bajo el rubro:

“TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.

7.-Hasta el año 2012, existían 354 juicios laborales iniciados bajo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, promovidos por 3,596 jubilados docentes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde reclaman el derecho de recibir el pago de la prima de antigüedad.

Para el ejercicio 2012 el número de registros de personal jubilado fue de 14,580 casos.

8.- Es indiscutible que de acuerdo al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las demandas laborales tarde o temprano van a redundar en un pasivo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el cuál no cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a una obligación de esa naturaleza, previendo una necesidad a corto plazo por la cantidad de $208,434,600,00 (doscientos ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos), de acuerdo con los estudios financieros realizados por las autoridades del Estado de Oaxaca.

9.-El trabajo es un derecho social, el cual estamos obligados a proteger vigilando que a los trabajadores se les otorguen todos los beneficios establecidos en la Ley, por justicia social.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que autorice recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.”

CONSIDERACIONES

I.-Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, procedimos al estudio de los postulados de la proposición de mérito, encontrándose que su contenido y el resolutivo propuesto resultan viables y oportunos.

Compartimos la preocupación del legislador proponente respecto de la obligaciónsolidaria de los distintos niveles de gobierno que componen el Estado mexicano, para salvaguardar los derechos laborales de nuestra población y en el particular que nos ocupa, del personal jubilado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Coincidimos a la vez con la preocupación del promovente respecto de la imposibilidad material que enfrenta el citado instituto parahacer frente a obligaciones que si bien derivan de la Ley Federal del Trabajo, no han sido reconocidas de manera general como dables a los trabajadores jubilados, por un lamentable error en el diseño institucional original del organismo descentralizado que nos ocupa, lo que ha generado un importante y creciente número de controversias que se iniciaron ante la junta local de conciliación y arbitraje y que hoy continúan en trámite.

II.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, surge como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, como el órgano responsable de ejecutar los Programas Educativos Nacionales dentro del Sector Educativo Estatal, siendo su naturaleza jurídica la de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que recibe sus recursos por medio de transferencias federales.

Dicho órgano adolece desde su creación de una disposición inconstitucional, al haberse dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto publicado por el Gobernador de Oaxaca el día 23 de mayo de 1992, disposición que señala que:

Las prestaciones de seguridad social continuaran rigiéndose por los ordenamientos legales aplicables en la fecha del convenio celebrado por el Gobierno del estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea el 18 de mayo de 1992.

III.- Reconocemos que es de explorado derecho que la pretensión de los trabajadores jubilados no solo es legítima, sino que de conformidad con los criterios jurisprudenciales a los que obligadamente debe ceñirse el jugador, encuentra sustento jurídico desde nuestro máximo ordenamiento al considerarse que los trabajadores de los órganos descentralizados, aunque integran la administración pública descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que sus relaciones laborales no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional, siéndoles aplicable por tanto las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

En este tenor, el derecho al que se refiere el legislador proponente encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 162 del ordenamiento invocado que la letra señala:

“Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486; III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores; V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.

Señala acertadamente el proponente que las demandas laborales tarde o temprano van a redundar en un pasivo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al ser el criterio más reciente del Poder Judicial que la pensión jubilatoria otorgada conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, no sustituye a la prima de antigüedad en el caso de trabajadores de organismos descentralizados estatales; esto atendiendo la tesis invocada por el promovente, cuyo rubro es “TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.

Sostiene el mismo criterio que la pensión jubilatoria constituye una prestación de seguridad social que tiene su origen en los riesgos a que el hombre está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez, y que se otorga mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales, en tanto que la prima de antigüedad es una prestación derivada del solo hecho del trabajo y acorde con el tiempo de permanencia en él, que se paga en una sola exhibición y tiene como finalidad compensar el tiempo laborado.

Finalmente, debe señalarse que concluye contundentemente la tesis citada que:

“…se estima que en el caso de los organismos públicos descentralizados creados por los Gobiernos de los Estados con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y de salud, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de mayo de 1992 y 25 de septiembre de 1996, respectivamente,como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxacay del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, los trabajadores que prestaron servicios en las dependencias de nivel federal (Secretarías de Educación Pública y de Salud), y que fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, a partir de esa transferencia, independientemente de que hayan recibido el pago de la prima quinquenal y una pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad tiene una naturaleza jurídica distinta a éstas.

En mérito de lo anterior, esta dictaminadora concuerda con la solicitud del proponentea fin de exhortar al Ejecutivo Federal a autorizar una transferencia extraordinaria de recursos para hacer frente a una obligación jurídica que comprometería el patrimonio del instituto por aproximadamente doscientos ocho millones de pesos.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que autorice recursos extraordinarios, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incluir los padecimientos de origen alérgico como problemas graves de salud en la transición epidemiológica.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta al Ejecutivo Federal a que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la organización mundial de la salud.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha quince de mayo de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Las enfermedades alérgicas, principalmente el asma bronquial y la rinitis alérgica, son un problema de Salud que se han incrementado de manera importante en nuestro País, siendo una de las primeras diez causas de utilización de los servicios de salud, especialmente en urgencias y en consulta externa. Habiéndose reportado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el aumento en el número de casos de Asma Bronquial.

En estudios de prevalencia en la población en general se ha encontrado que las enfermedades alérgicas ocupan un alto porcentaje principalmente en niños de 6 a 7 años, siendo de origen multifactorial, una parte herencia y otra parte ambiental.

Las políticas públicas dirigidas a mejorar la contaminación ambiental han sido insuficientes encontrándose daños en la salud de la población mexicana, no solo en la ciudad de México, Guadalajara o Monterrey sino también en el resto de los estados de la República, lo que repercute en la salud provocando enfermedades cardiacas, crónico degenerativas y pulmonares, muchas de éstas en relación directa a padecimientos alérgicos.

El tratamiento de estas enfermedades debe ser integral: control del medio ambiente, tratamiento médico, inmunoterapia y dieta de eliminación.

En México se estima que hay 8 millones de personas con asma, de las cuales 60% corresponde a edades pediátricas. De ahí, que esta enfermedad crónica que no tiene cura, pero que es controlable, sea principalmente más habitual en niños.

Incluso, es una de las diez primera causas de visita a los servicios de salud, especialmente los de urgencia.

A nivel mundial, en los últimos 13 años la cantidad de personas que padecen asma casi se ha duplicado.

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que había 150 millones de asmáticos. Actualmente, la Organización informa que hay 235 millones con esta enfermedad.

El 7 de mayo Día Mundial del Asma, especialistas coincidieron que una detección a tiempo, un buen control de la enfermedad y mejor educación en conjunto entre médico, paciente y familia es la clave para mejorar el control y la calidad de vida del enfermo.

CONSIDERANDOS

Que los médicos de primer contacto deben diagnosticar e iniciar el tratamiento de acuerdo con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud: Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma, así como Rinitis Alérgica y su Impacto en Asma.

Que para evitar complicaciones el paciente debe ser evaluado y tratado por médicos capacitados y especialistas en alergia e inmunología clínica, estos últimos con la cédula de especialista registrada en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública, que ésta se encuentre vigente y avalada por los colegios de la especialidad y recertificación de los consejos.

Que es necesario implantar programas y acciones de prevención y educación para disminuir la morbilidad y mortalidad.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se consideren los padecimientos de origen alérgico e inmunológico, especialmente asma, como un problema grave a considerar por su incidencia en la transición epidemiológica de salud en nuestro país y se implanten acciones de prevención, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, atención y manejo por médicos especialistas.”

CONSIDERACIONES

I.- Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, compartimos la preocupación del legislador proponente respecto a la implementación de acciones de prevención, atención y manejo de los padecimientos de origen alérgico, inmunológico, principalmente el asma, por médicos especialistas.

El asma es un serio problema de salud a nivel mundial. Personas de todas las edades, en países de todo el mundo se ven afectadas por esta enfermedad crónica, que cuando no se controla, puede afectar la vida cotidiana y en ocasiones inclusive podría ser fatal. La prevalencia de asma está aumentando en la mayoría de los países, especialmente en la población pediátrica. El asma representa una carga significativa, no solo en términos de costos a nivel de sistemas de salud, sino también en términos de pérdida de productividad y en la reducción de la participación de vida en familia.

Durante las dos últimas décadas, hemos sido testigos de avances científicos que han mejorado nuestro entendimiento del asma y nuestra habilidad de tratarla y controlarla efectivamente. Sin embargo, la diversidad de sistemas nacionales de salud y las variaciones de disponibilidad de terapias para el tratamiento del asma, requieren una adaptación de las recomendaciones para el tratamiento de dicha enfermedad a las condiciones locales en una determinada comunidad. Además, las autoridades de salud requieren información sobre los costos para lograr manejar efectivamente esta enfermedad, así como de métodos educativos para transmitir esta información a las necesidades particulares de cada país. De esta manera, el reto y la responsabilidad de reducir los riesgos en la medida de lo posible para vivir una vida saludable incumben a las personas, las poblaciones y sus gobiernos.

Los principales factores de riesgo del asma son la exposición a alérgenos como los ácaros del polvo doméstico, presentes en las camas, alfombras y muebles, la caspa de los animales de compañía, los pólenes o los hongos, la contaminación, el humo del tabaco y los irritantes químicos en el lugar de trabajo. Asimismo el factor herencia, debido a que, los individuos con una historia familiar de atopia tienen un mayor riesgo de desarrollar una sensibilización alérgica. La constitución atópica por lo tanto, es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de estas enfermedades.

Elasma, como cualquier enfermedad crónica, requiere un tratamiento completo y no sólo basado en la administración de fármacos. El primer paso es la educación e información del paciente sobre su enfermedad: en qué consiste, cuál es el tratamiento, qué hacer en las distintas situaciones clínicas que se pueden presentar, cuáles son los signos que deben alertarle para aumentar o modificar el tratamiento y cuándo tiene que consultar a un servicio de Urgencias o a su médico habitual. Es muy importante dar información sobre los posibles efectos adversos del tratamiento y quitar el miedo a los fármacos. Los profesionales deben dar instrucciones por escrito para evitar interpretaciones equivocadas.

Los factores sociales y económicos deben de integrarse para entender el asma y su manejo, ya sean vistos desde la perspectiva del individuo que la sufre, del profesional del cuidado médico, o de las organizaciones que pagan por el cuidado de la salud.

El tratamiento apropiado de la enfermedad plantea un desafío para los individuos, los profesionales del cuidado médico, las organizaciones de la salud, y los gobiernos. Hay razones para creer que la carga substancial del asma se puede reducir dramáticamente a través del esfuerzo compartido entre los pacientes, los proveedores de la salud, organizaciones para el cuidado de la salud y los gobiernos locales y nacionales para mejorar el control.

II.- El asma afecta a 300 millones de personas en el mundo y cada año ocasiona la muerte de 250,000 individuos.

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 150 millones de personas en el mundo sufren de Asma, lo que ocasiona un enorme costo en salud y es una de las causas principales de hospitalización por enfermedad crónica en niños. Actualmente, la Organización informa que hay 235 millones con esta enfermedad.

Las muertes por asma aumentarán en casi un 20% en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. El asma no se cura, pero con un diagnóstico y tratamientos adecuados y la educación de paciente se puede lograr un buen control de la enfermedad.

Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. Para lograr un control eficaz es imprescindible que los medicamentos estén disponibles y sean asequibles, sobre todo para las familias de ingresos bajos.

En México, las enfermedades alérgicas son un problema de salud pública, con una prevalencia de 6-12% y una tasa de internamientos hospitalarios de 203 por cada 100,000 habitantes.

En los últimos años se ha observado un incremento de este tipo de enfermedades en todo el país; de hecho, el asma se encuentra entre las principales causas de hospitalización por urgencia de niños y adolescentes.

III.- La importancia de la proposición en mérito radica en el incremento en la incidencia de las enfermedades alérgicas en la última década es verdaderamente preocupante, constituyendo para los médicos un gran reto, ya que éstos se enfrentan a una amplia gama de factores interrelacionados, muy complejos y en su mayoría difíciles de controlar, siendo la atopía un elemento importante dentro de estos factores.

Es fundamental como legisladores implementar acciones de prevención del asma y demás alergias, para disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas en nuestro país. Debido a que, a menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida. Es importante aumentar la sensibilización acerca de la epidemia mundial de enfermedades crónicas; asimismo reducir los factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas, tales como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la inactividad física.

En mérito de lo anterior, esta dictaminadora concuerda con la solicitud del promovente de exhortar al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud. En este mismo tenor se solicita que dicha secretaría ofrezca cursos de educación continua a médicos, con el propósito de mantener al día los conocimientos acerca del diagnóstico y manejo del asma e instándoles a que hagan al paciente participe de su propia recuperación.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, se solicita que dicha secretaría ofrezca cursos de educación continua a médicos, con el propósito de mantener al día los conocimientos acerca del diagnóstico y manejo del asma e instándoles que hagan al paciente partícipe de su propia recuperación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo sobre el servicio social.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que ponga en marcha un Programa Nacional de actualización y uniformidad de la Regulación del servicio social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, el Diputado José Luis Flores Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Para la UNESCO, una educación de calidad debe ser relevante y pertinente. Una educación relevante debe desarrollar competencias relacionadas con los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.

Una educación pertinente permite una flexibilidad de las experiencias educativas de tal modo que se ajusten a las necesidades y condiciones particulares de las personas. La equidad es una prioridad. La escuela por sí sola no logra superar las desigualdades económicas, sociales y culturales, lo que plantea la importancia de políticas sociales e intersectoriales dirigidas a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los grupos actualmente marginados.

Estamos situados en una etapa donde se presentan problemas de calidad de la educación, de contenidos, de capacitación para los docentes, de limitaciones de infraestructura, de recursos técnicos, de falta de inclusión por problemas sociales y, por si ello no fuera ya de suyo complejo, ahora enfrentamos una de las mayores contradicciones para quienes han logrado acceder a la educación superior, para quienes estadísticamente son privilegiados: la relación entre la educación superior y el mercado laboral.

Sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior y la EncuestaNacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2012. Dicho de otra manera, el 60% no está ocupado en la profesión para la cual estudió.

El hecho de que el país haya tenido durante más de una década una tasa de crecimiento inferior a la requerida para crear empleos de calidad suficientes para las nuevas generaciones, ha dado lugar a un déficit en la oferta de trabajos, que ya se manifiesta como una seria limitante y franco desestimulo a los profesionistas, quienes a menudo se tienen que ocupar en actividades ajenas a su profesión.

La educación profesional en México, por razones de mercado expresadas en desempleo, además de la baja calidad de la educación en algunas instituciones académicas, está dejando de ser el vehículo de capilaridad social por excelencia; no obstante ello, las familias mexicanas siguen apostando con toda su capacidad económica -aun cuando a veces sea poca- a la educación de sus hijos. En esta materia se manifiesta el deseo de superación de los mexicanos.  Sólo que el mercado está haciendo una mala jugada a muchos que con su empeño y el de sus familias han logrado la meta de ser profesionistas.

Las complejidades del mercado laboral se acentuaron en el sector agropecuario en buena medida por el desmantelamiento del sector como producto de una competencia donde prevalecen las reglas impuestas por la globalización.

¿Qué necesitamos hacer para que los profesionistas se vinculen directa y eficazmente al ejercicio de sus profesiones, en un mercado laboral restringido?

No todas son razones de orden económico, también las hay sociales y de educación. De ahí que consideremos indispensable, entre otras medidas, que se modifiquen los planes de estudio en las instituciones de educación superior, para incorporar de manera ineludible y eficiente la práctica de los estudiantes, vinculándolos al mercado laboral a través de servicio social mediante prácticas profesionales o de becarios.

No obstante el reconocimiento de que la regulación del Servicio Social se da conforme a diferentes ámbitos de competencia, como serían la Secretaría de Educación Pública, la regulación aprobada en los gobiernos de los estados y de las propias instituciones de educación superior con autonomía, es apremiante que la Secretaría de Educación Pública de acuerdo al artículo 38, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo texto dispone que a la secretaría de Educación Pública le corresponde organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social.

En este sentido, es necesario que la Secretaría de Educación Pública inicie, a partir de su competencia, una convocatoria y consulta para orientar el Servicio Social, haciéndolo más eficiente y benéfico para los estudiantes, y con mayor sentido social, para que nuestros estudiantes se vinculen al ámbito laboral en el cual realizarán su ejercicio profesional.

Resulta absurdo, por ejemplo, que en el campo, del que depende la obtención de alimentos y desde donde debe partir la Jornada contra el Hambre, no se esté dando este tipo de vinculación con amplitud, cuando es precisamente ahí donde urge la transferencia de conocimientos y tecnología.

El desempeño de estos servicios sociales debe contemplarse y proyectarse dentro del marco de la rectoría económica y de la planeación nacional, atento a lo dispuesto por los principios de política económica enunciados en los artículos 25 y 26 del Pacto Federal.[1]

En esto es donde el Estado puede actuar en complementariedad con el mercado, proporcionando recursos para becarios o pasantías, que desde la etapa de estudios ya vincule eficientemente al profesionista con su ámbito laboral.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que ponga en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del Servicio Social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión, con énfasis en el sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de mayor impacto productivo y social.”

CONSIDERACIONES

I. Quienes integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, estamos convencidos de la importancia de políticas sociales e intersectoriales dirigidas  a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los grupos actualmente marginados. Por tal motivo compartimos la visión del legislador sobre incorporar de manera ineludible y eficiente la práctica de los estudiantes, vinculándolos al mercado laboral a través de servicio social mediante prácticas profesionales o becarios, como una medida de inserción al ámbito laboral de su profesión.

Actualmente en México, existe una desarticulación entre la academia y la empresa, para aprovechar el potencial juvenil y materializarlo en beneficios sociales y económicos para el país. La inserción de los jóvenes al mercado laboral es más difícil y tardada, lo que provoca que permanezcan largas temporadas desempleados, subempleados o en la economía informal.

II. En México los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 19% de la PEA del país1. Hoy en día, existe un déficit de opciones de trabajo decente para la juventud. De acuerdo con la OIT 2007, un trabajo decente debe contemplar: un trabajo productivo con remuneración justa, protección social, perspectivas para el desarrollo profesional e integración social e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.Generalmente, la inserción laboral de los jóvenes es más precaria; sucede en la economía informal o en algunas empresas formales, pero con ingresos bajos y sin prestaciones de seguridad social, además de que no necesariamente estén ejerciendo su profesión.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo mencionados por la Universidad Obrera de México, en nuestro país 25.5 millones de personas se desempeñan en la economía informal. El primer empleo es un gran determinante del desarrollo profesional futuro de un joven. De acuerdo con el Banco Mundial 2006, la mayoría de los jóvenes que empieza su carrera trabajando en el sector informal no logra transitar hacia un empleo en el sector formal, limitando considerablemente sus oportunidades de desarrollo al carecer de una remuneración estable con posibilidades de protección social y derechos laborales.

III. Esta dictaminadora considera que la inserción de los jóvenes al mercado formal es uno de los desafíos más grandes para México y se requiere más atención por parte de las autoridades, así como políticas públicas que disminuyan este problema.

En ese sentido consideramos que la propuesta del legislador es un buen instrumento de alineación entre las necesidades del mercado y la sociedad, de manera que los profesionistas enfocan las habilidades adquiridas en la escuela de nivel superior, en el ejercicio profesional de su ámbito laboral. Además de que sirve como un mecanismo de articulación entre las academias y las empresas el cuál puede servir como un elemento de vinculación para la inserción de los jóvenes al mercado laboral.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que ponga en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del Servicio Social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión, con énfasis en el sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de mayor impacto productivo y social.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo en torno a la infección de Ricketssia.

1 Cálculos propios con información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Ejecutivo a generar las condiciones para que la PROFECO aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura,le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir alimentos con alto valor nutricional en los menús que se reparten en las escuelas públicas.

2) Para que la comisión permanente del Congreso de la Unión al jefe del Ejecutivo exhorte alJefe del Ejecutivo a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional, para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana.

Esta segunda comisión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir alimentos con alto valor nutricional en los menús que se reparten en las escuelas públicas.

2.En la sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, la SenadoraAna Gabriela Guevara Espinoza del grupo parlamentario del PT, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones citadas se turnaran para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que se refieren a la misma materia.

Las dos proposiciones apuntan que es necesario generar políticas públicas que nos permitan comprometernos a desarrollar estrategias integrales que tengan como objetivo primordial la promoción de una alimentación saludable. Asimismo mencionan la importancia de la regulación de los productos alimentarios que han mostrado tener un grado de influencia importante en la aparición de una epidemia de obesidad en nuestro país. Ya que esta enfermedad es uno de los problemas mayores en el mundo y, particularmente en México, representa uno de los padecimientos más severos en materia de salud.

En la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir alimentos con alto valor nutricional en las escuelas públicas. El Senador René Juárez Cisneros mencionó que México es uno de los países con mayor índice de crecimiento de obesidad entre su población en el mundo y que las principales causas de muerte están relacionadas directamente con las enfermedades crónico degenerativas que trae aparejadas.

Asimismo, afirmó que la nutrición es uno de los factores determinantes del estado de salud y prosperidad para una nación, por ello y de no actuar oportunamente, estaremos afrontando en los próximos años un crecimiento explosivo de los padecimientos crónico-degenerativos.

En el mismo sentido, mencionó que debido a que la actividad física es mínima en las escuelas, es necesario generar políticas públicas que tengan como objetivo primordial la promoción de una alimentación saludable y programas de actividad física en los planteles escolares que den resultados positivos a la población.

En la proposición se hizo mención de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, anunciada por Presidente Enrique Peña Nieto, en donde, destacó la importancia de prevenir las enfermedades y de transitar hacia un concepto integral de salud asociado con estilos de vida saludables.

Con base en lo anterior, el legislador consideró que la coyuntura por la que atraviesa nuestro país respecto a la obesidad infantil es una excelente oportunidad para que los productos del agro mexicano con un alto valor nutricional estén incluidos en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, a través de los desayunos escolares y los menús en escuelas de tiempo completo.

Por otro lado, en la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor contribuya a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana. La senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza menciona que es necesaria la regulación de los productos alimentarios que han mostrado tener un grado de influencia importante en la aparición de una epidemia de obesidad en nuestro país.

En el mismo sentido, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha suscrito dentro de algunas de sus líneas de acción: Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria y Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. Ello supone una Procuraduría del Consumidor con una legislación acorde a esa línea de fortalecer la rectoría de la autoridad, que se ha perdido respecto a la oferta de consumibles de riesgo.

Ante lo expuesto, las proposiciones que nos ocupan establecen los siguientes puntos resolutivos:

1) Del Senador René Juárez Cisneros

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal para que través de las secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con el DIF Nacional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, se favorezca a los pequeños y medianos productores del campo mexicano, así como a las comunidades donde se elaboran alimentos de manera artesanal con alto contenido nutricional, mediante la inclusión de estos productos en la elaboración de los desayunos escolares y en los menús de las escuelas de tiempo completo, con el objetivo de mejorar la dieta de los millones de niños y adolescentes de educación básica y media superior, al tiempo de detonar el desarrollo económico y social en las zonas donde se producen estos alimentos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al DIF Nacional para que en el Programa Nacional de Desayunos Escolares se incluyan los productos más típicos de las regiones, seleccionados a partir de su valor nutricional, disponibilidad y beneficio económico y social para las comunidades productoras, así como la elaboración de menús diferenciados a partir de las regiones y las costumbres culinarias de las mismas, con el objetivo de generar un círculo virtuoso entre el sector agropecuario, la nutrición de los estudiantes y el desarrollo comunitario, que impactaría la economía a nivel local y, por supuesto, la disminución de los índices de obesidad y desnutrición infantil.

2) De la Senadora Ana Gabriela Guevara

UNICO.- La comisión permanente del Congreso de la Unión en congruencia con las líneas de acción en materia de salud, manifestadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para avanzar hacia un sistema nacional de salud universal, fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria y reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión; exhorta al Jefe del Ejecutivo a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana. Las condiciones solicitadas son: abrir un periodo de consulta con grupos de defensa del consumidor, estudiosos de la nutrición, asesores institucionales, representantes populares, grupos multidisciplinarios sobre obesidad, entre otros, para transformar la legislación y procuración de salud alimentaria por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones de mérito en que el Poder Legislativo Federal tiene un compromiso con la salud alimentaria de los grupos vulnerables como la infancia mexicana.

Consideramos que la ingesta de comida chatarra y altamente industrializada, así como una mayor tendencia al sedentarismo son los tres factores principales que provocan obesidad en los niños del país.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advierte de un incremento en la obesidad infantil de modo alarmante en los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia y 30 a 40% en la adolescencia.

Una alimentación saludable en el hogar debe complementarse con los alimentos que los niños consumen en la escuela. No siempre es fácil que los niños se alimenten con comidas saludables en el ámbito escolar. Por eso, consideramos necesario que dentro las escuelas setenga una mejor canasta básica para elegir alimentos nutritivos, asimismo el establecimiento de un desayuno escolar diseñado por especialistas y elaborado por los padres de familia. De esta manera, es importante involucrar a los padres de familia para asumir hábitos alimenticios saludables, ya que sólo 10 por ciento de niños llevan a la escuela alimentos preparados en casa.

El gobierno federal tiene una gran responsabilidad en materia de seguridad alimentaria en la que deben garantizar una sana alimentación balanceada.

Las tres causas fundamentales de la obesidad son: primero, el consumo de alimentos industrializados, que incluyen todo lo que es considerado comida rápida; la segunda causa son los alimentos comerciales (golosinas, refrigerios empacados); y en tercer lugar los estilos de vida como el sedentarismo.

Por tanto, actuar sobre los hábitos alimentarios y elevar el acceso a insumos que reviertan el consumo excesivo de grasas y azúcares es una responsabilidad gubernamental.

Es obligación de los tres órdenes de gobierno darle cumplimiento al espíritu de esta ley de seguridad alimentaria, Es con este fin que la creación de menús escolares con alto valor nutricional le daría pauta y margen para hacer cumplir la citada ley.

Consideramos que en el futuro, México tendrá que enfrentar dos problemas fundamentales relacionados con la problemática alimentaria, el primero consiste en crear las condiciones necesarias para garantizar una oferta de alimentos suficiente y así poder cubrir las necesidades de alimentación de las futuras generaciones. Elsegundo consiste en asegurarse de que los alimentos tendrán al menos los requerimientos mínimos de valores nutricionales.

Simultáneamente la sobreoferta de alimentos de alta cantidad energética, sobre todo ricos en hidratos de carbono, grasas saturadas y el consumo en exceso de refrescos embotellados, son algunas de las causas que dan como resultado altos índices de sobrepeso y obesidad infantil.

De esta manera debe ser compromiso de la industria el explorar las alternativas de reformulación de productos en su contenido de grasa, sodio, azúcar, así como ampliar las alternativas que tiene el consumidor innovando tecnológicamente, usando edulcorantes no calóricos, explorando las posibilidades de mezclas de grasas.

II.- Esta Dictaminadoraconsidera importante promover cambios en las prácticas alimentarias de la población, principalmente la infantil, mediante el consumo de alimentos saludables y el otorgamiento de orientación alimentaria y nutricional.

Consideramos que es necesario proporcionar a la población escolar infantil una ración alimenticia diaria durante el ciclo escolar y preferentemente al inicio del horario de clases, con el propósito de promover una alimentación correcta, mediante menús diseñados con criterios de calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados.

Asimismo, es importante promover la participación y auto responsabilidad personal, familiar y de la comunidad en su propia alimentación. Fomentando aprendizajes y habilidades donde el conocimiento sobre hábitos alimentarios saludables y nutrición, la prevención de enfermedades, la higiene e inocuidad de los alimentos, la autoproducción de los mismos, la modalidad de servir, comer y compartir, la incorporación de nuevas preparaciones y alimentos y la revalorización de preparaciones locales como parte de la identidad cultural, representen un valor agregado y contribuyan a la construcción de la comensalidad familiar y una soberanía alimentaria familiar y comunitaria local.

Finalmente, los legisladores coincidimos en la importancia del papel de la Procuraduría Federal del Consumidor como principal instrumento para contribuir a crear una oferta y publicidad alimentaria que tenga naturaleza nutritiva y saludable.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que través de las secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con el DIF Nacional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, se favorezca a los pequeños y medianos productores del campo mexicano, así como a las comunidades donde se elaboran alimentos con alto contenido nutricional, mediante la inclusión de estos productos en la elaboración de los desayunos escolares, con el objetivo de mejorar la dieta de los millones de niños y adolescentes de educación básica y media superior, al tiempo de detonar el desarrollo económico y social en las zonas donde se producen estos alimentos. Que se incluyan los productos seleccionados a partir de su valor nutricional, disponibilidad y beneficio económico y social para las comunidades productoras, así como la elaboración de menús diferenciados, con el objetivo de generar un círculo virtuoso entre el sector agropecuario, la nutrición de los estudiantes y el desarrollo comunitario, que impactaría la economía a nivel local y, por supuesto, la disminución de los índices de obesidad y desnutrición infantil.

