Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 20 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Mayo de 2013

SUMARIO                                              


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LEGISLATURAS

Remiten:

- Oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (En materia de telecomunicaciones). La Comisión Permanente declara aprobado el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Diputado Luis Antonio González Roldán, Diputado Ricardo Monreal Avila, Diputado Ricardo Cantú Garza, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, Diputado Rubén Camarillo Ortega y Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza; oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO. Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.



















































































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:24 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- La C. Secretaria Diputada Cristina González Cruz: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio al pase de lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 31 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 22 de mayo de 2013, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
QUINCE DE MAYO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con quince minutos del miércoles quince de mayo de dos mil trece, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles ocho de mayo de dos mil trece.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para realizar sesión solemne con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación las siguientes iniciativas:

1) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

2) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

3) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Uniones de Crédito.

4) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, de la Ley Orgánica de SociedadHipotecaria Federal, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

5) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

6) Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles.

7) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

8) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley del Mercado de Valores.

9) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión y la Ley del Mercado de Valores.

10) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.

11) Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley del Banco de México, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Inversión Extranjera y del Código Federal de Procedimientos Penales.

12) Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

13) Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 22 y 23 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, para participar en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Cali, Colombia.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Se recibió del Banco México, Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo enero-marzo de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el principio de competitividad en la planeación del desarrollo nacional.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos, el Presidente de la Mesa Directiva declaró la aprobación del Decreto. Intervinieron los legisladores: Senador Armando Ríos Piter del PRD; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Diputado Alberto Rodríguez Calderón del PRI; y Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

(Iniciativas)

El Diputados José Luis Flores Méndez, a nombre propio y de la Diputada Maricela Velázquez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y se recorre un inciso a la fracción III del artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Jorge Villalobos Seáñez, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Fernando Herrera Ávila y del Dip. Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII y adiciona un antepenúltimo párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a nombre del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XVIII bis al artículo 5 de Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción X del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas de Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De laDiputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decretopor el que se adiciona la fracción III, actualmente derogada, al artículo 74 y se adiciona la fracción XVII, actualmente derogada, al artículo 89, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 14 Ter a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, en el ramo petróleo.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción X, de la Ley General de Educación y se adiciona el inciso e) al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Diputado Javier López Zavala y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a reforzar las acciones para ayudar a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y, de manera particular, en los Estados Unidos de Norteamérica, para la obtención de sus documentos personales y de identidad.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Diputado Ricardo Monreal Ávila del MC, a favor; y Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso para llevar a cabo Sesión Solemne con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

 

( R E C E S O )

 

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos.

(Proposiciones)

El Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, a nombre de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar si existe una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de algún sindicato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a la reforma educativa.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz del PRD; Senadora María del Pilar Ortega Martínez del PAN; Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI; y Diputado Luis Antonio González Roldán de NA. Fue aprobado en votación económica.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender personalmente las solicitudes de las madres de personas desaparecidas, quienes se encuentran en huelga de hambre afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República.- Considerado de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a nombre propio y del Diputado Silvano Aureoles Conejo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico y social en el estado de Michoacán, a efecto de superar la difícil situación por la que atraviesa dicha entidad.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Silvano Aureoles Conejo del PRD; Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Senador Gerardo Sánchez García del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través del Sistema de Administración Federal, haga públicos los motivos y fundamentos legales por los que determinó condonar parcialmente créditos fiscales a Grupo Televisa por la cantidad de 3 mil 334 millones de pesos, e informe de empresas que se han beneficiado con el programa de condonación de créditos fiscales en el ejercicio 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de marzo de 2013.- Quedó de enterado.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Director General de Petróleos Mexicanos y al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado sobre los presuntos actos de corrupción realizados por César Nava Vázquez, ex director jurídico de Petróleos Mexicanos de 2001 a 2003, en contra de la paraestatal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a investigar posibles violaciones a la normatividad electoral federal en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, a nombre del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial de su jurisdicción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a utilizar los recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos, en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a comparecer ante esta Soberanía y a dar cuentas del avance en las investigaciones que realiza la Procuraduría en relación con la participación de funcionarios públicos federales y estatales en el desvío de recursos públicos con el objeto de beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario Institucional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senador Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de los planes de trabajo y Acuerdos realizados con el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se garantice el acceso de todas las pacientes a las instituciones de salud del sector público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al patronato del seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad federativa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Federación, así como a las entidades federativas a impulsar e intensificar las acciones tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a la Contraloría General para que revise las irregularidades administrativas que tienen lugar en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud informen sobre el grado de avance en el cumplimiento que se ha dado al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Adriana González Carrillo y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar un informe detallado de los gastos realizados para apoyar la candidatura del ciudadano Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en relación con los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a implementar las acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija garanticen la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc; a pesar de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de su hogar y su entorno social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Luís Xariel Espinosa Cházaro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a Petróleos Mexicanos que, en el marco de sus facultades y atribuciones, informe los términos y las condiciones del préstamo otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, durante el período comprendido del 1 de enero del 2005 a la fecha.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en materia de incendios forestales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

 

Del Diputado Gerardo Licéaga Arteaga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo a fin de que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a la normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadores Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que reconoce y saluda la celebración del Tratado de Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortar al Ejecutivo Federal a establecer una línea de comunicación formal y oficial con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en torno al tema del Volcán Popocatépetl.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efectuar los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una norma oficial mexicana para la extracción de las especies del “Pepino de Mar”, o bien, considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario en la norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su protección especial.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Layda Elena Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a establecer los mecanismos de diálogo y de coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala a implementar un cerco sanitario ante un nuevo brote de gripe aviar en las entidades mencionadas y eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza aviar ah7n3.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de México a tomar las medidas necesarias para la prevención de tragedias como la ocurrida a consecuencia de la explosión de una pipa que transportaba gas, a la altura de la comunidad de Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a instrumentar y adecuar dentro del marco normativo que dará sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las fuerzas del orden público, agregando todo tipo de prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía y su familia.- Se turnó a la  Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a suspender el uso de las medidas, providencias y técnicas cautelares para combatir a la delincuencia organizada hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y democrático.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la destitución del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la sagarpa a cumplimentar las recomendaciones contenidas en la auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-08100-02-0310 de-002, relativa a los padrones de beneficiarios generados por los programas a cargo de dicha dependencia y, en su caso, se inicien los procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada Administración Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes a modificar la norma oficial mexicana NOM-012-SCT2-2008, a fin de restringir la circulación de vehículos de carga de "doble remolque" y se adecué el peso a transportar, garantizando con ello la seguridad de los usuarios de vías federales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las disposiciones legales aplicables en materia de la prevención de accidentes y participe en los estudios conducentes para reubicar a la población en riesgo asentada en las orillas de la autopista México-Pachuca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputado Crystal Tovar Aragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a extender dicho programa a trece de los municipios más pobres del Estado de Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senador Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en relación al proceso de la transición a la televisión digital terrestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de difusión y concientización sobre la actual situación del proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos, evitando que la población en general sea víctima de fraudes derivados de la desinformación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De Senadores de la República y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo relativo al fracaso de los programas ambientales dirigidos a mejorar la calidad del aire en el Distrito Federal, dados los altos niveles de contaminación atmosférica observados en los últimos 13 años y que se han visto agravados en la presente administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración a aplicar medidas de respeto a los derechos humanos en la prácticas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México su inmediata intervención para solucionar el conflicto que guarda el sistema de preparatorias dependientes del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz y de la Sen. Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos y la Auditoría Superior de la Federación a iniciar un procedimiento administrativo en contra de los ciudadanos Georgina Kessel Martínez y Juan José Suarez Coppel por las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende una sincera felicitación a la Presidencia de la República por la exitosa organización y conducción de los trabajos de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, a la Ciudad de México, así como por los Acuerdos logrados para la construcción de una agenda binacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García y Graciela Ortiz González y de los Diputados José Luis Flores Méndez, Manuel Añorve Baños, María de las Nieves García Fernández y Luis Antonio González Roldán, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a emitir un Decreto por el que se puedan adherir las decenas de miles de productores agrícolas que se encuentran en situación de vencimientos de las concesiones de uso de pozos agrícolas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a autorizar recursos para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal jubilado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender diversas problemáticas del sector portuario y de marina mercante nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se condena la tortura y homicidios perpetrados contra dos comerciantes de origen español en Culiacán, Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar al personal que atiende las ventanillas de información por el maltrato, abusos e irregularidades en el acceso a programas para pequeños productores de café del estado de Puebla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia del estado a investigar y resolver con prontitud el caso de Cyndi Aguirre Malpica y se tomen las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos que se encuentran frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Merilyn Gómez Pozos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Se recibieron de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Dolores Padierna Luna y Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dos efemérides para referirse a la celebración del Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Se recibió del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efeméride para referirse a la conmemoración de la celebración del Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Se recibió de la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, efeméride para referirse al día 15 de mayo de 2013, que conmemora el Día Mundial de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al "Pacto por México".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al "Deterioro de la Economía".- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y nueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintidós de mayo, a las once horas".

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

"SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SEL/300/597/13
México, D.F., a 20 de mayo de 2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTEDE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H.CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 26 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de Planeación, el titular del Ejecutivo Federal, por este conducto, hace llegar al H. Congreso de la Unión el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para lo cual se remiten dos ejemplares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es obligación del Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Dicho sistema prevé tanto la participación de los diversos sectores sociales para incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad al Plan Nacional de Desarrollo como la del Congreso de la Unión, al que el Presidente de la República deberá remitir el instrumento referido para su examen y opinión.

En este sentido, cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo recoge las opiniones y propuestas realizadas en los diversos foros de consulta que se llevaron a cabo para su integración, en los cuales se contó con la destacada presencia y participación de integrantes del Congreso de la Unión. Asimismo, el Plan toma en cuenta las opiniones y propuestas de los legisladores federales que fueron enviadas al Ejecutivo Federal durante su proceso de elaboración.

Las opiniones que, en su caso, resulten del examen que esa Soberanía realice al referido Plan, serán tomadas en consideración en el proceso de expedición de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que derivan del mismo, así como en el proceso de revisión que prevé la Ley de Planeación.

Por lo anterior, en cumplimiento del mandato que establece el artículo 5° de la Ley de Planeación, envío a esa Soberanía el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para los efectos legales correspondientes.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

México, Distrito Federal, a 20 de mayo de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confiere el gobierno de los Estados Unidos de América y para prestar servicios en la Embajada de Georgia, en México; asimismo se informa de la solicitud de cancelación de un permiso.

SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS
MÉXICO, D.F., A 14 DE MAYO DE 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H.CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PR0-05616, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Cruz Isaac Muñoz Navarro, pueda aceptar y usar la Condecoración de La Legión del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS
MÉXICO, D.F., A 14 DE MAYO DE 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H.CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0828/13, el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

Olivia Escamilla Márquez

Secretaria Particular

Embajada de Georgia en México

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en el que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE

PUESTO

LUGAR DE TRABAJO

José Antonio Hernández Romero

Guardia de Seguridad

Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Primera Comisión, las solicitudes de permiso; y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, la solicitud de cancelación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, con los que remite:

La información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, correspondiente a honorarios, subsidios, programas de becas y para estudiantes con discapacidad del bachillerato no escolarizado.

Y la información de la Subsecretaría de Educación Media Superior, correspondiente al destino de los recursos federales que reciben los Organismos Descentralizados, para el primer trimestre del ejercicio 2013.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Remítase copia de la documentación descrita a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales, por la que informan su aprobación al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 24 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: Les solicito, señoras y señores legisladores, ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de 23 legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

(Aplausos)

Para referirse a la importancia de esta reforma que en materia de telecomunicaciones acaba de ser declarada como aprobada, los grupos parlamentarios han manifestado su interés de hacer uso de la palabra.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, con su venia señor Presidente; señoras y señores Legisladores:

La reforma al sector de telecomunicaciones, en tiempos no muy lejanos, hubiera sido impensable, el derecho a la banda ancha y a la información objetiva, veraz y confiable trata de erradicar monopolios, y dicho sea de paso, constituye una de las vertientes de la plataforma electoral de Nueva Alianza en el pasado proceso electoral federal 2012.

Esta reforma a un sector tan relevante repercutirá, sin lugar a dudas, en incrementar la competencia económica y acelerará el desarrollo tecnológico.

Será, seguros estamos, una norma que transformará al sector, que si bien ha crecido de manera importante en los últimos años, es altamente deficiente.

La OCDE ha estimado que México tiene una pérdida anual de bienestar económico equivalente al 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto, debiéndose en parte a las deficiencias estructurales en el sector, a la alta concentración, a la falta de competencia, a la insuficiente penetración, a los elevados costos y precios y a una infraestructura precaria.

El mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión presenta claros rezagos de dominancia. Una sola compañía ocupa el 80 por ciento de la telefonía fija y el 70 por ciento de la telefonía móvil, mientras que otra empresa acapara el 70 por ciento de la televisión abierta.

La incipiente participación de nuevas empresas en los últimos años en el sector ha repercutido positivamente en la evolución de las tarifas. No obstante, no hay que olvidar que siguen siendo de las más altas dentro de la OCDE.

Al aprobarse la nueva reforma al sector, traerá por sí mismo un mayor número de empresas y una mayor competitividad, proporcionando la facilidad de que cada vez más mexicanos tengan acceso a los diferentes segmentos de las telecomunicaciones con el consecuente impulso a la productividad de los individuos y, por ende, del país.

Señoras y señores legisladores, coexisten diversos niveles de desarrollo en el país en materia de telecomunicaciones. No se puede hablar de la misma presencia en el norte que en el sur y en el centro.

La legislación secundaria será un asunto imperante de esta Legislatura, sólo se podrán medir los logros al revertir los resultados de los múltiples indicadores.

Si muestra esta reforma crecimiento dinámico en los ingresos y en las cifras consolidadas y acerca a las telecomunicaciones a todas las poblaciones del país, teniendo como objetivo el lograr una sociedad de la información inclusiva, habremos hecho lo correcto.

Nueva Alianza reconoce la trascendencia de las reformas a las telecomunicaciones en aspectos como la ampliación de los derechos fundamentales de los mexicanos, garantizando que cada vez más mexicanos tengan el derecho de acceso a las tecnologías de la información, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha.

Se tiene que garantizar en la legislación secundaria que la red troncal de telecomunicaciones que se anuncia, verdaderamente promueva y sea la vía para garantizar el acceso universal a la banda ancha.

Que la política de inclusión digital contemple metas claras y medibles en materia de infraestructura y conectividad, teniendo como objetivo principal abatir el analfabetismo digital.

Es así como el grupo de Nueva Alianza siempre ha estado a favor de esta reforma y de esta implementación en materia de telecomunicaciones, porque contienen, desde nuestro punto de vista, una transformación estructural de este sector. Además fortalece derechos fundamentales como el de expresión y acceso a la información, porque busca ordenar el sector con base en reglas de competencia, porque se plantea la inclusión digital universal y porque sienta las bases para que el Estado ejerza la rectoría en este sector estratégico.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado González Roldán.

Tiene ahora el uso de la voz el Diputado Ricardo Monreal Avila, del Partido Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos Legisladores:

Nada qué festejar.

Nada tenemos qué festejar en esta reforma a las telecomunicaciones. Nosotros lo afirmamos, esta reforma es producto de la maquinación de las élites políticas, de las élites económicas y de la partidocracia aglutinada en el Pacto por México. Instituciones ominosas que en estos primeros meses de gobierno han logrado mancillar a las instituciones republicanas, al Congreso y a la democracia. Es una guisa sin precedentes.

Nosotros votamos en contra de esta reforma, lo hicimos con argumentos, lo hicimos con razones, no se quisieron atender, no se quisieron escuchar.

Esta reforma pudo haber constituido un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no se quiso hacer así.

Esta reforma adolece de premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garantice el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad.

Es una reforma a modo, como la educativa, que tanta inconformidad social ha desatado. Como la laboral, que tanta injusticia va a provocar a los trabajadores de este país y está orientada a beneficiar a un sector, el sector oligárquico en materia económica.

Tal es el caso de permitir la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, cuestión totalmente absurda, tomando en cuenta la mucha mayor relevancia del sector en las telecomunicaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, libre manifestación de las ideas, acceso a la información y los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Por eso nosotros votamos en contra, y lo hicimos porque esta reforma es parcial, lo hicimos porque esta reforma es incompleta, lo hicimos porque esta reforma es una reforma engañabobos.

Nosotros no caemos en ese cuento, lo que el país necesita es una verdadera reforma en materia de telecomunicaciones.

No se definió porcentaje para radio comunitaria ni indígenas, se ignoraron las radiocomunitarias que existen en el país y, por tanto, el control sobre las radios en el país será todavía mayor.

Por eso me parece que fue un retroceso.

Tampoco admitimos que se haya desnaturalizado el Amparo, porque al suprimirle la suspensión provisional de los actos reclamados de la autoridad, prácticamente se desnaturaliza esta institución que tanta admiración había causado en el mundo, y de esa manera se somete a los concesionarios a actuar en razón de los intereses del gobierno y no en razón de los intereses de la sociedad.

Pero, además, el Internet no es universal, el acceso a él es otro engaño, no se hará realidad.

El acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación no se garantiza como fue el mandato y lo establecido por la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea celebrada el 1 de junio de 2011 en donde se declaró como un derecho humano fundamental para ser una herramienta para favorecer el crecimiento y el progreso de la sociedad, el derecho a la información.

Es decir, ni aún siquiera logramos darle congruencia a los mandatos, leyes, tratados de los organismos internacionales a los que pertenecemos.

Por eso, lo único que advertimos es que hay prisa en esta materia, y hay prisa porque quienes pagaron la campaña del PRI ahora exigen el pago justo, van a ver quién se quedará con las telecomunicaciones, van a ver cómo será desnaturalizado este proceso.

Nosotros votamos en contra, actuaremos en congruencia, esta reforma es otra reforma que favorece a la oligarquía económica, es otra reforma que favorece a un sector y, sobre todo, es otra reforma que se inscribe es lesiva para los mexicanos, como la laboral, como la educativa, es una reforma, señores y señoras, engañabobos, allá ustedes.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia, compañeros Legisladores:

Nuestro grupo parlamentario fue muy crítico en la aprobación de esta reforma, porque consideramos que tuvo retrocesos importantes y muchas limitaciones. Entre los grandes retrocesos que tuvo fue el permitir la extranjerización de nuestros medios de comunicación.

En el debate que dimos en la Cámara de Diputados recordamos cómo la ITT jugó un papel determinante en el golpe de Estado en Chile que se dio al Presidente Salvador Allende. Fueron públicos los documentos secretos de la intervención de esta empresa de las comunicaciones, primero, para tratar de evitar de manera injerencista que ganara las elecciones el Presidente Salvador Allende, y después, para promover el golpe de Estado que se ejecutó en este país hermano de Latinoamérica; y nosotros ahora abrimos la puerta para que en materia satelital se invierta hasta 100 por ciento por este tipo de empresas, que es un área estratégica el asunto de las comunicaciones. Si preguntamos a cualquier militar sobre lo importante que son las comunicaciones para la soberanía de un país, pues nos vamos a dar cuenta de que dejar las comunicaciones en intereses extranjeros lesiona gravemente la soberanía del país; además, si leemos el libro de ese intelectual norteamericano Chomsky, que se llama “La Propaganda Silenciosa”, nos damos cuenta de cómo hay toda una estrategia desde las agencias de inteligencia norteamericanas para el control ideológico de su pueblo y de los pueblos donde ellos tienen influencia, donde ejercen su papel imperialista para seguir implementando sus políticas de dominio económico, y dentro de esta estrategia mucho tiene que ver el asunto del control de los medios de comunicación masivos en los países donde ellos tienen intereses económicos.

Entonces, con esta legislación abrimos esta posibilidad, y así como sucedió con los bancos, de que primero se permitió hasta el 40 y tantos por ciento, y después, más allá del 50 por ciento, y hoy tenemos una banca, en su mayoría, extranjera, así va a pasar también con los medios de comunicación, van a empezar a comprar empresas de mexicanos y cada vez vamos a tener más medios de comunicación directamente controlados por empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas.

Y nosotros señalábamos que una reforma muy importante que se dio en materia de comunicaciones fue en Argentina, donde en Argentina, después de una amplia consulta a la población y con los expertos, una de las medidas que tomaron en su legislación fue dar porcentajes a los diferentes sectores de la sociedad, democratizando la propiedad de los medios de comunicación.

De tal manera que un porcentaje se dio a las empresas públicas controladas por el gobierno, otro porcentaje a las empresas privadas, otro porcentaje a las empresas del sector público, y esto permite un equilibrio en la propiedad de los medios de comunicación, una democratización en la propiedad de los medios de comunicación que es muy importante, porque como bien señalaba el Presidente, hace aproximadamente un mes, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, la libertad de prensa, desde la invención de la imprenta, es la libertad de los dueños de los medios de comunicación para expresarse, son los que definen la línea editorial de estos negocios, de estas empresas.

Entonces, si están concentradas en unas cuantas manos, pues no vamos a tener una libertad de expresión auténtica en nuestra sociedad, y desafortunadamente es una de las limitaciones que tenemos en esta reforma, donde a diferencia de Argentina, no señalamos porcentajes para los diferentes sectores de la población en la propiedad de los medios de comunicación que permitiera una auténtica democratización de estos medios.

Fundamentalmente son algunos de los señalamientos que queríamos hacer, sobre todo, porque consideramos que tuvimos una gran oportunidad de avanzar en un área estratégica para la construcción de la democracia en nuestro país, y no lo hicimos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado Cantú Garza.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vengo a manifestar nuestro beneplácito por esta declaratoria de publicidad de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, y sobre todo, a felicitar a esos 23, o al menos 23 congresos estatales que ya aprobaron en el seno de su soberanía esta importantísima reforma.

Es una reforma que ya varios han señalado en muchas oportunidades aquí mismo en esta tribunas, el primer orador que me antecedió manifestó varios aspectos importantes de la reforma. Diversos legisladores se manifestaron en ese sentido durante las discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no queda ninguna duda de por qué es realmente importante para los mexicanos que esta reforma entre en vigor.

Hoy, como muchos de ustedes ya saben, México se compara desfavorablemente en términos de penetración de los servicios de telecomunicaciones, en particular de telefonía fija, telefonía móvil, servicios de banda ancha. Y no sólo eso, se compara desfavorablemente también en las velocidades de acceso a la banda ancha de las que pueden gozar los mexicanos.

Y todo esto se deriva de un deficiente marco legal, de un deficiente arreglo institucional que ha provocado que en México vivamos, desde hace muchos años, un problema de ausencia de competencia efectiva que ha actuado en perjuicio de los mexicanos y, sobre todo, en perjuicio de su bienestar económico.

La OCDE ha señalado recientemente que esta ausencia de competencia efectiva en nuestro país genera un costo en bienestar para los mexicanos de cerca de 26 mil millones de dólares anuales que no podemos seguir dándonos el lujo de seguir ocasionando estas pérdidas a los bolsillos de las familias de nuestro país.

Esta misma ausencia de competencia efectiva se traduce en que México se compara muy desfavorablemente frente a los países de la OCDE, por ejemplo, en indicadores de inversión, en infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. Nos ubicamos prácticamente a un tercio del promedio de lo que invierten los países de la OCDE en este sector.

Es necesario, por lo tanto, corregir de fondo, corregir de manera profunda los obstáculos que están ocasionando que haya esta ausencia de competencia efectiva. La reforma atiende de manera importante esta cuestión, ya mencioné el tema del deficiente arreglo institucional, con la reforma se corrige, se crean dos órganos constitucionalmente autónomos que van a tener la suficiente fuerza para poder darle eficacia a sus decisiones y, por lo tanto, para que sus regulados las caten con mayor oportunidad y ello se traduzca en un beneficio más oportuno para los mexicanos, cosa que hoy no ocurre.

Se introducen también, como ya se ha dicho, varios conceptos en nuestra Constitución que ya están presentes en algunos marcos legales de otros países, pero que en el caso de nosotros, por no haber estado previstos quizá a nivel constitucional, han sido un pretexto perfecto o un argumento perfecto para los regulados, para impedir que las decisiones de los órganos reguladores tengan la eficacia que se propone que tengan.

Se corrige el deficiente arreglo institucional, se prevé ya en la Constitución el libre acceso de los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones, a los servicios de radiodifusión y a los servicios de banda ancha, incluido el Internet. No tengo ninguna duda que en el corto, mediano y largo plazo México estará mucho mejor que hoy, México corregirá el rumbo, y celebro también que hoy, que también se hace el anuncio del oficio de la Comisión de Gobernación por la cual se da cuenta del Plan Nacional de Desarrollo a esta Soberanía, podamos constatar que el Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el Ejecutivo Federal, esté perfectamente alineado con los objetivos de esta reforma constitucional.

Yo lo celebro, estoy seguro que en los siguientes años el Congreso y el Ejecutivo Federal vamos a poder dar eficacia en el marco legal para que se corrijan muchas de las deficiencias que hoy aquejan a los mexicanos en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, que lamentablemente permea de manera transversal a otros sectores, que son los sectores que generan satisfactores para los hogares, como los servicios educativos y los servicios de salud.

Celebro nuevamente esta reforma y exhorto a todos los mexicanos, y en especial a la industria de telecomunicaciones y de radiodifusión, para que se apeguen de manera fiel a los principios de esta reforma constitucional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene ahora el uso de la voz la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros Legisladores:

En el grupo parlamentario del PRD celebramos la declaratoria constitucional de una de las reformas más importantes de este siglo, y es una de estas reformas no solamente porque está marcada por la modernidad tecnológica, sino por el reto que implicó en el trayecto político que tuvimos que desahogar para poder avanzar en este proceso.

Con este acto el Congreso de la Unión culmina el proceso legislativo de reforma constitucional en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. El grupo parlamentario de la Revolución Democrática ha participado, como todos ustedes saben, de manera activa, de manera muy activa en este proceso.

No solamente por la importancia que reviste el poder garantizarle a los mexicanos, a partir de esta reforma, el acceso a la tecnología, el poder garantizarles el acceso a lo que hoy conocemos como Internet, el poder garantizar el derecho de las audiencias, que fue y ha sido un tema en el que hemos creído como izquierda, como grupo parlamentario, sino además por nuestra convicción de fortalecer el papel del Estado en un sector que es prioritario, que es estratégico para el desarrollo económico de nuestro país.

Pero sobre todo, nos ha movido para participar en este proceso nuestro interés, nuestra convicción de anteponer el bien común al interés individual. Porque en este proceso, como lo hemos señalado, logramos tocar lo que se pensaba intocable, nos referimos a los monopolios, nos referimos a la posibilidad de dar vida, de sustituir estos órganos autónomos y dotarlos de facultades para que puedan garantizar la verdadera competencia, para que puedan garantizar la no existencia de concentración en una materia que ha sido tan criticada y que ha sido tan lastimosa para el avance en nuestro país.

También hemos dicho que éste no es un tema que se remita solamente al aspecto tecnológico, es un tema que va más allá de cables, va más allá de tecnología, es un tema que puso a prueba nuestra capacidad como legisladores para hacer política, para ponernos de acuerdo. Todo mundo sabe que fue el Ejecutivo Federal quien hizo llegar esta propuesta, esta iniciativa, al Congreso, arropado por la mayoría o las fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país, y que fue un proceso, algunos reconocemos que polémico, pero donde finalmente se confirmó que el Legislativo jugó su papel para modificar, para complementar, para revisar el trabajo que el Ejecutivo nos hizo llegar.

Estamos, además, reconociendo que falta mucho por hacer, faltan muchas cosas en las que hay que trabajar todavía para hablar de un trabajo completo, pero en el PRD decidimos avanzar.

Por eso reconocemos y saludamos esta conclusión, la conclusión de esta primera etapa, y también hemos comentado que es con esta primera etapa que el Congreso logre establecer el que y nuestro reto está precisamente en el camino, ahora vienen los comos. Por eso queremos aprovechar nuestra presencia aquí en la Permanente, y convocar a este Congreso para que en este trayecto podamos ponernos de acuerdo, podamos generar los consensos que nos permitan construir una ruta para sentar las bases de un trabajo coordinado y poder iniciar este proceso en tiempo y forma, estos 180 días en los que tendremos que construir, tendremos que trabajar sobre la Ley Secundaria, la ley reglamentaria.

De parte del PRD, nuestro reconocimiento, pero sobre todo nuestro compromiso para colaborar de nueva cuenta para colaborar en esta siguiente etapa, la ley Secundaria.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias a usted, Senadora Barrales Magdaleno.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Rubén Camarillo Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- El C. Diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros.

Tuvo que pasar mucho tiempo, 15 años, desde que la primera propuesta de reforma al sector de telecomunicaciones fuera puesta sobre la mesa en el Congreso de la Unión, nos congratulamos que finalmente esta reforma estructural de fondo y a fondo haya cumplido el proceso constitucional para que sea una realidad.

Voy a hacer un sumario muy rápido de lo que me parece más relevante de esta iniciativa y terminar con una reflexión.

Primero, qué es lo que hicimos, a mi juicio, hemos planteado un sector de telecomunicaciones modernas, plurales, y además lo hemos establecido como un derecho humano.

Hemos planteado también de manera muy clara en la Constitución que uno de los principios básicos es la protección de la libertad de expresión y la manifestación de las ideas.

Y para ello, entre otras cosas, hemos planteado una regulación eficaz y eficiente de una industria de telecomunicaciones que pretende y debe de ser, como lo planteamos en la Constitución, un servicio tanto el de radiodifusión como el de telecomunicaciones, pero además con características muy específicas como en medio de un ambiente de competencia, de calidad, de pluralidad, de beneficio a la cultura, en donde el ciudadano sea el centro de estos beneficios. Para ello, sin duda, creamos instituciones como el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía y atribuciones plenas de un regulador eficiente y que le permita actuar en consecuencia en un sector tan complicado como es el de telecomunicaciones.

Y así, podría yo estar haciendo un resumen apretado de lo que ya aquí mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra traen como beneficio de esta gran reforma.

Pero yo quiero terminar mi participación haciendo una reflexión a mis compañeros del PRI, a mis compañeros del PRD y a los demás partidos políticos y, por supuesto, a mis compañeros del PAN.

Y particularmente quiero hacerlo en esta tribuna, porque es importante que se sepa cuáles son las motivaciones del Partido Acción Nacional y de sus legisladores para estar participando en el Pacto.

Déjenme decirles, compañeras y compañeros, yo estoy preocupado por la suerte del Pacto por México, estoy preocupado porque no se puede con una mano invitar a sentarse a la mesa de negociación a favor de México y con la otra estar con el garrote electoral preparando un gran fraude electoral el 7 de julio.

Con la firma del Presidente Peña Nieto en el adéndum del Pacto por México está comprometida no sólo la palabra presidencial, sino también lo que conlleva a esto, en la vida institucional de nuestro país.

Yo me hago una pregunta y quiero hacérselas a todos y cada uno de ustedes, particularmente a nuestros amigos de la izquierda, la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos es si los gobernadores del PRI, quienes muchos de ellos actúan como virreyes en sus estados, están dispuestos a respaldar el honor de la palabra empeñada por el señor Presidente de la República.

La pregunta que no hacemos es si dentro del propio gobierno federal y particularmente de las dependencias que manejan recursos que han sido usados históricamente por el gobierno priísta para aceitar la maquinaria electoral de su partido, ¿están dispuestos a hacerle caso a su jefe, al Presidente de la República, empezando por la Secretaría de Desarrollo Social?

Esa pregunta la traigo en mi cabeza en las últimas semanas.

Déjenme decirles, más grave aún sería del discurso de no te preocupes Rosario, sea el único y verdadero rostro de la conducta de un gobierno que estuviera dispuesto a ser cómplice de su partido en un megafraude electoral.

Creo que es el momento de hacernos esas preguntas, porque hoy podemos darnos cuenta en esta tribuna que los partidos de oposición en este país hemos hecho la chamba, hemos hecho la tarea, hemos acompañado las grandes reformas que este país necesita, pero a cambio qué, cómo salir a explicar que seguimos siendo una oposición responsable y no colaboracionista como de pronto nos acusan.

Yo sé que a mis amigos priístas no les gusta escuchar estas reflexiones, pero hay que decirlo tantas veces sea necesario, porque está en riesgo la vigencia futura de un instrumento muy eficaz y muy valioso de acuerdo político que es el Pacto por México. Los panistas nos hemos sentado de nueva cuenta en este Pacto no porque no tengamos duda del comportamiento electoral en las próximas semanas, sino lo hemos hecho porque conocemos y sabemos que el faro guía de nuestra conducta política debe ser el bien común en nuestro país.

Hoy sólo son especulaciones sustentadas en pruebas fehacientes que se muestran en el caso de Veracruz, las respuestas tendrán que venir pronto y serán sus propios actos los que nos dirán o no si hay la verdadera convicción del Presidente de la República y de su partido, de actuar congruentemente en este próximo proceso electoral.

Quiero dejarlo muy claro porque me parece que es importante que lo escuchen, en particular nuestros compañeros priístas aquí en este recinto, tomen este gesto de buena voluntad de los panitas que nos hemos vuelto a sentar a la mesa de negociaciones del Pacto, pero no pretendan engañarnos, porque entonces será el Presidente de la República y su partido quienes habrán sepultado el Pacto y habrán traicionado no a los panistas, sino a todos los mexicanos, pues habrán cancelado las grandes reformas estructurales que aún siguen esperando la oportunidad de que seamos capaces de ponernos por encima de nuestras naturales diferencias de partido y pongamos a México en el epicentro de nuestras decisiones. Esa reflexión, compañeros, se las dejo aquí, porque esta reforma en materia de telecomunicaciones demuestra que sí podemos hacer las cosas, pero debe de haber respeto de por medio, si las próximas semanas su conducta electoral no es la que esperan, no los panistas, sino los mexicanos, entonces ustedes mismos habrán puesto en un predicamento al Pacto por México.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Muchas gracias, Diputado Camarillo Ortega.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

- El C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, señor Presidente.

Tenga la certeza que no va a tener que llamarme la atención para apegarme al tema. Vengo a hablar sobre el Decreto que el día de hoy le damos constitucionalidad al mismo, en virtud de la reforma en telecomunicaciones y competencia económica.

En primera instancia, y es importante sobresalir, sobresaltar el tema, que es qué, ¿de dónde proviene esta reforma constitucional? Proviene de una iniciativa presentada por el Presidente de la República en el marco del Pacto por México con el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la que fue la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Como testigos de honor suscribieron esa iniciativa los Presidentes de los partidos políticos mayoritarios en este país, es decir, lo que el día de hoy se emite como declaratoria de constitucionalidad es producto del trabajo y del consenso y del acuerdo. Eso es lo primero que tenemos que sacar adelante, es lo primero que tenemos que resaltar de esta reforma.

Por otro lado, felicitar a las legislaturas locales porque con total respeto y apego a la Constitución emitieron, más de 20 de ellas, la aprobación de esta reforma constitucional.

De los temas de cada uno de los conceptos contenidos en la reforma, creo que ya todos hemos hablado mucho, pero debemos de resaltar el concepto de productores independientes, recuerdan que era un tema que no salía a la luz pública, está inmerso en la Constitución, está inmerso para que la radiodifusión pública lo considere dentro de sus contenidos.

De igual modo, podemos señalar la igualdad entre hombres y mujeres, prevista de manera expresa en la Constitución, y que se establece dentro de los contenidos de esa radiodifusión pública del país.

Por otro lado, se precisa de manera muy clara qué tipo de concesiones podrá otorgar el Instituto Federal de Telecomunicación para uso público, privado y social, y derivado de una propuesta de modificación del dictamen, en su momento emitido por Cámara de Diputados, y modificado en el Senado de la República, se precisa de manera muy clara, en la que se incluye la radio comunitaria e indígena.

Díganme ustedes ahora, ¿por qué la oposición a este Decreto?

Por otro lado, se plantean principios muy claros de telecomunicación y de radiodifusión que son: Competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, veracidad de la información, fomento de valores en la identidad nacional que tanto requiere este país.

Las telecomunicaciones serán accesibles para todos los mexicanos con tarifas competitivas a nivel internacional.

Se crean 2 órganos reguladores: el primero de ellos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el segundo, la Comisión Federal de Competencia Económica.

Y qué bueno que hace algunos momentos la Senadora, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, precisó aquí que se nos viene mucho trabajo por delante, trabajo en el cual debe prevalecer el acuerdo y el consenso.

Quiero recordarles que, si como se espera, en este mismo mes de mayo es publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, antes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, tendrá que estar conformado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.

Los entes que van a hacer las propuestas correspondientes al Ejecutivo Federal, tienen 60 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para realizar las propuestas conducentes, que serán evaluadas por el Senado de la República.

De igual modo tenemos, en este mismo año, que resolver las leyes secundarias, indiscutiblemente, leyes secundarias que regulen el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y tipos penales contra las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración.

Parte de esta reforma es una mayor competencia económica y un no a los monopolios. A su vez regular la prohibición de difundir publicación engañosa, y como antes lo señalaba, la producción nacional independiente.

El día de hoy, compañeros, tenemos el fruto del trabajo del acuerdo y del consenso en este país.

El grupo parlamentario del PRI, una vez más exhorta a todos los legisladores del país y a todas las fuerzas políticas a que sigamos trabajando por México, que nuestra prioridad sea México, y siempre que sea el interés nacional lo que prevalezca, tengan la seguridad que acuerdos como hoy va a ser el común denominador en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Gutiérrez de la Garza.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua una INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

“LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2012-2013

Oficio N° 1777-1/13 II P.O.
Chihuahua, Chih., a 23 de abril de 2013.

DIP. FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESODE LA UNION
AV. CONGRESODE LA UNION No.66
COL. EL PARQUE
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F., C.P. 15960

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 673/2013 IIP.O., así como del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el H. Congreso de la Unión, Iniciativa con carácter de Decreto, para reformar el tercer párrafo del artículo 27delaLey Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo No Reelección
El Presidente del H. Congreso del Estado

Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya”.

“ACUERDO No.
673/201311 P.O.

LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DELESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

PRIMERO.- Formular ante el H. Congreso de la Unión, Iniciativa con carácter de Decreto, para reformar el tercer párrafo del artículo27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

“Artículo 27.- Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los vías férreos concesionados, se requerirá la aprobación previa de lo Secretaría, del proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados con los obras que pretendan ejecutarse.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que los concesionarios realicen paro la conservación y buen funcionamiento de !os vías férreos concesionados, en el entendido de que informarán olo Secretaría en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación. Cuando debido al crecimiento urbano, las vías férreas queden dentro de centros de población, la Secretaría deberá construir los accesos y cruzamientos que permitan la entrada y salida de personas y vehículos, para lo cual podrá celebrar contratos de colaboración con los Estados y Municipios. El concesionario deberá contribuir en la realización de las obras”.

TANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo y del Dictamen que le dio origen, al H. Congreso de la Unión, para los efectos delartículo71, fracción 111de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de abril de2013.

Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya, Presidente.- Dip. Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria.- Dip. César René Díaz Gutiérrez, Secretario”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el informe de actividades de la Reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 25 y 26 de abril del año en curso, en Cuenca, Ecuador.



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 176 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Uno de los temas que tienen preocupados a sociólogos y a quienes son responsables de la aplicación de políticas públicas, es el crecimiento y el envejecimiento de la población.

Hay estudios que establecen que en México, dentro de 40 años, habrá más adultos mayores que jóvenes. Esto significa que aproximadamente hasta el año 2050, en el territorio mexicano habrán de vivir más de 36 millones de personas mayores de 60 años, mientras que el segmento de la población de entre 15 y 19, será sólo de 27.9 millones. Estas cifras se acompañan de otro dato interesante que nos debe de hacer reflexionar, y es el hecho de que la esperanza de vida alcanzará para esta misma fecha la edad de 82 años, es decir, 10 años más que la registrada hasta el año 2000.

Y justamente por estos datos, y por esta previsión que se está haciendo, deriva la relevancia de la iniciativa que voy a someter a consideración de ustedes, pidiéndoles que legislemos para aprobar reformas que permitan a los mexicanos y a las mexicanas contar y asegurar un mejor futuro, por lo menos un futuro más desahogado que les permita calidad de vida y vivir en plenitud su madurez.

Acudo, entonces, bajo estas premisas ya planteadas, a presentar una iniciativa que busca reformar la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de aportaciones voluntarias a las AFORES con la finalidad de robustecer el sistema de ahorro en las cuentas individuales de los trabajadores, quienes a través de esta herramienta podrán contar con pensiones más dignas, que contribuyan, como ya lo señalamos, a su bienestar integral.

Amigas y amigos Legisladores, yo estoy convencida de que fortalecer el ahorro interno implica fortalecer también la suma del ahorro público y del ahorro privado.

El gobierno federal trabaja actualmente en este tenor, para que en el otorgamiento de más y mejores créditos, se acompañe de una cultura que vaya creciendo en materia de ahorro público.

Para nadie es desconocido que el impacto del ahorro voluntario en las AFORES, por ejemplo, es aún muy bajo en proporción a los recursos que administran. Hasta enero de este año, las AFORES administraron en el país un montón de recursos de más de 2 billones 857 mil 262 millones de pesos, de éstos, menos del 0.5 por ciento fue debido al ahorro voluntario, esto claramente refleja un área de oportunidad en el que podemos incidir a través de ese planteamiento de reformas que estamos presentando ante ustedes. En la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, reportó números positivos, pues al cierre de 1999 las aportaciones voluntarias alcanzaron una cantidad tal que nos permite pensar que mediante mayores incentivos podemos incrementar estas cifras.

Acudo, entonces, a esta tribuna para incorporar un instrumento fiscal que estimule las aportaciones complementarias de retiro, así como las aportaciones voluntaria realizadas a las subcuentas correspondientes.

La propuesta que estamos haciendo, es que el monto de la deducción voluntaria, de parte de los trabajadores, será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio reportado, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Estas aportaciones, estamos planteándolo en nuestra iniciativa, deberán ser deducibles de impuestos, para con ello cerrar este círculo virtuoso de estímulo del ahorro, en donde todos ganan.

Ganarán, por supuesto, las finanzas nacionales, las cuentas de ahorro de los trabajadores y de manera posterior, en el momento de su retiro, las trabajadoras y los trabajadores que a través de este instrumento, mediante la deducibilidad estimule su ahorro, podrán contar con pensiones más dignas que les permitan afrontar de mejor manera su vejez.

Una de las formas de crecer y de progresar como país, es ciertamente que los segmentos de la población tengan mejores y más dignas condiciones de vida.

Por su atención y por el respaldo a la iniciativa, muchísimas gracias a todos ustedes.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Ortiz González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1o. Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 8 BIS; 8 TER; Y 8 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente y amigo.

Vengo a presentar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que busca la creación de dos instrumentos que acompañen al Presidente de la República, en la formulación y ejecución de la política exterior.

La primera, es la creación de la Oficina de Asuntos Internacionales, y la segunda, es la creación del Consejo Consultivo, que la acompañe.

Esta iniciativa ha cuidado que no se vulneren de ninguna manera las facultades establecidas en el artículo 1o. y que acompañe, también, su ejecución basado en los principios constitucionales establecidos en el mismo artículo.

Y acompaña al Presidente de la República, porque la actividad internacional del Estado mexicano, es cada vez más demandante en nuestro actual contexto de globalización y acelerados cambios del sistema internacional. Exige que el Presidente de la República cuente con un respaldo institucional, que le apoye en las funciones de dirección y formulación de la política exterior. Es en rigor, la política pública orientada a la defensa y promoción de los intereses de los Estados en el exterior. Pero en un Estado democrático, como el nuestro, la definición de los intereses nacionales, no puede seguirse concibiendo como una atribución que el Presidente de la República ejerce en la soledad de su despacho. Sin duda, se trata crecientemente de una empresa de Estado, sustentada en grandes consensos nacionales, en la identificación de las prioridades y en la definición de la posición y el papel que estamos llamados a ocupar como nación en el contexto internacional.

Los retos que enfrentamos como una de las economías más grandes del mundo, como una potencia cultural y como un relevante actor diplomático en el concierto regional y global, requieren de una agenda que rescate la política exterior, en definitiva, del riesgo latente de convertirse en una política de intereses coyunturales o de grupo. Más aún, exige que el Presidente de la República, sin menoscabo de la capacidad técnica de los funcionarios de la Administración Pública Federal incluidos los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuente con la asesoría idónea para ejercer esta facultad y velar por su adecuada instrumentación.

La creación de una Oficina de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República obedece a esta apremiante necesidad y a la vez a la urgencia de dotar de formalidad jurídica e institucional a un despacho que informalmente se había constituido en distintos sexenios. Mediante esta iniciativa se busca no sólo su institucionalización, sino además, dotarle de funciones específicas, de una integración concreta y de las herramientas indispensables para su operación. No se trata, de ninguna manera, de restarle atribuciones a ninguna dependencia pública ni menoscabar el trabajo que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores sino, en todo caso, de plasmar en la ley y dotarle de identidad jurídica plena a la oficina que se encarga, de facto, de auxiliar al Presidente en el ejercicio de esta prerrogativa constitucional.

De esta manera, no sólo contará el Presidente con la asesoría debida para la formulación de la política exterior, la definición de la agenda internacional del Estado mexicano y la coordinación de la misma, por parte de las distintas agencias del gobierno federal. No es un dato menor advertir que la intensa actividad de interacción internacional del país ha terminado por incorporar, prácticamente, a todas las Secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales a actividades en el ámbito exterior.

Además, la iniciativa prevé que el Presidente cuente con un respaldo especializado para el desempeño de una tarea esencial a la que, sin embargo, le ha dado poca relevancia. Me refiero al análisis de prospectiva, planeación estratégica y construcción de escenarios que le permitan a la política exterior dejar de ser una herramienta reactiva y casuística y comience a operar en un contexto de largo plazo tal y como lo hacen entidades semejantes en el mundo.

Otro punto central en este sentido será la creación de un Consejo Consultivo de Política Exterior. Debo señalar, que ha habido en el pasado muchos otros legisladores que han propuesto la creación de este Consejo Consultivo. Deberá estar integrada esta oficina, y desde una perspectiva plural, por expertos, funcionarios, académicos, legisladores, empresarios, un embajador eminente, un embajador emérito y el cónsul de México en Los Angeles; representantes de distintos sectores de la sociedad civil, para auxiliar al Presidente sobre el adecuado ejercicio de sus competencias en materia de política exterior.

Debo decir que la intención es que estos cargos sean honoríficos y no tengan una afectación presupuestal para la Federación.

Corresponderá al Consejo, como órgano colegiado, celebrar reuniones periódicas a fin de emitir recomendaciones al Presidente de la República así como aconsejarle en el establecimiento y elaboración de directrices y estrategias no vinculantes que permitan alcanzar los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el particular.

Sin duda se trata, con esta innovación institucional y en concordancia con los principios constitucionales establecidos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, de contar por un lado con el respaldo idóneo para el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad y, por el otro, con un órgano colegiado de consulta y consenso a fin de recoger las demandas y posicionamientos de los distintos sectores de la sociedad en la planeación, formulación e implementación de la política exterior de México.

Señor Presidente, yo le pediría fuera integrado el texto íntegro de esta iniciativa al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, Adriana González Carrillo, Diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1 y adicionan los artículos 8 BIS; 8 TER; y 8 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 89, fracción X, de la Constitución establece como facultad y obligación del Presidente de la República la de “dirigir la política exterior y celebrar Tratados Internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado”. “En la conducción de tal política -sigue el numeral referido- el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Para la implementación de esta facultad, el Presidente de la República se auxilia de la administración pública federal y notablemente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No obstante, éste apoyo subsidiario en materia de relaciones diplomáticas y, en general, en el desahogo de los compromisos internacionales de México no puede tomarse como un respaldo institucional y de Estado en la dirección o formulación de la política exterior. La política exterior, nos recuerdan múltiples constitucionalistas, es a quien constitucional y políticamente corresponde la facultad de dirección de la política exterior. Ésta facultad que recae exclusivamente en la persona del titular del Poder Ejecutivo Federal emana directamente de la naturaleza de nuestro sistema presidencial y de la historia diplomática de nuestro país. No es ajena, en este sentido, a la tradición y el sistema jurídico de muchos otros países del mundo.

Sin embargo la actividad internacional del Estado Mexicano, cada vez más demandante en el actual contexto de globalización y acelerados cambios del sistema internacional, exige que el Presidente de la República cuente con un respaldo institucional que le apoye en sus funciones de dirección y formulación de la política exterior. La política exterior es, en rigor, la política pública orientada a la defensa y promoción de los intereses de los Estados en el exterior. Pero en un Estado democrático como el nuestro la definición de los intereses nacionales no puede seguirse concibiendo como la atribución que el Presidente de la República ejerce en la soledad de su despacho. Sin duda, se trata crecientemente de una empresa de Estado, sustentada en grandes consensos nacionales, en la identificación de prioridades y en la definición de la posición y el papel que estamos llamados a ocupar en el concierto internacional.

Los retos que enfrentamos como unas de las principales economías del mundo, como gran potencia cultural y como un relevante actor diplomático en el contexto regional y global requieren de una agenda que rescate a la política exterior, en definitiva, del riesgo latente de convertirse en una política de intereses coyunturales o de grupo. Más aún exige que el Presidente de la República, sin menoscabo de la capacidad técnica de los funcionarios de la administración pública federal incluidos los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuente con la asesoría idónea para ejercer esta facultad y velar por su adecuada instrumentación.

En efecto, la creación de una Oficina de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República obedece a esta apremiante necesidad y a la vez a la urgencia de dotarle de formalidad jurídica e institucional a un despacho que informalmente se había ya constituido en distintos sexenios. Mediante esta iniciativa se busca no sólo su institucionalización sino además dotarle de funciones específicas, de una integración concreta y de las herramientas indispensables para su operación. No se trata, de ninguna manera, de restarle atribuciones a ninguna dependencia pública ni menoscabar el trabajo que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores sino, en todo caso, de plasmar en la ley y dotarle de identidad jurídica plena a la Oficina que se encarga, de facto, de auxiliar al Presidente en el ejercicio de ésta prerrogativa constitucional.

De esta manera, no sólo contará el Presidente con la asesoría debida para la formulación de la política exterior, la definición de la agenda internacional del Estado Mexicano y la coordinación de la misma por parte de las distintas agencias del gobierno federal. No es un dato menor advertir que la intensa actividad e interacción internacional del país ha terminado por incorporar a prácticamente todas las Secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales a actividades en el ámbito exterior.

Además, la iniciativa prevé que el Presidente cuente con respaldo especializado para el desempeño de una tarea esencial a la que, sin embargo, se le ha dado poca relevancia. Me refiero al análisis de prospectiva, planeación estratégica y construcción de escenarios que le permitan a la política exterior dejar de ser una herramienta reactiva y casuística y comience a operar en un contexto de largo plazo tal y como lo hacen entidades semejantes en el mundo.

Otro punto central en este sentido será la creación de un Consejo Consultivo de Política Exterior, al interior de ésta Oficina, que integrado desde una perspectiva plural por expertos, funcionarios, académicos, legisladores, empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad civil auxiliarán al Presidente sobre el adecuado ejercicio de sus competencias en materia de política exterior. Corresponderá al Consejo como órgano colegiado celebrar reuniones periódicas a fin de emitir recomendaciones al Presidente de la República así como aconsejarle en el establecimiento y elaboración de directrices y estrategias que permitan alcanzar los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el particular.

Sin duda se trata, con esta innovación institucional, y en concordancia con los principios constitucionales establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución, de contar por un lado con el respaldo idóneo para el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad y, por el otro, con un órgano colegiado de consulta a fin de recoger las demandas y posicionamientos de los distintos sectores de la sociedad en la planeación, formulación e implementación de la política exterior de México.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 1 y adicionan los artículos 8 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 1 y adicionan los artículos 8 BIS; 8 TER; y 8 QUÁTER de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos……..

Artículo 8 BIS. Para efectos del artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República contará con una Oficina de Asuntos Internacionales, la cual se encargará de respaldar sus atribuciones en materia de dirección y formulación de la política exterior.

Artículo 8 TER. La Oficina de Asuntos Internacionales contará con un Consejo Consultivo de Política Exterior encargado de formular recomendaciones no vinculantes que coadyuven en el establecimiento y elaboración de directrices y estrategias en el ámbito de la política exterior enfatizando el trabajo deliberativo en materia de prospectiva y planeación estratégica.

Artículo 8 QUATER. El Consejo Consultivo estará integrado por 24 Consejeros permanentes con los mismos derechos y obligaciones ante el Consejo, con cargos honorarios por un periodo de tres años sin posibilidad de extender su encargo por un periodo adicional. Será presidido por el Director de la Oficina de Asuntos Internacionales y mantendrá la composición siguiente:

a) El Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República;

b) Cuatro integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión;

c) Dos miembros del Servicio Exterior Mexicano, un Embajador Eminente y un Embajador Emérito;

d) El Cónsul de México en los Angeles;

e) Cuatro académicos reconocidos en el campo de las Relaciones Internacionales.

f) Cuatro representantes de distintos sectores de la sociedad civil así como de organizaciones no gubernamentales con especial conocimiento, interés e involucramiento en actividades o asuntos internacionales;

g) Dos representantes del sector privado con especial conocimiento, interés e involucramiento en actividades o asuntos internacionales;

h) Dos representantes del sector cultural y artístico con especial conocimiento, interés e involucramiento en actividades o asuntos internacionales;

Los consejeros referidos en los incisos c, d, e y f serán electos mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión mediante la misma votación calificada. En todos los casos se considerará la equidad de género en la integración del Consejo.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Adriana González Carrillo”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada González Carrillo. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica y el Código Fiscal de la Federación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA Y DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Legisladores:

La presente iniciativa tiene por objeto eliminar el régimen de consolidación fiscal. Beneficio establecido, como todos sabemos, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que otorga medidas fiscales especiales a empresarios, con el supuesto de alentar la inversión y la creación de empleos, permitiendo que las empresas de un mismo grupo económico, llamadas legalmente controladas, determinen su resultado fiscal, de manera conjunta, a través de una controladora, pagando únicamente el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a todo el grupo.

Vale la pena recordar, que el espíritu original de este Régimen de Consolidación Fiscal fue concebido como un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no produjera un daño a las finanzas del país o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta.

El problema, compañeras y compañeros Legisladores, con dicho régimen, es que si un grupo económico tiene varias empresas, en el proceso de deducir las pérdidas de algunas de ellas, las utilidades de las otras, los consorcios han recurrido a la práctica de crear empresas diseñadas expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que debiesen entregar a Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos, el resultado final es que debido a la existencia de este régimen de privilegios, grandes grupos empresariales que obtienen enormes ganancias, pagan una contribución mínima al fisco.

En el año 2010, vale también recordarlo, se modificó este régimen y actualmente se impide a las empresas que consolidan diferir impuestos de manera indefinida, estableciendo un plazo de 5 años para su liquidación, además de obligar al pago del Impuesto Sobre la Renta por los dividendos distribuidas entre las empresas de dicho grupo, sin embargo, es importante acotarlo, el esquema actual permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata para generar pérdidas o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del impuesto por largos periodos de tiempo.

Se considera que este régimen de consolidación es un gasto fiscal, debido a que se difiere este Impuesto Sobre la Renta al permitir anticipar la amortización de las pérdidas de las empresas controladas o de la controladora contra las utilidades de otras empresas controladas o de la propia controladora, y no grabar los dividendos contables que se distribuyen dentro de las empresas del grupo que consolida.

Por eso, permítanme recordar algunos datos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los presupuestos del gasto fiscal del año 2010 al 2013, las pérdidas en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta debidas al Régimen de Consolidación Fiscal, ha ascendido a 46 mil 534 millones de pesos. Tan sólo en el presento año 2013 se estima una pérdida de cerca de 12 mil 352 millones de pesos, mientras que para el 2012 fue de 12 mil 472 millones de pesos.

Respecto a éstos, los Gastos Fiscales por Diferimientos en el Impuesto Empresarial a Tasa Unica tenemos también que la mayor pérdida recaudatoria se deriva del Impuesto Sobre la Renta que pueden efectuar las empresas controladas en contra del IETU propio, ya que se les permite acreditar el Impuesto Sobre la Renta enterado a la controladora, independientemente de si ésta realizó efectivamente el pago total de dicho impuesto; para el año 2012 la pérdida estimada en este rubro fue de 9 mil 840 millones de pesos, mientras que en el 2013 se estima será de más de 10 mil 218 millones de pesos. En conjunto, las pérdidas reconocidas en el Presupuesto del Gasto Fiscal para los ejercicios 2010-2013 suman 43 mil 613 millones de pesos.

Como ven, las empresas controladas pueden acreditar en contra de IETU el total del Impuesto Sobre la Renta entregado a la controladora, independientemente de si éste es efectivamente enterado al fisco por la controladora; por ello, a diferencia de otros contribuyentes, las empresas que consolidan pueden acreditar el Impuesto Sobre la Renta mayor al que efectivamente pagaron.

Compañeras y compañeros Legisladores, es urgente que el Régimen de Consolidación Fiscal sea derogado, sin afectar a los grupos que actualmente consolidan en cuanto a los años que tienen para cubrir los impuestos actualmente diferidos y no se debe permitir que las empresas de nueva creación utilicen este esquema viciado y que claramente atenta contra los intereses de la nación.

Compañeras y compañeros Legisladores, gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, con mi más sentido pésame a la democracia del país.

Voy a presentar una iniciativa que modifica la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Como ustedes recordarán, los artículos 1o., 5o., 9o., 24, 27 y 130 de la Constitución establecen las bases para que en nuestro país funcione, las instituciones funcionen como un Estado laico. Para fortalecer la laicidad mencionada, es necesario que al interior de nuestro país convivan todas las ideologías posibles, por lo que la garantía de la libertad de culto es un asunto de suma importancia.

La historia nos advierte y nos demuestra cómo los esfuerzos extraordinarios para lograr la laicidad en nuestro país, se establecieron fundamentalmente en el Constituyente de 1857 y en las Leyes de Reforma.

Juárez es para nosotros el pionero y el conductor intachable de haber establecido en nuestro país el laicismo.

Hoy, en el artículo 24 de la Constitución, como ustedes recordarán, establece que: "Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan delito o falta penada por la ley".

Señala que el Congreso, en efecto, no puede dictar las leyes reglamentarias que para el efecto concreto en la disposición constitucional.

Los actos religiosos de culto público, dice este artículo, "se celebrarán ordinariamente en los templos". Y dice, "los que extraordinariamente se celebraran, también de éstos, requieren autorización de la ley".

Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, señala que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho influye en la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto", dice este artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "privada como públicamente".

En México, de acuerdo con el INEGI, del total de habitantes del país, el 82.7 por ciento son católicos, 9.9 por ciento reconocen una religión diferente y el 4.7 por ciento no siguen creencia alguna.

Los estados más católicos son Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

Los estados menos católicos: Chiapas, Tabasco, Campeche.

Y los estados con un porcentaje más elevado de población sin religión son: Quintana Roo, Chiapas.

Y a pesar de esta diversidad de creencias existentes en el país, el INEGI señala cómo está compuesta la naturaleza de distintas religiones, que cada vez van adentrándose y van conquistando sectores que influyen o que se adentran o se incorporan a su asociación católica.

Nuestra responsabilidad como legisladores consiste en representar a todos los ciudadanos a pesar de que en lo individual profesemos una religión o no profesemos ninguna. Nuestra obligación y nuestro deber es construir los instrumentos que permitan que todas las voces sean escuchadas y encuentren espacios para desarrollarse de manera integral.

Las democracias no han sido edificadas para oprimir a las minorías, aunque con frecuencia aquí en el Congreso tratan de someternos y hay mayorías mecánicas, la minoría tiene voz, aunque no se refleje hacia fuera, salvo en trasnochados que ven el Canal del Congreso esporádicamente.

Las democracias tienen que soportar, tolerar y permitir este tipo de minorías, por eso nosotros creemos que es necesario la construcción de mecanismos que eliminen la discriminación religiosa y que se considere a los mexicanos iguales sin importar si practican un culto con millones de seguidores, uno con pocos adeptos o incluso si deciden no profesar creencia alguna.

Este es el propósito de esta reforma que estoy planteando, una modificación al artículo 2o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en donde se refuerza que el Estado mexicano garantizará a favor del individuo, derechos y libertades en materia religiosa, incluso aquellos individuos que no profesen creencia religiosa alguna.

Este es el propósito de esta iniciativa, le pediría a la Presidencia plasmar íntegro el documento en el Diario de Debates, y enviarlo a la comisión dictaminadora.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 2° DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los artículos 1o, 5o, 9o, 24, 27 y 130 de nuestra Carta Magna establecen las bases para que nuestro país funcione como un Estado laico. Para fortalecer la laicidad mencionada, es necesario que al interior de México convivan todas las ideologías posibles, por lo que la garantía de la libertad de culto es un asunto de suma importancia.