SEGUNDO.- En congruencia con las líneas de acción en materia de salud, manifestadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana. Las condiciones solicitadas son: abrir un periodo de consulta con grupos de defensa del consumidor, estudiosos de la nutrición, asesores institucionales, representantes populares, grupos multidisciplinarios sobre obesidad, entre otros, para transformar la legislación y procuración de salud alimentaria por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El pasado 14 de mayo de 2013, se instaló la Asamblea Nacional de la República de Ecuador para el período 2013-2017 y de entre sus 137 integrantes se eligió para presidirla a tres mujeres integrantes del Movimiento Alianza País.

La sesión fue presidida por la legisladora de Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, quien fue la candidata más votada en las elecciones del 17 de febrero del año en curso y, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) obtuvo 3´498,379 votos.

Alianza País cuenta con una mayoría absoluta de 100 escaños y por primera ocasión en el Ecuador tres mujeres dirigirán el Poder Legislativo, lo que sin duda alguna constituye un precedente importante no sólo en la República de Ecuador sino en el conjunto de los Parlamentos de la América Latina y El Caribe.

Gabriela Rivadeneira fue oficialmente elegida como Presidenta de la Asamblea Nacional, señalando que ‘asume este reto reconociendo la lucha histórica de las mujeres por la igualdad’. Rosana Alvarado fue proclamada primera Vicepresidenta y, en su intervención señaló que ‘es un momento histórico para la mujer ecuatoriana’ y, en el caso de Marcela Aguiñaga, quien fue elegida como segunda Vicepresidenta ‘propuso un diálogo permanente para lograr consensos’.

Este avance de las mujeres en Ecuador es significativo para México, que adoptó la Plataforma de Acción aprobada en Beijing, la cual da cuenta de que las vidas de las mujeres deben examinarse en el marco social, económico y político de la sociedad, y no fuera de ese contexto. Así, la Conferencia de Beijing reafirmó que ‘la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz’.

Además del Documento de Beijing, algunos instrumentos internacionales han afirmado el principio de la participación equitativa de la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Por ello, es de reconocerse a las tres ecuatorianas elegidas que han desarrollado su militancia en Alianza País, han ejercido distintos cargos públicos y asumirán por dos años ‘la responsabilidad de profundizar el proceso de transformación del país’.

La Asamblea Nacional de Ecuador está conformada para este período por 15 nacionales, seis por las circunscripciones del exterior (Estados Unidos y Canadá; Europa, Asia y Oceanía; y, América Latina, el Caribe y África) y 116 que representan a las 24 provincias del país de acuerdo a su división territorial.

Quienes conforman la Asamblea Nacional, han asumido sus cargos los cuales culminarán en el año 2017, con el reto de sacar adelante la reforma del Código Penal y la Ley de Comunicación, considerando que, el Gobierno encabezado por el Presidente Rafael Correa, mantiene cinco ejes de reformas de suma importancia: la revolución constitucional y democrática; la revolución ética; la revolución económica y productiva; la revolución educativa y de salud; y la revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.

La nueva Asamblea de Ecuador procederá, en conjunto con la Cancillería y la Presidencia de la República a organizar el acto de posesión para un nuevo mandato del presidente Rafael Correa, que tomará el próximo 24 de mayo, día Patrio de la República del Ecuador, en que se recuerda la Batalla del Pichincha.

Es de reiterar la importancia de las relaciones que México mantiene con Ecuador, las cuales datan de muchos años atrás, mismas que se han enriquecido a la luz de las relaciones comerciales y se fortalecen con los acuerdos emanados de las Reuniones de Mecanismo de Consulta en Materia de Interés Mutuo entre México y Ecuador, sobre todo considerando los Convenios y Acuerdos suscritos entre ambos países, partiendo de que México busca desarrollar nuevas iniciativas regionales, multilaterales y bilaterales para su propio fortalecimiento.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la Legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinda el apoyo de las Cámaras que integran este Congreso.

CONSIDERACIONES

I. Las y los legisladores que integramos esta Comisión coincidimos con el júbilo que manifiesta la proponente ante los acontecimientos en la vida parlamentaria de la República de Ecuador, reseñados en el punto de acuerdo que se dictamina.

En efecto, en las elecciones generales realizadas en dicha República latinoamericana el pasado 17 de febrero, de conformidad con la información hecha pública por el Consejo Nacional Electoral de ese país, fueron sujetos a votación la titularidad de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como 5 representantes al Parlamento Andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional, misma que se conforma con 15 Asambleístas Nacionales, 116 Asambleístas Provinciales y 6 más por la circunscripción especial del Exterior.

De los resultados destacan logros significativos de la sociedad ecuatoriana respecto de la participación de las mujeres en la vida política de esa nación.

En lo que hace al proceso de votación, debe resaltarse que de las personas que emitieron sufragio el número de mujeres superó al de hombres en una relación del 50.09% a 49.91%, respectivamente.

De los partidos participantes, el Movimiento Alianza País obtuvo un contundente 52.30% en la votación de Asambleístas Nacionales, misma que le significó la asignación de 100 de los 137 escaños a la Asamblea Nacional. Nuevamente, más de la mitad de esos votos fueron emitidos por mujeres.

En total, la Asamblea Nacional ecuatoriana se compone en un 40% de mujeres y, como aduce con acierto la proponente, es la primera vez que su máximo órgano de administración, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), está conformado en su mayoría por mujeres, quienes ocupan la Presidencia, las dos vicepresidencias, una de cuatro vocalías y la Secretaría General.

En específico, el CAL se conforma de la siguiente manera:

Presidenta: Gabriela Rivadeneira

1ª Vicepresidenta: Rosana Alvarado

2ª Vicepresidenta: Marcela Aguiñaga

Primer Vocal: Virgilio Hernández

Segunda Vocal: Rocío Valarezo

Tercer Vocal: Germán Ledesma

Cuarto Vocal: Ricardo Moncayo

Secretaria: Libia Rivas

Como lo destacó la propia Presidenta de la Asamblea Nacional en su toma de protesta, la lucha revolucionaria de las mujeres ecuatorianas, como las de otras latitudes de Latinoamérica, ha logrado “captar más espacios en lo económico, político, social y cultural”, así como “el rescate de la dignidad de la mujer trabajadora, de aquellas mujeres humildes condenadas por nuestra idiosincrasia machista a ser objetos del trabajo doméstico, cuando éste no es reconocido como otra fuente de producción.”

II. Las y los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente consideramos muy relevante el desarrollo político y ciudadano que ha alcanzado en el país andino la lucha por la igualdad de derechos entre géneros, circunstancia que se hace patente con sólo apreciar los resultados del reciente proceso electoral, cómo los hemos descrito con anterioridad.

En ese sentido, hacemos manifiesto nuestro apoyo a la proposición bajo dictamen a efecto del Pleno de esta Comisión Permanente emita una felicitación a la recién integrada Legislatura de la Asamblea Nacional de la República de Ecuador, especialmente a quién ha sido ungida como Presidenta del Consejo de Administración Legislativa, y reiterar la disposición de este órgano legislativo federal para colaborar en el ámbito del parlamentarismo internacional a efecto de estrechar los lazos de amistad y de colaboración entre legisladores latinoamericanos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la Legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinda el apoyo de este órgano legislativo federal.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del "Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que presten los particulares".






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, el Diputado Gerardo Liceága Arteaga, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente del punto de Acuerdo en comento, sustenta su proposición de la manera siguiente:

Interés prioritario del gobierno federal es la economía familiar. Que el dinero rinda más a quienes son cabeza de familia es una prioridad y en ese contexto es indispensable apoyar a quienes han optado por que sus hijos estudien en escuelas particulares.

Cada año, en el mes de agosto, previo al inicio de un nuevo ciclo escolar, millones de mexicanos tienen la preocupación respecto al incremento de las colegiaturas, sin embargo, desde el año de 1992, el jueves 10 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el denominado “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, el cual continúa vigente.

Dicho acuerdo, establece la obligatoriedad para los prestadores de servicios educativos de presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de la asociación de padres de familia o del grupo que represente a los usuarios del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios contenidos en el propio Acuerdo, para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días antes del período de reinscripción y a recibir opiniones por el mismo conducto, lo que implica una concertación entre las partes con relación a diferentes conceptos de cobro, fundamentalmente pago de inscripciones, colegiaturas y de reinscripciones, impide que se incrementen las colegiaturas durante el período escolar yevita el establecimiento de cuotas y aportaciones extraordinarias.

También elimina la exigencia de adquirir con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros y cualquier otro artículo que pueda ser adquirido en el comercio en general; suprime cualquier tipo de gasto adicional para la celebración de eventos cívicos, sociales o recreativos; impide la adquisición de libros, útiles escolares y vestuario nuevos, además de que suprime la disposición de cualquier centro educativo referente a la obligación de exigir uniformes escolares.

Asimismo, el acuerdo destaca la necesidad de privilegiar la continuidad de la prestación del servicio educativo ante cualquier retraso en el pago de colegiaturas, evitando la suspensión del estudiante, entre otros lineamientos que contiene y que son útiles a los padres de familia para afrontar los intentos de abusos de carácter económico que algunas escuelas particulares acostumbran imponer previamente al inicio del nuevo ciclo escolar.

Dado que el acuerdo no se ha actualizado desde hace más de dos décadas a pesar de que nuestra sociedad ha evolucionado,la legislación en materia educativa se ha modificado, y la tecnología ha avanzado de tal manera que la divulgación respecto al contenido del Acuerdo se facilita, es que hago un respetuoso exhorto tanto a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a efecto la actualización del acuerdo invocado

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Unico.- Se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la necesidad de fortalecer la certeza jurídica ofrecida a los padres de familia y particulares en lo que toca a las normas a las que se deben ceñir los planteles educativos particulares.

II.- La actualización del acuerdo en comento, resulta de especial trascendencia en virtud de que es a través de dicho instrumento que se establece la obligación de información respecto de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para cada ciclo lectivo, la fecha y número del acuerdo por el cual se le otorgó la incorporación o en su caso la advertencia de tratarse de un plantel inscrito como no incorporado, en cuyo caso se debe señalar claramente que dichos estudios carecen de reconocimiento de validez oficial.

Así mismo, permite a los usuarios del servicio contar con información clara y oportuna respecto del costo total de la inscripción o reinscripción, las colegiaturas y el número de éstas, los derechos por incorporación, en su caso; el cobro por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario de clases, prácticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares; el transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del servicio educativo o las bases de cobro, si los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, lo contratan directamente con un permisionario o concesionario ajeno a él, así como de los servicios de alimentación, que el prestador otorgue de manera opcional, cuando el educando permanece tiempo adicional al horario escolar. De especial importancia ha resultado la obligación de contar con un Calendario de pago, descuentos por pago anticipado y cargos por mora.

Así mismo, este instrumento permite identificar al plantel docente y al cuerpo directivo, posibilitando a los padres de familia o a los usuarios de los servicios, la transparencia y el acceso a información oportuna.

En el acuerdo de referencia, se obliga a los prestadores del servicio educativo a informar previa y oportunamente los ajustes o incrementos a cualquier cobro, prohibiendo el aumento de colegiaturas durante el periodo escolar en curso y señalando que en caso de solicitarse donativos de cualquier tipo, éstos no serán obligatorios.

Así mismo, establece el derecho del usuario para ser reintegrado íntegramente de los pagos de inscripción hechos cuando se avise con la anticipación debida que el alumno no participara en el siguiente periodo escolar.

Finalmente, creemos necesario destacar la obligación de los planteles de no exigir libros, útiles escolares y vestuarios nuevos, ni requerir, en los casos en que se use uniforme, que este sea comprado con un proveedor específico.

III.- Coincidimos con el proponente respecto de que este acuerdo, que establece las bases de le relación de los padres de familia o los usuarios de los servicios educativos con el plantel, debe ser revisado y actualizado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al empleo.





SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad suscriba, en el marco de sus facultades constitucionales, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación a la edad mínima de admisión al empleo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y el Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora y el legislador proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“Se calcula que en la actualidad en México y en el mundo, cerca de 215 millones de niñas y niños trabajan tiempo completo. Ellos no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar, no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser felices y de disfrutar de los derechos que a su edad corresponde. Más de la mitad de estas niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

De manera más puntual, en el país según datos del censo de población 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en nuestro país viven 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 37% de la población del país con menos de 18 años, y muchos de ellos y a pesar de lo establecido en los principios consagrados en el Convenio número 138 sobre la edad mínima para el trabajo, el cual no se encuentra ratificado por México, a diferencia del Convenio número 182 que ya se encuentra suscrito y ratificado por el Estado mexicano, y que versa sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, se encuentran atrapados en el trabajo infantil y aún cuando se busca alcanzar la abolición efectiva de este tipo de trabajo, su logro se percibe lejano.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2009, levantada por el INEGI que reportó que en México, 3.4 millones de menores de 14 años trabajan. Casi la mitad de ellos (47.6%) no percibe ingreso o se les paga con comida y un lugar para dormir, ya sea al vivir con su padres o ellos solos. Según el INEGI, alrededor del 16% de estos infantes contribuyen de manera “importante” al gasto de su hogar puesto que aportan la mitad o más de su salario.

Muchas niñas y niños se ven obligados a incorporarse al trabajo infantil, el que, si bien no es contabilizado como tal, para la mayoría de las familias de escasos recursos, el trabajo de las y los niños se ha vuelto un importante sostén. Por ello, es común que en los hogares mexicanos alrededor de 3 millones de niñas y niños desde temprana edad,  contribuyen al ingreso familiar con su fuerza de trabajo.

El término trabajo infantil se aplica al tipo de trabajo que priva a las y  los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Así pues, se incluye al trabajo que es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral de la niña o niño, que interfiere con su escolarización ya que les priva de la posibilidad de asistir a clases y que les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que requiere de mucho tiempo de dedicación al mismo.

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades siendo obligados a mendigar -con frecuencia a una edad muy temprana-. Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, generalmente menores de 15 años, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país.

En el caso del nuestro, la opción que ha tomado el Estado ha sido la prohibición y no una política integral que incluya la eliminación de la pobreza y la garantía del derecho de las niñas y  los niños. Las leyes prohíben el trabajo infantil y se criminaliza a los padres que lo permiten pero, para lograr erradicarlo hace falta que haya un acompañamiento a las familias pobres y en extrema pobreza, creación de empleos con salarios suficientes y seguridad social porque de no lograrse y de persistir la necesidad económica habrá trabajo infantil, pues de eso depende en muchos casos, la supervivencia familiar.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido relacionado con el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social.

El incremento de la pobreza y la crisis financiera mundial  ha generado un número cada vez mayor de niños, y en particular de niñas, atrapadas en el trabajo infantil, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil el 12 de junio. Son muchas las niñas y los niños que trabajan horarios prolongados como colaboradores domésticos, realizando tareas como limpiar, planchar, cocinar, cuidar de otros niños y niñas o en la jardinería de los hogares, en lugar de ir a la escuela.

El informe subraya la importancia de invertir en la educación de las niñas como un medio efectivo para combatir la pobreza. Las niñas que reciben educación tienen mayores probabilidades de percibir salarios más altos en su vida adulta, de casarse más tarde, de tener menos hijos y que estos sean más sanos, y de ejercer un mayor poder de decisión en la familia. Además, es más probable que las madres con educación garanticen una educación a sus propios hijos, contribuyendo así a evitar el trabajo infantil en el futuro.

En México, por precepto constitucional, la edad en que se puede comenzar a laborar, siempre y cuando no se interrumpa la educación, son los 14 años; por ello, adquiere mayor relevancia regular el trabajo infantil que tiene lugar cuando las niñas o niños tienen menos de la edad mínima para trabajar y cuando, sin respetar su edad, el trabajo que realizan es peligroso. En otras palabras, cuando es probable que la naturaleza del mismo o las circunstancias en que éste se realiza perjudiquen la salud, seguridad o moralidad del niño.

Por ello es necesario que nuestro país se sume a la brevedad a la ratificación del Convenio 138 de la OIT, generado en Ginebra donde se adopta, con fecha de veintiséis de junio de 1973, el presente Convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, y que en sus artículos medulares indica;

“Artículo 1.

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Artículo 2.

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

(a) Que aún subsisten las razones para tal especificación, o

(b) Que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una fecha determinada.

Artículo 3.

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.”

Cabe señalar que México es el único país de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de ingreso al empleo, y que en la medida en la que nuestro país no ratifique este Convenio 138, este no es vinculatorio y por tanto nada obliga al Estado mexicano a que realice las adecuaciones jurídicas necesarias para homogenizar con el Convenio y en esa medida se continua viendo al trabajo infantil como un asunto privado, cuando es público, por lo que todo el Estado en sus tres ámbitos de gobierno tienen la responsabilidad no sólo de prevenirlo, sino de erradicarlo.

Mientras que lo anterior no se materialice, seguiremos conociendo informaciones como la que vertieron investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, quienes indicaron que en los últimos 12 años México registró un aumento de 12 por ciento en la población de niñas y niños que trabajan. Sólo en el primer trimestre de 2012, se reportaron tres millones 270 mil casos, de pequeños de cinco a 12 años. Detallaron que de ese total, dos millones 125 mil 500 eran del sexo masculino y un millón 144 mil 500 del femenino. Los  académicos coincidieron en indicar que no existen políticas públicas que contrarresten el fenómeno, por ello continúa el ingreso de los pequeños a las filas del trabajo en los cruceros de las ciudades o como jornaleros en las zonas rurales.

Además precisaron que 42 por ciento de los que trabajan no estudian; 38 por ciento sufre una situación inestable en la escuela, y dos de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios, en su mayoría, entre el cuarto y sexto año del nivel básico. Consideraron que la explotación infantil engloba todas las formas de esclavitud como la venta y trata, servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento para usarlos.

Estamos convencidos de que el Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el 182, acerca de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, deberán ser ratificados e implementados por el Estado mexicano. Con ello, se hará valer el artículo 123 que fundamenta: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años; los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a la brevedad a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

CONSIDERACIONES

I. El Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo es producto de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagésima octava reunión.

Entre sus consideraciones, se establece que es necesario adoptar un instrumento general que trate el tema que logré la total abolición del trabajo de los niños.

Como lo señalan la y el proponentes, el artículo 2 aclara que todo Miembro que ratifique el Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio.

Además de que la edad mínima fijada no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

El Conveniotambién establece que la legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de adolescentes de 13 a 15 años en trabajos ligeros, siempre que no perjudiquen su salud, desarrollo, o su asistencia a la escuela.

Además, el Convenio 138 es uno de los ocho convenios internacionales considerados fundamentales por el ámbito internacional, junto con la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, abolición del trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil.

Cabe mencionar que la creación de convenios internacionales y recomendaciones es una facultad de la OIT y dicho convenio No. 138 cumplió con el requerimiento para que se apruebe con una mayoría de dos tercios por la Conferencia Internacional. Es obligatorio para sus miembros una vez ratificado para ir progresando en las relaciones laborales.

Hasta ahora, 321 países han aceptado la ratificación, estableciendo la edad mínima para laborar de 14 a 16 años de edad. No obstante, México es el único país de América Latina que falta por ratificarlo, situación que ha provocado ya que la OIT y UNICEF emitieran el 12 de junio de 2011 un “llamado urgente contra el trabajo infantil en México”.

Desde 1999, el Comité del Niño de la ONU recomendó a nuestro gobierno la firma del Convenio 138, afirmando que dicha política nacional aseguraba la abolición efectiva del trabajo de los niños y llevaba progresivamente la reducción de la edad mínima para ingresar al empleo. Sin embargo, a pesar de que este convenio resulta paralelo a diversas normas vigentes en nuestro país, el Estado mexicano aún no lo ha firmado.

El Convenio 138, por ejemplo, es congruente con la fracción II del artículo 123 constitucional, que ordena la prohibición de las labores insalubres o peligrosas, así como el trabajo nocturno infantil, además en la fracción III se incluye la prohibición para que exista trabajo de menores de 14 años.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 22, 23, 173 a 180, 362, 372 y 995, detalla los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto al empleo y prohíbe expresamente su contratación cuando son menores de 14 años o mayores de esa edad pero menores de 16 cuando no hayan terminado su educación obligatoria.Así mismo, la Ley ordena a los patrones llevar un registro de los menores de edad que laboren en su empresa.

También hay que señalar que en México se ha ratificado la mayoría de los convenios de la OIT que regulan el trabajo infantil, tales como el Convenio 5 que establece la edad mínima en el trabajo industrial (1919), el 6 que prohíbe el trabajo nocturno industrial (1919); el 7, (1920) que establece la edad mínima para el trabajo marítimo o el 10 (1921) de edad mínima para la agricultura,

II. Los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que la situación de trabajo infantil es de verdad alarmante, más aún cuando datos obtenidos en 2011 por el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el INEG, revelan que existen 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan, casi 10.5% de la población total en este rango de edad. Tasa de ocupación infantil que se mantuvo prácticamente igual, a pesar de la disminución en la proporción de niñas y niños que habitan nuestro país, respecto de la obtenida en la Encuesta levantada para 2009.

La Encuesta 2011 también destaca que desde 2009, la participación de los niños de 14 a 17 años en las actividades económicas disminuyó ligeramente, mientras que los otros grupos de edad no registraron cambios significativos; que la participación en las actividades económicas de los niños y niñas que no asistían a la escuela creció ligeramente, de 44.8 a 46% y que de los 3 millones de niños y niñas ocupados, el 39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niños y niñas; de los cuales, 72.3% son niños y 27.7% niñas.

Además, se mantienen las diferencias en la ocupación de infantes por género, resultando que los niños trabajadores superan en más del doble al número de las niñas que trabajan, aunque en el caso del trabajo doméstico infantil, el mayor porcentaje corresponde a las niñas.

Los trabajadores subordinados y remunerados junto con los trabajadores no remunerados son las principales posiciones laborales que desempeñan los niños y niñas ocupados; siendo las actividades agropecuarias, el comercio y los servicios los sectores económicos en los que más participan y, dentro de éstos, las agropecuarias, los servicios personales y la venta ambulante las principales ocupaciones que desempañan.

El propio estudio destaca que los niños que no reciben ingresos son prácticamente uno de cada dos ocupados, así como los que ganan como máximo un salario mínimo, uno de cada cuatro.

III. Con base en todo lo anteriormente expuesto, los legisladores miembros de esta Segunda Comisión creemos que para enfrentar el problema del trabajo infantil es imprescindible la firma y el cumplimiento del Convenio 138, adaptando la legislación de menores de la Constitución y la LFT. Por ello, consideramos justa la propuesta que realiza la legisladora signante del punto de acuerdo bajo análisis,

Quienes signamos el presente dictamen, somos conscientes de que la persistencia del trabajo infantil es una problemática estrechamente vinculada con cuestiones sociales muy diversas, pero en gran medida de carácter económico o de subsistencia incluso de un gran número de familias. Pero estamos convencidos de que el trabajo infantil debe ser abolido de manera permanente cuando supone algún riesgo para el menor y controlado en forma estricta cuando no se de ese supuesto y sea posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de trabajo de quienes tienen edad permitida para ello, y la plena satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en función de la obligación del Estado de velar por el interés superior del menor, como lo ordena el artículo 4 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a realizar acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial en el fútbol nacional.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efecto de que realicen acciones de prevención en contra de actos de discriminación en el fútbol nacional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, la Diputada Cristina González Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En su proposición, la legisladora proponente, establece expresamente como consideraciones:

“Como sabemos, en nuestro país los distintos ordenamientos civiles y penales de las Entidades Federativas, incluyendo al Distrito Federal, regulan lo relacionado a la violencia, tanto física como moral, incluyendo dentro de esta, los insultos a deportistas profesionales como una práctica  que afecta a todas las personas dedicadas a brindar espectáculo al público. A lo largo del territorio nacional podemos observar que, por diferentes motivos se lleva a cabo este tipo de prácticas, generalmente haciendo referencia al color de piel o a las preferencias sexuales de las personas.

Este tipo de prácticas se manifiestan generalmente en agresiones verbales o físicas, y no sólo afectan a las personas que son víctimas de estas acciones, sino al desarrollo de nuestra sociedad.

Debemos aceptar que existe un sector de la población mexicana que cada vez parece dispuesta a aceptar este tipo de conductas como algo normal.

Dicha situación resulta preocupante, cuando se presenta durante eventos deportivos de naturaleza masiva, sobre todo en el futbol, máxime cuando acuden familias completas con sus integrantes que muchas de las veces, son menores de edad, razón por la cual los ordenamientos legales instaurados para tal efecto deben brindarles la protección adecuada, cuando el público paga por tal espectáculo.

Lo anterior se afirma, toda vez que en diversos partidos de futbol soccer o de asistencia multitudinaria, se han dado manifestaciones que reflejan de forma clara las prácticas de violencia física, moral o de racismo hacia los deportistas. Podría pensarse que únicamente los aficionados son quienes cometen este tipo de prácticas, sin embargo, la discriminación racial se practica también por los deportistas siendo que no debe permitirse en ningún deporte.

Como sabemos en el deporte nacional, se han presentado casos de violencia y discriminación no solo en el futbol, sino en otros espectáculos multitudinarios, recordemos el partido de Pumas- América en el 2011 y en un espectáculo de lucha libre, sucedido en Torreón, Coahuila.

En nuestro país no estamos exentos de este tipo de acciones, pues en la mayoría de los partidos la afición realiza tanto cantos como gritos de índole discriminatoria, siendo un claro ejemplo de esto, lo que ocurre cuando el portero del equipo contrario realiza un despeje, pues los aficionados gritan a coro palabras que demeritan la hombría o virilidad del deportista, haciendo escarnio de este.

Otros ejemplos de estas conductas que se han presentado en el futbol mexicano, son los siguientes:

En el año 2006, Felipe Baloy, jugador panameño del equipo Monterrey, recibió ofensas por parte de los aficionados del equipo Santos Laguna en las cuales le gritaban “chango come plátanos”. Dichas ofensas fueron realizadas a su llegada al estadio así como en cada ocasión que estando en el partido tocaba el balón. 

En el año 2010, el mismo jugador Felipe Baloy, ahora como  integrante del equipo Santos Laguna, volvió a ser víctima de este tipo de acciones, sólo que en esta ocasión fueron cometidas por los jugadores Marco Palacios y Darío Verón, integrantes del equipo de los Pumas de la Universidad.  

El último hecho de esta naturaleza tuvo verificativo el pasado 11 de mayo durante el partido América contra Pumas, celebrado en el Estadio Azteca, cuando la afición del equipo universitario realizó gritos y sonidos de monos cada que el delantero del América, Christian Benítez, tocaba el balón.

Ejemplos como los anteriores, son variados, sin embargo el tema a resaltar son las medidas preventivas para erradicar este tipo de manifestaciones, procurando promover un cambio en la cultura deportiva de la afición mexicana, sancionando más los castigos hacia los futbolistas y aficionados, que realicen acciones de racismo, o de violencia física y moral, pudiendo implementarse sanciones desde 10 partidos sin participación al jugador que cometa alguna ofensa racial y la imposición de una multa. En el caso de que sean los aficionados quienes cometan actos racistas, se cerrará parte del estadio para juegos futuros y en caso de existir una reincidencia en este tipo de acciones se llevaría a cabo el cierre total del estadio. Lo anterior, bien pudiera aplicarse en nuestros espectáculos masivos, para proteger a las familias y afición que acuden a tales eventos.

Este tipo de hechos no sólo afecta a las personas que son víctimas de este tipo de prácticas, sino que transgrede los valores que debería enarbolar el deporte nacional, así como la imagen instituciones de gran importancia para el país como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues los actos cometidos por su afición no reflejan el espíritu de nuestra Máxima Casa de Estudios.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se ha encargado de llevar a cobo investigaciones acerca de la discriminación racial que se presenta en los partidos de futbol, sin que hasta el momento se haya podido evitar la recurrencia de estas conductas.

Con base a lo anterior podemos decir que es momento de que el CONAPRED y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), de forma coordinada realicen acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los jugadores, aficionados, directivos, árbitros o cuerpo técnico.

En estos términos y en atención a que el Partido Revolucionario Institucional, es promotor del deporte y defensor de los Derechos Humanos de las familias mexicanas y de los deportistas, las y los legisladores de esta LXII Legislatura, consideramos de pronta resolución que las instituciones señaladas revisen sus ordenamientos que regulan  el tema del racismo y de la violencia en el futbol nacional, para que realicen las modificaciones que dentro de sus ámbitos de competencia les permitan, estableciendo castigos y multas precisos, con la finalidad de evitar que actos de violencia y racismo queden impunes.

Si tomamos en cuenta lo anterior, la sociedad mexicana se verá beneficiada al acudir no sólo a los partidos de futbol sino a cualesquier otro espectáculo masivo y sigan teniendo la oportunidad de convivir padres, hijos, parejas y amigos, entre otros, por lo que es necesario preservar su calidad y seguridad.”

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación de la legisladora proponente por los actos de discriminación racial que se han registrado en eventos deportivos en nuestro país, particularmente en encuentros de la liga de fútbol profesional.

De igual manera coincide en que este tipo de hechos transgreden los más altos valores que debe enarbolar el deporte nacional, máxime tratándose de una de las disciplinas con mayor poder de convocatoria en nuestro país.

II.- En tal sentido, los integrantes de la Segunda Comisión consideran sumamente preocupante que sean los propios deportistas quienes incurran en actos de discriminación racial, toda vez que debido a dicho poder de convocatoria y a la alta exposición y difusión mediática de deportes como el fútbol soccer, suelen ser vistos como ídolos y ejemplos a seguir por la niñez y la juventud mexicanas.

Por esa razón toda expresión de discriminación de cualquier índole desplegada por un futbolista profesional, resulta inaceptable y no debe ser convalidada o eximida, ni aun bajo el pretexto de la exaltación de ánimos al calor del encuentro deportivo.

III.- En ese sentido vale la pena recordar que el fenómeno de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, es un tema que por su relevancia e impacto en la sociedad mexicana ha revestido especial atención para el Poder Legislativo de la Unión, expidiendo en consecuencia disposiciones encaminadas a su prevención y combate tanto en el texto constitucional como en la legislación secundaria.

Así pues, el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

De igual manera el 11 de junio de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo artículo 4 define a la discriminación comotoda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones”.

IV.- Ahora bien, la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo 2 la obligación del Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.”

En tal lógica los integrantes de la Segunda Comisión, consideran quela Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en tanto órgano del Estado y de uno de los poderes públicos, tiene la obligación en términos de la disposición anterior, de promover dentro del ámbito de su competencia, las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

Por tal motivo estiman pertinente el exhorto planteado por la Diputada proponente, dirigido al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que lleven a cabo acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial en el futbol nacional, máxime tomando en consideración, como ya se señaló anteriormente, la alta difusión y exposición mediática de este deporte en nuestro país.

Es necesario subrayar que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en particular sus fracciones I, III y XIII, el CONAPRED tiene entre sus atribuciones las siguientes:

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación”;

“III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos”;

“XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo;”.

De igual manera, la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone en su artículo 126 la creación de una Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, cuya coordinación y operación corren a cargo de la CONADE y que en términos de la fracción VIII tiene como atribución Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE el implemento de medidas tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus actividades y la celebración de espectáculos deportivos;”.

De lo anterior se concluye que, independientemente de la relevancia del tema en razón de la difusión mediática del fútbol profesional, tanto el CONAPRED como la CONADE cuentan con atribuciones legales para promover acciones tendientes a erradicar el problema de la discriminación racial en el fútbol nacional, sin que para ello sea obstáculo la naturaleza jurídica como asociación civil de la Federación Mexicana de Futbol, organismo rector de la liga de futbol profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que de forma coordinada realicen acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial en el futbol nacional, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los jugadores, aficionados, directivos, árbitros y cuerpo técnico.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a poner a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen de las proposiciones con punto deAcuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal someter al Senado de la República la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional del Trabajo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22 de mayo del 2013, las Senadoras Dolores Padierna Luna y María Alejandra Barrales Magdaleno integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las proposiciones de Mérito.

2.-En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emiten en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

I. La legisladora Dolores Padierna Luna proponente del primer punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

El gobierno mexicano, al adherirse a la Declaración de Filadelfia de 1944 de la Organización del Trabajo, reconoce que la libertad de asociación, junto con la libertad de expresión, es esencial para el progreso sostenido de las sociedades y asume de buena fe el compromiso de buscar el cumplimiento con las normas y  convenios que emanaran de dicha organización.

Esto se reforzó posteriormente con la adhesión de México con la Declaración Relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, de 1998, que abarca 4 áreas, entre las cuales se halla de nueva cuenta la libertad de asociación, sumada a la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, además de la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Cabe mencionar que la libertad sindical incluye el derecho de huelga y la protección de los sindicatos contra la injerencia externa. La Declaración compromete a los estados miembros de la OIT a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en esas áreas, hayan o no ratificado los convenios pertinentes [1]. Estos convenios, que son ocho, son considerados fundamentales o estrictamente necesarios para que los derechos de los trabajadores se cumplan.

Entre ellos, hay uno, el Convenio 98, que la OIT adoptó en 1949 y que se refiere al derecho de sindicación (que es parte de la libertad sindical) y al de negociación colectiva, y que no está ratificado por nuestro país[2]. Incluye específicamente la protección de los trabajadores a ejercer su derecho de asociación positivo o negativo, según les convenga, donde el positivo es pertenecer y el negativo es no pertenecer a un sindicato. Señala que los trabajadores no deben sufrir despidos y otros actos discriminatorios por ejercer tales derechos.  El Convenio  también es específico en que las organizaciones de trabajadores deben ser protegidas de injerencias y control por parte del empleador y que los gobiernos deben fomentar la negociación voluntaria, para reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. En el modelo laboral mexicano, que es considerado de los más corruptos del mundo, ocurre con gran frecuencia lo contrario, precisamente porque el empleador controla una mayoría de los contratos[3] con la ayuda de seudo-líderes sindicales.

México ha declarado que cumple estos convenios, e incluso presenta memorias al respecto en forma periódica[4], pero con respecto del Convenio 98, cuya observancia ataca la corrupción descrita, se abstiene de presentar información, cayendo así en una desafortunada y pública contradicción. De hecho, ha sido repetidamente conminado por la OIT a ratificar este convenio[5].

La razón por la cual históricamente no se había ratificado, es porque existía en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo un párrafo segundo, que hacía posible las “cláusulas de exclusión por separación” en los contratos colectivos, que obligaba a los patrones a separar de su trabajo a los trabajadores que fueran expulsados o se quisieran desafiliar del sindicato, y que violaba el derecho de asociación negativa que ya comentamos. En la reforma laboral de diciembre de 2012, este párrafo fue abrogado, por lo que ya no hay motivo para no ratificar el convenio. En este momento, para reforzar el respeto a los derechos humanos laborales en el país, enfrentar críticas crecientes a nivel externo y fortalecer nuestra imagen como participante responsable de la comunidad internacional, es necesario que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado actúen para la ratificación de este convenio fundamental.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito de la Senadora Dolores Padierna Luna establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.

II. Por su parte la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, expone las siguientes consideraciones:

“La defensa histórica de los derechos de los trabajadores no puede ser entendida sin la participación que se ha dado a partir de la organización sindical. Esta conformación ha cobrado relevancia justo en su consideración jurídica, bajo la tutela legal del Estado en cuanto a su protección en los ordenamientos, como es el caso de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Esta organización ha sido una herramienta fundamental para los trabajadores en la consecución del equilibrio de las relaciones y factores de la producción, generando así las mejores condiciones y el perfeccionamiento de las mismas por medio de su valida representación de intereses laborales.

Cabe señalar que la institución sindical encuentra sustento tanto en la fracción XVI apartado A, tratándose de los trabajadores privados, como en la fracción X, del apartado B, para trabajadores al servicio del estado; ambos del mismo artículo 123 constitucional, en donde se confirma la salvaguarda de esta institución fundamental para la defensa de sus intereses.

De igual forma en el artículos 356 de la Ley Federal del Trabajo y 67 reglamentaria del apartado B, se define como la asociación de trabajadores o patrones para la defensa y mejoramiento de sus intereses; en concordancia con eso, debemos atender todas aquellas disposiciones que aseguren el efectivo cumplimiento de ese derecho.

Ahora bien, esta asignación encuentra también un sustento dentro del ámbito del derecho internacional, el cual le ha reconocido su dinamismo a través de su protección por medio de instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.

Este organismo especializado de la ONU ha establecido una serie de derechos en su carácter universal dentro del mundo del trabajo; los cuales a decir de esta organización tienen su origen y reconocimiento primario en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales en el escenario laboral han sido plasmados en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT.

Así la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 1998, establece el principio de “Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de los derechos de negociación colectiva”, consideración inherente al derecho pleno de sindicación. Esta afirmación ha sido reconocida como “un instrumento que propicia el acuerdo entre trabajadores y empleadores sobre las cuestiones que afectan al mundo del trabajo, está vinculada indisolublemente a la libertad sindical.”

En relación a estos derechos fundamentales del trabajo, la OIT tiene dos convenios que resultan de suma trascendencia en el mundo de la sindicación: [1]

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (No. 84)

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (No. 98).

De esta forma aquel Estado que los ratifica adquiere el compromiso de llevar a cabo todas “la medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio”. Es importante señalar que la obligación del Estado va más allá de su simple compromiso signado y ratificado, pues se confirma y activa un deber a efecto de procurar su ejercicio y aplicación efectiva en el ámbito interno, lo cual implica: [2]

1. La adopción de mecanismos que fortalezcan la base jurídica para el cumplimiento de los derechos en el trabajo.

2. La existencia de un marco institucional apropiado, que favorezca la negociación e interlocución entre empleadores y trabajadores.

3. La base de protección contra barreras normativas que impliquen el ejercicio de los derechos fundamentales dentro de la organización sindical.

4. La aceptación de las organizaciones sindicales como forma de resolver problemas comunes y afrontar retos que se les plantean.

En ese entendido nuestro país ratificó desde 1950 el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948; sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que data desde 1949; ello a pesar de la insistencia de la propia OIT.

A modo de considerar el contenido de este instrumento, básicamente el Convenio 98 establece:

• Protección de los trabajadores en el ejercicio de su derecho de sindicación efectiva.

• Protección contra actos de injerencia en sus organizaciones en aras del ejercicio y defensa de sus derechos.

• Protección en el ejercicio pleno de la negociación colectiva.

México no ha ratificado el convenio arguyendo desde 2006 que el Senado decretó reservas (inciso b, partido 2 del artículo 1). Dicha disposición contemplaba un choque con la denominada “cláusula de exclusión por separación” ya que en ese dispositivo prohíbe despedir o perjudicar a un trabajador.[3][4]

Sin embargo, este argumento quedó superado en la pasada reforma laboral que suprimió el último párrafo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que incluso ya había sido declarada inconstitucional.[5]

En relación a lo anterior, se propone exhortar al Ejecutivo a que emita atreves de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social un dictamen definitivo para que sea remitido al Senado a efecto de la ratificación del convenio.

Ratificar este convenio ampliaría la protección del derecho de sindicalización laboral, estableciendo un marco referente en aras de los derechos de todos los trabajadores, sin importar su régimen.

La congruencia con los principios emanados de la OIT en materia de libertad sindical nos obligan a suscribir el convenio 98, complementario del Convenio 87; por lo que dejar pasar esta obligación internacional seguiría generando una condición de vulnerabilidad en contra de los derechos de los trabajadores en el ejercicio de libertad de asociación y la defensa de sus derechos.

Este Convenio 98 nos obligaría como Estado a ir más allá de la mera enunciación, para posicionarnos en el ejercicio real de la “libertad sindical” garantizando mediante las instituciones internas el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, protegiendo al mismo tiempo tanto la negociación colectiva, como  los contratos colectivos; figura última que penosamente no se aprobó en la reforma laboral del artículo 388 bis de la Ley Federal del Trabajo.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno establece el siguiente punto resolutivo:

Unico. Se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a que realice las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional del Trabajo.

CONSIDERACIONES

I. Quienes signamos el presente dictamen tenemos pleno conocimiento de que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo se convocó en la ciudad de Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión.

En dicha reunión se trataron diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva que llevaron finalmente a la integración de un convenio internacional.

El convenio fue adoptado el día 1 de julio de 1949, titulado Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.

Éste, establece los derechos que tienen los trabajadores a sindicalizarse, aunado a no ser sujetos de ninguna especie de discriminación y el hecho de que el patrón o el gobierno no puedan injerir en la decisión sobre la forma de organizaciones de trabajadores.

Busca fortalecer los derechos de los trabajadores mediante dos dimensiones, la primera es que se prohíbe sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro o despedírsele a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Entre sus consideraciones también mencionaban que se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

Específicamente, el artículo 5 del Convenio 98 declara:

Artículo 5

1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.

2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este Convenio.

Hacemos constatar también, que al Convenio N° 98 se le ha atribuido contar con derechos laborales fundamentales para el ámbito internacional, como lo es la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Hasta ahora 163 países han aceptado la ratificación y no cuenta con ninguna denuncia.

II. Los miembros de esta Segunda Comisión mantenemos la firme convicción de que la libertad sindical es un derecho laboral, fundada sobre los lazos jurídicos establecidos entre los miembros de una misma profesión y con el objetivo para la determinación colectiva de las condiciones de trabajo y la defensa de los intereses económicos colectivos.

Es decir, que se le ha dado este derecho con miras a la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo que mejor les acomoden, al mismo tiempo que las mismas armonicen con la ley laboral y la el ejercicio comercial del lugar donde se encuentren trabajando.

Por lo mismo, consideramos que en México se ha establecido claramente el principio de derecho sindical en marcos jurídicos de suma relevancia como lo son los Convenios Internacionales ratificados, la Carta Magna y la Ley Federal de Trabajo, en especial para proteger a la clase obrera del país y su organización sindical con la más amplia libertad para su autodeterminación.

La libertad sindical por ejemplo, constituye un derecho fundamental reconocido en nuestro artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más aun, la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional garantiza el funcionamiento democrático de las organizaciones sindicales. Esta libertad comprende el derecho de trabajadores y patrones a constituir en forma autónoma e independiente las organizaciones sindicales que estimen convenientes.

Por su parte, en la Ley Federal de Trabajo se reglamenta este derecho de asociarse, en específico menciona que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa y estos sindicatos a redactar sus estatutos y reglamentos y definir su programa de acción señalando cómo se organizarán.

Nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él y cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta.

Lo anterior va a colación con la fracción I del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, que impone a los patronos la obligación de preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores sindicalizados respecto de los que no lo estén.

Respecto de los convenios ratificados, podemos aludir específicamente al Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación o Convenio No. 87. Los miembros que han signado el Convenio, entre ellos México, comprendiendo que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, establecieron que los trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones.

Además, en el artículo 11 del Convenio No. 87 se obligó a todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

No obstante, a pesar de que este Convenio previo resulta paralelo al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 y que armoniza con derechos laborales fundamentales, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley Federal del Trabajo, México es el único país de América Latina que falta por ratificarlo.

III. La falta de ratificación se ha alegado principalmente por el hecho de que el Convenio No. 98 es contrario a la Ley Federal del Trabajo puesto que la misma contenía una cláusula de exclusión por separación, que de incluirse en los contratos colectivos, obligaba a los patrones a separar a los trabajadores que renunciaran o fueran expulsados del sindicato.

Sin embargo, cabe mencionar que dicha cláusula contenida en el segundo párrafo del artículo 395 fue suprimida en el texto de la nueva Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el primero de diciembre de 2012, por lo que su aplicación ya no tiene vigor ni protección jurídica.

Sabemos, que la Ley de 1970 modificó el párrafo final de la Ley laboral anterior, para establecer el mencionado artículo 395, pero la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado en torno al tema, que la fracción XVI del apartado A del artículo123, reconoce la libertad de asociación en la forma específica de libertad de sindicación y no hay ningún dato en los elementos precisados que pudiera sustentar que el Constituyente haya querido establecer una cláusula de exclusión por separación, como respuesta a un interés general.

Siendo así, podemos entender que una ley secundaria obedeciendo a disposiciones generales de rango superior no puede establecer limitaciones al régimen de garantías individuales que la Constitución establece de manera general para todos los individuos, incluyéndose, obviamente, a los trabajadores.

Este es también el tema que se ha mencionado desde septiembre de 2008, respecto a reservas al artículo 1, párrafo 2, b) del Convenio núm. 98 y que a letra dice:

Artículo 1

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Pero, como hemos mencionado en párrafos anteriores, en nuestro país es vigente la tesis del derecho del trabajador para poder ejercer su profesión, sin la necesidad de afiliarse a un determinado sindicato.

Esto quiere decir que la cláusula de exclusión por separación en los contratos colectivos de trabajo que permite al patrón remover de su trabajo a la persona por motivo de su afiliación o falta de esta transgreden lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto que éste sólo autoriza que puede privarse a una persona de su trabajo lícito por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que señale la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad.

Además, también infringen los artículos 9o. y 123, apartado A, fracción XVI, de la propia Carta Magna y con ello se vuelve contrario a los principios de libertad sindical y de asociación, puesto que resulta contradictorio y, por lo mismo, inaceptable jurídicamente, que se establezcan esas garantías, cuando la persona tiene la libertad de pertenecer a la asociación o sindicato, o bien, de renunciar a ellos.

Siendo así, la pérdida del trabajo a causa del ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en una ley secundaria, resulta censurable conforme al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Ley Fundamental.

Por lo mismo, estas cláusulas no sólo chocan contra la libertad de agremiación, sino que también afectan el derecho al trabajo, puesto que supeditan la libertad de trabajar al hecho de la afiliación sindical y la permanencia en el sindicato.

IV. Ante las anteriores consideraciones es necesaria que se atiendan las preocupaciones de las legisladoras que velan por derechos laborales de la población mexicana y que las mismas se apeguen estrictamente a la Ley, forjando una sana relación entre los trabajadores y el patrón.

En Mérito de lo anterior, esta dictaminadora concuerda con las solicitudes de las promoventes; para exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1° de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.

Es de suma importancia que la actual Administración proteja a toda costa los derechos laborales básicos de los trabajadores mexicanos y con esto paulatinamente se resuelvan las posibles deficiencias que puedan existir dentro del sistema laboral mexicano.

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1° de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones y campañas de prevención y control del dengue.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado denominado “Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit”.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta a las autoridades competentes a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado denominado “Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit”.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.Con fecha 22 de mayo de 2013, los Diputados Rodrigo González Barrios, Roberto López Suárez, Roberto Reyes Gámiz, Trinidad Morales Vargas, Socorro Ceseñas Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem, José Valentín Maldonado y Hugo Sandoval Martínez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para reestablecer el tejido social, y por tanto  a la Nación toda.

Desde hace más de 10 años, la Asociación Civil del Estado de Nayarit, denominada “Jubilados y Pensionados de la Educación Básica Federalizada”, A. C.” y, que agrupa a la mayoría de los profesores jubilados y pensionados del organismo descentralizado encargado de la operación de este nivel educativo y que se denomina “Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), ha venido luchando ante las instancias locales y federales, a fin de que se cubra a los profesores jubilados y pensionados de esta entidad federativa la prima de antigüedad; además del pago del aguinaldo y otras prestaciones en dinero, a la par de las otorgadas a los profesores en activo, en la medida que sean compatibles con su calidad de personal retirado. Sin que a la fecha hayan recibido una respuesta favorable.

Esto en abierto desconocimiento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuyo artículo 18 Transitorio, se señala claramente que los Jubilados, Pensionados o sus Familiares Derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.

Es decir, que a las personas a quienes se haya otorgado una pensión o jubilación hasta el 31 de marzo de 2007, cual es el caso de muchos de los integrantes de la Asociación de cita, se les debe respetar en sus derechos conforme los venían gozando en el marco de la anterior Ley del ISSSSTE, misma que en su artículo 57, último párrafo prevé:

Artículo 57, último párrafo: “Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo,según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.”

Así mismo, en respaldo de lo dicho y dando fundamento a que también reciban estas prestaciones los trabajadores que hayan recibido las jubilaciones ypensiones a partir del primero de abril de 2007 y a futuro, el “Acuerdo Mediante el Cual se Expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, en su artículo 25, claramente señala que:

“Artículo 25.-Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal del Trabajo,son las siguientes:

I. La prima de antigüedad, que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios, se cubrirá a los servidores públicos que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;

II. La prima vacacional que no deberá ser menor del 25 por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Los servidores públicos que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentará en 2 días laborables, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios; después del cuarto año, aumentará en 2 días por cada 5 de servicios.

Las vacaciones se concederán a los servidores públicos dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios, y

III. Un aguinaldo por un monto equivalente a 15 días de salario cuando menos, que deberá cubrirseantes del día 20 de diciembre.”

De igual forma consideramos, que la conocida descentralización educativa surgida a partir de 1992 y, que da origen al organismo público descentralizado de educación básica en el Estado de Nayarit ya antes referido, al que pertenecen los profesores reclamantes, hace plenamente aplicable en su favor la Ley Federal del Trabajo, y luego la Prima de Antigüedad, ya que como de manera repetida han señalado las autoridades de amparo, los organismos descentralizados se régimen por el apartado A del artículo 123 Constitucional, desde el momento en que no pertenecen al Poder Ejecutivo sino a la administración pública, (son trabajadores con un régimen laboral mixto al haber sido forzados a emigrar del apartado “B” al apartado “A” del artículo123 Constitucional, lo que no debe mermar la tutela de sus derechos) , en los términos del artículo 25 antes citado, tal y como lo han resuelto las autoridades de amparo, conforme a las Jurisprudencias cuyo texto íntegro se anexa al presente.

En este mismo tenor, la Tesis Aislada en Materia Laboral, con registro número 273887, dictada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada Jubilación persistencia de la relación laboral que señala: En supuestos de jubilación, no es función del concepto “salario”, que debe entenderse extinguida o vigente la relación de trabajo, ni tampoco la circunstancia de que deje de prestar el servicio al patrón deja insubsistente la calidad de trabajador, pues la condición de jubilado no se opone al concepto en el cual la ley define a aquél, pues se reduce tan sólo al hecho de admitir una nueva categoría, la de trabajador jubilado. En otras palabras, en un sentido estricto, todo jubilado continúa vinculado al contrato de trabajo mientras disfrute de las prevenciones y prestaciones que dicho contrato establece. Por lo que el derecho a la jubilación es una prolongación de los efectos de toda contratación en la cual se ha establecido y constituye uno de los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de patronos y trabajadores.

En conclusión, urge poner fin a la indebida omisión que realiza el organismo descentralizado referido en materia del pago de la prima de antigüedad en perjuicio de los maestros jubilados y pensionados del Estado de Nayarit; así como la negativa de pago que hace el ISSSTE, también en afectación de los profesores jubilados y pensionados de cita, del pago del aguinaldo y otras prestaciones en dinero, a la par de las otorgadas a los profesores en activo y que son compatibles con su calidad de jubilados y pensionados, conforme a los dispuesto por el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, en relación con el artículo 18 transitorio de la nueva ley del ISSSTE.”

En razón de lo expuesto y fundando, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente, exhorta al organismo descentralizado de educación básica federalizada, denominado “Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), para que a la brevedad instale una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago de la prima de antigüedad en favor de los maestros jubilados y pensionados del Estado de Nayarit que le prestaron sus servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 25 del “Acuerdo Mediante el Cual se Expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, pero sobre todo en apego a las Jurisprudencias referidas en el cuerpo de la presente proposición con punto de acuerdo .

SEGUNDO.- La Comisión Permanente, exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que pague a los profesores jubilados y pensionados del Estado de Nayarit, el aguinaldo y otras prestaciones en dinero, por el mismo monto y con los mismos incrementos futuros, de las otorgadas a los profesores en activo y que sean compatibles con su calidad de jubilados y pensionados, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya abrogada, en relación con el artículo 18 transitorio de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; incluso de manera retroactiva en el marco de las disposiciones aplicables.”

CONSIDERACIONES

I.- Los integrantes de esta Segunda Comisión, luego del análisis de la presente proposición con punto de Acuerdo, coincidimos con los argumentos de los legisladores promoventes y encontramos viable y oportuna la proposición de mérito.

Nuestro ordenamiento jurídico protege el otorgamiento de prestaciones al trabajador, por lo que consideramos primordial salvaguardar los derechos de los maestros jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado “Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y que desde hace más de 10 años han exigido que sea cubierta la prima de antigüedad, además del pago del aguinaldo y otras prestaciones, sin que a la fecha hayan obtenido resultados favorables.

II.- Como señalan los legisladores proponentes, a las personas a quienes se haya otorgado una pensión o jubilación hasta el 31 de marzo de 2007, se les deberán respetar los derechos que venían gozando en el marco de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual forma, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo.

La proposición hace referencia a la Tesis 2a. LVIII/2011“Trabajadores Jubilados de Organismos Públicos Descentralizados Estatales. Tienen derecho a recibir la prima de antigüedad prevista en la Ley Federal del Trabajo, misma que establece que: “los trabajadores de organismos descentralizados estatales que previamente se regían por el referido apartado B del artículo 123 constitucional y posteriormente por el diverso apartado A, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el invocado artículo 162, con independencia de que hayan recibido la prima quinquenal y la pensión jubilatoria”.

Es pertinente señalar que el referido artículo 162 pertenece a la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

I. La Prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;

II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;

IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:

a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro.

b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje.

c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores;

V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y

VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.

III.-Cabe destacar que esta Comisión ya se ha pronunciado anteriormente en el mismo sentido de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, ya que el 15 de mayo de 2013 le fue turnada a la Segunda Comisión la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que autorice recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado, presentada por el Diputado Carol Antonio Altamirano.

En ese sentido, nos encontramos ante una situación similar en la que la pretensión de los trabajadores jubilados se fundamenta en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debido a que los trabajadores de órganos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que sus relaciones laborales no se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, para lo cual les es aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que integramos la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al organismo descentralizado de educación básica federalizada, denominado “Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit” (SEPEN), para que a la brevedad instale una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago de la prima de antigüedad en favor de los maestros jubilados y pensionados del Estado de Nayarit que le prestaron sus servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 25 del “Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, pero sobre todo en apego a las Jurisprudencias referidas en el cuerpo de la presente proposición con punto de acuerdo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que pague a los profesores jubilados y pensionados del Estado de Nayarit, el aguinaldo y otras prestaciones en dinero, por el mismo monto y con los mismos incrementos futuros, de las otorgadas a los profesores en activo y que sean compatibles con su calidad de jubilados y pensionados, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; incluso de manera retroactiva en el marco de las disposiciones aplicables.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdoque exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, discusión y en su caso aprobación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de mayo de 2013, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Que la Presidencia de la República en uso de las facultades, con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmó en Beijing el pasado 26 de junio de 2012, el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

Dicho tratado “fortalecerá la precaria situación de los artistas intérpretes o ejecutantes en la industria audiovisual al proporcionar una base jurídica más clara para el uso internacional de las producciones audiovisuales, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes digitales.

El instrumento contribuirá a salvaguardar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes contra el uso no autorizado de sus interpretaciones y ejecuciones en medios audiovisuales, como la televisión, el cine y el vídeo”, mismo que fue firmado por 180 países.

Este tratado fue impulsado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), organismo de la ONU dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños, dibujos y modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la creatividad. Organización de la cual México es país miembro desde 1975.

La OMPI [1] señala que la justificación de este instrumento se debe porque aún no ha quedado efectivamente establecida a nivel internacional la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales. Añaden que esta situación afecta además de actores tanto cinematográficos y de televisión, a los músicos.

Quienes cuentan con mecanismos de protección en su caso, son los cantantes, músicos, bailarines y actores, respecto a sus interpretaciones y ejecuciones desde que se adoptó la Convención de Roma en 1961, no obstante, En 1996, la adopción del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) modernizó y actualizó esas normas respecto de las interpretaciones y ejecuciones de obras sonoras, especialmente en relación con los usos digitales, dejando un vacío en el sistema internacional de derechos en lo que atañe a los actores y a otros intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.

La OMPI ha realizado diversos esfuerzos para el diseño de un tratado, a través de reuniones, estudios, diálogos internacionales y consultas para conocer la situación de los artistas intérpretes o ejecutantes en el plano nacional.

Después de la Asamblea General de la OMPI de 2011 y el Comité Preparatorio, la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales tuvo lugar en Beijing del 20 al 26 de junio de 2012 para adoptar un tratado internacional sobre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.

Dicho instrumento fue recibido por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y enviado a un cuerpo de expertos para su revisión. Del total de países firmantes, sólo la República Árabe de Siria, lo ha ratificado el 18 de marzo del presente año.

Así, con el impulso de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI) este tratado logró firmarse para beneficio de los intérpretes y ejecutores audiovisuales en el país, sin embargo, desde hace una año que fue remitido al Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se está en espera de que se realicen las observaciones pertinentes ya que debe ser aprobado por el Senado, previo dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de darle la vida jurídica correspondiente, en su caso, como nos lo señala el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estamos a favor de generar que los instrumentos legales que fortalecen y dan certeza y seguridad jurídica a todos las actividades desarrolladas en territorio nacional, en especial la que tiene que ver con la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales”.