Fueron necesarios múltiples esfuerzos, reflejados en el Constituyente de 1857, para abandonar aquel Estado-Iglesia de la Colonia, que incidía en las esferas del individuo, tanto pública como privada.

Hoy en día, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que:

“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.”

Por su parte, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

Con base en lo anterior, podemos argumentar que el propósito de la ley debe radicar en una postura religiosamente neutral, es decir, una visión donde se admitan todas las religiones, pero no exista preferencia o precedencia hacia alguna en particular; el Estado no apoye ninguna creencia, no prohíba ni establezca culto alguno; no haga propaganda a favor de uno u otro, ni financie ninguna Iglesia ni institución religiosa.

Lo previamente expuesto resulta menester, ya que en México existen 7,616 asociaciones religiosas, de las cuales 3,233 son católicas, es decir, casi la mitad; mientras que el 58% restante pertenece a otros cultos.

De acuerdo con el “Panorama de las religiones en México 2010-2011” elaborado por el INEGI, del total de habitantes de nuestro país, 82.7% son católicos, 9.9% reconocen una religión diferente y 4.7% no siguen creencia alguna.

Existen 92 millones 924 mil 489 católicos dentro del territorio mexicano; 8 millones 386 mil 207 de protestantes; 2 millones 537 mil 896 habitantes de creencia bíblica diferente de la evangélica;67,476 judaicos; 18,185 de origen oriental; 3,760 islámicos; 19,636 de otras religiones y 5 millones 262 mil 546 sin religión.

Debido a las cifras anteriormente mencionadas, podemos observar que la religión católica representa una mayoría imponente dentro del territorio mexicano; los Estados donde más se concentra la población afín a esta creencia son: Guanajuato con 93.8%, Zacatecas con 93.5% y Aguascalientes con 93%.

De manera análoga, los Estados con mayor concentración de población con religión diferente a la católica son: Chiapas con 27.4%, Tabasco con 24% y Campeche con 21.1%; mientras que los Estados con un porcentaje más elevado de población sin religión son: Quintana Roo con 13.4% y Chiapas con 12.1%.

A pesar de la diversidad de creencias existente en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, el 30% de la población aún considera que la religión provoca divisiones dentro de la sociedad.

Entre los factores que acentúan la falta de tolerancia a creencias distintas se encuentran la edad y la educación. El 75% de los adolescentes de 12 a 17 años aceptan la diversidad religiosa, mientras que sólo el 62% de las personas mayores de 60 años la consienten.

En el caso de la educación, el 55% de personas que no han terminado la primaria se muestran tolerantes ante cultos diferentes al propio; sin embargo, la cifra aumenta hasta 85% para individuos que terminan la licenciatura.

Nuestra responsabilidad como legisladores consiste en representar los derechos de todos los ciudadanos y no tan sólo los de la mayoría. Es nuestro deber construir los instrumentos que permitan que todas las voces sean escuchadas y encuentren espacios para desarrollarse de manera integral.

Las democracias no han sido edificadas para oprimir a las minorías, la inclusión de todos los cultos religiosos, sin importar el número de creyentes que tengan, permite al país transitar a una verdadera pluralidad de creencias, eliminando así los riesgos de caer en una tiranía de las mayorías.

Por lo anterior, resulta necesaria la construcción de mecanismos que eliminen la discriminación religiosa, los mexicanos son iguales sin importar si practican un culto con millones de seguidores, uno con pocos adeptos o si deciden no profesar creencia alguna.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTICULO 2° DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO.

UNICO.-Se reforma el inciso c) del artículo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas o por la ausencia de éstas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

Texto vigente

Reforma propuesta

Artículo 2°.-

El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

a)Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.

b)No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.

c)No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

Artículo 2°.-

El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

a)Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.

b)No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.

c)No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas o por la ausencia de éstas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 116 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL INCISO E) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldan: Gracias, con el premiso de la Presidencia; señoras y señores Legisladores:

Me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al amparo de las consideraciones siguientes.

No obstante los significativos avances en la participación política de las mujeres en los distintos órdenes de gobierno en nuestro país, aún no se cumple con el acceso pleno de oportunidades en los puestos de elección pública, considerando sustancialmente que con un 51.15 por ciento las mujeres conforman la mayoría de la población nacional respecto de los varones, y electoralmente integran el 51.57 del Padrón Electoral.

Resulta evidente la desproporción de las mujeres que participan en los órganos legislativos federales y locales. A manera de exposición podríamos citar al propio Congreso de la Unión, cuya integración la conforma un 37 por ciento de Diputadas y un 33 por ciento de Senadoras, sin embargo, esos porcentajes, los más favorables de la historia legislativa federal, no resultan correspondientes en otras legislaturas estatales, en las que la participación de las mujeres es significativamente reducida.

Un hecho real es que no existe uniformidad en nuestro país, respecto de las posibilidades de acceso a cargos de elección popular para las mujeres en los órganos legislativos, independientemente de la entidad federativa a la que pertenezcan, situación que por supuesto, constituye una inequidad manifiesta y contraria al principio básico de igualdad entre los ciudadanos, base del sistema político que se tenga por democrático.

La problemática a la que hago mención, consiste en la falta de representación legislativa del grupo social mayoritario de la población por parte del mismo género, representación que se sustenta en un mecanismo normativo general como lo es nuestro ordenamiento constitucional supremo, el cual unifique un derecho político igualitario en beneficio de las mujeres, con independencia del ámbito territorial al que pertenezcan. Este derecho político fundamental no puede ser restringido o condicionado por normas locales, sino que debe encontrarse al acceso de sus destinatarias de manera igualitaria.

El tema presentado es el más evidente tratándose de igualdad política y equidad en el acceso a puestos de elección popular en los poderes legislativos locales. Como tal, es un tópico fundamental para sustentar y justificar un Estado democrático que tiene como objetivo la modificación a la Constitución Política Federal, que posibilite el efectivo acceso y participación de las mujeres en los órganos legislativos federales y locales en nuestro país.

Es larga y conocida la historia de la lucha por los derechos de la mujer, la más justa y remota que podamos conocer. En nuestro país, en el ámbito legislativo el proceso ha ido paso a paso obteniendo mejores disposiciones e instituciones, recordamos de manera sucinta; la originaria reforma al artículo 115 constitucional del año de 1947, que establecía la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones en las elecciones municipales, con el derecho de votar y ser elegidas, por lo que en el estado de Aguascalientes María del Carmen Martín del Campo se convirtió en la primera Presidenta Municipal de la ciudad.

La histórica reforma al artículo 34 constitucional del 17 de octubre de 1953, la cual otorga la ciudadanía a las mujeres y a los varones y con ello, el derecho político de las mujeres de votar y ser votadas, lo que llevó a Aurora Jiménez de Palacios a convertirse en la primera Diputada Federal de nuestra historia, y en el año de 1967, a Alicia Arellano Tapia y a María Lavalle Urbina en las primeras Senadoras de la República.

En el año de 1993 se da el reconocimiento legal de la cuota de género en el ámbito federal, mediante la aprobación de la reforma a la fracción III del artículo 175 del Código Electoral que dispone la promoción por parte de los partidos políticos, de una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.

El actual Código Electoral Federal cuya fórmula de participación de las mujeres en los puestos de elección popular al Congreso de la Unión se sustenta en los artículos 218, fracción III y 219, disposición conocida como cuota de género, resulta aplicable sólo en el ámbito de las elecciones federales, quedando la materia a nivel de los congresos locales a la determinación de éstos en los ordenamientos propios, con lo cual existen sistemas de mayor o menor prerrogativa o beneficio para las mujeres que aspiran a los cargos públicos ante los órganos legislativos estatales.

Es mi convicción de que ya es hora de adoptar la reforma que atienda el aspecto primordial de acceso de las mujeres a la representación legislativa, homologando el sistema federal electoral de cuotas de género en los distintos sistemas electorales.

De un análisis de las constituciones y leyes vigentes de los estados, en materia de equidad de género para el registro de candidaturas, se advierte una disposición general, que se contiene en la mayoría de las leyes electorales de cada estado y que establece la obligación de los partidos políticos para garantizar o procurar la equidad de género, sin embargo no todas las leyes estatales determinan el porcentaje mínimo o máximo volviendo a esta disposición genérica ineficaz e inaplicable.

Se puede advertir que hoy por hoy, por lo menos cuatro entidades federativas como son: Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nayarit son omisas en cuanto al establecimiento de cuotas de género para las candidaturas de los partidos políticos en sus procesos electorales locales.

En tanto que 10 legislaciones locales mantienen una cuota superior a la que establece el ámbito federal, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que oscila entre el 70 y 75 % de cuota máxima para un mismo género, para alguna de sus elecciones.

Por otro lado, al menos dos entidades federativas han determinado una cuota similar a la que se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que representa apenas el 37.5 del total de los estados que integran la Federación.

En 7 estados de la República se ha establecido la normativa local, la paridad de género que representa un 50% de candidaturas de ambos géneros, por lo menos, en uno de los cargos de elección popular.

En atención al panorama que he precisado, se advierte que con la reforma que se propone en materia de equidad y cuota de género, por lo menos 14 entidades federativas tendrían que ajustar su normativa local a fin de que sus constituciones y leyes locales garanticen plenamente la cuota vigente a nivel federal de un tope máximo de 60% en el registro de candidaturas de un mismo género.

El Partido Nueva Alianza ha asumido permanentemente el compromiso con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en específico, de los derechos políticos, por esta razón apoya de manera decisiva las acciones legislativas a favor de dichos derechos en su proceso permanente de extensión, como lo hacemos evidente, con la integración de nuestro grupo parlamentario ante la Honorable Cámara de Diputados, al integrarlo con la paridad de género, condición privativa de nuestro instituto político.

Por lo anterior, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PARRAFO AL INCISO E) DE LA NORMA IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema.

No obstante los significativos avances en la participación política de las mujeres en los distintos órdenes de gobierno en nuestro país, aún no se cumple con el accesopleno de oportunidades para éstas en los puestos de elección pública, considerando sustancialmente que con un 51.15% las mujeres conforman mayoría de la población nacional respecto de los varones, y electoralmente integran el 51.57% del Padrón Electoral.

Bajo tal consideración resulta evidente la desproporción en la participación de las mujeres que en los órganos federales y locales productores de leyes y normas. A manera de exposición se cita al propio Congreso de la Unión, cuya integración la conforman un 37% de diputadas y un 33% de senadoras, sin embargo, estos porcentajes, los más favorables de la historia legislativa federal, no resultan correspondiente a otras legislaturas estatales, en las que la participación de las mujeres es significativamente reducida.

No existe una uniformidad en nuestro país, respecto de las posibilidades de acceso a cargos de elección popular para las mujeres, independientemente de la entidad federativa a la que pertenezcan, situación que por supuesto, constituye una inequidad manifiesta y contraria al principio básico de igualdad entre los ciudadanos, base del sistema político que se tenga por democrático.

La problemática expuesta consiste en la falta de representación política del grupo social mayoritario de la población, por parte del mismo género, representación que se sustente en un mecanismo normativo general como lo es nuestro ordenamiento constitucional supremo, el cual unifique un derecho político igualitario en beneficio de las mujeres, con independencia del ámbito territorial al que pertenezcan. Este derecho político fundamental no puede ser restringido o condicionado por normas locales, sino debe encontrase al acceso de las destinatarias del mismo de manera igualitaria., facilitando y garantizando las condiciones de equidad para su cierto y eficaz acceso a los cargos de elección popular.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El tema que esta iniciativa presenta es el más evidente tratándose de igualdad política y equidad en el acceso a ocupar puestos de elección popular. Como tal, es un tema fundamental para sustentar y justificar un Estado democrático, dicho tópico tiene como objetivo las modificaciones a la Constitución Política Federal, que posibiliten el efectivo acceso y participación de las mujeres en los órganos legislativos federales y locales de nuestro país.

Sólo una sustentación en nuestro supremo ordenamiento constitucional puede establecer un principio general de participación política que unifique los ámbitos federal y local, toda vez que un derecho político de tan esencial importancia no puede ser fragmentado o condicionado por ubicación regional o nivel de extensión de dicho derecho según la valoración de cada legislativo local. Por su importancia, el derecho de acceso equitativo de las mujeres a los cargos de elección popular en los congresos sólo puede sustentarse en un sistema que involucre en los mismos términos a todas las entidades integrantes del pacto federal.

Es larga y conocida la historia de la lucha por los derechos de la mujer, la más justa y remota que podamos conocer. En nuestro país, en el ámbito legislativo el proceso ha ido paso a paso obteniendo mejores disposiciones e instituciones, recordamos de manera sucinta; la originaria reforma al artículo 115 Constitucional del año de 1947, que establecía la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones en las elecciones municipales, con el derecho de votar y ser elegidas, por lo que en el Estado de Aguascalientes, María del Carmen Martín de Campo se convirtió en la primera presidenta municipal de la ciudad.

Actualmente, a nivel internacional contamos con un conjunto de instrumentos que ha contribuido a visibilizar y, en algunos casos, mejorar las condiciones sociales y políticas de las mujeres. El punto de partida fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Otro instrumento es laConvención sobre derechos políticos de la Mujer (1952) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) es posible ubicar los documentos a partir de los cuales, comenzaron a utilizarse términos como“indivisibilidad de los derechos” y su “universalización absoluta”, bajo una perspectiva jurídica que incluye un concepto moral y político. Estos términos van en conjunto con otros como “interdependencia” e “integralidad” de los derechos.

La importancia de firmar la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos radicó en su carácter vinculante a condiciones básicas de los sistemas democráticos: el derecho a la participación política, los derechos a votar y ser electa/o, y a tener acceso a la función pública en todos los poderes y niveles de gobierno. Ambos documentos, a la vez, se vinculan con la Carta Democrática Interamericana (2001), establecida entre los estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), fue adoptada el 18 de diciembre de1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981,

A nivel interno, recordamos por supuesto la histórica reforma al artículo 34 Constitucional del 17 de octubre de 1953 que otorgó la ciudadanía a las mujeres y a los varones y con ello, el derecho político de las mujeres de votar y ser votadas, lo que llevó a Aurora Jiménez de Palacios a convertirse en la primera diputada federal de nuestra historia, y en el año de 1967, a Alicia Arellano Tapia y a María Lavalle Urbina, en las primeras senadoras de la República.

Desde el inicio de las mujeres en la vida política del país ha sido constante el incremento de las diputadas y las senadoras en los órganos legislativos federal y local. En el año de 1993 se da el reconocimiento legal de la cuota de género, mediante la aprobación de la reforma a la fracción III del artículo 175 del Código Electoral que dispone la promoción por parte de los partidos políticos, de una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.

Finalmente, como antecedentes inmediatos podemos señalar la reforma al Código Electoral del año de 1997 que adicionaba aún en el transitorio primero, fracción XXII, la mayor participación política de las mujeres y la ‘consideración’ de los partidos políticos en sus estatutos que las candidaturas de sus diputados y senadores no excedieran del 70 por ciento para un mismo género. Posteriormente, ya en el año de 2002, se establece bien ya como obligación de los partidos políticos, de inscribir por lo menos el 30 por ciento de las candidaturas femeninas en sus listas de a puestos de elección popular en calidad de propietarias, además de asegurar en las listas plurinominales, una mujer por cada tres hombres.

De este modo arribamos al actual Código Electoral cuya fórmula de participación de las mujeres en los puestos de elección popular al Congreso de la Unión se sustenta en los artículos 218, fracción 3. y 219, sin embargo, como se ha señalado, esta disposición, conocida como ‘cuotas de género’, resulta aplicable sólo en el ámbito de las elecciones federales, quedando la materia a nivel de los congresos locales a la determinación de éstos en los ordenamientos electorales propios, con lo cual existen sistemas de mayor o menor prerrogativa o beneficios para las mujeres que aspiran a los cargos públicos ante los órganos legislativos.

Si bien no ha existido la voluntad política para adicionar el artículo 116, fracción IV de la Constitución Política Federal, para establecer los elementos mínimos que deberán contener todas y cada una de las legislaciones electorales locales, uniformando dicho derecho, es momento de adoptar la reforma que atienda el aspecto primordial del acceso de las mujeres a la representación legislativa.

Como igualmente se ha señalado, esta situación resulta una grave afectación a los derechos políticos de todas las mujeres, al contar una extensión mayor, y en la mayoría de los casos menor, de sus derechos. No puede admitirse esta diferenciación en un derecho fundamental, por lo que la medida aplicable sólo la constituye una reforma general que unifique y homologue dicho derecho. Sólo un derecho imperativamente impuesto en nuestro Ordenamiento Constitucional Federal, aplicable en los mismos términos a todos los Estados de la Unión, permitirá la extensión del mismo derecho en todo el territorio nacional.

Como se ha expresado, el derecho de las mujeres al acceso a los cargos de elección popular a nivel federal ha evolucionado hasta alcanzar en este momento histórico, un porcentaje mínimo del cuarenta por ciento en los registros de las candidaturas que solicitan los partidos políticos, no así en el ámbito local, como se ejemplifica en el siguiente cuadro:

Entidad

Regulación constitución Local

Regulación Ley Local

Aguascalientes

X

Art. 186

40% mínimo de un mismo género

Baja California

X

Art. 257

60% máximo de un mismo género

Baja California Sur

X

X

Campeche

X

Art. 265 fracciones I y II

50% de un solo género

Coahuila

Art. 27, numeral 3, inciso i)

General, remite a la ley aplicable

Art. 17, numeral 1

50% de un solo género (Diputados MR)

Colima

Art. 86 Bis, fracción I

Hasta el 70% máximo de un solo género (Diputados MR)

Art. 51, fracción XXI, inciso a)

Hasta el 70% máximo de un solo género (Diputados MR)

Art. 51, fracción XXI, inciso d)

50% en el caso de regidores o síndicos, o 60% si se trata de número impar

Chiapas

X

Artículos 40; 24, fracción II; 234

Paridad de género, en caso de número impar se da preferencia al género femenino

Chihuahua

Art. 40

50% del mismo género (Diputados RP)

Art. 133, numerales 3, 4 y 5

50% de un mismo género

Distrito Federal

Inexistente

Art. 296, primer párrafo

60% máximo (Diputados MR y Jefes Delegacionales)

Art. 296, segundo párrafo

54% máximo de un mismo género (Diputados RP)

Durango

X

Art. 204, 3

70% (Diputados RP)

Guanajuato

X

X

Guerrero

X

Art. 178 incisos a) y b)

70% máximo de un mismo género

Hidalgo

 

Art. 175

70% máximo de un mismo género

Jalisco

X

X

México

X

Art. 145

60% máximo de un mismo género

Michoacán

X

Art. 195, último párrafo

Los partidos políticos “considerarán” que sus candidaturas no excedan del 60% de un mismo género

Morelos

X

Artículo 209

Máximo 2/3 partes de propietarios de un mismo género (Diputados MR) (66.66%)

Artículo 210

50% de un mismo género (Ayuntamientos)

Artículo 211

Se intercalan 1 a 1 candidaturas de ambos géneros

Nayarit

X

X

Nuevo León

X

112, fracción VII

70% máximo (Ayuntamientos)

Oaxaca

X

Art. 153, numerales 7 y 8

40% mínimo de un mismo género (Diputados y Ayuntamientos)

Puebla

X

Art. 201

75% máximo de un mismo género (Congreso Estatal y Ayuntamientos)

Querétaro

X

Art. 32, fracción IV, segundo párrafo

60% máximo de un mismo género

Quintana Roo

Art. 49, fracción III, quinto párrafo

60% máximo de un mismo género

Art. 159, tercer párrafo

60% máximo de un mismo género (Diputados y Ayuntamientos)

Sal Luis Potosí

X

Art. 33, cuarto párrafo

70% máximo de un mismo género (Diputados)

Art. 129

70% máximo de un mismo género (Diputados y Ayuntamientos)

Sinaloa

X

Art. 3° Bis A

60% máximo de un mismo género (Diputados MR)

Art. 6, segundo párrafo

60% máximo de un mismo género (Regidores MR)

Art. 8, tercero y cuarto párrafos

60% máximo de un mismo género (Diputados RP)

Art. 9, tercer párrafo

60% máximo de un mismo género (Regidores RP)

Sonora

Art. 150 A

De manera general se establece la obligación de procurar la paridad de género en las candidaturas

Art. 174, fracción II

Paridad y alternancia de género (Diputados RP)

Art. 200

Paridad de género (Diputados y Ayuntamientos)

Art. 308

Paridad y alternancia de género (Regidores RP)

Tabasco

Art. 9, Apartado A, fracción IV

De manera general se establece la obligación de procurar la equidad y paridad de género en las candidaturas

Art. 217

60% máximo de un mismo género (Ayuntamientos y Diputados)

Tamaulipas

Art. 20, fracción I, Apartado G

60% máximo de un mismo género

Art. 218, segundo párrafo

60% máximo de un mismo género (Ayuntamientos y Diputados)

Tlaxcala

Art. 95, párrafo dieciséis

50% máximo de un mismo género

Art. 11

70% máximo de un mismo género (Diputados y Ayuntamientos)

Art. 396

70% máximo de un mismo género (Diputados MR)

Veracruz

X

Art. 14, segundo párrafo

70% máximo de un mismo género (Diputados)

Art. 16, quinto párrafo

70% máximo de un mismo género (Ayuntamientos)

Yucatán

X

Art. 189, fracción II

70% máximo de un mismo género (Diputados y Ayuntamientos)

Zacatecas

X

Art. 7, numeral 1

60% máximo de un mismo género (Ayuntamientos y Diputados)

Art. 22, numeral 2

60% máximo de un mismo género (Diputados MR)

Art. 27, numeral 2

60% máximo de un mismo género (Ayuntamientos MR)

Art. 28, numeral 2

60% máximo de un mismo género (Diputados RP)

Art. 32, numeral 1

60% máximo de un mismo género (Ayuntamientos RP)

De un análisis de las constituciones y leyes vigentes de los estados, en materia de equidad de género para el registro de candidaturas se advierte una disposición general, que se contiene en la mayoría de las leyes electorales de cada estado y que establece la obligación de los partidos políticos para garantizar o procurar la equidad de género, sin embargo no todos las leyes estatales determinan el porcentaje mínimo o máximo, volviendo esta disposición genérica ineficaz e inaplicable.

También se puede advertir que hoy por hoy, por lo menos cuatro entidades (Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, y Nayarit) son omisas en cuanto al establecimiento de cuotas de género para las candidaturas de los partidos políticos en sus procesos electorales locales.

En tanto que diez legislaciones locales mantienen una cuota superior a la que se establece en el ámbito federal, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que oscila entre el 70 y 75 por ciento de cuota máxima para un mismo género, para alguna de sus elecciones (Diputados y/o Ayuntamientos).

Por otro lado, al menos doce entidades federativas han determinado una cuota similar a la que se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Y en siete Estados de la República han establecido en su normativa local, la paridad de género que representa en 50% de candidaturas de ambos géneros, por lo menos en uno de los cargos de elección popular.

En atención al panorama que se precisado, se advierte que con la reforma que se propone en materia de equidad y cuota de género, por lo menos catorce entidades federativas tendrían que ajustar su normativa local a fin de que sus constituciones y leyes locales garanticen la cuota vigente a nivel federal de un tope máximo de sesenta por ciento en el registro de candidaturas de un mismo género.

El Partido Nueva Alianza ha asumido permanentemente un compromiso con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en específico de los derechos políticos, por esta razón apoya de manera decisiva las acciones legislativas en favor de dichos derechos en su proceso permanente de extensión, como lo hacemos evidente con la integración de nuestro Grupo Parlamentario ante la Honorable Cámara de Diputados, al integrarlo con la paridad de género, condición privativa de nuestro instituto político.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción I, 77, fracción 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al inciso e) de la Norma IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se adicionan un segundo párrafo al inciso e) de la Norma IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo,116.- …………………………….................…………………………………………….

…………………………………………………................………………………………………..

I a III

IV.- …………………..............................................................................................................……

a) a d) ……................................................................................................................……………..

e) …………………………………...............……………………………………………………..

Los partidos políticos promoverán y garantizarán, de conformidad a las leyes electorales locales, la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la vida política de los estados de la unión, a través de postulaciones a cargos de elección popular a los congresos locales. De la totalidad de solicitudes de registro de diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante los organismos electorales locales, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

f) a n) ………...................................................................................................................…………

V a VII.- ……..................................................................................................................…………

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus respectivas leyes en un plazo máximo de seis meses a partir del inicio de la vigencia de este Decreto, para ello se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales locales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial respectivo.

Salón de sesiones de la Comisión de Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado González Roldán.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum Bajo. ¿Con qué objeto?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Solamente para felicitar al orador y decir que esta es la reforma que estamos esperando, es una reforma muy avanzada y que pondría punto final a la trampa legislativa que tenemos para la participación política de las mujeres, no solamente a nivel federal, sino también para las contiendas en los estados y también en los ayuntamientos.

Felicitarlo, y ojalá transite con la debida diligencia porque este año, como usted sabe, cumplimos 60 años del Derecho al Voto de las Mujeres, pero no hemos alcanzado la ciudadanía plena que merecemos más de la mitad de la población.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse, conforme a la agenda del día de hoy, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA

(Presentada por el C. Diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

“C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGREOS DE LA UNION

PRESENTES.

El suscrito, Arturo Escobar y Vega, Diputado Federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º constitucional en Materia de Derecho de Réplica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Antecedentes

La doctrina coincide en señalar que el derecho de réplica nace en la Francia revolucionaria, a través de una iniciativa de ley que promovió el Diputado Dulaure en 1798.El proyecto original, que no prosperó, contenía dos artículos que daban pleno reconocimiento a la respuesta que podía dar un ciudadano que se supiera ofendido en su reputación por un medio de comunicación escrita.

El primer artículo establecía:

“Todos los propietarios o redactores de diarios u obras periódicas, cualquiera que sea su denominación, que hubiesen publicado un artículo atentatorio a la reputación de uno o varios ciudadanos, estarán obligados a insertar la respuesta al mismo, dentro de los cinco días que sigan a la recepción, bajo pena de clausura de los diarios u obras periódicas, y de condenárselos además a los gastos de la impresión, del timbre y del franqueo postal de tres mil ejemplares de dicha respuesta”.

En su segundo artículo determinaba que:

“Los susodichos propietarios o redactores estarán también obligados, bajo idénticas penas, a entregar a cada ciudadano que se pretenda calumniado, o a quien lo represente, un recibo de la respuesta a insertar, en el cual se mencionará el número de líneas no tachadas de la misma y la fecha del día en que fue recibida.”

Si bien la iniciativa no prosperó, fue hasta 1822 cuando se promulgó una ley en cuyo artículo 11se concedía la réplica a toda persona nombrada en los periódicos. Con el ejercicio de ese derecho, los diarios debían insertar en un plazo de tres días la nota rectificadora.

El artículo se expresó en los siguientes términos:

“Artículo 11. Los propietarios de todo diario o escrito periódico están obligados a insertar dentro de los tres días de la recepción o en el número más próximo, si éste no se publicase antes de la expiración de los tres días, la respuesta de toda persona nombrada o designada en el diario o escrito periódico, bajo pena de multa de cincuenta a quinientos francos, sin perjuicio de otras penas y daños o intereses a los que el artículo incriminado pudiera dar lugar. Esta inserción será gratuita y la respuesta podrá tener el doble de la extensión del artículo a que se refiera.”

Para 1883 diversos países ya habían adoptado el mismo derecho en sus respectivos marcos jurídicos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido, son sólo algunos ejemplos.

En México

La Ley Sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de abril de 1917, establece en su artículo 27 lo siguiente:

“Artículo 27.- Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley.

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente.

La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación o respuesta se refiere.

La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas.

Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente.

La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal.”

Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, publicado en el DOF, el 10 de octubre de 2002, establece:

“Artículo 38.- Toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos.

Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración.

En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes.

De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en los términos de la resolución.

El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus parientes en línea ascendente o descendente en primer grado.

En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo.”

Ahora bien, del texto del artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta se puede advertir que el mismo ha dificultado sobremanera su cumplimiento, no sólo por lo amplio de su contenido, sino en razón de que la norma a que remite para sancionar la conducta contraria a la establecida como debida se encuentra sin vigor.

En efecto, el mencionado artículo 27, refiere que en caso de desobediencia, el infractor debe ser sancionado con la pena prevista en el artículo 904 del Código Penal para el Distrito Federal; el problema reside en que el Código Penal vigente de 1931, en un ejercicio de economía legislativa, está compuesto por 413 artículos, razón por la cual el artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta se encuentra sin norma penal aplicable como sanción.

Además de la incongruencia de aludir a penas ya expulsadas del sistema legal, una aspiración democrática que favorece la libertad de expresión es transitar a mecanismos garantes del derecho de réplica en el ámbito civil y no en el ámbito penal.

Asimismo, debe apuntarse que la Ley Sobre Delitos de Imprenta carece de un ordenamiento contencioso sumario para hacer efectivos los derechos que protege. Por el contrario, vista la lentitud que caracteriza a los órganos jurisdiccionales mexicanos, el titular del derecho tendrá que agotar un tortuoso proceso judicial ordinario para hacer valer su derecho, con las erogaciones económicas que ello implica, y, sobre todo, con la extemporaneidad de la eventual publicación de su réplica, en caso de que se determinara su procedencia, que dejaría sin sentido la pertinencia de la misma.

El 13 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma constitucional a diversos preceptos de la Carta Magna, entre los cuales se encuentra el artículo 6º, el cual elevó a rango constitucional el reconocimiento del derecho de réplica. El texto en su parte conducente establece:

Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Derivado de la reforma constitucional antes referida, el 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En su artículo 233, párrafo 3, estableció que los partidos políticos, precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Asimismo, dispone que este derecho se ejercitara sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasione en los términos que regule la materia de imprenta y las disposiciones civiles y penales aplicables.

Finalmente, puntualiza que este derecho se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.

Cabe destacar que en el artículo Décimo Transitorio del Decreto en cuestión se estableció que a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión debía expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6º constitucional.

II. Definición del derecho de réplica

Diversas son las definiciones que se han hecho sobre el significado del término “réplica”, así como del concepto “derecho de réplica”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la réplica como: “acción de replicar”, o bien, “expresión, argumento o discurso con que se replica”, mientras que por replicar, vocablo del latín replicare, se deberá entender “instar o argüir contra la respuesta o argumento” y “responder oponiéndose a lo que se dice o manda”.

Por su parte, el Derecho de Réplica o de rectificación, como también se le conoce, es definido en el mencionado diccionario como “el que concede o reconoce la Ley de Imprenta a la persona aludida expresamente en un periódico para contestar desde éste (sic) a las alusiones que se le hayan dirigido”.

Para Teodoro González Ballesteros el derecho de réplica se puede definir como “la facultad que se concede a una persona, física o jurídica, que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado”.

Para Felipe Fierro Alvídrez el derecho de réplica se puede definir como “la facultad de que se concede a una persona, física o jurídica, que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de comunicación e idénticas condiciones”.

Como se desprende de las definiciones apuntadas, el Derecho de Réplica se puede entender como el derecho con que cuenta cualquier persona para solicitar a un medio de comunicación, ya sea, impreso o electrónico, se rectifique, corrija o aclare cualquier información publicada o difundida que por su contenido le hubiese causado una afectación.

III. Iniciativas para regular el derecho de réplica

Existencia de diversas iniciativas presentadas en la LX, LXI y LXII Legislaturas del Congreso de la Unión.

En efecto, durante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron siete iniciativas en materia de derecho de réplica: una de ellas ante la Cámara de Diputados, dos ante la Cámara de Senadores y cuatro ante la Comisión Permanente, como a continuación se indican en orden cronológico y progresivo:

Iniciativa

Legislador y Grupo Parlamentario

1. Iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

Senador José Alejandro Zapata Perogordo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en la Gaceta del Senado el 13 de diciembre de 2007.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para garantizar el Derecho de Réplica.

Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada por el Diputado José Antonio Díaz García, y suscrtia por las diputadas Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, presentada en la sesión de la Cámara de Diputado del 8 de abril de 2008.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta; deroga el artículo 186, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de réplica a través de los medios de comunicación impresos y de radiodifusión.

Senadores del Partido Verde Ecologista de México, publicada en la Gaceta del Senado el 12 de abril de 2008.

4. Iniciativa que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el amparo contra particulares y expide la ley que garantiza el derecho de réplica.

Diputada Valentina Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2008.

5. Iniciativa de ley para garantizar el derecho de réplica.

Diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2008.

6. Iniciativa de ley para garantizar el derecho de réplica.

Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada por la Diputada Rocío del Carmen Morgan Franco, en nombre propio y de los Diputados José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero, presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 10 de junio de 2009.

7. Iniciativa que expide la Ley para garantizar el derecho de réplica.

Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de agosto de 2009.

Asimismo, durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron dos iniciativas en materia de derecho de réplica ante la Cámara de Diputados, además de dos iniciativas en la Cámara de Senadores:

Iniciativa

Legislador y Grupo Parlamentario

1. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley reglamentaria del derecho de réplica.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada el día 23 de septiembre de 2009.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica y reforma las fracciones VI y VII y adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Senador Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el día 23 de marzo de 2010.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por los senadores Arturo Núñez Jiménez y Tomas Torres Mercado, del mismo Grupo Parlamentario, presentada el día 25 de marzo de 2010.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal para ejercer del Derecho de Réplica y deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el día 29 de noviembre de 2011.

Por último, durante la presente LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se ha presentado una iniciativa en materia de derecho de réplica ante la Cámara de Senadores, además de la iniciativa materia de este dictamen:

Iniciativa

Legislador y Grupo Parlamentario

1. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal para ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 11 de septiembre de 2012.

De esta forma, esta iniciativa considera las iniciativas antes citadas.

IV. La presente iniciativa

La iniciativa que propongo se basa en el derecho comparado y las iniciativas presentadas con anterioridad y se distingue por lo siguiente:

a) Porquese considera que el derecho de réplica es un derecho y no una facultad.

b) Porque el derecho de réplica puede ser ejercido, tanto por personas físicas o morales, además cuando las personas físicas afectadas se encuentren imposibilitadas para ejercer por sí mismas el derecho o hubieren fallecido, podrá ejercer el derecho el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En el caso de las personas morales, el ejercicio del derecho de réplica corresponderá al representante legal.

c) Esta iniciativa es muy cuidadosa respecto a las libertades de expresión y de prensa pues se concibe al derecho de réplica como un complemento de aquéllas.

d) Porque precisa que es responsabilidad de los medios, al igual que de las autoridades competentes previstas en esta ley, garantizar el derecho de réplica.

e) Porque determina que se aplicarán de manera supletoria a la ley, las disposiciones conducentes, contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

f) Los medios de comunicación son definidos como la persona física o moral, que presta servicios de radiodifusión, en los términos definidos en el último párrafo del artículo 2º de la Ley Federal de Radio y Televisión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

g) La persona afectada podrá hacer valer el derecho de réplica ante el sujeto obligado en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar. Realizado lo anterior, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud. Si esta fuera procedente, la rectificación o respuesta deberá publicarse o transmitirse dentro del día hábil siguiente, en los casos de programas o publicaciones de emisión diaria o en la siguiente transmisión o publicación, en los demás casos.

h) En el proyecto se prevé que todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la presente ley, es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones. Los tribunales de la Federación, serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

i) El procedimiento en materia de derecho de réplica se iniciará siempre a instancia de parte, teniendo este carácter la persona a la que se refiere de manera directa la información que se hubiera dado a conocer a través de los medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes. La demanda podrá ser presentada por dicha persona o por los sujetos referidos en el artículo 3 de la ley.

j) Los plazos previstos para la substanciación del procedimiento son breves con la finalidad de evitar que quien se vea agraviado por una información falsa o inexacta difundida por un medio de comunicación, tenga la posibilidad de ejercer el derecho de réplica en forma oportuna y no después de un procedimiento largo y costoso.

k) La sentencia que dicte el juez ordenará además la imposición de una sanción económica al medio de comunicación demandado, la publicación o difusión de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.

l) Se prevén sanciones para garantizar la protección del derecho de réplica.

Con base en las anteriores consideraciones y fundamentos, propongo ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derecho de Réplica, para quedar en los siguientes términos:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana; tiene por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Agencia de noticias: empresa o institución que obtiene información, materiales editoriales o fotográficos, para venderlos o ponerlos a disposición a los medios de comunicación.

II. Derecho de réplica: del derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

III. Medio de comunicación: la persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión en los términos definidos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Radio y Televisión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

IV. Productor independiente: la persona que genere y sea responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación.

Artículo 3.Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación previsto en esta ley y que considere le cause un agravio.

Cuando la persona física afectada se encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o hubiere fallecido, lo podrá hacer el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho.

Las personas morales ejercerán el derecho de réplica a través de su representante legal.

Cuando el derecho de réplica se ejerza ante los medios de comunicación operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, el procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones que determinen sus propias formas de organización, en tanto no contravengan los principios que establece esta Ley y las demás aplicables.

Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, durante el tiempo en que duren las respectivas precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral respectiva, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley y las normas aplicables a la materia electoral.

Artículo 4.Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información, responsable del contenido original,serán sujetos obligados en términos de esta ley y tendrán la obligación de respetar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma.

Las agencias de noticas, productores independientes y cualquier otro emisor de información, responsable del contenido original, cumplirán esta obligación a través de los espacios donde sean publicados o transmitidos por terceros.

Artículo 5. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta Ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada.

Artículo 6.La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

Artículo 7. Los medios de comunicación deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.

Los medios de información deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.

Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO II

Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados

Artículo 9.El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.

Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.

Artículo 10. La persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I. Nombre del peticionario;

II. Domicilio para recibir notificaciones;

III. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información;

IV. Hechos que desea aclarar;

V. Firma autógrafa original del promovente o de su representante legal; y,

VI. El escrito deberá ir acompañado de copia de identificación oficial del promovente y, en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido.

Artículo 11. A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 12. El sujeto obligado tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se emitió la resolución, para notificar al promovente la resolución en el domicilio que para tal efecto haya señalado en el escrito presentado.

Artículo 13. El promovente deberá presentar las aclaraciones respectivas en formato escrito, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución para que el medio de comunicación dé lectura o elabore la información respectiva.

Artículo 14.El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información considerada falsa o inexacta y que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la rectificación o respuesta pertinentes.

Artículo 15. Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente del de la recepción de las aclaraciones a las que hace referencia el artículo 12 de esta Ley, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

Artículo 16. Tratándose de medios impresos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

Artículo 17. Cuando se trate de información transmitida a través de una estación de radiodifusión o una que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Artículo 18. Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada para ello, en un plazo máximo de 24 horas contados a partir de la fecha en que resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.

Artículo 19. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias, estarán obligados a difundir la rectificación o aclaraciones que éstas les envíen.

Artículo 20. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta Ley;

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y;

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante en términos del artículo 12 de esta ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

CAPITULO III

Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica

Artículo 21. Todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la presente Ley es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 22. Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica en los términos que dispone esta Ley.

Será competente por razón de territorio para conocer del procedimiento judicial a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito en materia civil del lugar que corresponda al domicilio en que resida la parte solicitante, con excepción de lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.

Artículo 23. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica se iniciará siempre a petición de parte.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá ser presentada por la parte legitimada o por los sujetos referidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 3 de esta Ley.

Artículo24. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya.

Artículo 25. La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el Juez de Distrito competente, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes:

I. A la fecha en que la parte legitimada debió haber recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, en el caso de que no la hubiere recibido;

II. A la fecha en que la parte legitimada haya recibido la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, cuando no estuviere de acuerdo con su contenido.

III. A la fecha en que el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta Ley, en el caso de que no la hubiere efectuado.

Artículo 26. En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo deberán señalarse:

I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del derecho de réplica;

IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma.

V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia delderecho de réplica;

VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado;

VIII. Las consideraciones de Derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y;

IX. La firma del solicitante.

Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a un representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo designará oficiosamente el Juez competente.

Artículo27. A todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar los siguientes documentos:

I. Una copia de su escrito de solicitud y anexos para todas las partes en el procedimiento;

II. Las pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo anterior;

III. El documento por medio del cual se acredite de manera fehaciente la personalidad del promovente, en su caso, y;

IV. El acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que no se hubiere contestado; el escrito emitido por el sujeto obligado mediante el cual se hubiere denegado la solicitud de réplica; o, en su caso, la copia del programa o publicación efectuada por el sujeto obligado en cumplimiento a una solicitud de derecho de réplica, cuando la parte legitimada considere que es insuficiente o incorrecta.

Artículo 28. En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, podrá solicitar al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que la hubiera difundido, que expida una copia de la misma a su costa. Dicha petición deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia del derecho de réplica. El acuse de recibo correspondiente deberá acompañarse como anexo de la misma.

Artículo 29. Si el escrito de solicitud fuera oscuro o irregular o no cumpliera con lo señalado por el artículo 26 de esta Ley o la petición del artículo anterior, el Juez prevendrá al actor por una sola vez, para que dentro del plazo de dos días hábiles subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, haciéndole ver, en su caso, las omisiones o irregularidades en que hubiera incurrido. Si dentro del plazo señalado no atendiera la prevención, se tendrá por no presentada su solicitud.

Artículo 30. En los procedimientos judiciales del derecho de réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.

Las pruebas se ofrecerán en el escrito de solicitud y en la contestación, y deberán acompañarse a los mismos; las que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Artículo 31. Para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos en el procedimiento a que se refiere este Capítulo, el juez podrá valerse en cualquier momento y hasta antes de que dicte sentencia, de todos los medios de prueba que estime necesarios, siempre que estén reconocidos por el Derecho.

Artículo 32. Admitida la solicitud, el Juez mandará emplazar en forma inmediata al medio de comunicación, productorindependiente o agencia de noticias en contra de la cual se hubiera presentado, con copia del escrito inicial y anexos que la conformen, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento, produzca su contestación por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.

Artículo33. En el procedimiento judicial del Derecho de Réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo34. En el escrito en que el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias demandados formule su contestación deberá expresarse:

I. Nombre del medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias y, en su caso, de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Contestación a cada uno de los hechos que consigne la solicitud;

IV. Excepciones y defensas;

V. Las consideraciones de Derecho que se estimen necesarias y pertinentes, en su caso;

VI. Las pruebas que estime adecuadas para demostrar los extremos de su defensa y;

VII. Firma de quien presente la contestación.

El medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad; las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación que se haga en su contra y, en su caso, la copia del programa o la publicación en que se hubiera hecho la divulgación de la información que dio lugar al ejercicio del derecho de réplica y que hubiere sido aportada como prueba por el actor mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 20 de esta Ley.

Artículo 35. Cuando el medio de comunicación, productor independiente o la agencia de noticias no pueda exhibir alguna o la totalidad de las pruebas en que funde su defensa o la copia del programa o la publicación a que se refiere el plazo anterior, dentro del plazo que la Ley le concede para producir la contestación a la solicitud del Derecho de Réplica y hubieran causas justificadas para ello, el juez podrá conceder un plazo adicional de cuarenta y ocho horas para su presentación, siempre que anuncie dicha circunstancia en el escrito de contestación.

Artículo 36. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las resoluciones que emita el juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la Ley de la materia.

Artículo 37. En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley, procede el recurso de apelación, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 38. Si la sentencia determinare la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además de imponer la sanción establecida en los artículos 40 y 41 de esta Ley, ordenará al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias, la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.

En el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica procederá la condenación de costas.

Artículo 39. Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta Ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta Ley, observando lo establecido en el presente Capítulo. En estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas al Instituto Federal Electoral o a la autoridad administrativa electoral competente.

CAPITULO IV

De las Sanciones

Artículo 40. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias que no realice la notificación al particular en términos del artículo 12 de esta Ley.

Artículo 41. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 15.

Artículo 42. En el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias se niegue a cumplir la sentencia o lo haga fuera del plazo establecido en la misma será sancionado con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,. En tales casos, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia ante el Juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para ese fin lo dispuesto por la Ley de Amparo.

Artículo 43. Las sanciones contenidas en este título serán aplicadas por el Juez de Distrito con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la presente Ley.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los medios de comunicación deberán designar e informar al público en general, a través de su portal electrónico, los datos del representante aludido en el artículo 7, contenido en el Artículo Primero del Decreto, dentro del plazo señalado en el artículo transitorio anterior.

TERCERO.- Se deroga el artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I.…

II. ...

III. ...

IV. …

V. …

VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte;

VII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley; y

VIII. De los juicios previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia de Derecho de Réplica.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Arturo Escobar y Vega”.

1 Eliel Ballester C., Derecho de Respuesta, Astrea, Buenos Aires, 1987.

2 Ernesto Villanueva, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, IIJ-UNAM, México, 1998, disponible en versión electrónica: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=137

3 Diccionario de la Real Academia Española, s.v. “réplica”, consulta realizada el 6 de diciembre de 2010, http://www.rae.es

4Ibid., s.v. “derecho de réplica”, consulta realizada el 6 de diciembre de 2010, http://www.rae.es

5 Teodoro González Ballesteros, El derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y televisión, Reus, Madrid, 1981, p. 30.

6 Felipe Fierro Alvídrez, El derecho y la libertad de expresión en México, debates y reflexiones, Revista Latina de Comunicación Social, Tenerife, diciembre de 2000, número 36, año 3, consulta realizada el 15 de abril de 2010,

http://www.ull.es/publicaciones/latina/04fierro.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 401, 403, 405, 406, 407, 409 Y 412 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y del C. Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT)

“Los que suscriben, Ricardo Cantú Garza y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artIculos 401, 403, 405, 406, 407, 409 y 412del COdigo Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los delitos electorales son conductas que lesionan la función electoral, las condiciones de equidad en la competencia y la libertad y secrecía de la emisión del sufragio, alterando las instituciones que garantizan el relevo de los cargos de elección popular. Mismos que están contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. Las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007 y 2008 exigen la actualización de los tipos penales con el objeto de proporcionar a las autoridades encargadas de investigar, perseguir delitos e impartir justicia instrumentos jurídicos para combatir las conductas que violentan la legalidad de los procesos electorales.

También se considera la reforma al artículo 134 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, por el que determina, entre otros, la obligación de los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; determinando que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Por ello se propone sancionar penalmente las conductas que atentan contra lo dispuesto en este precepto constitucional.

Es necesario precisar varios tipos penales con el objeto de facilitar la aplicación estricta del tipo penal y se presentan adiciones que contemplan conductas que en los recientes proceso electorales han vulnerado los principios de libertad y secrecía en la emisión del voto, como aquellas que condicionan o presionan al electorado con el uso de programas sociales o al prestación de servicio y realización de obra pública.

Para lo cual se propone la modificación y adición del artículo 401 del Código Penal Federal con los siguientes alcances: Modificar la fracción III, con el objeto de integrar en la figura de funcionario partidista a quien o quienes realicen actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos y candidatos registrados de partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas, con ello se evitará la evasión de conductas delictivas de personas que formalmente no cuentan con un nombramiento o cargo partidista, sin embargo, en la práctica u operación política realizan actividades de dirección y coordinación en las precampañas y campañas electorales.

En la fracción V del mismo artículo se agrega a la boleta electoral como documento público, en atención a que se ha detectado la sustracción de boletas para operaciones de fraude o coacción en la emisión del voto. Al otorgarle el carácter de documento público permite una mejor integración del tipo penales que sanción la sustracción o uso indebido de las mismas.

En la fracción III se precisa que la presión o inducción por cualquier medio que oriente el voto constituye un delito electoral. También se sanciona el acto de quienes soliciten datos de las credenciales de elector con la intención de la manipulación de los mismos para efectos de inducción o coacción del voto, puesto que se han detectado prácticas de reclutamiento de electores con el objeto de formar cadenas entre familiares y vecinos con la finalidad de inducir o coaccionar la emisión del sufragio violentando los principios de libertad y secrecía del voto.

Se modifican las fracción VI, VII y VIII para precisar que se sancionará la solicitud del voto por paga, dadiva, promesa de dinero u otra recompensa en cualquier etapa del proceso electoral, no solo durante el desarrollo de la jornada electoral, con la finalidad de inhibir prácticas de inducción y coacción que si bien no se realizan en la jornada electoral, éstos inciden en la misma, puesto que con días de anticipación se establece la relación que impacta en la violación de la libertad del elector para emitir su voto. De igual forma se prohíbe el transporte de votantes el día de la jornada electoraque condicione la emisión del sufragio.

Para fortalecer las condiciones de competencia y la transparencia y acceso a información objetiva durante los procesos electorales, a través de la adición de la fracción XIV, se sanciona a quiendifunda resultados de encuestas que no cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso electoral, con ello se pretende atacar la manipulación de resultados de encuestas que no cumplen elementos básicos que brinden certeza en su información con base a métodos técnicos y científicos.

Por otra parte, para efecto de ordenar el desarrollo de las precampañas y campañas electorales con la adición de la fracción XVI, se sancionan los actos por los que se destruye la propaganda de otros candidatos o partidos durante el proceso electoral que se coloca en lugares autorizados por la ley, práctica que forma parte de la guerra sucia que se presenta en las contiendas electorales.

Para efecto de evitar financiamiento ilegal con la adición de la fracción XVI se sanciona a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de precampaña campaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley. Con la adición de la fracción XVII, se sanciona el uso deprogramas sociales, sus recursos y listas de beneficiarios del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato.

Con el objeto de contar con apoyos legales para dar cuenta de hechos durante el proceso electoral, con la adición de la fracción XIX se sanciona a quien se nieguepara dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido porlos funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos. Así mismo se sanciona a quien destinerecursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Con relación a delitos que pueden cometer quienes tienen la calidad de funcionarios electorales, en el artículo 405, se modifica la fracción VII y se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV con el objeto de sancionar penalmentea los funcionarios de electorales que sin causa prevista por la ley no admita la presencia en la instalación de las mesas de casilla o niegue las copias de las actas de casilla ocoarte cualquier otro derecho que la ley les concede; impida por cualquier medio la realización del escrutinio y cómputo público de la votación; permita la presencia en la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes de personas que por cualquier medio induzcan o presionen a los electores la libertad y secrecía de laemisión del voto; suplante, destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidos en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal; niegue información y documentos electorales a los representantes de candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidos en la ley.

Para efecto de sancionar a los funcionario partidista al precandidato o candidato al candidato, se reforma el artículo 46 en las fracciones I y se adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI, para prohibir la alteración o modifique factura o comprobante de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de la penas que puedan corresponder por otros delitos; la omisión de reportar ingresos en dinero o especie utilizados en sus actividades de precampaña o campaña; la adquiera publicidad en radio y televisión bajo cualquier modalidad; ordene o ejecute la destrucción de propaganda de partido, coalición o candidato durante el proceso electoral, con esta medidas se pretende contribuir a una competencia electoral más ordenada y fomentar el respeto entre los contendientes por cargos de elección popular.

En el artículo 407, se actualizan las conductas que sancionan a los servidores públicos queobligue a sus subordinados a realizar actos de propaganda a favor de un partido político, coalición o candidato; que participe durante su horarios de labores en actos de precampaña o campaña; ordene o realice encuestas o sondeos de opinión vinculados con tendencias electorales cuando; que por cualquier medio promueva o denigre expresa y públicamente la imagen de candidato alguno partido político o coalición; o bien, que utilice los programas institucionales, de desarrollo social, obra pública o prestación de servicios para la promoción de su imagen personal o beneficiar a candidatos, partidos o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral.

Para evitar el uso de datos personales contenidos en las credenciales para votar con fotografía, se adiciona la fracción III al artículo 409, para sancionar a quien haga uso doloso de los datos personales del Registro Federal de Electores o listado Nominal, para la promoción de propaganda electoral, o el condicionamiento de servicios públicos o lapromesa infundada de inclusión en programas sociales.

Se incluye la figura de precandidato o candidato para la para quien sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Un Estado de derecho exige condiciones mínimas de seguridad jurídica en las condiciones de competencia electoral, garantizando el pleno ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos para el ejercicio libre y secreto de su voto, por ello es necesario actualizar las conductas que deben ser sancionadas con prisión por atentar contra los principios esenciales de la democracia.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se modifican las fracciones III, IV y V del artículo 401; III, V, VI, VII y IX del artículo 403; VI y VII del artículo 405; Primer párrafo y fracción I del artículo 406 y fracción I del artículo 407 y 412. Se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 403; XII, XIII, XIV, XV al artículo 405; VIII, IX, X y XI al artículo 406; V, VI, VII y VIII al artículo 407 y III al artículo 409, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

I.. …;

II. …;

III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, sus representantes ante los órganos electorales, o quien realice actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos y candidatos registrados de partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas;

IV. Precandidatos o Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

V. Documentos públicos electorales, las boletas las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; y

VI. …

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I.…;

II. Vote más de una vez en una misma jornada electoral;

III. Presione o induzca por cualquier medio a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;

IV. …;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos o solicite datos de la credencial para condicionar la libre emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral;

VI. Mediante amenazas o violencia física o moral coaccione a otros a votar o abstenerse de hacerlo a favor de un determinado candidato, partido político o coalición.

Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante cualquier etapa del proceso electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en forma libre y secreta;

VIII. …;

IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, condicionando, coartando o pretendiendo coartar por cualquier medio su libertad para la libre emisión del voto;

X.

XI. …

XII. …

XIII. …

XIV. Difunda resultados de encuestas que no cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso electoral;

XV. Durante las precampañas y campañas electorales se apodere, destruya, oculte o distorsione la propaganda electoral de candidatos, partidos o coaliciones colocada en lugares autorizados por la ley;

XVI. Realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de campaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley;

XVII. Utilice programas sociales, sus recursos y listas de beneficiarios del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato;

XIX. Se nieguepara dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección, cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido porlos funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos;

XX. Destine recursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I.- …

II.

III.- …

IV. …

V. …

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato, partido o coalición determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VII.- …

VIII. Sin causa prevista por la ley no admita la presencia, expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;

IX.- (Se deroga).

X. …

XI. …

XII. Impida por cualquier medio el escrutinio y cómputo público de la votación,

XIII. Permita la presencia en la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes de personas que por cualquier medio induzcan o presionen a los electores la libertad y secrecía de laemisión del voto;

XIV.- Suplante, destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidos en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal;

XV. Niegue información y documentos electorales a los representantes de candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidos en la ley.

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista al precandidato o candidato al candidato que:

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato, partido o coalicióndeterminada en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

II.- …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. Altere o modifique factura o comprobante de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos;

IX. Omita reportar ingresos en dinero o especie utilizados en sus actividades de precampaña o campaña;

X.Adquiera publicidad en radio y televisión bajo cualquier modalidad;

XI. Ordene o ejecute la destrucción de propaganda de partido, coalición o candidato durante el proceso electoral

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a realizar actos de propaganda o a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. …

III. …

IV. …

V. Participe durante su horarios de labores en actos de precampaña o campaña de candidatos, partidos o coaliciones;

VI. Ordene o realice encuestas o sondeos de opinión vinculados con tendencias electorales cuando;

VII. Por cualquier medio promueva o denigre expresa y públicamente la imagen de candidato alguno partido político o coalición;

VIII.- Utilice los programas institucionales, de desarrollo social, obra pública o prestación de servicios para la promoción de su imagen personal o beneficiar a candidatos, partidos o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral.

Artículo 409.- Se impondrán de veinte a cien días multa y prisión de tres meses a cinco años, a quien:

I.- …

II.- …

III. Haga uso de los datos personales del Registro Federal de Electores o listado Nominal para la promoción de propaganda electoral

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista, a los organizadores de actos de campaña, precandidatos o candidatos que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Ricardo Cantú Garza Manuel.- Dip. Rafael Huerta Ladrón de Guevara”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Diputado Alberto Curi Naime, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Alberto Curi Naime, Diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la respetable consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación como bien universal es uno de los valores indispensables para el ser humano. La educación contribuye a la formación de cada persona, permitiéndole desplegar sus potencialidades para alcanzar un desarrollo pleno e integral.

Pero la educación no es una actividad aislada; las acciones, actitudes y comportamientos de todos los miembros de la comunidad inciden en su calidad. Si bien brindarla es una responsabilidad del Estado, la educación precisa de la participación de toda la sociedad.

En este sentido, los padres de familia o tutores desempeñan un papel preponderante, pues los procesos de socialización y educación han demostrado a través de la historia que los padres han sido, son y serán los primeros formadores de sus hijos, los que inspiran en el niño motivación y seguridad, los que promueven en ellos patrones de identificación que propician el desarrollo de su propia personalidad.

Por ello, la idea de brindar mayores elementos a los padres de familia para que puedan apoyar de mejor manera el proceso educativo de sus hijos, ha sido una preocupación que siempre ha estado presente; preocupación que, incluso, se encuentra plasmada en diversos ordenamientos legales en materia educativa en los que se reconoce el papel fundamental que juegan en la formación de sus hijos, lo que hace indispensable fortalecer su preparación, así como sus capacidades y habilidades.

La Educación para padres aparece por primera vez en Estados Unidos de América en 1815, con las asociaciones de las madres de familia, cuya finalidad era capacitarlas para el buen desempeño con sus hijos. En 1897 se organizó el Congreso Nacional de Padres y Maestros, inspirados por las tesis del psicólogo Stanley Hall1, quien se dedicaba a la psicología infantil y a la capacitación de los padres en este tema.

En 1903 se funda en Europa la Unión Nacional de Educadores con el propósito de involucrar a la familia en el proceso de formación de los estudiantes. En 1923, la Fundación Rockefeller creó centros de investigación para acrecentar la ayuda afectiva y la formación de especialistas en la educación de padres de familia.

Cabe señalar que en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se dió un nuevo giro a la educación de los padres, la cual se centra, entonces, en la gran preocupación por el importante crecimiento de diversas enfermedades mentales como secuela de dicha guerra.

En 1963 en Bruselas se celebró el primer Congreso Mundial de Escuelas de Padres, donde se trataron temas tales como: trastornos y dificultades actuales de relaciones, así como de educación familiar en las diferentes civilizaciones con incidencia en los hijos.

Hoy en día, la necesidad de expandir la educación y capacitación de los padres en todo el mundo se ratifica por el enorme interés que manifiestan diversos Organismos Internacionales respecto a este tema.

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)2, en su publicación Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos, establece claramente que los padres de familia son asociados esenciales en la educación permanente de sus hijos.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento “Invertir mejor para invertir más, financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe”3, señala la necesidad de que los padres de familia cuenten con herramientas para apoyar a los hijos en el rendimiento escolar.

En nuestro país, durante los Siglos XVIII y XIX, los padres de familia se integraron a los cuerpos encargados de supervisar y apoyar a las escuelas; pero fue a inicios del siglo XX cuando se formalizaron las primeras agrupaciones destinadas a conjuntar la acción de éstos en apoyo a la educación.

Las leyes mexicanas incluyen por primera vez en 1933 la figura de las Asociaciones de Padres de Familia a través del Reglamento de las Agrupaciones de Padres de Familia del Distrito Federal, cuya operación se generalizó a varios estados del país. Dentro de los propósitos de estas Agrupaciones señalaban el de "coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el mejoramiento de la enseñanza” y el de “procurar el mejoramiento social de los padres de familia". Posteriormente, en 1949 se emitió el "Reglamento para la constitución y funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación |Pública", siendo ambos, antecedentes de la actual reglamentación en este rubro.

Por otra parte, cabe señalar que en los últimos años el desarrollo tecnológico ha crecido a una gran velocidad impactando de manera desigual a los distintos sectores poblacionales. Algunos de éstos como son los grupos vulnerables, los adultos mayores y, de manera particular, los padres de familia que viven en comunidades marginadas o de escasos recursos, no han tenido la oportunidad de acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), ya sea por aspectos económicos, sociales, geográficos o culturales, entre otros.

En consecuencia, actualmente existe una importante brecha digital4 entre padres e hijos que, en parte, se explica porque la reciente ampliación y popularización de las tecnologías ha rebasado a quienes estuvieron escolarizados antes de la década de los 90´s y, en mucho mayor medida, a quienes actualmente viven en condiciones de rezago económico y social.

Reducir esa brecha representa, por tanto, uno de los principales retos que tenemos en materia educativa en nuestro país, lo cual hace indispensable e improrrogable que, adicionalmente a las acciones orientadas a generar más infraestructura y equipamiento para ampliar la cobertura educativa en las distintas comunidades, particularmente en aquéllas que presentan mayor rezago, se emprendan también acciones para lograr que cada vez más personas tengan la posibilidad de acceder al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, aun cuando solo sea, en principio, en niveles básicos.

Esto representa, sin duda, un paso indispensable para promover la inclusión de quienes actualmente no tienen oportunidad de acceder a las posibilidades informativas, comunicativas, creativas y de aprendizaje que permiten las nuevas tecnologías, hecho que se ratifica al analizar los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2011, Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los Hogares (2011)5, que muestran la necesidad de llevar a cabo programas tendientes a propiciar que los padres de zonas marginadas accedan rápidamente al uso de las nuevas tecnologías.

Dicha encuesta determina, asimismo, que la edad de los usuarios de las TIC’s, que comprende uso de computadora, internet y telefonía celular, se da predominantemente entre la población joven del país con edad promedio de 12 a 24 años y que, a partir de los 45, el uso de TIC’s es inusual y constituye apenas uno de cada diez personas. Para aquellos hogares que carecen de computadora la encuesta determina que la principal limitante se relaciona con su costo.

Es decir, el uso de las TIC’s en adultos en nuestro país es muy bajo en comparación a la velocidad con que su utilización se va incrementando en niños yjóvenes, ya sea por falta de acceso a las mismas o por no contar con el conocimiento o habilidades para su uso, ampliando la brecha entre padres de familia e hijos. Tal circunstancia, además de ponerlos en desventaja para aprovechar en su favor los avances tecnológicos, los orilla a la exclusión social6.

Cabe mencionar que en los últimos años, diversos estudios han señalado que esta brecha digital provoca una distorsión en la relación de los hijos con sus padres, pues aquéllos consideran que estos últimos no tienen los conocimientos mínimos en el uso de las TIC´s, lo que repercute en una disminución en su valoración y respeto.

En años recientes, con el propósito de reducir esta brecha digital incorporando a los padres al desarrollo tecnológico, en México se han diseñado y puesto en marcha varios programas, aunque de manera aislada. En 2010 en el Estado de México se implementó un Programa denominado “Conexión Educativa”, siendo éste el primer esfuerzo de alfabetización digital dirigido a padres de familia de comunidades rezagadas y que no cuentan con acceso a la tecnología7. Otros estados del país han implementado también esquemas similares, como es el caso de Sonora, Michoacán y muy recientemente Chiapas.

Como puede apreciarse, la idea de educar e integrar a los padres de familia al proceso educativo propio y de sus hijos, ha sido un objetivo permanente para lograr una verdadera evolución de la educación; sin embargo, en nuestro país hasta hoy el grado de participación efectiva de los padres en este proceso es aún insuficiente.

Por ello, la implementación de proyectos y programas como los mencionados, además de coadyuvar al propósito fundamental de reducir la brecha digital, representan un medio idóneo para motivar a los padres a capacitarse y a participar e involucrarse con mayor intensidad en la educación de sus hijos; propicia un mayor acercamiento entre padres e hijos y mejora sustancialmente la comunicación e interacción entre ellos.

Aunado a lo anterior, el fortalecimiento de la vinculación entre padres e hijos constituye, también, un factor primordial para la protección en contra del acoso ó intimidación escolar (Bullying), del que son víctimas muchos de los estudiantes de nuestro país, en el que 8.8% de los niños de nivel primaria y 5.6% de secundaria ejercen o son víctimas de este tipo de violencia8, así como contra el acoso cibernético (Cyberbullying) al cual están expuestos nuestros hijos a través del uso de los diferentes medios de comunicación electrónicos, entre ellos los que se refieren a las computadoras y a internet.

En tal virtud, siendo los padres de familia los principales transmisores de valores y promotores de la identidad propia de sus hijos, son también los responsables de establecer los límites en cuanto al uso que éstos hagan de la tecnología, lo cual hace indispensable que la conozcan con mayor claridad para lograr, así, una comunicación efectiva.

Finalmente, el artículo tercero constitucional establece que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción del interés general de la sociedad entre otros aspectos, por lo que es menester que la Ley General de Educación contemple, como parte de la equidad en la educación, la obligación de que las distintas autoridades educativas, en el ambito de sus respectivas competencias, realicen programas y acciones para que los padres de familia que se encuentren en situación económica y social de desventaja, se incorporen al uso de estas nuevas herramientas y con ello generen en la relación y comunicación con sus hijos un entorno de mayor armonía y convivencia, a través de un escenario colaborativo e incluyente.

En tal virtud, la presente iniciativa propone la implementación de cursos básicos de computación y manejo de internet gratuitos; cursos prácticos y accesibles dirigidos a los padres de familia a fin de que tengan la oportunidad de desarrollar habilidades en el ámbito de las TIC´s, con el propósito de apoyar su alfabetización digital y con ello reducir la brecha en este rubro entre los padres de familia y sus hijos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación.

Unico. Se adiciona la fracción VI Bis del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I a VI.…

VI Bis. Implementarán cursos básicos de computación e internet, prácticos, accesibles y gratuitos dirigidos a padres de familia o tutores de alumnos de educación básica, preferentemente en aquéllas comunidades y colonias que presentan mayor rezago económico y social.

VII a IX....

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Presupuestos de Egresos de la Federación y los correspondientes a los Estados y al Distrito Federal, deberán incluir los recursos necesarios para la implementación de los cursos básicos a que se refiere el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Alberto Curi Naime”.

1 Especialista en la psicología infantil y en la capacitación de los padres en este tema.

2 Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001588/158893s.pdf. (Abril 2, 2013).

3 Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/20696/S43SyC-L2246e-P.pdf. (Abril3, 2013).

4 La cual se conforma de las diferencias entre el acceso a las TIC´sy el desarrollo de destrezas para su manejo y las capacidades de cada individuo de acuerdo al diferente contexto socioeconómico y cultural y las características individuales de dar un uso efectivo de las TIC´s.

5http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/endutih/ENDUTIH2011.pdf. (Marzo 10, 2013).

6 La falta de acceso a las computadoras y a las nuevas tecnologías por parte de un sector de la población y aunada a la pobreza forma parte de la exclusión social.

7 Este programa es vigente como: Programa Conexión En Grande.

8De acuerdo al Taller “Prevención del Bullying”, organizado por la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados (Mayo 25, 2011).





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del PRD)

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Diputado VIctor Manuel Bautista LOpez integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la H. LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el COdigo Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los efectos que el alcoholismo provoca en la persona y sus relaciones sociales son muy variados y tienden a escalar su gravedad, adicionalmente el consumo entre niños y adolescentes tiene repercusiones graves y determinantes en su pleno desarrollo.

Por esa razón, el Poder Constituyente de la Unión consideró oportuno señalar, en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la faculta expresa del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados para dictar leyes “encaminadas a combatir el alcoholismo”.

En cumplimiento de dicha resolución la Ley General de Salud destaca como materia de la salubridad general al Programa contra el alcoholismo, facultando al Consejo de Salubridad General para dictar medidas contra su consumo.

En la Ley General se precisa la existencia del Programa contra el Alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, cuya ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud, los Gobiernos Estatales y el Consejo de Salubridad General.

Forman parte del conjunto de acciones a realizar en esta materia la educación y formación que sobre los efectos del alcoholismo debe prestarse a diferentes grupos sociales entre los cuales se encuentran los niños y los jóvenes.

No obstante lo anterior y de acuerdo con los resultados reportados en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la población de nuestro país ha venido reduciendo la percepción del riesgo que representa el consumo del alcohol, al mismo tiempo que se incrementa la tolerancia social sobre el mismo.

Y a pesar de la falta de estudios sobre el consumo de alcohol entre estudiantes, algunos datos existentes nos deben conducir a priorizar la atención de este tema si consideramos que un estudio realizado en Nuevo León en 2007 reportó el consumo de alcohol alguna vez de 43.9% de los entrevistados, en el caso de Jalisco en 2010 dicho indicador se sitúo en el 65.1%, en el Estado de México en 2009 se identificó en el 70.8% y en la Ciudad de México en 2006 reportó un indicador del 68.8% que se incrementó en 2009 al 71.4%.1

La Encuesta Nacional de 2011 reporta entre sus resultados, los siguientes:

Con respecto a las tres prevalencias de consumo, se observó un crecimiento significativo en cada una de ellas de 2002 a 2011. De modo que la prevalencia alguna vez en la vida pasó de 64.9% a 71.3%, la prevalencia en los últimos doce meses de 46.3% a 51.4% y el crecimiento proporcionalmente mayor se presentó en la prevalencia del último mes ya que pasó de 19.2% a 31.6%.2

Vale la pena analizar con detenimiento la información que corresponde a un sector de la población estratégico, los adolescentes de entre 12 y 17 años. Para el caso del consumo alguna vez, éste se incrementó en 12 puntos porcentuales entre 2002 y 2011 para ubicarse en el 42.9%; el consumo durante el último año se incrementó en 5 puntos porcentuales para fijarse en 30%; mientras que el consumo en el último mes se duplicó para alcanzar el 14.5%. Además es sumamente preocupante el deslizamiento en este último concepto manifestado por las mujeres que pasaron del 2.7% de 2002 al 11.6% en 2011. Notándose además un incremento de 2.1% a 4.1% entre adolescentes dependientes de su consumo.3

Identificada esta situación y el incremento de las tendencias de consumo de alcohol entre menores de edad, además del conjunto de acciones preventivas y de la prohibición existente en la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, autoridades públicas de la Federación, de la Capital de la República y de los estados fueron testigos de la firma en 2011 del Pacto Nacional Cero Tolerancia en la Venta y Facilitación de Alcohol para Menores, por parte de empresarios de nuestro país.

Entre los particulares que asumieron dicho compromiso destacan los representantes de las Asociaciones Nacionales de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, de Distribuidores de Vinos y Licores, de Abarroteros Mayoristas, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos.

No obstante que se han realizado acciones importantes para prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y la firma de dicho acuerdo, existen numerosos materiales en redes sociales y diferentes estudios que muestran que se mantiene la misma tendencia identificada en la encuesta 2011 en el consumo de alcohol entre menores de edad.

Lo que es más grave aún si consideramos que dichos actos no ocurren, como en el pasado, sólo en el seno de acontecimientos y fiestas familiares, sino que con mayor frecuencia se presentan en las inmediaciones de escuelas, centros deportivos y lugares frecuentados por los menores de edad, dentro de los horarios escolares en los que los padres de familia y tutores esperan que los niños y jóvenes estuvieran dentro de las instituciones educativas.

El consumo de alcohol de estudiantes en lugares cercanos a los centros escolares y dentro del horario de clases ocurre asociado con otro tipo de actos que van desde agresiones, violencia, bullying, pasando por la realización de conductas sexuales sin protección y, en el peor de los casos, la participación de los menores en actos delictivos y con el riesgo de quedar enganchados con grupos de la delincuencia organizada, actos todos que afectan su libre desarrollo.

Sin pretender modificar la prioridad sustantiva que debe prevalecer en el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir el consumo de alcohol entre los menores de edad, aspecto al que las autoridades deben asignar especial atención, también debe considerarse que la consolidación de políticas efectivas de seguridad pública, la mejor investigación, la efectiva consignación de los responsables de la comisión de hechos delictivos y su correcta sanción, integran un conjunto de acciones tendientes a reducir la impunidad y, con ello, a inhibir con efectividad la posible y futura comisión de dichas conductas.

Para lograrlo es necesario contar con instrumentos legales precisos, claros, objetivos que constituyan herramientas efectivas al alcance de la autoridad para lograr tal cometido, y aún cuando en el Código Penal Federal se encuentran tipificados los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los cuales se incluyen los consistentes en Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo, es importante señalar que el diseño del tipo penal sigue permitiendo que cualquier adulto sirva de intermediario entre los menores de edad y se presente a un establecimiento comercial para adquirir bebidas alcohólicas poniéndolas posteriormente a su alcance.

A lo anterior debemos añadir la significativa aportación que el legislador local ha realizado en la materia en el caso del estado de Baja California al calificar como agravante el hecho de que la conducta ocurra al interior de centros educativos, de asistencia social, de cuidado infantil, de recreo, hospitales o centros deportivos o en sus inmediaciones, sin precisarlas, así como el aporte del legislador mexiquense que precisa como agravante el que la conducta ocurra en un radio de quinientos metros de alguna estancia infantil, instalación educativa, parques públicos o centros deportivos.

Además de los aspectos antes señalados, debemos considerar que justifica plenamente la necesidad de adoptar las modificaciones legales que se proponen y exhortar a las Legislaturas Locales a modificar su legislación para hacerla congruente con las disposiciones de carácter federal, las obligaciones adquiridas por nuestro país a través de la firma y ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el denominado “Pacto de San José”, que incluye en su artículo 19 el derecho de todo niño a “medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Debe enfatizarse que la adopción de las modificaciones que se proponen a las disposiciones legales y la existencia del propio tipo penal existente no penalizan el consumo, el que debe atenderse desde una perspectiva médica, psicológica y social integral; lo que pretenden es sancionar adecuada y proporcionalmente al adulto que aprovechándose de dicha condición, accede al mercado de estos productos, cerrado para los menores, poniendo a su alcance este tipo se sustancias prohibidas y burlando así ala ley lo que, en las más de las veces, consolida una posición de poder e influencia desde la cual vulnera la voluntad del menor, pretendiendo influir sobre ella, aprovechándose de las ventajas que el acto le genera para obtener beneficios indebidos, manipulando y conduciéndolo a la comisión de otro tipo de conductas también sancionadas penalmente y que afectan el correcto y sano desarrollo de las personas menores de edad, por lo que la acción inicial, punible de por sí, se convierte en un medio que posibilita la realización de conductas que afectan con mayor gravedad el desarrollo de los menores.

En virtud de lo anterior se propone reformar al Código Penal Federal modificando la redacción actual del inciso a) del artículo 201 suprimiendo el concepto habitual así como adicionando un inciso k) al artículo 205 Bis para integrar como agravante en el caso de los delitos contemplados en los artículos 200, 201 y 202 el que las conductas se cometan al interior de estancia infantil, institución educativa, parques públicos, centros deportivos, de asistencia social u hospitales o en un radio menor o igual a quinientos metros.

Es en atención de los elementos antes descritos, que se somete a la elevada consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal en el tenor siguiente:

ARTICULO UNICO.- Se reforman el inciso a) del artículo 201 y el inciso i) del artículo 205 Bis y se adiciona un inciso k) al mismo 205 Bis, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 201.- …

a) Consumo de bebidas alcohólicas;

b) al f) …

Artículo 205-Bis. …

a) al h) …

i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima;

j) ...

k) Cuando la conducta se realice al interior de estancia infantil, institución educativa, parques públicos, centros deportivos, de asistencia social u hospitales o en un radio menor o igual a quinientos metros.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Víctor Manuel Bautista López”.

1 Gobierno Federal. Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Alcohol. Págs. 1 y 2.

2 Idem. Pág. 22

3 Idem. Pág. 24.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del PT)

“EL SUSCRITO, JOSE ARTURO LOPEZ CANDIDO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO A LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO QUE SE DISPONE EN EL ARTICULO 71, FRACCION II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOMETE A CONSIDERACION DEL PLENO DE ESTA SOBERANIA, LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La capacitación o adiestramiento es un derecho de los trabajadores para hacer un mejor trabajo de manera que se vayan profesionalizando conforme a las necesidades que requiere su área laboral, esto debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo; donde no necesariamente debe ser en el área de ubicación sino tener la oportunidad de obtener capacitación de otra área.

De esa manera al formar parte de los programas de capacitación, debe ser obligatorio que el patrón otorgue a sus trabajadores el documento que avale la capacitación, de tal manera que aunque no se les contrate nuevamente en la empresa o dependencia donde obtuvieron la capacitación, tengan el aval o sustento de que están capacitados para esa área o para cubrir esas funciones siendo importante tanto para la empresa, dependencia, etc., como para los trabajadores.

La actual Ley Federal del Trabajo en el Capitulo referente a las capacitaciones que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, o externos, contratados por la misma empresa preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 153-T, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo Unico.- Se reforma el Título Cuarto, Capítulo III BIS, Artículo 153-T, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 153-T.- Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este Capítulo, tendrán derecho a recibir de la entidad instructora sus constancias respectivas, a su vez, la entidad instructora tendrá la obligación de expedirdichas constancias, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Atentamente”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 15, MODIFICANDO LA FRACCION X, ADICIONANDO LA FRACCION XI Y RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, ASI COMO LOS ARTICULOS 59, 116 Y 118 DE LA MISMA LEY

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre propio y del C. Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

“Los proponentes, RICARDO MEJIA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 15, MODIFICANDO LA FRACCION X, ADICIONANDO LA FRACCION XI, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, ASI COMO LOS ARTICULOS 59, 116 Y 118 DE LA MISMA LEY.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El campo vive un fenómeno sembrado de paradojas, donde hay una silenciosa feminización en el sector agrario en el cual millones de productoras rurales latinoamericanas viven del campo, sin embargo los programas agrícolas en su mayoría son para hombres.

Las mujeres representan, en promedio el 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, según la FAO. Pero esta feminización se da en un terreno de enraizada inequidad y discriminación, las mujeres agrícolas no tienen el mismo acceso que tienen los varones a insumos como fertilizantes o semillas, créditos, colaboración en cooperativas y asistencia técnica. Incluso enfrentan problemas relacionados con la misma tenencia de la tierra, situación que ante al abandono del campo frente a la migración, pone a las mujeres en una situación aún más difícil para acceder a créditos, servicios, y programas para el campo.

“En México, las mujeres de las zonas rurales trabajan un total de 89 horas semanales, mientras que los hombres lo hacen 58. Pese a ello, casi 40 por ciento de esas mujeres no tiene ingresos propios, mientras que solo 14 por ciento de los hombres están en la misma situación”1.

Hoy, diversos factores sociales, económicos y culturales aúnrestringen la potenciación de la mujer rural.Si además se consideran las dobles o triples jornadas que las mujeres rurales deben desarrollar para su condición de género principalmente relacionados con las labores domésticas, temas como el abasto de agua, y acceso a servicios básicos como electrificación, letrinas, piso firme, se vuelven un elemento que agrava aún más la situación en el campo.

En este contexto, el tema de la equidad de género es una demanda generada, en principio por organizaciones de mujeres que la incorporaron en la agenda pública a partir de la identificación de los problemas de marginación que sufren la mayoría de mujeres del sector agrícola.

La feminización de la pobreza en el campo sigue siendo un fenómeno masivo y predominantemente rural, si los mercados rurales privilegiaran el apoyo a las mujeres sin lugar a dudas esto repercutiría en una reducción significante de la pobreza y en mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Por ello, es necesario hacer conciencia de que la feminización de la pobreza en el campo, no es un asunto que afecte exclusivamente a las mujeres rurales, sino repercute de manera directa al desarrollo del campo y la productividad de las mismas.

Las mujeres rurales poseen gran parte de los conocimientos necesarios para aumentar la seguridad alimentaria, impedir la degradación del medio ambiente y mantener la diversidad biológica de la agricultura. La seguridad alimentaria y los medios de vida de las mujeres ocupan un lugar central en estas luchas.

Empero las desigualdades de género en el sector rural y las políticas agrícolas merman la seguridad alimentaria de manera sistemática. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura estima que el aumento de productividad que traería consigo el garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los abonos, las semillas y herramientas, podría elevar el total de la producción agrícola entre el 2.5% y el 4% aproximadamente, lo que implicaría que entre 100 y 150 millones dejarían de pasar hambre.

Reviste singular importancia la transversalidad de género como estrategia necesaria para una mayor eficacia de los programas dirigidos a superar la pobreza en el campo, e impulsar su desarrollo; así promover el enfoque de género y la equidad, nos permite arribar a la creación de espacios clave para una transformación en sociedades más justas, no discriminatorias.

Construir una política de cambio respecto a la equidad de género e igualdad entre mujeres y hombres requiere por tanto la integración de la perspectiva de género, de manera transversal, en los programas del sector rural.

Cabe destacar que La AsambleaGeneral de las Naciones Unidas el 15 de octubre de 2008 reconoce “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.

En virtud de ello, la ONU declaró el 15 de octubre, para conmemorar el Día de las Mujeres Rurales, a fin de hacer mayor conciencia de la necesidad de promover un enfoque de equidad de género, y así generar la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres del campo, lo que derivará en beneficio del sector rural.

De acuerdo con la ONU las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías de los países desarrollados y en desarrollo: producción de cultivos, cuidado del ganado, proporcionar alimentos, agua, combustible, además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, ancianos y enfermos.

ARGUMENTACION

La mitad de la población rural femenina tiene el potencial para participar en el desarrollo social y económico de sus comunidades y regiones. Sin embargo, la atención y el apoyo que recibe para lograrlo son insuficientes. La mujer agrícola demanda capacitación, participar en las decisiones de su sociedad, desarrollar actividades económicas que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia; demanda servicios e infraestructura para su comunidad y para descargar las pesadas jornadas de trabajo doméstico y progresar en su desarrollo personal e integrarse y participar en la dignificación de la calidad de vida del sector rural.

De este modo la mujer rural mexicana, desempeña dobles o triples roles y jornadas de trabajo, sin olvidar nunca la preservación del núcleo familiar y el cuidado de su parcela, desempeñando, además tareas de beneficio social en sus comunidades. Estas labores en la actualidad resultan más arduas al enfrentar los grandes retos de un campo empobrecido en la riqueza de sus tierras y abandono en sus cultivos.

Las reformas que proponemos a los artículos 15, 59, 116 y 118 delaLey de Desarrollo Rural Sustentable pueden aminorar la brecha de las desigualdades de género en el sector agrícola, es necesario incrementar la capacidad de los gobiernos en los ámbitos federal, estatal y local a fin de reforzar las leyes en vigor, introduciendo nuevas reformas que permitan diseñar y ejecutar políticas públicas eficientes y eficaces a fin de reconocer y dar respuesta a esta problemática.

Es referente que las mujeres y también los hombres rurales tengan escasa conciencia de sus derechos, por lo tanto es de suma importancia el acceso a los servicios financieros, créditos, cajas de ahorros e insumos para el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Empero, las mujeres tienen menos accesos a tales servicios que los hombres.

El trabajo de las mujeres rurales contribuye a la producción agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural,por ende al crecimiento y desarrollo económico nacional.

Las mujeres enfrentan limitantes básicas por su género, por ejemplo el escaso o nuloacceso a los programas para obtención de ingresos e inversión para la prestación de servicios; lo cual significa que las mujeres tropiezan en mayor medida con dificultades que sus pares varones para acceder a ciertos derechos del sector rural, lo cual restringe la productividad de la mujer en la agricultura, además de no contar con un ingreso bien remunerado por su trabajo.

Se deben adoptar medidas para eliminar la discriminación que sufren las mujeres rurales lo cual traerá como resultado erradicar la feminización de la pobreza en el ámbito rural, además de realizar programas de mayor difusión para la participación de las mujeres a través de una agricultura sustentable, diversidad biológica y la aplicación de nuevas tecnologías. Es por ello la necesidad de incidir en cada una de las vertientes del Programa Especial Recurrente, con una perspectiva de género que incluya a las mujeres.

Es menester subrayar, que si los mercados laborales rurales funcionaran mejor para las mujeres, sin lugar a dudas eso repercutiría en una reducción de la pobreza y en mejores condiciones de vida para ellas.

Esta iniciativa, hace posible llevar a cabo una serie de acciones de apoyo al desarrollo de las mujeres rurales con el objetivo de fortalecer la promoción e impulso a los programas de la mujer, el desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en el sector rural.

Apoyar la formación y progreso de las mujeres, llevando a cabo una serie de actividades en materia de capacitación en temas de planeación, administración, salud, educación y derechos.

Para el desarrollo rural sustentable es importante optimizar el funcionamiento de sus empresas de carácter colectivo y familiar, privilegiando aquellas que estén lideradas por mujeres, y mantenerlas informadas acerca de los programas que llevan a cabo las instituciones y forma de acceder a ellas. En virtud de ello, se debe incluir acciones afirmativas a favor de las mujeres en los programas de reconversión social.

Asimismo, es prioritario incorporar cada vez a más hombres en esta tarea de sensibilización social, al ser ellos los que en gran medidadiseñan los programas y políticas públicas, toman decisiones en el sector rural.

Hacia el empoderamiento económico de las mujeres rurales”

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 15, MODIFICANDO LA FRACCION X, ADICIONANDO LA FRACCION XI, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, ASI COMO LOS ARTICULOS 59, 116 Y 118 DE LA MISMA LEY, al tenor del siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 15, modificando la fracción X, adicionando la fracción XI, recorriendo los subsecuentes, de la ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como los artículos 59, 116 y 118 de la misma ley.

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I – IX.

X. La protección de la familia, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales.

XI. La promoción e impulso a los programas, proyectos y apoyos institucionales dirigidos hacia las mujeres, el desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en el sector rural.

Artículo 59. Los apoyos a la reconversión productiva en actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar preferentemente:

I. La constitución de empresas de carácter colectivo y familiar, privilegiando aquellas que estén lideradas por mujeres, o que generen empleos locales.

II - IV

Artículo 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable …

Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la integración y fortalecimiento de la banca social, lo anterior bajo principios de igualdad y equidad de género. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 118. En la medida en que el Estado desarrolle y consolide el Sistema Nacional de Financiamiento Rural …

Los programas gubernamentales rurales con componentes financieros, establecerán su área de influencia; políticas financieras; principios de igualdad y de equidad de género; apoyo a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, población indígena y las demás que establezca la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22de mayo de 2013.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja.-Dip. Ricardo Monreal Avila".

1 Agricultura: El campo rumboa la feminización. Revista Somos Sinaloa Abril 2013.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, Diva Hadamira GastElum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud, con la finalidad de promover, atender y cuidar de las personas que padezcan algún tipo de Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD), de forma particular el Autismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD) es una alteración de origen neurobiológico que se manifiesta habitualmente en los niños durante los tres primeros años de vida.

Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders DSM-IV-TR), los trastornos son una clasificación categórica no excluyente, basada en criterios con rasgos definidos.

Los autores de este manual admiten que aún no existe una definición que especifique adecuadamente los límites para su conceptualización y que se carece de una definición operacional consistente que englobe todas las posibilidades de este padecimiento.

Un trastorno se define como un patrón del comportamiento mental o psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción del comportamiento mental, psicológico o biológico.1

Existen pruebas de que los síntomas y el curso de un gran número de trastornos están influidos por factores étnicos y culturales. No hay que olvidar que la categoría diagnóstica es sólo el primer paso para el adecuado plan terapéutico, el cual necesita más información que la requerida para el propio diagnóstico.

Los T.G.D`s representan un conjunto de trastornos que se caracterizan por los retrasos y alteraciones cualitativas que existen en el desarrollo de las áreas sociales, cognitivas y de comunicación, así como un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de conductas, intereses y actividades. En la mayoría de los casos, el desarrollo es atípico o anormal, desde las primeras edades siendo su evolución crónica. Sólo en contadas ocasiones las anomalías se han presentado después de los cinco años de edad. 2

Los T.G.D. comprenden un amplio conjunto de trastornos. Algunas clasificaciones diagnósticas como es el C.I.E. (Clasificación multiaxial de los Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentan poner cierto orden y permiten el diagnostico diferencial dentro de los T.G.D. en función de la discriminación de los diferentes síntomas, por ello distinguen la siguiente clasificación:

1. Autismo Infantil

2. Autismo Atípico

3. Síndrome de Rett

4. Otros Trastornos Desintegrativos de la Infancia

5. Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados

6. Síndrome de Asperger

7. Otros Trastornos Generalizados del desarrollo y;

8. Trastorno Generalizado del Desarrollo sin especificar.

Por lo que en muchas ocasiones en lugar de T.G.D. se prefiere hablar de los Trastornos Generales del Desarrollo del Espectro Autista porque este término abarca con mayor precisión todas las posibles problemáticas de las áreas del desarrollo mental de las personas, en este caso de los menores.

El T.G.D. afecta de forma principal tres áreas de desarrollo del menor y son:

1. El Área de la comunicación: verbal y no verbal

2.El Área de la socialización y;

3. El Área de la imaginación, creatividad y juego, lo que genera intereses restringidos y/o conductas estereotipadas.

Derivado de lo anterior surge una pregunta ¿Es lo mismo hablar de Autismo, de Trastornos Generalizados del Desarrollo o de Trastornos del Espectro Autista?

El Autismo es un síndrome conductual que engloba a un grupo de trastornos neuropsiquiátricos con unas características clínicas comunes, pero de difícil categorización etiológica y diagnóstica. Con la aparición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders), tercera edición en los años noventas, se empieza a usar el término “Trastorno Profundo del Desarrollo” (TPD) para englobar a este grupo, llamado posteriormente “Trastorno Generalizado del Desarrollo” 3

Con la aparición del llamado “continuum autista” de LornaWing y del “espectro autista” acuñado por Allen, se englobaría en la misma categoría a todos los niños del espectro. En los últimos diez años ha ido creciendo un cierto consenso clínico que unifica “TGD” y “Espectro Autista” como un mismo término (exceptuando los trastornos desintegrativos y el síndrome de Rett). El fenotipo clínico reconocido en la actualidad incluye a niños autistas con déficits poco severos, pero inequívocos, en lo social, en la comunicación y en la conducta.

El autismo y otros T.G.D. surgen habitualmente como se enunció con anterioridad antes de los 3 años, y es en el primer año de vida cuando aparecen detenciones o retrasos en el desarrollo del niño que pueden determinar señales de alarma. Muchos padres notan que “algo no va bien” a los 18 meses de edad, y normalmente acuden al médico a los dos años de edad. Menos del 10% reciben al inicio el diagnóstico, la mayoría no es hasta los dos o tres años después de los primeros síntomas cuando son diagnosticados.

Los T.G.D. y, en particular, el autismo, son síndromes conductuales de características evolutivas crónicas que se van a caracterizar por:4

1) Severas dificultades en el ámbito social, con la ausencia de contacto interpersonal, con tendencia al aislamiento e indiferencia hacia las personas. Esta imposibilidad que tiene el niño autista de considerar al otro como sujeto es la visión defendida por la Teoría de la Mente como modelo para explicar la génesis del autismo, abriendo perspectivas de tratamiento diferentes.

2) Los trastornos del lenguaje propios del autismo, son:

a) Incapacidad de comprender el lenguaje verbal y no verbal;

b) Incapacidad para muchos de elaborar un lenguaje comprensible para los demás no solo verbal, sino incluso gestual; y,

c) La presencia de anomalías especificas del lenguaje (ecolalias, inmediatas o retardadas, el lenguaje metafórico, más típico del síndrome de Asperger; o neologismos). Estos son fenómenos que dificultan su aprendizaje escolar y su enseñanza.

3) Restricciones en el área de intereses: Son muy frecuentes las conductas repetitivas, restrictivas y rígidas, que llevan al sujeto a interesarse por muy pocos objetos o actividades, que realizan una y otra vez, de manera rutinaria, y cuyo desorden puede originar situaciones que le generan ansiedad o alteraciones en su conducta habitual.

4) Otros síntomas de interés son: la disminución del umbral de dolor, así como una pobre coordinación motora, hiperactividad, conductas autolesivas, movimientos de balanceo, labilidad afectiva, risas y llantos inmotivados.

Hay en día el Autismo puede ser clasificado por el grado de discapacidad, el síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del espectro del autismo, el cual es más leve que el autismo pero que comparte algunos de sus síntomas.

Por lo que existe un consenso internacional acerca de que la Atención Temprana puede modificar, al menos en ciertos casos, el mal pronóstico tradicionalmente asociado a los T.G.D. Existen, sin embargo, marcadas diferencias individuales en la respuesta a la regulación en los ordenamientos de los países, lo que representa en su mayoría mayor dificultad para la promoción, atención y cuidado de las personas que padecen algún tipo de Trastorno Generalizado del Desarrollo y de forma particular que padecen Autismo.

A nivel Internacional el T.G.D., principalmente el Autismo es regulado en diversos ordenamientos, claro ejemplo de ello es la Carta de Derechos de las Personas con Autismo, adoptada por el Parlamento Europeo en 1992, en donde se enuncian los principales derechos que tienen las personas con Autismo entre los que podemos resaltar:

1) Derecho a llevar una vida independiente y a desarrollarse en la medida de sus posibilidades.

2) A un diagnóstico y una evaluación clínica precisa, accesible y sin perjuicios.

3) A una educación accesible a todos y apropiada.

4) A un alojamiento accesible y adecuado

5) A poder acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios para llevar una vida plenamente productiva en la dignidad y la independencia.

6) Derecho a percibir un ingreso o un sueldo que le alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente así como también cualquier otra necesidad vital.

Derechos que a pesar de que ya se encuentran enunciados en nuestra actual Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aún no se contempla con precisión a las personas que tengan algún padecimiento de Trastorno Generalizado del Desarrollo de forma particular Autismo.

Bolivia cuenta con su propia Ley de Protección Integral de Personas con TGD, Autismo, Rett y Asperger, en donde crea un Sistema Único para su Atención, cuyo principal objetivo es promover la paulatina organización de un conjunto de estímulos tendientes a contrarrestar los efectos del Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD) garantizando la protección integral de la persona afectada y de su familia, estableciéndose principalmente los siguientes derechos:

1. Recibir asistencia médica y farmacológica.

2..Recibir una educación adecuada e integral a través de programas educativos que contemplen servicios escolares especiales, escuelas ordinarias, centros de educación especiales, centros de día, recursos adecuados de alojamiento incluyendo el servicios de estancias cortas - fines de semana y vacaciones-.

3. Recibir capacitación profesional.

4. Ser insertado en el medio laboral

5. Recibir una protección social integral, incluyendo actividades de ocio adaptado y tiempo libre.

6. Que exista Inserción Comunitaria.

El estado de California de los Estados Unidos de América es considerado como la capital del autismo, porque sus leyes protegen a todos los que padecen este síndrome, proporcionando en su articulado la regulación, protección y promoción de los derechos de los menores que padecen algún tipo de TGD, particularmente Autismo.

En Puerto Rico cuentan con su Ley Para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, cuya finalidad fue la creación de Centros de Atención y Cuidado para las personas con TGD, principalmente Autismo, finalmente en países como España, Uruguay, etc se contempla en sus Leyes de personas con Discapacidad o bien en su Ley de Salud.

Por lo que queda claro que a Nivel Internacional existe una enorme regulación del T.G.D., principalmente del Autismo en su legislación con la finalidad de brindar una atención digna y adecuada a las personas que padecen este tipo de trastornos.

Según la Organización Mundial de la Salud, el autismo afecta a 21 de cada 10 mil niños y tiene mayor prevalencia en varones. Por cada cuatro niños con autismo, tan solo hay una niña.

Cifras oficiales del sector salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que desde el año 2007 a la fecha, el porcentaje de niños con este síndrome de Autismo es que de cada 103 nacidos, uno nace con este síndrome.

La doctora e investigadora Amalia Gómez Cotero del Instituto Politécnico Nacional declaro que: Existe un niño con el síndrome de autismo por cada mil, por lo que del total de la población infantil que asciende actualmente a 37 millones, hay alrededor de 37 mil niños con esta enfermedad.

Actualmente en nuestro país contamos con aproximadamente 45,000 niños autistas entre toda la población, de acuerdo con los datos revelados por la Clínica Mexicana de Autismo, a cargo del doctor Carlos Marcín Salazar, además de que el autismo se incrementa 17% cada año y que se ignora el número de adultos que existen actualmente en México ya con este padecimiento.

Siendo menester resaltar que las personas que tienen algún tipo de T.G.D., de forma particular Autismo, siguen en aumento con el paso de los años, por lo que es de importante y vital trascendencia brindar y otorgar protección jurídica al ejercicio de sus derechos como personas con Discapacidad.

Al respecto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, enunció que:

Los gobiernos deben definir políticas de estado y públicas que garanticen el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, así como que reduzcan la desigualdad, discriminación e incrementen sus oportunidades de desarrollo social.

Conceptúa a la discapacidad como el resultado de la interacción entre personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Por lo que pese a que en México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define a una persona con discapacidad como:

Toda aquella persona que presente una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal y establece que la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) serán quienes emitan la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud.

Aún falta especificar de forma particular lo que es una Discapacidad Mental en dicho ordenamiento, así como citar con precisión, la prohibición de toda clase de discriminación en contra de las personas que tengan algún tipo de Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD).

Por esa razón, el objetivo principal de la presente Iniciativa es dotar de claridad y precisión a nuestras normas vigentes, en congruencia con los preceptos y principios de los tratados internacionales, así como lo regulado y enunciado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su Artículo 1º, párrafo cuarto que enuncia lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Con lo que otorgaremos enormes beneficios a la niñez, adolescencia y en general a toda la población que padezcan algún tipo de Trastorno Generalizado del Desarrollo, proporcionando el trato digno que se merecen.

Siendo imperante establecer, reconocer y enunciar en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los derechos de las personas que padezcan algún tipo de Trastorno Generalizado de Desarrollo.

Derivado de lo anterior se concluye que nuestra legislación vigente debe ser clara y precisa, lo suficiente para comprender los conceptos, principios y valores que tutelen y permitan el ejercicio de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud.

ARTICULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 2o., fracción IX y se adiciona una fracción XXII, recorriéndose las subsecuentes y finalmente se adiciona una fracción XXX a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 2o. …

I. a VIII. ...

IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá así a cualquier distinción, exclusión y restricción por motivos de discapacidad o algún tipo de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), que tenga como propósito obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

X. a XXI. ...

XXII. Persona con Discapacidad Mental.- Es toda persona que presenta un desarrollo mental incompleto o detenido, derivado de lesiones o deficiencias en los procesos cerebrales y que se caracteriza principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización.

XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXIV. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVI. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXVII. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXIX. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

XXX.- Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD).- Es el grupo de trastornos que se caracteriza por alteraciones cualitativas características de las interacciones sociales recíprocas y modalidades de comunicación, así como por un repertorio de intereses y de actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas, incluye el Autismo Infantil, Autismo Atípico, el Síndrome de Rett, otros Trastornos Desintegrativos de la Infancia, el Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, el Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo sin especificación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción VI Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o….

I-VI….

VI Bis La promoción, atención y cuidado de las personas que padezcan algún tipo de Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD), en los que se incluyen el Autismo Infantil, Autismo Atípico, el Síndrome de Rett, otros Trastornos Desintegrativos de la Infancia, el Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, el Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo sin especificación.

VII- XXVIII…

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

Anexo

Cuadro Comparativo DE REFORMA

  • LEY GENERAL PARA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

III. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

IV. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad;

V. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

VI. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;

VII. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

VIII. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

X. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

XI. Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género;

XII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;

XIII. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;

XIV. Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;

XV. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;

XVI. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;

XVII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;

XVIII. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XIX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;

XX. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad;

XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXIII. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXIV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXVI. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXVIII. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

Artículo 2o…

I. a VIII. ...

IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá así a cualquier distinción, exclusión y restricción por motivos de discapacidad o algún tipo deTrastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), que tenga como propósito obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

X. a XXI. ...

XXII. Persona con Discapacidad Mental.- Es toda persona que presenta un desarrollo mental incompleto o detenido, derivado de lesiones o deficiencias en los procesos cerebrales y que se caracteriza principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del  desarrollo y que contribuyen al nivel  global de inteligencia, tales como las
funciones cognitivas, las del lenguaje,
las motrices y la socialización.

XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXIV. Prevención.La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVI. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXVII. Sistema.Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVIII. Sistema de Escritura Braille.Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXIX. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

XXX.- Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD).- Es el grupo de trastornos que se caracteriza por alteraciones cualitativas características de las interacciones sociales recíprocas y modalidades de comunicación, así como por un repertorio de intereses y de actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas, incluye el Autismo Infantil, Autismo Atípico, el Síndrome de Rett, otros Trastornos Desintegrativos de la Infancia, el Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, el Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo sin especificación.

  • LEY GENERAL DE SALUD

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II bis. La Protección Social en Salud.

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el Artículo 34, fracción II;

IV. La atención materno-infantil;

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;

IV Bis 1. La salud visual;

IV Bis 2. La salud auditiva;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;

VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

IX. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos;

IX Bis. El genoma humano;

X. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país;

XI. La educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;

XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico;

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual;

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XVIII. La asistencia social;

XIX. El programa contra el alcoholismo;

XX. El programa contra el tabaquismo;

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las fracciones XXII y XXIII;

XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley;

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXVII. La sanidad internacional;

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.

 

1 Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders DSM-IV-TR. Cuarta Edición.

2 Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders DSM-IV-TR. Cuarta Edición.

3 Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.Investigación y Diagnóstico del Autismo.

4 American PsychiatricAssociation (1994) DSM-IV Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Masson, Barcelona.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por la C. Diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del grupo parlamentario del PRD)

“La que suscribe, Diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los mecanismos de solución de controversias dentro de la Administración Pública Federal han sido una herramienta destinada a prevenir y solucionar conflictos entre los particulares y equilibrar la desigualdad en lasrelaciones de mercado en el que las asimetrías de poder evidencian desigualdad de fuerzas entrelas distintas partes.

Aún cuando esta herramienta es de reciente incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo del artículo 17, lo cierto es que en diversas leyes y dependencias del Poder Público se utiliza estos medios para dirimir los conflictos de manera directa y amistosa la solución más conveniente a los intereses de las partes con la colaboración de un tercero.

Dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras recurren dentro de sus procedimientos a la conciliación como un mecanismo destinado a prevenir ysolucionar los conflictos constituidos por un conjunto de actuaciones realizadas porlas partes y el conciliador, que no tiene poder de decisión y ante el cual recurrenlos primeros en busca de un acuerdo, proponiendo si fuera necesario formulas conciliatorias que las partes pueden rechazar o aceptar.

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano la conciliación:

“Es el acuerdo a que llegan las partes en un proceso, cuando existe controversia sobre la aplicación o interpretación de sus derechos. Es asimismo el acto por el cual las partes encuentran la solución a sus diferencias y la actividad que sirve para ayudar a los contendientes a encontrar el derecho que deba regular sus relaciones jurídicas.”

Luego entonces, la conciliación como medio de solución de conflictos cobró gran fuerza e impacto en la protección de los intereses jurídicos del consumidor. En el Código de Comercio no existe un procedimiento especial para tramitar las demandas que los consumidores interpongan en contra de los proveedores, por lo cual dichas demandas deben sustanciarse a través de un juicio ordinario mercantil lo que haría el procedimiento largo y costoso para las partes. Ante este hecho, los consumidores como población vulnerable ante las fuerzas del mercado cuya tutela asume la Administración Pública y es recogida por el Derecho Administrativo. La intervención del Estado se justifica cuando se está en presencia de alguna falla del mercado que éste por sí solo nopuede remediar

La Ley Federal de Protección al Consumidor preveé en su parte adjetiva el procedimiento de conciliación, el cual tiene como fin primordial componer, ajustar y equilibrar los intereses del consumidor y proveedor.

Este procedimiento es realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor como entidad de la Administración Pública Federal cuyo objetivo es la promoción y protección de los derechos e intereses de los consumidores previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las diversas Normas Oficiales Mexicanas que regulen las prácticas comercialesasí como la calidad de los bienes que se comercializan y su forma de comercialización. Es a través de este marco jurídico que esta institución procurará la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Es importante mencionar que la Procuraduría Federal del Consumidor no es una instancia conciliadora, dentro de sus funciones se encuentra procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores dentro de un procedimiento conciliatorio, sin embargo, esto no exime a la Procuraduría en su atribución de proteger los derechos de los consumidores y la verificación del cumplimiento de las disposiciones por de parte de los proveedores de las normas administrativas que puedan constituir violaciones afectando la integridad e intereses de los consumidores y así al propio mercado.

El objetivo del procedimiento conciliatorio debe ser solucionar de manera pronta y expedita las controversias suscitadas entre los consumidores y los proveedores, buscando la mejor solución para ambas partes pero cumpliendo ante todo con las políticas de protección al consumidor.

De ahí la gran importancia de proveer a esta institución, de normas claras y efectivas que regulen el procedimiento conciliatorio y que le permita a los conciliadores adscritos a esta institución someter a las partes al cumplimiento de los acuerdos y convenios teniendo estos efecto de cosa juzgada y puedan hacerse cumplir coactivamente ante un Juez, haciéndose de obligatorio cumplimiento para las partes.

Los consumidores requieren que la Procuraduría pueda tutelar de manera efectiva sus derechos en el marco de este procedimiento, por lo que el no reconocimiento de los proveedores a la competencia de la Procuraduría en la protección de los derechos del consumidor, pueda dejar en indefensión a los consumidoresy serles restringida su protección jurídica. No puede permitirse la percepción de que el procedimiento conciliatorio ante la PROFECO dependa de la disposición de conciliar: si el proveedor no desea una conciliación, no se le pueda obligar y el consumidor llegue a la conclusión de que la institución no veló por sus derechos.

La Procuraduría debe ser un garante en todo momento de los intereses del consumidor y limitar los excesos de empresas inescrupulosas; como el término lo señala, un procurador debe representar los intereses de una parte, y en este caso el de los consumidores.

No debe entenderse por lo anteriormente mencionado, que la Procuraduría Federal del Consumidor sea un elefante blanco o no esté cumpliendo con los objetivos por los que fue creado. La Procuraduría ha realizado una muy buena labor informando sobre las condiciones del mercado, realizando investigaciones, formulando y realizando programas de educación para el consumo así como vigilando y verificando el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas. Pero en el proceso de solucionar las controversias entre proveedores y consumidores, se ha generado una insatisfacción entre la ciudadanía que acusa a la institución de generar un procedimiento engorroso y muchas veces sin resultados favorables al consumidor. La ley vigente, no proporciona herramientas efectivas al personal de la Procuraduría para someter a la competencia de la institución a los proveedores, dependiendo mayormente de la voluntad de estos la posibilidad de un arreglo conciliatorio. Existe una percepción en especial de los pequeños proveedores pertenecientes a la micro y pequeña empresa, ante el desconocimiento de las facultades de la PROFECO, de que esta, no tiene el poder coactivo para exigirle el cumplimiento de correctas prácticas comerciales y de sus obligaciones contractuales.

Es por ello, que se requieren reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor que eficiente el procedimiento conciliatorio, que lo ajuste a la realidad de la Procuraduría, que tutele los derechos del consumidor sin que esto represente una persecución a los proveedores, sino buscando el cumplimiento de las leyes y del contrato suscrito en la transacción comercial entre el consumidor y el proveedor, y que este último, no sea contrario a los intereses del consumidor ni a las leyes y normas vigentes en nuestro país.

El procedimiento debe ser ágil, pero ante todo debe dar resultados medibles que puedan determinar la eficiencia y eficacia de este, en la protección de los derechos del consumidor. Pero ante todo, se debe hacer hincapié que la responsabilidad de la Procuraduría ante el consumidor no se extingue con el procedimiento conciliatorio y mucho menos si los proveedores no se avienen a este. Es atribución de la Procuraduría representar los intereses de los consumidores que lo soliciten ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas tal como lo señala la fracción tercera del artículo veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor y en caso de no ser satisfechas las quejas o reclamaciones de los consumidores y que del análisis del expediente pueda determinarse una mala práctica comercial, independientemente que pueda iniciarse un Procedimiento por Infracciones a la Ley cuando existan violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría proporcionará la asesoría y representación de los consumidores que así lo soliciten ante las autoridades jurisdiccionales para hacer valer sus derechos.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objetivo principal, regular de manera efectiva el procedimiento conciliatorioque obra en la Ley Federal de Protección al Consumidor para dotar a dicho procedimiento con herramientas que permitan al abogado conciliador perteneciente a la Procuraduría, exigirle a los proveedores propuestas de conciliación que satisfagan las reclamaciones de los consumidores y concatenar el procedimiento conciliatorio con las acciones que realicen los consumidores al finalizar dicho procedimiento, siendo la Procuraduría coadyuvante de estos ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71,fracción II, y 78de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta comisión permanente la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 103, 112, 113, 115 y 116 todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 103.- La Procuraduría notificará al proveedor dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación, requiriéndole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un extracto del mismo; asimismo se le solicitará que acredite fehacientemente su capacidad económica.

ARTICULO 112.- En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda informerelacionado con los hechos, se le impondrá medida de apremio y se citará a una segunda audiencia, enun plazo no mayor de 10 días, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de apremioy se tendrá por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante. Del análisis del expediente, el conciliador determinará si existen presuntas violaciones a la ley turnándose el expediente a Procedimiento por infracciones a la ley; si se determinaran hechos que pueden ser constitutivos de delitos se remitirá el expediente al Ministerio Público para interposición de la denuncia respectiva y en caso de infligir alguna disposición de carácter fiscal se dará conocimiento a las autoridades fiscales.

Si el proveedor no acreditara fehacientemente su capacidad económica durante la primera audiencia, se le informará que para la determinación de las multas, esta autoridad acordará lo conducente con los elementos que obren en el expediente y con lo que se allegue a través de diversos medios y autoridades conforme a las facultades establecidas para ello.

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los siguientes 10 días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos.

ARTICULO 113.- Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación contractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del consumidor.

Si del análisis del expediente o durante procedimiento conciliatorio, el conciliador determinara que el proveedor incurre en algún tipo de conducta delictiva o conozca de hechos u omisiones que puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, deberá comunicárselo a su superior jerárquico con la finalidad de que en el ámbito de su competencia acuerde lo conducente. De igual manera, la Procuraduría coadyuvará con las y los consumidores, en las denuncias que estos interpongan ante el Ministerio Público de hechos que puedan ser constitutivo de delitos y que afecten la integridad e intereses de estos.

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento. Ante el conocimiento por parte de la Procuraduría, del incumplimiento de la presente disposición, se le impondrá medida de apremio al proveedor y se le requerirá para que dentro de tres días siguientes aquel que surta efecto la notificación del acuerdo, a reanudar el servicio o suministro no prestado y en caso de incumplir con dicho requerimiento, se impondrá de nueva cuenta medida de apremio y se procederá a iniciar el Procedimiento por infracciones a la ley.

ARTICULO 114.- El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría le confiere la ley. Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias y solicitar visitas de verificación que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe.

El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, podrá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, dentro de los quince días siguientes, donde en su caso, hará del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podrán formular durante la audiencia observaciones al mismo.

La Procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen a que se refieren los párrafos anteriores, que constituirá título ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa.

Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 115.- Los acuerdos de trámite que emita el conciliador no admitirán recurso alguno.

Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría cuando no vayan encontra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitirá recurso alguno. En caso de incumplimiento de convenio, el conciliador ordenará el inicio del Procedimiento por infracciones a la ley, debiendo especificar los artículos presuntamente infringidos de esta, dejando a salvo los derechos del consumidory ofrecerá los servicios de la Procuraduría para asesorarlo y representarlo en la ejecución del convenio por la vía y forma que convenga a sus intereses.

ARTICULO 116.- En caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este último caso, la Procuraduría podrá poner a disposición de las partes información sobre árbitros independientes.

En caso de no aceptarse el arbitraje, el conciliador se pronunciará sobre los incidentes y excepciones interpuestos durante el procedimiento si los hubiera; de la presunción de posibles infracción a la leycomo resultado del estudio del expediente, de las propuestas conciliatorias presentadas por el o los proveedores, dejándose a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que convengan a sus intereses.

Si de la valoración y demás elementos vertidos durante el procedimiento y de no existir equilibrio entre las propuestas entre el proveedor y las pretensiones del consumidor, y que de manera injustificada el proveedor se negara a satisfacer el motivo de la queja, la Procuraduría orientará al consumidor para hacer valer sus derechos por la vía jurisdiccional competente.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22mayode 2013.

Dip. Teresita de Jesús Borges Pasos”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL PARRAFO SEGUNDO DEL INCISO C) DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Presentada por la C. Diputada Marina Garay Cabada, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita, Marina Garay Cabada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL PARRAFO SEGUNDO DEL INCISO C) DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS –IEPS-, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industria nacional de puros y tabacos labrados hechos enteramente a mano, se encuentra en riesgo de desaparecer derivado la cuota en gramos que impone la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual genera que el precio final del producto tenga un incremento del 100%.

Dicha industria es artesanal y tiene como principal característica que se trata de productos hechos enteramente a mano.

En ese sentido y en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones, y poder exceptuar del cumplimiento del pago de dicha cuota de la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios a dichos productos.

Con lo anterior se busca que exista una política fiscal que atienda de forma correcta las realidades de cada sector productivo del País, cuestión que es una facultad expresa de la Cámara de los Diputados, al poder diseñar esquemas fiscales especiales para industrias en lo particular.

De no hacerse lo anterior, se estarían generando condiciones de incumplimiento fiscal, como resultado de imposibilidad económica para realizar contribuciones fiscales que no fueron diseñadas de acuerdo a los ingresos.

En ese sentido, y para el caso en particular de la industria nacional de puros y tabacos labrados elaborados enteramente a mano, es que se debe crear un régimen especial fiscal, tomando en consideración los siguientes ámbitos:

1. Recaudatorio y diferencia con otros productos de tabaco

2. Sanitario

3. Histórico Tradicional

1. RECAUDATORIO Y SU DIFERENCIA CON OTROS PRODUCTOS DE TABACO

En el año 2007, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Hacienda, presidida por el Diputado Jorge Estefan Chidiac, determinó procedente que los puros elaborados enteramente a mano fueran diferenciados de otros productos de tabaco, derivado de sus características de trabajo artesanal.

En ese sentido, y como resultado de dicha diferenciación, se determinó que el impuesto aplicable a los puros elaborados enteramente a mano fuera del 30.4%, mientras que para los cigarrillos fuera del 160%.

Resulta importante mencionar que derivado de sus características esenciales, el consumo de los puros elaborados enteramente a mano, es mucho menor al de los cigarrillos, y a su vez, por sus características y precio, no son bienes sustitutos del cigarrillo, lo que permite afirmar que el consumo de dichos productos no constituye un elemento considerable en las cifras del problema del tabaquismo en el país.

Adicional a las diferencias observadas entre los productos, debe considerarse el diferencial de la participación de los mercados en la recaudación de los tabacos labrados, ya que los puros hechos enteramente a mano representan apenas entre un 05% y un .10% del total del mercado.

El sector de los puros elaborados a mano es 1000 veces menor que la industria de los cigarros en México.

Con el objetivo de no generar condiciones jurídicas que den origen a procedimientos judiciales, el Poder Legislativo debe atender claramente sus facultades Constitucionales.

Es claro que la Cámara de Diputados, al imponer contribuciones especiales a un producto o sector, debe de fundamentar claramente el objetivo de las mismas.

La política fiscal tiene origen y fin recaudatorio, a efecto de que el Estado se allegue de recursos que le permitan operar. Sin embargo, no se debe utilizar la política fiscal, que como consecuencia se dañe de forma irreparable a una industria en particular.

El combate al Tabaquismo es una política de salud pública fundamental, que debe ser atendida de forma urgente, mediante los instrumentos jurídicos y campañas específicas para ello.

Si bien es totalmente cierto que la política fiscal puede tener fines extra fiscales, como la protección de la salud, mediante el diseño de esquemas para desincentivar el consumo de tabaco, tales como el establecimiento de tasas especiales, también lo es que el establecimiento de regímenes fiscales agresivos dirigidos en contra de la industria del tabaco, genera una contradicción a la política fiscal misma.

Ahora bien, resulta de mayor precisión legislativa, el hecho de diseñar una política fiscal que tome en cuenta las condiciones particulares de una industria, en este caso, para la industria de puros y tabacos labrados elaborados enteramente a mano, cuyo proceso de elaboración, los ubica como productos artesanales, el cual es un elemento fundamental que el Poder Legislativo debe tomar en consideración.

Desde sus orígenes, las disposiciones que han grabado a los tabacos labrados

reconocen la diferencia entre los productos, de tal forma que las tasas a las que se han grabado los productos de tabaco han cambiado una y otra vez, pero han mantenido una clara y puntual distinción en el tratamiento entre los cigarrillos y los puros, principalmente los hechos a mano.

Por lo tanto, resulta congruente mantener vigente una distinción en los esquemas de causación para productos tan diferentes en su clase.

El actual esquema que contempla la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios está generando que la industria de puros y tabacos labrados del país caiga en absoluta insolvencia fiscal y comercial, generando con ello:

• Desaparición de las plazas laborales que genera, aunado a que 1,000 familias dependen directamente la industria;

• Imposibilidad de realizar las contribuciones obrero - patronales que actualmente genera;

• Problemática para continuar con el cumplimiento de pago de impuestos sobre la renta, agua, entre otros.

Es necesaria una política fiscal específica para los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano que sea cumplible por dicho sector, tomando en consideración sus condiciones tan particulares.

2. SANITARIO

Es cierto que de conformidad con informes de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es un problema de salud pública y la primera causa de muerte prevenible en el mundo, lo que conlleva a elevados costos anuales de atención médica.

Sin embargo, se carece de información estadística precisa sobre el impacto del puro elaborado enteramente a mano sobre dichas cifras, lo que genera que dichos productos se le considere de la misma manera que los cigarrillos.

Por otro lado, estudios de instituciones especialistas en materia relacionada a los efectos del tabaco sobre las personas, en particular sobre adicción y las enfermedades que se pueden generar, señalan que derivado de la forma como se consumen los puros y el proceso en que el cuerpo humano absorbe y procesa las sustancias provenientes al momento de consumir puros, genera que su impacto sea menor, comparado con el de los cigarrillos.

3. HISTORICO REGIONAL

El proceso de fabricación de los puros elaborados en la región de San Andrés Tuxtla es enteramente manual, incluso artesanal, ya que requiere de hombres y mujeres expertas que por generaciones han conservado esta tradición, siendo esta la actividad principal de la zona.

Esta tradición centenaria característica de México difiere del resto de los productos del tabaco desde su origen, ya que en la fabricación de otros productos de tabaco intervienen diversos procesos mecanizados, tanto en la preparación de los insumos (el tabaco), así como en su fabricación y envasado. Existen maquinas que elaboran 20,000 cigarrillos por minuto a diferencia de las manos de los artesanos de puros que logran fabricar apenas 150 puros al día, por lo que es claro que el proceso de manufactura artesanal de los puros difiere enormemente al de los cigarrillos.

Por lo tanto, al no tratarse de productores en iguales circunstancias, no es posible dar el mismo tratamiento fiscal a productos de tabaco artesanales elaborados enteramente a mano, que a productos resultado de procesos altamente industrializados.

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el párrafo segundo del inciso C) del Artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 2o.

I…

A) a B)…

C)…

1 a 3…

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior, con excepción de los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano referidos en el numeral 3 que antecede, se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados.

D) a H)…

II…

A. a C)…

Dip. Marina Garay Cabada".





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 5 Y 27 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN MATERIA DE IGUALDAD, PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GENERO

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad de género es un principio elemental de toda sociedad democrática. Para hacerla efectiva, se necesita de la participación de hombres y mujeres en la vida pública del país y en las instituciones del Estado. De ahí la importancia de un equilibrio en las instancias sociales y gubernamentales

Si bien, en las últimas décadas se han dado avances significativos para ofrecer mejores condiciones de participación y desarrollo para las mujeres, lo cierto es que en México aún subsisten “estereotipos de género” que no permiten el desarrollo pleno de los derechos de la mujer.1

La inclusión de la participación política de las mujeres ha sido parte un proceso evolutivo. A principios del Siglo XX se presentaron diversos momentos a favor de sus derechos. El 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron en el orden nacional el reconocimiento de su derecho a votar y ser votadas, seis años después de que en 1947 lo alcanzaran a nivel municipal.

En pleno Siglo XXI, la consolidación de la perspectiva de género constituye una asignatura pendiente, las mujeres son notablemente discriminadas y la igualdad en el ámbito gubernamental y social constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se debe promover la igualdad entre hombres y mujeres.

De ahí que resulte indispensable garantizar la eficacia de la igualdad sustantiva en las leyes secundarias para acceder a espacios públicos en los que se toman decisiones, como parte del proceso evolutivo y del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos políticos fundamentales en las mismas condiciones que el varón.

En ese orden de ideas, es pertinente realizar las reformas y adiciones al marco jurídico, a fin de garantizar el pleno acceso a los espacios de decisión pública, como las dirigencias partidistas y de las organizaciones de la sociedad civil organizada, así como en los órganos consultivos de las instituciones del Estado, en igualdad de condiciones.

En el ámbito internacional, el avance comenzó formalmente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Algunos de los principales instrumentos que han servido para su desarrollo, fomento de la igualdad de género y que han promovido su empoderamiento, son los siguientes:

• Declaración Internacional de Derechos Humanos,

• Carta Democrática Interamericana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

• Convención Americana de Derechos Humanos,

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer,

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de las Naciones Unidas,

• Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y

• Declaración y Programa de Acción de Viena y Declaración y Plataforma de Beijing.

Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ocupa un importante lugar por incorporar a las mujeres a la esfera de los derechos humanos en diversos ámbitos. Define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, establece una declaración de derechos y un programa de acción para los Estados que la integran.