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.-El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a esta soberanía el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales a fin de que se proceda a su análisis, discusión y en su caso aprobación por esta Cámara.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente compartimos la preocupación expresada por la Legisladora en la proposición de mérito, sobre la necesidad que impera para que el Senado de la República en el ejercicio de sus facultades exclusivas, otorgadas por el artículo 76 Constitucional, para que pueda analizar, discutir yen su caso aprobar los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal.

Suscrito este nuevo Instrumento Internacional denominado “Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales” y Despuésde más de 15 años de “arduas y difíciles negociaciones”, en las que México mantuvo una participación activa y constructiva. Los países miembros de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), con la participación de representantes de la industria del cine y de diversas asociaciones de artistas, intérpretes y ejecutantes, lograron finalizar la negociación del nuevo instrumento internacional.

En este contexto radica la importancia de que el Senado de la República realice el Análisis y evaluación del tratado internacional sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, cuidando el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales.

II.- Esta Dictaminadora considera pertinente exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que en cumplimiento de sus facultades y obligacionesdenominadas en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, someta a la consideración del Senado de la República el Tratado Internacional sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, por lo que la proposición en estudio debe ser atendida por el Poder Ejecutivo Federal a fin de enviar dicho tratado para su trámite legislativo correspondiente.

III.-La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar adesarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a esta soberanía el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales a fin de que se proceda a su análisis, discusión y en su caso aprobación por esta Cámara.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura a los dictámenes de la Tercera Comisión que se presentarán a su consideración.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del gobierno federal a continuar con las acciones de asistencia médica, de prevención y de reparación, a raíz del siniestro ocurrido el 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de México a tomar las medidas necesarias para la prevención de tragedias como la ocurrida a consecuencia de la explosión de una pipa que transportaba gas, a la altura de la comunidad de Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México, presentada por el diputado Carlos Reyes Gámiz del grupo parlamentario del PRD, el 15 de mayo de 2013.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes a modificar la norma oficial mexicana NOM-012-SCT2-2008, a fin de restringir la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se adecué el peso a transportar, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD, el 15 de mayo de 2013.

3) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las disposiciones legales aplicables en materia de la prevención de accidentes y participe en los estudios conducentes para reubicar a la población en riesgo asentada en las orillas de la autopista México-Pachuca, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del grupo parlamentario del PRI, el 15 de mayo de 2013.

Esta Tercera Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones de referencia, y conforme a las deliberaciones que de los mismos realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Diputado Carlos Reyes Gámiz, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En la sesión En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastelúm, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la misma materia.

Todas las proposiciones se refieren al accidente del 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de México, donde una pipa de gas de la empresa “Termogas”, conocida como doble remolque o full, explotó en la autopista México-Pachuca, por causas aún en estudio de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que hasta el 24 de mayo había ocasionado el deceso de 27 personas y otras más lesionadas.

Los proponentes solicitan que se les brinde atención especial a las familias afectadas por este accidente:

• Setutelen los derechos de las familias de las víctimas fatales, se dé atención a los heridos hasta su total rehabilitación y se reparen los daños materiales causados.

• Reubicar a las familias que siguen viviendo a pie de la autopista federal México-Pachuca, lo que permitirá no sólo darles seguridad, sino evitar que sigan sujetas a condiciones insalubres al tener que estar respirando de manera continua los productos contaminantes de los vehículos automotores, así como la contaminación por ruido.

Asimismo, refieren sobre la importancia de prevenir este tipo de accidentes, aplicando las siguientes medidas:

• La restricción de los horarios para la circulación de los vehículos de doble remolque y transporte de materiales peligrosos por las carreteras federales y zonas urbanas.

•El establecimiento de controles físicos, médicos y técnicos más estrictos para la expedición y renovación de licencias a los conductores de estos vehículos automotores.

• La revisión de la normativa aplicable al transporte de carga (Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT2-2008), de manera de tutelar la vida y salud de las personas que viajan por carreta o que viven en las cercanías de las mismas.

• Practicar inspecciones extraordinarias al transporte de carga, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en materia de jornada humana y salud y prevención de los riesgos de trabajo, e impulse un programa de capacitación y adiestramiento en favor de los trabajadores de esta importante actividad económica.

•Incluso restringir la circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se regule el la carga o peso de los vehículos de transportación de carga, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión, resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden con la preocupación expuesta por los proponentes y expresan, nuevamente, sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y al pueblo de Ecatepec por esta tragedia, y manifiestan su solidaridad y sus deseos por la pronta recuperación de las personas que aún permanecen hospitalizadas.

Al respecto, esta Comisión reconoce que la Dra. Mercedes Juan, Secretaria de Salud, en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la República, ha estado supervisando la atención y evolución de las personas lesionadas por este accidente, asegurándose que, en todo momento, estén asistidas con un servicio médico oportuno, de calidad y eficiente. Asimismo, que sus familiares reciban información y apoyo al interior de los hospitales en los que se encuentran.

Por otra parte, esta Dictaminadora reconoce que Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha emprendido los trabajos para revisar precisamente la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208, relativa a los límites de dimensión y peso para el transporte de vehículos de carga que circula por las carreteras, a través de la instalación de un panel de expertos que emitirán recomendaciones y conclusiones que serán fundamentales para modificar dicha Norma.

Se destaca que el panel está conformado por expertos altamente calificados en diversas disciplinas respaldados por el prestigio de reconocidas instituciones académicas y de investigaciones públicas y privadas: Dr. Roberto Meli Piralla, Egresado y catedrático de Ingeniería de la UNAM; Dr. Octavio Agustín Rascón Chávez, Doctor en Ingeniería por la UNAM; Dr. José Rubén Hernández Cid, Doctor en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Grenoble, Francia; Mtro. Ramiro Tovar Landa, Maestro y Candidato a Doctor en Políticas de Desarrollo Internacional (Duke University, North Carolina, EEUU y Mtro. Salvador García Rodríguez, Maestro en Ingeniería de la Construcción por la UNAM; Arturo Ramírez Flores, Dr. en Matemáticas de la UNAM; Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, egresado de la carrera de economía del ITAM; Ing. José Saúl Choreño Quintanar, Ingeniero Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIICSA; y Arcadio Poveda Ricalde, investigador emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional y Doctor en Astronomía por la Universidad de California en Berkeley; y se contará con la asesoría técnica del Dr. Francisco Javier Carrión Viramontes, del Instituto Mexicano del Transporte.

De esta manera, se espera que la opinión de este grupo sea técnica e imparcial, lo que permitirá adecuar la Norma de manera sustancial y oportuna, para garantizar la seguridad del autotransporte federal y de los ciudadanos, así como la viabilidad económica de las empresas transportistas.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que no se deben de repetir este tipo de desastres, por lo que se tienen que adoptar las medidas pertinentes y necesarias, a efecto de proteger a laciudadanía, procurando su seguridad y bienestar, por lo que convienen en la urgencia y necesidad de aprobar las proposiciones con punto de Acuerdo referidas con modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que continúe con la atención médica de las personas lesionadas y el apoyo a sus familiares, a consecuencia del accidente ocurrido el pasado 7 de mayo en la autopista México-Pachuca.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que informe, en su momento, de las recomendaciones y conclusiones del panel de expertos que se encuentran revisando la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal, a que en coordinación con las autoridades locales y atendiendo sus respectivas competencias, provengan a la reparación de todas las viviendas que resultaron dañadas, y a que consideren sobre la conveniencia de reubicar a las familias afectadas, en caso que así lo decidan. Asimismo, que remita a esta soberanía del Atlas de Riesgo que incluya a esta zona afectada.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para que impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo a fin de que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía, suscrita por el Diputado Gerardo Licéaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el diputado Gerardo Licéaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina establece que el gobierno federal cuenta con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, para promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población. La Comisión es el órgano técnico articulador de las políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía del país.

El proponente considera que la experiencia técnica de la CONUEE debe ser aprovechada por la sociedad para lograr beneficios en la economía familiar mediante el ahorro de energía. Asimismo, considerafundamental que la Comisión oriente a la sociedad a través de una amplia campaña de difusión sobre cómo ahorrar energía en los hogares mexicanos, utilizando medios de comunicación masiva electrónicos, impresos, las nuevas tecnologías y las propias redes sociales, lo cual derivaría en hacer más eficiente el gasto familiar.

Por lo que propone lo siguiente:

Unico. Que la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Comisión compartimos el interés del proponente en promover el ahorro de energía en los hogares a través de una amplia campaña de difusión, por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Lo anterior, tiene fundamento en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, expedida el 28 de noviembre de 2008, que en su artículo 11, fracción XIV, faculta a la CONUEE a preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los trabajos que realice en las materias de su competencia; y en el citado artículo, fracción XVI, a participar en la difusión de la información entre los sectores productivos, gubernamentales y sociales.

Cabe mencionar que en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, ya aprobada por este Congreso, establece como Objetivo Estratégico la inclusión social. Dicha Estrategia señala que el acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los principales elementos democratizadores y juega un papel relevante en el desarrollo social y humano.

Para los integrantes de esta Comisión, es importante destacar que la quema de combustibles fósiles para generar la energía eléctrica que se consume en los hogares del país, afecta el medio ambiente y ha provocado el efecto invernadero por lo que una campaña para ahorrar energía en los hogares, abonaría a mitigar el cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, para que impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar las problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, suscrita por el diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. OBJETO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Exhortar a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.

III. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina refiere que por Acuerdo presidencial el 13 de enero de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río creó los Talleres Gráficos de la Nación, constituidos bajo la figura de sociedad cooperativa y que para el cumplimiento de sus fines le fueron proporcionados algunos bienes propiedad de la Nación.

El proponente menciona que el gobierno federal se constituyó como propietario de 50% de los rendimientos anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa y que los citados rendimientos se distribuyeron entre el gobierno federal, la renovación de maquinaria y equipo y los cooperativistas.

Se señala que para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó un fideicomiso en 1990, el cual fue intervenido ilegalmente por la Secretaría de Gobernación desde noviembre de 1993, al apropiarse de todos los activos de la cooperativa, apoyado en la figura de participación estatal.

Establece que de acuerdo con versiones de la Secretaría de Gobernación enviadas a la Comisión Permanente en 2003, se informó que los asuntos demandados fueron atendidos, en virtud de que se otorgaron indemnizaciones y pagos por única vez a los trabajadores que tenían derecho a una pensión conforme al fideicomiso, mismo queya fue liquidado. También anota que las demandas presentadas por los extrabajadores fueron sobreseídas mediante juicio de amparo.

Por ello somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Gobernación, para que en el ámbito de su competencia encuentren los mecanismos necesarios a efecto de que se otorgue puntualmente la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, apegándose a lo que en derecho corresponda.

“Segundo.- Se solicita a las dependencias citadas en el punto que antecede, para que se realicen las adecuaciones correspondientes, con la finalidad de regularizar el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, así como la reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago hasta la fecha”.

IV.- ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen

Esta Tercera Comisión se dio a la tarea de buscar los antecedentes de la creación de Talleres Gráficos de la Nación y encontró en la página de Internet de Talleres Gráficos de México, http://www.tgm.com.mx/TGM/Paginas/Historia.aspx que por acuerdo presidencial el 13 de enero de 1938, se plantea la constitución de una Cooperativa de Participación Estatal, en que los socios serían los propios trabajadores de los talleres, la que funcionaría apoyada en la estructura del Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial. Además que el 9 de febrero de 1939, la Cooperativa llevó acabo su Asamblea Constitutiva, en el que se aprobó el nombre de “TALLERES GRAFICOS DE LA NACION, SOCIEDAD COPERATIVA DE PARTICIPACION ESTATAL Y RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA”.

El portal también informa que el 10 de febrero de 1994, Talleres Gráficos de México fue creado por acuerdo presidencial, cómo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y de acuerdo, a lo que disponía el artículo segundo de dicho decreto, tendría a su cargo ofrecer y prestar servicios a los sectores público, social y privado y a la población en general, en los diversos renglones de las artes gráficas y de la encuadernación. Y también informa que “la Cooperativa de participación estatal y responsabilidad suplementada, Talleres Gráficos de la Nación, mediante sentencia de fecha 31 de octubre de 1994 se liquidó judicialmente a la Cooperativa de Talleres Gráficos de México”.

De acuerdo con el Oficio con el que remite similar de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 9 de diciembre de 2003, sobre los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa "Talleres Gráficos de la Nación", remitido a la Cámara de Senadores y publicada el 14 de abril de 2004 en la Gaceta del Senado No 45 se informó:

“En enero 13 de 1938, se expidió el acuerdo por el que se constituyó la Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada, Talleres Gráficos de la Nación, de aquí en adelante T.G.N.

“El 10 de julio de 1942, fue publicado el acuerdo por el que la Secretaría de Economía Nacional, aporta al Banco Nacional de Fomento Cooperativo el edificio, maquinaria, mobiliario y equipo que utiliza T.G.N.

“El 10 de octubre de 1964, se publicó el Decreto que desincorpora del patrimonio de los Ferrocarriles Nacionales de México, el predio ubicado en las calles de Canal del Norte y Baleo, de esta Ciudad, destinado a la construcción de la nueva Unidad Industrial de T.G.N.

“En diciembre 17 de 1969, el Gobierno Federal celebró un contrato con TGN, por el cual dio en administración los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

“En junio 3 de 1992, el Gobierno Federal y TGN suscribieron un convenio por el que se da por terminado el referido Contrato, y se convino la devolución de los bienes al gobierno Federal.

“En junio 22 de 1992, los socios de TGN aprobaron en Asamblea General Extraordinaria, la disolución y liquidación de la sociedad cooperativa.

“En enero 12 de 1993, se publicó en el diario Oficial de la Federación el acuerdo que abroga el diverso de enero 13 de 1938, por el que se dispuso la constitución de T.G.N.

“En febrero 10 de 1994, se publicó el Decreto por el que se crea Talleres Gráficos de México como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. En el artículo segundo de dicho Decreto, se establece que la SEGOB promoverá lo conducente a efecto de que los bienes que correspondan al Gobierno Federal por la liquidación de TGN, sean destinados, y en su caso, aplicados a favor del órgano desconcentrado Talleres Gráficos de México.

“El día 31 de octubre de 1994, se dictó en el expediente 121/93-III la sentencia de liquidación judicial de T.G.N., por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

“Entre junio de 1995 y diciembre de 1997, a efecto de extinguir el Fideicomiso de Pago de Jubilaciones que tenía T.G.N., el Liquidador de la misma suscribió convenios individuales con los jubilados, a fin de pactar el pago de dichas prestaciones en emisiones periódicas. Los pagos de referencia se formalizaron ante Notario Público.

“En enero 8 de 1999, fue publicado el Decreto que crea Talleres Gráficos de México, como organismo público descentralizado, señalándose que los bienes muebles e inmuebles con los que operó el órgano desconcentrado Talleres Gráficos de México, serían la aportación del Gobierno Federal para la constitución de ese nuevo organismo descentralizado.

“El día 19 de noviembre de 1999, se dictó la sentencia del juicio de amparo número 415/99, promovido por Oscar Solís Jiménez y coagraviados, por el C. Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por la cual se sobreseyó dicho juicio.

“Con fecha 21 de enero de 2000, los quejosos interpusieron recurso de revisión, conociendo de dicho recurso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien confirmó la sentencia dictada en el juicio de amparo número 415/99.

“El día 7 de julio del 2000, se publicó la Declaratoria que tiene por objeto disponer que el inmueble con una superficie de 18.568.80 metros cuadrados ubicado en las Calles de Canal del Norte y Boleo, Colonia Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad forma parte del dominio público de la Federación; y, el 19 de febrero del 2003, se publicó el Decreto por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación el inmueble con superficie de 18.568.80 metros cuadrados, ubicado en las Calles de Canal del Norte y Boleo, Colonia Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representación del Gobierno Federal, transmita a título gratuito a favor de Talleres Gráficos de México los derechos posesorios que tiene respecto de dicho bien, a efecto de que ese organismo descentralizado inicie los trámites conducentes para que obtenga los derechos de propiedad sobre el mismo.

“El día 12 de julio del 2002, fueron recibidos por el Subsecretario de Comunicación Social (hoy de Normatividad de Medios) de la SEGOB, los excooperativistas, jubilados, pensionados y peticionarios de la extinta Cooperativa T.G.N., a fin de escuchar la respuesta a sus peticiones, misma que se les dio a conocer de forma oral, y posteriormente mediante el oficio número DACCP-CG/169/02, de fecha 19 de julio del 2002”.

Para los integrantes de esta Tercera Comisión ha sido reveladorconocer que el problema de Talleres Gráficos de la Nación es un asuntoque no ha tenido una solución definitiva, y que sobre este tema se han presentado diversas consideraciones por parte de diversos legisladores, que a continuación se enlistan:

• Punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados pida la devolución del patrimonio social y del fondo del fideicomiso constituido por los cooperativistas de Talleres Gráficos de la Nación para el pago de pensiones vitalicias a jubilados, presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 3 de octubre de 2002. Publicado el 4 de octubre de 2002 en la Gaceta Parlamentaria, año IV, número 1102.

• Punto de acuerdo, en apoyo de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de marzo de 2003. Publicado el 6 de marzo de 2003 en la Gaceta Parlamentaria, año IV, número 1204.

• Punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a las secretarías correspondientes a efecto de que sea otorgada puntualmente la pensión en apoyo a jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, presentada por el diputado Emanuel Díaz Palacios (PRI), el 5 de marzo de 2003. Publicado en actas de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, publicado el 8 de mayo de 2003 en la Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1245.

• Punto de acuerdo del C. Diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del PRI, sobre jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación, presentado en la Comisión Permanente de la Publicado en el Diario de los Debates del Senado de República,Segundo Receso Comisión Permanente, 58 Legislatura, miércoles 4 de junio de 2003, Diario 6.

• Punto de Acuerdo con relación a la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la Sociedad Cooperativa “Talleres Gráficos de la Nación”, que exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para investigar y determinar la situación de los jubilados,presentado por la senadora Leticia Burgos Ochoa,el 25 de septiembre de 2003. Publicado en la Gaceta Parlamentaria el 25 de septiembre de 2013, No 8.

• Punto de acuerdo del diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, se considere una partida especial para solucionar el pago de pensiones a jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación. Publicado el 14 de noviembre de 2004 en la Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1625.

• De los Diputados Rosario Ortiz Magallón y Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones de los jubilados de Talleres Gráficos de la Nación. Publicado en la Gaceta del día miércoles 11 de junio de 2008.

• Punto de acuerdodel diputado Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca un fondo para el pago de los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, presentado en la sesión del 28 de octubre de 2010. Publicado en el acta de la sesión, el 3 de noviembre de 2010 en la Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3130.

• Punto de acuerdo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación. Presentado en la sesión del 28 de octubre de 2010. Publicado en el acta de la sesión, el 3 de noviembre de 2010 en la Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3130.

De estas proposiciones, la Tercera Comisión encontró las siguientes respuestas:

• Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite Respuesta al Acuerdo de la Comisión Permanente del 11 de junio sobre la situación de los trabajadores de los Talleres Gráficos de México. Publicado en el Diario de los Debates del Senado de República,Segundo Receso Comisión Permanente, 58 Legislatura, miércoles 16 de julio de 2003, Diario 12.

• Oficio de la Comisión Permanente para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se considere una partida adicional para solucionar en definitiva el pago de las jubilaciones vitalicias a los trabajadores pensionados de los Talleres Gráficos de la Nación. Publicado el 4 de septiembre de 2003 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año VI, número 1326.

• Comunicación del Auditor Superior de la Federación, por el cual se refiere al Punto de Acuerdo, aprobado por el Senado de la República el 9 de diciembre de 2003, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, investigue y determine la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa Talleres Gráficos de la Nación. Publicado en la Gaceta del día Miércoles, 18 de febrero de 2004

• Oficio con el que remite otro de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 9 de diciembre de 2003, sobre los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa “Talleres Gráficos de la Nación”. Publicado en la Gaceta del día Miércoles, 14 de Abril de 2004.

De las respuestas de información recibidas de la Secretaría de Gobernación es importante hacer mención de una en particular que hace el gobierno al Poder Legislativo, derivado delpunto de acuerdo con relación a la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la Sociedad Cooperativa “Talleres Gráficos de la Nación”, presentado por la senadora Leticia Burgos Ochoa.

En sesión de 9 de diciembre de 2003, el Senado aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, investigue y determine la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa Talleres Gráficos de la Nación e informe a esta Soberanía el resultado de la misma, y un segundo punto de acuerdo que “exhorta a la Secretaría de Gobernación a instalar una mesa de diálogo con representantes del ejecutivo federal y los extrabajadores de la cooperativa en cuestión, a fin de esclarecer y definir con estricto apego a derecho, la situación jurídica de la empresa en comento y sus trabajadores, invitando a un legislador de cada Cámara a participar con el carácter de mediadores, e informando en todo momento la agenda, los avances y los resultados obtenidos”.

La respuesta enviada el 5 de abril de 2004 por la Secretaría de Gobernación, publicada en la Gaceta del Senado el 14 de abril de 2004, menciona que en sesión de fecha 9 de diciembre de 2003, se aprobaron por la H. Cámara de Senadores, dos puntos de Acuerdo, alusivos a la empresa Talleres Gráficos de la Nación. En referencia al Segundo Punto de Acuerdo, relativo a la instalación de una Mesa de Diálogo con los interesados, informó que se instaló en su oportunidad.

Para efectos del punto de acuerdo del proponente sobre el otorgamiento puntual de la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, apegándose a lo que en derecho corresponda y la regularización del fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, esta Comisión considera relevante dar a conocer los resolutivos existentes en larespuesta de Secretaría de Gobernación el 5 de abril, de los cuales se puede observar dan respuesta a la inquietud del Diputado José Arturo López Cándido:

“1. Solicitud de restitución de las instalaciones y maquinaria.

Del análisis de los documentos al respecto existentes se concluye que las instalaciones y maquinaria administrada por la entonces Talleres Gráficos de la Nación, Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada, siempre han sido propiedad del Gobierno Federal.

“2. Solicitud de recuperación del Fideicomiso donde se depositaban los fondos de pensiones.

Durante los años 1995,1996, 1997 el Órgano Liquidador de Talleres Gráficos de la Nación, Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada, suscribió convenios individuales con los jubilados, por los cuales efectuó el pago de las aportaciones que constituyeron el Fideicomiso en emisiones periódicas, los pagos de referencia, se formalizaron ante la presencia de Notario Público. Habiéndose cumplido con las formalidades legales para la extinción del Fideicomiso.

“3. Emisión de un Decreto Presidencial que deje sin efecto los de fecha de enero 12 de 1993, 10 de febrero de 1994, y 8 de enero de 1999, dejando subsistente el Acuerdo Presidencial del 13 de enero de 1938.

Con fecha 08 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto Presidencial por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Talleres Gráficos de México, en contra del cual se interpuso Juicio de Amparo 415/99, mismo que se sobreseyó en virtud de que los quejosos no acreditaron su interés jurídico.

“4. Inconformidad por la liquidación ilegal de la Cooperativa.

La liquidación judicial de la Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada, se dictó mediante sentencia de fecha 31 de octubre de 1994 emitida por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con número de expediente 121/93-III, cancelándose también el registro de la Cooperativa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La sentencia y la cancelación del registro tienen el carácter de cosa juzgada, es decir, que ha causado estado y tiene plena validez jurídica”.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación informó que el órgano liquidador suscribió convenios individuales con los jubilados, por los cuales efectuó el pago de las aportaciones que constituyeron el Fideicomiso, en emisiones periódicas, durante los años de 1995, 1996 y 1997. Los pagos totales que se efectuaron a 157 excooperativistas ascendieron a la cantidad de $11,671.603.31 (once millones seiscientos setenta y un mil seiscientos tres pesos 31/100 M.N.), conforme el resumen de liquidaciones del fondo de pensiones, efectuado ante el Notario Público Número 155 del Distrito Federal, Lic. Pablo Antonio Pruneda Padilla.

Con lo anterior, la Comisión considera que la Secretaría de Gobernación ha dado respuesta en términos legales a los planteamientos del punto de acuerdo del proponente.

Asimismo, en virtud de que la presente Legislatura se ha caracterizado por su sensibilidad ante los problemas de jubilados y pensionados, es que para esta Comisión resulta de la mayor importancia el conocer la situación actual de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de México, toda vezque conocemos que es una problemática queha adquirido un nivel político-económico más allá de la solución jurídica, por lo que solicitamos a la Secretaría de Gobernación copia del listado de beneficiarios liquidados y monto recibidopor el citado Fideicomiso donde se depositaban los fondos de pensiones. Asimismo, estima conveniente conocer el registro que tenga y que dé por concluido el trámite legal de pago de las indemnizaciones.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación copia del listado de liquidados y monto recibidopor el citado Fideicomiso para jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, así como del registro que tenga el trámite legal del pago de las indemnizaciones.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, instalen una mesa de diálogo que permita conocer específicamente la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, y se encuentre una posible solución a sus planteamientos.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno a realizar diversas acciones en materia de reporte y prevención de incendios forestales.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo en materia de incendios forestales, suscrita por el senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en materia de incendios forestales.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El proponente considera que los bosques y selvas constituyen uno de los ecosistemas más importantes del planeta, toda vez que en ellos se desarrolla una gran cantidad de diversidad biológica, entre plantas, animales y microorganismos, fundamentales para el equilibrio ecológico de la Tierra, pues ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, la dispersión y germinación de semillas, y la depredación de especies que podrían convertirse en plagas.

Asimismo, menciona que la superficie forestal provee una serie de servicios ambientales invaluables para el ser humano, tales como la captura de bióxido de carbono; la regulación del clima; la conservación del suelo; el enriquecimiento del paisaje y la recarga de los mantos acuíferos, entre otros.

En el caso de nuestro país, la superficie forestal representa un 33% de territorio nacional, contando con casi 65 millones de hectáreas, lo cual contribuye en gran medida a que México sea considerado un país megadiverso.

Destaca sobre la importancia de los recursos forestales nacionales, que desempeñan una función social fundamental, principalmente en las comunidades rurales, toda vez que la variedad de árboles y arbustos forestales constituyen una fuente de productos madereros y no madereros, y los animales que albergan son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas personas.

Asimismo, señala que la deforestación constituye la principal amenaza para los bosques y selvas, convirtiéndose en uno de los problemas ambientales que requiere atención prioritaria.

Por ello, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, difundan la información y los mecanismos necesarios para el reporte ciudadano de incendios forestales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invita a la sociedad civil a prevenir la manifestación de incendios forestales, así como a reportar a las autoridades correspondientes los que sean de su conocimiento.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal que, al término de la temporada del presente año, remita a esta Soberanía el informe final de incendios forestales 2013.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión Dictaminadora, comparte lo establecido en el artículo 7, fracción XII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que define a la deforestación como la “pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición”.

La misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala como una de las principales causas de la pérdida de bosques y selvas en México los incendios forestales, por lo que la protección contra incendios y el manejo adecuado del fuego debe asumirse como una prioridad en la gestión sustentable de los recursos forestales.

Del primer resolutivo del punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, difundan la información y los mecanismos necesarios para el reporte ciudadano de incendios forestales, esta Comisión encuentra su sustento en el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece como facultad de las entidades federativas “llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo”.

De igual manera, el mismo ordenamiento en su artículo 15, faculta a los gobiernos municipales a “participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil”.

Aunado a esto, el artículo 4° Constitucional, expresa que el Estado es garante del derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que queda claro que los tres órdenes de gobierno son responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender y coadyuvar en la prevención de incendios forestales, al tratarse de una materia concurrente, por lo cual se estima adecuado emitir un respetuoso exhorto para que los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal pongan a disposición de la ciudadanía la información y los mecanismos necesarios para la denuncia de incendios forestales.

En cuanto al segundo resolutivo, respecto a invitar a la sociedad a prevenir la manifestación de incendios forestales, así como reportar a las autoridades correspondientes los que sean de su conocimiento, esta Comisión coincide con el proponente en que México al participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada el 13 y 14 de junio de 1992, y suscribir la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, reconoció el papel de la participación ciudadana en la conservación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que lo integran.

El Principio 10 de la Declaración de Río establece que, “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deben de facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.

Por otro lado, el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece como principio de la política ambiental nacional que “las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico”, materializándose así, en el marco jurídico nacional, el principio de corresponsabilidad ciudadana en la protección del ambiente.

Lo anterior, lleva a coincidir a los integrantes de la Comisión que desde el punto de vista jurídico e institucional, la participación ciudadana, en materia de incendios forestales, puede darse en las vías de prevención y denuncia de incendios.