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se ha priorizado el interés por los derechos fundamentales, en especial, los derechos políticos. Se busca garantizar el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a ejercer funciones públicas y la igualdad de derechos y oportunidades.2

Otro de los avances se encuentra en la primera Cumbre Europea, “Mujeres en el Poder”, en la que se adoptó la Declaración de Atenas (1992) y se acuño el término de democracia paritaria. Se señala la paridad como la total integración de las mujeres y los hombres en igualdad sustantiva, en las sociedades democráticas.

En dicha Declaración se reconoce a la paridad como un principio y a la vez como una estrategia para afianzar la democracia, bajo las siguientes consideraciones:3

a) La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano.

b) Las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones.

c) Las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad.

d) Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes, que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres.

El principal aporte de la Declaración de Atenas es poner en la esfera internacional los derechos ciudadanos bajo el modelo un paritario entre hombres y mujereslo que implica un reconocimiento formal de igualdad entre todas las ciudadanas y ciudadanos. Se pretende con ello superar la desigualdad estructural, cultural e histórica que subyace actualmente.

En ese orden de ideas, es importante destacar los datos del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial, en el que afirma que cuando las naciones inhiben el potencial laboral de las mujeres, se ocasionan pérdidas económicas. Estiman que cuando los mercados de trabajo tienen un acceso igualitario, la productividad aumenta hasta 25%.

En México, los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, han pasado por diversas generaciones de estudiosos, juristas, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores.

• El artículo 4º en su primer reforma publicada en fecha 31 de diciembre de 1974, establece por primera vez que: el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamientos de sus hijos.

• A partir del 14 de agosto de 2001, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo 1º, dispone por primera vez: la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas por el género. Al respecto, tuvieron que transcurrir ochenta y cuatro años para que se estableciera en el marco jurídico constitucional un concepto fundamental de los derechos de la personas.

• En la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se prohíbe toda discriminación y se amplía el universo de sectores o gruposcito:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”4

No obstante de la agenda pendiente en materia de igualdad de género, los avances en México, tienen reconocimiento por instituciones del sistema universal de los derechos humanos, incluso han sido tema para el acuerdo e implementación de programas conjuntos con organismos de la Organización de las Naciones Unidas.

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un entramado institucional y programático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido complementados con normas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en 2006 y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007 y las modificaciones al Artículo 1º Constitucional en donde se obliga a cumplir con los tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia”5

En el contexto internacional se deja un precedente importante en la lucha por el respeto y promoción de los derechos humanos de las personas. Se finca un nuevo momento y un reto en la armonización legislativa y la aplicación de los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

México ha suscrito instrumentos que le exigen incentivar la participación política de lasmujeres. Por ejemplo, el artículo 7 de la CEDAW obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a (…) participar en la formulación de políticas (…)”.6

No obstante, al proceso evolutivo de los derechos humanos de la mujer en el régimen político y democrático mexicano y a la lucha de diversos actores que han confluido en el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenamientos, persisten normas y conductas institucionales que no permiten el desarrollo pleno de estos.

Sin embargo, el avance progresivo hacia la paridad de género ha sido muy importante en México, en el Estado de Sonora por ejemplo, se establece para la integración del órgano estatal local, en el que por mandato del último párrafo del artículo 22 de dicho ordenamiento fundamental, se dispone lo siguiente:

“En la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Asimismo, en la integración del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos géneros.”7

Es importante destacar que un organismo electoral que promueve los principios y las libertades democráticas, es ejemplar que en su composición se establezca la paridad y alternancia de género como un principio de su integración. Por ello, es fundamental que en los órganos consultivos de las diferentes instituciones del Estado se aplique esos principios.

La paridad y alternancia de género es un concepto relativamente nuevo, tiene sus antecedentes en el Siglo pasado en Europa principalmente, y se ha promovido en distintas instancias internacionales que luchan por la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

“La demanda de paridad en los espacios de toma de decisión fue iniciada por las mujeres europeas en la década de 1980, en respuesta a la baja representación política de femenina en los parlamentos y en los altos cargos de poder de la administración pública. “

“El concepto de paridad fue propuesto por el Consejo de las Comunidades Europeas en 1989 y en noviembre de 1992, a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas, tuvo lugar en Atenas la primera Cumbre Europea `Mujeres en el Poder´. En la reunión se congregó a ministras y ex ministras, que concluyeron que la democracia imponía la paridad en la representación y administración de las naciones.”8

Es también considerado como principio de participación política por género y uno de los países en América, que lo ha impulsado desde el siglo pasado e incluido en los nuevos textos electorales, a partir de 2009,es Costa Rica, quien define el concepto de paridad y alternancia de género con las categorías propias de su sistema electoral.

La igualdad, la paridad y alternancia de género es una demanda legítima de los de las mujeres que durante el proceso evolutivo de sus derechos cobra nueva significancia en el Estado constitucional, en queMéxico tiene la gran deuda con la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción de la igualdad sustantiva, sólida, material o de hecho, como se ha considerado en diversos instrumentos en los que México ha formalizado su adhesión.

Por lo anterior mente expuesto y con fundamento en los en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona los artIculos 5 y 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de gEnero.

ARTICULO UNICO.-Se reforma el numeral VI del artículo 5, y; se adiciona un párrafo al artículo 27 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I.(…)

II.(…)

III. (…)

IV. (…)

V.(…)

VI. Promoción de la igualdad, paridad y alternancia de género;

VIIXIX

Artículo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

I. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;

II. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;

III. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes;

IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo.

Respecto de los numerales I, II, III, IV, y V, la integración del Consejo se deberá realizar de acuerdo a los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 22 de mayo de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

ANEXO

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I.(…)

II.(…)

III. (…)

IV. (…)

V.(…)

VI. Promoción de la equidad de género;

XIX.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I.(…)

II.(…)

III. (…)

IV. (…)

V.(…)

VI. Promoción de la igualdad, paridad y alternancia de género;

XIX

Artículo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

I. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;

II. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;

III. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes;

IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo.

Artículo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma:

I. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;

II. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones;

III. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección de estos representantes;

IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo.

Respecto de los numerales I, II, III, IV, y el V, la integración del Consejo se deberá realizar de acuerdo a los principios de igualdad, paridad y alternancia de género.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a tres dictámenes de las Primera Comisión con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros, para desempeñar cargos de Cónsules Honorarios y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.

1 Cook, Rebecca J. y Cusack, Simone, Estereotipos de Género, Perspectivas Legales Transnacionales. University of Pennsylvania Press, 2009, p. 22.

2 Artículo 8. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Declaración de Atenas, adoptada en la Primer Cumbre Internacional: “Mujeres en el Poder”, celebrada en Atenas en fecha 3 de noviembre de 1992, documento en PDF, [en línea], dirección URL:

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Atenas_de_1992 [consulta: 8 de abril de 2012].

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 13 de marzo de 2013].

5 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación de la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres, PNUD, documento en PDF, en línea, dirección URL, http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/58024_Prodoc-2.pdf [consulta: 6 de abril de 2013], p. 2.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

7 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, documento en PDF, [en línea], dirección URL,

http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_7.pdf, [consulta: 8 de abril de 2013], p. 9.

8 Mujeres al poder, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Boletín del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, diciembre de 2010, [en línea] dirección URL: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/1/41851/P41851.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt, [consulta: 8 de abril de 2013].





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES, PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE CONSULES HONORARIOS Y PARA PRESTAR SERVICIOS

(Dictámenes de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los tres dictámenes de la Primera Comisión. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Son de primera lectura. Con fundamento en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los tres dictámenes con los que se acaba de dar cuenta y se pongan a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura de los tres dictámenes de permisos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: En consecuencia, están a discusión.

La Mesa Directiva tiene información de la reserva para discutir en lo particular el dictamen que concede diversos permisos para recibir condecoraciones. Para los otros dictámenes relativos a permisos para prestar servicios y para desempeñar cargos de cónsules honorarios no se tienen oradores registrados.

En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los dos dictámenes con proyecto de Decreto que conceden permisos para prestar servicios y para desempeñar cargos de cónsules honorarios.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se va a recoger la votación nominal de los dictámenes que conceden permisos para prestar servicios y para desempeñar cargos de cónsules honorarios.

Esta votación se va a recibir por ambas Secretarías. Iniciaremos por el lado derecho del salón, y se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Votación)

Señor Presidente, se emitieron 32 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobados los dos Decretos que conceden permisos para desempeñar cargos de cónsules honorarios y para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México. Se remiten al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Primera Comisión que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.

Los Diputados Monreal Avila y Cantú Garza anunciaron la reserva del artículo 12 del Proyecto de Decreto, que se refiere a la condecoración al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.

En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen, sin el artículo 12 reservado para su votación en lo particular.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se va a recoger la votación nominal, sin el artículo 12 reservado, para su votación en lo particular.

Iniciaremos nuevamente por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Votación)

Señor Presidente, se emitieron 27 votos en pro y 5 votos en contra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen con proyecto de Decreto que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones.

Pasamos a la discusión en lo particular, el artículo 12 que se refiere a la condecoración del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal Avila.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente; ciudadanos legisladores:

El 25 de junio de 1926, el Rey Alfonso XIII instituyó mediante un real Decreto la Orden del Mérito Civil de España, la cual se otorga a ciudadanos españoles o extranjeros que presentan méritos de carácter civil relevante para el Estado español.

Ante la descripción anterior resulta sorprendente que se pretenda entregar dicha condecoración a un ex Presidente que no tan sólo no presentó avances reales en México, sino que lo hundió, México vive una crisis sistémica sin precedente en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de inmunidad y de corrupción, sin contar la crisis que vive el campo mexicano, la carestía de la vida, el aumento de los precios y el saqueo que PEMEX ha sufrido permanentemente.

El día de ayer la Primera Comisión de la Permanente aprobó por mayoría, con nuestro voto en contra, esta condecoración que otorgan al ciudadano Calderón.

Nosotros no avalamos el que la Permanente se convierta en un cómplice.

Para empezar, es una vergüenza para la política exterior de nuestro país, este hecho, es una barbaridad diplomática y es una barbaridad política, y es una vergüenza para esta Legislatura que se apruebe sin la menor visión crítica e histórica esta condecoración que no evidencia sino el tráfico de influencias y la corrupción que se elevó a nivel constitucional durante el anterior sexenio.

Antes que eso, esta Permanente tendría que someterse a la conclusión de la investigación de la relación del señor Calderón con Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España y esposo de la Infanta Cristina, quién ha reconocido las oportunidades de negocios que buscó en México de la mano de Calderón en cuestión de gestión de aguas, de desarrollo turístico y de energía eólica, según consta en el documento ante la autoridad que ha dado a conocer en aquel país este trabuco de corrupción y de tráfico de influencias.

Este señor, Urdangarin aprovechó en el 2008 la buena relación que mantenía el casa real con el señor Calderón, quien en ese tiempo fungía como Presidente de facto de este país para tratar de hacer negocios en México, al grado de que fue llamado como la puerta de entrada para estos negocios, así lo afirma la casa del Rey.

Ahora, Iñaki es acusado junto con Diego Torres por actos de corrupción cuando encabezaba al Instituto Nóos, entidad que se encargaba de organizar eventos relacionados con el deporte y con el turismo.

Y en el marco de estas investigaciones, que ahora se siguen en curso, el señor Torres ha asegurado incluso que existieron varias reuniones con el señor Calderón e Iñaki y ellos para traficar, para otorgar negocios prioritariamente por encima de licitaciones públicas o de observar la ley, y ahora resulta que avalamos este nombramiento, condecoración para el señor Calderón, para que ostente este premio o esta condecoración, cuando en la realeza, puesta en el banquillo de los acusados, en este momento es un escándalo en el país de España.

Hubo no sólo eso, ganancias jugosas de varios consorcios españoles en México que de manera ilegal y subrepticia, aquí en México, aprovecharon este tráfico de influencias con el señor Calderón.

No sólo en esta materia, hay empresas en construcción o HL que también está investigando, REPSOL y hay tres investigaciones, una en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por genocidio, por la cifra de 100 mil muertos y 400 mil desaparecidos, hay otra más que acaba de instalarse en Nueva York por corrupción contra uno de los más cercanos colaboradores del señor Calderón, por corrupción, y hay otras más instaladas, ABC, que acaba de mostrarse con peritajes que hubo una trama criminal contra el homicidio tumultuoso contra los niños de la guardería ABC y puedo hablar de la estela de corrupción de enormes situaciones que prevalecieron y que ahora me parece muy grave que esta Legislatura, sin esta investigación objetiva, realice este acto vergonzoso de aceptar, de votar a favor de que el señor Calderón porte una medalla al Mérito Civil otorgado por el gobierno del reino español.

No me parece correcto, no es un asunto personal contra el señor Calderón, que tendríamos muchos, más ahora que la agenda nacional es precisamente la descalderonización, debería yo ser más tranquilo porque está en una situación de tragedia el señor Calderón, por eso no es un asunto personal, no me voy a meter con él en lo personal ahora, pero miren ustedes, la descalderonización llega al nivel, al nivel casi del insulto entre militantes de su partido. ¿Saben ahora cómo se insultan los panistas? Lo vi en el Twitter, se acusan de “calderonistas”. Este es el principal insulto que le pueden hacer a un panista del neopriísmo porque ¡claro! Ahora el problema no es la remoción del Coordinador del PAN, esa no es la situación, el problema es que desde ayer el PRI tiene mayoría en la Cámara.

Entonces, vi un Twitter de un Senador panista que dice: “Ahora el PRI tiene su representación del PAN en el PRI”. Esa es mi preocupación como demócrata, que ahora el PRI tiene 2 Senadores más.

Y a los del PRI les digo: “No estén tan contentos, se ciernen negros presagios sobre Baja California.

Las concertacesiones se avecinan.

¡Castro Trenti, no te dejes, aguanta, porque viene la negociación con el PAN, y otras más, porque se tiene que premiar la incondicionalidad, porque esos son los leales que necesita el gobierno!

Además las dietas ya no las va a poder manejar, las va a manejar este señor de nombre, cuyo nombre no me acuerdo, como dijo Don Quijote: “Cuyo nombre no quisiera acordarme”.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna para hablar a favor el Senador Héctor Larios Cordova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, antes de responder a los planteamientos tan serios de persona tan poco seria, habría que hablar del artículo 37 constitucional en su fracción III.

Esto, verdaderamente, es un anacronismo que tiene nuestra Constitución. De los anacronismos que se le han venido quitando a la Constitución, falta todavía quitar éste, que establece:

“Que se pierde la nacionalidad mexicana por aceptar y usar condecoraciones recibidas por gobiernos extranjeros”.

Tendría razón esta norma decimonónica, en la época en que podría suponerse el servicio, así decía la exposición de motivos, al servicio de una potencia extranjera, aquel que recibía una condecoración de un país extranjero.

Pero hoy día, ni siquiera es aplicable, tan no es aplicable que la propia Constitución establece, en el mismo artículo, en el último párrafo, la obligación del Congreso de hacer una ley reglamentaria, misma que ni siquiera existe, y esto lleva a que en ocasiones el Congreso tiene la absoluta ceguera y miopía de pensar que es el Congreso el que otorga la condecoración.

Quien otorga la condecoración, es un país extranjero, en este caso el Rey de España.

Es verdaderamente obsoleto el que el Congreso tenga que autorizar.

Hay cientos de distinciones, de reconocimientos que mexicanos reciben del extranjero, y que no solicitan permiso al Congreso y no hay una sola norma escrita de cómo se inicia el proceso para quitarle la nacionalidad. De manera que lo primero que hay que reflexionar es sobre esto.

Lo segundo, es el tener el absoluto cuidado de lo que se dice. Decir que no podemos aprobar una condecoración, en este caso una Medalla al Mérito Civil, instituida por el Reino de España a favor del ex Presidente Calderón, por acusaciones de corrupción, las acusaciones las está haciendo usted en contra del Reino de España.

Decía usted: “Que es una barbaridad diplomática”.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Se decía que es una barbaridad diplomática, que en este Congreso, en esta Comisión Permanente, alguien venga y acuse de corrupción al Rey de España, eso es lo que se ha dicho aquí, que no puede porque hay corrupción.

Finalmente, me parece que después de toda la ligereza de lo que se ha manejado aquí, de hablar de 400 mil desaparecidos y de muchísimas cosas, es totalmente falso que el ex Presidente Felipe Calderón haya dejado un país, como se dijo aquí, en profunda crisis.

Profunda crisis tienen muchos países del mundo y hay que reconocer que México tiene una economía sólida, ahorita en problemas, pero me parece que al terminar la administración pasada, terminó con una enorme solidez a diferencia de muchísimas de las economías del mundo.

A nombre del Partido Acción Nacional, absolutamente con todas las condecoraciones, que son de mero trámite porque consideramos que esta norma es obsoleta, vamos a votar a favor, porque quien otorga la condecoración es una nación extranjera y, en consecuencia, no tenemos por qué objetar esta condecoración.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Larios Córdova.

De acuerdo a nuestro reglamentillo aprobado, en el Artículo Vigésimo Quinto, las alusiones personales sólo se identificarán cuando el orador en tribuna mencione de manera nominal o de modo que no quede duda a otro legislador.

A consideración de esta Mesa Directiva, Diputado Monreal Avila, me parece que no fue usted aludido de manera nominal, y le concedería el uso de la palabra…

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) ¡Para rectificación de hechos!

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Para rectificación de hechos, muy bien, ¿me permitiría, Diputado Monreal Avila, que al final de la lista de los oradores pudiera usted hacer la rectificación de hechos que está solicitando?

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Lo acepto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo asunto, en contra, el Diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo fija su postura en relación con la condecoración que El Reino Unido de España y su gobierno desean otorgar al ciudadano mexicano y ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Como recordarán, esta es una de las facultades que tiene el Poder Legislativo y que, desafortunadamente, por una votación está ya en proceso de que nos la autolimitemos de nuestras facultades y dejemos esta facultad al Ejecutivo.

Recordemos que los legisladores del Partido del Trabajo votamos en contra de esta reforma autolimitativa del Poder Legislativo.

Cuando entre en vigor dicho cambio constitucional, ya no pasarán por este poder las solicitudes para aceptar y usar condecoraciones.

Ahora esta facultad de otorgar los permisos queda en manos del Presidente de la República. Queda en manos de una sola persona y no de un poder colegiado y plural.

Esto es muy delicado, el propósito de esta norma era cuidar que los ciudadanos mexicanos no se vieran tentados a servir a gobiernos extranjeros a cambio de privilegios y prebendas como es el caso de una medalla.

¿Cuáles son los méritos de Felipe Calderón Hinojosa para recibir la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en Grado de Collar, que le otorga el gobierno del Reino de España?

¿Acaso tiene que ver con las operaciones, donde permitieron que la empresa española REPSOL, tuviera tratos comerciales con PEMEX?

¿O será gracias a las ganancias de los bancos españoles en México?, que fueron de gran cuantía durante los seis años que fue titular el Ejecutivo.

¿O por todas las facilidades que le brindó al capital español, para explotar los atractivos turísticos en las playas mexicanas sin importar que pusieran en riesgo el medio ambiente y el equilibrio ecológico?

Seguramente no fue por haber participado en el fraude electoral con Elba Esther Gordillo en las elecciones presidenciales del 2006.

Es una condecoración que se otorga en base a los favores recibidos, pero no para el pueblo mexicano, ni para el pueblo español, sino para las empresas españolas que se han llevado enormes utilidades a su país.

Sin embargo, en el dictamen se afirma, que aceptar ese tipo de condecoraciones no implica sumisión al gobierno extranjero que la otorga. Estamos de acuerdo.

La sumisión fue antes de recibirla, ahora sólo es un premio por haber cumplido dicha tarea de manera eficiente.

¿Cuál ha sido el papel del gobierno español en últimas fechas? Pues su papel ha sido que ante la crisis económica tan grave que están viviendo, en lugar de reactivar la economía interna, subieron el IVA a 22%, afectando a la mayoría de la población y acrecentando con esto el gran desempleo que vive su pueblo.

Pero, ¿cuál fue la actitud del gobierno español ante la decisión soberana del gobierno argentino de tomar control de sus energéticos?

Encolerizó y amenazó al gobierno argentino de que iba a tomar represalias en esto, defendiendo los intereses de la empresa REPSOL, que fue altamente beneficiada durante el gobierno de Felipe Calderón.

Y que aquí vemos claramente que la actitud del gobierno de España es en defensa de los intereses de las grandes empresas transnacionales y no de su pueblo.

Hacemos un llamado a que votemos en contra del Artículo Décimo Segundo del dictamen que nos presenta la Primera Comisión, en el que se brinda el permiso constitucional necesario para que Felipe Calderón reciba la condecoración que le otorga el gobierno del Reino de España.

Es momento de ejercer esta facultad constitucional de manera responsable y patriótica, antes de que sólo seamos testigos de cómo el Presidente en turno otorga dichos permisos de manera discrecional.

Los legisladores del Partido del Trabajo votaremos en contra del dictamen en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Ricardo Cantú.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, para referirse al mismo asunto.

- La C. Diputada Alfa Eliana González Magallanes: Gracias, señor Presidente.

El pasado 21 de mayo, la Primera Comisión aprobó un dictamen para otorgar el permiso al señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Esta condecoración, como ya se ha señalado, tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, de personal dependiente o ajeno a alguna de las administraciones públicas, y podrá concederse, incluso, a personas con nacionalidad extranjera.

Además, la condecoración que se le pretende dar al ciudadano Calderón Hinojosa, es la de más alto rango, el Collar.

Sin embargo, resulta contradictorio aprobar este permiso ante la polémica que ha generado el ex Presidente, por las recientes acusaciones de acto de corrupción, como es el caso Nóos.

Sabemos que se trata de una condecoración que no se entrega en el país sino en un gobierno extranjero, eso lo tenemos muy claro, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El 24 de abril de 2013, el periódico español El País, publica una nota en donde se liga al ex Presidente Felipe Calderón con el Presidente del instituto referido, Iñaki Urdangarin, dedicado a la organización de actividades deportivas. El hecho es que este último, es yerno del Rey español, como también se ha señalado. Y que declara, que aprovechó la buena relación del Rey y el ex Presidente Felipe Calderón, para que un grupo de inversores participara en proyectos de agua pública, turismo y energía eólica.

Pero ahora es acusado por delitos como malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública y falsedad documental.

El nombre del ex Presidente Felipe Calderón fue expuesto ante un documento, denominado Oportunidades de Negocio en México, en 2008, incluso el periódico El Universal, el 24 de abril de 2013, señala que desde el gobierno del ex Presidente Vicente Fox, Urdangarin había intentado establecer negocios en México, sin ningún éxito.

Este mismo periódico destaca que Urdangarin multiplicó por 20 sus ingreso en siete años, al pasar de 30 mil euros anuales en 2002, a 571 mil 844 euros en 2009. Estas son cifras, son datos que creo que nadie ha cuestionado.

A este acto de corrupción, se suma el gasto excesivo que se realizó en la Estela de Luz en nuestro país durante el sexenio del ex Presidente Calderón, cuyo costo se multiplicó por 4, con respecto del proyecto original.

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación informó la existencia de pagos improcedentes, por 248.9 millones de pesos, en la compra de acero estructural para el monumento, así como de otras erogaciones presumiblemente ilegales, por 150.3 millones de pesos, como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra.

Asimismo, el polémico caso de REPSOL también resalta ante estos casos de corrupción, otorgándole un trato preferencial en México, reflejado en dos grandes contratos para explotación y abastecimiento de gas.

Una de las concesiones la obtuvo en 2003, como única candidata para explorar y perforar un yacimiento de gas en la Cuenca de Burgos.

El otro contrato es el acordado en 2007 con la Comisión Federal de Electricidad, para proveer de gas natural licuado a sus plantas de la zona centro y oeste de México.

Lo expuesto, es una muestra fehaciente para oponernos ante una condecoración que tiene el nombre de Orden del Mérito Cívil, y que contraviene con todos los actos de corrupción realizados en nuestro país, sin olvidar que la ola de violencia se incrementó notablemente durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón.

Es evidente que no estamos acusando de actos de corrupción al Rey de España, lo que hemos hecho es denunciar los actos de corrupción del ex Presidente Felipe Calderón.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra del presente dictamen.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputada González Magallanes.

Debido a que ya no hay más oradores registrados. Debo decir que tomaron la palabra el Diputado Monreal Avila, el Diputado Cantú Garza, la Diputada González Magallanes y el Senador Héctor Larios.

Me quedaría concederle la palabra, para rectificación de hechos, al Diputado Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Están a punto de cometer, la mayoría que lo apruebe, un acto de traición a los mexicanos, a la población; un acto de cinismo y de complicidad.

Y yo sí lo aludo, Senador Larios Córdova, para entrar a un debate serio.

No me ando con medias tintas. Yo había hecho un acuerdo, con un Senador, de que intentáramos dar un debate con seriedad, y yo lo hice.

Y lo aludo, porque no somos una oficialía de partes.

La Comisión Permanente, ni las Cámaras del Congreso de la Unión, son meras oficialías de parte.

No basta el trámite del gobierno español de otorgar una condecoración a un mexicano.

Y aunque sea obsoleta la norma, se tiene que respetar el Congreso y a todos los mexicanos.

Y miren ustedes, les voy a decir cuál es el tema de fondo. Ojalá y lean esa obra que cada año nos dan, que se llama “México a través de sus constituciones”, que es espléndida porque establece los precedentes de cada uno de los artículos de la Constitución.

Y les puedo decir que incluso si ésta Comisión Permanente no aprobara el nombramiento o la condecoración y si la porta el señor Calderón, trae una sanción. ¿Saben cuál es? La pérdida de la nacionalidad. Fíjense qué grave es.

Y ustedes lo minimizan diciendo: “Es una cosa trivial”.

No es una cosa trivial y hablo desde el punto de vista constitucional.

El artículo 37, inciso c) de nuestra Carta Magna dice que la nacionalidad mexicana se perderá por los siguientes casos: fracción III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente.

Luego entonces, no somos una Oficialía de Partes. Quienes quieren tomarlo así, ese es su problema, y por eso nos desprecian a los integrantes del Congreso, porque no hacemos valer nuestra autoridad como ente autónomo, como un Poder de la Unión, como un poder de este país. Por eso rechazo totalmente la argumentación del Senador Larios Córdova.

Y entremos al debate constitucional. Por esa razón, yo decía que no merece el señor Felipe Calderón el que esta Permanente se pronuncie a favor de usar la condecoración, no es tiempo, es políticamente incorrecto, es más, si el señor Felipe Calderón tuviese más escrúpulos y más pudor, hubiera dicho no la acepto, porque en mi país hay discusión sobre mi desempeño y hay sectores amplios que intentan establecer cuál fue mi realidad histórica.

No es más conveniente esperar, lo que estoy planteando es muy lógico, es políticamente incorrecto y es temporalmente inoportuno. Pero yo entiendo el pacto, no soy ingenuo políticamente, y yo entiendo que ya hay un acuerdo entre el PRI y el PAN, y entiendo qué va a pasar. Pero también les digo otra cosa, no acepto descalificaciones. Acepto que me argumenten con razones, pero la argumentación….

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Diputado Ricardo Monreal, me permite un momento. Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Para pedirle atentamente me pueda inscribir para rectificación de hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Roberto Gil. Adelante Diputado Monreal Avila, gracias.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Y les puedo decir, con toda seriedad y con toda entereza, que va a cometerse un error histórico por esta Comisión Permanente.

Es grave que esta Comisión Permanente se convierta en cómplice, y sí tenemos que analizar con toda responsabilidad los méritos del mexicano que quiere ser condecorado por el gobierno extranjero.

Esa es la naturaleza de la disposición. Si ya se modificó, aún no concluye el trámite parlamentario. Por eso se los digo con toda seriedad y responsabilidad, sí hay cuentas pendientes del señor Felipe Calderón.

Esta legislatura no se puede manchar con tamaña afrenta. Los convoco a la reflexión, ni siquiera les digo que llamemos a juicio, que sería lo lógico, a rendición de cuentas al señor Felipe Calderón, porque sería mucho.

Me conformo con que no seamos parte de esta farsa de la entrega de la condecoración, que no nos hagamos cómplices de ella y que sea al menos una muestra mínima de congruencia. Esperemos los resultados de la investigación, si hay juicios instalados.

Y todavía no tocamos el tema de los generales, de la justicia pervertida y del tráfico de influencias, de la judicialización de la política y la politización de la justicia.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Diputado Monreal Avila, le suplico termine su rectificación de hechos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Presidente, lo voy a hacer por usted. No, por respeto a todos, y estaré pendiente para que me vuelva a conceder la palabra para rectificación. Ojalá y me aludan.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil, para rectificación de hechos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Creo que en buena medida el debate que se ha planteado por quienes han hecho uso de la voz, tiene que ver justamente con una mala lectura de la Constitución y una peor aún comprensión de la Constitución y de sus orígenes.

En primer lugar, una precisión de lectura, la Constitución no dice que en caso de aceptarse una condecoración sin permiso de esta Cámara, se pierda la nacionalidad, sino la ciudadanía. Porque la nacionalidad nunca se pierde, eso no solamente lo dice la Constitución, sino lo dicen todos los tratados internacionales, yo creo que desde ahí empezamos con los problemas.

Cuando se dio origen a esta norma constitucional, el valor que se pretendía garantizar, cuidar y preservar, era la soberanía nacional, y justamente el control que ejerce el Parlamento es precisamente en el sentido de que la condecoración recibida, aceptada y usada no comprometa la soberanía nacional.

Y en efecto, eso ya ha quedado rebasado, no solamente por el curso de los acontecimientos y en nuestra propia historia, sino también porque el Congreso mexicano ya votó una reforma constitucional para retirar esa facultad del Congreso de la Unión, porque precisamente, el Poder Revisor de la Constitución ya ha aceptado que esta norma ha quedado en desuso.

Y justamente porque no es ni el propósito ni la bilateralidad de la norma que no se puede utilizar esta facultad para revisar la política….

Adelante, por favor.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Encinas Rodríguez.

¿Con qué objeto, Senador Encinas?

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde escaño) Para solicitar la palabra.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Adelante, Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Que no se puede utilizar esa facultad para revisar la política diplomática de otro Estado nacional.

Si el Diputado Ricardo Monreal quiere ejercer control parlamentario sobre el gobierno de España, que junto con López Obrador hagan su partido allá en España, a lo mejor eso sí rompe las relaciones diplomáticas con México.

Yo creo, Diputado Ricardo Monreal, que está usted equivocado en su interpretación, los méritos ya fueron juzgados por un Estado soberano.

El gobierno, no el Rey, el gobierno del Reino de España, entiendo también que en el lopezobradorismo se confunda la figura del político, el sacerdote y del Rey, pero no es así allá, es el gobierno de España el que ha determinado que el ex Presidente Felipe Calderón tiene los méritos suficientes para recibir esa condecoración, más aún, la condecoración ya fue otorgada, lo único que falta es que el Congreso de la Unión autorice al ex Presidente a recibir y usar la condecoración.

Podrá usted estar toda la tarde en este Parlamento, Diputado Ricardo Monreal, pero no va a cambiar el hecho de que el gobierno de España ya condecoró al ex Presidente Felipe Calderón.

Y también debo hacer una aclaración, si me lo permite, ninguna de las empresas que han sido señaladas en la causa penal a la que usted hizo referencia, tuvo contratos en nuestro país, ninguna, y si se dice únicamente que en un documento se razonaba crear oportunidad de negocios, créame, señor Diputado, que en muchos documentos, en muchos países, hay ese tipo de afirmaciones, porque México es una tierra de oportunidades.

Y es una tierra de oportunidades porque hemos hecho bien las cosas.

Último comentario, Diputado Ricardo Monreal.

Yo creo que usted y el lopezobradorismo no ha superado la conquista española y precisamente por eso hoy a través de este debate se pretende resolver esa vieja esquizofrenia.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth,

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Monreal, para alusiones personales.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

La descalificación siempre es el recurso más torpe ante la falta de argumentos, y le repito, esta Comisión Permanente no puede convertirse en cómplice para entregar una presea al peor Presidente de México, al más corrupto que haya existido en el país, al que elevó a rango constitucional la corrupción.

No puede entregarse la presea a quien dejó una estela de 100,000 muertos en una tragedia y en una guerra torpe y sin sentido.

No puede premiarse a un sátrapa, no puede premiarse a un genocida, está acusado de genocidio en tribunales internacionales.

No puede esta Comisión Permanente convertirse en un cómplice de Felipe Calderón, aunque la haya entregado el gobierno de España, esta Permanente la puede rechazar, porque esa es su facultad y puede decir no.

Basta con entregarles premios.

Lo que deberíamos entregarle es el premio a la corrupción y a la impunidad.

Vean, escuchen a la gente, fue el peor Presidente de este país que hayamos padecido, y por cierto, surgido de la ilegitimidad, fíjense hasta dónde los persigue López Obrador, si yo ni lo he referido.

Cómo en sus sueños, la pesadilla todavía los abruma, cómo en sus sueños, no los deja dormir tranquilos, porque se robaron la Presidencia de México.

Nosotros reconocemos a Andrés Manuel López Obrador, aunque les duele, como el Presidente legítimo de este país, y si él hubiera gobernado no estaríamos en las condiciones en las que estamos, si él hubiera gobernado estaríamos mejor, no hubieran destituido al señor Cordero, si él hubiera gobernado este país, se los aseguro no estaríamos en las condiciones de pobreza, de miseria y de corrupción.

Y todavía, la segunda etapa, en el 2012, nos volvieron a comprar la Presidencia, y ustedes en lugar de convertirse en oposición, atacan a López Obrador, cuando su pleito es con el PRI.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Me permite, Diputado Monreal Avila, sonido en el escaño del Diputado Camarillo.

- El C. Diputado Camarillo Ortega: (Desde su escaño) Señor Presidente, le suplico que solicite al orador que se conduzca con decoro mínimo a los que estamos aquí presentes.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Ruego al orador que se conduzca con el decoro mínimo a los que estamos aquí presentes, tiene usted razón, Diputado Camarillo, y así se lo haremos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: En ese sentido, en los parlamentos son duros los debates, y yo se los dije, pero, retiro, por mi amistad y por el respeto que me merece el Diputado Camarillo.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Le agradecemos, Diputado Ricardo Monreal, y le pedimos que se conduzca con propiedad en la tribuna.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: La retiro, y me he conducido con toda propiedad y visión de futuro.

Porque López Obrador hubiera sido, si la oligarquía que ustedes representan y si el dinero del Monexgate que ahí está presente lo hubiera permitido, sería Presidente de México, doble vez se la han quitado, yo no lo traje a la tribuna, ustedes, pero los persiguen sus actos, los persigue como pesadilla López Obrador, y López Obrador algún día será reconocido por este país como el hombre más íntegro, más honesto y más congruente de los últimos años.

Así es de que votaremos en contra de esa pesadilla que nos duró seis años, el señor Felipe Calderón.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Manuel Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas, para rectificación de hechos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que tenemos que ubicar en su justa dimensión este debate, generalmente cuando no nos gusta la aplicación puntual de la ley, se recurre a la figura del anacronismo. Ese fue el argumento central en la reforma laboral, o sea que ya tiene muchos años sin reformarse la ley en la materia, y desde entonces nosotros hemos insistido que la vigencia de la ley no la da su edad, sino la vigencia de los derechos.

En el caso específico de esta discusión, estamos ejerciendo una facultad vigente del Congreso de la Unión, en este caso a través de la Comisión Permanente, para poder autorizar la aceptación y el uso de una condecoración que un gobierno extranjero otorga a un ciudadano mexicano, y aunque está en proceso de aprobación por parte del Constituyente Permanente la modificación al precepto constitucional, para que esa facultad, que hoy es del Congreso de la Unión, la ejerza el Ejecutivo Federal, porque la reforma que está en curso en el Constituyente Permanente va a permitir que el Presidente de la República, los Senadores y los Diputados al Congreso de la Unión, así como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras, hoy el Ejecutivo deberá de autorizarlo en el caso de cualquier otro ciudadano sobre la posibilidad de que se pierda la ciudadanía mexicana.

Esa es la litis y estamos en el ejercicio pleno de esta facultad que tiene un origen indudablemente en nuestra historia.

Aquí ya a muchos se les olvidó El Cerro de las Campanas, porque esa facultad que se otorgó al Congreso fue justamente para impedir no solamente el uso de condecoración, sino la intervención de gobiernos extranjeros en la vida interna de nuestro país.

Cuantos de esos que fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a gobernar a México recibieron condecoraciones de un gobierno extranjero, y por eso existe, vigente hoy, esa atribución del Congreso, no para autorizar la condecoración, efectivamente es una facultad del gobierno, pero su autorización sí corresponde al gobierno mexicano, hoy por parte del Congreso de la Unión, y eso deberíamos de reivindicarlo.

Y eso indudablemente lleva a una reflexión y a un debate político, como aquí lo ha planteado el Diputado Monreal Avila, porque la discusión en el ejercicio de esta facultad es para valorar no sólo la decisión de un gobierno extranjero, sino los méritos del ciudadano para portarlo, y a nuestro juicio, Felipe Calderón no reúne los méritos para portar una condecoración al mérito ciudadano que quiere otorgarle el gobierno del Reino de España.

Son muchos los argumentos que podemos darles.

El baño de sangre del cual se tiñó este país, la forma ilegítima en la que llegó al gobierno, pero fundamentalmente la profunda corrupción, que también abarcó muchos espacios de la función pública, donde lamentablemente muchas empresas españolas se vieron beneficiadas por esa corrupción en el gobierno federal.

No se nos olvida, por supuesto, La Conquista, lo que estamos ratificando es de nueva cuenta ver cómo se premia a Felipe Calderón, al igual que en La Conquista, intercambiando oro por cuentas de vidrio.

Fueron muchos los negocios que se permitieron y hoy recibe una condecoración indebidamente al mérito civil a cambio de los negocios que facilitó a la familia real y a muchas empresas españolas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del Artículo Decimo Segundo del proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se va a recoger la votación nominal. Ambas Secretarías tomarán tanto por la afirmativa, como por la negativa.

Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.

(Votación)

Señor Presidente, se emitieron 22 votos en pro, 8 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobado el Artículo Décimo Segundo del dictamen.

 Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones, se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos ahora a la discusión de doce dictámenes con puntos de Acuerdo de la Tercera Comisión; ocho de esos dictámenes no tienen reserva para su discusión.

Solicito a la Secretaría informe sobre los dictámenes que no tienen reserva y se pondrán a votación.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Señor Presidente, los ocho dictámenes que no tienen reserva para su discusión son los siguientes:

Uno, exhorto al Ejecutivo Federal para integrar al Programa Sectorial, a la industria naval, como actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo, por el cual, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional, suscrita por los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, el 8 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina considera ubicar a la industria naval como un proyecto de Estado y un objetivo prioritario de su política, que puede aportar a la economía del país y generar empleos, debido a que cuenta con capacidad instalada, que requiere su impulso y desarrollo.

Se señala que la actividad económica asociada al sector marítimo genera un efecto multiplicador sobre el resto de la economía nacional, lo cual se traduce en un impacto económico que no se limita sólo a su efecto directo sino que produce también efectos indirectos e inducidos en el conjunto de la actividad relativa a la industria naval.

Asimismo, que las empresas que forman parte de este subsector se dedican a la industria y reparación de barcos, el desguace y la industria y reparación de embarcaciones de recreo y deporte, entre otras actividades.

Los proponentes argumentan que la industria naval y la industria auxiliar expanden su influencia a lo largo de todos los sectores que componen la economía, por lo que su reactivación impacta positivamente a la economía nacional.

Por ello someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente altitular del Ejecutivo Federal, para que se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistemapara la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional”.

III. ESTUDIO, ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la propuesta para ubicar a la industria naval como un proyecto de Estado y fomentar el desarrollo integral de la marina nacional. La industria naval es un importante aporte a la economía del país que necesita ser considerada como un factor de generación de empleo, con capacidad instalada, que requiere su impulso y desarrollo. Asimismo, coinciden en la necesidad de una colaboración del Estado para promover la integración del sector marítimo nacional y la mejora competitiva y de la productividad, a través de la renovación y participación de los astilleros mexicanos en los proyectos con claro potencial de generación de sinergias tanto con Petróleos Mexicanos para dar apoyo a los requerimientos de construcción de buques, como con la industria auxiliar y con el sector privado.

Es importante tomar en consideración que la industria naval es una atractiva fuente generadora de empleos directos e indirectos, como lo es en otros países, donde se le da la importancia que requiere; además en el caso de nuestro país, se debe de aprovechar la posición geográfica y los miles de kilómetros de litorales.

Es importante señalar, que atendiendo al artículo 21 de la Ley de Planeación, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo, por lo que se estima conveniente redireccionar la petición de los proponentes, para que las medidas y acciones de fomento a la industria naval sean incluidas en el Programa Sectorial o Especial que al efecto se elabore.

Por último, consideramos pertinente realizar un cambio en la redacción del sujeto del punto de acuerdo “el Senado de la República” por el de “la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión”, para estar acorde con los trabajos de este órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que se integre al Programa Sectorial o Especial correspondiente, a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Dos, exhorto al gobierno del Distrito Federal a proporcionar información respecto al daño ecológico y ambiental ocasionado por el incendio del pasado mes de abril en la zona del volcán Ajusco.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se proponen dos puntos resolutivos que exhortan al Gobierno del Distrito Federal a: primero, a informar a ésta Soberanía sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el volcán Ajusco, y sobre las acciones que habrán de llevarse a cabo para la remediación en el sitio; y en segundo término, a que gire instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para poder llevar a cabo investigaciones respecto al incendio en el volcán Ajusco, y en caso de confirmarse la comisión de un delito proceder en contra de quien o quienes resulten responsables, suscrita por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 8 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que informe a ésta Soberanía sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el volcán Ajusco; sobre las acciones que habrán de llevarse a cabo para la remediación del sitio; y a llevar a cabo las investigaciones mediante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respecto a la posible comisión de un delito y que, en caso de confirmarse, proceda en contra de quien o quienes resulten responsables.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina considera que la contaminación atmosférica daña la salud y calidad de vida de las personas, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta se asocia con enfermedades y padecimientos como cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares y respiratorias, bronquitis e irritación de ojos, entre otras, por lo que a la contaminación del aire se le hace responsable de 1.3 millones de muertes prematuras en el mundo cada año.

De acuerdo al promovente, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor concentración de contaminantes en el aire, por lo que en los últimos años los habitantes enfrentan una mala calidad de aire, lo que seguramente ha impactado en su salud.

Expresa también su preocupación por los acontecimientos sucedidos entre el 14 y 16 de abril de 2013, en la Ciudad de México, específicamente en diversos parajes del Ajusco, en donde se registró un incendio, que de acuerdo con reportes periodísticos se podrían haber quemado de entre 30 y 228 hectáreas de pastizales, por lo que podría considerarse como el incendio forestal más grande registrado en los últimos cinco años.

Asimismo en el texto de la proposición, el proponente externa que se ha difundido la posibilidad de que dicho incendio haya sido provocado puesto que argumenta que existe una fuerte presión para urbanizar la zona, de tal manera que con este desastre, se pudiera conseguir extender los asentamientos humanos irregulares.

Para mayor abundamiento, el promovente manifiesta que el volcán del Ajusco es una de las 17 áreas naturales protegidas, por lo que preocupa que su cuidado no sea exhaustivo por parte de las autoridades. De ahí la necesidad de solicitar a la autoridad competente para que lleve a cabo las investigaciones procedentes para determinar, si existe o no, un delito y en consecuencia fincar responsabilidades.

En virtud de lo anteriormente expuesto, somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes Puntos Resolutivos del punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que informe a ésta Soberanía sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el volcán Ajusco, y sobre las acciones que habrán de llevarse a cabo para la remediación en el sitio.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fin de que gire instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para poder llevar a cabo investigaciones respecto al incendio en el volcán Ajusco, y en caso de confirmarse la comisión de un delito proceder en contra de quien o quienes resulten responsables”.

III. ESTUDIO, ANALISIS, Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión consideramos preciso mencionar que, en efecto, un incendio que inició el pasado 13 de abril consumió más de 30 hectáreas del paraje “Solidaridad” en el Ajusco, de la Delegación Tlalpan, en los límites dela ciudad de México; y que con base a estimaciones preliminares, estas hectáreas habrían sido afectadas severamente en su totalidad a tal grado que requieren acciones concertadas de protección, conservación y restauración.

Ante tal siniestro ecológico y ambiental, esta Comisión comparte la preocupación manifestada en la Proposición con Punto de Acuerdo por los daños que este tipo de sucesos provocan tanto para la ecología y el medio ambiente como para la salud humana; máxime cuando estos daños posiblemente pudieron haber sido ocasionados por el hombre, partiendo de la base de que, solo el 4% de los incendios forestales del mundo, surgen por causas naturales y el 96% restante, directa o indirectamente, son originados de forma intencionada o por negligencia de las personas.

En otro orden de ideas cabe destacar que de acuerdo a información que han hecho pública las autoridades de la Delegación Tlalpan del D.F., durante el presente año se han registrado 367 siniestros en 891.13 hectáreas de zona boscosa en la demarcación territorial de dicha delegación, por lo que el Gobierno Delegacional, según su propia información, han reforzado las acciones de prevención en coordinación con dependencias e instancias federales, locales y delegacionales, que conforman el “Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación del Distrito Federal 2013.”

En este sentido, datos que se desprenden del Subcomité de Incendios Forestales señalan que el suelo de conservación de Tlalpan, ocupa el segundo lugar con más afectación por los incendios forestales en el Distrito Federal; y que de acuerdo al Protocolo anteriormente mencionado, el Corredor Ajusco-Chichinautzin y Ajusco Medio (Cuauhzontle - Xitle - volcán Ajusco), ubicados en Tlalpan, representan dos de las ocho zonas consideradas como críticas a nivel del Distrito Federal, obedeciendo esto, en gran medida por la topografía del terreno, alto grado de afluencia de visitantes, altas cargas de combustible, número de eventos y su influencia sobre las condiciones ambientales de la entidad.

Es importante señalar que del territorio que conforma el Distrito Federal 87 mil 294 hectáreas, es decir el 58.9 por ciento corresponden a suelo de conservación y un espacio clave para el equilibrio ambiental es la Delegación Tlalpan que cuenta con la más grande extensión de bosques con 25 mil 426 hectáreas tales como tierras de cultivo, poblados rurales, áreas naturales que incluyen ecosistemas acuáticos, bosques de oyamel, pino, pino-encino, encino, matorrales así como pastizales y zacatonales y 30 mil 000 hectáreas en propiedad de ejidos y comunidades agrarias.

En este tenor, la Comisión dictaminadora expresa su compromiso real con el derecho de las personas a un medio ambiente sano y adecuado, y reconoce a través del presente Punto de Acuerdo la importancia que representa la demarcación territorial de Tlalpan, en virtud de que ofrece sustanciales servicios ambientales para la Ciudad de México, como recarga de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura de bióxido de carbono, entre otras cualidades de la zona.

No obstante lo anterior, esta Comisión apela al propósito del artículo 4º constitucional por el que se establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo ybienestar; en donde el Estado garantizará el respeto a este derecho; y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, acuerdan dictaminar en sentido positivo, con cambios,los puntos resolutivos de la Proposición a efecto de que sean sometidos a la consideración de esta Soberanía, a través del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso del Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que proporcione información a ésta Soberanía, respecto al daño ecológico y ambiental ocasionado por el incendio del pasado mes de abril en la zona del volcán Ajusco, ubicado en los límites de la Ciudad de México; así como de las acciones emprendidas para la protección, conservación y restauración de los suelos y recursos forestales que se encuentran en la zona afectada.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a fin de que gire instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en apego a su marco competencial, pondere llevar a cabo las investigaciones pertinentes respecto a la probable comisión de delito (s), en relación al incendio en comento y, en caso de que haya responsabilidad penal, proceda en contra de quien o quienes resulten responsables.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Tres, solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un informe del estado que guarda la carretera conocida como “15-Cuatro Carriles”, en el estado de Sonora.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo sobre el estado financiero y físico de la carretera 15 de Sonora “Cuatro Carriles”, suscrita por el Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 8 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano,presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto sobre el estado financiero y físico de la carretera 15 de Sonora “Cuatro Carriles”.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina considera que el alto número de muertes en carreteras debería considerarse un problema de salud pública como lo señala la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con datos del INEGI, cada 20 minutos una persona pierde la vida en una carretera y, por día, mueren 46 personas en percances viales lo que ubica esta causa en un nivel muy superior al promedio diario de homicidios provocados por el crimen organizado.

Se señala que los traumatismos por accidente están en la posición número 11 dentro de las causas de mortalidad general, y en las posiciones uno y dos de las principales causas de muerte en los hombres y mujeres de entre 15 y 39 años de edad, por lo que de seguir esta tendencia, podría ocupar la tercera causa de muerte para el año 2030.

El proponente argumenta que el estado que guardan las carreteras del país no es el mejor, y debido a la falta de mantenimiento de las mismas se presentan múltiples accidentes automovilísticos, como ocurre en la carretera 15 de Sonora, conocida como “Cuatro Carriles”. La mencionada carretera fue construida en 1989 y tiene una extensión de 459 kilómetros y 6 casetas de cobro.

La carretera 15 ha sido sometida a múltiples trabajos de reparación y modernización, a partir de un convenio firmado en 2007 entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal por un monto de 3 mil 787 millones de pesos. Los trabajos no fueron concluidos en 2011 como estaba convenido y la SCT en 2012, anunció una nueva licitación para mantenimiento y ampliación de la carretera por mil millones de pesos, por lo que hasta enero de 2013, se han invertido 3 mil 975 millones de pesos y, a juicio del proponente, no se puede distinguir a dónde ha ido esta inversión, porque la SCT tiene reservados por 12 años los convenios suscritos.

Señala que CAPUFE, organismo del que depende esta carretera, considera a “Cuatro Carriles” entre las 10 carreteras más peligrosas del país y reporta ingresos por peaje de alrededor de mil millones de pesos anuales; siendo que en el año 2010 se reportaron mil 143 accidentes en la citada carretera, y que en 2011, la cifraaumentó 21% al registrar mil 383 accidentes.

Por ello somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se exhorta a la SCT, a Caminos y Puentes Federales, y al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para que rindan un informe detallado del estado financiero y físico de la carretera 15 de Sonora y expliquen la disparidad entre la constancia del cobro de cuotas en contraste con el severo deterioro del servicio y la calidad de esta vía de comunicación”.

II. ESTUDIO, ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión consideramos que para tener un país comunicado y competitivo en donde las personas, bienes y servicios transiten de manera segura y a un menor costo, resulta de la mayor importancia el que las carreteras de nuestro país cuenten con una infraestructura moderna y una destacada plataforma logística que fomente mayor competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos.

Por lo que es indispensable contar con una red carretera troncal segura y en buen estado que conecte las regiones estratégicas y que permita disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado, mejorando a su vez, la seguridad de las personas y de cargas.

En tal virtud, coincidimos plenamente con el legislador proponente en la gran importancia que representa la carretera “15-Cuatro Carriles”, en razón de que su ubicación y utilidad se significa por ser el único eje que conecta a Sonora, desde Sinaloa hasta Arizona.

Sin embargo, del estudio y análisis del punto de Acuerdo que propone el legislador, se desprende la existencia de juicios de valor que hacen improcedente realizar un exhorto en los términos que propone el legislador.

Lo anterior se determina así pues tal y como se infiere del cuerpo expositivo de la Proposición, existen elementos que bien podrían advertirse como simples apreciaciones infundadas y equívocas; de los cuales, de ser ciertos, solo las instancias y autoridades competentes como es el caso de las contralorías internas y unidades administrativas de control y quejas o, en su caso, la misma Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, serían las instancias u órganos atribuidos y facultados para llevar a cabo los procedimientos y acciones conducentes a fin de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos (entre otras responsabilidades de control y vigilancia que tienen a su cargo), y de los cuales, en caso de encontrarse irregularidades o actos ilícitos, también les correspondería sancionar o denunciar sobre el particular.

Por lo que toca a las tarifas de los tramos carreteros, cabe hacer mención que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), la dependencia legalmente facultada para establecer y revisar las tarifas de los tramos carreteros, así como para hacer la revisión de las concesiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo está atribuida para establecer las bases generales de regularización de tarifas según el artículo 5° de la Ley relativa a Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, así como también está facultada para autorizar tanto las concesiones como la revisión de las cláusulas de las mismas teniendo como principio el velar siempre por la utilidad pública (artículo 30 de la citada Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal).

En otro orden de ideas, en México, el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas (FARAC), y por otros concesionarios.

En ese sentido, cabe precisar que las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el estado y que han sido entregadas a CAPUFE para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es quien autoriza la tarifa. Para el caso de las autopistas manejadas por el FARAC, es el Comité Técnico del Fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas.

Por su parte, no podemos dejar de observar que en esta última modalidad, el concesionario desarrolla un esquema de negocio basado en la tarifa promedio máxima fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad que ha tenido especial cuidado en fijar ese límite con base en las características de la vía, en las condiciones económicas de la zona de que se trate y la capacidad de pago demostrada por los diferentes segmentos del mercado.

No debe soslayarse que el pago de la tarifa de peaje por el uso de la infraestructura carretera es necesario, toda vez que los recursos obtenidos por este concepto se utilizan para el pago de la inversión, operación y mantenimiento de las autopistas, esto con el objeto de que el concesionario esté en condiciones de proporcionar un servicio de calidad.

Al respecto, las tarifas de peaje para cada tipo de vehículo se determinan por los costos derivados de la prestación de servicios carreteros. Los costos de administración, operación (que incluye señalización, comunicación, servicio médico, pintura, grúas, seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección de cuotas, etcétera) y obligaciones fiscales, son asignados de manera uniforme entre los diferentes tipos de usuarios. Aunado también a que los costos de mantenimiento -mayor y menor- y los costos de modernización de las autopistas, se asignan por el factor de daño que los vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las autopistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, es propósito de esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente, dictaminar en sentido positivo y con cambios, el correspondiente punto de Acuerdo. Por lo que se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de la colaboración entre los poderes, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, a que remita a esta Soberanía un informe detallado del estado que guarda la carretera conocida como “15-Cuatro Carriles”, ubicada en el estado de Sonora.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Cuatro, exhorto al gobierno federal a reforzar los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Colima a llevar a cabo las acciones correspondientes para instrumentar, coordinar, evaluar y en su caso, fortalecer de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas en esa entidad.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, la Diputado Martha Leticia Sosa Govea, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponenteseñala en su argumentación que las niñas y niños que desempeñan un trabajo económico se les llama “Ocupados”, de la misma manera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al trabajo infantil como toda actividad económica realizada por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional, como: trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etcétera.

Afirma que de acuerdo al último censo poblacional realizado por el INEGI se informa que el Estado de Colima, viven 177 mil 605 niños y niñas de cero a 14 años, que representan el 27 por ciento de la población del Estado y que éste ocupa el cuarto lugar en trabajo infantil, con un 15.8 por ciento, después de los estados de Guerrero, Nayarit y Zacatecas.

Que en el estado de Colima, a los menores de edad se les puede ver como vendedores ambulantes o como jornaleros en el campo, principalmente en los municipios de Ixtlahuacán, Tecomán y Armería.

Que esta situación en la que se encuentra la infancia en Colima, ocupa el cuarto lugar nacional en trabajo infantil nacional, representa una alarma y descuidos institucionales de todos los órdenes de gobierno, traducidos en el olvido de un sector tan importante como son los niños, obligados a ingresar en el mercado laboral a edad temprana para contribuir al gasto doméstico con el consecuente abandono de su formación escolar. Sin dejar de lado que estos niños que laboran corren el riesgo de estar expuestos de manera cotidiana a violencia física, a violencia sexual, a violencia psicológica, y violencia en general, pues de acuerdo a los datos generalizados que proporciona la OIT, de cada 218 millones de niños que trabajan,126 mil de ellos realizan trabajos forzosos.

De igual forma el DIF, indica que la aportación infantil representa entre 20 y 25 por ciento de los ingresos de las familias más pobres, con lo cual a largo plazo disminuye la formación del capital humano, ya que los menores trabajadores no asisten a la escuela o la abandonan antes de concluir la educación básica, por lo que al llegar a la edad adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se restringe a empleos poco calificados con remuneraciones muy bajas, reproduciendo la pobreza.

Finalmente la proponente asegura que hoy más que nunca se requiere la concertación de todos los órdenes de gobierno para garantizar una” infancia segura” para aquellos niños que trabajan, sea solamente por razón de gusto y no de necesidad o lucro, además en el que se les brinde las condiciones laborales adecuadas para su pleno desarrollo, pero también en disminuir las estadísticas de que ellos que trabajan para vivir, debemos de luchar para que realmente gocen una infancia sin más responsabilidad que aquellas que requieren para su pleno desarrollo y formación.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al gobierno del estado de Colima a llevar a cabo las acciones correspondientes para instrumentar, coordinar, evaluar y en su caso, fortalecer de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas en esta entidad.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la instancia correspondiente, refuerce la vigilancia e inspección de los centros de trabajo, a efecto de que la labor realizada por menores de edad se apegue estrictamente a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, y establezca las acciones y programas necesarios dirigidos a la erradicación del trabajo infantil.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión comparte la preocupación y los planteamientos de la proponente, en el sentido de que la protección social es crucial para el trabajo infantil; y de que deben existir medidas vitales como la protección social para su salud.

Consideramos relevante señalar quela Organización Internacional del Trabajo define al trabajo infantil como “toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar puedan ser considerados una actividad económica –como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela”.

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia define el trabajo infantil como “aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley”.

Actualmente, nuestro país, enfrenta serias deficiencias para resolver un problema socioeconómico tan fuerte como lo es el trabajo infantil, el cual afecta a por lo menos 3 millones de niños en el país; en donde se encuentran jornadas laborales largas, nulas remuneraciones, empleos informales y maltrato son una constante en ese sector de la población.

Cifras oficiales disponibles indican que unos 870,000 niños y niñas de 6 a 13 años, esto es 5.0% del total de infantes en este grupo de edad, participan en algún tipo de actividad laboral. Como en México la edad mínima para trabajar es de 14 años, todos esos niños se encontraron involucrados en trabajo infantil prohibido por la ley mexicana. La participación de niños y niñas en el trabajo aumenta con la edad, mientras que la asistencia escolar disminuye, lo cual obedece a que la productividad de los infantes se eleva a medida que crecen y son más susceptibles de ser ocupados.

Según información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de un estudio del programa Understanding Children's Work (UCW), en México, más de la mitad de los niños que trabaja lo hace en el sector servicios y poco más de un tercio en la agricultura. La mayor parte del resto -10%- labora en la manufactura.Lo dramático y lamentable es que a pesar de que los trabajadores infantes son un sector productivo, son mal remunerados y muchas veces no reciben paga, pues generalmente laboran en modalidades de informalidad.

Se calcula que 2 de cada 3 niños y niñas de seis a 13 años de los que trabajan, lo hacen en empleos no remunerados tanto dentro como fuera de la familia, mientras que el resto uno de cada tres niños lo hizo como empleado remunerado. La carga de trabajar fuera del hogar no es la única para muchos infantes, pues también tienen que ayudar a las tareas domésticas al tiempo que asisten a la escuela. En esta condición se encuentra alrededor de 3.5% de la población infantil.

De acuerdo con cálculos del UCW:

•Guerrero es la entidad con mayor número de niños trabajando en el rango de edad de 6 a 13 años, ya que alcanzan una proporción de 12%.

•Sigue Nayarit con 9.8%

•Colima con 9.1%

•Puebla con 8.3%

•Oaxaca con 8.2%

•Guanajuato con 7.1%

•Jalisco con 7.0%

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México podría fortalecer sus políticas para mejorar el bienestar de familias y niños. La ayuda pública en prestaciones y servicios a la familia es clave para movilizar el empleo femenino, reducir los riesgos de pobreza y promover el desarrollo infantil.

Además, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil reconoce que proteger a las niñas y a los niños requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo decente para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantener a las niñas y a los niños en la escuela.

Por lo anteriormente expuesto,esta Comisión concuerda con la proponente en el sentido hoy más que nunca, de que se requiere la concertación de todos los órdenes y esferas de gobierno para garantizar “una infancia segura” para aquellos niños que trabajan, sea solamente por razón de gusto y no de necesidad o lucro; asimismo, coincidimos en la necesidad de reforzar la vigilancia en los centros de trabajo y que esta se apeguen a los marcos jurídicos en la materia.

Sin embargo, particularizar un asunto o problemática a una región territorial específica sin considerar las homogeneidades o las condiciones sistémicas que originan o motivan tal situación, implicaría omitir del análisis la parte conducente de los factores generales o razones jurídicas o socioeconómicas en que se encuentra cierto sector de la población.

Por tal motivo, esta dictaminadora estima pertinente aprobar, con cambios, el referente Punto de Acuerdo a efecto de que sus alcances sea de ámbito nacional, y no sólo dirigido a una sola entidad federativa por las razones anteriormente expuestas.