Asimismo, en atención a la inquietud del proponente para promover que la población participe en la prevención y denuncia de incendios forestales, esta Comisión estima conveniente solicitar a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, para que considere la viabilidad de presentar un spot en el Canal del Congreso, a efecto de invitar a la sociedad civil a prevenir los incendios forestales, así como a reportar a las autoridades correspondientes los que sean de su conocimiento.

Por último, esta Dictaminadora comparte el punto resolutivo tercero para que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) presente al Congreso de la Unión, el informe final de incendios forestales 2013.

No pasa inadvertido para esta Comisión que para prevenir la concurrencia de incendios forestales dañinos en ecosistemas forestales e incrementar la eficiencia en su combate, el gobierno federal, a través de la CONAFOR tiene en operación el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, en coordinación con diversas dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, dueños y poseedores de terrenos forestales a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y Organismos no Gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, difundan la información y los mecanismos necesarios para el reporte ciudadano de incendios forestales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, a que considere la viabilidad para que se elabore y presente un spot en el Canal del Congreso, a efecto de invitar a la sociedad civil a prevenir los incendios forestales, así como a reportar a las autoridades correspondientes los que sean de su conocimiento.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Comisión Nacional Forestal, a que al término de la temporada del presente año, remita a esta Soberanía el informe final de incendios forestales 2013.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital a remitir diversa información y a implementar acciones respecto al proceso de la transición a la televisión digital terrestre.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo en relación al proceso de la transición a la televisión digital terrestre, presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich, del grupo parlamentario del PRI, el 15 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en relación al proceso de la transición a la televisión digital terrestre.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN

La proponente refiere que de acuerdo con información de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, sobre el estado que guarda la ejecución de las acciones para elevar los niveles de penetración, a la fecha no se cuenta con evidencia documental que acredite que se haya alcanzado un nivel de penetración del 90% de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tijuana, Baja California, para que se lleve a cabo el apagón analógico en dicha localidad.

Por lo tanto, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), no se encuentra en posibilidad de acordar la terminación de las transmisiones analógicas en la ciudad de Tijuana, Baja California, hasta en tanto se cuente con información que acredite que se alcanzó un nivel de penetración del 90% en dicha ciudad.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa con número 20/2013, del 26 de abril de 2013, la COFETEL informa que cuenta con la documentación suficiente y confiable que demuestra que hay una penetración de TDT superior a 90% en los hogares objetivos de esta ciudad. Asimismo, señala que en 192,060 hogares ya se instaló un decodificador y/o antena digital por parte de Teletec de México, empresa contratada por la COFETEL para la ejecución del programa en Tijuana.

Pese a lo anterior, se han presentado dos demandas colectivas en contra de la COFETEL, con el fin de suspender el apagón analógico, en razón de que cientos de hogares no tienen el decodificador o antena que debió repartirse por la empresa Teletec de México.

Por lo expuesto, propone el siguiente acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, un informe detallado sobre los avances en la transición a la Televisión Digital Terrestre y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones un informe detallado sobre el caso de la ciudad de Tijuana, Baja California en relación a los decodificadores entregados por la empresa Teletec de México.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que diseñe campañas de difusión sobre la transición a la Televisión Digital Terrestre, con el objeto de que los consumidores cuenten la suficiente información de dicho proceso, de acuerdo al Artículo Noveno del “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que tome las acciones necesarias a efecto del Artículo Octavo del Decreto mencionado en el punto anterior con el fin de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de señales digitales.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación de la proponente, en el sentido de que es necesario contar con mayores elementos e información que permita avanzar en el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), o el llamado apagón analógico, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Esta Dictaminadora, reconoce que la COFETEL está realizando las acciones necesarias para concluir de manera satisfactoria las transmisiones de televisión analógica y avanzar hacia la transición de la TDT, por lo que Tijuana sería, a partir de este 28 de mayo, la primera ciudad en obtener los beneficios de la tecnología digital en sus pantallas; mejor calidad en la imagen y audio, así como la posibilidad de recibir un mayor número de canales y de nuevos servicios como televisión móvil, guía electrónica de programación, subtítulos y audios en varios idiomas.

Asimismo, es importante resaltar que el pasado 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente hizo la declaratoria de aprobación de la Reforma Constitucional, en materia de Telecomunicaciones, misma que en su artículo quinto transitorio dispone lo siguiente: “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”

Por lo anterior, esta Comisión Permanente no puede ser omisa, y como representación popular, en la esfera de su competencia, debe estar atenta de la evolución del proceso de la transición de la TDT y llevar a cabo las acciones de vigilancia y actos legislativos que sean conducentes.

En cuanto al segundo resolutivo propuesto, a fin de que la Procuraduría Federal del Consumidor diseñe campañas de difusión sobre la transición a la TDT, con el objeto de que los consumidores cuenten con la suficiente información de dicho proceso, esto de conformidad con el Artículo Noveno del “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”, que señala lo siguiente:

“Artículo Noveno.- La Procuraduría Federal del Consumidor diseñará campañas de difusión con el objeto de que los consumidores cuenten con información sobre los precios y calidad de los receptores de televisión y los decodificadores de señales de televisión con capacidad de sintonizar señales digitales, así como sobre los apoyos otorgados por el Gobierno Federal y demás información necesaria para la adquisición de los receptores y decodificadores de señales de Televisión Digital Terrestre.”

Esta Dictaminadora, reconoce que la Procuraduría Federal del Consumidor es la autoridad encargada de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, por lo que comparte la propuesta de la promovente sobre la necesidad que esa autoridad provea de toda la información relativa a precios y calidad de los receptores de televisión y los decodificadores de señales de televisión con capacidad de sintonizar señales digitales. Asimismo, esta Comisión reconoce que esa Procuraduría ha iniciado sus esfuerzos en este sentido1, pero que sería recomendable que los intensificara, y más en aquellas ciudades donde el apagón analógico está previsto para los próximos meses.

Respecto al tercer resolutivo propuesto, a efecto de que la Secretaría de Economía facilite la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de señales digitales, de conformidad con el Artículo Octavo del citado Decreto, que dispone lo siguiente:

“Artículo Octavo.- La Secretaría de Economía deberá expedir o modificar las disposiciones correspondientes, a fin de asegurar que todos los receptores de televisión a ser distribuidos o comercializados en territorio nacional, cuenten con la capacidad de sintonizar canales de televisión digital transmitidos, cuando menos, conforme al estándar A/53 de ATSC.”

Esta Comisión, considera que el tercer resolutivo está siendo atendido, en virtud de que el Programa Nacional de Normalización 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril de 20132, considera la elaboración y expedición de la Norma Oficial Mexicana, características de los aparatos de televisión para proyectar la señal recibida con la transmisión digital terrestre, ya conocida como NOM-192, con el objetivo de establecer, precisamente, las características que deben tener los aparatos de televisión para su funcionamiento con el estándar A/53 de ATSC, para proyectar la señal recibida con la transmisión digital terrestre, a efecto de que los consumidores mexicanos puedan acceder a aparatos receptores de televisión que cuenten con la capacidad de sintonizar señales digitales, para evitar un perjuicio en su patrimonio. De acuerdo con el Programa se tiene prevista su expedición hacia finales de este año.

Derivado de lo anterior, esta Comisión resuelve aprobar la proposición con punto de Acuerdo, con modificaciones, para precisar el alcance de la petición.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, a que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances en la transición a la Televisión Digital Terrestre.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el caso de la ciudad de Tijuana, Baja California, en relación a los decodificadores entregados por la empresa Teletec de México.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que intensifique sus campañas de difusión sobre la transición a la Televisión Digital Terrestre, con el objeto de que los consumidores cuenten con información sobre los precios y calidad de los receptores de televisión y los decodificadores de señales de televisión con capacidad de sintonizar señales digitales, así como sobre los apoyos otorgados por el Gobierno Federal y demás información necesaria para la adquisición de los receptores y decodificadores de señales de Televisión Digital Terrestre.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan los servicios de telefonía, garanticen la realización de llamadas de emergencia gratuitas.

1La PROFECO y la COFETEL hacen recomendaciones a los consumidores que planean adquirir aparatos de televisión. http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa12/noviembre12/bol120.asp

2 Programa Nacional de Normalización 2013.

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/normalizacion/dgn/PNN/2013_04_29_PNN_2013_1.pdf






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a implementar las acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija garanticen la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc; a pesar de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado David Pérez Tejada Padilla, integrante del grupo parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

EL proponente de la proposición en comento, expresa que las llamadas telefónicas de emergencia, son un medio por el cual las personas establecen comunicación con los cuerpos de auxilio, y la forma en la que se pueden llevar a cabo estas llamadas son variadas, y pueden ser mediante el uso de la telefonía móvil o el uso de telefonía fija desde los hogares, cabinas telefónicas en la calle o en establecimientos públicos.

Indica que en el caso de la llamadas de emergencia que surgen en los hogares, se realizan cuando la línea fija se encuentra en servicio, toda vez que cuando la familia tiene algún tipo de adeudo con la compañía telefónica que le brinda el servicio, el servicio de llamadas es suspendido de forma total, sin que las familias puedan tener la posibilidad de realizar ningún tipo de llamadas incluyendo las de emergencia, lo que vulnera a las personas en caso de presentar una eventualidad que ponga en riesgo su seguridad.

En el mismo contexto, se expresa que la incapacidad de la familia de poder establecer contacto con los cuerpos de auxilio de forma pronta, puede representar que la emergencia no sea solventada de la manera más adecuada, y el individuo o colectividad que sufrió de una eventualidad, se vean inmersos en una problemática mayor, poniendo en riesgo la salud de los afectados.

Por lo tanto el proponente señala que es de vital importancia el que en los hogares se cuente con acceso a llamadas de emergencia, aunque por falta de pago tengan suspendido el servicio, toda vez que el no contar con esa capacidad vulnera su seguridad ante diversas contingencias que no forzosamente están relacionadas a la seguridad pública, sino que también se pueden presentar siniestros como incendios, fugas de gas, emergencias médicas, desastres naturales, etc.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija, garanticen la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc.; a pesar de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la opinión del proponente en el sentido de que, para brindar un servicio de calidad hacia la ciudadanía, es fundamental tener los equipos adecuados de sistemas telefónicos.

Es pertinente mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2012, casi 83.65 por ciento de los hogares en México tenía servicio de telefonía; 7.26 por ciento línea fija, 41.66 por ciento celular y 34.73 por ciento ambos.

Sin embargo, es de nuestro conocimiento que ciertas empresas de telefonía fija cobran una tarifa mensual por realizar llamadas de emergencia, aun y cuando los usuarios no lo han solicitado.

Por otra parte, es importante hacer del conocimiento de la ciudadanía, la importancia de estos servicios y como les serían de ayuda en un momento de emergencia, así como las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que conlleva el mal uso de los servicios telefónicos de emergencia o denuncia anónima.

Para nosotros, es de vital importancia dar cumplimiento a las metas establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de trabajar de forma homologada con los centros de emergencias y de telefonía fija en cuestión de protocolos de atención, operación, capacitación y la utilización de plataformas tecnológicas para garantizar un servicio eficaz y oportuno en beneficio de la sociedad.

Por tal motivo, esta Comisión considera conveniente el solidarizarnos con el promovente, ya que el objetivo principal de la propuesta, es concientizar a los proveedores de servicios de telefonía fija de que al realizar una llamada telefónica oportuna de emergencia se puede, entre otros; salvar una vida, detener delincuentes, reportar delitos como venta de drogas, secuestro, extorsión telefónica, violencia intrafamiliar, homicidios; o el reportar incendios, fugas de gas, emergencias médicas, desastres naturales, etc.

Ante la evidente penetración de la telefonía móvil en nuestro país, que ya supero las líneas fijas, esta Dictaminadora estima por demás oportuno extender el alcance de la Proposición con Punto de Acuerdo, y solicitar que también las compañías de telefonía móvil permitan a sus usuarios, en todo momento, acceder a los números de emergencia de los servicios públicos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan los servicios de telefonía fija y móvil garanticen, en todo momento, la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc.; con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION".

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del "Pepino de Mar".






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efectuar los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una norma oficial mexicana para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien, considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario en la norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente del punto de Acuerdo, expresa que el “pepino de mar” cuenta con una gran demanda y en torno a su comercialización, generando millones de dólares en el mercado internacional (por su importación y exportación). Desafortunadamente el incremento en la demanda de esta especie ha significado conflictos sociales en la mayoría de las poblaciones de las diferentes especies de pepino.

La respuesta ha sido que a nivel internacional se están llevando a cabo diferentes acciones a objeto de proteger a la especie de la extinción. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) reporta que las capturas mundiales del pepino, han disminuido en más del 50 por ciento de un año a otro, situación similar a la que se vive en México (por falta de estudios, medidas de control y vigilancia).

Que las especies de pepino de mar capturadas en las costas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, son básicamente tres; Isostichopus badionotus (pepino café) Astichopus multifidus (pepino blanco) y Holothuria floridana (pepino negro), mismas que no se encuentran incluidas, en ninguna norma oficial mexicana para que se regule e implementen acciones concretas de extracción y protección o bien considerar su inclusión en la Norma considerada como NOM-059-SEMARNAT-2010 para su protección especial.

Explica que de no atenderse la explotación de “pepino de mar” por parte de las autoridades en la materia con carácter de urgente y en base a un marco jurídico específico, pudiera conflictuar las relaciones entre autoridades y sectores dedicados a su pesca. Preocupación que se ha acentuado en los tres niveles de gobierno al ser una actividad que significa una oportunidad de sustento para muchas familias, que al carecer de los recursos mínimos necesarios para el bienestar familiar puede desencadenar un problema de gobernabilidad.

Expresa que actualmente es necesario establecer Normas de Regulación para una utilización controlada que contribuya al uso del recurso en el largo plazo, estando entre dichas medidas el control de la mortalidad por pesca y la protección de las especies durante su periodo reproductivo, por lo que es indispensable crear controles adecuados y eficaces para sancionar esta depredación, que se ve agravada con la pesca furtiva del “pepino de mar”, en cualquiera de sus especies, ya que no se respecta ningún tipo de medida regulatoria debido a la ausencia o incumplimiento de políticas claras y leyes o instrumentos normativos que contengan sanciones para la pesca ilegal del “pepino de mar”, así como agravantes para estas conductas.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario en la Norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial y, asegurarnos que estas especies pueden ser explotadas con criterios sustentables, bajo un régimen jurídico específico.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión desea señalar que los holoturoideos (Holothuroidea, ‘que se agita totalmente’), conocidos vulgarmente como pepinos, cohombros ó carajos de mar, son una clase del filo equinodermos que incluye animales de cuerpo vermiforme alargado y blando que vive en los fondos de los mares de todo el mundo.

La pesca ilícita del pepino de mar hoy en día ha trascendido y escalado de tal manera que afecta los campos social y económico, ya que es un producto con alta demanda en los mercados asiáticos donde sus ingredientes son esenciales en la cocina típica y considerados como un “manjar de reyes”; redituando ingresos económicos elevados para aquellos que se dedican a este ilícito.

En este contexto, la captura del llamado pepino de mar ha puesto a la Marina Armada de México en estado de alerta táctica, obligando al Estado Mayor Naval a enviar más navíos interceptores y efectivos a los estados de Yucatán y Campeche, a efecto de evitar su pesca furtiva de este, respetando su temporada de veda.

En opinión de esta Comisión, son alarmante las quejas recibidas por inspectores pesqueros de la Secretaría de Agricultura: biólogos y oceanógrafos que han sido acusados de vender permisos para su pesca al mejor postor, con un mercado gigante y ganancias correspondientes del otro lado del Pacífico, hoy el pepino de mar es objeto de una descontrolada pesca en las costas de Campeche y Yucatán, donde está al borde de la extinción, de acuerdo al Instituto Nacional para la Pesca (Inapesca), quien recientemente decretó una veda permanente para su explotación.

Es también del conocimiento de la Comisión que la temporada de pesca es corta, de apenas cuatro semanas mientras la ilegal dura todo el año; el precio de venta es tan elevado que ha alentado la aparición de pescadores ilícitos, como si se tratase de droga, embarques enteros son decomisados todas las semanas por la Marina, Inapesca y la Secretaría de Seguridad Pública.

Por esta razón, la Comisión considera pertinente que dentro este problema social y de explotación de recursos naturales es que debe de existir un marco jurídico actualizado para garantizar una explotación sustentada, de justicia y de equidad, considerando la viabilidad de integrarlo a la norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial.

Por último, consideramos pertinente realizar un cambio en la redacción del sujeto del punto de acuerdo “La Cámara de Diputados” por el de “la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión”, para estar acorde con los trabajos de este órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario en la Norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial y, asegurarnos que estas especies pueden ser explotadas con criterios sustentables, bajo un régimen jurídico específico.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo en los estados de Puebla y Tlaxcala, respecto de la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala a implementar un cerco sanitario ante un nuevo brote de gripe aviar en las entidades mencionadas y eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza aviar AH7N3.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN

La proponente expresa que el virus de la influenza aviar AH7N3 es capaz de producir enfermedades y elevar la mortalidad en aves de corral, cuando el virus ataca de manera intensa se le conoce como “virus de alta Patogenicidad”.

Asimismo, que el virus AH7N3 es principalmente una amenaza para la salud animal de aves domésticas y silvestres, de tal manera que, si el virus se sigue propagando y no se tiene un control o métodos de erradicación, lo anterior podría acarrear importantes pérdidas económicas en el sector avícola.

Menciona que la SAGARPA señaló que el virus del AH7N3 se puede transmitir por contacto, al no tener identificadas a las aves que son portadoras del virus y juntarlas con aves sanas, aunque también puede propagarse por contacto con los materiales, equipo y alimentos o agua contaminados de otras aves.

Una vez inmerso el virus dentro de un corral o granja, al ser excretado por las heces y secreciones respiratorias, la transmisión y difusión se produce fundamentalmente del siguiente modo:

• Contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces.

• Alimentos, agua, equipo y ropa contaminados.

• Vía aerógena.

Por lo que hace a la propagación, el virus puede dispersarse de una Entidad a otra por medio de la migración de aves portadoras del virus, tomando en cuenta que las aves pueden son acuáticas o terrestres que podrían transportar el virus a largas distancias.

Se precisa mencionar que, el pasado mes de abril y mayo, en los Estados de Puebla y Tlaxcala, se reportó un brote de gripe aviar AH7N3 que afecto a más de 55 mil aves que fueron sacrificadas, a su vez las autoridades estatales comenzaron una serie de acciones para evitar la propagación del virus, estableciendo una cuarentena a distintos granjas avícolas.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en coordinación con los gobiernos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, implementen un cerco sanitario ante un nuevo caso de brote de gripe aviar en las entidades mencionadas; asimismo, eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza AH7N3, evitando que se propague el virus en esta región del país.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La Comisión Dictaminadora reconoce que la gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas A del virus de la gripe, se considera que todas las aves son vulnerables a la gripe aviar, pero algunas especies son más resistentes a la infección que otras. La infección causa un amplio espectro de síntomas en las aves, desde una variante leve hasta un cuadro altamente contagioso y rápidamente mortal que da lugar a graves epidemias.

Se conocen 15 subtipos de virus de la gripe que infectan a las aves, lo que representa un amplio reservorio de virus gripales potencialmente circulantes en las poblaciones de aves. Hasta la fecha, todos los brotes de la forma hiperpatógena han sido causados por los subtipos H5 y H7 de la cepa A.

Versiones de los propios productores de la zona indican que incluso las granjas más grandes de la región, como El Calvario y Avícola Tehuacán, han reducido su producción diaria entre 55 y 80% aproximadamente, e incluso ésta última ya habría despedido a 500 personas ante la baja de la población aviar. Entre estas dos empresas producen el 80% del total de la región de Puebla, que como estado aporta a la producción nacional de huevo 17% del total. De acuerdo con los avicultores, la cepa del virus es tan letal que los pollos mueren en cuestión de horas.

Esta Comisión resalta que la dispersión del virus no sólo tiene afectaciones al sector salud, sino que también implica un daño al sector económico, ya que deriva en la reducción de producción avícola y la especulación de los precios. Un claro ejemplo de la incidencia del virus dentro de la economía es el caso de la empresa Bachoco, la segunda productora y comercializadora de huevo y pollo más grande de México, misma que perdió 220.8 millones de pesos por las gallinas que debió sacrificar debido a la influenza aviar que afectó sus granjas de Guanajuato en febrero pasado, según indica su reporte financiero trimestral.

En tal virtud, esta Comisión resuelve aprobar la propuesta de la legisladora, con modificaciones, en función de prevenir la diseminación del virus en dichos estados, puesto que la atención precautoria permitirá la correcta atención y disolución del brote de AH7N3, evitando con ello una eventual propagación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo en los Estados de Puebla y Tlaxcala, respecto de la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a cumplimentar las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por los Programas a cargo de dicha dependencia.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a cumplimentar las recomendaciones contenidas en la auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-08100-02-0310 DE-002, relativa a los padrones de beneficiarios generados por los programas a cargo de dicha dependencia y, en su caso, se inicien los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada Administración Federal.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

En su argumentación el proponente señala que en el año 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como sus órganos desconcentrados y el Fideicomiso de Riesgo Compartido ejercieron un total de 60,039,391.5 miles de pesos en cinco programas sujetos a regla de operación, los cuales específicamente fueron: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor; Programa de prevención y manejo de riesgos; Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnología y Extensionismo Rural y el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Que actualmente, para los campesinos y agricultores, el cumplimiento de los requisitos resulta en múltiples ocasiones complicado y tardío, debido a la falta de algún documento, por el desconocimiento de los trámites a realizar, incluso por la imposibilidad del traslado a las dependencias para iniciar las gestiones correspondientes, de tal manera que ocasiona que se les excluya de los beneficios de los programas.

Que de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2011, indicó que la SAGARPA durante la pasada administración tuvo múltiples irregularidades que deben ser aclaradas, sobre todo en el Padrón de Beneficiarios Generados por los Programas a cargo de la SAGARPA, lo cual perjudica a los campesinos que deben de recibir directamente los apoyos, en beneficio de sus actividades productivas, de la economía familiar y, en consecuencia, de la economía del país.

Lo anterior revela de forma grave la negligencia de la administración federal anterior para vigilar adecuadamente el cumplimiento de los programas sociales, lo cual redundó, a decir del órgano fiscalizador federal, en una falta de control evidente sobre los recursos dirigidos a fortalecer el campo mexicano.

En tal virtud, se hace necesaria la intervención de las autoridades federales competentes, a efecto de cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación y así poder ordenar aquellas áreas que fueron descuidadas de manera inexplicable durante los últimos años.

Por lo que propone lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-0-08100-02-0310 DE-002, relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por los Programas a Cargo de dicha dependencia, y en su caso, se inicien los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada administración federal.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La Comisión Dictaminadora comparte la preocupación del proponente, en virtud de que la Auditoria Superior de la Federación hace una serie de recomendaciones sustanciales a los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tales como:

• Evalúe la conveniencia de contar con un sistema o herramienta informática para integrar los padrones o listados de beneficiarios de los programas o componentes que opera esa Secretaría.

• Instaure los mecanismos de control necesarios a efecto de que se concilie la información que se reporta en cada uno de los padrones de beneficiarios de los diferentes programas o componentes.

• Establezca los mecanismos de control necesarios a efecto de que la información que se publique en el Portal de Obligaciones de Transparencia, se presente en forma desagregada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

• Conjuntamente con todas las áreas involucradas en la alimentación y operación del Sistema de Rendición de Cuentas, realice una evaluación integral del mismo, a efecto de detectar y corregir las áreas de oportunidad en la operación y en la información que genera dicho sistema.

• Establezca los mecanismos de control y supervisión a efecto de que las Unidades Responsables, registren en el Sistema de Rendición de Cuentas, la CURP y el RFC de los beneficiarios sujetos del apoyo de los diversos programas o componentes, conforme a las Reglas de Validación.

• Establezca los mecanismos de control necesarios para verificar que las personas físicas menores de edad beneficiarios de los diversos programas que se registran en el Sistema de Rendición de Cuentas cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

• Implemente los mecanismos de control a fin de que se realicen supervisiones y se cuente con evidencia de las mismas, para verificar la supervivencia de los beneficiarios apoyados y la vigencia de sus derechos, en particular de las personas mayores a los 75 años de edad.

• Implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que se confronten los padrones o listados de los programas a su cargo, con el propósito de identificar las concurrencias o duplicidades de beneficiarios para determinar si existe la improcedencia legal de los apoyos.

• Fortalezca los mecanismos de control y supervisión a efecto de que en el Padrón Único de Beneficiarios, se incorporen únicamente los beneficiarios directos de cada uno de los programas o componentes de los apoyos que se otorgan.

• Refuerce los mecanismos de control y supervisión a efecto de que las unidades ejecutoras actualicen oportunamente el Sistema de Rendición de Cuentas, contemplando cada uno de los programas o componentes que operan.

Dado lo anterior, resulta de suma importancia verificar que los padrones de beneficiarios de la SAGARPA fueron elaborados, actualizados y publicados de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como constatar su confiabilidad y correspondencia con los montos de los apoyos otorgados, ya que se trata de recursos federales que son destinados para impulsar el crecimiento del campo mexicano.

Esta Comisión no pasa inadvertido, que la agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas (con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. Más allá de su participación en el PIB nacional, de acuerdo al INEGI en 2013 es de apenas 3.7%, las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.

Esta Dictaminadora coincide con el proponente en que debe hacerse un llamado para atender las recomendaciones de la Auditaría Superior de la Federación, en aras de impulsar el crecimiento del sector agroalimentario y mejorar las condiciones del campo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-0-08100-02-0310 DE-002, relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por los Programas a cargo de dicha dependencia y, en su caso, inicie los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar el desarrollo del sector portuario y de la marina mercante nacional.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender diversas problemáticas del sector portuario y de marina mercante nacional.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

El proponente que suscribe el punto en comento, indica que el subsector pesquero nacional contribuye al abastecimiento de alimentos a nivel nacional e internacional, con una amplia captura de frutos del mar entre los que destacan la sardina (684 mil 132 toneladas), el camarón (184 mil 123 toneladas) y el atún (109 mil 969 toneladas).

Señala como importanteque la actividad pesquera se desempeña en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo los estados de Sonora (611 mil toneladas), Sinaloa (338 mil toneladas) y Baja California Sur (151 mil toneladas), son las tres entidades federativas más importantes por el volumen pesquero en capturaron en 2011.

De acuerdo a la información proporcionada por el titular del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el subsector pesquero cuyo Producto Interno Bruto (PIB) representa 0.1 por ciento del PIB nacional, proyectó un crecimiento de 1.5 por ciento sobre la cifra de 2012 cuando logró la captura de 1.68 mil millones de toneladas.

Desafortunadamente hoy en día el avance antes mencionado no ha sido el esperado, en virtud de que el desarrollo del subsector pesquero se relaciona en gran medida con las oportunidades y desventajas que se presentan en el medio portuario y de marina mercante, así como de otras actividades marítimas.

Que el número de embarcaciones de altamar es muy reducida; con sólo 3% de grandes barcos dedicados a la pesca, respecto a las 94 mil embarcaciones de pesca que se tienen registradas. De dicha cifra el mayor número de embarcaciones son extranjeras y aunque se pretendiera cambiar dicha situación no existen oportunidades para que el sector pesquero nacional pueda competir en igualdad, pues las embarcaciones nacionales son obsoletas, adquiridas ya hace muchos años y por lo tanto carecen de los requerimientos actuales tecnológicos y de cuidado al medio ambiente.

Indica que los pescadores, capitanes de pesca oceánica y técnicos de pesca de Ensenada, Baja California afirman que cuentan con la preparación académica y práctica que la Ley exige, cuyo egreso profesional corresponde a las Escuelas Prácticas de Pesca y al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar; además presentaron en tiempo y forma los exámenes correspondientes a cada categoría y acudieron a los cursos impartidos por el Instituto de Educación Náutica y Portuaria, institución que expidió la constancia correspondiente.

A fin de encontrar una solución y con el objeto de identificar la autoridad federal competente en materia de marina mercante, se verificó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene entre sus diversas atribuciones el organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, así como organizar e impartir directamente la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, con planes y programas de estudios registrados ante la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con la autoridad competente en Pesca.

Asimismo, se propone que el único requisito para tener acceso a los puertos pesqueros sea presentar una identificación oficial expedida sólo para pescadores y prestadores de servicios; se destine una área de reunión dentro de los muelles para los pescadores que sirva como bolsa de trabajo para tripular los barcos, centro de reparación de redes, carga y descarga de pescado, carnada y artes de pesca; se impida a la Administración Portuaria Integral cobrar a los prestadores de servicios, cuotas o pagos por hacer trabajos a bordo de los barcos amarrados al muelle porque dicho pago ya se carga a los armadores.