En consecuencia, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de las autoridades responsables en materia del Trabajo, y en coordinación con las instancias locales correspondientes, refuercen de manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas; así como también a efecto de que fortalezcan la vigilancia e inspección de los centros de trabajo, con el fin de que la labor realizada por menores de edad se apegue estrictamente a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Cinco, exhorto a la Comisión Nacional del Agua para considerar programas de inversión para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos en la región noroeste del país.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal para que en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incluya la ejecución del Programa Integral de Inversión del Noroeste, PLHINO, con el cual se permitirá generar una capacidad para el riego de 252 mil 605 hectáreas de cultivo en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, asegurando con ello el aprovechamiento de 16 mil millones de metros cúbicos de agua, que actualmente se tiran al mar.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente señala en su argumentación, que la creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población solo será efectivo mediante la armonización de la ingeniería aplicada y un eficiente aprovechamiento del recurso natural.

Expresa que el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), es uno de los más grandes anhelos de los sonorenses desde hace poco más de medio siglo, que dicho plan consiste en darle un curso efectivo a las derramas pluviales de los estados Nayarit y Sinaloa a Sonora, aprovechándolas al 100%, en lugar de que se vayan directamente al mar.

Se estima que los aproximadamente 28 mil millones de metros cúbicos de agua de sus ríos le daría una sustentabilidad eficiente a esta región, creando miles de empleos productivos, una mayor disponibilidad de agua para uso urbano e industrial, nueva generación eléctrica, un desarrollo de la piscicultura y el turismo; además se regularizaría el ciclo de los cultivos y se extenderían los períodos de humedad, lo cual aumentaría las posibilidades de lluvia en la región, lo que representaría una ampliación de la frontera agrícola para producir los granos básicos que nuestro país requiere.

De igual forma, señala que el PLHINO tiene un costo estimado por encima de los 35 mil millones de pesos, por lo que de concretarse será con recursos proporcionados por Sonora, Sinaloa, Nayarit y la Federación, para lograr realizarlo y apoyar así a los tres estados, donde Sonora padece de falta de líquido, mientras que otros estados como Nayarit año con año son víctimas de inundaciones por el excedente de agua.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal para que en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluya la ejecución del Programa Integral de Inversión del Noroeste, PLHINO con el cual se permitirá generar una capacidad para el riego de 252 mil 605 hectáreas de cultivo en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, asegurando con ello el aprovechamiento de 16 mil millones de metros cúbicos de agua, que actualmente se tiran al mar.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten los planteamientos del proponente, en la creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua, así como de su aprovechamiento integral que, sin duda, promueva las actividades agropecuarias, la recarga de los acuíferos, la generación de electricidad, el control de inundaciones, así como aquellas actividades de recreación y turismo.

Respecto al Programa Integral de Inversión del Noroeste, se tiene conocimiento que este proyecto data de 1960, y no se ha concretado por diversos factores que no son del amplio conocimiento de esta Comisión Dictaminadora, por lo que se pronuncia en promover únicamente las inversiones para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos en el noroeste.

Es importante señalar, que atendiendo al artículo 21 de la Ley de Planeación, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo, por lo que se estima conveniente redireccionar la petición del proponente, para que los programas y acciones de infraestructura hídrica del noroeste del país, se incluyan en el Plan Nacional Hídrico, que es el documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, de acuerdo con el artículo 3, fracción XLII, de la Ley de Aguas Nacionales.

De igual manera, es preciso señalar en el resolutivo del dictamen que la autoridad competente del Ejecutivo Federal es la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley de Aguas Nacionales, que señala que a esa Comisión le corresponde integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, así como de su actualización y vigilar su cumplimiento.

En conclusión, esta Comisión Dictaminadora considera oportuno aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo, con modificaciones, para emprender las acciones que contribuyan en el aprovechamiento integral de los recursos hídricos en la región noroeste del país, por lo que estima viable solicitar que se incluyan en el Plan Nacional Hídrico de la presente administración.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que en la conformación del Plan Nacional Hídrico, se consideren programas de inversión para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos en la región noroeste del país.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Seis, solicitud a la SAGARPA y a la SEMARNAT de información en relación con el cierre permanente de la boca barra de Cerro Hermoso en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Tututepec, Oaxaca.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a los titulares de la SAGARPA, de la CONAGUA, de la SEMARNAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso, Tututepec, Oaxaca.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, la Diputada Aleida Alavez Ruiz a nombre de la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, ambas integrantes del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente señala en su argumentación, que las diversas características topográficas, climáticas y geológicas que se presentan en el estado de Oaxaca han permitido el desarrollo de una importante biodiversidad de ecosistemas que proporcionan muchos beneficios ambientales, económicos y sociales. Las zonas de protección ecológica son reservas estratégicas que tienen una función social, ambiental y económica y es en función del interés público que se establece su protección, ya que garantizan la prestación de servicios ambientales que aseguran la calidad del aire que respiramos, la regulación del clima, la infiltración del agua pluvial para reabastecer nuestros mantos acuíferos, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo.

Afirma que las lagunas costeras están consideradas como los recursos acuáticos más valiosos, debido a sus especiales mecanismos ecológicos y flujos de energía. De aquí que el conocimiento de la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la ecología litoral, se constituyan en una pieza fundamental para la mejor comprensión en el manejo y planificación de estos recursos naturales.

Que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha publicado múltiples investigaciones científicas sobre los sitios de humedales con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, dentro de los cuales se encuentra el sistema lagunar Chacahua-Pastoría. La descripción técnica demuestra que cumple la función de corredor biológico, es decir, funciona como un corredor entre los sistemas lagunares de Manialtepec-Lagartero-Chacahua-Corralero, representa un corredor para aves acuáticas migratorias además de que el río Verde permite una conexión hidrológica con los humedales de esta región, además de pertenecer a los conocidos Sitios Ramsar, protegidos por la Convención sobre las Humedales de Importancia Internacional, de UNESCO.

Expresa que la negligencia de la dependencia federal ha ocasionado un derrame turístico y económico, irreversible, ya que la bahía natural de Cerro Hermoso desapareció totalmente del corredor turístico costero, quedando en su lugar únicamente un desierto de arena. Lejos de tomar las acciones pertinentes para contrarrestar su negligencia, en2010 la SEMARNAT declara oficialmente cerrada la boca barra de Cerro Hermoso.

Se reitera la importancia de la atención que merece este asunto por parte del Presidente de la República, debido a que de no atenderse, puede convertirse en un problema también de salubridad grave para los habitantes de la zona Lagunar y de consecuencias lamentables, ya que se están generando bacterias en el agua estancada durante estos casi 8 años de desatención por parte del Ejecutivo Federal. Es preciso señalar que el artículo 5o., fracción III, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que es facultad de la federación: “La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado”.

Indica que estos acontecimientos obligaron a acrecentar aun más el fenómeno de migración en la zona, ya que sin poder realizar la principal actividad económica de la zona, que es la pesca, los habitantes se están viendo obligados a buscar nuevas formas de vida, ya que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades federales desde que empezó esta problemática en el año 2006, por lo que se ven forzados a irse al extranjero.

Finalmente dice que el problema de la Pastoría está de por medio la sobrevivencia de cientos de familias, su trabajo, su salud y alimentación. De ahí la importancia de reparar el daño ecológico de la laguna que se encuentra taponada ante los pésimos trabajos de dragado y ubicación de escolleras, siendo esta la zona de transición entre la laguna y el mar.

Por lo que propone lo siguiente:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de sus organismos desconcentrados Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a solucionar de manera inmediata e integral los efectos ambientales, sociales y económicos adversos derivados del cierre permanente de la boca barra de Cerro Hermoso en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Tututepec, Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que realice una investigación sobre los hechos probablemente constitutivos de violación a los derechos humanos de los habitantes residentes en la zona en torno a la laguna de La Pastoría, ubicada en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, en las Costas del Estado de Oaxaca.

Tercero. Se declare en estado de desastre natural la zona que comprende la laguna de la Pastoría, que se encuentra dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua.

Cuarto. Se genere un fondo de emergencia por parte del Ejecutivo Federal, con la finalidad de atender de la manera más pronta y eficiente el desastre ecológico que está destruyendo el Parque Nacional Lagunas de Chacahua.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

La Comisión dictaminadora comparte la preocupación y los planteamientos de las proponentes; ya que actualmente la importancia ecológica y económica de los humedales costeros está ampliamente reconocida a nivel mundial, sin embargo, el grado de deterioro que están sufriendo estos ecosistemas se ha incrementado en un 30% en los últimos 25 años.

Diversas son las causas del deterioro de los humedales costeros, destacándose los de origen natural, como los eventos meteorológicos extremos, así como los de origen antrópico, como la disminución de los aportes de agua dulce por la construcción de presas y canales de irrigación, así como por la deforestación de las cuencas. Estos efectos tienen como consecuencia una disminución en los periodos de comunicación con el mar, interrumpiendo de esta manera el ciclo de vida de diversas especies acuáticas de importancia ecológica y económica. Ello se debe principalmente a que los estudios que conducen a un conocimiento adecuado de la zona costera son costosos y relativamente largos, por lo que no han sido ni sistemáticos ni han abarcado con profundidad la totalidad de zonas de interés.

Estamos convencidos de que se deben de proponer medidas de rehabilitación del ecosistema de manglar asociado al sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Oaxaca, mediante el manejo hidrológico, a través de la modelación hidrodinámica. Utilizando la información de archivo disponible, así como una cantidad mínima de muestreos, calibrando modelos numéricos capaces de describir la dinámica de agua y sedimentos del sistema lagunar en cuestión, para posteriormente evaluar la respuesta de dicha dinámica (corrientes, hidrología, calidad del agua y sedimentos), ante diferentes escenarios de manejo hidrológico.

Es del conocimiento de la que dictamina, que obras de dragado mal ejecutadas desde hace casi una década han provocado masiva mortandad de peces en la laguna “La Pastoría”, generada por la falta de oxigenación, afectando a los pescadores de esa zona.

Con el compromiso de velar por el desarrollo humano y social de los oaxaqueños, esta Comisión considera que es necesario que las instancias federales y estatales desarrollen gestiones que devuelvan al Sistema Lagunar Chacahua-Pastoría su dinámica hidrológica, misma que ha sido afectada en tiempo reciente.

Sin embargo, consideramos que es de la mayor importancia, contar con mayores elementos de juicio, para resolver los resolutivos propuestos por las promoventes, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la información disponible en relación con el cierre permanente de la boca barra de Cerro Hermoso en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Tututepec, Oaxaca.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Siete, exhorto a la SAGARPA para remitir la información sobre el Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del Estado de Jalisco (FARAJAL).





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Jalisco a informar sobre el ejercicio de los recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del estado de Jalisco. (FARAJAL).

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Ossiel Omar Niaves López, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente del punto en comento, expresa que la producción nacional de los granos básicos como los son el maíz, frijol, trigo y arroz para la alimentación, ha venido sufriendo el embate de la competencia en una grave condición de desigualdad que lacera los intereses de los productores mexicanos.

Que es lamentable que nuestro país, ubicándose en una región con alto potencial de producir cultivos agrícolas importe cantidades exorbitantes de maíz, y que encima de eso, se siga abaratando y facilitando las importaciones con las cuales se dañan a los productores, principalmente del maíz.

Señala que el maíz es el grano que más se produce en nuestro país, y el daño que se genera a los productores básicamente consiste en que de las importaciones que ingresan al país de este grano, son preferentemente adquiridas por la industria tortillera debido a su menor costo asimismo la tortilla es la base de la alimentación de los mexicanos, y resulta muy preocupante que siendo esta la base, una de cada tres tortillas se elabore con maíz de importación y que además sea transgénico, lo cual causa daños severos a la salud de los consumidores.

Que se denominó como Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del Estado de Jalisco, el cual ha sido administrado conjuntamente por el Gobierno federal por conducto de la SAGARPA y por el Gobierno del Estado de Jalisco, y en el sexenio pasado este fideicomiso se privatizó quedando en poder de seis empresas familiares quienes, con el apoyo del Gobierno Federal y del estado se apropiaron de un patrimonio de más de 13,000 pequeños productores.

El 27 de abril del año pasado el Congreso del estado de Jalisco, aprobó un punto de acuerdo para que se transparentara el ejercicio de los recursos del Fideicomiso en mención y se dieran solución a los productores de Maíz en el estado de Jalisco, siendo que a la fecha no se ha obtenido respuesta a dicho exhorto.

Por lo que propone lo siguiente:

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, a que informen a esta soberanía sobre el ejercicio de los recursos del fideicomiso de apoyo a la rentabilidad agrícola de los productores de maíz del Estado de Jalisco (FARAJAL) y en caso de encontrarse manejos al margen de la Ley se interpongan las denuncias penales ante la procuraduría general de la república en contra de quien o quienes resulten responsables los funcionarios Federales, Estatales y los particulares que hayan participado en este ilícito.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta Comisión dictaminadora considera no sólo pertinente, sino muy oportuno el obsequiar en lo fundamental la proposición ya que este grano, en relación con los demás cereales que se producen en México (trigo, sorgo, cebada, arroz y avena, principalmente) presenta una tasa anual de crecimiento del 2.0% anual en cuanto a la evolución del volumen de la producción.

Actualmente existe inconformidad entre los productores de maíz en la entidad, por lo que en repetidas ocasiones han solicitado se les reintegre el dinero que les corresponde con los intereses generados hasta la fecha. Indican además,que en este asunto se observan prácticas de grupo y de monopolio.

Cabe señalar, que el C. Roberto de Alba, Secretario General de la CNC en Jalisco, declaró que “Han tenido una voz generalizada de los campesinos de los distintas zonas del estado en donde coinciden que nunca bajaron los apoyos destinados a los que más los necesitaban en este caso los ejidatarios, hijos de los ejidatarios, pequeños propietarios y pequeños productores”.

Por lo anterior, resulta de suma importancia que para efectos de no incurrir en prejuicios o en valoraciones sin fundamento, esta Comisión dictaminadora considera pertinente contar con más elementos para resolver los resolutivos propuestos por el Diputado promovente.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, a que remita a esta Soberanía toda la información concerniente al Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del Estado de Jalisco (FARAJAL).

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Ocho, el que propone desechar la proposición de exhorto al SAT para ampliar el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria amplíe el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último día del mes de mayo de 2013, dada la complejidad y el alto costo que representa para los contribuyentes en nuestro país cumplir con sus obligaciones fiscales, suscrita por el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el 8 de mayo de 2013.

Esta Tercera Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó Proposición de referencia.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina considera que la administración tributaria debe recaudar los impuestos buscando el mayor grado posible de cumplimiento voluntario a través de ofrecer un servicio de calidad a los contribuyentes y reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, tiene que ser una administración integrada, con un grado de autonomía y flexibilidad suficiente para gestionar sus recursos, preocupada por los aspectos gerenciales que incidan en la eficacia y eficiencia del servicio.

Asimismo señala que el sistema mexicano recauda ingresos públicos tributarios equivalentes a 12.1% del PIB que están por debajo del promedio de recaudación de América Latina de 13.6% y justo a la mitad de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 28 por ciento. La recaudación tributaria que genera nuestro país es menos de la mitad de la que tendría lograr, dado su nivel de desarrollo, de acuerdo con especialistas de la OCDE y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros organismos internacionales.

El proponente cita el informe “Paying Taxes 2013”, elaborado por el Banco Mundial, Pricewaterhouse Coopers y la Corporación Financiera Internacional, que establece que en México una empresa realiza seis declaraciones de impuestos en el transcurso del año, en lugar de cuatro que se tienen que hacer en el país cuyo sistema tributario empresarial es el más competitivo del mundo, como lo es Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el informe, el tiempo que toma al equipo de administración de una empresa en México para recabar la información que tiene que presentar para cumplir con sus obligaciones tributarias, adicional al que dedica para hacer las declaraciones, es de aproximadamente 337 horas anuales, y tiene una diferencia muy importante al ser comparada con las 72 horas anuales para el caso del empresario en Arabia Saudita.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que el empresario que tributa en México termina pagando una tasa gravable promedio cercana a 52.5%, que incluye impuestos sobre ganancias, ISR empresarial y obligaciones laborales, en vez de la de 11% que pagan en Qatar; 14.9% que tributan en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, o la de 23% promedio que pagan en Hong Kong o China, que es el cuarto país más competitivo.

Por ello, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico.- Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), amplíe el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último día del mes de mayo de 2013, dada la complejidad y el alto costo que representa para los contribuyentes en nuestro país cumplir con sus obligaciones fiscales.”

III.ESTUDIO, ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora comparten el planteamiento del legislador proponente de que incrementar la competitividad del país, al simplificar el sistema fiscal y reducir los costos tributarios sobretodo de las pequeñas y medianas empresas, ayudará a cumplir con mayor facilidad el pago de impuestos.

Asimismo reconocemos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo el programa de regularización de adeudos fiscales denominado “Ponte al corriente”, a fin de que los contribuyentes pudieran regularizar su situación fiscal y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal 2013.

Si bien el plazo para presentar la declaración anual venció en marzo para las personas morales, y en abril para las personas físicas, el mismo SAT también informa en su portal de Internet www.sat.gob.mx del citado vencimiento y llama al contribuyente a presentar la declaración anual en forma voluntaria antes de que le sea requerida por la autoridad tributaria y pueda hacerse acreedor de una multa o sanción.

Finalmente, esta Comisión dictaminadora desea destacar que, aunque la propuesta presentada tiene un sentido positivo en beneficio de la población, resulta importante precisar que el plazo para la presentación de la declaración anual de impuestos de los contribuyentes, se encuentra establecido en los artículos86, fracción VI y 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 7 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; por lo que establecer un nuevo plazo vía administrativa no es posible, ya que el plazo para presentar las declaraciones anuales está sujeto al principio de legalidad, al tratarse de un elemento esencial de las contribuciones.

De este modo, el plazo de referencia no es determinado por el Servicio de Administración Tributaria, sino por el Poder Legislativo, por lo que dicho órgano desconcentrado invariablemente debe acatar las disposiciones establecidas por aquél, no pudiendo en consecuencia, contrariar su mandato.

Por otro lado, también es conveniente señalar lo que establece el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, que señala que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, es decir, tanto las normas fiscales que regulen el objeto, sujeto, base, cuota, infracciones, sanciones y obligaciones de los contribuyentes, como las que prevean excepciones a dichas disposiciones, se aplicarán exclusivamente en sus términos, sin que sea dable ampliarlas o restringirlas (Jurisprudencia 92, vigente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo).

En este sentido, para modificar el plazo de presentación de la declaración anual de las personas físicas y morales, se tendría que llevar a cabo la reforma de los citados preceptos legales, facultad que en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera la propuesta como inviable por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se considera inviable y se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a ampliar el plazo para cumplir con la presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último día del mes de mayo de 2013.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Son los ocho dictámenes que no tienen reserva, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Les informo que se han reservado para su discusión en lo particular los dictámenes sobre: la clasificación tarifaria de electricidad en el municipio de Reynosa, Tamaulipas; la prestación de servicios de telefonía celular y de radio comunicaciones; el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica; y el negativo sobre las proposiciones en torno al ciudadano Humberto Benítez Treviño como Procurador Federal del Consumidor.

Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta del Senado de hoy para su conocimiento.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los ocho dictámenes que no tienen reserva y que ya fueron descritos.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los ocho dictámenes que no fueron reservados. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos contenidos en los ocho dictámenes. Comuníquense.

Antes de entrar a la discusión del dictamen referente a la clasificación tarifaria, quisiera saludar a Don Gilberto Bosques Tistler, quien es nieto de Don Gilberto Bosques Saldivar. Don Gilberto Bosques Saldivar fue un destacado diplomático mexicano, periodista y legislador, sus valientes acciones durante la Segunda Guerra Mundial le salvaron la vida a cientos de personas en Europa.

El Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República lleva el nombre en honor de Don Gilberto Bosques Saldivar. Sea usted bienvenido Don Gilberto Bosques Tistler.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo sobre la clasificación tarifaria de electricidad en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el Municipio de Reynosa, hasta que no se cuente con los estudios de impacto económico y social, que sirvan para contrarrestar el deterioro en el nivel de vida de las familias de esta ciudad, derivado del incremento en los precios de la energía eléctrica, suscrita por el Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el municipio de Reynosa, hasta que no se cuente con los estudios de impacto económico y social, que sirvan para contrarrestar el deterioro en el nivel de vida de las familias de esta ciudad, derivado del incremento en los precios de la energía eléctrica.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina considera que actualmente el servicio de energía eléctrica resulta imprescindible para el desarrollo de toda actividad económica y social en el país y que en regiones caracterizadas por altas temperaturas durante el año, la demanda del servicio de energía eléctrica se eleva, y por ende su costo.

El proponente estima de suma importancia contar con tarifas accesibles para toda la población en general, por lo que la regulación de las tarifas eléctricas no puede quedar sujeta al régimen de oferta y demanda, sino que deben ser reguladas por normas y principios sociales.

Es importante destacar que la Comisión Federal de Electricidad en días recientes anunció que las tarifas eléctricas que aplicarán en mayo, tendrán un incremento de 8.4%, lo cual representa un fuerte impacto para el bienestar y la economía de las familias mexicanas.

Señala que de acuerdo al INEGI, la alimentación es el rubro en el cual gastan más los mexicanos, representando el 33.6% de sus ingresos; mientras que el gasto en transporte representó el 18.4%; la educación y esparcimiento el 13.5%; y la vivienda y el combustible el 10%.

Por ello somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el Municipio de Reynosa Tamaulipas, hasta que no se cuente con los estudios de impacto económico y social, que sirvan para contrarrestar el deterioro en el nivel de vida de las familias mexicanas, que significa el incremento en los precios de la energía eléctrica”.

III. ESTUDIO, ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que la importancia de la energía eléctrica radica en su función elemental para mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, y una indiscutible condicionante para los modernos procesos productivos que demanda la actividad económica y social.

Reconocemos sin duda alguna, que en la actualidad, la gran mayoría de los países se encuentran ante nuevos retos y desafíos que implican los altos grados de explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar los diversos bienes y servicios que demanda el crecimiento demográfico a nivel mundial.

Por lo que concierne al servicio de energía eléctrica, resulta lógico que el nivel de demanda y consumo se explica en razón de los índices de concentración poblacional urbana y semiurbana, así como de las zonas que presentan mayores grados de dinamismo en sus factores y procesos de producción, vinculados estos con la utilización de tecnología, sistemas de industrialización o tecnificación; sin dejar pasar por alto, el factor de las temperaturas climatológicas de las diversas regiones.

En el caso de México, el servicio público de energía eléctrica tiene una doble función: por un lado la función estratégica de ser un elemento que contribuye al mejoramiento del nivel de vida de las mayorías más desprotegidas y, en donde el Estado, es el principal responsable de garantizar los medios y mecanismos para proveer dicho servicio en cuanto a su generación, transmisión y distribución para los diversos usos doméstico y público; y por el otro, tal y como ya lo inferimos, la función prioritaria como insumo de la planta productiva nacional de bienes y servicios, que le permite competir en el entorno internacional, ubicándose en la práctica, en los diversos usos como el agrícola o industrial, entre otros.

Ahora bien, por lo que toca al marco legal del servicio público de energía eléctrica, es necesario hacer referencia a lo que nos establece el marco jurídico en la materia:

En términos del segundo artículo de la vigente y aplicable Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público, por lo que debe entenderse que es obligatoria su observancia y que por tanto no son renunciables los derechos emanados de la misma.

Además de que es importante subrayar que por disposición de la propia Ley, todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son responsabilidad exclusiva del organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado “Comisión Federal de Electricidad”, aun cuando todas estas actividades no las realice por sí misma.

Por lo que la propia Comisión Federal de Electricidad se encuentra obligada, por la ley en mención, a suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo.

En cuanto a la venta de energía eléctrica, esta se encuentra regida por las tarifas fijadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme al criterio de cubrir eficientemente las necesidades financieras del suministrador y de contar con recursos para ampliar el servicio.

Sin embargo, es de destacarse que la Comisión Federal de Electricidad posee la facultad de proponer dichas tarifas o sus modificaciones con base en los estudios y análisis económicos que se llevan a cabo de manera permanente; y que las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada como lo son: las Secretarías de Energía y de Economía, son quienes formulan la opinión al respecto con base a diversos criterios y factores, para luego, dejarla a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica se clasifican de acuerdo con su uso y nivel de tensión en:

- Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC);

- Servicios públicos: 5, 5-A y 6;

- Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N

- Temporal: 7

- Generales en baja tensión: 2 y 3

- Generales en media tensión: O-M, H-M y H-MC

- Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF

- Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L

- Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF y HT-LF

- Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-RM

- Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF y HT-RM

- Servicio interrumpible: I-15 e I-30

Hay que señalar que todas las tarifas eléctricas se encuentran sujetas a ajustes mensuales, con excepción de las tarifas agrícolas de estímulo 9-CU y 9-N, que se ajustan anualmente. Las tarifas del servicio en media tensión (MT) y alta tensión (AT) en uso general y respaldo, así como las de servicio interrumpible, tienen diferencias metodológicas respecto a las tarifas específicas. En el caso de las tarifas generales, se actualizan mediante un mecanismo de ajuste automático mensual que refleja las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación. Asimismo, dichas tarifas tienen cargos por consumo y por demanda con diferencias regionales, horarias y estacionales. El resto de las tarifas (domésticas, servicios públicos y agrícolas) se ajustan mediante factores fijos, sin diferencias horarias.

Las tarifas domésticas (sin incluir la DAC), las agrícolas 9 y 9-M y las de servicios públicos, se ajustan mediante factores fijos y el resto (DAC, comerciales e industriales) mediante una fórmula que incorpora las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación.

Los factores fijos se autorizan generalmente en forma anual mediante acuerdos específicos y se relacionan con las estimaciones de la evolución esperada de la inflación. Por otra parte y como se ha mencionado, el ajuste automático mensual refleja los movimientos de los precios de los combustibles fósiles utilizados en la generación de electricidad, así como las variaciones inflacionarias. Los cambios en el costo de combustibles se estiman con base en dos elementos:

1) Las variaciones en el precio de los combustibles; y

2) Los cambios en la proporción en que los combustibles fósiles participan en la generación total.

Las variaciones mensuales en el componente de inflación se estiman utilizando un promedio ponderado de los índices de precios al productor de siete índices seleccionados del sistema de precios previstos por del Banco de México.

Debemos señalar que para el objeto de establecer la tarifa que se aplica en las diversas entidades y zonas del país, se considera como elemento fundamental el promedio de la temperatura que se registra en las mismas, utilizando para ello estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua.

Por todo lo anteriormente expuesto, es de notarse la complejidad técnica con respecto al criterio definido por las autoridades competentes para determinar el cobro de las tarifas por el uso del servicio de energía eléctrica, sin embargo, atendiendo la preocupación del legislador proponente y de las familias menos favorecidas que resultan ser las más sensibles ante el incremento de las tarifas eléctricas y de que esta situación se ve agravada en los estados y municipios donde se presentan altas temperaturas, es procedente atender la presente proposición con punto de Acuerdo en sentido positivo, no obstante con modificaciones al Punto Resolutivo Único, en virtud de que no es viable la suspensión sobre el incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, toda vez que ello implicaría omitir de antemano, los estudios técnicos que correspondan o, en su caso, las razones técnico-jurídicas por las que las autoridades atribuidas en la materia han aplicado en el caso particular.

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a revisar de manera integral, la clasificación tarifaria de electricidad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO

RICARDO ANAYA CORTES

- El C. Presidente Diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores:

El sector energético en nuestro país presenta problemáticas que merecen ser atendidas con urgencia. El consumo de energía ha crecido en un promedio anual del 2.08%, mientras que la producción primaria ha disminuido 0.3% al año.

En lo que se refiere al petróleo, después de alcanzar una producción máxima en el 2004, ésta ha declinado hasta ubicarse en 2.5 millones de barriles diarios.

Como consecuencia de seguir con las tendencias observadas hasta el momento, México se convertirá, para el 2020, en un país estructuralmente deficitario en el ramo energético, es por ello que resulta menester la aplicación de una estrategia que contemple el resolver o atender los problemas de fondo que enfrenta este sector con el afán de transitar a un desarrollo óptimo de los productos energéticos del país.

Uno de los factores que requiere acciones inmediatas debido a los perjuicios que ocasionan a los ciudadanos corresponde el incremento sistemático de las tarifas eléctricas en el territorio mexicano, lo cual se acentúa en aquellas regiones del país que experimentan climas extremosos.

Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad es el organismo público descentralizado que se encarga de los aspectos técnicos involucrados en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica; asimismo, posee la facultad de proponer las tarifas o sus modificaciones con base en estos estudios de análisis económicos.

Nos queda claro que esta función no ha sido ejercida, ya que en el transcurso de esta legislatura hemos sido testigos en numerosas ocasiones que las quejas de diversas entidades han sido frecuentes y que no sólo es el caso de Reynosa, sino en todo el país se quejan de lo excesivo y desproporcionado que resulta la facturación de las tarifas eléctricas.

La Comisión Federal de Electricidad no ha hecho nada por frenar o por disminuir los problemas que la población está enfrentando.

La Comisión Federal de Electricidad simple y sencillamente atiende a la inflación, los cambios en que los recursos fósiles participan en la generación total para establecer los costos, y por esa razón nosotros razonamos este voto, porque en un país como el nuestro donde el salario mínimo se ubica en 63 pesos, la gasolina magna 11.36 pesos por litro, el gas doméstico 12.05 pesos por litro y la canasta alimenticia recomendable es 205 pesos 31 centavos, resulta inaplazable la implementación de acciones que disminuyan las tarifas eléctricas.

Por eso nuestro razonamiento, pero además, ¿qué diferencia hay entre Reynosa y Hermosillo?, ¿entre Reynosa y Ciudad Juárez?, ¿entre Reynosa y el Distrito Federal?, todos los estados del país con sus municipios atraviesan por esa etapa, el punto de Acuerdo no lo vamos a impugnar, porque no perjudicaríamos a una población como Reynosa, pero el mismo problema va a ser demandado en el país, recientemente estuve en Ciudad Obregón, Sonora y el problema es gravísimo con las tarifas de energía eléctrica, además yo les recuerdo una cosa, señores del PRI, uno de los compromisos de campaña del señor Peña fue disminuir las tarifas. Es decir, el PRI prometió que iba a disminuir las tarifas del sector eléctrico si ganaba la elección. No ha pasado nada, desde que llegó ha habido incremento, tras incremento, tras incremento, lo único que estamos exigiendo es el cumplimiento de esos compromisos, la población no aguanta, es un asunto de la mayor importancia, más ahora con el incremento del calor en estados que se caracterizan por ser calientes, tener temperaturas altas hoy está generando un problema de insuficiencia económica para atender sus necesidades.

Nosotros no impugnaremos este punto de Acuerdo, este exhorto, pero sí recordamos que es un compromiso del gobierno y que no ha podido atenderlo, y que reclamamos que no sólo sea en Reynosa, sino en todo el país, donde se diseñe una estrategia de disminución de los costos de la energía eléctrica porque gran parte del salario se destina a la gasolina, al teléfono y a la energía eléctrica.

Por esa razón, señor Presidente, le solicito plasme íntegro un documento que preparé para poder abarcar todos los estados y municipios en una estrategia más integral y no sólo en municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo sobre la prestación de servicios de telefonía celular y de radio comunicación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Doy lectura al dictamen.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones e investigar y, en su caso, sancionar a la empresa Nextel, por los deficientes servicios en telefonía celular y de radiocomunicación, por el perjuicio causado a los usuarios.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, la Diputada Leticia Calderón Ramírez, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo en comento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

La proponente del punto de Acuerdo en comento, expresa que el objeto de esta proposición se refiere a la prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones por parte de empresas concesionarias.

Indicó que en diciembre del año pasado, legisladores del H. Congreso de la Unión dieron muestras de sensibilidad a una sentida demanda de la ciudadanía, al dimensionar y resolver el problema que representaba el redondeo en el cobro de llamadas en telefonía móvil; aprobando por amplia votación el establecer el cobro únicamente del tiempo efectivo de uso del servicio de este tipo de telefonía, tomando como base el segundo, apoyando la economía de los usuarios de este servicio corrigiendo, el abuso por parte de los concesionarios por cobro indebido. Sin embargo, persisten, deficiencias en la prestación de este servicio.

Se le llama la atención en particular al respecto de este tipo de servicios que ofrece la Compañía concesionaria y proveedora de servicios de telefonía celular y de radio comunicación, Nextel, catalogado como un servicio deficiente y con pocos beneficios para los usuarios. Empresa que, entre otras, se destaca por recibir el mayor número de quejas por los servicios proporcionados, como lo consiga la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en sus distintos informes anuales.

Asimismo, el usuario enfrenta una serie de deficiencias y abusos, tal y como la interrupción de la comunicación, el cobro indebido de la misma, afectando el saldo del usuario sea de prepago a post pago.

Aunado a lo anterior, el usuario se ve sujeto a la exigencia y, en muchos casos, al acoso en el cobro puntualmente, aun los usuarios afectados por el mal servicio que ofrecen los proveedores de este servicio o, al momento de realizar sus recargas de tiempo aire, en el caso de los usuarios de prepago para tener la continuidad del servicio, sea esté deficiente o no.

Por lo que propone lo siguiente:

PRIMERO. La Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen la aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones, investiguen y, en su caso, sancionen a la empresa Nextel por los deficientes servicios en telefonía celular y de radiocomunicación, por el perjuicio causado a los usuarios.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados exhorta de manera atenta y respetuosamente a la COFETEL a que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 9-A, fracción XV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, proponga al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a la empresa concesionaria Nextel, considerando las deficiencias en el servicio que refieren los usuarios.

TERCERO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7, fracciones II y V de la referida ley, promueva y vigile la eficiente interconexión de los equipos y redes de telecomunicación que explota la empresa Nextel; así como a revisar los procedimientos para la homologación de equipos.

CUARTO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, como sujeto facultado en virtud del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con fundamento en el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; considere la posibilidad de ejercitar la acción colectiva en defensa del grupo de consumidores frente a los actos, hechos u omisiones que vulneren sus derechos e intereses, a cargo de la empresa concesionaria oferente del servicio de telefonía móvil Nextel.

QUINTO. La Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para mantener una estrecha vigilancia y valorar, en su caso y ante la persistencia de la problemática; la aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para revocar o retirar los permisos respectivos a Nextel de México, S.A. de C.V.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES

DE LA PROPOSICION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten en general los planteamientos de la proponente, y coinciden en la necesidad de atender la problemática planteada, es por ello que este Congreso de la Unión aprobó recientemente la Reforma Constitucional, en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, que busca precisamente consolidar la cobertura universal de televisión, telefonía y banda ancha, así como reducir el precio a esos servicios y elevar su calidad a través de la competencia.

Respecto a las deficiencias expuestas de la empresa Nextel, lo cierto es que los únicos datos concretos que se proporcionan son los relacionados con las quejas ante la PROFECO, pero omite el grado de resolución o conciliación de las mismas.

De acuerdo con los datos del Buro Comercial de la PROFECO1, la empresa de Comunicaciones, Nextel, S.A. de C.V.

• Tiene registrado su contrato de adhesión, con número de 6277-2012, por lo cual, en opinión de la propia PROFECO, no contiene prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la Ley.

• Según datos del mes de abril del año 2013, se habían presentado a nivel nacional 1,578 quejas en su contra, con un nivel de conciliación del 94%, es decir, que el proveedor y el consumidor llegaron a un acuerdo.

• De igual manera, señala que en el mismo periodo se habían iniciado y notificado 32 procedimientos por infracciones a la Ley en contra de la empresa, así como también señala que se habían impuesto 48 multas con un monto superior a los 750 mil pesos.

En consecuencia, la PROFECO en lo que va del año 2013, ha venido atendiendo y conciliando las quejas presentadas en contra de Nextel, por lo que se estima conveniente exhortar a esa Procuraduría mantenga sus niveles de atención y conciliación en el sector de la telefonía móvil.

En el caso específico de la empresa Nextel, el año pasado el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Distrito Federal, ordenó a dicha empresa a pagar un equivalente al 20% del monto total de los daños y perjuicios a todos los consumidores que comprobaron haber sido afectados por fallas técnicas durante 2012, esta fue la primera resolución de este tipo, dictada dentro de una acción colectiva que promovió la propia PROFECO.

En este contexto, el magistrado José Guadalupe Sánchez, determinó en su sentencia lo siguiente:

“Nextel realizó conductas con las que ocasionó daños y perjuicios a diversos consumidores, pues no brindó los servicios de telecomunicación en la temporalidad y condiciones convenidas y en su caso omitió devolver, descontar o compensar a sus usuarios en el momento correspondiente a las fallas constantes que estos soportan”.

En cuanto a que el servicio de Nextel es “catalogado” como “deficiente y con pocos beneficios para los usuarios”. Esta Dictaminadora no puede omitir que Nextel es una empresa que explota una concesión otorgada por el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, y que cumplió, en su momento, con una serie de requerimientos de calidad, servicio, infraestructura, inversión, entre otros requisitos que fueron solventados.

Actualmente, esa empresa junto con las demás del sector de la telefonía móvil, se encuentran sometidas a mediciones de calidad, de acuerdo con el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil, y su Metodología de Mediciones2, a cargo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Precisamente este “Plan tiene como objetivo establecer las bases para que el servicio local móvil se preste en mejores condiciones de calidad en el territorio nacional, en beneficio de los usuarios”.

Derivado de lo anterior, en marzo de 2013, la COFETEL presentó el estudio sobre mediciones de la calidad del servicio telefonía para valorar: proporción de intentos de llamadas fallidos, proporción de llamadas interrumpidas, tiempo de establecimiento de la llamada y calidad de audio. En mensajes de texto se verifica, según lo previsto en el “Plan de Calidad”, la proporción de “short messenge service” (servicio de mensajes cortos) fallidos, el tiempo de entrega del mensaje y la integridad de éste.

Por lo anterior, la COFETEL ha venido evaluando no sólo los servicios de la empresa Nextel, sino de todas las que participan en el sector. En tal virtud, se recomienda exhortar a la COFETEL a mantener las mediciones en la calidad de los servicios del sector de la telefonía móvil.

Por otro lado, el 24 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, “Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la Comercialización y/o Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones, cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones”3.

Dicha Norma establece los elementos normativos y de información comercial que los proveedores deben cumplir en la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen la red pública de telecomunicaciones, así como los requisitos mínimos que deben contener los contratos de adhesión que los proveedores utilicen con los consumidores en sus relaciones comerciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a fin de que los consumidores cuenten de manera previa a la contratación con la información suficiente para tomar la decisión que más convenga a sus intereses.

Con esta Norma, el Estado Mexicano estableció las medidas necesarias para garantizar que los servicios de telecomunicaciones que se comercialicen, contengan los requisitos de información comercial para una efectiva protección de los consumidores.

En suma, este Congreso no es ajeno a esta problemática en el sector de las telecomunicaciones, por lo que se hace necesario que las dependencias y entidades competentes del Ejecutivo Federal ejecuten, de manera plena, sus facultades y emprendan las acciones y medidas para mejorar la calidad y el servicio en beneficio de la población y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora fija su propósito de aprobar, con cambios, el referente Punto de Acuerdo y sólo en el caso del Primer Punto Resolutivo, toda vez que del resto de los puntos, es evidente que se prejuzga a través de juicios de valor el servicio de la empresa aludida, quedando por demás fuera del orden competencial de este órgano legislativo.

En consecuencia, esta Tercera Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen la aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones; y apliquen las medidas y acciones a fin de mejorar su calidad.

Asimismo, que se informe a esta Soberanía de las medidas y acciones que se lleven a cabo para mejorar las condiciones de los servicios de telefonía celular y de radiocomunicación prestados por la empresa Nextel.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En la última década, la telefonía celular ha tenido una gran evolución en nuestro país, pasando de un servicio elitista, en donde sólo era disponible para personas de un alto poder adquisitivo, a ser un servicio de primera necesidad, el cual es ampliamente utilizado y está disponible para cualquier usuario que desee comunicarse rápidamente.

El estar comunicado de manera permanente, en cada momento y tener acceso a ese tipo de herramientas, son beneficios que la telefonía móvil lleva a los usuarios como el uso de las redes.

En México existen aproximadamente 95.7 millones de líneas móviles que representan un crecimiento de casi el 10 por ciento respecto del año anterior, es decir, tienen un crecimiento exponencial contra una caída en el mismo lapso de 3.2 millones en el número de líneas saturadas en telefonía fija, hoy cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil, sin embargo, en la opinión de la unidad de inteligencia competitiva, el país deberá esperar hasta el 2014 para alcanzar una mayor penetración.

Sobre la manera en que los mexicanos consumen tiempo en su celular, se menciona que el esquema de pago más utilizado es el prepago con 86.6 por ciento de las líneas, el restante 14 por ciento corresponde a usuarios de contrato.

La Compañía Telcel es quien liderea el mercado de telefonía móvil en el país, su más reciente informe indica que cuenta con 68 millones de suscriptores móviles, un incremento de casi el 9 por ciento anual.

El segundo mayor operador móvil es Movistar, con una participación de mercado del 21.6 por ciento y un crecimiento anual del 13 por ciento en el número de líneas.

Iusacell ocupa el tercer lugar con una participación del 4.7 por ciento y en último lugar, en cuanto al término de líneas, se encuentra Nextel con 3.5 millones equivalente a una participación del 3.7 por ciento.

La telefonía en México, a pesar de ser una necesidad, se ha convertido en un gran problema, ya que en general tiene grandes deficiencias, sin embargo, las demandas de los usuarios no han sido suficientes para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

En un país donde la competencia es casi nula, los precios altos y el organismo regulador no cuenta con las facultades para imponer obligaciones a los operadores, no queda más que hacer este tipo de recomendaciones y de exhortos de mejoría de servicios y dejar el que el usuario quede a merced de estos grandes consorcios, los que son prácticamente víctimas de estos monopolios.

En México se ha visto una concentración de las compañías celulares, sólo sobrevivirían, si hubiera competencia, aquellas que ofrezcan las mejores tarifas, las más amplias coberturas y que brinden óptimos servicios de diversa calidad.

Lo anterior no es más que la realidad que vive México en materia de prestación de este servicio.

Podríamos resumir los servicios en telefonía y en servicio móvil con 3 características: altos precios, caros y baja calidad.

Es importante tomar acciones que nos lleven a la mejora de la calidad y las condiciones de los servicios de telefonía celular, no sólo en particular, sino de manera general.

Por eso yo insisto mucho en que es preferible modificar las leyes.

Nosotros hemos presentado iniciativas en este sentido, porque hoy lo que estamos aprobando es un exhorto, y el exhorto normalmente no es atendido ni por el Estado, ni por las empresas privadas.

Y creo que el Poder Legislativo tiene una obligación de establecer mecanismos jurídicos que favorezcan el interés público que ayuden a frenar los abusos e impedir que impere la impunidad ante estas quejas, generando antecedentes que permitan hacer necesaria la vigilancia permanente y eficiente de los concesionarios.

Todos hemos sido víctimas de la mala calidad, del mal servicio de los teléfonos, últimamente con mayor frecuencia. No hay indemnizaciones, no hay de ninguna manera explicación lógica de los dueños o de los prestadores del servicio y el usuario finalmente se ve reducido a una impotencia frente al mal servicio de las telefónicas.

Todos hemos padecido la mala calidad, las altas tarifas de los servicios públicos y la impunidad con la que se manejen.

Vayan un día, alguno de los legisladores, aunque tienen muchos auxiliares y asesores, y ustedes no hacen el trabajo cotidiano de otros ciudadanos, pero vayan un día a formarse a TELMEX o a cualquier telefónica, es impresionante, porque la gente que los atiende, aunque son amables, no resuelven nada.

En lo personal he padecido esa situación. No puedo cancelar un teléfono porque, si no vas ese día a la hora y casi con notario, automáticamente se renueva el contrato por otros 2 años, y es imposible moverlo, es más, les aconsejo, de manera seria, que nunca enseñen su credencial de Diputados, y que cuando viajen tampoco muestren su pasaporte oficial, no sirve para nada, te tratan peor, te exigen más requisitos, no lo usen, no cometan ese error, se los digo por experiencia de muchos años de legislador. Así es en teléfonos.

Es impresionante la impunidad con la que se manejan estas personas.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Gracias, Diputado Monreal Avila.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Anaya Cortés: Aprobado el Acuerdo, comuníquese.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Tenemos la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo en torno al alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

1http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/inf_quejas.jsp Consultada el 15 de mayo de 2013.

2http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=691622&fecha=05/08/2003

3http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas:

1) Para detener el aumento de precios en los bienes de consumo diario, presentada por el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 8 de mayo de 2013.

2) Para realizar una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios de las gasolinas, presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del PRD, el 8 de mayo de 2013.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las proposiciones con punto de Acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo sobre el aumento de precios en los bienes de consumo diario.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para que la Procuraduría Federal del Consumidor realice una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios de las gasolinas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron de manera conjunta el contenido de las Proposiciones con punto de Acuerdo anteriores, en razón de que son relacionadas, y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONSIDERACIONES DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de ambas propuestas:

1) Para detener el aumento de precios en los bienes de consumo diario, presentada por el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 8 de mayo de 2013.

Considera que los continuos incrementos de los precios de los bienes de la canasta básica, y la incesante especulación están fomentando un enorme descontento entre los habitantes del país, por lo que es necesario implementar políticas encaminadas a reducir los excesivos aumentos en los costos de los bienes de consumo diario.

El proponente considera que la Procuraduría Federal del Consumidor se muestra indiferente ante el aumento desmedido en los precios de los productos de la canasta básica, sin intensificar los operativos de vigilancia en todo el país y sancionar a aquellos negocios y comercios que vulneren los derechos del consumidor.

Por ello somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes resolutivos para el punto de Acuerdo:

Primero.- La H. Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo a eliminar los incrementos mensuales a los combustibles a fin de detener prácticas que vulneran la economía de las familias mexicanas y generan inflación.

Segundo.- La H. Comisión Permanente exhorta al Secretario de Economía, el Lic. Ildefonso Guajardo Villareal a que ponga en marcha acciones encaminadas a detener el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica.

Tercero.- La H. Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en un plazo no mayor a 30 días separe del cargo de Procurador Federal del Consumidor al Lic. Humberto Benítez Treviño por no cumplir a cabalidad con los objetivos establecidos en la Institución.

Cuarto.- La H. Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Federal del Consumidor se inicien las investigaciones conducentes por el alza de precios en perjuicio de los consumidores”.

2) Para realizar una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios de las gasolinas, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD, el 8 de mayo de 2013.

El proponente expresa que ante la escalada de precios de la canasta básica, provocados por el incremento al combustible, los ciudadanos resienten en su economía el aumento de dichos productos, es conveniente que en el marco de las atribuciones que nos otorga la Constitución General de la República, procuremos medidas para evitar que se lesione la economía de los sectores sociales más desprotegidos.

Por tal razón es importante pedir al gobierno federal esté pendiente de cualquier abuso o aprovechamiento por parte de los distribuidores de mercancías de la canasta básica, y comerciantes que busquen beneficiarse con el incremento a la gasolina, además, resulta importante solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor realice visitas y verificaciones en todos y cada uno de los establecimientos comerciales y despachadoras de gasolina para evitar y, en su caso, sancionar la especulación y el aprovechamiento de oportunistas en detrimento de la economía mexicana.

Por lo que propone el siguiente resolutivo al punto de Acuerdo:

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor se realice una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios de las gasolinas.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y

CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación de los proponentes sobre los aumentos en los precios de los alimentos básicos como huevo, frutas y verduras, así de los combustibles y el servicio eléctrico, que han impactado la economía y el poder adquisitivos de las familias mexicanas.

Esta Comisión, no puede pasar inadvertida el Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2013, recientemente entregado por el Banco de México a esta Soberanía.

Este Informe señala que durante el primer trimestre de 2013, la inflación general anual promedio fue 3.69 por ciento, en marzo alcanzó un nivel de 4.25 por ciento y de 4.72 por ciento en la primera quincena de abril. El Banco Central menciona que este incremento en los precios es consecuencia de tres efectos:

1. Una base baja de comparación para los precios de las frutas y verduras.

2. El daño que causaron las heladas que se presentaron al inicio de marzo en la producción de diversas hortalizas, entre las que destacan el tomate verde y la calabacita.

3. Un nuevo brote de influenza aviar del tipo AH7N3 en los estados de Guanajuato y Jalisco que prolongó el periodo en que los precios del huevo y de la carne de pollo se mantuvieron en niveles elevados.

De igual manera, se explica que hacia el final del primer trimestre de 2013 e inicio del segundo trimestre del mismo año, el incremento de la inflación fue acentuada por aumentos en el subíndice de energéticos y tarifas determinadas por distintos niveles de gobierno.

La variación anual promedio de este subíndice se elevó en marzo y la primera quincena de abril de 2013 en 5.02 y 6.49 por ciento, siendo esto producto de tres elementos:

1. Mayor ritmo de aumento en los precios de la gasolina debido al cambio en el desliz mensual, que pasó de 9 centavos por litro en el último trimestre de 2012 a 11 centavos durante los primeros cuatro meses de 2013, y a aumentos en los precios de este combustible en la frontera norte.

2.Aumentos en tarifas del transporte público en diversas localidades del país, entre las cuales destacan por su peso en el INPC las del Distrito Federal donde se observaron revisiones en la primera quincena de abril de 2013.

3. La dilución del efecto favorable sobre la variación anual de este indicador que se registró el año previo con la eliminación en la mayoría de los Estados de la tenencia vehicular, hecho que se conjuga con la elevación de las cuotas de ciertos trámites vehiculares en algunas entidades del país.

Pese a lo anterior, la que Dictamina reconoce que la Secretaría de Economía ha implementado acciones para controlar el aumento de los precios de estos productos de la canasta básica. El pasado 15 de mayo anunció medidas concretas para coadyuvar a la estabilidad de precios y atender el incremento de la demanda:

1. Eliminar el arancel a las importaciones de limón y tomate verde y crear un arancel cupo para carne de pollo.

2. Abrir un cupo de importación de carne de pollo por 300 mil toneladas.

3. Controlar prácticas especulativas con acciones de vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ese mismo día, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, precisamente para eliminar el arancel a la importación del tomate verde y limón. Un día después, se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en el 2013 carne de pollo fresca, congelada y refrigerada, todos estos productos afectados por las condiciones climáticas y sanitarias, mismos que han presentado el mayor incremento de precios.

Por otro lado, es importante señalar que el mayor ritmo de aumento en los precios de la gasolina, que pasó de 9 centavos por litro en el último trimestre de 2012 a 11 centavos durante los primeros cuatro meses de 2013, responde a la política de ir disminuyendo el subsidio de los combustibles, en razón de que representan un sacrificio fiscal muy importante tanto para Petróleos Mexicanos como para las finanzas públicas del país.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, entregado al Congreso, el pasado 30 de abril, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este subsidio otorgado por medio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la gasolina y el diesel se ubicó en ‐18 mil 669 millones de pesos al primer trimestre de 2013, ya un subsidio menor al registrado en 2012.

Los integrantes de la Dictaminadora coincide con la necesidad de impulsar acciones efectivas a corto, mediano y largo plazo para detener el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica, y estiman procedente exhortar a la Secretaría de Economía a que continúe llevando a cabo las acciones y medidas para lograr este efecto; y en el caso de la PROFECO, encargada de proteger los derechos de los consumidores, exhortar a esa Institución a redoblar esfuerzos en las verificaciones correspondientes, a fin de evitar que se estén presentando por parte de los proveedores prácticas de especulación y aumentos desproporcionados.

Respecto a la petición de exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que separe del cargo al titular de la PROFECO, ésta ha quedado sin materia.

En cuanto al exhorto a la “Comisión Federal del Consumidor”, se deduce que se refiere a la Comisión Federal de Competencia, organismo encargado de garantizar la competencia y libre concurrencia en todos los sectores de la economía, pero que no tiene competencia en la vigilancia de precios y tarifas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Tercera Comisión resuelven aprobar las proposiciones con punto de Acuerdo con modificaciones y somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, a que continúe con las acciones encaminadas a detener el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que realice una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales, a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos básicos, principalmente del huevo.

Dado en la sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, para razonar su voto, hasta por 5 minutos.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Durante el nuevo gobierno priísta, los aumentos a los precios de los alimentos y combustibles parecen no tener límite.

La pésima conducción económica del Secretario de Economía ha incrementado la miseria y la pobreza en que viven gran parte de los ciudadanos mexicanos.

La tasa de desempleo es alarmante, pues claramente se refleja en la proliferación de la economía informal, que para este año será del 60 por ciento de la Población Económicamente Activa. Es decir, que sólo el 40 por ciento de la PEA paga impuestos de manera formal, que de ir aumentando podría ocasionar la quiebra del Estado mexicano.

Los arbitrarios aumentos en los cobros de los servicios de gas LP, de energía eléctrica y de los combustibles, son verdaderamente preocupantes para las clases más desprotegidas del país, pues tan solo en los últimos meses el gas LP ha visto un importante incremento de 17.5 por ciento. Para el caso de la energía eléctrica, fue la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 30 de abril de 2013, la autorización para que la Comisión Federal de Electricidad aplicara un incremento del 8.4 por ciento para usuarios domésticos de alto consumo y el sector industrial, este aumento a las tarifas eléctricas es el más alto que se ha registrado en los 2 años.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció, desde hace varios días, el aumento de 11 centavos más a los precios de las gasolinas Magna, Premium y el Diesel, para fijarse en 11.36, 11.92 y 11.72 pesos por litro, respectivamente.

Asimismo, en las últimas semanas los consumidores han resentido el incremento generalizado de los precios de los alimentos de consumo diario, muestra de ello es que de enero a abril el kilo de tomate verde subió 300 por ciento, en una quincena, la cartera de 30 huevos subió de 42 a 60 y 64 pesos, el transporte público ha subido en promedio 2 y 3 pesos.

Más que una situación de frenar, es actuar de manera urgente, porque está emergiendo una irritación social en todo el país por el alza de precios básicos y la carestía.

Los continuos incrementos de los precios de los bienes de la canasta básica y la incesante especulación están fomentando un enorme descontento entre los habitantes del país, por lo que es necesario implementar estas políticas encaminadas a reducir los excesivos aumentos de los costos de los bienes de consumo diario.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor se muestra indiferente ante esta oleada en el aumento desmedido en los precios de los productos de la canasta básica, ya que en lugar de intensificar los operativos de vigilancia en todo el país y sancionar aquellos negocios y comercios que vulneren los derechos del consumidor, están ausentes, totalmente ausentes.

Nosotros consideramos que éste es uno de los temas fundamentales, a los que el Poder Legislativo debiera de encaminarse.

Por eso nosotros estamos razonando el voto, porque creo, con toda seriedad, que éste es el principal problema para millones de personas.

Porque tenemos un salario mínimo anacrónico promedio de 63 pesos por día, por los cuales los ciudadanos no logran satisfacer sus necesidades mínimas, pues tan solo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Desarrollo Social, revela que el gasto mensual de una familia promedio asciende a 2,397 pesos, mientras que el salario mínimo mensual promedio asciende a 1,892 pesos al mes, lo que representa una diferencia de 500 pesos.

¿Qué hace la gente para poder completar? Normalmente se dedica a dos o tres trabajos, y lo más lamentable, que puede incorporarse a las filas del crimen organizado.

Por eso, sí es prioritario que este exhorto, aunque de nueva cuenta, vuelvo a la misma crítica, es un exhorto, pero aquí es donde la Comisión Permanente, debería establecer su fuerza como poder legislativo autónomo, para exigir, tanto de la Secretaría de Economía, como de la Procuraduría Federal del Consumidor, actúen y puedan frenar el alza indiscriminada de los precios, la reetiquetación y la especulación de los productos básicos de la canasta.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo asunto.

- El C. Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Buenas tardes, compañeras y compañeros:

Es verdad, una de las tareas fundamentales en las cuales deberíamos de estar tomando cartas en el asunto, es precisamente esta escalada de precios que se vive a lo largo ancho y del país.

Me llama mucho la atención, que uno de los ejes centrales que se han planteado desde el famoso Pacto por México, sea el tema de la Cruzada contra el Hambre.

Es una relevante y, diría yo, atinada política de enfrentar este grave problema.

Sin embargo, no habrá Cruzada contra el Hambre que valga, si las instituciones dependientes del Estado no están haciendo su tarea y en este caso, la Procuraduría Federal del Consumidor.

Desde luego acabamos de atravesar por una crisis dentro de esa institución, porque su anterior titular, que demostró no sólo que no podía controlar a su hija, más allá de la nota de color, lo grave fue que no tuvo la capacidad de controlar la escalada de precios.

Y creo que el actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alfredo Castillo, tiene que tomar cartas en el asunto.

Porque, fíjense ustedes, compañeras y compañeros Diputados y Senadores. Hay una serie de distorsiones sobre el precio de bienes que debemos encarar.

Mientras que para PROFECO, en este mes, el precio que tiene consignado para el kilo de calabacitas es de 31 pesos, en la Central de Abastos de esta ciudad, el mismo kilo de calabazas, cuesta 5 pesos.

El caso del chayote, la Procuraduría Federal del Consumidor, dentro de sus indicadores, lo está tasando a 22 pesos el kilo, pero ese mismo kilo de chayotes, en la Central de Abastos, está con 8 pesos el costo del kilogramo.

Que decir por ejemplo del caso del huevo, la PROFECO lo trae en parámetros de alrededor de 32 pesos, pero en la Central de Abastos se está expendiendo este producto básico en 28 pesos.

¿Por qué está ocurriendo esta distorsión en el precio de esos bienes? Porque la Procuraduría Federal del Consumidor no está haciendo su trabajo.

Particularmente la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicios, que son las tiendas que están ofreciendo alrededor del 85 por ciento de ventas de este tipo de productos, en la zona metropolitana, no están regulando sus precios, y es ahí donde la PROFECO debería de tener una aplicación enérgica.

Porque insisto, por mucha Cruzada contra el Hambre que se impulsa en este país, si paralelamente las instituciones encargadas de vigilar que no se disparen abusivamente los precios, no hacen su trabajo, no habrá Cruzada contra el Hambre que valga.

Por eso respaldamos este exhorto, y además anunciamos que un grupo de Diputadas y Diputados federales del PRD, visitaremos al nuevo procurador y le haremos saber de estas distorsiones que sobre el precio de bienes básicos se están generando, simple y llanamente no por procesos inflacionarios, sino por abuso de tiendas departamentales y de autoservicio que están verdaderamente haciendo una especulación con el costo de los mismos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Reyes Gámiz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, que propone desechar las proposiciones en torno al ciudadano Humberto Benítez Treviño, como Procurador Federal del Consumidor.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Doy lectura al dictamen.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

1) Se cita a comparecer al C. Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor, por los hechos ocurridos el pasado 26 de abril, presentada por la Diputada Lizbeth Rosas Montero del grupo parlamentario del PRD, el 8 de mayo de 2013.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentada por la Diputada Merilyn Gómez Pozos del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 15 de mayo de 2013.

3) Que solicita la destitución del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia, presentada por los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz del grupo parlamentario del PRD, el 15 de mayo de 2013.

Esta Tercera Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de las Proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de los mismos realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1) En la sesión celebrada el 8 de mayo de 2013, la Diputada Lizbeth Rosas Montero del grupo parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que cita a comparecer al C. Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2) En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, la Diputada Merilyn Gómez Pozos del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3) En la sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, por los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz del grupo parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que solicita la destitución del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas a la misma materia.

Todas las Proposiciones refieren que producto de la prepotencia y tráfico de influencias, Andrea Benítez, hija del Procurador Federal del Consumidor, hizo que en cuestión de 2 horas, sin respetar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se clausurara el restaurante “Maximo Bistrot”.

Los proponentes señalan que los funcionarios de la PROFECO que ordenaron y participaron en la visita de verificación actuaron de manera inmediata, sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima. Estos actos fueron corroborados con la intervención de la Secretaría de la Función Pública, quien determinó la suspensión del subprocurador de Verificación, los directores General de Verificación y Vigilancia, y de Procedimientos y Sanciones, así como el jefe de departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas.

En consecuencia, señalan que la permanencia del C. Humberto Benítez Treviño al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor es cuestionable, por lo que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal su remoción.

III. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y

CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión, resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden con los proponentes que fue correcto el inicio de la investigación, por parte del encargado de la Secretaría de la Función Pública, para esclarecer los hechos que derivaron en el operativo de verificación realizado por la PROFECO en el restaurante “Maximo Bistrot”, el pasado 26 de abril.

En el comunicado No 016/2013 emitido por la Secretaría de la Función Pública se informó que; “encontró que los funcionarios que ordenaron y participaron en la visita de verificación, actuaron de manera inmediata, sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima, como son, poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores de conformidad a la Ley Federal de Protección al Consumidor.”

En consecuencia, esa Secretaría suspendió de manera temporal del cargo al Subprocurador de Verificación, al Director General de Verificación y Vigilancia, al Director de procedimientos y Sanciones y al Jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la PROFECO, e inició el procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos que ordenaron y participaron en la visita de verificación.

Esta Comisión, no puede omitir señalar que esa Secretaría también dio a conocer que “durante la investigación realizada no se desprendieron elementos para instrumentar procedimiento en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a la ley de la materia.”

Asimismo, se destaca que el Procurador Benítez Treviño se encontraba convaleciente de una intervención quirúrgica. Al respecto, el propio Procurador señaló en un comunicado, ampliamente difundido en los medios de prensa, lo siguiente: “El suscrito no ordenó ni autorizó la realización del operativo de referencia, en virtud de que me encontraba lamentablemente convaleciente de una cirugía de cadera a la que me sometí ese día.”

No obstante lo anterior, el pasado 15 de mayo, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la remoción del titular de la PROFECO: "El Presidente de México, al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución, ha ordenado la remoción del cargo del titular de la PROFECO. Esto a fin de evitar que se vulnere la autoridad y eficacia de la PROFECO ante prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores.”

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión resuelven que las Proposiciones con Punto de Acuerdo han quedado sin materia, en razón de que el C. Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor, ha sido removido de su cargo por el propio Titular del Ejecutivo Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo que cita a comparecer al C. Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor, presentada por la Diputada Lizbeth Rosas Montero del grupo parlamentario del PRD.

SEGUNDO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentada por la Diputada Merilyn Gómez Pozos del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

TERCERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo que solicita la destitución del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia, presentada por los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz del grupo parlamentario del PRD.

CUARTO. Archívense los presentes asuntos y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2013.

TERCERA COMISION”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para razonar su voto.

Una pregunta, Diputado: ¿Este razonamiento es a favor o en contra?, para efectos del registro.

A favor, gracias.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: El pasado 28 de abril, Andrea Benítez, hija del entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, ordenó el cierre del restaurante Maximo Bistrot, por no darle una mesa de inmediato. Pero así fue la reacción, de inmediato se cerró por indicaciones de ella, sólo que se creó un revuelo, justo en las redes sociales, que bautizó el caso con el nombre de "Lady Profeco".

Como consecuencia de la dimensión que se generó a través de redes, por instrucciones del Titular del Ejecutivo, la Secretaría de Economía y el Secretario de Gobernación anunció la destitución, remoción o renuncia obligada del señor Procurador en ese momento.

Si bien la trayectoria del ex procurador priísta y su cercanía con Peña no fueron suficientes para mantenerse en el cargo, debido a la indignación que el abuso de poder causó en la sociedad, es necesario recalcar que la sustitución del procurador no termina per se con las prácticas de corrupción, la impunidad y el poder desmedido que durante décadas han utilizado los servidores públicos y lamentablemente sus familiares; hay una juniorización, los juniors actúan sin ningún control, como un reflejo de la descomposición social y como un reflejo de la formación en casa doméstica de abusar del poder.

Esa es la función de los políticos, abusar del poder, actuar con prepotencia y arrogancia. Si en realidad se desea terminar con estas prácticas que denigran a lo más profundo de la función pública, es necesario sancionar todos los casos en que estos operan bajo intereses particulares y no buscando el bienestar de los mexicanos.

No podemos olvidar que hay otros episodios en los que la soberbia, la arrogancia y la prepotencia han estado presentes, no sólo de hijos de funcionarios públicos, sino incluso de mujeres y hombres que están fuera del servicio público, pero que son clara evidencia de la descomposición social que vive nuestro país.

El gobierno ha declarado la destitución y dice que corresponde a una política de su administración y que no permitirá que nadie esté por encima de la ley, vigilará que los funcionarios actúen a la altura de las obligaciones que sus cargos exigen.

Y a mí me da cierta intranquilidad, incluso escepticismo, porque pareciera ser un anuncio contradictorio, un anuncio que tiene bemoles, porque hace apenas unas semanas en la Secretaría de Desarrollo Social, la señora Robles demostró que no tan sólo se actúa bajo los lineamientos del puesto, sino que un programa social se puede utilizar para fines partidistas y electorales. Nosotros creemos que debiera aplicarse la misma regla a la señora Robles.

Por eso yo hablaba de que la ingenuidad de algunos partidos frente al debate de las principales preocupaciones del país, están siendo rebasadas por la agenda, una agenda ramplona.

Pero en este momento se están levantando las encuestas del Programa de la Cruzada contra el Hambre, fundamentalmente en los estados donde habrá elecciones, y saben lo que hacen, adiestran, reclutan a un grupo de jóvenes, mujeres u hombres y luego en este programa les dicen: “Ve a reclutar a las personas mayores de edad, discapacitados, jefas de familia y diles que tienen que votar por el PRI”.

Eso es lo que están haciendo y aquí estamos callados, en lugar de que el reclutamiento se hiciera profesional, nosotros no estamos en contra de los programas sociales, de lo que estamos en contra es de la manipulación de los programas sociales.

Eso está sucediendo en mi pueblo, por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, donde las brigadas de desarrollo social van con los candidatos del PRI y les dicen: “Este es nuestro candidato, tienes que votar por él, si no, no te damos el apoyo y el apoyo te lo vamos a dar después de que votes por el PRI”.

Entonces, ese es el tema de fondo, por qué al señor Benítez sí lo destituyen por un hecho que su hija cometió y que ni siquiera es atribuible al señor Benítez.

El señor Benítez puede ser responsable de la formación de su hija, pero no es responsable de los actos de su hija, y en estricto sentido, no debió haber sido destituido, sino simple y sencillamente su hija era la responsable y él debió, por pudor, decir: “Yo soy el responsable y me voy”.

Lo destituyeron, está bien, pero por qué no destituyeron a Rosario Robles. Es más grave el delito, es manipulación de los recursos públicos para fines electorales, manipulación.

Y van a ver, salvo la negociación que hagan en Baja California, pero van a ver cómo nos va a ir a la oposición. Salvo las concertacesiones que se lleven a cabo, no sé si en aguas pueden hacer algo. Pero la Cruzada contra el Hambre está en todo su ímpetu electorero y nosotros aquí discutiendo la destitución de Benítez. De ese tamaño está el silencio en la República.

- El C. Presidente Diputado, Gutiérrez de la Garza: En virtud de no haber más oradores inscritos para este tema, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al apartado de propuestas con punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno en la ciudad de México, a promover mecanismos de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

La tarde del pasado domingo 19 de mayo se informó sobre un estallido en el interior de la estación del Metro Bellas Artes, el artefacto detonó en el pasillo que comunica la Línea 2 con la Línea 8 de la estación en comento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal indicó que no fue un petardo lo que estalló en la Estación del Metro Bellas Artes, sino una bolsa con pólvora.

Aquella tarde dejó como resultado lesiones leves a 5 personas, entre ellas a un menor de edad, los paramédicos del E.R.U.M. atendieron a los afectados, pero determinaron que no requerían de la hospitalización.

Por otra parte, no debemos de olvidar que en el pasado mes de abril del presente año, estalló también un artefacto de fabricación casera cerca de una de las taquillas de la Estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo del Metro.

El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal ha informado que los responsables son un grupo conocido como Resistencia Internacional del Pueblo, que han estado incidiendo en este tema.

Es importante mencionar que las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro son espacios en donde diariamente se congrega una gran cantidad de personas y las medidas de seguridad dentro de las estaciones son parte fundamental de un funcionamiento adecuado.

De lo anterior resulta que hoy, mi grupo parlamentario trae a esta tribuna esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que dice de la manera siguiente:

“....Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la ciudad de México a promover e implementar mecanismos de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios...”.

Es todo, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre este asunto.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Diputado Presidente.

He solicitado el uso de la palabra para fundamentar nuestro voto a favor del punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Diva Gastélum, en el sentido de que el Jefe de Gobierno de la ciudad de México, el doctor Miguel Angel Mancera, probablemente implemente mecanismos de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, más aún después de los dos lamentables acontecimientos presentados tanto en el mes de abril y mayo en las estaciones de Indios Verdes y Bellas Artes.

Yo creo que todos estamos interesados en fortalecer las tareas de seguridad de un sistema de transporte vital no sólo para el Distrito Federal, sino para toda la zona metropolitana del Valle de México, ya que el Metro transporta no solamente a 5.1 millones de usuarios diarios, sino que si consideramos el número de viajes por persona, llega a movilizar más de 7 millones de personas cada día, de los cuales el 33 por ciento son usuarios provenientes del Estado de México.

Pero también quiero señalar que no estamos en una situación de inseguridad, sino que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la ciudad, existen un conjunto de protocolos locales, y algunos de carácter internacional, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Hay que recordar que el Metro de la ciudad de México pertenece a la Comisión Mundial de Metros y a la Unión Internacional de Transporte Público, que aglutina a todos los sistemas de transporte colectivo similares al Metro, tanto de superficie como subterráneos, y donde se comparten experiencias y el diseño de protocolos, más aún después de los lamentables hechos, el 11 de marzo del 2004, en Madrid, y en el caso de Londres, del 7 de junio de 2005, se generaron diversos instrumentos para fortalecer las acciones de seguridad.

Por supuesto, el Metro tiene todo un sistema tecnológico de videovigilancia y un número suficiente de elementos de seguridad que van a garantizar la seguridad de los usuarios.

Actualmente, el Metro de la ciudad tiene 6 mil 334 cámaras de videovigilancia no solamente en las 195 estaciones que constituyen el sistema, sino incluidos los trenes de las líneas que tienen la mayor movilidad de pasajeros, que es la línea uno, dos y la línea doce, recién inaugurada.

Y comparte con distintos cuerpos de seguridad la vigilancia a lo largo de las 24 horas del día, actualmente se cuentan con 2 mil 877 elementos de la policía auxiliar, se requiere también de 647 elementos de la policía bancaria industrial e incluso se cuenta con 234 elementos de la policía auxiliar del Estado de México, en el caso de las estaciones del Metro ubicadas en esa entidad.

Y esto evidentemente fortalece un programa especial que existe y que es un protocolo para identificar la presencia de objetos sospechosos.

Queremos informar que no solamente se han presentado estos dos lamentables hechos en Indios Verdes y Bellas Artes, sino que solamente este año se han detectado 6 reportes de objetos sospechosos, que afortunadamente en 4 casos se han logrado desactivar, en 2 ha habido detonación de estos explosivos de carácter casero, que afortunadamente no han generado lesiones graves, pero se están fortaleciendo las medidas de seguridad, no solamente con los arcos de identificación de metales y también de otro tipo de sustancias, sino incluso con mil 500 bastones Garrett para identificar este tipo de acciones.

Yo creo que el Metro de la ciudad de México ha dado muestras de resultados de eficiencia en materia de seguridad, y para ello, hay programas especiales para atender todo tipo de incidencias, por ejemplo, la presencia de grupos deportivos, de las porras deportivas, la atención de movimientos de jóvenes para espectáculos deportivos, espectáculos en los distintos centros de concentración en la ciudad, en el Zócalo de la ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional e incluso, en el caso de las barras deportivas, se identifican lugares de concentración para evitar la confrontación entre las mismas, incluso también en materia de suicidios hay que señalar que éstos se han venido reduciendo de manera significativa, el Metro de la ciudad de México ocupa el noveno lugar de suicidios en el ámbito mundial, que están muy por encima de los que se presentan, en primer lugar, en el Metro de Sydney o los de Toronto y Montreal.

Este año, lamentablemente hemos tenido 14 suicidios dentro del sistema, en 2012 tuvimos 36, en 2011 tuvimos 39 y en 2010 tuvimos 23, pero afortunadamente con los protocolos de seguridad y las cámaras de vigilancia se han ido atendido y resolviendo estos problemas.

Es atendible la propuesta de punto de Acuerdo y estoy seguro que el Jefe de Gobierno la atenderá, y seguiremos trabajando en fortalecer los mecanismos de seguridad para que los 7.1 millones de ciudadanos que utilizan diario este sistema, lo puedan hacer en condiciones que se les garantice su seguridad física y su movilidad urbana.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

- El C. Diputado Luis Antonio González Roldan: Gracias, con su venia, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para señalar el apoyo de Nueva Alianza a este punto de Acuerdo presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

La verdad es que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la ciudad de México, con más de 40 años de existencia, ha denotado un crecimiento que ha ido a la par del volumen de usuarios que a diario transporta, pero amerita una reflexión y una profunda revisión.

Con independencia de los protocolos que nos ha señalado en este momento el preopinante en esta tribuna, creo que es uno de los puntos de mayor preocupación en el gobierno del Distrito Federal, el que sea un sistema eficiente, eficaz, permanente y continuo, los datos los ha dado.

Llama la atención, que con el número de cámaras, con las inversiones que se han realizado, con el sistema de seguridad que tiene, con el aparato complejo de seguridad que tiene en cada una de las estaciones, se hayan encontrado ya dos aparatos que ya fueron detonados y que, a decir del preopinante, existan otros cuatro que fueron encontrados, pero que no tuvieron repercusión.

¿Qué pasaría en este país si no se garantiza y se fortalecen las medidas de seguridad?, ¿qué pasaría en la ciudad capital, centro neurálgico de la República Mexicana, si colapsara por cualquier contingencia externa el Sistema de Transporte Colectivo en México?

Por encima de los protocolos, por encima de cualquier situación, existe un antecedente, un antecedente grave. Allá por la década de los 70’s, cuando el Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene un percance, un choque a la altura del Centro Médico, si mal no recuerdo, y llega a ser de un daño total en torno a la actividad cotidiana normal que tiene que desarrollarse en la ciudad capital de la República Mexicana.

Creo que la oportunidad de este punto de Acuerdo, las situaciones en las cuales se encuentra México, con los graves problemas de inseguridad que encontramos en el territorio nacional, no está de más que se exhorte al gobierno del Distrito Federal con la finalidad de que haga más eficiente el sistema, de que sea más cuidadoso en sus revisiones, que en un momento dado tenga una inversión para poder garantizar la plena seguridad de todos y cada uno de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, que como lo señalaba el preopinante, pues el año pasado fueron más de mil 600 millones 865 mil usuarios, esas son las cifras de las que estamos hablando.

No está de más el sí exhortar para garantizar plenamente la seguridad y que este tipo de hechos condenables a todas luces no se repitan en un sistema que es neurálgico de la ciudad de México.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Secretaria, tengo registrada a la Diputada Lizbeth Rosas para participar en este dictamen, el Acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente prevé sólo dos oradores, salvo que la Asamblea lo autorice.

Entonces, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la participación de la Diputada Lizbeth Rosas.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se permite la participación de la Diputada Lizbeth Rosas, en relación a este tema. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se acepta la intervención.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se le concede el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, Diputado Presidente.

Me parece que el punto de Acuerdo, que el grupo parlamentario del PRD dejó muy claro con la posición de mi compañero Senador Alejandro Encinas que estamos a favor, hacer algunas aclaraciones y también sensibilizar a mis compañeros legisladores, como el caso de mi compañero Diputado de Nueva Alianza que acaba de participar y que es del Estado de México, y que me parece importante tener en cuenta en este punto.

Y tiene que ver precisamente con la importancia de las medidas de seguridad en el Metro, como en cualquier otro tipo de sistema de transporte a nivel nacional, y comentar que precisamente el Metro de la ciudad de México, a diferencia de otros sistemas de transporte, incluyendo el de otras entidades de la República, donde también tienen transportes de carácter masivo, pues ha sido evaluado como uno de los mejores del mundo, como uno de los tres sistemas de transporte masivo mejores del mundo, en materia de seguridad.

Y que me gustaría que estos exhortos a nuestro Ejecutivo del Distrito Federal, para la mejora de los mecanismos de seguridad, que además, ya cuentan con sistemas en cuanto a protocolos aplicables para el manejo de uso y tecnología, en este caso de explosivos, y que en este sentido la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha estado al pendiente absoluto en el monitoreo de cualquier posibilidad de peligro que pudiera existir en las instalaciones, teniendo incluso personal fijo de fuerza de tarea para este tipo de incidentes.

Y me gustaría precisamente que estos exhortos ojalá y fueran acompañados de recursos, porque el Distrito Federal históricamente, y más el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que transporta a más de 4 millones de usuarios, pero que además, Diputado Roldán, los usuarios y vecinos del Estado de México que usted representa ocupan este servicio en una gran cantidad de traslados en el día.

Prácticamente el Estado de México se convierte en un dormitorio, la mayor parte de la gente estudia y trabaja en el Distrito Federal, y los queremos mucho, pero también en este sentido nos gustaría que fueran apoyados con recursos promovimos por nuestros legisladores del Estado de México, que se preocupen por ese bienestar en la seguridad de los servicios que otorga el gobierno del Distrito Federal a estos usuarios a los que hay que cuidar.

Si estos exhortos vienen acompañados de recursos y de buena voluntad de los legisladores de ambas Cámaras, obviamente el sistema de seguridad en el Metro va a estar blindado.

Si es únicamente un asunto de criticar un gobierno que está haciendo bien las cosas por hechos que afortunadamente no se han dado en mayor medida por la eficiencia, en este caso de los cuerpos de seguridad en la ciudad, pues no es otra cosa más que un golpeteo político.

Por eso el grupo parlamentario del PRD, en congruencia de que nosotros ponemos el ejemplo, votaremos a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Rosas Montero.

Esta Presidencia no tiene más oradores inscritos, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación para que informe respecto de la ruta crítica para la conformación de la gendarmería nacional.

- La C. Senador María Del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Al inicio de la presente administración federal fue anunciada, como parte de las acciones en materia de seguridad pública, la creación de la llamada Gendarmería Nacional como un cuerpo de élite al cual se le encargarían determinadas funciones de seguridad pública en el ámbito de la lucha contra la delincuencia.

Como se ha señalado, a este cuerpo policial le serían asignadas determinadas funciones en materia de seguridad, aún poco precisadas y delimitadas en cuanto a su alcance por parte de los responsables de esta asignatura dentro de la presente administración; es por ello, que en diversas reuniones y comparecencias realizadas por los ahora encargados de la seguridad pública federal ante comisiones del Senado de la República, hemos expresado nuestras dudas sobre la naturaleza jurídica de esta nueva institución, así como del papel que jugaría dentro de la estrategia integral de seguridad pública a nivel nacional.

Si bien esta institución se viene proyectando desde hace más de cinco meses del inicio de la presente administración como uno de los componentes torales de la política de seguridad pública de esta administración, resulta preocupante para el Poder Legislativo que no cuente a ciencia cierta todavía con información oficial que delinee la ruta crítica que habrá de seguir la construcción de esta institución, ni mucho menos tampoco contamos con información sobre la construcción jurídica que la misma tiene que proyectar.

Los datos que se han expresado por los responsables de la seguridad pública federal han señalado que se encuentran en capacitación y adiestramiento cerca de 10 mil elementos, 8 mil 500 efectivos de la Secretaría Marina, que se tiene proyectado constituirían este cuerpo policial, sin embargo, todavía no se ha especificado la ruta normativa que se seguirá para su creación, su naturaleza jurídica y mucho menos se ha precisado ni clarificado el ámbito de competencia específico de esta institución.

Por lo que resulta cuestionable que actualmente exista un proceso de capacitación y adiestramiento para la Gendarmería Nacional cuando dicha institución carece de un marco jurídico aplicable.

Todos estos componentes hacen necesario que el Congreso de la Unión tenga un conocimiento cierto respecto de la ruta trazada para el funcionamiento de este cuerpo policial, particularmente sobre la incidencia que tendrá en el marco legal que le dé vida a esta nueva institución, más aún cuando ha sido latente la solicitud por parte de diversos legisladores para tener una información cierta sobre esta institución.

A manera de ejemplo, las principales gendarmerías del mundo en países como Francia, Argentina, Chile, entre otros, se caracterizan por contar con una construcción jurídica sólida, confiable y estructurada que propicie seguridad jurídica en su ámbito de acción y fundamentalmente frente al ciudadano, al grado de hacerlas confiables, competentes y eficaces frente al fenómeno de la criminalidad.

En nuestro país, las instituciones como la Policía Federal, así como la Policía Federal Ministerial encuentran su regulación a nivel legal dada su importancia y trascendencia sustantiva tanto en la Ley de la Policía Federal como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La preocupación que ocupa la presente proposición se incrementa cuando consultando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia relativa a promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, no encontramos ninguna referencia a la llamada Gendarmería Nacional.

En tal virtud, el punto de Acuerdo que hoy se propone es solicitar respetuosamente la comparecencia del Secretario de Gobernación ante el pleno de la Comisión Permanente, a efecto de que informe a esta Soberanía la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional, el impacto legal que al efecto se tiene contemplado, así como cuál será su naturaleza jurídica y el ámbito de la misma.

De igual manera, para que explique la justificación y el fundamento legal, por medio del que actualmente se encuentran en operación los procesos de capacitación y adiestramiento de diez mil elementos para la Gendarmería Nacional cuando actualmente dicha institución carece de un marco legal aplicable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, debe considerarse que el tema de la Gendarmería Nacional no es un asunto menor que pueda ser solventado de manera reglamentaria por las instancias administrativas, por el contrario, requerirá de un adecuado entramado legal que le dé sustento a su formación y a su actuación por ser ésta una característica de un sistema democrático de derecho al que todos aspiramos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION PARA QUE INFORME RESPECTO DE LA RUTA CRITICA PARA LA CONFORMACION DE LA GENDARMERIA NACIONAL Y EL IMPACTO LEGAL QUE SE TIENE CONTEMPLADO

Los suscritos, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ y FERNANDO HERRERA AVILA Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION A LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION PARA QUE INFORME RESPECTO DE LA RUTA CRITICA PARA LA CONFORMACION DE LA GENDARMERIA NACIONAL Y EL IMPACTO LEGAL QUE SE TIENE CONTEMPLADO (URGENTE RESOLUCION), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A inicio de la presente administración federal fue anunciada como parte de las acciones en materia de seguridad pública, la creación de la llamada Gendarmería Nacional como un cuerpo de élite al cual se le encargarían determinadas funciones de seguridad pública en el ámbito de la lucha contra la delincuencia.

Como se ha señalado, a este cuerpo policial le serían asignadas determinadas funciones en materia de seguridad pública, aún poco precisadas y delimitadas en cuanto a su alcance, por parte de los responsables de esta asignatura pendiente dentro de la presente administración federal.

En tal virtud, en diversas reuniones y comparecencias realizadas por los ahora encargados de la seguridad pública a nivel federal ante comisiones del Senado de la República, se les ha solicitado exponer la lógica y la naturaleza jurídica de esta nueva institución, así como el papel que jugaría dentro de la estrategia de seguridad pública a nivel nacional. No obstante lo anterior, ha sido una constante por parte de dichas autoridades, la generalidad y poca precisión en la explicación de la naturaleza jurídica y ámbito de competencia que se tiene proyectado otorgar a esta institución.

Lo anterior ha generado una serie de especulaciones en torno a esta figura que lejos de propiciar certeza jurídica, propicia dudas y suspicacias respecto al papel, alcance e intervención de esta institución.

Si bien esta nueva institución se viene proyectando desde hace más de cinco meses de inicio de la presente administración, como uno de los componentes torales de la política de seguridad pública de esta administración, resulta preocupante que aún el Poder Legislativo no cuente a ciencia cierta con información confiable y oficial, que delinee la ruta crítica que habrá de seguir construcción de esta institución ni mucho menos la construcción jurídica de la misma que se tiene proyectada.

La autoridad federal sólo se ha constreñido a señalar que actualmente se encuentran en capacitación y adiestramiento a cerca de 10 mil elementos (con 8 mil 500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y mil 500 de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR); que se tiene proyectado constituirán este cuerpo policial, sin embargo, aún no se ha especificado la ruta normativa que se seguirá para su creación, su naturaleza jurídica y mucho menos su ámbito de competencia específico. Por lo cual resulta cuestionablequeactualmenteexista un proceso de capacitación y adiestramiento para la Gendarmería Nacional cuando actualmente dicha institución carece de un marco jurídico aplicable.

Ante esta información proporcionada por funcionarios federales en el V Foro de Seguridad y Justicia realizado hace unos días en la ciudad de México, subsiste la preocupación respecto a la militarización de la policía, toda vez que los funcionarios federales plantearon que dicho cuerpo se integrará por elementos castrenses con un mando militar, lo que significa que ahora se contará con un cuerpo militar bajo el rol policial.

Todos estos componentes, hacen necesario que el Congreso de la Unión tenga conocimiento cierto y oficial respecto de la ruta crítica trazada para el funcionamiento de este cuerpo policial, particularmente sobre la incidencia que tendrá sobre el marco legal que le dé vida a esta nueva institución policial, más aún cuando ha sido latente la solicitud por parte de diversos legisladores el tener más información de esta institución, que dadas sus características, tendrá que pasar por el tamiz del Congreso de la Unión en su conformación legal, en cuanto la definición de su naturaleza jurídica, su ámbito de competencia y su integración dentro del Sistema de Seguridad Pública en el país.

A manera de ejemplo, las principales gendarmerías del mundo, en países como Francia, Argentina, Chile, entre otros, se caracterizan por contar con una construcción jurídica sólida, confiable y estructurada, que propicia seguridad jurídica en su ámbito de acción y fundamentalmente frente al ciudadano. Al grado de hacerlas confiables, competentes y eficaces frente al fenómeno de la criminalidad.

En nuestro país, instituciones como la policía federal (en su vertiente preventiva, reactiva y de investigación), así como la policía federal ministerial, encuentran su regulación a nivel legal dada su importancia y trascendencia sustantiva, tanto en la Ley de la Policía Federal como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respectivamente.

La preocupación que ocupa la presente proposición se incrementa cuando consultando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Estrategia 1.3.2., relativa aPromover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad”, en sus líneas de acción no aparece referencia alguna a la llamada Gendarmería Nacional que se proyecta, toda vez que sólo se hace mención a las siguientes:

• Reorganizar la Policía Federal hacia un esquema de proximidad y cercanía.

+

• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia deseguridad.

• Generar información y comunicaciones oportunas y de calidad para mejorar la seguridad.

• Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a larendición de cuentas.

• Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva.

En tal virtud el presente punto de acuerdo tiene por objeto:

1) Solicitar respetuosamente la comparecencia del Secretario de Gobernación ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que informe ante esta Soberanía la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional, el impacto legal que al efecto se tiene contemplado así como cuál será su naturaleza jurídica y ámbito de atribuciones.

De igual forma para que explique la justificación y el fundamento legal por medio del cual actualmente se encuentran en operación los procesos de capacitación y adiestramiento de 10 mil elementos para la Gendarmería Nacional, cuando actualmente dicha institución carece de un marco legal aplicable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, debe considerarse que el tema de la Gendarmería Nacional, no es un asunto menor que pueda ser solventado de manera reglamentaria por las instancias administrativas, por el contrario, requerirá de un adecuado entramado legal que le dé sustento a su formación y actuación, por ser una característica propia de un sistema democrático de derecho al que todos aspiramos.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos legisladores del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se solicita respetuosamente la comparecencia del Secretario de Gobernación ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que informe ante esta Soberanía la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería Nacional, el impacto legal que al efecto se tiene contemplado así como cuál será su naturaleza jurídica y ámbito de atribuciones.

De igual forma para que explique la justificación y el fundamento legal por medio del cual actualmente se encuentran en operación los procesos de capacitación y adiestramiento de 10 mil elementos para la Gendarmería Nacional, cuando actualmente dicha institución carece de un marco legal aplicable.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Fernando Herrera Avila”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Como ha sido solicitado y con fundamento por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Diputada González Cruz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Primera Comisión.





 

Tiene ahora la palabra la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita información y se hace un exhorto al titular del Ejecutivo Federal en el tema de relaciones exteriores.

- La C. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Durante los últimos dos sexenios, la política exterior de México se caracterizó por una proclive hacia las políticas norteamericanas y por un virtual abandono hacia América Latina, lo cual dio como resultado que nuestro país perdiera su tradicional liderazgo en esta región.

La presencia del ex Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno anterior, José Antonio Meade, en el gabinete de la actual administración como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al principio se supuso como una posición designada a propósito de aspectos económicos y de inversión extranjera, sin embargo, con el paso de los meses, se observa dicha visión como un desarrollo que no ha rendido ningún fruto.

Ante la inexperiencia del nuevo responsable de la diplomacia nacional, la profunda desorientación en los primeros pasos de la política exterior de México, caracteriza la disfunción en la materia.

Es cierto que con la visita a Guatemala del entonces Presidente Electo como primer salida, parecía que dejaba en claro que Latinoamérica es la prioridad para su gobierno, incluso también, en la primera visita como Presidente en funciones, que fue al Uruguay, que a pesar de las críticas, refrendaba su vocación de acercamiento a la macro-región.

Esas visitas no se podido cristalizarse en acuerdos reales, quizás debido a la falta de seguimiento del titular en la materia y tales visitas sólo han quedado como visitas protocolarias.

También, el pasado viernes 17 de mayo, en Washington, fue presentado el balance y análisis de la Organización de Estados Americanos, respecto de la situación de la lucha contra el tráfico de drogas y las adicciones. Para sorpresa del gobierno mexicano, no obstante que fue patrocinador en el grupo de expertos por nuestro país, el representante fue Genaro García Luna, el muy cuestionado ex servidor público, y de nuevo la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó al margen de cualquier sugerencia de participación de algún funcionamiento del actual gobierno.

Lo que más ha llamado la atención, es la ausencia de líneas definidas en cuanto al posicionamiento del país a sus representaciones o embajadas. El actual representante de México en España, Ramírez Acuña, de quien se recordará fue el primer Secretario de Gobernación de Felipe Calderón y coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Debido a su reciente cabildeo, fue posible que el gobierno de España le confiriera, a la que ahora acabamos de aprobar, la condecoración “Orden al Mérito Civil”, cuando ya sabemos los magros resultados al respecto.

Con estos datos pareciera que el sexenio anterior no ha concluido y que lo cierto es que el equipo del ex Presidente en materia de política exterior, sigue trabajando e incidiendo en esa materia.

Compañeras y compañeros Diputados y Senadores, aquí la cuestión es, sin duda, en dónde queda la diplomacia en México y cuáles son eventualmente sus intereses o planes de acción, pues en tanto los reconocimientos internacionales a la anterior administración, sumados a la inacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los acontecimientos denotan la falta de objetivos.

Una de las primeras iniciativas para reposicionar a México en el escenario internacional a nivel económico y político, fue el lanzamiento de la candidatura de Herminio Blanco Mendoza como Director General de la Organización Mundial del Comercio, para ello, los nuevos funcionarios de la cancillería designaron a la ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes Aranda, como una especie de promotora de dicha candidatura y pusieron a su disposición cuantiosos recursos públicos, al final sabemos lo que pasó, otra falla de nuestro Canciller.

En tales circunstancias, resulta necesario que el titular de la Cancillería informe detalladamente cuáles fueron las causas políticas de fondo que determinaron el fracaso de la política exterior mexicana.

Más todavía, el sábado 4 de mayo, los Presidentes de Guatemala y Honduras firmaron su formal adhesión al proyecto Petrocaribe, dirigido por el gobierno Venezolano, para proporcionar petróleo y gas a precios bajos y pagaderos a 25 años, con esos dos países, ya son 18 los que integran ese estratégico grupo, que en el momento de las votaciones en la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, tienen un peso importante.

De esa manera, la pregunta y preocupación es ¿y qué hace la diplomacia mexicana, cuando la influencia de Venezuela toca las puertas de nuestra frontera sur?

Eso sin contar el notable protagonismo de los países, obviamente integrados por los BRICS, en donde efectivamente tienen un grado de movilidad y efectividad en su política.

Otro tema que nos preocupa es el nombramiento de políticos a cargos diplomáticos de alto nivel.

Diversos medios de información nacionales han informado que el Secretario de Relaciones Exteriores nombró a la ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez como Cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, y que se están realizando los trámites protocolarios.

Esta designación, que con argumentos legaloide busca escapar de este control legislativo, preocupa porque, por tratarse de un consulado de carrera, resulta altamente preocupante, no sólo porque pone en evidencia este acuerdo, este compromiso entre la administración de Peña Nieto y la administración de Felipe Calderón, sino por la misma trayectoria y errores que cometió esta funcionaria pública durante su administración, la cual padeció una de las políticas más entreguistas y sumisas frente a las más diversas agencias de seguridad estadounidenses.

Destaca la aprehensión del ex fiscal contra el crimen organizado, Noé Ramírez Mandujano, quien fue acusado de recibir 450 mil dólares en sobornos por parte de narcotraficantes, a cambio de informarles sobre operativos en su contra. Las acusaciones se basaron en declaraciones del testigo protegido llamado "Jennifer". Junto con él fueron detenidos Javier Herrera, el ex coordinador de seguridad de la policía federal, y obviamente funcionarios de la Interpol-México.

Otro caso fue el del General Tomás Angeles, quien fue acusado por recibir dinero de La Barbie.

Las acusaciones estaban basadas en declaraciones del mismo testigo llamado "Jennifer", y este último caso diversas fuentes señalaron que en realidad se trató de una venganza personal.

Voy concluyendo, Diputado Presidente.

Por ello, compañeros, ojalá y haya sensibilidad e importancia en este tema en lo expuesto en este punto de Acuerdo en el que nosotros exhortamos al Ejecutivo Federal para que precisamente nos diga:

¿Cuáles son los objetivos y metas de este gobierno?, no del anterior, esas ya las conocemos.

¿Cuál es la estrategia que está diseñando?

¿Cuáles son las causas del fracaso de la política exterior de México a la fecha?

¿Cuál es nuestra posición respecto a América Latina y el olvido que tenemos sobre ello?

Y sobre todo, compañeros, el exhorto a que se privilegie a los funcionarios de carrera que llevan años trabajando en materia del servicio exterior mexicano y que no son tomados en cuenta para ocupar estos cargos de embajadores y cónsules, que ahora pareciera que este espacio va a servir para la protección de los incómodos y de los amigos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN Y SE HACE UN EXHORTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN EL TEMA DE RELACIONES EXTERIORES.

"La suscrita, Diputada Lizbeth E. Rosas Montero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con ´punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los gobiernos de los Ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, la política exterior de México se caracterizó por una proclive hacia las posiciones norteamericanas y por un virtual abandono hacia América Latina, los cual dio como resultado que nuestro país perdiera su tradicional liderazgo en esta región.

La presencia del ex secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno deanterior, José Antonio Meade, en el gabinete de la actual administración, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al principio se supuso como una posición designada a propósito de aspectos económicos y de inversión extranjera. Sin embargo, con el paso de los meses, se observa dicha visión no se ha desarrollado y menos aún ha rendido frutos. Ante la inexperiencia del nuevo responsable de la diplomacia nacional, la profunda desorientación en los primeros pasos de la política exterior de México, caracteriza la disfunción en la materia.

Es cierto, que con la visita a Guatemala del entonces Presidente Electo como primer salida, parecía que dejaba en claro, la prioridad que Latinoamérica tendría para su gobierno. Incluso también, en la primera visita como Presidente en funciones, que fue al Uruguay, que a pesar de las críticas, refrendaba su vocación de acercamiento a la macro-región. Más aún, esas visitas no se han podido concretizar, quizá debido a la falta de seguimiento del titular en la materia, y tales visitas han quedado en eso, en simples visitas protocolarias.

También, el pasado viernes 17 de mayo, en Washington, fue presentado el balance y análisis de la Organización de Estados Americanos, respecto de la situación de la lucha contra el tráfico drogas y las adicciones. Para sorpresa del gobierno mexicano, no obstante y que fue patrocinador, en el grupo de expertos por nuestro país, el representante fue Genero García Luna. Y de nuevo la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó al margen de cualquier sugerencia de participación de algún funcionario o especialista del actual gobierno.

Pero lo que más ha llamado la atención, es la ausencia de líneas definidas en cuanto al posicionamiento del país sobre a sus representaciones o embajadas. El actual representante de México en España, Ramírez Acuña, de quien se recordará fue el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón y coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Debido a su reciente cabildeo, fue posible que el gobierno de España le confiriera al ex Presidente panista, la “Condecoración: Orden al Mérito Civil”, que ese país le otorga a quienes a través de servicios de Estados, sean españoles o no, hayan destacado. En este caso, la cita es directa sobre la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La solicitud para aceptar y usar dicha condecoración, ya ingresó al Senado de la República hacia mediados del mes de mayo.

Con estos datos pareciera que el sexenio anterior no ha concluido y que lo cierto es que el equipo de Calderón en materia de política exterior, sigue trabajando, y no se ha reorientado la política exterior mexicana.

Aquí la cuestión es, sin duda, en dónde está la diplomacia de México y cuáles son eventualmente sus intereses o plan de acción. Pues en tanto los reconocimientos internacionales a la anterior administración, sumados a la inacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los acontecimientos denotan la falta de objetivos.

Una de las primeras iniciativas para reposicionar a México en el escenario Internacional, a nivel económico y Político, fue el lanzamiento de la candidatura de Herminio Blanco Mendoza como Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para ello, los nuevos funcionarios de la Cancillería designaron a la Ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, como una especie de promotora Ad hoc de dicha candidatura y pusieron a su disposición todos los recursos económicos de la cancillería.

Durante tres meses el candidato y la promotora Ad hoc recorrieron países como Turquía, Arabia Saudita, Países Bajos, Rusia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Alemania, Londres y Moscú, entre otros.

Al final el C. Herminio Blanco Mendoza fue derrotado por el brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La “nueva diplomacia mexicana” en la administración de Enrique Peña Nieto sufrió una grave derrota ya que, según algunos analistas, el candidato, que fue uno de los artífices en las negociaciones de diversos tratados de libre comercio gestionados por México, estaba demasiado cerca de los países ricos, incluidos Estados Unidos de América y la Unión Europea.

En tales circunstancias, resulta necesario que el Titular de la Cancillería informe detalladamente cuales fueron las causas políticas de fondo que determinaron este fracaso de la política exterior mexicana.

Más todavía, el sábado 4 de mayo,los Presidentes de Guatemala y de Honduras,firmaban su formal adhesión al proyecto Petrocaribe, dirigido por el gobierno Venezolano, para proporcionar petróleo y gas a precios bajos y pagaderos a 25 años, con esos dos países, ya son 18 los que integran ese estratégico grupo, que en el momento de las votaciones en la Asamblea General de la ONU –por ejemplo--, tienen un peso importante. De esa manera, la pregunta y preocupación es ¿y qué hace la diplomacia mexicana, cuando la influencia de Venezuela toca las puertas de nuestra frontera sur?

Eso sin contar el notable protagonismo de los países integrantes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y sus zonas de influencia geo-económicas, que como se puede observar en sus intercambios comerciales y diplomáticos, tienen una gran efectividad.

Otro tema que nos preocupa es el nombramiento de políticos a cargos diplomáticos. Diversos medios de información nacionales han informado que el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, nombró a la Ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez como cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, y que se están realizando los trámites protocolarios correspondientes.

Esta designación, que no requiere ser ratificada por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente por tratarse de un consulado de carrera, resulta altamente preocupante no solo porque pone en evidencia un acuerdo entre la Administración de Enrique Peña Nieto y la administración de Felipe Calderón, sino por la misma trayectoria y errores que cometió la Ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez:

• Durante su administración, México padeció una de las políticas más entreguistas y sumisas frente a las más diversas agencias de seguridad estadounidenses;

• Destaca la aprehensión del ex fiscal contra el crimen organizado, Noé Ramírez Mandujano, quien fue acusado de recibir 450 mil dólares en sobornos por parte de narcotraficantes, a cambio de informarles sobre operativos en su contra. Las acusaciones se basaron en declaraciones del testigo protegido llamado "Jennifer". Junto con él fueron detenidos Javier Herrera Valles, ex Coordinador Seguridad Regional de la Policía Federal ;Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal y Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México

• Otro caso fue el del general Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado de recibir dinero de parte de Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”. Las acusaciones estaban basadas en declaraciones del mismo testigo llamado “"Jennifer". En este último caso diversas fuentes señalaron que en realidad se trató de una venganza personal de Felipe Calderón ya que el general abiertamente había criticado la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

• Finalmente, la PGR no pudo sustentar ninguna de las acusaciones anteriores y todos los presuntos responsables fueron liberados.

En este sentido resulta urgente que el Canciller explique a esta Soberanía los motivos y razones que tomó en consideración para nombrar a una ex Funcionaria de tan dudosas credenciales profesionales al cargo de cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia.

Ante esta Alta Tribuna quisiéramos reiterar nuestra tradicional postura: los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votarán siempre en contra de los nombramientos diplomáticos en los que se designe a políticos, sin mayor experiencia y de dudosos atributos para ocupar los cargos, y votará a favor de los nombramientos en que se designen a funcionarios de carrera que pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano.

Ante ese panorama, la indefinición e imprecisión desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, genera deterioro en la imagen del país, por una parte, pero también retrocesos en la posibilidad de acercamientos—ya no digamos de liderazgo-- con el Continente Latinoamericano, por la otra, debe recordarse, que el contraste entre culturas e idiomas en América, comienza justo en la frontera entre México y los Estados Unidos, y que ha sido la capacidad de ser y actuar como “puente” entre ambos bloques de intereses, lo que a la política mexicana entre otros factores, le ha proporcionado capacidad de negociación y presencia mundial.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que informe a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuales son los objetivos y las metas de la política exterior mexicana y si es que se tiene programada una reorientación en esta materia. Dentro de dicho informe se debe destacar

• Informacióndetallada sobre las causas políticas de fondo que determinaron que el C. Herminio Blanco Mendoza no fuera electo como Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como los gastos que se generaron.

• Información detallada sobre los motivos y razones que tomó en consideración para nombrar a la Ex Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, al cargo de cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores a que privilegie a los funcionarios de carrera que pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano para ocupar los cargos de embajadores, cónsules generales y cónsules de carrera.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero".

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Rosas.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Senadora Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Segunda Comisión.

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





 

Del C. Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a girar instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean liquidados todos los adeudos pendientes, y se reinstale a los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente, y que previamente así se halla determinado a través de un laudo por autoridad laboral competente, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INSTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GIRAR INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A FIN DE QUE SEAN LIQUIDADOS TODOS LOS ADEUDOS PENDIENTES, Y SE REINSTALE A LOS TRABAJADORES QUE HAYAN SIDO DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE, Y QUE PREVIAMENTE ASI SE HALLA DETERMINADO A TRAVES DE UN LAUDO POR AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE.

"C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXII LEGISLATURA

PRESENTES.

Quien suscribe, Ernesto NUñez Aguilar, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado de Derecho es un término utilizado recurridamente por la doctrina jurídica, los políticos, y la sociedad en general, se suele identificar como el imperio de la ley legítima y legitimada; en un contexto material implica la tranquilidad pública de que:

1. Las leyes se cumplan;

2. Los derechos reconocidos en los registros públicos se aseguren (propiedad, estado civil, votación en actos públicos, entre otros) y;

3. Las sentencias de órganos autorizados por el Estado para resolver conflictos se respeten, por ello conlleva ejecución toda resolución judicial (tribunales electorales, colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito) o de tribunales administrativos (agrarios, laborales, fiscales)1.

En este sentido, las instituciones públicas deben ser las primeras encargadas de ceñir su marco de actuación de acuerdo a ley, a los diversos registros públicos y a las sentencias.

Por lo anterior, es inaudito concebir que alguna institución pública sea reacia a obedecer el mandamiento de un tribunal, eso determina su poca disposición a la legalidad y a las reglas sociales.

Nadie debe estar por encima de la Ley, por ello, a través del presente punto de acuerdo se evidencia el incumplimiento legal y moral de varias instituciones del Gobierno del Distrito Federal, a acatar resoluciones materialmente judiciales, en concreto, aquellas que tienen que ver con la reinstalación o el pago de salarios caídos a personas que injustamente han sido despedidas de la Administración Pública del Distrito Federal.

No es extraño saber de casos de este tipo en la llamada “Ciudad de la Esperanza”, la cual termina siendo, para muchos de sus ex empleados, de la desesperanza, pues llegan a ser removidos por no comulgar con sus mandamientos políticos.

Recientemente, a través de diversos medios masivos de comunicación, se denunció un arresto por treinta y seis horas en contra del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés2, pues cometió desacato al rehusarse a cumplir un laudo; es decir, el funcionario en comento por su propio arbitrio decidió no cumplir con la Ley sin dar razón sensata alguna y solamente dio alguna explicación gracias a la labor periodística de profesionales en la materia. El Secretario de Gobierno arguyó simplemente que el impago se generó por no contar con los recursos necesarios, lo cual es una afirmación poco creíble, pues en cada presupuesto debe existir una partida para liquidar tales circunstancias3.

Posteriormente el funcionario determinó que después de hablar con el Secretario de Finanzas, ya existían los montos para liquidar la deuda que se tiene con el empleado aludido en la nota periodística.

Si con una plática se hubiese arreglado el asunto en cuestión, entonces el encuentro entre los secretarios se debió llevar a cabo desde la emisión del laudo, y no hasta ahora que se tiene una presión periodística, y una orden de arresto por ser un infractor de una resolución de un órgano materialmente judicial.

Puntualizamos que la orden de arresto administrativo se emitió en contra del Secretario de Gobierno, después de que él omitió el pago en ocho ocasiones anteriores; es decir, el incumplimiento al estado de Derecho es una práctica común entre las instituciones del Gobierno del Distrito Federal; no obstante, el secretario Serrano ha manifestado que quedará sin efecto la orden de arresto una vez que se notifique la disposición del Gobierno a cubrir la deuda.

Casos como el descrito son recurrentes, por ejemplo, existe el caso del expediente: 3706/2001 de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde el Señor afectado (el demandante), se le determinó desde hace varios años su reinstalación y el pago de salarios caídos, no obstante ello, el Gobierno del Distrito Federal continúa incumpliendo su obligación sobajando el Estado de Derecho.

Así mismo, evidenciamos sin duda alguna, que el Gobierno del Distrito Federal, además de no cumplir con sus obligaciones es también completamente insensible ante el estado de las familias que deja desprotegidas, aun cuando los procesos jurídicos respectivos les den a los demandantes la razón y el Derecho de reclamar algo que es suyo.

Por todo lo anterior, nos permitimos remitir el presente documento de Urgente u Obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que gire instrucciones a quien corresponda a fin de que sean liquidados todos los adeudos pendientes, y se reinstale a los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente, y que previamente así se halla determinado a través de un laudo por autoridad laboral competente.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que no se dilaten más los pagos de todas aquellas resoluciones laborales que siendo definitivas e inatacables no se hayan liquidado todavía.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip.Ernesto Núñez Aguilar".





 

De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República a designar a representantes temáticos del Gabinete Presidencial para realizar mesas de diálogo con la Comisión Permanente y entablar un diálogo constructivo, consultivo y clarificador acerca del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante un formato diseñado en común acuerdo, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A DESIGNAR A REPRESENTANTES TEMATICOS DEL GABINETE PRESIDENCIAL PARA REALIZAR MESAS DE DIALOGO CON LA COMISION PERMANENTE Y ENTABLAR UN DIALOGO CONSTRUCTIVO, CONSULTIVO Y CLARIFICADOR ACERCA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, MEDIANTE UN FORMATO DISEÑADO EN COMUN ACUERDO

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A DESIGNAR A REPRESENTANTES TEMATICOS DEL GABINETE PRESIDENCIAL PARA REALIZAR MESAS DE DIALOGO CON LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION Y ENTABLAR UN DIALOGO CONSTRUCTIVO, CONSULTIVO Y CLARIFICADOR ACERCA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013.2018, MEDIANTE UN FORMATO DISEÑADO DE COMUN ACUERDO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- A principios de esta semana el jefe del Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan. Asimismo, la Ley de Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales de ejecución que emanan de éste. Estas palabras han sido extraídas de la presentación.

2.- Es interés de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión inaugurar una relación más cercana con el Ejecutivo. Los considerandos del Plan que describen la experiencia de vivir una nueva ola democrática a nivel internacional, ejemplo de la cual es la “Primavera Árabe” de 2010 y 2011, que demanda mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos hacia sus gobernados, nos impulsa a tomar las señales de convocatoria de convivencia como una vía para que juntos, desde principio, trabajemos para que el horizonte planteado, se encuentre cabalmente explicado no sólo en sus líneas generales sino en las prospectivas y los escenarios buscados, en las dudas que se presentan de un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción. Dada la magnitud, la dimensión y la responsabilidad a asumir en la toma de decisiones del Ejecutivo, del trabajo del Poder Legislativo y de las cuales depende la seguridad total de millones de mexicanos, es viable y pertinente que esta soberanía pueda mantener un diálogo constructivo, consultivo y clarificador con el Poder Ejecutivo de una compleja planeación que está sometida a vaivenes del mercado, del cambio climático de la naturaleza, del entorno internacional, de la gobernabilidad de los poderes informales e incluso de la delincuencia organizada y desde los mismos preliminares del Plan Nacional de Desarrollo. Ello redundará en beneficio de la construcción de un diálogo a la altura de las experiencias democráticas contemporáneas que la sociedad está demandando, así como a una oportunidad de construir escenarios hacia el diseño de estructura financiera de los Presupuestos de Egresos que la H. Cámara de Diputados aprueba.

3.- En respuesta a los ofrecimientos del Plan Nacional de Desarrollo que anuncia “Mantener una relación de colaboración, respeto y comunicación con los Poderes de la Unión” y que delinea en su Estrategia 1.1.2.: “Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere”, cuyas líneas de acción son:

• Establecer mecanismos de enlace y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con las organizaciones políticas nacionales para consolidar una relación respetuosa y eficaz.

• Construir una agenda legislativa nacional incluyente que refleje los temas que son del interés de los diversos grupos y organizaciones de la sociedad.

• Promover consensos y acuerdos con el Poder Legislativo Federal, con sus Cámaras y con los grupos parlamentarios que las integran, para impulsar la agenda legislativa.

• Diseñar, promover y construir acuerdos con organizaciones políticas que puedan derivar en proyectos legislativos, para impulsar las reformas que el país requiere y dar seguimiento a su cumplimiento, esta Soberanía propone, por todo lo anterior, el siguiente punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A DESIGNAR A REPRESENTANTES TEMATICOS DEL GABINETE PRESIDENCIAL PARA REALIZAR MESAS DE DIALOGO CON LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION Y ENTABLAR UN DIALOGO CONSTRUCTIVO, CONSULTIVO Y CLARIFICADOR ACERCA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013.2018., MEDIANTE UN FORMATO DISEÑADO DE COMUN ACUERDO.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013”.





 

Del C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores la revocación de la designación de Marisela Morales como Cónsul en Milán, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES LA REVOCACION DE LA DESIGNACION DE MARISELA MORALES COMO CONSUL EN MILAN

ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente, el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 16 de mayo el Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, anunció que la ex Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez (MMI), será designada como cónsul de México en Milán, Italia.

A pesar de las cualidades que ve en ella el Secretario Meade, y de la experiencia de la funcionaria – que por cierto nada tiene que ver con las relaciones exteriores -, la decisión es reprobable.

Lo es porque continúa con el desprecio por el Servicio Exterior Mexicano que hemos padecido en las administraciones anteriores, donde las representaciones diplomáticas han sido tratadas como premios o exilios políticos -según sea el caso -, sin ningún cuidado porque los intereses de México en el extranjero tengan una representación digna y profesional.

En este caso es reprobable también, por el historial particularmente turbio de la ex Procuradora Morales, al encabezar un periodo sangriento y brutal de la justicia mexicana en el que se incrementaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la utilización política de la justicia, la fabricación de pruebas y/o testigos, y en la cual, los casos más emblemáticos de su administración han sido desestimados por falta de pruebas a unos cuantos meses de haber abandonado el cargo, razón suficiente que se abrieran investigaciones que, de llevarse hasta sus últimas consecuencias, podrían alcanzar incluso a la ex procuradora.

Los primeros meses de la administración actual han estado marcados por la descalificación, directa o indirecta, de la actuación de la PGR durante el sexenio anterior.

Tan es así que solo en este periodo inicial, se han desmoronado casos emblemáticos como: el “Michoacanazo” en el que los 38 funcionarios Michoacanos de oposición detenidos en las vísperas de las elecciones estatales, obtuvieron su libertad por falta de pruebas; la supuesta “Operación Limpieza” que llevó a detener al ex fiscal para el crimen organizado Noé Ramírez Mandujano en base a dichos del testigo protegido “Jennifer”, mismos que no fueron corroborados y tuvieron en la cárcel durante más de 4 años al ex fiscal; el del General Tomás Ángeles Dauahare, de un historial militar impecable hasta su detención por dichos nuevamente del testigo protegido “Jennifer”, que no fueron complementados con ningún otro elemento probatorio; el del ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, entre otros.

Hasta el momento, se han brindado elementos suficientes para observar el uso indebido que se le dio a la figura de testigo protegido, ya que muchas de estas detenciones emblemáticas y de trasfondo altamente político, se dieron utilizando solamente los dichos de delincuentes amparados en esa figura, sin investigaciones posteriores que los acreditaran. Con el agravante de que, en muchos de estos casos, los mismos delincuentes han declarado que fueron coaccionados para declarar en contra de quién la Procuraduría les indicara.

Este cuestionado método de obtención de información, se utilizó por primera vez y de manera profusa, mientras Marisela Morales era titular de la entonces llamada SIEDO. Al grado de que el 7 de Marzo de 2011, un día después de que Morales fuera nombrada Procuradora General de la República, el gobierno de Estados Unidos a través de la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, le otorgó el “Premio al Valor de la Mujer” por, entre otras cosas, “crear el primer programa federal de testigos protegidos” en México. Lo cual corrobora, tanto la influencia la influencia clave de Morales en la creación del programa de testigos protegidos, como la subordinación de las instituciones de seguridad mexicanas a las de Estados Unidos durante el sexenio anterior.

Son tantas las reservas respecto a este programa que el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que someterá a revisión todas las investigaciones iniciadas con declaraciones de testigos protegidos y su efectividad en los procesos penales, con el objetivo de depurarlo, ya que hasta noviembre del 2012 la PGR pagaba custodia, alimentación y vivienda para los testigos y sus familias, además de una compensación de 80 mil pesos al mes.

A juzgar por los resultados de la gestión de MMI al frente de la PGR, públicamente cuestionados hasta por su sucesor, no se entiende por qué si no pudo cumplir a cabalidad en la esfera de sus competencias profesionales, ahora se le confíen responsabilidades técnicas y de representación en áreas con las que es obvio que no está familiarizada.

Más aún, cuando el cuestionamiento a su desempeño no está restringido a la disputa política y a declaraciones en los medios de comunicación, sino que existen investigaciones abiertas, las cuales, si llegan hasta sus últimas consecuencias, podrían con una alta probabilidad encontrarla responsable de algún delito.

El Procurador Murillo Karam expresó en los días posteriores a la liberación del General Angeles Dauahare, que iniciaría una investigación de todos los funcionarios involucrados en la acusación al General. Así mismo los abogados del ex gobernador Tomás Yarrington presentaron el 28 de enero ante el Congreso de la Unión una solicitud de juicio político a la ex funcionaria ya que, según la denuncia, Yarrington sufrió “violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos y sus garantías individuales” por parte de la entonces Procuradora.

Cuestionamientos públicos, mediáticos, políticos y judiciales, a la par de investigaciones que aún no han sido concluidas, no pueden ser credenciales suficientes para que Marisela Morales ostente ninguna representación diplomática o consular.

Además de los cuestionamientos a la persona y trayectoria de Marisela Morales, la decisión es igualmente cuestionable desde la perspectiva de la política exterior mexicana.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 presentado en días pasados, establece como una de las cinco metas nacionales la de “México con Responsabilidad Global”. Dentro de este rubro, se establece como uno de cuatro objetivos: “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”.

En una franca contradicción con los objetivos del PND, se está otorgando la representación de México en Milán a Marisela Morales, cuya dependencia fue señalada por organismos nacionales e internacionales durante su encargo, como responsable de diversas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

Más aún, no se entiende por qué rehabilitar, en forma tan repentina, subjetiva e inesperada, una oficina consular cerrada hace menos de tres años. Si ello fuera producto de un diagnóstico previo de las prioridades y necesidades en materia de apertura de oficinas diplomáticas y consulares de México, de seguro Milán tampoco figuraría como la primera necesidad para ampliar la presencia internacional de México. Ello desde luego al margen de consideraciones presupuestales que la SHCP suele utilizar para bloquear estas iniciativas si no han sido previamente y laboriosamente negociadas.

Existen además muchos miembros del Servicio exterior mexicano con mejores credenciales para ocupar dicho cargo, puesto que se trata de miembros del más antiguo servicio profesional de carrera con que cuenta la República (1826), y podrían sin problema cubrir las necesidades del servicio detectadas en forma tan repentina y urgente en Milán. No se requiere contratar a funcionarios ajenos a las responsabilidades de la carrera diplomática y que ostensiblemente no tienen el perfil para ello.

Por último, si bien la Constitución no lo impide, llama la atención que un número creciente de nombramientos acordados por el Ejecutivo recaiga en personas que no son miembros del Servicio exterior mexicano. De hecho, la proporción es más elevada que en administraciones recientes y ya alcanza el 50% de todos los nombramientos diplomáticos que requieren de la sanción del Legislativo.

Esto necesariamente contraviene las sanas prácticas administrativas que debe de impulsar un Estado democrático y moderno, deseoso de privilegiar la congruencia entre el discurso y la acción. El no hacerlo expondrá de nuevo a México al riesgo de proyectar una imagen desaseada en el exterior, como fue la tónica durante el pasado reciente.

Por todo lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado respecto a la rehabilitación de la oficina consular en Milán, misma que había sido cerrada hace menos de tres años, explicando en base a qué criterios se consideró prioritaria la reapertura de dicha representación por encima de otras regiones del mundo.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revocar el nombramiento de la Lic. Marisela Morales Ibáñez como cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, en vista de los múltiples cuestionamientos respecto a su gestión como Procuradora General de la República y Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, mismos que han llevado a la apertura de investigaciones judiciales y procesos de juicio político que no han concluido aún, y podrían encontrar responsable por acción u omisión a la Lic. Morales Ibáñez, tomando en cuenta que existen funcionarios del Servicio Exterior de Carrera en México con mayor capacidad y experiencia para desempeñar dicho trabajo consular.

Dado en el Senado de la República, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Alfonso Durazo Montaño”.





 

Del C. Diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A ENTREGAR UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MEXICO.

"El suscrito, LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, diputado integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que seexhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que entregue un informe detallado de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de México, y sobre la actualización de las normas y programas ambientales tomando en cuenta los estándares internacionales; así como a los Gobiernos Estatales para que a través de sus Secretarías de Medio Ambiente actualicen sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas ciudades,al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 24 de abril del presente año el Periódico El Universal publicó una nota en su sección Sociedad titulada “Ciudades de México, las más contaminadas de AL”, donde señala que México es una de las ciudades más contaminadas de América Latina y la segunda ciudad en la región con el mayor número de muertes por la mala calidad del aire.

La misma nota refiere un estudio realizado por el Clean Air Institute denominado “Calidad del Aire en América Latina”, con el apoyo del Banco Mundial.

Este estudio menciona que en América Latina y el Caribe, por lo menos 100 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Señala que los grupos más vulnerables a los efectos dañinos de una mala calidad del aire incluyen a niños, adultos mayores, personas con previos problemas de salud y población de bajos estratos socioeconómicos.

Tanto la OMS como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han resaltado la contaminación del aire ambiental como una de las áreas focales estratégicas para combatir causas fundamentales de mortalidad y morbilidad a nivel mundial.

La OMS afirmó, en un comunicado de prensa de 2011, que “para 2008, la mortalidad estimada, atribuible a la contaminación del aire ambiental en ciudades, ascendió a 1.34 millones de muertes prematuras”.

De la misma forma, en un reporte de la Organizaciónpara la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se estima que para el año 2050 el impacto en el medio ambiente si el mundo no adopta políticas verdes más ambiciosas, asevera: “Se prevé que la contaminación del aire se convertirá en la causa ambiental principal de mortalidad prematura, por encima de aguas insalubres y falta de saneamiento” con “una proyección de que se duplique en el mundo el número de muertes prematuras derivadas de la exposición a material particulado, pasando de más de 1 millón hoy en día, a aproximadamente 3.6 millones al año en 2050”

La mala calidad del aire tiene un impacto negativo en el desarrollo social y económico, afectando la competitividad económica de los países. La mala salud resultante de la contaminación del aire cuesta billones de dólares anualmente en costos médicos y pérdida de productividad.