Lo más importante es supervisar que la Administración Portuaria Integral solo administre el puerto y en su caso se investigue y se ejecuten las sanciones correspondientes en contra de quien resulte responsable, por asumir desde la Capitanía de Puerto responsabilidades propias de la autoridad mercante.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, a que impulse el desarrollo del sector portuario y de marina mercante nacional mediante el establecimiento de políticas públicas que incentiven la participación de empresarios nacionales, fomente el empleo y apoye mediante la capacitación y profesionalización al personal que se encuentra empleado en el sector.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, a que investigue sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima, misma que vulnera los derechos de capitanes, motoristas y técnicos de pesca oceánica en el municipio de Ensenada, Baja California.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, a que elimine los cobros que realiza la Administración Portuaria Integral a los barcos por uso de muelles y a los prestadores de servicios, para fomentar el empleo y desarrollo del sector pesquero en Baja California.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

En principio, esta Dictaminadora destaca que la actividad marítima constituye en muchos países en desarrollo, una importante fuente de ingresos y generación de empleos directos e indirectos a través de actividades tales como el comercio marítimo, el transporte de hidrocarburos y el suministro de gente de mar para el desempeño de dichas actividades.

El sector marítimo, además de su aportación directa a numerosas economías en desarrollo, sigue siendo un factor importante para fortalecerlas, ya que el transporte marítimo mueve el floreciente tráfico mundial y el comercio internacional; fomenta la producción, la creación de fuentes de trabajo y una mayor prosperidad económica.

Uno de los objetivos fundamentales de la Organización Marítima Internacional en el ámbito de la cooperación técnica, es el de contribuir a mejorar el capital humano de los países en desarrollo mediante la formación, la educación y otros medios de adquisición de conocimientos, por lo que se considera importante el apego estricto al Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante.

La competitividad del sector marítimo, requiere de los conocimientos necesarios y de alta calidad, por lo que congruente con lo anterior, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2006, contempla un capítulo relativo a la educación marítima mercante, que contiene disposiciones en cuanto a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la autoridad competente para organizar la capacitación y la formación del personal de la marina mercante, cumpliendo con los requisitos establecidos en los tratados internacionales, además de autorizar los planes y programas de estudio de conformidad a las necesidades del sector marítimo y apoyar el desarrollo de los planes y programas de capacitación en materia de pesca.

Para cumplir con el objetivo de formar adecuadamente a los oficiales de la marina mercante, los alumnos que se entrenen en ellos deben recibir conocimientos de calidad.

Respecto a la solicitud de que se eliminen los cobros a los barcos por el uso de muelles, esta Comisión no puede obsequiar esta petición, en razón de que los servicios que presta la Capitanía de Puerto por el arribo, despacho o maniobra de fondeo, están considerados como un derecho y su cobro está establecido en el artículo 170 de la Ley Federal de Derechos, por lo que su derogación solamente puede ser a través de un acto legislativo.

De esta manera, los integrantes de la Tercera Comisión resuelven aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo, con modificaciones, por considerar fundamental el desarrollo de la marina mercante, tanto en el ámbito comercial como educativo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que impulse el desarrollo del sector portuario y de marina mercante nacional mediante el establecimiento de políticas públicas que incentiven la participación de empresarios nacionales, fomente el empleo y apoye mediante la capacitación y profesionalización al personal que se encuentra empleado en el sector.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que investigue sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima, misma que vulnera los derechos de capitanes, motoristas y técnicos de pesca oceánica en el municipio de Ensenada, Baja California.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a flexibilizar la Reglas de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e Infraestructura en el Componente de Fomento Productivo del Café.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que mandate a los funcionarios públicos de la delegación en Puebla, a que vigile e investigue al personal que atiende las ventanillas de información por el maltrato, abusos e irregularidades en el acceso a programas para pequeños productores de café del Estado, en especial el caso del municipio de Hueytamalco, y para que se flexibilicen las reglas de operación de los programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en el componente de fomento productivo del café.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

Los proponentes señalan que en México, el sector agrícola juega un papel preponderante para el desarrollo de su economía, es uno de los principales generadores de alimentos, empleo y divisas. Sin embargo, la agricultura en nuestro país se ve afectada por diversos dilemas que aquejan su capacidad de crecimiento y viabilidad, el campo mexicano se encuentra en estancamiento y desatención, lo que trae consigo, repercusiones muy graves siendo la de mayor impacto, el abandono de las tierras de cultivo. Aún cuando la problemática es generalizada para toda la producción agrícola, se refieren al caso concreto del café.

Expresan que de acuerdo con datos del padrón cafetalero, el café en Puebla se produce en 55 Municipios y 625 comunidades, se tienen identificados 46 mil 745 cafeticultores, que poseen 64,518 predios y una superficie de 67,136 hectáreas, las cuales se encuentran geo referenciadas (fuente padrón SAGARAPA). En el estado el café se cultiva a lo largo del relieve montañoso de la sierra madre oriental. Entre estas, comunidades productoras se encuentran; Limonateno Grande, Llagostero, San Carlos ,El Mohon, Conta, Limontita Chico, Hueytamalco , Morelos, Mazolapa, Dos Cerros, Tepactipan, Teteyahualco, Atepetaco, El Mangal, etc. todas estas comunidades rurales pertenecientes al Municipio de Hueytamalco, Puebla.

Agregan, que entre la problemática a la que se enfrentan los pequeños productores de café de esa zona, además de la afectación de las Políticas públicas normadas por las Reglas de Operación para los programas de apoyo al campo que se caracterizan por ser confusas y poco flexibles en su cumplimiento. Otro elemento sumado a la cadena de desencuentros, es la mala atención de los funcionarios públicos encargados de las ventanillas de información carentes de sensibilidad humana, esto provoca desesperación del campesino ante la nula respuesta a sus necesidades primordiales para el cultivo del café.

Anteriormente con el apoyo que les proporcionaba la SAGARPA para el chapeo y fertilizante para la producción de sus tierras, una hectárea de plantas de cafeto producía ocho toneladas de café. Reactivando la economía de las comunidades y por ende la generación de empleo.

Mencionan que actualmente, cultivar una hectárea de café produce escasamente una tonelada del mismo. Los campesinos no cuentan con recursos suficientes para realizar las actividades de limpia, poda, fertilización del cultivo, control de plagas y corte, por lo que la cosecha resultante es muy pobre y por lo tanto esa producción de café no les alcanza para el sustento familiar.

Por lo que consideran que es fundamental dirigir los apoyos necesarios para el desarrollo y producción del campo mexicano, y sobre todo auxiliar a los grupos de productores mexicanos del café que se encuentran en situación de pobreza, ya que ellos merecen el reconocimiento y defensa de su importante fuente de trabajo, evitando de esta manera condenarlos a la migración en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y privando a la sociedad mexicana del deleite de aspirar una deliciosa y aromática bebida de café cien por ciento nacional.

Por lo que proponen lo siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que mandate a los funcionarios públicos la Delegación del SAGARPA Puebla, a que vigile e investigue al personal que atiende las ventanillas de información por el mal trato, abusos e irregularidades en el acceso a programas para pequeños productores de café del estado, en especial el caso del municipio de Hueytamalco.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la SAGARPA para que se flexibilicen las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el componente de Fomento Productivo del Café.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la idea de los proponentes, en el sentido de considerar necesario un rediseño de las políticas públicas que atienden al sector cafetalero, apoyando los presupuestos que se asignen a las diferentes instituciones y programas que atienden este sector y manteniendo un contacto permanente con los órganos de vigilancia y seguimiento a los recursos que se asignan a los productores del ramo, buscando impulsar a los productores cafetaleros, sector del que dependen al menos 46 mil familias radicadas en 54 municipios.

En este mismo contexto, es importante recalcar que a pesar de la relevancia del cultivo del café, prácticamente todos sus productores se caracterizan por vivir en zonas de alta y muy alta marginación y en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

De acuerdo con el Análisis Mensual de Productos Básicos, que realiza el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para el cierre del año pasado en todo el país se cosecharon un millón 358 mil 840 toneladas de café cereza.

La producción de café en Puebla, es la tercera más grande en todo el país, y cabe mencionar que 55 municipios del estado se dedican a la cosecha de café cereza, la cual es la segunda producción agrícola más importante de la entidad.

Finalmente, esta Dictaminadora no cuenta con la información suficiente que permita conocer puntualmente como es el funcionamiento y el servicio de las ventanillas de información de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el Estado de Puebla, por lo que se estima pertinente solicitar mayor información con el propósito de contar con mayores elementos de juicio para resolver sobre la Proposición presentada.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que considere flexibilizar las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el Componente de Fomento Productivo del Café.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que proporcione a esta Soberanía, toda la información relacionada con la atención que brindan los servidores públicos en las ventanillas de información de la Delegación de esa Secretaría en el Estado de Puebla, en particular en lo relativo al acceso a programas para pequeños productores de café del estado.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son todos los dictámenes, no reservados, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Les informo que tenemos las reservas de nueve dictámenes; cinco de la Primera Comisión, relativos a:

Un exhorto a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado de la República a realizar la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social en el estado de Coahuila.

Un exhorto al IFE a investigar las irregularidades cometidas por sus funcionarios en Quintana Roo, denunciados por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Uno que exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos Estatales a adecuar el marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público.

Uno que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a resolver con prontitud el caso de Cyndi Aguirre Malpica.

Y el que se desecha la proposición que exhortaba a instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos que se encontraban frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Dos puntos de Acuerdo de la Segunda Comisión:

Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento al Presidente de la República por el encuentro con el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.

Y por el que la Comisión Permanente reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Y dos puntos de Acuerdo de la Tercera Comisión.

Sobre un exhorto en materia del servicio de energía eléctrica.

Y uno que exhorta a la Conagua a expedir un instrumento jurídico que permita la prorroga de la concesión de pozos agrícolas.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado de la República a realizar la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social en el estado de Coahuila.

Solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En nuestro país la corrupción y la impunidad se han vuelto cotidiano parte de la vida diaria de los mexicanos, debido a la debilidad de nuestras instituciones. Y esto provoca que un amplio campo de la función pública se convierta en arbitrariedad.

Los recursos del erario se manejan como si fueran patrimonio personal de gobernantes, de gobernadores, de presidentes municipales.

Nosotros de manera consistente hemos venido denunciando este tipo de prácticas ilegales.

Hoy, en este punto de Acuerdo, tibiamente la Comisión Permanente se pronuncia, para que uno de los nuestros, una comisión del Senado y una comisión de la Cámara de Diputados, investigue los presuntos actos ilegales de uno de los gobernadores de las entidades donde habrán de celebrarse elecciones, que es Coahuila.

Nosotros denunciamos, que por anticipado los programas sociales están aterrizando en los estados y municipios. Y hemos señalado con insistencia y con bases, con pruebas, de que los gobernadores convertidos en virreyes nos desprecian; no hacen caso del Congreso, de la Permanente, de comisiones, nos engañan, simulan que nos atienden y están operando con secretarios del gobierno, con funcionarios públicos y con todo el erario de que disponen en los estados.

Por esa razón, a mí me preocupa mucho la ingenuidad de los pactistas. Cómo pueden permitir que se esté generando esta hegemonía política en el país y el pacto sigue avanzando, siguen firmando, siguen sonriendo, tomándoles fotografías a los pactistas en reuniones de buenos y amigables componedores, y en el campo existe una barbaridad. En el campo de la práctica política los gobernadores están haciendo de las suyas.

Lo mismo en Baja California, Norte, Baja California es lo mismo, ¿eh?, los gobernadores que en Zacatecas o que en Puebla, o que en cualquier estado, es impresionante la forma de comportamiento de los gobernadores como modernos sátrapas, dueños de vidas y haciendas, como el antiguo sistema feudal.

Estos gobernadores sátrapas no se detienen ante nadie y ante nada y por eso nosotros estamos planteando que se investigara, se diera parte a la PGR, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que por cierto ha brillado por su ausencia. Pareciera ser que esa fiscalía está cerrada por Decreto, está muerta por inacción; no hay nada, ninguna forma de ponerla a funcionar, porque obviamente no quieren los gobernadores ninguna actitud incómoda que les permita frenar sus ímpetus ilegales de la compra del voto a la que se quedaron muy acostumbrados después de 2012.

Gran parte de la deuda de estados y municipios se entiende y además se comprende que están por la acción electoral ilegal a la que sometieron a los mexicanos en el mes de julio del año retropróximo.

Por esa razón nosotros creemos que es insuficiente el exhorto a que las comisiones revisen, vigilen, supervisen el actuar del gobierno de Coahuila, cuando de hecho ya operó el gobierno de Coahuila, ya operó el gobierno de Zacatecas.

Miren, en Zacatecas cada secretario tiene un distrito o un municipio y la indicación del gobierno es: “Tú los sacas a como dé lugar, tú me traes los resultados, si no está de por medio tu chamba. Es decir, si no ganas el municipio, preséntame la renuncia por anticipado, usa todos los recursos, todo el personal, todo lo que quieras, pero me tienes que traer ganada la Presidencia Municipal”. Esa es la indicación

Y los compañeros pactistas en las fotografías los veo sonriendo, abrazados, palmeándose. ¿De qué se ríen? Cómo se burlan de ustedes y siguen sometidos al pacto. Es impresionante, es sadomasoquismo, es un masoquismo verdaderamente incomprensible.

¿Por qué no despiertan los pactistas y dicen un ya basta?

Porque si no lo hacen, están llevando, fíjense bien, están llevando a la derrota inminente a todos los que representan a los partidos de los pactitas, los están llevando a la derrota inevitable porque está demostrado científicamente que el pacto está sirviendo para posicionar al PRI y para legitimar a quien compró la Presidencia de la República.

Esa es la verdad y por esa razón nosotros no vamos a ceder, no vamos a segar en este intento de frenar a los gobernadores que tanto daño le han causado al país. Los 14 estados del país están actuando con un cinismo ramplón, no existe blindaje electoral alguno que los detenga, no existe norma que respeten, no existe sino el propio poder que ejerce el gobierno sin ningún contrapeso, ni órganos electorales, ni congresos locales, ni contralorías estatales, ni auditorías superiores del Estado, todos son incondicionales y lambiscones de los gobernadores en turno. Por esa razón es grave lo que está pasando.

Este asunto de Coahuila, aparte de tibio el punto de Acuerdo, no será, es más, no incomoda en lo más mínimo a ningún gobernador. El que se exhorte a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado para que investiguen si hay o no irregularidades, y si hay, tramitarlas con la autoridad correspondiente, pues eso y nada verdaderamente es nada. Es un engaño, nosotros lo planteábamos desde otra óptica, darle aviso a la Procuraduría, iniciaran las investigaciones, la indagatoria, se iniciara de oficio. Pero no, es un cinismo y es un comportamiento inusual de complicidad institucional en la que el país cada vez retrocede más en materia democrática, lamentablemente.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

Le pediría expresara, plasmara un documento que preparé sobre este tema no sólo en el caso de Coahuila, sino de todos los estados del país donde los ciudadanos están sufriendo los embates de gobiernos sátrapas que los están condicionando, amenazando y presionando para que voten por el mismo partido de siempre, por el PRI gobierno.

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, así será compañero Diputado Monreal Avila.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar las irregularidades cometidas por sus funcionarios en Quintana Roo, denunciados por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadanos legisladores; ciudadano Presidente:

El IFE es un organismo público autónomo y permanente, encargado de organizar las elecciones federales como son la elección del Presidente de la República, Diputados, Senadores que integran el Congreso de la Unión.

La finalidad de este instituto es contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, promover el voto, coadyuvar a la difusión de la cultura democrática y, lo más importante, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

Los fraudes electorales en los últimos años han sido el pan de cada día en nuestro país. Recientes encuestas muestran que en México existe un déficit en la disposición a cumplir las reglas, incluidas las electorales. Los datos revelan que 71 por ciento de los mexicanos consideran posible un fraude electoral. En el país la cultura cívica presenta un déficit de confianza.

De acuerdo con las más recientes encuestas del Latinobarómetro, 62 por ciento de los mexicanos creen que no se respeta la ley, y el mismo porcentaje piensa que esto se da porque no hay sanciones a quienes la vulneran.

La incertidumbre en las elecciones es un elemento inherente a la democracia, así como lo es la aceptación de los resultados.

La legitimidad del proceso electoral depende de las actitudes de los aspirantes respecto de reglas, principios, valores y resultados.

Sabemos que la adopción de normas no garantiza la consolidación de la democracia. Por ello todos los actores implicados en los comicios deben asumir una responsabilidad compartida.

Con respecto al tema en comento, haré mención de la actual problemática.

Deberíamos ya de suprimir las permanentes, señor Presidente, es que es impresionante, no hay forma de que atiendan, yo siempre intento, aunque tengo muchas cosas que hacer, dedicarme a mi trabajo, y estar atento a lo que se discute, pero le pediría que llame al orden, si hay otras conversaciones, pues está el obelisco, está la cafetería, está el restaurante, están sus despachos, ojalá y tuviesen más respeto por su actividad parlamentaria que debería de mantenernos y mantenerla con dignidad, pero no es así.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Permítame, Diputado Monreal Avila, solicitamos atención al orador, continúe el orador.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: No tienen remedio. Se han presentado diversas denuncias ante el IFE, es que es un tema muy delicado, de veras, compañeros, debido a las irregularidades suscitadas en el proceso de empadronamiento de ciudadanos de Campeche y Yucatán, para ser parte de la lista nominal de Quintana Roo con miras a las elecciones inmediatas del próximo 7 de julio, donde se renovarán 10 alcaldías y 25 diputaciones.

Hace dos meses la Policía Municipal de Cancún ha detectado autobuses que transportaban habitantes de los municipios yucatecos de Valladolid, Tizimin, Chemax y Temozon a los módulos del IFE, en Cancún, con el objeto de realizar su cambio de domicilio a esta ciudad y así poder votar el próximo 7 de julio a favor del PRI.

Este es un fraude a la ley, y por eso, de verdad me da mucha pena que no se le ponga atención, es un fraude a la ley. Cómo permitir que por razones estrictamente electoreras se trasladen a habitantes de un municipio de Yucatán a empadronarse a un municipio de Quintana Roo sólo para votar, sólo para votar. Es un fraude a la ley, y es un fraude a la democracia, y por eso se ha señalado que hay actos ilegales de la ex gobernadora de Yucatán y actual Secretaria General del PRI, ya que de esta manera se devolvería el gobierno de Quintana Roo, que por cierto, de verdad, es otro ejemplo de sátrapas en los gobiernos.

Por qué razón el PRI en Yucatán obtuvo el 70 por ciento en comunidades por este tipo de prácticas.

Pero además se denuncian, y no pasa nada, se mantienen impunes los que trafican con este tipo de prácticas, se mantienen totalmente ajenos a la aplicación de la ley porque ya lo hacen permanentemente, cada elección es una práctica inveterada que se ha practicado en muchos estados del país, y ahora que salen a relucir este tipo de acarreos, este tipo de prácticas ilegales no hay quien castigue, no hay quien sancione a los responsables de estos actos ilegales para la próxima elección en Quintana Roo. Por esa razón, aún cuando nosotros consideramos que la Permanente debería exigir a la Procuraduría intervenir en este tipo de actos ilegales, nos quedamos con la tibieza de un exhorto al IFE para que haga lo necesario para obtener información en los tres estados. Imagínense ustedes, la elección va a pasar en un mes, y este punto de Acuerdo no se va a desahogar, la investigación seguirá hasta la próxima elección y seguirán haciendo las mismas prácticas a las que están acostumbrados.

Ese es el tema de fondo, ese el déficit de democracia en nuestro país, las prácticas ilegales que se están restaurando del peor, del peor priísmo arcaico que había existido, hoy se están reproduciendo en los estados, y estamos callados, nadie dice nada; estamos aceptando que se restaure el PRI, nosotros no firmamos el pacto; qué ingenuidad, los pactistas, están destruyendo la democracia, y todavía lucen sonrientes en las fotografías, abrazados, palmeándose, ¡pobre país!

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Buenas tardes, compañeras y compañeros:

Efectivamente, el Pacto por México se encuentra, a mi modo de ver, sostenido con alfileres, y la gran prueba que van a enfrentar quienes han sido auspiciadores del pacto, y quienes han sido opositores al mismo, tiene que ver precisamente con el tema de las próximas elecciones, porque no habrá pacto que valga, y todas las pretendidas reformas que desde éste se están auspiciando, si el rostro del atraso del autoritarismo, de la antidemocracia se presenta nuevamente como en décadas atrás creíamos haberlo superado.

El caso de Quintana Roo es paradigmático, están dadas las condiciones para que en esa entidad de la República se dé el fraude perfecto.

El hecho es que hay un ejercicio abusivo y autoritario del actual gobernador que tiene un control absoluto hasta de los organismos autónomos que dependen de ese estado. Es el caso del Instituto Electoral Quintanarroense, el caso de la Comisión de Derechos Humanos y el caso, incluso, de los tribunales locales.

Pero, no basta, además ese autoritarismo se ha reflejado en una violación permanente a la autonomía municipal, que no sólo ha agredido a ayuntamientos como el de Isla Mujeres o el de Benito Juárez, gobernados por opositores, sino hasta gente de sus propias filas han sido víctimas de ese abuso y de ese atropello, y de eso puede dar cuenta la alcaldesa de Tulum, quien sin un procedimiento constitucional y debidamente fundado, hoy está en la cárcel.

Entonces, compañeras y compañeros, Quintana Roo está quizás como el caso de Baja California, paradigmáticamente colocándose como el momento de quiebre, de ruptura de esta circunstancia que gravita en torno al pacto y que nos ha delimitado en el entorno de paz porfiriano, política porfiriana, como la de aquellos tiempos, que parecía que no había convulsiones, que parecía que todo estaba perfectamente acordado, que parecía que el devenir era luminoso, y que temas de contradicciones profundas no existían.

Así pues, compañeras y compañeros, en Quintana Roo, a propósito de esta denuncia que aquí se señala, pues estamos siendo testigos de que la cuenta regresiva del pacto no va a dar para mucho.

Ya se señaló el abusivo e ilegal uso de los recursos públicos en ese estado, ya se señaló el atropello a la autonomía municipal; se está haciendo una denuncia muy clara de cómo se está credencializando gente de otros estados para abultar la participación en ciertos municipios que van a resultar claves.

No podemos nosotros quedarnos pues de brazos y de ojos cerrados.

Entonces, compañeras y compañeros, esta es la razón por la que el grupo parlamentario del PRD hace suyo este exhorto, cabe señalar que para el PRD es un espacio esencial de participación política que demandamos juego limpio porque al final del día sólo así avanzará la democracia y lo que hoy está ocurriendo en Quintana Roo, de ninguna manera será ajeno al actuar político de lo que nuestros grupos parlamentarios están auspiciando, que no son otra cosa más que la democracia y la legalidad.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Reyes Gámiz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos ahora a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos Estatales a adecuar el marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia está a discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

El Estado, desde su formación, ha tenido como una de las premisas fundamentales velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de sus ciudadanos, esto con motivo del pacto social que se suscribe entre gobiernos y sociedad.

Nuestro país enfrenta desde hace ya más de una década problemáticas profundas en materia de seguridad, las cuales fueron potenciadas por una errónea estrategia contra el crimen promovida por la administración pasada, pero que se ha extendido a merced del gobierno actual.

El problema del crimen organizado es muy serio, ha dejado, según algunas fuentes, más de 100 mil muertos, tan sólo durante seis años y en el arranque de la actual administración se continúa, tan sólo las ejecuciones han aumentado, es falso lo que el señor Naranjo dice, que han disminuido las ejecuciones o los homicidios dolosos involucrados con el narcotráfico o delitos contra la salud.

Yo creo que miente, y lo hacen con un solo propósito, ellos creen que todo es percepción, si no sale en la prensa, si no se comentan, entonces se acabará la inseguridad y eso es totalmente falso.

Es más, creo que el gobierno actual está cometiendo el mismo problema de hace seis años, una estrategia mediática, ruidosa, errática, imagínense ustedes, la estrategia de Michoacán; en Michoacán anuncian que a parte de los 4 mil soldados, anuncian, desde hace varias semanas o varios días, que llegarán otros 2 mil 500 soldados y marinos.

Creen que algún criminal los vaya a esperar en Apatzingan o en Zamora o en Tierra Caliente, ya están en otro lado, van a esperar que se vayan, padecen del mismo problema, labores de inteligencia.

Desde esta semana, ya hace 10 días Michoacán tiene tres gobernadores, Fausto Vallejo, con licencia, Jesús Reina, interino y el General Alberto Reyes Vaca, comandante en jefe de todas las fuerzas policiales y castrenses de la entidad.

En consecuencia, es el tercer gobernador militar. En este momento, en el estado de Michoacán hay un desajuste entre el poder civil por un lado, y el poder policial y militar por otro. Hay división, hay incluso una gran confusión, temor de la población, porque ahora estamos en un prácticamente poder militar que tiene preeminencias sobre lo civil, estamos en presencia de un gobierno pretoriano en alusión a las guardias pretorianas romanas, una élite militar de gran influencia que intervenía en la elección y en la proclamación de los emperadores romanos y también Pretoria, ustedes recordarán, era la antigua capital de Sudáfrica donde los militares dominaban sobre la autoridad civil como parte del sostenimiento del Apartheid.

Por esa razón, nosotros en este punto creemos que es muy abstracto, en efecto, creo que los programas gubernamentales deben de mejorarse en beneficio de la policía, de los servidores públicos en materia de seguridad, como en muchos programas gubernamentales que se llevarán a cabo, no se lograron establecer con seriedad. Por eso hay un deterioro en la policía, en la confianza, porque los bajos salarios, el nivel de vida de la policía, lo que prácticamente llevaba o empujaba a incorporarse al crimen organizado, a ser sicarios o a ser halcones o a ser informantes.

Tenemos un gran problema con los escuadrones de la muerte en el país que se reproducen día a día y que muchos de ellos se nutren con este tipo de policías.

Por esa razón, nosotros, aunque creemos que es insuficiente, nosotros no podemos estar en contra, por eso quisimos razonar nuestro voto, lo cierto es que las condiciones de trabajo de los cuerpos policiacos son en muchos sentidos muy desfavorables, ya que se desenvuelven en situaciones de alto riesgo y sin embargo tienen pocas garantías laborales respecto de otros sectores de trabajadores.

Por ello, sabiendo de antemano que las labores de seguridad conllevan un alto riesgo, se deben garantizar todos y cada uno de los derechos laborales de los miembros de los cuerpos policiacos, sus familias tienen que estar protegidas, gozar de seguridad social, del derecho a la estabilidad laboral y a la protección contra el desempleo.

Lamentablemente el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos y laborales.

Hoy creo que el gobierno está volviendo a equivocarse en la estrategia contra la delincuencia organizada, está cometiendo exactamente los mismos errores.

Hace seis años el gobierno inició la estrategia en Michoacán, hoy, después de seis años, hoy profundiza su estrategia en Michoacán, pero no la acompaña de política social, de atención a jóvenes, de creación de universidades, de generación de empleos, de atención a la salud. Simplemente la estrategia militar de persecución. Más cárceles, más soldados, más policías, más marinos, más jueces, ese es el único empleo que hay en Michoacán lamentablemente, es una visión obtusa, errática, ruidosa, mediática, pero sin ningún resultado en el corto y en el largo plazo.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a resolver con prontitud el caso de Cyndi Aguirre Malpica.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: El tema de los feminicidios, aunque no lo crean, es un tema muy grave que se está reproduciendo en el país, no sólo en entidades que tradicionalmente habían tenido este problema, sino ahora incluso en el centro y en el norte del país.

Los asesinatos en contra de mujeres se han disparado de manera significativa,y parte de ello se debe al fracaso de las instituciones de gobierno encargadas de la procuración en la impartición de justicia porque quedan impunes los casos de violencia contra las mujeres.

El femenicidio es un fenómeno social y cultural, pero además político, que atenta contra la vida de las mujeres, el cual se da en proporción directa a los cambios estructurales que se presentan en la sociedad y en relación con el grado de tolerancia que manifiesta la colectividad en torno a lo mismo y a su nivel de violencia.

Con relación a los feminicidios en el país, la permisibilidad del Estado, en todos los niveles y órdenes de gobierno, es latente y grave, pues a pesar de contar con ordenamientos jurídicos firmes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que en esta misma forma se incluye expresamente el término de violencia feminicida, esta no ha sido reconocida por las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia, tal parece que se ha convertido en letra muerta.

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 42 por ciento de las mujeres en el país a partir de los 15 años han recibido agresiones y violencia; 13.5 por ciento ha sufrido violencia física grave, como la que sucedió hace unos días con un alto funcionario, pariente de otro funcionario.