La deficiente gestión para mejorar la calidad del aire también retrasa el progreso hacia el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que incluye como Objetivo 7.A “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente”. Este Objetivo integra la Resolución 66/288 adoptada el 11 de septiembre de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “El Futuro que Queremos” (UN, 2012). Esta resolución se compromete a promover políticas de desarrollo sostenible que den soporte a “un medio ambiente seguro y saludable para todos,” y que incluyan “una calidad del aire saludable” entre otras acciones.

La contaminación del aire en ambientes urbanos es primordialmente el resultado de la quema de combustibles fósiles, y las fuentes más importantes son el sector transporte, la generación de energía, los sectores industrial y manufacturero y el uso doméstico de combustible para calefacción-refrigeración y cocción.

El estudio antes mencionado tuvo en consideración los principales contaminantes del aire que son:

• Material particulado (PM10 y PM2.5)

• Ozono (O3)

• Dióxido de nitrógeno (NO2)

• Dióxido de azufre (SO2)

Las Directrices sobre Calidad del Aire elaboradas por la OMS en 2005 están concebidas para ofrecer una orientación mundial para reducir las repercusiones sanitarias de la contaminación del aire. Las primeras directrices, publicadas en 1987 y actualizadas en 1997, se circunscribían al ámbito europeo. Las nuevas (2005), sin embargo, son aplicables a todo el mundo y se basan en una evaluación de pruebas científicas actuales llevada a cabo por expertos. En ellas se recomiendan nuevos límites de concentración de algunos contaminantes en el aire, partículas en suspensión (PM), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) de aplicación en todas las regiones de la OMS.

La OMS brinda algunos datos y cifras relacionados con la calidad del aire, a continuación se señalarán:

• La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud y se estima que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo el mundo.

• Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria (a corto y largo plazo) y cardiovascular de su población.

• Se calcula que la contaminación del aire de interiores causa aproximadamente 2 millones de muertes prematuras, la mayoría en los países en desarrollo. Casi la mitad de esas muertes se deben a neumonías en menores de 5 años.

• Se calcula que la contaminación atmosférica urbana causa en todo el mundo 1,3 millones de muertes al año, que afectan de forma desproporcionada a quienes viven en países de ingresos medios.

• La exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades públicas a nivel nacional, regional e internacional.

• Las Guías de calidad del aire de la OMS constituyen el análisis más consensuado y actualizado sobre los efectos de la contaminación en la salud, y recogen los parámetros de calidad del aire que se recomiendan para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Dichas Guías señalan que una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico permite reducir en aproximadamente un 15% las muertes relacionadas con la calidad del aire.

En el mismo estudio señalado, México se encuentra dentro de los nueve países de América Latina con mayor número de muertes atribuibles a la contaminación del aire. Ello debido a que los estándares de calidad del aire no se adecuan a los emitidos en las Guías de Calidad del Aire de la OMS (GCA). El estudio muestra que los estándares de los países latinoamericanos -entre ellos México- son superiores a los establecidos por las organizaciones mundiales.

Las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey son las tres urbes principales con grandes concentraciones de ozono en su ambiente. El informe, detalla que las concentraciones de ozono, en todas las estaciones de monitoreo en el Distrito Federal, supera los estándares internacionales.

Además la ciudad de Monterrey tiene los niveles más altos de partículas suspendidas provenientes de vehículos y generación de energía de toda América Latina. También el Distrito Federal y Guadalajara superan la contaminación de urbes como Medellín y Sao Paulo.

El número de muertes en México por contaminación atmosférica asciende a los 14 mil decesos por año, el nivel más alto sólo superado por Brasil, que tiene cerca de 23 mil.

Los datos son alarmantes y si no se toman las medidas conducentes, puede convertirse en un grave problema de salud pública para las y los mexicanos. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hace un atento llamado a las autoridades federales y estatales para lograr una mejor gestión de la calidad del aire que afecta a muchas ciudades de nuestro país.

Como partido político una de nuestra principales preocupaciones ha sido garantizar a todos los mexicanos el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, tal como está estipulado en el artículo 4o de nuestra Carta magna.

Por lo que consideramos necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre los programas y acciones que está llevando a cabo para mejorar la calidad del aire de las ciudades de nuestro país, tal como lo establece el artículo 111 fracción IV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

De igual forma, exhortamos a los gobiernos estatales a actualizar y modernizar sus sistemas de monitoreo de la calidad del aíre de sus ciudades, ya que este problema es cada vez más frecuente en las zonas urbanas de nuestro país por la emisión de gases contaminantes de establecimientos fijos y móviles.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos comprometidos con el medio ambiente y siempre buscamos los recursos jurídicos para poder avanzar hacia un país con un desarrollo sustentable, que sea capaz de igualar los estándares ambientales internacionales y cumplir con las metas que como país México se ha comprometido a cumplir en acuerdos a nivel mundial.

El desarrollo sustentable de nuestro país es un asunto de la mayor prioridad en la agenda del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, porque concebimos la protección al medio ambiente, en este caso la calidad del aire, como un elemento indisociable al desarrollo económico del país. La gestión de la calidad del aire no solo impacta en la viabilidad de las ciudades, sino en la salud de las y los mexicanos que viven en las grandes urbes, ya que la exposición a los contaminantes atmosféricos puede causar hasta la muerte, como señala el estudio mencionado anteriormente.

De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE ENTREGUE UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MEXICO, Y SOBRE LA ACTUALIZACION DE LAS NORMAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES TOMANDO EN CUENTA LOS ESTANDARES INTERNACIONALES; ASI COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA QUE A TRAVES DE SUS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE ACTUALICEN SUS SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN SUS RESPECTIVAS CIUDADES

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Dip. Luis Antonio González Roldán".





 

Del C. Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a poner en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del servicio social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA A PONER EN MARCHA UN PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION Y UNIFORMIDAD DE LA REGULACION DEL SERVICIO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LOS VINCULOS Y EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL AMBITO LABORAL QUE CORRESPONDE A SU PROFESION.

"El que suscribe, Diputado JosE Luis Flores MEndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto s la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para la UNESCO, una educación de calidad debe ser relevante y pertinente. Una educación relevante debe desarrollar competencias relacionadas con los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.

Una educación pertinente permite una flexibilidad de las experiencias educativas de tal modo que se ajusten a las necesidades y condiciones particulares de las personas. La equidad es una prioridad. La escuela por sí sola no logra superar las desigualdades económicas, sociales y culturales, lo que plantea la importancia de políticas sociales e intersectoriales dirigidasa reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los grupos actualmente marginados.

Estamos situados en una etapa donde se presentan problemas de calidad de la educación, de contenidos, de capacitación para los docentes, de limitaciones de infraestructura, de recursos técnicos, de falta de inclusión por problemas sociales y, por si ello no fuera ya de suyo complejo, ahora enfrentamos una de las mayores contradicciones para quienes han logrado acceder a la educación superior, para quienes estadísticamente son privilegiados: la relación entre la educación superior y el mercado laboral.

Sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2012. Dicho de otra manera, el 60% no está ocupado en la profesión para la cual estudió.

El hecho de que el país haya tenido durante más de una década una tasa de crecimiento inferior a la requerida para crear empleos de calidad suficientes para las nuevas generaciones, ha dado lugar a un déficit en la oferta de trabajos, que ya se manifiesta como una seria limitante y franco desestímulo a los profesionistas, quienes a menudo se tienen que ocupar en actividades ajenas a su profesión.

La educación profesional en México, por razones de mercado expresadas en desempleo, además de la baja calidad de la educación en algunas instituciones académicas, está dejando de ser el vehículo de capilaridad social por excelencia; no obstante ello, las familias mexicanas siguen apostando con toda su capacidad económica aun cuando a veces sea poca a la educación de sus hijos. En esta materia se manifiesta el deseo de superación de los mexicanos. Sólo que el mercado está haciendo una mala jugada a muchos que con su empeño y el de sus familias han logrado la meta de ser profesionistas.

Las complejidades del mercado laboral se acentuaron en el sector agropecuario en buena medida por el desmantelamiento del sector como producto de una competencia donde prevalecen las reglas impuestas por la globalización.

¿Qué necesitamos hacer para que los profesionistas se vinculen directa y eficazmente al ejercicio de sus profesiones, en un mercado laboral restringido?

No todas son razones de orden económico, también las hay sociales y de educación. De ahí que consideremos indispensable, entre otras medidas, que se modifiquen los planes de estudio en las instituciones de educación superior, para incorporar de manera ineludible y eficiente la práctica de los estudiantes, vinculándolos al mercado laboral a través de servicio social mediante prácticas profesionales o de becarios.

No obstante el reconocimiento de que la regulación del Servicio Social se da conforme a diferentes ámbitos de competencia, como serían la Secretaría de Educación Pública, la regulación aprobada en los gobiernos de los estados y de las propias instituciones de educación superior con autonomía, es apremiante que la Secretaría de Educación Pública de acuerdo al artículo 38, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo texto dispone que a la secretaría de Educación Pública le corresponde organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social.

En este sentido, es necesario que la Secretaría de Educación Pública inicie, a partir de su competencia, una convocatoria y consulta para orientar el Servicio Social, haciéndolo más eficiente y benéfico para los estudiantes, y con mayor sentido social, para que nuestros estudiantes se vinculen al ámbito laboral en el cual realizarán su ejercicio profesional.

Resulta absurdo, por ejemplo, que en el campo, del que depende la obtención de alimentos y desde donde debe partir la Jornada contra el Hambre, no se esté dando este tipo de vinculación con amplitud, cuando es precisamente ahí donde urge la transferencia de conocimientos y tecnología.

El desempeño de estos servicios sociales debe contemplarse y proyectarse dentro del marco de la rectoría económica y de la planeación nacional, atento a lo dispuesto por los principios de política económica enunciados en los artículos 25 y 26 del Pacto Federal.1

En esto es donde el Estado puede actuar en complementariedad con el mercado, proporcionando recursos para becarios o pasantías, que desde la etapa de estudios ya vincule eficientemente al profesionista con su ámbito laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con calidad de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que ponga en marcha un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del Servicio Social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión, con énfasis en el sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de mayor impacto productivo y social.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Dip. José Luis Flores Méndez".





 

De la C. Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a que, ante el incremento de la delincuencia, trabaje en una política pública integral para combatirla; y al alcalde del municipio de Zapopan a conducirse con apego a derecho en la aplicación del llamado Operativo Antipandillas, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO A QUE, ANTE EL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA, TRABAJE EN UNA POLITICA PUBLICA INTEGRAL PARA COMBATIRLA; Y AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN A CONDUCIRSE CON APEGO A DERECHO EN LA APLICACION DEL LLAMADO “OPERATIVO ANTIPANDILLAS”

La suscrita, Diputada Federal Carmen LucIa PErez Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Jalisco vive un clima de miedo social creciente. El aumento en todos los delitos es perceptible, el robo a transeúntes y a choferes, el robo a restauranteros y comensales, asaltos bancarios y robo de cajeros, tiroteos y muertos a plena luz del día, robo a casa habitación, homicidios, el reciente ataque con machetes a jóvenes campistas y la agresión de la cual manifestamos nuestro rechazo en la alta tribuna, al periódico El Mural, entre muchos más delitos que no son denunciados, son lo que viven los jaliscienses.

Nos encontramos ante un Gobierno sin rumbo, sin una política bien definida que prevenga la delincuencia y que dé oportunidad a los jaliscienses de vivir en paz y armonía. Vivir y percibir la violencia genera miedo, afectan el desarrollo delas personas de manera emocional y a la vez social, las familias han tenido que cambiar su comportamiento, ya que prefieren no salir a disfrutar de su entorno.

En estos meses hemos sido testigos del aumento de la delincuencia, una ola de violencia que se vive día a día. Jalisco y sus municipios están conformados por gente honesta y trabajadora, conformada por familias con valores, quienes no palpan aun indicios de cambios en los sectores político, económico y social, más aun en este último rubro, siendo la seguridad.

En meses pasados el Lic. Héctor Robles, Alcalde del municipio de Zapopan implementó una estrategia con la finalidad de disminuir la delincuencia a través de los llamados “Operativos antipandillas” el cual según consiste en rondines nocturnos de vigilancia que comienzan entre las 19:30 horas durante más de tres horas, con la finalidad de detener a jóvenes y hasta niños “sospechosos”.

En un evento el alcalde declaro que: “Vamos a seguir apostándoles a la reconstrucción del tejido social, a la transformación de los jóvenes […] los resultados tardaran dos o tres años […]. Yo les puedo decir que los operativos antipandillas, todos las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes. Y esos más de 70 jóvenes, a lo mejor dos o tres tienen órdenes de aprehensión, a lo mejor uno, dos o diez tienen droga en su poder y son consignados. Pero los otros 60 son soltados, porque son faltas administrativas, y van a seguir generando problemas de vandalismos, y van a seguir generando problemas de drogadicción, y van a seguir generando problemas de inseguridad”.

Además de estas palabras mencionó que las personas que consumen algún tipo de enervante no son personas: “Una persona bajo el influjo de la droga no es una persona, se convierte literalmente en un ser perdido”.

Siendo ésta una declaración la que pone en entre dicho su gestión, vanagloriándose con la brutalidad con que ejerce este operativo, sin que estos sean apegados a derecho.

Como sabemos nuestra Constitución señala en su artículo primero que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…” y además en el párrafo tercero indica que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Ante los hechos mencionados nos preguntamos, ¿qué nos espera cuando lleguen a detener a nuestras casas a uno de nuestros familiares arbitrariamente?, porque “a lo mejor” cometiste un delito, o “a lo mejor”no lo cometiste, pero ante ello recibirás un “disculpe usted” por los “macanazos” recibidos.

Es de todos conocidos las recientes noticias del grado de inseguridad que se vive no solo en el Estado, sino de manera particular en este municipio, igual y te puede tocar presenciar un tiroteo, un secuestro o perder la vida. Pero, si aún le sumamos que los “operativos realizados por el Alcalde, no respetan los Derechos Humanos, con detenciones arbitrarias, estamos ante una autoridad que pretende combatir la delincuencia de forma ilegal.

Ante ello, solicitamos que ambos órdenes de gobierno trabajen de manera coordinara y corresponsable para garantizar a los ciudadanos su seguridad, respetando en todo momento sus Derechos Humanos, a través de políticas públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente exhorta al Lic. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco que ante el incremento de la delincuencia trabaje en una política pública integral para combatirla, garantizando la seguridad de los jaliscienses.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Lic. Héctor Robles Peiro Alcalde del municipio de Zapopan, a que se conduzca con apego a derecho en la aplicación del llamado “operativo antipandillas”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena”.





 

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República Mexicana y al consejo rector del Pacto por México que adecúen sus propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto desarrollo definido por las Cámaras del Congreso de la Unión, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA Y AL CONSEJO RECTOR DEL PACTO POR MEXICO QUE ADECUEN SUS PROPUESTAS EN FUNCION DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y DEL CORRECTO DESARROLLO DEFINIDO POR LAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISION PERMANENTE

EL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución con el objeto de solicitar respetuosamente al Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, y al Consejo Rector del Pacto por México que adecuen sus propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto desarrollo de esta Soberanía con base en las siguientes:

Consideraciones

1.- Que el Pacto por México es muestra indudable de voluntad política entre el crisol de visiones, corresponde un abanico amplísimo de acuerdos entre las distintas y principales fuerzas políticas que integran el país.

2.- Que el Pacto por México, en tanto que instrumento político-jurídico que entraña acuerdo de voluntades entre el Poder Ejecutivo Federal, los Partidos Políticos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el hecho, corresponde a una entidad política coyuntural y no una figura legal debidamente reconocida por el derecho positivo vigente en nuestro Estado.

3.- Que el Pacto por México no puede reducirse al aspecto propositivo sin la debida vinculación y el aparejamiento de obligaciones legales; sin embargo, no por carecer de dicha situación puede restársele importancia y validez. En ese sentido, tampoco debe entenderse como un compromiso que coarta la libertad del ejercicio pleno de las atribuciones y facultades de los Poderes Públicos Legislativo y Ejecutivo en tanto sea en beneficio del país. Empero, el Pacto por México debe respetar de manera integral la función legislativa y con ella los acuerdos y la agenda determinada por el Honorable Congreso de la Unión.

4.- Los compromisos contenidos en el documento signado por el Pacto por México no son sustitutos de la función legislativa, corresponden a la visión armonizada de las voluntades políticas del país, incluido el Presidente de la República, propuestas que tiene su legítimo derecho de presentarse ante el Poder Legislativo como lo consagran los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República consideramos que el Pacto por México debe ser un ejercicio propositivo, tal como lo ha sido, en donde se generen ideas y se analicen propuestas de desarrollo que engloben la participación ciudadana y una moderna visión de Estado. Como representantes populares nos corresponde la intrínseca e inalienable función de legislar en función de la ciudadanía, no permitamos regresar a la época del Gran Legislador con sus facultades meta constitucionales, debemos regresar a la ciudadanía la claridad de que el Congreso de la Unión es único órgano rector que legisla y pondera el ejercicio público, tal y como lo exclamó el filósofo y político Juan Jacobo Rousseau: “La soberanía radica por esencia en el pueblo, éste es el principio y fin de toda la organización política. El pueblo es su propio legislador y juez. El pueblo crea y destruye las leyes.”

5.- Respecto a lo anterior, la idea de soberanía popular siempre estuvo presente en los reestructuradores e idealistas del Estado Mexicano. La Constitución de Apatzingán se proclama el consabido principio en sus artículos 11 y 12, que establecen respectivamente que “tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas en los casos particulares” y, que “estos tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial no debe ejercerse por una sola persona, ni por una sola corporación”.

6. El principio de la división o separación de poderes en México, entraña la imputación de la capacidad jurídica para realizar esos distintos tipos de actos de autoridad entre diversos órganos del Estado, o sea, la distribución de las tres funciones de imperio entre ellos, sin que su ejercicio pueda reunirse o concentrarse en un solo órgano estatal.

7.- De acuerdo con los antecedentes históricos, la organización del gobierno mexicano, determinó que la mejor forma de gobierno radica en la desconcentración de los poderes, es decir en su división, lo que quedó establecido en el artículo 40 constitucional que al respecto refiere:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

8.- De ahí que en dichos artículos constitucionales se establezcan las bases para la creación de una democracia popular, donde el derecho positivo plasmado en su Carta Magna prevea que la soberanía recae sobre el pueblo, quien en todo momento puede optar por la forma de gobierno que mejor le parezca, circunstancias que hasta este momento no han sido trastocadas en lo absoluto.

9.- Se ha hecho referencia a las corrientes doctrinarias del derecho natural (iusnaturalismo) y a la diversa que impera en el principio de legalidad del derecho actual, nos referimos al positivismo. Este último, ha sido la base en la que se ha regulado la legalidad de nuestro derecho mexicano, al grado incluso, de que para que los derechos humanos sean considerados garantías, tienen que estar reconocidos en la Ley Suprema (derecho positivo)1, en ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no demerita la calidad y validez del Pacto por México y su esfuerzo inmejorable por construir un país con mayores oportunidades, pero también los senadores integrantes del PRD solicitamos se respete la investidura del Poder Legislativo, su agenda y los acuerdo legítimos que de ella emanan.

Por lo tanto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

Punto de acuerdo

UNICO: Se solicita respetuosamente al Presidente de la República mexicana y al Consejo Rector del Pacto por México que adecuen sus propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto desarrollo definido por las Cámaras del Congreso de la Unión.

México, D.F., a 22 de mayo de 2013.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

Del C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a no realizar eventos masivos de carácter cultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando existan riesgos para la salud de la población derivados de las malas condiciones ambientales, Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A NO REALIZAR EVENTOS MASIVOS DE CARACTER CULTURAL, ARTISTICO, DEPORTIVO O RECREATIVO, CUANDO EXISTAN RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION DERIVADOS DE LAS MALAS CONDICIONES AMBIENTALES.

"C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Quien suscribe, Ricardo Astudillo SuArez, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El aire limpio está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno, en pequeñas proporciones se puede encontrar vapor de agua y dióxido de carbono. La contaminación del aire proviene de la adición de sustancias emitidas a la atmósfera, que causan un desequilibrio en la composición original.

El aire contaminado contiene gases, polvos, olores y humos en grandes cantidades, que dañan la salud de las personas, animales y plantas. Existen dos tipos de contaminantes:

1.-Los que son arrojados directamente a la atmósfera como resultado de un proceso de combustión se llaman contaminantes primarios, estos son el dióxido de azufre, monóxido de carbono, vapores de combustibles y solventes, plomo y partículas suspendidas.

2.- Una vez en el aire, algunos contaminantes primarios reaccionan con otros compuestos y forman contaminantes de igual o mayor toxicidad, estos se denominan contaminantes secundarios, como el ozono, el dióxido de nitrógeno y algunos tipos de partículas.

A nivel nacional, la contaminación atmosférica se limita a las zonas de alta densidad demográfica o industrial. Las emisiones anuales de contaminantes en el país, son superiores a 16 millones de toneladas, de las cuales 65% son de origen vehicular.

En la ciudad de México se genera 23.6% de dichas emisiones, en Guadalajara el 3.5%, y en Monterrey el 3%, los demás centros industriales del país genera el 70%.

La transformación que sufre el aire causada por el humo generado por las industrias, el transporte urbano, automóviles, quema de basura, derrames de petróleos, residuos de químicos, es un peligro latente para el ser humano. El principal riesgo que se corre es al respirar, pues las partículas quedan atrapadas en la mucosa que recubre las paredes de la tráquea y por medio de la saliva son llevadas al interior del cuerpo; así como el aire que se respira por la nariz, llega directamente a los pulmones, etcétera. Inmediatamente los síntomas de malestar se reflejan en tos, nariz reseca, sangrado nasal, irritación en ojos, etc.

En cuanto a las muertes causadas por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aíre, el Instituto para Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, indica que durante el período 1990-2000, México alcanzó una tasa de 15.58 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras quede 2000 a 2010 ésta se elevó a 18 decesos por cada cien mil habitantes.1

En este mismo sentido, según datos del Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, en el país cada año mueren 14 mil 734 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aíre.2

Asimismo, en el Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas 2000-20093,publicado en 2011, se señala que además de la mortalidad, los efectos de la contaminación ambiental suponen costos considerables para la sociedad. Por ejemplo, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que la contaminación atmosférica representó los mayores costos ambientales en 2009, al ubicarse en 520 mil 300 millones de pesos lo que equivale a 4.4% del producto interno bruto.

Al registrarse una emisión de contaminantes severa, se aplican una serie de medidas para reducir los niveles de contaminación en el aire, ya que esta puede poner en riesgo la salud de la población en general. Cuando la ciudad registra estos niveles, es entonces cuando se activa una contingencia.

En la Ciudad de México, cuando la calidad del aire es muy mala, se inicia una precontingencia. Esto implica la suspensión de cualquier actividad al aire libre que exponga a la población, se restringe el tránsito a vehículos que no porten holograma “Cero” o “doble cero”, además de las restricciones vehiculares del programa “Hoy no circula”. De igual manera se prohíbe la quema de cualquier material sólido o líquido a cielo abierto, y se restringen los servicios urbanos de pavimentación y bacheo.

Cuando la calidad del aire es extremadamente mala, inicia entonces la Contingencia Fase I, ya que existen graves riesgos para la salud de la población en general. Entre las principales medidas, además de las ya mencionadas en la fase de precontingencia, se lleva a cabo un programa de vigilancia epidemiológica para monitorear los efectos en la población.

Sin embargo, el pasado 12 de mayo aun con los altos niveles de contaminación que obligaron a la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), a extender la fase de precontingencia ambiental por tercer día consecutivo, el Gobierno de Distrito Federal (GDF), permitió el desfile de unos seis mil motociclistas, cuya sede de encuentro fue en el Zócalo Capitalino.

El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, argumentó motivos económicos y la ocupación hotelera para no cancelar la rodada de los motociclistas.

De igual manera, se llevó a cabo un concierto masivo que se calcula concentró cerca de 100 mil personas en el Zócalo, ya que según la Comisión antes referida, las condiciones atmosféricas habían cambiado en unas cuantas horas y no existía riesgo para desarrollar dicho evento.

Consideramos que no se deben autorizar ningún tipo de evento si existe el más mínimo riesgo para la población, y mucho menos argumentando cuestiones económicas.

Al respecto, en el Partido Verde hemos hecho muchas propuestas legislativas que buscan combatir la contaminación ambiental, y es por lo anterior que sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a no realizar eventos masivos de caráctercultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando existan riesgos para la salud de la población derivados de las malas condiciones ambientales.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez".





 

De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la infección de Rickettsia se está extendiendo, particularmente el gobierno de Sonora, a promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS SECRETARIAS DE SALUD DE LOS GOBIERNOS EN DONDE LA INFECCION DE RICKETTSIA SE ESTÁ EXTENDIENDO, PARTICULARMENTE EL GOBIERNO DE SONORA, A PROMOVER CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y OBSERVACION DE ANIMALES QUE COMUNMENTE ALOJAN GARRAPATAS

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTE A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A LAS SECRETARIAS DE SALUD DE LOS GOBIERNOS EN DONDE LA INFECCION DE RICKETTSIA SE ESTA EXTENDIENDO, PARTICULARMENTE, EL GOBIERNO DE SONORA, Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE SONORA, A PROMOVER CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y OBSERVACION DE ANIMALES QUE COMUNMENTE ALOJAN GARRAPATAS PARA INHIBIR LA ENFERMEDAD QUE SE ESTA EXTENDIENDO PARTICUALRMENTE EN EL ESTADO DE SONORA Y A MANTENER INFORMADA A ESTA SOBERANIA DEL PROCESO DE ESTA ENFERMEDAD, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Rickettsia es una enfermedad causada por un microorganismo que comparte características tanto de las bacterias como de los virus. Las rickettsias normalmente viven en parásitos, garrapatas, pulgas y piojos y se transmiten a los humanos a través de las picaduras de estos insectos (No se transmite directamente de persona a persona). Una infección por rickettsias puede causar fiebre, erupción cutánea y malestar. Debido a que esta erupción característica no suele aparecer durante varios días, es difícil establecer un diagnóstico precoz. La infestación producida por pulgas o piojos o una mordedura de garrapata previa, particularmente si se ha producido en una área geográfica en la que la rickettsiosis es frecuente (endémica), es un dato importante a la hora de establecer el diagnóstico. El diagnóstico de una infección por rickettsia puede confirmarse identificando el organismo en cultivos especiales de muestras de sangre o tejido, identificando el organismo con el microscopio, utilizando ciertas tinturas (tinturas colorantes), o bien identificando anticuerpos contra el organismo en una muestra de sangre.

La infección por rickettsia responde rápidamente al tratamiento precoz con el antibiótico cloranfenicol, o bien tetraciclinas (siendo éste el tratamiento empírico de elección), que se administran por vía oral.

2.- Sergio Olvera Alba, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que Sonora ocupa el quinto lugar nacional en casos de rickettsia y en lo que va de este año, aumentaron las defunciones en un 200 por ciento por esta causa. En 2013, se han presentado 36 casos en 12 municipios y seis defunciones ya documentadas. Los últimos seis fallecimientos se han registrado en cinco municipios del estado, dos de éstos en Hermosillo, uno en Cajeme, otro en Navojoa, uno más Guaymas y otro en Empalme. Los 36 casos de rickettsia se concentran en 12 municipios del estado, entre los que destaca Hermosillo con diez casos y Cajeme con siete casos. Los municipios de Navojoa, Álamos y Huatabampo reportan tres casos cada uno; en Empalme, Nogales y Bácum son dos casos por municipio y un caso en Guaymas, Cananea, Agua Prieta y Ures, respectivamente.

Ante esta situación, el director de epidemiología pide estar atentos a los síntomas de la rickettsia, la cual se trasmite por la mordedura de una garrapata infectada.

La rickettsia, también conocida como fiebre manchada ha sido la causa de que 22 personas en su mayoría menores de edad originarios de todo el estado, hayan presentado afectaciones graves a su salud y que 5 de ellos hayan perdido la vida a causa de la infección derivada de la mordedura de la garrapata.

El secretario de salud, José Jesús Bernardo Campillo García, indicó que para evitar que los parásitos cómo garrapatas continúen enfermando a las personas, la dependencia estatal está trabajando con campañas de información para la ciudadanía sobre los factores de riesgo de padecer dicha enfermedad.

Comunicó que en la Red Sonorense de Municipios Saludables las campañas de promoción a la salud y de prevención de enfermedades son permanentes. Francisco Javier Navarro Gálvez, director general de Servicios de la Salud a la Comunidad, indicó que la letalidad de la enfermedad varía según el tiempo en el que se detecta el cual es proporcional a la cantidad de infección que ingrese al cuerpo humano.

3.- Estos considerandos dejan ver que los efectos de esta enfermedad están siendo confrontados debidamente y que hay campañas de atención a la sintomatología que suele ser oscura los primeros días; sin embargo esta soberanía pretende erradicar la morbilidad de esta enfermedad atacando a las causas que, según estudios, vienen de insectos como garrapatas y piojos que se alojan en animales. Por lo que las campañas de salud deberían extenderse y enfocarse a los animales en los que la garrapata se aloja. Una campaña de desinfección, de limpieza desde las instituciones y campañas a tener a las mascotas limpias y en observación es un punto a agotar para inhibir la expansión de esta enfermedad.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A LAS SECRETARIAS DE SALUD DE LOS GOBIERNOS EN DONDE LA INFECCION DE RICKETTSIA SE ESTA EXTENDIENDO, PARTICULARMENTE, EL GOBIERNO DE SONORA, Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE SONORA, A PROMOVER CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y OBSERVACION DE ANIMALES QUE COMUNMENTE ALOJAN GARRAPATAS PARA INHIBIR LA ENFERMEDAD QUE SE ESTA EXTENDIENDO PARTICUALRMENTE EN EL ESTADO DE SONORA Y A MANTENER INFORMADA A ESTA SOBERANIA DEL PROCESO DE ESTA ENFERMEDAD.

Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013”.





 

De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo sobre transporte público para discapacitados.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE TRANSPORTE PUBLICO PARA DISCAPACITADOS.

"RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La discapacidad física de las personas no es una condición de un grupo indefenso o invisible; algunos nacen con padecimientos o deficiencias, pero cualquiera puede adquirirlos en algún accidente o enfermedad a lo largo de su vida.

En nuestro país, es común ver en las calles a personas con alguna limitación física; gente en silla de ruedas o con bastón, o perros guía, y todos ellos realizando sus actividades diarias en la vía pública.

En México existen 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad según datos del INEGI de acuerdo al censo de población del 2010, lo que representa 5.1% de la población total.

Desgraciadamente existen muchas dificultades que enfrentan estas personas para poder utilizar transporte público, ya que lo hacen con apoyo de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas, lo cual eventualmente es desmotivante y frustrante.

Existe muy poca inversión y atención de las autoridades, lo cual agrava la situación y se ve reflejado en la falta de elevadores, rampas, escaleras eléctricas y desniveles en pasillos y trasbordos, en los medios de transporte público de todas las Entidades Federativas de nuestro país.

La falta de mecanismos útiles para gente con algún impedimento físico es preocupante, no puede ser posible que en uno de los medios de transporte públicos con más demanda, el metro del Distrito Federal, el cual cuenta con 175 estaciones y 11 líneas; solamente en6 estaciones cuenten con rampas para sillas de ruedas, y solo 35 tienen guías en sistema Braille para invidentes, al igual que guías de suelo para facilitar el abordaje de estas personas.

En el país es casi inaccesible que las personas con alguna discapacidad tengan la facilidad de desarrollarse; la infraestructura del transporte público es insuficiente e ineficaz para hacer sencillo el tráfico de dichas personas, existe una gran cantidad de barreras, por ello no debe ser visto como un tema irrelevante y se debe trabajar para tener una infraestructura adecuada en transportes públicos.

No podemos permitir que esta situación siga pasando desapercibido por las autoridades de cada entidad, sobre todo en el Distrito Federal, el metro debe funcionar para toda la población, sin restricciones a nadie, además debemos exigir en cada una de las entidades este derecho que tenemos todos los mexicanos de un transporte público eficaz, seguro y sin discriminaciones, que facilite la vida a las personas y además les beneficie económicamente.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a que se implementen acciones de inversión a la brevedad para mejorar la infraestructura de todos los medios de transporte públicos del país, para de esta manera permitir a todas las personas con discapacidad tener acceso y un buen servicio en todos los transportes públicos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013".





 

De los CC. Diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz y Silvano Blanco Deaquino, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de PEMEX y al Secretario de Energía, a fin de que expliquen la actuación de Petróleos Mexicanos en los contratos relativos a la construcción de flóteles y remolcadores, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX Y AL SECRETARIO DE ENERGIA, A FIN DE QUE EXPLIQUEN LA ACTUACION DE PETROLEOS MEXICANOS EN LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE FLOTELES Y REMOLCADORES

Los suscritos, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de octubre de 1977 el Ejecutivo Federal presentó ante esta Soberanía Iniciativa de Reformas y Adiciones a diversos numerales de la Ley Fundamental, entre ellos, al artículo 93 y en la parte conducente de exposición de motivos señalaba:

Con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega el artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo, que, en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de que cualquiera de las dos Cámaras pueda integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores. Esta facultad se traducirá en nuevos puntos de equilibrio entre la Administración Pública y el Poder Legislativo.

Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal; éste será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten. De esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo, relativas a la dirección del sector paraestatal de la Administración Pública, sin que resulte quebrantado el principio de separación de poderes.

Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputadosen lo conducente de su Dictamen de fecha18 de octubre de 1977 sostenían:

La medida es altamente saludable. Es una expresión más de la colaboración de los Poderes y de su corresponsabilidad para resolver con eficacia aspectos trascendentales de la administración pública y por lo consiguiente, merece la opinión aprobatoria de las Comisiones dictaminadoras.

En la discusión del artículo 93 constitucional1,Ifigenia Martínez de Navarrete2 sostenía que dicha adición al citado numeral representabauna magnífica oportunidad para establecer y fortalecer una auténtica función de fiscalización, evaluación y vigilancia por parte de las Cámaras en el sector paraestatal.

El Constituyente Permanente considero que con la adición al artículo 93 constitucional esta Soberanía coadyuvaría en las tareas de supervisión y control que realiza el Ejecutivo Federal sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal y sin quebrantar el principio de separación de poderes.

En suma, establecer y fortalecer una auténtica función de fiscalización, evaluación y vigilancia por parte del legislador ordinario enel sector paraestatal.

Que atento a lo anterior y en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 constitucional y encontrándonos en dicha hipótesis, esta Representación Nacional puede aprobar la creación de la Comisión de Investigación para conocer la actuación Petróleos Mexicanos en relación con los contratos relativos a la construcción de floteles y remolcadores.

Al respecto nos permitimos señalar los siguientes:

ANTECEDENTES

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo a su regreso de una breve gira a México anunció un “principio de acuerdo” con Petróleos Mexicanos para que el sector naval Gallego construya barcos; JavierGuerra consejero de la Industria en aquél país, señaló en una presentación que podrían cerrar “cinco operaciones”3enmarcadas en un acuerdo estratégico entre la paraestatal y Galicia.

El Secretario General del PS de Galicia, en España, Pachi Vázquez, solicitó copia de dicho documento.4

Los medios españoles criticaron a Alberto Núñez Feijóo por el hecho de elevar una solicitud de presupuesto a la categoría de “ampliación de acuerdo” entre la paraestatal y el Gobierno Gallego.5

Que a su vez, representantes de la Confederación de Empresarios (CEG) y de la Patronal de metal (Asime) requirieron los acuerdos de la Xunta con Pemex para la construcción de varios remolcadores en Galicia.6

El 19 de septiembre Alberto Núñez Feijóo presentó la “firma de contratos” para la construcción de dos floteles para la paraestatal en losastilleros de Navatia Ferrol y de Barreras; se habló de una inversión de 380 millones de dólares.7

José Manuel Carrera8 explicó a la prensa gala que la firma de dicho acuerdosupone “pasar de las intenciones a los hechos”, añadiendo que la petrolera mexicana pretendía “seguir profundizando” en su alianza con Galicia y anunció la creación de una base logística en el puerto coruñes de Langosteira y que estaba pendiente la adjudicaciónde 14 remolcadores a los que también aspiraban los astilleros gallegos; siete de ellos se construirían en Galiciay el resto se ejecutarían en México, con participación gallega.9

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en España anunció la posible construcción dedos barcos y la reparación de otro.10

Que por su parte los medios de comunicación nacionales hicieron pública la inversión de Pemex en España sin que se haya informado a su Consejo de Administración; dos consejeros profesionales confirmaron que ni siquiera el Comité de Estrategias e Inversiones fue consultado e informaron que la operación se firmó sin haber realizado una licitación pública internacional y que por el monto de la operación ésta debería ser autorizada por la SHCP y el CEI.

Agregaron, que se desconocía el origen de los recursos con los que se pagarían dichos contratospues no se sabe si se financiarían a través de recursos presupuestarios o contratación de deudao dinero de caja de la paraestatal.11

Que por su parte, la “Xunta Electoral” de Galicia consideró una infracción a la Ley Electoral que el presidente Alberto Nuñez Feijóo asistiese a la firma del acuerdo entre Pemex y los astilleros de Navatia y Barreras en periodo electoral en aquella demarcación.12

Asimismo, Pemex comunicó en su página web sobre el proceso de renovación de su flota, indicando que en el marco de negociaciones para la contratación de buques PMI “identificó oportunidades altamente competitivas en Galicia para proveer servicios de alojamiento para el personal de plataformas PEMEX Exploración y Producción”13.

El Director de Pemex explicó que no se realizó una licitación pública internacional para la construcción de dos plataformas habitacionales porque las contrataciones de licitación internacional en México daban sobreprecios de 30% y rechazó que se haya firmado un “contrato formal” aclarando que no se haría hasta que el Consejo de Administración lo aprobara.

Que manifestó también que la figura que se utilizó es un “contrato de condiciones suspensivas” y aclaró que se recibirían ofertas de distintos astilleros del mundo para elegir las condiciones más competitivas y convenientes.

Aunado a lo anterior, se reveló que la operación se realizó a través de una filial de PMI Comercio Internacional, que se encuentra fuera de la jurisdicción de las leyes mexicanas.

Por su parte, Ignacio Quezada Morales, Director Corporativo de Finanzas de Pemex, aseguró que en el proceso de asignación fueron notificados los consejeros, conforme a los lineamientos que ellos mismos establecieron en el Consejo y sostuvo queles notificó en los tiempos pertinentesa través de Comité de Estrategia e Inversiones.14

El Director de Pemex reiteró que “no hafirmado nada de los floteles”, y quelo ya firmado cuenta con “cláusulas suspensivas”.

El diario El país destaca que aunque esa afirmación es cierta, es incompleta pues fuentes de la petrolera insisten en que no es Pemex sino PMI, su filial de comercio internacional, la que ha firmado los contratos para luego poner los barcos a disposición de Pemex.15

La paraestatal reconoce que se firmó un “Memorándum de Entendimiento de Colaboración con la Xunta de Galicia”.

El presidente del gobierno regional de Galicia y candidato a la reelecciónAlberto Nuñez Feijóo, garantizólos contratos y recordó que se habían firmado con “luz y taquígrafos” para la construcción de dos barcos hotel, y ratificóla firma de dichos contratos el pasado 19 de septiembre, mismos que fueron suscritos por el Consejero delegado de Pemex Internacional de España, José Manuel Carrera y que él mismo presidió.16

El titular de la Secretaría de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, Jordy Herrera afirmó desconocer el contenido de los referidos documentos.

Ramón Aguirre, presidente de las Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en España mostróde manera pública el contrato firmado con Pemex por un valor de 380 millones de dólares. El documento se mostró parcialmente a los voceros de la Comisión de Presupuestodel Congreso de los Diputados de ese país. El propio Aguirre justificó el secretismo al decir “es una de las condiciones impuestaspor la dirección de Pemex”.17

Luego de que los Consejeros Profesionales de Pemexenviaran una segunda carta al Director de la paraestatal donde solicitaron aclarar la posición de la misma frente al proyecto de Galicia, así como las fechas en que pasará por la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios (CAOS) de Pemex Exploración y Producción se anunció que se convocaría a una licitación para la renovación de su flota que incluye la construcción de dos floteles, dicha licitación se llevaría a caboen el primer trimestre de 2013.18

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en España asegura en una comparecencia en el Senado que los contratos de los floteles “existe, son privados y sujetos a la confidencialidad propiade un contrato privado entre Pemex y los astilleros de Vigo y Navartia”. La supuesta alianza estratégica rubricada entre Pemex y la comunidad autónoma de Galicia levanta polémica en esa región ante el oscurantismo y falta de trasparencia.19

En una entrevista de Alberto Núñez Feijóo con la emisora de radio Cadena mencionó que las alianza estratégica de Pemex con Galicia implica que la primera estaría dispuesta a realizar al menos cuatro inversiones millonarias: la de los dos hoteles flotantes por 380 millones de dólares, (ya en marcha a nivel técnico y administrativo); la construcción de una base logística en el puerto de Langosteira en Coruña para utilizar como base de operaciones en Europa para los próximos 35 años y que suponen una inversión entre 70 y 100 millones de dólares; y la contratación de los astilleros gallegos para la y construcción de al menos siete de los catorce remolcadores que pretende renovar la paraestatal calculados en al menos 50 millones de dólares además de otros siete.20

El Presidente español Mariano Rajoy ratificó que los contratos fueron firmados por el consejero delegado de Pemex Internacional en España, José Manuel Carrera, el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre y el administrador y accionista mayoritario del astillero Barreras, José García Costa y mencionó que él mismo forjó dicho acuerdoen el viaje que realizó a Méxicoen abril.21

Por su parte,Peña Nieto en su visita a España, manifestó que hacía patente su confianza a ese país y que dichos acuerdos “traerán beneficios mutuos”22 . “Mi gobierno habrá de continuar las gestiones iniciadas por PEMEX, entendemos que el acuerdo genera condiciones favorables para todos, es un ganar ganar”.23 Explicó que apoyaba continuar con los acuerdos porque con la información que disponía “derivarían en beneficios mutuos tanto para la parte contratada como para la paraestatal”.24

José García Costas, presidente del astillero gallego Hijos de J, Barreras reconoció que el contrato firmado por Pemexsupondríala unidad más cara en la historia de la compañía, aunque no quiso confirmar la cantidad exacta de la operación pues la paraestatal mexicana exigió una cláusula de confidencialidad en la que prohibió dar a conocer el contenido del acuerdo25.

Todo lo anterior, es una síntesis de lo que dieron cuenta sobre este tema los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Veamos las siguientes:

CONSIDERACIONES JURIDICAS

El Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos26.

Al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos le corresponde determinar la estructura organizacional y operativa para la mejor realización del objeto y actividades del organismo en su ámbito técnico, comercial e industrial27.

Los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, son organismos descentralizados con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con el objeto de llevar a cabo las actividades en las áreas estratégicas de la industria petrolera estatal; así define su naturaleza el ordenamiento jurídico.

Asimismo, dichos organismos funcionarán de manera coordinada, consolidando operaciones, utilización de recursos financieros, contabilidad general e información y rendición de cuentas, según lo acuerde el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

La estructura organizacional y operativa de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios deberá atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales; la simplificación de procesos; evitar duplicidad de actividades; ser eficiente y transparente, así como adoptar las mejores prácticas corporativas.

Que a su vez, en el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el Director General buscarán en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, y el impulso de la ingeniería mexicana; entre otros objetivos.28

Al Consejo de Administración le corresponde la conducción central y la dirección estratégica de Pemexy sus organismos subsidiarios29, así como velar que los intereses de los organismos subsidiarios y de sus filiales sean congruentes con los de la paraestatal.

Asimismo, le corresponde aprobar, previa opinión del Comité de Estrategia e Inversiones, los proyectos y programas de inversión, así como los contratos que superen los montos que se establezcan en las disposiciones que emita para tal efecto30.

Luego entonces, el CEI tendría que haber emitido una opinión en relación con los contratos de construcción de floteles y remolcadores y una vez emitida la misma, el Consejo de Administración debió aprobar o no los mismos.

Cabe destacar que en la Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos presentada por el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República el 8 de abril de 200831 se expresaba en su parte conducente:

...el Poder Ejecutivo Federal a mi cargo busca respetar cabalmente los lineamientos constitucionales mencionados y promover un marco jurídico moderno y adecuado para Petróleos Mexicanos, persiguiendo tres objetivos principales:

1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;

2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y

3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.

...

Que si atendemos a dichos objetivos para fortalecer el régimen de gobierno corporativo, reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión, éstos, han sido quebrantados, pues,los contratosrelativos a la construcción de floteles, demuestran todo lo contrario.

Al fundamentar las iniciativas en materia energética ante la Comisión Permanente el 23 de julio del año 200832 el ex senador Manlio Fabio Beltrones sostenía:

...sí a la modernización y fortalecimiento de Pemex...

Afirmamos que PEMEX requiere transparentar de manera absoluta los contratos con particulares, registrando todos éstos en el Congreso y en la Secretaría de la Función Pública, y sometiéndolos al escrutinio público en Internet...sin opacidad, apegados a normas y resultados.

Para reforzar el nuevo gobierno corporativo de PEMEX, se constituyen Comités del Consejo de Administración que darán más eficacia y profundidad a las tareas del órgano de gobierno. ...

El posicionamiento del PRI pugnaba para que se transparentaran de manera absoluta los contratos, sin opacidad, apegados al ordenamiento jurídico de la materia. En este sentido fueron socavados con los contratos relativos a la construcción de floteles, amén de que los comités de apoyo al Consejo de Administración hayan sido omisos en sus atribuciones.

Que no dejamos de señalar que en el Dictamen de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores33 a las iniciativas en materia energética de 20 de octubre de 2008, se sostenía:

En este sentido, existieron coincidencias respecto a que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en algunos aspectos son inapropiadas para Petróleos mexicanos; sin embargo, debe cuidarse qué se está planteado como régimen específico para la paraestatal, en las actividades que son estratégicas y, en particular, que no se abandonen los mecanismos de licitación pública o no abusar en los supuestos en los que éste no es idónea.

El diálogo parlamentario permitió alcanzar un acuerdo para el establecimiento de un régimen específico, más no excepcional, en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las actividades estratégicas que realiza Petróleos mexicanos, que se adecue a la actividad productiva e industrial en materia de hidrocarburos.

Estas dictaminadoras asumen que es conveniente una nueva Ley para PEMEX que favorezca la operación más eficiente con una estructura acorde con los tiempos actuales y los desafíos de una actividad que a nivel internacional, pero particularmente para México cada vez son más inciertos; que fortalezca especialmente al Consejo de Administración como órgano superior de gobierno y que haga más transparentes las operaciones y actividades de Petróleos Mexicanos.

En virtud de que se propone un nuevo esquema de control y vigilancia de Petróleos Mexicanos, se discutió que no pueden transferirse las atribucionesde la Secretaría de la Función Pública en esta materia a los comités de Auditoría y Evaluación del Desempeño o al de Transparencia y Rendición de Cuentas. Sin embargo, los Senadoreshan considerado que el funcionamiento de dichos comités será fundamental para mejorar el desempeño de Petróleos Mexicanos en los aspectos financiero y operativo general, y el ejercicio de la rendición de cuentas ante la sociedad. En el mismo sentido, los informes específicos definidos por la Ley deben ser sumamente destacables, sin que por ello se olvide que Petróleos Mexicanos seguiráestando sujeto a la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Si el ejercicio de sus funciones la Secretaria de la Función Pública y el Órgano Interno de Control detectan situaciones que impacten en el desempeño o en el cumplimiento de las metas, objetivos y programas del organismo, lo harán del conocimiento del Comité de Auditoría y Evaluación delDesempeño, a efecto de que determine el inicio o continuación de las auditorias correspondientes.

Los procedimientos de responsabilidades administrativas que se tramiten, en términos de lo que establece la Ley de la materia, contra servidores públicos de Petróleos Mexicanos yde los organismos subsidiarios deberán substanciarse y resolverse por el Órgano de Control Interno de Petróleos mexicanos.

En suma, el legislador ordinario estableció un régimen específico en las actividades estratégicas y sin abandonarlos mecanismos de licitación pública.

Consideraron conveniente también, un nuevo ordenamiento jurídico para PEMEXy especialmente que fortaleciera al Consejo de Administración como órgano superior de gobierno yque como tal hiciera más transparentes las operaciones y actividades de Petróleos Mexicanos.

El legislador ordinario al crear los comités de Auditoría y Evaluación del Desempeño, así como el de Transparencia y Rendición de Cuentas, les otorgó atribuciones para mejorar el desempeño de Petróleos Mexicanos en los aspectos financiero y operativo general, y el ejercicio de la rendición de cuentas ante la sociedad.

Como puede advertirse, tales objetivos o fines parecen olvidados en Petróleos Mexicanos.

El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos34 reitera que el Consejo de Administración y el Director General buscarán en todo momento la creación de valor económico en beneficio de la sociedad mexicana, tomando en cuenta los demás objetivos previstos en el artículo 7 de la Ley35.

Que el Reglamentocitado, insiste en que la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, corresponde al Director General así como la instrumentación, ejecución y supervisión de las políticas y acuerdos aprobados por el Consejo de Administración.36

Corresponde también al Director General el coordinarlas acciones correspondientes a la planeación estratégica y la inserción a la misma de los Organismos Subsidiarios37.

Ahora bien, el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos a la letra dice:

Artículo 36.- La jerarquización de los programas y proyectos de inversión del portafolio de inversiones de los Organismos Descentralizados se realizará conforme a los criterios que establezca el Consejo de Administración, tomando en cuenta los objetivos, metas y requerimientos de inversión de dichos organismos.

Con base en lo anterior, cada organismo subsidiario será responsable de integrar su propuesta de portafolio y cartera a su cargo, asignando el presupuesto que le fue aprobado entre los programas y proyectos de inversión.

Se deduce de lo anterior, que corresponde al Consejo de Administración la jerarquización de los programas y proyectos de inversión del portafolio de inversiones de los Organismos Descentralizados atendiendo a los criterios que establezca el Consejo de Administración, tomando en cuenta los objetivos, metas y requerimientos de inversión de dichos organismos.

Que cabe destacar que en la sesión 838 ordinariadel Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos del 24 de febrero de 2012 se aprobaron los Lineamientos para la aprobación de las Transacciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Participadas38.

En elAcuerdo CA-013/2012 donde se aprueban los Lineamientos dice textualmente:

Cuando una transacción estratégica requiera el uso de recursos presupuestariosse deberá cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

La Administración informara al Consejo de Administraciónpor conducto del Comité de Estrategia e Inversiones, en forma anual o, en su caso, cuando le sea requerido por algún Consejero, sobre las transacciones que se realicen en términos de estos lineamientos.

Como se puede observar, además de que una “Transacción Estratégica” deba cumplir con la normatividad aplicable, también el Director General de Petróleos Mexicanos deberá informar al Consejo de Administración, porconducto del CEI o cuando le sea requerido por algún Consejero, sobre las transacciones que se realicen en términos de estos lineamientos.

Los Lineamientos estipulan en sus numerales 6, 7, 9 y 10 en su parte conducente señalan lo siguiente:

6.- REQUERIMIENTOS PARA APROBACION

Toda Transacción Estratégica que sea presentada al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos deberá contar con el visto bueno del Director General del organismo descentralizado que ejecutará la transacción, o bien, del Director General del organismo descentralizado que ostente la tenencia accionaria en la Empresa participada que ejecutará la transacción, quien manifestará por escrito su interés en que ésta sea sometida a aprobación.

Previo a su ejecución, las Transacciones Estratégicas, deberán cumplir con los siguientes elementos señalados:

Transacciones Estratégicas de Gran Magnitud y Alta Prioridad

1. Justificación del objeto de la operación estratégica y su relación con el Plan de Negocios vigente.

...Detalle de la composición del monto total (que puede ser multianual) de la transacción estratégica igual o mayor a USD$ 200 millones entérminos de valor presente neto.

7.- PROCESO DE APROBACION

El proceso de aprobación deberá realizarse conforme al tipo de operación estratégica de que se trate, de acuerdo a lo siguiente:

Transacciones Estratégicas de Gran Magnitud y Alta Prioridad

1. Propuesta de la Administración de Petróleos Mexicanos o del Organismo Subsidiario que ejecutará la transacción. Respecto a las transacciones de Empresas Participadas,se requerirá la propuesta delServidor Público o Mandatario respectivo.

2. Opinión del CEI, para lo cual deberá contar con los requerimientos aplicables para su aprobación.

a. El CEI decidirá remitir su opinión ya sea al Consejo de Administración de la entidad que ejecutará la transacción o, en los casos que así lo considere, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

3. Aprobación del órgano de gobierno que corresponda, en su caso.

a. Si la transacción se envía para aprobación a un órgano de gobierno diferente al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, la entidad ejecutora deberá informar para conocimiento a este último.

9.- PROCESO EXPEDITO

Para aquellas transacciones estratégicas que por su naturaleza sean de carácter confidencial y requieran de resolución inmediata, la administración podrá solicitar al Presidente del CEI a que convoque a reunión de ese comité en el menor tiempo que permita su reglamentación interna, y que durante dicha reunión se llegue a un acuerdo definitivo.

10.- INTERPRETACION

El CEI es la instancia encargada de interpretar estos lineamientos.

Derivado de estosLineamientos, en los numerales antes transcritos se puede afirmar que arriba a la conclusiónde que en los contratosrelativos a la construcción de floteles y remolcadores no se cumplió con los requerimientos y el proceso de aprobación de los mismos.

En un sistema constitucional como el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, éstassólo pueden hacer lo que la ley les permite,para actuar con competencia en términos del artículo 16de la Ley Fundamental.

Es decir, el Secretario de Energía, los miembros de los Consejos de Administración de Pemex y de PEP, los integrantes del Comité de Estrategia e Inversiones, Director General de Petróleos Mexicanos, los directores de losOrganismos Subsidiarios competentes, así como los delegados de Pemex en el extranjero, sólo deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas en el ordenamiento jurídico de la materia.

Luego entonces, quienes excedieron en sus atribuciones legales, por acción u omisión, con su actuar, han incurrido, desde nuestro personal punto de vista, en responsabilidades.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX Y AL SECRETARIO DE ENERGIA, A FIN DE QUE EXPLIQUEN CUAL HA SIDO Y CUAL ES LA ACTUACION DE PETROLEOS MEXICANOS EN RELACION CON LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE FLOTELES Y REMOLCADORES.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 22 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Silvano Blanco Deaquino.- Dip. Carlos Reyes Gámiz”.





 

Del C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se insta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad pública urgente y permanente para la ciudad de México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INSTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR Y ESTABLECER UN PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA URGENTE Y PERMANENTE PARA LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR ZONAS TURISTICAS Y DE CONCURRENCIA DE VISITANTES EXTRANJEROS.

"C. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

Quien suscribe, Ricardo Astudillo SuArez, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cualquier lucha tendiente a mejorar las condiciones sociales de colectividades tradicionalmente subyugadas, es un acto loable, pues aumentan el grado de civilidad a un nivel digno para la convivencia de un país.

Así, podemos destacar avances importantes dados por personas, para la humanidad, por ejemplo, las luchas obreras por los hermanos Flores Magón, en un contexto previo y precursor a la revolución mexicana; Emiliano Zapata, para procurar a los campesinos; Samuel Ruiz García, para asegurar la igualdad de grupos indígenas; Alejandro Solalinde,para contribuir a la dignificación de los migrantes centro y sudamericanos que atraviesan nuestro país para llegar a los Estados Unidos de América, etc.

A nivel internacional, es innegable el tamaño titánico en la historia universal, que cimbran nombres como el de Mahatma Gandhi, quien contribuyó para conseguir la independencia de un pueblo, como fue el hindú; el caso de Nelson Mandela y su lucha social y política en Sudáfrica y; desde luego, el hombre conocido con el nombre de Malcolm X, (Malcolm Little Norton), personalidad influyente, destacada y preminente para proveerle, a la colectividad minoritaria de los afroamericanos, respeto en los Estados Unidos de América. Malcolm X dignificó el género humano.

La descendencia de estas personas, implica la testificación vívida de que el esfuerzo del antecesor, trascendió y valió la pena, éstos refieren un poco la extensión de la gesta del héroe, atentar contra cualquiera de ellos además de ser impropio, es infame.

En la Ciudad de México, apenas el pasado 9 de mayo del presente año, Malcolm Shabazz, nieto de Malcolm X, se encontraba, en un establecimiento mercantil, el Bar Palace, sito por los rumbos de Garibaldi, en la Delegación Cuauhtémoc, departiendo con sus compañeros y al recibir una cuenta de su consumo, misma que no reconoció, los empleados de dicho centro de recreación le segaron la vida a golpes.

Lo anterior impactó de inmediato a los medios de difusión pública y trascendió a todas las latitudes del mundo1, dejando ver la gran inseguridad que se vive en la Ciudad de México, y el grado de intolerancia que se presenta incluso en establecimientos mercantiles, constituidos conforme a las reglas exigidas por el Distrito Federal.

“La ciudad de la esperanza”, no es tal, sino de la inseguridad, y tal vez de la intolerancia, si llega a demostrarse, como lo dice el diario el País ola Razón2, o el Universal3 o el Excélsior4, que el motivo de golpear a la persona fue concretar un timo en contra del extranjero, al quien seguramente, al saberlo afroamericano, se creyó más fácil de embaucar, volviéndolo así ensujeto pasivo del homicidio.

Sin duda, el asesinato del joven de tan sólo 29 años fue con saña en la “capital en movimiento”, lo cual ya es una vergüenza nacional.

Una vez más la Ciudad de México, genera una nota negativa, y ahora trasciende fronteras, seguramente este hecho concebirá por parte de las autoridades de diversos países, una alerta para sus ciudadanos, y el turismo que nos visita y que aporta importantes ingresos se verá reducido.

A diario conocemos de historias de bares, antros o supuestos lugares de “sano” esparcimiento, que operan con total impunidad, fomentando el consumo de bebidas alcohólicas entre menores, traficando drogas o personas, a plena luz del día, pero las autoridades locales están concentradas en otros temas de “mayor relevancia”, mientras a nuestra bella capital la gobiernan los hampones y los funcionarios corruptos.

Por todo lo anterior, nos permitimos remitir la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a diseñar y establecer un Plan de Seguridad pública urgente y permanente para toda la Ciudad de México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de visitantes extranjeros con el objetivo de garantizar su seguridad durante su visita.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo, en coordinación con todos los Órganos Políticos Administrativos; la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y, en su caso, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, supervisiones constantes de los establecimientos mercantiles en donde se tenga como prioridad la seguridad pública de todos los contertulios.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez".





 

De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de información claros y protectora de los grupos vulnerables como la infancia mexicana, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR APORTE SU PODER INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A UNA OFERTA Y PUBLICIDAD ALIMENTARIA DE NATURALEZA NUTRITIVA, SALUDABLE, POSEEDORA DE CONTENIDOS DE INFORMACION CLAROS Y PROTECTORA DE LOS GRUPOS VULNERABLES COMO LA INFANCIA MEXICANA

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTE AL JEFE DEL EJECUTIVO A GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDORAPORTE SU PODER INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A UNA OFERTA Y PUBLICIDAD ALIMENTARIA DE NATURALEZA NUTRITIVA, SALUDABLE, POSEEDORA DE CONTENIDOS DE INFORMACION CLAROS Y PROTECTORA DE LOS GRUPOS VULNERABLES COMO LA INFANCIA MEXICANA. LAS CONDICIONES SOLICITADAS SON: ABRIR UN PERIODO DE CONSULTA CON GRUPOS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ESTUDIOSOS DE LA NUTRICION, ASESORES INSTITUCIONALES, REPRESENTANTES POPULARES, GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE OBESIDAD, ENTRE OTROS PARA TRANSFORMAR LA LEGISLACION, EL PODER EJECUTIVO Y DE PROCURACION DE LA SALUD ALIMENTARIA DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN FAVOR DE LA SALUD MEXICANA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Existe un consenso básico que da motivo, vida, forma y sentido a la idea y a la materialización de las instituciones. Este acuerdo social sostiene que resulta viable para la convivencia civilizada que los procesos sociales, tienen que estar sometidos a una gobernabilidad, a una reglamentación que proteja, sancione, permita su desarrollo e impida que los intereses particulares dominen sobre los intereses comunes, sobre el maduro código de los derechos humanos, sobre las certezas patentes como puede ser una evidencia irrebatible.

2.- Hay diversos procesos en la experiencia social mexicana contemporánea en los cuales queda manifiesta la ausencia de una regulación explícita y eficiente. Tenemos un malestar social, un capital de argumentos especializado, estudios, análisis e incluso proyecciones que vienen señaladas en el anunciado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Nos referimos a la regulación de los productos alimentarios que han mostrado tener un grado de influencia importante en la aparición de una epidemia de obesidad en nuestro país.