Las cifras son desastrosas, hoy México acumula un sinnúmero de recomendaciones a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues este organismo internacional ha encontrado insuficientes las acciones emprendidas por el gobierno de la República.

Amnistía Internacional ha dado cuenta, en los últimos años, del aumento de los homicidios de mujeres con una vital ausencia de investigación efectiva por parte de las instituciones encargadas de la impartición de justicia.

Aquí es donde se inscribe el asesinato impune y cobarde de Cyndi Charlotte Aguirre Malpica, una jovencita proveniente de la cultura del esfuerzo que fue asesinada brutalmente y que representa una tragedia en sí mismo que recrudece y evidencia la falta de estrategia de seguridad por parte del gobierno, pero al mismo tiempo exhibe la inestabilidad con que las autoridades actúan.

Han transcurrido casi cinco semanas de este cobarde asesinato, el asunto no ha sido atendido ni oportuna, ni eficazmente. No podemos aceptar que continúe eso.

Saben ustedes que cuando encontraron a esta jovencita asesinada y violada en el cerro de La Bufa, el Secretario de Seguridad Pública dijo textualmente: "no es preocupante, es un hecho aislado."

No es preocupante, dijo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas.

Imagínense ustedes, una jovencita violada, ultrajada y asesinada no les preocupa en el gobierno de Zacatecas, qué les preocupa, si la vida tiene tan poco valor en esa entidad, por eso deberíamos de exigir, como lo estamos haciendo, la aclaración inmediata de este homicidio, porque a los tres días asesinaron a más personas.

Zacatecas vive el horror de malos gobiernos, vive una pesadilla la gente de Zacatecas, llena de terror, llena de miedo, por eso nosotros creemos que es el momento de decirles a estos gobiernos insensibles, ¡Ya basta!, y decírselos en las urnas, porque todavía se sienten los reyes y señores por los votos que los llevaron equivocadamente al poder.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario del PRD condenamos este lamentable acontecimiento, lamentamos el conocer una vez más del fallecimiento, de la desaparición de una mujer, de una jovencita, de Cyndi Aguirre, quien fue asesinada por su condición de mujer, hace algunas semanas, como ya lo describió aquí con todo detalle el Senador Monreal Avila, y en donde lamentablemente transcurre el tiempo y no tenemos sino señales de insensibilidad, y como aquí se acaba de señalar, de estar siendo reconocido éste acontecimiento como un hecho que no es importante, que no es de gravedad.

Dice Norberto Bobbio: “Que el grado de avance de una sociedad se puede medir en la condición que guardan sus mujeres”.

Nosotros estamos de acuerdo, y nos preocupa sobre manera el que en nuestro país se sigan conociendo, día con día, cada vez más datos, cifras de mujeres que son asesinadas, que son ultrajadas, que son vejadas por su condición de género.

Nos preocupa porque estamos hablando del estado de Zacatecas, un territorio donde no está tipificado el feminicidio, donde entendemos el grado de dificultad para reconocer que estamos hablando de un feminicidio, que significa el privar de la vida a una mujer por su condición de género, y que aquí queremos recalcar que estamos hablando y condenado un homicidio, pero no como una muerte más, es un homicidio que nos debe de agraviar, que nos debe de alertar a todos porque en él lleva implícito un grado adicional de odio, un grado adicional de dolo y que es un mensaje muy delicado para todas las mujeres que habitamos este país.

De todos los delitos que se han cometido, de todas las muertes que existen de feminicidio, solamente ha sido en el Distrito Federal donde se han condenado, donde se han sentenciado, donde se han castigado a asesinos por cometer este tipo de actos.

Nos preocupa sobre manera que este tema quede impune, porque esta cifra crece día con día, porque estamos hablando de un país donde los datos no han cambiado, donde no hemos logrado atemperar la violencia hacia las mujeres, una violencia que inicia con maltrato, gritos, jaloneos, un golpe en la cara y que continúa con estas dotaciones de golpes con más frecuencia, que llegan en un número muy alto a privar de la vida a muchas mujeres.

Por eso desde la izquierda nos sumamos a este llamado, a este exhorto que se hace a las autoridades del gobierno de Zacatecas, para que a la brevedad puedan emitir un informe, puedan entregar ya un resolutivo de esta investigación y que no quede impune el asesinato de Cyndi Aguirre Malpica, porque nos interesa que ninguna mujer en nuestro país sea violentada, sea perseguida y, por supuesto, mucho menos privada de su vida, simple y sencillamente por su condición de género.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del PRI de esta Comisión Permanente, se suma a lo que significa el que no quede impune ningún asesinato, en lo general, y particularmente el feminicidio.

Ya es delito en México, ha costado trabajo definirlo, entenderlo porque el género sí cuenta. Ser mujer, en todos los países, significa tener menor valor, menor precio y la vida debe ser defendida en todo ser humano.

Los feminicidios significan la crueldad más grave de lo que es una violencia que puede iniciar verbal, física, sexual, económica y patrimonial.

Hoy tenemos que subrayar que casos, aunque sea un solo caso, tiene que tener el cobijo de las instituciones para su debida investigación y el acceso a la justicia.

Es por ello que hoy estamos a favor de este punto de Acuerdo, para que seamos sensibles y exhortemos a las instituciones, a la coordinación efectiva para esclarecer todo asesinato en contra de mujeres y niñas.

Estamos a favor, porque creemos que las leyes locales también deben definir este delito y deben tener las órdenes de protección, los mecanismos, los refugios, todo lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia marca.

La cultura es donde tenemos que incidir.

El respeto al ser humano, indistintamente al sexo, eso es lo que hoy, en este año, 65 años de los derechos humanos, están los derechos de cada segmento.

A favor de este punto de Acuerdo, por la vida y la dignidad de las mujeres.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos que se encontraban frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, señor Presidente.

En efecto, este fue un punto de Acuerdo que ayer fue desechado en la Primera Comisión, a pesar de que no está del todo atendido, sobre todo porque no sólo el haber instalado una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos es lo suficiente para decir: “El caso está completa y notoriamente discutido, concluido y deséchese”. Creo que no, y ayer lo dijimos en la Primera Comisión.

Según cifras de carácter oficial, en este país se está reconociendo la cantidad de más de 26 mil personas desaparecidas, y según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son 24 mil 800. Ahí está, es una cifra que fluctúa en esas cantidades y que, bueno, instalar una mesa, una unidad especializada en la PGR, no hay que menospreciarlo, es un avance.

Se decía que con 12 Ministerios Públicos, y hoy declara el Procurador que no serán sólo esos, que habrá más.

Pero, ¿qué mecanismos?, ¿qué protocolo? y ¿cuál va a ser la dinámica a seguir en esta unidad especializada?, yo creo que no está por demás conocerlo, y ayer lo comentábamos en la Primera Comisión, para que así esta unidad especializada tenga, como lo tiene el Estado mexicano en su conjunto, la obligación de destinar mayores recursos humanos y financieros para la localización de las personas y la investigación de estas desapariciones.

Hay que resaltar muchos datos que nos brincan y que obviamente queremos llamar la atención de esta Comisión Permanente, porque según esto, el protocolo a seguir en estas investigaciones de desapariciones, será el de la Cruz Roja, el de persona, en caso de conflicto armado.

Eso obviamente tiene que perfeccionarse y adecuarse a la condición y realidad de nuestro país, a que tengamos que hacer valer las circunstancias que vive México en esta adecuación del protocolo.

Y que no solamente podemos asumir que una persona, como se investiga actualmente, desaparece por voluntad propia y que no hay delitos de terceros.

Esa es también la parte que necesitamos hacer valer y que no por eso desechemos el que este punto de Acuerdo pueda seguirse discutiendo, revisando, porque a la hora de discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación, otra vez va a brincar esta discusión.

Actualmente la Procuraduría General de la República no cuenta con los recursos necesarios para la investigación, mucho menos con las dinámicas del sexenio anterior se privilegió la investigación, dotar recursos para la investigación, y esto, si no le damos un seguimiento puntual, no podremos entonces dirimir, a la hora de la discusión del Presupuesto de Egresos, cuánto se le destinaría a esta obligación que tenemos como Estado, que se resguarde la seguridad en México.

Por ello, queremos pedir que este punto de Acuerdo no se deseche, al contrario, se modifique, y que en el caso del registro de los desaparecidos, ordenar la actualización inmediata del registro de víctimas y búsqueda de desaparecidos.

Que esto también se informe a esta Permanente, a efecto de que podamos establecer con claridad, si esta unidad especializada será la encargada de actualizar, de verificar y de oficializar este registro de desaparecidos en el país.

Porque eso queda completamente en el aire, no se está resolviendo de todo.

Y quisiéramos pedir que no se desechara este punto, sino al contrario, se restablezca una redacción, que tenga que ver con dar seguimiento a esta unidad especializada de la PGR y a la actualización inmediata del registro de víctimas y búsqueda de desaparecidos, de acuerdo con los protocolos que se nos informaron se seguirían al respecto.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputada Alvarez Ruiz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, Diputada Alarez Ruiz?

- La C. Diputada Aleida Alavez Ruiz: (Desde su escaño) Solamente para enfatizar, por la situación de la votación.

A favor, es para desechar el punto de Acuerdo.

Por eso nosotros estamos manifestando nuestro voto en contra, porque queremos que se mantenga y se adecue la redacción de este punto de Acuerdo, porque no ha perdido vigencia.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Así es, queda registrado el voto en contra.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento a la Presidencia de la República, por el encuentro con el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, dos proposiciones con punto de Acuerdo relativas a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de esta Segunda Comisión, someten a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal, un informe de los planes de trabajo y acuerdos realizados con el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México los pasados 2 y 3 de Mayo de 2013, así como un desglose de los resultados esperados en materia de política exterior, seguridad y desarrollo económico para las y los mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente remitió el expediente de referencia a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación,para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el 15 de mayo de 2013, Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende una sincera felicitación a la Presidencia de la República por la exitosa organización y conducción de los trabajos de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, a la Ciudad de México, así como por los acuerdos logrados para la construcción de una agenda binacional.

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente remitió el expediente de referencia a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación,para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5.- En razón de lo anterior, y toda vez que la temática de ambas proposiciones es coincidente, las legisladoras y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, hemos decidido agruparlas y dictaminarlas conjuntamente.

II.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- En las consideraciones de su propuesta, la Senadora Dolores Padierna señala que la reciente visita del Presidente Barack Obama a nuestro país, estuvo precedida de dos visitas de colaboradores del más alto nivel de ambos gobiernos.

Recuerda que, en la primera reunión, celebrada a mediados del mes de diciembre de 2013, se dio a conocer al nuevo equipo encargado de los temas de inteligencia y seguridad nacional, así como a los distintos cuerpos armados de México. De igual forma, menciona que se dieron a conocer también los acuerdos no conocidos que en la materia brindó el ex Presidente Felipe Calderón a los organismos del ramo del Gobierno de Estados Unidos.

La proponente refiere que estos acuerdos fueron especialmente de dos tipos: a) sobre el uso irrestricto del espacio aéreo mexicano para desarrollar actividades de espionaje en todo el  territorio mediante aviones no tripulados (conocidos como drones); y, b) la dirección y comando de agentes de inteligencia de EUA en operaciones conjuntas con cuerpos armados mexicanos en territorio nacional.

Indica también que, obviamente, dichos acuerdos se dieron con absoluto desprecio por la necesidad de aprobación del Senado y, muy probablemente, sin conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, mediante decisiones unipersonales de Calderón, según lo informado por The Washington Post el 28 de abril de este año.

Posteriormente, afirma que, en el segundo encuentro, realizado del 19 al 21 de abril, se detallaron aspectos de la nueva etapa de colaboración en seguridad nacional, la frontera en común, nuevas estrategias entre ambos países y algunos temas económicos centrales que se desarrollarían en México. Estas reuniones, recuerda, fueron encabezadas por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por Janet Napolitano, Titular del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Desde su perspectiva, en la reciente visita del Presidente Obama a la capital mexicana, se destacaron siete grandes temas, de los cuales, cuatro de ellos fueron temas centrales de los estadounidenses.A continuación, se retoma cada uno de estos cuatro temas identificados por la Senadora Padierna Luna:

1.- La cooperación en seguridad bajo los enfoques de la doctrina que privilegia la militarización en el contexto de una estrategia de lucha conjunta contra el narco-terrorismo, especialmente en la línea fronteriza, con nuevos programas de capacitación para las policías y el ejército mexicano por parte del pentágono y las agencias policiales y de inteligencia y seguridad en EUA,  pero dentro de un contexto de un manejo diplomático.

2.- El discurso sobre la corrupción destacó en el mensaje que el Presidente Obama dio a los jóvenes en el Museo de Antropología e Historia, al señalar específicamente: “un nuevo México en el que los ciudadanos se plantan contra la violencia y la impunidad está emergiendo".

3.- El tema energético, manejado con bajo perfil por la alta sensibilidad en México sobre el mismo; y,

4. El asunto migratorio, en donde se habló sobre la reforma y se reconoció el peso político-electoral de los migrantes mexicanos que votaron y decidieron a su favor la contienda presidencial en los Estados Unidos.

Adicionalmente, la proponente enfatiza que el Presidente Obama se presentó como “un Presidente amigo de México”, pero sin ceder en tres puntos nodales para las y los mexicanos: 1) la estrategia de la guerra en México contra las drogas. 2) el tema migratorio como un tema interno de EUA; y, 3) la mayor cooperación económica que apuntala un modelo económico mexicano inspirado en el Consenso de Washington.

Por otra parte, la Senadora Padierna Luna señala que: el Presidente Enrique Peña Nieto planteó: a) la cooperación económica como tema prioritario para generar la percepción del cambio en México en la integración y manejo de la agenda bilateral, esencialmente, la realización de negocios y no de cambios para aumentar el bienestar social directamente; 2) la creación de un “Diálogo Económico de Alto Nivel con miras a desarrollar varios programas para relanzar la cooperación económica; 3) la introducción de la temática educativa en términos de abrir mayores oportunidades para estudiantes y becarios mexicanos para realizar estudios en Estados Unidos; 4) la apertura al sector energético y 5) el tema del combate a la corrupción, igualmente, con bajo perfil y débilmente, porque tienen poco que presumir y no se concreta aún la reforma legal sobre la materia.

En este contexto, y el marco de esta visita y del relanzamiento de la política de cooperación entre Estados Unidos y México, la proponente considera que es fundamental un replanteamiento integral de la relación en materia del intercambio comercial y de las inversiones para impulsar proyectos de verdadera relevancia para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en las regiones más relegadas.

Añade que deben también considerarse los pendientes relacionados con del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su renegociación. Tanto en materia económica como en seguridad, el marco de la relación con Estados Unidos debe estar impulsado por la cooperación para el desarrollo. En su opinión, es con mejores empleos y bien pagados con lo que se podrá combatir mejor el crimen y la violencia e impulsar el intercambio comercial.

En materia migratoria, argumenta que si bien es importante aprovechar la coyuntura favorable en Estados Unidos, el Gobierno mexicano debe promover diversos temas que permitan alcanzar una reforma justa para nuestros connacionales, como son: el tiempo y proceso para adquirir la ciudadanía que se prevé largo y tortuoso; seguridad en la frontera frente a la liberación de residencias, el  Sistema de Verificación del Empleo, entre otros. Concluye sentenciando que una agenda para la igualdad, el mutuo respeto a la soberanía, la cooperación para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, el intercambio y el fomento educativo, deberán ser aspectos prioritarios en el seguimiento de los acuerdos logrados en la visita del Presidente Obama a nuestro país.

Por ello, enfatiza, es urgente que el gobierno mexicano genere la tan prometida nueva agenda con Estados Unidos. Considera que esta nueva agenda debe estar basada en una perspectiva integral y de respeto y no privilegiando las fórmulas de subordinación e intercambio económico bajo las reglas del declinante Consenso de Washington. Con base en todo lo anteriormente expuesto, propone el siguiente resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de los planes de trabajo y acuerdos realizados con el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México los pasados 2 y 3 de Mayo de 2013, así como un desglose de los resultados esperados en materia de política exterior, seguridad y desarrollo económico para las y los mexicanos. 

2.- Por su parte, la proposición presentada por Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, refiere que la visita de Barack Hussein Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, el pasado 02 y 03 de mayo, representó un espacio fundamental para nuestro país en la construcción de una nueva agenda binacional. En su perspectiva, entre los acuerdos más importantes destacan los siguientes:

• Buscar la exitosa conclusión de la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.

• Emprender un Diálogo Económico de Alto Nivel, como parte de la alianza por la prosperidad compartida de América del Norte.

• Identificar nuevas áreas de colaboración y a intensificar los esfuerzos que ya estén dando resultados.

• Lograr una frontera segura, ágil y exitosa en el siglo XXI.

• Se acordó crear un Grupo de Trabajo Binacional a favor de las pequeñas y medianas empresas.

• Establecer un Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación.

• En el tema de migración, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció el liderazgo del Presidente Barack Hussein Obama y celebró el esfuerzo de su administración y del Congreso estadounidense para concretar la Reforma Migratoria;

• Reafirmar el compromiso del Gobierno de México con el de Estados Unidos para apoyar el bienestar de los mexicanos que residen en el exterior.

• En materia de seguridad, dar mayor orden e institucionalidad a la cooperación bilateral, incluyendo los intercambios de información e inteligencia, que permitan desarticular a las organizaciones delictivas y combatir cualquier modalidad de crimen organizando, reduciendo la violencia.

Desde su punto de vista, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, como parte de las acciones para impulsar la presencia de México en el contexto internacional, está fortaleciendo las relaciones de nuestro país con diversas naciones del mundo, especialmente con aquellas que ofrecenoportunidades de desarrollo como lo es Estados Unidos de América.

Con la Visita del Presidente Barack Hussein Obama, afirman, se dimensionó la relación bilateral México-Estados Unidos, ampliándose a temas de interés común relacionados con la economía, el comercio, la educación, la ciencia y tecnología, la migración, así como la seguridad y el combate al crimen organizado.

Argumentan que un tema fundamental resultado de la visita del Presidente Barack Hussein Obama, es el compromiso estadounidense de respetar y colaborar con la política de seguridad que está impulsando el Presidente Enrique Peña Nieto, pero también el de construir un dialogo mutuo para establecer acuerdos que permitan fortalecer el desarrollo, la competitividad y la productividad de la región.

Lo anterior, sin duda, les parece un cambio que impulsa el relanzamiento de la agenda entre ambos países para encauzar la relación bilateral y establecer acciones que permitan crear mayores oportunidades de comercio e inversión.

Por ello, y por la trascendencia de los acuerdos en la construcción de una nueva agenda binacional entre México y Estados Unidos, es que proponen el siguiente resolutivo:

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos extiende una sincera felicitación a la Presidencia de la República por la exitosa organización y conducción de los trabajos de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, a la Ciudad de México, así como por los acuerdos logrados para la construcción de una nueva agenda binacional.

III.- CONSIDERACIONES

Para las legisladoras y legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la H. Comisión Permanente, el inicio del segundo mandato de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos de América constituye una situación propicia para buscar fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Estamos convencidos de que la reciente visita a nuestro país del mandatario estadounidense representa una oportunidad para que ambos países profundicen el diagnóstico de la situación actual y el intercambio de puntos de vista sobre el futuro de nuestra vecindad. En este sentido, consideramos como un avance significativo la ampliación y la diversificación de una agenda bilateral hasta ahora exclusivamente concentrada en el tema de la cooperación en materia de seguridad.

Saludamos que se haya retomado la agenda económica, que se hayan anunciado acuerdos específicos en materia de educación y que se haya puesto el énfasis en la necesidad de recuperar la competitividad y reactivar los flujos transfronterizos con base en una visión integral y regional.

En nuestra perspectiva, cada uno de los temas y de las propuestas a los que hacen referencia las y los legisladores proponentes de los puntos de acuerdo que son objeto del presente dictamen dan muestra de la voluntad de los gobiernos ambos países para reactivar y consolidar los vínculos entre México y los Estados Unidos.

Sin duda, la disposición mostrada y los compromisos adquiridos, reflejan la existencia de un contexto y de una coyuntura propicia para trabajar conjuntamente y arribar a acuerdos. Y justamente por eso es que, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, además de sumarnos al reconocimiento por la organización y la conducción de los trabajos de la visita del Presidente de los Estados Unidos a México, creemos absolutamente oportuno y necesario, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de responsable de la política exterior del país, remita a esta representación nacional un informe detallado y por escrito en torno a los acuerdos tomados con el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la reciente visita a nuestro país del Presidente Barack Obama.

Lo anterior, con el objeto de conocer con puntualidad los objetivos y las estrategias que habrán de instrumentarse para lograr mejores condiciones de seguridad y desarrollo económico para las y los mexicanos; y para que, paralelamente, el poder de legislativo de nuestro país pueda acompañar y complementar los esfuerzos del gobierno mexicano en beneficio de nuestras y nuestros compatriotas.

No somos ajenos al hecho de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación desigual y profundamente asimétrica. Si mantenemos los términos actuales y dejamos pasar la oportunidad de impulsar una transformación profunda de las bases que dan sustento a nuestros vínculos, sólo conseguiremos profundizar las distancias que esa relación ha generado entre las políticas que ambos países generan respecto de su relación en el ámbito internacional.

El futuro de nuestra relación bilateral más importante y del proceso de integración regional del cual ambos países formamos parte depende precisamente de nuestra capacidad para promover transformaciones estructurales en beneficio mutuo. Esas son las razones fundamentales por las que debemos impulsar la nueva agenda y un nuevo orden de prioridades.

En la opinión de quienes integramos esta Segunda Comisión, el llamadoa replantear y evolucionar en materia económica es la única vía para recuperar la competitividad y retomar la ruta del crecimiento. Si logramos avanzar en la ruta de la recuperación económica, tendremos mejores condiciones para hacer frente a los otros dos temas centrales de nuestra agenda bilateral: migración y seguridad.

De igual forma, debemos seguir trabajando en hacerle entender a los Estados Unidos que la reforma a su sistema de inmigración, no es sólo una decisión política o una exigencia del electorado latino que fue determinante para garantizar el segundo mandato del Presidente Obama. La reforma al sistema de inmigración representa para los Estados Unidos una medida estratégica urgente para garantizar la certidumbre jurídica que le ayude a avanzar hacia la recuperación económica.

En consecuencia, si se pone orden en la frontera, y si al mismo tiempo se atienden con los mecanismos sociales y económicos adecuados a las comunidades más atrasadas y expulsoras de inmigrantes, se estarán sentando las bases para enfrentar en mejores condiciones los retos existentes en materia de seguridad.

Sin desarrollo económico no puede haber seguridad. La pobreza y la marginacióngeneran condiciones inmejorables para el surgimiento de todo tipo de actividades ilícitas, desde el tráfico de personas hasta el tráfico de drogas y de armas. Mientras la desigualdad y las asimetrías económicas y sociales sigan siendo la característica principal de nuestra región, la seguridad, la prosperidad y la competitividad serán objetivos imposibles de alcanzar.

La coyuntura nos brinda una oportunidad inmejorable. Nuestro destino común nos obliga a cooperar y a asumir nuestra corresponsabilidad en todos y cada uno de los temas que dan forma y sustento a nuestra interrelación. De ahí la importancia de conocer el detalle y la visión del Titular del Poder Ejecutivo Federal en torno a los temas discutidos y a los acuerdos alcanzados con el Presidente Obama durante su reciente estancia en México.

Por lo antes expuesto y fundado, las legisladoras y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la H. Comisión Permanente, nos permitimos poner a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a la Presidencia de la República por el encuentro realizado en días pasados con la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la Ciudad de México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que, en su carácter de responsable de la política exterior del país, remita a esta representación nacional un informe detallado y por escrito en torno a los acuerdos tomados con el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de la reciente visita a nuestro país del Presidente Barack Obama.

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

El artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige las facultades de la Comisión Permanente.

Esta Comisión Permanente representa al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo Federal, y quiero decirles, en principio, que se me hace un exceso el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exprese su reconocimiento a la Presidencia de la República, por el encuentro realizado con Barack Obama.

¿En qué cabeza cabe felicitar eso?, sean republicanos, no sean tan lambiscones.

¿Qué ganan por felicitar a la Presidencia?, ni siquiera dicen a personajes, dicen: a la Presidencia de la República, porque logró entrevistarse con Barack Obama.

¿No es acaso una obligación de un Jefe de Estado?

Barack Obama se reúne con el Presidente de Belice, con el de Guatemala, con el que lo vaya a visitar. Creo que hasta el Senador Manlio ha ido por ahí.

¿Y lo vamos a felicitar por eso?

¡El Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a la Presidencia porque logró reunirse con Barack Obama!

¿Quién es Barack Obama?, ¿de veras merece esto?, ¿por qué degradamos tanto a la Comisión Permanente?, ¿por qué la hacemos tan inútil y tan insustancial?, ¿no sería mejor estar discutiendo la crisis inmobiliaria?, que por cierto, el Senador sabe mucho de eso.

¿No sería más conveniente estar discutiendo el problema de la inseguridad pública y los escuadrones de la muerte?, ¿no sería más importante estar analizando el crecimiento económico del país de 0.8 por ciento?

¿No sería más importante revisar los actos de corrupción y de deshonestidad que están generándose de manera repetitiva en México?, de veras, se los digo con toda honradez intelectual, yo no puedo admitir que la Comisión Permanente se reduzca a expresar un reconocimiento a una persona o a una institución, cuya obligación es ésa.

Es como decir: solicita el Diputado Monreal Avila que la Comisión Permanente se pronuncie para entregar un reconocimiento al Diputado González Morfín, por haber presentado una iniciativa de ley sobre candidaturas independientes.

Pues que bueno, yo diría, muy bien Diputado, lo felicito.

Pero, ¿por qué el Congreso de la Unión, como institución, va a felicitar a una personalidad, por muy seria y respetable que sea, cuando hay otros temas? El dirá, es mi obligación, es mi trabajo.

En cambio, sí me quedaría con el segundo, yo lo apoyaría. Eliminemos el primero.

Se lo planteo formalmente, señor Presidente. Suprima el primer punto y quedémonos con el segundo.

Es segundo dice: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que, en su carácter de responsable de la política exterior del país, remita a esta representación nacional un el informe detallado y por escrito en torno a los acuerdos tomados con el gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de la reciente visita a nuestro país del Presidente Barack Obama.

¿No les parece mejor?

Yo les pido que suprimamos: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a la Presidencia de la República, por el encuentro realizado con Barack Obama.

¡Hombre!, por favor, sean más pulcros, tengan más pudor los que redactan esto.

Nosotros les pedimos que se suprima.

Si no se suprime, actuaremos en consecuencia como siempre, no podremos avalar estas barbaridades.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, Diputado Camarillo Ortega?

- El C. Diputado Rubén Camarillo Ortega: (Desde su escaño) Para participar.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Lo anoto para hechos al final de la lista de oradores.

Recibida la propuesta de modificación del Diputado Monreal Avila, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación realizada por el Diputado Ricardo Monreal. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión..

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: El segundo resolutivo de este punto de Acuerdo es muy importante, yo lo reservé para llamar la atención sobre el contenido tan importante que está expresado en ese pedido de información.

La visita del Presidente Barack Obama a México los días 2 y 3 de mayo, estuvo precedida por dos reuniones de colaboradores de más alto nivel de ambos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, que según informó el diario Washington Post, el 28 de abril pasado, la primera reunión se celebró en diciembre de 2012, y fue para darle a conocer al nuevo equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto los temas y los acuerdos tomados en los temas de inteligencia y seguridad nacional y a los distintos cuerpos armados de México, los acuerdos no conocidos que el anterior gobierno brindó a los organismos del ramo en Estados Unidos.

Estos acuerdos, según los diarios, fueron de dos tipos.

Uno sobre el uso irrestricto del espacio aéreo mexicano para desarrollar actividades de espionaje en todo el territorio nacional mediante aviones no tripulados, llamados Drones, y la dirección y comando de agentes de inteligencia de Estados Unidos en operaciones conjuntas con los cuerpos armados de nuestro país.

¿En qué momento el anterior gobierno solicitó y en qué momento el Senado de la República autorizó estas delicadísimas y anticonstitucionales acciones y acuerdos tomados entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos?

Si el Senado de la República no aprobó esas acciones, entonces el Ejecutivo Federal, en forma unipersonal, admitió que aviones de Estados Unidos violaran la soberanía nacional para llevar a cabo acciones de espionaje y permitió que agentes norteamericanos dieran instrucciones a nuestros cuerpos armados, policías y Ejército Mexicano, lo cual es sumamente grave.

El segundo encuentro se llevó a cabo del 19 al 21 de abril, en lo que denominaron nueva etapa de colaboración en materias de seguridad nacional, frontera común y nuevas estrategias de seguridad en ambos países y algunos temas económicos centrales que se desarrollarían en México. Y estoy citando al diario Washington Post.

Estas dos reuniones fueron encabezadas por el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano.

¿Qué acordaron en esas reuniones?, nadie lo sabe.

Si no fuera por los medios extranjeros, en este momento tampoco tendríamos esa información, y entonces pareciera que el nuevo gobierno sigue los mismos pasos del anterior y no se toma en cuenta a la Constitución, a las instituciones de México y se está permitiendo el injerencismo hegemonista y militar de Estados Unidos.

Por eso la visita de Barack Obama a esta ciudad, y que estuvo en un contexto precedida por dos reuniones del más alto nivel, del cual a la fecha no tenemos ninguna información, a eso nos estamos refiriendo en este segundo apartado, ¿qué acordaron las autoridades en estas dos reuniones con Estados Unidos?

Porque en materia de política exterior y cualquier acuerdo tomado con un gobierno extranjero, debe de aprobarlo el Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Rubén Camarillo Ortega, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor Presidente.

Mi presencia aquí en la tribuna es solamente para reiterar lo que ya en alguna ocasión he dicho. Cuando se viene a esta tribuna y se plantean cuestiones lógicas, claras y contundentes, no podemos hacer otra cosa más que estar de acuerdo, y en esta ocasión, debo decirlo con toda honestidad, estoy total y completamente de acuerdo con el Diputado Monrreal Avila, que me puede preocupar y que les puede preocupar a otros.

Pero lo que sí es cierto y hay que decirlo con toda franqueza, compañeros legisladores del PRI, no nos pongan en esta tesitura a los Diputados y a los Senadores del PAN, no incurran en excesos porque nos vamos a ver mal nosotros los Diputados y Senadores del PRI y del PAN, pues sugiriéndoles a los compañeros del PRI sosiego, prudencia y decoro, porque al final del día este primer resolutivo que plantean en el dictamen lo único que hace es confirmar lo que de pronto se dice y se critica del Congreso mexicano, que de pronto una mayoría que hoy ostenta un partido político, pareciera ser que es la única voz en el Congreso. Y eso no es verdad.

El que los priístas quieran felicitar al señor Peña Nieto por algo que es su obligación, parecería ser normal de parte de ustedes, pero para los Diputados y Senadores de otros partidos políticos, francamente es un abuso, nos ponen en una situación vergonzosa y no quisiéramos venir aquí a la tribuna a recordárselas.

Creo que es importante, compañeros del PRI, que ustedes mismos tomaran esta posibilidad y retiraran esa parte del resolutivo y que hubiera un poco de decoro legislativo aquí en la Comisión Permanente.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Camarillo Ortega.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación del Diputado Ricardo Monreal de eliminar el resolutivo primero.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación presentada por el Diputado Ricardo Monreal. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, no se aprueba la modificación.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, señora Secretaria, rechazada la modificación propuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo en sus términos originales con los resolutivos primero y segundo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo original sin las modificaciones en los términos del dictamen emitido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo en sus términos originales, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“SEGUNDA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnará para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, dado que, México ha participado acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en la Conferencia Final del TCA, en Nueva York, se buscó el logro de un tratado internacional, jurídicamente vinculante y sólido, que establezca una regulación para el comercio de armas convencionales, que incluya las armas pequeñas y ligeras, y prevenga que estas armas y sus municiones sean utilizadas o desviadas para cometer graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a los derechos humanos, o sean desviadas hacia el mercado ilícito y el crimen transnacional organizado.(1)

En México existen alrededor de 15 millones y medio de armas de fuego de procedencia ilegal en manos de particulares, sobre en todo en la zona norte del territorio, de acuerdo al análisis de la organización internacional Small Arms Survey, Research Notes (SAS) difundido en el mes de marzo de 2013, ubicando al país en el sitio número 42 de una lista de 170 naciones investigadas por el número de armas de fuego en poder de civiles, superando a naciones en las que ha habido recientemente guerras internas o en los que han sido recurrentes los conflictos bélicos en los últimos cincuenta años.

México ha sido víctima de acciones encubiertas de envío de armas de las cuales la más conocida por su difusión y efectos legales en Estados Unidos es “Rápido y Furioso” por medio de la cual se introdujeron ilegalmente a nuestro país unas mil 400 armas de las más de dos mil involucradas, que incluían rifles AK-47 que pararon en manos de los cárteles de la droga.

Se conoce que estas armas fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes en una fiesta en Salvarcar, en la norteña Ciudad Juárez, en enero de 2010, pero en Estados Unidos se encendieron las luces de alerta cuando se descubrió el uso de armas de Rápido y Furioso en el asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza el 14 de diciembre de 2010,en Arizona y del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Jaime Zapata, en San Luis Potosí, México, el 15 de febrero de 2011.

Las autoridades mexicanas, a pesar del exhorto del Congreso, no ha dado a conocer si realizó alguna investigación al respecto y siempre sostuvo que el gobierno de Estados Unidos nunca informó de esta operación encubierta a las autoridades mexicanas y, en Estados Unidos, el inspector general del Departamento de Justicia entregó un reporte oficial sobre Rápido y Furioso en el que denunció los "graves errores" de la operación, pero absolvió al procurador general, Eric Holder, de haber ocultado información y sancionó a algunos funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Sin embargo nada se dijo o no se conoció de los daños y consecuencia para México.

Y, por la importancia que reviste la problemática del trasiego de armas que entran al país, de manera ilegal, principalmente desde los Estados Unidos de Norteamérica y, en virtud de que la Conferencia Final Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas (TCA) tomó lugar en marzo 2013, para finalizar el día 28 del mismo mes, “ con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante con los más elevados estándares internacionales comunes para la transferencia de armas convencionales, la cual tenía como objetivo concluir el proceso del TCA, después del fracaso en la Conferencia del TCA en julio de 2012 para llegar a un acuerdo acerca del proyecto del tratado” (2) y que concluyo sus labores sin alcanzar el anhelado consenso por lo cual se remitió a la Asamblea General en donde Costa Rica, con el apoyo de México y otras naciones, elevaron la Resolución que finalmente se aprobó.

Muchos años han pasado desde el día en que iniciaron los trabajos tendientes al logro de un Tratado de Comercio de Armas, saludamos por ello la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada el tres de abril del año en curso, por una abrumadora mayoría, señalando que aun cuando la Resolución reconoce el derecho inherente de los Estados a la defensa individual y colectiva, no podemos soslayar el que 23 países se abstuvieran, entre ellos, lo que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) pues a su decir, el Tratado “privilegia” a los países exportadores y es susceptible de ser manipulaciones políticas al no ser del todo equilibrado ni incluir expresamente, la prohibición de transferir armas a grupos armados no estatales. Compartimos con los países que se abstuvieron, el que se debe seguir buscando perfeccionar el Tratado hasta lograr que se adopte por consenso a efecto de que sea un instrumento realmente garante, sólido y aceptable para todos los Estados (3)

Si bien es cierto que cada país queda en libertad de suscribir o no el Tratado y ratificarlo, es de mencionarse que el fundamental principio básico del mismo, es que los Estados tienen prohibido transferir armas convencionales a otros países si existe riesgo de que sean utilizadas para cometer o facilitar genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras "violaciones graves" a los derechos humanos, o si corren el riesgo de caer en manos de terroristas o de criminales, además de que no regula el uso interno de las armas en ninguno de los países firmantes, pero obliga a las naciones a establecer normativas que controlen las transferencias. Posición que comprendemos y suscribimos.”

Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU y suscribe la posición mexicana en el sentido de que “como nación comprometida con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y país afectado por el tráfico ilícito de armas, considera de suma importancia el establecimiento de regulación internacional para el comercio de armas.”

SEGUNDO. En tanto se consigue un control sobre el comercio de armas mediante la suscripción del Tratado Internacional (TCA) se exhorta al gobierno mexicano a que solicite formalmente al Gobierno de Estados unidos de América, se establezca una política de control de exportación de armas, desde dicho país a México que impida operaciones encubiertas o abiertas que armen a la delincuencia organizada en México.

TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ampliar sus esfuerzos con la comunidad internacional, a efecto de que en el marco de sus respectivas normas constitucionales, el Tratado de Comercio de Armas sea ratificado a la brevedad posible.

CONSIDERACIONES

I.- Como se aprecia, las proposiciones tienen que ver con la reciente celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU celebrado en Nueva York.

Bajo este contexto, los integrantes de esta Comisión tomamos en cuenta en el proceso de dictamen los elementos que conllevan a la necesidad de suscribir la posición mexicana en la responsabilidad compartida y vinculante entre los países exportadores, importadores y de tránsito de armas convencionales.De igual forma valoramos la participación de México en el ejercicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas, en Nueva York.

II. En México, basta recordar que en los últimos años se ha registrado un aumento en los índices de violencia desde el año 2006 debido a la lucha entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Uno de los factores que más han elevado la capacidad de fuego y la violencia de las bandas criminales es la facilidad que tienen para disponer de armas de asalto de alto poder, fácilmente adquiribles en Estados Unidos.

Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2012, el gobierno federaldecomisó más de 100,000 armas de todo tipo, cartuchos y cargadores; además de protestar por el flujo de armas, y por operativos como Rápido y Furioso y Receptor Abierto, en el cual Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recibieron órdenes para permitir el tráfico de armamento desde Estados Unidos a México, con la finalidad de detectar a grandes traficantes.

Como podemos observar, el tráfico ilegal de armas es una situación alarmante que nos reclama acciones inmediatas como el diseño y elaboración de legislaciones integrales apegadas a los principios internacionales y convenciones internacionales.

Esta Comisión tiene presente que el Tratado sobre Comercio de Armas fue impulsado en un contexto donde el comercio de armas ha ido aumentando significativamente y donde el mercado de armas se ha ido expandiendo con él. No obstante, el problema es que este mercado no sólo ha crecido sino que también se ha globalizado. Frente a una industria de armas que opera a nivel global, los gobiernos no pueden depender únicamente de los sistemas nacionales o regionales de control; es necesario partir de la regulación internacional efectiva basada en el derecho internacional.

En este sentido, México ha participado acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en la Conferencia Final del TCA, en Nueva York, en donde se buscó el logro de un tratado internacional, jurídicamente vinculante y sólido, que estableciera una regulación para el comercio de armas convencionales, que incluyera las armas pequeñas y ligeras, y previniera que estas armas y sus municiones sean utilizadas o desviadas para cometer graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a los derechos humanos, o fuesen desviadas hacia el mercado ilícito y el crimen transnacional organizado.

En este sentido está Comisión saluda la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada el tres de abril del año en curso, y celebra la existencia de un documento de nivel internacional que homogeniza las reglas de juego entre todos los Estados.

III. Quienes integramos esta Comisión compartimos la posición de la proponentesobre la importancia del establecimiento de una regulación internacional para el comercio de armas. Dado el alto impacto que representa para México, y otras naciones, el comercio global de armas convencionales carente de un control suficiente, como lo advierte la ONU, que permite con facilidad el incremento de la violencia hacia el interior de las naciones, en la forma de criminalidad, represión y violación indiscriminada de los derechos humanos. Consideramos que nuestro país debe aprovechar esta vía como primera herramienta para impulsar el freno a una actividad que frecuentemente amenaza la economía y la situación social del país, incluyendo la responsabilidad compartida y vinculante entre los países exportadores, importadores y de tránsito.

Consideramos que la transferencia irresponsable de armas convencionales puede desestabilizar la seguridad en una región, y contribuye a la violación de los derechos humanos. Además de que, la inversión se desalienta y el desarrollo se interrumpe en los países que sufren conflictos y altos niveles de violencia, afectando su capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De igual forma coincidimos que en tanto se consigue un control sobre el comercio de armas mediante la suscripción del Tratado Internacional, es necesario que se solicite al gobierno de Estados Unidos se establezca una política de control de exportación de armas, desde ese país a México que impida operaciones encubiertas o abiertas que armen a la delincuencia organizada en México.

En por ello que, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU y suscribe la posición mexicana en el sentido de que “como nación comprometida con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y país afectado por el tráfico ilícito de armas, considera de suma importancia el establecimiento de regulación internacional para el comercio de armas.”

SEGUNDO. En tanto se consigue un control sobre el comercio de armas mediante la suscripción del Tratado Internacional (TCA) se exhorta al gobierno mexicano a que solicite formalmente al Gobierno de Estados unidos de América, se establezca una política de control de exportación de armas, desde dicho país a México que impida operaciones encubiertas o abiertas que armen a la delincuencia organizada en México.

TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ampliar sus esfuerzos con la comunidad internacional, a efecto de que en el marco de sus respectivas normas constitucionales, el Tratado de Comercio de Armas sea ratificado a la brevedad posible.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

SEGUNDA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Resulta fundamental hablar del Tratado de Comercio de Armas no por su significación simbólica en el sistema del derecho internacional o de los derechos humanos, sino porque nuestro país es considerado por diversos organismos no gubernamentales nacionales e internacionales como uno de los más golpeados o mancillados por el trasiego ilegal de armas y municiones.

En julio de 2012, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas, elaboró un proyecto del tratado el cual no gozó de la aceptación de Estados Unidos, Rusia, Siria y otros países los cuales solicitaron más tiempo.

Pero el 2 de abril de 2013, más de 90 pujaron por el desarrollo de la nueva resolución en la ONU para adoptar el Tratado de Comercio de Armas.

La resolución fue aprobada por 155 países, se suscitaron 22 abstenciones y sólo hubo 3 votos en contra, Irak, Siria y Corea del Norte.

El 3 de junio de este mismo año, será la fecha en que el Tratado de Comercio de Armas se abrirá a la firma de todos los Estados miembros de la ONU, es decir, el proceso de asimilación del Tratado Internacional a la normatividad interna de cada uno de los países miembros empezará para que de esa forma se busque un eventual efecto vinculatorio, y el carácter de enorme eficacia se encuentra en su etapa definitiva.

Por ello, este no es el tiempo propicio para echar las campanas al vuelo ni mucho menos, debiera servir más bien el punto de Acuerdo para enfatizar la falta de controles, estrategias y políticas públicas para frenar el exponencial tráfico ilegal de armas.

Debemos remarcar que actualmente dentro del territorio nacional se está presentando una cantidad exorbitante de homicidios año con año, los cuales se perpetran con una gran variedad de armas importadas en su mayoría de Estados Unidos, la fuente de más de dos terceras partes de dichas armas, y otras de procedencia rusa.

Como se puede ver, ambos países han protagonizado la embestida en contra del desarrollo de una nueva resolución en la Asamblea General de la ONU para adoptar el Tratado de Comercio de Armas, y posteriormente contra los contenidos que pudieran perjudicar los intereses de los países eminentemente exportadores de armas, pertrechos y municiones.

De acuerdo con informes oficiales, tan sólo entre 2007 y 2011, las fuerzas de seguridad mexicana capturaron más de 99 mil armas de fuego.

Por otro lado, en México existen más de 15 millones de armas de fuego de procedencia ilícita en manos de particulares, lo anterior aunado a la impunidad rampante que no sólo frena las posibilidades de controlar o erradicar el problema, sino que la reproducen.

Todo eso se enmarca en un contexto social no muy alentador. México está lejos de repuntar como país emergente y sigue padeciendo altos índices de desigualdad social y corrupción.

Así las cosas, nuestro escenario actual en la materia se hace oscuro, como lo ha sido nuestra relación reciente con nuestro vecino país del norte.

El tráfico ilegal de armas sin los controles legales e instituciones debidas, ha tenido repercusiones serias en la relación bilateral México-Estados Unidos; por ejemplo, a merced del, que ustedes recordarán, Operativo Rápido y Furioso se generaron fuertes tensiones entre ambos países y ha derivado en un problema con dimensiones políticas importantes.

El operativo en comento puso de manifiesto que en materia de seguridad la relación bilateral no ha sido exclusivamente de carácter cooperativo y no se ha ajustado a los estándares de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada, que establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado, ni la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas firmado por 30 de los 34 países que integran la OEA. Lo que hace suponer que incluso cuando el Tratado de Comercio de Armas se eleve al carácter de instrumento vinculante será igualmente objeto de soslayo.

Aunque el reconocimiento de los esfuerzos de la comunidad internacional, vía la celebración de convenciones y tratados para regular el tráfico o el comercio de armas o municiones a través de las distintas fronteras nacionales, no es reprochable por sí mismo, el uso político de la celebración del Tratado de Comercio de Armas puede constituir una mera cortina de humo.

Lo que nosotros estamos de acuerdo, es que éste debe someterse a la discusión abierta, esta disposición internacional será importante que se observe, pero todavía nos tardaremos unos meses para la aprobación por el Senado de la República, pero saludamos la iniciativa, saludamos la resolución, y me parece pertinente la aprobación de la comisión dictaminadora por lo que en este caso nosotros votaremos a favor, señor Presidente, aún con las propias observaciones que hemos hecho al respecto.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo en materia de servicio de energía eléctrica.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas dos proposiciones con punto de Acuerdo, relativas a lo siguiente:

1. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica, suscrita por los Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 15 de mayo de 2013; y

2. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, y de la Comisión federal de Electricidad a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, los Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en relación con los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Asimismo, en la misma fecha, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

Por consiguiente, en sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Esta Comisión por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las dos proposiciones con punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la misma materia.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de ambas propuestas al tenor de lo siguiente:

a) En el caso de la primera, el exhorto los proponentes tienen como objeto exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a suspender los cortes de energía eléctrica por adeudos, y a respetar y garantizar los derechos humanos de los usuarios del servicio eléctrico.

Asimismo, considera necesario atender y dar respuesta a la demanda social generalizada de frenar los cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica, así como a detener los atropellos y vejaciones denunciadas por la sociedad civil organizada por los cobros y los cortes delservicio realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que se agudiza en Tabasco.

Se señala que no hay visos de solución y en días recientes la propia Superintendencia de la Zona Villahermosa de la CFE, ha reconocido que se siguen realizando cortes de energía eléctrica a los usuarios que tienen adeudos superiores a los 20 mil pesos, y que estos son realizados a través de una empresa externa contratada para tal fin.

Refiere que la suspensión del servicio se viene realizando desde el año 2011, en forma regular e ininterrumpida, y que es ajena a la mesa de negociación que mantienen el Gobierno de Tabasco y la Secretaría de Gobernación.

Los proponentes estiman que los cortes del servicio de energía eléctrica afectan a 100 mil usuarios de Tabasco, de tal modo que, al realizarse estos, no se respetan los derechos humanos de las personas e incluso, la empresa ha solicitado el apoyo de la fuerza pública para llevar a cabo los cortes.

Asimismo plantea que en la Recomendación No. 51/2012 sobre la suspensión del servicio público de energía eléctrica en el hospital “Doctor Manuel Campos”, en Campeche, por parte de la CFE, emitida el 28 de septiembre de 2012, la CNDH recomendó a la Comisión impulsar las reformas legales correspondientes a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de que se excluya del supuesto de suspensión de suministro ante falta de pago a los centros de salud públicos, así como a que “se diseñen soluciones alternativas razonables que se mantengan respetuosas de los principios que rigen el servicio público que le fue encomendado y del sistema de protección de derechos humanos”.

Por otra parte, considera necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación para que se instale una mesa de trabajoen la que participe dicha dependencia, la CFE, el Gobierno del Estado de Tabasco y representantes de la sociedad civil, para atender y resolver el problema del corte de energíaen Tabasco.

Refiere que el Gobierno de Tabasco ya está en conversaciones con la CFE para encontrar una solución al problema de los cortes de luz por adeudos y solicitó a la empresa a que, en tanto sigan las conversaciones, no se hagan cortes masivos de electricidad en contra de los usuarios.

Por ello, someten a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo que contiene el siguiente resolutivo:

Unico.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se instale formalmente a la brevedad una Mesa de Trabajoen la que participe dicha dependencia; la Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del estado de Tabasco y representantes de la sociedad civil en resistencia o protesta en esa entidad, para atender y resolver la situación que priva en la prestación del servicio público de energía eléctrica en el estado de Tabasco.

“Asimismo, se exhorta a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, para que en la prestación de este servicio público, se eviten los cortes del suministro de energía eléctrica de uso doméstico, a fin de salvaguardar y asegurar no sólo la eficacia en su prestación, utilización y utilidad social a favor del interés público, sino también el respeto a los derechos fundamentales de las personas en su calidad de usuarios”.

a) En el caso de la segunda, en términos generales, el Senador Búrquez Valenzuela propone revisar y ajustar, por parte del gobierno federal, las tarifas eléctricas de consumo industrial en horario base y en horario punta.

Lo anterior, se desprende de un conjunto de consideraciones que exponen que el aumento de las tarifas eléctricas, es el más fuerte de los últimos dos años y se resentirá principalmente en el sector industrial. Además de señalar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en días recientes anunció que las tarifas eléctricas que aplicarán en mayo, tendrán un incremento de 8.4%, y justificó el alza en las variaciones reportadas en el precio del gas natural y el uso de combustóleo.

De acuerdo con la proposición, Petróleos Mexicanos (Pemex) está importando menor cantidad de gas pero a un precio más elevado, siendo que el pasado mes de abril, las importaciones de gas natural licuado superaron las expectativas de compra de 21 dólares el millón de BTUs y, Pemex Gas y Petroquímica Básica, adquirió tal producto a un precio de compra de 22.45 dólares.

Se señala que la CFE requiere consumir gas importado debido a que tiene una demanda “insatisfecha” (déficit) de 700 millones de pies cúbicos que podrá suplir parcial o totalmente a estos costos con importaciones, por lo que el diferencial, se está reflejando en un alza a las tarifas eléctricas industriales. En tanto, el sector industrial ha señalado que la compra de gas natural licuado en el país está impactando al sector incrementando sus costos de compra de combustibles en un 18%, por lo que con este sobrecosto, el alza en el precio de la electricidad ha sido acelerada.

Asimismo, establece que las tarifas de electricidad deberían de bajar considerablemente su costo y reflejar los precios bajos del insumo principal para su generación que es el gas natural, por lo que el gobierno federal tiene que plantearse un esquema a través del cual, se reintegre al sector industrial los sobreprecios que les ha venido cobrando.

Menciona que el precio que la CFE cobrará por kilowatt-hora para el sector industrial es de 0.9959 pesos en el horario base y 1.7090 en el horario punta durante este mes, mientras en Estados Unidos, el precio es de 0.5134 pesos Kw/h, lo que representa una tarifa 50% más cara en México, debido al monopolio de este sector.

Por ello somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo industrial en horario base y en horario punta.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar un esquema que le permita poner en práctica la variedad de tecnologías para que la empresa pueda generar electricidad a un menor costo.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que diseñen un esquema a través del cual se reintegre al sector industrial los sobreprecios que está generando el costo de la energía”.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la preocupación de los proponentes por los cortes del suministro de energía eléctrica que realiza la CFE, en Tabasco y en las demás entidades de la República, sobre todo porque la energía eléctrica permite el acceso a otros servicios en relación al pleno ejercicio de derechos fundamentales como el derecho constitucional al agua.

Asimismo, esta Comisión tiene presente que el incremento a las tarifas del suministro de energía eléctrica tiene un impacto en el consumo residencial y en el consumo industrial que, sin duda, afecta el desarrollo de los consumidores así como la competitividad de la industria, siendo evidente que los aumentos en las tarifas eléctricas limitan las herramientas para competir con los países desarrollados.

Sin embargo, es una responsabilidad inherente a esta Comisión el contar con todos los elementos necesarios para corresponder a las solicitudes de exhorto que le hagan los legisladores en pleno uso de sus facultades.

Por lo que es de inexorable razonamiento, considerar de manera integral los aspectos técnicos y jurídicos que le atribuyen a las autoridades encargadas de generar, transmitir y de fijar las tarifas de energía eléctrica.

En ese sentido, para efectos de mayor abundamiento, es pertinente señalar tal y como ya se ha expuesto en otros casos, que en el servicio de energía eléctrica, resulta lógico que el nivel de demanda y de consumo se explica en razón de los índices de concentración poblacional urbana y semiurbana, así como de las zonas que presentan mayores grados de dinamismo en sus factores y procesos de producción, vinculados estos con la utilización de tecnología, sistemas de industrialización o tecnificación; sin dejar pasar por alto, el factor de las temperaturas climatológicas de las diversas regiones.

En tanto, el servicio público de energía eléctrica tiene una doble función: por un lado la función estratégica de ser un elemento que contribuye al mejoramiento del nivel de vida de las mayorías más desprotegidas y en donde el Estado, es el principal responsable de garantizar los medios y mecanismos para proveer dicho servicio en cuanto a su generación, transmisión y distribución para los diversos usos doméstico y público; y por el otro, tal y como ya mencionamos en otro caso particular, este servicio cumple la función prioritaria como insumo de la planta productiva nacional de bienes y servicios, que le permite competir en el entorno internacional, ubicándose en la práctica, en los diversos usos como el agrícola o industrial, entre otros.

Ahora bien, por lo que toca al marco legal del servicio público de energía eléctrica, es necesario hacer referencia a lo que nos establece el marco jurídico en la materia:

En términos del segundo artículo de la vigente y aplicable Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público, por lo que debe entenderse que es obligatoria su observancia y que por tanto no son renunciables los derechos emanados de la misma.

Además de que es importante subrayar que por disposición de la propia Ley, todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son responsabilidad exclusiva del organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado “Comisión Federal de Electricidad”, aun cuando todas estas actividades no las realice por sí misma.

Por lo que la propia Comisión Federal de Electricidad se encuentra obligada, por la ley en mención, a suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo; incluida su facultad para suspender tal servicio en los casos que le atribuye el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tratándose de las causales referentes por el incumplimiento por parte de los usuarios y en las que procede legalmente, la suspensión y corte del servicio atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 y 35 Bis del citado Reglamento:

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

ARTICULO 35. El suministrador suspenderá el servicio sin que se requiera para el efecto intervención de la autoridad judicial o administrativa cuando:

I. Existafalta de pago de la facturación durante un período normal de la misma;

II. Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición del suministrador;

III. Las instalaciones del usuario no cumplan con las normas oficiales mexicanas, y

IV. Se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.

Tratándose del supuesto previsto en la fracción II de este artículo, el verificador asentará en la constancia de verificación las consideraciones por las que se procede a la suspensión del servicio. La suspensión se realizará de manera inmediata y sin aviso previo.

Para los supuestos previstos en las fracciones I, III y IV de este precepto, el suministrador deberá dar aviso previo al usuario al menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para el corte, en el cual incluirá las consideraciones por las cuales se procederá a la suspensión del servicio.

ARTICULO 35 Bis.- El suministrador procederá al corte inmediato del servicio en los siguientes casos:

I. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo, y

II. Cuando se haya conectado a las líneas del suministrador sin la autorización de éste.

Ahora bien, tratándose de los precios por la venta de energía eléctrica, esta se encuentra regida por las tarifas fijadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme al criterio de cubrir eficientemente las necesidades financieras del suministrador y de contar con recursos para ampliar el servicio.

Sin embargo, es de destacarse que la Comisión Federal de Electricidad posee la facultad de proponer dichas tarifas o sus modificaciones con base en los estudios y análisis económicos que se llevan a cabo de manera permanente; y que las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada como lo son: las Secretarías de Energía y de Economía, son quienes formulan la opinión al respecto, con base a diversos criterios y factores, para luego, dejarla a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cabe señalar que actualmente las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica se clasifican de acuerdo con su uso y nivel de tensión en:

- Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC);

- Servicios públicos: 5, 5-A y 6;

- Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N

- Temporal: 7

- Generales en baja tensión: 2 y 3

- Generales en media tensión: O-M, H-M y H-MC

- Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF

- Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L

- Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF y HT-LF

- Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-RM

- Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF y HT-RM

- Servicio interrumpible: I-15 e I-30

Por otro lado, debemos señalar que todas las tarifas eléctricas se encuentran sujetas a ajustes mensuales, con excepción de las tarifas agrícolas de estímulo 9-CU y 9-N, que se ajustan anualmente. Las tarifas del servicio en media tensión (MT) y alta tensión (AT) en uso general y respaldo, así como las de servicio interrumpible, tienen diferencias metodológicas respecto a las tarifas específicas. En el caso de las tarifas generales, se actualizan mediante un mecanismo de ajuste automático mensual que refleja las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación. Asimismo, dichas tarifas tienen cargos por consumo y por demanda con diferencias regionales, horarias y estacionales. El resto de las tarifas (domésticas, servicios públicos y agrícolas) se ajustan mediante factores fijos, sin diferencias horarias.

Las tarifas domésticas (sin incluir la DAC), las agrícolas 9 y 9-M y las de servicios públicos, se ajustan mediante factores fijos y el resto (DAC, comerciales e industriales) mediante una fórmula que incorpora las variaciones de los p