3.- La Universidad Nacional Autónoma de México, como argumento básico, ha elaborado un producto diagnóstico fundamental que viene contenido y resuelto en 80 observaciones para abatir la epidemia de obesidad en México, una epidemia que debería detonar una alerta roja de salud, en ese texto se alude a productos entre ellos refrescos y alimentos cuestionados por su exceso de sal, aceites, conservadores, azúcares, productos alimentarios que necesariamente en un proceso de gobernabilidad debieron estar sometidos a una vigilancia, control y sanción continua. Tales alimentos deberían estar bajo resguardo de una procuración que defendiera a los consumidores finales, un resguardo eficiente, de tal manera que producto que se presente a la oferta pública y a la publicidad, producto sancionado bajo estándares de salud y de recomendaciones explícitas (tal como el cigarro y el alcohol,) según el público consumista. Esta procuración tendría que materializar objetivos que emite la Procuraduría Federal del Consumidor; a saber: Prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo; Fortalecer el poder de los consumidores brindándoles información y asesoría; Desarrollar proveedores conscientes e informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con los consumidores; Incidir en la política regulatoria y mantener actualizado el marco jurídico que tenga impacto en las relaciones de consumo; entre otros.

4.- En alusión a la Procuraduría Federal del Consumidor, hemos de señalar que esta institución, como todas, se encuentra en periodo de tránsito, dado el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y dada la situación de la obesidad en nuestro país que obliga a cambios sustantivos en sus políticas de regulación que han funcionado, incluso, como cultivos para la expansión de la obesidad. En palabras de un articulista del Diario 24 horas, Samuel García que comenta que “la PROFECO era una institución desgastada y con escasa confianza y credibilidad de los consumidores. Un organismo de regulación y supervisión débil con escaso respeto por parte de los grandes regulados y con una extendida fama de corrupción en sus delegaciones”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha suscrito dentro de algunas de sus líneas de acción: Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria y Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. Ello supone una Procuraduría del Consumidor con una legislación acorde a esa línea de fortalecer la rectoría de la autoridad, que se ha perdido respecto a la oferta de consumibles de riesgo.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EN CONGRUENCIA CON LAS LINEAS DE ACCION MANIFESTADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, RESPECTO A LA SALUD Y PARA AVANZAR HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD UNIVERSAL; PARA FORTALECER LA RECTORIA DE LA AUTORIDAD SANITARIA Y REDUCIR LA CARGA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, PRINCIPALMENTE DIABETES E HIPERTENSION, EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO A GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR APORTE SU PODER INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A UNA OFERTA Y PUBLICIDAD ALIMENTARIA DE NATURALEZA NUTRITIVA, SALUDABLE, POSEEDORA DE CONTENIDOS DE INFORMACION CLAROS Y PROTECTORA DE LOS GRUPOS VULNERABLES COMO LA INFANCIA MEXICANA. LAS CONDICIONES SOLICITADAS SON: ABRIR UN PERIODO DE CONSULTA CON GRUPOS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ESTUDIOSOS DE LA NUTRICION, ASESORES INSTITUCIONALES, REPRESENTANTES POPULARES, GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE OBESIDAD, ENTRE OTROS PARA TRANSFORMAR LA LEGISLACION, EL PODER EJECUTIVO Y DE PROCURACION DE LA SALUD ALIMENTARIA DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN FAVOR DE LA SALUD MEXICANA. .

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013”.





 

De los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instancias federales y estatales encargadas de los centros penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población en reclusión a fin de garantizar un derecho humano fundamental de las personas en situación de reclusión, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES ENCARGADAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN RECLUSION A FIN DE GARANTIZAR UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE RECLUSION.

"Ricardo MejIa BerdejayRicardo Monreal Avila, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Datos de la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en 2012, revelan que “en lo que se refiere a la atención por parte de los servicios de salud: 93% de los internos en Altiplano, 91% de Occidente, 78% de Norponiente, 83% de Islas y 95% de las internas en Rehilete, señalaron que han recibido atención de tipo preventivo como chequeos generales o vacunas y la mayor parte de los internos/as se muestran satisfechos con la atención de tipo preventivo que reciben.”

Pero, al analizar la calidad de la atención médica recibida cuando los internos presentan alguna enfermedad, en las cinco regiones se califica, en mayor porcentaje, entre regular, mala y muy mala; lo cual demuestra la evidente deficiencia de los servicios de salud en el interior de los centros.

Cabe destacar que “el centro que mejor atención médica brinda es el de Occidente, mientras que el resto de los centros, y particularmente Norponiente, presentan deficiencias importantes. En este último centro varios internos refirieron que han tenido que acudir a un amparo para recibir atención médica.”

Por otro lado, resulta importante considerar el tiempo que tardan los internos en obtener atención médica cuando así lo solicitan, “mientras en Occidente 23% de los internos señalaron que demoran entre 2 y 4 horas así como 44% dijeron que demoran entre 2 y 5 días, en Altiplano, en cambio, 40% de los internos señalaron que demoran un mes o más en recibirla y lo mismo dijeron 51% de los internos en Norponiente, 23% en Islas y 39% en Rehilete”.

De igual manera, la Encuesta revela la similitud entre las poblaciones de los centros federales y la del Distrito Federal y Estado de México, al encontrar que “mientras 26% de la población en centros federales considera que la atención médica es buena o muy buena, 23% opina lo mismo en los centros del Distrito Federal y Estado de México.

Sin embargo, 36% de los internos en centros federales opina que la atención médica es mala o muy mala mientras que 33% de la población en los centros del Distrito Federal y el Estado de México opina lo mismo.”

Además, es importante mencionar que prácticamente no existe información sobre las condiciones de salud y atención medica que reciben las personas internas en centros de reclusión estatales. Aunque es de suponer, que por la sobrepoblación que estos centros presentan, el tema de la salud de las personas internas, no forme parte de las prioridades a atender y se encuentren, por lo tanto, en condiciones médicas más complicadas.

En este sentido, el pasado 29 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presentó la recomendación 9/2013, dirigida a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, tras la investigación sobre nueve casos (una mujer y ocho hombres) de internos en penales de la Ciudad de México, quienes entre 2009 y 2011, fallecieron a causa de enfermedades mal diagnósticas y no atendidas por parte de las instancias correspondientes y uno más sobre un motociclista que sufre secuelas permanentes del accidente que sufrió y que no fue oportunamente atendido.

En tal recomendación, la CDHDF, concluye que fueron tres los derechos violados, el Derecho a la vida por negligencia médica, el Derecho a la salud y el Derecho a la integridad física.

Cabe hacer mención que hay poca sensibilización en la sociedad, pero especialmente entre autoridades y funcionarios, respecto a la protección y reconocimiento de los derechos humanos de las personas en reclusión, mismas que por estar en esa condición no pierden esos derechos pues son inalienables e inherentes al ser humano.

Una persona en reclusión pierde algunas prerrogativas, pero el gobierno debe tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y ejercicio de los derechos humanos fundamentales como el de la salud, el de la integridad física y a la vida, entre otros, de las personas que, en reclusión, están bajo su custodia.

En el tema de salud, es necesario tomar medidas urgentes para evitar que se sigan presentando casos que por falta de atención terminen en muertes que se pueden prevenir.

Por ejemplo, el caso del Penal del Saltillo, en donde, según información de la subsecretaría de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo dos veces por año se realizan brigadas al interior del centro y, salvo las autoridades lo requieran, se brindan más visitas las cuales, principalmente, se enfocan a servicios médicos preventivos.

Resulta importante considerar, que la existencia de estas nueve muertes por negligencia médica, no es exclusiva de la capital del país; lamentablemente estos hechos se replican a nivel federal y es de suponer que puede haber más por la falta de atención a la población en los diferentes centros de reclusión del país. Ello sin considerar que debe haber reclusos que presenten enfermedades que deterioren su ya de por sí mermada calidad de vida, o que les generen secuelas de por vida, por falta de atención médica.

En la recomendación a la que nos referimos de la CDHDF, con respecto al derecho a la salud, se determinó que fueron diez los elementos que provocaron el fallecimiento de las nueve personas y secuelas permanentes en el décimo caso; entre ellos la obstaculización o negativa al acceso a los servicios de salud; a proporcionar atención médica especializada; y la ausencia o carencia de personal médico.

Con base en la documentación de la investigación realizada por la CDHDF, se puede notar la falta de diagnóstico oportuno, una mala atención y práctica médica y la negativa de asegurarles los tratamientos y seguimiento adecuado por el mismo estatus legal en el que se encontraba.

De igual forma, se da cuenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de quienes atendieron a las nueve personas, motivo por el cual los puntos recomendatorios que la CDHDF hace a la Secretaría de Salud en el Distrito Federal se resumen en:

• La elaboración de un diagnóstico de la prevalencia de enfermedades por centro de reclusión para desprender un programa de atención médica especializada.

• Diseño e implementación de un procedimiento permanente de vigilancia que permita evaluar la puntualidad de la presentación de los internos pacientes a las consultas programadas.

• Adecuar los protocolos aplicados al interior de los centros de reclusión del Distrito Federal, para la vigilancia médica continua y oportuna de pacientes que ingresan a dichos centros inmediatamente después de ser dados de alta de algún hospital o centro de salud.

• Efectuar el registro detallado y completo de la atención hospitalaria, o cualquier servicio que proporcionen a las y los pacientes en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.

• Evaluar, estudiar y perfeccionar la eficiencia de los procedimientos relativos a la recepción, trámite y atención de quejas o peticiones de las personas internas o sus familiares relativas a la atención médica y medicamentos.

• Ampliar los cuadros básicos de medicamentos de las Unidades Médicas en reclusorios, de acuerdo con la prevalencia de enfermedades por centro de reclusión.

• Practicar de manera inmediata los estudios clínicos de los internos que así lo requieran para obtener un diagnóstico veraz y oportuno.

Si bien, la recomendación emitida por la CDHDF está referida a los sucesos previamente descritos, es fundamental que las autoridades de los diferentes niveles, tomen cartas en el asunto en los centros a nivel federal y estatales, y que se consideren los resolutivos señalados, pues contribuirá a mejorar las condiciones en que viven las personas en situación de reclusión.

Por tanto, y considerando lo establecido en el artículo primero constitucional sobre los derechos humanos y al cuarto constitucional, que a la letra refiere al derecho a la salud; mismos que no pueden ser violados bajo ninguna circunstancia y en el entendido que el Estado debe ser garante de los principios de la dignidad humana, proponemos a esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las instancias federales y estatales encargadas de los Centros Penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población en reclusión a fin de garantizar un derecho humano fundamental de las personas en situación de reclusión.

Dado en el Senado de la República, a 22 de mayo de 2013".





 

De los CC. Diputados Leticia Calderón Ramírez y Jorge Herrera Delgado, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a adoptar un programa de accesibilidad integral en favor de las personas con discapacidad, para su desplazamiento digno y seguro en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, mismo que se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A ADOPTAR UN PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA SU DESPLAZAMIENTO DIGNO Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO.







 

De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXTIENDE UNA CALUROSA FELICITACION A LA NUEVA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y A LA LEGISLATURA QUE INICIO SU GESTION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 14 de mayo de 2013, se instaló la Asamblea Nacional de la República de Ecuador para el período 2013-2017 y de entre sus 137 integrantes se eligió para presidirla a tres mujeres integrantes del Movimiento Alianza País.

La sesión fue presidida por la legisladora de Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, quien fue la candidata más votada en las elecciones del 17 de febrero del año en curso y, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) obtuvo 3´498,379 votos.

Alianza País cuenta con una mayoría absoluta de 100 escaños y por primera ocasión en el Ecuador tres mujeres dirigirán el Poder Legislativo, lo que sin duda alguna constituye un precedente importante no sólo en la República de Ecuador sino en el conjunto de los Parlamentos de la América Latina y El Caribe.

Gabriela Rivadeneira fue oficialmente elegida como Presidenta de la Asamblea Nacional, señalando que “asume este reto reconociendo la lucha histórica de las mujeres por la igualdad”. Rosana Alvarado fue proclamada primera Vicepresidenta y, en su intervención señaló que “es un momento histórico para la mujer ecuatoriana” y, en el caso de Marcela Aguiñaga, quien fue elegida como segunda Vicepresidenta “propuso un diálogo permanente para lograr consensos”.

Este avance de las mujeres en Ecuador es significativo para México, que adoptó la Plataforma de Acción aprobada en Beijing, la cual da cuenta de que las vidas de las mujeres deben examinarse en el marco social, económico y político de la sociedad, y no fuera de ese contexto. Así, la Conferencia de Beijing reafirmó que “la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”.

Además del Documento de Beijing, algunos instrumentos internacionales han afirmado el principio de la participación equitativa de la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Por ello, es de reconocerse a las tres ecuatorianas elegidas que han desarrollado su militancia en Alianza País, han ejercido distintos cargos públicos y asumirán por dos años “la responsabilidad de profundizar el proceso de transformación del país”.

La Asamblea Nacional de Ecuador está conformada para este período por 15 nacionales, seis por las circunscripciones del exterior (Estados Unidos y Canadá; Europa, Asia y Oceanía; y, América Latina, el Caribe y África) y 116 que representan a las 24 provincias del país de acuerdo a su división territorial.

Quienes conforman la Asamblea Nacional, han asumido sus cargos los cuales culminarán en el año 2017, con el reto de sacar adelante la reforma del Código Penal y la Ley de Comunicación, considerando que, el Gobierno encabezado por el Presidente Rafael Correa, mantiene cinco ejes de reformas de suma importancia: la revolución constitucional y democrática; la revolución ética; la revolución económica y productiva; la revolución educativa y de salud; y la revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.

La nueva Asamblea de Ecuador procederá, en conjunto con la Cancillería y la Presidencia de la República a organizar el acto de posesión para un nuevo mandato del presidente Rafael Correa, que tomará el próximo 24 de mayo, día Patrio de la República del Ecuador, en que se recuerda la Batalla del Pichincha.

Es de reiterar la importancia de las relaciones que México mantiene con Ecuador, las cuales datan de muchos años atrás, mismas que se han enriquecido a la luz de las relaciones comerciales y se fortalecen con los acuerdos emanados de las Reuniones de Mecanismo de Consulta en Materia de Interés Mutuo entre México y Ecuador, sobre todo considerando los Convenios y Acuerdos suscritos entre ambos países, partiendo de que México busca desarrollar nuevas iniciativas regionales, multilaterales y bilaterales para su propio fortalecimiento.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente punto de Acuerdo como de Urgente Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, extiende una calurosa felicitación a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la Legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinda el apoyo de las Cámaras que integran este Congreso.

Dado en el Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

Del C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre los litigios que enfrenta la paraestatal en materia de presuntos actos de corrupción con motivo de procesos de licitación, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS PARA INFORMAR SOBRE LOS LITIGIOS QUE ENFRENTA LA PARAESTATAL EN MATERIA DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION CON MOTIVO DE PROCESOS DE LICITACION

El suscrito, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Petróleos Mexicanos no sólo es la empresa más importante de nuestro país. Es además la empresa que genera más de la tercera parte de los recursos fiscales de que dispone la Federación.

Indudablemente, esta empresa, así como el sector energético requieren de una reforma profunda, para reforzarlos como una palanca para el desarrollo nacional, generadora de energéticos y materias primas que coadyuven al sector nacional manufacturero y como la materialización del ejercicio de nuestra Soberanía sobre los recursos naturales que, por mandato constitucional, deben estar al servicio de la Nación.

No obstante, en los últimos años, más que buenos resultados, la paraestatal está en el debate público por fraudes, accidentes, dispendios, denuncias de corrupción, intervención del crimen organizado, robo de combustible en ductos, contratos irregulares, préstamos y dádivas al sindicato así como asociaciones fallidas con empresas extranjeras.

La situación en que se encuentra la paraestatal se debe, entre otros factores, a estos problemas. Un análisis catastrofista que parece presagiar la privatización, que presenta a una empresa que sólo tendría cura con capitales privados.

Para nuestro Grupo Parlamentario, Petróleos Mexicanos podría ser una empresa aún más eficiente; basta con ver que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las principales compañíaspetroleras del mundo. Es el modelo fiscal que se le ha impuesto el que lastra a la empresa, dado que, después de aplicar impuestos, derechos y aprovechamientos, sus rendimientos netos se vuelven negativos.

PEMEX no puede seguir en esta dinámica, existen alternativas que pueden posicionar a este sector como un motor de crecimiento económico de nuestro país y no precisamente con la apertura a la iniciativa privada en áreas en donde el Estado debe tener el control.

Pero para reposicionar a la paraestatal, se requiere depurar las irregularidades e ilícitos que se han vuelto la nota dominante.

Así, de acuerdo a una nota de El Universal, del 17 de mayo pasado, funcionarios de la Dirección Corporativa de Administración presentaron ante empresarios del sector de la construcción, sobre el actual modelo de control de contratación y aseguraron que hay ingerencia de la delincuencia organizada en el sector y graves niveles de corrupción en la empresa.

Se reconoció que la corrupción está fomentada “por su elevado potencial de beneficio económico de los actos irregulares, por la impunidad y por los espacios derivados de flexibilidades innecesarias”.

Mientras se mantengan esta situación en la impunidad y no sean sometidos a procesos transparentes, se pone en riesgo la viabilidad de la mayor empresa de nuestro país.

Los litigios se acumulan, como el daño al patrimonio de la empresa. El más reciente es la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, contrato otorgado al consorcio Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta) formado por la coreana SK Engineering, la alemana Siemens y la mexicana Tribasa.

El contrato, firmado en 1997, incluyó, presuntamente, una sobrevaloración, sobornos a funcionarios para ganar la adjudicación, acusaciones por abuso de autoridad, la liberación de pagarés a favor de Conproca, por parte del entonces Director Jurídico de PEMEX, César Nava Vázquez, y un proceso en curso ante la Corte Internacional de Comercio en París y un litigio ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Casos como éste deben ser aclarados ante esta representación, así como las afirmaciones de los propios funcionarios de la paraestatal de la presencia del crimen organizado y de una red de corrupción que involucra a empresas, contratistas, empleados y funcionarios de diversos niveles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este Honorable Pleno la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, para presentar un informe sobre los litigios que enfrenta la paraestatal en materia de presuntos actos de corrupción con motivo de procesos de licitación, contratación de servicios, otorgamiento de recursos a personal de la empresa, así como al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 22 de mayo de 2013.

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya”.





 

Del C. Diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del "Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares", mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE ECONOMIA, DE EDUCACION PUBLICA Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A LLEVAR A EFECTO LA ACTUALIZACION DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES MINIMAS DE INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN LOS PARTICULARES.

"El suscrito, Gerardo Licéaga Arteaga, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Interés prioritario del gobierno federal es la economía familiar. Que el dinero rinda más a quienes son cabeza de familia es una prioridad y en ese contexto es indispensable apoyar a quienes han optado por que sus hijos estudien en escuelas particulares.

Cada año, en el mes de agosto, previo al inicio de un nuevo ciclo escolar, millones de mexicanos tienen la preocupación respecto al incremento de las colegiaturas, sin embargo,desde el año de 1992, el jueves 10 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el denominado “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, el cual continúa vigente.

Dicho acuerdo, establece la obligatoriedad para los prestadores de servicios educativos de presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de la asociación de padres de familia o del grupo que represente a los usuarios del servicio educativo, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios contenidos en el propio Acuerdo, para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días antes del período de reinscripción y a recibir opiniones por el mismo conducto, lo que implica una concertación entre las partes con relación a diferentes conceptos de cobro, fundamentalmente pago de inscripciones, colegiaturas y de reinscripciones, impide que se incrementen las colegiaturas durante el período escolar yevita el establecimiento de cuotas y aportaciones extraordinarias.

También elimina la exigencia de adquirir con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros y cualquier otro artículo que pueda ser adquirido en el comercio en general; suprime cualquier tipo de gasto adicional para la celebración de eventos cívicos, sociales o recreativos; impide la adquisición de libros, útiles escolares y vestuario nuevos, además de que suprime la disposición de cualquier centro educativo referente a la obligación de exigir uniformes escolares.

Asimismo, el acuerdo destaca la necesidad de privilegiar la continuidad de la prestación del servicio educativo ante cualquier retraso en el pago de colegiaturas, evitando la suspensión del estudiante, entre otros lineamientos que contiene y que son útiles a los padres de familia para afrontar los intentos de abusos de carácter económico que algunas escuelas particulares acostumbran imponer previamente al inicio del nuevo ciclo escolar.

Dado que el acuerdo no se ha actualizado desde hace más de dos décadas a pesar de que nuestra sociedad ha evolucionado,la legislación en materia educativa se ha modificado, y la tecnología ha avanzado de tal manera que la divulgación respecto al contenido del Acuerdo se facilita, es que hago un respetuoso exhorto tanto a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a efecto la actualización del acuerdo invocado con base al siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.-Se exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares”.

Recinto de la Comisión Permanente, a 22 mayo de 2013.

Dip.Fed. Gerardo Liceaga Arteaga".





 

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aplicar medidas que permitan revertir el descenso en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2013, mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR MEDIDAS QUE PERMITAN REVERTIR EL DESCENSO EN EL PRONOSTICO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PARA EL AÑO 2013

“El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apliquen medidas que permitan revertir el descenso en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2013, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diciembre de 2012, el suscrito realizó una serie de cuestionamientos a través de una misiva oficial al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, derivado de la presentación del Paquete Económico del año 2013, en ese momento, advertíamos que las metas macroeconómicas establecidas en el Paquete no se alcanzarían toda vez que la en la política económica se subestimaba movimientos de carácter macroeconómico que forzosamente impactaría en el crecimiento económico de México. Este cuestionamiento fue presentado oportunamente al titular de la SHyCP quien amablemente agradeció las observaciones que permitirían ayudar a corregir el rumbo de la economía mexicana.

Entre los puntos que versó los cuestionamientos hechos en diciembre del año pasado al Secretario de Hacienda se encontraba la duda que originaba lo señalado en el paquete económico respecto de un crecimiento esperado de 3.5% para el 2013, que de entrada significaba 0.4% menos que la última estimación con la que se esperaba hubiera cerrado el año 2012. El suscrito manifestó que dicha estimación de crecimiento corría el riego de verse disminuida debido a la crisis existente en Estados Unidos, aunque las llamadas medidas de precipicio fiscal no iban a ser aplicadas si habría otras que se definirán en los meses por venir para reducir el déficit anual que supera el billón de dólares anual en los Estados Unidos, así como medidas que permitan manejar el endeudamiento que superaba ya el PIB de ese país y alcanzaba los 16.4 billones de dólares.

Por otra parte señalábamos que la meta inflacionaria de 3.0% no podría ser alcanzada, ya que este mismo pronóstico de inflación se estableció para 2012 y para diciembre de ese año ya se ubicaba en 3.8%. Es un hecho que este pronóstico de inflación igualmente será rebasado a partir de la cancelación de los subsidios agrícolas en Estados Unidos por 300 mil millones de pesos, generando una mayor presión alcista en los precios de los alimentos en México.

Por otro lado, señalamos que el posicionamiento del presupuesto con déficit cero, era cuestionable, ya que en la sección correspondiente a “Ingresos Derivados de Financiamientos”, se señalaba que el endeudamiento interno a financiarse el Gobierno Federal será por 415 mil 882.3 millones de pesos, de igual forma, en la misma sección “Ingresos Derivados de Financiamientos”, se señala que por “Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo”, se tendrá una perdida en ingreso superior a los 89 mil 558.6 millones de pesos, por lo tanto el déficit existe.

Por otro lado, la contratación de nuevos endeudamientos por más de 415 mil millones de pesos, elevará el endeudamiento total del Gobierno Federal a mas de 5.5 billones de pesos, no obstante que en la página XXIV de la fundamentación de la Ley de Ingresos se marca un compromiso por más de 565 mil millones de pesos en amortizaciones de la deuda, al revisar la contraparte del Presupuesto de Egresos, encontramos en el Análisis Funcional Programático Económico del “Ramo 24: Deuda Pública” que el monto a pagar tanto en deuda interna como en deuda externa asciende a 286 mil 516 millones de pesos, de los cuales el 98% corresponde a pago de intereses y el restante 2% a pago de comisiones, gastos y cobertura, es decir, no se pagará un solo peso en amortización de la deuda.

De acuerdo con la Distribución del Gasto al Nivel de Desagregación de Capítulo y Concepto de Gasto de PEMEX para 2013, encontramos una situación similar, los más de 38 mil millones de pesos que habrán de pagarse por la deuda de PEMEX corresponden al 100% de intereses, y para el caso de los 12 mil 282 millones de pesos que habrán de pagarse por el endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad corresponden en un 73% a intereses y el restante a comisiones, gastos y costos por coberturas. Nuevamente por ningún lado aparece presupuesto destinado al pago de amortizaciones.

Y sin embargo, a pesar del enorme endeudamiento que se esta dando a lo largo del presente ejercicio fiscal no existe una sola acción encaminada a revertir el Presupuesto de Gasto Fiscal 2013, el cual de acuerdo con la página XIII de la fundamentación de la Ley de Ingresos, señala que asciende a 391 mil millones de pesos, es decir, el 94% del endeudamiento interno programado para 2013. A este respecto, no se puede omitir señalar que para la Fracción I del Artículo 2o.A del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se programó un subsidio por 48 mil 895 millones de pesos, esta cantidad ignora por completo que en 2011 este subsidio llegó hasta los 165 mil 979 millones de pesos y para 2012, superó los 220 mil millones de pesos, en otras palabras, es muy probable que este subsidio en los hechos reales se va a disparar por alrededor del 300%.

Como bien sabemos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la semana pasada redujo su previsión de crecimiento de 3.5% a 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2013.

Compañeras senadoras, compañeros senadores, el principal motivo para acudir a esta tribuna, es exhortar al gabinete económico del gobierno federal para que reconsidere la política financiera y se enderece el rumbo económico de nuestro país.

Aprovechamos por lo tanto la coyuntura que nos da el anuncio a la baja del PIB para recordar cuales son algunas de las críticas que hicimos al paquete y algunas de las medidas que desde entonces señalamos son urgentes de tomar, las cuales exponemos a continuación como un recordatorio de lo que señalamos los últimos días del año pasado.

De igual forma, no se aprecian medidas presupuestales que permitan vislumbrar la voluntad de trabajar bajo una óptica de seguridad estratégica en materia de hidrocarburos, no se aprecian medidas encaminadas a producir en México la gasolina que hoy en día demandamos lo que permitiría eliminar el enorme subsidio actual.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de:

1. Tomar medidas urgentes ante la continuación de la crisis por el déficit fiscal en Estados Unidos, enfocadas principalmente a eliminar la dependencia alimentaria que tenemos respecto de nuestro país vecino.

2. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir el enorme endeudamiento del Gobierno Federal.

3. En congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, de a conocer de inmediato a los beneficiarios del Presupuesto de Gasto Fiscal con el propósito de establecer las mejores medidas que nos permitan su eliminación total o reducirlo a una mínima expresión.

4. Establecer una ruta de trabajo que basada en principios de seguridad estratégica en materia de hidrocarburos, nos posibiliten la eliminación del subsidio a la gasolina.

5. Rectificar el camino mediático de un presupuesto sin déficit, el cual cayó con el ajuste a la baja en el crecimiento del PIB.

6. Incrementar de forma notable los recursos destinados a la región Sur-Sureste, por el potencial de generación de riqueza que puede tener para el país impulsando así el desarrollo del Producto Interno Bruto de la Nación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de mayo 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.





 

De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal que, a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, remita un diagnóstico sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por dicho instituto, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE, A TRAVES DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, REMITA UN DIAGNOSTICO SOBRE LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION DE NIVEL BACHILLERATO IMPARTIDA POR DICHO INSTITUTO

“Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, propongo a esta honorable asamblea, el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal fue creado el 30 de marzo del 2000 con el objetivo de impulsar la educación a nivel bachillerato, buscando atender con suficiencia la demanda educativa de los jóvenes capitalinos1.

El pasado 7 de mayo, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del D.F. (SUTIEMS), iniciaron una huelga argumentando que la Dirección encabezada por Freyja Doridé Puebla López, no atendía sus demandas de aumento salarial y que además, carecía del perfil adecuando para dirigir la institución educativa2.

Si bien el conflicto sindical del sistema de preparatorias del Distrito Federal fue solucionado al día siguiente, el hecho puso en el centro del debate la calidad y el funcionamiento de la educación que a nivel medio superior, se imparte a los jóvenes de la capital del país por el Gobierno del DF.

De acuerdo con el Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, el Dr. Andrés Lozano Medina, las preparatorias del Distrito Federal registran una deserción del 50% además de que el IEMS, no cuenta con perfiles de ingreso ni de egreso para los estudiantes. Ello con todo y que cada año, se aumenta considerablemente el presupuesto para el IEMS.

Tan sólo para el año 2013, el IEMS cuenta con un presupuesto de más de 739 millones de pesos de los cuales, más del 81% (esto es más de 603 mdp), se destinarán a servicios personales3. En 2009, el presupuesto para dicho instituto fue de más de 605 mdp, por lo que el incremento, tan sólo en el periodo entre 2009 y 2013, ha sido de más de 133 millones de pesos, lo que equivale al 18%.

Así, en 2013, para cada uno de los más de 25 mil alumnos inscritos al IEMS, se destinarán casi 30 mil pesos que parecen desperdiciados con un nivel de deserción tan elevado.

Es evidente que el IEMS enfrenta problemas estructurales de la educación como lo es el dar cabida a los estudiantes rechazados por otras instituciones educativas que tienen rezagos. No obstante, el hecho es que a la fecha no contamos con indicadores objetivos que permitan conocer el funcionamiento integral del IEMS.

Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de que las condiciones educativas actuales, requieren de grandes esfuerzos presupuestarios para satisfacer una legítima demanda de los jóvenes.

Sin embargo, también consideramos que existe el riesgo de que estructuras burocráticas ligadas a grupos políticos de interés, se apropien de estos recursos, excluyendo a los jóvenes verdaderamente interesados en estudiar y obstaculizando el mejoramiento de la calidad educativa de las preparatorias del Distrito Federal.

Eventos recientes como los actos vandálicos el 1º de diciembre, las tomas de las instalaciones de la Rectoría de la UNAM y de la UAM, exhiben la utilización política de las instituciones educativas en el Distrito Federal y, en términos generales, el deterioro de un sistema de educación que es necesario conocer a profundidad para poder llevar a cabo las medidas para su mejoramiento.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por la institución; el cual deberá incluir el número de estudiantes que han ingresado y egresado en los últimos años; la cifra puntual de deserción estudiantil y eficiencia terminal por año; así como el número exacto de estudiantes que integran actualmente la matrícula estudiantil del IEMS.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 22 de mayo de 2013”.





 

Del C. Diputado Víctor Manuel Bautista López, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar su legislación penal con la finalidad de proteger adecuadamente a las personas menores de edad, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A HOMOLOGAR SU LEGISLACION PENAL CON LA FINALIDAD DE PROTEGER ADECUADAMENTE A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Dip. Víctor Manuel Bautista López integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a homologar su legislación penal con la finalidad de proteger adecuadamente a las personas menores de edad, a las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo, así como a las autoridades estatales y municipales a realizar operativos permanentes para aplicar dichas disposiciones.

Exposición de Motivos

El interés superior debe conducirnos a identificar que los efectos que el alcoholismo provoca en la persona y sus relaciones sociales son muy variados y tienden a escalar su gravedad, al mismo tiempo que debe prevalecer, en la adopción de medidas en esta materia, la obligación del Estado para proteger los derechos de la infancia que nos obliga a destacar que su consumo entre niños y adolescentes tiene repercusiones graves y determinantes en su pleno desarrollo.

Por esa razón, el Poder Constituyente de la Unión consideró oportuno señalar, en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la faculta expresa del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados para dictar leyes “encaminadas a combatir el alcoholismo”.

En cumplimiento de dicha resolución la Ley General de Salud destaca como materia de la salubridad general al Programa contra el alcoholismo, facultando al Consejo de Salubridad General para dictar medidas contra su consumo.

En la Ley General se precisa la existencia del Programa contra el Alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, cuya ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud, los Gobiernos Estatales y el Consejo de Salubridad General.

Forman parte del conjunto de acciones a realizar en esta materia la educación y formación que sobre los efectos del alcoholismo debe prestarse a diferentes grupos sociales entre los cuales se encuentran los niños y los jóvenes.

No obstante lo anterior y de acuerdo con los resultados reportados en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la población de nuestro país ha venido reduciendo la percepción del riesgo que representa el consumo del alcohol, al mismo tiempo que se incrementa la tolerancia social sobre el mismo.

Y a pesar de la falta de estudios sobre el consumo de alcohol entre estudiantes, algunos datos existentes nos deben conducir a priorizar la atención de este tema si consideramos que un estudio realizado en Nuevo León en 2007 reportó el consumo de alcohol alguna vez de 43.9% de los entrevistados, en el caso de Jalisco en 2010 dicho indicador se sitúo en el 65.1%, en el Estado de México en 2009 se identificó en el 70.8% y en la Ciudad de México en 2006 reportó un indicador del 68.8% que se incrementó en 2009 al 71.4%.1

La Encuesta Nacional de 2011 reporta entre sus resultados, los siguientes:

Con respecto a las tres prevalencias de consumo, se observó un crecimiento significativo en cada una de ellas de 2002 a 2011. De modo que la prevalencia alguna vez en la vida pasó de 64.9% a 71.3%, la prevalencia en los últimos doce meses de 46.3% a 51.4% y el crecimiento proporcionalmente mayor se presentó en la prevalencia del último mes ya que pasó de 19.2% a 31.6%.2

Vale la pena analizar con detenimiento la información que corresponde a un sector de la población estratégico, los adolescentes de entre 12 y 17 años. Para el caso del consumo alguna vez, éste se incrementó en 12 puntos porcentuales entre 2002 y 2011 para ubicarse en el 42.9%; el consumo durante el último año se incrementó en 5 puntos porcentuales para fijarse en 30%; mientras que el consumo en el último mes se duplicó para alcanzar el 14.5%. Además es sumamente preocupante el deslizamiento en este último concepto manifestado por las mujeres que pasaron del 2.7% de 2002 al 11.6% en 2011. Notándose además un incremento de 2.1% a 4.1% entre adolescentes dependientes de su consumo.3

Identificada esta situación y el incremento de las tendencias de consumo de alcohol entre menores de edad, además del conjunto de acciones preventivas y de la prohibición existente en la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, autoridades públicas de la Federación, de la Capital de la República y de los estados fueron testigos de la firma en 2011 del Pacto Nacional Cero Tolerancia en la Venta y Facilitación de Alcohol para Menores, por parte de empresarios de nuestro país.

Entre los particulares que asumieron dicho compromiso destacan los representantes de las Asociaciones Nacionales de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, de Distribuidores de Vinos y Licores, de Abarroteros Mayoristas, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos.

No obstante que se han realizado acciones importantes para prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y la firma de dicho acuerdo, existen numerosos materiales en redes sociales y diferentes estudios que muestran que se mantiene la misma tendencia identificada en la encuesta 2011 en el consumo de alcohol entre menores de edad.

Lo que es más grave aún si consideramos que dichos actos no ocurren, como en el pasado, sólo en el seno de acontecimientos y fiestas familiares, sino que con mayor frecuencia se presentan en las inmediaciones de escuelas, centros deportivos y lugares frecuentados por los menores de edad, dentro de los horarios escolares en los que los padres de familia y tutores esperan que los niños y jóvenes estuvieran dentro de las instituciones educativas.

El consumo de alcohol de estudiantes en zonas cercanas a los centros escolares y dentro del horario de clases ocurre asociado con otro tipo de actos que van desde agresiones, violencia, bullying, pasando por la realización de conductas sexuales sin protección y, en el peor de los casos, la participación de los menores en actos delictivos y el riesgo de quedar enganchados con grupos de la delincuencia organizada, actos todos que afectan su libre desarrollo.

Sin pretender modificar la prioridad sustantiva que debe prevalecer en el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir el consumo de alcohol entre los menores de edad, aspecto al que las autoridades deben asignar especial atención, también debe considerarse que la consolidación de políticas efectivas de seguridad pública, la mejor investigación, la efectiva consignación de los responsables de la comisión de hechos delictivos y su correcta sanción, integran un conjunto de acciones tendientes a reducir la impunidad y, con ello, a inhibir con efectividad la posible y futura comisión de dichas conductas.

Para lograrlo es necesario contar con instrumentos legales precisos, claros, objetivos que constituyan herramientas efectivas al alcance de la autoridad para lograr tal cometido, y aun cuando en el Código Penal Federal se encuentran tipificados los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los cuales se incluyen los consistentes en Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo, es importante señalar que el diseño del tipo penal sigue permitiendo que cualquier adulto sirva de intermediario entre los menores de edad y se presente a un establecimiento comercial para adquirir bebidas alcohólicas poniéndolas a su alcance.

A lo anterior debemos añadir la diversidad de criterios que prevalecen en las disposiciones legales estatales comprendidas en esta materia y que se presentan en los siguientes aspectos.

En primer lugar debemos referirnos a la diversidad de opiniones entre los estados que contemplan el consumo de alcohol como conducta sancionable por corromper a menores, en algunos casos como en el estado de México, facilitar o permitir el acceso es punible, en contrapartida, en Coahuila dicho consumo debe ser irracional o reiterado. En el peor de los casos se encuentran Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, entidades en la que no se incluye el consumo de alcohol como conducta sancionable, sin pasar por alto la redacción difusa en el caso de Veracruz o la concepción genérica de corrupción de menores sin precisar la forma como se materializa la conducta sancionable en la legislación de Nayarit y Zacatecas.

En segundo lugar deben señalarse diferencias incluso en la determinación de la minoría de edad ya que mientras la legislación penal y de 24 estados y el Distrito Federal precisa que las conductas punibles tienen como pasivos a los menores de dieciocho años y a las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, en el resto existen condiciones injustificables para definir una diferente minoría de edad; entre los que la fijan en los 16 años se encuentran los estados de Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Veracruz, incluso esta última entidad la reduce a 14 años para el consumo de alcohol mientras que Tabasco la sitúa en los 17 años.

Un tercer aspecto de diversidad se encuentra en las penalidades para sancionar las diferentes conductas de corrupción de menores que van, en las sanciones mínimasdesde los dos meses de la legislación de Sonora hasta los cinco años de prisión de la legislación de Baja California Sur; mientras que en las máximas se sitúan desde los dos años de Zacatecas a los dieciocho años de prisión del Estado de México.

Lo mismo ocurre en el caso de las conductas agravantes, aun cuando en las legislaciones locales se contempla al respecto la condición de familiar, con excepción de los estados San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla y Nayarit; los rangos de sanción van desde la suspensión de lapatria potestad de Campeche o una cuarta parte de la pena determinada en el caso de Jalisco al doble de la pena en once entidades.

Mientras que la condición de funcionario público del activo de la conducta sólo constituye un agravante en la legislación de 15 entidades y del Distrito Federal y entre ellas las sanciones adicionales van desde la simple inhabilitación como en el estado de Chihuahua o un año más de cárcel en el caso de Jalisco hasta el doble de la sanción impuesta en Durango o de 8 a 20 años adicionales en el Estado de México.

En algunos casos la realización con medios violentos o la reiterada comisión de la conducta también constituye agravantes y en el caso del estado de Baja California lo constituye el hecho de que la conducta ocurra al interior de centros educativos, de asistencia social, de cuidado infantil, de recreo, hospitales o centros deportivos o en sus inmediaciones, sin precisarlas, mientras que en el estado de México se precisa un radio de quinientos metros de alguna estancia infantil, instalación educativa, parques públicos o centros deportivos.

Además de los aspectos antes señalados, debemos considerar que justifica plenamente la necesidad de adoptar las actualizaciones necesarias en las legislaciones locales que se proponen y exhortar a las Legislaturas Locales a modificar su legislación para hacerla congruente con las disposiciones de carácter federal, las obligaciones adquiridas por nuestro país a través de la firma y ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el denominado “Pacto de San José”, que incluye en su artículo 19 el derecho de todo niño a “medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Debe enfatizarse que la adopción de las modificaciones que se proponen a las disposiciones legales locales y la existencia de los propios tipos penales existentes no penalizan el consumo, el que debe atenderse desde una perspectiva médica, psicológica y social integral; lo que pretenden es sancionar adecuada y proporcionalmente al adulto que aprovechándose de dicha condición, accede al mercado de estos productos, cerrado para los menores, poniendo a su alcance este tipo se sustancias prohibidas y burlando así ala ley lo que, en las más de las veces, consolida una posición de poder e influencia desde la cual vulnera la voluntad del menor, pretendiendo influir sobre ella, aprovechándose de las ventajas que el acto le genera para obtener beneficios indebidos, manipulando y conduciéndolo a la comisión de otro tipo de conductas también sancionadas penalmente y que afectan el correcto y sano desarrollo de las personas menores de edad, por lo que la acción inicial, punible de por sí, se convierte en un medio que posibilita la realización de conductas que afectan con mayor gravedad el desarrollo de los menores.

Por tal motivo someto a la Consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente proposición acompañada de proyecto de acuerdo que pretende llamar la atención de las Legislaturas Locales y las autoridades estatales y municipales con la finalidad de proteger a la infancia y prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias prohibidas.

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- Se exhorta a las Legislaturas de la Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, y en tanto no se emita el Código Penal Único, actualicen sus disposiciones penales homologándolas con las disposiciones federales con la finalidad de precisar el tipo penal correspondiente a la corrupción de menores, en lo que corresponde a los siguientes aspectos:

A) La adopción del concepto general de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los cuales se incluyen los consistentes en Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo, abandonando la anterior visión de los delitos contra la salud.

B) Asumir que la minoría de edad se debe fijar en los dieciocho años.

C) El deber constitucional y convencional por proteger a la infancia, por lo que invariablemente debe sancionarse a quien obligue, induzca, facilite o procure el consumo de alcohol, además del resto de sustancias prohibidas y contempladas en el artículo 201 del Código Penal Federal.

D) La calificación como conductas que agravan el hecho delictivo las señaladas en el artículo 205 Bis del Código antes referido así como el que se cometan al interior de estancia infantil, institución educativa, parques públicos, centros deportivos, de asistencia social u hospitales o en un radio menor o igual a quinientos metros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exhorta a los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal, Municipales y Delegacionales para instrumentar operativos sistemáticos y permanentes para que al interior o en un radio menor o igual a quinientos metros de estancias infantiles, instituciones educativas, parques públicos, centros deportivos, de asistencia social u hospitales, no se cometan las conductas a que hace referencia el artículo anterior, como una medida orientada a consolidar la seguridad en el entorno de la juventud y niñez del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a 22 de mayo de 2013.

Dip. Víctor Manuel Bautista López".





 

De los CC. Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas de PEMEX en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012 y a tomar medidas que permitan la creación de una zona de amortiguamiento para las instalaciones de PEMEX, a fin de garantizar seguridad, salud y protección ambiental a la población cercana., mismo que se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE PETROLEOS MEXICANOS A DAR RESPUESTA SOBRE LAS CAUSAS DE LA EXPLOSION EN EL CENTRO RECEPTOR DE GAS DE PEMEX EN REYNOSA, TAMAULIPAS, EN SEPTIEMBRE DE 2012 Y A TOMAR MEDIDAS QUE PERMITAN LA CREACION DE UNA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE PEMEX, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL A LA POBLACION CERCANA

“La suscritos, Diputados Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de estos antecedentes:

El pasado 18 de septiembre de 2012, se registró una explosión de gran magnitud en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, en donde perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas.

Las autoridades que se encontraban al frente en ese momento, señalaron que había varias instancias realizando investigaciones sobre las causas del accidente, sin embargo, han pasado ocho meses y no se ha hecho del conocimiento públicola existencia de alguna investigación en proceso.

El 4 de abril de 2013, los que suscribimos, presentamos un Punto de Acuerdo por medio del cual exhortamos a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión. El día 24 del mismo mes, la Comisión de Energía emitió dictamen favorable al respecto, el cual fue aprobado en la sesión del día 29 de abril por el Pleno de la H. Cámara de Diputados.

Hasta el momento, no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades involucradas. No se ha rendido informe alguno, sobre las causas del accidente o el estado de la investigación, a la ciudadanía y tampoco a esta Soberanía.

Nos preocupa el sentir que nos han expresado miembros de la comunidad aledaña, pues persiste el sentimiento de zozobra al no contar con la información que les permita tener la certeza de que este tipo de accidentes no volverán a suceder y de que las autoridades están tomando las medidas pertinentes para evitar la posibilidad de otro percance. Asimismo, exigen que se den a conocer las causas de la explosión pues se sienten en riesgo.

Debe haber mayor seguridad a partir de lo que se dé a conocer en el informe sobre el accidente, pero además de esto, hay acciones básicas que se deben emprender para evitar los riesgos asociados a la operación de las instalaciones con el compromiso de garantizar seguridad, salud y protección ambiental, tanto a los trabajadores como a la comunidad misma. En este sentido, el establecimiento de zonas de amortiguación es esencial.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), en su Art. 2° Sección IV, establece como utilidad pública la determinación de las zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de actividades consideradas riesgosas. Las funciones que Pemex realiza en esta zona del estado de Tamaulipas tienen tal característica.

Por lo anterior, además de conocer el informe sobre el accidente ocurrido en septiembre pasado de manera que el esclarecimiento de las causas permita establecer mayores controles de seguridad, es necesario tomar precauciones para que la población no corra mayores riesgos al establecerse en los alrededores.

De acuerdo con lo anterior, sometemos ante el Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a dar respuesta sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas en septiembre de 2012, y se tomen las medidas necesarias para prever una zona de amortiguamiento para las instalaciones de Pemex que realicen actividades de alto riesgo para la población, a fin de garantizar su seguridad, salud y protección ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 mayo de 2013.

Atentamente

Dip. Amira Gricelda Gómez Tueme.- Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez”.





 

De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nayarit realicen acciones en favor de la cultura del pueblo Wixárika, mismo que se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT REALICEN ACCIONES EN FAVOR DE LA CULTURA DEL PUEBLO WIXÁRIKA

“La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA QUE REALICEN ACCIONES EN FAVOR DE LA CULTURA DEL PUEBLO WIXARIKA, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. México como Nación Multicultural

México es una nación multicultural, constituida por una diversidad de pueblos indígenas que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta composición obliga al Estado Mexicano a realizar acciones tendientes a proteger y promover las culturas de estos pueblos, toda vez que en ellos se encuentra la riqueza de nuestro ser como mexicanas y mexicanos. Es indispensable que estas acciones se realicen no desde el enfoque mestizo u occidental con el que se ha realizado la mayor parte de las políticas sociales de nuestro país, sino que es indispensable adentrarnos a la cosmovisión indígena para desde ahí convivir.

En febrero de 1996 se establecieron los principios de una nueva relación entre el Gobierno y los pueblos indígenas, con la firma de los “Acuerdos de San Andrés” sobre derechos y cultura indígena. Estos principios son: pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación. Asimismo, los Acuerdos buscaban reconocer en la Carta Magna los derechos legítimos que tienen los pueblos indígenas de carácter político, de jurisdicción, social, económico y cultural. Los de carácter social y cultural se refieren a garantizar sus instituciones internas, así como desarrollar su creatividad y diversidad cultural y la persistencia de sus identidades. Una parte de estos derechos fue incorporada a la Constitución en 2002.

II. El Pueblo Wixárika

El Pueblo Wixárika se encuentra asentado en la región de la Sierra Madre Occidental, la cual comprende parte de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. A partir de la conquista y la colonialización española, el territorio de los wixaritari sufrió graves alteraciones y desmembramientos, que a la fecha continúan. Sin embargo, aún conservan los cinco lugares sagrados Wirikuta (San Luis Potosí), TateiHaramara (Nayarit), Xapawiyeme-Xapawiyemeta (Jalisco), Hauxamanaka (Durango) y Tee’kata (Jalisco).

Este pueblo está integrado por los tukite (compuesto de xirikite, en los que los individuos tienen lazos consanguíneos plenamente demostrables) asentados en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, y que mantienen entre sí lazos de intercambio a través de un complejo sistema de cargos, ceremonias, peregrinaciones, cantos, danzas (neiya) y rituales, que aseguran la cohesión del grupo. El nana’iyari, que significa pertenencia o “el camino del corazón, es el medio por el que los wixaritari expresan sus lazos. La peregrinación, las abstinencias y el consumo de híkuri (peyote) son parte esencial de este ritual que realizan durante la recreación de sus mitos de origen.Las peregrinaciones también representan ritos de iniciación, para que los adolescentes reconozcan y asimilen la enseñanza de su cultura. De esta forma se denota el estrecho lazo entre la cultura y sociedad wixaritari y la tierra.

Para el Pueblo Wixárika, Tatei Hanamara representa a “la madre del maíz de los cinco colores y la puerta sagrada de entrada al quinto mundo, representada por las dos piedras blancas Tatei Waxieve y Tatei Kuka Wima, que levantan en el Océano Pacífico frente a la Isla del Rey, en el puerto de San Blas, Nayarít. Ahí es donde el sol tiene que luchar fuertemente al ocultarse, para renacer cada día allá por Wirikuta, por donde transitaron los ancestros.”(Pacto Hauxa Manaka, 2008)

III. El derecho

El artículo 2 de la Constitución señala que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” E incorpora en el Apartado A, fracción IV, su autonomía para preservar y enriquecer todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como preservar la integridad de sus tierras. De igual modo, el artículo 27 declara que la Ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas protege a los pueblos e individuos indígenas para que no sean sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, como lo señala el artículo 8, debiendo el Estado fijar mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento de todo acto que tenga por objetoo consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; así como desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos. El artículo 10 contiene el derecho de los pueblos a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, señalando que no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción de regreso.

El artículo 26 de la misma Declaración estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido, y que los Estados tienen la obligación de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos, los cuales deben respetar debidamente las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

IV. La situación actual del pueblo Wixárika

El 1° de diciembre de 1990 fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Nayarit un Decreto Administrativo por el que se reconocía a Tatei Haramara como un sitio de patrimonio cultural del pueblo étnico huichol, de cerca de 1.3 hectárea. Posteriormente, en 1991 fue publicada una Declaración que constituye el primer reconocimiento por escrito de un área de 9 hectáreas para uso y disfrute del pueblo Wixárika.

El 5 de octubre de 2007, la SEMARNAT concedió a la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C., un permiso transitorio de ocupación de una superficie de 6,000 metros cuadrados para la instalación de un Ririki (casa de Dios) construida con materiales de la región, provisionales y fácilmente removibles, para uso ceremonial religioso. Este permiso tuvo una vigencia de un año y obligaba a lo wixaritari pagar derechos bimestrales por el uso del predio.

En abril de 2008, los Gobernadores de los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, y el Gobierno Federal firmaron el Pacto Hauxa Manaka para la preservación de la cultura Wixárika y la preservación de los sitios sagrados y los centros ceremoniales en varios estados de la República. El Compromiso 1 señala que los Gobernadores se comprometen, en el marco de sus atribuciones, a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar la continuidad histórica de los Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación del Pueblo Wixárika.

El 8 de junio de 2011, en contravención al Pacto Hauxa Manaka,fueron publicados sendos Acuerdos por los que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desincorporó del régimen de dominio público de la Federación la superficie de 645,275.96 metros cuadrados que corresponden a terrenos ganados al mar, ubicada en Playa del Rey, Municipio de San Blas, Estado de Nayarit, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de Desarrollos Turísticos Paraísos del Rey, S.A. de C.V.; así como la superficie de 354,364.89 metros cuadrados a favor de Desarrollos Turísticos Aramara, S.A. de C.V. Es de señalar que casi 100 hectáreas de la “Playa del Rey”, corresponden a Tatei Haramara, lugar sagrado del pueblo Wixárika.

A pesar de que la concesión fue otorgada en 2011, el predio se encontraba en venta desde 2007 en el portal de internet www.inmobiliaria.com, como pequeña propiedad con escrituras libre de gravamen, a un precio de 2 millones 300 mil dólares, a razón de 10 dólares el metro cuadrado.

Aunado a lo anterior, el Gobernador de Nayarit se ha negado a atender la solicitud del Movimiento Indígena de Nayarit para la donación de un terreno para construir un mercado de artesanías. Por ello, el Movimiento se ha visto en la necesidad de ocupar la plaza “Parque Mololoa”. Sin embargo, viven con el temor de ser desalojados de forma violenta. En ese lugar, desde hace ocho meses se encuentran viviendo mujeres, niñas, niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

Es preocupante la manera en que el Pueblo Wixárika ha sido afectado en sus derechos en los últimos años, en contravención con sus derechos más fundamentales y por parte del Estado, que en lugar de garantizar su goce, busca la enajenación y aprovechamiento comercial del mismo, en detrimento de una cultura.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones necesarias a fin de que se revoquen los títulos de concesión otorgados a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V., y Desarrollos Turísticos Aramara, S,A, de C,V, en el territorio denominado Playa del Rey, en el municipio de San Blas, Nayarit; ubicado dentro de territorio sagrado del Pueblo Wixárika.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realice las acciones necesarias para preservar la cultura del pueblo Wixárika, así como para gestionar ante el Gobierno del Estado de Nayarit la donación de un predio para construir un mercado artesanal, un comedor comunitario y una guardería con dormitorio y financiar la compra de materias primas para la elaboración de artesanías y manualidades y de un camión para el traslado de sus artistas.

TERCERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, informen sobre las acciones realizadas para salvaguardar el Tatei Haramara, lugar sagrado del pueblo Wixárika, en cumplimiento del Pacto Hauxa Manaka.

CUARTO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit para que con el fin de preservar la cultura del pueblo Wixárika, se valore la posibilidad de donar un predio para construir un mercado artesanal, un comedor comunitario y una guardería con dormitorio. Asimismo, se valore la posibilidad de financiar la compra de materias primas para la elaboración de artesanías y manualidades y de un camión para el traslado de sus artistas.

Dado en el Senado de la República, a 22 de mayo de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

De los CC. Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con la edad mínima de admisión al empleo, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN RELACION CON LA EDAD MINIMA DE ADMISION AL EMPLEO.

"H. ASAMBLEA:

Quienes suscribimos la presente proposición con punto de Acuerdo, Dip. VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, y DIP. AGUSTIN MIGUEL ALONSO RAYA, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se calcula que en la actualidad en México y en el mundo, cerca de 215 millones de niñas y niños trabajan tiempo completo. Ellos no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar,no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser felices y de disfrutar de los derechos que a su edad corresponde. Más de la mitad de estas niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

De manera más puntual, en el país según datos del censo de población 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en nuestro país viven 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 37% de la población del país con menos de 18 años, y muchos de ellos y a pesar de lo establecido en los principios consagrados en el Convenio número 138 sobre la edad mínima para el trabajo, el cual no se encuentra ratificado por México, a diferencia del Convenio número 182 que ya se encuentra suscrito y ratificado por el Estado mexicano, y que versa sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, se encuentran atrapados en el trabajo infantil y aún cuando se busca alcanzar la abolición efectiva de este tipo de trabajo, su logro se percibe lejano.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2009, levantada por el INEGI que reportó que en México, 3.4 millones de menores de 14 años trabajan. Casi la mitad de ellos (47.6%) no percibe ingreso o se les paga con comida y un lugar para dormir, ya sea al vivir con su padres o ellos solos. Según el INEGI, alrededor del 16% de estos infantes contribuyen de manera “importante” al gasto de su hogar puesto que aportan la mitad o más de su salario.1

Muchas niñas y niños se ven obligados a incorporarse al trabajo infantil, el que, si bien no es contabilizado como tal, para la mayoría de las familias de escasos recursos, el trabajo de las y los niños se ha vuelto un importante sostén. Por ello, es común que en los hogares mexicanos alrededor de 3 millones de niñas y niños desde temprana edad,contribuyen al ingreso familiar con su fuerza de trabajo.

El término trabajo infantilse aplica al tipo de trabajo que priva a las ylos niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Así pues, se incluye al trabajo que es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral de la niña o niño, que interfiere con su escolarización ya que les priva de la posibilidad de asistir a clases y que les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que requiere de mucho tiempo de dedicación al mismo.

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades siendo obligados a mendigar -con frecuencia a una edad muy temprana-. Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, generalmente menores de 15 años, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país.

En el caso del nuestro, la opción que ha tomado el Estado ha sido la prohibición y no una política integral que incluya la eliminación de la pobreza y la garantía del derecho de las niñas ylos niños. Las leyes prohíben el trabajo infantil y se criminaliza a los padres que lo permiten pero, para lograr erradicarlo hace falta que haya un acompañamiento a las familias pobres y en extrema pobreza, creación de empleos con salarios suficientes y seguridad social porque de no lograrse y de persistir la necesidad económica habrá trabajo infantil, pues de eso depende en muchos casos, la supervivencia familiar.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido relacionado con el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social.

El incremento de la pobreza y la crisis financiera mundialha generado un número cada vez mayor de niños, y en particular de niñas, atrapadas en el trabajo infantil, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil el 12 de junio. Son muchas las niñas y los niños que trabajan horarios prolongados como colaboradores domésticos, realizando tareas como limpiar, planchar, cocinar, cuidar de otros niños y niñas o en la jardinería de los hogares, en lugar de ir a la escuela.2

El informe subraya la importancia de invertir en la educación de las niñas como un medio efectivo para combatir la pobreza. Las niñas que reciben educación tienen mayores probabilidades de percibir salarios más altos en su vida adulta, de casarse más tarde, de tener menos hijos y que estos sean más sanos, y de ejercer un mayor poder de decisión en la familia. Además, es más probable que las madres con educación garanticen una educación a sus propios hijos, contribuyendo así a evitar el trabajo infantil en el futuro.3

En México, por precepto constitucional, la edad en que se puede comenzar a laborar, siempre y cuando no se interrumpa la educación, son los 14 años; por ello, adquiere mayor relevancia regular el trabajo infantil que tiene lugar cuando las niñas o niños tienen menos de la edad mínima para trabajar y cuando, sin respetar su edad, el trabajo que realizan es peligroso. En otras palabras, cuando es probable que la naturaleza del mismo o las circunstancias en que éste se realiza perjudiquen la salud, seguridad o moralidad del niño.

Por ello es necesario que nuestro país se sume a la brevedad a la ratificación del Convenio 138 de la OIT, generado en Ginebra donde se adopta, con fecha de veintiséis de junio de 1973, el presente Convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, y que en sus artículos medulares indica;

“Artículo 1.

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Artículo 2.

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

(a) Que aún subsisten las razones para tal especificación, o

(b) Que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una fecha determinada.

Artículo 3.

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.”

Cabe señalar que México es el único país de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de ingreso al empleo, y que en la medida en la que nuestro país no ratifique este Convenio 138, este no es vinculatorio y por tanto nada obliga al Estado mexicano a que realice las adecuaciones jurídicas necesarias para homogenizar con el Convenio y en esa medida se continua viendo al trabajo infantil como un asunto privado, cuando es público, por lo que todo el Estado en sus tres ámbitos de gobierno tienen la responsabilidad no sólo de prevenirlo, sino de erradicarlo.

Mientras que lo anterior no se materialice, seguiremos conociendo informaciones como la que vertieron investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, quienesindicaron que en los últimos 12 años México registró un aumento de 12 por ciento en la población de niñas y niños que trabajan. Sólo en el primer trimestre de 2012, se reportaron tres millones 270 mil casos, de pequeños de cinco a 12 años. Detallaron que de ese total, dos millones 125 mil 500 eran del sexo masculino y un millón 144 mil 500 del femenino. Losacadémicos coincidieron en indicar que no existen políticas públicas que contrarresten el fenómeno, por ello continúa el ingreso de los pequeños a las filas del trabajo en los cruceros de las ciudades o como jornaleros en las zonas rurales.

Además precisaron que 42 por ciento de los que trabajan no estudian; 38 por ciento sufre una situación inestable en la escuela, y dos de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios, en su mayoría, entre el cuarto y sexto año del nivel básico. Consideraron que la explotación infantil engloba todas las formas de esclavitud como la venta y trata, servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento para usarlos.

Estamos convencidos de que el Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el 182, acerca de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, deberán ser ratificados e implementadospor el Estado mexicano. Con ello, se hará valer el artículo 123 que fundamenta: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años; los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas”.4

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a la brevedad a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2013.

Suscriben

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.- Dip. Agustín Miguel Alonso Raya".





 

De la C. Diputada Cristina González Cruz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efectos de que realicen acciones de prevención en contra de actos de discriminación en el fútbol nacional, mismo que se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A EFECTOS DE QUE REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN CONTRA DE ACTOS DE DISCRIMINACION EN EL FUTBOL NACIONAL.

"La suscrita, CristinaGonzAlez Cruz, Diputada federal de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como sabemos, en nuestro país los